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Dictámenea de primera lectura
- De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
- De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y adiciona un tercer párrafo al artículo 137 de la Ley General de Población.
- De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que deroga la fracción III Bis del artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
- De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma los artículos 53 y 55, fracción V, y deroga el último párrafo del artículo 55 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
- De las Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el inciso k) del artículo 28; y adiciona el tercer párrafo, recorriéndose el actual a cuarto, al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social.
- De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 Bis, fracción II, inciso h), segundo párrafo, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
- De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma la fracción I y el tercer párrafo del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
- De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 153 Bis, 153 Bis 1, 153 Bis 2, 153 Bis 3 y 153 Bis 4 al Título Cuarto, Capítulo VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y reforma el primer párrafo del artículo 414 del Código Penal Federal.
Dictámenes
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión correspondiente a la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio y reforma otras de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, fracción XII, y 45, numeral 6, incisos d, e y f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 85, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la iniciativa antes mencionada, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Primero. Durante la sesión de la Comisión Permanente celebrada el día 11 de junio de 2008, los ciudadanos secretarios de ésta dieron cuenta de la iniciativa presentada por el diputado José Luis Espinosa Piña, a nombre de los diputados María del Pilar Ortega Martínez y José Gildardo Guerrero Torres, todos ellos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Segundo. El ciudadano Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión".
Tercero. Mediante oficio CE/2471/08, de fecha 16 de junio del año en curso, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta iniciativa remitida por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.
Cuarto. Que la iniciativa objeto de este dictamen propone reformas al Código de Comercio y a la Ley General de Sociedades Mercantiles que se encaminan a precisar que solamente lo documentos que deban ser inscritos en el registro del comercio por las sociedades mercantiles correspondan a aquellos que efectivamente deban surtir efecto ante terceros, logrando con ello una aportación significativa a la desregulación y al otorgamiento de un tratamiento jurídico homogéneo respecto de la publicidad de los actos, tanto de lo previsto en el Código de Comercio como en la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Quinto. Que se considera procedente la dictaminación en sentido favorable de la iniciativa de mérito, incluyendo ciertas precisiones y adiciones, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Que el registro público nace de la necesidad de llevar una cuenta a cada titular de un derecho, con un fin estrictamente administrativo, sin que estuviera conculcada la finalidad de la publicidad.
Ahora los efectos del registro público son más contundentes y su elemento común consiste en informar a toda persona que consulte, poniendo a su disposición los libros con los asientos que contienen.
En nuestro país, el Registro Público de la Propiedad es la Institución a través de la cual los gobiernos de las entidades federativas otorgan publicidad a los actos jurídicos que, conforme a la ley, precisan de este requisito para surtir sus efectos ante terceros. El Registro Público del Comercio, conforme a lo dispuesto por el artículo 18 del Código de Comercio, se encuentra en el ámbito de la institución del Registro Público de la Propiedad en cada una de las entidades federativas.
Segunda. Que la operación del Registro Público de Comercio está a cargo de la Secretaría de Economía y de las autoridades responsables del Registro Público de la Propiedad en los Estados y en el Distrito Federal, en términos del Código de Comercio y de los convenios de coordinación que se suscriban conforme a lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos existirán las oficinas del Registro Público de Comercio en cada entidad federativa que demande el tráfico mercantil.
En él se inscriben los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación lo requieran en aras de certidumbre jurídica y de transparencia de la actividad de las sociedades mercantiles.
Tercera. Que una tendencia de mejores prácticas internacionales predominante en el derecho registral es la desregulación de numerosos trámites pertenecientes al ámbito de la vida interna de las sociedades mercantiles, cuyo registro resulta ocioso o no aporta efectos de certidumbre jurídica.
Así, la desregulación de la inscripción en el registro del comercio de las modificaciones al contrato social de sociedades mercantiles y los nombramientos de representantes, referente al otorgamiento de poderes en sus diversas características y con los alcances jurídicos que conllevan resulta adecuado.
Cuarta. Que por principio de economía jurídica las relaciones jurídicas de índole mercantil –en la ejecución de actos de comercio– no deben sobrerregularse en cuanto a la obligación de su inscripción, si además tales actos se encuentran avalados mediante la fe pública de un corredor o de un notario público.
Quinta. Que los actos societarios nacen extrarregistralmente y su inscripción en el Registro Público del Comercio no es constitutiva de derechos, por lo que si se identifica algún vicio que implique su nulidad, los socios o los terceros interesados pueden demandar tal nulidad sin restricción alguna.
Sexta. Que el objetivo de la institución registral es brindar certidumbre jurídica a ciertos actos del comercio y la oponibilidad de derechos frente a terceros, sin embargo, para que se cumpla de manera eficiente y eficaz con su cometido es necesario consolidar un programa de modernización, que permita un manejo confiable de las bases de datos, una capacitación continua del personal, la posibilidad de reducir el número de actos inscribibles, así como la homogenización de los procedimientos y trámites de registro y consulta.
Séptima. Que todo lo anterior nos conduce necesariamente al concepto de mejora regulatoria; es decir, que la regulación responda a fines razonables y que no se traduzca en mayores costos para los particulares y barreras a la inversión y al comercio. Esta concepción tampoco debe limitarse a desregular procesos burocráticos, sino a analizar y actualizar el marco jurídico para mejorar procesos y evitar que el ordenamiento jurídico sea excesivo o ineficiente.
Octava. Que el artículo 16 del Código de Comercio señala la obligación de los comerciantes, a inscribir en el Registro Público de Comercio, los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios, por lo que reformar la fracción II del referido numeral para indicar la obligación de la inscripción de los documentos que deban surtir efecto frente a terceros, resulta redundante, ya que la función principal de cualquier registro es la producción de los efectos jurídicos de oponibilidad frente a terceros.
Es decir, la sustitución de la expresión "documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios" por "documentos que deban surtir efectos frente a terceros" no se considera adecuada, ya que al tenor de la redacción vigente, se establece la posibilidad de que la norma precise en cada caso que documentos deben hacerse notorios, al tiempo que se prescribe su inscripción en el registro y que con la descripción propuesta en la iniciativa se podría incurrir en una tautología que no aporta ningún elemento de certidumbre jurídica.
Novena. Que la reforma propuesta al artículo 19 resulta adecuada, ya que de la constitución y modificaciones de las sociedades mercantiles se clarifica qué actos serán susceptibles de inscripción por parte de la sociedad mercantil teniendo que ver con momentos trascendentales de su existencia jurídica, constitución, transformación, escisión, fusión, disolución y liquidación atendiendo a la personalidad jurídica de la sociedad, los elementos relacionados con su nomenclatura, clase de comercio que realiza, tipo de sociedad, capital, socios, domicilio, etcétera, pero sobre todo por la oponibilidad y surtimiento de efectos ante terceros, y por último en razón de la extinción de la personalidad jurídica de las sociedades.
Décima. Que por congruencia con lo anterior es indispensable analizar el contenido del artículo 21 del mismo ordenamiento, que contiene la descripción de los elementos que se deben anotar en los folios electrónicos del registro del comercio y que la iniciativa en dictamen propone una reforma a las fracciones V y XII y la derogación de la fracción VIII.
La fracción V de la propuesta usa el concepto "escrituras", que se considera adecuado cambiar por el de instrumentos públicos, en lo que corresponda ya que este término jurídico cuenta con mayor amplitud y permite la inscripción de tanto de escrituras como de actas, así mismo se estima necesario corregir de la redacción de la iniciativa, por lo que hace al señalamiento, "de todas las sociedades mercantiles", por "de las sociedades mercantiles" que se refiere efectivamente al universo de la totalidad de las mismas y se elimina de la propuesta la expresión "cualquiera que sea su objeto o denominación", porque al hablar genéricamente de "instrumentos públicos" no es necesaria la referencia específica para determinar la naturaleza de los mismos.
En tal sentido, se reconocen tres tipos especiales de documentos mediante los cuales puede otorgarse fe pública, a saber, escritura pública, actas y actos que tienen por objeto modificar la escritura o el acto.
Décima Primera. Por lo que hace a la propuesta de derogar la fracción VII del artículo 21 del Código de Comercio. Cabe destacar que se comparte inicialmente el criterio enunciado, ya que dicha derogación es congruente con lo dispuesto por el artículo 10, párrafo segundo, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que refiere: "Para que surtan efectos los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de administración, en su caso, bastará con la protocolización ante notario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente o secretario de la asamblea del órgano de administración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento notarial, o en su defecto lo podrá firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores", de lo que se desprende que no prevé como requisito para la validez la inscripción de los poderes en el Registro de Comercio.
De igual manera el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado al respecto con la tesis aislada emitida en el amparo en revisión 82/2002 del 22 de abril de 2002 en el que se señala que los poderes emitidos –en ese caso por instituciones de crédito– solamente requieren: a) las inserciones relativas al acuerdo de consejo de administración que haya autorizado su otorgamiento; b) las relativas a las facultades que en los estatutos sociales se concedan en el propio consejo; c) las de comprobación del nombramiento de los consejeros. Se señala que el poder para pleitos y cobranzas que contenga tales requisitos es eficaz y suficiente para acreditar la representación del mandante, sin que se requiera de ningún otro que los señalados y mucho menos su inscripción en el Registro Público del Comercio.
