Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A ABSTENERSE DE REALIZAR ACCIONES Y PROPAGANDA RELACIONADAS CON LA REFORMA ENERGÉTICA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOAQUÍN HUMBERTO VELA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 21 DE MAYO DE 2008
Considerandos
Después de meses de onerosa campaña mediática, el Ejecutivo envió a esta soberanía, a principio de abril, una iniciativa de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos que substituiría la vigente y que se propone garantizar que Petróleos Mexicanos pueda incrementar substancialmente sus niveles de producción de petróleo, gas, derivados y refinados, así como participar en la exploración de nuevas reservas.
Como es de conocimiento de los mexicanos, Pemex es una institución pública, su funcionamiento es parte fundamental de la soberanía nacional y así debe permanecer si queremos dotar al país de futuras reservas además de crecimiento económico.
En el Congreso de la Unión estamos comprometidos con conservar el petróleo como un bien de toda la nación, que no se puede privatizar.
Si bien estamos de acuerdo en impulsar un nuevo marco jurídico que permita modernizar y fortalecer la industria petrolera, éste debe darse con estricto apego a las disposiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especial en lo que se refiere al artículo 27 constitucional y sin alterar el espíritu de la Carta Magna con modificaciones a las leyes reglamentarias.
Por considerar que la participación de la sociedad en el proceso de análisis y discusión de la reforma energética es de gran trascendencia para tomar las decisiones que mejor convengan a México, se acordó un debate nacional cuyo calendario y temáticas fueron dadas a conocer por las comisiones del Senado que se ocupan de la materia y que inició el 8 de mayo del presente.
Por ello, resulta preocupante que el Ejecutivo utilice sus tiempos de radio y televisión para llevar adelante una campaña sobre la reforma energética en la que se hace propaganda respecto a las posturas e interpretación del gobierno sobre el tema, para generar en la opinión pública una visión favorable de las iniciativas gubernamentales.
Por la importancia de la reforma energética y la necesidad de que la participación de todos los ciudadanos en el debate sea libre y sin presiones de ninguna índole, consideramos que la propaganda de radio y televisión que lleva adelante el Ejecutivo no se corresponde con este criterio de imparcialidad y neutralidad.
En atención al artículo 134 constitucional, que en sus párrafos quinto y sexto señala: "Los servidores públicos de la federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público."
Por estas razones, es recomendable que para la realización satisfactoria del debate nacional sobre la reforma energética prive un clima de pluralidad y democracia participativa donde no se contaminen, con versiones incompletas, las discusiones inherentes al tema.
Honorables miembros de la Comisión Permanente, por lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los derechos que nos confiere la ley, los miembros del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de obvia y urgente resolución, para que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorte al titular del Poder Ejecutivo a abstenerse de realizar acciones y propaganda relacionadas con Pemex y la reforma energética.
Punto de Acuerdo
Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a dar instrucciones inmediatas a la Secretaría de Energía, Pemex o quienes sean responsables de la campaña de propaganda, para que se abstengan de realizar acciones y propaganda en medios de comunicación social, escritos, radio o televisión relacionadas con Pemex y la denominada reforma energética mientras no culmine el proceso de debate y legislación respectivos.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 21 de mayo de 2008.
Diputado Joaquín Humberto Vela González (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Energía. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A ESTABLECER EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 UN FONDO PARA COMBATIR EL DESABASTO DE ALIMENTOS Y FORTALECER A LOS PRODUCTORES DEL CAMPO MEXICANO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA GUILLERMINA LÓPEZ BALBUENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 21 DE MAYO DE 2008
La suscrita, diputada federal Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con el se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, un fondo para combatir el desabasto de alimentos y el fortalecimiento a los productores del campo mexicano, con base en lo siguiente:
Señores legisladores, a nivel mundial se esta reflejando una subida en los precios de los alimentos y su impacto en la desnutrición, y hambruna, estos acontecimientos amenazan con hundir más en la pobreza a más de 100 millones de personas. Los elevados precios en los alimentos se han convertido en una lucha, sacrificio y en algunos casos sobrevivencia diaria, sin que a la vista exista algún alivio evidente a esta situación.
Entre marzo de 2007 y marzo de 2008, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el precio del maíz subió 31 por ciento, del arroz 74 por ciento, de la soya 87 por ciento y el del trigo 130 por ciento. La conclusión es que a nivel mundial los precios de los alimentos se han incrementado en promedio, un 40 por ciento desde mediados de 2007. En este sentido Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial, aseguro que podrían perderse siete años de lucha contra la pobreza, de no paliarse la crisis alimentaría.
En nuestro país, la postura del gobierno federal, ha sido de negación ante el problema, el presidente Felipe Calderón manifiesta que en el país todo esta bien y no hay nada que cambiar, pero la realidad es otra, el precio de los alimentos de primera necesidad han aumentado un 42 por ciento desde que la actual administración asumió la presidencia, mientras que el poder adquisitivo del salario disminuyó 25 por ciento.
Los precios del arroz han aumentado hasta 200 por ciento al pasar de nueve a 17 pesos la bolsa que se vende en tiendas de autoservicio. Esto significa que mientras en enero de 2006 un obrero requería de 15.24 días de trabajo, con un salario mínimo, podría adquirir 42 productos de la canasta básica, pero para abril de 2008 requiere de 22 días de trabajo, para comprar la misma canasta de productos.
La Confederación Nacional Campesina, ha manifestado su postura, estableciendo que ante el desabasto mundial, nuestro país podría sufrir escasez de arroz y sorgo, a consecuencia de la alza en los precios de estos granos, como un claro ejemplo en los últimos meses es el creciente precio de la tortilla.
Compañeros si el gobierno federal continúa con su política de esconder la cabeza ante los graves problemas que enfrenta nuestro país, y concretamente en este punto, seguir mencionando que la crisis de abasto de alimentos concretamente de granos no pegara a México, con esta actitud, pondrá al país en peligro de enfrentar una hambruna similar a la que viven otras naciones.
Nuestro flamante secretario de Agricultura, en repetidas ocasiones ha expresado que México cuenta con un campo rico, desde aquí, le expresamos al señor secretario, que México si cuenta con un campo rico, pero de campesinos pobres.
Se corre el riesgo de que el país enfrente una crisis de alimentos, si continúan las importaciones de granos, ocasionando una gran brecha entre lo que se produce en el país y lo que se compra en el exterior. Como dato, las importaciones de alimentos han aumentado drásticamente en los últimos tres años, por ejemplo, la importación de carne de bovino se incrementó 440 por ciento, la de aves 280 por ciento, cerdo 210 por ciento, huevo 50 por ciento, maíz 85 por ciento y sorgo 44 por ciento.
Datos de la Secretaría de Agricultura indican que mientras la expectativa de producción en granos para 2008 es de 30.6 millones de toneladas, las importaciones durante el primer trimestre del 2008 en maíz fueron de 2.6 millones de toneladas; sorgo 134 mil toneladas; y trigo 950 mil toneladas. Hoy estamos viendo que necesitamos importar maíz y frijol, a precios muy caros, pero hay que hacer notar que no es una situación circunstancial, no es que haya habido sequía, sino que tiene que ver con la estructura económica mundial. Por lo tanto, el gobierno requiere adoptar de manera urgente medidas de emergencia para afrontar la crisis alimentaría que azota a todo el mundo.
Sin lugar a duda, si el Estado continúa con la política de importar granos baratos en el extranjero en vez de impulsar la producción local de alimentos básicos, nuestro país nunca lograra alcanzar la autosustentación de productos de consumo de primera necesidad, y con ello, abarcar todo el mercado nacional, sin estar dependiendo de otros países. Nuestro campo tiene para abastecer a todo el país y para exportar, sólo faltan politicas que impulsen su desarrollo sustentable, y a nosotros como legisladores nos cooresponde vigilar que se implemente y cumplan los programas destinados a esta materia.
Ante esta situación mundial, el gobierno colombiano, concretamente su Ministerio de Agricultura ha destinado 14 millones de dólares para incentivar el almacenamiento de arroz. Y en Costa Rica, se ha anunciado un plan a dos años para aumentar la producción de granos básicos.
Es descabellado tener que racionalizar la venta de arroz, trigo, sorgo y maíz amarillo, pues llegaremos a este extremo en gran parte mientras el gobierno continué con su política de incrementar las importaciones y no incentiva la producción interna. Señores legisladores nuestro país, no está blindado ante esta crisis global de alimentos, por tal motivo, se requiere que el Ejecutivo Federal, implemente un Fondo Nacional para abatir los efectos del desabasto de alimentos y al mismo tiempo se fortalezca la producción del campo mexicano.
Por lo anteriormente expresado, presento ante ésta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, incorpore un fondo nacional para hacer frente al desabasto de alimentos y fortalezca a los productores nacionales del campo, con la finalidad de que el país este blindado ante las consecuencias y efectos que se están produciendo por la crisis alimentaría que se esta viviendo a nivel mundial.
Segundo.Se solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados para que vigile que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública haya incorporado un fondo nacional para hacer frente al desabasto de alimentos y fortalezca a los productores nacionales del campo, en caso de que se presente omisión por parte de la dependencia, la comisión analice la creación del Fondo y lo incorpore en el dictamen que presentara al pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación. Esto con el objetivo de que el país quede blindado ante los efectos que está produciendo la crisis alimentaría que se vive a nivel mundial.
Salón de sesiones de la Comisión Permanenete, a 21 de mayo de 2008
Diputada Guillermina López Balbuena (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y AL GOBIERNO DE NAYARIT A CONCLUIR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AUTOPISTA TEPIC-CRUCERO DE SAN BLAS, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS KILÓMETROS 0 Y 22, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOAQUÍN HUMBERTO VELA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 25 DE JUNIO DE 2008
El suscrito, diputado federal a la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre propio y de la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que se dispone en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición de punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Lamentablemente, en muchas ocasiones las obras viales y de infraestructura carretera no son sinónimo de progreso y avance de las comunidades de nuestro país, sobre todo cuando quedan inconclusas.
Hace poco más de dos décadas a las comunidades Lo de Lamedo, La Fortuna, El Pichón, Barranca Blanca, Trapichillo, Benito Juárez, La Resolana, Jumatán, El Limón; todas ellas cercanas a la ciudad de Tepic, Nayarit, se les prometió que la construcción de la autopista Tepic-Crucero de San Blas les generaría beneficios económicos y sociales.
La realidad es otra; ya que la construcción de la carretera mencionada, en particular del tramo que cubre los primeros 22 kilómetros, sólo ha generado zozobra y lamentables accidentes, dada la mala planeación de este segmento del trazo carretero.
Desde el inicio de los trabajos, de los cuales fue activo promotor el ex gobernador Emilio González Parra, se prometió crear las vialidades secundarias, los puentes vehiculares con retorno y peatonales, las señalizaciones adecuadas para que los pobladores pudieran ver preservado su derecho a la libertad de tránsito con seguridad plena.
Dicho ex gobernador señaló al promover la necesidad de la obra, que ésta sería el gran detonador del desarrollo económico, social y cultural del Estado de Nayarit, en especial de los pueblos asentados a ambos lados de la autopista.
Otra promesa incumplida fue que la autopista cobraría peaje durante el tiempo necesario para recuperar la inversión realizada en su construcción, plazo que se cumpliría a los 20 años, lo cual se consumó en el año de 2003. Esta promesa incluía condonar el pago de peaje a los propietarios de vehículos con domicilio en los poblados señalados. Basta decir, que esto se practicó parcialmente hasta que la autopista fue concesionada posteriormente a una empresa vinculada al Grupo Financiero Inbursa.
A raíz de este hecho y con la complacencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del gobierno del estado, dicha empresa ha amenazado sistemáticamente a los pobladores con cerrar los bordes de la carretera con malla ciclónica y poner una separación en ambos sentidos de la carretera, según esto, para "garantizar la seguridad" de los usuarios de la autopista.
Sabemos que la verdad es otra, puesto que la administradora de la autopista de peaje se maneja con criterios de rentabilidad, ha decidido cerrar el paso a los pobladores y negar la condonación del peaje.
Estas dos simples acciones generan perjuicio a los pobladores de las comunidades que se asientan a lo largo del tramo carretero, porque este tipo de comercios que normalmente se ubican a los márgenes de las carreteras significan el desarrollo de una economía elemental para las familias.
Se debe mencionar que se han llevado a cabo varias reuniones entre las autoridades de la SCT, de la empresa que administra la autopista, y los pobladores afectados, sin que a la fecha se hayan cumplido las demandas que consisten en lo siguiente:
1. Se remodele la construcción que actualmente usa el personal de Inbursa, para establecer una caseta de información turística, una caseta de policía y tránsito y servicios sanitarios.
2. Se instale la señalización que corresponde a reducciones de velocidad en zonas escolares.
3. Que se construyan los puentes vehiculares proyectados inicialmente para garantizar la seguridad y el libre tránsito de los habitantes de la zona.
4. Que las parcelas, viviendas y negocios que colindan con el derecho de vía tengan acceso directo y seguro; que los caminos laterales sean construidos con las características y calidad que garanticen una vida útil y larga y que su mantenimiento oportuno quede a cargo del gobierno.
5. Que el cruce de estudiantes de El Pichón a la Fortuna y viceversa, quede debidamente cubierto para la seguridad de los educandos.
6. Que se cumpla el compromiso de que el peaje únicamente estarían en vigor durante los siguientes 20 años a partir de 1983.
7. Que se construya el puente peatonal a la altura del kilómetro 3+900 para proteger a los lugareños que cruzan diariamente la carretera a sus tierras de cultivo o a sus negocios.
8. Que se otorgue la ayuda necesaria a los familiares del joven Luis, quien resulto muerto el 22 de mayo de 2007.
En vista de lo antes expuesto, sometemos a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la SCT instalar la señalización correspondiente a la reducción de velocidad, próxima a la zona escolar y urbana en el tramo comprendido entre el kilómetro 0+000 al 22+000 de la autopista Tepic-Crucero de San Blas.
Asimismo, se exhorta a dicha dependencia a construir los puentes vehiculares, así como el acceso a sus viviendas, negocios y parcelas que colindan con el derecho de vía. Además, que se construya el puente peatonal a la altura del kilómetro 3+900.
Artículo Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del estado de Nayarit a establecer un módulo de información turística, servicios sanitarios y una caseta de policía en el paradero turístico de la carretera Tepic-Crucero San Blas.
Artículo Tercero. Se exhorta a la SCT a realizar las gestiones con la empresa concesionaria de la autopista para que se siga condonando el cobro de peaje a los habitantes de las comunidades comprendidas entre el kilómetro 0+000 al 22+000 de la autopista Tepic-Crucero de San Blas.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 25 de junio de 2008.
Diputado Joaquín Humberto Vela González (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Transportes. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE INICIE UNA INVESTIGACIÓN POR LA ADJUDICACIÓN IRREGULAR DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 00017001-020-08, PRESENTADA POR LA DIPUTADA SONIA NOHELIA IBARRA FRANQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 25 DE JUNIO DE 2008
La que suscribe, diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del PRD, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de Estados Unidos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El martes 22 de abril de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria 010 de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Procuraduría General de la República, en la cual se emitió la segunda convocatoria de la licitación pública internacional abierta número 00017001-019-08 y la licitación pública nacional número 00017001-020-08. De ésta última se desprendieron dos partidas:
La partida 1. Su objeto consiste en la implantación de una Plataforma Tecnológica de Servicios (PTS), mediante la renta de equipo de cómputo.
La licitación se declaró desierta dado que ninguna de las propuestas presentadas cumplían técnicamente lo señalado en las bases, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, según consta en el fallo emitido el 30 de mayo del presente año.
La partida 2. Su objeto consistía en vigilar la operación del equipo rentado de cómputo de la partida 1 a través del Centro Institucional de Gestión de Servicios (CIGES).
Esta licitación fue adjudicada irregularmente a la empresa Hewlett- Packard, S. de R.L. de C.V. con un mínimo de 71 millones500 mil pesos y un máximo de 178 millones 750 mil pesos, por un periodo de contratación de 5 años, iniciando en el año 2008 al año 2012.
La irregularidad encontrada en la adjudicación a la partida 2 de la licitación pública nacional, consiste en que la empresa ganadora participó en la elaboración de las bases, según consta en las propiedades del archivo electrónico del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprante", donde Anam es acreditado como el "autor" del documento y Hewlett-Packard como la "organización" y en el caso de las propiedades del archivo que contiene el formato de preguntas tiene registrado como "autor" a Armín Herrera R., siendo "Hewlett-Packard", una de las empresas que participó en la licitación, acreditada como "organización".
Lo anterior, contraviene la fracción VIII del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es decir, que la dependencia o entidad, debió de abstenerse de recibir la propuesta o celebrar contrato alguno con las personas:
"... que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentren interesadas en participar."
Por otra parte, para verificar la exoneración de la PGR en este caso, se procedió a verificar las propiedades del archivo de las bases de la licitación pública internacional abierta número 00017001-019-08 en Compranet, que apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación en la misma convocatoria del 22 de abril y al encontrar que en este caso el "título" y la "organización" del archivo es PGR y Jorge es el "autor", se acredita que la elaboración de las bases y el formato de preguntas se dio por parte de una empresa que participaría ventajosamente en la licitación pública nacional, que adicionalmente no ofertó el precio más bajo, violentándose con ello la normatividad vigente.
La mejor propuesta económica para el Centro Institucional de Gestión de Servicios, la presentó la empresa Globalcomext, SA de CV, que ofrecía un descuento de alrededor de 38 por ciento sobre los 71.5 millones de pesos del pago inicial, es decir, 26.2 millones menos que Hewlett-Packard, seguida por la empresa Axtel, SA de CV, con un descuento de 14 por ciento.
El 18 de junio del presente año, la Procuraduría informó que había solicitado la intervención del Órgano Interno de Control, y que había suspendido todos los actos que se derivan de esta licitación, incluso la firma del contrato con la empresa ganadora, mientras concluya la investigación. Sin embargo, se considera pertinente solicitar la intervención directa de la Secretaría de la Función Pública para que efectúe esta investigación.
Por lo anterior, se pone a la consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública inicien una investigación para deslindar responsabilidades a los servidores públicos que permitieron la adjudicación irregular y la firma del contrato que se desprende de la licitación pública 00017001-020-08 e informe de los resultados a la Cámara de Diputados.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública suspenda el procedimiento de contratación de la empresa mencionada en tanto no concluya la investigación solicitada y en caso de confirmar irregularidades en el proceso de adjudicación, la sancione por violar las disposiciones que marca la ley en la materia.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 25 de junio de 2008.
Diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de la Función Pública. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO A DETENER EL DESMANTELAMIENTO DE LA CLÍNICA DE MATERNIDAD CHICONAUTLAN 3000, DE CIUDAD CUAUHTÉMOC, ECATEPEC, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARIBEL LUISA ALVA OLVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 2 DE JULIO DE 2008
La suscrita, Maribel Luisa Alva Olvera, diputada federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración a esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo con el objeto de exhortar al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto para que detenga el desmantelamiento de la Clínica de Maternidad Chiconautlan 3000 de Ciudad Cuauhtémoc en el municipio de Ecatepec de Morelos, y gire instrucciones para su plena restauración y puesta al servicio de la comunidad.
Antecedentes
1. Desde un año al menos, la suscrita ha escuchado a ciudadanos y ciudadanas, a organizaciones sociales y autoridades locales del municipio de Ecatepec, su preocupación por la desaparición de la Clínica de Maternidad Chiconautlan 3000. Diversos oficios enviados por la suscrita a las autoridades sanitarias y del gobierno estatal relativos a este asunto han llegado a sus oficinas. Vale decir también que hemos recibido respuesta oficial a ellas. Sin embargo, la situación no sólo sigue igual, sino ha empeorado.
2. El gobierno del estado desmantela la Clínica de Maternidad Chiconautlán 3000 ubicada en Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec, estado de México. De 16 camas, primero la redujeron a 13 y posteriormente a sólo dos camas. La clínica está ubicada en una zona con un alto índice de adolescentes embarazadas. Es una población aproximada de 50 mil habitantes. La gradual desaparición e inoperancia de la clínica provoca que los casos de cesárea ya no sean atendidos ahí; los traslados a otra clínica tardan hasta tres horas. Ya ha habido decesos de pacientes en estas circunstancias. De hecho a las embarazadas se les indica trasladarse a un hospital bastante lejano ubicado en Las Américas, en un desarrollo habitacional, más con apariencia de propaganda gubernamental que de eficiencia.
3. Se pretende construir un centro de adicciones en el lugar de la Clínica Chiconautlán 3000. Sería necio oponerse a crear un centro de atención a las adicciones, lo incongruente estriba en eliminar la clínica de maternidad. Por lo demás abundan hospitales particulares de maternidad cuyos costos están lejos de la capacidad de la gente, con las consabidas insuficiencias sanitarias, habida cuenta de que la Clínica de Maternidad Chiconautlán 3000 atiende principalmente a la población sin seguridad social.
4. En abono de lo anterior, se han producido cambios de jurisdicción de personal médico por parte del jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Ecatepec, doctor Héctor Antonio Bonilla Sánchez.
5. Estos hechos contradicen la palabra empeñada del gobernador en el sentido de invertir en el mantenimiento de la clínica. Más aún, en oficio girado a la suscrita el 23 de agosto de 2007 por la Secretaria de Salud y directora general del ISEM, doctora María Elena Barrera Tapia, en su parte medular afirma "...en ningún momento se ha considerado su desaparición o sustitución, ratificando a usted que la Clínica de Maternidad Chiconautlán 3000, continuará brindando los servicios a la población que los requiera".
6. Esta situación genera un ambiente de irritabilidad creciente entre la población, al grado de disponerse a detener la construcción del centro de adicciones, cuyo mérito en sí mismo se reconoce.
Consideraciones
1. Debemos reconocer que el tema es bastante sensible para la población como también, no dudamos, para los gobernantes. Como se puede observar, dada la palabra del gobernador y los hechos, nos encontramos con una decisión contradictoria en sí misma, se requiere una respuesta oficial, precisa y satisfactoria.
2. La suscrita coincide con la angustia y preocupación de los habitantes de la zona, pues las autoridades de la jurisdicción sanitaria, en lugar de tranquilizar la situación, la avivan, pues los hechos descritos líneas arriba hablan por sí solos. En estos momentos la Clínica de Maternidad Chiconautlán 3000 debería restablecer las camas disponibles, al personal médico necesario, dotarla de material de curación así como proporcionar mantenimiento al mobiliario y aparatos en lugar de condenarlos al deterioro.
3. Si se pretende construir un centro de tratamiento para las adicciones, es plausible. Puede realizarse a un lado de la Clínica de Maternidad. No en su lugar.
Por las anteriores consideraciones me permito proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobernador constitucional del estado de México, Enrique Peña Nieto, detenga el desmantelamiento de la Clínica de Maternidad Chiconautlán 3000 de Ciudad Cuauhtémoc en el municipio de Ecatepec de Morelos, y gire instrucciones para su plena restauración y puesta al servicio de la comunidad.
Dado en la sala de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 2 de julio de 2008.
Diputada Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Salud. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL SECRETARIO DE LA REFORMA AGRARIA UN INFORME PORMENORIZADO RESPECTO A LAS DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN EN ESA DEPENDENCIA FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALEJANDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 30 DE JULIO DE 2008
El suscrito, diputado federal Alejandro Martínez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución , al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con la información que ha aparecido en los últimos días en diversos medios de comunicación, existen dos empresas que se han beneficiado con recursos públicos de la Secretaría de la Reforma Agraria destinados a programas de capacitación y creación de empresas rurales.
Esta situación no tendría algo de extraordinario, excepto que de acuerdo con la información que ha circulado a nivel nacional, se trata de Agropraxis y Agronexos, empresas ambas en las que participaron esposas de funcionarios de esta dependencia del gobierno federal.
En el caso específico de la empresa Agronexos, ésta obtuvo un millón 500 mil pesos de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para la producción de un licor artesanal, denominado Raicilla en octubre de 2007.
La empresa había sido creada apenas cuatro meses antes en el estado de Jalisco y contaba entre sus socias a Araceli López, esposa de Luis González, funcionario asignado al Programa Joven Emprendedor Rural, cuyo objetivo es impulsar proyectos productivos.
De la misma manera, la empresa Agropraxis, donde era socia Perla Paola Sánchez, ex esposa de Wilfrido du Solier Espinosa director general de Política y Planeación Agraria y responsable de los programas Joven Emprendedor Rural y Formar, fue beneficiada con recursos de la misma SRA a través de una organización de jóvenes emprendedores que contrató sus servicios de capacitación y asesoría.
En relación con este asunto, se han dado a conocer una serie de conversaciones y desmentidos por parte de ambos servidores públicos, lo que en principio hace presumir que tales hechos si han tenido lugar y que por lo tanto existió un problema de conflicto de intereses en el ejercicio de recursos públicos.
En respuesta, el titular de la SRA, ha asegurado que si bien hay varias empresas que están contratadas para desarrollar capacitación en estos proyectos de subsidio, desconoce si hay alguna irregularidad en estos programas y que en el caso de que estas existieran, el sería el primero en combatirlas.
Al respecto, el funcionario ha declarado que la dependencia a su cargo tiene una campaña en contra de la corrupción y que en caso de detectarla ellos toman la medida de suspender a la persona o consignarlo al órgano interno de control, inclusive en algunos casos a la Procuraduría General de la República.
Además, ha aceptado que si existe una relación familiar con algunos de los socios de algunas empresas esta es completamente irregular, y si eso se comprueba, deberá de ser sancionado.
La situación descrita anteriormente es únicamente la muestra de un botón de entre muchos, de una serie de irregularidades y del tráfico de influencias que se ha detectado en esta dependencia federal y que muy probablemente ocurran en algunas otras.
Los mexicanos estamos cansados de la corrupción, entendida esta como la utilización de un cargo, el poder y los recursos públicos, para el beneficio personal. Por décadas hemos luchado para que esta práctica sea combatida frontalmente y erradicada por completo con medidas de transparencia y de rendición de cuentas de los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno, sean estos federales, estatales o municipales.
Sin embargo, por el contrario de lo que cabría esperar del desempeño de los últimos dos períodos de gobierno en relación con los anteriores gobiernos federales, de acuerdo con la organización no gubernamental Transparencia Internacional a nivel mundial continúa ubicando a México con elevados niveles de percepción de corrupción.
Esta organización, en su versión nacional, denominada Transparencia Mexicana considera que durante estos últimos dos períodos gubernamentales los resultados arrojados por el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2007 muestran que el país sigue estancado en sus niveles de corrupción.
En consecuencia, ante la presunción de probables ilícitos en relación con el tema motivo de esta proposición, con el propósito de esclarecer los hechos y de transparentarlos y en el ejercicio pleno de la función de control del Poder Ejecutivo, se considera que es indispensable que como legisladores contemos con la información confiable, fidedigna, y de primera mano de la autoridad federal correspondiente.
Por lo anterior, y en virtud de que el Secretario de la Reforma Agraria, con anterioridad se había comprometido a tomar una serie de acciones en relación con las denuncias que han salido a la luz pública es necesario y urgente que de manera oportuna informe a esta Soberanía respecto al curso que ha seguido este importante asunto.
Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente solicita atentamente al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, para que de manera puntual presente a esta Soberanía un informe pormenorizado acerca de la relación de trabajo que ha sostenido la dependencia a su cargo con las empresas Agropraxis y Agronexos.
Segundo. La Comisión Permanente solicita al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria proporcione a esta soberanía un informe pormenorizado de las presuntas irregularidades en torno a los beneficios que recibieron estas dos empresas con recursos de los programas de la secretaría a su cargo, así como de la relación familiar de los funcionarios involucrados.
Tercero. La Comisión Permanente solicita al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria proporcione a esta soberanía un informe pormenorizado de las medidas que se han adoptado al interior de su dependencia para prevenir los actos de corrupción, así como de aquellas implantadas a la fecha, en relación con las presuntas irregularidades en torno a los recursos públicos asignados a estas empresas y las sanciones que se han aplicado a los funcionarios involucrados en estos lamentables hechos.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 30 de julio de 2008.
Diputado Alejandro Martínez Hernández (rúbrica)
(Turnada a La Comisión de la Reforma Agraria. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR EL APOYO DEL BANCO DE MÉXICO PARA REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA BANCARIO DEL PAÍS, EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 30 DE JULIO DE 2008
La suscrita, Valentina Valía Batres Guadarrama, diputada federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita el apoyo del Banco de México, para realizar una investigación del funcionamiento del sistema bancario en México en el contexto internacional, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Durante el desarrollo estabilizador (1940-1980), la economía mexicana alcanzo de manera sostenida una tasa promedio de crecimiento de 6 por ciento de crecimiento del producto interno bruto. Sobresale que fue la coordinación y supervisión de la banca comercial y de desarrollo, con una política industrial activa, parte de una política del Estado por generar condiciones de accesibilidad al crédito de consumo y el ahorro, y por otra en inversión y empleo.
En la actualidad, con el modelo neoliberal o de libre mercado que han transitado de las políticas de cambio estructural en los ochentas, la apertura comercial en los noventas, y las políticas de estabilización macroeconómica de la última década, se pueden evaluar por la ausencia del crecimiento económico, la perdida del empleo, que han incrementado la dependencia y el despilfarro de los ingresos petroleros, una explosiva emigración hacia los Estados Unidos y el desmantelamiento de la planta industrial nacional.
Las nuevas finanzas públicas, así como la penetración de intereses del capital externo en el país, presionaron para la apertura y privatización del sector bancario. Las modificaciones más drásticas se presentaron en la década de los noventas, se dieron los primeros pasos para la reprivatización de una banca nacionalizada en 1982, acompañada luego de un proceso de fusiones que redujo el número de banco. Y la más importante, fue la extranjerización de la banca (61.4 por ciento del capital contable total), como una estrategia de modernización del gobierno de Salinas de Gortari.
En la década pasada, al igual que ahora en el marco de la reforma al sector petrolero, se planteo la privatización del sector bancario como una alternativa para el mejoramiento del sistema financiero nacional. El Estado cedió a los extranjeros, uno de los instrumentos más importantes para incentivar el crecimiento de nuestra economía en periodos de contracción, fue así como la política de financiamiento bancario, se convirtió en un modelo de extracción de recursos de la sociedad mexicana, ya sea a través de recursos públicos como el Fobaproa (IPAB) o de ganancias extraordinarias sobre los servicios y comisiones bancarias.
A más de 15 años, la banca comercial privatizada y extranjerizada, se ha mantenido al margen del crecimiento económico, pero si de los beneficios de un rescate bancario y de una legislación laxa, que le permite amasar ganancias extraordinarias por encima de una de las funciones primordiales de la banca: la canalización de los ahorros hacia la inversión de proyectos productivos.
En 1994 el crédito total vigente, se ubica en el orden del 35 por ciento respecto al producto interno bruto, tras la crisis de 1995, el crédito para el crédito continua restringido, aún a pesar del incremento del crédito al consumo registrado en los últimos años, la proporción del crédito bancario respecto al PIB en junio de 2008, sólo es del 13.1 por ciento. La diferencia es de 65 por ciento respecto a 1994.
En el contexto internacional, tomando como referencia al Banco Mundial, el crédito bancario al sector privado respecto a PIB, al cierre de 2005, ubico a Suiza con una proporción de 171 por ciento, Reino Unido con 160 por ciento, España con 126 por ciento, la Republica de Corea con 97 por ciento, Chile con 63 por ciento, y a los miembros del TLCAN, Canadá con 76 por ciento, Estados Unidos con 48 por ciento, mientras México en 13 por ciento.
El Banco de México en los resultados de la encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio (enero-marzo 1998), sobresale que el 61 por ciento de las empresas en México obtienen financiamiento a partir de los proveedores, y no de los bancos (Gráfica 1). También sobresale en este reporte, que la principal causa para no solicitar crédito bancario (34 por ciento), son las elevadas tasas de interés, a pesar de la disminución de la inflación y de la estabilidad macroeconómica, experimentada durante los últimos años.
Fuente: Encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio (Ene-Mar 1998).
El bajo financiamiento otorgado por la banca no ha sido un obstáculo para elevar sus ganancias, según el reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de Marzo 2008, indica que:
• Al primer trimestre la banca registró un resultado neto de 22 mil 180 millones de pesos, que resulta mayor en 54.2 por ciento con relación a la reportada en el primer trimestre de 2007.
La Asociación de Bancos de México en los indicadores financieros de la banca al mes de Julio los siguientes resultados:
a) La rentabilidad de los accionistas en la banca, que se mide por el ROE (relación entre beneficio neto y capital propio o patrimonio neto), se duplicó durante el sexenio 2000-2006, pasando de 10.5 por ciento a 21.4 por ciento, y aunque en 2006 registro una disminución a 18.1 por ciento, en el contexto de la desaceleración y repunte inflacionario de la economía mexicana, en el primer trimestre de 2008 se elevó a 20.5 por ciento.
En el nivel internacional la rentabilidad accionaria (2006-2008) de la banca mexicana se ubica en tercer lugar, sólo superado por Brasil con 27.8 por ciento, España con 19.9 por ciento. Como referencia, Canadá tiene un ROE de 12.5 por ciento y Estados Unidos 10.5 por ciento.
b) Este informe indica que el nivel de utilidades que genera cada peso invertido en los activos de la banca (ROA), que se obtiene de dividir la utilidad neta por los activos totales, ha registrado desde el año 2000 que se obtuvo una tasa de 1 por ciento, al primer trimestre de 2008 una tasa de 2.8 por ciento, casi un crecimiento del 180 por ciento.
La rentabilidad de las utilidades de los activos de la banca en México (ROA), en el año 2007 fue de 2.5 por ciento, nos permitió ocupar el segundo lugar a nivel internacional. Solo superados por Brasil, que registro una tasa de 2.7 por ciento. El tercero fue ocupado por Argentina con 1.3 por ciento, el quinto por Estados Unidos 1.1 por ciento, el sexto por España con 1 por ciento, y Canadá con el 0.6 por ciento, entre otros.
En el año 2007, las utilidades de la banca fueron de 69 mil 533 millones de pesos, donde hay que resaltar que los ingresos netos por comisiones sobre los totales represento el 27.8 por ciento, y que para el primer trimestre de este año, se elevo a 35.2 por ciento, si continua esta tendencia, al cierre de 2008, se registrará el mayor ingreso por comisiones a las arcas de la banca, desde su privatización.
Sí comparamos las comisiones netas sobre los gastos de administración, al primer trimestre de 2008, se elevó a 55.68 por ciento, y a nivel individual, sobresale que BBVA Bancomer este indicador arroja un saldo de 64.74 por ciento y Banamex de 60 por ciento.
Y para las voces que llaman a la competencia, sobre las cuales se fundamentaron las reformas del año pasado, y la promesa del presidente de la Asociación de Bancos de México de abrir la llave del crédito para contribuir a un mayor crecimiento a partir de la reducción de costos y fomentar la competencia, sólo se han visto reflejados en un incremento de las comisiones por servicios bancarios y en tarjetas de crédito, tal como lo reflejan los indicadores publicados por la Condusef al mes de julio de 2008.
Los enfoques tradicionales sobre los cuales la Comisión Federal de Competencia analiza la competencia del mercado bancario, ha determinado que las condiciones de la competencia en la banca son modera mente aceptables. Es importante solicitar al Banco de México, y en su caso otro centro de investigación, implementar otro tipo de metodología como las que plantea la CEPAL, como es el enfoque de impugnabilidad o constestabilidad, que parten de los supuestos de que los costos de entrada y salida de un segmento del mercado es tan bajo, que permite ganancias inmediatas con la posibilidad de salirse sin pagar ningún costo.
Anteriormente, con fecha 2 de julio en palabras del senador Lozano, presentó en esta tribuna la convocatoria al Poder Legislativo, a través de la Comisión Permanente, la urgente necesidad de poner en la agenda legislativa la situación que guarda la banca en México.
Desde mi punto de vista, y buscando evitar reforma parciales como las del año pasado, no podemos restringir el debate a los abusos de la banca privada en el cobro de tarjetas de crédito y bancarias, que se ha incrementando en 300 por ciento, los diferenciales de las tasas activas y pasivas, sino ampliarlo, a una política integral del financiamiento en México, impulsar una regulación que subsane las contradicciones inherentes de una banca que libera sin escrúpulos el crédito al consumo y lo restringe al sector productivo, una banca que genera distorsiones en el mercado interno, debilita a la política monetaria, y resta competitividad a la economía en su conjunto. La banca en manos de los privados ha fracasado como modelo de financiamiento a la nación y es fundamental llamar al Congreso de la Unión a legislar en la materia.
