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Dictámenes a discusión
- De la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 51 de la Ley de Ascensos de la Armada de México.
- De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona tres párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud.
- De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 27, tercer párrafo, 28, fracción I, y 33; y adiciona el artículo 87, con un párrafo tercero, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 y adiciona los artículos 51 Bis 1, 51 Bis 2 y 51 Bis 3 de la Ley General de Salud.
- De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
- De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y adiciona un tercer párrafo al artículo 137 de la Ley General de Población.
- De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que deroga la fracción III Bis del artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
- De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma los artículos 53 y 55, fracción V, y deroga el último párrafo del artículo 55 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
- De las Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el inciso k) del artículo 28; y adiciona el tercer párrafo, recorriéndose el actual a cuarto, al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social.
- De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 Bis, fracción II, inciso h), segundo párrafo, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
- De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma la fracción I y el tercer párrafo del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
- De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 153 Bis, 153 Bis 1, 153 Bis 2, 153 Bis 3 y 153 Bis 4 al Título Cuarto, Capítulo VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y reforma el primer párrafo del artículo 414 del Código Penal Federal.
- De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
- De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo y adiciona las fracciones III y IV, recorriéndose la actual III para pasar a ser V, al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
- De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
- De las Comisiones Unidas de Equidad y Género, de Vivienda, y de Participación Ciudadana, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de Vivienda, y Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
- De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación.
- De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 6o. de la Ley General de Población.
- De la Comisión de Seguridad Social, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.
Dictámenes
DE LA COMISIÓN DE MARINA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ASCENSOS DE LA ARMADA DE MÉXICO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Marina se turnó, para estudio, análisis y dictamen, minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 51 de la Ley de Ascensos de la Armada de México.
Esta comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el dictamen, basándose en los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 18 de septiembre de 2007, el senador Sebastián Calderón Centeno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento ante el Pleno de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 51 de la Ley de Ascensos de la Armada de México.
2. Motivo por el cual, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Marina, y de Estudios Legislativos, para análisis y dictamen correspondiente, la citada iniciativa.
3. En sesión plenaria del 22 de abril de 2008, las Comisiones Unidas de Marina, y de Estudios Legislativos presentaron el dictamen correspondiente, que se aprobó con 73 votos, turnándose el expediente a la Cámara de Diputados.
4. El 24 de abril de 2008, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados da cuenta con el envío del expediente correspondiente, por lo que fue turnado a la Comisión de Marina para análisis y dictamen correspondiente.
Consideraciones
La minuta que motiva el dictamen tiene por objeto reformar la fracción V del artículo 51 de la Ley de Ascensos de la Armada de México, consistente en eliminar la causal relativa a estar sujeto a averiguación previa, la cual impide al aspirante a ser considerado en el lugar de selección para ascensos en la Armada de México.
Señala el proponente que una forma de superación profesional del personal de las Fuerzas Armadas lo constituye el ascenso a la jerarquía inmediata superior, una vez que se haya cumplido con los requisitos que para tal efecto establecen las leyes y reglamentos correspondientes.
Los ascensos en la Armada de México constituyen un proceso sustantivo para el desarrollo de su personal y de la propia institución. De igual forma, representa para el elemento que ostenta una jerarquía el estímulo que dentro del servicio naval le permitirá desarrollar su trayectoria de vida con una visión de futuro y estabilidad, obteniendo en su escalafón y jerarquía mayores prestaciones que van a forjar y asegurar su futuro como individuo, pero también mayores responsabilidades acorde al grado correspondiente.
En la ley actual en su artículo 51 se establece que en ningún caso serán contenidos ascensos al personal de la Armada de México que se encuentre sujeto a averiguación previa, proceso, prófugo o cumpliendo su pena condición del orden penal, motivo por el cual no puede ser ascendido, independientemente que esta disposición carece de razón y de sentido jurídico.
En virtud de lo anterior, la comisión coincide con la colegisladora en el sentido de que la primera etapa del procedimiento penal corresponde a la averiguación previa que se inicia con la presentación de una denuncia, querella o acusación ante el Ministerio Público, y termina con su resolución que puede ser en dos sentidos; en caso de considerar que están acreditados la presunta responsabilidad y la integración del cuerpo del delito, se consigna al presunto responsable ante el órgano jurisdiccional para su proceso penal; y en caso contrario, acordará el no ejercicio de la acción penal.
Por lo que la comisión dictaminadora somete a consideración de la honorable asamblea el presente
Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 51 de la Ley de Ascensos de la Armada de México
Artículo Único. Se reforma la fracción V del artículo 51 de la Ley de Ascensos de la Armada de México, para quedar como sigue:
Artículo 51. ?
V. Sujeto a proceso, prófugo o cumpliendo sentencia condenatoria del orden penal;
VI. a X. ...
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2008.
La Comisión de Marina
Diputados: Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), presidente; Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica), secretarios; Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Adrián Fernández Cabrera (rúbrica), Leonardo Magallón Arceo (rúbrica), Luis Alonso Mejía García, Nabor Ochoa López (rúbrica), Pedro Pulido Pecero, Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Juan Victoria Alva (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Higinio Chávez García, Cuitláhuac Condado Escamilla, Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), Romero Gutiérrez, José Luis Blanco Pajón (rúbrica), Odilón Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate, Mariano González Zarur (rúbrica), Arturo Martínez Rocha (rúbrica), Jorge Toledo Luis, Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Félix Castellanos Hernández (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA TRES PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE SALUD
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y posterior dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona tres párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud.
Las Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente
Metodología
II. En el capítulo correspondiente a "Contenido" se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.
III. En el capítulo de "Consideraciones" la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la minuta en análisis.
1. Con fecha 11 de diciembre de 2007, el senador Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó al Senado de la República de la LX Legislatura, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley General de Salud.
2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.
3. El dictamen elaborado por las Comisiones mencionadas fue votado a favor y por consiguiente fue turnado al Pleno de la Cámara de Senadores para ser votado en sesión de fecha primero de abril de 2008.
4. Habiendo pasado a primera lectura en sesión de fecha primero de abril de 2008, el dictamen pasó a una segunda lectura para la sesión de fecha 3 de abril de 2008, en la cual fue votado a favor por 104 votos y ordenándose turnar a esta H. Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.
5. En sesión de fecha 8 de abril de 2008, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados ordenó se turnara la minuta en comento a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.
II. Contenido
La minuta con proyecto de decreto turnada a esta Comisión tiene por objeto adicionar tres párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud a fin de introducir el derecho al consentimiento informado del paciente en las actividades de atención médica descritas en dicho artículo.
En primer lugar, se establece la obligación de las personas que realizan actividades médicas de informar al paciente o a sus familiares respecto de la atención de su salud.
Posteriormente se establece el derecho del paciente a que, recibida la información, pueda negarse a recibir el tratamiento, a través de un acto otorgado mediante ciertas formalidades. Asimismo se indican las personas que podrán dar dicho consentimiento en caso de que el paciente no pueda darlo.
Finalmente se mencionan los casos en que podrá darse la intervención sin consentimiento, cuando la falta de aquélla pueda derivar en riesgo a la salud pública, o de daño irreversible o muerte para el paciente.
III. Consideraciones
En los últimos años, ha ido tomando conciencia entre los prestadores de servicios médicos la importancia de informar correctamente al paciente sobre las intervenciones y tratamientos que tiene como opción, a fin de que pueda estar en condiciones de tomar la mejor decisión al respecto y que ésta sea respetada por los prestadores de servicios.
Es en este contexto en el que ha surgido la figura del consentimiento informado, el cual puede definirse como la facultad del enfermo válidamente informado y libre de coacción, para aceptar o no la atención médica que se le proponga, siempre aplicando la autonomía y voluntad del paciente. Se ha considerado que dicho consentimiento debe de reunir los siguientes requisitos:
? Información, la cual debe ser comprensible y debe incluir el objetivo del tratamiento o del estudio, su procedimiento, los beneficios y riesgos potenciales y la posibilidad de rechazar el tratamiento o estudio una vez iniciado en cualquier momento, sin que ello le pueda perjudicar en otros tratamientos; y,
? Comprensión, entendiéndose como la capacidad de comprender que tiene el paciente que recibe la información.
Asimismo, debe de verse en esta figura un elemento que aporta cuestiones valiosas al derecho a la protección de la salud, amparado por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se ha comprobado que una mejor dinámica de la relación médico-paciente tiene como consecuencia una mejoría en la salud del último, ya que el médico se encuentra en una situación jurídicamente más segura para practicar el tratamiento o intervención correspondiente, mientras que el paciente cuenta con los elementos de información para decidir sobre cuestiones que afectan su salud personal.
En esta tesitura, ordenamientos jurídicos tanto nacionales como internacionales han establecido regulaciones destinadas a reconocer este nuevo hecho de la relación médico-paciente y esta nueva dimensión del derecho de protección a la salud.
A nivel nacional, bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en el año 2001 fue emitida la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes como un instrumento para orientar la prestación de servicios de salud. En el punto 5 de los 10 establecidos en dicho documento, se señala lo siguiente:
El paciente, o en su caso el responsable, en los supuestos que así lo señale la normativa, tiene derecho a expresar su consentimiento, siempre por escrito, cuando acepte sujetarse con fines de diagnóstico o terapéuticos, a procedimientos que impliquen un riesgo, para lo cual deberá ser informado en forma amplia y completa en qué consisten, de los beneficios que se esperan, así como de las complicaciones o eventos negativos que pudieran presentarse a consecuencia del acto médico."
Por otra parte, nos encontramos con que este derecho está previsto en términos generales dentro del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios Médicos, particularmente en su artículo 80, mismo que a la letra dice lo siguiente:
Artículo 80. En todo hospital y siempre que el estado del paciente lo permita, deberá recabarse a su ingreso autorización escrita y firmada para practicarle, con fines de diagnóstico o terapéuticos, los procedimientos medicoquirúrgicos necesarios de acuerdo al padecimiento de que se trate, debiendo informarle claramente el tipo de documento que se le presenta para su firma.
Esta autorización inicial no excluye la necesidad de recabar después la correspondiente a cada procedimiento que entrañe un alto riesgo para el paciente.
Por otra parte, en el año 1998 fue expedida una Norma Oficial Mexicana del expediente clínico (NOM-168-SSA1-1998), en la cual se tratan diversos aspectos relativos al consentimiento informado, definiéndose las cartas de consentimiento bajo información como documentos escritos, firmados por el paciente o su representante legal, mediante los cuales acepta, bajo debida información los riesgos y beneficios esperados, un procedimiento médico o, quirúrgico con fines de diagnóstico, terapéuticos o de rehabilitación.
A pesar de la regulación desarrollada en los cuerpos normativos mencionados, nos encontramos con que la Ley General de Salud no contiene disposición alguna relativa al consentimiento informado. Vemos que hay ciertas disposiciones dentro de dicha ley, tales como los artículos 100 fracción IV, 320 y 321, que hacen referencia al consentimiento otorgado por el paciente, pero circunscribiéndose éste a casos de investigación médica y donación de órganos, sin que en momento alguno se haga referencia al tratamiento médico en general.
La situación descrita en relación a la Ley General de Salud, tomando en consideración que el consentimiento informado se haya regulado en disposiciones reglamentarias y normas oficiales, no tendría mayor trascendencia si no fuera un hecho que el asunto en cuestión versa sobre un derecho muy importante del paciente dentro del marco del derecho fundamental a la protección de la salud y que como tal debe de estar reconocido en la ley constitucional relativa a ese derecho, que no es otra sino la Ley General de Salud.
Entrando al texto de la minuta, en el primero de los tres párrafos que se buscan adicionar al artículo 33 de la Ley General de Salud, se establece claramente la obligación del personal que desempeña actividades de atención médica (preventivas, curativas y de rehabilitación) de informar al paciente o a sus familiares sobre los procedimientos a aplicarse, lo cual considera esta Comisión dictaminadora que va acorde con lo que debe de entenderse por esta obligación y que esclarece más el tema en relación con las normas ya emitidas por el Poder Ejecutivo.
En el segundo párrafo de la minuta en estudio, la Comisión dictaminadora encuentra acertado el establecer una cierta formalidad para la manifestación de la voluntad del paciente en relación a su consentimiento para el tratamiento que se le quiere aplicar, todo en aras de obtener una mayor certeza jurídica para casos que puedan traer complicaciones legales. De igual manera se encuentra pertinente el orden de prelación para el caso en que el paciente no pudiera otorgar su consentimiento, dejando dicha decisión en manos de sus personas más allegadas y en último lugar al representante legal, con el objeto de que finalmente alguien pueda hacerse jurídicamente cargo de la situación.
Finalmente, se está de acuerdo con las excepciones al consentimiento informado, cuando la operación de éste pueda traer daños a terceros traducidos en riesgos para la salud pública, o bien para cuando exista riesgo de lesión irreversible o riesgo inminente de muerte. En este sentido, se considera que no bastaría el acto descrito en el segundo párrafo de la propuesta para hacer exigible al médico una conducta contraria a la destinada a evitarle daños irreversibles al paciente o a salvarle la vida.
Derivado de lo anteriormente señalado, los integrantes de la Comisión de Salud de la LX Legislatura aceptamos los términos de la minuta enviada por el Senado de la República.
Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud, con fundamento en lo dispuesto por el inciso A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Proyecto de decreto por el que se adicionan tres párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud
Artículo Único. Se adicionan tres párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 33. Las actividades de atención médica son:
Dentro de dichas actividades se tendrá la obligación de informar suficiente, clara, oportuna y verazmente al paciente o a sus familiares, así como orientarlos respecto de la atención de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnosticados, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen.
Recibida dicha información, el paciente podrá otorgar o no dicho consentimiento por escrito, ante dos testigos, validamente informado, para la realización de cualquier intervención y tendrá el derecho a rechazar o aceptar las opciones diagnosticadas o terapéuticas que se le informen. Ante la imposibilidad del paciente de tomar decisiones debido a su situación de gravedad o incapacidad lo podrán realizar alguna de las siguientes personas:
a. El cónyuge, los hijos mayores de edad, el concubino o la concubina;
b. Los padres o quien ejerza la patria potestad;
c. Los hermanos mayores de edad;
d. Los familiares mayores de edad hasta el tercer grado, y
e. A falta de todos los anteriores, el representante legal.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe, Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, María Mercedes Maciel Ortíz, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo, Fernando Enrique Mayans Canabal, Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Martha Rocío Partida Guzmán, Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 19, 27, TERCER PÁRRAFO, 28, FRACCIÓN I, Y 33; Y ADICIONA EL ARTÍCULO 87, CON UN PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Justicia le fue turnada la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero del los Artículos 19; 27, tercer párrafo; 28, fracción I, y 33; y se adiciona un párrafo tercero al artículo 87, todos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen del:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ANTECEDENTES
Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión en fecha 11 de octubre de 2007, la Secretaría de Gobernación, presentó la Iniciativa Proyecto de decreto por el que se Reforma la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en esa misma fecha, mediante oficios números DGPL/2.-997 y DGPL/2.-998, acordó se turnara dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, respectivamente, las cuales, previo análisis y estudio de la misma, presentaron el dictamen correspondiente ante el Pleno de la Cámara de Senadores, que fue discutido y aprobado en sesión de fecha 6 de marzo de 2008.
Tercero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 11 de marzo de 2008, se dio cuenta con el oficio número DGPL-2P2A.-4398, de 6 del mes y año en cita, mediante el cual la Cámara de Senadores remite la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los Artículos 19; 27, tercer párrafo; 28, fracción I, y 33; y se adiciona un párrafo tercero al artículo 87, todos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuarto. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, mediante oficio número D.G.P.L.60-II-4-1246, acordó se turnara dicha Minuta a la Comisión de Justicia, la cual presenta este dictamen al tenor de las siguientes consideraciones:
ANÁLISIS DE LA MINUTA
Primera. En la Minuta Proyecto de Decreto, la Cámara de Senadores propone reformar los artículos 19, 27, tercer párrafo; 28, fracción I, 33, y se adiciona al artículo 87, un párrafo tercero de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se establezca la figura de la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo, adecuando el ejercicio de sus funciones y obligaciones a la realidad que impera en nuestros días y a las necesidades de la administración pública federal, estatal y municipal.
Segunda. En el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas del Senado a las que fue turnada la iniciativa, se expresa que:
De conformidad con el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República, plantea reformas a los artículos 19, 27, tercer párrafo, 28, fracción I, y 33; y la adición de un tercer párrafo en el artículo 87, todos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, la adición y las reformas se sustentan en el interés de consolidar la figura de la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo, adecuando el ejercicio de sus funciones y obligaciones a la realidad que impera en nuestros días y a las necesidades de la administración pública federal, estatal y municipal.
En lo que se refiere a la reforma del artículo 19 de la Ley de Amparo, se cambia el sentido del supuesto que establece que las autoridades responsables "no pueden" ser representadas en el juicio de garantías, salvo las excepciones previstas en el primer párrafo del artículo 12 de la propia ley, por otro que abre la posibilidad de su representación -en sentido amplio, para todas sin excepción: federales, estatales o municipales- en los términos de las disposiciones aplicables. Advirtiéndose que, corresponderá a los ordenamientos que regulen la estructura interna de cada dependencia o institución definir la forma en que se ejercerá dicha representación.
Así también, se cambia el sentido del segundo párrafo del artículo 19 señalado en el párrafo precedente, pues consigna la obligación de las autoridades correspondientes de señalar en los acuerdos generales el mecanismo necesario para determinar la representación en los casos no previstos por los mismos. Es decir, de contemplarse como una facultad discrecional en el texto vigente, ahora es una obligación, precisándose, además, que dicha representación será en los términos que el Presidente de la República establezca en los acuerdos generales que al efecto se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, por las secretarías de estado, por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por la Procuraduría General de la República, según corresponda la atención del asunto de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en la ley. En la especie, se determina que los reglamentos interiores correspondientes señalarán las unidades administrativas en las que recaerá la citada representación.
Por otra parte, en el párrafo tercero, se hace referencia a la figura de la suplencia de las autoridades responsables en el juicio de amparo, y se inserta un texto más conciso. Por último, en cuanto a la reforma al artículo 19, se deroga el párrafo cuarto bajo el criterio de que el Procurador General de la República dejó de ser el consejero jurídico del Ejecutivo Federal y, por tanto, no debe representar al Presidente en los juicios de amparo.
Asimismo y para dar congruencia a las consideraciones precedentes, se realiza la reforma de los artículos 27, 28 y 33 de la Ley de Amparo, con la finalidad de adecuarlos a la propuesta de modificaciones que se plantean sobre el artículo 19 de la propia ley. En ese sentido, se precisa que las notificaciones se entenderán con los representantes de las autoridades, de conformidad con los acuerdos generales que se expidan, a efecto de no dilatar el procedimiento interno burocrático, objetivo primordial que se persigue con la reforma que se plantea.
Finalmente, en cuanto a la adición del tercer párrafo del artículo 87, se establece que las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión a través de sus representantes, en los términos de las disposiciones aplicables.
Tercero. Por lo que hace a las consideraciones de la Comisión de Justicia, de esta H. Cámara de Diputados, se expresa lo siguiente:
Actualmente, se contempla dentro de los artículos 12 y 19 de la Ley de Amparo, que existen tres formas en que las autoridades responsables pueden comparecer al juicio de garantías, a saber: a) de manera directa, que es la regla general; b) por conducto de los funcionarios legalmente facultados en ausencia del titular del ente del Estado al que se reclamen los actos, es decir, en virtud de la suplencia; y c) por medio de la representación legal que, como excepción, esta forma de comparecencia se constriñe solamente a los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, que pueden ser representados directamente en el juicio por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales, y al Presidente de la República, que puede comparecer al juicio por conducto del Procurador General de la República, los Secretarios de Estado y por los Jefes de Departamento Administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecida en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, sino que únicamente pueden acreditar delegados que comparezcan por ellas a formular promociones, así como que asistan a las audiencias, en las que ofrecerán pruebas, alegaran y formulen alegatos; asimismo, esos delegados pueden promover los incidentes que consideren oportunos (por ejemplo el de objeción de documentos) e interponer cualquier recurso a favor de las autoridades responsables, equivaliendo por tanto, dichos delgados a los autorizados del quejoso o del tercero perjudicado, a que hace mención el artículo 27 de la Ley de Amparo y que posteriormente se estudia.
De lo anterior, se desprende que en el juicio de garantías las autoridades responsables no pueden ser representadas, salvo que se trate de los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal o, del Presidente de la República, que como casos de excepción estableció el legislador con el fin esencial de prever la no distracción de la delicada y ardua labor parlamentaria, la innegable interrupción del ejercicio y cumplimiento de las facultades y obligaciones del titular del Poder Ejecutivo Federal o la interrupción de la actividad de los órganos de la administración pública y, por último, la falta en que por motivo de ausencia o impedimento puedan incurrir los titulares de los consabidos órganos al no rendir con oportunidad los informes previos y justificados.
Por otra parte de acuerdo con el criterio que ha sustentado el Poder Judicial de la Federación, la persona señalada delegada de la autoridad responsable, podrá participar en el juicio de amparo y sus promociones serán debidamente acordadas, solamente para el caso de que el juez federal haya acordado favorablemente esa designación, teniendo como delegado de la autoridad responsable a quien se haya designado, bajo la condición de que surta efectos esa resolución judicial.
Asimismo, cuando se hace uso de esta facultad de ser representado en amparo, debe acreditarse la personalidad por el que funge como representante del presidente, así como por quien suple a un Secretario de Estado.
Sin embargo, la posibilidad de que éstas sean representadas en los juicios de amparo en que sean partes, aparece ya como una necesidad inaplazable, para facilitarles el desempeño de sus funciones esenciales, pues, con independencia de la naturaleza de los actos que se les puedan reclamar, son autoridades responsables en todos los amparos contra leyes, por el acto de promulgación de las mismas, amparos que en su conjunto constituyen un gran volumen que hace materialmente imposible que estos servidores públicos puedan suscribir todos los correspondientes informes justificados y los demás escritos que sean requeridos durante el desarrollo del procedimiento del juicio.
Es por ello, que con la presente minuta, se pretende dar vigencia a un marco legal que facilite y garantice lo más eficazmente posible la defensa de los actos de las autoridades responsables que den motivo al amparo, para evitar las dificultades prácticas que su falta de representación en el juicio de garantías pudiere provocar. No debe olvidarse que las facultades y obligaciones de estos servidores públicos se traducen también en una actividad incesante cuyo fin primordial es la satisfacción de las necesidades públicas, actividad que, por su trascendencia, no debe suspenderse ante cualquier eventualidad que imposibilite su presencia en el desarrollo de la misma.
Cabe destacar que con la reforma al primer párrafo del artículo 19 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto de 2005, la intervención de los delegados acreditados por las autoridades responsables que no pueden ser representadas ni suplidas en el juicio de garantías, se amplió a casi todos los trámites o fases procesales del mismo, a saber: hacer promociones antes y después de las audiencias, concurrir a éstas, rendir pruebas, formular alegatos y promover los incidentes y recursos previstos por la ley. Pero, también lo es que esta ampliación de facultades no alcanzó a los informes justificados que deberán ser firmados por las propias autoridades y no por sus delegados.
Finalmente, esta Comisión de Justicia considera que los razonamientos realizados en el dictamen del Senado son atendibles porque adecuan la figura de la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo para adecuarse a la realidad social que impera en nuestros días.
Por ello, es de aprobarse la minuta en estudio, para los efectos del inciso A del artículo 72 constitucional, toda vez que la reforma planteada hará que se establezca la figura de la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo, adecuando el ejercicio de sus funciones y obligaciones a la realidad que impera en nuestros días y a las necesidades de la administración pública federal, estatal y municipal.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia, somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 19, 27, tercer párrafo; 28, fracción I, 33, y se adiciona el artículo 87 con un párrafo tercero de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 19. Las autoridades responsables podrán ser representadas en todos los trámites dentro del juicio de amparo en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, por medio de oficio, podrán acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta Ley.
El Presidente de la República será representado en todos los trámites establecidos por esta Ley en los términos que establezca en los acuerdos generales que al efecto se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, por las Secretarías de Estado, por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por la Procuraduría General de la República, según corresponda la atención del asunto de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en la ley. Los reglamentos interiores correspondientes señalarán las unidades administrativas en las que recaerá la citada representación. En los citados acuerdos generales se señalará el mecanismo necesario para determinar la representación en los casos no previstos por los mismos.
Las autoridades podrán ser suplidas por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los reglamentos interiores que se expidan conforme a las leyes orgánicas respectivas.
Artículo 27. ...
...
Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo se entenderán con el titular de la Secretaría de Estado, con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o con la Procuraduría General de la República, que deba representarlo en el juicio de amparo o, en su caso, se estará a lo dispuesto en los acuerdos generales a los que se hace referencia en el artículo 19 de esta Ley. Las notificaciones a las que se hace referencia en este párrafo deberán ser hechas por medio de oficio dirigido a la residencia oficial que corresponda.
Artículo 28. ...
II. a III. ...
Artículo 87. ...
...
Las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión a través de sus representantes, en los términos de las disposiciones aplicables.
TRANSITORIO
Único. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro; a 1º de diciembre de 2008.
La Comisión de Justicia
Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez, secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), Silvano Garay Ulloa, Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Omeheira López Reyna (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas, Jesús Ricardo Morales Manzo, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 51 Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 51 BIS 1, 51 BIS 2 Y 51 BIS 3 DE LA LEY GENERAL DE SALUD
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51, y se adicionan los artículos 51 Bis 1, 51 Bis 2 y 51 Bis 3 de la Ley General de Salud.
La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorga el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45 numeral 6, incisos e) y f), y de los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente metodología:
I. Antecedentes
Con fecha 2 de febrero de 2006, el diputado José Ángel Córdova Villalobos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 51 de la Ley General de Salud.
Con fecha 14 de marzo de 2006, la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
El dictamen que conjunta ambas iniciativas fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 26 de abril de 2006, y en esa misma fecha fue turnado al Senado de la República, cuya Mesa Directiva remitió la minuta a las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.
Con fecha 13 de diciembre de 2007, el dictamen de la minuta fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores y fue devuelto a la Cámara de Diputados.
El día 1 de febrero de 2008, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.
II. Contenido
La minuta con proyecto de decreto tiene por objeto mejorar los servicios de salud procurando que los pacientes y usuarios tengan la oportunidad de elegir al médico o profesional de salud con el que sientan más confianza o afinidad. Esto permitirá que el usuario o paciente disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente sus necesidades.
Por otra parte, se pretende dar reconocimiento jurídico desde la Ley General de Salud a los usuarios o pacientes en sus derechos y prerrogativas.
III. Consideraciones
Comprendiendo la preocupación por lograr condiciones más humanitarias en el servicio público de salud, expresada por los proponentes de las iniciativas que dieron lugar a la minuta que se estudia, los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora hemos realizado un análisis a fondo de la propuesta, tomando como principales consideraciones las siguientes:
Con base en estas consideraciones, la minuta en estudio señala que la libertad de elección del médico es únicamente en las instituciones públicas, y quedará limitada al primer nivel de atención y a las posibilidades de cada institución.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud ponemos a consideración de la asamblea el siguiente proyecto de
Decreto que reforma el artículo 51, y adiciona los artículos 51 Bis 1, 51 Bis 2 Y 51 Bis 3 de la Ley General de Salud
Único. Se reforma el artículo 51;y se adicionan los artículos 51 Bis 1, 51 Bis 2 y 51 Bis 3 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 51. Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares.
Los usuarios tendrán el derecho de elegir, de manera libre y voluntaria, al médico que los atienda de entre los médicos de la unidad del primer nivel de atención que les corresponda por domicilio, en función del horario de labores y de la disponibilidad de espacios del médico elegido y con base en las reglas generales que determine cada institución. En el caso de las instituciones de seguridad social, sólo los asegurados podrán ejercer este derecho, a favor suyo y de sus beneficiarios.
Artículo 51 Bis 1. Los usuarios tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen.
Artículo 51 Bis 2. Los Usuarios tienen derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos. En caso de urgencia o que el usuario se encuentre en estado de incapacidad transitoria o permanente, la autorización para proceder será otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante legal; en caso de no ser posible lo anterior, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico.
Los usuarios de los servicios públicos de salud en general, contarán con facilidades para acceder a una segunda opinión.
Artículo 51 Bis 3. Las quejas que los usuarios presenten por la atención médica recibida, deberán ser atendidas y resueltas en forma oportuna y efectiva por los prestadores de servicios de salud o por las instancias que las instituciones de salud tengan definidas para tal fin, cuando la solución corresponda a su ámbito de competencia.
Transitorios
Artículo Primero. El derecho al que se refiere el artículo 51 podrá ser ejercido por los asegurados del Sistema Nacional de Salud una vez que transcurran 12 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, a efecto de que dichos organismos efectúen la reorganización que corresponda en los ámbitos médicos y administrativos.
Artículo Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe, Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, María Mercedes Maciel Ortiz, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo, Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión correspondiente a la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio y reforma otras de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, fracción XII, y 45, numeral 6, incisos d, e y f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 85, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa antes mencionada, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Primero. Durante la sesión de la Comisión Permanente celebrada el día 11 de junio de 2008, los ciudadanos secretarios de ésta dieron cuenta de la iniciativa presentada por el diputado José Luis Espinosa Piña, a nombre de los diputados María del Pilar Ortega Martínez y José Gildardo Guerrero Torres, todos ellos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Segundo. El ciudadano Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión".
Tercero. Mediante oficio CE/2471/08, de fecha 16 de junio del año en curso, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta iniciativa remitida por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.
Cuarto. Que la iniciativa objeto de este dictamen propone reformas al Código de Comercio y a la Ley General de Sociedades Mercantiles que se encaminan a precisar que solamente lo documentos que deban ser inscritos en el registro del comercio por las sociedades mercantiles correspondan a aquellos que efectivamente deban surtir efecto ante terceros, logrando con ello una aportación significativa a la desregulación y al otorgamiento de un tratamiento jurídico homogéneo respecto de la publicidad de los actos, tanto de lo previsto en el Código de Comercio como en la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Quinto. Que se considera procedente la dictaminación en sentido favorable de la iniciativa de mérito, incluyendo ciertas precisiones y adiciones, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Que el registro público nace de la necesidad de llevar una cuenta a cada titular de un derecho, con un fin estrictamente administrativo, sin que estuviera conculcada la finalidad de la publicidad.
Ahora los efectos del registro público son más contundentes y su elemento común consiste en informar a toda persona que consulte, poniendo a su disposición los libros con los asientos que contienen.
En nuestro país, el Registro Público de la Propiedad es la Institución a través de la cual los gobiernos de las entidades federativas otorgan publicidad a los actos jurídicos que, conforme a la ley, precisan de este requisito para surtir sus efectos ante terceros. El Registro Público del Comercio, conforme a lo dispuesto por el artículo 18 del Código de Comercio, se encuentra en el ámbito de la institución del Registro Público de la Propiedad en cada una de las entidades federativas.
Segunda. Que la operación del Registro Público de Comercio está a cargo de la Secretaría de Economía y de las autoridades responsables del Registro Público de la Propiedad en los Estados y en el Distrito Federal, en términos del Código de Comercio y de los convenios de coordinación que se suscriban conforme a lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos existirán las oficinas del Registro Público de Comercio en cada entidad federativa que demande el tráfico mercantil.
En él se inscriben los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación lo requieran en aras de certidumbre jurídica y de transparencia de la actividad de las sociedades mercantiles.
Tercera. Que una tendencia de mejores prácticas internacionales predominante en el derecho registral es la desregulación de numerosos trámites pertenecientes al ámbito de la vida interna de las sociedades mercantiles, cuyo registro resulta ocioso o no aporta efectos de certidumbre jurídica.
Así, la desregulación de la inscripción en el registro del comercio de las modificaciones al contrato social de sociedades mercantiles y los nombramientos de representantes, referente al otorgamiento de poderes en sus diversas características y con los alcances jurídicos que conllevan resulta adecuado.
Cuarta. Que por principio de economía jurídica las relaciones jurídicas de índole mercantil ?en la ejecución de actos de comercio? no deben sobrerregularse en cuanto a la obligación de su inscripción, si además tales actos se encuentran avalados mediante la fe pública de un corredor o de un notario público.
Quinta. Que los actos societarios nacen extrarregistralmente y su inscripción en el Registro Público del Comercio no es constitutiva de derechos, por lo que si se identifica algún vicio que implique su nulidad, los socios o los terceros interesados pueden demandar tal nulidad sin restricción alguna.
Sexta. Que el objetivo de la institución registral es brindar certidumbre jurídica a ciertos actos del comercio y la oponibilidad de derechos frente a terceros, sin embargo, para que se cumpla de manera eficiente y eficaz con su cometido es necesario consolidar un programa de modernización, que permita un manejo confiable de las bases de datos, una capacitación continua del personal, la posibilidad de reducir el número de actos inscribibles, así como la homogenización de los procedimientos y trámites de registro y consulta.
Séptima. Que todo lo anterior nos conduce necesariamente al concepto de mejora regulatoria; es decir, que la regulación responda a fines razonables y que no se traduzca en mayores costos para los particulares y barreras a la inversión y al comercio. Esta concepción tampoco debe limitarse a desregular procesos burocráticos, sino a analizar y actualizar el marco jurídico para mejorar procesos y evitar que el ordenamiento jurídico sea excesivo o ineficiente.
Octava. Que el artículo 16 del Código de Comercio señala la obligación de los comerciantes, a inscribir en el Registro Público de Comercio, los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios, por lo que reformar la fracción II del referido numeral para indicar la obligación de la inscripción de los documentos que deban surtir efecto frente a terceros, resulta redundante, ya que la función principal de cualquier registro es la producción de los efectos jurídicos de oponibilidad frente a terceros.
Es decir, la sustitución de la expresión "documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios" por "documentos que deban surtir efectos frente a terceros" no se considera adecuada, ya que al tenor de la redacción vigente, se establece la posibilidad de que la norma precise en cada caso que documentos deben hacerse notorios, al tiempo que se prescribe su inscripción en el registro y que con la descripción propuesta en la iniciativa se podría incurrir en una tautología que no aporta ningún elemento de certidumbre jurídica.
Novena. Que la reforma propuesta al artículo 19 resulta adecuada, ya que de la constitución y modificaciones de las sociedades mercantiles se clarifica qué actos serán susceptibles de inscripción por parte de la sociedad mercantil teniendo que ver con momentos trascendentales de su existencia jurídica, constitución, transformación, escisión, fusión, disolución y liquidación atendiendo a la personalidad jurídica de la sociedad, los elementos relacionados con su nomenclatura, clase de comercio que realiza, tipo de sociedad, capital, socios, domicilio, etcétera, pero sobre todo por la oponibilidad y surtimiento de efectos ante terceros, y por último en razón de la extinción de la personalidad jurídica de las sociedades.
Décima. Que por congruencia con lo anterior es indispensable analizar el contenido del artículo 21 del mismo ordenamiento, que contiene la descripción de los elementos que se deben anotar en los folios electrónicos del registro del comercio y que la iniciativa en dictamen propone una reforma a las fracciones V y XII y la derogación de la fracción VIII.
La fracción V de la propuesta usa el concepto "escrituras", que se considera adecuado cambiar por el de instrumentos públicos, en lo que corresponda ya que este término jurídico cuenta con mayor amplitud y permite la inscripción de tanto de escrituras como de actas, así mismo se estima necesario corregir de la redacción de la iniciativa, por lo que hace al señalamiento, "de todas las sociedades mercantiles", por "de las sociedades mercantiles" que se refiere efectivamente al universo de la totalidad de las mismas y se elimina de la propuesta la expresión "cualquiera que sea su objeto o denominación", porque al hablar genéricamente de "instrumentos públicos" no es necesaria la referencia específica para determinar la naturaleza de los mismos.
En tal sentido, se reconocen tres tipos especiales de documentos mediante los cuales puede otorgarse fe pública, a saber, escritura pública, actas y actos que tienen por objeto modificar la escritura o el acto.
Décima Primera. Por lo que hace a la propuesta de derogar la fracción VII del artículo 21 del Código de Comercio. Cabe destacar que se comparte inicialmente el criterio enunciado, ya que dicha derogación es congruente con lo dispuesto por el artículo 10, párrafo segundo, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que refiere: "Para que surtan efectos los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de administración, en su caso, bastará con la protocolización ante notario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente o secretario de la asamblea del órgano de administración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento notarial, o en su defecto lo podrá firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores", de lo que se desprende que no prevé como requisito para la validez la inscripción de los poderes en el Registro de Comercio.
De igual manera el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado al respecto con la tesis aislada emitida en el amparo en revisión 82/2002 del 22 de abril de 2002 en el que se señala que los poderes emitidos ?en ese caso por instituciones de crédito? solamente requieren: a) las inserciones relativas al acuerdo de consejo de administración que haya autorizado su otorgamiento; b) las relativas a las facultades que en los estatutos sociales se concedan en el propio consejo; c) las de comprobación del nombramiento de los consejeros. Se señala que el poder para pleitos y cobranzas que contenga tales requisitos es eficaz y suficiente para acreditar la representación del mandante, sin que se requiera de ningún otro que los señalados y mucho menos su inscripción en el Registro Público del Comercio.
El criterio judicial señala que el registro de los poderes no es un requisito esencial para la producción de los efectos jurídicos y tiene como consecuencia de derecho que en caso de revocación o renuncia, el apoderado que actúe de mala fe será responsable frente a la poderdante y al contratante de buena fe, independientemente de que ese produzcan los efectos jurídicos del acto. Su inscripción no es condicionante para la producción de tales consecuencias jurídicas. En este sentido, la inscripción o no del acto de revocación o renuncia es de nula utilidad para efectos fácticos.
No obstante lo anterior derogar completamente la hipótesis de inscripción contenida en el Código de Comercio, no resulta lo más idóneo, por lo que se considera más adecuado asentar una disposición que permita que dicho registro sea opcional, sólo para efectos de consulta o el comercio electrónico, sin contravenir el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y al mismo tiempo se satisface el interés de quienes en su carácter de socios o terceros quisieran que el acto de la manifestación de la voluntad del otorgamiento de un poder pueda quedar inscrito en el registro del comercio además de que se encuentre protocolizado ante el fedatario.
Al eliminar la condición imperativa y dar un tratamiento potestativo a la norma se logra un equilibrio entre el principio que señala que para la producción de efectos jurídicos no se requiere la inscripción de un poder y el interés de socios o terceros cuya intención sea llevar a cabo la inscripción correspondiente.
Décima Segunda. Por lo que corresponde a la última reforma propuesta al Código de Comercio, se sustituye el término "fin social" por objeto social, para mantener congruencia con lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la que se señala que la escritura constitutiva de la sociedad deberá contener el objeto de la misma.
Décima Tercera. La reforma del artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles corresponde al criterio de que todos los actos societarios nacen extrarregistralmente y que su inscripción en el Registro Público del Comercio no los convalidará si nacieron con algún vicio que implique su nulidad y los socios y terceros podrán, en su caso, demandar tal nulidad sin restricción alguna. Por tal motivo se excluye de la obligación de depósito de copia autorizada en el registro del comercio del dictamen del comisario que recaiga a la asamblea general de accionistas, observando que con la reforma propuesta se logran los efectos de publicidad perseguidos por la ley y se deja a salvo el derecho de los socios y de los terceros para poder demandar la nulidad en caso de irregularidades.
Sin embargo y toda vez que el derecho de los socios y terceros esta salvaguardado conforme a los artículos 201 y 205 del la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, esta comisión dictaminadora determina que el segundo párrafo que compone la propuesta de modificación no resulta relevante para el ejercicio de la acción que pretende y sí representa una inscripción adicional ante el registro del comercio. Es decir, la oposición a que se refiere este párrafo puede ser desahogada en la vía correspondiente sin necesidad de que exista un antecedente previo en el registro, razón por la que se sugiere la eliminación de este párrafo.
Décima Cuarta. Que respecto de reformar el párrafo tercero del artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles es consistente con la reforma a la fracción V del artículo 21 del Código de Comercio, toda vez que lo que resulta inscribible será el instrumento público y no el acta de asamblea en sí misma.
Décima Quinta. Que los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictaminan, reconocen y concluyen que la iniciativa presentada en esta Soberanía contiene propuestas que enriquecen, complementan y adecuan la legislación mexicana, por lo que hace suyos los motivos de los legisladores autores de la propuesta de mérito y a efecto de establecer criterios de interpretación y técnica jurídica correctos, se manifiesta por la necesidad de aprobar con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio y reforma otras de la Ley General de Sociedades Mercantiles, presentada por el diputado José Luis Espinosa Piña, en nombre de los diputados María del Pilar Ortega Martínez y José Gildardo Guerrero Torres, mediante el siguiente
Decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles
Artículo Primero. Se reforman los artículos 19, 21, fracciones V, VII y XII, del Código de Comercio, para quedar como sigue:
Artículo 19. La inscripción o matrícula en el registro mercantil será potestativa para los individuos que se dediquen al comercio y obligatoria para todas las sociedades mercantiles por lo que se refiere a su constitución, transformación, fusión escisión, disolución y liquidación y para los buques. Los primeros quedarán matriculados de oficio al inscribir cualquier documento cuyo registro sea necesario.
Artículo 21. ...
V. Los instrumentos públicos en los que se haga constar la constitución de las sociedades mercantiles, así como los que contengan su transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación;
VI. ...
VII. Para efectos del comercio y consulta electrónicos, opcionalmente, los poderes y nombramientos de funcionarios, así como sus renuncias o revocaciones;
VIII. a XI. ...
XII. El cambio de denominación o razón social, domicilio, objeto social, duración y el aumento o disminución del capital mínimo fijo;
XIII. a XIX. ...
Artículo 177.- Quince días después de la fecha en que la asamblea general de accionistas haya aprobado el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172, deberán mandarse publicar los estados financieros incluidos en el mismo, juntamente con sus notas y el dictamen del comisario, en el periódico oficial de la entidad en donde tenga su domicilio la sociedad, o, si se trata de sociedades que tengan oficinas o dependencias en varias entidades, en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 194. ...
...
Las actas de las asambleas extraordinarias serán protocolizadas ante fedatario público.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Comisión de Economía
Diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal, Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Octavio Martínez Vargas, Susana Monreal Ávila, José Amado Orihuela Trejo, Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Raúl Ríos Gamboa, Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez, Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho, Víctor Gabriel Varela López, Joaquín Humberto Vela González, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 137 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN
La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la LX Legislatura, con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 39, fracciones 1 y 2, y 45, fracción 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite y somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, respecto a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población, conforme a los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes
Que el 19 de julio de 2006 se presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población, suscrita por los diputados José Antonio de la Vega Asmitia, Pablo Alejo López Núñez y Sergio Penagos García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que en la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para estudio y dictamen.
Contenido de la iniciativa
La iniciativa estima despenalizar algunas conductas, solamente sancionar las de la esfera administrativa y mantener las que puedan implicar un peligro a la seguridad nacional.
En ese sentido, con la convicción del respeto de la dignidad de los migrantes y la salvaguarda de sus derechos humanos, junto con la congruencia que ello nos exige, la iniciativa tiene como objeto despenalizar las actividades propias de la migración y ubicarlas así como sanciones administrativas.
Busca eliminar las penas que se vinculan a las actividades propiamente migratorias, con objeto de despenalizar la acción migratoria, la que únicamente es impulsada por la necesidad y un mayor bienestar. Por el contrario, se procederá a aplicar sanciones administrativas y posterior deportación a quienes ingresen de manera irregular en territorio mexicano, garantizando en todo momento el respeto de sus derechos y su dignidad.
Se pretende eliminar de esta ley una disposición considerada contraria al espíritu constitucional, que establece como plazo máximo de arresto hasta 3 días, adecuándola al precepto previsto en nuestra legislación actual que prevé un plazo máximo de 36 horas, cuando se trata de cuestiones administrativas.
Consideraciones de la comisión
Esta comisión, después de haber realizado un estudio y análisis sobre la iniciativa presentada por los diputados José Antonio de la Vega Asmitia, Pablo Alejo López Núñez y Sergio Penagos García, en cuanto a reformar varios de los artículos que criminalizaban la migración, ha llegado a las siguientes conclusiones:
No se consideran procedentes las propuestas de reformas de los artículos 118, 119, 120, 121, 122, 123 y 125, toda vez que esta comisión en su momento aprobó modificaciones de éstos en busca de dar un mejor trato a los migrantes y de despenalizar la migración, con la derogación de algunos artículos y las modificaciones de otros, por lo cual quedan sin efecto las propuestas plasmadas en la iniciativa que hoy se dictamina porque cambió el articulado.
Si bien debemos considerar que sí es procedente la propuesta de modificación del artículo 137 de la ley, por la que se pretende adecuar la pena del arresto que actualmente está considerada en un plazo de hasta 3 días, por la de 36 horas.
Esta comisión considera pertinente la reforma del artículo 137 de la Ley General de Población, toda vez que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo indica como tiempo máximo de arresto el plazo de 36 horas para el caso de las sanciones administrativas, y como en este caso nos referimos a una falta de tal carácter, en virtud de que la violación del artículo de referencia de la Ley General de Población no constituye un delito, es posible apoyar y dictaminar positivamente dicha propuesta.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Decreto por el que se reforma el artículo 137 de la Ley General de Población
Único. Se reforman el párrafo primero y se adiciona un tercer párrafo al artículo 137 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
Artículo 137. La persona que visite un transporte marítimo extranjero sin permiso de las autoridades migratorias será castigada con multa de veinte a cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal o arresto hasta por treinta y seis horas.
?
No obstante esta disposición no podrá ser citada para impedir que las tripulaciones y personal a bordo puedan tener acceso a la representación legal que soliciten, lo que deberán hacer del conocimiento de las autoridades marítimo-portuarias a efecto de que éstas se coordinen con las autoridades migratorias para los efectos que correspondan.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, a 2 de diciembre de 2008.
La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios
Diputados: Antonio Valladolid Rodríguez (rúbrica), presidente; Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), secretarios; Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Daniel Chávez García (rúbrica), Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez, Elia Hernández Núñez, Omeheira López Reyna (rúbrica), María Dolores González Sánchez, Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), Silbestre Álvarez Ramón, Alberto Amaro Corona (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Érick López Barriga (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié, Ivette Jacqueline Ramírez Corral, Guillermina López Balbuena, Isael Villa Villa (rúbrica), José Luis Aguilera Rico, Irma Piñeyro Arias (rúbrica), Pascual Bellizzia Rosique (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN III BIS DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura fue turnada, para estudio, análisis y dictamen correspondiente, iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 6, fracción III Bis, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
Esta comisión, con fundamento de lo dispuesto en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa, somete a consideración de la honorable asamblea el dictamen basándose en los siguientes
Antecedentes
2. En esa misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para estudio y análisis correspondiente.
3. Con fecha 2 de diciembre de 2008, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el dictamen.
Señala el iniciador que la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975, presenta una aclaración referente al Capítulo Segundo, "Premios y Preseas", artículo sexto, fracción III, relativo a los premios otorgados por las ciencias y artes, al cual fue adicionado una fracción III Bis que otorgaba premios de demografía.
Posteriormente, continúa señalando el proponente, sufrió una reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de marzo de 2003, donde los premios de demografía serían parte del artículo 6, fracción IV; sin embargo, este último decreto no instruye sobre la fracción III para que fuera derogada, lo que provoca confusión al definir las bases para hacerse acreedor al premio de demografía.
Así, el objetivo de la iniciativa es derogar la fracción III Bis del artículo 6 de la ley en análisis para que la fracción IV establezca el premio nacional de demografía.
Establecidos los antecedentes y el contenido de las iniciativas, los miembros de Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados exponemos las siguientes
Consideraciones
2. El artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles señala los premios que tendrán el carácter de nacionales y que son los siguientes:
Artículo 6. Se establecen los siguientes premios, que se denominarán y tendrán el carácter de nacionales:
II. Orden Mexicana del Águila Azteca;
III. De ciencias y artes;
III Bis. De demografía.
IV. De demografía;
V. De deportes;
VI. De mérito cívico;
VII. De trabajo;
VIII. De la juventud;
IX. De servicios a la comunidad;
X. De antigüedad en el servicio público;
XI. De administración pública;
XI Bis. Al mérito forestal;
XII. De protección civil;
XIII. De trabajo y cultura indígena.
XIV. De derechos humanos;
XV. De preservación del medio ambiente;
XVI. De seguridad pública; y
XVII. Premio Nacional de la Cerámica.
3. La creación del Premio Nacional de Demografía fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 1986. En la exposición de motivos, el Ejecutivo federal afirmó que la adición de este premio en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles obedeció al "impulso de la investigación demográfica que constituye en elemento esencial para la planeación del desarrollo nacional, y de que está es un factor necesario para instrumentar con éxito la política gubernamental" (Poder Ejecutivo federal; exposición de motivos que adiciona el Premio Nacional de Demografía a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, 17 de septiembre de 1986).
