|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a agilizar la entrega de los recursos del Fonden y de los extraordinarios a diversas zonas de Chihuahua en virtud de los daños ocasionados por las lluvias, a cargo del diputado César Duarte Jáquez, en nombre de diversos legisladores de ese estado del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, relativo al proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla El Alto, Jalisco, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del PVEM.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión interinstitucional de los tres Poderes de la Unión para dar seguimiento a los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrita por integrantes de la Mesa Directiva.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir la declaratoria de zona de desastre para Hidalgo de Parral, Chihuahua, por los daños que ocasionaron las lluvias, y a liberar recursos del Fonden a fin de atender a la población, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la Sagarpa a fin de que informe a la Comisión de Hacienda y Crédito Público sobre el esquema de compras anticipadas de maíz blanco de Sinaloa para el ciclo agrícola 2007/2008, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a modificar los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación para que tres diputados federales y un representante de la CNDH se integren con voz y voto al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Migración, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial para garantizar la soberanía alimentaria, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SE, a la Sener, a la CFE y a la Comisión Reguladora de Energía a instaurar mecanismos para ajustar y reducir las tarifas de los sectores más vulnerables del país, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a considerar como beneficiarias del fondo metropolitano en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 las zonas urbanas de Tijuana y de Aguascalientes, suscrita por integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a reparar los tramos carreteros en Los Altos de Jalisco, a cargo de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a apresurar las gestiones necesarias ante el Ejecutivo federal para lograr la asignación de la banda de frecuencia que permita al Canal del Congreso el acceso abierto a la población, a cargo del diputado César Flores Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir un nuevo decreto en materia de impuesto general de importación para la región y la franja fronterizas norte, con el objetivo de mantener las tasas arancelarias vigentes de 0 y 5 por ciento de gravámenes al comercio exterior, a cargo de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para que el Congreso de la Unión otorgue un reconocimiento público a los deportistas mexicanos que obtuvieron medalla en los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV a vigilar que se cumpla el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la Conagua y al gobierno de Guanajuato a adoptar medidas contingentes y emergentes en diversos municipios de la entidad afectados por las lluvias, a cargo de la diputada María Soledad López Torres, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, relativo a la celebración del primer Congreso mundial del deporte, suscrita por los diputados Mauricio Ortiz Proal y José Jesús Reyna García, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a prohibir la venta de "bebidas energéticas", a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a establecer en la Ley de Ingresos de la Federación de 2009 un impuesto especial al consumo de bolsas de plástico, de cualquier polímero y espesor, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tlaxcala a resolver los problemas de inseguridad del estado, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Sectur a efecto de que las artesanías mexicanas cuenten con la leyenda "Manos mágicas", a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la PGR sobre la creación de una fiscalía especial para prevenir delitos contra el patrimonio cultural y atender el tráfico de bienes culturales, a cargo del diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de las dependencias del Ejecutivo federal responsables del ejercicio del programa especial concurrente de 2008 que presenten a esta soberanía un informe pormenorizado del avance presupuestal de cada una de ellas, suscrita por los diputados Celso David Pulido Santiago, Alejandro Martínez Hernández y Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, relativo al proceso de licitación de las concesiones que se otorgarán en el desarrollo del proyecto Puerto Bahía Colonet, suscrita por los diputados Francisco Javier Paredes Rodríguez y Héctor Manuel Ramos Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, relativo al presupuesto correspondiente a la delegación Miguel Hidalgo para el ejercicio fiscal de 2009, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a obligar a través de la SCT y de la SSP a los vehículos pesados y a los que transporten materiales peligrosos a transitar por la autopista Irapuato-Querétaro y no por la carretera 45, a cargo del diputado Martín Malagón Ríos, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, relativo a la inclusión de proyectos turísticos del Distrito Federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar el 20 de enero como Día Nacional para Erradicar la Pobreza, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para continuar la construcción de planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar prioritarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 la atención y el combate de la pobreza urbana, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren recursos para proyectos culturales del Distrito Federal, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, a fin de que se integre una mesa de trabajo de alto nivel con representantes del Ejecutivo federal, del Congreso de la Unión y de los Poderes Ejecutivos y Legislativos de Oaxaca y de Chiapas para resolver los problemas limítrofes y agrarios entre ambos estados, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, relativo al presupuesto correspondiente a la delegación Cuauhtémoc para el ejercicio fiscal de 2009, suscrita por los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, y Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a acordar a través de la SHCP la ampliación a todo el día del horario de aplicación de la tarifa 9n para uso agrícola, a cargo del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la administración pública federal, de la Sedena, de la Semar y de la SSP, así como a las autoridades del Distrito Federal, a no excederse en la realización de operaciones de seguridad en las fiestas patrias, por celebrarse el 15 de septiembre en el zócalo capitalino, suscrita por los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, y Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, relativo al subsidio para la seguridad pública municipal, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la SHCP para que informe sobre las acciones que emprenderá contra los responsables de los actos y de las omisiones perpetrados por servidores públicos de esa dependencia en la fusión de Citibank y Banamex, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Al Senado de la República, a solicitud del diputado Mario Vallejo Estévez, del Grupo Parlamentario del PRD.
- A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Pública, de Seguridad Social, y de la Función Pública, a solicitud del diputado Samuel Aguilar Solís, del Grupo Parlamentario del PRI.
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A AGILIZAR LA ENTREGA DE LOS RECURSOS DEL FONDEN Y DE LOS EXTRAORDINARIOS A DIVERSAS ZONAS DE CHIHUAHUA EN VIRTUD DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR DUARTE JÁQUEZ, EN NOMBRE DE DIVERSOS LEGISLADORES DE ESE ESTADO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los diputados del estado de Chihuahua integrantes del Grupo Parlamentario del PRI a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esa honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las lluvias que han azotado a los municipios de Allende, Balleza, Camargo, Coyame del Sotol, Hidalgo del Parral, Matamoros, Meoqui, Ojinaga, Rosales, San Francisco de Conochos, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Satevó, y Valle de Zaragoza en los últimos días, han dejado una ola de destrucción y sufrimiento en la zona. El desbordamiento de diversos ríos y, en especial, de la presa La Boquilla, la más grande del estado, han inundado ciudades y comunidades completas, dejando a la población en un verdadero estado de emergencia.
Tan sólo en el municipio de Hidalgo del Parral, el municipio más afectado según reportes preliminares, las lluvias han dejado más de 4 mil damnificados. En ese municipio del sur del estado, las inundaciones causaron daños en casi 500 viviendas de 16 colonias y en otras 150 casas de ocho comunidades rurales.
Más aún, de acuerdo con ciertos informes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la infraestructura hidráulica que suministra agua al 60 por ciento de la población de Parral sufrió afectaciones por el paso del arroyo El Alamillo, las cuales se calculan en alrededor de 10 millones de pesos.
Los daños materiales causados por el desbordamiento de los ríos apenas se han empezado a cuantificar; sin embrago, las evaluaciones preliminares de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, determinan que hasta el momento más de 2 mil 600 hectáreas de siembra se encuentran colapsadas, así como cientos de pérdidas de ganado en la región sur del estado de Chihuahua.
Además de la pérdida de las siembras y cultivos, se estiman daños millonarios en maquinaria, tractores y otros equipos especiales para el cultivo, lo cual significa que esta catástrofe dejará a cientos de familias sin posibilidades de allegarse de los recursos necesarios para subsistir, por lo que la peor parte de este desastre se encuentra aún por manifestar.
A pesar de lo anterior, el recuento de los daños totales será mucho mayor, ya que hasta el momento existen comunidades a las cuales es imposible acceder.
Sin embargo, funcionarios de la Comisión Nacional del Agua afirman que la emergencia aún continúa, ya que las presas Francisco I. Madero, en Ciudad Delicias; Luis L. León, en Aldama, y La Boquilla se encuentran a su máxima capacidad.
Es de suma importancia tener en cuenta, ahora que esta honorable Cámara comienza la revisión y análisis del Presupuesto de Egresos 2009, los desastres que han abatido a diversas zonas del estado de Chihuahua, ya que será necesario que se incremente el presupuesto para que los municipios afectados puedan recuperar e incluso mejorar la situación que tenían antes de ocurrir los desastres naturales.
Será vital fomentar el desarrollo y la inversión en las zonas afectadas, por lo que los gobiernos federal, estatal y municipal deberán sumar esfuerzos con el objetivo de sacar adelante a la población afectada.
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a agilizar la entrega de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Desastres Naturales, así como la de recursos extraordinarios destinados para ese fin a las zonas afectadas de los municipios de Allende, Balleza, Camargo, Coyame del Sotol, Hidalgo del Parral, Matamoros, Meoqui, Ojinaga, Rosales, San Francisco de Conochos, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Satevó, y Valle de Zaragoza, todos ellos del estado de Chihuahua, en virtud de la situación de emergencia ocasionada por las lluvias de los últimos días en dicha entidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputados: Israel Beltrán Montes, César Duarte Jáquez (rúbrica), Octavio Fuentes Téllez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Enrique Serrano Escobar.
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL PROYECTO CARRETERO BOLAÑOS-HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Diego Cobo Terrazas, diputado integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 21 de mayo se presentó ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo mediante el cual se solicitaba a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y al gobierno de Jalisco información referente a la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla El Alto, al norte de dicho estado.
El 11 de junio de 2008 fue aprobado el punto de acuerdo por la Comisión Permanente del segundo receso del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura.
En el punto de acuerdo se solicitó a la Semarnat un informe, dentro del término de 30 días naturales siguientes, sobre las autorizaciones que hayan sido otorgadas al proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla El Alto, Jalisco, a solicitud de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) de dicho estado.
Asimismo, se solicitó a la Profepa que informara, dentro de los 30 días naturales siguientes, respecto a los resultados de las visitas de inspección realizadas por ella al tramo carretero Bolaños-Huejuquilla El Alto en 2005 y 2008, así como de los correspondientes a los procedimientos administrativos instaurados contra la Sedeur de Jalisco relacionados con el mismo proyecto.
Por último, al gobierno de Jalisco se solicitó información del proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla.
Como se dijo en el punto de acuerdo presentado, la carretera afecta un territorio que contiene uno de los mejores remanentes de bosque de pino encino de la Sierra Madre Occidental con amplio valor ecológico, tanto por sus servicios ambientales como por su diversidad biológica. La zona fue clasificada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) como región terrestre prioritaria Sierra los Huicholes, área de importancia para la conservación de las aves El Carricito, así como región hidrológica prioritaria Río Baluarte-Marismas Nacionales.
Asimismo, afecta el área de protección de recursos naturales de la cuenca alimentadora del distrito de riego 043 del estado de Nayarit, subcuenca de los ríos Atengo-Tlaltenango, porción Sierra de los Huicholes. Ahí se localiza la comunidad indígena de los huicholes. Esta área natural protegida es amenazada con la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla El Alto, al norte de Jalisco.
