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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFE y a la Fepade a coordinarse con la comisión especial que vigilará el correcto uso de los recursos públicos federales, estatales y municipales en el proceso electoral federal de 2009, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT y a Telecomunicaciones de México que informen a esta soberanía sobre el estado en que se encuentran o terminaron los contratos de seguros de vida o retiro de Aseguradora Hidalgo, hoy Met Life, contratados en 1975 y años subsecuentes para los trabajadores y ex trabajadores de ese organismo público, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a ordenar el retiro de los sellos de suspensión de actividades de las obras del paso a desnivel en Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional, en la delegación Miguel Hidalgo, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, relativo a la situación de cinco ciudadanos cubanos detenidos injustamente en Estados Unidos de América, suscrita por los diputados José Jacques y Medina y Pablo Leopoldo Arreola Ortega, de los Grupos Parlamentarios del PRD, y del PT, respectivamente.
- Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía manifiesta su enérgica desaprobación a las declaraciones de la titular de la SRE respecto a que Baja California, Chihuahua y Sinaloa son la meca y zonas exclusivas del país afectadas por la violencia y la inseguridad pública, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a vigilar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales necesarias para la protección de los trabajadores de la construcción en diversos tramos de la autopista Durango-Mazatlán, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar a través de la SCT y de la Semarnat las medidas necesarias para que en la construcción y operación del puerto de Punta Colonet se salvaguarde de contaminación lumínica el cielo nocturno de Baja California, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, sobre la desaparición forzada y la ejecución de dos integrantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a investigar sobre los temas abordados en las conversaciones del titular de la SCT y a hacer públicos los resultados de las pesquisas para fincar responsabilidades y sancionar al culpable; e investigar el desempeño como funcionaria federal de la licenciada Purificación Carpinteyro, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador, al Congreso y al órgano de fiscalización de Puebla a proporcionar información relacionada con la fiscalía especial contra pederastas, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a crear una unidad de género en la estructura administrativa de la institución, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al gobierno federal a realizar mediante la Cibiogem, la Sagarpa, la Semarnat y la Profepa las acciones correspondientes en materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados ante la detección de contaminación de maíz nativo por transgénico, a cargo del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que suspenda la aplicación del horario de verano en tanto no se demuestren la disminución anual del consumo de electricidad y el ahorro acumulado desde su establecimiento, a cargo del diputado Juan Darío Lemarroy Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un programa de rescate y reestructuración de la cartera vencida de pequeños consumidores y ahorradores para reactivar la economía nacional, a cargo del diputado Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Relativa al Día de la Bandera, por celebrarse el 24 de febrero, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Grupo Parlamentario del PRD.
Proposiciones
El suscrito, Juan Nicasio Guerra Ochoa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
2. Los objetivos específicos de la comisión especial serán
a) Fomentar entre la sociedad y las instituciones públicas la cultura de la denuncia y prevención de delitos electorales; y
b) Vigilar que los candidatos a cargos de elección popular, los partidos políticos, los funcionarios públicos, y las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal no empleen recursos públicos, ya sean financieros, materiales o humanos, para apoyar a algún candidato o partido político, así como actos o eventos de índole proselitista.
3. Que entre las facultades de la comisión especial se encuentran:
3) Realizar visitas a cualquier entidad federativa y municipio en los cuales, de acuerdo con la información recibida y analizada acerca de la comisión de un delito, se presuma infracción o desvío de recursos en materia electoral, dando prioridad a las cabeceras distritales según la división realizada por el Instituto Federal Electoral.
4) Solicitar la información que considere pertinente a los servidores públicos, a los partidos políticos y a cualquier otro sujeto o ente de derecho público o privado cuyas actividades o información sean de utilidad para corroborar la legitimidad, equidad y legalidad del proceso electoral federal, así como para ayudar en la vigilancia del empleo de los recursos públicos en el proceso electoral.
5) Trabajar en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a fin de realizar reuniones y visitas, así como de canalizar a dicha fiscalía las denuncias ciudadanas que se reciban relacionadas con el probable uso indebido de recursos públicos en el proceso electoral federal.
4. Que el 13 de noviembre de 2007 se reformaron los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116, 122, 134 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el nuevo marco jurídico que regulará al Instituto Federal Electoral, depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, cuyos principios rectores son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
5. Que la fracción V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 79 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen que la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos es el órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación. Dicho órgano técnico no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se propone adicionar entre las facultades de la comisión especial un numeral 6 y recorrer los subsecuentes, para quedar de la siguiente manera:
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2009.
Diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SCT Y A TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN O TERMINARON LOS CONTRATOS DE SEGUROS DE VIDA O RETIRO DE ASEGURADORA HIDALGO, HOY MET LIFE, CONTRATADOS EN 1975 Y AÑOS SUBSECUENTES PARA LOS TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DE ESE ORGANISMO PÚBLICO, A CARGO DEL DIPUTADO OTHÓN CUEVAS CÓRDOVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Othón Cuevas Córdova, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a Telecomunicaciones de México (Telecomm) a informar sobre los seguros de vida, de retiro, o de ambos, de Aseguradora Hidalgo, hoy Met Life, contratados en 1975 y años subsecuentes, para los trabajadores de Telecomm, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Una de las obligaciones del Estado con sus trabajadores es ofrecerles seguridad y la protección al concluir su vida laboral. Para ello, el gobierno cuenta con instituciones de seguridad social y con un sistema de pensiones recientemente reformado en el entendido de fortalecer un sistema de retiro que cubra las necesidades básicas de los ex trabajadores del Estado y dejando lamentablemente esta responsabilidad a los propios empleados en activo. Sin embargo, antes de esta reforma, las obligaciones hacia los trabajadores están garantizadas por la propia institución creada para este propósito, como lo es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
Adicionalmente, algunas dependencias del gobierno contrataron instrumentos de apoyo en beneficio de sus empleados, tal es el caso de Telecomunicaciones de México (antes Telégrafos Nacionales), la cual, en mayo de 1975, contrató un seguro colectivo de retiro para todos los trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la entonces Aseguradora Hidalgo, SA, por un monto de 100 mil pesos para cada uno de ellos que dejara de laborar y que hubiera cumplido más de quince años ininterrumpidos prestando sus servicios para la institución.
Con el mismo fin, se contrató otro seguro de vida o retiro entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la misma aseguradora Hidalgo, SA; hoy Met Life, por la cantidad de 40 mil pesos, con un incremento de 4 por ciento sobre la suma total por cada año de servicios prestados con exceso a los quince, hasta cubrir el 100 por ciento con treinta años de servicio. Finalmente también se acordó el pago de los dividendos de un seguro colectivo capitalizable, cuya vigencia data del catorce de diciembre de 1990, y lo cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1993.
Sin embargo, estas prestaciones no han surtido efecto para un grupo de trabajadores de Telecomunicaciones de México, puesto que la compañía aseguradora argumenta que los contratos fueron cancelados con anterioridad, dando aviso a las autoridades competentes.
Esta anomalía ya ha sido denunciada legalmente por ex trabajadores afectados de Telecomunicaciones de México en el estado de Oaxaca, quienes solicitaron a la aseguradora Met Life, SA, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la SCT que se entregue la cantidad estipulada en los contratos de los seguros.
Sin embargo, independientemente del proceso judicial, que se encuentra en curso en un juzgado de la ciudad de Oaxaca desde el año dos mil seis, no es posible que la falta de transparencia e información tanto en la institución como en el sindicato afecte de esta forma a quienes dieron su vida laboral y entregaron todo su esfuerzo a una institución del Estado mexicano.
Por ello y lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Telecomunicaciones de México que informen a esta soberanía sobre el estado en que se encuentran y la forma en que se dieron por terminados los contratos del seguro colectivo de retiro, el seguro de vida de retiro y el seguro colectivo capitalizable que se contrataron con la aseguradora Hidalgo, SA, hoy Met Life, SA, en 1975 y subsecuentes, para los trabajadores y ex trabajadores de Telecomunicaciones de México.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2009.
Diputado Othón Cuevas Córdova (rubrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A ORDENAR EL RETIRO DE LOS SELLOS DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS OBRAS DEL PASO A DESNIVEL EN FERROCARRIL DE CUERNAVACA Y EJÉRCITO NACIONAL, EN LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, María Gabriela González Martínez, diputada federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta honorable asamblea con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al ciudadano jefe de Gobierno del Distrito Federal a ordenar, en el ámbito de sus facultades, el retiro de los sellos de suspensión de actividades del paso a desnivel en Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional, ubicado en el órgano político-administrativo denominado Miguel Hidalgo, bajo los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 6 de junio del año 2008, mediante oficio número DGODU/1808/2008, se remitió un oficio al licenciado Raúl Armando Quintero, secretario de Transporte y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal (Setravi), por parte de la Dirección General de Obras y de Desarrollo Urbano (DGODU) de la delegación Miguel Hidalgo, a cargo del Arquitecto Luis Eduardo Vallejo Moreno; en el cual se remitían para su consideración de la Setravi, los planos de los proyectos de vialidades que a continuación se relacionan:
2. Palmas-Monte Tabor
3. Palmas-Cerro Pichagua
4. Palmas-Cofre de Perote
5. Avenida Ejército Nacional y Ferrocarril de Cuernavaca
2. Con fecha 12 de junio del año 2008 el director general de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Miguel Hidalgo envío los planos (en planta y secciones transversales) de los proyectos de vialidades referidas con anterioridad.
3. El 7 de julio del año 2008, mediante el número de Oficio DGODU/2107/2008, la DGODU remitió a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, el proyecto ejecutivo de la obra de pasos deprimidos Reforma-Bosques, así como el catálogo de conceptos del mismo, para la validación y comentarios de la secretaría.
4. Con fecha 9 de julio fueron remitidos a la Setravi los planos de proyecto básico, donde se atendían las observaciones hechas por la secretaría para las intersecciones, y con fecha 4 de agosto de 2008, se recibió por parte del director general de Obras Públicas del Gobierno del Distrito Federal, los comentarios y observaciones del proyecto ejecutivo de obra de pasos deprimidos Palmas-Reforma-Bosques.
5. Mediante el número de oficio DGODU/2250/2008, de fecha 21 de julio del año 2008, la DGODU de la delegación Miguel Hidalgo remitió a la Setravi, para su validación los proyectos básicos de las obras referidas en el numeral primero del presente punto de acuerdo.