4. A mayor abundamiento, la exposición de motivos afirmó que la creación del Premio Nacional de Demografía obedeció a la trascendental importancia del "conocimiento, cada vez más completo y científicamente fundamentado, de las características y tendencias que presentan los fenómenos demográficos en nuestro país, así como de sus causas e implicaciones en las esferas económicas, política, social y cultural. Los avances logrados en cuanto a la generación de estos conocimientos en décadas pasadas fueron determinadas para la formulación e instrumentación de la actual política de población del gobierno de la república, cuyos principios y objetivos se hallan expresados en la Ley General de Población vigente, promulgada en 1974, al indicar que su objeto principal es regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, a fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social" (Poder Ejecutivo federal; exposición de motivos que adiciona el Premio Nacional de Demografía a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, 17 de septiembre de 1986).
5. Por lo anterior, se adicionó al artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles una fracción III Bis, además de la adición de un capítulo VII Bis denominado "Premio Nacional de Demografía", el cual se conformó con los artículos 51-A, 51-B, 51-C y 51-D, y que señalaron las características del premio mencionado.
6. Por otro lado, el 28 de agosto de 2002 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Poder Legislativo federal turnó a la entonces Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados la iniciativa presentada por el diputado Eduardo Rivera Pérez, a nombre del grupo de trabajo en materia de protección civil de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, integrado por los diputados Manuel Añorve Baños, Lorenzo R. Hernández Estrada, José Jesús Reyna García, Jaime Vázquez Castillo, Arturo Escobar y Vega, Rodrigo D. Mireles Pérez, Néstor Villarreal Castro y Eduardo Rivera Pérez, que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y por el que se propuso la creación del Premio Nacional de Protección Civil.
7. El dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados describió en el capítulo "Consideraciones" la propuesta para recorrer "debidamente el número de los artículos y de los capítulos que se fue alterando con las diversas reformas que sufrió la ley, consideramos que ello da mayor claridad al cuerpo normativo de la ley y evita referirse a artículos con letras A, B o C, mientras que otros artículos se encuentran derogados; con esto solamente se hace una reestructuración de los artículos mas no modifica su contenido".
8. Efectivamente, del dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública se advierte la reforma y adición del artículo 6, agregando la fracción IV, "De demografía", y de un Capítulo VIII denominado "Premio Nacional de Demografía", formado por los artículos 52, 53, 54 y 55, sin especificar la eventual derogación del artículo 6, fracción III Bis, a la que se ha hecho alusión. El dictamen fue aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 432 votos en pro, el jueves 12 de diciembre de 2002.
9. Finalmente, el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado destacó la coincidencia con la consideración de la Cámara de Diputados, adhiriéndose al criterio aplicado para reestructurar el contenido de la normatividad en comento y por el que se adicionó una fracción IV al artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. El dictamen de la minuta fue aprobado por la Cámara revisora con 97 votos en pro, el sábado 14 de diciembre de 2002, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 7 de marzo de 2003.
10.Por lo anterior expuesto, la comisión advierte que el proceso legislativo que reestructuró el orden de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles fue omiso sobre la eventual derogación de la fracción III Bis del artículo 6 que señaló la creación del Premio Nacional de Demografía, por lo que al no haberse indicado, encontramos ahora dos fracciones coincidentes, es decir, la III Bis y la IV en el artículo 6 con el nombre "De demografía". En este sentido, se considera viable el proyecto presentado por el diputado Jorge Godoy Cárdenas.
Decreto que deroga la fracción III Bis del artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles
Artículo Único. Se deroga la fracción III Bis del artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para quedar como sigue:
Artículo 6. ?
III Bis. Derogada.
IV. a XVII. ?
?
Único. El decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 2 de diciembre de 2008.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello, María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 53 Y 55, FRACCIÓN V, Y DEROGA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
Honorable Asamblea:
La Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente
Dictamen
Antecedentes
A la Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 4230, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55, fracción V, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por el diputado José Inés Palafox Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, el 25 de junio de 2008.
El legislador promovente destaca que una de las finalidades de la Ley General de Cultura Física y Deporte consiste en fomentar, ordenar y regular las asociaciones y sociedades deportivas, deportivo-recreativas y del deporte en la rehabilitación y de la cultura física-deportiva, a las cuales reconoce de manera formal como asociaciones deportivas nacionales mediante el registro que otorga el gobierno federal por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y que trae aparejada una serie de derechos y obligaciones.
Asimismo, señala que en la regulación prevista en la ley sobre este tema existe contradicción en sus disposiciones; anota que, de acuerdo con el artículo 29 de la ley, el cual establece como atribución de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte otorgar el registro correspondiente a las asociaciones y sociedades que en el ámbito nacional tengan como objeto fomentar, desarrollar, promover, investigar, difundir e impulsar actividades de cultura física o deporte, así como el artículo 44, el cual señala con claridad que serán registradas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte las asociaciones deportivas y las personas morales, cualquiera que sea su denominación y naturaleza jurídica, que conforme a su objeto social promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte sin fines económicos; por lo que corresponde a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte otorgar el registro correspondiente a las asociaciones y sociedades deportivas que tengan los objetivos mencionados. Esto es, afirma el promovente, contradictorio con lo establecido en la fracción V del artículo 55 de la ley, el cual exige a las asociaciones deportivas como requisito para obtener el registro, estar afiliadas a una federación deportiva internacional reconocida por la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales, lo cual limita a las federaciones mexicanas afiliadas a la federación deportiva internacional respectiva cuando ésta no tiene reconocimiento de la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales, al igual que aquéllas asociaciones deportivas mexicanas de cuya disciplina no existe federación internacional. Lo anterior, de acuerdo con el legislador, constituye una clara contradicción entre las diversas disposiciones de la ley en estudio, ocasionando incluso la inaplicabilidad de otras, como el derecho de muchas asociaciones deportivas a recibir su registro. Agrega el diputado promoverte que esta situación provoca una desigualdad entre las federaciones deportivas nacionales que se encuentran en los distintos supuestos ilustrados.
Por lo anterior, expone la necesidad de reconocer y homologar la intención de la legislación deportiva en el sentido de apoyar y registrar a todas las asociaciones deportivas nacionales que tengan como finalidades las señaladas por la ley en estudio, modificando las disposiciones que limiten la participación de los diferentes actores participantes en el ámbito de la cultura física y el deporte.
La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis de la iniciativa de referencia, llevando a cabo, para tal efecto, reuniones de trabajo con los integrantes del pleno de la misma, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta con las siguientes
Consideraciones
La Ley General de Cultura Física y Deporte es la norma rectora del deporte en nuestro país y tiene como objeto establecer las bases generales de coordinación y colaboración entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como de la concertación para la participación de los sectores social y privado en materia de cultura física y deporte, correspondiendo su aplicación e interpretación en el ámbito administrativo al Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
En efecto, como lo expone el diputado promovente, la ley ordena y regula la participación de las múltiples organizaciones deportivas legalmente constituidas a la luz de las disposiciones de la ley en estudio, siendo fundamental la congruencia de su contenido.
Derivado de la revisión realizada por esta comisión, encontramos que, como lo refiere atinadamente el legislador, existen disposiciones dentro de la ley que dificultan el cumplimiento de sus finalidades e inclusive atentan contra la igualdad de los sujetos a quienes se destina; la regulación que actualmente contempla la ley para las asociaciones deportivas constituye un claro ejemplo.
Los artículos 51 y 53 reconocen a las federaciones deportivas mexicanas su calidad como máxima instancia técnica de su disciplina, ordenan y establecen la forma de regulación a las asociaciones deportivas nacionales. A continuación, en los subsecuentes artículos se especifican las atribuciones, derechos y obligaciones, que orientan su actuar, tales como: calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales; actuar en coordinación con sus asociados en la promoción general de su disciplina deportiva en todo el territorio nacional y colaborar con la administración de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios en la formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte. Además, son sujetos de los apoyos y estímulos que en su caso acuerde el Ejecutivo federal, siempre que estén registradas de conformidad con la ley ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y cumplan las obligaciones que se les imponga como integrantes del Sistema Nacional del Deporte, las derivadas del estatuto de la Confederación Deportiva Mexicana y demás disposiciones aplicables en materia presupuestaria.
Asimismo, este ordenamiento señala en su artículo 55 los requisitos que deberán cumplir las federaciones deportivas mexicanas, o equivalentes, que pretendan obtener el registro y reconocimiento de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como asociaciones deportivas nacionales, a saber:
II. Existencia de competiciones de ámbito internacional con un número significativo de participantes.
III. Representar mayoritariamente una especialidad deportiva en el país.
IV. Prever en sus estatutos la facultad de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de fiscalizar la correcta aplicación y ejercicio de los recursos públicos, así como evaluar los resultados de los programas operados con los recursos mencionados.
V. Contar con la afiliación a una federación internacional reconocida por la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales.
VI. Estar reconocida conforme a la presente ley.
VII. Constancia de afiliación o asociación a la Confederación Deportiva Mexicana.
Bajo este contexto, a simple vista se observa un estado de igualdad y de congruencia; sin embargo, la práctica ha mostrado la existencia de un estado de desigualdad entre las asociaciones deportivas de las distintas disciplinas legalmente constituidas, particularmente por lo dispuesto en la fracción V, que exige contar con la afiliación a una federación internacional reconocida por la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales, y que ha sido un obstáculo, no sólo para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte pueda otorgar el registro como asociación deportiva nacional y para que pueda otorgarles apoyos y estímulos a los que tienen derecho, de conformidad con el artículo 56 de la Ley General de Cultura Física y Deporte1, sino para que las propias asociaciones puedan ser reconocidas legalmente por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como asociaciones deportivas nacionales y con ello ser sujetos de todas las obligaciones y derechos, como recibir apoyos y estímulos económicos, contemplados y reconocidos en la propia ley de referencia. Si bien el texto vigente del artículo 55 exceptúa del cumplimiento de la fracción V, en el sentido de contar con la afiliación a una federación internacional reconocida por la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales, a las federaciones mexicanas de charrería y juegos y deportes autóctonos, en virtud de que no existe federación internacional de dichas disciplinas; la realidad social ha superado por mucho la hipótesis de excepción; tal es el caso de las asociaciones deportivas que se citan a continuación en forma enunciativa mas no limitativa: Federación Mexicana de Padel, AC, Federación Mexicana de Lima Lama, AC; Federación Mexicana de Golf, AC; Federación Mexicana de Fútbol Rápido, AC; Federación de Dominó de la República Mexicana, AC; Federación Mexicana de Arte y Cultura, AC; Federación Mexicana de Nippon Kempo, AC; Federación Mexicana de Medicina del Deporte, AC; Federación Mexicana de Deportes para Sordos, AC; Federación Mexicana de Cross Bol, AC; Federación Mexicana de Colombofilia, AC; Asociación Mexicana de Medallistas Olímpicos, AC; Asociación Mexicana de Duni, AC; Asociación Mexicana de Actividad Física y Deporte para Adultos y Ancianos, AC. Estas asociaciones, además de las excepciones que contempla la ley vigente, han sido identificadas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte por no contar con una federación internacional en su disciplina afiliada a la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales (AGIFS)2.
Aunado a lo anterior, también han sido identificados otros supuestos, como el caso de asociaciones deportivas nacionales que por no estar al corriente en los pagos correspondientes a la afiliación de su federación internacional y precisamente por la ausencia de estímulos y apoyos económicos por parte del Estado, no obtienen la constancia anual que otorga esta última; tal ha sido el caso de las federaciones de hockey sobre hielo y levantamiento de pesas3, y en consecuencia pierden el cúmulo de atribuciones que otorga la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Es por todo lo anterior que la Comisión de Juventud y Deporte comparte la intención noble del legislador y estima que los alcances de su intención podrían ampliarse más aún si en lugar de modificar la fracción V del artículo 55, en términos de la propuesta original "Contar con la afiliación a una federación internacional de su respectiva disciplina", se modifica para quedar de la siguiente manera: "Acreditar el reconocimiento de la federación u organización internacional, si la hubiera, con apego a las normas de los organismos deportivos internacionales"; se deroga el párrafo último del mismo artículo que actualmente excluye del cumplimiento de la fracción V a las federaciones mexicanas de charrería y juegos y deportes autóctonos, en virtud de que no existe federación internacional de dichos deportes, y se modifica la redacción del artículo 53 para complementar y armonizar la propuesta, el cual en el texto vigente dice "las asociaciones deportivas nacionales son la máxima instancia técnica de su disciplina y deberán representar a un sólo deporte en todas sus modalidades y especialidades, en los términos del reconocimiento de su respectiva federación deportiva internacional"; para quedar como sigue: "Las asociaciones deportivas nacionales son la máxima instancia técnica de su disciplina y deberán representar a un sólo deporte en todas sus modalidades y especialidades, en los términos del reconocimiento de su respectiva federación u organización internacional, si la hubiera."
De esta manera, se acotan los requisitos para reconocer legalmente a las asociaciones deportivas, en atención a los intereses que actualmente demanda la comunidad, no sólo nacional sino mundial, en materia deportiva, ya que por sus características obedecen a una estructura internacional, haciéndose efectiva la igualdad entre las asociaciones deportivas nacionales, pues serán sujetas a dicha fracción cuando exista una federación u organización internacional equivalente de su disciplina, que cumpla las normas de los organismos deportivos internacionales, que nuestra nación hace suyas, al igual que el resto de los países representados a través de las federaciones deportivas internacionales, salvaguardándose de esta manera la organización nacional y mundial del deporte. Asimismo, se otorga congruencia y claridad a nuestro ordenamiento deportivo y en general se avanza en el beneficio del deporte mexicano.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Juventud y Deporte somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:
Decreto
Artículo único. Se reforman los artículos 53 y 55, fracción V, y se deroga el último párrafo del artículo 55 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:
Artículo 53. Las asociaciones deportivas nacionales son la máxima instancia técnica de su disciplina y deberán representar a un sólo deporte en todas sus modalidades y especialidades, en los términos del reconocimiento de su respectiva federación u organización internacional, si la hubiera.
Artículo 55. ?
V. Acreditar el reconocimiento de la federación u organización internacional correspondiente, si la hubiera, con sujeción a las normas de los organismos deportivos internacionales.
VI. y VII. ?
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte tendrá 90 días después de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes.
Notas
1. Opinión institucional de la reforma en estudio, elaborado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y presentado ante esta comisión por conducto de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio número SEL/UEL/311/DGAEGFSC/3207/08, del 19 de septiembre de 2008.
2. Idem.
3. Idem.
Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte; Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2008.
La Comisión de Juventud y Deporte
Diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), presidenta; Gregorio Barradas Miravete, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido, José Luis Aguilera Rico (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos, Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), José Inés Palafox Núñez (rúbrica), secretarios; Salvador Barajas del Toro, Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Ricardo Franco Cazarez (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Alma Xóchil Cardona Benavides (rúbrica), Fidel Antuña Batista (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, Jorge Luis de la Garza Treviño, Emilio Ulloa Pérez, Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica).
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, Y DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO K) DEL ARTÍCULO 28; Y ADICIONA EL TERCER PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL A CUARTO, AL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura fue turnada, para estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso k) del artículo 28 y adiciona un párrafo tercero al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social, presentada el 25 de octubre de 2007 por la diputada Martha Margarita García Müller, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Estas comisiones elaboraron el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2, fracción III, y 3; los artículos 44, 45 numeral 1, 4, 6 incisos d) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
Primero. Con fecha 25 de octubre de 2007, la diputada Martha García Müller, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa que reforma la Ley de Asistencia Social.
Segundo. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 fracción f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa para su estudio y dictamen a estas comisiones.
Con base en lo anterior, las comisiones unidas hacen de su conocimiento el siguiente
Contenido de la iniciativa
1. Se propone reformar el inciso k) del artículo 28 y adicionar un párrafo tercero al artículo 29 ambos de la Ley de Asistencia Social para establecer como una atribución del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el elaborar y actualizar el Registro Nacional de personas con discapacidad, en colaboración con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, Dependencias, Entidades Federales, Estatales y Municipales, para quedar como sigue:
Texto vigente
a) a j) ?
k) Elaborar y actualizar el Directorio Nacional de las Instituciones Públicas y Privadas de Asistencia Social;
l) a z) ?
Artículo 29. En el diseño de las políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios, y la realización de acciones, el Organismo actuará en coordinación con dependencias y entidades federales, estatales o municipales, de acuerdo con la competencia y atribuciones legales que éstas tengan.
?
a) a j) ?
k) Elaborar y actualizar el Directorio Nacional de las Instituciones Públicas y Privadas de Asistencia Social y el Registro Nacional de Personas con Discapacidad.
l) a z) ?
Artículo 29. En el diseño de las políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios, y la realización de acciones, el Organismo actuará en coordinación con dependencias y entidades federales, estatales o municipales, de acuerdo con la competencia y atribuciones legales que éstas tengan.
?
Elaborará y actualizará el Registro Nacional de Personas con Discapacidad con la colaboración del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, y en coordinación con Dependencias y Entidades Federales, Estatales y Municipales. Lo anterior en estricto apego, en lo que corresponda, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
3. En la exposición de motivos se establece que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es el encargado de apoyar a las personas con discapacidad y de coordinar el Sistema Nacional de Información en materia de Asistencia Social en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Consideraciones
I. La comisión está de acuerdo con la promovente en que es necesario que exista el Registro Nacional de Personas con Discapacidad realizado conjuntamente por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, con el fin de recabar los datos de las personas con discapacidad, ya que sólo con este conocimiento se podrá llevar a cabo el diseño de políticas públicas eficaces que atiendan las necesidades y demandas cotidianas de estas personas.
II. La Ley General para las Personas con Discapacidad establece en su artículo 29 que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es el instrumento permanente encargado de apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de la Ley General de las Personas con Discapacidad y en su artículo 30, fracción XVIII mandata:
I. a XVII. ?
XVIII. Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y entidades de la administración pública federal, y en su caso, voluntaria para las instituciones de los sectores social y privado, que realicen acciones o programas relacionados con las personas con discapacidad.
De ello se desprende que en todo lo referente a programas y acciones a favor de las personas con discapacidad, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad será el organismo de consulta y asesoría obligatoria, por lo que es pertinente que el Registro Nacional se elabore y actualice en colaboración entre las dos instituciones.
Proyecto de decreto que reforma el inciso k) del artículo 28 y adiciona un párrafo al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social
Artículo Único. Se reforma el inciso k) del artículo 28 y se adiciona el tercer párrafo, recorriéndose el actual para pasar a ser cuarto, al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:
Artículo 28. El organismo será el coordinador del Sistema, y tendrá las siguientes funciones:
k) Elaborar y actualizar el Directorio Nacional de las Instituciones Públicas y Privadas de Asistencia Social y el Registro Nacional de Personas con Discapacidad.
l) a z) ?
?
Elaborará y actualizará el Registro Nacional de Personas con Discapacidad con la colaboración del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad;
?
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La elaboración, actualización y administración del Registro Nacional de Personas con Discapacidad se realizará con los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, por lo que no se requerirán recursos adicionales para tales efectos.
Dado en la sala de juntas de la comisión, a 2 de diciembre de 2008.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe, Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, María Mercedes Maciel Ortiz, Lorena Martínez Rodríguez, Holly Matus Toledo, Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Diputados: Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), presidenta; Marcela Cuen Garibi (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), secretarios; Irene Aragón Castillo, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, Silvia Emilia Degante Romero, Martha Margarita García Müller (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silvia, Marisol Mora Cuevas (rúbrica), Diana Carolina Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez, Mario Vallejo Estévez, Martín Zepeda Hernández (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 47 BIS, FRACCIÓN II, INCISO H), SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada por el Pleno, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Esta comisión legislativa, con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV; 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión plenaria de la honorable Cámara de Diputados celebrada el 27 de abril de 2006, el diputado José Luis Cabrera Padilla, integrante, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
2. Con esta misma fecha, por mandato de la Mesa Directiva, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Debido a que dicho asunto no pudo ser dictaminado en tiempo y forma, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se permite elaborar el presente dictamen, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
Los legisladores que integran esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión tienen el derecho de iniciativa, el cual se sustenta en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así también, este Congreso tiene la facultad que le confiere el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Así las cosas, una vez analizadas las atribuciones referidas en el párrafo anterior y el contenido del asunto en estudio, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe señalar que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria para su presentación, que son los siguientes:
? Tener un título.
? Contener el nombre y firma de la persona que presenta la iniciativa.
? Una parte expositiva de motivos.
? El texto legal que se propone.
? El artículo transitorio que señala la entrada en vigor.
? La fecha de elaboración.
? Ser publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Es por esto que actualmente existe una gran preocupación, por parte de la comunidad internacional en relación con la evidente y creciente perdida de la biodiversidad en el planeta como consecuencia de un desarrollo contrario a todos los principios de sustentabilidad; razón por la cual, en el marco de la cooperación internacional, y considerando que es vital prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica, el 22 de mayo de 1992 el Comité Intergubernamental de negociación para una Convención sobre Diversidad Biológica, adoptó en la Kenia, el Convenio sobre Diversidad Biológica, que posteriormente fue abierto a la firma durante la Convención de Río en 1992; del cual nuestro país es parte contratante. Este convenio establece los términos a los cuáles se deberán sujetar los estados miembros en la planeación de su política ambiental tendiente a la conservación de sus ecosistemas, así como los mecanismos jurídicos que deberán adoptar e implementar en este tema.
Se estima que en México el número total de especies conocidas asciende aproximadamente a 64 mil 878, por lo que, junto con Brasil, Colombia e Indonesia está entre los primeros lugares de las listas de riqueza de especies. Al respecto, dentro del territorio nacional se han descrito 26 mil especies de plantas, 282 especies de anfibios, 707 de reptiles y 439 de mamíferos, esto se ha traducido en al menos el 10 por ciento de la diversidad terrestre del planeta, dentro del país.
Desafortunadamente, como en otras partes del mundo, nuestro país no ha sido la excepción, el deterioro y la fragmentación de los ecosistemas, con la consecuente pérdida de biodiversidad, son unos de los más graves problemas que enfrenta nuestro país. La presión sobre los recursos naturales aumenta día con día ocasionando la pérdida de especies, así como la desaparición, fragmentación y degradación de los recursos naturales, hábitats, y biomas. En este escenario, las especies de vida silvestre tienden, en la mayoría de los casos, a disminuir sus poblaciones e incluso a extinguirse.
La información registrada en relación con esta situación, así como el estado de conservación de las especies, en la mayoría de los casos es insuficiente para conocer con detalle su gravedad y, por tanto, establecer políticas más acertadas para frenar o detener dichos problemas. En México, a pesar de que se han llevado a cabo diversos estudios de hábitats y ecosistemas, prácticamente no se han implementado programas de seguimiento sostenidos y sistemáticos. Por este motivo, es imprescindible ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad y estado de conservación de hábitats críticos o de aquellos que tengan asociadas poblaciones de especies en riesgo, prioritarias, clave o sujetas a manejo y aprovechamiento, así como de áreas naturales protegidas, regiones prioritarias y ecosistemas relevantes, con el fin de proponer y desarrollar estrategias de conservación, manejo, recuperación, rehabilitación y restauración en ellos
Aunado a lo anterior, y preocupado por la situación ambiental nacional, nuestro sistema jurídico en la materia ha contemplado como uno de sus instrumentos de política ambiental, la figura de las áreas naturales protegidas, las cuales son definidas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como "Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas." Según lo establecido en la ley las áreas naturales protegidas cuentan, dentro de sus poligonales, con una subdivisión interna, la cual obedece principalmente al nivel de conservación del ecosistema, por lo que dentro de estas subzonas podemos encontrar las de recuperación, que son aquellas superficies, de las áreas naturales protegidas s en las cuales los recursos naturales han resultado severamente alterados o modificados, y que son objeto de programas de recuperación y rehabilitación, estas se encuentran fundamentadas jurídicamente en el artículo 47, fracción II, inciso h), párrafo segundo, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El proponente de la iniciativa con proyecto de decreto en estudio hace alusión de estas zonas de rehabilitación, manifestando que el texto actual del artículo mencionado contempla una permisión para que en la rehabilitación de estas subzonas puedan ser utilizadas especies compatibles, las cuales, según el proponente, en sentido estricto de conservación pueden ser consideradas como especies exóticas, considerando que es necesario prohibir la introducción de especies no endémicas y asegurar la integridad de las áreas naturales protegidas. Como bien lo señala en su exposición de motivos, las especies introducidas, en la mayoría de los casos, son las causantes del empobrecimiento de la biodiversidad de un lugar por el reemplazo de las especies autóctonas o nativas por las invasoras, las cuales tienden a ser dominantes, alterando el suelo, generando erosión o empobrecimiento, alterando los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos, las tasas de descomposición, el desarrollo de los suelos y su productividad, las cadenas tróficas, la circulación de nutrimentos, de energía y desplazamiento de especies nativas, e incluso introducir enfermedades nuevas o propagar las ya existentes.