A eso se adiciona una situación que está generando mayor conflicto en la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla.
El 8 de febrero de 2008, la comunidad indígena huichola de Santa Catarina Cuexcomatitlán celebró su primera asamblea ordinaria del año, durante la cual se analizó el proyecto carretero, cuyas obras de construcción se han desarrollado en distintos tramos, incluyendo el situado en el territorio de la comunidad indígena.
Durante la asamblea se hizo notar que las empresas contratistas de la Sedeur han invadido ilegalmente el predio de la comunidad, ya que no cuentan con ninguna autorización de ella ni ha existido decreto expropiatorio, ni mucho menos indemnización, así como tampoco autorización de cambio de uso de suelo o de aprovechamiento forestal por la Semarnat. Para la fecha citada ya se habían ocasionado daños a bienes muebles e inmuebles de comuneros indígenas y afectaciones a sus sitios sagrados naturales, que son patrimonio cultural. Igualmente, se habían infligido daños importantes al equilibrio ecológico, incluyendo remoción de suelos, extracción de grava y otros materiales de construcción, derribado de árboles, y afectaciones de manantiales y corrientes de agua.
En el Diario Oficial de la Federación del 21 de noviembre de 2007 se publicó el acuerdo de coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, que celebraron la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el estado de Jalisco.
En el acuerdo se consideró, según la cláusula segunda, que para la ejecución del citado programa las partes manifestaban su conformidad con la cartera de obras enumeradas en el anexo 1, entre las que destacamos las siguientes:
2. Estudios y proyecto para la modernización del camino E.C. kilómetro 61+000 (Bolaños-Tenzompa-Huejuquilla El Alto) cerro de La Puerta-Nostic-Mezquitic, tramo aproximado kilómetro 0+000 a 51+000, en la cual se encuentra la región indígena huicot o gran nayar.
3. Estudios y proyecto para la construcción del camino rural Tenzompa E.C. kilómetro 98+000 (Bolaños-Tenzompa-Huejuquilla El Alto) La Puerta kilómetro 0+000 a 11+500.
También se denunció la gravedad de los ilícitos pues la obra carretera afecta el área natural protegida de carácter federal área de protección de recursos naturales cuenca alimentadora del distrito nacional de riego 043, así como las regiones prioritarias para la conservación identificadas por la Conabio.
Se denuncia también que no hay autorización de la comunidad para realizar las obras y que no se han presentado las autorizaciones para el cambio de uso de suelo forestal que señala la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
El 14 de febrero 2008, mediante acuerdo de asamblea, la misma comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán reiteró su rechazo a la construcción de la carretera, así como las violaciones y atropellos que han sufrido. Asimismo, solicita a las autoridades del gobierno involucradas la documentación que ampare la legalidad de la obra en los terrenos de su propiedad, incluyendo los estudios de impacto ambiental, la autorización de cambio de uso de suelo y el permiso de aprovechamiento forestal, documentación que habían solicitado por escrito desde noviembre de 2007. Por último, exigen la reparación de los daños causados en su propiedad, incluyendo daños a manantiales y cuerpos de agua, extracción de materiales de construcción y derribo de árboles, así como la reforestación y restauración ambiental en todo el tramo afectado.
Según la exposición de motivos del punto de acuerdo presentado el 21 de mayo, personal de la Profepa realizó una visita de inspección en la zona el 28 de febrero 2008; clausuró las obras y actividades relacionadas con la construcción de la carretera, en virtud de que la Sedeur removió sin autorización de la Semarnat la vegetación forestal: se determinó que fueron cortados 187 pinos, 105 robles y 147 encinos, y no presentó el estudio de daños y afectaciones que le había sido señalada como medida de urgente aplicación.
Además, se impusieron a la Sedeur varias medidas correctivas, tendentes a reforestar los terrenos afectados, a evitar la degradación del suelo y minimizar los impactos de los corredores biológicos de la zona. Sin embargo, la clausura se dio únicamente en el tramo 70+400 a 89+500, si bien las obras de construcción continuaban en el resto de la carretera sin contar con las autorizaciones correspondientes, e incluso se desacataron las clausuras previas impuestas por la Profepa (http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/ComunicacionSocial/BoletinesdeMedios/CP+050-08.htm).
El 5 de marzo de 2008, el Juzgado Primero de Distrito de Materia Administrativa de Guadalajara, dentro del juicio de amparo número 596/2008, promovido por la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán, determinó conceder la "suspensión", que permanecerá en vigor hasta que se resuelva de fondo el asunto, con la intención de evitar daños irreparables a los bienes de la comunidad indígena ocupados de forma ilegal por las constructoras contratadas por el gobierno de Jalisco.
El 15 de marzo de 2008, según Johannes Neurath, del Museo Nacional de Antropología; y Paul M. Liffman, del Centro de Estudios Antropológicos de El Colegio de Michoacán, la sepultura en sí es una razón suficiente para clausurar la obra de parte del INAH, ya que se destruyó un sitio de patrimonio tangible: una piedra sagrada.
Los expertos afirmaron también que el gobierno, antes de iniciar estas obras, tenía que haber consultado a los indígenas. De igual manera, se tuvo que reportar lo visto ante el INAH.
En un informe conjunto, el 31 de marzo de 2007 relatores de la Organización de las Naciones Unidas condenaron que la legislación mexicana no defienda el derecho que tienen los pueblos indígenas sobre la totalidad de sus territorios tradicionales, en específico los del pueblo huichol.
Los relatores especiales sobre la situación de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen; y la vivienda adecuada, Miloon Kothari, pidieron al Estado mexicano que provea a los huicholes de mecanismos de defensa para mantener intactos sus espacios.
Los relatores no dejaron pasar la oportunidad para advertir la falta de garantías de los huicholes y la indefensión en que viven en cuestión de sus propiedades, lo que ha sucedido con la construcción de la carretera Amatitán-Bolaños-Huejuquilla.
En 2003, el relator sobre la situación de los derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas indicó que el pueblo huichol destacaba por su falta de seguridad jurídica en cuanto a la tenencia de la tierra y la injerencia de intereses particulares en sus espacios.
Adicionalmente, la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán ha informado a las autoridades federales, estatales y municipales que la Asamblea de esa Comunidad, encontró una convocatoria y el acta de asamblea huichola con más de 480 firmas apócrifas, donde se aprobaba que la carretera Amatitlán-Huejuquilla atravesara las tierras comunales. Lo anterior fue denunciado el pasado 26 de febrero, informando que la asamblea de la comunidad indígena no otorgó anuencia al proyecto carretero.
De acuerdo con las irregularidades detectadas en la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla El Alto, al norte de Jalisco, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar a esta asamblea de sus actuaciones ante la situación del proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla El Alto, indicando las razones por las cuales se autorizaron las manifestaciones de impacto ambiental de manera segmentada y en modalidad particular, en un territorio que es evidentemente una sola unidad ambiental, además de ser una área natural protegida federal y una cuenca hidrológica prioritaria.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a informar de las actuaciones de esa comisión por la denuncia presentada por la falsificación de la convocatoria y acta de asamblea de la comunidad de indígena huichola de Santa Catarina Cuexcomatitlán.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a garantizar la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la comunidad de indígena huichola de Santa Catarina Cuexcomatitlán.
Cuarto. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública que a través del Órgano Interno de Control lleve a cabo una auditoría específica a la Semarnat para que se verifique que todas las autorizaciones otorgadas en materia de impacto ambiental se ajusten a lo que establece la normatividad aplicable, al proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla, fincando las responsabilidades administrativas a quienes resulten responsables por el daño ecológico y a los sitios sagrados de la comunidad.
Quinto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a entregar a esta soberanía la información de las inspecciones realizadas en el tramo carretero Bolaños-Huejuquilla, así como la solicitud de la remediación por los daños ocasionados por las obras realizadas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de septiembre de 2008.
Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA UNA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
Los suscritos, diputados integrantes de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Como consecuencia de los últimos acontecimientos y conscientes de que la sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada, ante el escenario de la inseguridad que se vive en el país, venimos a proponer un punto de acuerdo en materia de seguridad no como un acto de tipo coyuntural ni oportunista, sino por que estamos convencidos de que sólo unidos y comprometidos a cabalidad, Estado y sociedad, podemos derrotar a la delincuencia organizada y no organizada, que azota a nuestro país desde hace algunos años.
2. Habiendo dicho lo anterior, celebramos la firma del reciente Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia, y la Legalidad, el 21 de agosto pasado, durante la XXIII sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Conscientes de que la delincuencia es problema de tal magnitud y complejidad que sus solución exige un enfoque integral; es decir, de desarrollo económico, con una perspectiva de carácter preventivo y social; nos congratulamos de que cientos de miles de personas hayan salido a las calles en las principales ciudades del país para manifestar su rechazo a la inseguridad y su exigencia de que el Estado cumpla una de sus principales razones de ser: garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Sin duda, en esa marcha se expresó el hartazgo de la sociedad ante la delincuencia, la impunidad y la corrupción y la falta de resultados de las medidas adoptadas para enfrentar esta situación. La organización y movilización en contra de la inseguridad es un resultado positivo de la mayor trascendencia para tener un mayor país donde prevalezcan la justicia y seguridad.
3. Es imperioso reconocer que hoy más que nunca se debe considerar a la seguridad pública como una política de Estado, así como impulsar políticas públicas de prevención social del delito, que convoquen a todos (a las autoridades y a la sociedad) y los una en un frente común contra la violencia y el crimen organizado.
En tal contexto, no podemos permitir que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad se convierta en un evento anodino más, que los puntos acordados sólo sean un catálogo de buenas intenciones y que lo escrito se quede ahí, en el papel.
Es cierto que entre los 75 puntos contemplados en el acuerdo nacional hay algunos que no son medibles, que no son nuevos y sencillamente no se han cumplido a lo largo de los años.
Es cierto también que hay otros puntos que, quizá, tengan más que nada un componente "cosmético" o francamente demagógico; pero en tanto que, como Poder Legislativo, nosotros firmamos ese acuerdo, somos corresponsables de su cumplimiento o incumplimiento.
Como Poder Legislativo, no nos podemos quedar con los brazos cruzados y ser simplemente espectadores del acuerdo. Somos parte del compromiso adquirido por el Estado ante la sociedad y no lo podemos soslayar. Es evidente que no estamos aquí para rehuir nuestras responsabilidades. Esta afirmación es plenamente aplicable a los otros dos Poderes de la Unión.
4. Si bien se fijó un plazo de 100 días para evaluar los avances de los puntos contemplados en el acuerdo nacional, no es pertinente –si en verdad el objetivo es cumplir con los compromisos contraídos– esperar esa fecha sin que los tres Poderes de la Unión nos reunamos para dar seguimiento puntual y estricto a todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la reunión del 21 de agosto.