6. Con fecha 22 de julio del año 2008, la Dirección de Planeación y Vialidad de la Setravi, en contestación a los oficios DGODU/2136/2008 y DGODU/2250/2008, de fecha 9 de julio y 21 de julio, respectivamente, comunicó a la delegación Miguel Hidalgo que después de revisar los planos de los proyectos se concluía lo siguiente:
Si bien dichos planos contemplan las adecuaciones y correcciones indicadas en nuestro similar DGPV/1949/08, del 24 de junio del actual representan una entrega parcial del proyecto geométrico definitivo de la ingeniería básica, por lo que, para estar en condiciones de emitir el visto bueno relativo al proyecto de las cinco intersecciones antes mencionadas por parte de esta secretaría, nos deberán proporcionar el faltante de la documentación que integre la totalidad de la ingeniería básica para cada intersección, de acuerdo a la siguiente relación:
Ingeniería básica
2. Soluciones a los pasos peatonales que se requieran.
3. Documento de la justificación técnica-económica.
4. Documento del análisis beneficio/costo para la vida útil de servicio del proyecto.
5. Plano topográfico y de instalaciones (subterráneas, elevadas y superficiales.
6. Localización de bancos de nivel (ubicación y elevación).
7. Planta general de trazo con su referenciación correspondiente.
8. Geometría suplementaria (planta de gálibos).
9. Perfiles y proyectos de rasantes.
10. Secciones de construcción.
11. Secciones niveladas.
12. Proyecto Definitivo de señalamiento horizontal y vertical.
13. Proyecto de desvío de tránsito y protección de obras.
14. Proyecto urbano.
2. Proyecto geométrico.
3. Proyecto Estructural.
4. Proyecto de señalamiento horizontal y vertical.
5. Estudio de impacto ambiental.
6. Proyecto de instalaciones hidráulicas.
9. El 6 de octubre de 2008, la delegación Miguel Hidalgo signó oficialmente, y después de haber cumplido con la normatividad aplicable, con autoridades del Gobierno del Distrito Federal un convenio para edificar un deprimido vial en los cruces de las avenidas Palmas-Reforma-Bosques y el distribuidor vial en Ejército Nacional en su cruce con Ferrocarril de Cuernavaca.
10. Con fecha 3 de febrero de 2009, mediante oficio SMA/DGRA/DEIA/00220/2009, suscrito por Alejandro Rafael Nyssen Ocaranza, director general de Regulación Ambiental, se tuvo por cumplidos los puntos del acuerdo SMA/DGRA/DEIA/6873/2008 del 18 de diciembre de 2008, ordenando en su resolutivo Tercero entre otras cosas lo siguiente:
(?)
11. El día 17 de febrero la delegación Miguel Hidalgo recibió la notificación del acuerdo dictado por el juez décimo segundo de distrito en materia administrativa del Distrito Federal el 13 de los corrientes, en el juicio ordinario federal número 5/2008, para que en un término de tres días informará respecto al cumplimiento dado a las medidas cautelares otorgadas mediante el auto del 10 de diciembre de 2008. Asimismo, se precisa que mediante acuerdo de 22 de enero de 2009, el Juez Federal citado, al responder una denuncia de violación a la suspensión promovida por el Liceo Franco Mexicano, AC, aclaró que "el efecto de dichas medidas (cautelares) consistió en paralizar sólo aquéllos trabajos del distribuidor vial que afectara los indicados poliductos, mas no la suspensión total de tales trabajos" (sic). Asimismo, el Juez federal en el auto que se notificó aclaró que
Capítulo II
Medidas de Seguridad
I. El aislamiento temporal, parcial o total del área afectada;
II. La suspensión de trabajos, actividades y servicios;
III. La evacuación de inmuebles; y,
IV. La clausura permanente de establecimientos mercantiles; y
V. Las demás que sean necesarias para llevar a cabo la protección civil.
Considerandos
1. Que conforme a la fracción LII del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a los titulares de los órganos político-administrativos de cada demarcación territorial:
LII. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en las vialidades primarias y secundarias de su demarcación, con base en los lineamientos que determinen las dependencias centrales
2. Que los pasos inferiores o deprimidos no son obras gigantescas, que alteren la fisonomía de la infraestructura urbana. Son obras prácticas y sencillas que ayudan a dar una mayor fluidez al tránsito. Son una solución urbana usual en las grandes ciudades de todo el mundo.
3. Que entre las ventajas de los deprimidos podemos encontrar: que reduce el congestionamiento y el tráfico fluye más rápido, existen menores tiempos de traslado, no se altera la fisonomía de una vía, hay menor contaminación, lo que disminuye estrés y ruido.
4. Que, como se observa en los antecedentes del presente punto de acuerdo, las obras que integran la primera etapa de las soluciones viales en las avenidas Ejército Nacional y Ferrocarril de Cuernavaca, no tienen impedimento legal alguno para su ejecución, ya que la delegación Miguel Hidalgo cuenta con todas las autorizaciones, permisos y licencias correspondientes, y satisfacen plenamente los requerimientos en materia de protección civil para la seguridad de los vecinos de la zona.
5. Que a pesar de contar con las autorizaciones por parte de las autoridades competentes del Distrito Federal, así como del Gobierno Federal, con fecha 20 de febrero de 2009, siendo aproximadamente las 15 horas con 3 minutos, se constituyó en Ferrocarril de Cuernavaca y Ejército Nacional personal de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal para dar cumplimiento a lo ordenado en la Resolución Administrativa contenida en el oficio SPC/SCPPP/DGP/347/2009, de fecha 19 de febrero de 2009, suscrita por el director general de Prevención de la Secretaría de Protección Civil, procediendo a suspender los trabajos en dicha zona, colocando sellos de suspensión de actividades en la periferia de la zona confinada.
6. Que la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal carece de facultades para suspender obras públicas, ya que el artículo 96 de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal en que fundamenta su actuar, no contempla la suspensión de obras públicas, además de que indebidamente motivan la resolución argumentando que es para garantizar la continuidad de los servicios de gas natural, productos petrolíferos, preservar las líneas de conducción a base de fibra óptica, líneas de alta tensión eléctrica, de infraestructura hidráulica, sin que en la obra en proceso, concretamente por lo que hace al tramo suspendido en la diligencia, afecte dichos servicios o exista riesgo alguno.
7. Que asimismo, tal como se anota en el antecedente número 10 del presente punto de acuerdo, el oficio número SMA/DGRA/DEIA/00220/2009, se señala que la Dirección General de Regulación Ambiental no tenía inconveniente en que se iniciarán las obras del proyecto denominado "Distribuidor Vial Avenida Ejército Nacional-Ferrocarril de Cuernavaca, ubicado en la delegación Miguel Hidalgo". Asimismo, el punto resolutivo del oficio mencionado señalaba que con la finalidad de garantizar la integridad física de los ductos de PEMEX y Gas Natural, se debería establecer una distancia mínima de un metro entre estos y las zonas de excavación y/o perforación.
8. Que el juez décimo segundo de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, señaló que no se habían demostrado por parte de la delegación violaciones a las medidas cautelares, por lo anterior, y debido a la suspensión llevada a cabo el 20 de febrero de los corrientes, se conjetura que el proceder de las autoridades responde a una serie de actos ilegales, arbitrarios y claramente politizados, del gobierno capitalino en contra de la delegación Miguel Hidalgo, toda vez que sin motivar y fundamentar su actuar suspenden una obra que ha transitado por una serie de trámites administrativos, con objeto de certificar una obra, y contar con los permisos y autorizaciones requeridas para su ejecución.
9. Que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal deben informar a la Comisión del Distrito Federal de esta soberanía su actuación con respecto a las autorizaciones para la ejecución de las obras públicas denominadas soluciones viales del distribuidor vial avenida Ejército Nacional-Ferrocarril de Cuernavaca, en la delegación Miguel Hidalgo, a efecto de que no se sigan obstaculizando obras legales y transparentes.
Por lo expuesto, someto a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al ciudadano jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, a realizar, en el ámbito de sus facultades, lo siguiente:
b) Informe de manera pormenorizada a la Comisión del Distrito Federal de esta soberanía sobre el fundamento legal aplicado para la suspensión de actividades del proyecto de obra pública denominado distribuidor vial avenida Ejército Nacional?Ferrocarril de Cuernavaca, ubicado en la delegación Miguel Hidalgo.
c) Informe de manera pormenorizada si la autoridad tiene conocimiento de posibles actos de violencia registrados durante la ejecución de las obras en el distribuidor vial avenida Ejército Nacional?Ferrocarril de Cuernavaca.
Diputada María Gabriela González Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA SITUACIÓN DE CINCO CIUDADANOS CUBANOS DETENIDOS INJUSTAMENTE EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ JACQUES Y MEDINA Y PABLO LEOPOLDO ARREOLA ORTEGA, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD, Y DEL PT, RESPECTIVAMENTE
Los suscritos, diputados de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
Mientras Estados Unidos registra cambios que se orientan a resolver su pasado inmediato, pletórico de violaciones de los derechos humanos, incluido el cierre de la prisión de Guantánamo, en territorio cubano, queda pendiente el caso de cinco ciudadanos cubanos que han padecido un largo proceso en el que se han torcido todas las leyes posibles, tanto estadounidenses como internacionales.
Los cinco cubanos se infiltraron en 1998, desarmados y con riesgo de sus vidas, en los grupos paramilitares de extremistas de derecha anticubanos de Miami, con el propósito de obtener las pruebas necesarias para cimentar ante la justicia la denuncia de sus planes terroristas y prestar así un servicio a la seguridad de los pueblos de Cuba y de Estados Unidos.
La Agencia Federal de Investigaciones (o FBI, por sus siglas en inglés) los detuvo ese año acusándolos de terroristas. En ese momento inició su tormento en subsecuentes juicios amañados en tribunales que han privilegiado el tema ideológico sobre el de la justicia para emitir las sentencias.
Durante 17 meses, los cinco jóvenes fueron tenidos en celdas de aislamiento antes que su caso fuera presentado al tribunal.
No obstante las impugnaciones de los abogados de la defensa en aras de lograr un proceso judicial razonable, el juicio se celebró en el reconocidamente hostil ambiente de Miami y el tribunal las condenó en 2001 a severas penas que en ningún otro contexto habrían sido viables.
Fue un juicio colmado de irregularidades que duró más de seis meses, el más largo en la historia judicial de Estados Unidos hasta entonces. Una feroz campaña de prensa, especialmente intensa en los medios locales, agravó las amenazas e intensas presiones en el proceso de selección de los integrantes del jurado. Un titular del diario El Nuevo Herald, de Miami, el 15 de septiembre de 1998 que decía: "Son traidores y deben darles el más severo castigo", ilustra el ambiente en que tuvo lugar el juicio.
Los únicos tres posibles miembros del jurado que expresaron neutralidad respecto a Cuba al momento de la selección fueron descalificados por el gobierno y, aun así, muchos de los escogidos se quejaron por las presiones con métodos mafiosos para exigirles parcialidad en favor de los intereses de los contrarrevolucionarios cubanos de Miami.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió la opinión de que la privación de libertad de los detenidos viola el artículo 14 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, por tanto, es arbitraria, y el 27 de mayo de 2005 solicitó al gobierno de Estados Unidos que adoptara las medidas necesarias para remediar la situación.