Tal y como lo afirma el proponente, uno de los grandes retos que hoy enfrenta el país es el combate a la disminución de las especies introducidas en nuestros ecosistemas, las cuales, como ya se explicó, causan numerosos efectos indirectos que pueden traer consecuencias dramáticas e irreversibles en las comunidades y ecosistemas sobre los cuales la nación ejerce su soberanía.
Es muy importante resaltar la congruencia que existe con la propuesta de iniciativa en cuestión, las políticas nacionales y líneas de acción a seguir en torno a la conservación de la biota nativa de las diferentes regiones, ecosistemas o unidades ambientales, ya que es de suma importancia recuperar en lo posible la biodiversidad perdida.
Por esto, los miembros de esta comisión dictaminadora coincidimos con lo expuesto por el legislador en la iniciativa con proyecto de decreto en cuestión, ya que como se ha mencionado un factor importante de la perdida de biodiversidad en las naciones ha sido debido al introducción de especies invasoras dentro de los ecosistemas, por lo cual uno de los mecanismo ha emplearse para revertir este problema es regular, e incluso prohibir, la introducción de especies exóticas en los ecosistemas nacionales. Ahora bien, la primer vía que hay que atender es la referente a las áreas naturales protegidas, ya que éstas, por lo general, son regiones que cuentan con un estado de conservación optimo; y los beneficios y servicios ambientales que representan son significativos, por lo cual resulta congruente y acertado tratar de prohibir en primera instancia la introducción de especies exóticas en estas áreas, y aún más en sus zonas de restauración, debido a la importancia que representan.
La restauración ecológica no se reduce al mero hecho de plantar especies vegetales en un sitio, o de reintroducir especies animales espectaculares; por el contrario, es un proceso de concurrencia de estadios de sucesión de distintas comunidades biológicas conocidas en un sitio, hasta lograr que tomen una trayectoria autónoma y viable de establecimiento permanente en el lugar, ya que un ecosistema significa más que la simple suma de sus especies, comunidades y procesos componentes.
El caso que plantea la restauración es la mejor restitución posible de los componentes, procesos y atributos que lo hacen sustentable, los ciclos biogeoquímicos y de otros rasgos críticos de un ecosistema dañado. Sin embargo, la complejidad intrínseca de los sistemas ecológicos y su importancia para la continuidad de la evolución de las especies hacen necesario que la restauración se emprenda con especies originarias de la zona e intentando reconstruir la estructura que guardaban los componentes originales del ecosistema antes del evento de disturbio humano responsable del daño. Por esto es preciso señalar que las restauraciones y rehabilitaciones de los ecosistemas, o cualquier acción que tenga que ver con alguno de los conceptos relacionados con mitigación, remediación, rehabilitación, que se lleven a cabo para mejorar o recuperar zonas impactadas, requieren conocimientos tanto de las condiciones fisicoquímicas de la zona afectada, como de la fisiología de las especies que puedan sobrevivir en condiciones degradadas y mejorarlas y por razones de conservación de biodiversidad. Es obvio que la utilización de especies nativas, particularmente de la propia región en la que se implementen estos trabajos, son las más viables y ambientalmente idóneas, ya que los individuos y especies nativas del lugar, son más resistentes y mejoran las condiciones del área perturbada, propiciando el regreso de la fauna nativa que haya emigrado o muerto previamente.
Por las razones señaladas en los párrafos anteriores, los integrantes de esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que suscriben, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se reforma el artículo 47 Bis, fracción II, inciso h), segundo párrafo, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 47 Bis. ?
II. ?
a) a g) ?
h) De recuperación: Aquellas superficies en las que los recursos naturales han resultado severamente alterados o modificados, y que serán objeto de programas de recuperación y rehabilitación.
En estas subzonas sólo podrán utilizarse para su rehabilitación especies nativas de la región.
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Poder Ejecutivo federal, en un plazo que no exceda de 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforme el artículo 61 del reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de áreas naturales protegidas, a fin de que se ajuste a lo previsto en el presente decreto.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández, José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González, Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz, María Soledad López Torres, Rafael Villicaña García, Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez, Roberto Mendoza Flores, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas, Octavio Fuentes Téllez (rúbrica), Beatríz Manrique Guevara (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN I Y EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 171 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 3825, que contiene la iniciativa por la que se reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el diputado Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En virtud del análisis y estudio de la iniciativa, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confiere la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente acuerdo con los siguientes
Antecedentes
Primero. El 30 de abril de 2008 el diputado Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la iniciativa por la que se reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Segundo. En esa misma fecha la iniciativa en comento fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, bajo el expediente número 3825, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
Los legisladores que integran esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión tienen el derecho de iniciativa, el cual se sustenta en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así también, este Congreso tiene la facultad que le confiere el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Así las cosas, una vez analizadas la atribuciones referidas en el párrafo anterior, y los requerimientos contenidos en el asunto en estudio, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estiman que la iniciativa que reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria para su presentación y que son los siguientes:
? Tener un título.
? Contener el nombre y firma de la persona que presenta la iniciativa.
? Una parte expositiva de motivos.
? El texto legal que se propone.
? El artículo transitorio que señala la entrada en vigor,
? La fecha de elaboración.
? Ser publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El legislador promovente, exponiendo la importancia de las áreas naturales protegidas en nuestro país, pretende reformar el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que señala:
I. Multa por el equivalente de veinte a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción;
II. Clausura total o definitiva, total o parcial cuando:
b) En caso de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente; o
c) Se trata de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la autoridad
IV. El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados con infractores relativas a recursos forestales, especies de flora, y fauna silvestre o recursos genéticos, conforme a lo previsto en la presente ley; y
V. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto originalmente impuesto, sin exceder del doble del máximo permitido, así como la clausura definitiva.
Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen fracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constatar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada."
Proponiendo aprobar la presente iniciativa, para quedar en los términos siguientes:
I. Multa por el equivalente de treinta a treinta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de imponer la sanción;
II. Clausura total o definitiva, total o parcial cuando:
b) En caso de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente; o
c) Se trata de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la autoridad
IV. El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados con infractores relativas a recursos forestales, especies de flora, y fauna silvestre o recursos genéticos, conforme a lo previsto en la presente Ley; y
V. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes
Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen fracciones a un mismo precepto, en un periodo de un año, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constatar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.
Esta comisión reconoce lo sostenido por el promovente, en la exposición de motivos, y coincide en que las áreas naturales protegidas son una parte importante del entorno de todo y cada uno de los habitantes del país y que cada una de ellas posee valores escénicos turísticos, recreativos, científicos y ecológicos únicos e importantes para el desarrollo integral de nuestra sociedad en un marco de equilibrio con el medio.
Al respecto, refiere el autor Narciso Sánchez Gómez que las áreas Naturales Protegidas comprenden el conjunto de manifestaciones de la vida sobre el planeta tierra, abarcando a múltiples especies de plantas, animales hongos y microorganismos que forman los ecosistemas y la infinita variedad de materiales biológicos, fisiológicos, vías metabólicas y genes que a su vez constituyen las especies.
La variedad y diversidad de organismo vivos de cualquier fuente existente en el medio ambiente, incluyéndose los ecosistemas terrestres acuáticos y los complejos ecológicos, vienen a constituir la esencia de lo que se conoce como biodiversidad, reconociendo que son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que el pueblo ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes no han sido significativamente alterados por las actividades del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas, y éstas sujetas a un régimen de jurídico de derecho público.
El autor Sánchez Gómez señala que las áreas naturales protegidas tienen por objeto preservar los ambientes naturales de las diferentes regiones biogeográficas, ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos de la vida, salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres, así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en particular proteger las especies que están en peligro de extinción, amenazadas la endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial; asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos; proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio; generar rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías tradicionales o nuevas que le permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, proteger poblados vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas mediante zonas forestales en donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas y otros elemento proteger los entornos naturales de zonas, monumentos vestigios arqueológicos históricos, artísticos, zonas turísticas y otras de importancia para la recreación cultural e identidad nacional.
En México, la legislación considera como áreas naturales protegidas: las reservas de la biosfera, los parques nacionales, los monumentos naturales las áreas de protección de recursos naturales, las áreas de protección de flora y fauna y los santuarios.
El artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece las sanciones administrativas en materia ambiental y faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la imposición de sanciones; en específico el artículo 118 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es el organismo a cargo de imponer sanciones.
X. Determinar e imponer las medidas técnicas correctivas y de seguridad, así como las sanciones que sean de su competencia en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables."
Como un primer punto de la reforma pretendida, se plantea modificar la fracción primera del artículo 171 la cual establece:
I. Amonestación con apercibimiento;
II. Multa;
III. Multa adicional por cada día que persista la infracción;
IV. Arresto hasta por 36 horas;
V. Clausura temporal o permanente, parcial o total; y
VI. Las demás que señalen las leyes o reglamentos.
La jurisprudencia establece que estas multas deben establecer un mínimo y un máximo para que la autoridad pueda fijar la cantidad tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción como lo establece la siguiente jurisprudencia:
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, administrativa
Novena época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
II, julio de 1995
Tesis: P./J. 10/95
Página: 19
Multas fijas. Las leyes que las establecen son inconstitucionales.
Esta Suprema Corte ha establecido que las leyes, al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción, obligación del legislador que deriva de la concordancia de los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución federal, el primero de los cuales prohíbe las multas excesivas, mientras el segundo aporta el concepto de proporcionalidad. El establecimiento de multas fijas es contrario a estas disposiciones constitucionales, por cuanto al aplicarse a todos por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares.
Amparo en revisión 2071/93. Grupo de Consultores Metropolitanos, SA de CV. 24 de abril de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Indalfer Infante González.
Amparo directo en revisión 1763/93. Club 202, SA de CV. 22 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Angelina Hernández Hernández.
Amparo directo en revisión 866/94. Amado Ugarte Loyola. 22 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Enrique Escobar Ángeles.
Amparo en revisión 900/94. Jovita González Santana. 22 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Salvador Castro Zavaleta.
Amparo en revisión 928/94. Comerkin, SA de CV. 29 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez.
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veinte de junio en curso, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Presidente en funciones Juventino V. Castro y Castro, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 10/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, DF, a veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco.
Respecto a la reforma del promovente en la fracción III del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente la cual establece:
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.
Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas?"
Tesis aislada
Materia(s): Civil
Novena época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
III, abril de 1996
Tesis: IV.3o.10 C
Página: 340
Arresto, medida de apremio. Inconstitucionalidad cuando aquel excede del establecido en la Constitución (artículo 42, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del estado de Nuevo León).
Si el precepto 21 constitucional establece el arresto administrativo por un tiempo máximo de 36 horas y la finalidad del constituyente al redactar el invocado dispositivo legal, fue la de evitar sanciones excesivas, hacer extensivo dicho término al arresto como medida de apremio, como se realiza en el artículo 42, fracción IV, del ordenamiento procesal civil de la entidad, el cual contempla el arresto como medida de apremio hasta por 15 días, debe concluirse que el mismo va más allá del texto de la Ley Fundamental, razón por la que debe ser declarado inconstitucional.
Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.
Amparo en revisión 329/95. Yolanda Martínez Uribe. 12 de diciembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Ángel Torres Zamarrón.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo II-septiembre, Pleno, tesis 23/95, página 5.
Tesis aislada
Materia(s): Administrativa.
Séptima Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
78 Sexta parte
Página: 49
Multas. Deben guardar proporción con el lucro o perjuicio (atribuciones del Ejecutivo en materia económica).
Es cierto que conforme al artículo 33, fracción I, del Reglamento de la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo en Materia Económica, a efecto de que la sanción no resulte excesiva, la fijación del monto de la multa se hará tomando siempre en cuenta el valor que represente en el negocio la inversión propia de la empresa infractora, la gravedad en la falta y los perjuicios que hubiere ocasionado o sea susceptible de ocasionar, así como la reincidencia, en su caso. Pero también lo es que todos esos elementos deben considerarse y sopesarse en su conjunto y relacionándolos unos con otros. Así por ejemplo, si dos empresas cometen infracciones semejantes, debe imponerse una multa mayor a la que represente un capital o una inversión mayor, pues para que las multas disuadan a los infractores, y se evite una competencia desleal, deben ser mayores para el de mayor capacidad económica. Pero ello no quiere decir que para imponer la multa se atienda a esa capacidad económica sin atender al monto del beneficio que la infracción proporcionó o podría proporcionar a la empresa, y del perjuicio que causó o pudo causar. De manera que si estos elementos representan un valor mínimo, la sanción no podrá ser muy alta, aunque lo sea la capacidad económica del infractor. Y los mismos razonamientos, mutatis mutandis, son válidos por lo que hace al elemento reincidencia. Para que la multa disuada al infractor, debe tomarse en cuenta su capacidad económica, pero sin olvidar dar el monto del beneficio que pudo obtener o del perjuicio que pudo causar, pues aun cuando sea reincidente debe haber cierta proporción o relación entre estos últimos elementos y el monto de la multa. Es cierto que la multa máxima y cruel puede ser un disuasivo eficiente, pero no resultaría legal aplicarlo, porque se violaría el artículo 31, fracción IV, constitucional, que obliga a guardar reglas de equidad cuando se trata de cobros fiscales (impuestos, derechos o aprovechamientos, y entre éstos, las multas). Se debe considerar que en esta materia la equidad es un valor más alto que la eficiencia cruel y desproporcionada. Y en todo caso, la multa debería ser bastante si es alta con relación al beneficio o perjuicio, pero sin perder proporción con ellos. Y si el beneficio o perjuicio antes mencionados son pequeños, aun tomados en su conjunto, en principio no podría pensarse que la infracción sí fuese grave, aun en el caso de haber reincidencia. Pues bien la repetición de pequeñas faltas las agrava, difícilmente las puede tornar en faltas graves.
Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito.
Amparo directo 227/75. Gas Metropolitano, SA. 24 de junio de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.
Respecto a la reforma que pretende el promovente, en el párrafo cuarto del artículo 171 que señala:
Por lo que esta comisión considera necesario no reformar el párrafo mencionado y mantener el párrafo cuarto respecto a que se considere reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto a un mismo precepto, en un periodo de dos años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constatar la primera infracción por resultar congruente con la preservación y protección al ambiente en el territorio nacional.
Por las razones señaladas en los párrafos anteriores, los integrantes de la comisión legislativa que suscribe se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Artículo Único. Se reforman la fracción I y el tercer párrafo del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 171. ?
II. a V. ?
?
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por tres veces del monto originalmente impuesto, así como la clausura definitiva.
?
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan y abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, a 9 de diciembre de 2008.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández, José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González, José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz, María Soledad López Torres, Rafael Villicaña García, Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez, Roberto Mendoza Flores, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas, Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), Octavio Fuentes Téllez (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 153 BIS, 153 BIS 1, 153 BIS 2, 153 BIS 3 Y 153 BIS 4 AL TÍTULO CUARTO, CAPÍTULO VI, DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; Y REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 414 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión les fue turnada por la Mesa Directiva, para su estudio y dictamen, la minuta proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 153 Bis, 153 Bis 1, 153 Bis 2, 153 Bis 3 y 153 Bis 4, al Título Cuarto, Capítulo VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y se reforma el primer párrafo del artículo 414, del Código Penal Federal.
Estas comisiones unidas, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
1. En sesión plenaria celebrada el 27 de abril de 2004, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se reforman el Código Penal Federal, en materia de protección al ambiente, presentada por el Senador Jesús Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
2. En esa misma fecha la iniciativa de referencia fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de Justicia; y de Estudios Legislativos, del Senado de la República, para su estudio y dictamen correspondiente.
3. El 17 de noviembre de 2004, el Pleno de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de Justicia; y de Estudios Legislativos, remitiendo el expediente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 constitucional.
4. En la sesión plenaria celebrada el 28 de febrero de 2005, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados recibió la minuta con proyecto de decreto por la que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se reforma el Código Penal Federal, en materia de protección al ambiente.
5. En esa misma fecha, la minuta de referencia fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Justicia y Derechos Humanos de esta Soberanía, iniciándose el correspondiente proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el presente dictamen.
6. El día 12 de septiembre de 2006, el diputado Roberto Mendoza Flores, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, envió observaciones a la minuta de referencia, que fueron tomadas en consideración.
7. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos: la de Justicia y la de Derechos Humanos, quedando a cargo de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Justicia, la emisión del dictamen de la minuta a la que se ha hecho referencia.
Consideraciones
Las naciones, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los Principios del Derecho Internacional, tienen el derecho soberano de explotar sus recursos con arreglo a sus políticas propias en las materias relacionadas con el ambiente y el desarrollo, así como la responsabilidad de velar por que las actividades que se realicen bajo su jurisdicción o control no causen daños al ambiente de otros Estados o de zonas situadas más allá de los límites de la jurisdicción nacional.
De acuerdo con este sentido de corresponsabilidad internacional sobre el control de las actividades que son un riesgo potencial para la salud humana y el ambiente, las naciones se han dado a la tarea de signar entre ellas y de manera voluntaria convenios y programas de cooperación internacional.
En esta materia, el día veintidós de mayo de dos mil uno, México suscribió el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, mismo que fue ratificando por el Senado de la República Mexicana, el día 17 diecisiete de octubre del año 2002 dos mil dos, adquiriendo con esto y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 133 constitucional, el carácter de Ley Suprema de la Unión.
De conformidad con lo mandatado por este artículo y los compromisos internaciones adquiridos por nuestro país, es necesario incorporar las disposiciones de estos convenios a nuestros los normativos federales, con el fin de reforzarlos y garantizar su cabal cumplimiento, otorgándoles el carácter coercitivo con que cuentan las leyes, mismo que faculta al Estado para hacerlas exigibles garantizando a las personas la protección y respeto a sus bienes jurídicamente tutelados, que en este caso son el ambiente y la salud pública.
En nuestro país los instrumentos de política ambiental se encuentran previstos principalmente en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dentro de estos se encuentran los conocidos como "instrumentos de control", los cuales procuran garantizar la efectiva aplicación de las políticas ambiéntales mediante la aplicación de una serie de disposiciones jurídicas reparadoras y sancionadoras.
Razón por la que a los suscritos nos parece pertinente que la minuta en cuestión busque incorporar a nuestra legislación, los principios contenidos en el Convenio de Estocolmo, regulando el ingreso a territorio nacional de contaminantes orgánicos persistentes, así como su producción, comercialización y uso, con el fin de mitigar los efectos negativos que estos generan sobre la salud humana y el ambiente.
Asimismo, estas comisiones unidas consideramos que es necesario cumplir con los compromisos y acciones, adquiridos por México con la suscripción y ratificación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, y estamos ciertos de que la minuta de referencia consolida a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el Capítulo de Delitos Contra el Ambiente del Código Penal Federal en esta materia.
Sin embargo, se debe destacar que el decreto puesto a nuestra consideración cuenta con algunas deficiencias conceptuales y de congruencia con lo establecido dentro del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, lo cual nos obliga a subsanarlas y realizar modificaciones de fondo con el único fin de hacerlas congruentes con las normas internaciones en la materia, así las cosas se estima que en relación con la definición de contaminante orgánico persistente, que obra en el actual artículo 153 Bis, es limitativa y no plasma en el cuerpo de la legislación referida el total de los criterios para especificar a los compuestos orgánicos persistentes (COP) contenidos dentro del Convenio de Estocolmo, como su persistencia, bioacumulación, toxicidad y potencial de transporte a grandes distancias, además de que se tiene que prever que paulatinamente la lista de los contaminantes considerados como orgánicos persistentes debe variar a medida que la Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo vaya aprobando la inclusión de nuevas sustancias en la lista de COP, por lo que se modifica para quedar como sigue:
Se entiende por contaminantes orgánicos persistentes las sustancias, mezclas y compuestos que por sus características de persistencia, bioacumulación y toxicidad son incluidos en el Convenio de Estocolmo.
Es necesario señalar que de los doce COP, contenidos en el Convenio de Estocolmo, ocho de ellos son utilizados como plaguicidas: Aldrin, Clordano, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptacloro, Mirex y Toxafeno. Dos son productos químicos de aplicación industrial: bifenilos policlorados y hexaclorobenceno (que también es usado como plaguicida) y dos son subproductos no deseados: dioxinas y furanos; estos últimos no son productos fabricados a propósito por el hombre con fines utilitarios determinados,1 más bien son sustancias generadas involuntariamente en ciertos procesos químicos que por lo general ingresan al organismo cuando se respira aire contaminado, se bebe agua contaminada, o mayormente, alrededor de un 90 por ciento, cuando se ingieren alimentos contaminados, particularmente aquellos con alto contenido de grasas de origen animal, como la carne de vaca, cerdo, aves de corral, pescado, leche y productos lácteos.
Otras vías de exposición importantes en ciertas poblaciones incluyen: a) el consumo de pescado contaminado directamente por las descargas de dioxinas y furanos o por el depósito en aguas superficiales a partir de la atmósfera; b) la inhalación de dioxinas y furanos en lugares próximos a las fuentes de emisión atmosférica; y c) ciertas exposiciones ocupacionales, por ejemplo de trabajadores de las industrias que producen compuestos clorados.
Por lo tanto en el caso de las dioxinas y furanos, una de las opciones es adoptar una política de selección de materiales usados en los procesos industriales que puedan contener dioxinas y furanos, y que pudieran entrar al país, para lo cual se considera la inserción de un nuevo párrafo tercero al artículo 153 Bis.
Sobre la excepción prevista en la minuta para el empleo de DDT, se debe establecer como un antecedente que en la década de 1950, el DDT se utilizó tanto en la agricultura (principalmente en la región lagunera de Coahuila y Durango), como en el combate al vector del paludismo. A partir de 1968, la producción del DDT estuvo a cargo de una empresa paraestatal (Fertilizantes Mexicanos), llegando a alcanzar un máximo de 80 mil toneladas anuales; en 1991 la compañía fue privatizada. La preocupación por la persistencia del DDT en los suelos, y los continuos rechazos a productos agrícolas de exportación por su presencia, llevaron a prohibir su uso en la agricultura durante la década pasada.
Actualmente, México ha sido reconocido internacionalmente por las medidas que ha implantado respecto a la eliminación y control de DDT. Hoy por hoy, el DDT es un plaguicida de uso restringido exclusivo para el combate del insecto vector del paludismo, por lo cual la única compañía que lo produce en México sólo tiene autorizada su venta, en el país, a la Secretaría de Salud. Por esto se estima que los términos en que fue aprobado el artículo 153 Bis 4 por la colegisladora dejan abierta la posibilidad de producir o importar de nueva cuenta DDT sin establecer los tiempos de excepción y sin prever la existencia de inventarios, por lo que estas comisiones proponen una nueva redacción al citado artículo en la cual se prevé una prohibición a la exportación e importación de este producto.
Finalmente, es importante precisar que por las consideraciones argumentadas en párrafos que anteceden, se devuelve la minuta con modificaciones a la colegisladora, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
Por las razones expuestas, las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Justicia, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se permiten someter a la consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adicionan los artículos 153 Bis, 153 Bis 1, 153 Bis 2, 153 Bis 3 y 153 Bis 4, al Título Cuarto, Capítulo VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se reforma el primer párrafo del artículo 414 del Código Penal Federal.
Artículo Primero. Se adicionan los artículos 153 Bis, 153 Bis 1, 153 Bis 2, 153 Bis 3, y 153 Bis 4 a Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 153 Bis. Se prohíbe el ingreso a territorio nacional de los contaminantes orgánicos persistentes que se enlistan en el artículo 153 Bis 4 de la ley, de aquellos que determine la Secretaría en la norma oficial mexicana correspondiente y de los materiales que los contengan o estén contaminados con ellos, cualquiera que sea la forma de uso que haya adoptado, con las excepciones previstas en dicho artículo.
Dentro del territorio nacional se prohíbe la producción, comercialización y/o uso de nuevas aplicaciones de contaminantes orgánicos persistentes y de materiales que los contengan o estén contaminados con ellos.
Los productos y residuos contaminados por dibenzoparadioxinas policloradas y dibenzofuranos policlorados que hubieran sido fabricados y generados dentro del territorio nacional quedarán sujetos a las medidas de eliminación o reducción que establece el Convenio de Estocolmo y que aplicara en el plan nacional de implementación.
Se entiende por contaminantes orgánicos persistentes las sustancias, mezclas y compuestos que por sus características de persistencia, bioacumulación y toxicidad son incluidos en el Convenio de Estocolmo.
Artículo 153 Bis 1. Todas las aplicaciones cerradas que ingresen en el territorio nacional que contengan fluidos aislantes o de transferencia térmica, deben tener la identificación de las sustancias contenidas o, en su defecto, la indicación de que no contienen contaminantes orgánicos persistentes, tanto para información de las autoridades como de los usuarios.
