Dictámenes negativos
DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A ACEPTAR Y CUMPLIMENTAR LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 16/2006, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS LOCAL, RELATIVA AL PLANTÓN EN EL CORREDOR REFORMA-CENTRO HISTÓRICO
Honorable Asamblea:
Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:
I. Antecedentes
1. Con fecha 13 de marzo de 2007, el diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, a aceptar y cumplimentar la recomendación 16/2006, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al plantón en el corredor Reforma-centro histórico.
2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo con la Comisión del Distrito Federal de la honorable Cámara de Diputados.
3. En su proposición, el diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, señala:
A. En el capítulo de antecedentes:
a) El 10 de noviembre del 2006 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 16/2006, en la cual se indica que en el tiempo en que duró el plantón en el corredor Reforma-centro histórico, el Gobierno del Distrito Federal no salvaguardó los derechos humanos de los capitalinos.
b) El 14 de noviembre del 2007 se dio a conocer que el Gobierno del Distrito Federal y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tuvieron serias diferencias, con motivo de la Recomendación 16/2006 en comento.
c) El 5 de diciembre de 2006 se dio a conocer en los medios de comunicación que el Gobierno del Distrito Federal decidió no aceptar la recomendación 16/2006.
d) En el documento suscrito por el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Ricardo Ruiz, y que se envió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se desestiman las observaciones del organismo, pronunciándose el gobierno de la ciudad en favor de permitir el libre ejercicio de la manifestación de ideas.
B. En el capítulo de consideraciones:
a) Que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal es el organismo público del Estado mexicano competente, en el Distrito Federal, para conocer de quejas y denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos, cuando éstas fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor público que desempeñe un empleo, cargo o comisión local en el Distrito Federal.
b) Que a partir del 31 de julio y hasta el 15 de septiembre de 2006 dicha comisión se hizo cargo de 904 quejas recibidas, 185 admitidas, mil 551 aportaciones hechas y 719 quejas concluidas, haciendo un total de 2 mil 455 las peticiones recogidas.
c) Que la mayoría de dichas quejas fueron realizadas por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, por la obstrucción de diversas vialidades en la Ciudad de México.
d) Que, en síntesis, los hechos denunciados se refirieron, entre otros, a los siguientes:
• Debido al bloqueo se impidió la libre circulación por las avenidas Reforma, Bucareli y Juárez, violándose el derecho al libre tránsito.
• Se solicitó que se restableciera el orden en la Ciudad de México, a efecto de que los ciudadanos pudieran circular libremente por la ciudad, pues dicho plantón implicó severos problemas para trasladarse a sus trabajos y domicilios, entre otros.
• Las autoridades del Gobierno del Distrito Federal se abstuvieron de ejercitar sus atribuciones y aplicar las normas correspondientes para retirar los bloqueos, a fin de que el tránsito vial se restableciera y los ciudadanos pudieran circular sin problemas.
e) Que las vialidades bloqueadas por los campamentos de los manifestantes, esencialmente, fueron:
• De avenida Juárez a la glorieta de la Diana Cazadora, incluyendo Bucareli y Paseo de la Reforma.
• De la explanada del Zócalo, pasando por la calle Francisco I. Madero y Eje Central hasta llegar a Bucareli.
• De avenida Paseo de la Reforma, a la altura de la fuente de Petróleos a la glorieta de la Diana Cazadora.
• Del de la columna de la Independencia a la avenida Balderas.
f) Que durante el procedimiento de investigación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal realizó diversas acciones, tendentes a exhortar a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal a encontrar soluciones pacíficas al conflicto, a fin de evitar, como lamentablemente aconteció, una polarización de la sociedad y actos discriminatorios que causaron afectaciones directas en diversos sectores.
g) Que existen constancias en el sentido de que el Gobierno del Distrito Federal llevó a cabo una serie de acciones con la finalidad de contribuir a la distensión del conflicto ocasionado por la instalación de los campamentos en diversas vialidades del Distrito Federal, tales como:
• La implantación de rutas alternas para el tránsito vehicular, así como la comunicación a la ciudadanía de la existencia de dichos trayectos.
• Acciones tendientes al diálogo y la comunicación con los dirigentes de los manifestantes para resolver lo conducente.
• Dotación de servicios básicos de salud, sanidad y seguridad a los manifestantes, a fin de mantener condiciones de higiene y evitar así la propagación de epidemias, insalubridad o crecimiento del índice delictivo en las zonas afectadas.
• Si bien es cierto que estas acciones fueron importantes, no pudieron evitar las afectaciones sufridas por los habitantes y transeúntes de esa entidad, ya que no se salvaguardaron plenamente sus derechos humanos, tal y como quedó manifestado con la presentación de 904 quejas y mil 551 aportaciones de ciudadanos que se vieron afectados por los bloqueos.
h) Que la recomendación que formuló la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal debe considerarse como precedente, que en lo futuro pueda contribuir a la no repetición de hechos como los que motivaron estas quejas, así como sobre aspectos compensatorios, dentro de los parámetros que el Gobierno del Distrito Federal estableció para algunos sectores de la sociedad capitalina, que se vieron afectados por los bloqueos.
4. En la versión íntegra de la Recomendación 16/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, este órgano señaló las siguientes recomendaciones:
Primera. Que el jefe de Gobierno del Distrito Federal de conformidad con el derecho de iniciativa que le confiere el artículo 46, fracción III, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, reinicie los canales de comunicación institucional con la Asamblea Legislativa de esta entidad federativa para que se continúe con el análisis de los proyectos de ley que sobre la regulación de las manifestaciones en vías públicas del Distrito Federal se estaban diseñando en dicho órgano legislativo, otorgando la participación que corresponda a la sociedad civil e incluso a los especialistas en el tema, a fin de que se prevean las hipótesis normativas que garanticen la integridad y vigencia de los derechos humanos de manifestantes, habitantes y transeúntes de esta ciudad, para evitar la no repetición de conductas como las que dieron lugar a esta investigación.
Segunda. Que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, continúe y refuerce las acciones de mediación y consulta que está haciendo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se dé viabilidad a la petición de los agremiados de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, para la condonación del pago del impuesto sobre la renta y el pago del impuesto al valor agregado para pequeños contribuyentes y del pago de los servicios que suministra el gobierno capitalino. Además, desarrolle mecanismos que promuevan e impulsen la actividad comercial de los afectados.
Tercera. Que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de las instancias competentes a su cargo, desarrolle estrategias de comunicación para que los habitantes y transeúntes de esta ciudad puedan estar mejor informados tanto de las acciones gubernamentales como de las rutas alternas de vialidad y transporte público que se tengan que implementar ante el eventual escenario de una evento como el que motivó la presente recomendación.
Cuarta. Que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de las instancias competentes a su cargo, refuerce las acciones que está llevando a cabo el gobierno para la rehabilitación económica, turística, laboral, cultural y de imagen pública en las zonas afectadas con motivo de los hechos investigados.
Quinta. Que, en el ámbito que corresponda al Ejecutivo local, lleve a cabo las acciones necesarias para reforzar las campañas por la no discriminación, haciendo énfasis en la tolerancia y diversidad ideológica como principios de cohesión social.
Sexta. Que, en el ámbito de competencia del Ejecutivo local, se generen criterios que trasciendan a las diversas áreas que integran la Administración Pública del Distrito Federal para que hechos como los que dieron motivo a la presente investigación puedan ser valorados y atendidos desde una perspectiva de integralidad en la salvaguarda de los derechos humanos de todos y todas los habitantes y transeúntes en el Distrito Federal.
Séptima. Que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través de las instancias competentes a su cargo, vigile y dé seguimiento puntual a las acciones que se están llevando a cabo para la reparación integral de avenidas, calles, banquetas, jardineras, jardines, postes de luz, fachadas de inmuebles y edificios y áreas afectadas, a fin de que recobren el estado que tenían antes de la instalación de los campamentos.
5. La respuesta que el entonces Gobierno del Distrito Federal emitió, con fecha 2 de diciembre del 2006, en la que rechaza la recomendación 16/2006, se sustenta de la siguiente manera:
a) Los campamentos instalados por la Coalición por el Bien de Todos en el Paseo de la Reforma, son un asunto de carácter político, que constituye una variante de la libertad de expresión al elevar un reclamo a las instituciones del Estado mexicano derivado del proceso electoral del 2006.
b) Para el gobierno de la Ciudad de México es importante el mecanismo del diálogo para mantener la gobernabilidad y evitar, con ello, el conflicto social, así como la ejecución de actos discriminatorios entre quienes estaban en la zona de conflicto y los manifestantes, por lo cual intentó concertar con los manifestantes, no pudiendo llegar al convencimiento para que cesara su acto de manifestación pública.
c) El gobierno de la Ciudad de México nunca tuvo conocimiento previo de los hechos que sucederían; por tanto, no pudo evitar que éstos se dieran en la realidad.
d) La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reconoce que el gobierno de la Ciudad de México no hizo uso de la fuerza pública para tratar de solucionar el problema.
e) El gobierno tomó todas las medidas recomendadas por la comisión para evitar una mayor afectación a las personas que vivían o que estaban establecidas en las personas con sus negocios y comercios.
f) El gobierno de la ciudad instruyó al Procurador Fiscal del Distrito Federal para que hiciera las gestiones necesarias a fin de lograr la condonación del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, no pudiendo llegar a una solución definitiva con las autoridades hacendarias del gobierno federal.
g) El gobierno decidió que se causase un mal menor ante la magnitud del problema sobrevenido, evitando todo acto autoritario, preservando los espacios democráticos y salvaguardando las obras y los programas de gobierno así como el funcionamiento de los servicios públicos.
II. Consideraciones de la comisión
Primera. Esta comisión considera que tanto la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal como el Gobierno del Distrito Federal ejercieron, en su momento, las atribuciones que, sobre el asunto, tenían, emitiendo las recomendaciones que se consideraron necesarias, en el primer caso, y respondiendo que las acciones recomendadas ya se habían cumplido y que se había priorizado el diálogo, en el segundo caso.
Segunda. En razón de que ha transcurrido un año y cuatro meses desde que se levantó el plantón motivo de la proposición a dictamen, siendo el 15 de septiembre del 2006 cuando ocurrió tal suceso, esta dictaminadora considera que el punto de acuerdo de referencia quedó sin materia, más aún porque los hechos y la recomendación sucedieron en la administración pasada.
Con base en los antecedentes y consideraciones señaladas, las y los legisladores integrantes de la Comisión del Distrito Federal nos permitimos poner a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, a aceptar y cumplimentar la recomendación 16/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al plantón en el corredor Reforma-centro histórico, presentada por el diputado Obdulio Ávila Mayo, por tratarse de un asunto que ha quedado sin materia, según consta en las consideraciones del presente dictamen.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 24 días del mes de junio de 2008.
Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Diputados: Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), María Elena Torres Baltazar (rúbrica), Alberto Esteva Salinas (rúbrica), Dora Alicia Martínez Valero (rúbrica en contra), Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez (rúbrica en contra), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Alejandro Sánchez Domínguez (rúbrica), Blanca Luna Becerril (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica en contra), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A INSTAURAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DF LAS PARTIDAS DESTINADAS A LAS ZONAS COLINDANTES CON LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Honorable Asamblea:
Con fundamento en los artículos 39, párrafo 1, 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal someten a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes
I. Antecedentes
1. En sesión celebrada el 17 de enero de 2007, la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía exhorta al Gobierno del Distrito Federal a instaurar, con la mayor brevedad, las partidas destinadas al mejoramiento y al mantenimiento urbano y a la seguridad pública en las zonas aledañas a la Cámara de Diputados, establecidas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 2007.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados instruyó se turnase dicha proposición a la Comisión del Distrito Federal para el análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.
3. La proposición con punto de acuerdo, materia del presente dictamen, plantea como punto resolutivo el siguiente:
Único. Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a instaurar, con la mayor brevedad, las partidas destinadas al mejoramiento y al mantenimiento urbano y a la seguridad pública en las zonas aledañas a la Cámara de Diputados, establecidas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 2007.
Dicha propuesta de resolutivo se sustenta en los siguientes argumentos y declaraciones:
a) Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se sitúa en una zona de la ciudad con una gran dinámica urbana.
b) Que en todos los estados, la entidad sede de los poderes federales se responsabiliza de dotar de infraestructura, equipamiento urbano, seguridad pública y demás servicios que le sean necesarios para el cabal y oportuno ejercicio de sus atribuciones.
c) Que de acuerdo con lo mencionado en los incisos anteriores, es necesario llevar a cabo acciones de mejoramiento, mantenimiento urbano y seguridad pública en la zona ocupada por el Palacio Legislativo de San Lázaro y áreas circunvecinas, que el Gobierno del Distrito Federal y, en su caso, la delegación Venustiano Carranza deberán realizar.
d) Que la Cámara de Diputados no debe constituirse en un espacio de afectación para las áreas aledañas. Por el contrario, debe propiciar una mejora en el bienestar de la población circunvecina a través de los servicios urbanos que propicien su localización en la zona.
e) Que por la razón antes expresada, la Cámara de Diputados juzgó conveniente incrementar el presupuesto del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 2007, a través de dos proposiciones con punto de acuerdo aprobadas respectivamente el 14 y el 18 de diciembre de 2000.
f) Que las proposiciones a las que hace alusión la diputada proponente son las siguientes:
• Proposición con punto de acuerdo de la Mesa Directiva para exhortar al Ejecutivo federal y al Gobierno del Distrito Federal a que proyecten un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, respectivamente, para el ejercicio fiscal de 2007.
• Proposición con punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del Distrito Federal a proyectar un incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, respectivamente, para el ejercicio fiscal de 2007.
g) Que las proposiciones con punto de acuerdo aprobadas por la Cámara de Diputados en las fechas señaladas en el inciso anterior tenían por objeto destinar 247 millones 142 mil 300 pesos para la realización de las siguientes acciones:
– Colocación y arreglo de luminarias en calles, parques y jardines;
– Instalación, operación y mantenimiento de cámaras en red que cubrirían las zonas circunvecinas del Palacio Legislativo de San Lázaro;
– Adquisición, operación y mantenimiento de unidades móviles para la seguridad pública en la zona, objeto de este dictamen;
– Instrumentación de una campaña de información sobre prevención del delito y cultura cívica;
– Incremento del número de efectivos policiales pie-tierra en la zona;
– Mejora de áreas verdes, carpeta asfáltica, guarniciones, banquetas, alumbrado público, balizamiento y señalamientos, cuyas obras están a cargo de la delegación Venustiano Carranza; y
– Fortalecimiento de las acciones de justicia cívica del Ministerio Público y de la Policía Judicial del Distrito Federal en la zona.
h) Que el incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal, mencionados en ambas proposiciones, se instrumentarían a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, perteneciente al Ramo General 33, "Aportaciones federales para entidades federativas y municipios".
i) Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal consideró pertinente tomar en cuenta los acuerdos aprobados por la Cámara de Diputados mencionados en el inciso e), y elaborar y aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para 2007 con las previsiones relativas al monto y destino establecido en dichos acuerdos.
En este sentido, en el artículo séptimo transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal de 2007 se establecieron las previsiones objeto de las proposiciones con punto de acuerdo mencionadas en el inciso f).
Artículo Séptimo. Con la finalidad de cumplir con lo establecido en el acuerdo emitido por la Cámara de Diputados el 18 de diciembre del presente año, el Ejecutivo local deberá destinar 247 millones 143 mil 300 pesos para el mejoramiento, mantenimiento urbano y seguridad pública en las zonas aledañas a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con cargo a los montos provenientes del Ramo General 33, "Aportaciones federales para entidades federativas y municipios", y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
4. A fin de contar con los elementos necesarios para dictaminar el presente asunto, mediante oficio número PCDF.0530.2007, de fecha 28 de noviembre de 2007, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, presidente de la Comisión del Distrito Federal solicitó al licenciado José Ángel Ávila Pérez, secretario de Gobierno del Distrito Federal, información relativa al caso.
5. Mediante oficio número SG/LAPL/246/2008, de fecha 27 de marzo de 2008, el licenciado Luis Ángel Pereda Lara, asesor del secretario de Gobierno, José Ángel Ávila Pérez, remitió contestación anexando oficio número SE/0425/2008, del 18 de marzo de 2008, mediante el cual el doctor Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, informa sobre diversos "aspectos relacionados a la instauración de partidas presupuestales para el mejoramiento, mantenimiento urbano y seguridad pública de las zonas aledañas al recinto de dicho órgano legislativo". En esta comunicación se menciona que
a) En el artículo quinto transitorio del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para 2008, se determina que "los recursos previstos en el Ramo 23, "Previsiones salariales y económicas", por un monto de 250 millones de pesos para la infraestructura en la demarcación territorial donde se asientan los Poderes Legislativo y Judicial, aprobados por la honorable Cámara de Diputados en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, se sujetarán a las condiciones y términos que se establezcan en el convenio que se celebre con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y, una vez transferidos, serán ejercidos por la propia delegación Venustiano Carranza".
b) Para el 18 de marzo de 2008, fecha del oficio de la Subsecretaría de Egresos del Gobierno del Distrito Federal, éste ya había presentado para la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal una propuesta del convenio al que se hizo alusión en el párrafo anterior, por lo que se estaba a la espera de su firma, hecho lo cual, los recursos serían transferidos de la federación al Distrito Federal.