Además, es conveniente que en ese marco interinstitucional de alto nivel de los tres Poderes de la Unión se analicen con mayor profundidad algunos temas de relevancia en materia de delincuencia organizada y no organizada tales como
– Investigación y mecanismos hacendarios y jurídicos para identificar, evitar y castigar el lavado de dinero.
– Prevención social del delito
– Despenalización y legalización del consumo de drogas "blandas" como la mariguana.
– Cooperación internacional contra el narcotráfico.
– Ley de Sanciones Penales.
– Ley General del Delito de Secuestro.
Punto de Acuerdo
Único. Los legisladores integrantes de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados proponen la creación de una comisión interinstitucional de los tres Poderes de la Unión para dar seguimiento puntual y estricto a los compromisos adquiridos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmados el 21 de agosto de 2008, así como para analizar con mayor profundidad temas de relevancia en materia de prevención y combate a la delincuencia organizada y no organizada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2008.
Diputados: César Horacio Duarte Jáquez, Presidente; José Luis Espinoza Piña, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, vicepresidentes; Margarita Arenas Guzmán, María Eugenia Jiménez Valenzuela (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas, José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Jacinto Gómez Pasillas, Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR LA DECLARATORIA DE ZONA DE DESASTRE PARA HIDALGO DE PARRAL, CHIHUAHUA, POR LOS DAÑOS QUE OCASIONARON LAS LLUVIAS, Y A LIBERAR RECURSOS DEL FONDEN A FIN DE ATENDER A LA POBLACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ARMANDO REYES LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Carlos Armando Reyes López, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la república a declarar zona de desastre al municipio de Parral Chihuahua, por los daños que ocasionaron las lluvias del pasado 30 de agosto y se tomen medidas precautorias para el Estado en general, al tenor de los siguientes:
Considerandos
Señoras y señores legisladoras, la temporada de lluvias ha causado graves daños en el municipio de Hidalgo de Parral, en el estado de Chihuahua. La precipitación pluvial de la madrugada del pasado 30 de agosto, afectó severamente Parral y ha despertado una incertidumbre generalizada en otras regiones del estado ante el pronóstico de más lluvias y el desbordamiento de las presas y de algunos ríos.
Como referencia para dimensionar la tragedia que vive Parral, les diré que en un solo día cayeron 143 milímetros de agua, es decir las 2 terceras partes de la precipitación que se registra en todo un año.
Lamentablemente ya se tienen confirmados algunos decesos de ciudadanos que se vieron sorprendidos por las lluvias y en lo que tiene que ver con los daños en el municipio se contabilizan 14 colonias inundadas1, todas ellas afectadas por las crecientes del rió parral y arroyo el alamillo.
Los daños materiales en casas habitación y comercios son significativos, la población experimenta una parálisis económica y los deslaves que se presentaron afectaron severamente a la ciudad.
Las presas más cercanas a Parral, se encuentran al máximo de su capacidad, presentando un riesgo inminente de derramar excedentes y afectar a las comunidades cercanas a los cauces de los ríos.
De igual forma, hago referencia a la información proporcionada por la Unidad Estatal de Protección Civil en donde se consideran 19 municipios2 con severas afectaciones por las precipitaciones pluviales registradas en los últimos días.
Citando a continuación algunos casos:
En Allende, se han identificado por lo menos 450 viviendas con daños que van desde cuarteaduras, daños severos, derrumbes y hasta la perdida total de la casa habitación. En estación Barricada se derrumbó un puente de ferrocarril y Agua fría sufrió una afectación del 80 por ciento de los cultivos.
En general Trías, dos poblados se encuentran incomunicados por el mal estado de los caminos.
En la Cruz, tres poblaciones están incomunicadas. Corraleño presenta un mayor riesgo por la cercanía al río Conchos, con una población de aproximadamente mil habitantes.
En Matamoros, se mantiene el estado de alerta por el posible derramamiento del bordo de San Ignacio.
Finalmente haré referencia a la presa Las Vírgenes, que alimenta al río San Pedro y se une al Conchos, se encuentra al 110 por ciento de su capacidad, vertiendo más de mil metros cúbicos por segundo.
Señores legisladores, el estado de Chihuahua esta viviendo momentos de emergencia y existe el riesgo de que otros municipios se vean afectados progresivamente, de continuar las altas precipitaciones pluviales registradas hasta el momento.
En nombre de las autoridades estatales y en nombre propio, se propone que el gobierno federal haga la declaratoria correspondiente para que puedan llegar al municipio de Hidalgo de Parral, los recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) necesarios para atender esta emergencia.
Asimismo, exhorto a que los tres niveles de gobierno trabajen en forma coordinada para prevenir situaciones de riesgo en otras regiones del estado de Chihuahua y se diseñe una estrategia para afrontar posibles desbordamientos de presas, ríos y las afectaciones de las próximas lluvias.
A mis amigos de Parral, les envío un abrazo y mi solidaridad en estos difíciles momentos. Porque conozco a la gente de mi estado, tengo la certeza que contaran con la valentía y determinación que les caracteriza y estoy cierto que afrontaran de una manera decidida la contingencia que están padeciendo en estos momentos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con carácter de urgente resolución, el de la voz presenta la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar al gobierno federal a emitir la declaratoria de zona de desastre con la mayor brevedad respecto al municipio de Hidalgo de Parral, Chihuahua y a liberar recursos del Fondo Nacional de Desastres para atender a la población.
Notas
1. Talleres, Las Fuentes I y II, Villas del Tecnológico, Tecnológico, El Parque, Benito Juárez, Lomas Altavista, Agustín Méndez Rojas, San Antonio de las Huertas, La Peña, Héroes de la Revolución, Infonavit Talleres y Rinconadas del Sol.
2. Ahumada, Allende, Camargo, Coronado, Delicias, General Tías, Gómez Farias, H. del Parral, Jiménez, Julimes, La Cruz, Madera, Matamoros, Meoqui, Nonoava, Riva Palacio, Rosales, Rosario, Temosachi, Uruachi.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputado Carlos A. Reyes López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA SAGARPA A FIN DE QUE INFORME A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO SOBRE EL ESQUEMA DE COMPRAS ANTICIPADAS DE MAÍZ BLANCO DE SINALOA PARA EL CICLO AGRÍCOLA 2007/2008, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN NICASIO GUERRA OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El estado de Sinaloa, en el pasado ciclo otoño-invierno 2007-2008, cosechó aproximadamente 4.8 millones de toneladas de maíz blanco, creando una situación de superávit regional y estacional, no obstante que el país es deficitario en producción de este grano.
Dicha situación provoca incertidumbre y problemas en la comercialización a los productores al momento de la cosecha, por lo que la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), implantó un esquema denominado "compras anticipadas de maíz blanco del estado de Sinaloa, ciclo agrícola otoño-invierno 2007/2008", por un volumen de 3 millones 850 mil toneladas, en el cual participaron 79 empresas compradoras, de las cuales 12 pertenecen a la industria nixtamalera, 3 a la industria harinera, 1 al sector público y 63 son consumidores pecuarios.
El esquema básicamente aprovecha los instrumentos de administración de riesgos del mercado de futuros que se operan en la bolsa de granos de Chicago mediante la adquisición de coberturas "call" a favor de los productores, aportando Aserca el 100 por ciento del costo de la prima, así como opciones "put" a favor de los compradores con aportación de Aserca del 50 por ciento del costo de la prima. El monto total del subsidio aportado por Aserca para la adquisición de ambos tipos de opciones asciende aproximadamente a mil 300 millones de pesos.
Si existiesen utilidades al momento de la liquidación de las opciones call, es decir, las establecidas a favor de los productores, Aserca recupera el 50 por ciento del costo de la prima, pero si existiesen utilidades al momento de la liquidación de las opciones put, es decir las establecidas a favor de los compradores, Aserca no recupera nada.
Para la adquisición de las denominadas opciones put, Aserca ejerció recursos públicos por el orden de 550 millones de pesos. De las 79 empresas mencionadas sólo cuatro se beneficiaron con cerca del 60 por ciento de estos recursos, es decir, aproximadamente 330 millones de pesos.
Adicionalmente, las 79 empresas participantes recibieron hasta 185 pesos por tonelada, como apoyo para gastos de almacenamiento y costos financieros y hasta 400 pesos por tonelada por concepto de flete.
Dependiendo del tiempo en que los compradores usen para comercializar el maíz y de los destinos a que fue movilizado, se determina el subsidio por tonelada que estos han recibido. Según la información con que cuento y aplicando un promedio, considero que el subsidio a los compradores asciende a más de mil 126 millones de pesos; de estos recursos, cerca del 60 por ciento fue destinado para beneficio de las 4 grandes empresas, es decir, 670 millones de pesos.
Es de suma importancia mencionar que en los estímulos, incentivos y apoyos canalizados al amparo del esquema por parte de la Sagarpa, la participación de las organizaciones comercializadores de productores es prácticamente nula como se demuestra en la relación de empresas participantes que arriba he mencionado, aún y cuando el artículo 111 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable obliga a que "…estos apoyos deberán ser canalizados directamente a los productores o a las organizaciones comercializadoras que ellos mismos integren".
Por tanto, señalo que la aplicación de los apoyos canalizados por Sagarpa a través del "esquema de compras anticipadas de maíz blanco del estado de Sinaloa, ciclo agrícola 2007/2008", no han sido transparentes ni equitativos y no han tenido mayor impacto en los precios al consumidor final ya que el precio de los derivados de la carne de cerdo y res, así como la tortilla, no han sido modificados benéficamente.
Asimismo, la Sagarpa está reteniendo a los productores los recursos que debido al incremento de los precios en el mercado de futuro de los granos fueron generados por la liquidación de las opciones call. He estado solicitando información al secretario de Agricultura en lo general sobre el desarrollo y aplicación de recursos a través del esquema, y en lo particular sobre los recursos involucrados en la toma y liquidación de las opciones call y put.
De la información que he recibido por parte de Aserca, del análisis que he realizado sobre lo poco que se anunció de la mecánica de operación del esquema y del comportamiento de las variables que impactaron al alza a los precios internacionales de los granos, especialmente maíz, puedo inferir que Sagarpa indebidamente está reteniendo las utilidades generadas por las coberturas, que según mi análisis, ascienden a un monto de más de dos mil ciento treinta y dos millones de pesos, cuyos beneficiarios son los productores, correspondiendo a cada uno de ellos hasta 554 pesos por tonelada en promedio, adicionales al precio al que les fue pagada su cosecha.
Este hecho afecta la economía de los productores y del estado de Sinaloa, porque además se trata de beneficios económicos que la Bolsa de Granos de Chicago remitió, según me lo ha informado la propia Aserca, cuando ésta, desde el mes de abril inició la liquidación de las coberturas. Es grave el hecho, porque además ya no se trata de recursos que formen parte de ninguna partida presupuestal.