El 2 de julio de 2002, los senadores Carlos Lozano y María de los Ángeles Moreno presentaron ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo, donde se solicito un análisis de la comisiones bancarias y el grado de competitividad, a la cual el Grupo Parlamentario del PRD se sumó, sin embargo, si vamos a discutir las tesis de la falta de capacidad de la banca al financiamiento del sector productivo, la investigación tiene que tener alcances más amplio para ofrecer al legislador elementos que permitan comparar a nuestra banca en un contexto global, evaluar a la banca en México respecto a los resultados y comportamiento de otros sistemas bancarios en el mundo, es un ejercicio que sin duda, ampliara las posibilidades de una reforma al marco jurídico y de regulación que requiere la banca en nuestro país para realinearla a los objetivos del financiamiento para facilitar el acceso de crédito al sector productivo y el fomento del ahorro basado en rendimientos reales para el ahorro.
En función de lo anterior, se propone a esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita el apoyo del Banco de México, para realizar una investigación del funcionamiento del sistema bancario en México en el contexto internacional, bajo las siguientes especificaciones metodológicas:
A) La investigación se solicita que se realice del año de 1991 al primer semestre de 2008.
B) En los estudios de comparativos internacionales se solicita los siguientes criterios:
B.1. Análisis comparativo de las filiales bancarias radicadas en México con sus matrices en sus países de origen.
B.2. La muestra debe considerar adicionalmente, los países de América Latina, Europa, Asia, y los Estados Unidos.
B.3. Especificar las metodologías, fuentes y estimaciones realizadas.
B.4. Se solicita que dicha investigación se presente su contenido en procesador de palabras, y sus respectivas tablas, en formato excel.
Financiamiento
A) Principales fuentes del financiamiento de las empresas en México. B) Monto del crédito total de la banca, y por banco (en saldos nominales y reales, por año y distribución porcentual) destinado a:
Sector primario
I. Agropecuario, silvícola y pesquero.
Sector secundario
II. Industrial
III. Minería
IV. Manufactura
V. Construcción
Sector terciario
VI. Servicios y otras actividades
VII. Comercio, restaurantes y hoteles
VIII. Transporte, almacenamiento y comunicaciones.
IX. Alquiler de inmuebles
X. Servicios comunales, sociales y personales.
XI. Cinematografía, y otros servicios de esparcimiento.
XII. Otros Servicios
XIII. Agrupaciones mercantiles, profesionales, civiles y religiosas.
XIV. Partidos políticos, especificando los créditos por partido.
XV. Vivienda
XVI. Consumo
XVII. Incluir en su caso un renglón de ajuste estadístico.
C) Principales características de las condiciones para el otorgamiento del crédito al sector productivo.
D) Estudio de las causas del bajo financiamiento otorgado al sector agropecuario en México.
E) Proporción del financiamiento bancario respecto al PIB del país en cuestión.
Ahorro
A) Comportamiento, origen y distribución del ahorro en el sector bancario.
B) Diferencial de las tasas activas y pasivas que pagan las instituciones bancarias a los ahorradores y deudores.
C) Proporción del ahorro respecto al PIB del país en cuestión.
Indicadores financieros de la banca
A) Indicadores de profundidad financiera. B) Indicadores de rentabilidad.
Comisiones bancarias
A) Comportamiento de las comisiones bancarias en México, por instrumentos, a nivel global y por banco.
B) Análisis comparativo de las comisiones de los bancos en México, y en su respectivo caso, respecto a las comisiones de las matrices en sus países de origen.
Costo anual total, CAT
A) Evaluación del impacto de la reforma de abril de 2007, que modificó las Leyes de Instituciones de Crédito, de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en:
A.1. El nivel de competencia del sector bancario en México, a partir del enfoque de impugnabilidad de los mercados.
A.2. Comportamiento del CAT por banco y concepto.
Extranjerización de la banca
A) Proporción del capital extranjero y local en los activos de la banca.
Sector bancario y competitividad
A) Estudio comparativo de competitividad y nivel de financiamiento bancario al sector productivo.
Legislación bancaria
Un estudio de derecho comparado de la legislación que regulan al sistema bancario respecto al marco jurídico mexicano.
Fuentes:
Banco de México, Sistema de Información Estadísticas, Julio 2008. Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Thorsten Beck, Asli Demirguc-Kunt y Ross Eric Levine (2006). A new database on Financial Development and Structure, World Bank.
Avalos, Marco; Fausto Hernández Trillo (2006). Competencia bancaria en
México. CEPAL.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 30 días del mes de julio de 2008.
Diputada Valentina Valía Batres Gudarrama (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA PROBLEMÁTICA DE LA APERTURA EN EL TLC A LA ENTRADA DE VEHÍCULOS CONSIDERADOS CHATARRA PROCEDENTES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN TERRITORIO MEXICANO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA GUILLERMINA LÓPEZ BALBUENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL LUNES 4 DE AGOSTO DE 2008
La suscrita, diputada federal Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo relativa a la problemática de la apertura en el Tratado de Libre Comercio, TLC, a la entrada de vehículos considerados "chatarra" de procedencia de los Estados Unidos de América a territorio mexicano. Con base en lo siguiente:
El país ha vivido los últimos 25 años en la cultura de la regularización de los llamados autos chocolate. Sin embargo, la apertura prevista a partir de 2009 implica efectos sin paralelo, en cuanto a los daños que ocasionarán las unidades de importación de Estados Unidos al medio ambiente, la seguridad pública y la economía formal de nuestro país.
Los productores y distribuidores de la industria automotriz, englobados en AMIA, AMDA, ANPACT, INA y ANCA, exigen al gobierno diferir la apertura total de vehículos ligeros y pesados en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hasta el 2015 y no en el 2009 como está establecido. Su petición se basa en que no hay infraestructura que permita a México competir en igualdad de circunstancias con sus socios comerciales Estados Unidos y Canadá.
A raíz de que se pronostica una crisis en el sector automotriz para el próximo 2009, si se ignora la aplicación de medidas no arancelarias a la importación de vehículos usados, así como de políticas de largo plazo para la renovación del parque vehicular. Es por ello, que los distribuidores y productores, solicitan el apoyo del gobierno federal para impulsar el mercado interno a través de la implantación de un programa de renovación vehicular.
Según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, de octubre del 2005 al mismo mes de 2007 han ingresado 2.7 millones de vehículos usados al país, bajo al amparo del decreto que firmó Vicente Fox para adelantar la apertura de unidades con hasta 15 años de antigüedad; mientras la industria nacional produjo 1 millón 149 mil unidades en el 2006.
Señores legisladores, es momento oportuno, de exigirle al gobierno del presidente Calderón, que inicie las gestiones diplomáticas con la finalidad de promover la celebración de un acuerdo bilateral con los Estados Unidos para evitar que la basura de allá, la echen para acá, en cuanto a vehículos, es decir, auto que no circule en los Estados Unidos, tampoco lo podrá hacer en México.
Asimismo, es urgente implantar un sistema nacional de verificación vehicular que se ocupe de la revisión periódica de los automotores, tanto en sus condiciones físico mecánicas como en la cuantificación de emisiones contaminantes, con el objeto de minimizar el impacto ambiental del parque vehicular y sus efectos en el cambio climático. Principalmente un sistema ágil y eficiente de verificación en la frontera con Estados Unidos, para que los vehículos que se quieran internar cumplan con las normas mexicanas. El doctor Mario Molina ha propuesto, la instalación de sensores remotos en las carreteras del país para identificar los vehículos contaminantes y remitirlos a su actualización y reparación.
Por ello, es urgente la aplicación equitativa de medidas ambientales tanto en México como en Estados Unidos para detener la chatarrización del país, ya que estos vehículos tienen una vida útil muy pequeña, sin refacciones y son muy contaminantes.
Compañeras y compañeros, el gobierno federal esta obligado constitucionalmente a garantizar seguridad jurídica y física a la población, plena competencia económica, protección a los derechos del consumidor, cuidado del medio ambiente y el saludable crecimiento del mercado interno.
Actualmente, el país se ha convertido en el tiradero de Estados Unidos, generando inseguridad pública y jurídica, deterioro de la calidad del aire, una baja recaudación fiscal y caídas en ventas internas y exportaciones de la industria. La entrada de autos chatarra genera más de 10 millones de toneladas de CO2 al aire.
De no encontrar mecanismos de control, el mercado automotriz mexicano tendrá un fuerte deterioro, ya que en el año 2009, tal como se pacto en el TLC, México permitirá la libre entrada de autos usados de Estados Unidos y Canadá, es por tal motivo, que no debemos permitir que entren los vehículos que no cumplan con las condiciones físico-mecánicas ni ambientales.
Hay que recordarle a la actual administración, que se importan a México vehículos usados que en deshuesaderos de Estados Unidos y Canadá son comprados en 200 dólares y que en México alcanzan un precio de entre 500 y 600 dólares, es decir, unos 7 mil pesos. Mientras que en el país el auto nuevo más barato cuesta entre 75 y 78 mil pesos.
El vehículo chatarra, se trata de unidades cuyo motor ya no sirve y a los que se les tiene que adaptar uno nuevo, así como salpicaderas, cristales, defensas, faros, volantes, entre otros, porque en México no se venden refacciones originales de modelos usados importados, lo que ocasiona, que en corto plazo, estos vehículos, se conviertan en autos abandonados en las calles, convirtiéndose en chatarras y basura.
Por lo anteriormente expresado, presento ante la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, a iniciar acciones diplomáticas, con la finalidad de promover la celebración de un acuerdo bilateral con los Estados Unidos, cuyo objeto sea evitar que la basura de allá la echen para acá, en cuanto a vehículos. Auto que no circule en los Estados Unidos, tampoco lo podrá hacer en México.
Segundo. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, adecuar los requisitos de legalización de automóviles para evitar que se sigan introduciendo autos chatarra que sólo perjudican el ambiente y poner en riesgo la integridad física y, en ocasiones, la vida de las personas que los adquieren.
De igual manera, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales se designe un presupuesto etiquetado para colocar puntos de revisión de vehículos para que cumplan con normas ambientales y de seguridad en los estados de la frontera con los Estados Unidos de América.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 4 de agosto de 2008.
Diputada Guillermina López Balbuena (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones Unidas de Economía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX A CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS RESPECTO AL PAGO DEL GRAVAMEN ADICIONAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CAPÍTULO XII DEL TÍTULO SEGUNDO DE DICHA NORMA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2008
El diputado Pablo Trejo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante los integrantes de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
El pasado 21 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Capítulo XII, del Título Segundo, de la Ley Federal de Derechos" cuyas disposiciones entraron en vigor el 1 de enero de 2006. El decreto antes señalado materializó el nuevo régimen fiscal de Pemex, hoy vigente, cuya aprobación pasó por un largo proceso de análisis y discusión:
El titular del Ejecutivo federal elaboró una Iniciativa de nuevo régimen fiscal de Pemex, que presentó a la Cámara de Diputados en noviembre de 2003, a fin de reducir la carga fiscal de Pemex sujeto a la condición de no afectar los ingresos de las entidades federativas. La Iniciativa formó parte del paquete económico de 2004. Sin embargo, como dicha propuesta no logró convencer a los legisladores acerca de sus ventajas y, especialmente, por el riesgo de que las entidades federativas y los municipios pudieran salir afectados con menores ingresos, los grupos parlamentarios en el Congreso no lograron ponerse de acuerdo.
En septiembre de 2004 el presidente de la república presentó nuevamente otra iniciativa para reformar al régimen fiscal de Pemex, que tomaba en cuenta los planteamientos que los gobiernos de los estados habían formulado sobre este tema en la Convención Nacional Hacendaria durante el primer semestre de 2004, entre los cuales estuvo la aprobación de un derecho adicional que fuera la garantía de que las entidades federativas no saldrían afectadas en sus ingresos con la aprobación del nuevo régimen. Esto facilitó su aprobación en el Congreso de la Unión, lo cual ocurrió en el periodo extraordinario del mes de junio de 2005.
El Ejecutivo federal recibió el 29 de junio de 2005 el proyecto de decreto que reformaba el régimen fiscal de Pemex, manteniéndolo sin publicar hasta el 1 de septiembre de ese año, fecha en que envió a la Cámara de Diputados sus observaciones o "veto" (con base en la facultad que le confiere el inciso B) de artículo 72 de la Constitución Política) porque no estuvo de acuerdo con varias modificaciones que los legisladores hicieron a su Iniciativa. El proyecto de decreto fue vetado porque en el nuevo régimen fiscal no había la garantía plena de que las entidades federativas recibirían los mismos ingresos, entre otras razones.
La Cámara de Diputados procedió a revisar las observaciones del Ejecutivo, aprobando un nuevo proyecto de decreto el 20 de octubre de 2005, turnándolo nuevamente a la Cámara de Senadores para su revisión y aprobación. La Cámara de Senadores aprobó la mayor parte de dicho decreto el 8 de noviembre del mismo año, solicitándole a la Cámara de Diputados su envío al Ejecutivo en la parte que fue aprobada por ambas Cámaras. Cabe señalar que la parte que no se aprobó fue una disposición transitoria que supeditaba el nuevo régimen fiscal a la aprobación de reforma corporativa en Pemex.
El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2005, por lo que el nuevo régimen fiscal entró en vigor el 1 de enero de 2006. En el artículo sexto transitorio del decreto se estableció lo siguiente:
Artículo Sexto.
Pemex Exploración y Producción pagará un derecho adicional cuando la extracción de petróleo crudo en los años de 2006, 2007 y 2008 efectivamente alcanzada sea menor a la establecida en la siguiente tabla.
Año Extracción anual
(barriles de petróleo crudo)
2006 1,247,935,000
2007 1,259,980,000
2008 1,285,895,000
Este derecho adicional se calculará de la siguiente forma:
1. El valor de la extracción de petróleo crudo que resulte de la diferencia entre las cantidades establecidas en la tabla anterior y la extracción efectivamente alcanzada en cada año, se multiplicará por la proporción que resulte de dividir el valor de las deducciones, a que se refiere el artículo 254 de esta Ley, efectivamente deducidas en el año, entre el valor de la extracción de petróleo crudo efectivamente alcanzada en el año. Este monto se restará al valor de la extracción de petróleo crudo que resulte de la diferencia entre las cantidades establecidas en la tabla anterior y la extracción efectivamente alcanzada en cada año. El monto obtenido de la operación anterior, se multiplicará por la tasa que corresponda de acuerdo con la tabla establecida en el Artículo Tercero Transitorio de este decreto, según el rango de precio y año.
2. El valor que resulte de la operación anterior se multiplicará por la tasa de 76.6 por ciento.
3. El 20 por ciento del monto resultante en el numeral anterior se destinará al fondo general de participaciones, el 1 por ciento al fondo de fomento municipal y el 0.25 por ciento a la reserva de contingencia, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
4. Asimismo, el 3.17 por ciento del monto obtenido conforme a lo establecido en el numeral 1, se multiplicará por el factor de 0.0133. El monto que resulte de la operación anterior se destinará a los Municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos.
La suma de lo obtenido en los numerales 3 y 4 será el monto a pagar por el derecho adicional.
Para estos efectos, el valor anual de la extracción se calculará conforme a lo establecido en el artículo 258 de esta Ley.
El derecho adicional se deberá enterar a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal de que se trate y tendrá el carácter de pago definitivo.
Este derecho no se pagará cuando por caso fortuito, causa de fuerza mayor o política energética, Pemex Exploración y Producción no alcance las metas de extracción establecidas en la tabla contenida en el presente artículo transitorio. En cualquier caso, la plataforma de extracción de Petróleos Mexicanos deberá atender los criterios de una tasa creciente de reposición de reservas y máxima recuperación de hidrocarburos.
Finalmente, el 1 de octubre de 2007 se publicó el "decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en materia de hidrocarburos y se derogan y reforman diversas disposiciones del decreto que reforma diversas disposiciones del Título Segundo, Capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado el 21 de diciembre de 2005", en el marco de la reforma hacendaria de 2007, mismo que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2008, en cuyo Artículo Segundo Transitorio se estableció lo siguiente:
Artículo Segundo.
Se derogan los artículos tercero, cuarto y sexto transitorios del decreto por el que se Reforman Diversas Disposiciones del Capítulo XII, del Título Segundo, de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2005.
Por lo cual, la vigencia del artículo sexto transitorio del decreto del 2005 solo tuvo aplicación en los ejercicios de 2006 y 2007.
II. Consideraciones
El artículo sexto transitorio del decreto de 2005 constituyó el mecanismo mediante el cual el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal le garantizaron a las entidades federativas y los municipios que el nuevo régimen fiscal no afectaría sus ingresos públicos.
En el ejercicio de 2006, Pemex no logró cumplir la meta establecida en la Ley Federal de Derechos en casi 60 millones de barriles (produjo 1,188,286,287 barriles y la meta fue de 1,247,935,000 barriles). Aun así, en marzo de 2007 presentó en ceros la Declaración del Derecho Adicional. En virtud de que las entidades federativas se inconformaron ante la SHCP, ante Pemex y ante la Cámara de Diputados y ante el hecho de que Pemex no pudo argumentar en su favor razones de peso para no pagar, salvo la de que no tenía recursos para ello, accedió cubrir 3,278.7 millones de pesos (mdp) en el mes de noviembre de 2007.
En el ejercicio de 2007, nuevamente Pemex no cumplió con la meta de producción en 135 millones de barriles (produjo 1,124,835,185 barriles y la meta fue de 1,259,980,000 barriles). Aun así, en marzo de 2008 volvió a presentar en ceros la Declaración del Derecho Adicional, motivo por el cual las entidades federativas dejaron de recibir alrededor de 8,877 mdp.
Entre las entidades federativas más afectadas en lo relativo al fondo general de participaciones están:
Distrito Federal, con 1,056.1 mdp.
Estado de México, con 1,034.9 mdp.
Jalisco, con 540.3 mdp.
Veracruz, con 504.4 mdp.
Nuevo León, con 399 mdp.
Chiapas, con 378.8 mdp.
Con relación al fondo de fomento municipal, las entidades más afectadas son:
Estado de México, con 63.1 mdp.
Sonora, con 27.5 mdp.
San Luis Potosí, con 26.7 mdp.
Chihuahua, con 24.6 mdp.
Puebla, con 22 mdp.