6. El 3 de junio de 2008, el periódico Reforma publicó nota titulada "Financian obras en torno al Congreso",1 en la que indica que la delegación Venustiano Carranza recibió del Gobierno Federal cerca de 250 millones de pesos para mejorar la imagen urbana y la seguridad en 16 colonias aledañas al Palacio Legislativo de San Lázaro.
La nota señala que el jefe delegacional Julio César Moreno afirmó que "es un recurso federal que nos aprobó el Congreso de la Unión desde el año pasado".
II. Consideraciones
Primera. De las proposiciones mencionadas en el inciso f) del punto 3 de los antecedentes de este dictamen, sólo consta la aprobación de manera económica de la proposición con punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, presentada el 18 de diciembre de 2006, instruida para ser comunicada en la misma fecha y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 20 de diciembre del mismo año.2
Segunda. En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, aprobado por la Cámara de Diputados, específicamente en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Ramo General 33, "Aportaciones federales para entidades federativas y municipios", no se detectó el monto por 247 millones 143 mil 300 pesos a los que hace alusión la proposición objeto del presente dictamen.
Es decir, el monto que debió incluirse en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, ya concluido, cuyo ejercicio la proponente pretendía que se exhortara, no fue incluido en el decreto aprobado por esta Cámara de Diputados.
Tercera. No obstante no haber sido considerado en el Presupuesto federal, la Asamblea Legislativa incluyó en el transitorio séptimo del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal de 2007 la obligación del gobierno de la ciudad para destinar 247 millones 143 mil 300 pesos del Ramo 33 en los términos señalados en el antecedente 3 inciso i) de este dictamen.
Es decir, la Asamblea Legislativa reguló un Presupuesto federal no incluido por la Cámara de Diputados en ese mismo año.
Cuarta. Al analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, se observó que en el Ramo 23, "Previsiones salariales y económicas", se establece una partida de 250 millones de pesos para infraestructura "en la demarcación territorial donde se asientan los Poderes Legislativo y Judicial".
Quinta. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal informó que para el ejercicio del monto señalado en el punto anterior, se debería cumplir con lo que se estableciera en el convenio que, para tal efecto, deberían celebrar el Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, una vez transferidos los recursos de la federación al Distrito Federal, éstos fueran ejercidos por la propia delegación Venustiano Carranza. Hasta el 18 de marzo del presente año dicho convenio se encontraba en proceso de protocolización según la comunicación oficial turnada a esta comisión por el Gobierno del Distrito Federal, reseñada en el numeral 5 de los antecedentes.
Sexta. De acuerdo con la declaración del jefe delegacional de Venustiano Carranza mencionada en el antecedente 6 de este dictamen, el 3 de junio de 2008 dicha delegación ya había recibido los 250 millones de pesos presupuestados por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 2008, por el mismo concepto que el planteado para el presupuesto de 2007.
Séptima. En conclusión, derivado de las seis consideraciones anteriores, no procede exhortar al Gobierno del Distrito Federal a instaurar, con la mayor brevedad, las partidas destinadas al mejoramiento, mantenimiento urbano y seguridad pública en las zonas aledañas a la Cámara de Diputados, establecidas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2007, ya que se incluyeron sin fondos determinados en el presupuesto federal de ese año. En todo caso, la partida similar dispuesta en el Presupuesto de 2008 ya fue entregada a la delegación Venustiano Carranza.
Con base en los antecedentes y consideraciones señaladas, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía exhorta al Gobierno del Distrito Federal a instaurar, con la mayor brevedad, las partidas destinadas al mejoramiento, mantenimiento urbano y seguridad pública en las zonas aledañas a la Cámara de Diputados establecidas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2007 por encontrarse sin materia, de conformidad con las consideraciones expresadas en el presente dictamen.
Notas:
1. Valdez, Llich. Citada, 3 de junio de 2008. Disponible en internet: www.reforma.com.
2. Diario de los Debates, año 1, sesión 36, del 19 de diciembre de 2006, y Gaceta Parlamentaria, año X, número 2156, del miércoles 20 de diciembre de 2006. En esta proposición, la Junta de Coordinación Política hizo suya bajo los mismos términos la proposición con punto de acuerdo suscrita por integrantes de la Mesa Directiva el 14 de diciembre de 2006.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
La Comisión del Distrito Federal
Diputados: Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), presidente; María Gabriela González Martínez (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), secretarios; Christian Martín Lujano Nicolás, María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Obdulio Ávila Mayo (rúbrica), María Eugenia Campos Galván, Rosaura Denegre Vaught Ramírez (rúbrica), Armando Enríquez Flores, Adrián Fernández Cabrera, Carlos Madrazo Limón, Dora Alicia Martínez Valero, Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Alejandro Sánchez Domínguez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez, Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), María Elena Torres Baltazar (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich, Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales, Blanca Luna Becerril (rúbrica), Alberto Esteva Salinas.
DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A INICIAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REGULARIZAR LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTA EL EJIDO POBLADO XOCHIMILCO
Honorable Asamblea:
Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, 40, numeral 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 22 de diciembre de 2004, el diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal a iniciar las acciones necesarias para regularizar la problemática que enfrenta el ejido Poblado Xochimilco.
2. Ese mismo día la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión del Distrito Federal.
3. La proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen plantea, en su único resolutivo, que el jefe de Gobierno del Distrito Federal:
a) Instruya al secretario de Gobierno para recibir a los representantes legales del ejido Xochimilco a fin de que se regularice la situación relativa a la alteración del acta de asamblea de fecha 23 de mayo de 2004, que obra en los archivos del subdirector regional Sur de la Comisión de Asuntos Agrarios en el Distrito Federal, ordenando, también, la sustitución del acta de referencia.
b) Separe de su cargo al licenciado Raúl J. Guillén Gordillo, subdirector regional Sur de la Comisión de Asuntos Agrarios en el Distrito Federal, así como a Verónica Rosas Sánchez, funcionaria de dicha Comisión, quienes estaban involucrados en la alteración del acta de asamblea levantada el 23 de mayo de 2004.
c) Ordene a la Procuraduría General de Justicia y a la Contraloría General del Distrito Federal que inicien la indagatoria correspondiente y deslinden responsabilidades a los servidores públicos involucrados.
4. Dicho resolutivo propuesto se basa en los siguientes antecedentes:
a) El quince de mayo de dos mil cuatro el ejido Xochimilco o Poblado Xochimilco, por conducto del Comisariado Ejidal, convocó, por segunda vez, a la asamblea general para el día veintitrés de dicho mes y año, a las diez de la mañana en el gimnasio del Deportivo Xochimilco, localizado en avenida Francisco Gotilla S/N, en la Delegación Xochimilco, en el Distrito Federal.
b) El día veintitrés de mayo de dos mil cuatro, se llevó a cabo la asamblea ejidal, estando presentes 240 de un total de 2 mil 265 ejidatarios. En ella participaron el subdirector regional Sur de la Comisión de Asuntos Agrarios del Distrito Federal, licenciado Raúl J. Guillen Gordillo, así como la funcionaria de dicha dependencia Verónica Rosas Sánchez.
Al término de la asamblea se levantó acta en la que se asentaron los acuerdos tomados. Fue firmada por el Presidente del Comisariado Luis Valencia Coquis, el Secretario y el Tesorero del mismo, Reyes Santander Cocina y Luis Sánchez Arellano, respectivamente; por la Comisión de Vigilancia: Jaime Roseta y Guerrero (Presidente) y Armando López Galeana (Primer Secretario); por la Mesa de Debates: el Presidente, Benito Flores González, y el Secretario, Rubén Alberto Aguilar Hernández; y por los Escrutadores: María de Lourdes Castillo Lara y Gilberto José Romero Barranco.
c) Días después, el Comisariado Ejidal, por medio de Luis Valencia Coquis, solicitó al referido Subdirector Regional copias certificadas del acta de asamblea celebrada el 23 de mayo de 2004, misma que, según el proponente, "presenta severas alteraciones".
Ante esta situación, con objeto de salir de dudas y descartar la idea de que se trataba de un error, el presidente del Comisariado Ejidal volvió a solicitar copias certificadas del acta, y una vez que le fueron entregadas se advirtieron datos diversos del original, e incluso de la copia que con anterioridad le habían entregado. Estas irregularidades consisten en:
• En el acta "original" levantada el veintitrés de mayo de dos mil cuatro, la fecha que se asentó como día de la celebración de la asamblea fue la de 23 de mayo de 2004; en la primera copia certificada expedida aparece la del día 20 de marzo de 2004; y en la segunda ya se precisó la verdadera.
• En el acta de asamblea "original" no se asentó el orden del día como preámbulo de la misma; en la primera y segunda copias certificadas, el orden del día forma parte del acta de asamblea.
• En el acta "original" se registró una asistencia de 239 asambleístas ejidatarios; en las dos copias certificadas expedidas posteriormente, se asentó un total de 240 ejidatarios que asistieron a la asamblea.
• En el acta "original" se asienta que el Presidente del Comisariado Ejidal informó que, por tratarse de segunda convocatoria, la asamblea era válida y que los acuerdos tomados eran obligatorios, para todos; en las copias certificadas expedidas por el funcionario de referencia, esta precisión no se encuentra.
• En el acta "original", en desahogo del tercer punto del orden del día, se propuso a Benito Flores González, Rubén Alberto Aguilar Hernández, María de Lourdes Castillo Lara y Gilberto Romero, para que fungieran como presidente de la mesa de debates, secretario de actas, y escrutadores, respectivamente, lo que la asamblea aceptó por unanimidad; en las copias certificadas expedidas por el funcionario de referencia, aparecen como escrutadores Ernestina García Balanzario y Pedro Barrera Chávez, sin que éstos hayan sido designados.
• En el acta "original", en desahogo del cuarto punto del orden del día, se registró la aceptación de siete nuevos ejidatarios; y en las copias certificadas se advierte que se aceptaron un total de 27 nuevos ejidatarios.
• En el acta "original", se asentó que el presidente de la mesa de debates explicó a la asamblea que, con motivo de la renovación de los órganos de representación del ejido, era conveniente que, en los casos pendientes de escrituración, se nombrara a los actuales integrantes del comisariado ejidal como nuevos mandatarios; en las copias certificadas se advierte que el presidente de la mesa de debates puso a consideración la revocación del mandato general extraordinario para la copropiedad del ejido denominado "distrito de riego", otorgado el 17 de agosto del año 2000, no obstante no haber tenido lugar este tema a discusión.
• En el acta "original" se asentó suspender sus derechos a diversos ejidatarios, por 154 votos a favor; y en las copias certificadas se registró que el mencionado acuerdo se tomó por 155 votos a favor.
• En el acta "original" se asentaron las firmas, por parte del Consejo de Vigilancia, Jaime Roseta y Guerrero como presidente y Armando López Galeana como primer secretario; en las copias certificadas, aparece la firma de Luis Dalman Flores como segundo secretario.
• En el acta "original" constan las firmas de María de Lourdes Castillo Lara y Gilberto José Romero Barranco como escrutadores, mientras que las copias certificadas expedidas por el funcionario en cita, se advierten las firmas de Ernestina García Balanzario y Pedro Barrera Chávez como escrutadores.
• Por último, el acta "original" consta de cuatro hojas escritas por una sola de sus caras, con letra mayúscula, mientras que las copias certificadas constan de seis hojas escritas por una sola de sus caras, con letras mayúsculas y minúsculas.
d) Con fecha siete de septiembre del año en curso, fue presentado por el mandatario general del distrito de riego Xochimilco, un escrito dirigido al jefe de Gobierno del Distrito Federal en el que se le expresaron las irregularidades referidas en el numeral anterior, sin que, de acuerdo con el ponente, el titular del Ejecutivo local haya tomado cartas en el asunto.
5. En sus considerandos, el proponente manifiesta:
a) Que en los registros de la subdirección Regional Sur de la Comisión de Asuntos Agrarios en el Distrito Federal obra un documento distinto al que se levantó por la asamblea de ejidatarios de Xochimilco, el 23 de mayo del año 2004, que hace presumir que dicho documento fue alterado sustancialmente.
b) Que el acta de sesión de asamblea de ejidatarios levantada el 23 de mayo del año en curso, por el ejido Poblado Xochimilco ha sido alterada sustancialmente.
c) Que la Comisión de Asuntos Agrarios en el Distrito Federal es un órgano desconcentrado de la administración pública local, en términos de lo dispuesto por los artículos 196 y 198 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrita a la Secretaría de Gobierno por virtud de los de lo dispuesto en el artículo 7, fracción I, inciso c), último párrafo de dicho ordenamiento jurídico.
d) Que en términos de lo dispuesto en el artículo 12, fracciones I, VI y XII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la organización política y administrativa del Distrito Federal, se rige por los principios de legalidad, honradez, eficiencia, eficacia y juridicidad.
e) Que las comunidades ejidales son grupos de personas unidas por un fin común, la explotación de la tierra, que no sólo merecen seriedad y seguridad jurídicas, sino que demandan el respeto a sus derechos y a las decisiones que al interior toman, por conducto de sus órganos.
f) Que la alteración del acta referida en los antecedentes de esta proposición con punto de acuerdo representa no sólo violaciones al marco jurídico administrativo que rige el actuar de los servidores públicos encargados de asesorar a los núcleos ejidales, sino que representa un intento de división y confrontación al interior del ejido Poblado Xochimilco, auspiciado por servidores públicos de alto nivel del Gobierno del Distrito Federal.
g) Que esta falta de probidad de los servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal se traduce en conductas probablemente delictuosas, con motivo de la alteración de la multicitada acta, documento que, según el proponente, está bajo la custodia del subdirector regional Sur de la Comisión de Asuntos Agrarios en el Distrito Federal, el licenciado Raúl J. Guillén Gordillo, y del cual tuvo conocimiento en razón de su cargo el mismo día en que se generó con motivo de la asamblea convocada por dicho ejido.
h) Que la modificación, alteración o falsificación del acta de 23 de mayo de 2004, que se ha venido refiriendo, involucra al licenciado Raúl Guillén Gordillo, subdirector regional Sur de la Comisión de Asuntos Agrarios del Distrito Federal, y representa la comisión de conducta que atentan contra la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia y juridicidad, con que deben conducirse los servidores públicos de la administración pública local.
i) Que en dos ocasiones el licenciado Raúl J. Guillén Gordillo, subdirector regional Sur de la Comisión de Asuntos Agrarios del Distrito Federal, ha expedido copias certificadas del acta de sesión de asamblea de fecha 23 de mayo de 2004, levantada por el ejido Poblado Xochimilco, de las cuales se advierten diversas irregularidades.
6. Con fecha 7 de marzo del 2008 esta dictaminadora solicitó información al Gobierno del Distrito Federal respecto del tema que nos ocupa, recibiendo dos respuestas:
a) Mediante el oficio número SG/2797/2008 de fecha 7 de abril del 2008 el Gobierno de la Ciudad contesta la petición de información adjuntando otro número DGAADF/057/08 de fecha 31 de marzo del 2008, en el que Susana Manzanares Córdova, directora general de Asuntos Agrarios, informa lo siguiente:
"Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 23, 25, 26, 31 y 148 de La Ley Agraria, 60 y 61 de su reglamento (sic) y 25 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, la autoridad encargada de llevar a cabo la inscripción y registro de los actos relativos a las asambleas celebradas por los núcleos ejidales es precisamente el Registro Agrario Nacional, por lo cual la dirección a mi cargo con fundamento en lo establecido por el artículo 48 Bis del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal carece de facultades para modificar o sustituir los documentos de referencia.
"Asimismo es necesario precisar que el C. Raúl J. Guillén Gordillo y la C. Verónica Rosas Sánchez dejaron de prestar sus servicios a la Dirección General de Asuntos Agrarios desde el día 16 de enero del 2007 y 31 de diciembre del 2006, respectivamente."
Para comprender mejor la respuesta dada, citamos los artículos invocados en la respuesta de la funcionaria en cita:
Ley Agraria
Artículo 22. El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios.
El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo.
Artículo 23. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:
I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido;
II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones;
III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros;
IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos;
V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común;
VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido;
VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización;
VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios;
IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley;
X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación;
XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos;
XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia;
XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal;
XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y
XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido.
Artículo 25. La asamblea deberá celebrarse dentro del ejido o en el lugar habitual, salvo causa justificada. Para ello, deberá expedirse convocatoria con no menos de ocho días de anticipación ni más de quince, por medio de cédulas fijadas en los lugares más visibles del ejido. En la cédula se expresarán los asuntos a tratar y el lugar y fecha de la reunión. El comisariado ejidal será responsable de la permanencia de dichas cédulas en los lugares fijados para los efectos de su publicidad hasta el día de la celebración de la asamblea.
