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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar mediante la SHCP, la CNBV y la Condusef sobre la legalidad de las operaciones realizadas en moneda extranjera por las instituciones bancarias, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Salud federal y de las entidades federativas a implantar programas para prevenir el consumo de narcóticos, y brindar tratamiento y rehabilitación a los farmacodependientes, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener y al Fideicomiso para el Ahorro de Energía a homologar con el estadounidense los horarios de verano de las entidades federativas fronterizas, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Gobierno de la CFE, y a los titulares de la SHCP y de la Sener que implanten en Chiapas una tarifa preferencial para consumo doméstico de energía eléctrica, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Salud federal y de las entidades federativas a implantar programas y campañas para prevenir la obesidad y el sobrepeso y atender a la población afectada por tales padecimientos, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Profepa que intensifique las acciones orientadas a promover la vigilancia y el cumplimiento de las disposiciones protectoras de los manglares, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la PGR, de la SSP y del Instituto de la Judicatura Federal a implantar acciones de capacitación para el personal que aplicará las disposiciones penales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero del año en curso, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los procuradores general de la República y de Justicia de las entidades federativas a actualizar el marco jurídico aplicable a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SSP, de la PGR y de las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a implantar programas y campañas para prevenir y enfrentar la delincuencia juvenil, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a atraer mediante la PGR, por conducto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, la denuncia presentada por el comunicador Carlos Javier Velazco Molina tras las agresiones sufridas en Oaxaca, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Senado de la República a ratificar diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo en materia de empleo infantil, a cargo de la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que apruebe una partida presupuestaria para el ejercicio fiscal de 2010 a fin de atender los problemas de expropiación de los ejidos colindantes con la reserva de la biosfera Los Tuxtlas, a cargo del diputado Nemesio Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y al director del Fonatur a reivindicar el dominio directo del ex convento de Santa Catarina de Sena, Oaxaca, patrimonio de la nación por mandato constitucional, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal y demás autoridades competentes a realizar las gestiones correspondientes para el cierre definitivo del relleno sanitario Bordo Poniente, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al juez tercero en materia penal en Oaxaca, Miguel Hernández Bautista, a observar en la sentencia que dicte a la ciudadana Magdalena García Soto la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscrita por los diputados Camerino Eleazar Márquez Madrid y Deisy Selene Hernández Gaytán, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP a implantar un programa integral en materia de derechos humanos que comprenda lineamientos sobre su respeto, protección, garantía y promoción, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP, a la SHCP, a la PGR y a la ASF a investigar y, en su caso, fincar responsabilidades respecto al manejo irregular de recursos destinados a vivienda para la población devastada por el desastre ocurrido en Tabasco desde octubre de 2007, suscrita por los diputados Rafael Elías Sánchez Cabrales y Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reducir y mantener a través de la SHCP el precio del diesel, y a alcanzar acuerdos sobre tarifas, a cargo del diputado Rafael Franco Melgarejo, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para condenar el antisemitismo, el racismo y otras formas de discriminación y agresión racial, especialmente el ataque perpetrado el 30 de enero de 2008 contra la sinagoga Maripérez, en Caracas, Venezuela, suscrita por los diputados Javier Calzada Vázquez y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública a analizar el efecto de la crisis en los ingresos y niveles de gasto, y a proponer las modificaciones y reorientaciones que deben hacerse al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, a cargo de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del PRD.
- A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de los diputados Mónica Fernández Balboa, David Mendoza Arellano y Salvador Ruiz Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD.
Proposiciones
El suscrito, Héctor Manuel Ramos Covarrubias, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A finales de 2008, algunas de las entidades financieras nacionales decidieron suspender la compra-venta de dólares en una decisión que afecta de manera sustancial el ingreso de divisas al país, además de representar una fuga de capitales silenciosa que perjudica la actividad económica nacional.
Para agravar esta situación, desde enero del presente año HSBC y BBVA Bancomer dejaron de entregar dólares a sus clientes que tienen cuentas en dólares y sólo entregan pesos al tipo de cambio del día en que se lleva a cabo la operación. Igualmente, han tomado la medida de pagar en moneda nacional todos los cheques que sean expedidos en dólares por alguno de sus clientes dentro o fuera de nuestro país.
La decisión tomada por estas instituciones bancarias de únicamente realizar operaciones en ventanilla en moneda nacional, afecta de manera muy significativa el desarrollo de la actividad económica y el intercambio comercial que se da en la franja fronteriza de nuestro país con Estados Unidos, lo anterior debido fundamentalmente al hecho de que estas economías se encuentran altamente dolarizadas, razón por la cual se torna inoperable el intercambio comercial fronterizo, además de influir negativamente en la competitividad del sector productivo y de servicios de la región; de igual manera, repercutirá directamente en la paridad cambiaria agravando la presión cambiaria del peso con la concebida devaluación del mismo.
Al respecto, cabe hacer mención que la decisión de permitir las cuentas en dólares para los residentes fronterizos obedeció a la necesidad que tienen dichos ciudadanos de contar con acceso a los dos monedas, de este modo la medida tomada unilateralmente por dichas instituciones afectan el desenvolvimiento cotidiano de estas economías locales.
Asimismo, es importante señalar que el condicionamiento de entregar pesos en lugar de dólares, implican un alto costo para el ciudadano o empresario que debe forzosamente cumplir obligaciones en dólares, lo anterior debido al desfase que existe entre el precio en que le compra el banco respecto del precio al que él debe comprarle a la casa de cambio; razón que resulta a todas luces injusta en perjuicio de los ciudadanos que, sin aviso de por medio, se ven obligados a soportar esta situación, la cual ha generado el descontento y la incertidumbre por parte de los usuarios financieros de la frontera norte. Dicha práctica constituye, a decir de los expertos, una fuga de capitales que pone en graves problemas la estabilidad macroeconómica del país.
Lo anterior, aunado al hecho de que se pronostica una caída en la captación de divisas por la contracción de las exportaciones, la baja del precio internacional del petróleo, la disminución significativa en el monto de las remesas que envían nuestros connacionales que trabajan en Estados Unidos y la baja considerable en el arribo de turismo extranjero, podrían afectar mayormente la volatilidad cambiaria del peso en perjuicio del poder adquisitivo de todos los mexicanos.
De no ser tomadas las medidas oportunas, se corre el riesgo de que otras instituciones bancarias decidan reproducir las políticas adoptadas por estos dos bancos, lo cual aunado a la crisis global provocaría el colapso de la economía nacional.
Como ya señalé, el panorama en cuestión de captación de divisas no es muy halagüeño para el 2009, por lo que se hace urgente y necesario que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para vigilar el buen actuar, en materia cambiaria, de los agentes financieros nacionales.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía a través de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el esquema dentro del cual operan las instituciones bancarias que manejan cuentas en moneda extranjera.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a informar a esta soberanía a través de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros sobre el esquema bajo el cual operan las instituciones bancarias que manejan cuentas en moneda extranjera, y a investigar la legalidad de la práctica adoptada por algunos establecimientos financieros de entregar únicamente moneda nacional en las operaciones realizadas con dichas cuentas.
Febrero 17 de 2009.
Diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS SECRETARIOS DE SALUD FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A IMPLANTAR PROGRAMAS PARA PREVENIR EL CONSUMO DE NARCÓTICOS, Y BRINDAR TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN A LOS FARMACODEPENDIENTES, A CARGO DE LA DIPUTADA YARY DEL CARMEN GEBHARDT GARDUZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional a la LX Legislatura, en nombre de las diputadas de este mismo grupo parlamentario, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La palabra "adicto" remite a la antigua Roma, en donde cuando un sujeto no podía pagar una deuda entregaba su vida como adicto, es decir, como esclavo. De este modo, salía de su condición de deudor entregando su libertad como pago. Igual destino de esclavitud tiene quien recurre a los narcóticos, en la ilusión de superar debilidades o flaquezas, en lugar de liberarse o independizarse, se vuelve dependiente de los mismos.
La farmacodependencia es un complejo problema de salud pública, cuya atención no sólo debe considerar el aspecto de la salud mental, sino también las características culturales y sociales del entorno actual, toda vez que la farmacodependencia es un fiel reflejo de las incongruencias, deficiencias o limitaciones de las estructuras sociales de un país. La atención a la farmacodependencia debe ser considerada como un problema complejo de salud pública para los sistemas de salud en México.
El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar y en el desarrollo y la estabilidad social. Las sustancias adictivas lesionan el bienestar y la salud de la población.
A los impactos negativos que el abuso y la adicción representan para el bienestar de las familias y de la comunidad en general deben agregarse otros que afectan a la sociedad en su conjunto, como los accidentes, los problemas de salud mental, el ausentismo en las tareas productivas que requiere el país y los servicios de salud que deben crearse y mantenerse para brindarles atención terapéutica.
Aunque en la actualidad toda la sociedad está expuesta a las drogas, hay grupos más vulnerables que otros a sufrir consecuencias negativas de su uso, como los niños y los jóvenes, quienes pueden truncar su posibilidad de desarrollo personal y de realizar proyectos positivos de vida.
Un elemento que aparece muchas veces en los pacientes adictos es la recurrencia al delito como medio de conseguir narcóticos o dinero para adquirirlas. Es decir, se establece una modalidad psicopática y narcisista por excelencia, donde cuenta exclusivamente la necesidad del farmacodependiente, sin importar la seguridad e integridad de la población en general.
La sociedad en su conjunto es cada vez más sensible a este grave problema. La coordinación con las Secretarías de Salud de las entidades federativas en las tareas de reducción de la demanda es labor central de la Secretaría de Salud federal. Ese esfuerzo conjunto, de la federación y los estados, sin duda nos permitirá avanzar en el control de este problema.
El consumo de drogas está en aumento, no sólo como práctica de experimentación sino también en el uso actual que se asocia al consumo regular. En cualquier periódico, diariamente se pueden leer noticias relacionadas con las drogas, su tráfico ilegal y su consumo.
La Quinta Encuesta Nacional de Adicciones 2008 reveló que en México el consumo experimental de drogas se incrementó, en tan sólo seis años, 28.9 por ciento al pasar de 3.5 a 4.5 millones de personas, siendo los niños y jóvenes los que se encuentran bajo la mira de bandas de narcotraficantes.1
Por otra parte, los adolescentes de entre 12 y 17 años de edad tienen más riesgo de adquirir alguna adicción, según los resultados de dicha encuesta nacional, de donde también se desprende que la marihuana es la droga ilegal de mayor consumo entre la población mexicana, al pasar de 3.8 por ciento en 2002 a 4.4 por ciento en 2008. En segundo lugar está la cocaína, que desplazó a los inhalables al crecer de 1.3 por ciento a 2.5 por ciento en ese mismo periodo. Asimismo las anfetaminas, crack y heroína muestran una tendencia importante de crecimiento.2
Ante esta problemática, es posible deducir las necesidades que tiene el país en materia de atención, pues sin incluir tabaco y alcohol, existen 464 mil 386 personas que requieren atención especializada, cuatro millones 58 mil 272 necesitan intervenciones breves y el 80 por ciento de la población requiere de algún tipo de prevención universal para drogas.
Uno de los aspectos más preocupante que reveló la Quinta Encuesta Nacional de Adicciones 2008 fue la alta disponibilidad de las drogas para los adolescentes. Hasta 43 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 25 años de edad está expuesto a ellas. De éstos, la mitad llega a consumir la sustancia de manera experimental, 13 por ciento de manera frecuente y 2 por ciento de los hombres, y 1.2 por ciento de las mujeres llegan a niveles de dependencia.3
Lo más nuevo en el consumo de drogas, según el estudio, es la propagación de la cocaína, el crack y las metanfetaminas con varias combinaciones. En 1998, este consumo se registraba regularmente sólo en Tijuana y Baja California, pero hoy en día, estos químicos se consumen especialmente entre los jóvenes, en más de 100 ciudades de todo el país. Del total de adictos sólo 16 por ciento ha acudido o acude a tratamiento.
Respecto de las mujeres, la encuesta destaca que si bien para ellas es menor la exposición, cuando consumen lo hacen igual que los varones, y en los pasados seis años el uso de drogas aumentó a mayor velocidad entre la población femenina con respecto a los hombres, y de hecho se duplicó, al pasar de 0.9 a 2 por ciento, lo que se traduce en aproximadamente 800 mil mujeres que alguna vez en la vida han consumido enervantes. En tanto, en la población masculina el incremento fue de 15 por ciento, al pasar de 7.99 a 9.2 puntos porcentuales.4
Asimismo, se determinó que cuando el padre de familia usa drogas es 4.4 veces más probable que su hijo también lo haga. La probabilidad sube a 4.6 si se trata del hermano, y hasta 10 veces si es un amigo. Sobre la edad de quienes utilizan drogas, se tiene que el 90 por ciento de los usuarios inició su consumo antes de cumplir los 26 años de edad. La mitad de quienes han consumido marihuana lo hizo por primera vez antes de los 18 años, y en el caso de la cocaína, 32 por ciento de los entrevistados señalaron que se iniciaron con ella antes de esa edad.5
Mención especial, merece el contenido del artículo 199 del Código Penal Federal, en el que se refiere que el Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto como se enteren en algún procedimiento de que una persona relacionada con él es farmacodependiente, deberán de informar de inmediato a las autoridades sanitarias, para los efectos del tratamiento que corresponde; toda vez que en el campo de la realidad social lo anterior no acontece de manera eficaz, ya que las autoridades sanitarias difícilmente realizan dicho tratamiento médico, lo que seguramente se constata con la falta de las constancias de tratamientos a los adictos al consumo de narcóticos, así como los resultados de los mismos.