El criterio judicial señala que el registro de los poderes no es un requisito esencial para la producción de los efectos jurídicos y tiene como consecuencia de derecho que en caso de revocación o renuncia, el apoderado que actúe de mala fe será responsable frente a la poderdante y al contratante de buena fe, independientemente de que ese produzcan los efectos jurídicos del acto. Su inscripción no es condicionante para la producción de tales consecuencias jurídicas. En este sentido, la inscripción o no del acto de revocación o renuncia es de nula utilidad para efectos fácticos.
No obstante lo anterior derogar completamente la hipótesis de inscripción contenida en el Código de Comercio, no resulta lo más idóneo, por lo que se considera más adecuado asentar una disposición que permita que dicho registro sea opcional, sólo para efectos de consulta o el comercio electrónico, sin contravenir el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y al mismo tiempo se satisface el interés de quienes en su carácter de socios o terceros quisieran que el acto de la manifestación de la voluntad del otorgamiento de un poder pueda quedar inscrito en el registro del comercio además de que se encuentre protocolizado ante el fedatario.
Al eliminar la condición imperativa y dar un tratamiento potestativo a la norma se logra un equilibrio entre el principio que señala que para la producción de efectos jurídicos no se requiere la inscripción de un poder y el interés de socios o terceros cuya intención sea llevar a cabo la inscripción correspondiente.
Décima Segunda. Por lo que corresponde a la última reforma propuesta al Código de Comercio, se sustituye el término "fin social" por objeto social, para mantener congruencia con lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la que se señala que la escritura constitutiva de la sociedad deberá contener el objeto de la misma.
Décima Tercera. La reforma del artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles corresponde al criterio de que todos los actos societarios nacen extrarregistralmente y que su inscripción en el Registro Público del Comercio no los convalidará si nacieron con algún vicio que implique su nulidad y los socios y terceros podrán, en su caso, demandar tal nulidad sin restricción alguna. Por tal motivo se excluye de la obligación de depósito de copia autorizada en el registro del comercio del dictamen del comisario que recaiga a la asamblea general de accionistas, observando que con la reforma propuesta se logran los efectos de publicidad perseguidos por la ley y se deja a salvo el derecho de los socios y de los terceros para poder demandar la nulidad en caso de irregularidades.
Sin embargo y toda vez que el derecho de los socios y terceros esta salvaguardado conforme a los artículos 201 y 205 del la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, esta comisión dictaminadora determina que el segundo párrafo que compone la propuesta de modificación no resulta relevante para el ejercicio de la acción que pretende y sí representa una inscripción adicional ante el registro del comercio. Es decir, la oposición a que se refiere este párrafo puede ser desahogada en la vía correspondiente sin necesidad de que exista un antecedente previo en el registro, razón por la que se sugiere la eliminación de este párrafo.
Décima Cuarta. Que respecto de reformar el párrafo tercero del artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles es consistente con la reforma a la fracción V del artículo 21 del Código de Comercio, toda vez que lo que resulta inscribible será el instrumento público y no el acta de asamblea en sí misma.
Décima Quinta. Que los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictaminan, reconocen y concluyen que la iniciativa presentada en esta Soberanía contiene propuestas que enriquecen, complementan y adecuan la legislación mexicana, por lo que hace suyos los motivos de los legisladores autores de la propuesta de mérito y a efecto de establecer criterios de interpretación y técnica jurídica correctos, se manifiesta por la necesidad de aprobar con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio y reforma otras de la Ley General de Sociedades Mercantiles, presentada por el diputado José Luis Espinosa Piña, en nombre de los diputados María del Pilar Ortega Martínez y José Gildardo Guerrero Torres, mediante el siguiente
Decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Sociedades Mercantiles
Artículo Primero. Se reforman los artículos 19, 21, fracciones V, VII y XII, del Código de Comercio, para quedar como sigue:
Artículo 19. La inscripción o matrícula en el registro mercantil será potestativa para los individuos que se dediquen al comercio y obligatoria para todas las sociedades mercantiles por lo que se refiere a su constitución, transformación, fusión escisión, disolución y liquidación y para los buques. Los primeros quedarán matriculados de oficio al inscribir cualquier documento cuyo registro sea necesario.
Artículo 21. ...
V. Los instrumentos públicos en los que se haga constar la constitución de las sociedades mercantiles, así como los que contengan su transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación;
VI. ...
VII. Para efectos del comercio y consulta electrónicos, opcionalmente, los poderes y nombramientos de funcionarios, así como sus renuncias o revocaciones;
VIII. a XI. ...
XII. El cambio de denominación o razón social, domicilio, objeto social, duración y el aumento o disminución del capital mínimo fijo;
XIII. a XIX. ...
Artículo 177.- Quince días después de la fecha en que la asamblea general de accionistas haya aprobado el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172, deberán mandarse publicar los estados financieros incluidos en el mismo, juntamente con sus notas y el dictamen del comisario, en el periódico oficial de la entidad en donde tenga su domicilio la sociedad, o, si se trata de sociedades que tengan oficinas o dependencias en varias entidades, en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 194. ...
...
Las actas de las asambleas extraordinarias serán protocolizadas ante fedatario público.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Comisión de Economía
Diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso, Narcizo Alberto Amador Leal, Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Octavio Martínez Vargas, Susana Monreal Ávila, José Amado Orihuela Trejo, Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Raúl Ríos Gamboa, Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez, Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho, Víctor Gabriel Varela López, Joaquín Humberto Vela González, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 137 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN
La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la LX Legislatura, con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 39, fracciones 1 y 2, y 45, fracción 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite y somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen, respecto a la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población, conforme a los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes
Que el 19 de julio de 2006 se presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Población, suscrita por los diputados José Antonio de la Vega Asmitia, Pablo Alejo López Núñez y Sergio Penagos García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que en la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para estudio y dictamen.
Contenido de la iniciativa
La iniciativa estima despenalizar algunas conductas, solamente sancionar las de la esfera administrativa y mantener las que puedan implicar un peligro a la seguridad nacional.
En ese sentido, con la convicción del respeto de la dignidad de los migrantes y la salvaguarda de sus derechos humanos, junto con la congruencia que ello nos exige, la iniciativa tiene como objeto despenalizar las actividades propias de la migración y ubicarlas así como sanciones administrativas.
Busca eliminar las penas que se vinculan a las actividades propiamente migratorias, con objeto de despenalizar la acción migratoria, la que únicamente es impulsada por la necesidad y un mayor bienestar. Por el contrario, se procederá a aplicar sanciones administrativas y posterior deportación a quienes ingresen de manera irregular en territorio mexicano, garantizando en todo momento el respeto de sus derechos y su dignidad.
Se pretende eliminar de esta ley una disposición considerada contraria al espíritu constitucional, que establece como plazo máximo de arresto hasta 3 días, adecuándola al precepto previsto en nuestra legislación actual que prevé un plazo máximo de 36 horas, cuando se trata de cuestiones administrativas.
Consideraciones de la comisión
Esta comisión, después de haber realizado un estudio y análisis sobre la iniciativa presentada por los diputados José Antonio de la Vega Asmitia, Pablo Alejo López Núñez y Sergio Penagos García, en cuanto a reformar varios de los artículos que criminalizaban la migración, ha llegado a las siguientes conclusiones:
No se consideran procedentes las propuestas de reformas de los artículos 118, 119, 120, 121, 122, 123 y 125, toda vez que esta comisión en su momento aprobó modificaciones de éstos en busca de dar un mejor trato a los migrantes y de despenalizar la migración, con la derogación de algunos artículos y las modificaciones de otros, por lo cual quedan sin efecto las propuestas plasmadas en la iniciativa que hoy se dictamina porque cambió el articulado.
Si bien debemos considerar que sí es procedente la propuesta de modificación del artículo 137 de la ley, por la que se pretende adecuar la pena del arresto que actualmente está considerada en un plazo de hasta 3 días, por la de 36 horas.
Esta comisión considera pertinente la reforma del artículo 137 de la Ley General de Población, toda vez que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo indica como tiempo máximo de arresto el plazo de 36 horas para el caso de las sanciones administrativas, y como en este caso nos referimos a una falta de tal carácter, en virtud de que la violación del artículo de referencia de la Ley General de Población no constituye un delito, es posible apoyar y dictaminar positivamente dicha propuesta.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Decreto por el que se reforma el artículo 137 de la Ley General de Población
Único. Se reforman el párrafo primero y se adiciona un tercer párrafo al artículo 137 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
Artículo 137. La persona que visite un transporte marítimo extranjero sin permiso de las autoridades migratorias será castigada con multa de veinte a cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal o arresto hasta por treinta y seis horas.
?
No obstante esta disposición no podrá ser citada para impedir que las tripulaciones y personal a bordo puedan tener acceso a la representación legal que soliciten, lo que deberán hacer del conocimiento de las autoridades marítimo-portuarias a efecto de que éstas se coordinen con las autoridades migratorias para los efectos que correspondan.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, a 2 de diciembre de 2008.