La convocatoria que se expida para tratar cualesquiera de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, deberá ser expedida por lo menos con un mes de anticipación a la fecha programada para la celebración de la asamblea.
Si el día señalado para la asamblea no se cumplieran las mayorías de asistencia requeridas para su validez, se expedirá de inmediato una segunda convocatoria. En este caso, la asamblea se celebrará en un plazo no menor a ocho ni mayor a treinta días contados a partir de la expedición de la segunda convocatoria.
Artículo 26. Para la instalación válida de la asamblea, cuando ésta se reúna por virtud de primera convocatoria, deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno de los ejidatarios, salvo que en ella se traten los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23, en cuyo caso deberán estar presentes cuando menos tres cuartas partes de los ejidatarios.
Artículo 31. De toda asamblea se levantará el acta correspondiente, que será firmada por los miembros del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia que asistan, así como por los ejidatarios presentes que deseen hacerlo. En caso de que quien deba firmar no pueda hacerlo, imprimirá su huella digital debajo de donde esté escrito su nombre.
Cuando exista inconformidad sobre cualesquiera de los acuerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario podrá firmar bajo protesta haciendo constar tal hecho.
Cuando se trate de la asamblea que discuta los asuntos establecidos en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, el acta deberá ser pasada ante la fe del fedatario público y firmada por el representante de la Procuraduría Agraria que asistan a la misma e inscrita en el Registro Agrario Nacional.
Artículo 148. Para el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplicación de esta ley funcionará el Registro Agrario Nacional, como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el que se inscribirán los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. El registro tendrá además una sección especial para las inscripciones correspondientes a la propiedad de sociedades.
Reglamento de la Ley Agraria en materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares
Artículo 60. Las actas que se levanten de las Asambleas a que se refiere el artículo 80 de este reglamento, se remitirán para su inscripción al Registro. Dichas actas servirán de base para la expedición de los certificados y títulos correspondientes.
Artículo 61. El Registro verificará que tales actas contengan los siguientes elementos:
I. Fecha de convocatoria;
II. Lugar y fecha de celebración de la Asamblea;
III. Participantes en la Asamblea, debiéndose especificar el número total de ejidatarios asistentes a la misma y el porcentaje que éste representa del total de ejidatarios;
IV. Orden del día que especifique los puntos a tratar en la Asamblea;
V. Acuerdos recaídos sobre cada uno de los asuntos comprendidos en el orden del día, con indicación del sentido de la votación y la expresión del porcentaje correspondiente;
VI. Firma o, en su caso,- huella digital de los integrantes del Comisariado, del Consejo de Vigilancia, del Presidente y Secretario de la Asamblea, del representante de la Procuraduría y del fedatario público y
VII. Certificación del fedatario público asistente a la Asamblea, de que lo asentado en el acta corresponde a lo tratado en la misma, en les términos del penúltimo párrafo del artículo 8º de este reglamento.
Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional
Artículo 25. Las delegaciones tendrán las siguientes atribuciones:
I. Ejercer la función registral mediante la calificación, inscripción y la certificación de los asientos de los actos y documentos objeto de registro;
II. Inscribir los siguientes actos y documentos:
a) Las resoluciones judiciales o administrativas a través de las cuales se constituyan, modifiquen o extingan los núcleos agrarios;
b) El testimonio de la escritura pública de la constitución de un ejido;
c) Las actas de delimitación, destino y asignación de las tierras al interior de los núcleos agrarios;
d) Los decretos de expropiación, sus actas de ejecución, en su caso, las resoluciones de reversión, así como los convenios de ocupación previa sobre tierras ejidales o comunales;
e) Los títulos primordiales de comunidades;
f) Los planos generales e internos de los núcleos agrarios;
g) Los acuerdos de asamblea relativos a la conversión del régimen ejidal al comunal y viceversa; fusión y división de ejidos; cambio de destino de tierras de uso común; adopción de dominio pleno; aportación de tierras de uso común a sociedades; permuta de derechos parcelarios y de incorporación de tierras al régimen ejidal y la terminación del régimen ejidal;
h) Los contratos de asociación o aprovechamiento que celebren los núcleos agrarios o los ejidatarios y comuneros respecto de sus tierras, cuando así lo soliciten, así como el otorgamiento del usufructo en garantía a que se refiere el artículo 46 de la Ley;
i) Los acuerdos contenidos en las actas relativas a la elección o remoción de los órganos ejidales y comunales, así como el otorgamiento de poderes y mandatos, cuando así lo solicite el interesado;
j) Los reglamentos internos de ejidos y estatutos comunales;
k) El acta constitutiva de las formas asociativas para la explotación de parcelas con destino específico y sus modificaciones;
l) El acta de constitución de la junta de pobladores y su reglamento cuando así se solicite;
m) El acta de instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva;
n) La transmisión de derechos individuales por sucesión, la enajenación de derechos sobre tierras de uso común y de derechos parcelarios, así como la renuncia de derechos sobre tierras ejidales;
o) El acta de aceptación y separación de ejidatarios, así como el reconocimiento de posesionarios;
p) Los certificados de derechos sobre tierras de uso común y los parcelarios;
q) Las actas constitutivas de las uniones de ejidos y comunidades, de las asociaciones rurales de interés colectivo, de las sociedades de producción rural, de las uniones de sociedades de producción rural, de las sociedades de solidaridad social y de las federaciones de sociedades de solidaridad social y, en su caso, las modificaciones que sufran en su estructura y objeto social las referidas personas morales;
r) La solicitud de los terrenos denunciados como baldíos;
s) Las declaratorias de los terrenos nacionales, así como los títulos que se originen;
t) Los reglamentos internos de las colonias agrícolas y ganaderas, los títulos de propiedad que se expidan por la adopción del dominio pleno, los cambios y los traslados de derechos sobre dichas tierras y los acuerdos de cancelación, y
u) Los demás documentos que contengan actos jurídicos que conforme a la Ley y sus reglamentos, deban inscribirse.
III. Integrar y remitir a la Dirección General de Registro los expedientes relativos a la aportación de tierras de uso común a sociedades civiles o mercantiles; a la adopción de dominio pleno de ejidos y colonias agrícolas y ganaderas, y la terminación del régimen ejidal, para efectos de su calificación y autorización para su inscripción;
IV. Efectuar cuando proceda, la reposición de los folios y, en su caso, las rectificaciones y anotaciones preventivas en los asientos regístrales, así como llevar a cabo las tildaciones a que hubiere lugar;
V. Llevar el inventario de las listas de sucesión que depositen los ejidatarios y comuneros;
VI. Llevar a cabo el control, expedición y entrega de los certificados y títulos que prevé la Ley, así como la destrucción de éstos, cuando así proceda;
VII. Cancelar cuando proceda conforme a derecho, la inscripción de los certificados parcelarios, de derechos de uso común, los planos internos o de grandes áreas y censos ejidales;
VIII. Proporcionar orientación a los usuarios que lo soliciten sobre los requisitos de procedibilidad en materia de registro;
IX. Llevar a cabo la edición y publicación del Boletín Registral, conforme a los lineamientos que emita la Dirección General de Titulación y Control Documental;
X. Notificar periódicamente a las direcciones generales competentes, los avances programáticos y estadísticos, resultado de la regularización en la tenencia de la tierra y el control documental;
XI. Resguardar los sistemas de información y archivo;
XII. Proporcionar la información o apoyos relativos que sean requeridos al Registro por dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, Gobiernos Estatal o Municipal, o por los núcleos agrarios;
XIII. Solicitar a las autoridades federales, estatales y municipales la información estadística, documental, técnica, catastral y de planificación que requiera para el mejor desempeño de sus actividades;
XIV. Coordinarse, en términos de los acuerdos y convenios respectivos, con los gobiernos de cada Entidad Federativa, notarios públicos, corredores públicos, oficinas de catastro, registros públicos de la propiedad y del comercio y demás dependencias federales, estatales o municipales cuyas funciones le sean afines;
XV. Mantener actualizado estadísticamente el Historial Agrario, a través de la captura de la información de las acciones que modifiquen la estructura agraria;
XVI. Ejecutar los trabajos técnicos, topográficos y cartográficos para la integración de los expedientes de los predios rurales que con base en la Ley y sus reglamentos corresponda realizar;
XVII. Realizar los trabajos de integración y actualización del catastro rural de acuerdo a los lineamientos que se emitan;
XVIII. Revisar, validar, certificar y actualizar los planos internos de los ejidos, los individuales de las tierras parceladas, los de uso común y asentamiento humano, así como expedir copia certificada de los mismos;
XIX. Remitir los materiales fotogramétricos, así como los medios magnéticos de los productos topográficos y cartográficos a la Dirección General de Catastro Rural, y
XX. Compilar y clasificar las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones legales relacionadas con la esfera de competencia del Registro.
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal
Artículo 48 Bis. Corresponde a la Dirección General de Asuntos Agrarios del Distrito Federal fungir como una unidad de consulta, coordinación, concertación y ejecución de acciones, para la inmediata atención de asuntos y conflictos en materia agraria, así como la realización de estudios y acciones que permitan la promoción de políticas que fomenten la actividad agraria en el Distrito Federal y cuenta con las siguientes atribuciones:
I. Coadyuvar a la atención integral de las demandas campesinas, proponiendo programas y acciones dirigidas a su solución;
II. Promover la coordinación entre el sector agrario y la Administración Pública, para procurar la regularización de la propiedad rural;
III. Ejecutar las políticas en materia agraria de la Administración Pública, con relación a la tenencia de la tierra;
IV. Asesorar y atender a los poseedores rurales, así como a las organizaciones que éstos conformen, en los trámites relativos a la regularización de sus tierras, así como para gestionar, preparar y ejecutar proyectos de capacitación agraria para propietarios y poseedores rurales;
V. Emitir opinión, sobre la ubicación de predios, que sirvan para determinar si los mismos se encuentran en terrenos rurales;
VI. Coadyuvar con la Dirección General de Regularización Territorial, así como con la Coordinación para la Regularización Territorial de la Tenencia de la Tierra, para que inicien el procedimiento correspondiente para la regularización de la propiedad rural;
VII. Coordinarse con la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, en el seguimiento de los programas y acciones del fomento agropecuario para el Distrito Federal;
VIII. Promover la celebración de convenios entre las dependencias de la Administración Pública y las organizaciones de propietarios rurales del Distrito Federal para el apoyo y fomento en materia agraria;
IX. Intervenir como una instancia conciliadora que permita solucionar los conflictos en materia agraria;
X. Promover convenios de coordinación en materia agraria entre las dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y del Distrito Federal;
XI. Integrar un sistema de información agraria que dé a conocer las necesidades de ese sector en el Distrito Federal;
XII. Elaborar estudios para realizar el diagnóstico de las necesidades de organización y capacitación agraria, así como proponer las políticas para el desarrollo de ese sector; y
XIII. Analizar la problemática a la que se enfrenten los grupos y núcleos agrarios del Distrito Federal y emitir opinión sobre alternativas de solución.
b) Asimismo, mediante el referido oficio que acompaña otro similar de fecha 18 de abril del 2008, mediante oficio AJD/092/2008, el maestro Sergio Alejandro Méndez Cárdenas, asesor del jefe delegacional en Xochimilco informa al Gobierno del Distrito Federal que, en lo referente al asunto que nos ocupa, "no son atribuciones que pueda atender y resolver el gobierno delegacional en Xochimilco".
II. Consideraciones de la comisión
Primera. Del asunto expuesto por el proponente y la transcripción de la normatividad correspondiente, se desprende que su competencia corresponde a las autoridades agrarias nacionales, tanto al Registro Agrario Nacional, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria y, en su caso los Tribunales Agrarios.
Segunda. De los hechos que refiere el proponente como posiblemente constitutivos de delito, en su momento debieron ser puestos en conocimiento de la autoridad investigadora y persecutora de los delitos, el Ministerio Público, de lo cual no se menciona si ocurrió o no.
Tercera. Los servidores públicos que señala el proponente como presumiblemente responsables de haber cometido hechos delictivos, como consta de la respuesta dada por la Dirección de Asuntos Agrarios de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, dejaron de serlo en las fechas indicadas, por lo que su responsabilidad dejó de ser oficial para ser del orden común.
Cuarta. Con base en los antecedentes y consideraciones señaladas, las y los legisladores integrantes de la Comisión del Distrito Federal señalamos que la proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal a que inicie las acciones necesarias para regularizar la problemática que enfrenta el ejido Poblado Xochimilco es improcedente, por lo que debe desecharse, por lo que nos permitimos poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal a que inicie las acciones necesarias para regularizar la problemática que enfrenta el ejido Poblado Xochimilco, presentada por el diputado Jorge Triana Tena, por tratarse de un asunto que excede de las facultades jurídicas y políticas de la honorable Cámara de Diputados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de junio de 2008.
Diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), María Elena Torres Baltazar (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Alberto Esteva Salinas (rúbrica), Rosaura Virginia Denegre Vaught Ramírez (rúbrica en contra), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Alejandro Sánchez Domínguez (rúbrica), Blanca Luna Becerril (rúbrica), María Gabriela González Martínez (rúbrica en contra), Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE SALUD, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE CHIHUAHUA A IMPLANTAR ACCIONES TENDENTES A GARANTIZAR A LOS HABITANTES DEL ESTADO EL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE SALUD RELATIVOS A LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y TERMINACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS, CON MIRAS A ERRADICARLA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados, LX Legislatura, le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo de Chihuahua a implantar, de manera oportuna, acciones que garanticen a los habitantes del estado el acceso equitativo y urgente de los programas de salud relativos a la atención, prevención y terminación del tratamiento de la tuberculosis con miras a erradicarla. Presentada por la diputada María Soledad Limas Frescas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Los integrantes de esta comisión, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 3; 43, 44, 45, numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.
I. Antecedentes
Con fecha 30 de abril de 2008, la diputada María Soledad Limas Frescas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo de Chihuahua a implantar, de manera oportuna, acciones que garanticen a los habitantes del estado el acceso equitativo y urgente de los programas de salud relativos a la atención, prevención y terminación del tratamiento de la tuberculosis, con miras a erradicarla.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó dicha propuesta a la Comisión de Salud para su estudio, por lo que, llegado el momento, emite el siguiente dictamen.
II. Contenido de la proposición
La promovente señala que en Chihuahua la tuberculosis no es aún una enfermedad derrotada: cada día cobra vidas y, por tanto, es obligación del Ejecutivo local garantizar la atención, prevención y terminación del tratamiento, con miras a erradicarla, con el conocimiento de que es una enfermedad infecciosa que a nivel comunitario es controlable y al individual curable, y que existen variedades resistentes al tratamiento tradicional.
Conforme datos plasmados en la exposición de motivos, las acciones tomadas por gobiernos anteriores permitieron que durante los últimos 10 años la morbilidad por tuberculosis pulmonar mantuviera una tendencia estacionaria durante la primera mitad de la década, ascendente a partir de 1994, alcanzando una cifra máxima de 20.6 casos por 100 mil habitantes en 1998, para descender hasta 15.6 casos por 100 mil habitantes en 2000.
Continua exponiendo que "en la actualidad se registran 16.2 casos nuevos y 3.2 defunciones por tuberculosis pulmonar por cada 100 mil habitantes, lo que indica un crecimiento de 0.6 por ciento de la enfermedad con relación a 2000. Asimismo, hay acumulados 400 casos de tuberculosis farmacorresistentes, los cuales requieren acciones específicas y más costosas".
También señala que, según datos estatales, en 2005 se registraron 522 casos de tuberculosis, siendo las ciudades con más casos registrados Chihuahua y Juárez, por tener mayor índice de población; la sierra Tarahumara es aún más vulnerable por las condiciones sociales y climáticas, de tal manera que a la fecha los índices de contagio han ido en constante aumento.
Asimismo, señala que es necesario se redoblen esfuerzos para combatirla, pues si una persona no concluye su tratamiento, pone en riesgo la salud de sus familiares, compañeros de trabajo o cualquier persona que conviva de manera estrecha con ella, ya que es posible el contagio de manera directa.
Por otro lado, se pone en riesgo la vida del paciente, debido a que esta infección puede ocasionar problemas graves como insuficiencia respiratoria, diseminación de la infección hacia órganos vitales y finalmente la muerte.
Por ello, para la promovente, es urgente que una persona contagiada por la tuberculosis acabe su tratamiento y que al final de éste le sea expedido un certificado médico que conste el alta del paciente, previniendo y controlando la enfermedad, ya que de esa manera se reducen los riesgos de enfermar y de morir por ésta.
Lo anterior, en virtud de que las personas que no concluyen su tratamiento o que han sido tratadas en forma inadecuada pueden quedar infectadas e infectar a otras. Estos casos crónicos a menudo llevan el bacilo en los pulmones, que se han vuelto resistentes a las drogas antituberculosis, y, al infectar a otras, éstas contarán con la misma resistencia a la droga. Cuando la enfermedad se desarrolla en tales casos, es mucho más costoso y difícil tratarla que una tuberculosis normal, y con mayor posibilidad de ser fatal.