Artículo 153 Bis 2. En todos aquellos casos en que se importen al territorio nacional productos de cualquier naturaleza de cuyo contenido o componentes se tenga presunción de la existencia de contaminantes orgánicos persistentes o de materiales que contengan estas sustancias o estén contaminados con ellas, las autoridades de control aduanero solicitaran la toma de muestras que se someterán a los análisis correspondientes. En caso de detectarse la presencia de compuestos orgánicos persistentes las autoridades aduaneras ordenaran el retorno de las mercancías al país de origen.
El costo de las muestras, análisis, estudios u otras diligencias que deban realizarse será a cargo del propietario de los productos en cuestión.
Artículo 153 Bis 3. La Secretaría elaborará el Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. El Plan debe contener, al menos, el inventario de existencias en el ámbito nacional, las fuentes de emisión, los niveles de contaminación y la metodología y cronograma de eliminación y remediación.
Artículo 153 Bis 4. Los contaminantes orgánicos persistentes a que se refiere el presente capítulo son los siguientes:
II. Clordano;
III. Dieldrina;
IV. Endrina;
V. Heptacloro;
VI. Hexaclorobenceno;
VII. Mirex;
VIII. Toxafeno;
IX. Bifenilos policlorados (BPC);
X. DDT (1,1,1-tricloro-2, 2-bis(4-clorofenil)etano), y
XI. Los demás que determine la Secretaría.
Artículo Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 414 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 414. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y de mil a tres mil días multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.
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Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal, en un plazo que no exceda de 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, deberá elaborar el Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.
Tercero. Se derogan y, en su caso, se abrogan, todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, y se deja sin efectos cualquier disposición administrativa, reglamentaria, acuerdo, circular, convenio y todos los actos administrativos que contravengan este decreto.
Notas
1. En algunos casos se producen como armas químicas.
2. Situación de las sustancias toxicas de atención prioritaria en México. Instituto Nacional de Ecología. DDT.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2008.
La Comisión de Justicia
Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich, Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade, Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), Silvano Garay Ulloa, Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Omeheira López Reyna (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas, Jesús Ricardo Morales Manzo, Mario Eduardo Moreno Álvarez, Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Alfredo Adolfo Ríos Camarena, Yadhira Yvette Tamayo Herrera.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández, José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González, José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz, María Soledad López Torres, Rafael Villicaña García, Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez, Roberto Mendoza Flores, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas, Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), Octavio Fuentes Téllez (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Honorable Asamblea:
La Comisión de Desarrollo Rural, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión de Desarrollo Rural de la honorable Cámara de Diputados fue turnada para estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), para garantizar que las propuestas de las organizaciones de los sectores social y privado sean incorporadas en el programa especial concurrente, presentada por el diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 9 de octubre de 2007.
Consideraciones
En la Constitución y en la LDRS se destaca la importancia de las organizaciones de productores de los sectores social y privado. Sin embargo, las propuestas de las organizaciones no se hacen efectivas al momento de tomar las decisiones que tienen que ver con la planeación y la puesta en marcha de las estrategias para el desarrollo rural.
Sin duda, la LDRS, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2001, ha sido un valioso instrumento de planeación e implantación de políticas públicas tendente a promover, impulsar y orientar el desarrollo rural con una visión de integralidad y sustentabilidad.
La orientación de dicho ordenamiento no se circunscribe al aspecto productivo, económico y ambiental sino que, también, prevé, en el artículo 4o., que "para lograr el desarrollo rural sustentable, el Estado, con el concurso de los diversos agentes organizados, impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural".
Para lograr lo anterior, como se establece en la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la LDRS, para garantizar que las propuestas de las organizaciones de los sectores social y privado sean incorporadas en el programa especial concurrente, se requiere la participación de las organizaciones, en tanto que en la LDRS se prevé la participación social en la integración de los programas sectoriales y en las acciones relacionadas con el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, por lo que se crean diferentes figuras orgánicas y jurídicas para cumplir los objetivos que le dieron origen.
Entre esas figuras surge la comisión intersecretarial, que "coordinará las acciones y los programas de las dependencias y las entidades relacionadas con el desarrollo rural sustentable".
También se considera la figura de los "distritos de desarrollo rural", concebidos como "la base de la organización territorial y administrativa de las dependencias de la administración pública federal y descentralizada para la realización de los programas operativos de la administración pública federal que participan en el programa especial concurrente y los programas sectoriales que de él derivan, así como con los gobiernos de las entidades federativas y los municipales y para la concertación con las organizaciones de productores y los sectores social y privado".
No obstante, aun cuando en la Constitución y en la LDRS se destaca la importancia de las organizaciones de productores de los sectores social y privado, lo cual podemos ejemplificar con el contenido del artículo 25 constitucional, que señala: "Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación", nos encontramos con que las propuestas de las organizaciones sobre el PEC no llegan a ser integradas.
Como se señala en la misma iniciativa, el artículo 27 constitucional, en la fracción XX, establece la relevancia que tienen para la nación el desarrollo rural y el carácter de interés público de las organizaciones de los sectores social y privado. También destaca la importancia de la participación y la incorporación en el desarrollo nacional de los grupos organizados, ya que
I. Promover el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso;
II. Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada de las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable;
III. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria del país;
IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable; y
V. Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional.
La LDRS es muy específica en cuanto a la planeación del desarrollo rural, destacando su carácter democrático:
El artículo 13, fracción I, de la LDRS señala que "la planeación del desarrollo rural sustentable tendrá el carácter democrático que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes relativas. Participarán en ella el sector público, por conducto del gobierno federal; y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en los términos del tercer párrafo del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los sectores social y privado, a través de sus organizaciones sociales y económicas legalmente constituidas y demás formas de participación que emanen de los diversos agentes de la sociedad rural".
La presente iniciativa busca garantizar que en los procesos de planeación se mantenga y fortalezca el espíritu de la planeación democrática y participativa ordenado por las leyes, y que efectivamente estén representadas y sean reconocidas todas las organizaciones y actores sociales y privados del medio rural, sin discriminación por motivos de afiliación política o intereses de cualquier otro tipo. También de gran relevancia que sus propuestas, previo análisis y argumentación científica, sean no sólo "consideradas" como lo establece actualmente el artículo 14 de la LDRS, sino que la comisión intersecretarial promueva la participación y cree, con el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, mecanismos para garantizar que las proposiciones de las organizaciones sean planteadas al Ejecutivo para su incorporación en el programa especial concurrente.
Es atribución del Poder Ejecutivo, consagrada en el artículo 26 de la Constitución, conducir el proceso de planeación. Finalmente, es el Ejecutivo el encargado de la formulación y del todo proceso subsiguiente del Plan Nacional de Desarrollo, y de los programas sectoriales y especiales.
Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Desarrollo Rural somete el siguiente proyecto de
Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 14. ?
La comisión intersecretarial, en los términos del artículo 13 de este ordenamiento, promoverá la participación de las organizaciones del sector social y del privado y creará con el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable los mecanismos, como los tiempos, para que las proposiciones de las organizaciones que concurren a las actividades del sector puedan ser presentadas al Ejecutivo federal, para que de acuerdo con su pertinencia operativa y financiera puedan ser incluidas en el programa especial concurrente. Igualmente, incorporará los compromisos que conforme a los convenios respectivos asuman los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como establecerá las normas y los mecanismos de evaluación y seguimiento de su aplicación.
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Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 10 de septiembre de 2008.
La Comisión de Desarrollo Rural
Diputados: Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), presidente; Gerardo Amezola Fonceca, José Víctor Sánchez Trujillo, César Augusto Verástegui Ostos, Modesto Brito González (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Israel Beltrán Montes (rúbrica), Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), secretarios; Juan Abad de Jesús (rúbrica), Ramón Barajas López (rúbrica), Osiel Castro de la Rosa, Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Gerardo Antonio Escaroz Soler, María Guadalupe García Noriega, Elda Gómez Lugo (rúbrica), Gustavo Macías Zambrano, Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Antonio Medellín Varela, Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), Francisco Murillo Flores, Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García, Juan Victoria Alva, José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Irma Piñeyro Arias (rúbrica), Pascual Bellizzia Rosique.
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO Y ADICIONA LAS FRACCIONES III Y IV, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL III PARA PASAR A SER V, AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
La Comisión de Asuntos Indígenas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de la honorable asamblea el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada, para estudio y dictamen, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentada por los diputados Elda Gómez Lugo y Wenceslao Herrera Coyac, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
I. En sesión pública celebrada en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2008, los diputados Elda Gómez Lugo y Wenceslao Herrera Coyac, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad implícita en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
II. Por disposición expresa de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con fecha 30 de abril de 2008 se acordó dar al proyecto de decreto, para estudio y dictamen correspondiente, el trámite de recibo y se ordenó su turno a la Comisión de Asuntos Indígenas.
Contenido de la iniciativa
La iniciativa propone adicionar dos fracciones y modificar el último párrafo del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con objeto de incorporar dos representantes de los pueblos indígenas, con derecho a voz y voto, como integrantes de la Junta de Gobierno de la comisión, que serán el presidente del Consejo Consultivo y otro integrante de éste, al igual que los suplentes de ambos representantes indígenas se elegirán en sesión plenaria de dicho consejo.
Con lo anterior, dos representantes de los pueblos indígenas estarían formando parte de la instancia del gobierno federal donde se toman las decisiones sobre la planeación y los presupuestos para su desarrollo y se evalúan los resultados de la política indigenista del gobierno federal.
Los proponentes consideran que el presidente del consejo, al haber pasado un proceso de elección y por sus atribuciones de coordinador de los trabajos de ese órgano, cuenta con la legitimidad, la información y la capacidad para llevar a la Junta de Gobierno la voz y las propuestas surgidas de los trabajos deliberativos de ese órgano consultivo. Además, la elección del otro consejero posibilita que la asamblea de consejeros identifique a quien por su desempeño en los trabajos propios del consejo pudiera ejercer una adecuada representación en el órgano de gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Los argumentos en los que se sustenta la propuesta son los siguientes:
? Que en esas condiciones el trabajo del consejo no tiene efecto real en la definición de las políticas indigenistas del gobierno federal;
? Que es necesario armonizar la legislación mexicana con los instrumentos de los organismos multilaterales que promueven el reconocimiento y ejercicio de los derechos, individuales y colectivos de los pueblos indígenas; unos firmados, como la Declaración de las Naciones Unidades sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y otros ratificados por el Senado de la República, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
La comisión considera que en la iniciativa en comento se establecen condiciones para enriquecer los actuales esquemas de participación de los representantes indígenas en la toma de decisiones que les afectan al incorporar a dos de sus representantes como integrantes de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, instancia que de acuerdo a la ley de la esta comisión tiene las siguientes facultades:
En el artículo 9o. se señala que la Junta de Gobierno, entre otras, tendrá las atribuciones siguientes:
II. Definir los criterios, prioridades y metas de la comisión;
III. Definir los lineamientos y criterios para la celebración de convenios y acuerdos de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades de la administración pública federal con los gobiernos estatales y municipales y con las organizaciones de los sectores social y privado;
IV. Aprobar, sin que se requiera autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las adecuaciones presupuestales a los programas de la comisión que no impliquen la afectación de su monto total autorizado, recursos de inversión, proyectos financiados con crédito externo ni el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos;
V. Decidir el uso y destino de los recursos autorizados y la aplicación de ingresos excedentes;
A juicio de la comisión, la iniciativa atiende una de las reiteradas demandas de los indígenas de México: Participar, en el ámbito del Poder Ejecutivo, en la toma de decisiones que les afectan, así como los mandatos del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los compromisos adquiridos por el Estado mexicano al ratificar el Senado en 1990, principalmente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y al votar favorablemente el gobierno de México, el 13 de septiembre de 2007, la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que el Pleno de esta honorable soberanía se comprometió a armonizar con la legislación nacional el 18 de septiembre de 2007, a propuesta de la Junta de Coordinación Política.
La comisión coincide con los diputados proponentes cuando expresan que el actual marco legal esta lejos de atender la demanda indígena de participación efectiva, ya que los diversos mandatos sobre el particular limitan su participación al nivel de opinión en materia de planeación del desarrollo y sobre la definición del destino y ejercicio del gasto público. Así queda como facultad de la autoridad hacer caso o no hacer caso de la opinión de los ciudadanos cuando se definen programas y se asignan recursos.
La comisión considera que la iniciativa es congruente con su propósito porque propone que dos indígenas, que al participar en el Consejo Consultivo de la CDI por el proceso con el que fueron seleccionados se constituyen como representantes de sus comunidades indígenas, sean parte de la estructura de la Junta de Gobierno de la CDI, que como ya se dijo, es el espacio institucional donde se toman las grandes decisiones sobre el desarrollo de los pueblos originarios y sus comunidades.
Particularmente, con esta reforma el Legislativo atiende el mandato contenido en el penúltimo párrafo del Apartado B del artículo 2o., relativo al establecimiento de políticas públicas para promover la equidad, donde se ordena que "para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas".
En lo relativo a lo que se establece en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Senado en 1990, la iniciativa contribuye a que se atiendan los siguientes compromisos:
Artículo 2
Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán
a) Consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole, responsables de políticas y programas que les conciernan;
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos por conducto de representantes...
Artículo 23
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones.
Artículo 38
Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la declaración.
Al valorar el contenido de la iniciativa, la Comisión e Asuntos Indígenas decide hacer los dos cambios siguientes a la iniciativa en comento:
En la fracción IV que define como un integrante de la Junta de Gobierno a un integrante de origen indígena del Consejo Consultivo, diferente a su presidente. El cambio consiste en suprimir la frase "diferente a su presidente", debido a que se considera que al asegurar un espacio para el presidente del consejo en la fracción anterior, resulta lógico que el otro consejero no será la misma persona considerada antes.
En el último párrafo del artículo que se reforma, donde dice "los integrantes a los que se refieren las fracciones I, II y III tendrán derecho a voz y voto", debido a que con esa redacción quedaría sin voto el integrante a que se refiere la fracción IV ?el integrante de origen indígena del Consejo Consultivo. Por lo que dicha redacción quedaría de la siguiente manera: Los integrantes a los que se refieren las fracciones I, II, III y IV tendrán derecho a voz y voto.
En virtud de lo anterior, los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas dictaminan como procedente la iniciativa en comento y, en consecuencia, somete a consideración de la soberanía el proyecto de
Decreto por el que se adicionan dos fracciones y se reforma el último párrafo, ambos del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Artículo Único. Se reforma el último párrafo y se adicionan las fracciones III y IV, recorriéndose la actual III para pasar a ser V del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:
Artículo 6o. La Junta de Gobierno estará integrada por
II. ?
a) a l) ?
m) Turismo;
III. El presidente del Consejo Consultivo;
IV. Un integrante, de origen indígena, del Consejo Consultivo; y
V. El director general de la comisión, sólo con derecho a voz.
Transitorios
Primero. El decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar 45 días posteriores a la publicación de este decreto, las modificaciones reglamentarias para armonizarlas al presente ordenamiento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2008.
La Comisión de Asuntos Indígenas
Diputados: Marcos Matías Alonso (rúbrica), presidente; Martha Cecilia Díaz Gordillo (rúbrica), Humberto Wilfrido Alonso Razo (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Wenceslao Herrera Coyac (rúbrica), secretarios; Víctor Aguirre Alcaide, Lourdes Alonso Flores, Higinio Chávez García, Othón Cuevas Córdova (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Élmar Darinel Díaz Solórzano, Yary del Carmen Gebhardt Garduza, Elda Gómez Lugo (rúbrica), Guillermina López Balbuena (rúbrica), Gustavo Idelfonso Mendívil Amparán, Ismael Ordaz Jiménez, Pascual Bellizzia Rosique (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís, Tomás José Luis Varela Lagunas (rúbrica), Silvio Gómez Leyva (rúbrica), Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García, Ramón Landeros González, Gustavo Macías Zambrano (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez.
DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 17 Bis, fracción VIII; 313, 314, fracción VI, 316, 329, 336, 338, fracciones IV y V, 339, 343, 344 y 345; se adicionan las fracciones XV, XVI y XVII al artículo 314, un tercer y quinto párrafo al artículo 322, un último párrafo al artículo 337 y un artículo 341 Bis; y se deroga la fracción VII del artículo 314 de la Ley de General de Salud, presentada por la diputada Lariza Montiel Luis, en nombre de los diputados Ector Jaime Ramírez Barba, Margarita Arenas Guzmán, María Mercedes Corral Aguilar, Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, Jorge Quintero Bello, José Ignacio Alberto Rubio Chávez, María Gloria Guadalupe Valenzuela García y Adriana Rebeca Vieyra Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Juan Abad de Jesús, del Grupo Parlamentario de Convergencia; Lorena Martínez Rodríguez, Gerardo Octavio Vargas Landeros y Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Fernando Enrique Mayans Canabal, Francisco Javier Calzada Vázquez, Victorio Montalvo Rojas y Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; así como de los senadores Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez y Ernesto Saro Boardman, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; todos por la LX Legislatura del Congreso de la Unión.
Los integrantes de la comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, numerales 1y 3, 45, numeral 6, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 60, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los miembros de la honorable asamblea dictamen que se realizó bajo la siguiente
Metodología
La comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:
II. En el capítulo "Contenido" se exponen los motivos y el alcance de la propuesta en estudio. Asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
III. En el capítulo "Consideraciones", la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.
En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 7 de enero de 2009, la diputada Lariza Montiel Luis, en nombre de de los diputados Ector Jaime Ramírez Barba, Margarita Arenas Guzmán, María Mercedes Corral Aguilar, Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, Jorge Quintero Bello, José Ignacio Alberto Rubio Chávez, María Gloria Guadalupe Valenzuela García y Adriana Rebeca Vieyra Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Juan Abad de Jesús, del Grupo Parlamentario de Convergencia; Lorena Martínez Rodríguez, Gerardo Octavio Vargas Landeros, y Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Fernando Enrique Mayans Canabal, Francisco Javier Calzada Vázquez, Victorio Montalvo Rojas y Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; así como de los senadores Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez y Ernesto Saro Boardman, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, legisladores en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 17 Bis, fracción VIII, 313, 314, fracción VI, 316, 329, 336, 338, fracciones IV y V, 339, 343, 344, 345; se adicionan las fracciones XV, XVI y XVII al artículo 314, un tercer y quinto párrafo al artículo 322, un último párrafo al artículo 337 y un artículo 341 Bis; y se deroga la fracción VII del artículo 314 de la Ley de General de Salud.
Seleccionando como Cámara de origen a la de diputados, con la misma fecha, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para análisis y posterior dictaminación.
II. Contenido
En la iniciativa, en la exposición de motivos, los promoventes recapitulan los esfuerzos distintos que se han realizado por diversos legisladores en materia de trasplantes. Dichas inquietudes las conceptualizan dentro del marco del Sistema Nacional de Trasplantes, coordinación de esfuerzos encaminada a obtener órganos y tejidos para trasplantes y regida bajo los principios de gratuidad, altruismo, solidaridad, confidencialidad e información. Consideran que una reforma concluyente debe incidir sobre dicho sistema que aún sigue en proceso de integración y consolidación. Expresan la existencia de una larga lista de espera y exponen que de facto existe un subregistro que se suma a dicha lista de espera.
Por lo anterior, proponen en la iniciativa reformar el sistema nacional de trasplantes en aspectos como la investigación en la cultura de donación, la creación de bancos de órganos, tejidos, componentes y células; diferenciar los órganos vinculados en trasplantes en órganos de consulta y operativos o ejecutivos; hacer mas accesible la procuración de órganos; favorecer la coordinación interinstitucional; mejorar la selección del receptor, así como adecuar lo dispuesto en materia de muerte cerebral, según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud; lo que implica reformar los artículos 17 Bis, fracción VIII, 313, 314, fracción VI, 316, 329, 336, 338, fracciones IV y V, 339, 343, 344 y 345; adicionar las fracciones XV, XVI y XVII al artículo 314, un tercer y quinto párrafo al artículo 322, un último párrafo al artículo 337 y un artículo 341 Bis; y derogar la fracción VII del artículo 314, todos de la Ley de General de Salud.
III. Consideraciones
La materia de trasplantes es de suma importancia para salvaguardar el derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, todos los actores institucionales, tanto el Congreso de la Unión como diversas dependencias del Ejecutivo federal (Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera) han mostrado su interés en tratar el tema y discutir en qué medida la actual regulación comandada por la Ley General de Salud facilita o dificulta el desarrollo de esta materia en nuestro país.
La iniciativa pretende resolver las inquietudes externadas por los actores mencionados. En este tenor, la comisión dictaminadora está de acuerdo en lo general con la propuesta sujeta a dictaminación, acorde con lo que a continuación se expone:
b) Respecto a las fracciones II y III del artículo 313, consideramos pertinente precisar también los alcances de la secretaría y su acotamiento al ordenamiento que se refiere, toda vez que, como se expresa en la exposición de motivos, es la intención de los promoventes, y compartida por esta dictaminadora, fortalecer el inacabado sistema nacional de trasplantes, compuesto por una serie de organismos federales, estatales, públicos o privados que intervienen no sólo por actuación normativa, sino por políticas de salud que pueden y deben ser originadas por la autoridad sanitaria a través de los órganos que se señalan.
c) El estado que guarda la normatividad en trasplantes y la práctica de los profesionales en dicho ramo devienen de la concepción apriorística de entender al cuerpo y la vida biológica de éste como cosa sin dueño, es decir, un ser humano no puede ayudar a otro a quitarse la vida aún cuando se demostrara que fue por propia voluntad y en pleno uso de la facultad mental. Bajo esta interpretación, un suicidio es por sí mismo un acto en contra de la ley por quien lo práctica. Bajo esta concepción, el cuerpo se convierte en cosa sin dueño, porque así como un ser humano no puede vender o comerciar sus órganos, tampoco el Estado puede obtenerlos como acto punitivo o para salvaguardar otra vida. Esta tradición donde convergen la medicina y la filosofía del derecho hace que la procuración de un órgano se dé por plena convicción de quien presente muerte cerebral y que, al no poder generar un acto jurídico en ese momento para permitir que sus órganos sean dispuestos, sea posible la existencia de lo que se conoce como disponente secundario, cuya participación es crucial en materia de trasplantes, según lo dispuesto en el artículo 324 de la LGS. De hecho, en la práctica médica, aún cuando hubiera consentimiento previo, los profesionales del trasplante buscan siempre que dicho consentimiento sea compartido por los familiares, lo cual hace ver la trascendencia de lo que aquí se denomina como "disponente secundario", adquiere en materia de trasplantes. El objeto entonces es reconocer ésta situación con una fracción que se adiciona al artículo 314, así como la adición al artículo 322, en el que también se establece el principio de altruismo en materia de trasplantes. En lo que respecta a esta adición, se establece una regulación secundaria particular para el caso de componentes sanguíneos y derivados, por ser ésta una materia especial.
d) Respecto a la reforma y adiciones del artículo 316, es importante delimitar operativamente en la LGS la transfusión sanguínea del trasplante de órganos, tejidos y células y, a su vez, este último de aquellos establecimientos donde solamente se permita y practique la disposición de órganos, tejidos, etcétera. La precisión en materia de formación profesional no sólo es necesaria, sino urgente, debido a que al ser el trasplante una disciplina no antigua por un lado y no cotidiana por el otro, profesionales especialistas de la medicina pueden desconocer no sólo la práctica médico-quirúrgica sino las altas responsabilidades legales que conllevan dichos procedimientos para un hospital, la importancia en la integración y funcionamiento de los comités, así como la responsabilidad de los establecimientos de ser ellos quienes den aviso al responsable sanitario del trasplante. Por estas consideraciones, la propuesta se considera viable y procedente; lo mismo en la responsabilidad dada para el transporte según la adición propuesta al artículo 337.
e) La donación de órganos es una acción altruista que debe ser reconocida a quien la lleva a cabo, ya sea el donante en persona o la familia cuando aquél fallece. Sin embargo, limitar este reconocimiento a un testimonio expedido por el Centro Nacional de Trasplantes, consideramos que es inadecuado. Por esta razón, se está de acuerdo en limitar el primer párrafo del artículo 329 a un reconocimiento por altruismo, a fin de dotar a ese reconocimiento del tipo de contenido que se considere pertinente.
f) La adición al artículo 336 la interpretamos como consecuencia del enriquecimiento de la práctica del trasplante en México, toda vez que la redacción de criterios de asignación no se interpreta como enunciativa sino además limitativa. Actualmente, la asignación de órganos ha dejado excluido el criterio de ubicación hospitalaria, cuando la disponibilidad temporal, de embalaje y traslado son factores que afectan en mucho el éxito o no del trasplante.