En razón de todo lo antes expuesto, se hace necesario implantar políticas de investigación, prevención, tratamiento, capacitación y normatividad, para un combate eficaz al consumo de narcóticos. Se requieren políticas públicas con amplio alcance, para llegar a toda la población y apoyar a los jóvenes, las familias, las escuelas y las comunidades, las cuales permitan a los afectados abandonar su dependencia, ya que el consumo de drogas, representa un camino seguro hacia la muerte.
Por lo anterior, propongo a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Salud del gobierno federal y a los titulares de las Secretarías de Salud de las entidades federativas y del Distrito Federal a implantar, en el ámbito de sus respectivas competencias, programas para prevenir el consumo de narcóticos; así como para brindar tratamiento y rehabilitación a la población que padece farmacodependencia.
Notas
1. http://www.milenio.com/node/821
2. http://www.milenio.com/node/83620
3. http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=386715
4. http://www.jornada.unam.mx/2008/09/19/index.php?section=politica&article=003n1pol
5. Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009.
Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SENER Y AL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA A HOMOLOGAR CON EL ESTADOUNIDENSE LOS HORARIOS DE VERANO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FRONTERIZAS, A CARGO DEL DIPUTADO CRUZ PÉREZ CUÉLLAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal licenciado Cruz Pérez Cuéllar, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El horario de verano se usó por primera vez durante la Primera Guerra Mundial, cuando países como Australia, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania lo aplicaron con el fin de conservar los energéticos fósiles, sumamente escasos en ese tiempo, al reducir las necesidades de iluminación eléctrica en las casas habitación.1
Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una época de aplicación desordenada que originó diversas reacciones. Los agricultores, que generalmente se guían por la luz del sol para realizar sus actividades, resintieron inconveniencias al tener que realizar sus intercambios comerciales con horarios diferentes y se manifestaron en contra del mantenimiento del horario de verano. Por su parte, los transportes terrestres y aéreos sufrieron trastornos al mantenerse diferencias en los horarios entre ciudades, lo que impedía establecer itinerarios consistentes.2
El horario de verano es una medida que consiste en adelantar el reloj una hora durante la parte del año en la que se presenta la mayor insolación. En nuestro país se estableció a partir de 1996.3 Con ello se busca aprovechar más la luz solar en la tarde y noche para disminuir el consumo de energía eléctrica que se utiliza en los hogares y en las empresas.
Para el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, el horario de verano ofrece ventajas ya que el país es altamente dependiente de combustibles fósiles para la generación de electricidad y su uso afecta al medio ambiente.
Además, la población infantil puede aprovechar mejor la hora extra de luz de la tarde que la de la mañana; las condiciones de luz que se presentan en las mañanas durante la mayor parte del horario de verano son muy similares a las que se presentan en invierno; México se ha abierto a la competencia económica mundial, y el horario de verano es una medida importante en la frontera norte.4
A seis años de la aplicación del horario de verano, se han dejado de arrojar a la atmósfera más de diez millones de toneladas de contaminantes, lo cual tiene un efecto positivo sobre la protección al ambiente. Gracias a la reducción de la demanda de energía eléctrica durante las horas pico, se difieren permanentemente inversiones por más de 6 mil millones de pesos.5
Asimismo, con el horario de verano se ha evitado la erogación de subsidios que el gobierno aporta con el fin de apoyar al consumo de los hogares.
"Un beneficio importante para los industriales, resultado de la aplicación de la medida, es la reducción del período de aplicación de las tarifas "de punta" para usuarios que demandan más de 100 kilovatios por el horario de verano, al modificarse la demanda máxima coincidente por entrar una hora más tarde la carga correspondiente a la iluminación en los hogares, se redujo de tres a dos horas el periodo ‘de punta’. En otras palabras, los industriales operan una hora más en la tarde en la tarifa intermedia."6
El impacto energético por la aplicación del horario de verano, se puede desglosar en ahorro de energía y en disminución de la demanda máxima coincidente en el sistema eléctrico nacional.
A lo largo del tiempo se han ido homologando condiciones con respecto al horario de verano entre diversas regiones, entre ellas la de la zona de la frontera norte, que han buscado con ello favorecer el comercio, el transporte, las operaciones financieras y en general facilitar las actividades humanas.
Sin embargo, y pese a ser enormes los beneficios del horario de verano, México, desde 2007, mantiene la aplicación de este horario de verano sólo por siete meses, mientras que Estados Unidos lo hace por ocho meses desde el 11 de marzo al 4 de noviembre.
Esto ha generado serias problemáticas y confusiones para quienes residen en los estados de la frontera norte de nuestro país, principalmente en las ciudades fronterizas, por ese desfase de 4 semanas al cambiar a horario de verano y de una semana al cambiar al de invierno, notándose claramente en el transporte, cruce de mercancías operaciones financieras y operaciones de la industria maquiladora.
En la frontera norte, desde hace varios años, los desfases de horarios provocaron la inconformidad de miles de usuarios que tienen que cruzar a diario de un país a otro para desempeñar sus actividades educativas y laborales, además de la afectación a operaciones comerciales binacionales.
Como se puede apreciar los beneficios que se reciben por la aplicación del horario del verano representan más beneficios y oportunidades en las regiones en donde se aplican. Sin embargo, el desfase que existe entre los Estados Unidos de América y las zonas fronterizas del país generan trastornos a la población que repercute en lo social y en lo económico, principalmente, sobre todo lo que representa las exportaciones de la industria maquiladora y de empresas relacionadas con el comercio exterior, pilar de la economía de estas zonas.
Ante ello, se hace apremiante que el legislativo actúe y realice un llamado a las instancias involucradas en el tema del horario de verano con el fin de que se homologuen los horarios de estas zonas con el de los Estados Unidos de América y así se conserven e incrementen los beneficios que la aplicación de esta medida ofrece.
Por lo expuesto y fundado en los puntos anteriores, el suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Energía y al Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica a proponer, en el ámbito de sus respectivas competencias, propongan la homologación de los horarios de verano para los estados de la frontera norte con el horario de verano de Estados Unidos, ampliando de esta manera su aplicación de 7 a 8 meses y que éste empiece a surtir efecto en el siguiente periodo de aplicación para 2009.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Energía y al Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica a informar a estas soberanía, a través de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, sobre las medidas a desarrollar e implantar con el fin de dar cumplimiento al resolutivo primero.
Notas
1. González Báez, Conti. "En las redes del tiempo. El horario de verano". Cápsula 245 del 31 de Marzo de 2007. http://www.radioredam.com.mx/grc/homepage.nsf/main?readform&url=/grc/redam.nsf/vwALL/XPAO-6ZXL7A
2. Ídem.
3. Ídem.
4. El Siglo de Torreón. "Se acostumbran al horario de verano". 4 de abril de 2004. http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/81863.se-acostumbran-al-horario-de-verano.html
5. Universidad Nacional Autónoma de México. "Horario de verano y ahorro de energía". http://apuntes.rincondelvago.com/horario-de-verano-y-ahorro-de-energia.html
6. Ídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009.
Diputado Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CFE, Y A LOS TITULARES DE LA SHCP Y DE LA SENER QUE IMPLANTEN EN CHIAPAS UNA TARIFA PREFERENCIAL PARA CONSUMO DOMÉSTICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A CARGO DE LA DIPUTADA YARY DEL CARMEN GEBHARDT GARDUZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en nombre de las diputadas de este grupo parlamentario, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El descubrimiento de la electricidad como fuente de luz y sobre todo, como energía para mover motores y máquinas, ocurrido a mediados del siglo XIX, constituyen, junto con el uso de los combustibles fósiles, una segunda Revolución Industrial y un resorte para la imposición definitiva de mejores condiciones de vida para la humanidad.
De tal suerte que, a partir del siglo XX, el acceso y uso de la energía eléctrica es sinónimo de modernidad, lo que se refleja en el hecho de que, en los últimos 40 años, la producción mundial de energía eléctrica ha aumentado en más de 1 mil 300 por ciento1.
Actualmente, las hidroeléctricas ocupan el segundo lugar en cuanto la generación de electricidad, con un 19 por ciento de la producción total, a pesar de que la construcción de éstas significa una grave destrucción ambiental y social, y cuya operación contribuye también al cambio climático global.
Por lo que respecta a nuestro país, la Comisión Federal de Electricidad es la empresa del gobierno mexicano que genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para más de 26.2 millones de clientes, lo que representa a casi 80 millones de habitantes, e incorpora anualmente más de un millón de clientes nuevos2.
Es en el año de 1960, cuando Adolfo López Mateos nacionalizó la energía eléctrica, surgiendo la Comisión Federal de Electricidad, empresa de gobierno que nació sin fines de lucro, ni para generar ganancias; surge para el beneficio de todos los mexicanos.
La Comisión Federal de Electricidad produce la energía eléctrica utilizando diferentes tecnologías y diferentes fuentes de energético primario. Tiene a lo largo y ancho del país centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas, geotermoeléctricas, eoloeléctricas y una nucleoeléctrica.
Chiapas es el estado que cuenta con el sistema hidroeléctrico más importante del país, integrado por cuatro grandes presas construidas sobre el cauce del Río Grijalva, que son: La Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas, así como por otras tres represas más pequeñas.
La capacidad efectiva total de energía eléctrica en Chiapas es de 3 mil 928.4 megawatts, Mw, distribuida entre sus siete hidroeléctricas: Ingeniero Manuel Moreno Torres (en Chicoasen con 1 mil 500 Mw); Nezahualcóyotl (en Tecpatan con 1 mil 80); Doctor Belisario Domínguez (en Venustiano Carranza con 900 Mw); General Ángel Albino Corzo (en Ostuacan con 420 Mw); José Cecilio del Valle (en Tapachula con 21 Mw); Bombana (en Soyalo con 5.2 Mw); y Schpoina (en Venustiano Carranza con 2.2 Mw)3.
A la entidad chiapaneca, se le considera como el estado de la República Mexicana que genera entre el 45 y 65 por ciento de la energía hidroeléctrica del país. La mayoría de la producción hidroeléctrica de Chiapas está destinada para alimentar a la Ciudad de México y a su zona conurbada doméstica e industrializada.
A pesar de lo anterior, Chiapas padece de un grave cáncer social que es el de la pobreza, la cual es tan severa que su efecto coloca a la entidad como la de mayor alto índice de marginación de la federación, esto es de carencias y restricciones para el bienestar de su gente.
Chiapas sigue siendo un estado en el que el índice de desarrollo humano es tan bajo que municipios como Santiago El Pinar están al mismo nivel de países como el Congo. De entre los 100 municipios más pobres de México, por lo menos 10 están en Chiapas, siendo estos: Chenalhó, Chanal, Chilón, Huixtán, Mitontic, Ocotepec, Pantepec, San Juan Cancuc, Sitalá y Zinacantán, los cuales tienen los menores índices de desarrollo humano4.
El 59 por ciento de la población percibe un salario mínimo o menos; el 21 por ciento, dos; el 18.7 por ciento, entre 2 y 10 salarios mínimos y el 1.3 por ciento más de 10. El 19 por ciento no recibe ingresos5.
A lo anterior se suman las actuales tarifas para el consumo domestico de energía eléctrica, las cuáles afectan cada vez más el entorno de sus pueblos e imposibilitan a muchos chiapanecos el acceso a los servicios más básicos, originado en buena parte a las altas tarifas, que resultan imposibles de pagar para las comunidades campesinas e indígenas del estado.
Todo lo antes explicado evidentemente también se comprende dentro del campo de los derechos humanos, pues todo individuo tiene derecho a una vivienda digna, el cual comprende un espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuada, una infraestructura y servicios adecuados, todo ello a un costo razonable.
Además habría que sumársele lo que se establece en el artículo 8 apartado 1 de la "Declaración sobre el Derecho al Desarrollo", que señala que: Los estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos? Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales; así como lo contenido en los artículos 3, 6 y 7 de la "Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad" que señalan la obligación de los Estados de "garantizar que los logros científicos y tecnológicos, (en este caso, la electricidad), sirvan para satisfacer las necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población" "?extendiendo a todos los estratos sus beneficios" y asegurando que estos logros "contribuyan a la realización más plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna?"
Combatir la pobreza y la desigualdad imperante en Chiapas debe representar un gran propósito nacional. Es por ello que una de las metas para lograrlo, evidentemente lo constituye, el conceder a los hogares del estado una tarifa preferencial para el consumo doméstico de energía eléctrica, toda vez que no es que se niegan a pagar, sino que quieren pagar lo justo.
Por lo anterior, propongo a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la titular de la Secretaría de Energía, para que implanten una tarifa preferencial para el consumo doméstico de energía eléctrica en Chiapas.
Notas
1. http://www.peacewatch.ch/download/Chiapas/monitoring_2007/Analisis_Luz.pdf
2. http://www.cfe.gob.mx/es/laempresa/queescfe/
3. http://www.ecoportal.net/content/view/full/21347
4. http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=59461
5. http://www.edualter.org/material/ddhh/cifras.htm
Palacio Legislativo de San Lázaro a 12 de Febrero del año 2009.
Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS SECRETARIOS DE SALUD FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A IMPLANTAR PROGRAMAS Y CAMPAÑAS PARA PREVENIR LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO Y ATENDER A LA POBLACIÓN AFECTADA POR TALES PADECIMIENTOS, A CARGO DE LA DIPUTADA YARY DEL CARMEN GEBHARDT GARDUZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en nombre de las diputadas de este mismo grupo parlamentario, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La obesidad es una enfermedad compleja causada por el desequilibrio entre la ingesta (el consumo de alimentos) y el gasto (actividad física) de energía, lo cual provoca un aumento en el peso y es un importante factor de riesgo para desarrollar otras enfermedades.
La obesidad tiene consecuencias físicas y psicosociales como: hipertensión arterial (presión alta), infarto al corazón, derrame cerebral, diabetes, insuficiencia cardiaca (agrandamiento del corazón), insuficiencia venosa o várices (alteraciones circulatorias), piedras en la vesícula, cáncer de mama, daño renal, problemas articulares (en pies, rodillas, columna vertebral o cadera), depresión, ansiedad, baja autoestima, ser objeto de estigmatización y en algunas ocasiones de discriminación social.
Al respecto, la Organización Mundial de la Salud, ha advertido que en México hay 32 millones de adultos con sobrepeso y obesidad, de los cuales cinco millones están en riesgo de convertirse en pacientes diabéticos en los próximos cinco años1.
Asimismo, señala que la obesidad está considerada como la epidemia del siglo.
El 62 por ciento de los mexicanos mayores de 20 años tienen sobrepeso, las entidades de Coahuila, Baja California, Tamaulipas y Colima son las que padecen en mayor proporción el problema. Las mujeres adultas encabezan la lista de obesidad y sobrepeso, el 29 por ciento, contra el 19 por ciento de hombres.
Asimismo, el problema de la obesidad se ha extendido a nuestros niños, lo que representa un verdadero problema de salud pública, toda vez que el 40 por ciento de la población infantil de nuestro país sufre sobrepeso y obesidad, lo que se está traduciendo en padecimientos como la diabetes, hipertensión y síndrome metabólico, consecuencia de la obesidad. Debido a los malos hábitos dietéticos, la frecuencia de pacientes con sobrepeso aumenta cada día, trayendo consigo un importante número de complicaciones asociadas a esta enfermedad como una vejez y una muerte prematura.
La obesidad no distingue color de piel, edad, nivel socioeconómico, sexo o situación geográfica, es una enfermedad progresiva y crónica de proporciones epidémicas. La gente que sufre sobrepeso es víctima de una enfermedad que afecta no sólo el aspecto físico de la vida sino también el emocional y el conductual, es una enfermedad que debe ser considerada y tratada como mortal.
La obesidad abdominal se ha vinculado con un riesgo mucho más elevado de enfermedad coronaria y con tres de sus principales factores de riesgo que son: hipertensión arterial, diabetes de comienzo en la edad adulta y las concentraciones elevadas de grasas en la sangre. Ciertos tipos de cáncer son más frecuentes en los obesos que en las personas que no lo son, como el cáncer de mama, de útero y de ovarios en las mujeres y cáncer de colon, de recto y de próstata en los varones.
En nuestro país, en general, se ha prestado mayor atención a los problemas de desnutrición que a los de mala nutrición por exceso. Sin embargo, los cambios que el país ha experimentado y el proceso de transición epidemiológica por el cual atraviesa, indican que la malnutrición por exceso también constituye un problema de salud pública importante.
El número de personas que sufre de obesidad es el doble entre los 20 y 50 años, y drásticamente se disminuye después de esta edad, la razón se debe a complicaciones mortales, muy frecuentemente combinadas, que terminaran con la vida de la persona, comúnmente entre los 50 y 60 años.
El problema es entonces preocupante, más aún si, según los últimos datos, seis de cada diez mexicanos padecen de sobrepeso u obesidad, lo que convierte a nuestro país en el sexto del mundo afectado por la obesidad. Así, prácticamente el 80 por ciento de las enfermedades que afectan a los adultos mayores derivan de la obesidad, sobrepeso o mala nutrición. Y lo peor es que el problema va en aumento2.
Afortunadamente, este mal se puede prevenir en gran medida si se introducen programas y campañas de prevención y atención de la obesidad y el sobrepeso, dirigidos a la población, para mantener un buen estado de salud; la Secretaría de Salud del gobierno federal y las secretarías de Salud de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal son quienes, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben diseñar y ejecutar dichas acciones.
Por lo anterior, propongo a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal y a los titulares de las secretarías de Salud de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que implanten, en el ámbito de sus respectivas competencias, programas y campañas para prevenir y atender a la población que padece obesidad y sobrepeso.
Notas
1. http://www.gordos.com/Salud/detalle.aspx?dieta=374
2. http://foro.mediotiempo.com/showthread.php?t=32541
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009.
Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA PROFEPA QUE INTENSIFIQUE LAS ACCIONES ORIENTADAS A PROMOVER LA VIGILANCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES PROTECTORAS DE LOS MANGLARES, A CARGO DE LA DIPUTADA YARY DEL CARMEN GEBHARDT GARDUZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en nombre de las diputadas del mismo grupo parlamentario, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los manglares son formaciones vegetales constituidas por diversas variedades de árboles y arbustos. La característica primordial es que son resistentes a la salinidad y a condiciones bajas de oxígeno, pues se desarrollan en sitios inundados. Reciben su nombre del mangle, árbol representado por 54 especies en el mundo. De ellas, en México predominan cuatro: Rhizophora mangle, mangle rojo; Laguncularia racemosa, mangle blanco; Avicennia germinans, mangle negro, madre de sal; y Conocarpus erectus, mangle botoncillo.
De acuerdo con la obra Los manglares de México (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2008) la superficie estimada que ocupan es de 655 mil 667 hectáreas. Están presentes en los 17 estados de la república con litoral. Campeche posee la mayor superficie del país (29.9 por ciento), seguido por Yucatán, Sinaloa y Nayarit (12.2, 10.8 y 10.2 por ciento, respectivamente). Las entidades con menor cobertura son Colima, Tamaulipas y Baja California1.
La importancia de los manglares puede resaltarse por dos grandes razones: la riqueza biológica que albergan y los servicios ambientales que prestan. Un ejemplo contundente son los peces, pues se ha calculado que alrededor de 80 por ciento de los que consumen los humanos depende, en alguna fase de su ciclo de vida, del manglar. Si éste se destruye, desaparecerán las pesquerías de distintas variedades.
También desempeñan la función de barrera contra vientos y corrientes, huracanes y tsunamis. Además, estabilizan el suelo y la línea de costa, y si desaparecen es necesario llevar arena a las playas de forma constante. Por si fuera poco, animales como jaguares, pumas, venados y guacamayas, entre otros, dependen de esos humedales para sobrevivir en la época de sequía.
Del total de hectáreas de manglar, indica el texto de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 43 por ciento es superficie decretada como área natural protegida. Ello significa que 280 mil 573 hectáreas se encuentran reguladas bajo el régimen de protección especial que prevé la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Además, 30 sitios están inscritos en la Convención Internacional de Ramsar (Irán) para la Protección de los Humedales del Mundo, cuya superficie asciende a 420 mil 244 hectáreas, 64 por ciento del total de cobertura de manglar en México. De acuerdo con ello, se tiene la obligación de investigar y, en su caso, sancionar cualquier acto de destrucción de manglares.
Por su parte, la Ley General de Vida Silvestre, en su título VI, Conservación de la vida silvestre, capítulo I Especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación, en el artículo 60 Ter, establece:
Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar."
Lo anterior resulta alarmante, ya que significa que han desaparecido 236 mil hectáreas de manglares mexicanos. En 1993, cuando ya se calculaba que el 65 por ciento de los manglares de México habían desaparecido, se afirmaba que aún existían 956 mil 149 hectáreas. El nuevo dato indica una pérdida del 75 por ciento en sólo 24 años.
Cada año México pierde, a consecuencia de desarrollos urbanos, turísticos, contaminación y sobreexplotación, 22 mil hectáreas de manglares. De continuar con esta destrucción para el 2025 la mitad de este ecosistema habrá desaparecido3.
Resulta innegable que al Estado le falta mucho por hacer en materia de conservación, recuperación y restauración de los manglares en el país, además de que las disposiciones normativas que existen para protegerlos han resultado letra muerta ante la indiferencia de su estricta aplicación por parte de los órganos de la administración pública encargados de su observancia.
Por ello se hace necesario exhortar al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que intensifique las inspecciones de manera constante en las zonas con manglares para mantener el adecuado equilibrio ecológico y la protección de nuestro ambiente.
Además, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, juega un papel por demás trascendente en dicha encomienda, ya que es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que tiene como tarea principal incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental.
Asimismo, tiene a su cargo la facultad de vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, así como a la preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal.
Como diputados federales tenemos la obligación de vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad por lo que a protección de nuestros recursos naturales se refiere, pues debemos representar un fiel garante del cumplimiento de la garantía individual consagrada en el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Por lo anterior, propongo a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que intensifique las acciones orientadas a promover la vigilancia y cumplimiento de las disposiciones normativas que preservan y protegen a los manglares de nuestro país.
Notas
1. http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=44031_201&ID2=DO_TOPIC.
2. http://www.greenpeace.org/mexico/news/dramatica-la-destrucci-n-de-m.
3. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/155035.html.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009
Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA PGR, DE LA SSP Y DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL A IMPLANTAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL QUE APLICARÁ LAS DISPOSICIONES PENALES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, A CARGO DE LA DIPUTADA YARY DEL CARMEN GEBHARDT GARDUZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en nombre de las diputadas de este grupo parlamentario, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado viernes 23 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, del Código Penal Federal, de la Ley de la Policía Federal Preventiva, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Toda la anterior serie de reformas, adiciones y derogaciones, representan una miscelánea penal de gran relevancia para consolidar a México como un verdadero Estado democrático de derecho. En la efectiva aplicación de estas reformas, habrán de verse implicados servidores públicos de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal y del Poder Judicial de la federación.
Las policías, que actúan bajo la conducción y mando del Ministerio Público, representan uno de los principales actores en estas nuevas reformas, toda vez que les compete desarrollar actuaciones y diligencias de gran relevancia dentro de una indagatoria, como es lo referente a realizar el registro inmediato de los indiciados, la preservación del lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso; así como los instrumentos, objetos o productos del delito.
Lo anterior obliga a la inmediata capacitación de todas las policías y personal ministerial para una mejor aplicación de todas las reformas contenidas en el Código Penal Federal, en el Código Federal de Procedimientos Penales, así como en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para una mejor procuración de justicia penal, en razón de que actualmente seguramente no cuentan con los conocimientos y la instrucción necesaria para el desarrollo eficaz de tan relevantes funciones.
Del buen desarrollo de estas funciones dependerá en gran parte el éxito de toda investigación ministerial, toda vez que el lugar de los hechos; es el sitio en donde los hechos sujetos a investigación fueron cometidos, las evidencia que quedan en la víctima y victimario y en algunos casos en personas (testigos, cómplices, encubridores, coautores, o cualquier otra persona), presenciales de los hechos u omisiones; es el espacio en donde se ha cometido un acto ilícito, y en donde se encuentran los indicios y evidencias.
El estudio del lugar de los hechos permitirá tanto la reconstrucción del hecho como su verdad histórica, actividades que como lo dispone el artículo 3, fracción VI, del Código Federal de Procedimientos Penales correrán a cargo de las unidades de la policía facultadas para ello.
Se contemplan asimismo cuestiones concernientes a la secrecía de las investigaciones por parte de los servidores públicos y los lineamientos que se deben de cumplir para efectos de acceso a la información pública gubernamental; así como el inicio de indagatorias con motivo de la recepción de informaciones anónimas.
Se amplía la gama de derechos de la víctima u ofendido, tanto en la etapa de averiguación previa como en el proceso penal, estando facultado para aportar pruebas, solicitar el desahogo de diligencias, acudir ante al superior jerárquico del servidor público que le niegue una petición, solicitar medidas y providencias para proteger sus bienes, posesiones o derechos, impugnar ante el procurador general de la República, las omisiones del Ministerio Público, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, solicitar y recibir la reparación del daño cuando proceda, así como ser notificado personalmente del desistimiento de la acción penal y de todas las resoluciones impugnables.
Se prevé asimismo que las comunicaciones entre particulares puedan ser aportadas voluntariamente a la averiguación previa o al proceso penal, cuando hayan sido obtenidas directamente por alguno de los participantes, estableciéndose que las empresas concesionarias y permisionarias del servicio de telecomunicaciones o de Internet estarán obligados a colaborar con las autoridades cuando así lo soliciten.
Se brindan a las autoridades competentes mayores herramientas y armas jurídicas para el combate efectivo de la delincuencia organizada, cuyas raíces de corrupción e impunidad han penetrado los cuerpos policiales y de seguridad, y cuyo principal rehén de sus actos sangrientos lo representa la sociedad mexicana.
Por otra parte se establece que la Procuraduría General de la República, deberá emitir por acuerdo general, los lineamientos para la preservación de indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, en los que se detallaran los datos e información necesaria para asegurar la integridad de de éstos.. De igual forma el procurador general de la República debe emitir las disposiciones necesarias para regular los dispositivos técnicos que permitan generar, enviar, recibir, consultar o archivar toda la información de los detenidos que sean puestos a disposición del Ministerio Público. Por otra parte PGR deberá de celebrar acuerdos o convenios con las instituciones públicas o privadas para garantizar a los inculpados, ofendidos, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, la disponibilidad de intérpretes y traductores.