La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios
Diputados: Antonio Valladolid Rodríguez (rúbrica), presidente; Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), secretarios; Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Daniel Chávez García (rúbrica), Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez, Elia Hernández Núñez, Omeheira López Reyna (rúbrica), María Dolores González Sánchez, Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), Silbestre Álvarez Ramón, Alberto Amaro Corona (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Érick López Barriga (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié, Ivette Jacqueline Ramírez Corral, Guillermina López Balbuena, Isael Villa Villa (rúbrica), José Luis Aguilera Rico, Irma Piñeyro Arias (rúbrica), Pascual Bellizzia Rosique (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN III BIS DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura fue turnada, para estudio, análisis y dictamen correspondiente, iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 6, fracción III Bis, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
Esta comisión, con fundamento de lo dispuesto en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa, somete a consideración de la honorable asamblea el dictamen basándose en los siguientes
Antecedentes
2. En esa misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para estudio y análisis correspondiente.
3. Con fecha 2 de diciembre de 2008, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el dictamen.
Señala el iniciador que la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975, presenta una aclaración referente al Capítulo Segundo, "Premios y Preseas", artículo sexto, fracción III, relativo a los premios otorgados por las ciencias y artes, al cual fue adicionado una fracción III Bis que otorgaba premios de demografía.
Posteriormente, continúa señalando el proponente, sufrió una reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de marzo de 2003, donde los premios de demografía serían parte del artículo 6, fracción IV; sin embargo, este último decreto no instruye sobre la fracción III para que fuera derogada, lo que provoca confusión al definir las bases para hacerse acreedor al premio de demografía.
Así, el objetivo de la iniciativa es derogar la fracción III Bis del artículo 6 de la ley en análisis para que la fracción IV establezca el premio nacional de demografía.
Establecidos los antecedentes y el contenido de las iniciativas, los miembros de Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados exponemos las siguientes
Consideraciones
2. El artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles señala los premios que tendrán el carácter de nacionales y que son los siguientes:
Artículo 6. Se establecen los siguientes premios, que se denominarán y tendrán el carácter de nacionales:
II. Orden Mexicana del Águila Azteca;
III. De ciencias y artes;
III Bis. De demografía.
IV. De demografía;
V. De deportes;
VI. De mérito cívico;
VII. De trabajo;
VIII. De la juventud;
IX. De servicios a la comunidad;
X. De antigüedad en el servicio público;
XI. De administración pública;
XI Bis. Al mérito forestal;
XII. De protección civil;
XIII. De trabajo y cultura indígena.
XIV. De derechos humanos;
XV. De preservación del medio ambiente;
XVI. De seguridad pública; y
XVII. Premio Nacional de la Cerámica.
3. La creación del Premio Nacional de Demografía fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 1986. En la exposición de motivos, el Ejecutivo federal afirmó que la adición de este premio en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles obedeció al "impulso de la investigación demográfica que constituye en elemento esencial para la planeación del desarrollo nacional, y de que está es un factor necesario para instrumentar con éxito la política gubernamental" (Poder Ejecutivo federal; exposición de motivos que adiciona el Premio Nacional de Demografía a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, 17 de septiembre de 1986).
4. A mayor abundamiento, la exposición de motivos afirmó que la creación del Premio Nacional de Demografía obedeció a la trascendental importancia del "conocimiento, cada vez más completo y científicamente fundamentado, de las características y tendencias que presentan los fenómenos demográficos en nuestro país, así como de sus causas e implicaciones en las esferas económicas, política, social y cultural. Los avances logrados en cuanto a la generación de estos conocimientos en décadas pasadas fueron determinadas para la formulación e instrumentación de la actual política de población del gobierno de la república, cuyos principios y objetivos se hallan expresados en la Ley General de Población vigente, promulgada en 1974, al indicar que su objeto principal es regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, a fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social" (Poder Ejecutivo federal; exposición de motivos que adiciona el Premio Nacional de Demografía a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, 17 de septiembre de 1986).
5. Por lo anterior, se adicionó al artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles una fracción III Bis, además de la adición de un capítulo VII Bis denominado "Premio Nacional de Demografía", el cual se conformó con los artículos 51-A, 51-B, 51-C y 51-D, y que señalaron las características del premio mencionado.
6. Por otro lado, el 28 de agosto de 2002 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Poder Legislativo federal turnó a la entonces Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados la iniciativa presentada por el diputado Eduardo Rivera Pérez, a nombre del grupo de trabajo en materia de protección civil de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, integrado por los diputados Manuel Añorve Baños, Lorenzo R. Hernández Estrada, José Jesús Reyna García, Jaime Vázquez Castillo, Arturo Escobar y Vega, Rodrigo D. Mireles Pérez, Néstor Villarreal Castro y Eduardo Rivera Pérez, que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y por el que se propuso la creación del Premio Nacional de Protección Civil.
7. El dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados describió en el capítulo ‘Consideraciones’ la propuesta para recorrer "debidamente el número de los artículos y de los capítulos que se fue alterando con las diversas reformas que sufrió la ley, consideramos que ello da mayor claridad al cuerpo normativo de la ley y evita referirse a artículos con letras A, B o C, mientras que otros artículos se encuentran derogados; con esto solamente se hace una reestructuración de los artículos mas no modifica su contenido".
8. Efectivamente, del dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública se advierte la reforma y adición del artículo 6, agregando la fracción IV, "De demografía", y de un Capítulo VIII denominado "Premio Nacional de Demografía", formado por los artículos 52, 53, 54 y 55, sin especificar la eventual derogación del artículo 6, fracción III Bis, a la que se ha hecho alusión. El dictamen fue aprobado en lo general en la Cámara de Diputados con 432 votos en pro, el jueves 12 de diciembre de 2002.
9. Finalmente, el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado destacó la coincidencia con la consideración de la Cámara de Diputados, adhiriéndose al criterio aplicado para reestructurar el contenido de la normatividad en comento y por el que se adicionó una fracción IV al artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. El dictamen de la minuta fue aprobado por la Cámara revisora con 97 votos en pro, el sábado 14 de diciembre de 2002, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 7 de marzo de 2003.
10.Por lo anterior expuesto, la comisión advierte que el proceso legislativo que reestructuró el orden de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles fue omiso sobre la eventual derogación de la fracción III Bis del artículo 6 que señaló la creación del Premio Nacional de Demografía, por lo que al no haberse indicado, encontramos ahora dos fracciones coincidentes, es decir, la III Bis y la IV en el artículo 6 con el nombre "De demografía". En este sentido, se considera viable el proyecto presentado por el diputado Jorge Godoy Cárdenas.
Decreto que deroga la fracción III Bis del artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles
Artículo Único. Se deroga la fracción III Bis del artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para quedar como sigue:
Artículo 6. ?
III Bis. Derogada.
IV. a XVII. ?
?
Único. El decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 2 de diciembre de 2008.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello, María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 53 Y 55, FRACCIÓN V, Y DEROGA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
Honorable Asamblea:
La Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente
Dictamen
Antecedentes
A la Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente número 4230, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55, fracción V, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por el diputado José Inés Palafox Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, el 25 de junio de 2008.
El legislador promovente destaca que una de las finalidades de la Ley General de Cultura Física y Deporte consiste en fomentar, ordenar y regular las asociaciones y sociedades deportivas, deportivo-recreativas y del deporte en la rehabilitación y de la cultura física-deportiva, a las cuales reconoce de manera formal como asociaciones deportivas nacionales mediante el registro que otorga el gobierno federal por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y que trae aparejada una serie de derechos y obligaciones.
Asimismo, señala que en la regulación prevista en la ley sobre este tema existe contradicción en sus disposiciones; anota que, de acuerdo con el artículo 29 de la ley, el cual establece como atribución de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte otorgar el registro correspondiente a las asociaciones y sociedades que en el ámbito nacional tengan como objeto fomentar, desarrollar, promover, investigar, difundir e impulsar actividades de cultura física o deporte, así como el artículo 44, el cual señala con claridad que serán registradas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte las asociaciones deportivas y las personas morales, cualquiera que sea su denominación y naturaleza jurídica, que conforme a su objeto social promuevan, practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte sin fines económicos; por lo que corresponde a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte otorgar el registro correspondiente a las asociaciones y sociedades deportivas que tengan los objetivos mencionados. Esto es, afirma el promovente, contradictorio con lo establecido en la fracción V del artículo 55 de la ley, el cual exige a las asociaciones deportivas como requisito para obtener el registro, estar afiliadas a una federación deportiva internacional reconocida por la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales, lo cual limita a las federaciones mexicanas afiliadas a la federación deportiva internacional respectiva cuando ésta no tiene reconocimiento de la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales, al igual que aquéllas asociaciones deportivas mexicanas de cuya disciplina no existe federación internacional. Lo anterior, de acuerdo con el legislador, constituye una clara contradicción entre las diversas disposiciones de la ley en estudio, ocasionando incluso la inaplicabilidad de otras, como el derecho de muchas asociaciones deportivas a recibir su registro. Agrega el diputado promoverte que esta situación provoca una desigualdad entre las federaciones deportivas nacionales que se encuentran en los distintos supuestos ilustrados.
Por lo anterior, expone la necesidad de reconocer y homologar la intención de la legislación deportiva en el sentido de apoyar y registrar a todas las asociaciones deportivas nacionales que tengan como finalidades las señaladas por la ley en estudio, modificando las disposiciones que limiten la participación de los diferentes actores participantes en el ámbito de la cultura física y el deporte.