No obstante, René González, Fernando González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y Ramón Labañino continúan detenidos arbitrariamente y lejos de sus familias, por lo que se hace imperioso un reclamo global para que Estados Unidos atienda la resolución de la comisión de la ONU.
Por lo expuesto, ponemos a su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncia porque las autoridades de Estados Unidos atiendan la opinión número 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, según la cual la detención de los cinco ciudadanos cubanos es arbitraria y se hizo en contravención de las garantías necesarias para el debido proceso.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se manifiesta en favor de las gestiones del gobierno cubano para velar por los derechos humanos de los cinco ciudadanos cubanos.
Tercero. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores hacer llegar por vía diplomática copia de este punto de acuerdo al gobierno de Estados Unidos de América, al gobierno de Cuba y a los organismos internacionales que se han pronunciado contra la violación de los derechos humanos de René González, Fernando González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y Ramón Labañino.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2009.
Diputados: José Jacques y Medina (rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTA SOBERANÍA MANIFIESTA SU ENÉRGICA DESAPROBACIÓN A LAS DECLARACIONES DE LA TITULAR DE LA SRE RESPECTO A QUE BAJA CALIFORNIA, CHIHUAHUA Y SINALOA SON LA MECA Y ZONAS EXCLUSIVAS DEL PAÍS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA Y LA INSEGURIDAD PÚBLICA, A CARGO DEL DIPUTADO ENRIQUE SERRANO ESCOBAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Enrique Serrano Escobar, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de lo siguiente:
El lunes 16 de febrero de 2009 la canciller mexicana Patricia Espinosa Cantellano, en conferencia de prensa? en la cual estaba también el ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Michael Martin?, sostuvo que la percepción de mayor violencia en el país es resultado de una estrategia de los grupos del crimen organizado.
Sin embargo, dentro de su discurso en rechazo de la existencia del un Estado fallido, señaló que la escalada de violencia se concentraban sólo en tres entidades: Baja California, Chihuahua y Sinaloa.
Si bien es cierto que existe la necesidad de defender la imagen de nuestro país y que la canciller Espinosa buscaba cumplir con esta función al emitir dichas declaraciones, también lo es que a partir de dicho señalamiento vale la pena hacer algunos planteamientos:
Como parte del Estado mexicano, el territorio nacional está conformado por 31 entidades federativas y un Distrito Federal, dentro de las cuales se encuentran precisamente Baja California, Chihuahua y Sinaloa, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que señalarlas como un punto aparte carece de veracidad además de que una visión de conjunto es obligada en todos los funcionarios de la administración pública federal.
El problema de la inseguridad no tiene delimitación geográfica, actualmente ninguna plaza escapa a la inseguridad pública, la violencia y el golpeteo constante de la delincuencia organizada.
Plantear que la violencia sólo se vive en Baja California, Chihuahua y Sinaloa es una falacia que ofende, no sólo porque falta a la verdad, sino porque lacera su ya de por sí lastimada imagen, satanizándolos y marcándolos como el pariente incómodo, siendo que es trabajo de todos los sectores la lucha contra la delincuencia.
Se trata de sociedades que, pese a los llamados de auxilio que han levantado hacia el Ejecutivo federal, lo único que han recibido son los embates resultantes en nombre de la "lucha frontal contra el crimen" que el Ejecutivo federal ha emprendido, olvidándose de luchar sus propias batallas y pintando un escenario que resulta por demás alejado de la realidad.
Declaraciones como la antes citada, y debido los alcances y repercusión que tiene el que los emita nuestra representante en el exterior por antonomasia, lejos de ayudar, satanizan y lesionan a los estados mencionados que son parte de la federación y sin los cuales no se puede hablar de México como un todo.
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de este pleno, como urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados, manifiesta su enérgica desaprobación a las declaraciones hechas por la licenciada Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores, en las que señala los estados de Baja California, Chihuahua y Sinaloa como la meca y zonas exclusivas del país afectados por la violencia y la inseguridad pública.
Segundo. Se solicita un informe detallado de las acciones que el gobierno federal ha emprendido para afrontar el despliegue de violencia, particularmente en estos estados.
Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a implementar acciones inmediatas que frenen el desmedido aumento de la violencia generada por la delincuencia organizada.
Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones exteriores a conducirse con mayor prudencia en futuros comentarios y abocarse a promover la imagen de nuestro país con información verídica y neutral.
Dado en el Palacio Legislativo, a 24 de febrero de 2009.
Diputado Enrique Serrano Escobar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA STPS A VIGILAR Y ORDENAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIALES NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN EN DIVERSOS TRAMOS DE LA AUTOPISTA DURANGO-MAZATLÁN, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL CÁRDENAS FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
El suscrito, diputado Manuel Cárdenas Fonseca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta como asunto de urgente u obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al secretario de Hacienda y Crédito Público y al procurador general de la República que informen a esta soberanía al respecto de la capitalización de diversos bancos, así como de las repercusiones jurídicas consecuentes, conforme a los siguientes
Antecedentes
A los trabajadores de la construcción de túneles, estructuras, terracerías, obras de drenaje, entronques, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias, y señalamiento del tramo 158+080 al kilómetro 168+400 de la autopista Durango-Mazatlán, en Sinaloa, que tienen a su cargo el grupo de empresas denominadas Innovaciones Técnicas en Cimentación, Tradeco Operación Internacional, Tradeco Industrial, Marcadores de Pavimento y Condux, derivada de la licitación pública internacional número 00009101-002-08; y las empresas FCC Construcción y La Peninsular Compañía Constructora, la construcción de túneles, estructuras, terracerías, obras de drenaje, entronques, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias, y señalamiento del tramo 168+400 al kilómetro 186+300 de la autopista Durango-Mazatlán, en Sinaloa, derivada de la licitación internacional número 00009101-003-08, las constructoras extranjeras, específicamente españolas, les han vulnerado de manera reiterada sus derechos humanos y laborales; infringiendo por ende, la ley fundamental, la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos, incumpliendo sus obligaciones patronales.
Las empresas Innovaciones Técnicas en Cimentación, Tradeco Operación Internacional, Tradeco Industrial, Marcadores de Pavimento y Condux; han dado de alta a los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en una obra distinta de la que trabajan, con ello, al recurrir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para ser atendidos, les niegan el servicio, además de que cuentan con tabuladores en donde las empresas antes aludidas les asignan un salario distinto al que legalmente les corresponde; aparte de que se encuentran en una zona de alto riesgo. Lo anterior, en franca violación a las leyes de orden laboral y fiscal aplicables.
Asimismo, a los trabajadores en cuestión se les obliga a laborar hasta diez horas diarias sin que se les cubra tiempo extraordinario. Además, de su sueldo se descuenta, por concepto de alimentos y cuotas sindicales, un porcentaje considerable; amén de que no cuentan con representante sindical alguno, a pesar de haber sido electo democráticamente, pues las empresas citadas se niegan a reconocerlo, a pesar de que de los debates del constituyente de 1916-1917, referente al artículo 123, apartado A, fracción XVI, de la ley fundamental, se desprende la posibilidad de que los obreros se coaliguen en defensa de sus intereses mediante la constitución de sindicatos.
El artículo 123 de la ley fundamental consagra la libertad sindical con un sentido pleno de universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse, y reconociendo un derecho colectivo, por lo que la autoridad no puede ni debe cuestionar el derecho básico en cualquier estado democrático de derecho, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y las diversas jurisprudencias y tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Consideraciones
Que a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le corresponde, entre otros asuntos, vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 123 de la ley fundamental, la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos, así como estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales, para la protección de los trabajadores, y vigilar su pleno cumplimiento.
Que al Instituto Mexicano del Seguro Social le corresponde, entre otros asuntos, administrar la prestaciones sociales, prestar los servicios de beneficio colectivo, satisfacer las prestaciones que se establecen en la ley y al director general del mismo instituto, implementar mecanismos que faciliten el acceso de los trabajadores a servicios de salud, con base en lo estipulado en la ley fundamental y en la Ley del Seguro Social.
La Asociación Sindical de Trabajadores Constructores, de Servicios, Obras Hidroelectromecánicas, Montaje Industrial y Transporte, Similares de la República Mexicana, demandó la titularidad del contrato colectivo de trabajo ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en contra de las organizaciones sindicales denominados, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, Terraceros, Conexos y Similares de México y Sindicato Industrial de Trabajadores de la Construcción, Acarreo de Materiales, Terracerías, Obras Hidráulicas y Similares de la República Mexicana y las empresas arriba señaladas; por incumplimiento de las condiciones generales de trabajo de quienes se encuentran laborando en la construcción del tramo carretero señalado.
La asociación sindical, por tener el cien por ciento de la representación de los trabajadores, presentó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emplazamiento a huelga por transgresiones al contrato colectivo de trabajo y por las anomalías en las instalaciones del las fuentes de trabajo, mismas que ponen en riesgo inminente la seguridad e integridad física de los trabajadores agremiados a esta asociación sindical. Proveyó un pliego de peticiones a ser observas por las empresas el objetivo de firmar un contrato colectivo de trabajo y el restablecimiento del equilibrio entre los factores de la producción, armonizando los derechos del trabajador con los del capital.
Que en virtud de lo anterior, la Secretaría Auxiliar de Emplazamientos a Huelga rechazó el pliego de peticiones con emplazamiento a huelga ofrecido por la asociación sindical, argumentando la existencia de un contrato colectivo de trabajo de protección previo realizado por las empresas en cuestión. Derivado de ello, la multicitada asociación promovió amparo ante el órgano jurisdiccional que negó el trámite de emplazamiento a huelga por carecer de la debida fundamentación y motivación.
Que la asociación sindical mencionada, representante del interés profesional de los trabajadores, solicitó administrar los contratos colectivos de trabajo, en lugar de que lo hagan los protectores jurídicos de los patrones.
Que la salvaguarda de manera inquebrantable de los derechos fundamentales de los trabajadores reconocidos en el apartado A del artículo 123 del Código Político de 1917, es socavada por las empresas mencionadas con la anuencia de las autoridades administrativas.
Que ante las evidentes violaciones de orden laboral, de protección social y demás irregularidades en que incurren las empresas mencionadas en el apartado anterior, en perjuicio de un significativo número de trabajadores, resulta pertinente que esta soberanía requiera al secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal, así como al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que, en el marco de sus respectivas competencias, realicen de inmediato las investigaciones correspondientes e informen ante este órgano colegiado el estado que guardan los trabajadores de la construcción, procediendo, desde luego, a aplicar las sanciones a que haya lugar a las empresas responsables.
Por lo expuesto y fundado, solicito que, como de urgente u obvia resolución, esta Cámara de Diputados emita el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, para que, en el marco de sus atribuciones, vigile el pleno cumplimiento de las disposiciones contenidas en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos; así como que ordene de inmediato las medidas de seguridad e higiene industriales necesarias para la protección de los trabajadores de la construcción en los tramos carreteros descritos en el apartado de antecedentes y consideraciones de este acuerdo.