Por lo anteriormente expuesto, y ante la necesidad de que se brinde capacitación efectiva a los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal y del Poder Judicial de la federación, quienes deberán aplicar y observar de manera estricta estas nuevas disposiciones en materia penal, propongo a esta soberanía la siguiente proposición:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al procurador general de la República, al secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y al director general del Instituto de la Judicatura Federal, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la federación, para que implanten acciones de capacitación para el personal que habrá de aplicar las nuevas disposiciones penales que han entrado en vigor y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el viernes 23 de enero del año en curso.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009.
Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PROCURADORES GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO APLICABLE A LA CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A CARGO DE LA DIPUTADA YARY DEL CARMEN GEBHARDT GARDUZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal Yary del Carmen Gebhardt Garduza, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre de las mujeres del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados punto de acuerdo por el cual se exhorta al procurador general de la República y a los procuradores generales de Justicia de las entidades federativas y del Distrito Federal a actualizar el marco jurídico del actuar de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Que los estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2003, los cuales son el marco regulatorio de los trabajos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, integrada por los titulares de las instituciones de procuración de justicia del país, y cuyo instrumento normativo se aprobó en la sesión plenaria del 7 de febrero de 2003 por 25 procuradores generales y 7 subprocuradores.
Que de conformidad con el referido estatuto, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia es coordinada por el procurador general de la República, el cual ha venido desarrollando sus actividades al amparo de los lineamientos establecidos en dichos estatutos, que refieren regir sus actividades de operación y coordinación interinstitucional a la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006, el Sistema Nacional de Seguridad Pública; el Sistema Nacional de Identificación Criminal y el subsistema, entendido como complementario para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, todo ello, conforme al artículo 2 de los estatutos.
Que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, como órgano de promoción y coordinación de esfuerzos de todas las instancias de procuración de justicia en el país, debe generar acciones de investigación y persecución de los delitos, su combate, así como la prevención de éste, y que dentro de sus atribuciones está la de reformar sus estatutos a fin de adecuar, actualizar e instrumentar las políticas públicas sobre la procuración nacional de justicia, con apoyo en el artículo 36 de los referidos estatutos.
Que la asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia cuenta con un consejo de coordinación que es el órgano máximo de representación, el cual está integrado por el procurador general de la República y los procuradores generales de Justicia de las entidades federativas, con facultades para convocar y organizar la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la asamblea.
Que de lo expuesto en los párrafos precedentes se observa que los mencionados estatutos, al 2009, se encuentran desfasados en muchos de sus objetivos, toda vez que durante 2008 y el presente año han sido expedidos los instrumentos siguientes:
b) El 21 de febrero de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012.
c) El 18 de junio de 2008, en el Diario Oficial de la Federación, se promulgó el decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115; y la fracción XIII del Apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
d) El 2 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por lo expuesto, y con apoyo en las disposiciones legales invocadas en el proemio de la iniciativa, a fin de dar la armonización legislativa, se somete a consideración de la honorable asamblea iniciativa con proyecto de
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al procurador general de la República y a los procuradores generales de Justicia de las entidades federativas y del Distrito Federal a actualizar el marco jurídico del actuar de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a fin de que establezcan las políticas públicas necesarias para impulsar las acciones tendentes a observar y hacer efectivos los principios constitucionales de la reforma en materia de justicia penal, así como las de materia de seguridad pública que demanda la ciudadanía del país, e informen a la soberanía sobre su implantación en un término no mayor a 60 días.
México, DF, a 17 de febrero de 2009.
Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SSP, DE LA PGR Y DE LAS PROCURADURÍAS DE JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A IMPLANTAR PROGRAMAS Y CAMPAÑAS PARA PREVENIR Y ENFRENTAR LA DELINCUENCIA JUVENIL, A CARGO DE LA DIPUTADA YARY DEL CARMEN GEBHARDT GARDUZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, en nombre de las diputadas de este mismo grupo parlamentario, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La delincuencia, representa todo el conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden público, y tiene diversos tipos de manifestaciones. Sin lugar a dudas, la delincuencia juvenil es un problema criminológico que crece cada día más, no sólo en nuestro país, sino en el mundo entero. La delincuencia juvenil es un acción socialmente negativa que va en contra de lo fijado por la ley y las buenas costumbres creadas y aceptadas por la sociedad.
La delincuencia juvenil es un fenómeno de ámbito mundial, pues se extiende desde los rincones más alejados de la ciudad industrializada hasta los suburbios de las grandes ciudades, desde las familias ricas o acomodadas hasta las más pobres; es un problema que se da en todas las capas sociales y en cualquier rincón de nuestra civilización. La delincuencia juvenil es un fenómeno social que pone en riesgo la seguridad pública de la sociedad.
Para comprender el interés por el análisis y la búsqueda de soluciones para la delincuencia juvenil, es necesario ubicar este fenómeno dentro de la problemática de la sociedad actual y de las políticas públicas. La estructura social en que les ha tocado vivir a nuestros jóvenes hoy está caracterizada por una complejidad cada vez mayor, donde la búsqueda de soluciones no depende ni de fórmulas tradicionales, ni de líderes carismáticos o de discursos que se pierden en el vacío de la impunidad.
La delincuencia juvenil se ubica, por lo menos en América Latina, dentro de un contexto social caracterizado por grupos de niños y adolescentes ubicados dentro de niveles de miseria o pobreza, desempleo, narcotráfico, concentración urbana, baja escolaridad o analfabetismo, agresiones sexuales y desintegración familiar. A estos grupos sociales se les han negado todos los derechos humanos, como el derecho a la vida, la salud, la educación, la vivienda, en fin, el derecho al desarrollo.
La situación en que viven los jóvenes infractores del país puede mejorarse muchísimo si se implantan nuevas políticas por parte de los órganos del Estado en sus diversos niveles de gobierno, encargados de la prevención y combate de la delincuencia.
Hoy en día deben hacerse todos los esfuerzos para aplicar políticas, programas y medidas preventivas eficaces tendientes a eliminar el involucramiento y explotación de los jóvenes en actividades criminales.
En este orden de ideas, tenemos como modelo rector las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), adoptadas y proclamadas por la asamblea general en su resolución 45/112, del 14 de diciembre de 1990, en el que se señala como principios fundamentales los siguientes:
Para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, y respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia.
Deberá reconocerse la necesidad e importancia de aplicar una política progresista de prevención de la delincuencia, que deberá incluir la formulación de doctrinas y criterios especializados para la prevención de la delincuencia, basados en procesos, instituciones, e instalaciones y una red de servicios, cuya finalidad sea reducir los motivos, la necesidad y las oportunidades de comisión de las infracciones o las condiciones que las propicien; así como una intervención oficial que se guíe por la justicia y la equidad, y cuya finalidad primordial sea velar por el interés general de los jóvenes; la protección del bienestar, el desarrollo, los derechos y los intereses de todos los jóvenes.
Deben crearse servicios y programas con base en la comunidad para la prevención de la delincuencia juvenil, sobre todo si no se han establecido todavía organismos oficiales. Sólo en última instancia ha de recurrirse a organismos oficiales de control social.
Mecanismos para la coordinación adecuada de las actividades de prevención entre los organismos gubernamentales y no gubernamentales.
Políticas, estrategias y programas basados en estudios de pronósticos que sean objeto de vigilancia permanente y evaluación cuidadosa en el curso de su aplicación.
Métodos para disminuir eficazmente las oportunidades de cometer actos de delincuencia juvenil.
Participación de la comunidad mediante una amplia gama de servicios y programas.
Estrecha cooperación interdisciplinaria entre los gobiernos nacionales, estatales, provinciales y municipales, con la participación del sector privado, de ciudadanos representativos de la comunidad interesada y de organismos laborales, de cuidado del niño, de educación sanitaria, sociales, judiciales y de los servicios de aplicación de la ley en la adopción de medidas coordinadas para prevenir la delincuencia juvenil y los delitos de los jóvenes.
Participación de los jóvenes en las políticas y en los procesos de prevención de la delincuencia juvenil, incluida la utilización de los recursos comunitarios, y la aplicación de programas de autoayuda juvenil y de indemnización y asistencia a las víctimas.
Los jóvenes constituyen una parte importante del país, por lo que es importante crear medidas de prevención para evitar que no se pierdan, por la comisión de delitos, o que se involucren con grupos vinculados a la ejecución de actos delictivos.
Por lo anterior, propongo a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, al procurador general de la República y a los procuradores generales de Justicia de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que implanten, en el ámbito de sus respectivas competencias, programas y campañas para prevenir y hacer frente al problema de la delincuencia juvenil en el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009.
Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ATRAER MEDIANTE LA PGR, POR CONDUCTO DE LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS, LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL COMUNICADOR CARLOS JAVIER VELAZCO MOLINA TRAS LAS AGRESIONES SUFRIDAS EN OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO PRIEGO TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
La libertad de expresión es uno de los derechos humanos que después de un arduo proceso de lucha ha sido consagrado en nuestra Carta Magna, por lo cual es deber de las instituciones del Estado vigilar su cabal cumplimiento.
Este derecho ha sido reconocido y suscrito por México, comenzando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre. Es por ello que la defensoría de la libertad de expresión se convierte es un asunto de Estado.
El Poder Legislativo, como una de las instituciones del Estado mexicano más cercanas a su población, debe sensibilizarse y dar voz a los reclamos de ésta con el fin de que encuentren pronta respuesta.
Es por ello que en mi calidad de presidente de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, es mi deber dar voz a las demandas de este gremio, tan embestido recientemente.
El estado de Oaxaca ha sido escenario de numerosas agresiones a periodistas en los últimos años, lamentablemente no todas ellas han alcanzado los medios nacionales, de hecho, algunas no han sido denunciadas ante autoridad judicial alguna.
En días recientes acudió a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación el licenciado Carlos Javier Velazco Molina, habitante de San Agustín Etla, Oaxaca, y periodista de profesión, quien sufrió un atentado en su propiedad el pasado 9 de enero, día en el que incendiaron su casa con tres bombas tipo molotov.
El licenciado Velazco levantó la querella judicial ante el Ministerio Público del distrito correspondiente, iniciándose la averiguación previa número 29 (I) / 2009, derivada de la cual corrieron los trámites pertinentes a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Es preciso mencionar que según se asentó en la declaración del licenciado Velazco, señala como probables responsables a Ulises Ruiz Ortiz, Gobernador del estado de Oaxaca; Jorge Franco Vargas, presidente del PRI estatal; Héctor Pablo Ramírez Puga, en ese entonces coordinador General de Comunicación Social del estado; y Argeo Aquino Santiago, presidente municipal de Santa Cruz Xoxotlan, Oaxaca.
En este sentido, el denunciante ha detectado algunas irregularidades, puesto que la instancia investigadora es la Procuraduría del estado, de alguna manera se convierte en juez y parte en un proceso que dada su gravedad requiere de toda la atención de instancias judiciales como la propia Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.
Como se mencionó, no es la primer agresión a un ciudadano que ejerce el periodismo en el estado de Oaxaca, el licenciado Velazco se une a una larga lista de periodistas que han sufrido diversos atropellos a sus derechos humanos y agresiones en tiempos recientes.
Debido a los argumentos anteriormente referidos y colaborando al cumplimiento de nuestra Constitución Política, desde la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, damos voz al ciudadano Carlos Javier Velazco Molina y pedimos la intervención de la Procuraduría General de la República, mediante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, a fin de llevar a cabo las investigaciones de tan lamentable atentado a la libertad de expresión.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a ejercer a través de la Procuraduría General de la República, por conducto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, su facultad de atracción respecto de la denuncia del Periodista Carlos Javier Velazco Molina, con el fin de que se realicen las investigaciones pertinentes e identificar a los responsables de las agresiones perpetradas en su contra.
Segundo. Se exhorta a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca y al gobierno del estado a que vigilen el desarrollo de las investigaciones del presente caso.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009.
Diputado Gerardo Priego Tapia (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL SENADO DE LA REPÚBLICA A RATIFICAR DIVERSOS CONVENIOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE EMPLEO INFANTIL, A CARGO DE LA DIPUTADA SONIA NOHELIA IBARRA FRANQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
Lo que hagamos o dejemos de hacer por los niños de México define el futuro del país. No podemos esperar altos rendimientos en la escuela cuando un número creciente de menores se ve obligado a combinar el trabajo y el estudio; acuden a la escuela sin tomar alimentos o desertan ante su realidad social, que les presenta el estudio como un verdadero privilegio fuera de su alcance. Igualmente, cuando no pueden acceder a servicios médicos igualitarios y de calidad. Tampoco podemos hablar de desarrollo cuando la violencia en todas sus formas se encarniza con los niños. Son absolutamente insuficientes las acciones que se han tomado a la fecha.
El trabajo infantil es en sí mismo una de las más graves y dolorosas conculcaciones de los derechos humanos. Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que el empleo infantil se da a más temprana edad en el campo que en la ciudad, 80 por ciento de los niños trabaja en la economía informal, el trabajo les impide estudiar o les limita el rendimiento escolar, 3 de cada 4 menores que trabajan abandonan los estudios, laboran jornadas superiores a los máximos legales y reciben ingresos inferiores por igual trabajo. Los niños trabajadores pierden autoestima y padecen problemas de adaptación social, enfermedades crónicas, retraso en el crecimiento, agotamiento físico o deformaciones óseas, entre otras consecuencias.