No se pasa por alto que la capacidad de producción de Pemex ha venido disminuyendo en los últimos años, situación que orilló a la derogación del Derecho Adicional a partir del ejercicio de 2008. Sin embargo, cuando se aprobó el nuevo régimen fiscal el organismo se comprometió ante las entidades federativas, ante el Congreso de la Unión y ante las autoridades fiscales a no afectar los ingresos públicos de los gobiernos locales para lo cual ofreció incrementar la producción con los ingresos adicionales que se le iban a entregar con la entrada en vigor del nuevo régimen fiscal, que supuso una reducción en su carga fiscal. Los hechos muestran que el organismo no cumplió su compromiso de producción y que la garantía prevista en la Ley Federal de Derechos no está siendo honrada.
III. Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al director general de Pemex a cumplir lo establecido en el artículo sexto transitorio del "decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Capítulo XII, del Título Segundo, de la Ley Federal de Derechos, publicado el 21 de diciembre de 2005 en el Diario Oficial de la Federación, en lo correspondiente al ejercicio fiscal de 2007.
Segundo. Se cita a comparecer con el carácter de urgente al Director General de Pemex, al Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que expliquen a esta Soberanía las razones por las cuales las entidades federativas no han recibido el pago correspondiente al Derecho Adicional establecido en el decreto antes señalado.
Tercero. Se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados que pida a la entidad de fiscalización superior una revisión de situación excepcional a Pemex por el presunto manejo irregular y probable desvío de los recursos públicos de las entidades federativas conforme al artículo 36 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y al Servicio de Administración Tributaria por no haber exigido el cumplimiento de una disposición fiscal, conforme a los artículos 2o. y 7o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de agosto del año 2008.
Diputados: Pablo Trejo Pérez, José Jacques y Medina, Joaquín Humberto Vela González (rúbricas).
(Los puntos primero y segundo se turnaron a las Comisiones Unidas de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, y el tercer punto a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Septiembre de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR APOYOS PARA LOS PRODUCTORES DE LIMÓN PERSA DE VERACRUZ, PRESENTADA POR EL DIPUTADO PEDRO MONTALVO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2008
El suscrito, diputado Pedro Montalvo Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
1. En los últimos años, la exportación de Limón Persa se enfrenta a una serie de medidas fitosanitarias, en las que los productores participan activamente con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, para mantener la calidad y las condiciones de sanidad del producto, exigida en los mercados mundiales.
Una de estas medidas, es la obtención del Certificado Fitosanitario Internacional, el cual es un requisito que dicha Secretaría ha impuesto al gremio exportador, con la finalidad de prevenir la diseminación de plagas en los cultivos de cítricos. Esta medida, aunque tiene el consenso de los productores, impacta los costos de exportación.
2. En México, Veracruz concentra el 70 por ciento de la superficie nacional destinada al cultivo de este producto, hecho que lo convierte en el principal productor de limón persa. Además, cosecha el 64 por ciento de la producción nacional, misma que presenta rendimientos económicos que van de 8.86 a 15.78 pesos por tonelada. La producción de limón persa tiene una importante derrama económica de 3 mil 832 millones de pesos, que beneficia a miles de productores y sus familias.
3. No obstante lo anterior, los exportadores de este producto invierten semestralmente un total de 9 millones 912 mil pesos para la obtención de los Certificados Fitosanitarios mencionados, cantidad que comprende el pago de derechos al Sistema de Administración Tributaria y el servicio de los Terceros Especialistas Fitosanitarios, que realizan la evaluación para que la exportación del limón persa cumpla con las normas aplicables.
4. La producción de limón persa es el medio de subsistencia de 40 mil 500 productores veracruzanos, mismos que tienen a su cargo la generación de 32 mil empleos directos y 92 mil empleos indirectos. Dada la importancia de esta actividad para la economía mexicana, resulta imprescindible la generación de programas de apoyo para mantener la calidad y sanidad en las exportaciones del limón persa mexicano.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a esta Comisión Permanente, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que el capital enterado al Sistema de Administración Tributaria por concepto de pago de derechos generados para la obtención del Certificado Fitosanitario Internacional, sea invertido en cursos de actualización en materia de fitosanidad, dirigidos a productores y empacadores de limón persa, así como en subsidios para la adquisición de productos químicos destinados al control de plagas en el proceso de empaque de limón persa, tomando en cuenta los volúmenes de exportación de cada empresa.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, a realizar auditorías a las actividades de los terceros especialistas fitosanitarios, a efecto de que sus evaluaciones y dictámenes sean emitidos conforme a la normatividad aplicable, así como a implementar medidas de control de la movilización de fruta que ingresa de otros estados hacia Veracruz, informando de ambas acciones por escrito a la Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de agosto de 2008.
Diputado Pedro Montalvo Gómez (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura y Ganadería. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CITAR A COMPARECER AL TITULAR DEL INEGI A FIN DE QUE INFORME SOBRE LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA ESTIMAR LOS NIVELES DE POBLACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JUAN DARÍO ARREOLA CALDERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2008
El suscrito, diputado Juan Darío Arreola Calderón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 1 de enero de 2008 entró en vigor el decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios." Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007.
En dicho decreto se estableció en su artículo segundo fracción séptima de disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal, la obligación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de notificar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a más tardar a los 60 días contados a partir de la entrada en vigor del decreto mencionado, la metodología a utilizar para estimar los niveles de población por entidad federativa. Asimismo dicho Instituto deberá rendir un informe trimestral a dicha Cámara, elaborado conforme a dicha metodología sobre el comportamiento y resultados obtenidos al respecto.
Cabe resaltar que al 30 de junio del año en curso es decir la mitad del año calendario, han transcurrido 182 días naturales y 126 días hábiles y es momento que aún no se ha remitido tal metodología, la cual deberá dar certidumbre y evitar la existencia de sesgos en las estadísticas para echar por tierra los esfuerzos de equidad y adecuada distribución de los ingresos en las entidades federativas y los municipios.
El día 15 de julio del presente año entró en vigor la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, reglamentaria del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que implicó una transformación institucional para la generación de la información estadística y geográfica, y cuya virtud deberá ser la autonomía técnica y de gestión para generar calidad en la información.
El artículo noveno transitorio de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, brinda las condiciones para la continuidad de su administración y operación, ya que establece que los poderes, mandatos y en general las representaciones otorgadas y facultades concedidas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, subsistirán en sus términos en tanto no sean modificados o revocados expresamente.
La importancia de la metodología a utilizar para estimar los niveles de población por entidad federativa es porque los niveles poblacionales inciden en los montos de asignación directa de los recursos de las finanzas públicas, lo cual repercute en la capacidad de los gobiernos locales de dar respuesta a las diversas necesidades que surgen de las variables demográficas. Se debe vigilar el criterio de distribución de los ingresos públicos para estar en capacidad de dar respuesta a las demandas de servicios públicos y políticas públicas en las entidades y municipios del país.
Los cambios demográficos han sido de gran impacto y a tal velocidad que la estructura económica de las entidades federativas y los municipios han sido incapaces de reaccionar a las demandas de la población en materia de vivienda, empleo, seguridad social, educación, seguridad pública e infraestructura, como problemas importantes de los nuevos escenarios regionales y locales del país y en los cuales la importancia de los análisis de población y marginación que emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía deben de ser verificados y validados por la Cámara de Diputados, en coordinación con los gobiernos federal, estatales y municipales, así como con los usuarios de la información e instituciones académicas.
Se debe resaltar que la metodología y los resultados obtenidos de carácter público es conveniente sean validados por instituciones académicas y usuarias de dicha información, incluyendo los gobiernos locales para evaluar la confiabilidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo fruto deberá ser el predominio de sus criterios técnicos sobre consideraciones políticas, lo cual le permitirá superar desde los naturales retos de la evolución de los instrumentos estadísticos, hasta las adversidades presupuestales que autorice la Cámara de Diputados para que no limiten la cobertura de sus trabajos por realizar.
Por lo anteriormente expuesto y ante la falta de cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal y la próxima recepción del paquete fiscal para el ejercicio fiscal 2009 en materia de ingresos y presupuesto de egresos, el próximo 8 de septiembre del año en curso, propongo la adopción del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en atención de lo establecido en el artículo noveno transitorio de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía cita a comparecer al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que informe sobre el incumplimiento de lo señalado por la fracción séptima del artículo segundo de las Disposiciones transitorias del Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007.
Segundo. Se convoca al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que a la brevedad y en cumplimiento de los señalado por la fracción séptima del artículo segundo de las disposiciones transitorias del decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007. Notifique a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la metodología y las explicaciones detalladas a utilizar para estimar los niveles de población por entidad federativa y municipios, así como los informes trimestrales elaborados conforme a dicha metodología sobre el comportamiento y resultados obtenidos al respecto.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los trece días del mes de agosto de 2008.
Diputado Juan Darío Arreola Calderón (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTE A MODIFICAR EL REGLAMENTO DEL OTORGAMIENTO Y LA RECUPERACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS PERSONALES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2008
El suscrito, diputado Pablo Trejo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo 7o., en relación con el 8o. de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, establece que "tratándose de los seguro relacionados con contratos de seguros que tengan como base planes de pensiones o de supervivencia derivados de las leyes de seguridad social...las autorizaciones se otorgarán sólo a instituciones de seguros que las practiquen en forma exclusiva, sin que a las mismas se les pueda autorizar cualquier otra operación..."
Las Afore, señala el artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, "son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de la presente ley, así como a administrar sociedades de inversión".
Una de las justificantes para el cobro excesivo de comisiones que realizan las Administradoras es que se dedican de lleno, de manera especializada a su tarea. Sin embargo, las enormes utilidades obtenidas a la fecha por concepto de comisiones ya no les es suficiente, y buscan ampliar su objeto.
En este sentido y en franca oposición al artículo 163 de la Ley del ISSSTE, se prevé la participación de las Afore e Instituciones de Seguros en materia de los préstamos personales a los pensionados.
Expliquemos. El 14 de mayo de 2007, la Junta Directiva del ISSSTE publicó el Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos Personales y su Financiamiento, del ISSSSTE. Siendo ya de entrada cuestionable, con apoyo en la fracción I del artículo 89, que este Instituto emita este Reglamento, ya en el artículo 6o. del mismo nos percatamos que se permite que el ISSSTE celebre convenios con las Afore y las aseguradoras para el cumplimiento de diversas funciones en materia de otorgamiento de préstamos personales a los jubilados, lo cual, evidentemente, no será gratuito sino que el ISSSTE deberá desembolsar los pagos correspondientes para las Afore y aseguradoras.
Concretamente estarán a cargo de las Afore y aseguradoras: certificar los datos del pensionado requeridos en la solicitud de préstamos personales; realizar y enterar los descuentos por concepto de estos préstamos, emitir los reportes, informes y comprobantes que el instituto le requiera; en su caso enterar los intereses moratorios que se generen.
Esto además de no ser autorizado por la nueva Ley del ISSSTE equivale a una subrogación privatizadora de servicios que deben estar a cargo del instituto. Además, como si al ISSSTE le sobraran los recursos, insisto, este Instituto va a pagar a las Afore y aseguradoras por los servicios realizados, siendo innecesaria tal subrogación ya que el instituto cuenta con los recursos materiales y humanos y base de datos requeridos para cumplir las funciones a cargo de estas empresas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado con el carácter de urgente y obvia resolución, propongo la adopción del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte al director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, para que en seguimiento del artículo 163 de la llamada Nueva Ley del ISSSTE, de inmediato se proceda a modificar el "acuerdo 45.1313.2008 de la Junta Directiva por el que se aprueba y autoriza la expedición del Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos Personales y su Financiamiento, del ISSSTE" (Diario Oficial de la Federación del 14 de mayo de 2008)", con el objeto de suprimir la intervención y pagos correlativos para Afore y las aseguradoras en materia de préstamos personales para los pensionados. Debiéndose cumplir las tareas que se presente subrogar directamente por el ISSSTE, lo que además de evitar su privatización, impedirá que el ISSSTE haga erogaciones innecesarias.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, al 13 de agosto de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Seguridad Social. Septiembre de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT A SUPRIMIR EL COBRO A LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CONSULTAS MEDIANTE TELÉFONO CELULAR, PRESENTADA POR EL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2008
El suscrito, diputado Pablo Trejo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Infonavit es una institución de seguridad social cuyo objeto central, de acuerdo a la fracción XII del Apartado A del artículo 123 constitucional y el artículo 3o. de la ley de este instituto, es el otorgamiento de créditos de vivienda baratos y suficientes. Obteniendo, básicamente, los recursos destinados al cumplimiento del mismo de las aportaciones patronales a favor de los trabajadores, de los descuentos realizados a los salarios de los acreditados, e inclusive de la aportaciones voluntarias llevadas a cabo por los propios trabajadores.
Del servicio esencial de otorgamiento de créditos a los trabajadores, derivan otra serie de servicios que complementan al primero y lo hacen posible: uno de ellos es la información al trabajador sobre el monto del ahorro de su subcuenta de vivienda, su puntuación y por tanto si está en derecho de que se le otorgue el préstamo relativo, igualmente sobre cuál es el saldo de su crédito.
Este servicio, es fundamental para el trabajador, a efecto de estar vigilante sobre el saldo de sus ahorros, pero sobre todo para saber si ya tiene derecho de solicitar un crédito Infonavit, para hacer realidad uno de los derechos humanos básicos, cual es el acceso a una vivienda digna.
Y bien, el instituto en su carácter de organismo descentralizado forma parte de la administración pública federal. Además de que la esencia de toda Institución de seguridad social es que el cumplimiento de sus atribuciones quede a cargo de instituciones públicas.
En contra de lo anterior, el Infonavit ha sido poco a poco privatizado, mediante los créditos que los Bancos otorgan a los trabajadores con el respaldo de los ahorros de vivienda y posteriores aportaciones; o bien, mediante los llamados cofinanciamientos que se otorgan de manera compartida entre el Infonavit y la institución financiera relativa. Con lo cual los créditos de vivienda pierden en mayor o menor medida su carácter tutelar, inyectándose a los grupos financieros inmenso recursos sociales.
Se hizo un verdadero escándalo nacional la privatización o venta por el Infonavit de su cartera vencida a empresas, especialmente extranjeras, recuperadoras de crédito.
No conforme con lo anterior, ahora el Infonavit, en abierta violación al artículo 34 de la Ley del Infonavit, ha inaugurado una peligrosa práctica, que si no se detiene, dentro de poco se buscará aplicar en toda la estructura de la administración pública, y consiste en la venta, en el lucro con la información a que tiene derecho el trabajador y a cargo del instituto.
De manera concreta el Infonavit ha puesto en funcionamiento un sistema de consulta, por el cual el trabajador empleando mensajes de texto SMS obtiene información relacionada con: saldo de su subcuenta de vivienda y última aportación patronal registrada; precalificación para obtener un crédito hipotecario, y saldo actual de su crédito.
Para acceder a esta información, el trabajador debe tener un celular de las empresas Telcel, Movistar, Iusacel o Unefón con el servicio SMS, debiendo enviar al efecto su número de seguridad social o número de acreditado a la marcación 30900; el servicio se da las 24 horas del día, los 365 días del año.
El responsable del servicio es GB Mobile y su costo por mensaje es de 1.15 pesos, con el IVA incluido, para usuarios de Telcel, y de 1 peso, IVA incluido, para usuarios de Movistar, Iusacel y Unefón. En las ciudades fronterizas se aplicará el 10 por ciento de IVA.
Desde luego, nadie pude estar de acuerdo con el inadmisible tiempo que los derechohabientes deben invertir para obtener la información sobre sus saldos de ahorros y crédito y, sobre la procedencia de solicitar un crédito (para no hablar del maltrato que muchas veces reciben en las oficinas de este instituto); pero tampoco debemos aprobar que el Infonavit y las compañías telefónicas lucren con una información generada por una institución pública y que pervive con los recursos de los trabajadores. Por el contrario el Infonavit debe operar los sistemas de información eficientes, con el uso de la tecnología de vanguardia, y con calidez en el trato, pero sin costos para el trabajador.
No sólo eso, sino que la indebida práctica de cobrar a los trabajadores por la información vía celular debe ser investigada para deslindar las responsabilidades respectivas, debiéndose reembolsarse a los trabajadores los montos invertidos por este concepto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado con el carácter de urgente y obvia resolución, propongo la adopción del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte al director general del Infonavit, contador público Víctor Manuel Borrás Setién, para que de inmediato se suprima el cobro por el servicio de consulta de información a los trabajadores vía celular mediante mensajes de texto SMS; implementándose los sistemas de información eficientes, con el uso de la tecnología de vanguardia y con calidez en el trato, pero sin costo alguno para los trabajadores. Debiéndose rembolsar a los trabajadores los gastos que a la fecha ha realizado por este concepto. E iniciándose de inmediato las investigaciones que legalmente procedan para el deslinde de responsabilidades.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 13 de agosto de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CERRAR EL RELLENO SANITARIO DE SAN LUIS AYUCAN, DE VILLA JILOTZINGO, MÉXICO, QUE CONTAMINA LOS MANTOS ACUÍFEROS DE NAUCALPAN, TLALNEPANTLA Y ATIZAPÁN, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOAQUÍN HUMBERTO VELA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
Quien suscribe, diputado federal de la LX Legislatura, Joaquín Humberto Vela González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo para cerrar el relleno sanitario de San Luis Ayucan, de Villa Jilotzingo, México, que contamina los mantos acuíferos de Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán, conforme a los siguientes
Antecedentes
1. En la comunidad forestal de San Luis Ayucan, del municipio de Villa Jilotzingo, estado de México, hay un relleno sanitario que almacena a cielo abierto residuos biológico-infecciosos, en una zona con filtraciones hacia un manto acuífero que se extiende por Naucalpan de Juárez, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla de Baz y se intercomunica con Cuautitlán y con Hidalgo. Desde ese tiradero, operado por la empresa Confinam, se bombean desechos biológicos a la barranca que conduce agua a la presa Madín, en el perímetro de Atizapán de Zaragoza. Esto fue denunciado por las organizaciones Comité Técnico Ciudadano de Jilotzingo, Sakbe Comunicación y Grupo de Tecnología Alternativa. La química Guadalupe Ramírez Nieto tomó muestras de este tiradero y las mandó al laboratorio Imagen, unidad Popotla, para establecer y cuantificar microorganismos patógenos e infectocontagiosas de alto riesgo.