Se solicita, igualmente, al secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, que, en el ámbito de sus atribuciones, envíe a inspectores a los centros de trabajo, en Sinaloa; y, atento a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 1998, de ser el caso, se apliquen las sanciones correspondientes a las empresas mencionadas.
Que derivado de lo anterior, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, informe a este órgano colegiado las medidas adoptadas como resultado de la investigación realizada por los servidores públicos que al efecto haya comisionado.
Segundo. La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, establecerá un grupo plural de entre sus integrantes, para que se traslade junto a los inspectores que tenga a bien comisionar el secretario del despacho, y den cuenta de la situación en que se encuentran los trabajadores de la construcción en los centros de trabajos mencionados en el apartado de consideraciones de este acuerdo.
Tercero. Se requiere al director general del Instituto Mexicano de Seguro Social, Juan Francisco Molinar Horcasitas, que, en el marco de sus atribuciones, revise la situación de seguridad social que guardan los trabajadores de la construcción en el tramo carretero, y el cumplimiento de las obligaciones de las empresas aludidas.
Asimismo, derivado de la revisión y resultados de la misma, informe al Pleno de esta soberanía, de ser el caso, las sanciones aplicables a las empresas antes mencionadas.
Dado en el Palacio legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2009.
Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A TOMAR A TRAVÉS DE LA SCT Y DE LA SEMARNAT LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE EN LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PUERTO DE PUNTA COLONET SE SALVAGUARDE DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA EL CIELO NOCTURNO DE BAJA CALIFORNIA, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR MANUEL RAMOS COVARRUBIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Héctor Manuel Ramos Covarrubias, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En abril de 2007, con el apoyo de la UNESCO, se celebró en La Palma, Islas Canarias, España, la Conferencia internacional en defensa de la calidad del cielo nocturno y el derecho a observar las estrellas, al final de la cual se suscribió la Declaración de La Palma por el Derecho a observar las Estrellas.
Los participantes coincidieron en la necesidad de garantizar a las generaciones venideras su derecho a un cielo limpio, que les permita la observación nocturna del firmamento, el cual –concluyeron– representa un soporte de la historia de la humanidad, de la cultura y de los lazos sociales, que asegura a cada generación y a cada individuo su pertenencia a la gran familia humana.
Reconocieron el grave deterioro que ha sufrido la nitidez de la oscuridad nocturna y de cómo esto afecta una adecuada observación astronómica. Igualmente, identificaron la necesidad de dar prioridad a la protección y recuperación de los cielos nocturnos como medio excepcional para el desarrollo de la ciencia, la cultura y el entendimiento común. Para ello propusieron alianzas eficaces y urgentes entre los principales actores que pueden influir con sus decisiones a invertir el proceso de degradación de la calidad de la noche, a fin de forjar la esperanza de recuperar y garantizar la continuidad de este patrimonio de la humanidad.
La contaminación lumínica es definida como la "emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas, en intensidades, direcciones, rangos espectrales u horarios innecesarios para la realización de las actividades previstas en la zona en que se instalan las luces".
Un ineficiente y mal diseñado alumbrado exterior, la utilización de proyectores y cañones láser, la inexistente regulación del horario de apagado de iluminaciones publicitarias, monumentales u ornamentales, etcétera, generan el problema, cada vez más extendido en el globo terráqueo.
La contaminación lumínica tiene como manifestación más evidente el aumento del brillo del cielo nocturno, por reflexión y difusión de la luz artificial en los gases y en las partículas del aire, de forma que se modifican su calidad y las condiciones naturales, hasta el punto de hacer desaparecer estrellas y demás objetos celestes.
El alumbrado exterior es un logro que hace posible desarrollar múltiples actividades en la noche, pero es imprescindible iluminar de forma adecuada, evitando la emisión de luz directa a la atmósfera empleando la cantidad de luz estrictamente necesaria donde necesitamos ver. Toda luz enviada lateralmente, hacia arriba o hacia los espacios donde no es necesaria no proporciona seguridad ni visibilidad y es una fuente de contaminación lumínica y ambiental, además de despilfarro de energía y dinero.
Sobre este grave problema, hasta el momento hay escasa conciencia social, pese a que genera efectos nocivos en materias ambiental y económica, como aumento del gasto energético y económico, inseguridad vial, dificultad en el tráfico aéreo y marítimo, daño de los ecosistemas nocturnos y la degradación del cielo nocturno, entre otros.
Los perjuicios producidos por la contaminación lumínica no se limitan al entorno del lugar donde se produce dicha contaminación; es decir, no sólo afecta a los poblados, polígonos industriales, áreas comerciales, carreteras, etcétera, sino que la luz se difunde por la atmósfera, y su efecto se deja sentir a centenares de kilómetros a la redonda de la fuente de emisión de luz.
La astronomía moderna se centra cada vez más en la observación de objetos cada vez mas débiles, para lo cual requiere observatorios que cuenten con grandes telescopios y de cielos alejados de las fuentes lumínicas que les permitan contar con la oscuridad propicia para observar regiones lejanas del universo.
El país es privilegiado, por el Observatorio Astronómico Nacional, situado en la sierra de San Pedro Mártir, Ensenada, Baja California, por su calidad de cielo óptimo para la observación astronómica, por el gran número de noches despejadas y por los bajos niveles de contaminación lumínica, aunados a su privilegiada ubicación geográfica y climática, que lo colocan como uno de los mejores lugares del mundo para la investigación astronómica.
Debido a las cualidades que presenta para la observación de los astros, la sierra de San Pedro Mártir está siendo considerada para la instalación de un telescopio de gran tamaño, hecho que podría traer una derrama económica importante para la región.
El 2 de septiembre de 2008, el gobierno federal anunció las bases del concurso de licitación para construir y operar Punta Colonet, el puerto intermodal más importante de Latinoamérica y el proyecto de infraestructura más relevante del sexenio por su tamaño, conectividad logística y los 50 mil millones de pesos que la iniciativa privada invertirá en su construcción.
La licitación de Punta Colonet incluye la construcción y operación de la administración portuaria integral, una terminal para el manejo anual de 6 mil contenedores de carga, lo cual representa el doble de lo que se mueve ahora en todo el país, y una frecuencia radioeléctrica.
Asimismo, el proyecto abarca la construcción de al menos dos vías férreas que conectaran a México con Estados Unidos. Al respecto, el proyecto se construirá sobre 2 mil 600 hectáreas de agua de mar, y 87 hectáreas de terrenos situados en Ensenada, Baja California.
Son indudables los beneficios económicos y sociales que traerán la construcción y la operación del megaproyecto a Baja California, y en particular a Ensenada. Por tal razón y en virtud del tamaño del proyecto, es importante tomar todas las medidas necesarias a fin de afectar en la menor medida el ambiente natural de la región.
En razón de lo expuesto, es necesario proteger y contribuir al aumento de la oscuridad del cielo de San Pedro Mártir mediante la puesta en marcha de medidas administrativas que regulen la iluminación de los centros urbanos, parques industriales, y desarrollos turísticos en toda Baja California. Un control adecuado de la contaminación lumínica mediante la sustitución de equipo de alumbrado de última generación traerá como consecuencia un significativo ahorro energético, el cual permitirá recuperar en pocos meses las inversiones hechas. Aunado a lo anterior, Baja California y, en particular, la sierra de San Pedro Mártir podrán seguir contando con las condiciones de oscuridad necesarias para seguir siendo consideradas uno de los mejores sitios para la observación astronómica.
Actualmente es posible aplicar técnicas y medidas para mantener un correcto nivel de iluminación y, con ello, prevenir el problema de la contaminación lumínica, como las siguientes:
b) Usar lámparas de espectro poco contaminante y gran eficiencia energética, como las de vapor de sodio a baja presión o de vapor de sodio a alta presión, con una potencia adecuada al uso.
c) Iluminar exclusivamente las áreas que lo necesiten, de arriba hacia abajo y sin dejar que la luz escape de esas zonas.
d) Ajustar los niveles de iluminación en el suelo a los recomendados por organismos internacionales como el Instituto Astrofísico de Canarias o la Comisión Internacional de Iluminación.
e) Regular el apagado de iluminaciones ornamentales, monumentales y publicitarias.
f) Prohibir los cañones de luz o láser y cualquier proyector que envíe la luz hacia el cielo.
g) Reducir el consumo en horas de menor actividad, mediante el empleo de reductores de flujo en la red pública o el apagado selectivo de luminarias. Apagar totalmente las luminarias que no sean necesarias.
El 20 de diciembre de 2007, la Organización de las Naciones Unidas, en su 62 asamblea general, proclamó 2009 como Año Internacional de la Astronomía, por iniciativa de la Unión Astronómica Internacional y de la UNESCO.
Por lo expuesto, someto a consideración de este Pleno los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a exigir a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales las medidas técnicas y ambientales necesarias a las empresas encargadas de la construcción y posterior operación del puerto multimodal de Punta Colonet, en Ensenada, Baja California, a fin de prevenir la contaminación lumínica que pudiera generar dicho proyecto con las consiguientes afectaciones para la operación del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir.
Segundo. Se recomienda al Ejecutivo estatal y a los gobiernos municipales de Baja California que, en aras de conservar la calidad del cielo nocturno de la entidad, expidan reglamentos para la protección de la contaminación lumínica de todo el estado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2009.
Diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA Y LA EJECUCIÓN DE DOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN PARA EL FUTURO DE LOS PUEBLOS MIXTECOS, A CARGO DE LA DIPUTADA ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
José Antonio Almazán González, Othón Cuevas Córdova, Humberto Alonso Razo, Carlos Martínez Martínez, Marcos Matías Alonso, Víctor Aguirre Alcaide, Modesto Brito González, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Alejandro Sánchez Camacho, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Daniel Torres García, Odilón Romero Gutiérrez, Javier González Garza, Alliet Mariana Bautista Bravo, Holly Matus Toledo y Valentina Valia Batres Guadarrama, diputados por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante la Cámara de Diputados proposición con puntos de acuerdo por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, indígenas mixtecos, presidente y secretario, respectivamente, de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, AC (OFPM), quienes destacaron por su compromiso por la defensa y promoción de los derechos indígenas en la región, fueron agredidos, detenidos y desaparecidos el 13 de febrero en la Ayutla de los Libres y, luego, ejecutados extrajudicialmente. Los cuerpos de los defensores de derechos humanos fueron encontrados la noche del pasado viernes 20 de febrero en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa, a unos 30 minutos de Ayutla, en la región de la Costa Chica de Guerrero.