Por todo lo anterior, la diputada propone, con este punto de acuerdo, que la población tenga acceso al diagnóstico y al tratamiento de la enfermedad, que se aseguren la atención de excelencia mediante un diagnóstico efectivo y la curación segura con tratamiento estrictamente supervisado y asimismo concluido.
III. Consideraciones
Primera. En primer término, sin duda, los integrantes de la comisión valoramos la inquietud y preocupación de la diputada María Soledad Limas Frescas, en relación con la tuberculosis en Chihuahua. No obstante, es menester señalar que, desde su título y fundamentos legales que arguye la proponente, propicia cierta confusión, pues entendemos que la preocupación es con respecto a toda la población del estado; no obstante, al consignar que su propuesta es con fundamento en el artículo 2, apartado B, de nuestra Constitución, nos lleva a entender que su propuesta se refiere sólo a los grupos indígenas del estado, concretamente a los localizados en la sierra Tarahumara. No obstante, con la mejor disposición, la entenderemos referida a toda la población del estado, incluidos, por supuesto, los grupos indígenas del estado.
Segunda. Con datos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la tuberculosis es causada por la bacteria Micobacterium tuberculosis, también llamado bacilo de Koch.
Es una enfermedad grave que daña principalmente los pulmones, aunque puede estar también en pleura, ganglios, genitales, riñones, sistema nervioso, huesos, articulaciones, corazón, piel, intestinos, laringe, peritoneo y ojos. Afecta a todas las edades, principalmente a los mayores de 15 años de edad. Es igual en hombres que en mujeres. Un enfermo sin tratamiento contagia a 10 o 15 personas en un año. Y advierte que, siguiendo el tratamiento adecuado y de manera integral, es curable. Asimismo que, sin tratamiento, 50 por ciento de enfermos muere en un periodo de 5 años. Y que el riego se incrementa en pacientes con bajo peso, desnutridos, contagiados con VIH-sida, diabéticos, con insuficiencia renal, cáncer, silicosis, gastrectomizados o con abuso de drogas.
Asimismo, señala que la tuberculosis se contagia, de una persona enferma a otra sana, a través de la inhalación de pequeñas gotas de saliva esparcidas en el aire ambiental. La dispersión de secreciones respiratorias en el ambiente se propicia cuando una persona enferma tose, estornuda, escupe, habla, canta o arroja saliva, ya que contiene una gran cantidad de bacilos responsables de la tuberculosis.
El propio instituto también señala que si el enfermo no es tratado adecuadamente o no concluye el tratamiento corre el riesgo de no curarse, tener una recaída o, lo que es peor, generar resistencia a los medicamentos, lo cual implica reducir a menos de la mitad la posibilidad de cura. Esto último, siempre y cuando existan los medicamentos.
Finalmente señala que la tuberculosis se pude prevenir de dos formas: la primera, identificando oportunamente a los enfermos y asegurando su total curación para no contagiar a otras personas; y, la segunda, aplicando la vacuna BCG a todos los niños desde el nacimiento.
Y que en el mundo y en México se considera el problema de la tuberculosis como muy grave, pues se estima que, a nivel mundial, 8 millones de personas la padecen y hasta 2.5 millones mueren. Y, en México, a la fecha, se identifican anualmente15 mil casos nuevos, muriendo 2 mil en ese mismo lapso. De éstos, 10 por ciento se asocian con el VIH-sida, y 15 por ciento con diabetes confirmada.
Tercera. En el caso concreto de Chihuahua, las autoridades de esa entidad refieren, lo que la promovente también consigna, que en el estado, al igual que en el resto del mundo y que el país, aún se padece tuberculosis. Que en 2005 se presentaron 522 casos y la ciudades con mayores problemas fueron las de Chihuahua y Ciudad Juárez, por sus características demográficas, al igual que en la sierra Tarahumara; achacando, estos casos, al abandono del tratamiento por parte de los pacientes.
Cuarta. Por otra parte, el sistema nacional de salud, bajo la coordinación de la Secretaría de Salud, en el caso de la tuberculosis, ha desplegado un amplio programa y acciones a nivel nacional con el propósito de ofrecer a la mayoría de la población, y en especial a los grupos más vulnerables de la sociedad, el acceso a los servicios y tratamientos que permitan prevenir, atender y erradicar este grave problema de salud.
Quinta. Por ello, Chihuahua se ha incorporado al Programa de Acción Tuberculosis 2007-2012, en el marco del Programa Nacional de Salud y el programa Alto a la Tuberculosis, los cuales están compuestos por equipos multidisciplinarios e interinstitucionales y cuentan con la participación de todas las entidades federativas para fortalecer las alianzas estratégicas contra la tuberculosis.
Sexta. No obstante, esta comisión considera necesario mejorar el sistema de información, consolidando sectorialmente el registro de casos y su vigilancia epidemiológica, en lo que respecta a la morbilidad, de acuerdo a información proporcionada por la Dirección General de Servicios de Salud del estado, en un comparativo nacional, avalado por el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, se observa un franco descenso en el número de casos y defunciones, respectivamente, con una tasa de morbilidad de 6.42 en el estado, llegando a 2.11 en 2005. Por otra parte, la tasa de mortalidad estatal observada en 1995 fue de 23.08, disminuyendo a 15.1 en 2005. Ambas tasas son por cada 100 mil habitantes.
Séptima. A la fecha, Chihuahua, en cuanto al acceso para el diagnostico y tratamiento de esta enfermedad, y el sistema de salud, a través de los servicios de salud, ofrecen la detección oportuna gratuita por medio de baciloscopias (estudio de flema) en todos los centros de salud del estado, realizándose, el año pasado, 30 mil 751, con un incremento de más del doble en los últimos 7 años.
En cuanto a la prevención, la Secretaría de Salud del estado, mediante la aplicación de la vacuna BCG, en 2007 alcanzó una cobertura sectorial de 99.39 por ciento en menores de 1 año (42 mil 388 dosis) y de 99.87 por ciento en menores de 5 años (287 mil 137 dosis).
Esta cobertura la realiza la Secretaría del Salud del estado con personal capacitado para implantar, de manera gratuita, el programa Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado, el cuál es implantado para prevenir la farmacorresistencia del bacilo.
Octava. En adición a lo anterior, la Secretaría de Salud del estado realiza una constante investigación básica y epidemiológica con la finalidad de una mejora continua de los programas para prevenir y erradicar dicha enfermedad.
De esta forma, y por todo lo anterior, los integrantes de la comisión consideramos que los programas y acciones nacionales y estatales vigentes atienden y satisfacen la preocupación de la diputada María Soledad Limas Frescas. Por tanto, con base en la normatividad y las atribuciones conferidas a esta comisión, sometemos ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, LX Legislatura, el siguiente
Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo de Chihuahua a implantar, de manera oportuna, acciones que garanticen a los habitantes del estado el acceso equitativo y urgente de los programas de salud relativos a la atención, prevención y terminación del tratamiento de la tuberculosis con miras a erradicarla, presentada por la diputada María Soledad Limas Frescas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 30 de abril de 2008.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Antonio Javier López Adame, Juan Abad de Jesús (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina, Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica),Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal, Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica), Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE SALUD, SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA Y A LA SECRETARÍA DE SALUD A LLEVAR A CABO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN RASTROS, CARNICERÍAS Y TIENDAS DE AUTOSERVICIO PARA REALIZAR MONITOREOS PERMANENTES Y EXPEDIR CERTIFICADOS DE EXPLOTACIONES PECUARIAS LIBRES DE CLEMBUTEROL
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y posterior dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de Salud a llevar a cabo medidas de seguridad en rastros, carnicerías y tiendas de autoservicio para realizar monitoreos permanentes y expedir certificados de explotaciones pecuarias libres de clembuterol, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, 43, 44 y 45 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente:
Metodología
La comisión encargada del análisis y dictamen del punto de acuerdo mencionado anteriormente desarrolló su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:
I. En el capítulo de "Antecedentes" se da constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen del punto de acuerdo y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.
II. En el capítulo correspondiente a "Contenido" se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.
III. En el capítulo de "Consideraciones" la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o de desechar la propuesta en análisis.
I. Antecedentes
En sesión celebrada el 8 de abril de 2008 el Pleno de la Cámara Diputados, el diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, en nombre propio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo a fin de exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de Salud a llevar a cabo medidas de seguridad en rastros, carnicerías y tiendas de autoservicio para realizar monitoreos permanentes y expedir certificados de explotaciones pecuarias libres de clembuterol.
Con fecha 30 de abril de 2008, la Mesa Directiva de este órgano legislativo turnó la mencionada proposición a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.
II. Contenido
El diputado promoverte comienza la exposición de motivos de su punto de acuerdo comentando que desde el comienzo de la utilización de los animales como proveedores de alimentos para los seres humanos, el hombre ha buscado una continua mejora de la productividad. Las mejoras en el rendimiento de las producciones animales conseguidas en los últimos años son espectaculares, debido al uso desmedido de productos químicos, pero a cambio de ello se han afectado la biodiversidad y, peor aún, la salud de los consumidores. Los primeros datos que se tienen sobre el empleo de betaagonistas como promotores del crecimiento datan de los años ochenta.
Una de las principales preocupaciones del diputado firmante es que aunque la toma de conciencia generalizada sobre el deterioro ambiental fue ampliamente mostrada desde finales de los años ochenta, en la actualidad las tendencias de deterioro se mantienen y se repiten los errores del pasado: suelos infectados con nitratos, agua contaminada con antibióticos, y carne contaminada con clembuterol.
Como referencia a algunos de los principales síntomas que la carne contaminada con clembuterol origina en los humanos, el promovente menciona los siguientes: temor, nerviosismo, taquicardia, fibrilación cardiaca, cefalea, insomnio, incremento de la presión sanguínea, vértigos, náuseas, dolor de pecho, aumento de la sudoración, boca seca y calambres musculares, que duran en promedio 40 horas.
Algunas de las consideraciones expresadas por el diputado promovente indican que las intoxicaciones detectadas en nuestro país han sido producidas por el consumo de hígado con residuos de clembuterol. En un periodo de cinco años (2002-2006) se registraron 192 brotes de intoxicación por clembuterol, con un total de mil 300 casos sin presentar hasta el momento defunciones. Específicamente en Chiapas, Jalisco y Veracruz se ha encontrado mayor presencia de uso de clembuterol en la alimentación de ganado bovino.
Para finalizar el diputado Arnulfo Elías Cordero busca con su punto de acuerdo las siguientes acciones:
1. Realizar seguimientos en rastros, carnicerías y tiendas de autoservicio de los niveles de residuos en los productos finales y antes del sacrificio. Estas acciones se deben realizar en forma inmediata y aleatoria.
2. La Sagarpa y la Secretaría de Salud, a través de sus delegaciones, deben realizar y expedir certificados de explotaciones pecuarias a los ranchos de engorda para constatar que sus animales se encuentran libres de clembuterol. Una vez con dicho certificado, se presentará al rastro antes de sacrificar al animal; así, los rastros tendrán un trabajo más sencillo, eficiente y garantizado.
3. Realizar campañas de comunicación para informar adecuada y periódicamente a los consumidores acerca de los daños que ocasionan los productos alimenticios contaminados con clembuterol.
4. Establecer sanciones penales severas a los que transgredan la ley y utilicen clembuterol o, para el caso, cualquier medicamento prohibido para fomentar la producción pecuaria.
III. Consideraciones
Primera. Las dependencias mencionadas en el punto de acuerdo en cuestión, llevan a cabo acciones, dentro del ámbito de su competencia, para la erradicación del uso del clembuterol.
Segunda. La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en coordinación con las autoridades estatales encargadas de la regulación sanitaria, realizan visitas de verificación para el muestreo de carne de bovino para la detección de clembuterol en rastros, carnicerías y tiendas de autoservicios, si llega a detectarse una muestra de esta sustancia, se realizan las acciones de seguimiento que permitan identificar al introductor o ganadero responsable de la contaminación con el fin de retroalimentar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que en el ámbito de su competencia, aplique las medidas correspondientes.
Tercera. Durante 2008 se ha realizado, por parte de la Cofepris, la toma de 270 muestras de carne de las cuales 19 resultaron positivas a clembuterol, lo anterior fue notificado por la Cofepris a la Sagarpa para lo conducente.
Cuarta. Por ultimo el pasado 25 de julio del 2007, fue publicada la Ley Federal de Sanidad Animal, la cual viene a reforzar las acciones tomadas por las secretarías antes mencionadas, y cuya finalidad es fijar las bases para: el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción primaria y establecimientos Tipo Inspección Federal dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano. Así como también establece sanciones las cuales serán administrativas, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan el artículo 73, fracción XVI, y el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, emitimos el siguiente
Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de Salud a llevar a cabo medidas de seguridad en rastros, carnicerías y tiendas de autoservicio para realizar monitoreos permanentes y expedir certificados de explotaciones pecuarias libres de clembuterol, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada el 8 de abril del 2008.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Antonio Xavier López Adame, Juan Abad de Jesús (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina, Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal, Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica), Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García.
DE LA COMISIÓN DE SALUD, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA CONAGUA, A INVESTIGAR LOS ALTOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN CON ARSÉNICO EN EL AGUA POTABLE DE LA REGIÓN DE LOS ALTOS DE JALISCO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y a la Conagua, para que investiguen los altos índices de contaminación con arsénico en el agua potable de la región de los Altos de Jalisco, presentada por la diputada Martha Angélica Romo Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Los integrantes de esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1o. y 3o.; 43; 44; 45, numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.
I. Antecedentes
El 30 de abril de 2008, la diputada Martha Angélica Romo Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y a la Conagua, para que investiguen los altos índices de contaminación con arsénico en el agua potable de la región de los Altos de Jalisco.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, turnó dicha propuesta a la Comisión de Salud para su estudio, por lo que llegado el momento, emite el siguiente dictamen.
II. Contenido de la proposición
La diputada promovente, basa su proposición en un artículo publicado el 31 de octubre de 2006, en la Revista Panamericana de Salud Pública, en donde se dio a conocer un estudio en donde su objetivo principal era determinar el grado de contaminación con arsénico del agua potable en la región de los Altos de Jalisco y estimar el nivel de exposición que enfrentan los habitantes de esa zona. El estudio se realizó en 129 pozos, de 17 cabeceras municipales de la región.
El resultado de esta investigación, fue que en 44 (34 por ciento) de los 129 pozos, se encontraron concentraciones de arsénico superiores al límite de 25 mg/l, establecido en la norma nacional mexicana. Las concentraciones media de arsénico total en los 129 pozos estuvieron entre 14,7 mg/l y 101,9 mg/l. Las mayores concentraciones se hallaron en las muestras de agua recolectadas en los pozos de Mexticacán (262,9 mg/l), Teocaltiche (157,7 mg/l) y San Juan de los Lagos (113,8 mg/l).
De lo anterior se concluyó que si se toma en cuenta la concentración general de todos los pozos de cada una de las ciudades, la concentración media de arsénico fue superior a lo establecido en la norma oficial mexicana. La concentración media general en las 17 ciudades fue superior al valor de 10 mg/l establecido en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.
Esto representa que, de acuerdo con la Semades (Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable de Jalisco), todos los municipios de las regiones Altos norte y Altos sur presentan problemas de contaminación de agua superficial; la ingestión continua de arsénico puede afectar a la salud y causar enfermedades de la piel, trastornos gastrointestinales, daños neurológicos, problemas cardiovasculares y afecciones hematológicas, así como hidroarsenicismo crónico regional endémico o hacre, cuyos síntomas que comienzan a aparecer luego de varios años de ingerir agua contaminada son lesiones en la piel, tumores malignos cutáneos y, en ocasiones, cáncer en órganos internos como el pulmón, estómago y vías urinarias, entre otros. Una vez que el arsénico se instala en el organismo ya no se puede extraer.
Por ello, la diputada Romo Jiménez estima pertinente y necesario que la Secretaría de Salud y la Conagua de Jalisco, investiguen los elevados índices de contaminación con arsénico en el agua potable de la región de los Altos de Jalisco.
III. Consideraciones
Primera. Los integrantes de la comisión dictaminadora consideramos valioso y de suma importancia, para el asunto que nos ocupa, referir el dictamen que el 14 de diciembre de 2004, las Comisiones de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de Salud y Seguridad Social; de Federalismo y Desarrollo Municipal; de Desarrollo Regional; de Ciencia y Tecnología; y de Recursos Hidráulicos, del Senado, emitieron con respecto del punto de acuerdo por el que se exhortaba a los titulares de las Secretarías de Salud, Educación, y Gobernación; a los gobernadores y legislaturas de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas; a los responsables de los organismos operadores del agua, estatales y municipales; a los representantes estatales y o regionales de la Comisión Nacional del Agua y a los delegados de la Procuraduría Federal del Consumidor en los estados de referencia, para que en el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones, se atendiera, sancionara y, en su caso, se legislaran las causas-efectos en la salud pública y en los seres humanos por el consumo de agua para beber y cocinar alimentos con altas concentraciones de fluor y arsénico u otros contaminantes, presentada por el senador Francisco Fernández de Cevallos Urueta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con el respaldo de los senadores de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado de la República.