Existe desinformación sobre la mecánica de operación del esquema, debido a que, tal parece, los lineamientos no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, como se establece en las Reglas de Operación, a fin de que los participantes y beneficiarios del esquema pudiesen conocer los objetivos, bondades y obligaciones del esquema.
Lo anterior lo señalo por virtud de que en reiteradas ocasiones he solicitado a Aserca que me los proporcione y no he obtenido respuesta, a pesar de que el impacto multiplicador por los ingresos generados por la cosecha de maíz en la economía sinaloense, superior a los 14 mil millones de pesos en beneficio de 22 mil productores, es vital.
He sido informado por la propia Aserca de que, a pesar de las benéficas condiciones de precios del mercado de futuros, anticipadamente a la culminación de la cosecha indebidamente dicha dependencia liquidó las coberturas call, sin considerar ni notificar a los productores beneficiarios, desprotegiendo al productor y beneficiando al comprador. Con esta acción, Aserca acusó una conducta especulativa lo que no le es permitido por la naturaleza de los recursos públicos que operó y pervirtió el objeto del Esquema que es amparar al productor hasta la cosecha de sus físicos.
Aún y cuando Aserca liquidó indebidamente las coberturas, los recursos que le fueron remitidos por la Bolsa de Granos de Chicago por concepto de utilidades, deben ser reintegrados de inmediato a los productores.
Con todo lo anterior y ante la discrecionalidad y falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos, podrían existir irregularidades relacionadas con el "esquema de compras anticipadas de maíz blanco del estado de Sinaloa, ciclo agrícola 2007/2008", las cuales configurarían un daño a la hacienda pública federal y un perjuicio para los productores de maíz de dicho estado, que merecen el análisis y revisión de esta honorable Cámara de Diputados.
En función de lo anterior, se presenta ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: Que la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cite a comparecer al titular de la Sagarpa en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de este organismo legislativo, para que informe sobre los recursos aplicados y resultados obtenidos en el esquema denominado "compras anticipadas de maíz blanco para el estado de Sinaloa, ciclo agrícola 2007/2008", en virtud del carácter financiero de las coberturas;
Segundo: Informe a esta honorable Cámara de Diputados sobre la discrecionalidad, falta de transparencia y equidad en el manejo de los recursos públicos ejercidos para la implantación del esquema;
Tercero: Informe a ésta honorable Cámara de Diputados sobre las causas por las que se encuentran retenidas e impagadas a sus beneficiarios, los productores, las utilidades por la liquidación de las coberturas por parte de Sagarpa desde el mes de abril y remitidas a esta por la Bolsa de Granos de Chicago;
Cuarto: Informe las razones por las cuales la secretaría a su cargo liquidó las coberturas call sin considerar ni notificar a los productores de maíz beneficiarios; y,
Quinto: Se exhorte al Secretario de la Función Pública para que inicie de inmediato las investigaciones para determinar si se incurrió en omisiones para la ejecución del esquema e investigue el privilegio y la discrecionalidad para otorgar a sólo cuatro empresas cerca del 60 por ciento de los recursos públicos que se ejercieron para la implementación del esquema de compras anticipadas; asimismo, que investigue dónde se encuentran los recursos provenientes de las utilidades generadas en la Bolsa de Chicago y las causas por las que estas se encuentran retenidas e impagadas a sus beneficiarios así como para que informe de los resultados a esta soberanía.
Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 9 de septiembre de 2008.
Diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEGOB A MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA QUE TRES DIPUTADOS FEDERALES Y UN REPRESENTANTE DE LA CNDH SE INTEGREN CON VOZ Y VOTO AL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ EDMUNDO RAMÍREZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite formular ante este honorable Pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Actualmente, hablar de migración es remitirnos a un problema que ha aquejado al país durante las últimas décadas. En ese sentido, surge la necesidad de implantar una política migratoria desde una perspectiva de respeto de los derechos humanos y con una visión de desarrollo de mediano y largo plazos.
El tema crucial que se debe tener en cuenta es el de la política migratoria internacional de México, no sólo en su componente fundamental de la relación con Estados Unidos, sino también respecto a la importancia del país como uno de inmigración y transmigración.
Lo idóneo sería que la política migratoria interior y exterior del país se realice con un enfoque integral que atienda el flujo de mexicanos a Estados Unidos y, al mismo tiempo, incorpore a la población centroamericana indocumentada que transita por México.
El incremento de las políticas restrictivas como el endurecimiento fronterizo no disuade la migración, sino que únicamente cambia las rutas de cruce, con lo que empeoran las condiciones de seguridad en que los migrantes cruzan la frontera, con lo que éstos se ven expuestos a condiciones de mayor vulnerabilidad en su integridad física y en la violación de sus derechos humanos en general.
La complejidad del fenómeno migratorio en México requiere una perspectiva amplia que permita observar la diversidad de factores sobre los cuales es necesario incidir para aprovechar sus potenciales beneficios y enfrentar de manera efectiva los retos que plantea.
En cuanto a la trasmigración en la frontera sur, es necesario asumir de manera franca el papel que tiene el país como uno de migrantes e inmigrantes en tránsito, y no solamente de emigrantes. En el futuro inmediato, deberá asumir la responsabilidad de dar un manejo más eficiente a la población de extranjeros que se encuentran en el país de forma legal o indocumentada, así como a los que muy probablemente seguirán ingresando en busca de oportunidades en este país o en Estados Unidos.
Queda claro que el gobierno federal no puede enfrentar solo el reto que representa elaborar una agenda de política migratoria internacional efectiva y sostenible. Avanzar hacia una gestión más eficiente en el diseño de dicha agenda requiere la colaboración de gobiernos estatales y municipales, y del Poder Legislativo, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Por lo anterior, surge la importancia de que el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Migración quede integrado, además de los ya previstos en el reglamento, por tres representantes de la Cámara de Diputados, así como un representante de la CNDH.
En la toma de decisiones que tengan como finalidad la construcción de nuevas políticas en materia migratoria deberá contarse con la participación del Congreso y de la CNDH, a efecto de impulsar políticas y acciones públicas con visión de Estado, que consideren estrategias integrales que coloquen en el centro de atención al ser humano.
Con la incursión del Legislativo en ese consejo se buscará ampliar las propuestas y el diseño de las políticas migratorias, así como implantar nuevas estrategias, en aras de que los órganos de gobierno trabajen en conjunto en la solución y aplicación de una política migratoria seria, la cual permita resolver los problemas que enfrentan los migrantes.
Compañeros legisladores: la política migratoria debe reconocer que la gran movilidad de las personas no siempre está aparejada a una igual movilidad de los programas de atención de la pobreza o de seguridad social. En principio, los programas sociales deberían procurar ser neutrales a la migración y estar disponibles en las zonas de origen y de destino y durante el traslado.
La complejidad del fenómeno migratorio en México exige una perspectiva amplia que atienda el flujo de connacionales hacia Estados Unidos y maneje mejor a la población centroamericana que se encuentra en el país de forma legal o indocumentada.
Debemos lograr un enfoque integral del fenómeno de la inmigración para que, cualquiera que sea la forma final de la eventual reforma migratoria en Estados Unidos, considere los incentivos al tránsito de personas a través de la frontera sur de México. Por ello, la inmigración y la trasmigración deben incluirse como elementos fundamentales de cualquier escenario de política migratoria.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario de Gobernación a modificar, en el ámbito de sus atribuciones, los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, a fin de que se integre al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Migración con voz y voto a tres diputados federales y a un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputado José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA GARANTIZAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base a los siguientes
Considerandos:
En el inicio de éste nuevo periodo de sesiones, uno de los temas principales de los discursos, se centró en la crisis alimentaria en que están sumergidos México y el mundo, la cual está propiciando una crisis económica que ha presionado el costo de los alimentos a la alza, principalmente el maíz, el arroz y el trigo; dicha situación es alarmante y afecta principalmente a los países cuya economía se encuentra en proceso de consolidación, como es la mexicana, la china, la india o la de los países latinoamericanos emergentes, además se espera que a nivel global su tasa de de crecimiento se reduzca hasta en un 4 por ciento.
Esta crisis alimentaria mundial pone en tela de juicio, la ilusión de la abundancia en la que hemos vivido desde hace 20 años. Los factores que la han originado son múltiples y complejos y van desde un desequilibrio estructural creciente entre oferta y demanda producto de políticas tendientes a depender del exterior, el cambio climático y por argumentos -hasta cierto falaces- del aumento del consumo alimenticio de más de 300 millones de personas en los países mencionados.
Otro argumento no menos preocupante, está sustentado en el agotamiento de las reservas de agua como ocurrió en Arabia Saudí, donde 30 años después de haberla buscado para producir trigo, se les está acabando.
Un caso más de igual importancia es lo acontecido en Egipto con la crisis del pan, donde el aumento en el producto del trigo propició ingobernabilidad, desnutrición y empobrecimiento de cerca de 30 millones de personas de un total de 80 millones, que de por sí ya vivían por debajo del umbral de la pobreza, es decir una capacidad de consumo de 2 dólares diarios.
Lo acontecido en aquel país, dice Gregory Barrow, portavoz del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, se está replicando en otras naciones y por ello, deben tomarse medidas urgentes.
Como todos sabemos, la crisis de escasez alimentaria está creando terror y compras de pánico, tan es así que países productores como Rusia, Argentina y Vietnam están restringiendo o prohibiendo sus ventas en reacción a la situación, lo que está evidenciando la falta de reservas y de adecuados canales de distribución, esto significa que no existen almacenes en los países productores e importadores para guardar sus reservas; dicha situación afecta a las sociedades porque permite a los especuladores aumentar los precios sin control alguno.
Otra línea de análisis para la explicación de este grave fenómeno, consiste en valorar el impacto que tienen los biocombustibles y el aumento de los precios del petróleo, cuyo valor ha estado por encima de los 100 dólares por barril; para paliar esta situación, Brasil y Estados Unidos de América, concentradores del 90 por ciento del mercado mundial en biocombustible, con el fin de reducir su dependencia petrolera, han incrementado su producción de caña de azúcar para obtener energía (etanol), maíz, palma y girasol, en vez de utilizarlos como alimentos; por lo tanto, la explotación agraria para generar combustibles, ha sido controversial. Estas razones explican en parte el incremento de los precios en los aceites vegetales, producto de una reducción en la oferta de este producto para el consumo humano.
A la luz de los argumentos anteriores, es paradójico que, pese a las claras evidencias de las transformaciones mundiales el Ejecutivo no esté tomando las previsiones necesarias y, por el contrario, opte por incrementar los precios en los combustibles, principalmente las gasolinas; dicha medida ha generado una crisis inflacionaria de efecto dominó, muchas veces de consecuencias imprevisibles; por éstas razones debemos recordarle al titular del Ejecutivo que no basta con ser un empresario exitoso para pensar que se tomarán las mejores decisiones en la economía nacional, por el contrario, es obvio saber que existe un abismo que diferencia la forma en que un empresario y un administrador público, conciben el desarrollo económico de un país.