Raúl Lucas, de 39 años, y Manuel Ponce, de 32, fueron detenidos por tres hombres armados que se identificaron como policías la tarde del viernes 13 de febrero del año en curso, mientras se encontraban en la inauguración de las oficinas de escuelas secundarias generales, en la Ayutla de los Libres, Guerrero. Posteriormente, fueron subidos con violencia a un automóvil que se encontraba con el motor en marcha y con un conductor esperando.
Horas después de la desaparición de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, la señora Guadalupe Castro Morales, esposa de Raúl Lucas Lucía, recibió en su teléfono celular una llamada que provenía del número celular de Manuel Ponce Rosas. Al contestar, una voz le manifestó: "No empieces a chingar; quédate calladita o jodemos a tu esposo. Esto le pasa por defender indios".
Por esos hechos, el mismo día la señora Guadalupe Castro Morales acudió a la oficina del Ministerio Público del Fuero Común de la Procuraduría de Justicia de Guerrero para denunciar la desaparición forzada de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas. Sin embargo, personal de la Procuraduría se negó a abrir una investigación por los delitos cometidos y sólo admitió dar apertura al acta ministerial número ALLE/SC/03/AM/015/2009, para que quedara un antecedente legal. Dicha acta no da apertura a una investigación.
De la misma forma, se interpuso ante el juzgado séptimo de distrito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, el recurso de amparo por incomunicación, solicitando que los desaparecidos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fuesen buscados en las instalaciones de las corporaciones policiacas y de las Fuerzas Armadas, sin que hubiese rendido resultado dicho recurso.
El viernes 20 de febrero, siete días después, y sin ningún avance en las investigaciones que debían realizar las autoridades para localizar a los desaparecidos, los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, así como sus asesores jurídicos y los abogados del centro Tlachinollan, fueron informados que habían sido encontrados dos cuerpos sin vida en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa, a unos 30 minutos de Ayutla, en la región de la Costa Chica de Guerrero. Posteriormente, fue confirmado que eran los cuerpos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
Durante el reconocimiento de los cadáveres, que se encontraban en bolsas de plástico y enterrados a unos 80 centímetros de profundidad, los familiares constataron que éstos presentaban visibles huellas de tortura y que en el caso particular de Raúl Lucas presentaba un orificio de bala en la cabeza, mientras que la muerte de Manuel Ponce se presume que pudo haber sido por traumatismo craneoencefálico.
Contexto
En el caso de Raúl Lucas Lucía, había antecedentes de amenazas y hostigamiento en su contra. El 24 de octubre de 2006, Raúl Lucas presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra soldados del Ejército Mexicano a causa de la retención e interrogatorios ilegales a que fue sometido el 18 de ese mes. Por el mismo hecho, Raúl Lucas interpuso denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), y se abrió la averiguación previa número 355/2006 por los delitos de abuso de autoridad e intimidación.
El 25 de octubre de 2006 fue víctima de interrogatorios y retención ilegal por miembros del Ejército Mexicano; por esos hechos, se presentó una queja ante la CNDH y una denuncia penal en la Agencia del Ministerio Público Federal de Acapulco, Guerrero.
El 15 de febrero del 2007 fue emboscado por personas desconocidas cuando transitaba en una camioneta; fue herido por proyectil de arma de fuego que impactó en el cuello. La PGR dio apertura a la averiguación previa correspondiente sin que a la fecha se presente avance alguno.
Como presidente de la OFPM, Raúl documentó en 2008 cuatro casos de violaciones de los derechos humanos, consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en comunidades indígenas mixtecas y tlapanecas. Esos casos ameritaron también la interposición de cinco quejas ante la CNDH y denuncias penales.
La OFPM, en la que Raúl Lucas se desempeñaba como presidente y Manuel Ponce Rosas como secretario, trabaja con la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco en la reivindicación y realización del derecho al desarrollo de las comunidades de la región. Asimismo, han denunciado múltiples casos de violaciones de los derechos humanos por elementos del Ejército Mexicano; destacan actos de allanamiento, retenciones e interrogatorios ilegales. Al día de hoy, la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que sus integrantes han sido sometidos reiteradamente a amenazas, intimidaciones y hostigamiento por denunciar múltiples violaciones de los derechos humanos perpetradas por autoridades federales.
El Informe sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en las Américas (Washington, 2006, OEA/Ser.L/V/II.124 Doc... 5 rev. 1, 7 de marzo de 2006), de la CIDH, señala que cuando se pretende silenciar e inhibir la labor de los defensores se niega a su vez a miles de personas la oportunidad de obtener justicia por violaciones de sus derechos fundamentales, lo que pone en riesgo la labor de protección y promoción de los derechos humanos, la verificación social del correcto funcionamiento de las instituciones públicas, y el acompañamiento y apoyo judicial de víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otras tareas.
Tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han constatado que las violaciones graves de los derechos humanos de los defensores de derechos tienen un efecto amedrentador directo en los procesos de reivindicación de derechos o de denuncia de violaciones. Los atentados contra ellos pueden producir la inmediata paralización o la disminución casi total de su labor pues, entre otras, cosas provocan que los defensores deban abandonar las zonas de trabajo, cambiar su residencia o hábitos de trabajo e, incluso, en algunos casos, abandonar el país.
El informe de la CIDH ha destacado que hay necesidad de otorgar especial atención a ciertos grupos de defensores de derechos humanos, pues se encuentran más expuestos al menoscabo de sus derechos que otros, como los líderes sociales que realizan y organizan manifestaciones públicas, los líderes indígenas que defienden sus derechos como pueblos indígenas y los operadores de justicia, especialmente, en cuanto sustancian causas sobre violaciones de derechos humanos.
Por otra parte, la Corte Interamericana ha señalado que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente sino, también, el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna.
La desaparición y ejecución de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, agravadas por su condición de defensores de derechos humanos, deben obligar al Estado a implantar de manera expedita todas las medidas necesarias para investigar, identificar y sancionar a los responsables, pues sólo si esclarecen las circunstancias de la violación, el Estado habrá proporcionado a los familiares de las víctimas el derecho a conocer la verdad de lo sucedido, a fin de que éstos recobren la confianza en las instituciones del Estado y en la sociedad. Asimismo, el Estado a partir de la investigación y sanción de los responsables pondrá de relieve el papel fundamental que se asigna al combate de la impunidad, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.
El Consejo de Derechos Humanos señaló en el examen periódico universal presentado por México el 10 de febrero diversas recomendaciones que deben ser atendidas por el gobierno de México, entre las que destacamos:
Reconocer públicamente el importante papel de los defensores de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales para la protección de los derechos humanos en México.
Que los crímenes contra defensores de derechos humanos, periodistas y abogados sean investigados y "procurados" de manera efectiva y que se castigue a los responsables.
Continuar la promoción del proyecto de ley sobre desapariciones forzadas.
Ampliar a otras entidades federativas la tipificación del delito de desaparición forzada y el mecanismo de compensación para las víctimas y sus familiares.
Continuar las reformas en materia de seguridad pública y el sistema de justicia penal; y garantizar que las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad sean investigadas, los autores llevados ante la justicia y las víctimas indemnizadas.
Revisar el Código de Justicia Militar a fin de adecuarlo más estrechamente a las obligaciones internacionales de derechos humanos.
Reconocer la centralidad de los derechos humanos en el enfoque de la mejora de la seguridad pública.
De ser cierto lo anterior, el Estado deberá investigar y dar a conocer los hechos que puedan establecer fehacientemente, procesar y castigar a los responsables, reparar integralmente los daños morales y materiales ocasionados, y extirpar de los cuerpos de seguridad a quienes se sepa que han cometido, ordenado o tolerado esos abusos.
En razón de lo anterior, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos con carácter de urgente y obvia resolución la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Procuraduría General de la República que, dada la trascendencia de los casos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, atraiga la investigación a efecto de realizar una indagatoria a fondo, independiente, imparcial y autónoma, que permita a los familiares acceder a la justicia. En caso contrario, se exhorta al gobernador y al procurador de Justicia de Guerrero a realizar las investigaciones correspondientes de manera independiente, exhaustiva e imparcial en torno de la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de los señores Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a tomar en el ámbito de sus atribuciones las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los integrantes la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, AC, así como de los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas; y a informar de las medidas que se adopten, en un plazo de 30 días naturales, a esta soberanía.
Tercero. Se solicita a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública federal y a la Secretaría de la Defensa Nacional que informen si se realizaron operaciones y detenciones durante el 13 de febrero de 2009 en Ayutla, Guerrero, y que informen a esta soberanía en un plazo de 30 días naturales.
Cuarto. Se solicita a la Secretaría de Gobernación que a través de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos refuerce las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco.
Quinto. Se solicita a la Secretaría de Gobernación que a través de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos realice las acciones necesarias para implantar un programa de protección de defensores de derechos humanos a partir del cual garantice condiciones de trabajo y de seguridad para quienes comprometen su vida por la defensa y promoción de los derechos humanos.
Sexto. Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que presente ante el Senado, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, el documento de reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, creado en virtud de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, para su estudio y dictamen.
Salón de sesiones, a 24 de febrero de 2009.
Diputados: José Antonio Almazán González, Valentina Valia Batres Guadarrama, Humberto Alonso Razo, Holly Matus Toledo, Víctor Aguirre Alcaide, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Odilón Romero Gutiérrez, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Othón Cuevas Córdova, Carlos Martínez Martínez, Marcos Matías Alonso, Modesto Brito González, Alejandro Sánchez Camacho, Daniel Torres García, Javier González Garza.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INVESTIGAR SOBRE LOS TEMAS ABORDADOS EN LAS CONVERSACIONES DEL TITULAR DE LA SCT Y A HACER PÚBLICOS LOS RESULTADOS DE LAS PESQUISAS PARA FINCAR RESPONSABILIDADES Y SANCIONAR AL CULPABLE; E INVESTIGAR EL DESEMPEÑO COMO FUNCIONARIA FEDERAL DE LA LICENCIADA PURIFICACIÓN CARPINTEYRO, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS RAMÍREZ STABROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En días pasados se dio a conocer a la opinión pública, a través de diversos medios de comunicación, el contenido de una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas que realizó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, en las cuales se conversaba sobre temas que nos revelan la manera de actuar del gobierno federal ante la incompetencia en el ejercicio público.
La información de que disponemos nos permite señalar que, entre los temas abordados, uno de ellos destaca en razón de lo que representa para nuestro país: el gran adeudo que presenta el Servicio Postal Mexicano.
En este caso, la conversación telefónica fue entre el titular de Comunicaciones y Transportes y su secretario particular, Ricardo Ríos, ambos personajes hacían comentarios alusivos a la ex directora general, Purificación Carpinteyro, señalando que durante la gestión de ésta última se tomaron decisiones que incrementaron el monto del déficit, que al final de 2008 ascendió a mil 994 millones de pesos, que contrastan con los 390 millones autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del mismo año.