Resolviendo de manera ampliada lo siguiente:
El Senado de la República, exhorta a los titulares de las Secretaría de Salud, Educación, y Gobernación; a los gobernadores de los estados y al jefe del Gobierno del Distrito Federal y legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; a los responsables de los organismos operadores del agua, estatales o municipales; a los representantes estatales y o regionales de la Comisión Nacional del Agua; a los delegados de la Procuraduría Federal del Consumidor y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, se investigue científica y técnicamente, se atienda, sancione y, en su caso, se legisle la causa-efecto en la salud pública y en los seres humanos, respecto del consumo de agua.
Señalando con detalle, como parte del mismo resolutivo, las acciones puntuales en cada caso para la atención y respuesta integral que se requería.
Segunda. Asimismo, con respecto de esta seria e importante preocupación que plantea la diputada promovente, los integrantes de la comisión dictaminadora, deseamos advertir que, en fecha reciente, la Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua, de la Comisión Nacional del Agua, realizó un importante estudio que denominó Riesgo sanitario ambiental por la presencia de arsénico y fluoruros en los acuíferos de México, cuyos resultados confirman la información de la diputada y lamentablemente reitera la problemática que pretendía resolver el acuerdo del Senado; mismo que referimos en nuestra primera consideración de este dictamen; y, además, evidencia de nueva cuenta que este delicado problema no es exclusivo de Jalisco, sino que afecta, de manera significativa y grave, a no menos de 10 estados de la república, incluido por supuesto Jalisco; y a más de 6.4 millones de habitantes de esos estados del país, de los cuales el 45.6 por ciento son niños y adolescentes entre 0 y 19 años de edad (2.91 por ciento de persona). Por estas razones, en sus conclusiones, la autora de este estudio estima necesario que todos los responsables formulen replanteamientos de sus estrategias y asuman las más adecuadas para abatir este grave problema de salud pública.
Tercera. Además de lo señalado, en el caso muy concreto de Jalisco, se logró la siguiente información referida a las acciones más recientes sobre el caso:
• En el 2006, de un total de 36 muestras, 9 rebasaron el límite máximo permisible de arsénico, estos resultados se encontraron en la localidad de Terreno de Villareño en el municipio de Degollado; en el pozo No. 2 de la cabecera municipal de Tototlán; en el pozo 9 en la localidad de Arandas; pozo los Dolores y Pozo No. 1 en San Ignacio Cerro Gordo localidades del municipio de Arandas; en las localidades de El Tepozán y El Salto en el municipio de Jesús María y en la presa La Red en Refugio de Paredones y pozo No. 1 de Acatic del municipio de Acatic.
• En el 2007, de un total de 28 muestras, 3 rebasaron el límite máximo permisible de arsénico, estos resultados se encontraron en Pozo de Colinas del Valle, municipio Lagos de Morelos, pozos localizados en El Herrero y pozo Santa Cecilia del municipio de San Juan de los Lagos.
• En lo que va del 2008, de un total de 17 muestras, 3 rebasaron el límite máximo permisible de arsénico, en la localidad de Palo Dulce, en el municipio de Tototlán, en Los Cuates, municipio de Atotonilco el Alto y en pozo que se encuentra en Ayo el Grande que abastece a la localidad de Jesús María en el municipio de Jesús María.
Una vez que se identificaron los sistemas de abastecimiento con problemas de contaminación, la autoridad sanitaria estatal, realizó el informe de los resultados encontrados y se exhorto a que se tomaran las medidas correspondientes para solucionar el problema a las autoridades municipales y organismos responsables.
Así pues, sirvan estas consideraciones para respetuosamente señalar que la propuesta de la diputada Romo Jiménez restringida a Jalisco no es de aprobarse. No obstante, dada la envergadura y la trascendencia de su contenido; así como para valorar aún más la intención y propuesta de la diputada, los integrantes de esta comisión dictaminadora estimamos que la propuesta de la diputada debería ser reiterada dándole el alcance nacional que amerita; y que, por supuesto, como lo señalamos en nuestras consideraciones, sea atendida de manera integral con la participación de los gobiernos, las entidades, y las instancias operativas que amerita la situación; demandando además enérgicamente, la ejecución inmediata y efectiva de las acciones que eviten la evolución y progreso de este serio y delicado problema para la salud pública en general y para la de los niños y jóvenes en particular.
Por lo anteriormente expuesto, con base a la normatividad y atribuciones conferidas a esta comisión dictaminadora de Salud, sometemos ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, LX Legislatura, el siguiente:
Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional del Agua, para que investiguen los altos índices de contaminación con arsénico en el agua potable de la región de los Altos de Jalisco, presentada el 30 de abril de 2008 por la diputada Martha Angélica Romo Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Antonio Xavier López Adame, Juan Abad de Jesús (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina, Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal, Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica), Martha Rocío Partida Guzmán, Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García.
DE LA COMISIÓN DE SALUD, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A REVISAR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-072-SSA1-1993, A FIN DE INCLUIR COMO REQUISITO DE LAS ETIQUETAS DE MEDICAMENTOS SU DENOMINACIÓN DISTINTIVA Y GENÉRICA EN SISTEMA BRAILLE
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados, LX Legislatura, fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a revisar la Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-1993, a fin de incluir como requisito de las etiquetas de medicamentos su denominación distintiva y genérica en sistema braille.
Los integrantes de esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 3, 43, 44, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.
I. Antecedentes
Con fecha 6 de septiembre de 2007, el diputado José Gildardo Guerrero Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a revisar la Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-1993, a fin de incluir como requisito del etiquetado de medicamentos su denominación distintiva y genérica en sistema braille.
En la misma fecha la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión de Salud para su estudio, por lo que, llegado el momento, emite el siguiente dictamen:
II. Contenido de la proposición
En relación con el problema de discapacidad visual que presenta nuestro país y que, de acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000 publicado por el INEGI, 1 millón 795 mil 300 personas padecen algún tipo de discapacidad en México, de las cuales 500 mil padece discapacidad visual, el diputado José Gildardo Guerrero Torres propone que esta honorable Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Salud a revisar la Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-1993, referente al etiquetado de medicamentos, con objeto de que en ella se establezca como requisito para las fábricas y laboratorios que procesan medicamentos o productos biológicos para uso humano, etiquetar con el sistema braille, los medicamentos de origen nacional y extranjero, así como muestras médicas, en sus denominaciones distintiva y genérica, respectivamente.
III. Consideraciones
El sistema braille es, ante todo, un alfabeto. No se trata de un idioma. Mediante braille pueden representarse todas las letras y los signos de puntuación, los números, la grafía científica, los símbolos matemáticos, la música, etcétera.
El braille consiste generalmente en celdas de seis puntos en relieve, organizados como una matriz de tres filas por dos columnas, que convencionalmente se numeran de arriba a abajo y de izquierda a derecha. La presencia o ausencia de puntos permite la codificación de los símbolos.
Mediante estos seis puntos se obtienen 64 combinaciones diferentes. La presencia o ausencia de punto en cada posición, determina de qué letra se trata.
Puesto que estas 64 combinaciones resultan claramente insuficientes, se utilizan signos diferenciadores especiales que, antepuesto a una combinación de puntos, convierten una letra en mayúscula, bastardilla, número o nota musical. En el braille español los códigos de las letras minúsculas, la mayoría de los signos de puntuación, algunos caracteres especiales y algunas palabras se codifican directamente con una celda, pero las mayúsculas y números son representados además con otro símbolo como prefijo.
Con la introducción de la informática, el braille ha sido ampliado de nuevo a un código de ocho puntos, de tal manera que una letra individual puede ser codificada con una sola celda, pudiendo representar una celda cualquier carácter ASCII. Las 256 combinaciones posibles de los ocho puntos están codificadas según el estándar Unicode.
El braille puede ser reproducido usando una plancha y un punzón, de forma que cada punto es generado desde el dorso de la página, escrito en una imagen a la inversa (como la que se obtiene al mirar por un espejo), hecho a mano o impreso con una máquina de escribir braille, por una impresora braille conectada a una computadora, o mediante un dispositivo Braille.
Existen diversos métodos de transcripción braille, conocidos como "Grado 1", "Grado 2" y "Grado 3".
El braille de "Grado 1" es el sistema de transcripción más empleado, sustituye las notaciones tinta del original por las correspondientes en braille.
Los sistemas de transcripción correspondientes a los grados 2 y 3 son conocidos como estenotipia. Su principio rector es el de economizar caracteres para ahorrar espacio, puesto que éstos no se pueden alterar –como en el caso de la tinta– en cuanto al tamaño.
Es importante señalar que, a pesar de que el Braille está pensado para ser el principal sistema de lectura y escritura para personas ciegas, por ejemplo en el Reino Unido existen dos millones de gente con problemas de vista y se estima que sólo entre 15 mil y 20 mil utilizan el sistema braille.
Las nuevas generaciones prefieren, en lugar de este sistema, el texto electrónico, ya que es más portátil y les permite además comunicarse con amistades y familiares. Las nuevas tecnologías han propiciado que inclusive exista actualmente un debate abierto para hacer más atractivo el braille, y conseguir personas capaces de enseñarlo.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en México existen 250 mil personas que padecen ceguera total, aparte de miles más que sufren debilidad visual; sin embargo, lo anterior no implica que de ese universo el total utilice el sistema braille.
De hecho, y como se mencionaba con antelación, es una minoría la que puede enseñar a leer con sistema braille y con el avance tecnológico cada vez es menos necesario para el desarrollo de los ciegos en la sociedad.
Además de lo señalado es necesario mencionar que la impresión en alfabeto braille requiere maquinaria muy específica, ya que, como señalamos, se requiere un punzón y la escritura se elabora en columnas de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
Para la impresión en sistema braille se requiere de material especial, incluyendo impresoras, papel, software, etcétera, que debido a su especificidad tiene un costo elevado, el cual, según investigaciones de mercado, se vio incrementado a principios del presente año, ya que en general es importado de Europa.
Sabemos que el costo, si se aprueba el punto de acuerdo en sus términos, correría a cargo de los particulares a quienes se le exija esta medida; sin embargo, el incremento se vería inevitablemente reflejado en el precio final, ya que terminarán absorbiéndolo las instituciones de salud o los particulares.
Debido a lo anterior, consideramos que, a pesar de que es loable la intención del promovente, el balance costo beneficio para la población resulta negativo, por lo que consideramos inviable la aprobación del punto de acuerdo.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que establecen los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numerales 6 y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Salud ponen a consideración de esta honorable ásamela el siguiente:
Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a revisar la Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-1993, a fin de incluir como requisito del etiquetado de medicamentos su denominación distintiva y genérica en sistema braille.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Gilberto Ojeda Camacho, Martha Rocío Partida Guzmán, Jorge Quintero Bello, José Ignacio Alberto Rubio Chávez, María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE SALUD, SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA SEMARNAT, A LA PROFEPA, AL GOBIERNO DE COAHUILA Y AL AYUNTAMIENTO DE TORREÓN A REUBICAR A LAS FAMILIAS QUE VIVEN EN LAS COLONIAS ALEDAÑAS A LA COMPAÑÍA MET-MEX PEÑOLES, PUES SE CONSIDERAN INHABITABLES POR SER ZONAS DE ALTO RIESGO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y posterior dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Semarnat, a la Profepa, al gobierno de Coahuila y al ayuntamiento de Torreón a reubicar a las familias que viven en las colonias aledañas a la compañía Met-Mex Peñoles, pues se consideran inhabitables por ser zonas de alto riesgo, a cargo del diputado Jesús Vicente Flores Morfín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, 43, 44 y 45 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente:
Metodología
La comisión encargada del análisis y dictamen del punto de acuerdo mencionado anteriormente desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:
I. En el capítulo de "Antecedentes" se da constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen del punto de acuerdo y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.
II. En el capítulo correspondiente a "Contenido" se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.
III. En el capítulo de "Consideraciones", la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.
I. Antecedentes
En sesión celebrada el 30 de abril de 2008 por el Pleno de la Cámara de Diputados, el diputado Jesús Vicente Flores Morfín, a nombre propio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo a fin de exhorta a la Secretaría de Salud, a la Semarnat, a la Profepa, al gobierno de Coahuila y al ayuntamiento de Torreón a reubicar a las familias que viven en las colonias aledañas a la compañía Met-Mex Peñoles, pues se consideran inhabitables por ser zonas de alto riesgo.
Con esa misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo turnó la mencionada proposición a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.
II. Contenido
El diputado promovente parte su proposición con punto de acuerdo de un artículo publicado en la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica de junio del 2006, donde se revela los resultados de un estudio realizado sobre la contaminación por plomo en un área comprendida dentro de un radio de 2.8 kilómetros alrededor de la fundidora no ferrosa Met-Mex Peñoles, considerada una de las mas grandes de Latinoamérica, este estudio tuvo como finalidad el predecir los posibles niveles de plomo en sangre de los niños de edades comprendidas entre 1 y 2 años.
Como refiere el diputado firmante, ante la presencia de más de dos mil nuevos casos de niños envenenados, que son habitantes de Torreón Coahuila, de las colonias de alrededor de la compañía Met-Mex Peñoles, y que viven en suelos contaminados con plomo en cantidades hasta de 8 mil partes por millón, suelos que son inhabitables por la alta contaminación por plomo, cadmio y arsénico que han perpetrado daño a la salud pública.
Es por esto que el diputado Jesús Vicente Flores Morfín, para el rescate de la salud pública y la prevención del envenenamiento de las generaciones futuras, exhorta a las autoridades de la Secretaría de Salud, Semarnat, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al gobierno de Coahuila, así como al del municipio de Torreón a que se inicien –de manera inmediata y coordinada– la reubicación de los niños y sus familias que viven en el área de riesgo, que corresponden a las colonias Primero de Mayo, Eduardo Guerra y Luis Echeverría, por las lesiones causadas en el cerebro, en el desarrollo físico y mental, anemias, trastornos auditivos, en el comportamiento, y déficit de atención entre otros, sin omitir que la exposición a cadmio y arsénico que acompañan al plomo en su proceso industrial que representan riesgos como el cáncer entre otros.
III. Consideraciones
Como establece la proposición en cuestión, a las secretarias en mención les corresponde como parte de sus atribuciones, proteger la salud y el medio ambiente de los estragos causados por la contaminación del ambiente.
En lo referente a la Secretaríia de Salud, en la Ley General de Salud, establece que es materia de salubridad general, la prevención y control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre.
Así también el Instituto Nacional de Ecología, através de la Dirección General del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental, conjuntamente con la Semarnat, realiza estudios e investigaciones para identificar y caracterizar con detalle los problemas de contaminación atmosférica, y que a partir de la información generada se diseñen e implementen eficazmente las políticas y medidas necesarias para el control y mejoramiento de la calidad del ambiente, esto en coordinación con las autoridades estatales y municipales.
Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvan, en el ámbito de sus competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que se celebren con la secretaria correspondiente, las acciones necesarias para apoyar las antes mencionas.
Sin embargo, en ningún ordenamiento que se incluya en el marco jurídico de alguna de estas dependencias, se encuentra la facultad de realizar una reubicación de un sector de población, así como tampoco la de expropiación de un predio, este procedimiento administrativo corresponde a otro órgano de gobierno distinto a estas dependencias.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan el artículo 73, fracción XVI, y el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, emitimos el siguiente
Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Semarnat, a la Profepa, al gobierno de Coahuila y al del municipio de Torreón a reubicar a las familias que viven en las colonias aledañas a la compañía Met-Mex Peñoles, pues se consideran inhabitables por ser zonas de alto riesgo, a cargo del diputado Jesús Vicente Flores Morfín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 30 de abril de 2008.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Gilberto Ojeda Camacho, Martha Rocío Partida Guzmán, Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez, María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE SALUD, RESPECTO AL PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD A EXPEDIR UNA NORMA OFICIAL MEXICANA QUE ESTABLEZCA LINEAMIENTOS PARA PREVENIR, TRATAR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES MENTALES
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y posterior dictamen la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Salud para que expida una norma oficial mexicana que establezca los lineamientos a seguir para prevenir, tratar y controlar las enfermedades mentales.
La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, 43, 44 y 45 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente metodología:
I. Antecedentes
En sesión celebrada el 30 de abril de 2008 por el Pleno de la Cámara de Diputados, el diputado Jorge Quintero Bello, a nombre propio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Salud a que expida una norma oficial mexicana que establezca los lineamientos a seguir para prevenir, tratar y controlar las enfermedades mentales.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo turnó la mencionada proposición a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.
II. Contenido
Según lo establece el diputado promovente en la exposición de motivos, el presupuesto que regularmente se ha destinado para la atención de la salud mental en nuestro país representa un 0.85 por ciento de lo proyectado para este rubro. Esta cifra contrasta con la recomendación dada por la Organización Mundial de la Salud, que es de un 10 por ciento del presupuesto total para salud. Estos números reflejan el poco interés que tradicionalmente ha tenido nuestro país en materia de salud mental.