G. En cuanto a los criterios institucionales de asignación establecidos en el artículo 336, creemos que es este el punto medular de la propuesta, pues se estaría dando agilidad al sistema mediante su descentralización. No cabe duda de que son los establecimientos los que tienen la práctica y el conocimiento concreto de los casos de disposición y trasplante de órganos, por lo que son dichos establecimientos, en coordinación con las autoridades estatales y federales, los que deben llevar las bases de datos relativas a las necesidades que se tienen en esta materia. Se trata de una adición positiva, sobre todo para derechohabientes, y no daña la práctica general, debido a que está subordinado a los criterios de urgencia o razón médica, así como a los criterios que se establecen en la propuesta de reforma al artículo 339.
h) Lo anterior se complementa con las reformas al artículo 339, al eliminar éste la subordinación a las decisiones del Centro Nacional de Trasplantes en esta materia y únicamente estar obligados los hospitales, clínicas, etcétera, a actuar de conformidad con los criterios de asignación establecidos por dicho centro. Se establece la obligación de los centros estatales y comités internos de acatar dichas directrices, esto en aras de mantener un orden en la asignación de órganos y en las bases de datos para trasplantes. En caso de que estos criterios resultasen infringidos, se establece la facultad del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) de avisar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios sobre estos hechos, a fin de que este órgano desconcentrado tome las medidas pertinentes para restablecer el orden y sancionar a quienes hayan incumplido.
i) Otro punto importante con relación a la propuesta de reforma al artículo 339, es la eliminación del actual segundo párrafo del artículo. Esto no debe extrañar, pues son constantes las observaciones realizadas por la autoridad sanitaria en el sentido de que la obligación asignada a los centros estatales en esta disposición, a lo único que conlleva es a la tardanza con la que el Cenatra recibe la información. En este sentido, y para ser congruente con todo el dictamen, se establece un sistema de coordinación entre el Cenatra y los establecimientos, a fin de tener una mejor percepción sobre las necesidades en materia de trasplantes. En todo caso, los centros estatales podrán coadyuvar en esta labor, pero no estar obligados a filtrar la información que los establecimientos envían, pues esto únicamente entorpece la dinámica de obtención y trasplante de órganos.
j) Por otra parte, se considera pertinente la adición de un artículo 341 Bis en materia de donación de células progenitoras hematopoyéticas, cuya regulación, debido a su especificidad y aspectos técnicos que dificultan su inclusión en la LGS, se establece para las disposiciones jurídicas que emita la Secretaría de Salud.
k) Finalmente consideramos que la iniciativa actualiza los criterios requeridos para determinar la pérdida de la vida, según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, permite mayor claridad en tanto establece en un artículo (343) cuándo se debe determinar que ésta existe y acota en otro (344) los medios de diagnóstico, ampliando la posibilidad de diagnosticarla no sólo con un examen radiológico de arterias sino con cualquier estudio de gabinete que en lo sucesivo se llegase a desarrollar con el avance tecnológico, además de actualizar el término de "muerte cerebral" por el de "muerte encefálica".
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de trasplantes y donación de órganos
Artículo Único. Se reforman los artículos 17 Bis, fracción VIII, 313, 314, fracciones VI, XIII y XIV, 316, primer párrafo del artículo 329, 336, 338, fracciones IV y V, 339, 343, 344 y 345; se adicionan las fracciones XV, XVI y XVII al artículo 314, un tercero y quinto párrafos, recorriéndose el actual tercero para pasar a ser cuarto al artículo 322, un tercer párrafo al artículo 337 y un artículo 341 Bis; y se deroga la fracción VII del artículo 314 de la Ley de General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 17 Bis. ...
?
VIII. Ejercer el control y la vigilancia sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos y tejidos y células de seres humanos, salvo lo dispuesto en los artículos 329, 332, 338 y 339 de esta ley;
IX. a XIII. ?
II. La regulación sobre cadáveres, en los términos de esta ley; y
III. Establecer y dirigir las políticas en salud en materia de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células, para lo cual se apoyará en el Centro Nacional de Trasplantes, y en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.
VI. Donador o disponente, al que tácita o expresamente consiente la disposición en vida o para después de su muerte, de su cuerpo o de sus órganos, tejidos y células, conforme a lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;
VII. Derogada.
VIII. a XII. ?
XIII. Tejido, a la entidad morfológica compuesta por la agrupación de células de la misma naturaleza, ordenadas con regularidad y que desempeñen una misma función;
XIV. Trasplante, a la transferencia de un órgano, tejido o células de una parte del cuerpo a otra o de un individuo a otro y que se integren al organismo;
XV. Banco de tejidos con fines de trasplante, establecimiento autorizado que tenga como finalidad primordial mantener el depósito temporal de tejidos para su preservación y suministro terapéutico;
XVI. Disponente secundario, alguna de las siguientes personas: el o la cónyuge, el concubinario o la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante, conforme a la prelación señalada; y
XVII. Disposición, el conjunto de actividades relativas a la obtención, recolección, análisis, conservación, preparación, suministro, utilización y destino final de órganos, tejidos, componentes de tejidos, células, productos y cadáveres de seres humanos, con fines terapéuticos, de docencia o investigación.
Los establecimientos en los que se extraigan órganos, tejidos y células deberán de contar con un comité interno de coordinación para la donación de órganos y tejidos, que será presidido por el director general o su inmediato inferior que cuente con un alto nivel de conocimientos médicos académicos y profesionales. Este comité será responsable de hacer la selección del establecimiento de salud que cuente con un programa de trasplante autorizado, al que enviará los órganos, tejidos o células, de conformidad con lo que se establece en la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.
A su vez, los establecimientos que realicen actos de trasplantes deberán contar con un comité interno de trasplantes que será presidido por el director general o su inmediato inferior que cuente con un alto nivel de conocimientos médicos académicos y profesionales, y será responsable de hacer la selección de disponentes y receptores para trasplante, de conformidad con lo que se establece en la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Los establecimientos en los que se extraigan órganos y tejidos y se realicen trasplantes, únicamente deberán contar con un comité interno de trasplantes.
El comité interno de trasplantes deberá coordinarse con el comité de bioética de la institución en los asuntos de su competencia.
Los establecimientos que realicen actos de disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas deberán contar con un comité de medicina transfusional, el cual se sujetará a las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría de Salud.
Artículo 322. ...
?
Los disponentes secundarios podrán otorgar el consentimiento a que se refieren los párrafos anteriores cuando el donante no pueda manifestar su voluntad al respecto.
?
En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas, se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.
Artículo 329. El Centro Nacional de Trasplantes hará constar el mérito y altruismo del donador y de su familia.
?
Artículo 336. Para la asignación de órganos y tejidos de donador no vivo, se tomará en cuenta la gravedad del receptor, la oportunidad del trasplante, los beneficios esperados, la compatibilidad con el receptor y los demás criterios médicos aceptados, así como la ubicación hospitalaria e institucional del donador.
Cuando no exista urgencia o razón médica para asignar preferentemente un órgano o tejido, ésta se sujetará estrictamente a las bases de datos hospitalarias, institucionales, estatales y nacional que se integrarán con los datos de los pacientes registrados en el Centro Nacional de Trasplantes.
Artículo 337. ...
?
El traslado de órganos, tejidos y células, adecuadamente etiquetados e identificados, podrá realizarse en cualquier medio de transporte por personal debidamente acreditado bajo la responsabilidad del establecimiento autorizado para realizar trasplantes o para la disposición de órganos, tejidos y células.
Artículo 338. ...
IV. Los pacientes en espera de algún órgano o tejido, integrados en bases de datos hospitalarias, institucionales, estatales y nacional; y
V. Los casos de muerte encefálica.
?
El Centro Nacional de Trasplantes supervisará y dará seguimiento dentro del ámbito de su competencia a los procedimientos señalados en el párrafo anterior, que deberán ser atendidos por los centros estatales de trasplantes que establezcan los gobiernos de las entidades federativas y por los comités internos correspondientes en cada establecimiento de salud.
El Centro Nacional de Trasplantes dará aviso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en caso de detectar irregularidades en el desarrollo de las atribuciones en el ámbito de su competencia.
Asimismo, el Centro Nacional de Trasplantes fomentará la cultura de la donación en coordinación con el Consejo Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes.
Artículo 341 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán impulsar la donación de células progenitoras hematopoyéticas para coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran, asimismo, la Secretaría de Salud fijará las bases y modalidades a las que se sujetará el sistema nacional de salud al respecto.
La Secretaría de Salud emitirá las disposiciones que regulen tanto la infraestructura con que deberán contar los bancos de sangre que lleven a cabo actos de disposición y distribución de células progenitoras hematopoyéticas, como la obtención, procesamiento y distribución de dichas células.
Artículo 343. Para efectos de este título, la pérdida de la vida ocurre cuando se presentan la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible.
La muerte encefálica se determina cuando se verifican los siguientes signos:
II. Ausencia permanente de respiración espontánea; y
III. Ausencia de los reflejos del tallo cerebral, manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nocioceptivos.
Artículo 344. Los signos clínicos de la muerte encefálica deberán corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas:
II. Cualquier otro estudio de gabinete que demuestre en forma documental la ausencia permanente de flujo encefálico arterial.
Transitorios
Primero. El decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Por lo que se refiere a los establecimientos del sector público, la creación y funcionamiento de los comités a que se refiere el decreto se sujetarán a los recursos humanos (incluyendo el personal médico y administrativo), materiales y financieros con que cuentan actualmente.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano, Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe, Maricela Contreras Julián (rúbrica), María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica),Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, María Mercedes Maciel Ortiz, Lorena Martínez Rodríguez, Holly Matus Toledo (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García, Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello, José Ignacio Alberto Rubio Chávez, María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EQUIDAD Y GÉNERO, DE VIVIENDA, Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, DE VIVIENDA, Y FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Equidad y Género, de Vivienda, y de Participación Ciudadana les fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; de la Ley de Vivienda, y de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
Las Comisiones Unidas de Equidad y Género, de Vivienda, y de Participación Ciudadana, con fundamento en los artículos 39, 43, 44 y 45 numeral 6 incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los artículos 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente
Metodología
En el capítulo "Contenido de la iniciativa" se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
En el capítulo "Consideraciones", las comisiones expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen de la iniciativa en análisis.
Con fecha 16 de octubre de 2007, la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó al Pleno de esta representación nacional la iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; de la Ley de Vivienda, y de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
En sesión celebrada con fecha 16 de octubre de 2007, la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, dictó el siguiente trámite: "Túrnese a las Comisiones Unidas de Equidad y Género, de Vivienda, y de Participación Ciudadana".
II. Contenido de la iniciativa
La iniciadora señala en su exposición de motivos que la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, señala que "las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano".
Comenta que en el artículo I, numeral 1, del mismo documento, el término de "discapacidad" significa "una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social". Asimismo, el artículo III, numeral 1, señala que, para lograr los objetivos de esta convención, los Estados parte se comprometen "a adoptar las medidas de carácter legislativo, social educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa?"
Señala que el 4 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que el espíritu de dicha reforma fue eliminar el concepto "capacidades diferentes" y cambiarlo por el concepto "las discapacidades". Que dicha reforma derivó, porque tanto la Organización Mundial de la Salud, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones especializadas en ese rubro, señalan que este término de "capacidades diferentes", es incorrecto, porque todos tenemos capacidades, refiriéndonos al desarrollo de habilidades, y todos tenemos alguna capacidad diferente.
Plantea que el concepto de "capacidades diferentes" nació en el sexenio anterior, toda vez que el Ejecutivo con el ánimo de exaltar las virtudes o habilidades de las personas con discapacidad, estableció el término de "capacidades diferentes", sin considerar que todas las personas tenemos capacidades diferentes, por lo que su propuesta terminó etiquetando, diferenciando y discriminando a las personas con discapacidad.
Por ende, es incorrecto usar el término de capacidades diferentes para las personas que tengan alguna discapacidad, ya que explica que el término correcto, reconocido y avalado internacionalmente es "personas con discapacidad" y que, por tanto, una ley general no puede contravenir un precepto constitucional, considerando que los conceptos y términos alusivos a las personas con discapacidad deben estar expresados en un mismo sentido y significado, desde la Carta Magna hasta la legislación general, evitando con ello confusiones y malas interpretaciones por parte de los juzgadores. Se debe armonizar nuestra legislación, ya que no se trata solamente de un término mal empleado sino que es toda una conceptualización la que esta iniciativa pretende modificar.
Finalmente, la iniciativa contiene el siguiente decreto:
Artículo 3. Son sujetos de los derechos que establece esta ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta ley tutela.
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Artículo Segundo. Se reforma el párrafo primero del artículo 3 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:
Artículo 3. Las disposiciones de esta ley deberán aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda.
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Artículo Tercero. Se reforma la fracción VII, del artículo 5, de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue:
Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:
I. a VI. ?
VII. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad;
VIII. a XVII. ?
Las comisiones dictaminadoras exponemos las siguientes valoraciones de la iniciativa:
La citada Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, fue suscrita el pasado siete de julio de 1999, en la Ciudad de Guatemala, Guatemala; la cual tuvo como objetivo la de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.
Para el logro de tal objetivo, la convención estableció que los Estados parte (entre los que participa México), se comprometan a adoptar medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad.
Segunda. Con fecha ocho de junio de 1999, en la ciudad de Guatemala, el Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó por parte del gobierno mexicano ad referéndum de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, cuyo texto en español consta en la copia certificada adjunta.
Cabe señalar, que en los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores obra copia certificada de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, suscrita en la Ciudad de Guatemala el siete de junio de 1999.
Tercera. Conforme se establece en la fracción I, párrafo segundo, del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de la Cámara de Senadores aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de determinar, denunciar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre ellos.
Por lo anterior el 25 de abril del 2000, en sesión ordinaria el Senado de la República, aprobó con 70 votos a favor y ninguno en contra de los miembros presentes, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, turnándola al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de Federación.
Cuarta. En cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el trece de febrero de dos mil uno, el Poder Ejecutivo Federal, con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, promulgó el decreto de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, rubricado por el presidente de la república del sexenio anterior y por su respectivo secretario del despacho de Relaciones Exteriores.
Cabe señalar que con fecha 12 de marzo de 2001 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto promulgatorio, como último acto legislativo en el que se da a conocer a los habitantes de la república para su debida observancia, y cuyo instrumento de ratificación firmado, fue depositado con fecha veinticinco de enero de dos mil uno, en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo X de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
Quinta. Con fecha 4 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma aprobada por el Congreso de la Unión del párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que eliminó del texto constitucional el concepto "capacidades diferentes" sustituyéndolo por el término "las discapacidades". Dicha reforma derivó porque tanto la Organización Mundial de la Salud como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones especializadas en ese rubro señalaron que el término de "capacidades diferentes" es incorrecto, porque todos tenemos capacidades, refiriéndonos al desarrollo de habilidades, y todos tenemos alguna capacidad diferente.
Por lo que en la reforma constitucional estableció con claridad un concepto a efecto de precisar con toda objetividad las características propias de las personas con discapacidad y, de este modo, promover la tolerancia, el respeto a la diversidad e igualdad en sus derechos, para preservar y hacer valer sus derechos fundamentales.
Asimismo, para tal objetivo y derivada de la exposición de la proponente y de los razonamientos de las Comisiones Dictaminadoras, es necesaria la actualización de las leyes generales o federales y demás ordenamientos del marco jurídico positivo mexicano, con la finalidad de homologar, el término "discapacidad", de conformidad con el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley de Vivienda y la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil
Artículo Primero. Se reforma el párrafo primero del artículo 3 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:
Artículo 3. Son sujetos de los derechos que establece esta ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta ley tutela.
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Artículo Segundo. Se reforma el párrafo primero del artículo 3 de la Ley de Vivienda para quedar como sigue:
Artículo 3. Las disposiciones de esta ley deberán aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda.
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Artículo Tercero. Se reforma la fracción VII del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue:
Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:
VII. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad;
VIII. a XVII. ?
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009.
La Comisión de Equidad y Género
Diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), presidenta; Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Ana maría Ramírez Cerda (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), secretarias; María Mercedes Corral Aguilar, Beatriz Eugenia García Reyes, María Hilda Medina Macías, Martha Margarita García Müller (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), David Sánchez Camacho, Aracely Escalante Jasso, Elda Gómez Lugo (rúbrica), Juan Leticia Herrera Ale, Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz, Blanca Luna Becerril.
La Comisión de Vivienda
Diputados: Diego Aguilar (rúbrica), Aracely Escalante Jasso (rúbrica), Daniel Chávez García (rúbrica), Raúl García Vivián (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), María Elena Torres Baltazar (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Martín Zepeda Hernández (rúbrica), Joel Arellano Arellano (rúbrica), Luis Rodolfo Enríquez Martínez, Martha Margarita García Müller (rúbrica), Óscar González Morán (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Alejandro Sánchez Domínguez (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell, Marisol Mora Cuevas (rúbrica), Alberto López Rojas (rúbrica), Mario Vallejo Estévez (rúbrica), María Soledad López Torres, David Mendoza Arellano (rúbrica), Juan Manuel San Martín Hernández, Gerardo Villanueva Albarrán, Tomás Gloria Requena, Elmar Darinel Díaz Solórzano, Alfredo Barba Hernández, Lourdes Eulalia Quiñones Canales, Jesús Ricardo Canavati Tafich (rúbrica), Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz, Jaime Cervantes Rivera (rúbrica).
La Comisión de Participación Ciudadana
Diputados: María del Carmen Salvatori Bronca (rúbrica), presidenta; Martha Margarita García Müller (rúbrica), Felipe González Ruiz (rúbrica), Víctor Hugo García Rodríguez, Juan Manuel Parás González, Daniel Gurrión Matías, secretarios; Félix Castellanos Hernández, Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Othón Cuevas Córdova (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García, Elmar Darinel Díaz Solórzano, José Rubén Escajeda Jiménez, Ricardo Franco Cazarez (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), Delio Hernández Valadés (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Carlos Orsoe morales Vázquez (rúbrica), Mercedes Morales Utrera (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica), María Isabel Reyes García (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Antonio Sánchez Díaz de Rivera (rúbrica), Mario Vallejo Estévez (rúbrica), Antonio Vasconcelos Rueda, Rafael Villicaña García.
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de la Función Pública de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura les fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, presentada el 30 de abril de 2008 por la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Estas comisiones elaboraron el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1 y 2, fracción III, y numeral 3; los artículos 44, 45 numerales 1, 4 y 6, incisos d) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo someten a consideración de la honorable asamblea, de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
Primero. Con fecha 30 de abril del 2008, la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Segundo. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa para su estudio y dictamen a estas comisiones.
Con base en lo anterior, las comisiones unidas hacen de su conocimiento, el siguiente
Contenido de la iniciativa
1) Se propone reformar los artículos 38 y 39, adicionar una fracción al artículo 20, recorriéndose la subsiguientes, así como el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para facultar al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) a fin de que establezca vínculos con las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, con los Congresos de los Estados y con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para prevenir la discriminación.
Incluir como parte del patrimonio del consejo las multas y demás liberalidades que reciba y sean pagadas. Propone que podrán ser invitados hasta dos representantes de la Cámara de Diputados y Senadores a la junta de gobierno; asimismo, el consejo podrá imponer en caso de reincidencia entre particulares y empresas de prestación de servicios una multa de 55 a 99 días de salario mínimo, según la gravedad, recursos que una vez obtenidos se destinarían a la aplicación de políticas para la prevención y eliminación de la discriminación.
2) En México el tema de la discriminación ha tenido muy pocos avances, "es un hecho que no hemos llegado a desarrollar la cultura de la no discriminación, ya que con frecuencia vemos que en zonas turísticas y en general en la mayoría del territorio mexicano, se discrimina a nuestros connacionales, dando preferencia a cierto sector poblacional o a la población extranjera por encima de nosotros mismos".
3) "Por otra parte la discriminación que hasta hoy en día padece la población indígena los deja en un estado de indefensión para con el resto del país, aunque nos duela debemos aceptar que las condiciones de equidad son precarias."
Consideraciones
Estas comisiones realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen:
II. Sin embargo, se considera que esta iniciativa es innecesaria por lo que respecta a la adición de una fracción XIV al artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de que el Conapred establezca vínculos de colaboración con los Poderes Legislativos federales y locales, ya que esta facultad se encuentra prevista en la fracción XIII del mismo artículo, el cual a la letra establece:
Artículo 20. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las atribuciones siguientes:
I. a XII. ?
XIII. Establecer relaciones de coordinación con instituciones públicas federales, locales y municipales, así como con personas y organizaciones sociales y privadas. Asimismo, podrá coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y demás órganos públicos, con el propósito de que en los programas de gobierno, se prevean medidas positivas y compensatorias para cualquier persona o grupo;
XIV. a XIX. ?
IV. No se considera viable la inclusión de "hasta dos representante de la Cámara de Diputados y Senadores" en la Junta de Gobierno del Conapred, como invitados permanentes, con voz pero sin voto, toda vez que dicha instancia cuenta con once integrantes con voz pero sin voto, de los cuales cinco son del Poder Ejecutivo federal, cinco miembros de la sociedad civil y el presidente del consejo, quien también encabeza la junta de gobierno. Por lo que la medida propuesta ocasionaría una sobre representación al interior de la Junta de Gobierno del Conapred, ya que actualmente se cuenta con la voz de diversas instancias públicas que se vinculan con la sociedad civil.
V. Finalmente, por lo que respecta a el cambio de expresión de "Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo" por el de Secretaría de la Función Pública se considera viable, ya que esta ultima dependencia es la que se encuentra actualmente en funciones, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de abril del 2003.
Decreto por el que se reforma el artículo 38 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Artículo Primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:
Artículo 38. ?
Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, por sí o a través del órgano interno de control del Consejo, el ejercicio de las atribuciones que en materia de control, inspección, vigilancia y evaluación le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Auditoría Superior de la Federación.
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Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la sala de juntas de la comisión, a 19 de noviembre de 2008.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Diputados: Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), presidenta; Marcela Cuen Garibi (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes, David Sánchez Camacho, Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), secretarios; Irene Aragón Castillo, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), Martha Margarita García Müller (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas, Diana Carolina Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez, Mario Vallejo Estévez, Martín Zepeda Hernández (rúbrica).
La Comisión de la Función Pública
Diputados: Benjamín González Roaro (rúbrica), presidente; Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Lariza Montiel Luis (rúbrica), Jesús Ricardo Morales Manzo (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez, Alma Edwviges Alcaraz Hernández, Carlos Altamirano Toledo, Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Carlos Armando Biebrich Torres, María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante, José de la Torre Sánchez (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro, Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Arturo Flores Grande, María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Carlos Orsoe Morales Vázquez, Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Sagrario María del Rosario Ortiz Montoro (rúbrica), Héctor Padilla Gutiérrez, Rafael Plácido Ramos Becerril, Marcos Salas Contreras (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Víctor Gabriel López Varela (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN
Esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la LX Legislatura, con fundamento en las atribuciones conferidas por los artículos 39, fracciones 1 y 2; y 45, fracción 6, incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite y somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma el artículo 6 de la Ley General de Población, de acuerdo con los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes
Que el pasado 1 de febrero de 2009, el Senado de la República remitió, mediante oficio, minuta proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma el artículo 6 de la Ley General de Población.
Que en esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Contenido de la Minuta
La minuta en referencia, que fue aprobada por el Senado de la República, propone modificaciones al artículo 6 de la Ley General de Población, para actualizar el nombre de las secretarías que integran el Consejo Nacional de Población.
Asimismo, modifica el segundo párrafo del artículo, para que asistan a las reuniones del consejo, los titulares de las dependencias del tema que se esté tratando y que tenga que ver con sus respectivas áreas de competencia.
Por otro lado, se incorpora un tercer párrafo, pasando el actual tercero a ser cuarto, mediante el cual se habilita al consejo para que pueda invitarse a los titulares de las comisiones legislativas del Congreso de la Unión a que participen con voz pero sin voto.
Consideraciones de la Comisión
Los integrantes de esta comisión consideramos pertinentes las modificaciones propuestas y aprobadas por la colegisladora, en materia de actualizar el nombre de aquellas secretarías que forman parte del Consejo Nacional de Población.
Asimismo, consideramos prudente la modificación del segundo párrafo, toda vez que en un ambiente de pluralidad e intercambio de ideas, es pertinente promover la participación en las reuniones del consejo de los titulares de aquellas dependencias que tengan relación con los temas que sean tratados en las diversas reuniones.
Por otro lado, consideramos sumamente acertada la adición de un párrafo mediante el cual se permita invitar a las reuniones de trabajo a los titulares de las comisiones respectivas del Congreso de la Unión, quienes podrían participar con voz pero sin voto, toda vez que ello fortalecería, sin duda, la colaboración entre poderes.