La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis de la iniciativa de referencia, llevando a cabo, para tal efecto, reuniones de trabajo con los integrantes del pleno de la misma, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta con las siguientes
Consideraciones
La Ley General de Cultura Física y Deporte es la norma rectora del deporte en nuestro país y tiene como objeto establecer las bases generales de coordinación y colaboración entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como de la concertación para la participación de los sectores social y privado en materia de cultura física y deporte, correspondiendo su aplicación e interpretación en el ámbito administrativo al Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
En efecto, como lo expone el diputado promovente, la ley ordena y regula la participación de las múltiples organizaciones deportivas legalmente constituidas a la luz de las disposiciones de la ley en estudio, siendo fundamental la congruencia de su contenido.
Derivado de la revisión realizada por esta comisión, encontramos que, como lo refiere atinadamente el legislador, existen disposiciones dentro de la ley que dificultan el cumplimiento de sus finalidades e inclusive atentan contra la igualdad de los sujetos a quienes se destina; la regulación que actualmente contempla la ley para las asociaciones deportivas constituye un claro ejemplo.
Los artículos 51 y 53 reconocen a las federaciones deportivas mexicanas su calidad como máxima instancia técnica de su disciplina, ordenan y establecen la forma de regulación a las asociaciones deportivas nacionales. A continuación, en los subsecuentes artículos se especifican las atribuciones, derechos y obligaciones, que orientan su actuar, tales como: calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales; actuar en coordinación con sus asociados en la promoción general de su disciplina deportiva en todo el territorio nacional y colaborar con la administración de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios en la formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte. Además, son sujetos de los apoyos y estímulos que en su caso acuerde el Ejecutivo federal, siempre que estén registradas de conformidad con la ley ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y cumplan las obligaciones que se les imponga como integrantes del Sistema Nacional del Deporte, las derivadas del estatuto de la Confederación Deportiva Mexicana y demás disposiciones aplicables en materia presupuestaria.
Asimismo, este ordenamiento señala en su artículo 55 los requisitos que deberán cumplir las federaciones deportivas mexicanas, o equivalentes, que pretendan obtener el registro y reconocimiento de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como asociaciones deportivas nacionales, a saber:
II. Existencia de competiciones de ámbito internacional con un número significativo de participantes.
III. Representar mayoritariamente una especialidad deportiva en el país.
IV. Prever en sus estatutos la facultad de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de fiscalizar la correcta aplicación y ejercicio de los recursos públicos, así como evaluar los resultados de los programas operados con los recursos mencionados.
V. Contar con la afiliación a una federación internacional reconocida por la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales.
VI. Estar reconocida conforme a la presente ley.
VII. Constancia de afiliación o asociación a la Confederación Deportiva Mexicana.
Bajo este contexto, a simple vista se observa un estado de igualdad y de congruencia; sin embargo, la práctica ha mostrado la existencia de un estado de desigualdad entre las asociaciones deportivas de las distintas disciplinas legalmente constituidas, particularmente por lo dispuesto en la fracción V, que exige contar con la afiliación a una federación internacional reconocida por la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales, y que ha sido un obstáculo, no sólo para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte pueda otorgar el registro como asociación deportiva nacional y para que pueda otorgarles apoyos y estímulos a los que tienen derecho, de conformidad con el artículo 56 de la Ley General de Cultura Física y Deporte1, sino para que las propias asociaciones puedan ser reconocidas legalmente por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como asociaciones deportivas nacionales y con ello ser sujetos de todas las obligaciones y derechos, como recibir apoyos y estímulos económicos, contemplados y reconocidos en la propia ley de referencia. Si bien el texto vigente del artículo 55 exceptúa del cumplimiento de la fracción V, en el sentido de contar con la afiliación a una federación internacional reconocida por la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales, a las federaciones mexicanas de charrería y juegos y deportes autóctonos, en virtud de que no existe federación internacional de dichas disciplinas; la realidad social ha superado por mucho la hipótesis de excepción; tal es el caso de las asociaciones deportivas que se citan a continuación en forma enunciativa mas no limitativa: Federación Mexicana de Padel, AC, Federación Mexicana de Lima Lama, AC; Federación Mexicana de Golf, AC; Federación Mexicana de Fútbol Rápido, AC; Federación de Dominó de la República Mexicana, AC; Federación Mexicana de Arte y Cultura, AC; Federación Mexicana de Nippon Kempo, AC; Federación Mexicana de Medicina del Deporte, AC; Federación Mexicana de Deportes para Sordos, AC; Federación Mexicana de Cross Bol, AC; Federación Mexicana de Colombofilia, AC; Asociación Mexicana de Medallistas Olímpicos, AC; Asociación Mexicana de Duni, AC; Asociación Mexicana de Actividad Física y Deporte para Adultos y Ancianos, AC. Estas asociaciones, además de las excepciones que contempla la ley vigente, han sido identificadas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte por no contar con una federación internacional en su disciplina afiliada a la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales (AGIFS)2.
Aunado a lo anterior, también han sido identificados otros supuestos, como el caso de asociaciones deportivas nacionales que por no estar al corriente en los pagos correspondientes a la afiliación de su federación internacional y precisamente por la ausencia de estímulos y apoyos económicos por parte del Estado, no obtienen la constancia anual que otorga esta última; tal ha sido el caso de las federaciones de hockey sobre hielo y levantamiento de pesas3, y en consecuencia pierden el cúmulo de atribuciones que otorga la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Es por todo lo anterior que la Comisión de Juventud y Deporte comparte la intención noble del legislador y estima que los alcances de su intención podrían ampliarse más aún si en lugar de modificar la fracción V del artículo 55, en términos de la propuesta original "Contar con la afiliación a una federación internacional de su respectiva disciplina", se modifica para quedar de la siguiente manera: "Acreditar el reconocimiento de la federación u organización internacional, si la hubiera, con apego a las normas de los organismos deportivos internacionales"; se deroga el párrafo último del mismo artículo que actualmente excluye del cumplimiento de la fracción V a las federaciones mexicanas de charrería y juegos y deportes autóctonos, en virtud de que no existe federación internacional de dichos deportes, y se modifica la redacción del artículo 53 para complementar y armonizar la propuesta, el cual en el texto vigente dice "las asociaciones deportivas nacionales son la máxima instancia técnica de su disciplina y deberán representar a un sólo deporte en todas sus modalidades y especialidades, en los términos del reconocimiento de su respectiva federación deportiva internacional"; para quedar como sigue: "Las asociaciones deportivas nacionales son la máxima instancia técnica de su disciplina y deberán representar a un sólo deporte en todas sus modalidades y especialidades, en los términos del reconocimiento de su respectiva federación u organización internacional, si la hubiera."
De esta manera, se acotan los requisitos para reconocer legalmente a las asociaciones deportivas, en atención a los intereses que actualmente demanda la comunidad, no sólo nacional sino mundial, en materia deportiva, ya que por sus características obedecen a una estructura internacional, haciéndose efectiva la igualdad entre las asociaciones deportivas nacionales, pues serán sujetas a dicha fracción cuando exista una federación u organización internacional equivalente de su disciplina, que cumpla las normas de los organismos deportivos internacionales, que nuestra nación hace suyas, al igual que el resto de los países representados a través de las federaciones deportivas internacionales, salvaguardándose de esta manera la organización nacional y mundial del deporte. Asimismo, se otorga congruencia y claridad a nuestro ordenamiento deportivo y en general se avanza en el beneficio del deporte mexicano.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Juventud y Deporte somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente:
Decreto
Artículo único. Se reforman los artículos 53 y 55, fracción V, y se deroga el último párrafo del artículo 55 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:
Artículo 53. Las asociaciones deportivas nacionales son la máxima instancia técnica de su disciplina y deberán representar a un sólo deporte en todas sus modalidades y especialidades, en los términos del reconocimiento de su respectiva federación u organización internacional, si la hubiera.
Artículo 55. ?
V. Acreditar el reconocimiento de la federación u organización internacional correspondiente, si la hubiera, con sujeción a las normas de los organismos deportivos internacionales.
VI. y VII. ?
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte tendrá 90 días después de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes.
Notas
1. Opinión institucional de la reforma en estudio, elaborado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y presentado ante esta comisión por conducto de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio número SEL/UEL/311/DGAEGFSC/3207/08, del 19 de septiembre de 2008.
2. Idem.
3. Idem.
Salón de sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte; Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2008.
La Comisión de Juventud y Deporte
Diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), presidenta; Gregorio Barradas Miravete, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido, José Luis Aguilera Rico (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos, Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), José Inés Palafox Núñez (rúbrica), secretarios; Salvador Barajas del Toro, Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Ricardo Franco Cazarez (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Alma Xóchil Cardona Benavides (rúbrica), Fidel Antuña Batista (rúbrica), José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Miguel Ángel Gutiérrez Aguilar, Jorge Luis de la Garza Treviño, Emilio Ulloa Pérez, Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica).
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, Y DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO K) DEL ARTÍCULO 28; Y ADICIONA EL TERCER PÁRRAFO, RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL A CUARTO, AL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Salud, y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura fue turnada, para estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso k) del artículo 28 y adiciona un párrafo tercero al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social, presentada el 25 de octubre de 2007 por la diputada Martha Margarita García Müller, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Estas comisiones elaboraron el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2, fracción III, y 3; los artículos 44, 45 numeral 1, 4, 6 incisos d) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
Primero. Con fecha 25 de octubre de 2007, la diputada Martha García Müller, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa que reforma la Ley de Asistencia Social.
Segundo. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 fracción f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa para su estudio y dictamen a estas comisiones.