2. El relleno sanitario viola las normas Semarnat 087, de residuos biológicos infecciosos; y 083, de rellenos sanitarios. Aun en dichas condiciones, de noviembre de 2007 a mayo de 2008, el relleno recibió toneladas de desechos biológicos sin tratamiento, depositados por camiones de SaniRent. Los peritajes determinan que los agentes patógenos detectados en el relleno generan las siguientes enfermedades infecciosas: cólera, fiebres hemorrágicas, brucelosis, difteria, meningitis, encefalitis, fiebre q, muermo, tuberculosis activa, hepatitis vírica, tularemia, tufus abdominal, lepra, ántrax, fiebre paratifoidea, disentería bacteriana, rabia y sida. El tiradero presentó desde un inicio irregularidades e ilegalidades, como los permisos de uso de suelo autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para residuos no peligrosos y orgánicos con sólo 35 por ciento de humedad.
3. El tiradero fue cerrado el 8 de mayo de 2008 por el presidente municipal, Jaime Mayén Núñez, como respuesta a la demanda de una comisión de regidores y por el notario público 109, licenciado Gabriel Luis Ezeta Morales. Sin embargo, a la fecha, con complacencia de autoridades federales, el tiradero sigue operando y recibiendo desechos biológicos.
4. Villa Jilotzingo ha sufrido urbanizaciones ecocidas e intensivas talas clandestinas, que siguen reduciendo sus zonas de filtración. Muchas de las talas fueron autorizadas por funcionarios o comisariados ejidales corruptos, con quienes hubo enfrentamientos y denuncias formales, como las presentadas en 2006 por Francisco y Maximino Roa. Desde 2005 alertamos sobre la necesidad de generar empleos no depredates ni contaminantes para la población en extrema pobreza de la rica Villa Jilotzingo. Existe una terrible contradicción en este municipio: es rico en biomasa, en mantos acuíferos, en lluvia y en cuerpos superficiales de agua y, sin embargo, una buena parte de su población carece del servicio de agua potable.
5. Ocoyoacac, Villa Jilotzingo, Naucalpan y Atizapán forman una subcuenca y una relevante reserva de la biosfera, que también soporta importantes asentamientos humanos y una muy avanzada etapa de urbanización-industrialización, sin ninguna planeación y con el histórico incumplimiento de normas ecológicas y de desarrollo.
6. Las zonas de filtración de Naucalpan también sufren un proceso acelerado de destrucción y sufre ataques ecocidas contra el parque de Los Remedios; contra El Cerrito, última zona verde de Lomas Verdes; contra el parque Otomí en el ejido de Chimalpa y contra la franja verde contigua al río Totolica, entre las colonias San Agustín y El Torito. Naucalpan aún conserva grandes mantos acuíferos, los cuales, igual que los gobiernos del DF y del estado de México con el Cutzamala, los desperdicia y, además, descarga en éstos sus aguas negras, al tiempo que es incapaz de colectar los grandes volúmenes de agua de lluvia que recibe o los afluentes que derivan de la subcuenca. Mientras, decenas de sus comunidades padecen inundaciones, como Río Hondo y Jardines del Molinito; y otras carecen del servicio de agua potable, como Chimalpa, México 86 y Poza Honda.
7. Dado lo anterior, es urgente que las autoridades involucradas en el tema, en un plazo perentorio, se aboquen a estudiar para determinar el mejor lugar en que debe localizarse el nuevo relleno sanitario.
Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios y a la Comisión Nacional del Agua a frenar las actividades contaminantes hacia los mantos acuíferos del noroccidente del estado de México y se cierre el relleno sanitario en San Luis Ayucan, de Villa Jilotzingo.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, a la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios y la Comisión Nacional del Agua a que de inmediato se reúnan para determinar el lugar en que se debe ubicar el nuevo relleno sanitario y, en un plazo perentorio, se tomen las acciones necesarias para cerrar el actual en Jilotzingo.
Tercero. Crear un grupo de trabajo en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para que atienda y dé seguimiento a las denuncias de daños ambientales en la subcuenca Ocoyoacac-Villa Jilotzingo-Naucalpan-Atizapán, México, para garantizar medidas correctivas y promover precisas obras de conservación y de desarrollo ambiental de las autoridades federales y estatales, así como de los gobiernos municipales involucrados.
Cuarto. Que las autoridades competentes informen a la Cámara de Diputados de las acciones que se vayan tomando, a fin de dar el seguimiento correspondiente.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2008.
Diputado Joaquín Humberto Vela González (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL A CONSUMIR VINO NACIONAL EN LOS ENCUENTROS QUE REALICE, PRESENTADA POR LA DIPUTADA BERTHA YOLANDA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El vino tiene su origen en la cultura griega, ya que fueron quienes llevaron la vitivinicultura a la península ibérica, hace aproximadamente 27 siglos. En España, el cultivo de la vid alcanzó, igual que en Francia, Italia y Portugal, un notorio auge al correr de los siglos.
En 1492, cuando se descubrió América, en los cargamentos que zarpaban hacia el Nuevo Mundo se incluían importantes cantidades de barricas con vino, pues los conquistadores y colonizadores españoles lo consumían, ya que constituía parte fundamental de su dieta cotidiana. Por ello se incrementó rápidamente la comercialización de tan saludable bebida en las tierras recién descubiertas.
Corresponde a Hernán Cortés el mérito de haber sido el principal promotor del cultivo de la Vitis vinifera en lo que hoy día es México, el sitio del continente americano donde comenzó a cultivarse regularmente la vid.
El viñedo de la Nueva España comenzó a extenderse a partir de la Ciudad de México, capital del virreinato más floreciente de la metrópoli hispana, hacia las regiones septentrionales: Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. Alcanzó posteriormente un gran desarrollo en el Valle de Parras, y luego en Baja California. Luego fueron llevadas las viñas a Sudamérica, alcanzando en Perú, Chile y Argentina formidable desenvolvimiento.
Hasta el siglo XX no comenzó a registrarse un modesto auge en la producción y calidad de los vinos mexicanos. Al estallar la Segunda Guerra Mundial quedaron interrumpidas las importaciones de vinos europeos, y en 1942 fue expedida una ley mediante la cual se reglamentaba la producción de vinos nacionales. Seis años más tarde fue creada la Asociación Nacional de Vitivinicultores, que afilió inicialmente a 15 empresas. En el periodo 1950-1954 se incorporaron 14 compañías más.
En 1980, en el Congreso internacional de la vid y el vino y en la septuagésima Asamblea general del vino se reconoció a escala mundial la creciente calidad de los vinos mexicanos. En ese momento había más de 20 compañías productoras de vinos, con más de 80 marcas, en el mercado nacional. Después de 1982, cuando quedaron cerradas las fronteras a los vinos extranjeros, se registró un breve lapso de bonanza para los vitivinicultores mexicanos. Las autoridades gubernamentales afirmaron que la reapertura sería gradual y paulatina, pero la realidad fue muy diferente. Al permitirse la comercialización de vinos importados en forma amplia e indiscriminada sobrevino el cierre de numerosas empresas.
Como resultado de la apertura económica por la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, disminuyeron aún más las empresas vitivinícolas registradas en el ámbito nacional.
Según datos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, así como de la FAO, en 2005 México se encontraba en el lugar 24 como productor de vino, por abajo de Chile, en el sitio 10, Argentina en el 5 y Francia en el número 1, sin descartar el ascenso de Sudáfrica o de Australia.
En cuanto a las importaciones, se registraron más de 104 millones de dólares; los países a que más importamos son España, Chile y Francia.
Lamentablemente, en ese año sólo exportamos cerca de 3 millones de dólares, a países como Estados Unidos, Alemania y Francia.
Las principales regiones donde se cultiva son Baja California, Querétaro, Coahuila, Zacatecas, Durango, Sonora y Aguascalientes.
Por ser un país consumidor de vino y tener una tradición productiva, es necesario que se impulse el vino nacional. Además, es indudable que la calidad de los vinos elaborados en México ha merecido reconocimiento mundial, pues los vinos de numerosas compañías nacionales han obtenido premios, de manera muy repetitiva, en los más importantes concursos mundiales.
La mejor manera de dar reconocimiento a nuestros vinicultores es impulsando la producción nacional y consumiendo los vinos de gran calidad que tenemos, y con ello nuestro gobierno tiene que desempeñar un papel activo y promotor.
Por lo expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los gobiernos federal, de los estados y de los municipios a impulsar el desarrollo de la vitivinicultura nacional, promoviendo el consumo de los productos de ésta en todos los encuentros que se realicen, y que lo requieran a cargo de las dependencias y de las entidades de la administración pública federal, de la estatal y de la municipal.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2008.
Diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Economía. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A ABSTENERSE DE UTILIZAR EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA FINES POLÍTICOS, CON MIRAS AL PROCESO ELECTORAL DE 2009, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
El que suscribe, Carlos Ernesto Navarro López, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, conforme a las siguientes
Consideraciones
El martes 19 de agosto, Salvador García Soto, en su columna "Serpientes y Escaleras", del periódico El Universal, publicó que en próximas fechas el Ejecutivo federal enviará una misiva personalizada a cada uno de los millones de beneficiarios de los programas sociales, con un costo que oscila entre 180 y 240 millones de pesos, según información que le fue proporcionada.
En la columna se detalla que la carta llevará una fotografía de Felipe Calderón y un saludo personalizado, como parte de la estrategia de difusión del segundo informe de gobierno.
La estrategia según, revela el columnista es, "además de promover la imagen del presidente y de su política social", posicionar ante los beneficiarios que los apoyos materiales o económicos son del gobierno federal, ya que según han detectado mediante encuestas y grupos de enfoque más de 60 por ciento de ellos creen que los recursos que reciben son por el gobernador de su estado.
Sostiene García Soto que para elaborar las cartas se tomaron como base los padrones de todas las dependencias del área de desarrollo social. Asimismo, se pidió que el costo fuera cargado al presupuesto de cada una de ellas.
"Cálculos que se manejan en la Sedesol señalan que el costo de impresión de cada carta, en la cotización de Talleres Gráficos de México, sería de un peso. A eso se añadirían los costos de envío, que estiman en tres pesos…
"Es decir, el costo aproximado de las cartas que enviará el presidente a los millones de beneficiarios de sus ayudas sociales sería de entre 180 y 240 millones de pesos, según datos que manejan en la Sedesol.
"El presidente se propone aprovechar la ‘tregua legal’ que le da el Cofipe para difundir información y publicidad, con su nombre o su imagen, sobre sus obras de gobierno en el lapso de 12 días –seis antes y seis después de su informe–, por lo que el envío de las cartas se realizará entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre.
"Para la impresión de la carta se elaboró un machote, enviado desde Los Pinos a las dependencias, con espacios en blanco para los datos de cada programa. En el texto, que aparece junto a la foto del presidente Calderón en color, se lee la frase: ‘Para que vivas mejor, con mi segundo informe de gobierno’, seguida de la firma del primer mandatario."
No es la primera vez que Felipe Calderón utiliza la información confidencial para beneficio de él y el partido a que pertenece, que contienen los padrones de beneficiarios, amparado en el lastre de la impunidad: durante la pasada contienda electoral utilizó ilegalmente la misma estrategia para sacar provecho de la entrega de los recursos económicos que reciben miles de mexicanos que padecen pobreza y marginación.
Sin importarle que los programas sociales sean el eje rector de una política de Estado que va más allá de los intereses electorales de cualquier funcionario federal, estatal, municipal o de otro órgano de gobierno.
La Ley General de Desarrollo Social establece que la política nacional de desarrollo social tiene los objetivos fundamentales de propiciar condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social; promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución; fortalecer el desarrollo regional equilibrado; y garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instauración, evaluación y control de los programas de desarrollo social.
La misma ley señala: "Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación".
Asimismo, en el Título Segundo la ley especifica, en el artículo 10, fracción III, que son derechos de los beneficiarios "tener la reserva y privacidad de la información personal".
Una de las razones fundamentales de la necesidad de contar con una ley en materia de desarrollo social fue el de separar la política social de Estado de los intereses partidistas del gobierno en turno, lo cual fue muy notorio durante la existencia del viejo régimen autoritario priista, que se caracterizo por la utilización de los recursos públicos de forma clientelar.
La situación el Partido Acción Nacional la criticó severamente en múltiples ocasiones, incluyendo la época en que el ciudadano Felipe Calderón fue presidente de ese instituto político, y que desde que ejercen el poder han olvidado.
Es evidente que la finalidad de la misiva que pretende enviar Calderón va dirigida a posicionar a su partido con miras al proceso electoral de 2009, con lo que viola flagrantemente el anhelo de todos los mexicanos que tan sabiamente supo entender el Congreso de la Unión y que quedó plasmado en la reciente reforma de artículo 134 constitucional de prohibir la utilización de recursos públicos para promover a algún funcionario.
No es ético gastar inmensas cantidades en propaganda personal, y mucho menos es ético hacerlo cuando esa propaganda va dirigida a los más pobres del país.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a abstenerse de promover su gobierno mediante la utilización de la información que contienen los padrones de beneficiarios de los programas sociales.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a promover el contenido de su Segundo Informe de Gobierno con arreglo al principio de austeridad que las leyes y, sobre todo, la dura realidad económica por la que atraviesa el país exige.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de agosto de 2008.
Diputado Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A OTORGAR UN ANTICIPO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A ESTE AÑO HASTA POR EL MONTO QUE SE ADEUDA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, POR EL DERECHO ADICIONAL DE HIDROCARBUROS CORRESPONDIENTE A 2007, PRESENTADA POR LA SENADORA MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS Y EL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
Los que suscriben, Pablo Trejo Pérez y Minerva Hernández Ramos, diputado federal y senadora de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, perteneciente a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes:
I. Antecedentes
El pasado 13 de agosto de 2008, se presentó a esta Honorable Asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al director general de Pemex a cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Derechos, relativo al pago del derecho adicional previsto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que se reformaron diversas disposiciones del capítulo XII, del título segundo de dicha ley publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2005 y se solicita la intervención de la entidad de fiscalización superior de la federación con la finalidad de exhortar a Pemex y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar cumplimiento a una disposición fiscal consistente en el pago del derecho adicional que Pemex tuvo la obligación de pagar a las entidades federativas por el incumplimiento de la meta de producción de hidrocarburos del año de 2007.
II. Consideraciones
La mayoría de las entidades federativas han sido afectadas en su hacienda pública porque hasta ahora ni Pemex ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han reconocido el adeudo, aun cuando el año pasado se suscitó el mismo problema, que finalmente se resolvió a favor de los gobiernos locales.
Las entidades federativas presupuestaron el derecho adicional, por lo que han tenido que hacer reasignaciones para cubrir sus faltantes. Incluso, algunas de ellas tienen problemas para cumplir los compromisos derivados de convenios firmados con la Federación para efectuar obras conjuntas.
Sin embargo, también se reconoce la incapacidad financiera de Pemex para hacer frente a sus adeudos por lo que en aras de facilitar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, las entidades federativas y las autoridades federales están llevando a cabo un proceso de revisión y conciliación, como sucedió el año pasado.
Por tal motivo y a fin de permitir que las entidades federativas estén en posibilidad de hacer frente a sus compromisos presupuestales, en tanto se alcanza un resolutivo satisfactorio para las partes, se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les efectúe un adelanto en sus participaciones de 2008, o en su caso, un préstamo de corto plazo sin intereses, hasta por el monto que se les adeuda por el derecho adicional aproximadamente por 8 mil 877 millones de pesos.
III. Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que otorgue un anticipo de las participaciones federales correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de este año o en su caso, un préstamo a corto plazo sin intereses, hasta por el monto que se les adeuda por concepto del derecho adicional de 2007 previsto en el artículo Sexto Transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Capítulo XII, del Título Segundo, de la Ley Federal de Derechos, publicado el 21 de diciembre de 2005 en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2008.
Senadora Minerva Hernández Ramos, diputado Pablo Trejo Pérez (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA ADUANA MARÍTIMA DE LA CIUDAD Y PUERTO DE FRONTERA, EN CENTLA, TABASCO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO GERARDO PRIEGO TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
El que suscribe, Gerardo Priego Tapia, diputado federal de la LX Legisladora del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren los recursos necesarios para el proyecto de conservación y restauración de la aduana marítima de la ciudad y puerto de Frontera, en Centla, Tabasco, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De septiembre a octubre el año pasado se registraron lluvias atípicas en los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas, la combinación del Frente Frío no. 4, una baja presión vinculada a la tormenta tropical Noel, generó a partir del 22 de octubre un sistema de lluvias constantes sobre el área de Tabasco y Chiapas. El impacto de daños y pérdidas asociadas a estas lluvias fue especialmente severo en Tabasco.
De tal suerte, del 23 al 27 de octubre de 2007 las lluvias que se presentaron afectaron a seis municipios del estado de Tabasco, Cárdenas, Centla, Comacalco, Huimanguillo, Paraíso y Tenosique, posteriormente el Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) corroboró la ocurrencia de lluvias extremas e inundaciones atípicas del 28 al 30 de octubre, en 11 municipios, Balacán, Centro, Canducán, Emiliano Zapata, Jalapa, Jalapa de Méndez, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Teapa.
El fenómeno fue de tal magnitud que se estima que en su momento más álgido estaba cubierto de agua el 62 por ciento de la superficie estatal que afectó a cerca de 1500 localidades, de las cuales el 90 por ciento son rurales; dejó casi 1.5 millones de damnificados (75 por ciento de la población del estado), casi 6,500 kilómetros de carreteras y caminos afectados (73 por ciento de la red del estado) y 132 puentes y 570 mil hectáreas agrícolas siniestradas.
En conjunto los daños y pérdidas causados por el desastre ascendieron a 31.8 miles de millones de pesos, equivalentes a poco más de 3,100 millones de dólares. Esta es una cifra que tiene pocos antecedentes históricos en México, sólo superada a las que ocasionaron los sismos de 1985 y los huracanes Wilma y Stan en 2005 (3,800 millones de dólares) que afectaron a siete estados del sur-sureste de México. Si se toma en cuanta la estimación del PIB realizada por la Secretaría de Planeación Económica del estado que alcanza a casi 108 mil 737 millones de pesos corrientes para 2007, el impacto del desastre representó 29.31 por ciento del PIB estatal.
Ante este desastre natural y la magnitud de las pérdidas económicas para el estado de Tabasco se hace urgente impulsar proyectos que activen la economía local aprovechando las riquezas naturales y el acervo histórico de las distintas comunidades del estado.
Tal es el caso del proyecto elaborado por el Centro INAH Tabasco de conservación y restauración de la antigua Aduana Marítima de la Ciudad y Puerto de Frontera en el municipio de Centla.
La palabra Centla proviene de las voces del náhuatl Cin-tla, que significan "en el maizal".