Conforme a los datos explícitos en dicha exposición de motivos, la salud mental es una de las principales amenazas para el desarrollo y progreso de México. Enfermedades como la depresión se han convertido paulatinamente en un problema de salud pública; se estima que para el año 2020 será la segunda causa de años de vida saludable perdidos a escala mundial y la primera en países desarrollados.
Sin lugar a dudas este hecho, según lo marca el diputado firmante, representa un gran avance para el tratamiento de estos padecimientos. Sin embargo, se debe atender a otro rezago de similar importancia. Ante el descuido y desinterés por la salud mental en nuestro país, el marco regulatorio en la materia ha carecido de rigurosidad y de precisión en cuanto los alcances, límites y prospectivas de la salud mental en México.
Actualmente, la demanda por los servicios de salud mental va en claro aumento. Según datos del Programa de Acción en Salud Mental del año 2002, cuatro millones de adultos presentan depresión; medio millón padece esquizofrenia, un millón de personas tiene epilepsia; y, al menos un diez por ciento de la población mayor de 65 años padece alzheimer. A estos padecimientos debemos agregar la aparición de nuevos trastornos de conducta, tales como la anorexia y bulimia, que progresivamente se van extendiendo e implican una amenaza para el desarrollo psicosocial del país.
De continuar la tendencia, podemos prever que en los próximos 10 años la demanda de servicios de salud mental en México constituirá una de las principales presiones para el sistema de salud. La solitaria implementación de un programa de salud mental como el ya referido, no garantiza una efectiva atención a este importantísimo problema de salud pública. A la par de estas acciones se debe contar con un marco regulatorio capaz de contener todas las presiones y aristas que implica tan delicada atención.
No existe dentro de la Ley General de Salud un tratamiento adecuado para el rubro de salud mental. Los artículos 72 a 77 señalan las prerrogativas tendientes a regular las enfermedades mentales en el país, el contenido de estos artículos resulta laxo frente a la lucha titánica que progresivamente se irá gestando contra las enfermedades mentales.
Aunada a esta carencia, dentro de la Ley General de Salud tampoco existe una norma oficial en donde se contemple todos los aspectos relativos a las enfermedades mentales. Estamos en tiempo propicio para dotar de seguridad normativa a nuestro Sistema de Salud en materia de enfermedades mentales.
Se requiere establecer claramente los lineamientos a seguir para prevenir, tratar y controlar las enfermedades mentales; de igual forma esta norma debe establecer una definición particular de enfermedad mental y una lista clasificatoria de las mismas; y por último sería deseable que la NOM estableciera los criterios a seguir para otorgar información y atención especial a los pacientes que las presenten.
La facultad de emitir reglamentos y normas oficiales es exclusiva del Poder Ejecutivo. De conformidad con lo señalado en el artículo 13, inciso A, apartado I, es al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaria de Salud, a quien le corresponde la facultad de dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación, en todo el territorio nacional, de servicios de salud en materias de salubridad general.
III. Consideraciones
En la actualidad en México se cuenta con la Norma Oficial Mexicana para la Prestación de Servicios de Salud en Unidades de Atención Integral Hospitalaria Médico Psiquiátrica (NOM-025-SSA2-1994), en vigor desde 1994, que tiene el objeto de uniformar criterios de operación, actividades, actitudes del personal de las unidades que prestan servicios de atención hospitalaria médico-psiquiátrica, la cual se proporcionará en forma continua e integral, con calidad y calidez. Además, la prestación de los servicios de salud mental se sujeta a las siguientes Normas Oficiales Mexicanas:
NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico,
NOM-178-SSA1-1998, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios,
NOM-197-SSA1-2000, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales generales y consultorios de atención médica especializada y,
NOM-090-SSA1-1994, para la organización y funcionamiento de residencias médicas.
Sin embargo, estas últimas regulan aspectos generales de la atención médica e incluyen lo relativo a pacientes con trastornos mentales.
La atención integral de un paciente con enfermedad mental abarca diversos aspectos, no solo la atención hospitalaria. Este ultimo aspecto ha sido ponderado por mucho tiempo en nuestro país, dejando la atención medico psiquiátrica fragmentada y por ende desvinculada de la red de servicios de salud general.
En congruencia con los compromisos establecidos en la Declaración de Caracas y la Declaración de Brasilia, que consideran los servicios integrales con base comunitaria, con el propósito de llevar a cabo la trasformación estructural de las instituciones psiquiátricas y crear condiciones que favorezcan la integración social del paciente, mediante una red de establecimientos con funciones de prevención, hospitalización breve y reintegración social, para la erradicación del modelo asilar de hospitalización.
Esta base retomada en el Programa Sectorial de Salud 2007-2012, que incluye la línea de acción de fortalecer el Sistema Nacional de Atención en Salud Mental a través de las siguientes acciones:
Integrar una red nacional de salud mental, conformada por unidades especializadas de atención, organizadas bajo un modelo comunitario.
Reorganizar y fortalecer la atención en salud mental del sector, para que brinde atención ambulatoria, hospitalaria y de rehabilitación especializada de pacientes con trastornos mentales.
Implantar estructuras de hospitalización breve como villas de transición hospitalaria y unidades de psiquiatría en hospitales generales en todas las entidades federativas.
Instrumentar programas de rehabilitación psicosocial (talleres de inducción laboral, salidas terapéuticas y centros básicos de abasto) dentro de las unidades hospitalarias o fuera (casa de medio camino, cooperativas mixtas, talleres protegidos, departamentos independientes, residencias para adultos mayores).
Incorporar al Causes intervenciones que respondan a las principales necesidades de servicios de salud mental.
Evidentemente estas acciones requieren de un marco regulatorio más allá de lo que las normas oficiales mexicanas mencionadas pueden sustentar, ya que el actual marco jurídico esta desprovisto de esta visión comunitaria, además de no hacer especificaciones en cuanto a la atención ambulatoria, o a la rehabilitación psicosocial o bien en cuanto a la hospitalización breve y menos aún en cuanto a contemplar aspectos referentes a la protección social de los pacientes psiquiátricos.
Es necesario contar con marco jurídico basado en la evidencia científica, acorde con las actuales políticas y programas de salud mental, pero resulta a todas luces insensato considerar que toda la gama de acciones para atender las enfermedades mentales, así como su clasificación, los procesos de prevención, abordaje, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, estándares y criterios de la práctica médica y de toda persona en contacto con la atención de un paciente con enfermedad mental puedan concentrarse en el cuerpo de una norma.
Por lo anterior, resulta insensato, considerar que únicamente con la revisión y actualización de la NOM-025-SSA2-1994, se responda a las exigencias requeridas para la atención a la salud mental integral.
Compartimos la preocupación del promovente, sin embargo consideramos que la propuesta incurre en vaguedad toda vez que el DSM-IV TR, que es el catálogo que publica la Asociación Americana de Psiquiatría y que incluye un listado de todos los desordenes mentales así como los criterios para su diagnóstico y divide a las enfermedades mentales en cinco diferentes niveles de acuerdo al desorden de que se trate, encontrándose en constante actualización, sólo es tomado como una guía para el tratamiento de las enfermedades mentales, por lo que resulta ilógico pensar que con una Norma Oficial se integre todo el aspecto de atención integral de un universo de padecimientos mentales.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan el artículo 73, fracción XVI, y el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, emitimos el siguiente
Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Salud expida una norma oficial mexicana que establezca los lineamientos a seguir para prevenir, tratar y controlar las enfermedades mentales, presentada por el Diputado Jorge Quintero Bello integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 30 de abril de 2008.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo, Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Gilberto Ojeda Camacho, Martha Rocío Partida Guzmán, Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez, María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).
Actas
DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA, EFECTUADA EL MARTES 24 DE JUNIO DE 2008
A las 10:00 horas del 24 de junio de 2008, en la zona C del edificio G, planta baja, del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron las diputadas y los diputados de la Comisión del Distrito Federal, de conformidad con la convocatoria entregada previamente a cada integrante y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 23 y del 24 de junio, para el desahogo del siguiente orden del día:
I. Lista de asistencia y declaración de quórum
Asistieron y firmaron la lista correspondiente los diputados y las diputadas siguientes:
Gerardo Villanueva Albarrán (presidente), María Gabriela González Martínez (secretaria), Victorio Rubén Montalvo Rojas (secretario), Mauricio Ortiz Proal (secretario), Dora Alicia Martínez Valero, Rosaura Denegre Vaught Ramírez, Adrián Fernández Cabrera, Armando Barreiro Pérez, Valentina Valia Batres Guadarrama, Claudia Lilia Cruz Santiago, Guadalupe Socorro Flores Salazar, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, María Elena Torres Baltasar y Alberto Esteva Salinas.
En virtud de que se contó con el quórum correspondiente, se inició la sesión, a la que, en total, asistieron 14 legisladores.
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día
Se puso a consideración de los integrantes de la comisión el orden del día. Al no haber ninguna observación, se sometió a votación y se aprobó unánimemente.
III. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la octava reunión ordinaria de la comisión
Se dispensó la lectura del acta de la octava reunión ordinaria, entregada con antelación a los integrantes de la comisión, que –después de haber consultado sobre observaciones respecto de su contenido– fue sometida a votación y aprobada por unanimidad.
Se informó de la minuta de la novena reunión ordinaria, citada para realizarse el 3 de junio de 2008, en la que no hubo quórum, entregada con anticipación a los integrantes de la comisión.
IV. Discusión y, en su caso, aprobación de dictámenes
1. Dictámenes incluidos en la agenda para su discusión en la reunión del 3 de junio de 2008, declarada sin quórum:
a) Respecto de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Asamblea Legislativa y al Gobierno del Distrito Federal a implantar de inmediato las políticas públicas necesarias para ordenar y desincentivar el comercio ambulante en la ciudad, así como para impulsar el desarrollo económico que permita generar los empleos que los capitalinos requieren, presentada por el diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional; turnada a esta comisión el 20 de julio de 2005.
El diputado presidente de la comisión, Gerardo Villanueva Albarrán, informó que la noche anterior recibió una propuesta alterna de la diputada María Gabriela González Martínez y consultó si se posponía la discusión para el final de la sesión o una próxima reunión.
La diputada María Gabriela González Martínez señaló que era preferible que se estudiara con tiempo la propuesta, ya que se fundamentaba en estudios recientes sobre el ambulantaje.
Se reservó para una reunión posterior.
b) Respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Alejandro Encinas, jefe del Gobierno del Distrito Federal, a "resolver los pendientes que dejó" el ciudadano Manuel López Obrador, en materia de seguridad pública, desempleo, corrupción, pobreza y la impunidad, y a dar solución al problema del agua, presentada por la diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; turnada a esta comisión el 3 de agosto de 2005.
Después de consultar a los presentes si había alguna observación, fue sometido a votación y se aprobó por unanimidad.
c) Respecto de la proposición con punto de acuerdo relativo al comercio informal y el ambulantaje en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, presentada por el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; turnada a esta comisión el 21 de febrero del 2006.
Después de consultar a los presentes si había alguna observación, hicieron uso de la palabra los diputados Adrián Fernández, Victorio Montalvo, Alberto Esteva, José Alfonso Suárez del Real, Dora Alicia Martínez y Valentina Batres.
El diputado Adrián Fernández mencionó que era atinado el planteamiento del dictamen, porque permitiría conocer la información respecto de la problemática en el Sistema de Transporte Colectivo.
El diputado Victorio Montalvo señaló que el dictamen recogió la opinión que suscitó la revisión de las consideraciones, pues originalmente se solicitaba establecer una mesa de diálogo con las autoridades, y el dictamen iba más allá, al permitir conocer las causas y procedimientos de esta problemática.
El diputado Alberto Esteva propuso que fuera la Secretaría de Gobierno, en vez del Sistema de Transporte Colectivo, la que informara de los programas correspondientes, ya que el comercio en el Metro es parte de un problema social de la ciudad.
El diputado Alfonso Suárez del Real señaló que el comercio en el Metro corresponde a las autoridades de seguridad del Sistema de Transporte Colectivo, y que sería interesante poder contar con la información de la Secretaría de Gobierno para conocer el fenómeno exterior, en las salidas y entradas de la red de transporte, y la consecuente aplicación de las disposiciones en materia de seguridad y protección civil.
El presidente puso a consideración un segundo párrafo del resolutivo para ser agregado al proyecto de dictamen, a fin de consultar a la Secretaría de Gobierno sobre los programas especiales que se aplican en el Sistema de Transporte Colectivo en relación con el ambulantaje.
La diputada Dora Alicia Martínez señaló que se debía presentar no una solicitud de información sino un exhorto para que se resolviera la problemática planteada y que el superior jerárquico responsable era el jefe de Gobierno, al que tendría que estar dirigido, o primero al secretario de Gobierno y luego al director del Metro.
El presidente recordó que los hechos sobre los que se basó la proposición original son inciertos, por lo que originalmente se había planteado desecharla. Sin embargo, se está solicitando información para atender la inquietud de los diputados Christian Lujano y Victorio Montalvo.
La diputada Valentina Valia Batres reiteró que no procedía el exhorto, que no es más que un llamado de atención, en cuyo caso tendría que remitirse al superior jerárquico responsable de implementar las acciones correspondientes, pero en este asunto sólo se presentaba una solicitud de información.
El diputado Alfonso Suárez del Real dijo que la instancia responsable de aplicar las disposiciones al interior del Sistema de Transporte Colectivo es éste, y que en todo caso la autoridad superior del Metro es la Secretaría de Transporte y Vialidad, no la de Gobierno. Además, dijo, esa información ayudará a contar con elementos para coadyuvar a resolver la problemática señalada.
El diputado Alberto Esteva propuso que en el texto agregado al dictamen se consultara a la Secretaría de Gobierno si existe un programa integral de atención al fenómeno, que se presenta tanto en el interior de las estaciones como en su exterior, y cuál es el avance en su ejecución.
El presidente preguntó a los presentes si estaban de acuerdo en solicitar a la Secretaría de Gobierno, al final del resolutivo, información sobre programas integrales que eviten el problema del ambulantaje al interior y exterior del Sistema de Transporte Colectivo.
Incluida la modificación, el dictamen fue sometido a votación y se aprobó por unanimidad.
d) Respecto de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a aceptar y cumplimentar la recomendación número 16/2006, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, relativa al plantón en el corredor Reforma-centro histórico, presentada por el diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; turnada a esta comisión el 13 de marzo 2007.
Después de informar sobre un escrito del diputado Obdulio Ávila –entregado por medio de la diputada Gabriela González en reunión de mesa directiva–, en el que realizan observaciones sobre el formato y en contra de desechar la proposición, el diputado presidente consultó si se sostenían dichas objeciones, a lo que la diputada Gabriela González respondió afirmativamente, argumentando que existen daños a la actividad turística no superados.
En consecuencia, se abrió una ronda de discusión, en la que participaron los diputados Claudia Cruz, Valentina Batres, Mauricio Ortiz, Victorio Montalvo, Armando Barreriro, Rosaura Denegre y Alberto Esteva.
La diputada Claudia Cruz señaló que el punto de acuerdo se refería a tres temas: la salvaguarda de los derechos de los capitalinos, la realización de manifestaciones y el apoyo a los comerciantes afectados.
Al respecto, dijo que el fraude contra el que se instaló el plantón sobre la avenida Reforma nunca se resolvió; que las manifestaciones ya fueron reguladas por la Asamblea Legislativa, y que los afectados por el plantón quedaron exentos del pago de impuestos.
La diputada Valentina Batres señaló que había que consultar a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal si efectivamente no se había dado cumplimiento a la recomendación mencionada, destacó información favorable sobre la actividad turística de la ciudad y manifestó su oposición a impedir las marchas, que, por cierto, dijo, se realizan en el Distrito Federal para protestar contra autoridades federales, a las que, en su caso, tendría que incluir el exhorto a discusión.
El diputado Mauricio Ortiz señaló que el punto de acuerdo no tenía razón de ser, pues el plantón ya no existe, independientemente de que se compartan o no sus motivos y la afectación que, dijo, consideraba que sí había ocasionado.
El diputado Victorio Montalvo señaló que la manifestación señalada en la proposición se realizó en el marco del ejercicio de los derechos políticos de la población, por el cuestionamiento de la legitimidad de una elección presidencial. Sin embargo, nunca se impidió el tránsito de los ciudadanos. Finalmente, se manifestó en contra de retomar temas que polaricen a los legisladores.
El diputado Armando Barreiro coincidió en que se debería considerar obsoleto y rebasado el punto de acuerdo, que calificó de altamente subjetivo.
Señaló que esta manifestación colectiva pudo constatar que los mexicanos tenemos derechos, como los de libre expresión y de libre tránsito, del que disfrutaron ciudadanos de la ciudad, visitantes y turistas.
La recomendación se encuentra atendida, si es que hubo afectación a los comerciantes, ya que en realidad las manifestaciones les favorecen porque tienen más ventas, dijo.