En éste sentido, de acuerdo con el Instituto Internacional de Investigación de Política Alimentaria, de mantenerse la expansión actual de los biocombustibles, el encarecimiento de bienes de consumo puede ser aún mayor, ya que los cultivos con fines energéticos le restarían mercado a la agricultura. En este sentido, el modelo económico elaborado por los técnicos de dicho organismo de investigación prevé que de mantenerse el ritmo de crecimiento de los programas de biocombustibles, el valor del maíz ascendería al menos a un 26 por ciento para el año 2020. Sin embargo, acota que, de duplicarse la expansión de cultivos para generar energía, el alza sería más bien de 72 por ciento.
A esto, José Luis Cordeu, directivo de la Oficina de Productos Básicos de la FAO, explica en un artículo que el encarecimiento también tiene que ver con la devaluación del dólar en el último año, por lo que los inversionistas han compensado la pérdida del valor de dicha divisa con la colocación de capitales en materias primas como el oro, los cereales, granos y aceites; y, alertan dichos especialistas, que por cada punto porcentual que incremente el precio de los alimentos, 16 millones de personas sufrirán desnutrición.
Lo anterior, impactará de manera importante a África Occidental, África del Norte y a algunos países asiáticos; para observar más claramente esta situación, veamos lo ocurrido en América Central región del mundo donde, de acuerdo con los datos del Programa Mundial de la Alimentación de la ONU, el aumento en el precio de venta de los alimentos prácticamente se ha duplicado.
El PMA, destaca como más graves el caso de dos países: Nicaragua y El Salvador. En el primer país, el precio de la tortilla (un producto elaborado primordialmente con harina de maíz) se disparó 54 por ciento entre enero de 2007 y el primer mes de 2008.
En tanto, en El Salvador el encarecimiento de los alimentos en los mercados mundiales ha provocado una caída de 50 por ciento en el poder adquisitivo en comida para la población que habita en las zonas rurales.
"Esto significa que su ingesta nutricional, que ya de por sí es pobre, se redujo a la mitad", se asevera en el estudio. Justamente, el asunto de la tortilla en nuestro país, fue motivo de fuertes protestas el año pasado, luego de que en algunos lugares su precio se cuadruplicara, causando la urgente intervención gubernamental para controlar el valor de venta del producto.
Sobre lo anterior, los datos de la FAO, no dejan lugar a dudas y reflejan claramente la tendencia al encarecimiento visto en 2007: los cereales, con un alza de 41 por ciento; aceites vegetales, 60 por ciento; y productos lácteos, 83 por ciento.
Dicha tendencia no tiende a retroceder, más bien, parece acelerarse. Entre marzo de 2008 y en el mismo mes del año pasado, el valor de venta del trigo (materia prima para el pan, entre otros) se disparó en un 130 por ciento.
Este escenario, nos obliga a tomar las medidas necesarias para prever los impactos negativos que esta situación podría causar en México, porque como ya es costumbre ante las crisis económicas, la población más afectada son los de menores recursos.
Debemos hacer un ejercicio de reflexión y recordar que en la Reforma del Estado, en un acuerdo de todos los partidos, realizamos trabajos tendientes a superar esta situación; por ello, debemos retomarlos y dictaminar dichas iniciativas lo antes posible.
Bajo este contexto que afecta a muchas personas de distintos países, en junio del 2008 se llevó a cabo la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria, de donde no se pueden destacar grandes decisiones a favor de la población mundial, ya que ni lo países desarrollados mostraron la voluntad política que se requiere para combatir las causas que lo originan, ni los países emergentes están en posibilidad de superarlos. De esta manera, la ONU recomienda retomar el tema de la Seguridad alimentaria al interior de las naciones para evitar problemas mayores.
México ya tuvo la oportunidad de evitar este problema cuando los gobiernos se preocupaban por tener los almacenes llenos, a través de sus organismos públicos como la desaparecida Conasupo, y cuando la soberanía alimentaria era una razón de Estado por defender; pero cuando llegó la moda de la ola privatizadora de las empresas, la especulación, la exportación a toda costa y la liberalización de los mercados, se abandonó esa política, y ahora las nuevas generaciones estamos pagando las consecuencias.
Por lo menos, los responsables deberían reconocer que se equivocaron, porque al carecer del consumo de estos alimentos tendremos una población con mayores índices de desnutrición, que hará que se afecte su desarrollo personal y laboral, lo cual nos podría conducir a una crisis de gobernabilidad y social más profunda. Al asumir esta responsabilidad, y superar esta problemática, garantizaríamos un futuro más próspero a los niños y niñas de nuestro país.
El país, bajo los argumentos anteriormente mencionados, no está creciendo lo suficiente, por el contrario, cuando las expectativas parecen ser optimistas, antes de iniciar un respiro económico, se anuncia como se viene haciendo desde la década de los setentas del siglo pasado, que habrá que ajustarse el cinturón; esto cobra importancia al traducirse en un decremento en el PIB, pérdida del poder adquisitivo debido a una inflación ubicada ya dos o tres puntos arriba de los esperado, provocada por decisiones mal tomadas y justificadas bajo argumentos absurdos, de que las gasolinas en México, son de las más baratas del mundo (incremento de 3 y 5 centavos), cuando en realidad los precios nacionales de diferentes productos, están por encima de la banda internacional, como consecuencia de la falta de una regulación e intervención efectiva del Estado, principalmente de la Secretaría de Economía y el Banco de México.
Los argumentos anteriores, son suficientes para que desde el legislativo, se reconforme una comisión especial para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria a partir de su facultad de control del Ejecutivo, el impulso de una ley en la materia y de la realización de modificaciones a las leyes correspondientes, para asegurar una alimentación de calidad y la sustentabilidad de las generaciones futuras; esto permitirá, hacer más efectivas las acciones que realice el Estado sobre el particular.
Más aún, cuando México tiene que asumir y recomponer sus compromisos en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, este factor internacional requiere retomar los pactos de amistad, los acuerdos interparlamentarios con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, si queremos hacer realidad el desarrollo del campo y los productos que desde la perspectiva de la seguridad alimentaria requiere nuestro país.
Finalmente, resta decir que debemos actuar con firmeza y con todo el peso de la ley, para no permitir que unos cuantos especuladores en las centrales de abastos y en las carreteras (las aduanas de los intermediarios) abusen de su posición para presionar a los productores comprándoles a precios bajos y vender al consumidor final a precios altos, muchas veces a costos lejanos a su realidad salarial.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que se vote a favor la presente propuesta con base a los acuerdos que se hacen valer en el capítulo correspondiente y en cumplimiento a lo fundado con anterioridad, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Primero: De conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dotar de las atribuciones a la Junta de Coordinación Política para aprobar la integración de la comisión especial para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, en sus términos, y retomar y dictaminar de manera urgente, los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos en la materia.
Segundo: Se exhorta al Ejecutivo a crear una comisión interinstitucional, que asuma y dé cumplimiento a lo acordado en los debates de la reforma del Estado respecto a la soberanía alimentaria, para hacer frente a esta crisis y evitar un escenario catastrófico y de ingobernabilidad, que influya de manera negativa en el desarrollo y la salud de nuestros habitantes y por ende afecte su desempeño personal y laboral.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP, A LA SE, A LA SENER, A LA CFE Y A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA A INSTAURAR MECANISMOS PARA AJUSTAR Y REDUCIR LAS TARIFAS DE LOS SECTORES MÁS VULNERABLES DEL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA ARRIOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
La suscrita, diputada federal Mónica Arriola, en nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía a instaurar, en el ámbito sus atribuciones, mecanismos para ajustar y reducir las tarifas de los sectores más vulnerables del país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el actual contexto de modernización global, cada vez resulta más difícil garantizar un crecimiento económico estable y un desarrollo sustentable, contar con una infraestructura eléctrica eficiente, suficiente, confiable, eficaz y de calidad, sigue siendo un reto para el país. Por ello, el presente punto de acuerdo pretende exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, para que en el ámbito de sus atribuciones, reduzcan o instauren mecanismos para el ajuste y reestructuración de tarifas de los sectores más vulnerables.
Como legisladores, es nuestro deber coadyuvar al desarrollo de México, impulsando una economía sólida basada en la competitividad y que reduzca las asimetrías sociales persistentes.
La fracción II del artículo 4 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica señala que la venta de energía eléctrica corresponde a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con tarifas que aprueba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Según cifras oficiales, el sistema eléctrico atiende a alrededor de 25 millones de usuarios, con un abastecimiento interno que se incrementa a niveles superiores al crecimiento del país.
Considerando los niveles de consumo actual, resulta indispensable reducir los elevados costos de la energía eléctrica, tanto el industrial como el doméstico, siendo que éste último muchas veces sobrepasa la capacidad económica de los hogares más necesitados, máxime cuando vemos que estados como Chiapas, Veracruz o Tabasco, que generan los mayores volúmenes de suministro eléctrico, no pueden dotar a su población de tarifas accesibles.
Ejemplo de esto lo observamos claramente en el ámbito local, ya que los municipios destinan alrededor del 30 por ciento de su presupuesto al pago del servicio de energía eléctrica. El cobro desmedido de las tarifas no corresponde a un escenario de falta de empleo y competitividad empresarial.
En cuanto a la fijación de estas tarifas eléctricas, si bien es importante considerar el efecto creado por los continuos cambios climáticos en los diferentes estados de la república, también se deben tener en cuenta las zonas calificadas como de alta y muy alta marginación, en un intento por fortalecer el combate a la pobreza que tanto impulsa Nueva Alianza.
Además de esto, se tienen que integrar parámetros como el consumo y la producción de electricidad, la ubicación geográfica y los salarios. Lo anterior, sin dejar de lado el establecimiento de una política de subsidios que logre insertarse efectivamente en las políticas sociales asumidas por parte del gobierno, para un mayor desarrollo de las personas que aún viven en una situación de marginación extrema.
El gobierno federal sustenta el continuo ajuste y el alza en las tarifas en el hecho de que la CFE necesita mantener su equilibrio financiero; no obstante, pareciera ser que esta premisa no contempla la necesidad de las familias más vulnerables.
Las empresas también están sujetas a los elevados precios en materia de insumos como la electricidad, lo que ha propiciado que tengan que cerrar por falta de recursos suficientes para mantenerse a flote. No olvidemos que México, a pesar de tener una importante cantidad de recursos energéticos, no goza de una ventaja competitiva en la materia, de ahí que para sostener tasas de crecimiento económico y generar más y mejores empleos, sea indispensable asegurar el abasto y reducir los costos de estos citados insumos industriales; con lo que además estaremos transfiriendo ahorros a los consumidores mexicanos.