La meta es eliminar no sólo las peores formas de trabajo infantil sino todo éste.
Es loable que el país haya ratificado el Convenio 182 de la OIT, "Sobre las peores formas de trabajo infantil", pero igualmente es necesario recalcar que falta mucho para hacer realidad sus preceptos. Baste recordar las actividades que son conceptuadas entre estas condenables formas de trabajo:
b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;
c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, como se definen en los tratados internacionales pertinentes; y
d) Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados.
Esto indigna con mayor razón cuando se trata de la tutela de los derechos mínimos de los menores, como los Convenios 77, "Sobre el examen médico de los menores (industria)"; 78, "Sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales)"; 79, "Sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales)"; y, el más urgente de todos, el 138, "Sobre la edad mínima".
Evidentemente, esos convenios de la OIT deben ser ratificados con la mayor brevedad pues, por una parte, tutelan derechos humanos básicos de los niños que tienen que prestar sus servicios pero, por otro lado, están en estrecha relación con el Convenio 182 de la OIT, "Sobre las peores formas de trabajo infantil". Es decir, de integrarse al sistema jurídico nacional, en los términos del artículo 133 constitucional, los cuatro convenios referidos coadyuvarían a impedir esas peores formas de actividad.
En tanto no podamos evitar el trabajo de los menores, para lo cual deben poner todo el empeño el Estado y la sociedad civil, es nuestra obligación que tal trabajo se desarrolle en la forma más justa, menos perjudicial posible.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al presidente y al Senado de la República a ratificar con la mayor brevedad, por conducto de las Secretarías de Relaciones Exteriores, y del Trabajo y Previsión Social, los Convenios de la OIT números 77, "Sobre el examen médico de los menores (industria)"; 78, "Sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales)"; 79, "Sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales)"; y 138, "Sobre la edad mínima".
Segundo. Se exhorte a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y del Trabajo y Previsión Social a informar a esta soberanía en un término de 30 días respecto a los criterios y lineamientos que se han aplicado para dar debido y puntual cumplimiento al Convenio 182 de la OIT, "Sobre las peores formas de trabajo infantil".
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009.
Diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE APRUEBE UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010 A FIN DE ATENDER LOS PROBLEMAS DE EXPROPIACIÓN DE LOS EJIDOS COLINDANTES CON LA RESERVA DE LA BIOSFERA LOS TUXTLAS, A CARGO DEL DIPUTADO NEMESIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Nemesio Domínguez Domínguez, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se someta a consideración del Pleno proposición con punto de acuerdo, sustentando en los siguientes
Antecedentes
El 23 de noviembre de 1998, el presidente de la República decretó área natural protegida, con carácter de reserva de la biosfera, la región denominada los Tuxtlas, situada en los municipios de Ángel R. Cabada, Catemaco, Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Soteapan y Tatahuicapan de Juárez, en Veracruz, con una superficie total de 155 mil 122 hectáreas.
Esta es la única área natural protegida con carácter de reserva de la biosfera en Veracruz y es depositaria de una enorme biodiversidad. En ella se pueden identificar hasta 11 tipos de vegetación y contiene uno de los últimos reductos de selvas húmedas en el país.
Además, la reserva proporciona
Desempeña un papel importante en la regulación del clima.
Representa una importante zona para la captura de carbono al ser la superficie forestal de mayor tamaño situada frente a las costas del golfo de México y cercana a ciudades industriales como Minatitlán, Coatzacoalcos y Veracruz.
En la Conferencia sobre Cambios Climáticos de la ONU, realizada en Nairobi, Kenya, el pasado 7 de noviembre de 2006, se reconoció que miles de lugares declarados patrimonios naturales en todo el mundo podrían ser destruidos debido a los efectos del cambio climático, a menos que sean protegidos.
El cambio climático se traduce en fenómenos meteorológicos extremos, como fue el caso del huracán Stan, cuyas excesivas lluvias con fuertes vientos inundaron y derribaron al menos 10 mil árboles de la reserva natural de la biosfera de los Tuxtlas.
Adicionalmente, esta reserva presenta los siguientes problemas:
La deforestación, que ha traído consigo la reducción de áreas de captación de agua con la consecuente disminución de los niveles de los cauces de los ríos y arroyos, así como de los sistemas de captación y distribución de agua establecidos para las ciudades que rodean a la reserva.
La contaminación del agua y del suelo, debido al uso excesivo de agroquímicos en la agricultura y la ganadería, al adoptar modelos tecnológicos externos que se contraponen con las características físicas y biológicas de la región, y con los conocimientos y usos tradicionales de los recursos naturales que hacen los indígenas de la reserva.
Como en muchas partes del país, en la reserva de la biosfera de los Tuxtlas existe un problema social que está relacionado con la tenencia de la tierra, el cual tiene el siguiente antecedente:
El gobierno de Veracruz promovió ante la Secretaria de la Reforma Agraria la expropiación de 8 ejidos, que son equivalentes a 9 mil 366 hectáreas, situados en la sierra de Santa Marta. Estas tierras en su momento serían incorporadas como parte de la zona núcleo II de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas.
La expropiación tuvo su fundamento en la necesidad de proteger de manera definitiva uno de los relictos de vegetación de selva y bosque mesófilo de montaña de Veracruz.
Sin embargo, los habitantes pertenecientes a 4 de estos 8 ejidos expropiados manifestaron su inconformidad por el monto del pago por hectárea, argumentando que no representaba el valor real de sus tierras, solicitando que se les retribuyera el diferencial de precio por hectárea.
Cubiertas estas indemnizaciones solicitadas por los ejidatarios, se iniciaría la recuperación de las áreas forestales, porque se establecerían cordones de protección sobre los límites de la reserva. Asimismo, se impediría que se realizaran las actividades agropecuarias, además se favorecería una recuperación paulatina de la flora y la fauna silvestre, al impedirse la tala y la caza clandestina.
Con la expansión selvática de ésta área natural protegida se mantendría la importancia de esta reserva como abastecedora hidrológica de la región, además, minimizaría la presencia de cambios climatológicos extremos y se incrementaría la captura de carbono.
En un estudio elaborado por el gobierno de Veracruz, se estimó que la inversión requerida para solucionar los problemas de expropiación de los ejidos que conforman esta área natural protegida es de 60 millones de pesos, de los cuales 5 millones serán para los asentamientos humanos irregulares y 55 millones de pesos para apoyos complementarios de los ejidos expropiados.
Por las consideraciones expuestas previamente, sometemos a consideración de la asamblea proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la aprobación de una partida presupuestaria de 60 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2010, para atender los problemas de expropiación de los ejidos colindantes con la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, recursos que serán operados y ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz.
México, DF, a 17 de febrero de 2009.
Diputado Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PGR Y AL DIRECTOR DEL FONATUR A REIVINDICAR EL DOMINIO DIRECTO DEL EX CONVENTO DE SANTA CATARINA DE SENA, OAXACA, PATRIMONIO DE LA NACIÓN POR MANDATO CONSTITUCIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS VARELA LAGUNAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, José Luis Varela Lagunas, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en los artículos 58 al 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con carácter de urgente u obvia resolución, se permite presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes
Antecedentes
El ex convento de Santa Catarina de Sena, situado en Oaxaca, se construyó para albergar a las monjas de la tercera orden de Santo Domingo, devotas de aquella santa que nació 1347 y que muchos servicios prestó a la iglesia de su tiempo.
A diferencia de otros conventos femeninos que existieron en Oaxaca, el de Santa Catarina lo habitaron desde sus orígenes mujeres oaxaqueñas. Fueron ellas las verdaderas fundadoras, pues no existía aun convento de su orden en la ciudad de México y no había, por tanto, otras religiosas de quien echar mano para que vinieran a fundar a Oaxaca, como harían otras congregaciones monjiles en los siglos posteriores.
Quizá por única vez en la historia, fueron monjas ya profesas del convento oaxaqueño a fundar el de la capital del virreinato. Larga vida tuvo este convento desde su fundación al mediar el siglo XVI hasta su cierre definitivo a que obligaron las leyes de reforma en el siglo XIX.
Por solicitud del gobierno del estado realizada al gobierno federal el 26 de mayo de 1888, el secretario de Hacienda, por acuerdo del presidente de la República, cedió en uso para ocupar el ex convento de Santa Catarina, entre otros, a condición de que, de darles distinto destino quedaba revocada la cesión. (Archivo municipal 1888.)
Hasta el 2 de enero de 1974, por decreto presidencial, el ex presidente Luis Echeverría ilegalmente desincorporó en el "dominio o uso público" al citado convento; es por ello que el decreto anteriormente citado es totalmente inconstitucional, debido a que inclusive decretos presidenciales no pueden estar sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, bajo esta consigna fue realizado el fideicomiso del inmueble primero con la paraestatal Nacional Hotelera, y después también por decreto presidencial enajenado a favor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que goza de un titulo notarial de propiedad privada inscrito en el registro público de la propiedad.
En el mismo decreto se autorizó al gobierno federal construir un fideicomiso con aportación del inmueble, restaurarlo y arrendarlo a Nacional Hotelera, SA, denominado Hotel Presidente.
Por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 1988, se ordenó la extinción del fideicomiso ex convento Santa Catarina, en Oaxaca, y la aportación del inmueble y demás bienes al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, fideicomiso de carácter público que cuenta con un convenio de aportación protocolizado ante notario público, inscrito en la sección primera de "títulos traslativos de dominio", del distrito del centro en el Registro Público de la Propiedad y cuenta predial correspondiente.
Por ello, los monumentos históricos (en especial los que fueron nacionalizados por las leyes de reforma), siguen siendo de dominio directo de la nación por orden constitucional, y por ningún motivo pueden ser enajenados en alguna de sus formas; por tanto, no puede ser patrimonio de alguna institución privada o pública, sino por medio de concesión otorgada por el Estado a través de los medios legales conducentes (concesión).
Por lo expuesto, se pide a las autoridades competentes mencionadas al rubro que realicen el procedimiento legal conducente para recuperar el dominio directo sobre del ex convento, ya que bajo el régimen en el que se encuentra en estos momentos es inconstitucional.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en las disposiciones legales citadas, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y al director del Fondo Nacional del Turismo a reivindicar el dominio directo del ex convento de Santa Catarina de Sena, Oaxaca, debido a que por mandato constitucional es patrimonio de la nación.
El cumplimiento de este punto de acuerdo con seguridad será agradecido por la ciudadanía mexicana y la comunidad oaxaqueña.
Se solicita al Pleno de la Cámara de Diputados que la presente proposición con punto de acuerdo se tramite de urgente resolución, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados, a 17 de febrero de 2009.
Diputado José Luis Varela Lagunas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y DEMÁS AUTORIDADES COMPETENTES A REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA EL CIERRE DEFINITIVO DEL RELLENO SANITARIO BORDO PONIENTE, A CARGO DEL DIPUTADO OBDULIO ÁVILA MAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, y demás autoridades competentes del Gobierno del Distrito Federal a que realicen las gestiones correspondientes para el cierre definitivo del relleno sanitario Bordo Poniente, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. Después de los sismos de 1985 miles de toneladas de basura, desechos de construcción de edificios derrumbados, viviendas resquebrajadas, fábricas demolidas y remanentes fueron confinados en terrenos ubicados en la zona poniente, entre los límites del estado de México y el Distrito Federal, en el municipio de Ciudad Netzahualcóyotl, en lo que se denomina Bordo Poniente.
2. Este sitio de disposición final de basura se convirtió desde entonces en la única opción para la Ciudad de México, no obstante, con el paso de los años el volumen de basura generada ha incrementado, a la par de migraciones de población proveniente de zonas rurales y la urbanización de inmensos llanos o lotes baldíos donde anteriormente se acumulaba la basura.
Cabe mencionar que el Distrito Federal tiene una de las mayores concentraciones de población, y a la vez de basura, en el país, incluso a nivel mundial; se estima que se generan en promedio un kilogramo de basura diario por habitante, y en conjunto 12 mil toneladas (cantidad suficiente para llenar tres veces el estadio Azteca).
3. Por la sobreexplotación del bordo, se determinó que su cierre debería efectuarse en 2004, situación que no respetó el gobierno capitalino, no obstante la problemática de su cierre definitivo, el gobierno federal otorgó una prórroga mediante la firma de un convenio, donde se estipula que el cierre o clausura sería el 31 de julio de 2008.
4. Cabe señalar que el jefe del Gobierno del Distrito Federal en 2006 solicitó apoyo a la federación para obtener los recursos para un nuevo relleno sanitario para la captación de residuos sólidos. Bajo ese tenor, la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, siendo congruente con dicha solicitud, aprobó el Fondo Metropolitano 2007, donde se aprobaron recursos para la atención de diversas necesidades metropolitanas, entre las que destacaba, según solicitud del propio gobierno de la Ciudad de México, la realización de un relleno sanitario metropolitano, con un costo de 340 millones de pesos en una primera etapa; sin embargo, en los diversos informes de avances y utilización del fondo que el gobierno del Distrito Federal hizo llegar a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, no se advierte acción alguna para atender el problema del Bordo Poniente, deja la duda respecto al destino de la cantidad solicitada para la apertura de un nuevo relleno sanitario.