El poblamiento del territorio que hoy es este municipio debió iniciarse a partir de la decadencia de las grandes urbes mayas (siglos IX y X) que florecieron en Comalcalco, Palenque, Reforma, Pomoná y Tortuguero, principalmente.
A la llegada de los españoles en 1518 además de los mayas chontales que mantenían el control del territorio delimitado por los ríos Usumacinta, San Pedro Mártir y Candelaria (al que llamaban Acalan), ya se habían infiltrado en la región grupos provenientes de la meseta central de México, principalmente los mexicas que, sobre la base de su poderío militar se habían logrado apoderar de sitios estratégicos en la costa del Golfo de México como la barra de Santa Ana, Cimatán y Xicalango, éste último en la desembocadura del río San Pedro y San Pablo (actual línea divisoria entre los estados de Tabasco y Campeche), desde donde controlaban las actividades en el golfo y la Laguna de Términos.
Para el 8 de junio de 1518 el capitán Juan de Grijalva llegó a la desembocadura del río de Tabasco al que, según la costumbre, se bautizó con su nombre por ser su descubridor.
Dos de los navíos de Grijalva de menor calado se internaron por el río hasta llegar a una punta donde fueron recibidos con hostilidad por los nativos que le conminaban a alejarse. Las cosas no pasaron a más, gracias a la intervención de Julianillo y Melchorejo, un par de indios yucatecos que habían sido capturados en Cabo Catoche durante la primera expedición española en 1517, y a los que se les había obligado a aprender el castellano para que sirvieran de intérpretes.
El soldado cronista de la conquista de México, Bernal Díaz del Castillo, relata que luego de que cesaron las hostilidades, Grijalva se entrevistó con el cacique llamado Tabscoob, quien se hizo entender con señas y vocablos, e intercambiaron presentes. Satisfechas ambas partes, los españoles se despidieron de Tabasco el 10 de junio. El sitio del encuentro Grijalva- Tabscoob, debió ser en las cercanías del actual puerto de Frontera, cabecera municipal de Centla.
El 22 de marzo de 1519, llegó a la desembocadura del río Grijalva el capitán español Hernán Cortés Pizarro y siguiendo la ruta tomada por la expedición anterior, se adentró por el río con sus embarcaciones de menor calado. Pese a la creciente hostilidad de los nativos.
Los tabasqueños respondieron con una lluvia de piedras, palos y flechas, obligando a los españoles a tirarse al río para buscar refugio en la orilla contraria, ahí Cortés quedó atascado siendo salvado milagrosamente por uno de los suyos. El ataque de los tabasqueños fue interrumpido sorpresivamente por un grupo de españoles que aparecieron en la retaguardia indígena y que habían sido enviados por Cortés para inspeccionar un camino que iba desde la punta de los palmares a la población.
Al final, los españoles se impusieron, se apoderaron del poblado y tomaron varios rehenes con los que enviaron mensajes al cacique. En ese poblado Cortés desembarcó los caballos y la artillería, y se dispuso con toda la tenacidad que le caracterizaba, a someter al cacique Tabscoob que, alentado por el indio Melchorejo, no cedía. Este intérprete de los españoles había huido la primera noche que Cortés estuvo en tierras tabasqueñas, buscó la protección de los nativos y les incitó a la guerra.
Los españoles urgidos de alimentos organizaron grupos de reconocimiento de la zona, pero indistintamente fueron atacados. Ante esto, Cortés que había advertido la superioridad bélica hispana, decidió darles la batalla.
Al amanecer del 24 de marzo los españoles se formaron en la plaza del pueblo y lista la caballería, arcabuceros, lanceros y artilleros, todos armados con espadas y protegidos con cascos y armaduras, se dirigieron al encuentro de los indios. Eran poco más de 400 hombres. Al llegar a una extensa llanura cultivada de maíz que se nombraba Cintla, divisaron a lo lejos el ejército nativo: ocho columnas de cinco mil hombres cada una. El choque fue brutal, pero al final se impuso la superioridad bélica de los españoles, las armas de fuego, los cañones y los caballos fueron determinantes para el triunfo. A este evento donde por primera vez en tierras continentales de América fueron utilizados los caballos y la artillería, se le conoce en la historia como la batalla de Cintla.
Concertada la paz luego de que los nativos aceptaran ser vasallos del rey de España y profesar la fe católica, el cacique Tabscoob obsequió 20 mujeres a los capitanes españoles, entre ellas, la Malinche, mientras Hernán Cortés simbólicamente hacía la primera fundación hispana en América continental bajo el nombre de Santa María de la Victoria. Cortés se despidió de Centla el 18 de abril de 1519.
En la actualidad el municipio de Centla se encuentra localizado en la región del río Usumacinta y en la subregión de los Pantanos. La cabecera municipal es la ciudad y puerto de Frontera y cuenta con una división constituida, además, por 53 ejidos, 74 rancherías, 4 poblados, 25 colonias rurales, 11 colonias agrícolas y ganaderas, 3 fincas, 2 fraccionamientos rurales y 3 villas.
Su extensión es de 3,093 kilómetros cuadrados, los cuales corresponden al 10.8 por ciento del total del estado; esto coloca al municipio en el cuarto lugar en extensión territorial. Colinda al Norte con el Golfo de México, al Sur con los municipios de Macuspana y Centro, al Este con el estado de Campeche y el municipio de Jonuta y al Oeste con los municipios de Centro, Nacajuca, Jalpa de Méndez y Paraíso.
El centro histórico de la cabecera municipal, está formado por 69 manzanas, en dos polígonos, ubicados en un promedio de veinte calles, alberga 198 inmuebles decretados con valor patrimonial, edificios construidos entre los siglos XIX y XX entre los cuales destaca el Edificio de la Antigua Aduana Marítima de la Ciudad y Puerto de Frontera.
Para el desarrollo del estado de Tabasco a principios del siglo XXI, representan un potencial importante la consolidación turística del Municipio. Para capitalizarlo y fortalecer la competitividad, de los destinos de Centla, es prioridad promoverle y que la definición del rumbo del sector turístico del municipio, sea congruente con los perfiles, oportunidades y necesidades locales, por ello, se requiere de invertir en el fortalecimiento de sectores tan importantes como la imagen urbana de la ciudad.
La actividad de mayor relevancia en el municipio de Centla es la pesca, el puerto de Frontera representa el polo pesquero más importante del estado; se explotan especies como róbalo, mojarra y sobre todo, camarón, que se exporta a diversos países.
En Centla se unen dos de los ríos más caudalosos del país, el Grijalva y el Usumacinta, que en conjunto con la vegetación de manglar, popal y tular, forman un fascinante paisaje, hábitat de especies como saraguato, mico de noche, mapache, nutria, ardilla, gavilán, lechuza, pelícano, loro, cotorro y calandria.
La reserva de la biosfera que forman los pantanos de Centla, su principal ecosistema, constituye otra de las grandes bellezas de este municipio. Por encontrarse en el sistema déltico más importante de mesoamérica, esta zona resulta de singular atractivo para los visitantes, pues en ella se encuentran ríos, manglares y arroyos, que en conjunto llegan a crear un paisaje poco común.
Con más de 302,706 hectáreas de extensión, los pantanos de Centla son un ecosistema, donde conviven 39 especies de peces, 50 de anfibios y reptiles, 60 de mamíferos y 125 de aves, además de 434 especies de plantas, por lo que constituye un sitio excepcional para la contemplación de la naturaleza. Aquí se tiene la posibilidad de acampar en los islotes de la laguna El Cometa y escuchar durante las noches el impresionante aullido de los monos saraguatos, o bien navegar entre los manglares y observar al cocodrilo de los pantanos, manatíes, nutrias, tortugas y las numerosas especies de aves, entre las que se hallan el águila pescadora, el pato canadiense, los pijijes y el jaribú, por mencionar sólo algunos.
Además de la majestuosidad de los pantanos, existen otros atractivos naturales como las playas de Miramar, ubicada a 72 kilómetros de Villahermosa, es una de las más grandes y concurridas del estado; Pico de Oro que se ubica a 66 kilómetros de Villahermosa y Playa Azul a 70 kilómetros de Villahermosa.
Por su ubicación geográfica, Centla se vuelve paso natural hacia Ciudad del Carmen, Campeche y a Cancún, Quintana Roo, sus playas, su historia y su basta diversidad natural, Centla se constituye como un polo de desarrollo para el estado a través de actividades económicas como el ecoturismo.
De tal suerte, el proyecto "conservación y restauración de la antigua aduana marítima de Frontera", propone la conservación y restauración integral del edificio de la Antigua Aduana Marítima de Frontera, que regenere la imagen del Centro Histórico, eleve la calidad de vida de sus habitantes, fomente el turismo y permita a la Ciudad y Puerto de Frontera, Centla, Tabasco; integrarse al programa Pueblos Mágicos de México.
Con fecha 13 de Junio de 2007, se declaró a la ciudad y puerto de Frontera como "Centro Histórico", siendo este acto conmemorativo un punto de gran importancia y relevancia para poder acceder al programa federal de la Secretaría de Turismo, denominado "Pueblos Mágicos de México", por lo tanto se hace necesario contar con espacios para los efectos de establecer el "Museo de Navegación"; existiendo en nuestro municipio edificios arquitectónicos que hasta hoy en día se pueden apreciar, sus fachadas de influencia renacentista y barroca con un toque pictórico por sus acabados en techos de tejas francesas de Marsella, destacando el "Antiguo Edificio de la Aduana Marítima del Puerto de Frontera", ubicado en las calles de Francisco I. Madero, esquina José María Pino Suárez, de esta ciudad, el cual se considera idóneo para dicho fin, la cual es una de las primeras aduanas en América Latina, donde embarcaban todas las riquezas en oro, plata, maderas preciosas y especias hacia España, Francia y otros países del viejo Continente.
El proyecto de Conservación y Restauración de la Antigua Aduana Marítima de la Ciudad y Puerto de Frontera, cuyo costo total de 25 millones 640 mil pesos, será una puerta entre el presente y el pasado de esta ciudad, ya que albergará un Museo que podrán apreciar los visitantes tanto locales como nacionales y extranjeros, el cual que será representativo de la historia que enmarca a los habitantes de este Municipio, potenciará las bondades que tiene el Centro Histórico de la localidad, promoverá su eficiencia, su competitividad, nuevas dinámicas económicas, flujos turísticos y desarrollo social impactando directamente a 92 mil 755 habitantes.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 los recursos necesarios para el proyecto de "conservación y restauración de la antigua aduana marítima de la ciudad y puerto de Frontera", en Centla, Tabasco.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de agosto de 2008.
Diputado Gerardo Priego Tapia (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CITAR AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A FIN DE QUE AMPLÍE LO EXPUESTO EN EL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS RIESGOS QUE ENFRENTA DICHO ORGANISMO Y DETALLE LA SITUACIÓN DEL PROGRAMA IMSS-OPORTUNIDADES, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PRESENTADA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
Los suscritos, integrantes de la Comisión de Seguridad Social y miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica de la Cámara de Diputados de diversos grupos parlamentarios: diputados Rafael Ramos Becerril, Efraín Arizmendi Uribe, Samuel Aguilar Solís, Rosario Ortiz Magallón, Neftalí Garzón Contreras, Margarita Arenas Guzmán, Enrique Rodríguez Uresti, Moisés Alcalde Virgen, Liliana Carbajal Méndez y Enrique Iragorri Durán, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan al Pleno de esta Honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución, con objeto de que se cite al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a fin de que amplíe lo expuesto en el "Informe sobre la situación financiera y los riesgos" que enfrenta dicho instituto y tenga a bien informar sobre la situación del programa IMSS-Oportunidades, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 9 de junio el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del director general del organismo, maestro Juan Molinar Horcasitas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 273 de la Ley del Seguro Social, presentó al Ejecutivo federal y al honorable Congreso de la Unión el informe sobre la situación financiera y los riesgos de IMSS 2007-2008.
El objeto del mencionado documento es que el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión cuenten con un diagnóstico certero de la situación del IMSS, así como con un insumo importante para continuar con un debate informado sobre los retos que enfrenta dicho Instituto y las soluciones que requiere para superarlos.
A partir del análisis exhaustivo del mismo algunos legisladores estimamos conveniente abrir un espacio para que el Director General del IMSS amplíe la información ahí contenida e informe sobre los principales indicadores tanto del régimen ordinario del IMSS como del programa IMSS-Oportunidades.
La magnitud de los retos y oportunidades del sistema nacional de salud son tales que la búsqueda de soluciones debe pasar forzosamente por un debate serio, buscando un consenso entre todos los actores del país que permita la toma de decisiones sobre dos de sus principales componentes: el régimen ordinario del IMSS que atiende a casi 50 millones de mexicanos y el programa IMSS-Oportunidades, que hace lo propio con otros 10 millones.
Es por esto que el Poder Legislativo, en cumplimiento con el compromiso asumido con el pueblo mexicano, debe trabajar siempre con miras a ofrecerle a la ciudadanía un Instituto más eficaz y más eficiente.
Por todo lo anterior, se considera necesario establecer un diálogo con el director general del IMSS a fin de analizar a fondo la situación que el consejo técnico expone en el Informe y sumar esfuerzos para encontrar soluciones a los problemas ahí planteados.
En razón de ello, es que con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos con carácter de urgente y obvia resolución la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados que citen con la mayor brevedad al director general del IMSS, ciudadano Juan Molinar Horcasitas, con objeto de que amplíe lo expuesto en el informe sobre la situación financiera y los riesgos del instituto y tenga a bien informar sobre el programa IMSS-Oportunidades, su situación, retos y perspectivas.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 20 de agosto de 2008.
Diputados: Rafael Ramos Becerril, Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Samuel Aguilar Solís, Rosario Ortiz Magallón, Neftalí Garzón Contreras, Margarita Arenas Guzmán, Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Moisés Alcalde Virgen, Liliana Carbajal Méndez, Enrique Iragorri Durán.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN QUE FISCALICE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES DEL RAMO 33 PARA TAMAULIPAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE 2007, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, LUIS ALONSO MEJÍA GARCÍA, OMEHEIRA LÓPEZ REYNA, RAÚL GARCÍA VIVIÁN Y CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, PRESENTADA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales por el estado de Tamaulipas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, presentan ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo que tiene como finalidad hacer un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación a fin de que realice la fiscalización de los recursos públicos federales del Ramo 33 del estado de Tamaulipas correspondientes al ejercicio fiscal 2007, con base en las siguientes
Consideraciones
1. La realización de auditorías de recursos federales a diversas instancias es una tarea vasta y de gran relevancia para el crecimiento económico y el bienestar social, ya que monitorea y verifica la gestión, manejo y administración de los recursos públicos federales. Dichas revisiones se realizan a partir del origen y destino de dichos recursos, en otras palabras de su "buen uso" y del cumplimiento de los objetivos y metas de gobierno derivadas del financiamiento público.
2. Actualmente, el esquema de fiscalización en México opera desde dos ámbitos: el interno a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y las Contralorías Internas Estatales; así como el externo, cuya responsabilidad recae en el Poder Legislativo, el cual delega esta ardua labor a la Auditoría Superior de la Federación (ASF); y a las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaciones Locales (EFSL) en apoyo a la ASF.
Estas dependencias en conjunto realizaron las auditorías que sustentan el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006, con lo que el ejercicio del gasto y el logro de objetivos de los programas y fondos que operan las dependencias del Poder Ejecutivo y los gobiernos locales fueron fiscalizados oportunamente.
3. Particularmente, los gobiernos locales tienen la obligación de informar sobre el destino, metas y avance en la entrega-recepción de los recursos que la Federación transfiere a los estados y municipios a condición de ser destinados a fines preestablecidos.
4. En la revisión de la Cuenta Pública 2006, se auditaron por un lado, los recursos del Ramo General 33 los cuales se transfirieron a las 32 entidades federativas, 118 gobiernos municipales y 7 demarcaciones territoriales del Distrito Federal a través de los siete fondos que integran dicho Ramo, éstos son el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
5. Por otro lado, también se auditó el Ramo General 39, Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en 15 estados de la república; como los recursos complementarios provenientes de los excedentes petroleros y que le fueron asignados al ramo a través del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados, en 11 entidades federativas; y Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, en 5 estados.
Sin embargo, el Ramo General 39 desapareció del Presupuesto de Egresos de la Federación en el año 2007 como resultado de las reformas aprobadas por el Congreso a la Ley de Coordinación Fiscal (en diciembre de 2006), las cuales establecieron que estos recursos se incluyeran dentro de las denominadas Aportaciones Federales del Ramo General 33.
6. Del total de las auditorias practicadas a los Ramos Generales 33 y 39 en 2006, la ASF ejerció53 auditorias de manera directa; mientras que las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales llevaron a cabo 302.
7. No obstante, para el ejercicio 2006, en el estado de Tamaulipas la ASF sólo realizó 3 auditorías: una de desempeño al Fondo para la Infraestructura Social Municipal de Ciudad Madero, una financiera y de cumplimiento a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de la misma localidad, así como la realizada a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estado y del Distrito Federal, en donde se encontraron grandes irregularidades, que tuvieron como desenlace un dictamen negativo de la ASF, al considerar que el Estado no cumplió con el marco normativo aplicable a la administración, control, ejercicio y destino de estos recursos.
8. Por otro lado, aunque la Entidad de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas realizó 10 auditorías, 7 de éstas se concentraron en sólo 4 municipios: Altamira, El Mante, Río Bravo y San Fernando; dejando de lado la fiscalización de recursos en ayuntamientos importantes del Estado como son Matamoros, Reynosa y Victoria, los cuales en 2007 recibieron los montos más importantes de las Aportaciones Federales.
9. Lo anterior refleja que en el Estado de Tamaulipas y en sus municipios, es necesario reforzar el proceso de fiscalización para el ejercicio fiscal 2007, a modo de contribuir en la mejora del ejercicio del gasto, así como a incrementar la calidad del mismo. Principalmente a través de mecanismos que eleven el número de los ayuntamientos y recursos auditados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un atento exhorto a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que realice una revisión y fiscalización, mediante la aplicación auditorías de desempeño, de los recursos de los fondos del Ramo 33 correspondientes al ejercicio fiscal 2007, para el Estado de Tamaulipas; así como a los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de los municipios de Matamoros, Reynosa y Victoria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 6 de agosto de 2008.
Diputados: Carlos Alberto García González (rúbrica), Luis Alonso Mejía García (rúbrica), Omeheira López Reyna (rúbrica), Raúl García Vivián (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos.