Todo ello, con la finalidad de que asimismo se asegure la transparencia, la eficiencia eléctrica y la competitividad del país, haciendo más eficaz la operación de la CFE, y promoviendo una mayor generación de electricidad, en base en el uso de energías renovables que deterioren menos el medio ambiente.
En general, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza propone la revisión de los criterios tarifarios para el cobro del servicio de energía eléctrica, de uso domestico e industrial, así como del sistema fiscal, a fin de hacer los ajustes necesarios para realizar cobros justos a los que menos tienen, y coadyuvar al mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de las y los mexicanos.
Esperando siempre una respuesta positiva por parte del Ejecutivo federal, y tomando en cuenta las consideraciones expuestas con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para que sea considerado de urgente y obvia resolución, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Energía, así como a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, para que, en el ámbito sus atribuciones, instauren mecanismos para ajustar y reducir las tarifas de los sectores más vulnerables del país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputada Mónica Arriola (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP A CONSIDERAR COMO BENEFICIARIAS DEL FONDO METROPOLITANO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009 LAS ZONAS URBANAS DE TIJUANA Y DE AGUASCALIENTES, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO
Los que suscriben, diputados de la junta directiva de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 42, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Ejecutivo federal, para que incluya y sean consideradas las zonas metropolitanas de Tijuana y de Aguascalientes como beneficiarias del Fondo Metropolitano que se contemple en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, al tenor de los siguientes
Considerandos
1. Desde el inicio de esta legislatura, la Comisión de Desarrollo Metropolitano pugnó en la Cámara de Diputados para que los recursos federales canalizados y destinados a la zona metropolitana del valle de México, a partir de la creación del Fondo Metropolitano en 2006 dentro del Presupuesto de Egresos de la federación, no se limite exclusivamente a ésta, sino por el contrario permita beneficiar a otras zonas metropolitanas que requieren de ese apoyo brindado por la federación. Es así que para el ejercicio fiscal de 2008, la Cámara de Diputados aprobó crear siete fondos metropolitanos para igual número de zonas metropolitanas del país.
Con un criterio federalista, se busca inducir que los fondos metropolitanos sean instrumentos de política pública para estimular a aquellos gobiernos locales que han dado pasos firmes para establecer una planeación, una coordinación intergubernamental y una gestión pública integrada en las zonas metropolitanas. Entre los criterios para asignar dichos fondos, se consideraron los avances en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, la experiencia en esta materia por parte de los Ejecutivos estatales y los municipios, e incluir a aquellas zonas metropolitanas que constituyen detonadores del desarrollo en las entidades federativas e incluso a escala regional.
2. Ése es el caso de las zonas metropolitanas de Tijuana y de Aguascalientes, cuya inclusión se justifica plenamente en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal de 2009, a partir de las consideraciones que siguen.
3. Por una parte, la zona metropolitana de Tijuana registró, entre 2000 y 2005, una tasa de crecimiento promedio anual de 2.7 por ciento, por encima de la del valle de México (0.8 por ciento), la más grande y compleja del país, y también superior a la de otra zona metropolitana transfronteriza como los es Juárez (1.3 por ciento) y a la segunda de Guadalajara (1.8 por ciento), la segunda más grande del país; ésta última también comprendida en territorio de una sola entidad federativa. Junto a Monterrey, Puebla Tlaxcala, León, y La Laguna y Toluca, integran las nueve zonas metropolitanas más grandes del país aquellas con una población residente superior a un millón de habitantes, y que, en conjunto, representan más de la tercera parte (36 millones 600 mil habitantes) de la población nacional (103 millones 263 mil 388 habitantes) en 2005. De cada cien habitantes, viviendas y escuelas, alumnos y maestros de educación básica de Baja California, 55, 56 y 50 se sitúan, respectivamente, en esa zona metropolitana que genera el 55.40/0 del producto interno bruto estatal.
Con una población conjunta de un millón 575 mil 26 habitantes y una superficie de mil 621 kilómetros cuadrados, colindando en la frontera con Estados Unidos de América, la zona metropolitana de Tijuana sigue siendo un polo de atracción de flujos migratorios por las ventajas comparativas de las plantas industriales instaladas y la conexión a mercados externos vía terrestre, a pesar de que paradójicamente se requiere atraer mano de obra para la construcción, que suele provenir del sureste mexicano. Conformada por el municipio del mismo nombre y los municipios de Tecate y playas del Rosarito, esta zona metropolitana tiene una importancia estratégica para Baja California, no sólo porque en ella radica la mitad (54 por ciento) de la población total del estado y se genera la mitad (55.37 por ciento) del producto interno estatal sino porque deben aprovecharse óptimamente la inversión privada que atrae en el conjunto del estado. De los 442.4 millones de dólares invertidos por privados en Baja California durante el primer trimestre de 2008, una quinta parte (220/0) se ubicó en la zona metropolitana.
Las autoridades de los tres municipios que integran la zona metropolitana de Tijuana (Tijuana, Tecate y playas de Rosarito), no obstante de provenir de extracción partidista distinta, han sido capaces de concertar acuerdos y trabajar de manera coordinada para ordenar el crecimiento de los asentamientos humanos y orientar el desarrollo económico, mediante una planeación metropolitana que incorpora y articula los proyectos de desarrollo urbano con un enfoque de funcionamiento metropolitano.
Este compromiso político institucional ha sido propiciado y favorecido por el Ejecutivo estatal en Baja California, de manera que se han integrado un paquete de proyectos de obras para resolver problemas de funcionamiento urbano, y a la vez atraer y fomentar inversión productiva en la zona metropolitana, con miras a elevar la competitividad económica de ésta y así elevar la calidad de vida en una zona metropolitana con fuerte atracción de flujos migratorios.
Así constatamos los diputados de la Comisión de Desarrollo Metropolitano que, como parte del programa de trabajo legislativo, recorrimos la zona metropolitana para revisar, junto a las autoridades de los municipios que la integran y del Ejecutivo estatal de Baja California, los proyectos de planeación del desarrollo económico y urbano en la zona metropolitana de Tijuana, cuyos ejes articuladores son completar los circuitos de infraestructura vial requeridos, generar las reservas territoriales para, por un lado, la construcción de vivienda y, por el otro, la instalación de nuevos parques industriales, así como conectar de manera funcional los asentamientos humanos, en concordancia con los usos del suelo según la vocación económica.
Mientras que Playa de Rosarito tiene un potencial turístico, en Tecate y Tijuana es industrial y de servicios. Tanto el gobierno estatal como los municipales han sabido integrar proyectos urbanos metropolitanos para hacer frente a los retos representados por una mejor cobertura de la infraestructura vial y de transporte urbano intrametropolitano, la provisión de agua potable y la creación de reservas territorial aptas para la construcción de vivienda nueva en asentamientos previamente planificados.
Esta zona metropolitana no ha sido considerada, sin embargo, en las asignaciones que esta soberanía nacional ha aprobado para las zonas metropolitanas, con un criterio federalista, mediante la creación de los fondos metropolitanos con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, que para el presente ejercicio fiscal de 2008 permitirán beneficiar a siete de las nueve más grandes zonas metropolitanas del país.
Por otra parte, la zona metropolitana de Aguascalientes se sitúa en el rango de las zonas metropolitanas más grandes y con mayor ritmo de crecimiento medio anual de la población, por encima del promedio del conjunto de las 56 zonas metropolitanas y está entre las que tienen una mayor concentración de la población y los asentamientos humanos en ese conjunto, ocupando el séptimo lugar según la densidad media urbana registrada en 2005.
Con 834 mil 498 habitantes, y comprendida por los municipios de Jesús María y de San Francisco de los Romo, en una superficie de mil 825 kilómetros cuadrados. Es de notar que, con una tasa de crecimiento poblacional del orden de 6.6 por ciento, el municipio metropolitano de San Francisco de los Romo forma parte del conjunto de las periferias metropolitanas en las que se han registrado los niveles más altos de crecimiento en el conjunto de las zonas metropolitanas del país, entre 2000 y 2005.
La zona metropolitana de Aguascalientes generó el 78.4 por ciento del producto interno estatal en 2006 y se situó entre las 10 ciudades más competitivas del país, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad. La ciudad central de la zona metropolitana de Aguascalientes experimentó una reestructuración económica que tuvo un fuerte impacto en la estructura demográfica y social. Especialistas en la materia han observado que en ciudades cuya población se duplicó en apenas los últimos 20 años (como Aguascalientes y Querétaro), el área urbana se expandió a una velocidad mayor al incremento poblacional, lo que trajo una reducción en la densidad bruta de población, mayor concentración de ésta, una tendencia a la conurbación y un reforzamiento en el modelo centro-periferia de urbanización. Entre 1993 y 1997, la estructura del empleo mostraba un predominio de ocupación asalariada en el sector terciario (servicios) y un incremento notorio en mujeres empleadas.
Tal como ocurrió también con Chihuahua, Tamaulipas y Baja California, tanto el estado como la ciudad de Aguascalientes registraron un ritmo de crecimiento de la inversión extranjera directa superior al de la Ciudad de México, lo que además de generar empleos y demandar servicios públicos contribuyó a modificar la especialización de la actividad productiva orientada a la manufactura industrial con mayor valor agregado, primero automotriz y luego electrónicos. A esto habría de agregar nuevas inversiones y alianzas entre capital estadounidense y local en la industria maquiladora textil, todas ramas dinámicas orientadas hacia la exportación y que detonaron la expansión del sector servicios.
Así, mientras que en 1970, la mitad de la producción (52.3 por ciento) se concentraba en los sectores agropecuario, y comercio y servicios, tres décadas después, en 2000, el 58 por ciento de la producción estatal fue aportado por la industria manufacturera y los servicios.
El gobierno estatal y las autoridades municipales de la zona metropolitana de Aguascalientes han contribuido, al trabajar de manera coordinada y mediante planeación concertada, a promover la función económica de esa zona como nudo de encadenamiento productivo (clúster), que se conecta a los mercados a escala global. De ese modo, se ha logrado atraer inversiones y conectar ramas económicas al planificar de manera conjunta los cambios en los usos del suelo, la creación de reservas territoriales y la ampliación de infraestructura básica (hidráulica y vialidad) y del equipamiento urbano, mediante equilibrios entre áreas productivas y habitacionales de las ciudades y las zonas rurales intermedias, dando integración funcional a la zona metropolitana.
Para sustentar y consolidar ese esquema de gestión pública entre autoridades locales, y aprovechar el potencial de competitividad económica de la zona metropolitana, se requiere disponer de mayores recursos en obras y proyectos de funcionamiento metropolitano en esa orientación.