Con base en lo anterior, las comisiones unidas hacen de su conocimiento el siguiente
Contenido de la iniciativa
1. Se propone reformar el inciso k) del artículo 28 y adicionar un párrafo tercero al artículo 29 ambos de la Ley de Asistencia Social para establecer como una atribución del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el elaborar y actualizar el Registro Nacional de personas con discapacidad, en colaboración con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, Dependencias, Entidades Federales, Estatales y Municipales, para quedar como sigue:
Texto vigente
a) a j) ?
k) Elaborar y actualizar el Directorio Nacional de las Instituciones Públicas y Privadas de Asistencia Social;
l) a z) ?
Artículo 29. En el diseño de las políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios, y la realización de acciones, el Organismo actuará en coordinación con dependencias y entidades federales, estatales o municipales, de acuerdo con la competencia y atribuciones legales que éstas tengan.
?
a) a j) ?
k) Elaborar y actualizar el Directorio Nacional de las Instituciones Públicas y Privadas de Asistencia Social y el Registro Nacional de Personas con Discapacidad.
l) a z) ?
Artículo 29. En el diseño de las políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios, y la realización de acciones, el Organismo actuará en coordinación con dependencias y entidades federales, estatales o municipales, de acuerdo con la competencia y atribuciones legales que éstas tengan.
?
Elaborará y actualizará el Registro Nacional de Personas con Discapacidad con la colaboración del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, y en coordinación con Dependencias y Entidades Federales, Estatales y Municipales. Lo anterior en estricto apego, en lo que corresponda, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
3. En la exposición de motivos se establece que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es el encargado de apoyar a las personas con discapacidad y de coordinar el Sistema Nacional de Información en materia de Asistencia Social en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Consideraciones
I. La comisión está de acuerdo con la promovente en que es necesario que exista el Registro Nacional de Personas con Discapacidad realizado conjuntamente por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, con el fin de recabar los datos de las personas con discapacidad, ya que sólo con este conocimiento se podrá llevar a cabo el diseño de políticas públicas eficaces que atiendan las necesidades y demandas cotidianas de estas personas.
II. La Ley General para las Personas con Discapacidad establece en su artículo 29 que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es el instrumento permanente encargado de apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de la Ley General de las Personas con Discapacidad y en su artículo 30, fracción XVIII mandata:
I. a XVII. ?
XVIII. Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y entidades de la administración pública federal, y en su caso, voluntaria para las instituciones de los sectores social y privado, que realicen acciones o programas relacionados con las personas con discapacidad.
De ello se desprende que en todo lo referente a programas y acciones a favor de las personas con discapacidad, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad será el organismo de consulta y asesoría obligatoria, por lo que es pertinente que el Registro Nacional se elabore y actualice en colaboración entre las dos instituciones.
Proyecto de decreto que reforma el inciso k) del artículo 28 y adiciona un párrafo al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social
Artículo Único. Se reforma el inciso k) del artículo 28 y se adiciona el tercer párrafo, recorriéndose el actual para pasar a ser cuarto, al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:
Artículo 28. El organismo será el coordinador del Sistema, y tendrá las siguientes funciones:
k) Elaborar y actualizar el Directorio Nacional de las Instituciones Públicas y Privadas de Asistencia Social y el Registro Nacional de Personas con Discapacidad.
l) a z) ?
?
Elaborará y actualizará el Registro Nacional de Personas con Discapacidad con la colaboración del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad;
?
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La elaboración, actualización y administración del Registro Nacional de Personas con Discapacidad se realizará con los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, por lo que no se requerirán recursos adicionales para tales efectos.
Dado en la sala de juntas de la comisión, a 2 de diciembre de 2008.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe, Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, María Mercedes Maciel Ortiz, Lorena Martínez Rodríguez, Holly Matus Toledo, Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Diputados: Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), presidenta; Marcela Cuen Garibi (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), secretarios; Irene Aragón Castillo, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, Silvia Emilia Degante Romero, Martha Margarita García Müller (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silvia, Marisol Mora Cuevas (rúbrica), Diana Carolina Pérez de Tejada Romero (rúbrica), Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez, Mario Vallejo Estévez, Martín Zepeda Hernández (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 47 BIS, FRACCIÓN II, INCISO H), SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada por el Pleno, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Esta comisión legislativa, con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV; 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. En sesión plenaria de la honorable Cámara de Diputados celebrada el 27 de abril de 2006, el diputado José Luis Cabrera Padilla, integrante, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
2. Con esta misma fecha, por mandato de la Mesa Directiva, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Debido a que dicho asunto no pudo ser dictaminado en tiempo y forma, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se permite elaborar el presente dictamen, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
Los legisladores que integran esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión tienen el derecho de iniciativa, el cual se sustenta en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así también, este Congreso tiene la facultad que le confiere el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Así las cosas, una vez analizadas las atribuciones referidas en el párrafo anterior y el contenido del asunto en estudio, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe señalar que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria para su presentación, que son los siguientes:
• Tener un título.
• Contener el nombre y firma de la persona que presenta la iniciativa.
• Una parte expositiva de motivos.
• El texto legal que se propone.
• El artículo transitorio que señala la entrada en vigor.
• La fecha de elaboración.
• Ser publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Es por esto que actualmente existe una gran preocupación, por parte de la comunidad internacional en relación con la evidente y creciente perdida de la biodiversidad en el planeta como consecuencia de un desarrollo contrario a todos los principios de sustentabilidad; razón por la cual, en el marco de la cooperación internacional, y considerando que es vital prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica, el 22 de mayo de 1992 el Comité Intergubernamental de negociación para una Convención sobre Diversidad Biológica, adoptó en la Kenia, el Convenio sobre Diversidad Biológica, que posteriormente fue abierto a la firma durante la Convención de Río en 1992; del cual nuestro país es parte contratante. Este convenio establece los términos a los cuáles se deberán sujetar los estados miembros en la planeación de su política ambiental tendiente a la conservación de sus ecosistemas, así como los mecanismos jurídicos que deberán adoptar e implementar en este tema.
Se estima que en México el número total de especies conocidas asciende aproximadamente a 64 mil 878, por lo que, junto con Brasil, Colombia e Indonesia está entre los primeros lugares de las listas de riqueza de especies. Al respecto, dentro del territorio nacional se han descrito 26 mil especies de plantas, 282 especies de anfibios, 707 de reptiles y 439 de mamíferos, esto se ha traducido en al menos el 10 por ciento de la diversidad terrestre del planeta, dentro del país.
Desafortunadamente, como en otras partes del mundo, nuestro país no ha sido la excepción, el deterioro y la fragmentación de los ecosistemas, con la consecuente pérdida de biodiversidad, son unos de los más graves problemas que enfrenta nuestro país. La presión sobre los recursos naturales aumenta día con día ocasionando la pérdida de especies, así como la desaparición, fragmentación y degradación de los recursos naturales, hábitats, y biomas. En este escenario, las especies de vida silvestre tienden, en la mayoría de los casos, a disminuir sus poblaciones e incluso a extinguirse.
La información registrada en relación con esta situación, así como el estado de conservación de las especies, en la mayoría de los casos es insuficiente para conocer con detalle su gravedad y, por tanto, establecer políticas más acertadas para frenar o detener dichos problemas. En México, a pesar de que se han llevado a cabo diversos estudios de hábitats y ecosistemas, prácticamente no se han implementado programas de seguimiento sostenidos y sistemáticos. Por este motivo, es imprescindible ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad y estado de conservación de hábitats críticos o de aquellos que tengan asociadas poblaciones de especies en riesgo, prioritarias, clave o sujetas a manejo y aprovechamiento, así como de áreas naturales protegidas, regiones prioritarias y ecosistemas relevantes, con el fin de proponer y desarrollar estrategias de conservación, manejo, recuperación, rehabilitación y restauración en ellos
Aunado a lo anterior, y preocupado por la situación ambiental nacional, nuestro sistema jurídico en la materia ha contemplado como uno de sus instrumentos de política ambiental, la figura de las áreas naturales protegidas, las cuales son definidas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como "Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas." Según lo establecido en la ley las áreas naturales protegidas cuentan, dentro de sus poligonales, con una subdivisión interna, la cual obedece principalmente al nivel de conservación del ecosistema, por lo que dentro de estas subzonas podemos encontrar las de recuperación, que son aquellas superficies, de las áreas naturales protegidas s en las cuales los recursos naturales han resultado severamente alterados o modificados, y que son objeto de programas de recuperación y rehabilitación, estas se encuentran fundamentadas jurídicamente en el artículo 47, fracción II, inciso h), párrafo segundo, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El proponente de la iniciativa con proyecto de decreto en estudio hace alusión de estas zonas de rehabilitación, manifestando que el texto actual del artículo mencionado contempla una permisión para que en la rehabilitación de estas subzonas puedan ser utilizadas especies compatibles, las cuales, según el proponente, en sentido estricto de conservación pueden ser consideradas como especies exóticas, considerando que es necesario prohibir la introducción de especies no endémicas y asegurar la integridad de las áreas naturales protegidas. Como bien lo señala en su exposición de motivos, las especies introducidas, en la mayoría de los casos, son las causantes del empobrecimiento de la biodiversidad de un lugar por el reemplazo de las especies autóctonas o nativas por las invasoras, las cuales tienden a ser dominantes, alterando el suelo, generando erosión o empobrecimiento, alterando los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos, las tasas de descomposición, el desarrollo de los suelos y su productividad, las cadenas tróficas, la circulación de nutrimentos, de energía y desplazamiento de especies nativas, e incluso introducir enfermedades nuevas o propagar las ya existentes.