Además, para el 2007 la Asamblea del Distrito Federal autorizó al gobierno capitalino 300 millones de pesos para el cierre del bordo, con la finalidad de que se resolviera la problemática; sin embargo, el referido gobierno no realizó acción alguna para cumplir con el cierre definitivo del Bordo Poniente.
5. Hasta el 31 de julio de 2008 el Gobierno del Distrito Federal no llevó a cabo una solución real, toda vez que llegó el día pactado para la clausura del relleno sanitario (el cual tenía hasta ese momento cuatro años de operación extra) y no existía algún terreno para el depósito de la basura o algún centro para la recolección de la misma que atendiera las necesidades de la ciudad.
En este contexto, la Secretaría de Medio Ambiente federal pactó con el gobierno capitalino el cierre del relleno sanitario de manera paulatina; de ese modo, a partir de septiembre sólo se permitiría un depósito máximo de nueve mil toneladas de residuos; en octubre de seis mil y en noviembre únicamente tres mil para proceder con su clausura.
6. Por solicitud del Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó una última prórroga para la clausura del relleno sanitario, programada para el 15 de enero de 2009; y el gobierno incumplió nuevamente con el plazo pactado.
7. Aun cuando el gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha sido sensible al tema del cierre del Bordo Poniente, y esa secretaría ha otorgado diversas prórrogas al Gobierno del Distrito Federal para el cierre definitivo del bordo, dicho gobierno en contraparte ha decidido optar por una estrategia litigiosa, que lejos de atender a una solución definitiva y que no ponga en riesgo la salud de los capitalinos, insiste en que el relleno sanitario continúe en operación con todos los riesgos que ello implica, y para tal efecto el jefe del Gobierno de la Ciudad de México instruyó a su consejera jurídica impugnar el cierre del bordo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, obteniendo por el momento una suspensión provisional (de once meses) para evitar su cierre.
Por lo expuesto, sometemos la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de los siguientes
Considerandos
Primero. Que esta honorable representación nacional está facultada para dirigir peticiones y recomendaciones a las autoridades federales y locales competentes, tendientes a satisfacer los derechos e intereses legítimos de los habitantes de la república y a mejorar su calidad de vida.
Segundo. Que como diputado federal, en mi carácter de representante popular, tengo la responsabilidad de actuar a favor de los intereses de mis representados, y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades correspondientes.
Tercero. Que el Bordo Poniente ya alcanzó los límites en peso y tamaño. No cerrarlo definitivamente pone en riesgo la salud de los propios trabajadores del bordo y de los habitantes de las zonas aledañas, más aun si el gobierno capitalino no ha hecho pública la realización de una evaluación del riesgo a la salud de los habitantes, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-048-SSA1-1993, la cual establece el método normalizado para la evaluación de riesgos a la salud como consecuencia de agentes ambientales.
Cuarto. Que el Gobierno del Distrito Federal ha insistido en que el relleno todavía tiene capacidad para recibir desechos por 20 meses más, lo cual es falso, ya que de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el peso de la basura compactada ha provocado hundimientos que van desde 14 hasta 21 metros, con el riesgo que se rompa la geomembrana1 , y contamine los acuíferos del DF con los lixiviados2 de la basura, lo que pondría en riesgo la infraestructura hidráulica de la zona y la salud de la población.
Quinto. Que el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales expuso que el Bordo Poniente es la fuente de contaminación de gases con efecto invernadero más importante de la ciudad, ya que la equivalencia de las emisiones de bióxido de carbono que se generan en este relleno es como si circularan 10 mil autos mas en el valle de México, lo cual representa un peligro latente para los habitantes de esta zona.
Sexto. Que el Bordo Poniente se aloja en un suelo arcilloso altamente comprensible, que por sus características físico-químicas se agrieta, está condición es manifiesta en la zona, por lo que las consecuencias de no cerrar el sitio de disposición, implica riesgos de tipo estructural para las obras hidráulicas y de infraestructura cercanas al depósito, y de contaminación para el acuífero de la zona.
Séptimo. Que el Gobierno del Distrito Federal incumplió las condiciones para el manejo y el proceso de clausura del Bordo Poniente, según establece la resolución administrativa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del 19 de agosto de 2008, la cual refiere que las fallas son la ausencia del tratamiento de lixiviados, nula captación del gas metano, así como el postergamiento de las medidas de monitoreo del relleno sanitario por dos años.
Octavo. Que de continuar en operaciones el Bordo Poniente el gobierno capitalino estaría incumpliendo los principios establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, toda vez que con el funcionamiento de dicho relleno sanitario se pone en riesgo el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar.
Noveno. Que la situación amerita una explicación del porqué si el cierre del relleno sanitario era una medida inminente contemplada desde el 2004 el gobierno de la ciudad, teniendo los medios para su clausura, haya dado prioridad a la realización de otras obras, sin considerar que el cierre del bordo era una circunstancia inaplazable, ya que su funcionamiento traería graves consecuencias ambiéntales y de ataque a la salud. No existen excusas, el Gobierno del Distrito Federal está comprometido en brindar una explicación clara de su negativa, pues hasta la fecha su actuación ha sido desfavorable ante este problema y la ciudadanía del Distrito Federal exige una explicación ante la posibilidad de ver dañada su salud y el medio ambiente.
Décimo. Que es urgente el cierre definitivo del bordo, ya que no se puede prorrogar más su clausura a través de recursos jurídicos, por lo que se exhorta al gobierno capitalino que inicie con las gestiones correspondientes para la solución integral de la problemática del bordo, el cual ya lleva casi cuatro años de operación extra, tiempo en el cual las autoridades capitalinas debieron haber buscado otro lugar, o una solución para cuando el plazo se venciera. De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, los requisitos para instalar un relleno sanitario son
? Debe estar a 13 kilómetros del aeropuerto.
? No puede estar en la zona donde se recargue el acuífero o área natural protegida.
? Debe aprobar estudios geológicos e hidrológicos para garantizar el manejo de aceites lixiviados y el biogás producido por la descomposición de la basura.
El espíritu que anima la puesta a consideración de la presente proposición con punto de acuerdo radica en la necesidad de que el gobierno del Distrito Federal actúe de manera responsable y presente soluciones inmediatas que permitan el cierre del Bordo Poniente, ya que es de vital importancia que esta problemática deje de aquejar al medio ambiente y a la salud de los capitalinos, sin mencionar que el aplazamiento del cierre del bordo genera un imperioso riesgo para la infraestructura hidráulica y los acuíferos de la Ciudad de México, que hoy en día sufren un deterioro y sobreexplotación, por lo que se debe considerar que de seguir funcionando el Bordo Poniente la contaminación de los mantos acuíferos reduciría la capacidad de suministro de agua.
En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable asamblea del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, y demás autoridades competentes del Gobierno del Distrito Federal, a que a realicen, a la brevedad, las gestiones correspondientes para el cierre definitivo del relleno sanitario Bordo Poniente.
Notas
1. Geomembrana. Protección ambiental que se utiliza en los rellenos sanitarios.
2. Lixiviados. Líquido que resulta de la descomposición de los desechos orgánicos.
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009.
Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL JUEZ TERCERO EN MATERIA PENAL EN OAXACA, MIGUEL HERNÁNDEZ BAUTISTA, A OBSERVAR EN LA SENTENCIA QUE DICTE A LA CIUDADANA MAGDALENA GARCÍA SOTO LA RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CAMERINO ELEAZAR MÁRQUEZ MADRID Y DEISY SELENE HERNÁNDEZ GAYTÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, Camerino Eleazar Márquez Madrid y Deisy Selene Hernández Gaytán, diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al juez tercero en materia penal en Oaxaca a observar en el caso del colegio San Felipe la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y al gobernador de dicho estado a presentar a la asamblea el informe de cumplimiento de la recomendación número 004/2008 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del 5 de febrero de 2008, con base en las siguientes
Consideraciones
1. Que en la averiguación previa número 191/DS/2007, interpuesta por la ciudadana Leticia Valdés Martell, radicada en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Mujer de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, en la que se consigna el abuso sexual de su hijo, de cuatro años de edad, alumno de segundo grado de preescolar del colegio San Felipe, de la ciudad de Oaxaca;
2. Que las acusaciones de la ciudadana apuntan a Adán Salvador Pérez y Hugo Gabriel Constantino García, presuntos abusadores del hijo. Además, señala a la maestra Magdalena García de ser una de las cómplices de los violadores, y a Yolanda León Ramírez, directora y dueña del colegio, de cómplice;
3. Que la Procuraduría de Justicia del estado giró órdenes de aprehensión contra los implicados, tras acreditarse el delito de violación en agravio del hijo de la querellante;
4. Que, derivado de las órdenes de aprehensión contra Salvador Pérez y Hugo Gabriel Constantino García, presuntos responsables de los delitos cometidos en agravio del menor, y la profesora Magdalena García Soto, acusada de ser cómplice, los tres sujetos mencionados interpusieron los correspondientes juicios de amparo con objeto de quedar en libertad y frenar el proceso en su contra;
5. Que el 21 de mayo de 2008, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de violación del menor de cuatro años en el colegio San Felipe de Oaxaca porque, como víctima, tiene a su favor no sólo las garantías que le otorga la Constitución sino las que tutelan los acuerdos internacionales. Los ministros decidieron atraer los amparos para determinar si la actuación judicial contra los presuntos responsables protege los derechos de la víctima.
6. Que el 29 de octubre de 2008, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de ministros, denegó el amparo interpuesto a los presuntos responsables del abuso sexual contra el menor;
7. Los ministros resolvieron que el agente del Ministerio Público en la entidad no integró de manera correcta el expediente del caso, por lo que ordenaron mantener vigente la orden de aprehensión contra los involucrados;
8. Que a la Cámara de Diputados no corresponde prejuzgar sobre la existencia de delitos o probable responsabilidad de los presuntos implicados. Los órganos de procuración y justicia competentes deben decidir respecto a la situación legal de los acusados.
9. Sin embargo, dada la naturaleza del caso, amerita que los órganos jurisdiccionales impartan una justicia pronta y expedita, con estricto arreglo a derecho.
Por lo anterior, en nuestra calidad de diputados federales sometemos a consideración de la asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al juez tercero en materia penal en Oaxaca, Miguel Hernández Bautista, a efecto de que al dictar sentencia en el proceso que se sigue a la ciudadana Magdalena García Soto, observe los lineamientos marcados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenidos en la resolución del 29 de octubre de 2008, observando en plenitud todas las garantías, los derechos, la protección y la tutela que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Segundo. Se exhorta al gobernador constitucional de Oaxaca a presentar a esta asamblea el informe de cumplimiento de la recomendación número 004/2008 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del 5 de febrero de 2008.
Dado en el Palacio Legislativo, a 17 de febrero de 2009.
Diputados: Deisy Selene Hernández Gaytán, Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SSP A IMPLANTAR UN PROGRAMA INTEGRAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS QUE COMPRENDA LINEAMIENTOS SOBRE SU RESPETO, PROTECCIÓN, GARANTÍA Y PROMOCIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA YARY DEL CARMEN GEBHARDT GARDUZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional a la LX Legislatura, en nombre de las diputadas de este mismo grupo parlamentario, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Nuestro país cuenta con una tradición bicentenaria en el reconocimiento de derechos humanos, partiendo desde los Sentimientos de la Nación de 1813, pasando por la Constitución de Apatzingán de 1814, las Leyes Constitucionales de 1836, las Bases Orgánicas de la República de 1843, la Constitución Política de 1857, hasta concluir con nuestra actual norma suprema de 1917;1 instrumentos normativos por los que a los habitantes del territorio mexicano se nos ha garantizado la protección jurídica de un conjunto de nuestros derechos humanos.
Asimismo, los derechos humanos vinculan al Estado; en consecuencia, todas las autoridades tienen la obligación de respetarlos, protegerlos, garantizarlos y promoverlos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En este orden de ideas, el Estado debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Por ello, los derechos humanos vinculan en su conjunto al Estado, adquiriendo las autoridades de éste, cuatro tipos de obligaciones frente a los derechos humanos, siendo estas las siguientes:
2. La obligación de proteger, en el sentido de que el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para que los particulares no cometan violaciones a los derechos humanos de otras personas;
3. La obligación de garantizar, en el sentido de realizar todas las acciones necesarias para asegurar que todas las personas, sin ningún tipo de distinción, puedan gozar y ejercer sus derechos, sobre todo cuando se encuentren en situaciones en las que no pueden ejercer por ellas mismas sus derechos, y
4. La obligación de promover, es decir, la de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de tal manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos.2
En este tenor, entre los objetivos que tiene la secretaría de Estado perteneciente a la administración pública federal, denominada Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se encuentra el concerniente a salvaguardar la integridad y derechos de las personas. Dicha Secretaría cuenta asimismo con una Subsecretaría de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos, a la que le corresponde proponer y supervisar el programa de orientación jurídica a la población para el mejor ejercicio y protección de sus derechos humanos, así como coordinar e instrumentar programas de fomento y protección de los derechos humanos promoviendo la participación activa de la ciudadanía y de instituciones nacionales e internacionales de la materia.