(Turnada a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LOS RECURSOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, PRESENTADA POR EL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La participación comunitaria y la inclusión de los ciudadanos en la planeación, control, y evaluación de las acciones y recursos públicos están encaminadas a fomentar el desarrollo local, el bienestar de la población y la transparencia; a que los vecinos participen en la decisión del presupuesto con base en las prioridades señaladas por sus comunidades; y a fomentar un compromiso y la corresponsabilidad ciudadana para enfrentar las necesidades comunes para mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad.1
La experiencia latinoamericana en cuanto al presupuesto participativo, es significativa y rica en enseñanzas y resultados, relevantemente la brasileña. Porto Alegre es un referente necesario sobre el tema. En cambio en nuestro país el camino seguido hasta ahora ha sido lento e insatisfactorio, en gran medida por la política de control corporativo, paternalista y clientelar que ha prevalecido en los últimos más de setenta años.
En México, la creciente emergencia ciudadana registrada desde hace ya 35 años, ha empezado a incidir en los cambios sociales y políticos registrados hasta el momento. Trastocó positivamente la participación electoral y la confianza en el respeto al voto, a partir de la ciudadanización de los órganos electorales, así como de las reglas para participar en los procesos; liquidó los lastres prevalecientes del sistema político mexicano, provocó la alternancia en el poder a partir de la derrota del viejo partido de Estado, y ha sentado las bases para la transición democrática en el país.
El presupuesto participativo se define como "un instrumento privilegiado de gestión de un gobierno democrático que promueve el interés y la participación efectiva de la ciudadanía en los asuntos públicos, particularmente en la orientación de una parte del presupuesto municipal destinado a mejorar las condiciones de vida, es un mecanismo que ofrece condiciones básicas para el debate de la población y el gobierno local sobre las prioridades del gasto público y la solución de sus necesidades, permitiendo la atención a las comunidades históricamente excluidas de las obras y servicios públicos".2
En el Distrito Federal el primer antecedente de presupuesto participativo en el país se remonta al año 2002 donde a partir de iniciativas de los gobiernos delegacionales de Cuauhtémoc y Tlalpan, aunque fueron intentos dispersos, teóricos y sin el apoyo del gobierno central.
Asimismo la atención a las demandas de la población se ha caracterizado par la continuidad en los modelos institucionales de asignación de recursos, que se basan en el comportamiento histórico presupuestal, lo cual ha generado una inequidad creciente tanto en los servicios e infraestructura, como en la democratización del ejercicio del poder. El presupuesto participativo por el contrario, permite mayor dinamismo en el manejo y asignación de los recursos, además de recoger las necesidades reales de la población porque es ella la que prioriza.
Y partiendo del presupuesto participativo se diagnostica que una de las necesidades de mayor demanda en el Distrito Federal es el contar con espacios dignos para la educación pública para lo que se requieren recursos que sufraguen el costo que requieren los planteles educativos para que los niños y niñas que cursan educación básica ejerzan su derecho constitucional de educación.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de esta honorable Comisión Permanente que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente solicita sea considerado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por la cantidad de un mil setecientos millones de pesos para el mantenimiento integral y equipamiento de escuelas públicas con recursos del presupuesto participativo.
Notas
1. Presupuesto participativo en las perspectivas actuales, por Daniel Carlos García Gómez, director de Capacitación para el Empleo. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal.
2. Red de Izquierda Democrática. Anteproyecto de presupuesto participativo del Distrito Federal, por Guillermo Dorantes Yedra y Norma Pacheco Núñez. www.redmexico.net/anteproyecto.htm
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los veinte días del mes de agosto de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN QUE RINDA UN INFORME DE LOS AVANCES OBTENIDOS EN EL PRIMER AÑO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR 2007-2012, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MA. DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ DEL CASTILLO, MARTHA ANGÉLICA ROMO JIMÉNEZ Y JOSÉ LUIS ESPINOSA PIÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, RECIBIDA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
Los suscritos, diputados federales Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, Martha Angélica Romo Jiménez y José Luis Espinosa Piña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se le solicita al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que rinda un informe de los avances obtenidos en el primer año del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007-2012, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La agroindustria azucarera es el principal motor económico de muchas regiones del país, ya que en conjunto genera 11.6 por ciento del valor del sector primario y 2.5 por ciento del producto interno bruto manufacturero. Su aportación en el ámbito social se refleja en el hecho de que en la agroindustria de la caña de azúcar trabajan directamente 450 mil mexicanos y, de manera indirecta, dependen de este sector 2.2 millones de personas.
Esta actividad repercute en 227 municipios de 15 estados, donde habitan más de 12 millones de mexicanos. Cabe destacar que Estados Unidos muestra un déficit anual de aproximadamente 1.5 millones de toneladas de azúcar y que se reparten en cuotas preferenciales a 40 países; no obstante, México logró en 2005 ventas máximas de 250 mil toneladas de azúcar.
Uno de los propósitos generales del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007-2012 es "asegurar una oferta de azúcar de calidad suficiente, oportuna y asequible para todos los mexicanos y las empresas consumidoras de la cadena". Asimismo, entre los objetivos particulares del programa se encuentran los siguientes:
• Satisfacer con cantidad, calidad y oportunidad el mercado interno de azúcar y sus derivados, mediante mayor productividad en campo y fábrica.
• Apropiarse de la demanda insatisfecha de azúcar y sus derivados en el mercado de Norteamérica, con base en el conocimiento de sus preferencias.
• Incursionar con éxito en el mercado de bioenergéticos, mediante una amplia base productiva y competitiva.
Una línea estratégica de acción de mayor relevancia en este programa es la "solidificación e incremento de la producción de caña de azúcar". En este contexto, los retos por superar en 2012 incluyen contar con un sector de la agroindustria de la caña de azúcar superior, competitivo y rentable, que pueda garantizar una oferta de azúcar de calidad que abastece plenamente el consumo nacional y que exporta todos sus excedentes al mercado regional de Norteamérica, además de intentar incursionar con éxito en la diversificación de educolorantes y bioenergéticos, así como atender el mercado nacional con 5.4 millones de toneladas de azúcar.
Dada la importancia del sector azucarero para el desarrollo del país, y tomando en cuenta que la prospectiva de la producción nacional de azúcar para la zafra 2007-2008 se ha planteado una producción de 5 millones 404 mil 727 toneladas de azúcar, consideramos de suma importancia el manejo del sector azucarero, con base en una industria que pudiera solventar en un futuro mejores ingresos en dicha materia, así como su consideración y aplicación a la rama agroindustrial.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que rinda un informe de los avances obtenidos en el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007-2012 durante su primer año de implantación.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Senado de la República y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para el segundo receso correspondiente al segundo año de ejercicio legal, en la Ciudad de México, a 8 de agosto de 2008.
Diputados: Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, Martha Angélica Romo Jiménez, José Luis Espinosa Piña (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SNC, A CONTINUAR LA CANCELACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE LOS VALUADORES QUE NO CUMPLIERON EL PLAZO DE TRES AÑOS PARA OBTENER CÉDULA PROFESIONAL DE POSGRADO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
El suscrito, Octavio Martínez Vargas, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
1. El 30 de diciembre de 2002 se publico en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, derivado de las dificultades que presentaron algunos peritos valuadores que no contaban con especialización. El Congreso de la Unión aprobó –y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2005– una reforma del artículo segundo transitorio de la citada ley, otorgando un plazo de tres años para que los que no cuenten con cédula profesional puedan obtenerla y titularse. Al efecto se facultó a la Sociedad Hipotecaria Federal a cancelar aquellas autorizaciones.
2. Se aprobó la referida ley fue porque hubo necesidad de que los valuadores profesionales en créditos garantizados cuenten con una cédula profesional de posgrado para que exista la certeza y calidad en los dictámenes y valoraciones que emiten; en virtud de que en 1994 se presentó un quebranto financiero que fue soportado por avalúos formulados por seudovaluadores habilitados por instituciones financieras.
3. Con fecha 4 de junio, el suscrito presentó punto de acuerdo "para apoyar a la Sociedad Hipotecaria Federal a que siga cumpliendo sus funciones que la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado vigente le faculta". La Tercera Comisión de la Permanente resolvió a mi favor el 2 de julio del año en curso. Textualmente señala:
La comisión dictaminadora estima que, de acuerdo con las consideraciones y el punto de acuerdo anteriores, se ha atendido sustancialmente la proposición con punto de acuerdo que ahora se dictamina, toda vez que en él se consideró que no era procedente exhortar a la Sociedad Hipotecaria Federal a abstenerse de cancelar las autorizaciones de los valuadores profesionales hasta que no concluya el proceso legislativo de reformas de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado. En cambio, se acordó enviar el expediente a la sociedad mencionada, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su competencia, lo que resulta equivalente con lo propuesto por el diputado Octavio Martínez Vargas de apoyar a la Sociedad Hipotecaria Federal a que siga cumpliendo las funciones que le atribuye la ley de la materia... (sic) [Publicado en la Gaceta Parlamentaria número 18, año 2008].
4. El 16 de julio, ante la Comisión Permanente, se presentó un punto de acuerdo que "solicita a la Sociedad Hipotecaria Federal que se abstenga de cancelar las autorizaciones de los peritos valuadores que no han cumplido el requisitos de titularse". Por ello, dicho punto de acuerdo no es posible que prospere en sus términos, en virtud de que la Tercera Comisión ya resolvió sobre el asunto, como se explica en el considerando número 3.
5. Lo que preocupa al Partido de la Revolución Democrática es que se demerite el esfuerzo de los ciudadanos que cumplieron todos los requisitos para obtener cédula profesional de posgrado y actuar como perito valuador.
6. Por lo anterior se ofrece el apoyo a la Sociedad Hipotecaria Federal para que continúe sus funciones y siga cancelando las autorizaciones que ya fenecieron depurando y actualizando su padrón. Y se solicita atenta y respetuosamente que entregue un informe detallado sobre el avance de las cancelaciones a que se refiere el artículo segundo transitorio de la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente exhorta a la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, a continuar la cancelación de las autorizaciones de los valuadores que no cumplieron el plazo de tres años para obtener cédula profesional de posgrado, en virtud de que dicho plazo feneció el 6 de febrero de 2008.
Segundo. La Comisión Permanente hace una atenta invitación a la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC, para que entregue un informe detallado y actualizado sobre las cancelaciones a que se refiere el artículo segundo transitorio de la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en Crédito Garantizado.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los veinte días del mes de agosto de dos mil ocho.
Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LOS TRIBUNALES AGRARIOS A RESOLVER CON ARREGLO A LA LEGALIDAD EL CONFLICTO DE DOTACIÓN DE TIERRAS AL POBLADO SAN JOSÉ BODENQUI, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHAPA DE MOTA, EN JILOTEPEC, MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
El suscrito, diputado Octavio Martínez Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
1. En el poblado Ex Hacienda de San José Bodenqui, municipio de San Miguel Chapa de Mota, perteneciente al distrito de Jilotepec, México, está asentada la comunidad agraria indígena de raza otomí Bodenqui, que fue beneficiada con terrenos concedidos en concepto de reconocimiento de bienes comunales en el expediente número 321/92, dictado por el Tribunal Unitario Agraria del distrito número 9, con residencia en Toluca, cuya posesión fue ordenada en resolución el 20 de enero de 1994 por motivo del rezago agrario de 1934, mediante lo cual se constituye la zona comunal Bodenqui.
2. El 3 de octubre de 1934 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución respecto al expediente de dotación de tierras al poblado de Dongú, municipio de Chapa Mota, México, y en su resolutivo primero declara que es procedente la dotación de ejidos solicitada por los vecinos de Dongú y en los resolutivos tercero y sexto se señalan las fracciones, medidas, colindancias y el justo título comunal para efecto de amparar y defender la extensión total de los terrenos declarados en favor del poblado beneficiado, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y dicho fallo en el Registro Agrario Nacional (RAN).
3. Aunado a lo anterior, ante los comuneros y avecindados el señor José Ignacio Mier y Terán del Valle, en su calidad de legítimo propietario de la hacienda de Bodenqui y en representación de su señora madre, María del Valle viuda de don Francisco Mier y Terán, así como representando a la comunidad agraria el señor Felipe Sánchez Ramón, el primero de los nombrados ratificó la entrega de la totalidad de la finca propiedad de su padre al núcleo agrario, de los terrenos contenidos en la resolución pronunciada en el expediente de jurisdicción voluntaria del 20 de enero de 1994.
4. Con fecha 5 de marzo de 1979, el licenciado Ayey Jaime González, titular del Registro Público de la Propiedad del distrito de Jilotepec informa mediante el oficio número 221/OR1/14/79 sobre el número de hectáreas con que fueron beneficiados los vecinos de Dongú.
5. La dotación de tierras comunales de Bodenqui desde 1992 ha sido controvertido ante los tribunales agrarios. Se abrió el expediente número 321/92, en virtud de que se presentan personas distintas que señalan ser legítimos propietarios, fundándose para ello en títulos declarados por la autoridad agraria como certificados de inafectabilidad, pero de hecho un documento acredita que dichos títulos carecen de antecedentes registrales, como se prueba con el oficio número DNR/187/07, del 12 de febrero de 2007, suscrito por la licenciada Marta Patricia Tejada Mascarúa, en su carácter de directora de Normatividad Registral del RAN.
6. En el juicio en primera y segunda instancias se presentaron diversos expedientes que se han formado por la tramitación de múltiples acciones emprendidas por las personas que se ostentan como propietarios, cometiendo así agresiones verbales, físicas e intimidatorias de las cuales son objeto sus miembros y representantes, "llegando al absurdo de obtener mandatos judiciales contarios a derecho y en beneficio de terceros". Esta última afirmación se comprueba con el anexo número uno que se adjunta.
7. Derivado de dichas anomalías se interpuso el juicio de amparo ante el Tribunal Unitario Agrario de distrito número 9, que resolvió en el mismo sentido, reconociendo la propiedad a personas distintas de las ya reconocidas en el decreto presidencial señalado en el considerando dos del presente punto de acuerdo, sin la necesidad de un título de propiedad.
8. La comunidad de Bodenqui interpuso un recurso de revisión, con número de expediente 138/97-09 R.R., ante el magistrado Marco Vinicio Martínez Guerrero, del Tribunal Superior Agrario, y resolvió que el "Tribunal Unitario Agrario del distrito 9 incurrió disposiciones legales aplicables para la tramitación de la acción reconvencional…" (sic). Por ello resolvió procedente revocar la sentencia de amparo para efecto de que se regularice el procedimiento (se adjunta copia del recurso de revisión como anexo número 2).
El Grupo Parlamentario del PRD solicita que se resuelva con estricto arreglo a la ley la dotación de tierra señalada en el presente punto de acuerdo, para lo que se pide que los tribunales agrarios realicen un minucioso análisis y resuelvan conforme lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin la injerencia de otra autoridad.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta los tribunales agrarios a actuar con legalidad y resolver el conflicto de dotación de tierras al poblado San José Bodenqui, del municipio de San Miguel Chapa de Mota, en Jilotepec, México.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil ocho.
Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Reforma Agraria. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LOS SECRETARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATALES Y DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE ANALIZAR LA PROCEDENCIA DE IMPLANTAR MECANISMOS TENDENTES A MEJORAR LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS POLICÍAS EN ACTIVO; Y DOTAR DE MEJORES APOYOS A LAS FAMILIAS DE LOS QUE HAN FALLECIDO EN EL EJERCICIO O CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS NELLY ASUNCIÓN HURTADO PÉREZ, LILIANA CARBAJAL MÉNDEZ Y ÉDGAR ARMANDO OLVERA HIGUERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, los suscritos diputados Federal Nelly Asunción Hurtado Pérez, Liliana Carbajal Méndez y Édgar Armando Olvera Higuera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someten a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública estatales y del Distrito Federal, a fin de analizar la procedencia de la implantación de mecanismos tendentes a mejorar la seguridad social de los policías en activo; así como a dotar de mejores apoyos a las familias de aquellos que han fallecido en el ejercicio o con motivo de sus funciones.
Consideraciones
La seguridad pública se ha convertido en el principal reclamo de la ciudadanía, encabezando la agenda y el quehacer político nacional.
El alto índice de delitos, principalmente de los relacionados con el crimen organizado, ha obligado al Ejecutivo federal y las diversas esferas de gobierno a realizar diversas acciones de coordinación para combatirlo frontalmente.
En estas diversas acciones se ha invertido una gran cantidad de recursos materiales, técnicos, operativos y humanos; pero resultan innegables las pérdidas que ha habido en esos mismos rubros. El reiterado de los cuerpos policiacos ha obligado al Ejecutivo a redefinir el esquema y perfil de las fuerzas de seguridad, a fin de contar en lo sucesivo con una policía científica honesta y profesional.
Se busca que las instituciones policiacas cuenten con los más altos estándares de calidad y con las mejores tecnologías para combatir el crimen. Se buscan que los elementos que se integren a las fuerzas de la policía, sean policías con identidad histórica, con elevada preparación y con vocación al servicio, oficiales que estén a la vanguardia en la técnica, la ciencia y la tecnología policiales, mandos con sentido estratégico, capacidad de liderazgo y visión de futuro; con valores del honor, la justicia, la lealtad, la honradez y el servicio a la patria.
El Ejecutivo federal ha sostenido que las instituciones de servicio como la Secretaría de Seguridad Pública, sólo se fortalecen con la probidad de sus miembros, con el respeto permanente a su ética y sus valores, con el orgullo de dar lo mejor de sí mismos en beneficio de la comunidad. Sin embargo a reconocido que tener una policía preparada patriota y honesta es importante, indispensable para ganar la batalla a los delincuentes, pero no es suficiente, puesto que se requiere avanzar en el mejoramiento de las condiciones laborales de las fuerzas del orden.
Es indudable que resulta una exigencia mejorar la calidad de vida de quienes velan por la seguridad del país, que aunado a un salario decoroso, estabilidad laboral y opciones de desarrollo profesional, se procure mejorar las condiciones de seguridad social de los policías, en beneficio de estos y de sus familiares derechohabientes, a fin de garantizarles que su familia no quedará desamparada en caso de que ellos sufrieran un daño grave en su persona o perdieran la vida en el cumplimiento del deber.
En congruencia con lo anterior el pasado 15 de octubre de 2007, en el marco de la inauguración de la Academia Superior de Seguridad Pública, en San Luis Potosí, el Ejecutivo federal, anunció la creación de dos nuevos fondos de prestaciones para los policías federales y sus familias:
El primero permitirá a los oficiales y al personal administrativo de la SSP contar con un financiamiento para comprar una vivienda digna y, como parte de ese compromiso entregó ese mismo día los primeros certificados de crédito a trabajadores de esa institución.