Tal y como lo afirma el proponente, uno de los grandes retos que hoy enfrenta el país es el combate a la disminución de las especies introducidas en nuestros ecosistemas, las cuales, como ya se explicó, causan numerosos efectos indirectos que pueden traer consecuencias dramáticas e irreversibles en las comunidades y ecosistemas sobre los cuales la nación ejerce su soberanía.
Es muy importante resaltar la congruencia que existe con la propuesta de iniciativa en cuestión, las políticas nacionales y líneas de acción a seguir en torno a la conservación de la biota nativa de las diferentes regiones, ecosistemas o unidades ambientales, ya que es de suma importancia recuperar en lo posible la biodiversidad perdida.
Por esto, los miembros de esta comisión dictaminadora coincidimos con lo expuesto por el legislador en la iniciativa con proyecto de decreto en cuestión, ya que como se ha mencionado un factor importante de la perdida de biodiversidad en las naciones ha sido debido al introducción de especies invasoras dentro de los ecosistemas, por lo cual uno de los mecanismo ha emplearse para revertir este problema es regular, e incluso prohibir, la introducción de especies exóticas en los ecosistemas nacionales. Ahora bien, la primer vía que hay que atender es la referente a las áreas naturales protegidas, ya que éstas, por lo general, son regiones que cuentan con un estado de conservación optimo; y los beneficios y servicios ambientales que representan son significativos, por lo cual resulta congruente y acertado tratar de prohibir en primera instancia la introducción de especies exóticas en estas áreas, y aún más en sus zonas de restauración, debido a la importancia que representan.
La restauración ecológica no se reduce al mero hecho de plantar especies vegetales en un sitio, o de reintroducir especies animales espectaculares; por el contrario, es un proceso de concurrencia de estadios de sucesión de distintas comunidades biológicas conocidas en un sitio, hasta lograr que tomen una trayectoria autónoma y viable de establecimiento permanente en el lugar, ya que un ecosistema significa más que la simple suma de sus especies, comunidades y procesos componentes.
El caso que plantea la restauración es la mejor restitución posible de los componentes, procesos y atributos que lo hacen sustentable, los ciclos biogeoquímicos y de otros rasgos críticos de un ecosistema dañado. Sin embargo, la complejidad intrínseca de los sistemas ecológicos y su importancia para la continuidad de la evolución de las especies hacen necesario que la restauración se emprenda con especies originarias de la zona e intentando reconstruir la estructura que guardaban los componentes originales del ecosistema antes del evento de disturbio humano responsable del daño. Por esto es preciso señalar que las restauraciones y rehabilitaciones de los ecosistemas, o cualquier acción que tenga que ver con alguno de los conceptos relacionados con mitigación, remediación, rehabilitación, que se lleven a cabo para mejorar o recuperar zonas impactadas, requieren conocimientos tanto de las condiciones fisicoquímicas de la zona afectada, como de la fisiología de las especies que puedan sobrevivir en condiciones degradadas y mejorarlas y por razones de conservación de biodiversidad. Es obvio que la utilización de especies nativas, particularmente de la propia región en la que se implementen estos trabajos, son las más viables y ambientalmente idóneas, ya que los individuos y especies nativas del lugar, son más resistentes y mejoran las condiciones del área perturbada, propiciando el regreso de la fauna nativa que haya emigrado o muerto previamente.
Por las razones señaladas en los párrafos anteriores, los integrantes de esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que suscriben, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se reforma el artículo 47 Bis, fracción II, inciso h), segundo párrafo, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 47 Bis. ?
II. ?
a) a g) ?
h) De recuperación: Aquellas superficies en las que los recursos naturales han resultado severamente alterados o modificados, y que serán objeto de programas de recuperación y rehabilitación.
En estas subzonas sólo podrán utilizarse para su rehabilitación especies nativas de la región.
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Poder Ejecutivo federal, en un plazo que no exceda de 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforme el artículo 61 del reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de áreas naturales protegidas, a fin de que se ajuste a lo previsto en el presente decreto.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández, José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González, Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz, María Soledad López Torres, Rafael Villicaña García, Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez, Roberto Mendoza Flores, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas, Octavio Fuentes Téllez (rúbrica), Beatríz Manrique Guevara (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN I Y EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 171 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente número 3825, que contiene la iniciativa por la que se reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el diputado Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En virtud del análisis y estudio de la iniciativa, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confiere la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico; los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente acuerdo con los siguientes
Antecedentes
Primero. El 30 de abril de 2008 el diputado Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la iniciativa por la que se reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Segundo. En esa misma fecha la iniciativa en comento fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, bajo el expediente número 3825, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
Los legisladores que integran esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión tienen el derecho de iniciativa, el cual se sustenta en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así también, este Congreso tiene la facultad que le confiere el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Así las cosas, una vez analizadas la atribuciones referidas en el párrafo anterior, y los requerimientos contenidos en el asunto en estudio, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estiman que la iniciativa que reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria para su presentación y que son los siguientes:
• Tener un título.
• Contener el nombre y firma de la persona que presenta la iniciativa.
• Una parte expositiva de motivos.
• El texto legal que se propone.
• El artículo transitorio que señala la entrada en vigor,
• La fecha de elaboración.
• Ser publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El legislador promovente, exponiendo la importancia de las áreas naturales protegidas en nuestro país, pretende reformar el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que señala:
I. Multa por el equivalente de veinte a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción;
II. Clausura total o definitiva, total o parcial cuando:
b) En caso de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente; o
c) Se trata de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la autoridad
IV. El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados con infractores relativas a recursos forestales, especies de flora, y fauna silvestre o recursos genéticos, conforme a lo previsto en la presente ley; y
V. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto originalmente impuesto, sin exceder del doble del máximo permitido, así como la clausura definitiva.
Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen fracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constatar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada."
Proponiendo aprobar la presente iniciativa, para quedar en los términos siguientes:
I. Multa por el equivalente de treinta a treinta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de imponer la sanción;
II. Clausura total o definitiva, total o parcial cuando:
b) En caso de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente; o
c) Se trata de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la autoridad
IV. El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados con infractores relativas a recursos forestales, especies de flora, y fauna silvestre o recursos genéticos, conforme a lo previsto en la presente Ley; y
V. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes
Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen fracciones a un mismo precepto, en un periodo de un año, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constatar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.
Esta comisión reconoce lo sostenido por el promovente, en la exposición de motivos, y coincide en que las áreas naturales protegidas son una parte importante del entorno de todo y cada uno de los habitantes del país y que cada una de ellas posee valores escénicos turísticos, recreativos, científicos y ecológicos únicos e importantes para el desarrollo integral de nuestra sociedad en un marco de equilibrio con el medio.
Al respecto, refiere el autor Narciso Sánchez Gómez que las áreas Naturales Protegidas comprenden el conjunto de manifestaciones de la vida sobre el planeta tierra, abarcando a múltiples especies de plantas, animales hongos y microorganismos que forman los ecosistemas y la infinita variedad de materiales biológicos, fisiológicos, vías metabólicas y genes que a su vez constituyen las especies.
La variedad y diversidad de organismo vivos de cualquier fuente existente en el medio ambiente, incluyéndose los ecosistemas terrestres acuáticos y los complejos ecológicos, vienen a constituir la esencia de lo que se conoce como biodiversidad, reconociendo que son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que el pueblo ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes no han sido significativamente alterados por las actividades del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas, y éstas sujetas a un régimen de jurídico de derecho público.
El autor Sánchez Gómez señala que las áreas naturales protegidas tienen por objeto preservar los ambientes naturales de las diferentes regiones biogeográficas, ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos de la vida, salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres, así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional, en particular proteger las especies que están en peligro de extinción, amenazadas la endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial; asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos; proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio; generar rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías tradicionales o nuevas que le permitan la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, proteger poblados vías de comunicación, instalaciones industriales y aprovechamientos agrícolas mediante zonas forestales en donde se originen torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas y otros elemento proteger los entornos naturales de zonas, monumentos vestigios arqueológicos históricos, artísticos, zonas turísticas y otras de importancia para la recreación cultural e identidad nacional.
En México, la legislación considera como áreas naturales protegidas: las reservas de la biosfera, los parques nacionales, los monumentos naturales las áreas de protección de recursos naturales, las áreas de protección de flora y fauna y los santuarios.
El artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece las sanciones administrativas en materia ambiental y faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la imposición de sanciones; en específico el artículo 118 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es el organismo a cargo de imponer sanciones.
X. Determinar e imponer las medidas técnicas correctivas y de seguridad, así como las sanciones que sean de su competencia en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables."
Como un primer punto de la reforma pretendida, se plantea modificar la fracción primera del artículo 171 la cual establece:
I. Amonestación con apercibimiento;
II. Multa;
III. Multa adicional por cada día que persista la infracción;
IV. Arresto hasta por 36 horas;
V. Clausura temporal o permanente, parcial o total; y
VI. Las demás que señalen las leyes o reglamentos.
La jurisprudencia establece que estas multas deben establecer un mínimo y un máximo para que la autoridad pueda fijar la cantidad tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción como lo establece la siguiente jurisprudencia:
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional, administrativa
Novena época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
II, julio de 1995
Tesis: P./J. 10/95
Página: 19
Multas fijas. Las leyes que las establecen son inconstitucionales.