La diputada Rosaura Denegre observó que la recomendación a que se refiere la proposición en discusión se encontraba en la página de Internet de la Comisión de Derechos Humanos como incumplida, por lo que procedería aprobar el exhorto o llamada de atención, en la que se recomienda al jefe de Gobierno regular las marchas, independientemente de la norma que ya existe al respecto, porque no se ha aprobado la propuesta de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El diputado Alberto Esteva llamó la atención sobre las manifestaciones que se realizan en la Ciudad de México en contra de autoridades federales, que, consideró, debería rescatar la Comisión del Distrito Federal como parte de la agenda política nacional.
Dijo que se tendría que evitar la existencia de conflictos no atendidos, como el de Pasta de Conchos y los de los mineros de Cananea, Sombrerete y Taxco, para cuya solución sí cabría la realización de exhortos a autoridades federales.
Al término de la discusión el dictamen fue sometido a votación y se aprobó con el voto de 10 diputados a favor y cuatro en contra.
e) Respecto de la proposición con punto de acuerdo, relativo a la irrupción de manifestantes en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, presentada por el diputado Francisco Dávila García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; turnada a esta comisión el 22 de noviembre de 2007.
Después de consultar a los diputados sobre observaciones, fue sometido a votación y se aprobó por unanimidad.
2. Nuevos dictámenes a consideración:
a) Respecto de la proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal a que inicie las acciones necesarias para regularizar la problemática que enfrenta el ejido Poblado Xochimilco, presentada por el diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; turnada a esta comisión el 22 de diciembre de 2004.
Después de consultar a los presentes si había alguna observación, hizo uso de la palabra la diputada Gabriela González.
Leyó las atribuciones de la Dirección General de Asuntos Agrarios del Distrito Federal, entre las que se encuentran coadyuvar a la atención integral de las demandas campesinas proponiendo programas y acciones dirigidas a solucionarlas, y promover la coordinación entre el sector agrario y la administración pública para procurar la regularización de la propiedad rural, entre otras facultades mencionadas, de las que infirió que sí existe competencia local sobre el conflicto plateado en la proposición.
El presidente de la comisión, Gerardo Villanueva, puntualizó que el problema planteado no consistía en un conflicto agrario, sino en la acusación a servidores públicos de la Comisión de Asuntos Agrarios del Distrito Federal, sobre la sustitución de documentos.
Sin embargo, dijo, no se menciona averiguación previa o queja en la contraloría, ya que el facultado para realizar el registro y certificación de dichos documentos es el Registro Nacional Agrario.
El dictamen fue sometido a votación y se aprobó con el voto de 9 diputados presentes, 4 en contra y 1 abstención.
b) Respecto de la proposición con punto de acuerdo, para solicitar al jefe de Gobierno del Distrito Federal que instruya a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para que revise y, en su caso, actualice conforme a la norma aplicable las remuneraciones que reciben los defensores de oficio de la entidad, presentada por la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; turnada a esta comisión el 11 de abril de 2007.
Después de consultar a los presentes si había alguna observación, se manifestaron y aclararon dudas respecto del sentido del punto de acuerdo. Acto seguido, fue sometido a votación y se aprobó por unanimidad.
c) Respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal, a través de su Secretaría del Medio Ambiente, a realizar las acciones necesarias con el fin de declarar y administrar como área verde con valor ambiental el bosque de Nativitas, en la delegación Xochimilco, presentada por el diputado Miguel Ángel Solares Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; turnada a esta comisión el 13 de diciembre de 2007.
Después de consulta a los presentes si había alguna observación, el dictamen fue sometido a votación y se aprobó por unanimidad.
V. Asuntos generales
El presidente, diputado Gerardo Villanueva, informó sobre los documentos entregados como anexos con la carpeta para la reunión:
• Respuestas recibidas a punto de acuerdo aprobado en relación con la zona de barrancas.
Se entregó el fólder con los siguientes documentos, con los que el Gobierno del Distrito Federal ha dado respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Cámara Diputados a solicitud de esta Comisión el pasado 14 de febrero, en relación con las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón:
Oficio CDHDF-DES-485-2008, con el que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal remite dos recomendaciones en materia de vulneraciones al derecho humano a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a violaciones al uso de suelo y ocupación irregular en zona de barrancas, enviadas a las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón.
Oficio 101.2.1/Ref. 315, con el que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda da respuesta a la solicitud de información sobre programas de recuperación, mitigación y remediación de barrancas; estudios para precisar las características biológicas, ecológicas, sociales y económicas de las barrancas y sobre zonificaciones específicas que determinan usos y restricciones que prohíban la invasión de barrancas y protejan su entorno ecológico.
Oficio PAOT/100-47-2008, con el que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal remite los siguientes cuatro documentos:
– Reporte de las investigaciones PAOT realizadas en diferentes delegaciones del Distrito Federal durante el periodo 2002-2008
– Reporte de las investigaciones PAOT realizadas en la delegación Cuajimalpa de Morelos
– Reporte de las investigaciones PAOT realizadas en la delegación Álvaro Obregón
– Copias simples de seis recomendaciones emitidas por la PAOT a las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón
Grupo de Trabajo Interparlamentario para la Concertación de la Reforma Política del Distrito Federal.
Se entregó un fólder que contiene la integración de cada subgrupo, en cuanto a los diputados integrantes de la Cámara de Diputados en el Grupo de Trabajo Interparlamentario para la Concertación de la Reforma Política del Distrito Federal.
Con el fin de agregarse a otros subgrupos de trabajo, intervinieron los diputados Claudia Cruz (2 y 4), Victorio Montalvo (4), Valentina Batres (1, 2 y 4), Guadalupe Flores (4) y Alberto Esteva (1 y 4).
Como asunto general, el diputado Adrián Fernández festejó que se hubiera logrado quórum para la sesión, exhortó a la Mesa Directiva para dictaminar más oportunamente las proposiciones con punto de acuerdo y hacer un esfuerzo por terminar con el rezago y empezar a realizar los dictámenes de las iniciativas de ley. Finalmente refirió que los exhortos a los funcionarios no necesariamente significan una agresión, también pueden servir para que funcionen mejor.
Diputados: Gerardo Villanueva Albarrán, presidente; María Gabriela González Martínez, Christian Martín Lujano Nicolás, Victorio Rubén Montalvo Rojas, Mauricio Ortiz Proal, secretarios (rúbricas).
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN PLENARIA EFECTUADA EL MARTES 22 DE ABRIL DE 2008
A las 11 horas con 38 minutos el 22 de abril de 2008, el secretario Samuel Aguilar Solís, presidiendo la reunión por acuerdo de los presentes, dio inicio a la decimoquinta reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Social, agradeció a los asistentes su presencia y solicitó al secretario Efraín Arizmendi Uribe que informara si había el quórum requerido para iniciar la sesión formalmente.
1. Registro de asistencia y certificación de quórum
El secretario Efraín Arizmendi Uribe, informó al pleno de la comisión que había dieciséis diputados presentes y, por lo tanto, el quórum requerido para iniciar formalmente la reunión, quedando registrada la asistencia, al finalizar la reunión, de los siguientes diputados: Samuel Aguilar Solís (PRI), Efraín Arizmendi Uribe (PAN), Rosario Ortiz Magallón (PRD), Rafael Ramos Becerril (PRD), Margarita Arenas Guzmán (PAN), Joel Arellano Arellano (PAN), Alfonso Othón Bello Pérez (PAN), Ángel Humberto García Reyes (PAN), Benjamín Ernesto González Roaro (PAN), Enrique Rodríguez Uresti (PAN), Mario Eduardo Moreno Álvarez (PAN), Ricardo Rodríguez Jiménez (PAN), Juan Manuel Sandoval Munguía (PAN), Patricio Flores Sandoval (PRI), Guillermina López Balbuena (PRI), Rogelio Muñoz Serna (PRI), Lorena Martínez Rodríguez (PRI) y Ana María Ramírez Cerda (PVEM), para un total de dieciocho.
Justificaron su inasistencia los diputados Neftali Garzón Contreras (PRD), Daniel Dehesa Mora (PRD), Agustín Leura González (PAN), Addy Joaquín Coldwell (PAN), Ramón Almonte Borja (PRD), Adrián Pedrozo Castillo (PRD), Ramón Valdés Chávez (Convergencia) y Abundio Peregrino García (PT).
Inasistencias de los diputados: José Luis Gutiérrez Calzadilla (PRD), Juan Carlos Velasco Pérez (PRI) y Joel Ayala Almeida (PRI).
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
El secretario Samuel Aguilar Solís –en funciones de presidente– comentó que el orden del día propuesto para la reunión estaba incluido en los documentos entregados al momento del registro de asistencia, por lo que propuso que se omitiera su lectura. Se sometió a votación, fue aprobado por unanimidad.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la decimocuarta reunión ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2008
El diputado Samuel Aguilar Solís propuso a los asistentes que se omitiera la lectura del acta de la reunión anterior, toda vez que era del conocimiento de los diputados, ya que se les envió el 18 de abril, propuesta que fue aprobada por unanimidad.
Acto seguido, comunicó a los presentes que no se habían recibido observaciones y, no habiendo quien hiera uso de la palabra, sometió a votación el proyecto de acta, aprobándose por unanimidad.
4. Recepción de asuntos turnados por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, entre el 26 marzo y el 21 de abril de 2008
El diputado Samuel Aguilar Solís refirió que entre el 26 de marzo y el 21 de abril de 2008, se recibieron de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara tres iniciativas, la primera, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, relativa a equidad de género y a la convivencia de parejas del mismo sexo, así como a la generación de derechos a la atención médica y a pensiones; la segunda, para reformar el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, con la finalidad de ampliar los plazos para la inscripción o baja de los trabajadores afiliados al IMSS; y, la tercera, para incorporar el seguro de desempleo a la Ley del Seguro Social, documentos que se relacionan en copia que se encuentra en la carpeta que se les entregó al registrar su asistencia; a continuación expresó que si no se tenía inconveniente, proponía que se omitiera la lectura y en el acta de esta reunión aparecerán enlistados como si se hubieren leído, propuso, al mismo tiempo, que las iniciativas relacionadas se enviaran a los grupos de trabajo que atienden los asuntos que se relacionan. Consultó si estaban de acuerdo, y lo dio por aprobado.
5. Lectura, discusión y, en su caso, votación de proyectos de dictamen
El secretario –en funciones de presidente– Samuel Aguilar Solís expresó que el siguiente punto del orden del día era la lectura, discusión y, en su caso, votación de tres proyectos de dictamen, planteó que, siguiendo el orden en el que se inscribieron, y considerando que los dictámenes que se iban a discutir estaban en las carpetas que se les había entregado al registrar la asistencia, se diera lectura únicamente al proyecto de decreto o al acuerdo, y al término de la discusión, o de las intervenciones de los presentes, se sometieran a votación nominal, propuesta que fue aprobada por unanimidad.
La secretaria Rosario Ortiz Magallón dio lectura al proyecto de decreto, en sentido positivo, por el que se reforman la fracción XVIII del artículo 5 A, el primer párrafo del artículo 27, los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 272, el cuarto párrafo del artículo 277 A, el primer párrafo del artículo 277 E y el artículo 277 F, todos de la Ley del Seguro Social, referentes a la actualización de los nombres de secretaría o leyes que se mencionan en esos artículos y a las condiciones para la celebración de contratos plurianuales.
Una vez concluida la lectura, el diputado Samuel Aguilar Solís puso a consideración de los presentes el proyecto de decreto, y no habiendo quien hiciera uso de la palabra se sometió a votación nominal, resultando aprobado por unanimidad con dieciséis votos a favor.
Acto continúo el secretario Efraín Arizmendi Uribe dio lectura al proyecto de decreto, en sentido positivo, que reforma las fracciones VIII del artículo 5 A y IV del 304 B; que adiciona los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, con lo que el actual tercero pasa a ser octavo, del artículo 15 A, un segundo párrafo al artículo 75 y las fracciones XXII y XXIII del artículo 304 A, todos de la Ley del Seguro Social, referente a el establecimiento de obligaciones para los patrones de empresas que subcontratan personal y los que se benefician con su trabajo.
Concluida la lectura del proyecto de decreto, el diputado Samuel Aguilar Solís puso a consideración de los presentes el proyecto de decreto, y concedió el uso de la palabra a la diputada Margarita Arenas Guzmán, quien refirió que el grupo de trabajo que elaboró el proyecto de dictamen tomó en cuenta la necesidad de regular los derechos de los trabajadores que estando contratados con un patrón desempeñan su trabajo con otro, y la necesidad de que se respeten sus condiciones de trabajo y las prestaciones de seguridad social.
La diputada Rosario Ortiz Magallón señaló que la iniciativa del diputado Patricio Flores Sandoval era similar a la de los diputados Daniel Dehesa Mora y Pablo Trejo Pérez, ambos del Grupo Parlamentario del PRD, ya que el objetivo es el mismo, por lo que planteó que deberían dictaminarse en conjunto; continuó señalando la preocupación por el auge que ha tenido la tercerización en la materia de trabajo, que trae como consecuencia la precarización de los salarios y la falta de cumplimiento de las prestaciones en materia de seguridad social. Continúa señalando que en el fondo de las iniciativas que se refieren a este tema se encuentra la determinación de si se va a formalizar en la Ley Federal del Trabajo la tercerización como una forma de contratación laboral, y si estas reformas que se plantean no están dándole carácter legal.
La diputada Margarita Arenas Guzmán refirió que el grupo de trabajo, al que fueron enviadas las iniciativas a discusión, consideró que la iniciativa presentada por los diputados Pablo Trejo Pérez y Daniel Dehesa Mora contiene reformas a la Ley Federal del Trabajo además de reformas a la Ley del Seguro Social, por lo que habría que esperar a que la Comisión de Trabajo y Previsión Social emitiera un proyecto de dictamen, para entonces elaborar un dictamen conjunto.
El diputado Patricio Flores Sandoval argumentó sobre las circunstancias que dieron origen a la iniciativa presentada por él, y la necesidad de que se reglamente la situación de los trabajadores que contratados por un patrón trabajan para otro.
Por último hicieron uso de la palabra los diputados Benjamín González Roaro y Efraín Arizmendi Uribe, quienes abundaron en los argumentos expresados por los diputados Patricio Flores Sandoval y Margarita Arenas Guzmán.
No habiendo quien solicitara la palabra, el presidente en funciones Samuel Aguilar Solís puso a consideración de los presentes la propuesta de la diputada Rosario Ortiz Magallón en el sentido de posponer la votación de este dictamen para hacerlo en conjunto con otras dos iniciativas a las que se refirió, propuesta que no se aprobó; enseguida sometió a votación el dictamen, en sentido positivo, que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, dictamen que es aprobado por 16 votos a favor y uno en contra. Votaron a favor los diputados Enrique Rodríguez Uresti, Rogelio Muñoz Serna, Lorena Martínez Rodríguez, Ángel Humberto García Reyes, Mario Eduardo Moreno Álvarez, Ricardo Rodríguez Jiménez, Joel Arellano Arellano, Efraín Arizmendi Uribe, Samuel Aguilar Solís, Benjamín González Roaro, Ana María Ramírez Cerda, Margarita Arenas Guzmán, Juan Manuel Sandoval Munguía, Patricio Flores Sandoval, Guillermina López Balbuena y Alfonso Othón Bello Pérez. Voto en contra la diputada Rosario Ortiz Magallón.
En uso de la palabra el diputado Samuel Aguilar Solís (PRI), expuso que el siguiente dictamen a discusión era en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de Ley de Pensiones No Contributivas para Personas de Setenta Años de Edad y más, presentada por el diputado a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión Miguel Alonso Raya, en relación al cual la mesa directiva, en reunión celebrada el 21 de abril de 2008, acordó tener presente el tema para los tiempos en que deba aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, con la finalidad de ver si puede continuarse con la gradualidad con la que se ha venido otorgando, desde 2007, una ayuda alimentaria para personas en pobreza extrema en poblaciones de hasta 10 mil habitantes, solicitando a la secretaría técnica se pida al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas un análisis del impacto presupuestario en poblaciones de 10 mil hasta 50 mil habitantes.
La secretaria Rosario Ortiz Magallón ratificó lo dicho por quien le antecedió y refirió la necesidad de atender un asunto como el que se estaba tratando.
Al no haber quien deseara hacer uso de la palabra, se sometió a votación el dictamen, en sentido negativo, se aprobó por 17 votos a favor y una abstención del diputado Rogelio Muñoz Serna.
6. Propuesta de reuniones del pleno de la comisión para el segundo receso del segundo año de ejercicio
El diputado Samuel Aguilar Solís continuó con el punto relativo a la aprobación del calendario de sesiones del pleno de la comisión durante el segundo período de receso del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura, se propuso que las reuniones se lleven a cabo el último miércoles de cada mes. Se aprobó por unanimidad.
7. Asuntos generales
El diputado Samuel Aguilar Solís informó a los presentes que el 21 se recibió por parte de la mesa directiva de la comisión al comisario del Empleo de la Comisión Económica Europea y al embajador de la Unión Europea en México, y que los materiales de la gira de trabajo realizada el año pasado a Europa estaban ya en la imprenta. En la primera quincena de mayo seguramente ya estará impreso el libro.