El aspecto a destacar en el caso de Aguascalientes consiste en que la orientación de la política pública y la acción gubernamental haya sido acorde con el fomento de la especialización económica de la ciudad a partir de la industria instalada, tal como se observa con base en los censos económicos de 1988, 1993 y 1998, periodos en el que la ciudad se convirtió en centro de manufactura para la exportación, no obstante que las ramas industriales orientadas al mercado interno siguieron teniendo un peso significativo.
La ciudad amplió su función, además, como centro de comercio y proveedor de servicios, en especial los especializados de soporte a la actividad industrial.
En una década, entre 1988 y 1998, mientras que las ramas tradicionales (bienes perecederos, alimentos, bebida, textil y confección de ropa) fueron perdiendo participación en el total industrial, al pasar de 69.6 por ciento a 34.2 por ciento, la producción de bienes duraderos (en especial industria automotriz y electrónica) incrementó su participación en el total de la producción industrial del estado, al pasar de 19.8 por ciento a 56.4 por ciento, y surgieron nuevas manufacturas, tal como indica la producción bruta por tipo de bien (Camacho, 2005).
Debe señalarse que, de acuerdo con un estudio de competitividad (Cabrero, Orihuela y Ziccardi, 2005), basado en el método de análisis factorial que consideró cuatro componentes (económico, sociodemográfico, urbano-espacial e institucional), se obtuvo un índice compuesto promedio en un conjunto de 15 zonas metropolitanas de distinto tamaño, número de municipios y perfil económico, Tijuana y Aguascalientes se sitúan entre las ciudades más competitivas del país. La primera ocupó el octavo lugar en ese conjunto con un índice de competitividad promedio de 74 puntos, mientras que Aguascalientes registró 56 puntos, situándose en el octavo lugar, con un nivel equiparable al de León (55), en ese conjunto de ciudades considerado, en el que la primacía la obtuvo Monterrey (87) y la menos competitiva entre ellas fue la ciudad de Oaxaca (21).
Es de llamar la atención que las zonas metropolitanas de Monterrey y de León resultarán beneficiadas por los fondos metropolitanos aprobados por la Cámara para el ejercicio fiscal de 2008, no así las zonas metropolitanas de Tijuana y Aguascalientes.
Por lo expuesto, los diputados de la junta directiva de la Comisión de Desarrollo Metropolitano proponemos a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Ejecutivo federal, para que incluya y sean consideradas las zonas metropolitanas de Tijuana y de Aguascalientes como beneficiarias del Fondo Metropolitano que se contemple en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009.
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputados: Obdulio Ávila Mayo, presidente; Alejandro Sánchez Domínguez (rúbrica), Juan Manuel Villanueva Arjona (rúbrica), Juan Darío Arreola Calderón, Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SCT A REPARAR LOS TRAMOS CARRETEROS EN LOS ALTOS DE JALISCO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA ANGÉLICA ROMO JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, Martha Angélica Romo Jiménez diputada federal en la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las carreteras en México son sin duda un reflejo del desarrollo económico que vive el país, por ello el buen funcionamiento de las mismas debe ser una de las prioridades del gobierno federal y estatal, ya que en ellas se transporta una cantidad importante de bienes y servicios y es el principal medio de transporte terrestre.
El estado de Jalisco cuenta con una longitud total de infraestructura carretera de: 10,344.2 kms. De las cuales las carreteras federales cuentan con una longitud de 2,075.0 kms., Las carreteras alimentadoras cuentan con 3,848.6 kms y los caminos rurales con 4,420.6 kms.
Sin embargo, ante el uso constante y los factores climáticos y geográficos, principalmente, las vías de comunicación sufren desgaste y deterioro, que deben ser atendidos por las autoridades a la brevedad posible, de lo contrario si el deterioro aumenta, el presupuesto destinado a la reparación del sistema carretero seria mayor.
En el estado de Jalisco, y principalmente en la zona de Los Altos, la red carretera ha sufrido un deterioro importante la cual no se ha atendido con la rapidez deseada, a pesar que en esta zona el flujo de visitantes que van a San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, Jalostotitlán, San Miguel El Alto, Arandas, Tepatitlan (por mencionar algunos) cada año es mayor y constantemente visitan los lugares turísticos de la zona, así como las importantes zonas tequileras que tiene la región.
A consecuencia de estas deficiencias, el índice de accidentes fatales en la región ha venido en aumento. Según datos de la Secretaría de Salud del estado de Jalisco, la tasa regional de mortalidad relacionada con accidentes de vehículo de motor en 2005 fue de 31.67, contra una tasa estatal de 17.46 y la nacional de 13.29, ambas en el mismo período. En 1995, la tasa regional fue de 12.64, contra 21.40 estatal y 14.8 nacional.
Las carreteras Lagos de Moreno-Encarnación de Díaz (41.28 kms.), San Juan de los Lagos-Jalostotitlán (24.40 kms), San Juan de los Lagos-El Desperdicio (10 kms), San Juan de Los Lagos-Lagos de Moreno (38 kms.), Lagos de Moreno-Ojuelos de Jalisco (70 kms.) y Lagos de Moreno-León, Gto (29 kms.) presentan un detrimento importante. El transporte público federal y los vehículos particulares han sufrido un sin numero de percances debido a las malas condiciones de las autopistas y aunado a que muchas de las carreteras son de 2 carriles, la posibilidad de un percance es mayor. Cabe mencionar que estas vías de comunicación son un enlace importante a ciudades como León, Aguascalientes y San Luis Potosí.
El sistema de carreteras y caminos de la región, requiere mantenimiento, ampliación y modernización, ante la necesidad de fortalecer las condiciones de competitividad de la economía para lo cual es imprescindible contar con vías adecuadas de comunicación. Es importante elaborar un plan bien estructurado de conservación y mantenimiento, que permita rescatar las carreteras existentes y evitar su deterioro.
Por estas razones, la suscrita diputada, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
de urgente y obvia resolución
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que se reparen los tramos carreteros en la zona de Los Altos de Jalisco, y se contemple en el Presupuesto de Egresos 2009, una partida especial para su restauración.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputada Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A APRESURAR LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE EL EJECUTIVO FEDERAL PARA LOGRAR LA ASIGNACIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIA QUE PERMITA AL CANAL DEL CONGRESO EL ACCESO ABIERTO A LA POBLACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR FLORES MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, César Flores Maldonado, diputado de la LX Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de las facultades que confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición de punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La LX Legislatura ha realizado reformas trascendentes a la Carta Magna, entre las cuales destaca la adición del artículo 6o., publicada el 20 de julio de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, que pretende fortalecer y garantizar en todo el país el ejercicio del derecho a la información pública, a efecto de afianzar la confianza de los ciudadanos en la obtención de información objetiva y expedita, generada por los órganos de los tres órdenes de gobierno, y procurar, en consecuencia, una sociedad mejor informada, con mayores elementos para evaluar el acontecer gubernamental.
También hay que señalar la trascendente reforma electoral publicada el 13 de noviembre de 2007, entre cuyos cambios probablemente el más importante sea la severa limitación a los medios de información electrónicos para difundir las campañas políticas, prohibiendo la libre publicidad electoral en los medios y circunscribiendo la difusión de los comicios y del pensamiento de candidatos a los tiempos del Estado, con lo cual reduce la demanda de promoción de los candidatos y, consecuentemente, los obliga a tener un acercamiento más personal con el electorado de lo que ha sido hasta ahora.
Concretamente, al plasmar estos cambios en el artículo 41 de la Carta Magna se configuró un nuevo modelo gubernamental de uso de los medios electrónicos en los procesos democráticos del país y, por qué no decirlo, quedaron trazadas las líneas para toda una política de comunicación social del Gobierno de la República.
El Canal del Congreso debe tener una participación cada vez más importante en la difusión de sus tareas, de sus resultados y de todo el proceso de consulta y opinión que se lleva a cabo para la formulación y aprobación de la legislación federal mexicana.
Sabemos que la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso ha realizado diversas gestiones para que le sea asignado un canal digital de televisión y uno analógico, que le permita transitar a su señal de un acceso restringido a uno abierto y estar presente en la zona metropolitana de la Ciudad de México, cuando menos en un breve plazo.
Sin embargo, pese a las gestiones realizadas en marzo de 2007 por los presidentes de las Juntas de Coordinación Política del Senado y de la Cámara de Diputados, no sabemos de los avances de las gestiones realizadas a la fecha.
Estimo urgente acelerar todos los trámites y revisar los fondos presupuestales que deben considerarse para 2009, si la decisión técnica más apropiada es la de una banda de frecuencia digital o una analógica.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortar a la Junta de Coordinación Política a apresurar los trámites y las gestiones necesarios ante el Ejecutivo federal a fin de lograr la asignación de la banda de frecuencia que permita al Canal del Congreso el acceso abierto a la población.
Segundo. Que la Junta de Coordinación Política informe a este Pleno del resultado de las gestiones que ha realizado a fin de lograr la asignación de una banda de frecuencia abierta.
Tercero. Evaluar las consideraciones, técnicas y financieras sobre la conveniencia de que la banda de frecuencia que se solicite a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sea analógica o digital.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputado César Flores Maldonado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR UN NUEVO DECRETO EN MATERIA DE IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN PARA LA REGIÓN Y LA FRANJA FRONTERIZAS NORTE, CON EL OBJETIVO DE MANTENER LAS TASAS ARANCELARIAS VIGENTES DE 0 Y 5 POR CIENTO DE GRAVÁMENES AL COMERCIO EXTERIOR, A CARGO DE LA DIPUTADA SARA LATIFE RUIZ CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte, publicado el 31 de diciembre de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, establece un sistema de desgravación arancelaria para el abasto comercial de las citadas zonas en el país.
Para efectos del mencionado decreto se definen los siguientes conceptos:
II. Región fronteriza, a los Estados de Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, y la región parcial de Sonora; la franja fronteriza sur colindante con Guatemala y los municipios de Caborca, Sonora, Comitán de Domínguez, Chiapas y Salina Cruz, Oaxaca;
III. Región parcial del Estado de Sonora, a la zona comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce actual del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste de Sonoíta, de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa a un punto situado a 10 kilómetros al este de Puerto Peñasco; de allí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional;
IV. Franja fronteriza sur colindante con Guatemala, a la zona comprendida por el e 20 kilómetros paralelo a la línea divisoria internacional del sur del país, en el tramo comprendido entre el municipio Unión Juárez y la desembocadura del río Suchiate en el Océano Pacífico, dentro del cual se encuentra ubicada la Ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas con los límites que geográficamente le corresponden."
En México los aranceles al comercio exterior están establecidos en la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación (LIGIE), sin embargo existen esquemas de desgravación arancelarias, donde se establecen aranceles preferenciales para la importación de mercancías, como son los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Comerciales celebrados con diversas naciones; en este tenor el decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte, ofrece tasas arancelarias menores a las establecidas en la LIGIE que benefician la importación de productos destinados a dichas regiones y franjas fronterizas.