Esta Suprema Corte ha establecido que las leyes, al establecer multas, deben contener las reglas adecuadas para que las autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en la conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha sanción, obligación del legislador que deriva de la concordancia de los artículos 22 y 31, fracción IV, de la Constitución federal, el primero de los cuales prohíbe las multas excesivas, mientras el segundo aporta el concepto de proporcionalidad. El establecimiento de multas fijas es contrario a estas disposiciones constitucionales, por cuanto al aplicarse a todos por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares.
Amparo en revisión 2071/93. Grupo de Consultores Metropolitanos, SA de CV. 24 de abril de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Indalfer Infante González.
Amparo directo en revisión 1763/93. Club 202, SA de CV. 22 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Angelina Hernández Hernández.
Amparo directo en revisión 866/94. Amado Ugarte Loyola. 22 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Enrique Escobar Ángeles.
Amparo en revisión 900/94. Jovita González Santana. 22 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Salvador Castro Zavaleta.
Amparo en revisión 928/94. Comerkin, SA de CV. 29 de mayo de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez.
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veinte de junio en curso, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Presidente en funciones Juventino V. Castro y Castro, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 10/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, DF, a veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco.
Respecto a la reforma del promovente en la fracción III del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente la cual establece:
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.
Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas?"
Tesis aislada
Materia(s): Civil
Novena época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
III, abril de 1996
Tesis: IV.3o.10 C
Página: 340
Arresto, medida de apremio. Inconstitucionalidad cuando aquel excede del establecido en la Constitución (artículo 42, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del estado de Nuevo León).
Si el precepto 21 constitucional establece el arresto administrativo por un tiempo máximo de 36 horas y la finalidad del constituyente al redactar el invocado dispositivo legal, fue la de evitar sanciones excesivas, hacer extensivo dicho término al arresto como medida de apremio, como se realiza en el artículo 42, fracción IV, del ordenamiento procesal civil de la entidad, el cual contempla el arresto como medida de apremio hasta por 15 días, debe concluirse que el mismo va más allá del texto de la Ley Fundamental, razón por la que debe ser declarado inconstitucional.
Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.
Amparo en revisión 329/95. Yolanda Martínez Uribe. 12 de diciembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Ángel Torres Zamarrón.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo II-septiembre, Pleno, tesis 23/95, página 5.
Tesis aislada
Materia(s): Administrativa.
Séptima Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
78 Sexta parte
Página: 49
Multas. Deben guardar proporción con el lucro o perjuicio (atribuciones del Ejecutivo en materia económica).
Es cierto que conforme al artículo 33, fracción I, del Reglamento de la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo en Materia Económica, a efecto de que la sanción no resulte excesiva, la fijación del monto de la multa se hará tomando siempre en cuenta el valor que represente en el negocio la inversión propia de la empresa infractora, la gravedad en la falta y los perjuicios que hubiere ocasionado o sea susceptible de ocasionar, así como la reincidencia, en su caso. Pero también lo es que todos esos elementos deben considerarse y sopesarse en su conjunto y relacionándolos unos con otros. Así por ejemplo, si dos empresas cometen infracciones semejantes, debe imponerse una multa mayor a la que represente un capital o una inversión mayor, pues para que las multas disuadan a los infractores, y se evite una competencia desleal, deben ser mayores para el de mayor capacidad económica. Pero ello no quiere decir que para imponer la multa se atienda a esa capacidad económica sin atender al monto del beneficio que la infracción proporcionó o podría proporcionar a la empresa, y del perjuicio que causó o pudo causar. De manera que si estos elementos representan un valor mínimo, la sanción no podrá ser muy alta, aunque lo sea la capacidad económica del infractor. Y los mismos razonamientos, mutatis mutandis, son válidos por lo que hace al elemento reincidencia. Para que la multa disuada al infractor, debe tomarse en cuenta su capacidad económica, pero sin olvidar dar el monto del beneficio que pudo obtener o del perjuicio que pudo causar, pues aun cuando sea reincidente debe haber cierta proporción o relación entre estos últimos elementos y el monto de la multa. Es cierto que la multa máxima y cruel puede ser un disuasivo eficiente, pero no resultaría legal aplicarlo, porque se violaría el artículo 31, fracción IV, constitucional, que obliga a guardar reglas de equidad cuando se trata de cobros fiscales (impuestos, derechos o aprovechamientos, y entre éstos, las multas). Se debe considerar que en esta materia la equidad es un valor más alto que la eficiencia cruel y desproporcionada. Y en todo caso, la multa debería ser bastante si es alta con relación al beneficio o perjuicio, pero sin perder proporción con ellos. Y si el beneficio o perjuicio antes mencionados son pequeños, aun tomados en su conjunto, en principio no podría pensarse que la infracción sí fuese grave, aun en el caso de haber reincidencia. Pues bien la repetición de pequeñas faltas las agrava, difícilmente las puede tornar en faltas graves.
Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito.
Amparo directo 227/75. Gas Metropolitano, SA. 24 de junio de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.
Respecto a la reforma que pretende el promovente, en el párrafo cuarto del artículo 171 que señala:
Por lo que esta comisión considera necesario no reformar el párrafo mencionado y mantener el párrafo cuarto respecto a que se considere reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto a un mismo precepto, en un periodo de dos años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constatar la primera infracción por resultar congruente con la preservación y protección al ambiente en el territorio nacional.
Por las razones señaladas en los párrafos anteriores, los integrantes de la comisión legislativa que suscribe se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Artículo Único. Se reforman la fracción I y el tercer párrafo del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 171. ?
II. a V. ?
?
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por tres veces del monto originalmente impuesto, así como la clausura definitiva.
?
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan y abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, a 9 de diciembre de 2008.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández, José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González, José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz, María Soledad López Torres, Rafael Villicaña García, Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez, Roberto Mendoza Flores, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas, Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), Octavio Fuentes Téllez (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 153 BIS, 153 BIS 1, 153 BIS 2, 153 BIS 3 Y 153 BIS 4 AL TÍTULO CUARTO, CAPÍTULO VI, DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; Y REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 414 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión les fue turnada por la Mesa Directiva, para su estudio y dictamen, la minuta proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 153 Bis, 153 Bis 1, 153 Bis 2, 153 Bis 3 y 153 Bis 4, al Título Cuarto, Capítulo VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y se reforma el primer párrafo del artículo 414, del Código Penal Federal.
Estas comisiones unidas, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
1. En sesión plenaria celebrada el 27 de abril de 2004, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se reforman el Código Penal Federal, en materia de protección al ambiente, presentada por el Senador Jesús Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
2. En esa misma fecha la iniciativa de referencia fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de Justicia; y de Estudios Legislativos, del Senado de la República, para su estudio y dictamen correspondiente.
3. El 17 de noviembre de 2004, el Pleno de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; de Justicia; y de Estudios Legislativos, remitiendo el expediente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto en el inciso a) del artículo 72 constitucional.
4. En la sesión plenaria celebrada el 28 de febrero de 2005, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados recibió la minuta con proyecto de decreto por la que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se reforma el Código Penal Federal, en materia de protección al ambiente.
5. En esa misma fecha, la minuta de referencia fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Justicia y Derechos Humanos de esta Soberanía, iniciándose el correspondiente proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el presente dictamen.
6. El día 12 de septiembre de 2006, el diputado Roberto Mendoza Flores, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, envió observaciones a la minuta de referencia, que fueron tomadas en consideración.
7. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos: la de Justicia y la de Derechos Humanos, quedando a cargo de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Justicia, la emisión del dictamen de la minuta a la que se ha hecho referencia.
Consideraciones
Las naciones, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los Principios del Derecho Internacional, tienen el derecho soberano de explotar sus recursos con arreglo a sus políticas propias en las materias relacionadas con el ambiente y el desarrollo, así como la responsabilidad de velar por que las actividades que se realicen bajo su jurisdicción o control no causen daños al ambiente de otros Estados o de zonas situadas más allá de los límites de la jurisdicción nacional.
De acuerdo con este sentido de corresponsabilidad internacional sobre el control de las actividades que son un riesgo potencial para la salud humana y el ambiente, las naciones se han dado a la tarea de signar entre ellas y de manera voluntaria convenios y programas de cooperación internacional.
En esta materia, el día veintidós de mayo de dos mil uno, México suscribió el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, mismo que fue ratificando por el Senado de la República Mexicana, el día 17 diecisiete de octubre del año 2002 dos mil dos, adquiriendo con esto y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 133 constitucional, el carácter de Ley Suprema de la Unión.
De conformidad con lo mandatado por este artículo y los compromisos internaciones adquiridos por nuestro país, es necesario incorporar las disposiciones de estos convenios a nuestros los normativos federales, con el fin de reforzarlos y garantizar su cabal cumplimiento, otorgándoles el carácter coercitivo con que cuentan las leyes, mismo que faculta al Estado para hacerlas exigibles garantizando a las personas la protección y respeto a sus bienes jurídicamente tutelados, que en este caso son el ambiente y la salud pública.
En nuestro país los instrumentos de política ambiental se encuentran previstos principalmente en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dentro de estos se encuentran los conocidos como "instrumentos de control", los cuales procuran garantizar la efectiva aplicación de las políticas ambiéntales mediante la aplicación de una serie de disposiciones jurídicas reparadoras y sancionadoras.