Aunado a lo anterior, dentro de la estructura básica de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, cuenta con una Dirección General de Derechos Humanos, que tiene entre otras atribuciones las siguientes:
Instaurar programas de fomento y protección de los derechos humanos, para promover la participación activa de la ciudadanía, en coordinación con instituciones nacionales e internacionales de la materia:
Impulsar un sistema de atención a víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos;
Investigar y dar seguimiento a la violación de derechos humanos, en el ámbito de competencia de la secretaría;
Establecer mecanismos que faciliten la presentación de quejas y denuncias por violaciones a derechos humanos por parte de los servidores públicos de la secretaría.
Por lo anterior, propongo a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal a efecto de que implante un programa integral en materia de derechos humanos, el cual comprenda lineamientos de respeto, protección, garantía y promoción de las garantías fundamentales.
Notas
1. Véase: Rabasa, Emilio O., La evolución constitucional de México, México, IIJ-UNAM, 2004.
2. Propuesta de reforma constitucional en materia de derechos humanos, elaborado por organizaciones de la sociedad civil y por académicas y académicos especialistas en derechos humanos, México, 2008, página 22.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009.
Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SFP, A LA SHCP, A LA PGR Y A LA ASF A INVESTIGAR Y, EN SU CASO, FINCAR RESPONSABILIDADES RESPECTO AL MANEJO IRREGULAR DE RECURSOS DESTINADOS A VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN DEVASTADA POR EL DESASTRE OCURRIDO EN TABASCO DESDE OCTUBRE DE 2007, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RAFAEL ELÍAS SÁNCHEZ CABRALES Y MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados Rafael Elías Sánchez Cabrales y Mónica Fernández Balboa, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación a investigar y, en su caso, fincar responsabilidades por el manejo irregular de los recursos destinados a vivienda para la población devastada por el desastre ocurrido en Tabasco en octubre de 2007, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones.
Introducción
Es pertinente que se complemente la información con base en la denuncia penal presentada el 22 de octubre ante la PGR, además de ampliar lo que proceda, a fin de desmentir el rechazo manifestado por el gobierno del estado el 23 de octubre.
Lo anterior dará mayor claridad acerca de los manejos irregulares, que implicarían especulación y lucro, además de los delitos planteados en dicha denuncia.
1. Con motivo del desastre iniciado en Tabasco hace doce meses se autorizaron ?conforme a los anexos (página 333) del segundo Informe de Gobierno remitido a esta soberanía por el Ejecutivo federal el 1 de septiembre próximo pasado? recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) con cargo al Ramo 23, "Previsiones Salariales y Económicas", para ser ejercidos en dicho estado por montos sin precedente en la historia de nuestro país, con excepción de los recursos invertidos en el Distrito Federal con motivo de los sismos de 1985.
Para el Fondo de Reconstrucción de Tabasco se asignaron 7 mil millones de pesos; al fondo revolvente del Fonden le fueron otorgados recursos adicionales para diversos requerimientos de los estados de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Hidalgo y Quintan Roo por un total de 5 mil 710 millones de pesos, sin precisar lo correspondiente a cada entidad federativa; finalmente, por donativos para Tabasco y Chiapas, 150 millones de pesos, sin que tampoco se aclare cuánto a cada uno de estos dos últimos estados.
Está pendiente que se informe ?de manera pormenorizada? acerca del destino real de estos montos millonarios, por rubro (infraestructura hidráulica, escuelas, caminos rurales, carreteras, producción agropecuaria, adquisición de costales, viviendas, entre otros) y por municipio.
En el caso de vivienda cabe señalar que, en su segundo Informe de Gobierno de 2008, la Secretaría de Desarrollo Social reportó un total de 89 mil 671 viviendas dañadas por dichas inundaciones.
2. El 14 de diciembre de 2007 el gobierno estatal y la Comisión Nacional de Vivienda suscribieron un convenio de colaboración mediante el cual se asignaron 350 millones de pesos para adquirir y urbanizar suelo apto y edificar 2 mil 500 viviendas para beneficiar a algunas familias afectadas por las inundaciones de octubre y noviembre de ese año. Una de las cláusulas establecía que se daría preferencia a empresarios tabasqueños, sin embargo, en el caso de los terrenos donde se situa el fraccionamiento Gracias México, el cual se ha inundado en dos ocasiones este año a causa de las lluvias y la deficiente infraestructura con que cuenta; cabe mencionar que el gobierno estatal operó con la empresa de Campeche Suministros del Carmen, la cual está constituida como sociedad mercantil, y que en abril de 2008 compró terrenos con un precio de 500 pesos por hectárea, vendiéndolos al gobierno del estado en mil 500 pesos por hectárea. Dicha empresa cuenta entre sus socios con José Alberto de la Rosa Santamaría, Ana Cecilia Ramírez Rosaldo y Antonio Espinosa.
Hay evidencias de que el gobierno de Tabasco benefició en diversas operaciones inmobiliarias a Sociedad Suministros del Carmen, persona moral que obtuvo ganancias superiores a 143 millones de pesos, dado que adquirió predios por 102 millones de pesos el 22 de abril de este año, vendiéndolos posteriormente al gobierno estatal por un monto de 246 millones de pesos. Dicha compra-venta involucra al secretario de Finanzas del estado (José Sáinz Pineda), el secretario de Asentamientos Humanos (en los textos leídos solamente aparece "Asentamientos") y Obras Públicas (Héctor López Peralta), al ex director del Instituto de Vivienda de Tabasco (Ariel Cetina), al contralor (Roger Pérez Evoli) y el ex director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Carlos Javier Gutiérrez). La transacción fue hecha por Abraham Cupil Córdova, quien pagó la cantidad de 102 millones de pesos para comprar los terrenos referidos, siendo que se trata de un prestanombres que vive pobremente en la comunidad Lomitas, de Nacajuca.
3. Con la información anterior, y precisando diversos detalles respecto a las diversas operaciones de compra venta, el 22 de octubre de 2008 legisladores estatales y federales de Tabasco presentaron denuncia ante la Procuraduría General de la República, argumentando que, entre otros delitos, los funcionarios aludidos cometieron los de ejercicio abusivo de funciones, fraude, lavado de dinero, evasión fiscal y tráfico de influencias.
4. Al día siguiente el gobierno estatal afirmó que adquirió ?entre febrero y julio de 2008? cinco predios con una superficie total de 169.4 hectáreas en la zona del corredor urbano Parrilla-Playas del Rosario, en el municipio de Centro, con un valor de 239.4 millones de pesos, donde se edificarán 9 mil viviendas, reiterando que la operación se hizo "legal, transparente y con apego a los lineamientos respectivos, con el aval del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras); al mismo tiempo, aseveró que la parte vendedora cumplió todos los requerimientos en cuanto a derechos de propiedad y valor comercial del suelo.
Los funcionarios estatales omiten informar a la opinión pública que la empresa Sociedad Suministros del Carmen disponía de información exacta acerca de la localización de los inmuebles objeto de las operaciones irregulares aquí denunciadas, tampoco informan acerca de los recursos que permitieron a dicha empresa adquirir los cinco predios, ni se aclara suficientemente lo relacionado con el diferencial entre los precios de compra y de venta.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a proceder con sujeción a derecho en la investigación del caso y, en su caso, finque las responsabilidades a que haya lugar y proceda a aplicar las sanciones respectivas por el manejo irregular de recursos destinados a vivienda.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coadyuven con las investigaciones necesarias para reportar puntual y detalladamente las probables irregularidades materia de este punto de acuerdo.
Tercero. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que analice el ejercicio de todos los recursos asignados para la reconstrucción de Tabasco ?con motivo del desastre asociado con las inundaciones ocurridas durante octubre-noviembre de 2007? que ascienden a miles de millones de pesos. (Ver el segundo párrafo del punto 1 de los antecedentes y fundamentación del punto de acuerdo), así como los recursos utilizados en la compra-venta de terrenos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009.
Diputados: Rafael Elías Sánchez Cabrales, Mónica Fernández Balboa (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REDUCIR Y MANTENER A TRAVÉS DE LA SHCP EL PRECIO DEL DIESEL, Y A ALCANZAR ACUERDOS SOBRE TARIFAS, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL FRANCO MELGAREJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Desde agosto del año pasado la situación económica, tanto del país como de prácticamente el mundo entero se ha deteriorado ostensiblemente. En México no hay sector productivo y social que no acuse los efectos negativos de la desaceleración económica, en tanto que las condiciones de las finanzas públicas empiezan a mostrar dificultades.
En esta situación, sectores productivos como los productores agropecuarios, transportistas de pasajeros y de carga, la marina mercante nacional y el sector de la pesca comercial en todo el país han visto afectada su capacidad de trabajo debido al incremento constante, excesivo e injustificado en el precio del diesel, que es uno de sus principales insumos productivos.
Como resultado del hecho de que este combustible es de uso generalizado en el transporte de personas y mercancías, su precio tiene incidencia en el precio de prácticamente todos los bienes producidos y transportados en el país, incluidos obviamente los de la canasta básica, de tal manera que los elevados precios del diesel se reflejan en la tasa inflación.
Desde el principio de este 2009, pescadores de todo el país emprendieron un paro de actividades en protesta por los incrementos al precio de este combustible, pero se presentaron también problemas de transportistas urbanos y suburbanos en los estados de Tabasco, Veracruz y Jalisco por los mismos motivos.
Asimismo, integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) han señalado el peligro existente de que por el diesel caro pudiera haber pérdida de empleos en el sector del transporte; y, como es del conocimiento general, los transportistas afiliados a la confederación Nacional de Transportistas Urbanos y Semiurbanos de la República Mexicana, con otras seis asociaciones de transportistas de todo el país han anunciado la realización de un paro nacional de 24 horas para el próximo 16 de febrero. Esto representa un problema, además de económico, de tipo social que no debemos permitir que se agudice.
La medida anunciada por el Ejecutivo federal de reducir el incremento en el precio del diesel a sólo 25 por ciento del incremento que se venía aplicando es insuficiente, no resuelve el problema del costo del transporte.
Sabemos que en las circunstancias actuales de desaceleración económica el problema del precio del diesel es complejo, cualquier decisión tendrá efectos tanto positivos como negativos. Si se reduce el subsidio a su precio y éste continúa incrementándose, habría menor gasto fiscal por ese concepto y, en consecuencia, tenderían a mejorar las finanzas públicas al mismo tiempo que se pagaría por este combustible un precio más realista.
Pero simultáneamente se presentarían dos efectos adversos, por una parte, se incrementa en alguna medida el costo del transporte de todas las mercancías y de las personas lo que se traduce en mayor inflación, por otra parte, puede dar pie a la pérdida de empleos, lo cual en las condiciones actuales del país sería lamentable e irresponsable.
El gobierno enfrenta un dilema, o busca finanzas que tiendan momentáneamente al equilibrio o genera mayor inflación y desempleo, con los problemas sociales que llevan aparejados.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la medida anunciada por el Ejecutivo ?reducir el incremento en el precio del diesel a sólo 25 por ciento del incremento previo? el erario nacional dejará de percibir ingresos por 9 mil 600 millones de pesos, y si el precio se congelara totalmente -es decir, que ya no se incremente ni siquiera en ese 25 por ciento como lo estamos pidiendo- dejaría de percibir 3 mil 734 millones de pesos adicionales.
¿Cómo se utilizarían de manera más eficiente esos 3 mil 734 millones de pesos? Si el gobierno continúa reduciendo el subsidio al precio del diesel y por tanto éste sigue aumentando, recaudará esta cantidad que no sabemos en qué los gastará.
Pero si mantiene el subsidio actual, y de esta manera sostiene el precio del diesel congelado, esa cantidad previsiblemente afectará favorablemente en las actividades de transporte y en el empleo de ese sector productivo en todo el país. Creemos que este último es el mejor uso que se le puede dar a esa cantidad de dinero.
Sólo que lo previsible habría que concretarlo.
Asegurémonos de que ese dinero no sólo sostenga los niveles de ganancias de los transportistas, sino que los usuarios finales del servicio se beneficien del hecho de que las tarifas del transporte en general no se eleven y no se eleve la inflación. Los transportistas deberán comprometerse a no elevarlas tarifas mientras el precio del diesel se mantenga sin cambios.
En virtud de lo anteriormente señalado, propongo a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instruir al secretario de Hacienda y Crédito Público a fin de que reduzca y mantenga el precio del diesel.
Segundo. Asimismo, para que el secretario de Hacienda y Crédito Público atienda a los representantes de los usuarios de diesel y se alcancen acuerdos sobre tarifas de transporte.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009.
Diputado Rafael Franco Melgarejo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CONDENAR EL ANTISEMITISMO, EL RACISMO Y OTRAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN Y AGRESIÓN RACIAL, ESPECIALMENTE EL ATAQUE PERPETRADO EL 30 DE ENERO DE 2008 CONTRA LA SINAGOGA MARIPÉREZ, EN CARACAS, VENEZUELA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JAVIER CALZADA VÁZQUEZ Y JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, Francisco Javier Calzada Vázquez y José Alfonso Suárez del Real, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la soberanía proposición con punto de acuerdo.
Antecedentes
2. Entre los hechos particularmente graves que se han suscitado en los últimos días, relacionados con agresiones raciales, está el ataque a la sinagoga Maripérez de Caracas, la noche del viernes 30 de enero de este año, cuando individuos ingresaron al recinto para profanar el altar principal que guarda el Séfer Torá, que es el objeto más sagrado del pueblo judío y robar diversos objetos de culto, además de escribir en los muros injurias racistas.