Toda vez que uno de los objetivos de esta comisión, desde el inicio de esta legislatura, ha sido mantener una comunicación y cooperación mucho más estrechas con el Poder Ejecutivo federal y aquellas instancias e instituciones a cargo de las materias y temáticas que competen a esta misma, es consecuente apoyar la minuta en sus términos.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente
Proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma el artículo 6 de la Ley General de Población
Único. Se reforman los párrafos primero y segundo, y se adiciona un párrafo tercero; se recorre el actual párrafo tercero para pasar a ser cuarto, del artículo 6 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
Artículo 6. El Consejo Nacional de Población se integra por un representante de la Secretaría de Gobernación, que será el titular del ramo y que fungirá como presidente del mismo, y un representante de cada una de las Secretarías de Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Agricultura; Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Economía; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; Reforma Agraria, y de los Institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Nacional de las Mujeres y Nacional de Estadística y Geografía; así como de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que serán sus respectivos titulares o los subsecretarios, secretarios generales o subdirector general, según sea el caso, que ellos designen. Por cada representante propietario se designará un suplente que deberá tener el mismo nivel administrativo que aquél, o el inmediato inferior, y cuyas funciones muestren correspondencia e interacción con las políticas públicas en materia de población y desarrollo.
Cuando se trate de asuntos vinculados a los de la competencia de otras dependencias u organismos del sector público, el presidente del consejo podrá solicitar de sus titulares que acudan a la sesión, o sesiones, correspondientes o nombren un representante para desahogar aquéllos.
De la misma manera, cuando el consejo lo considere procedente, podrá invitar a los titulares de las comisiones legislativas correspondientes del Congreso de la Unión, quienes participarán con voz pero sin voto.
El Consejo podrá contar con el auxilio de consultorías técnicas e integrar las unidades interdisciplinarias de asesoramiento que estime pertinentes, con especialistas en problemas de desarrollo y demográfica.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, a 11 de febrero de 2009.
La Comisión de Población, Frontera y Asuntos Migratorios
Diputados: Antonio Valladolid Ramírez (rúbrica), presidente; José Jacques y Medina (rúbrica), José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), secretarios; Ivette Jacqueline Ramírez Corral (rúbrica), Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Daniel Chávez García, Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez, Elia Hernández Núñez, Omeheira López Reyna, María Dolores González Sánchez, Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Cruz Pérez Cuellar, José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), Silbestre Álvarez Ramón (rúbrica), Alberto Amaro Corona (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Erick López Barriga (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Antonio de Jesús Díaz Athié, Guillermina López Balbuena, Isael Villa Villa, José Luis Aguilera Rico, Irma Piñeyro Arias, Pascual Bellizza Rosique (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, y Federal del Trabajo, para otorgar seguridad social a los trabajadores estacionales del campo, presentada por los diputados Rubén Escajeda Jiménez y Samuel Aguilar Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
A la Comisión de Seguridad Social fue turnada para estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, presentada por el senador Humberto Aguilar Coronado (Partido Acción Nacional, PAN), en nombre propio y de los diputados Miguel Ángel Navarro Quintero (Partido de la Revolución Democrática, PRD), Margarita Arenas Guzmán (PAN), Efraín Arizmendi Uribe (PAN), Patricio Flores Sandoval (PRI), Neftalí Garzón Contreras (PRD) y Daniel Dehesa Mora (PRD), así como de las senadoras Martha Leticia Sosa Govea (PAN) y María Dolores Serrano Serrano (PAN).
A la Comisión de Seguridad Social fue turnada también la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 154 de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Diego Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI.
La Comisión de Seguridad Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 72 y 73, fracción XXX, con relación a lo dispuesto en los artículos 3o., 4o. y 41, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 57, 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de las iniciativas de referencia, somete a consideración de esta honorable asamblea el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, presentada por el senador Humberto Aguilar Coronado (PAN), en nombre propio y de los diputados Miguel Ángel Navarro Quintero (PRD), Margarita Arenas Guzmán (PAN), Efraín Arizmendi Uribe (PAN), Patricio Flores Sandoval (PRI), Neftalí Garzón Contreras (PRD) y Daniel Dehesa Mora (PRD), así como de las Senadoras Martha Leticia Sosa Govea (PAN) y María Dolores Serrano Serrano (PAN), al tenor de los siguientes
Antecedentes
II. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, determinó turnar dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social.
III. Con fecha veintiocho de enero de dos mil nueve, el senador Humberto Aguilar Coronado (PAN), en nombre propio y de los diputados Miguel Ángel Navarro Quintero (PRD), Margarita Arenas Guzmán (PAN), Efraín Arizmendi Uribe (PAN), Patricio Flores Sandoval (PRI), Neftalí Garzón Contreras (PRD) y Daniel Dehesa Mora (PRD), así como de las senadoras Martha Leticia Sosa Govea y María Dolores Serrano Serrano, en uso de la facultad que confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.
IV. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la iniciativa fuera turnada, para estudio y dictamen, a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
V. Con fecha doce de octubre de dos mil seis, el diputado Diego Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI, en uso de la facultad que confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 154 de la Ley del Seguro Social.
VI. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dispuso que la iniciativa fuera turnada, para estudio y dictamen, a la Comisión de Seguridad Social.
Contenido de las iniciativas
Refieren los diputados Rubén Escajeda Jiménez y Samuel Aguilar Solís que el campo siempre ha sido considerado una fuente de empleo para los mexicanos: la agricultura, la ganadería y la explotación forestal son actividades económicas esenciales que proporcionan satisfactorios primarios a la población. La más importante de estas actividades es la agricultura, que representa casi dos tercios del producto interno bruto agropecuario. Sin embargo, los trabajadores agrícolas se mantienen como el sector de la población más marginado en cuanto a ingreso, condiciones de vida, expectativas de desarrollo y derechos sociales.
Se abunda en la citada iniciativa, y en la presentada por el senador Humberto Aguilar Coronado, en nombre propio y de diversas senadoras y diputados, que de acuerdo con datos oficiales, dados a conocer por la Secretaría de Desarrollo Social, en el país hay 1.2 millones de jornaleros agrícolas migrantes, de los que 42.6 por ciento corresponde a mujeres y 57.4 por ciento a hombres; aproximadamente 40 por ciento de ellos son menores de 15 años y el mismo porcentaje representa a los jornaleros que pertenecen a algún grupo indígena. De los jornaleros mayores de 14 años, 29 por ciento es analfabeto.
Así también, 55.6 por ciento de la población de jornaleros agrícolas migra en grupos familiares y cerca de 61.1 por ciento de los hijos de familias jornaleras de entre 4 y 14 años de edad no asiste a la escuela. Las jornaleras reciben mínima atención médica durante el embarazo, y casi la mitad de ellas carece por completo de ésta.
Lo anterior evidencia la necesidad de crear condiciones propicias para ampliar la cobertura de la seguridad social en el campo, elevando el nivel de vida de este tipo de trabajadores, mediante el acceso efectivo a la seguridad social y, en particular, a servicios de salud integrales, con calidad y trato digno, que satisfagan sus necesidades de salud.
De conformidad con la iniciativa de los diputados Rubén Escajeda Jiménez y Samuel Aguilar Solís, el Estado tiene la obligación de convertir el campo en un espacio para el desarrollo y de otorgar las garantías para una vida digna a cada uno de los mexicanos, a través de un mayor compromiso por contrarrestar los desequilibrios económicos y sociales, y de atender a los grupos más necesitados de la población, brindándoles protección social. Ésta es una obligación de la cual no debe abdicar.
Por otra parte, continúa la exposición de motivos de la iniciativa en cita, en materia de seguridad social para los trabajadores estacionales del campo, la participación del gobierno debe ser más amplia y permanente, compartiendo responsabilidades con patrones y trabajadores, haciendo efectivo el esquema tripartito del seguro social y garantizando su sustentabilidad.
Por ello, consideran los promoventes, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, inaplazable promover una reforma de los artículos relativos de la Ley del Seguro Social, mediante la cual se reconozca la modalidad del trabajo que desarrollan los trabajadores estacionales en el campo, ampliando sus formas de acceso a la seguridad social, reduciendo los períodos de espera establecidos en la propia ley para alcanzar los beneficios de la seguridad social, además de lograr que los trabajadores del campo tengan representación en la toma de decisiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La iniciativa presentada por el senador Humberto Aguilar Coronado expone que las labores de los trabajadores eventuales se requieren de manera intermitente, sujetas a los requerimientos y a la duración de los ciclos productivos, que no se extienden, en promedio, más allá de 27 semanas al año, así como a las condiciones climáticas; es de gran rotación y se concentra en mayor cantidad al final del ciclo del cultivo, con la recolección de las cosechas.
De acuerdo con los promoventes, en 2007 el Ejecutivo federal dispuso medidas de apoyo al aseguramiento de los trabajadores eventuales del campo, a través del otorgamiento de beneficios fiscales y facilidades administrativas para éstos y sus patrones, que han favorecido la ampliación de la cobertura de la seguridad social para el sector. La vigencia de estos beneficios ha sido ampliada al 31 de diciembre de 2010.
Ambas iniciativas tienen por objeto, según lo establecido en las respectivas exposiciones de motivos, otorgar la mayor certeza y seguridad jurídica a los patrones y a los trabajadores eventuales del campo respecto a las condiciones de su acceso a la seguridad social, para lo cual resulta indispensable promover una reforma de los artículos relativos de la Ley del Seguro Social, mediante la cual se reconozca la modalidad del trabajo que desarrollan los trabajadores estacionales del campo, ampliando sus formas de acceso a la seguridad social, reduciendo los periodos de espera establecidos en la propia ley para alcanzar los beneficios de ella.
Refieren los promoventes de la iniciativa presentada por el senador Aguilar Coronado que entre las causas de la falta de aseguramiento de los trabajadores eventuales del campo sobresale el hecho de que para los patrones del campo de menores recursos, que constituyen una proporción importante del sector, resulta oneroso y de difícil cumplimiento el procedimiento general establecido para ello, debido a las peculiaridades de rotación y control que se presentan en los trabajos del campo, así como a la carencia de medios tecnológicos, realizar en tiempo y forma los trámites de registro y presentación de movimientos de altas, bajas, reingresos y movimientos salariales, además de la determinación y entero de cuotas obrero-patronales, e incluso los trámites para la obtención de beneficios fiscales previstos en disposiciones administrativas.
En tal virtud, en la iniciativa se propone un esquema simplificado para que estos patrones puedan cumplir las obligaciones relativas a su registro ante el IMSS, así como a la inscripción de los trabajadores y la comunicación de sus movimientos de alta, baja, reingreso y modificaciones de salario, en su caso.
Concuerdan las iniciativas en cita en fijar un salario de cotización equivalente a 1.68 veces el salario mínimo diario general de la zona geográfica de que se trate, siempre que el salario efectivamente recibido por el trabajador no sea inferior, pues en ese supuesto las cuotas se deberán enterar con base en el salario real del trabajador.
También coinciden en la finalidad de que el trabajador tenga mayor seguridad y una forma de comprobar su derecho a las prestaciones diferidas, se considera la obligación para el patrón de entregar a cada trabajador, al término de la relación laboral, una constancia escrita del periodo laborado durante el ciclo de cultivo y del salario recibido, la cual, en su caso, podrá ser exhibida por el trabajador para acreditar sus derechos, de manera que ese documento crea certeza y coadyuva a precisar los derechos laborales de los jornaleros y a preconstituir pruebas para hacerlos efectivos en el momento en que sea necesario.
La iniciativa presentada por el senador Humberto Aguilar Coronado propone que los trabajadores eventuales del campo y sus familias tengan acceso a servicios de salud durante los periodos en que, en razón de los ciclos a que está sujeta su actividad laboral, se encuentran en receso. Para ello, las dependencias y las entidades de la administración pública federal que forman parte del Sistema Nacional de Salud deberán facilitar su incorporación a los programas de salud del Estado mexicano en sus lugares de origen cuando no estén sujetos a una relación laboral.
Los promoventes de esta iniciativa exponen que por trabajar a lo sumo la mitad del año, a los trabajadores estacionales del campo resulta doblemente difícil acumular las semanas cotizadas que se exigen legalmente para tener derecho al otorgamiento de diversas prestaciones económicas establecidas en la Ley del Seguro Social, de ahí la propuesta de establecer periodos de espera proporcionales a la temporalidad de sus periodos de aseguramiento para acceder a las pensiones de invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, así como al subsidio de maternidad, en condiciones de equidad, y también la posibilidad de ampliar su capacidad de realizar retiros de sus cuentas individuales en el sistema de ahorro para el retiro en caso de desempleo.
Coincide, en fondo aunque no en forma, la propuesta de los diputados Rubén Escajeda Jiménez y Samuel Aguilar Solís, al modificar el primer párrafo del artículo 122 de la ley, para que las pensiones de invalidez sean más asequibles para los trabajadores estacionales, de tal suerte que se reduzcan los periodos de espera que se exigen en la actualidad, los que equivalen a 150 semanas cotizadas si el porcentaje de invalidez es de 75 por ciento o mayor, lo que equivale a 3 años continuos de trabajo, en tanto que si el grado de invalidez resulta menor de 75 por ciento, entonces se requieren 250 semanas de cotización. Estas últimas representan unos 5 años de actividad laboral continua, por lo que si consideramos que los trabajadores estacionales del campo laboran a lo sumo 6 meses al año, éstos requerirán periodos de 6 a 10 años de labores agrícolas (debidamente cotizadas al IMSS) para alcanzar tales pensiones.
Continúan los diputados: las pensiones de cesantía en edad avanzada y vejez, consideradas en los artículos 154 y 162 de la ley, requieren por lo menos mil 250 semanas de cotización para tener derecho a cualquiera de estas pensiones, por lo que si tal número de semanas equivale aproximadamente a 24 años de trabajo continuo, los trabajadores no permanentes, que sólo laboran en promedio 6 meses al año, en el mejor de los casos, necesitarán esperar por lo menos 48 años para iniciar el trámite de cualquiera de ellas, por lo que su disfrute resulta muy difícil de alcanzar.
Por lo que hace al otorgamiento del subsidio de incapacidad por maternidad, contenido en la fracción I del artículo 102 de la ley, se necesitan por lo menos 30 cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha en que deba comenzar su pago, y si tomamos en cuenta que la mayoría de las trabajadoras estacionales no laboran siquiera los 6 meses que se considera como promedio anual de labores de los trabajadores estacionales del campo, tampoco alcanzan a beneficiarse con tal subsidio, ya que en promedio laboran como asalariadas sólo tres meses al año.
En cuanto a la iniciativa presentada por el diputado Diego Aguilar, ésta propone reformar el artículo 154 de la Ley del Seguro Social a fin de garantizar a los trabajadores "rurales jornaleros agrícolas" un mínimo de 800 semanas de cotización al quedar privados de trabajo a partir de los 60 años de edad.
La Comisión de Seguridad Social, una vez analizadas la iniciativas del rubro, presenta el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, presentada por el senador Humberto Aguilar Coronado (PAN), en nombre propio y de los diputados Miguel Ángel Navarro Quintero (PRD), Margarita Arenas Guzmán (PAN), Efraín Arizmendi Uribe (PAN), Patricio Flores Sandoval (PRI), Neftalí Garzón Contreras (PRD) y Daniel Dehesa Mora (PRD), así como de las senadoras Martha Leticia Sosa Govea (PAN) y María Dolores Serrano Serrano (PAN), al tenor de las siguientes
Consideraciones
Lo anterior, sin perjuicio de establecer como documento base de la discusión la iniciativa de los diputados Samuel Aguilar Solís y Rubén Escajeda Jiménez, analizándola exhaustivamente e incluyendo sus propuestas en el cuerpo del decreto del presente dictamen.
2. La Comisión de Seguridad Social coincide con los promoventes de las iniciativas al señalar que el acceso efectivo al derecho a la seguridad social es aún tarea pendiente del Estado mexicano. Por ello resulta necesario avanzar en su cobertura, tomando en cuenta por supuesto las características propias del trabajo agrícola, que hacen de la labor de los trabajadores eventuales del campo una actividad compleja que ha requerido múltiples adecuaciones de las leyes en la materia.
3. De manera breve hay que destacar el notable avance de los trabajadores del campo en torno de su inclusión en la seguridad social; en 1960, al amparo del Reglamento para el Seguro Social Obligatorio de los Trabajadores del Campo, éstos tenían acceso apenas a dos ramos de seguro: enfermedades y maternidad y riesgos de trabajo, sin mecanismos para garantizar el registro e incorporación al Seguro Social de los trabajadores eventuales del campo por los patrones.
Hasta la reforma de la Ley del Seguro Social 1995-97, los trabajadores del campo no tuvieron reconocimiento del derecho de gozar de las prestaciones del régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social, accediendo así a cinco seguros, incluyendo el de enfermedades y maternidad. En 1997-98, como respuesta al efecto que generó en el campo mexicano la obligatoriedad del cumplimiento de la Ley del Seguro Social, el Ejecutivo federal emitió un decreto que estableció las bases para que el IMSS conviniera con el Consejo Nacional Agropecuario un esquema de transición gradual.
Producto de lo anterior se elaboró el Convenio de Bases Generales para el Aseguramiento de los Trabajadores Eventuales del Campo, en el que se estableció un porcentaje de reversión de la cuota obrero-patronal para el primer año de vigencia del convenio de 60 por ciento, ajustable a la baja anualmente hasta llegar a 20 por ciento en su último año de vigencia. También permitió un proceso simplificado para la afiliación de los trabajadores y el acceso a los servicios médicos.
Adicionalmente, en 2007 el Ejecutivo federal dispuso medidas de apoyo al aseguramiento de los trabajadores eventuales del campo, a través del otorgamiento de beneficios fiscales y facilidades administrativas para éstos y sus patrones, que han favorecido la ampliación de la cobertura de la seguridad social para el sector.
También por decreto del Ejecutivo federal se ha eximido parcialmente a los patrones del pago de las cuotas obrero-patronales y se ha establecido una base de cotización distinta del salario recibido por los trabajadores, consistente en un factor de 1.68 del salario mínimo general del área geográfica correspondiente, y se han otorgado facilidades administrativas para la adhesión, el registro y el pago.
4. Así entonces, se reitera, el marco normativo del régimen de seguridad social de los trabajadores eventuales del campo se ha modificado en diversas ocasiones para otorgar beneficios fiscales, con la finalidad de elevar el número de trabajadores inscritos en el IMSS.
5. La Comisión de Seguridad Social considera conveniente puntualizar que reformar y ampliar el Capítulo X, "De la Seguridad Social en el Campo", del Título Segundo de la Ley del Seguro Social responde a la propia división existente en la Ley Federal del Trabajo respecto a los trabajadores del campo, pues el principio de generalidad de las leyes se complementa con el de equidad, al tratar de manera igual a los iguales y desigual a los desiguales. Tal es el caso de las particularidades propias del trabajo del campo.
6. Como se observa en el contenido de la iniciativa y el marco jurídico, que se ha modificado a través de los años para otorgar seguridad social a los trabajadores del campo, la comisión dictaminadora coincide en que la iniciativa que se dictamina combina facilidades del decreto presidencial vigente y agrega otras: cuentas individuales de retiro, cesantía y vejez con posibilidad de retirar 99 por ciento en caso de desempleo; reconoce el derecho a trabajadores o representante legal para solicitar inscripción o modificaciones de salario en lugar de origen o destino; convenios para prestación de servicios médicos (reversión de cuotas) y guarderías (subrogación); base de cotización a partir de aplicar el factor 1.68; reduce de 250 a 125 o 75 las semanas para invalidez; reduce de 150 a 75 semanas para seguro de vida; reduce de mil 250 a 625 semanas para retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y reduce a 12 cotizaciones durante el año previo para acceder al subsidio por embarazo y puerperio.
7. Resulta importante señalar que un decreto presidencial no es el instrumento adecuado para modificar disposiciones en materia de seguridad social establecidas en las Leyes Federal del Trabajo, y del Seguro Social. Por ello, una vez analizada la iniciativa materia del presente dictamen, se advierte la necesidad de reformar la Ley del Seguro Social no sólo para resolver la situación descrita sino para asegurar al trabajador eventual del campo importantes beneficios que confluyen en su efectivo acceso a la seguridad social.
8. De acuerdo con el Inegi, en el país hay poco más de 1 millón 760 mil jornaleros agrícolas, de los que sólo 138 mil 672 se encuentran incorporados al IMSS y 830 mil son atendidos en unidades médicas de IMSS-Oportunidades.
Asimismo, mientras la Sagarpa cuenta con un padrón de 88 mil 522 patrones en actividades propias del campo, el IMSS en el cálculo más optimista refiere apenas un registro de 27 mil 165 patrones.
Esto es clara muestra del quehacer legislativo pendiente, pues aun cuando las anteriores reformas brindaron un esquema de beneficios para los trabajadores eventuales del campo y estímulos para los patrones que dieran de alta a sus trabajadores, la baja afiliación y la evasión de las cuotas obrero-patronales siguen siendo una constante del sector.
9. Entre otros factores, se han identificado diversas problemáticas que redundan en la no afiliación de los trabajadores del campo al Seguro Social. Tal es el caso de la dificultad, en el caso de los patrones, para mantener registros de trabajadores que tienen gran movilidad laboral; la imposibilidad de inscribir a personas que rara vez cuentan con documentación oficial; la complejidad de los procesos de afiliación y pago ante el IMSS; el incremento de los costos de la seguridad social al hacer que los trabajadores eventuales del campo pasaran de un régimen de seguridad social limitado a un régimen obligatorio; los altos costos de un servicio deficiente, y que los trabajadores perciben la imposibilidad para acceder a una pensión por jubilación.
10. La comisión dictaminadora considera que las reformas y adiciones de la Ley del Seguro Social que en este dictamen se someten a consideración de esta Cámara repercutirán positivamente en las finanzas del IMSS al incidir efectivamente en la afiliación de los trabajadores eventuales del campo, pero más importantes aún resultan los beneficios que se otorgan a los trabajadores, que contarán con la certeza jurídica de su incorporación y de la factibilidad de alcanzar los beneficios del retiro, que se encontraban fuera de sus posibilidades.
11. La comisión dictaminadora considera conveniente, de acuerdo con el espíritu de las iniciativas presentadas por los diputados Rubén Escajeda Jiménez y Samuel Aguilar Solís, y la correspondiente al senador Humberto Aguilar Coronado y diversos legisladores, que se sujete a los patrones a determinar las cuotas obrero-patronales a su cargo y enterar su importe al instituto, para lo cual deberán presentar a éste, dentro de los primeros ocho días hábiles del mes siguiente a aquel en que laboraron los trabajadores, la relación de éstos, señalando el nombre completo del trabajador, su número de seguridad social y el periodo laborado. En caso de que el patrón no determine las cuotas obrero-patronales a su cargo, el instituto, con base en la información proporcionada por el patrón, aquella con que cuente o la que conozca con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, determinará las cuotas causadas y notificará al patrón la cédula de liquidación correspondiente.
12. De igual manera, coinciden las iniciativas y la dictaminadora en que los patrones cubran las cuotas obrero-patronales, aun en el caso de que no sea posible individualizarlas oportunamente, así como garantizar el derecho de los trabajadores eventuales del campo de solicitar al instituto su inscripción y demás condiciones de trabajo presentando, en su caso, la documentación que acredite su relación de trabajo, demuestre el tiempo laborado y los salarios recibidos.
13. En el mismo sentido, y tomando en cuenta la existencia de facilidades fiscales otorgadas por decreto presidencial, según el cual se han venido cubriendo las obligaciones de los patrones hacia el instituto, en beneficio de los trabajadores eventuales del campo, y a propuesta de los diputados promoventes de ambas iniciativas de reforma, se estima indispensable sostener la inscripción y el pago de las cuotas obrero-patronales con el salario que resulte de aplicar el factor de 1.68 sobre el salario mínimo general del área geográfica que corresponda, siempre que el salario base de cotización sea superior a 1.68 veces el salario mínimo general. En caso contrario, la incorporación y el pago de las cuotas obrero-patronales se harán con base en el salario real recibido por el trabajador.
14. En el ámbito de la terciarización de los servicios, práctica cada vez más recurrida en el campo mexicano, mejor conocida como outsourcing, que favorece la evasión de las obligaciones patronales en perjuicio de los trabajadores, se coincide con las iniciativas en análisis al establecer que "serán responsables de la inscripción y el pago de las cuotas obrero-patronales de los trabajadores eventuales del campo los patrones que contraten, a cualquier título, a terceros para la cosecha de sus cultivos, recolección y preparación de los productos para su primera enajenación, siendo estos últimos obligados solidarios con el patrón, en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley".
15. Un avance significativo en la protección de la salud de los trabajadores eventuales del campo y sus familias es que durante el tiempo que aquéllos estén sujetos a una relación laboral reciban las prestaciones del seguro de enfermedades y maternidad en la localidad en que realizan su trabajo, o bien, en el lugar de su residencia, cuando los beneficiarios permanezcan en él.