La diferencia entre lo aprobado y lo registrado es más de mil 600 millones de pesos, monto que resulta mayor al otorgado a algunas instituciones u organismos públicos.
Sin embargo, para entender de una mejor manera el contexto de las conversaciones es conveniente que conozcamos un poco más de los involucrados. Respecto al secretario Téllez, es por demás conocida su trayectoria política y en el ejercicio público.
Sin embargo, en el caso de la ex subsecretaria Purificación Carpinteyro es importante mencionar que durante el tiempo que se desempeñó dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizó una serie de acciones que se pueden considerar como antiéticas y con total falta de responsabilidad en el ejercicio público, entre las que podemos mencionar las siguientes:
Duplicó el salario de miles de empleados a través de una Bolsa de Alto Desempeño (BAD) que administra los bonos de productividad;
Pagó favores recibidos mediante la contratación en 2008 de Manuel Patricio Estévez Nenninger (esposo de la ex candidata pesidencial, Cecilia Soto) como gerente estatal de Sonora;
Autorizó gastos innecesarios, como los famosos "toilettes del Palacio Postal" cuyo costo ascendió a más de 121 millones de pesos;
Patrocinó una cena baile en yate a invitados al World Mail & Express Americas, que se realizó en febrero de 2008, cargando el costo de dicho evento al erario;
Y desempeño uno de los cargos más trascendentales en el ámbito nacional, ya que tenía a su cargo la vigilancia de la operación de la red privada del Ejecutivo federal (los teléfonos rojos).
La ex subsecretaria es una muestra contundente de la falta de autoridad y de control del titular de la SCT; asimismo, es una manifestación de la falta de comunicación y de incapacidad de los miembros de la administración pública federal para resolver asuntos públicos.
Como Congreso, tenemos la obligación de velar por los intereses de la sociedad mexicana, así como de cada uno de los grupos que la integran, es por ello que éste tipo de situaciones es fundamental aclararlas a fin de dar certidumbre a las y los mexicanos.
En razón de lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, en el ámbito de sus atribuciones, a:
2. Hacer públicos los resultados de dicha investigación, con el objetivo de fincar responsabilidades jurídicas y administrativas para quienes resulten culpables, para con ello sancionar, de acuerdo con la normatividad correspondiente, a los inculpados.
3. Realizar una investigación exhaustiva y detallada respecto al desempeño en la administración pública federal de la ex subsecretaría Purificación Carpinteyro, a fin de esclarecer las anomalías que pudieron haberse presentado durante la gestión de dicha ex funcionaria.
Diputado Jesús Ramírez Stabros (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR, AL CONGRESO Y AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DE PUEBLA A PROPORCIONAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA PEDERASTAS, A CARGO DE LA DIPUTADA VIOLETA DEL PILAR LAGUNES VIVEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, Violeta del Pilar Lagunes Viveros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
I. En términos de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, es atribución del gobernador "autorizar la creación, supresión, liquidación, o transferencia de las unidades administrativas que requiere la administración pública del estado, asignarles sus funciones que considere convenientes, así como nombrar y remover libremente a sus funcionarios y empleados, observando, en su caso, lo dispuesto en la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado".
II. De acuerdo con lo previsto en el artículo 12 del ordenamiento legal mencionado, "al frente de cada dependencia o entidad habrá un titular, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará con los servidores públicos previstos en los decretos, acuerdos o reglamentos respectivos y con base en el Presupuesto de Egresos".
III. En uso de las facultades previstas en el precepto legal señalado en el punto primero, el 8 de marzo de 2006 el gobernador constitucional de Puebla anunció con su esposa, Margarita García, la creación de una fiscalía especial contra pederastas, en una rueda de prensa y en diversos anuncios transmitidos por las televisoras y las estaciones de radio del estado, con duración de un minuto y ocho segundos, cuyo contenido se describe en el punto número VI de la parte considerativa de este punto de acuerdo. El entonces vocero oficial del gobernador difundió la necesidad urgente de la creación y puesta en marcha de tal unidad administrativa.
IV. Por decreto expedido por acuerdo publicado el 10 de marzo de 2006, el gobernador de Puebla creó la Fiscalía Especializada contra Delitos Relacionados con la Pederastia y el Abuso Infantil señalada en el punto anterior:
http://compilacion.ordenjuridico.gob.mx/fichaOrdenamiento.php?idArchivo=10178&ambito=ESTATAL
V. Como todos sabemos, por haber sido un escándalo de alcances internacionales, el próximo 14 de febrero se cumplen tres años de que a través de un audio se dieran a conocer los vínculos políticos y afectivos entre el gobernador Mario Plutarco Marín Torres y el empresario Kamel Nacif, acusado de tener vínculos con redes de pederastas en México, por la periodista Lydia Cacho. Como ha quedado de manifiesto, el 10 de marzo de este año se cumplen también 3 años de que el gobernador constitucional de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, creara la fiscalía especial antipederastas, anunciando además que el primer caso por analizar sería el de Kamel Nacif-Lydia Cacho, sin que hasta la fecha se haya designado al fiscal especial correspondiente.
VI. Peor aún, es claro que el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla ha considerado innecesaria la operación de la fiscalía creada por su superior jerárquico, el gobernador Marín Torres.
Lo anterior es así porque diferentes voces de la dependencia mencionada han señalado que ya existen áreas competentes al efecto. Como ejemplo, menciono las siguientes:
En sesión celebrada el 21 de febrero de 2007 compareció la entonces procuradora general de Justicia del Estado de Puebla, Blanca Laura Villeda, que fue interrogada por diversos legisladores, entre ellos el diputado local Rodolfo Huerta Espinosa, del Partido de la Revolución Democrática, quien entre otras cosas manifestó: "Siempre he pensado que nuestros niños y niñas son el tesoro más valioso que tenemos como padres de familia y como autoridades". Y se escucha otra voz (de su esposa): "Nuestra responsabilidad es cuidarlos". "Lo que cito son palabras del gobernador Mario Marín, cuando da a conocer la creación de una fiscalía especial contra pederastas? ¿Está usted de acuerdo con la creación de esta fiscalía especial o cuenta su institución con elementos?"
La ex procuradora de Justicia de Puebla respondió el cuestionamiento del diputado Huerta Espinosa en los siguientes términos:
"Respecto de la fiscalía antipederastia, señor diputado Rodolfo Huerta Espinosa, quiero decir que, independientemente de lo que ya opine, en la Procuraduría General de Justicia del estado existe la Agencia Especializada en Delitos contra la Violencia Intrafamiliar y la Violencia Sexual, que el trabajo que se ha desarrollado ha permitido atender a gran número de personas que padecen de estos ilícitos, independientemente de si se crea o no esta fiscalía, lo cierto es que los delitos se están atendiendo?" (página 58 del acta respectiva).
Todo lo expuesto en este punto se asienta en el acta de la sesión pública ordinaria de 21 de febrero de 2007 cuya versión estenográfica se encuentra en el enlace siguiente:
Los artículos 18 y 19 del ordenamiento legal referido prescriben: "Los titulares de las dependencias del Ejecutivo formularán, respecto de los asuntos de su competencia, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, convenios, acuerdos y demás disposiciones y ordenamientos legales, que remitirán al gobernador del estado, por conducto de la Secretaría de Gobernación, para su análisis y trámite correspondiente? Todos los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el gobernador, para su validez y observancia, deberán ser firmados por él y por el secretario del ramo a que el asunto corresponda; y cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más secretarías, deberán ser refrendados por los titulares de las mismas".
VIII. El gobernador Mario Plutarco Marín Torres creó la fiscalía especial de que se trata con la firme intención de lavar su imagen frente al escándalo Marín-Cacho, sin atender a los señalamientos del personal competente en la materia, lo que debió realizar en términos de lo previsto en los preceptos legales transcritos, ya que los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia, en informes de actividades y por declaraciones ante los medios, han señalado que es innecesario crear esa fiscalía.
El gobernador Mario Plutarco Marín Torres, en la publicidad que realizó para crear la fiscalía, engañó a la población respecto a que estaba interesado en la protección de los niños, y también por lo que hace a que el primer caso que analizaría la comisión referida serían las imputaciones realizadas por la periodista Lydia Cacho sobre Kamel Nacif por presuntos delitos vinculados con pederastia, ya que si en realidad tuviera interés en la operación de dicha unidad administrativa, no habría delegado en el Congreso de Puebla el nombramiento del fiscal referido sino que lo habría hecho directamente en términos de lo dispuesto en los artículos 6 y 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, transcritos con antelación.
Por lo expuesto, me permito someter a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, a fin de que informe a esta Cámara
b) Si consultó por escrito con el personal competente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla sobre la creación de la fiscalía especial mencionada, y cuáles fueron las opiniones expuestas por dicho personal, acompañando la documentación que avale esta información.
c) Cuál es el monto que ha gastado a la fecha la administración pública estatal a su cargo por la creación y operación de la fiscalía de que se trata, incluidos los gastos publicitarios realizados para darla a conocer a partir del 8 de marzo de 2006, informe en el que se deberá desglosar el origen (federal o estatal) de los recursos ejercidos.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al órgano de fiscalización del Congreso de Puebla a analizar si hay alguna responsabilidad administrativa del gobernador, Mario Plutarco Marín Torres, o de algún otro funcionario de la administración pública del estado por la creación de la fiscalía especial referida, y la utilización de recursos estatales al efecto, pese a ser considerada por el personal competente de la Procuraduría General de Justicia como inútil e innecesaria; y, en este caso, a iniciar y dar curso al procedimiento correspondiente para el fincamiento de responsabilidades y, en su caso, de las sanciones aplicables.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2009.
Diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A CREAR UNA UNIDAD DE GÉNERO EN LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA HOLLY MATUS TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Holly Matus Toledo, diputada a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En agosto de 2006 se publicó en nuestro país la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual busca regular y garantizar la igualdad entre los géneros, y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al país hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.
La igualdad jurídica entre hombres y mujeres debe ser interpretada como la idéntica titularidad y garantía de todos los derechos fundamentales, con independencia de que las personas titulares sean entre sí diferentes, esto significa que el concepto de igualdad no es sinónimo de uniformidad.
El punto de acuerdo que se somete a su consideración tiene como sustento la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual reconoce la necesidad de impulsar en nuestro país la transversalización de la perspectiva de género, definida en su artículo 5, párrafo II, como "el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género, con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas".
Vista de esa manera, la transversalización del enfoque de género es un cambio profundo en el modo de generar políticas. Se trata de una tarea compleja que requiere el desarrollo de una capacidad técnica para incidir en la reorganización de los procesos de formulación e implementación de políticas, como de la deliberación y el consenso público sobre ciertos valores relacionados con la igualdad y la equidad de género.