3. El gobierno venezolano ha detenido a los responsables, quienes serán sometidos a juicio, de acuerdo con las leyes de ese país soberano. Además ha hecho una condena explícita y firme de estos hechos.
4. Sin embargo, este ataque es una advertencia de que el debate político de temas como los conflictos entre Israel y Palestina debe desarrollarse con el mayor de los cuidados, a fin de que en naciones latinoamericanas como México y Venezuela, que cuentan con amplias y respetables comunidades judías e islámicas, no se aviven, fomenten o toleren sentimientos contra ninguna raza ni confesión religiosa.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados expresa su más enérgica condena a toda forma de antisemitismo, racismo y otras formas de discriminación y agresión racial y de manera especial condena el ataque a la sinagoga Maripérez en Caracas, Venezuela, el 30 de enero de 2008.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009.
Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A ANALIZAR EL EFECTO DE LA CRISIS EN LOS INGRESOS Y NIVELES DE GASTO, Y A PROPONER LAS MODIFICACIONES Y REORIENTACIONES QUE DEBEN HACERSE AL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, A CARGO DE LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, Valentina Valia Batres Guadarrama, diputada federal en esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública a tomar las medidas pertinentes para que lleven a cabo, con urgencia, un análisis objetivo del efecto de la crisis, en los ingresos y los niveles de gasto, y que propongan las modificaciones y reorientaciones que deben hacerse al decreto de Presupuesto federal para el ejercicio fiscal de 2009, tomando en cuenta todas las propuestas que hayan hecho los distintos grupos parlamentarios, respecto a la urgencia de hacer modificaciones al Presupuesto de 2009.
Exposición de Motivos
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sometió, en la sesión del martes 11 de noviembre de 2008, a consideración del Pleno de esta Cámara dictamen con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
El Pleno aprobó el dictamen con 436 votos en pro y 44 en contra, turnándolo al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, el viernes 28 de noviembre de 2008, el decreto respectivo de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
No obstante, desde la fecha en que fue aprobado el Presupuesto, las condiciones económicas se han modificado radicalmente, incluso, los parámetros que fueron utilizados para estimar los recursos para ejercer en 2009 han cambiado de una expectativa baja pero positiva a una contracción.
Por ejemplo, el crecimiento del PIB que se utilizó para estimar el monto total del gasto fue de 1.8 por ciento; sin embargo, las estimaciones más recientes apuntan que nuestra economía tendrá un crecimiento de cero o francamente negativo. En consecuencia, existe un alto riesgo de que a los rezagos sociales que se han acumulado en el país, se agreguen otros más, incrementándose aún más los índices de pobreza.
Por otra parte, hasta ahora los funcionarios de Hacienda no han querido aceptar que las finanzas gubernamentales no tienen la solidez de la que se ufanan.
Los equilibrios que promovieron en los últimos años no habrían sido posibles sin la sobreexplotación de los yacimientos petroleros y sin los altos precios del petróleo observados y, lo más grave, esos equilibrios no impidieron que la deuda pública pasara de 2.3 en 2000 a 3.3 billones de pesos en 2008. Los fondos que hoy consideran un salvavidas se formaron a costa de no invertir y no crecer y, por supuesto, de renunciar a aumentar el ahorro sobre una mayor capacidad de producción.
Así, aunque por diversos medios, los funcionarios de Hacienda han hecho saber que los recursos de los que dispondrán las arcas públicas, permitirán cubrir sin problemas el gasto aprobado por la Cámara de Diputados para 2009 e incluso dejar una reserva para 2010, lo cierto es que la situación se puede complicar.
Entre los argumentos que se han dado a conocer mencionan que gracias a la cobertura sobre los precios del petróleo se tienen garantizados los ingresos por exportación neta de productos petrolíferos a 70 dólares el barril.
A lo anterior se suman los diversos fondos y disponibilidades constituidos con los recursos excedentes o no ejercidos durante años anteriores.
De los fondos de estabilización, el corte que hizo la Secretaría de Hacienda al 31 de diciembre señala que a esa fecha los tres fondos: de Estabilización de los Ingresos Petroleros, de Estabilización de los Ingresos para Entidades Federativas; y de Estabilización de los Ingresos de Pemex alcanzaron la cifra de 145 mil millones de pesos. Incluso se habla de otras disponibilidades generadas en ejercicios anteriores; aún falta definir el monto.
Finalmente, hay que señalar que en la suma de recursos que las autoridades consideran que estarán a su disposición para este año para Hacienda y para Pemex se encuentran los ingresos adicionales por el efecto que tendrá la devaluación que ha registrado nuestra divisa, en los ingresos petroleros que reciben en dólares, convertidos a pesos con el nuevo tipo de cambio.
Así, las autoridades consideran que no habrá problemas para cubrir el presupuesto. Lo cierto es que todos esos ingresos adicionales corresponden a la esfera del manejo de los recursos financieros y no son resultado del comportamiento de la economía real, en donde la sociedad demanda respuestas a una situación que tiende a agravarse.
De hecho, a pesar de su "solvencia", la actitud del Ejecutivo ha sido de una gran insensibilidad y una pasmosa inmovilidad, que lleva a suponer que más allá del discurso, ellos ven la situación mucho más grave de lo que dicen, ya no sólo en la economía, donde el efecto es innegable, sino en las mismas finanzas públicas. Al menos eso se concluye del tajante rechazo a realizar una baja en el precio del diesel.
En esas circunstancias, sea o no correcto el escenario en el que supuestamente hay recursos para 2009, este Legislativo no puede permanecer como convidado de piedra, sin actuar.
Ante el rechazo a la realidad o, en su caso, las equivocaciones que ha cometido el equipo de la Secretaría de Hacienda, que en septiembre llegó al extremo de presentar un paquete económico sin considerar el efecto de la crisis, nos parece que hoy por lo menos podemos considerar algunos de los riesgos que se pueden presentar.
Por tal motivo, se propone la siguiente iniciativa de reforma al decreto de Presupuesto de Egresos, para que el Ejecutivo tome medidas preventivas y comience por ajustar las partidas de gasto que no sean indispensables en la prestación de los servicios públicos.
Asimismo, se propone que los ahorros así obtenidos se dirijan a acelerar las inversiones en infraestructura social, con el propósito de generar la demanda de empleo que es tan urgente en estos momentos para nuestra población.
Por lo expuesto, someto a consideración de la honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública a tomer las medidas pertinentes para que lleven a cabo, con urgencia, un análisis objetivo del efecto de la crisis en los ingresos y los niveles de gasto, y que propongan las modificaciones y reorientaciones que deben hacerse al decreto de Presupuesto federal para el ejercicio fiscal de 2009, tomando en cuenta todas las propuestas que hayan hecho los distintos grupos parlamentarios respecto a la urgencia de hacer modificaciones al Presupuesto de 2009.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009.
Diputada Federal Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica)
Excitativas
Los que suscriben, Mónica Fernández Balboa, David Mendoza Arellano y Salvador Ruiz Sánchez, diputados de la LX Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan al presidente que tenga a bien formular la excitativa correspondiente a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 40, 41,71, 73,115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El pasado 16 de mayo del 2007 presentamos conjuntamente una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 40, 41,71, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de federalismo y desarrollo municipal.
"... el municipio, en una visión administrativa, es considerado como un fenómeno de descentralización que no admite, entre otras cosas, que se pueda dar su propia constitución, a diferencia de las entidades federativas cuya autonomía sí lo permite, así como también legislar dentro de su esfera de competencias, una facultad que es considerada como la primera forma de descentralización, lo que en principio hace posible que surja cualquier federación. La autoridad municipal se encuentra restringida en la función legislativa, aunque materialmente los bandos de policía y buen gobierno contengan la característica de generalidad de las leyes emitidas por los órganos legislativos, se consideran como desarrollo de las legislaciones locales.
Sin embargo, como señala claramente el constitucionalista Felipe Tena Ramírez "existe la tendencia a reconocer al municipio la facultad de elaborar su propia ley orgánica", el arreglo institucional que se ensayó y finalmente fue recogido en nuestra carta magna ha entendido que la función legislativa no corresponde al orden municipal, y optó, en cambio, por seguir la concepción clásica de la división de poderes.
Otro arreglo institucional afirma que la legislación local fijará las condiciones para satisfacer a toda comunidad que pretenda formar un municipio, que al ser reconocido por la autoridad surge con la personalidad jurídica que les reconoce la Constitución. Al dejar el problema del nacimiento, a la esfera del derecho de los municipios, a la legislación local, se resolvió tan sólo un problema de competencias que sigue la concepción del municipio como circunscripción territorial o como denominación de las partes en que se dividen los estados, para que estos resuelvan, inclusive, sobre la misma autodeterminación de los pueblos de constituirse en municipio. Esta decisión, si bien requiere para su validez que se haga conforme al derecho local, siempre ha sido un verdadero cuello de botella y un pretexto para mayores injusticias.
Si el Estado nacional (la federación, los estados y los municipios) es depositario de la soberanía, y esta soberanía se expresa a través del voto popular en elecciones federales, locales y municipales, por qué entonces en la Constitución sólo se reconocen el poder federal y el poder estatal como órganos que la ejercen, ¿qué sucede con el poder municipal? ¿No es acaso un poder que ejerce también soberanía? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del poder de los ayuntamientos? ¿Para qué sirven las elecciones municipales? Lo que debería ser evidente para todos es que son la primera expresión del ejercicio de esa soberanía y base de la voluntad ciudadana, porque es el ámbito de gobierno más inmediato a los ciudadanos, el primer vínculo con el sistema de gobierno y el orden jurídico. Este poder debe reunir los atributos constitucionales del orden público: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Para lograr la consolidación de la autonomía municipal y su capacidad de decisión es necesario ampliar sus facultades y potestades en lo político, en lo financiero y en lo social, en un nuevo marco jurídico que transformen la soberanía popular del ámbito municipal, de tal forma que pueda ser cauce de la participación ciudadana, que le permita prestar los servicios públicos que sus habitantes le exigen y convertirse en agente activo del desarrollo económico y social. Por ello, es necesario dotarlo de la capacidad jurídica plena para que las ejerza; así, plantearnos esta reforma del orden de gobierno municipal para que se respete y se logre fortalecer verdaderamente la unidad de la federación, pero sobre bases más justas.
En el artículo 40 proponemos que se reconozca expresamente la soberanía municipal como parte de la voluntad general del pueblo mexicano para constituirse como una república representativa, democrática, federal, compuesta tanto de estados y municipios libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior unidos en una federación que sigue los principios de esta Constitución. En concordancia con lo anterior, el artículo 41 es garante de nuestra soberanía popular que se ejerce de manera directa por medio de los poderes de la Unión, por los de los estados y los municipios, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos estrictamente establecidos por la misma Constitución federal.
En el artículo 71 proponemos reconocer el derecho de iniciar leyes o decretos a los gobernadores de los estados y a las legislaturas de las entidades federativas. En el artículo 73, una nueva fracción XXXI, que en principio habría que destacar que establece la facultad reglamentaria de la Constitución que tiene el Congreso de la Unión, así como los llamados poderes implícitos. Sin embargo, se propone adicionarla para señalar que las leyes que establezcan la concurrencia y coordinación entre los tres órdenes de gobierno se sujetarán a los principios de una descentralización y cooperación subsidiaria y solidaria para la mejor atención a las necesidades sociales.
Dado el caso que se estimara necesario incluir los principios aludidos, según se aprecia, éstos resultan aplicables a todas las fracciones del artículo 73 y no sólo a la fracción XXX, razón por la cual debieran establecerse el concepto de cooperación subsidiaria y solidaria, ya que es sinónimo de fraternidad; incorporaría una obligación ética complementaria de participar en todo aquello que no pudieran ejercer los estados o municipios, que no está implícita en la subsidiariedad.
Siguiendo la misma línea trazada desde el primer artículo del proyecto de decreto propuesto, en el artículo 115 proponemos que se reconozca al municipio como la base del poder político soberano, con toda su diversidad, que trascienda el diseño de un municipio monolítico y unitario que legó la Constitución del 17, en donde se reflejen los municipios urbanos, rurales, metropolitanos y, desde luego, indígenas, que se regirá por una ley orgánica municipal que le permita promover, dentro de su esfera de competencia, el desarrollo económico y social, así como la participación ciudadana municipal.
En congruencia con el fortalecimiento del municipio, planteamos la derogación de todas las facultades de que gozan las autoridades estatales para intervenir discrecionalmente en su vida interna, por ello acotamos esta disposición sólo al caso de que un ayuntamiento por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, o porque conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los estados designen a los concejos municipales que concluirán los periodos respectivos. Eliminamos las trabas estatales para que los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, puedan coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan.
Asimismo, que los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, establecerán las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, para lo cuál contarán con el auxilio técnico de las autoridades estatales competentes.
En el artículo 116 proponemos, como parte de esta redefinición conceptual y la reivindicación histórica que buscamos, que el primer párrafo del artículo 115 vigente pase al artículo 116 para quedar así: "Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, democrático, representativo, participativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre".
Por lo anterior, sometemos a consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Con fundamento en lo que dispone la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a esta Presidencia, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales a que dictamine el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 40, 41,71, 73,115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2009.
Diputados: Mónica Fernández Balboa, David Mendoza Arellano, Salvador Ruiz Sánchez (rúbricas).
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