16. En la misma tesitura, como parte de la sinergia del proyecto que se discute, las dependencias y las entidades de la administración pública federal que forman parte del Sistema Nacional de Salud, en términos de las disposiciones aplicables, deberán facilitar la incorporación de los trabajadores eventuales del campo a los programas de salud del Estado mexicano en sus lugares de origen, cuando no estén sujetos a una relación laboral y, por tanto, no gocen de los beneficios del régimen de seguridad social del IMSS, sin perjuicio de otorgarles apoyos previstos en otros programas de la administración pública federal. Lo anterior otorgará certeza a los trabajadores eventuales del campo cuya inmediata preocupación, al quedar desempleados, es la protección de la salud de sus familias y de ellos mismos, como pilares de la economía familiar.
17. En la dinámica de los servicios de salud, propuesta descrita con anterioridad, se ha identificado que cerca de 45 por ciento de los trabajadores eventuales del campo migra sin sus familias. Tomando en cuenta esta característica, se estima indispensable establecer que los servicios de guardería sean otorgados en sus lugares de origen cuando los hijos que tengan derecho al servicio de guardería no acompañen al trabajador. Asimismo, las dependencias y las entidades de la administración pública federal que forman parte del sistema nacional de guarderías y estancias infantiles celebrarán, a solicitud del IMSS, los convenios de colaboración correspondientes.
18. Por lo que se refiere a la reducción de las semanas de cotización como requisito para ser sujetos de diversos beneficios contenidos en la Ley del Seguro Social, y atendiendo precisamente al corto periodo laboral anual propio del ciclo agrícola, la Comisión de Seguridad Social coincide con la propuesta de los diputados Samuel Aguilar Solís y Rubén Escajeda Jiménez en que el subsidio otorgado durante el embarazo y el puerperio a las trabajadoras, contenido en los artículos 101 y 102 de la Ley del Seguro Social, sea otorgado, en el caso de la trabajadora eventual del campo, una vez cubiertas 12 cotizaciones semanales dentro de los 12 meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio; de acuerdo con la ley vigente, se requieren 30 cotizaciones semanales, exigencia que excluye a las trabajadoras eventuales del campo que, a lo sumo, laboran 27 semanas anualmente.
La reducción de 30 a 12 cotizaciones semanales para obtener el subsidio por embarazo o puerperio es materia también de la iniciativa presentada por diputados y senadores al Congreso de la Unión el 28 de enero del presente año, por lo que con la inclusión de dicha reforma se atiende el espíritu de amabas iniciativas.
19. Conforme a las propuestas que se analizan y que la Comisión de Seguridad Social ha considerado importantes por los beneficios que otorgan a los trabajadores eventuales del campo, el seguro de sobrevivencia cubrirá a los beneficiarios del pensionado a consecuencia de un riesgo de trabajo, al fallecimiento de éste, la pensión y demás prestaciones económicas contenidas en la ley si al momento de producirse el riesgo de trabajo el asegurado hubiere cotizado cuando menos 75 semanas (la ley vigente requiere 150 cotizaciones semanales), el seguro de sobrevivencia también cubrirá el fallecimiento de éste por causas distintas de riesgos de trabajo o enfermedades profesionales.
20. Para gozar de las prestaciones del ramo de invalidez, se coincide con las propuestas de reformas presentadas el 9 de diciembre de 2008 y 28 de enero de 2009, respectivamente, se requerirá que al declararse ésta el trabajador eventual del campo tenga acreditado el pago de 125 semanas de cotización (la ley vigente exige 250 cotizaciones semanales). En caso de que el dictamen respectivo determine 75 por ciento o más de invalidez, sólo se requerirá que tenga acreditadas 75 semanas de cotización (de igual manera, la ley vigente exige 150 cotizaciones semanales).
Cuando ocurra la muerte del trabajador eventual o del pensionado por invalidez, el instituto otorgará a sus beneficiarios las prestaciones a que se refiere el artículo 127 de la Ley del Seguro Social, siempre que al fallecer el trabajador eventual del campo hubiese tenido reconocido el pago al instituto de un mínimo de 75 cotizaciones semanales (la ley vigente exige 150 cotizaciones semanales); o bien, que se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez y que la muerte no se deba a un riesgo de trabajo.
21. Se ha considerado conveniente, como sostienen los diputados Rubén Escajeda Jiménez y Samuel Aguilar Solís y el senador Humberto Aguilar Coronado en las respectivas iniciativas (la última presentada por diversos legisladores), reducir a 625 cotizaciones semanales el requisito para gozar de las prestaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; ello, para el caso del asegurado que se hubiese desempeñado siempre como trabajador eventual del campo y quede privado de trabajos remunerados a partir de los 60 años de edad, actualmente la ley exige mil 250 semanas de cotización.
De igual manera, en caso de que el asegurado se hubiese desempeñado siempre como trabajador eventual del campo y haya cumplido 65 años de edad, podrá tener derecho al goce de las prestaciones del ramo de vejez si tiene reconocidas por el instituto un mínimo de 625 cotizaciones semanales (la ley vigente exige mil 250 semanas de cotización).
22. Como se observa, la reducción de las semanas cotizadas como requisito para acceder al subsidio por embarazo y puerperio, en el caso de la trabajadora eventual del campo, y a los beneficios de cada uno de los seguros pensionarios contenidos en la Ley del Seguro Social, obedece precisamente a que la jornada anual de los trabajadores eventuales del campo no se extiende más allá de 27 semanas; es decir, poco más de la mitad del año es laborable. Por ello, con las actuales disposiciones de la Ley del Seguro Social, a un trabajador eventual del campo tomaría por lo menos 47 años acumular las mil 250 semanas cotizables para acceder a los beneficios del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. El ejemplo anterior se sostiene en la idea de un trabajador que anualmente cotiza, efectivamente, 27 semanas, por lo que en realidad, atendiendo tal situación, un trabajador eventual del campo tendría derecho a pensionarse por retiro pasados los 50 años de trabajo.
Por lo anterior, la Comisión de Seguridad Social considera de suma importancia la reducción, exactamente a 50 por ciento, de las semanas cotizables como requisito para acceder a los beneficios de los seguros de invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, lo que implica que un trabajador que cubre 27 semanas cotizables por año pueda llegar a retirarse después de 24 años de trabajo.
23. Asimismo, se coincide con la iniciativa que se dictamina al establecer que cuando el trabajador eventual del campo deje de estar sujeto a una relación laboral, en los términos de esta ley, tendrá derecho a recibir, tanto él como sus beneficiarios, asistencia médica, farmacéutica e incluso hospitalaria, en la forma y términos establecidos en los artículos 215 a 217 de esta ley; es decir, mediante las prestaciones o servicios de solidaridad social. Con ello se pretende asegurar el derecho a la protección de la salud del trabajador eventual del campo y sus familias.
24. La Comisión de Seguridad Social considera preciso señalar que, como la necesaria consecuencia de las reformas y adiciones contenidas en el presente dictamen, deben las dependencias y las entidades de la administración pública federal que forman parte del Sistema Nacional de Salud y del sistema nacional de guarderías coordinarse de manera efectiva a efecto de garantizar, por un lado, la protección de la salud de los trabajadores eventuales del campo y sus familias y, por otro, el cuidado de los hijos.
Para cumplir lo anterior es necesario aprovechar la experiencia y el compromiso de programas como IMSS-Oportunidades o el de atención de jornaleros operado por la Secretaría de Desarrollo Social. En el caso de IMSS-Oportunidades, se otorga atención a 830 mil jornaleros agrícolas a través de una estrategia de atención de la salud de los trabajadores eventuales del campo consistente en la centralización de unidades médicas móviles y consultorios agrícolas en campos de cultivo.
Son necesarias entonces la implantación y extensión gradual de consultorios agrícolas en los estados identificados con mayor concentración de trabajadores eventuales del campo, así como fortalecer el sistema nacional de guarderías y estancias infantiles a fin de avanzar en la total cobertura de los jornaleros agrícolas como uno de los grupos más vulnerables del país.
25. Importante resulta señalar que, en atención de la propuesta presentada por los diputados Rubén Escajeda Jiménez y Samuel Aguilar Solís en lo que se refiere a garantizar la cobertura del seguro de enfermedades y maternidad a los trabajadores "estacionales" del campo, aun en los periodos en que no se esté laborando y, por ende, cotizando al Seguro Social, se ha considerado conveniente, en virtud de la reciente ampliación provisional de los servicios del instituto para los trabajadores desempleados, no incluir dicha reforma en atención de la difícil situación económica que priva en el país, lo que presionaría las finanzas del instituto. Sin embargo, sería necesario rediscutirla una vez que la economía nacional recupere su ritmo de crecimiento.
26. Complementariamente, se plantea en la iniciativa presentada por el senador Humberto Aguilar Coronado y diversos legisladores la facultad de que el trabajador eventual del campo retire de su subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 99 por ciento del saldo de la propia subcuenta, a partir del trigésimo día natural, contados desde el día en que quedó desempleado. Este derecho podrá ejercerlo, de acuerdo con la propuesta, siempre que no haya efectuado retiros por la misma causa durante los dos años inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud correspondiente.
27. En plena concordancia con el resto de las reformas y adiciones expuestas con anterioridad, propone la iniciativa en cita, y la comisión que emite el presente dictamen concuerda con ello, que se sancione como fraude, en los términos del Código Penal Federal, la inscripción como trabajador eventual del campo de personas que no tengan ese carácter, así como la obtención o el propiciar su obtención, de los seguros, prestaciones y servicios que esta ley establece, mediante cualquier engaño o aprovechamiento de error, ya sea en virtud de simulación, sustitución de personas o cualquier otro acto.
28. Tomando en cuenta las dificultades económicas por las que atraviesa el país es necesario, a juicio de la comisión dictaminadora, dar seguimiento exhaustivo a las reformas y adiciones en discusión, a fin de que una vez superada el periodo de crisis internacional y nacional, se busquen, en conjunto con el gobierno federal, los procedimientos para resarcir los recursos retirados de las cuentas individuales de los trabajadores y las semanas de cotización reducidas conforme al artículo 198 de la Ley del Seguro Social; evaluando, incluso, la inaplicabilidad del citado articulo a efecto de no mermar la suma de semanas cotizadas por los trabajadores.
29. Una vez que esta comisión ha juzgado conveniente presentar dictamen a la iniciativa presentada el 28 de enero de 2009 por el senador Humberto Aguilar Coronado (PAN) en nombre propio y de los diputados Miguel Ángel Navarro Quintero (PRD), Margarita Arenas Guzmán (PAN), Efraín Arizmendi Uribe (PAN), Patricio Flores Sandoval (PRI), Neftalí Garzón Contreras (PRD), Daniel Dehesa Mora (PRD) y de las senadoras Martha Leticia Sosa Govea (PAN) y María Dolores Serrano Serrano (PAN), se reconoce el aporte de los diputados Rubén Escajeda Jiménez y Samuel Aguilar Solís que, con su iniciativa, no sólo pusieron un tema tan importante como el de los jornaleros agrícolas en la discusión, sino que sus ideas y propuestas son base de las reformas que se presentan en el proyecto de decreto contenido en el presente dictamen.
30. Por último, la Comisión de Seguridad Social refrenda con éste dictamen su compromiso de fortalecer el derecho a la seguridad social y a sus instituciones, procurando siempre elevar el nivel de vida de las y los mexicanos garantizando su inclusión a los sistemas de seguridad social del país, es el caso de los trabajadores eventuales del campo cuya labor de cualidades especiales imposibilita al jornalero agrícola, bajo el esquema actual, el disfrute de los beneficios de la seguridad social, sin embargo, en el horizonte de las reformas y adiciones propuestas en el dictamen que emite esta comisión, se encuentra la tangible posibilidad de gozar, según sea el caso, de los beneficios de cada uno de los seguros contenidos en la Ley del Seguro Social.
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social
Artículo Único. Se reforman los artículos 234, 237, 237-A, 237-B, 237-C, 237-D, 238 y 239, y se adicionan los artículos 237-E, 237-F, 237-G, 237-H, 239-A, 239-B, y 239-C, así como las secciones primera, "Generalidades", que comprende los artículos 234 al 237, y segunda, "De los Trabajadores Eventuales del Campo", que comprende los artículos 237-A al 239-C; al Capítulo X, "De la Seguridad Social en el Campo" del Título Segundo, todos ellos de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
Capitulo X
De la Seguridad Social en el Campo
Sección Primera
Generalidades
Artículo 234. La seguridad social se extiende al campo mexicano en los términos y formas que se establecen en la presente ley y los reglamentos respectivos.
El acceso a la seguridad social de los sujetos a que se refiere el presente capítulo podrá ser apoyado por el tercer aportante establecido en el artículo 230 de esta ley. En cualquier caso, éstos podrán acceder al seguro de salud para la familia regulado por este ordenamiento.
Los indígenas, campesinos temporaleros de zonas de alta marginalidad y todas aquellas familias campesinas cuya condición económica se sitúe en pobreza extrema tendrán acceso a las prestaciones de solidaridad social, bajo la forma y términos que establecen los artículos 214 a 217 de esta ley.
?
Artículo 237. Los trabajadores asalariados de carácter permanente en actividades del campo se comprenden en el artículo 12, fracción I, de esta ley y accederán a la seguridad social en los términos que establezca ésta y sus reglamentos.
Sección Segunda
De los Trabajadores Eventuales del Campo
Artículo 237 A. Los trabajadores asalariados eventuales dedicados a actividades del campo se comprenden en el artículo 12, fracción I, de la ley y accederán a la seguridad social en los términos, condiciones y modalidades que señala esta ley y las disposiciones reglamentarias y administrativas que de ella derivan.
Artículo 237 B. Los patrones del campo que contraten trabajadores eventuales del campo tendrán las obligaciones siguientes:
II. Inscribir a los trabajadores eventuales del campo que contrate conforme a lo siguiente:
a) Dentro de los ocho días hábiles siguientes al inicio del ciclo de cultivo y durante éste, cuando contrate nuevos trabajadores, el patrón presentará al instituto una relación con el nombre completo y número de seguridad social de los trabajadores eventuales que contrate. En caso de que el trabajador no tenga número de seguridad social, se deberá proporcionar el mes y año de nacimiento del trabajador, en cuyo caso, el instituto asignará el número de seguridad social y lo comunicará al patrón.
b) La relación a que se refiere el inciso anterior deberá ser comunicada al Instituto en medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, conforme a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. Los patrones de hasta treinta trabajadores podrán optar por comunicar los datos mencionados en documento impreso.
III. Determinar las cuotas obrero-patronales a su cargo y enterar su importe al instituto, para lo cual presentará a éste, dentro de los primeros ocho días hábiles del mes siguiente a aquél en que laboraron los trabajadores, la relación de éstos, señalando el nombre completo del trabajador, su número de seguridad social y el período laborado. La relación a que se refiere esta fracción será presentada en los mismos términos y condiciones señalados en el inciso B) de la fracción anterior.
Respecto de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el instituto, por conducto de la subdelegación correspondiente, realizará la individualización y el pago en las entidades receptoras autorizadas, a efecto de que los recursos de cada trabajador sean depositados en la respectiva cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro.
El entero de las cuotas se realizará dentro del plazo señalado en el artículo 39 de esta ley, o bien, el patrón podrá optar por enterarlas conjuntamente con la actualización respectiva, en forma diferida o a plazos, sin la generación de recargos, conforme a las reglas de carácter general que emita el Consejo Técnico, tomando en cuenta la existencia de ciclos estacionales en el flujo de recursos en ciertas ramas de la producción agrícola.
En caso de que el patrón no determine las cuotas obrero-patronales a su cargo, el instituto, con base en la información proporcionada por el patrón, aquella con la que cuente o la que conozca con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, determinará las cuotas causadas y notificará al patrón la cédula de liquidación correspondiente.
IV. Entregar a cada trabajador, al término de la relación laboral, constancia escrita del periodo laborado durante el ciclo de cultivo y del salario percibido, la cual, en su caso, podrá ser exhibida por el trabajador para acreditar sus derechos.
Los patrones deberán cubrir las cuotas obrero-patronales, aun en el caso de que no sea posible individualizarlas oportunamente. En tanto se efectúa la individualización por parte del instituto, su monto se destinará a la reserva general financiera y actuarial a que se refiere el artículo 280, fracción IV, de esta ley, sin perjuicio de que a aquellos trabajadores que acreditaren sus derechos se les otorguen las prestaciones diferidas que les correspondan, y
V. Cumplir, en lo conducente, con las demás disposiciones de esta ley y sus reglamentos.
El derecho a que se refiere el párrafo anterior podrá ser ejercitado por los trabajadores de manera directa, o bien, a través de su representante legal quien acreditará dicha representación en los términos que establezca el reglamento correspondiente.
La solicitud de inscripción a que se refiere el primer párrafo de este artículo se podrá realizar en la localidad en la que estén prestando sus servicios, o en su lugar de origen.
Lo anterior no libera a los patrones del cumplimiento de sus obligaciones ni les exime de las sanciones y responsabilidades en que hubieran incurrido o del fincamiento de los capitales constitutivos previstos en esta ley.
De igual forma, el trabajador, por conducto del instituto, podrá realizar los trámites administrativos necesarios para ejercer los derechos derivados de las pensiones establecidas por esta ley.
Artículo 237 D. Los patrones del campo que contraten trabajadores eventuales del campo, podrán efectuar la inscripción y el pago de las cuotas obrero patronales con el salario que resulte de aplicar el factor de 1.68, sobre el salario mínimo general del área geográfica que corresponda, siempre y cuando el salario base de cotización sea superior a 1.68 veces el salario mínimo general. En caso contrario, la incorporación y pago de las cuotas obrero patronales, se hará con base en el salario real percibido por el trabajador.
El Consejo Técnico del instituto, proveerá lo necesario, ante el Ejecutivo federal, para la revisión de las bases de cotización a que se refiere este artículo, a fin de propiciar que se mantenga o restituya, en su caso, el equilibrio financiero de los seguros.
Lo anterior, sin perjuicio de los derechos del trabajador previstos en el artículo 237 C de esta ley.
Artículo 237 E. Serán responsables de la inscripción y el pago de las cuotas obrero patronales de los trabajadores eventuales del campo, los patrones que contraten, bajo cualquier título, a terceros para la cosecha de sus cultivos, recolección y preparación de los productos para su primera enajenación, siendo estos últimos obligados solidarios con el patrón, en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley.
Artículo 237 F. En aquellos lugares donde el Instituto no cuente con instalaciones, a juicio del propio instituto, para prestar los servicios de salud que tiene encomendados, éste podrá celebrar convenios con los patrones del campo, para que éstos otorguen a sus trabajadores las prestaciones en especie correspondientes al seguro de enfermedades y maternidad a que se refiere la Sección Segunda, Capítulo IV, del Título Segundo de esta ley, relativas a servicios médicos y hospitalarios, pudiendo convenirse en la reversión de una parte de la cuota obrero patronal en proporción a la naturaleza y cuantía de los servicios otorgados. En dichos convenios se pactará, en su caso, el pago de subsidios a través de un esquema programado de reembolsos, en los términos que establezcan las reglas de carácter general que para tal efecto expida el Consejo Técnico.
Los trabajadores eventuales del campo y sus beneficiarios, durante el tiempo que aquéllos estén sujetos a una relación laboral, recibirán las prestaciones del seguro de enfermedades y maternidad en la localidad en que realizan su trabajo, o bien, en el lugar de su residencia, cuando los beneficiarios permanezcan en el mismo lugar.
Las dependencias y entidades de la administración pública federal que forman parte del sistema nacional de salud, en términos de las disposiciones aplicables, facilitarán la incorporación de los trabajadores eventuales del campo a los programas de salud del Estado mexicano en sus lugares de origen, cuando no estén sujetos a una relación laboral y, por tanto, no gocen de los beneficios del régimen de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin perjuicio de otorgarles apoyos previstos en otros programas de la administración pública federal.
Artículo 237 G. En aquellos lugares donde el instituto no cuente con instalaciones, a juicio del propio instituto, para prestar los servicios de guardería que tiene encomendados, éste podrá celebrar convenios con los patrones del campo y organizaciones de trabajadores eventuales del campo para la subrogación de los servicios que contempla el ramo de guarderías a que se refiere la Sección Primera, Capítulo VII, del Título Segundo, de esta ley, en los términos que establezcan las reglas de carácter general que para tal efecto expida el Consejo Técnico.
Cuando los hijos que tengan derecho al servicio de guardería no acompañen al trabajador, dichos servicios se prestarán en sus lugares de origen, en los términos establecidos en el párrafo anterior. Asimismo, las dependencias y entidades de la administración pública federal que forman parte del sistema nacional de guarderías y estancias infantiles celebrarán, a solicitud del Instituto Mexicano del Seguro Social, los convenios de colaboración correspondientes.
Artículo 237 H. En todo caso, los patrones del campo y las organizaciones a que se refiere este capítulo estarán obligados a proporcionar al instituto los informes y estadísticas que éste les exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el propio instituto, en los términos de las reglas de carácter general que con respecto a los servicios médicos y de guarderías expida el Consejo Técnico.
Artículo 238. La trabajadora eventual del campo tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio a un subsidio en los términos establecidos en los artículos 101 y 102 de esta ley, con la salvedad que para tener derecho al subsidio se requiere que tenga cubiertas por lo menos doce cotizaciones semanales, dentro de los doce meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio.
Artículo 239. Para efectos de las pensiones de los seguros que comprende el régimen obligatorio, los trabajadores eventuales del campo se sujetaran a las siguientes modalidades:
El seguro de sobrevivencia cubrirá a los beneficiarios del pensionado a consecuencia de un riesgo de trabajo, al fallecimiento de éste, la pensión y demás prestaciones económicas a que se refiere el Capítulo III del Título Segundo de esta ley; si al momento de producirse el riesgo de trabajo, el asegurado hubiere cotizado cuando menos setenta y cinco semanas, el seguro de sobrevivencia también cubrirá el fallecimiento de éste por causas distintas a riesgos de trabajo o enfermedades profesionales.
II. Invalidez y vida
a) Para gozar de las prestaciones del ramo de invalidez se requiere que al declararse ésta el trabajador eventual del campo tenga acreditado el pago de ciento veinticinco semanas de cotización. En el caso que el dictamen respectivo determine el setenta y cinco por ciento o más de invalidez sólo se requerirá que tenga acreditadas setenta y cinco semanas de cotización.
b) Cuando ocurra la muerte del trabajador eventual o del pensionado por invalidez, el instituto otorgará a sus beneficiarios las prestaciones a que se refiere el artículo 127 de esta ley, siempre que al fallecer el trabajador eventual del campo hubiese tenido reconocido el pago al instituto de un mínimo de setenta y cinco cotizaciones semanales, o bien que se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez y que la muerte no se deba a un riesgo de trabajo.
III. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez
a) Cuando el asegurado que se hubiese desempeñado siempre como trabajador eventual del campo, quede privado de trabajos remunerados a partir de los sesenta años de edad, para gozar de las prestaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez establecidas en esta ley, requerirá de tener reconocidas ante el Instituto un mínimo de seiscientas veinticinco cotizaciones semanales.
b) Cuando el asegurado que se hubiese desempeñado siempre como trabajador eventual del campo, haya cumplido sesenta y cinco años de edad, podrá tener derecho al goce de las prestaciones del seguro citado en el inciso anterior, si tiene reconocidas por el instituto un mínimo de seiscientas veinticinco cotizaciones semanales.
II. Retirar de su subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el noventa y nueve por ciento del saldo de la propia subcuenta, a partir del trigésimo día natural contado desde el día en que quedó desempleado. Este derecho podrá ejercerlo, siempre que no haya efectuado retiros por esta misma causa, durante los dos años inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud correspondiente.
Artículo 239 C. Se reputará como fraude y se sancionará como tal, en los términos del Código Penal Federal, la inscripción como trabajador eventual del campo de personas que no tengan ese carácter, así como la obtención o el propiciar su obtención, de los seguros, prestaciones y servicios que esta ley establece, mediante cualquier engaño o aprovechamiento de error, ya sea en virtud de simulación, sustitución de personas o cualquier otro acto.
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor a los noventa días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. A partir de la entrada en vigor de este decreto se derogan las disposiciones que se opongan a éste.
Dado en el salón de sesiones de las Comisiones Unidas, Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a los 19 días de febrero del año 2009.
La Comisión de Seguridad Social
Diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Sara Shej Guzmán (rúbrica), Joel Arellano Arellano, Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro, Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Ramón Almonte Borja (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo, Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Patricio Flores Sandoval, Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez, Joel Ayala Almeida, Lorena Martínez Rodríguez, Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica).
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