El segundo fondo consiste en la creación de un seguro de vida e invalidez en beneficio de los oficiales y sus dependientes económicos, a fin de garantizar a los policías que sus seres queridos no quedarán en el desamparo en caso de que algo les ocurra durante el cumplimiento del deber.
El Ejecutivo en ese acto, mencionó que solicitó e instruyó a la Secretaría de Educación Pública un esquema de becas educativas para los policías, sus cónyuges y sus hijos para que puedan concluir su bachillerato, y se abran, además, nuevas opciones educativas para estudios profesionales.
En ese sentido, es necesario que las entidades federativas y el Distrito Federal, también realicen lo propio, a fin de mejorar las condiciones de seguridad social tanto de los policías en activo como de la familia de aquéllos que perdieron la vida en el ejercicio o con motivo de sus funciones, máxime si se toma en consideración que hoy más que nunca, la policía ha tenido tanta presencia en el escenario en la lucha contra la inseguridad pública; por que se han establecido diversos operativos en diversas zonas del país y para ello se han desplegado un gran número de elementos para hacer efectivos tales operativos.
Por lo tanto, se exhorta a las entidades federativas y al Distrito Federal a que en el ámbito de su competencia consideren la posibilidad de analizar la procedencia en la implantación de mecanismos tendientes a mejorar la seguridad social de los policías en activo; así como de dotar de mejores apoyos a las familias de aquellos que han fallecido en el ejercicio o con motivo de sus funciones, como el modelo implantado por el Ejecutivo federal, a fin de hacer efectiva la garantía de seguridad social de los servidores de seguridad pública y de sus familias.
En efecto, es del conocimiento general, la gran cantidad de ejecuciones y asesinatos que han ocurrido en nuestro país, sobre todo en lo que va del año y, de ello no han escapado los servidores públicos que con motivo o en ejercicio de sus funciones han sido privados de la vida, ya en enfrentamientos directos o en ejecuciones.
No se soslaya el hecho de que si bien recientemente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, que en lo que interesa, se reformó la fracción XIII al Apartado B del artículo 123 de la Constitución y se adicionó el penúltimo párrafo que señala: "las autoridades del orden federal... a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social", sin embargo estas disposiciones complementarias no se instrumentarán sino hasta que se hagan las reformas legales correspondientes, mientras tanto a diario nuestros policías se ven sometidos al riesgo inherente al cumplimiento de su deber y, muchos de ellos pierden la vida, de ahí la necesidad de instrumentar de manera urgente medidas que mejoren sus condiciones de seguridad social en tanto se institucionalizan en un cuerpo normativo.
Poe ello, consideramos necesario presentar a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública estatales y del Distrito Federal, a fin de analizar la procedencia en la implantación de mecanismos tendentes a mejorar la seguridad social de los policías en activo, y de dotar de mejores apoyos a las familias de aquellos que han fallecido en el ejercicio o con motivo de sus funciones.
Segundo. En su momento, se informe a esta soberanía los acuerdos logrados al efecto.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 15 de agosto de 2008.
Diputados: Nelly Asunción Hurtado Pérez, Liliana Carbajal Méndez, Édgar Armando Olvera Higuera, Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbricas)
(Turnada a la Comisión de Seguridad Pública. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LAS DEPENDENCIAS Y A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL A REMITIR UN INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 25 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2008, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS Y PRESENTADA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo.
Un país plenamente democrático, es incluyente y justo cuando realiza una asignación de recurso de manera equitativa entre hombres y mujeres para propiciar la igualdad de oportunidades.
Los Poderes de la Unión, son corresponsables en lo que tiene que ver con el desarrollo e integración de las mujeres a la vida nacional, dadas las pocas oportunidades de las que han gozado históricamente; ello hace indispensable, consolidar y fortalecer los presupuestos dirigidos a las mujeres y la igualdad de género, cuya implementación, deberán estar sometidos a un constante evaluación de rendición de cuentas.
Un presupuesto con enfoque de género, debe reconocer las diferentes necesidades, intereses, derechos y obligaciones que las mujeres y los hombres tienen en la sociedad; reconocer también, las contribuciones diferenciadas de ambos géneros en la producción y distribución de bienes y servicios.
Una de las prioridades de las diputadas integrantes de la Comisión de Equidad y Género plasmada en su Plan General de Trabajo, ha sido fomentar que en nuestro país se elaboren presupuestos para mujeres y la igualdad de género.
Por ello, el 5 de marzo del 2007, fue firmado el Pacto Nacional 2007 por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, por legisladoras y legisladores federales y locales, de diversos grupos parlamentarios, así como por el Instituto Nacional de las Mujeres y las instancias estatales de las mujeres. Con dicho documento, se asumió, entre otros, el compromiso de impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el análisis y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, con la finalidad de ampliar las asignaciones presupuestales y etiquetar los recursos a programas dirigidos a mujeres y promover la igualdad de género.
Tras una ardua labor de cabildeo y trabajo legislativo, la Comisión de Equidad y Género logró la aprobación del mayor presupuesto para mujeres en la historia del país. Aunado a esto, en un acto sin precedente, se aprobó la incorporación del Artículo 25 en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, que incorpora los lineamientos para el impulso, desde el Ejecutivo Federal, de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en toda la Administración Pública Federal. El Decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007.
El artículo 25 plantea algunos elementos mínimos para incorporar la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos. Entre ellos se destaca lo siguiente:
• Que la perspectiva de género se refleje en su matriz de indicadores, así como en sus evaluaciones.
• Incluir en sus programas y campañas contenidos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.
• Se marca la forma de dar seguimiento a los recursos destinados a las mujeres y la equidad de género, así como la obligación de entregar informes trimestrales sobre las acciones realizadas en esta materia, detallando objetivo, indicadores utilizados, la programación de erogaciones y el ejercicio de los recursos.
• Que el Instituto Nacional de las Mujeres así como las dependencias y entidades remitan a la Cámara de diputados los informes trimestrales correspondientes.
• Que dicha información debe ponerse a disposición del público en general.
• Se promoverán programas y acciones para ejecutar el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
• Se agilizarán los trámites administrativos en las Reglas de Operación de los programas.
Es importante para las que suscribimos el presente Punto de Acuerdo tener la información a tiempo, para llevar a cabo las modificaciones pertinentes a este artículo en el próximo Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009.
Por las consideraciones expuestas para efectos del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las dependencias y entidades de la administración pública federal a remitir un informe a esta soberanía, con la mayor brevedad, sobre el cumplimiento del artículo 25 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, según las obligaciones que en dicho precepto se señalan.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de agosto de 2008.
Diputadas: Maricela Contreras Julián (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Septiembre 9 de 2008.)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A TOMAR MEDIDAS A FIN DE GARANTIZAR QUE EL 60 POR CIENTO DEL MONTO ASIGNADO AL SISTEMA PRODUCTO CAFÉ EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 LLEGUE EFECTIVAMENTE A LOS PRODUCTORES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO OTHÓN CUEVAS CÓRDOVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DE 2008
El suscrito, diputado federal Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a tomar medidas a fin de garantizar que el 60 por ciento del monto asignado al Sistema Producto Café en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, llegue efectivamente a los productores cafetaleros del país, al tenor de los antecedentes y consideraciones siguientes.
Antecedentes
Como es sabido, actualmente el campo mexicano se debate en una profunda crisis de carácter estructural debido a que la política agrícola aplicada desde el gobierno federal deja la soberanía alimentaría en manos de las importaciones, luego de que con la apertura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las compras al exterior crecieron considerablemente, desalentando la producción nacional.
A título de ejemplo puede constatarse que solamente en relación a maíz, producto básico de la alimentación del pueblo mexicano, el país está obligado a seguir importando más de 10 millones de toneladas anuales a precios muy altos.
En efecto, tan sólo entre 2006 y 2007 los precios que México pagó por el maíz pasaron de 1 200 a 1 800 millones de dólares y se prevé que este año los incrementos sean mayores.
El enfoque impuesto a la política agrícola en el sentido de que habiendo excedentes de productos agropecuarios en el mercado internacional, que aparentemente eran muy baratos y que México, contando con abundantes reservas de divisas, los podría comprar incluso a precios dumping, ha demostrado con creces su inviabilidad.
Ello se debe a que las grandes transnacionales agropecuarias como Cargill, Monsanto y Nestlé controlan los mercados internacionales e influyen decisivamente sobre las cadenas de producción-consumo de los productos agropecuarios, elevando los precios y provocando una verdadera crisis alimentaría a nivel mundial, a la que México no es ajeno.
Frente a este adverso escenario, en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se incluyó al crecimiento con calidad del sector rural como una de las tres grandes áreas de atención estratégica de las políticas públicas del Gobierno Federal.
En este marco, se determino que el impulso de las cadenas productivas debiera permitir el tránsito de la producción primaria a los encadenamientos de la industria, los servicios y mercados terminales, así como el cambio de una política exclusivamente de fomento productivo a otra que conjugara las de infraestructura, de ordenamientos de mercado y las de desarrollo social y humano.
Adicionalmente la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) planteó en su Programa Sectorial como enfoque de cadenas productivas, la inclusión desde la planeación de las actividades de cada una de las unidades de producción, hasta la entrega del producto al consumidor final, pasando por la producción primaria, el procesamiento, el manejo posterior a la cosecha, el transporte y la comercialización en los mercados internos o externos, con base a los sistemas-producto.
La finalidad de esta directriz fue la de privilegiar la investigación para producir, cosechar y procesar a menor costo, a fin de elevar la productividad, la calidad de los productos y la economía del sector rural y favorecer un entorno ambiental favorable.
En este mismo tenor, cabe destacar que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable publicada en diciembre de 2001, establece en su artículo 149 que la Comisión Intersecretarial promoverá la organización e integración de Sistemas-Producto, como Comités del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, con la participación de los productores agropecuarios, agroindustriales y comercializadores y sus organizaciones.
En esta ley, la integración de cadenas se refiere al desarrollo de alianzas estratégicas mediante la formación y formalización de Comités Sistemas-Producto, en donde estos comités constituirán los mecanismos de planeación, comunicación y concertación permanente entre los actores económicos que forman parte de las cadenas productivas.
Por cada producto básico o estratégico, el artículo 150 de la citada ley mandata que se establecerá un Comité Nacional Sistema-Producto, el cual llevará al Consejo Mexicano los acuerdos tomados en su seno.
La integración de los Comités Nacionales se concibió en un solo Comité Nacional por Sistema-Producto, integrado con un representante de la institución responsable del Sistema Producto correspondiente, quien lo presidirá con los representantes de las instituciones públicas competentes en la materia; con representantes de las organizaciones de productores, de las cámaras industriales y de servicios involucrados directamente en la cadena producción-consumo y por otros representantes que establezcan los integrantes del Comité en su reglamento interno.
Además, como elemento integrador y ordenador de las políticas públicas y de las acciones de las diferentes dependencias y entidades gubernamentales que actúan en el sector rural, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable estableció en su artículo 14 instrumentar el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable de conformidad con lo establecido en la propia Ley, así como en la Ley de Planeación.
Este Programa publicado en 2003, retoma en sus políticas específicas el impulso a las cadenas productivas, estableciendo como objetivo el integrar y fortalecer las cadenas productivas que favorezcan mayor competitividad y que faciliten una estructura más eficiente de comercialización de la producción rural, retomando también el objeto de lograr una mayor retención del excedente económico por parte del productor primario.
Para dar mayor solidez a la participación de los agentes económicos del medio rural el 28 de abril de 2003 se firmó el Acuerdo Nacional para Campo entre el Ejecutivo y sus representantes federales en el ámbito rural, los gobiernos estatales, las representaciones de las organizaciones campesinas y de productores, investigadores e instancias de enseñanza.
Este acuerdo define los cambios estructurales que se requieren para enfrentar el grave deterioro de amplios sectores de la producción y la sociedad rural, con una perspectiva de desarrollo nacional a largo plazo, mediante el aumento de la productividad, rentabilidad, competitividad, transformación y diversificación productiva, que permitan el aumento de la producción, el ingreso rural, el dinamismo económico en las zonas rurales, y el aprovechamiento sustentable de todas las potencialidades productivas del país; así como mediante políticas de desarrollo humano social, que contribuyan a reducir de manera efectiva las desigualdades sociales existentes.
De manera específica, el Acuerdo Nacional para el Campo centra el tema de los sistemas producto en el numeral 220, y se refiere a "fortalecer la organización e integración de los productores agropecuarios, forestales, pesqueros, agroindustriales, comercializadores y sus organizaciones en comités Sistemas-Producto para la planeación, comunicación y concertación permanente entre los actores de cadenas productivas, a través de los cuales se podrá concertar programas agroindustriales, de desarrollo y expansión de mercados o el impulso a las modalidades de producción por contrato y asociaciones estratégicas y de esta manera elevar su competitividad, eficiencia y equidad de la distribución de valor conforme a lo aportado por los actores".
Empero, la problemática que afecta a la producción, comercialización, distribución y consumo del café en nuestro país, conlleva a plantear las siguientes
Consideraciones
En nuestro país las regiones cafetaleras se encuentran en cuatro zonas: las vertientes del Golfo de México y del Océano Pacífico, la zona Centro-Norte y la del Soconusco en Chiapas. En conjunto, estas cuatro zonas, abarcan un total de 398 municipios en 12 estados productores.
A partir del ciclo 1990-1991, el precio del café en México se rige por las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York, así como por los vaivenes que origina la oferta y la demanda, propiciando que el precio de café se modifique constantemente. Otro aspecto que también influye son las diferencias que existen en las diversas zonas productoras durante la comercialización, ya que se considera que el 48 por ciento del total de los productores se desenvuelven como productores cereceros, es decir, venden el fruto del cafeto, mientras el 52 por ciento venden café pergamino.
En los últimos 10 años la tendencia del precio internacional del café mexicano llegó a su máximo nivel en 1995 con 160.75 centavos de dólar la libra, y su nivel mínimo fue en 1992 con 45.65 centavos, para el año 2000 el precio fue de 64.08 centavos de dólar por libra, precio menor al pagado por el café Colombiano y Brasileño.
El consumo interno de café en el año 2000 fue de un millón 31 mil sacos de 60 kilogramos, equivalente a 640 gramos de consumo per cápita. Dicho consumo es bajo si se compara con el de Estados Unidos (3.72 kilogramos), Francia (5.7 kilogramos). Alemania (8.5 kilogramos) o Suecia (11 kilogramos).
No obstante lo anterior, México, con una producción total de la producción promedio en los últimos 17 años a sido de 4.6 millones de sacos en el año 2000, ocupa el sexto lugar como productor mundial de café, después de Brasil, Colombia, Vietnam, Indonesia, e India. De la producción total, el país exportó alrededor de 84.5 por ciento en 1999 con especificaciones sobre la calidad del producto (café verde u oro). El 25.5 por ciento restante es consumido por la industria nacional productora de cafeína, de café soluble, tostado y molido.
Cabe destacar asimismo que el 91.77 por ciento de los cafeticultores tienen menos de 5 hectáreas de cafetal, normalmente con poco o ningún apoyo económico ni técnico, por lo que México tiene uno de los niveles de productividad más bajos del mundo, equivalente a un promedio de 11.9 quintales por hectárea en el período 1981-1990, y de 10.4 en el período 1991-2000, en comparación con los 34 quintales de Costa Rica, uno de los países con más alta productividad en el mundo. Además, los costos de producción en México son 27.5 por ciento superiores a los brasileños y 22.6 por ciento mayores a los de El Salvador.
Visto en conjunto puede afirmarse que a pesar de la normativa institucional y de los programas establecidos, la producción del café en nuestro país esta prácticamente estancada.
Lo anterior ocurre a pesar de que en esta rama de la actividad productiva, desde hace tiempo se viene creando un marco normativo con pretensiones de promoción y fomento.
En efecto, en 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que abrogó la Ley que había creado el Instituto Mexicano del café, mismo que fue sustituido por el Consejo Mexicano del café, que en el mes de enero de ese mismo año se había creado.
En 1994 el Gobierno Federal hizo un pronunciamiento para articular una política de apoyo al sector cafetalero a través del llamado Programa Nacional de Apoyo a Productores de Café.
En la actualidad, el órgano gubernamental relacionado con la cafeticultura sigue siendo el Consejo Mexicano del Café, cuyo propósito principal consiste en diseñar políticas que permitan promover y fomentar la productividad del sector cafetalero.
De igual manera, en los últimos años, se ha avanzado en la constitución del Comité Nacional de Sistema-Producto Café y de sendos consejos estatales del café, que le dan vida, existiendo también el llamado Consejo Nacional de Organizaciones Productoras de Café.
Empero, los programas de apoyo concurrente instrumentados en los últimos años han establecido mecanismos excesivamente burocráticos de acceso a los recursos públicos ocasionando el retraso oportuno de los pagos que el Gobierno Federal otorga en los programas de fomento.
Indudablemente, México posee un enorme potencial en esta rama productiva, lo que nos permite afirmar que si se resuelven los problemas aquí apuntados, se podría, a corto y mediano plazo, aumentar la productividad nacional con programas de rehabilitación y renovación de plantaciones y haciendo mas sencillas las reglas de operación de los programas de fomento existentes lo que representaría un beneficio para un segmento muy importante de productores del sector social y privado que tienen en esta actividad su sustento de vida.
En suma de lo que se trata es de que los productores de Café en México reciban los beneficios de las políticas públicas establecidas, a fin de obtener mayores ventajas en la producción y comercialización de este cultivo altamente atractivo para la población mundial, empezando por poner en marcha un conjunto de medidas que permitan que los recursos destinados a este importante Sistema-producto lleguen realmente a los productores.
Con base en los considerandos anteriores, estimo imprescindible exhortar al poder ejecutivo federal para que por intermedio del titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Pesca se adopten las medidas necesarias a fin de garantizar que el 60 por ciento del monto asignado al Sistema Producto Café en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 lleguen realmente a los productores cafetaleros del país.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, de conformidad a lo establecido por los artículos 56 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente de la Sexagésima Legislatura exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que adopte las medidas necesarias que permitan garantizar que el 60 por ciento del monto destinado al Sistema Producto del Café en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 llegue efectivamente a los productores cafetaleros del país.
Dado en el recinto del Senado de la República, a 14 de agosto de 2008.
Diputado Othón Cuevas Córdova (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Septiembre 9 de 2008.)