En ese contexto, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece en su artículo 12 la competencia del gobierno federal en la materia: conducir y elaborar la política nacional en la materia, diseñar y aplicar los mecanismos para su implementación, coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género, garantizar la igualdad de oportunidades, celebrar acuerdos nacionales e internacionales en materia de igualdad de género, y asignar recursos para el cumplimiento de dicha política
Con base en la ley, la administración pública federal tiene la obligación de incorporar en todos sus planes y programas la perspectiva de género, y fomentar la generación de instancias administrativas que se ocupen del tema al interior de las dependencias. Esto con el fin de promover conciencia sobre el tema y facilitar aún más la introducción de los aspectos de género en los procedimientos y actividades de las instituciones.
Por su parte, el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 (Proigualdad), señala en su objetivo estratégico 1:
Tomando en cuenta el contexto anterior, en donde se señala la amplia vulnerabilidad económica, política, social y de género de las mujeres indígenas, y el marco jurídico y organizativo establecido en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; consideramos que implementar y operar estos instrumentos, a través de la creación de una Unidad de Género en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, constituirá un paso adelante en la integración transversal de la perspectiva de género en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, lo cual permitirá promover la potenciación de los derechos tanto individuales de las mujeres indígenas, como colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.
La instauración de la Unidad de Género en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es un asunto prioritario, por lo que se exhorta al titular de la dependencia a configurar, a la brevedad, la estructura administrativa que se requiere, y a que se asignen los fondos que aseguren su implementación.
Cabe señalar que este tipo de exhorto a las dependencias de la administración pública federal no es algo nuevo. Tanto el Instituto Nacional de las Mujeres como la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, en el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el 17 de julio del presente, han conminado a las instituciones gubernamentales a la instauración de unidades de género, lo cual ha tenido respuesta positiva sólo por parte de algunas dependencias. En el caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, aún no emite respuesta.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a incorporar en su estructura la Unidad de Género encargada de que las políticas al interior de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como sus planes, programas y proyectos tengan perspectiva de género, en cumplimiento de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Segundo. Se solicita al titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que, en un plazo de 90 días hábiles, informe a esta soberanía sobre las acciones que tomará para el cumplimiento del presente acuerdo.
Palacio legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2009
Diputada Holly Matus Toledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL A REALIZAR MEDIANTE LA CIBIOGEM, LA SAGARPA, LA SEMARNAT Y LA PROFEPA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS ANTE LA DETECCIÓN DE CONTAMINACIÓN DE MAÍZ NATIVO POR TRANSGÉNICO, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ROBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Carlos Roberto Martínez Martínez, diputado federal por el estado de Oaxaca, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración del Pleno la proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, con base a las siguientes
Consideraciones
México es centro de origen, domesticación y diversidad del maíz, por ello no está permitida la siembra comercial de maíz transgénico en el país y en 1999 se cancelaron también los permisos para experimentación en el campo. Sin embargo, la importación de maíz de Estados Unidos que contiene mezclado maíz transgénico, ha alcanzado los 6 millones de toneladas al año. Se ha comprobado contaminación transgénica en maíces criollos de Oaxaca y Puebla. Pero en realidad la contaminación puede ya estar ocurriendo en muchas regiones de México. Si ello es así se trataría de la peor crisis campesina, medioambiental y cultural que haya sufrido el país.
Los posibles efectos del maíz transgénico en las variedades tradicionales de la planta en México, han sido motivo de debate público desde hace ya varios años. La principal preocupación se relaciona con el flujo de genes desde plantas de maíz genéticamente modificadas ?o maíz transgénico? hacia el maíz mexicano y sus parientes silvestres o tradicionales. Tal flujo genético puede amenazar la diversidad de las variedades naturales, granos de maíz con una amplia base genética como resultado de miles de años de desarrollo y adaptación a tipos de suelo y microclimas particulares. Ello resulta especialmente preocupante no sólo debido a la importancia sociocultural y económica de la agricultura tradicional del maíz, sino también porque México es el centro de origen de este importante grano.
Un reciente estudio científico conducido por Rosa Binimelis, de la Universidad Autónoma de Barcelona (publicado en 2008 en el Journal of Agricultural and Environmental Ethics), concluye, luego de analizar la situación del maíz en Cataluña y Aragón, que la siembra de maíz transgénico llevará al fin de la producción de maíz orgánico. Desde 1998, cuando comenzó la siembra de maíz transgénico en la región, hasta ahora, hay una reducción drástica de la producción de maíz orgánico. Esto se debe tanto a la contaminación transgénica, que inhabilita la venta del producto como orgánico, como a las múltiples dificultades técnicas y burocráticas que deben enfrentar quienes pretenden defender sus cultivos de la contaminación, lo que finalmente los hace abandonar la producción.
La contaminación ya es una violencia para quien siembra orgánicos y semillas tradicionales. Además, debido a la pesada influencia y corrupción que ejercen las transnacionales, las leyes que acompañan los transgénicos, colocan la carga de la prueba en la víctima, que debe lidiar primero con los aspectos técnicos de las pruebas de contaminación, cargar con el costo que significan y con la incertidumbre de este tipo de pruebas, que se basan en información de las propias empresas. A esto sigue el proceso legal, que es complicado y costoso.
En México todo esto sería aun peor, porque la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados no prevé protección efectiva a las víctimas de contaminación por transgénicos, ni permite responsabilizar adecuadamente a los contaminadores.
Ya en el 2007, investigadores independientes de la Universidad de Exeter, Reino Unido, mostraron que la contaminación del polen de maíz transgénico puede alcanzar cientos de kilómetros, dependiendo del viento, la ubicación y altitud de los campos entre sí, la temperatura, etcétera.
Existen muchos otros estudios que llegan a conclusiones parecidas, además de que la contaminación por polen es apenas uno de los muchos factores de contaminación.
El gobierno mexicano insiste en abrir la experimentación con maíz transgénico, y diseña "polígonos" que serían los únicos centros de origen del maíz ?que de todas maneras se contaminarán tarde o temprano si se planta maíz transgénico?. Como afirma la Red en Defensa del Maíz Nativo, todo México es centro de origen y diversidad del maíz, porque en todo México hay pueblos del maíz. Pueblos que saben que más allá de lo que digan políticos, científicos y agricultores comprados, la contaminación del maíz no será impune.
México está importando semillas de maíz contaminadas con maíz transgénico, propiedad de la empresa transnacional Monsanto, denunciaron las organizaciones Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, El Poder del Consumidor y Greenpeace, pertenecientes a la campaña nacional "Sin maíz no hay país".
Según las organizaciones no gubernamentales las pruebas, realizadas en semillas híbridas de maíz, demuestran la presencia de las variedades de maíz transgénico NK603, MON810 y MON863, todas propiedades de Monsanto.
Las dos últimas variedades fueron prohibidas recientemente por los gobiernos de Francia, Austria y Rumania, debido a que provocaron impactos negativos al medio ambiente: mortandad de insectos benéficos como lombrices de tierra, arañas y mariposas monarca, y la imposible coexistencia de cultivos transgénicos con cultivos orgánicos y convencionales; además de generar gran incertidumbre sobre los efectos en la salud humana.
Las recientes prohibiciones se suman a las ya realizadas por los gobiernos de Hungría, Polonia, Italia, Grecia, Australia y Sudáfrica, según las organizaciones ambientalistas.
Cabe recordar que, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), organismo desconcentrado de la Sagarpa, reconoció la presencia de maíz transgénico en 70 hectáreas del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.
La detección se realizó antes del periodo de polinización, por lo que el riesgo de contaminación es mucho más alto y podría escalar a nivel nacional dado que esta entidad distribuye su producción de maíz a Jalisco, la región lagunera y el estado de México.
Las semillas de maíz, que se usaron corresponden a la variedad 7525 que distribuye la empresa Producers Hybrids en el valle de Cuauhtémoc, en Chihuahua, una de las regiones más importantes para el cultivo de maíz amarillo en esa entidad.
Está es la evidencia de que las semillas de maíz transgénico están entrando a territorio mexicano sin que exista ningún tipo de control por parte de las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), responsables de la labor de inspección y monitoreo de las semillas que se usan para la siembra de maíz en nuestro país.
Greenpeace y El Poder del Consumidor exigieron a las autoridades estatales y federales "no criminalizar a los agricultores chihuahuenses y aplicar estrictamente las medidas de control necesarias para que este caso de contaminación no salga de la entidad y se convierta en un desastre nacional", declaró Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace.
"El Senasica ha demostrado su ineptitud y complicidad con Monsanto para introducir semillas de maíz transgénico al país", denunció la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo.
Cabe señalar que el caso de Chihuahua se suma a otras ocho alertas sobre contaminación en México, lo que ubica al país en el segundo lugar en América y el séptimo en todo el mundo con más casos de contaminación con maíz transgénico.
Las organizaciones coincidieron en señalar que no son necesarias más evidencias de la incapacidad del gobierno mexicano para hacerle frente a la liberación de maíz transgénico, que representa una amenaza real para la biodiversidad y la salud de los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de esta Comisión Permanente que someta a consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente, al gobierno federal, a través de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su organismo sectorizado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que realicen de inmediato las acciones legales correspondientes, y las demás dentro del ámbito de sus competencias en materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, ante la detección de contaminación de maíz nativo por maíz transgénico, ya que dicha contaminación puede escalar hasta afectar al conjunto de los productores agrícolas de maíz a nivel nacional.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exige al gobierno federal por conducto de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, ante las evidencias de contaminación por maíz transgénico en diversos sitios del país, que se prohíba en forma total cualquier posibilidad de realizar su siembra experimental en el territorio nacional ante los evidentes riesgos para la bioseguridad que esto representa, y que se finquen las responsabilidades correspondientes a quienes promueven este tipo de acciones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de febrero del año 2009.
Diputado Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE SUSPENDA LA APLICACIÓN DEL HORARIO DE VERANO EN TANTO NO SE DEMUESTREN LA DISMINUCIÓN ANUAL DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y EL AHORRO ACUMULADO DESDE SU ESTABLECIMIENTO, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN DARÍO LEMARROY MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Juan Darío Lemarroy Martínez, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
México, a pesar de haber participado en la Conferencia Internacional sobre Meridianos, no aplicó la convención de los usos horarios sino hasta 1922, 40 años después de su implantación en el mundo. Antes de la aplicación de husos horarios, en la República Mexicana la hora oficial ?conocida también como "hora del ferrocarril" o "la hora ferrocarrilera"? que regía era la correspondiente al meridiano de Tacubaya.
Una vez establecidos los husos horarios en México, se han venido presentando una serie de cambios y adecuaciones, de carácter principalmente comercial y económico. Desde la implantación del horario de verano, el ahorro en la economía de las familias con este horario es nulo: los recibos de consumo de energía eléctrica llegan más altos. Al adelantar el reloj una hora, la gente debe levantarse más temprano, lo que en consecuencia trae que las luces se enciendan, por la mañana, una hora más temprano. Asimismo, la gente se duerme una hora más tarde, lo que también provoca que las luces se apaguen una hora más tarde. Así, no hay el ahorro en el consumo de energía que señala el gobierno.