8. Clausura de la reunión
No habiendo más asuntos que tratar, el secretario en funciones de presidente de la comisión declaró clausurados los trabajos de la decimoquinta reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Social a las 12 horas con 40 minutos.
Mesa directiva de la Comisión de Seguridad Social
Diputados: Rafael Ramos Becerril (rúbrica), presidente; Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Rosario Ortiz Magallón (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), secretarios.
Invitaciones
DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO
Al diplomado Gestión, evaluación y liderazgo para la reforma del Estado, que –con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, División de Educación Continua y Vinculación, de la Universidad Nacional Autónoma de México– se llevará a cabo hasta el 20 de octubre, los lunes, miércoles y viernes, comprendidos de las 8:00 a las 10:00 horas, en el auditorio norte.
El diplomado está dirigido a legisladores, asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de ciencia política, administración pública, derecho, sociología, economía, relaciones internacionales o antropología), servidores públicos de los tres ámbitos, académicos y personas relacionadas con la investigación, el servicio público, la organización y el liderazgo político y partidista, la participación ciudadana y el impulso de las pautas para la transformación del Estado mexicano, en cualquiera de sus ámbitos, que deseen ampliar conocimientos y desarrollar habilidades en la gestión del cambio político, en el contexto de la reforma del Estado.
Informes e inscripciones hasta el 23 de mayo de 2008, de las 10:00 a las 15:00 horas, en los teléfonos 5628 1300 y 5420 1760, extensiones 1248 y 5089, 55 3666 5185, 55 3225 1261; en la dirección de correo electrónico conocimientoglobal@yahoo.com; y en el módulo instalado en la plaza principal del Palacio Legislativo de San Lázaro, frente al edificio G.
Cupo limitado.
Se otorgará constancia con valor curricular.
Objetivo general
Evaluar los conceptos fundamentales y las propuestas de los modelos de reforma del Estado en México.
Metodología
Se desarrollarán 6 módulos, con 60 sesiones de trabajo los lunes, miércoles y viernes, de las 8 a las 10 de la mañana, en el auditorio norte del Palacio Legislativo de San Lázaro.
La dinámica de trabajo del diplomado contará de seis módulos de trabajo.
En el diplomado participarán como ponentes investigadores, profesores de educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los temas descritos y de establecer metodologías que permitan evaluar objetivamente dicho proceso y construir herramientas metodológicas de evaluación y desarrollo de líderes de cambio político.
Evaluación: 80 por ciento de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.
Programa
Modulo V. La reforma judicial
22 de septiembre
• Los tribunales constitucionales
- Doctor Rogelio Ramírez Soto, Universidad Complutense de Madrid.
24 de septiembre
• El Consejo de la Judicatura
- Doctor Manuel Barquín Álvarez, catedrático de la UNAM.
26 de septiembre
• La reforma penal
- Diputado César Camacho Quiroz, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Atentamente
Diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la exposición La moneda de plata, que permanecerá del lunes 22 al viernes 26 de septiembre en el pasillo del edificio H, planta baja, donde se inaugurará el martes 23, a las 11:00 horas; y al foro que se realizará el miércoles 24, a las 12:00 horas, en el auditorio sur.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la exposición Visión regia, que permanecerá del lunes 22 al viernes 26 de septiembre en el vestíbulo principal, donde se inaugurará el martes 23, a las 12:00 horas.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la Semana Palestina en México, que permanecerá del lunes 22 al viernes 26 de septiembre en el vestíbulo principal, donde se inaugurará el martes 23, a las 13:00 horas.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SALUD
A la inscripción como donadores voluntarios de órganos en el módulo que, en colaboración con el Centro Nacional de Trasplantes, se instalará el martes 23 y el jueves 25 de septiembre, de las 10:00 a las 15:00 horas, en el vestíbulo principal del edificio A.
Por el bajo número de donadores que se presenta en el país se abre la posibilidad a legisladores y a trabajadores de este órgano legislativo de anotarse y fomentar la cultura de la donación.
Atentamente
Diputado Ector Jaime Ramírez Barba
Presidente
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Al Diplomado de derechos humanos especializado en los derechos de la mujer, que –en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con la participación del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género– se llevará a cabo los martes y miércoles comprendidos del 23 de septiembre al 10 de diciembre, de las 16:00 a las 20:00 horas, en el auditorio norte (edificio A, segundo piso).
Programa de actividades
23 de septiembre. Mensaje de inauguración. Conferencia magistral, por el licenciado Jesús Naimé Libién.
23 y 24 de septiembre. Primer módulo: Evolución histórica, concepto y fundamentación de los derechos humanos.
1 y 2 de octubre. Segundo módulo: Los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano.
7 y 8 de octubre. Tercer módulo: La protección no jurisdiccional de los derechos humanos.
14 y 15 de octubre. Cuarto módulo: La protección jurisdiccional de los derechos humanos.
21 y 22 de octubre. Quinto módulo: Protección internacional y regional de los derechos humanos.
28 y 29 de octubre. Sexto módulo: Grupos en situación de vulnerabilidad.
4 y 5 de noviembre. Séptimo módulo: Hombres y mujeres, equidad y nuevos roles de género.
11 y 12 de noviembre. Octavo módulo: Educación con equidad y perspectiva de género.
18 y 19 de noviembre. Noveno módulo: Violencia familiar y derechos humanos; contra la violencia, eduquemos con equidad.
25 y 26 de noviembre. Décimo módulo: Mujeres migrantes y sus derechos humanos.
2 y 3 de diciembre. Undécimo módulo: Discriminación y derechos humanos, mujeres trabajadoras, feminización de la pobreza.
9 de diciembre. Duodécimo módulo: Legislar con perspectiva de género.
10 de diciembre. Presentación de Nuestros derechos, disco compacto elaborado por la CNDH. Clausura.
Claustro de profesores
Licenciado Jesús Naimé Libién, doctor Rigoberto Ortiz Treviño, doctor Armando Hernández Cruz, doctor Rafael Torres Hinojosa, doctor Rogelio Omar Chávez Moreno, doctor Ricardo Ruiz Carbonel, licenciada María José Franco Rodríguez, licenciada Guadalupe Vega Ramírez, licenciada Julia Ley Rojas, maestra Consuelo Olvera Treviño, licenciada María Eugenia Ávila López, Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, licenciado Jorge Elliot Rodríguez, maestra Nuria Gabriela Hernández, maestra María de los Ángeles Corte Ríos.
Requisitos
• Tener licenciatura en derecho o humanidades (copia del título o cédula).
• Presentar copia de credencial de elector.
• Llenar solicitud.
Informes e inscripciones
Oficina de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, avenida Congreso de la Unión 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, México, DF, edificio A, segundo piso, de las 10:00 a las 17:00 horas. Teléfono 5628 1300, extensión 8204. Correo electrónico: diplomadomujer2008@hotmail.com
Atentamente
Diputada Omeheira López Reyna
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
Al foro Análisis de las iniciativas para garantizar el derecho de réplica, que se realizará el miércoles 24 de septiembre, de las 9:30 a las 15:00 horas, en los salones de usos múltiples números 1 y 2 del edificio I.
Atentamente
Diputado Diódoro Carrasco Altamirano
Presidente
DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Al panel La vulnerabilidad de las mujeres ante los esquemas de seguridad social, que se efectuará el miércoles 24 de septiembre, de las 16:00 a las 19:00 horas, en el auditorio sur del edificio A.
Atentamente
Maestra María de los Ángeles Corte Ríos
Directora General
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
A la presentación del Reporte CESOP número 16, "Glosa del informe presidencial", que tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre, de las 17:30 a las 19:00 horas, en el salón de usos múltiples número 4 del edificio I.
Atentamente
Maestro Carlos Enrique Casillas Ortega
Director General
DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
A la conferencia El principio del interés superior de la infancia y la adopción en México, que se llevará a cabo el viernes 26 de septiembre, de las 9:30 a las 12:00 horas, en el salón de usos múltiples número 1 del edificio I.
Atentamente
Maestra María de los Ángeles Corte Ríos
Directora General
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
A la mesa de discusión y análisis número 24, Competitividad municipal, que se realizará el martes 30 de septiembre, de las 12:00 a las 14:00 horas, en el salón de usos múltiples número 1 del edificio I.
Atentamente
Maestro Carlos Enrique Casillas Ortega
Director General
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Al foro Análisis del Sistema de Evaluación del Desempeño y el proceso presupuestal de 2009: perspectivas y oportunidades, que tendrá lugar el miércoles 1 de octubre, a partir de las 9:30 horas, en el salón Legisladores de la República.
El objetivo del foro –al que invitan el Comité y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP)– consiste en revisar los avances del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y del Presupuesto basado en resultados, sus componentes e indicadores, y su vinculación con la presupuestación, a fin de aportar elementos relevantes en la toma de decisiones en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
Asimismo, se pretende analizar el SED desde la perspectiva del Poder Legislativo para valorar sus retos y desafíos, y detectar así áreas de oportunidad.
En el foro participarán servidores públicos del Poder Ejecutivo federal; diputados federales; representantes de los gobiernos de los estados y de los municipios; funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); organismos vinculados a la evaluación y auditoría del desempeño; y el CEFP.
El foro está dirigido a diputados; servidores públicos adscritos a la Cámara de Diputados y a otras instituciones; secretarios técnicos y asesores; y público en general.
Los organismos invitados son las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Desarrollo Social, de Salud, de Seguridad Pública, y de Educación Pública; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; y la ASF.
Las conclusiones del foro se darán a conocer en la página electrónica de la Cámara de Diputados y en la del CEFP. Se otorgarán constancias de asistencia.
Informes y registro: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Teléfono 5036 0000, extensiones 51120, 51121 y 55220.
Programa
9:30 a 10:00 horas. Registro.
10:00 a 10:30 horas. Inauguración.
10:30 a 11:00 horas. Presentación del paquete económico correspondiente a 2009.
11:00 a 11:30 horas. Conferencia magistral "La responsabilidad hacendaria en la perspectiva de la evaluación del desempeño".
11:30 a 13:00 horas. Mesa redonda "Avances y estado actual del Sistema de Evaluación del Desempeño en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009".
13:00 a 13:15 horas. Receso.
13:15 a 13:45 horas. Conferencia magistral "Perspectivas del Sistema de Evaluación del Desempeño a un año de la opinión emitida por la Comisión de Presupuesto".
13:45 a 15:00 horas. Mesa redonda "Las experiencias en la evaluación del desempeño en los sectores de desarrollo social, salud, educación y seguridad pública, y en los organismos autónomos".
15:00 a 17:00 horas. Receso para comida.
17:00 a 17:45 horas. Mesa redonda "La evaluación y la auditoría del desempeño".
17:45 a 19:30 horas. Mesa redonda "La evaluación del desempeño del gasto federalizado. Las experiencias de las entidades federativas y los municipios. Retos y oportunidades".
19:30 horas. Clausura del foro.
Atentamente
Doctor Héctor Juan Villarreal Páez
Director General
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚBLICA
A la mesa de discusión y análisis número 25, Consideraciones sobre la evaluación de las políticas públicas, que se llevará a cabo el miércoles 1 de octubre, de las 12:00 a las 14:00 horas, en el salón de usos múltiples número 1 del edificio I.
Atentamente
Maestro Carlos Enrique Casillas Ortega
Director General
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la exposición Nuestra costa oaxaqueña, que permanecerá del lunes 6 al viernes 10 de octubre, en el pasillo del edificio H, donde se inaugurará el martes 7, a las 13:00 horas.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ATENCIÓN A PUEBLOS QUE VIVEN EN EL BOSQUE
Al foro El desarrollo sustentable del sector forestal en México que, en coordinación con G-Bosques, se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre, de las 9:00 a las 14:00 horas, en el salón Legisladores de la República situado en el segundo piso del edificio A
Programa
9:00 a 9:30 horas: Registro de participantes.
9:30 a 10:15 horas: Inauguración.
• Bienvenida: por el diputado Joel Guerrero Juárez, presidente de la Comisión Especial de Atención a Pueblos que Viven en el Bosque.
• Objetivos ingeniero Sergio Madrid, Subirán, Presidente del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, AC.
• Inauguración por el diputado César Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
10:15 a 10:30 horas: Receso.
10:30 a 11:15 horas: La importancia de las comunidades forestales en la conservación de la biodiversidad del país.
Presentación por el diputado Isidro Pedraza Chávez, secretario de la Comisión Especial de Atención a Pueblos que Viven en el Bosque.
Maestra Julia Carabias Lillo, investigadora de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
11:15 a 12:00 horas: El manejo comunitario de los bosques como estrategia para la sustentabilidad de las regiones forestales.
Presentación por el diputado Juan Victoria Alva, secretario de la Comisión Especial de Atención a Pueblos que Viven en el Bosque.
Doctor José Sarukhán Kermez, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
12:00 a 12:10 horas: Receso.
12:10 a 13:50 horas: Situación actual del sector forestal comunitario en México (Panel).
Presentación por el diputado Joel Guerrero Juárez, presidente de la Comisión Especial de Atención a Pueblos que Viven en el Bosque.
Moderadora: Doctora Leticia Merino, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
La experiencia del manejo forestal comunitario mexicano en el contexto internacional.
Doctor David Kaimowitz, Fundación Ford.
Las condiciones actuales del sector forestal en el país. Tendencias, perspectivas, riesgos y oportunidades.
Ingeniero Gustavo Sánchez Valle, presidente del Consejo Directivo la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, AC.
Las políticas públicas y su impacto en el sector forestal en el contexto contemporáneo.
Ingeniero Sergio Madrid Subirán, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, AC.
Conclusiones
Doctora Leticia Merino, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.
13:50 a 14:00 horas: Clausura.
Diputado Joel Guerrero.
Atentamente
Diputado Joel Guerrero Juárez
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIOS DE LAS POLÍTICAS PARA LA MIGRACIÓN INTERNA
Al diplomado Construyendo un nuevo federalismo: transformación e integración del desarrollo regional que, en coordinación con la Escuela de Graduados en Administración y Política Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, se llevará a cabo hasta el sábado 24 de enero, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
El diplomado se llevará a cabo en colaboración con la Federación Nacional de Municipios de México, AC; la Asociación de Municipios de México, AC; y la Asociación de Autoridades Locales de México, AC; y está dirigido a legisladores, asesores parlamentarios, estudiantes e investigadores (de ciencias políticas, administración pública, derecho, sociología, economía y antropología), funcionarios públicos, académicos y personas relacionadas con los temas de diseño, gestión y administración de los fenómenos de la migración, el desarrollo urbano, el gobierno metropolitano, el desarrollo regional y el desarrollo social.
Informes
En los teléfonos 5628 1300, extensiones 3856, 3836, 58215, 58216 y 58217; 01 800 718 4291, 04455 3666 5185, 04455 3225 1261; y en las direcciones de correo electrónico conocimientoglobal@yahoo.com y comisionespecial.migracioninterna@congreso.gob.mx, así como en la Comisión Especial de estudios de las políticas para la migración interna, edificio F, planta baja, Palacio Legislativo de San Lázaro.
Se otorgará constancia con valor curricular.
Metodología
Se realizarán cinco módulos con 20 sesiones de trabajo, los viernes de 15:00 a 20:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.
Módulo I. Los procesos de urbanización y metropolización
Fechas: 29 y 30 de agosto, y 12 y 13 de septiembre.
Ejes temáticos
Actualidad de la emigración campo-ciudad.
Marginalidad urbana y pobreza.
La formación de regiones metropolitanas.
Módulo II. Mecanismos de integración y de exclusión económica y social. Habitabilidad, servicios públicos, financiamiento para el desarrollo
Fechas: 26 y 27 de septiembre, y 10 y 11 de octubre.
Ejes temáticos
Realidad de la integración campesina e indígena en las ciudades.
Repensar el modelo de ciudades, con perspectiva humana.
Reingeniería de servicios públicos municipales.
Alternativas de financiamiento para los nuevos retos del desarrollo urbano.
Módulo III. Empleo y bienestar en las regiones
Fechas: 24 y 25 de octubre, y 7 y 8 de noviembre.
Ejes temáticos
Flujos migratorios y perspectivas de crecimiento económico.
Economía, política y desarrollo social regional en México.
Capacidad institucional de impulso al desarrollo.
Módulo IV. Emigración e inmigración: remesas y desarrollo local
Fechas: 21 y 22 de noviembre, y 5 y 6 de diciembre.
Ejes temáticos
Geopolítica de la movilidad interna y externa.
Perspectiva del aprovechamiento de las remesas en el desarrollo local.
Finanzas, federalismo y desarrollo.
Módulo V. Políticas para la gobernalidad, la democracia y la coordinación federalista
Fechas: 9, 10, 23 y 24 de enero de 2009.
Ejes temáticos
Delincuencia y conflicto social.
Derechos cívicos, políticos, económicos y sociales.
El papel de los tres niveles de gobierno en un nuevo desarrollo regional.
Atentamente
Diputado Raúl Ríos Gamboa
Presidente