Razón por la que a los suscritos nos parece pertinente que la minuta en cuestión busque incorporar a nuestra legislación, los principios contenidos en el Convenio de Estocolmo, regulando el ingreso a territorio nacional de contaminantes orgánicos persistentes, así como su producción, comercialización y uso, con el fin de mitigar los efectos negativos que estos generan sobre la salud humana y el ambiente.
Asimismo, estas comisiones unidas consideramos que es necesario cumplir con los compromisos y acciones, adquiridos por México con la suscripción y ratificación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, y estamos ciertos de que la minuta de referencia consolida a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el Capítulo de Delitos Contra el Ambiente del Código Penal Federal en esta materia.
Sin embargo, se debe destacar que el decreto puesto a nuestra consideración cuenta con algunas deficiencias conceptuales y de congruencia con lo establecido dentro del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, lo cual nos obliga a subsanarlas y realizar modificaciones de fondo con el único fin de hacerlas congruentes con las normas internaciones en la materia, así las cosas se estima que en relación con la definición de contaminante orgánico persistente, que obra en el actual artículo 153 Bis, es limitativa y no plasma en el cuerpo de la legislación referida el total de los criterios para especificar a los compuestos orgánicos persistentes (COP) contenidos dentro del Convenio de Estocolmo, como su persistencia, bioacumulación, toxicidad y potencial de transporte a grandes distancias, además de que se tiene que prever que paulatinamente la lista de los contaminantes considerados como orgánicos persistentes debe variar a medida que la Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo vaya aprobando la inclusión de nuevas sustancias en la lista de COP, por lo que se modifica para quedar como sigue:
Se entiende por contaminantes orgánicos persistentes las sustancias, mezclas y compuestos que por sus características de persistencia, bioacumulación y toxicidad son incluidos en el Convenio de Estocolmo.
Es necesario señalar que de los doce COP, contenidos en el Convenio de Estocolmo, ocho de ellos son utilizados como plaguicidas: Aldrin, Clordano, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptacloro, Mirex y Toxafeno. Dos son productos químicos de aplicación industrial: bifenilos policlorados y hexaclorobenceno (que también es usado como plaguicida) y dos son subproductos no deseados: dioxinas y furanos; estos últimos no son productos fabricados a propósito por el hombre con fines utilitarios determinados,1 más bien son sustancias generadas involuntariamente en ciertos procesos químicos que por lo general ingresan al organismo cuando se respira aire contaminado, se bebe agua contaminada, o mayormente, alrededor de un 90 por ciento, cuando se ingieren alimentos contaminados, particularmente aquellos con alto contenido de grasas de origen animal, como la carne de vaca, cerdo, aves de corral, pescado, leche y productos lácteos.
Otras vías de exposición importantes en ciertas poblaciones incluyen: a) el consumo de pescado contaminado directamente por las descargas de dioxinas y furanos o por el depósito en aguas superficiales a partir de la atmósfera; b) la inhalación de dioxinas y furanos en lugares próximos a las fuentes de emisión atmosférica; y c) ciertas exposiciones ocupacionales, por ejemplo de trabajadores de las industrias que producen compuestos clorados.
Por lo tanto en el caso de las dioxinas y furanos, una de las opciones es adoptar una política de selección de materiales usados en los procesos industriales que puedan contener dioxinas y furanos, y que pudieran entrar al país, para lo cual se considera la inserción de un nuevo párrafo tercero al artículo 153 Bis.
Sobre la excepción prevista en la minuta para el empleo de DDT, se debe establecer como un antecedente que en la década de 1950, el DDT se utilizó tanto en la agricultura (principalmente en la región lagunera de Coahuila y Durango), como en el combate al vector del paludismo. A partir de 1968, la producción del DDT estuvo a cargo de una empresa paraestatal (Fertilizantes Mexicanos), llegando a alcanzar un máximo de 80 mil toneladas anuales; en 1991 la compañía fue privatizada. La preocupación por la persistencia del DDT en los suelos, y los continuos rechazos a productos agrícolas de exportación por su presencia, llevaron a prohibir su uso en la agricultura durante la década pasada.
Actualmente, México ha sido reconocido internacionalmente por las medidas que ha implantado respecto a la eliminación y control de DDT. Hoy por hoy, el DDT es un plaguicida de uso restringido exclusivo para el combate del insecto vector del paludismo, por lo cual la única compañía que lo produce en México sólo tiene autorizada su venta, en el país, a la Secretaría de Salud. Por esto se estima que los términos en que fue aprobado el artículo 153 Bis 4 por la colegisladora dejan abierta la posibilidad de producir o importar de nueva cuenta DDT sin establecer los tiempos de excepción y sin prever la existencia de inventarios, por lo que estas comisiones proponen una nueva redacción al citado artículo en la cual se prevé una prohibición a la exportación e importación de este producto.
Finalmente, es importante precisar que por las consideraciones argumentadas en párrafos que anteceden, se devuelve la minuta con modificaciones a la colegisladora, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
Por las razones expuestas, las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Justicia, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se permiten someter a la consideración de esta asamblea, el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adicionan los artículos 153 Bis, 153 Bis 1, 153 Bis 2, 153 Bis 3 y 153 Bis 4, al Título Cuarto, Capítulo VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y se reforma el primer párrafo del artículo 414 del Código Penal Federal.
Artículo Primero. Se adicionan los artículos 153 Bis, 153 Bis 1, 153 Bis 2, 153 Bis 3, y 153 Bis 4 a Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Artículo 153 Bis. Se prohíbe el ingreso a territorio nacional de los contaminantes orgánicos persistentes que se enlistan en el artículo 153 Bis 4 de la ley, de aquellos que determine la Secretaría en la norma oficial mexicana correspondiente y de los materiales que los contengan o estén contaminados con ellos, cualquiera que sea la forma de uso que haya adoptado, con las excepciones previstas en dicho artículo.
Dentro del territorio nacional se prohíbe la producción, comercialización y/o uso de nuevas aplicaciones de contaminantes orgánicos persistentes y de materiales que los contengan o estén contaminados con ellos.
Los productos y residuos contaminados por dibenzoparadioxinas policloradas y dibenzofuranos policlorados que hubieran sido fabricados y generados dentro del territorio nacional quedarán sujetos a las medidas de eliminación o reducción que establece el Convenio de Estocolmo y que aplicara en el plan nacional de implementación.
Se entiende por contaminantes orgánicos persistentes las sustancias, mezclas y compuestos que por sus características de persistencia, bioacumulación y toxicidad son incluidos en el Convenio de Estocolmo.
Artículo 153 Bis 1. Todas las aplicaciones cerradas que ingresen en el territorio nacional que contengan fluidos aislantes o de transferencia térmica, deben tener la identificación de las sustancias contenidas o, en su defecto, la indicación de que no contienen contaminantes orgánicos persistentes, tanto para información de las autoridades como de los usuarios.
Artículo 153 Bis 2. En todos aquellos casos en que se importen al territorio nacional productos de cualquier naturaleza de cuyo contenido o componentes se tenga presunción de la existencia de contaminantes orgánicos persistentes o de materiales que contengan estas sustancias o estén contaminados con ellas, las autoridades de control aduanero solicitaran la toma de muestras que se someterán a los análisis correspondientes. En caso de detectarse la presencia de compuestos orgánicos persistentes las autoridades aduaneras ordenaran el retorno de las mercancías al país de origen.
El costo de las muestras, análisis, estudios u otras diligencias que deban realizarse será a cargo del propietario de los productos en cuestión.
Artículo 153 Bis 3. La Secretaría elaborará el Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. El Plan debe contener, al menos, el inventario de existencias en el ámbito nacional, las fuentes de emisión, los niveles de contaminación y la metodología y cronograma de eliminación y remediación.
Artículo 153 Bis 4. Los contaminantes orgánicos persistentes a que se refiere el presente capítulo son los siguientes:
II. Clordano;
III. Dieldrina;
IV. Endrina;
V. Heptacloro;
VI. Hexaclorobenceno;
VII. Mirex;
VIII. Toxafeno;
IX. Bifenilos policlorados (BPC);
X. DDT (1,1,1-tricloro-2, 2-bis(4-clorofenil)etano), y
XI. Los demás que determine la Secretaría.
Artículo Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 414 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 414. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y de mil a tres mil días multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.
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Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal, en un plazo que no exceda de 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, deberá elaborar el Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.
Tercero. Se derogan y, en su caso, se abrogan, todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, y se deja sin efectos cualquier disposición administrativa, reglamentaria, acuerdo, circular, convenio y todos los actos administrativos que contravengan este decreto.
Notas
1. En algunos casos se producen como armas químicas.
2. Situación de las sustancias toxicas de atención prioritaria en México. Instituto Nacional de Ecología. DDT.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2008.
La Comisión de Justicia
Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich, Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade, Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), Silvano Garay Ulloa, Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Omeheira López Reyna (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas, Jesús Ricardo Morales Manzo, Mario Eduardo Moreno Álvarez, Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Alfredo Adolfo Ríos Camarena, Yadhira Yvette Tamayo Herrera.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández, José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González, José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz, María Soledad López Torres, Rafael Villicaña García, Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez, Roberto Mendoza Flores, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas, Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), Octavio Fuentes Téllez (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.
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