El supuesto ahorro de energía que se produce con el cambio de horario se contrarresta con condiciones más inseguras para las personas que salen a realizar sus labores cotidianas: salir una hora más temprano implica salir en plena oscuridad, lo que origina que estas personas sean más susceptibles de ser asaltadas y lesionadas en su integridad física y su patrimonio.
Esas modificaciones traen afectaciones negativas a la salud, actividades escolares, económicas e incremento de la inseguridad pública por las mañanas, y el ahorro económico no se percibe en la factura de electricidad.
La Cámara de Diputados tiene antecedentes de un intenso debate que se ha dado respecto al sistema de husos horarios en la República Mexicana; se argumenta la falta de fundamento jurídico en los decretos que emite el Poder Ejecutivo federal. Por otro lado, gobiernos estatales y el de la Ciudad de México consideran que el Congreso es la autoridad competente. En diversos documentos, por ejemplo, Durango, Campeche, Oaxaca, Jalisco y sus Congresos han solicitado excluir sus estados del horario de verano.
Cabe recordar, por ejemplo, los comentarios del diputado Salvador Rocha Díaz: "Asiste la razón al jefe de gobierno quien desde 1985, cuando estaba en asuntos jurídicos de Gobernación, la conclusión a que llego fue que el Ejecutivo federal no tenía facultades para fijar el horario de verano". Por otro lado, el diputado Armando Salinas Torre en un debate sostuvo: "La aplicación del horario de verano es arbitraria por parte del Ejecutivo federal, que se atribuye la facultad de modificar los husos horarios que rigen a las entidades del país contraviniendo un precepto constitucional en perjuicio de los estados de la Unión y de los derechos ciudadanos".
La Comisión de Energía, en comunicación del 8 de abril de 2002 dirigida a la Presidencia de la Mesa Directiva, acordó, sin cumplir el trámite parlamentario correspondiente, que se archivaran siete puntos de acuerdo que exponían diferentes argumentos en materia de zonas y husos horarios y horarios estacionales.
Punto de Acuerdo
Único. Solicitamos que se suspenda la aplicación del horario de verano hasta que no se informe a esta soberanía cuál ha sido la disminución anual en el consumo de fluido eléctrico tanto en kilovatios-hora como en megavatios de la demanda máxima en las horas pico, así como conocer el ahorro acumulado durante todos los años que se ha aplicado esta política.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2009.
Diputado Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR UN PROGRAMA DE RESCATE Y REESTRUCTURACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA DE PEQUEÑOS CONSUMIDORES Y AHORRADORES PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO DANIEL DEHESA MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición.
Consideraciones
1. Nuestro país atraviesa una de la más grave crisis económica de su historia, que se traduce en un agudo crecimiento del desempleo, caída de poder adquisitivo de los salarios, recesión económica; en suma, un incremento considerable de la pobreza.
2. Lo anterior ha afectado seriamente a amplios sectores de la población que son usuarios de servicios financieros y, en general, a los consumidores, por lo que ha crecido en más de 50 por ciento la cartera vencida del crédito al consumo (La Jornada, 27 de enero de 2009).
3. De acuerdo con datos oficiales proporcionados el pasado 27 de enero de 2009 por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), al cierre de 2008 alrededor de un millón trescientos mil usuarios de créditos al consumo cayeron en cartera vencida como resultado de sobreendeudamiento y de los efectos que han tenido la contracción del empleo, el menor poder de compra y las altas tasas de interés. En tal virtud, el índice de morosidad en créditos al consumidor, que incluye tarjetas de crédito, créditos personales y bienes de consumo, creció 97 por ciento el año pasado.
En una encuesta practicada por la Condusef del 8 al 23 de enero de 2009, el 16 por ciento de los encuestados revelo que tenía problemas de pérdida de trabajo; otro 36 por ciento manifestó que pasaba por dificultades de liquidez; y un 32 por ciento tenía problemas de sobreendeudamiento.
4. Por si este drama que golpea a nuestro pueblo no fuera suficiente para miles de mexicanos, muchas de las instituciones financieras que cuentan con altos índices de morosidad han iniciado por conducto de sus despachos una intensa campaña de terrorismo e intimidación financiera en contra de los deudores morosos.
5. En mi distrito, ubicado en Tuxtepec, Oaxaca, donde instituciones financieras como Banco Azteca y prestamos chiquitos de Chedraui, entre otros, tienen un largo historial de abusos en contra de los ciudadanos usuarios de sus servicios, a últimas fechas han desatado una auténtica persecución en contra de los deudores que por desgracia, y no por una cultura de no pago, cayeron en mora, incluso han llevado a cabo graves agresiones en contra de los usuarios, que tipifican delitos que sólo encuentran como respuesta la impunidad.
Lo anterior ocurre no obstante que el código de ética de las obligaciones para con los deudores y el público en general prohíbe esta clase de conductas en contra de los deudores. Algo similar sucede en contra de los clientes de empresas telefónicas y otras cadenas comerciales de todos conocidas. Esto afecta no sólo la economía y estabilidad familiar, sino que pone en jaque la paz social. El estado no debe aplicar un trato desigual a sus ciudadanos, rescatando por una parte a los grandes empresarios y dejando en el abandono a los pequeños ahorradores y consumidores.
6. Esta representación popular no puede permanecer indiferente ante esta tragedia nacional, que involucra no a unos cuantos sino a una mayoría creciente de la población.
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorte al titular del Ejecutivo Federal a implementar un programa nacional de rescate y reestructuración de los pequeños ahorradores y consumidores con adeudos en mora, en aras de la justicia social, para reactivar la economía del país y en respeto al estado de derecho.
Segundo. Se exhorte al presidente de la Condusef, al procurador federal del Consumidor y a las autoridades locales en el ámbito de sus competencias, a coordinar esfuerzos para poner fin a los actos de terrorismo e intimidación financiera, y en general a los abusos en contra de los pequeños consumidores.
Tercero. Se informe a esta soberanía el debido cumplimiento que se dé a este punto de acuerdo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2009.
Diputado Daniel Dehesa Mora (rúbrica)
Efemérides
Para Jaime Torres Bodet y para todos los pueblos que han padecido el yugo del sometimiento, la libertad es un patrimonio "que no se vende. La patria un requerimiento de cada instante y una misión que sólo se cumple cuando se lega más depurada y respetable a las nuevas generaciones".*
El 24 de febrero nos congrega un objetivo común: el magno homenaje que México rinde a la bandera; nos reúne y nos invade un sentimiento común: el del amor patrio que nos da pertenencia firme y auténtica al suelo de los nuestros, y nos inspira un anhelo común: el que nos impulsa a defender contra cualquier agresión la vida libre y soberana por la que orgullosamente transitamos.
La celebración nos anima a contagiarnos del sentimiento cívico y profundo que despierta en los auténticos patriotas el símbolo tricolor de la era independiente, para reafirmarnos unos a otros el compromiso que tenemos con el país y con nuestra gente. Venerar al manto republicano cumpliendo con México.
Ésta es la premisa y es el principio que nos obliga a la revisión de los problemas actuales más apremiantes y apresurar el paso para hallarles solución. La crisis, es preciso admitirlo, no sólo es la que llegó del norte. En las estadísticas están las evidencias de los saldos eminentemente nacionales, arrojados durante sexenios.
Por acumulación, tenemos crisis en las finanzas, en el empleo, en la seguridad pública, en la productividad, en el medio ambiente, en el desarrollo infantil y juvenil, y en muchos indicadores más. No debemos permitir que nos rebase la realidad. Es hora de preguntarnos, ¿hasta dónde somos nacionalistas?, ¿hasta dónde somos alarmistas? y ¿hasta dónde tenemos la honestidad de reconocer verdades para actuar en consecuencia? La corresponsabilidad no se clama a los cuatro vientos, no se impera a través de la palestra mediática. La corresponsabilidad institucional y ciudadana se motiva, se fomenta y se construye con la dignidad que confiere a un estadista el mandato del pueblo.
El poder no es una prebenda: es la encomienda. En este momento histórico, el poder es la capacidad para incidir en la unidad, en la concordia de las fuerzas políticas, sociales y económicas; es alentar la productividad en el campo, la costa y la ciudad; y es sumar talentos y potencialidades para enfrentar los desafíos que están a la vista.
Ser nacionalistas es mucho más que una declaración palaciega en día de fiesta. Ser nacionalistas es ser como Hidalgo: despertar conciencias y abatir servidumbres; es ser como Morelos: sembrar justicia y cultivar libertades; es ser como Juárez: ampliar derechos y combatir monarquías; es ser como Madero: derribar barreras y forjar auroras. Ser nacionalistas es ser lo que debemos ser ahora que la nación se tambalea ante la incompetencia de los que se aferraron a tomar el barco sin conocer la bitácora, las vituallas y el rumbo. Ser nacionalistas es impulsar patriotismo y acometer el reto. La patria independiente, la patria revolucionaria, la patria de leyes e instituciones lo demanda.
Lo demandan los pueblos del norte que aprendieron del tarahumara, del yaqui, del seri y del guaycura a amar y a defender su potestad sobre el entorno. Esos hombres y mujeres de paz, a quienes los abusos transformaron en soldados y adelitas; hombres de temple a quienes las infamias convirtieron en centauros.
Lo demandan los pueblos del centro, víctimas seculares de la ambición de los imperios. Lo claman las razas que sufrieron con Cuauhtémoc el horror del tormento y la ignominia de levantar paredes sobre sus viejos templos; lo piden los héroes de acero que emprendieron con Hidalgo la senda justiciera; y los constituyentes, hombres de luces que festejaron con Morelos el natalicio primigenio de nuestro mandamiento.
Lo demandan los pueblos del sur, que se negaron al ultraje de caciques y patrones, los que siguieron al caudillo que encabezó las filas de los desposeídos. Lo inscriben las lápidas tristes de los que se murieron esperando vindicación por el derecho conculcado. Lo demanda el retorno desdichado de los que un día emigraron buscando, como tantos, el sueño americano.
Lo demandamos todos, en todos los confines de la patria. A los hombres y mujeres de entereza no los ha envilecido la miseria y el hambre no ha podido robarles la esperanza.
En el seno del pueblo hay energía, hay vocación para seguir luchando. Los clarines de guerra están sonando. Ha llegado la hora de tomar la bandera de combate. México lo pide. Nos lo demanda ahora que el ánimo se eleva en el relieve de los símbolos patrios, para tocar el cielo donde ondea y se agiganta nuestro emblema.
* Fragmento del discurso "Fidelidad a la patria", de Jaime Torres Bodet, destacado pensador, maestro y escritor mexicano.
México, DF, a 24 de febrero de 2009.
Diputado Víctor Manuel Lizárraga (rubrica)
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