El citado decreto tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del año en curso, es decir, que a partir del 1ro de enero del 2009 las tasas preferenciales de 0 por ciento y 5 por ciento para algunos productos de consumo importante para las regiones dejarán de ser aplicables. De esta manera, las economías locales, el equilibrio regional y la competitividad de sectores como el restaurantero, hotelero, comercial y de servicios pueden verse gravemente afectados.
Es importante hacer alusión a que los beneficios que trae consigo dicho decreto, no sólo se reflejan en materia arancelaria, sino en requisitos de carácter no arancelarios, como el cumplimiento con el procedimiento simplificado para determinadas normas oficiales mexicanas en materia de etiquetado, garantía y certificación, así como las establecidas por la Secretaría de Salud.
Aunado y como parte de este beneficio, para los productos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos que sean importados para la región fronteriza y que tengan un valor unitario de hasta de 50 dólares americanos, se eximen de las normas oficiales mexicanas aplicables a dichos productos, y en un beneficio en particular, para las importaciones destinadas a la zona metropolitana de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Éstas estarán exentas de las normas oficiales mexicanas para estos mismos productos, siempre que el valor unitario de las mismas sea de hasta de 150 dólares americanos; requisitos que de cumplirse finalmente implicarían gastos para el importador y que se reflejarían en los bolsillos de los consumidores.
Cabe hacer mención que el beneficio que reciben las importaciones destinadas a la zona metropolitana de Chetumal contrarresta el impacto que sufre el comercio organizado de la citada ciudad, en razón de la práctica desleal de comercio exterior que se genera por la oferta de productos de origen asiático que se comercializan en la zona de libre comercio establecida en el distrito de Corozal, Belice, ubicada geográficamente a unos 15 kilómetros de la capital de Quintana Roo.
Quintana Roo se coloca, debido a su situación geográfica, en una zona de alto riesgo y vulnerabilidad ante huracanes y otros desastres naturales. Por esta razón, el gobierno del estado ha mostrado su preocupación implantando medidas para abastecer a la población en esos casos de emergencia. En el caso de la leche en polvo, al ser un producto de consumo básico para los refugios, se ha efectuado una política, denominada cupo de importación de leche en polvo para comercio, la cual está sustentada en el decreto de región fronteriza. Dicha política implica la exención del impuesto de importación, (totalmente desgravada), ya que este producto tiene un impuesto general de importación de 125 por ciento.
Para los quintanarroenses es de suma importancia que se extienda la vigencia de las tasas arancelarias y en especial en el municipio de Cozumel, ya que sería gravemente afectado por sus condiciones de isla incrementando hasta en un 30 por ciento los precios de productos de primera necesidad perjudicando a sus habitantes y a los turistas.
Aunado al incremento generalizado de los precios en toda la República Mexicana, un incremento impositivo en dichas entidades provocaría un desequilibrio en la economía, reflejándose en graves perjuicios, no sólo a empresarios y comerciantes que posiblemente dejarían de invertir, sino a la población en general, quien finalmente ve reflejada la pérdida de su poder adquisitivo.
Actualmente, el incremento de precios a nivel nacional, se ha visto reflejado en pérdidas económicas que afectan la economía familiar. Los gobiernos locales, preocupados por esta situación, han llevado a cabo medidas que pretenden mitigar dichos efectos y disminuir el rezago que provoca la escalada generalizada, por lo que es necesario que los incentivos para la atracción de inversión se mantengan, contrarrestando los efectos inflacionarios.
El espíritu que materializó el decreto, tuvo el objetivo inicial de promover el desarrollo competitivo para cada una de las regiones en las que se divide la República Mexicana, por lo que es necesario reconocer la importancia del sistema de desgravación arancelario que beneficia la actividad económica y en consecuencia, a los habitantes de dichas entidades federativas.
Es importante destacar que el gobierno federal durante el presente año está fortaleciendo al comercio exterior con medidas que impulsan y motivan la actividad del mismo a través de publicaciones oficiales, como las siguientes:
Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en Materia Aduanera y de Comercio Exterior, publicado el pasado 31 de marzo; y el
Acuerdo que modifica el diverso por el que se establecen las normas para la determinación del país de origen de mercancías importadas y las disposiciones para su certificación, en materia de cuotas compensatorias, publicado el pasado 17 de julio.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía, como de urgente resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a expedir un nuevo decreto en materia de impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza norte, con el objetivo de mantener las tasas arancelarias vigentes de 0 por ciento y 5 por ciento de Impuestos al Comercio Exterior.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputada Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN OTORGUE UN RECONOCIMIENTO PÚBLICO A LOS DEPORTISTAS MEXICANOS QUE OBTUVIERON MEDALLA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE BEIJING DE 2008, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS AGUILERA RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, José Luis Aguilera Rico, diputado del Grupo Parlamentario de Convergencia, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Una de las tareas legislativas de la comisión es la de impulsar a la juventud mexicana. Se identifica plenamente con el triunfo de los jóvenes atletas que pusieron en alto el nombre y la bandera de México. Guillermo Pérez Sandoval, María del Rosario Espinoza, Tatiana Ortiz Galicia y Paola Espinosa Sánchez son dignos representantes de nuestra juventud que han logrado con su esfuerzo y dedicación que el nombre de su país se escriba en los anales gloriosos de los Juegos Olímpicos. Ante esto, lo menos que podemos hacer es incentivar a la juventud mexicana en la práctica y el desarrollo del deporte.
Son muy valiosas las tres medallas que se ganaron: dos de oro en Tae Kwon Do, gracias a Guillermo Pérez y a María del Rosario Espinoza; y una de bronce, obtenida por Tatiana Ortiz y Paola Espinosa, en la prueba de clavados sincronizados desde la plataforma de diez metros.
Haciendo un paréntesis, vale la pena mencionar que nuestra medallista María del Rosario Espinoza es originaria de La Brecha, una de las doce sindicaturas del municipio de Guasave, Sinaloa, un lugar como tantos en México, de gente humilde, y cuya actividad principal es la agricultura y la pesca. Quién pudiera imaginar que de ahí viene Chayito, como cariñosamente le llaman a María del Rosario. Lo que me lleva, hoy día, a preguntarme, ¿cuántos atletas estarán perdidos en el anonimato en todo México? Es por ello que el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Carlos Manuel Hermosillo Goytortúa, tiene un trabajo superior, con la detección de talentos deportivos, con la ayuda de los institutos estatales del deporte, sólo así podemos decir que los compromisos se cumplen para los deportistas y, con ello, se impulsen las políticas necesarias en la República Mexicana para descubrir ese talento que muchas de las veces permanece oculto y que mucha falta hace al deporte nacional.
Retomemos, justo es que, en nombre de todos los mexicanos y de todas las mexicanas, demos gracias por haber puesto en alto a nuestro país, por la voluntad, por el ahínco, por la entrega con que se prepararon y con que compitieron. Gracias por la dignidad y la decisión con que representaron a nuestro querido México.
Es momento de expresarles a nuestros jóvenes deportistas una enorme gratitud por las emociones, satisfacciones y orgullo que nos causaron con esta magnífica actuación que tuvieron en Beijing.
Su triunfo fue el producto de un gran y sobresaliente esfuerzo individual. Claro que no faltará que algún dirigente deportivo llegue a México, colgándose de esas tres medallas como triunfos de ellos, cuando es al contrario. Por eso son muy meritorias las tres medallas ganadas por estos mexicanos en los juegos de Beijing. Y espero que nadie se adueñe de ellas, porque fueron obtenidas por esos cuatro deportistas gracias a ellos, que dieron la cara por el resto de la delegación.
Es por ello que se exhorta al Congreso de la Unión para que en sesión ordinaria, en septiembre del año en curso, se les otorgue reconocimiento público a los medallistas Guillermo Pérez Sandoval, María del Rosario Espinoza, Tatiana Ortiz Galicia y Paola Espinosa Sánchez, por los logros obtenidos en los pasados Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito pone a consideración de este Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Congreso de la Unión para que en sesión ordinaria, en septiembre, se les otorgue reconocimiento público a los medallistas por los logros obtenidos en los pasados Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
Segundo. Se exhorta a los institutos estatales del deporte y a las federaciones deportivas de México, para que con la coordinación del director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Carlos Manuel Hermosillo Goytortúa, se conformen y se impulsen las políticas necesarias para descubrir a los atletas que se encuentran en los diferentes estados de la República Mexicana.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 de septiembre de 2008.
Diputado José Luis Aguilera Rico (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CNBV A VIGILAR QUE SE CUMPLA EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, A CARGO DEL DIPUTADO OBDULIO ÁVILA MAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de vigilar el cabal y puntual cumplimiento por parte de las instituciones de crédito, de lo establecido en el artículo 65 párrafo 3 de la Ley de Instituciones de Crédito, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Instituciones de Crédito, el sistema bancario mexicano se encuentra integrado por el Banco de México, instituciones de banca múltiple, instituciones de banca de desarrollo, el Patronato del Ahorro Nacional y los fideicomisos públicos constituidos por el gobierno federal.
2. Consecuentemente, el artículo 4 de la referida ley establece que el Estado ejercerá la rectoría del sistema bancario mexicano con la finalidad de orientarlo hacia actividades de apoyo y promoción del desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional a través de una política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y regiones del país.
3. En este sentido, el servicio de banca y crédito únicamente es proporcionado por: 1) instituciones de banca múltiple y 2) instituciones de banca de desarrollo. Bajo este esquema, se entiende por servicio de banca y crédito la captación de recursos del público en el mercado nacional.
4. De acuerdo con información de Banco de México, el total de activos del sistema financiero mexicano al mes de junio de 2007 ascendió a 2 mil 816 billones de pesos, de los cuales el 54 por ciento lo posee la banca múltiple, el 13 por ciento las afores, el 12 por ciento las sociedades de inversión, el 8 por ciento la banca de desarrollo, el 6 por ciento las aseguradoras y afianzadoras, el 4 por ciento las sofoles, y el restante 2 por ciento las casas de bolsa1.
Es de manifestar que del total de activos que posee el sistema financiero mexicano al mes de junio de 2007 fue mayor por 2 mil 629 billones de pesos en comparación al mismo período de 2003. Para 2007 el total de activos del sistema financiero mexicano se encuentra diversificado en comparación con lo que sucede en 2004. El total de activos de 2004 estaban conformados de la siguiente manera: el 50 por ciento lo poseía la banca múltiple, el 17 por ciento la banca de desarrollo, el 10 por ciento las afores, el 9 por ciento las sociedades de inversión, el 6 por ciento las aseguradoras y afianzadoras, el 4 por ciento las casas de bolsa, y el restante 4 por ciento las sofoles2.
6. Ahora bien, al cuarto trimestre del año 2007 el saldo total de los activos de la banca múltiple ascendió a 2 billones 954 mil 451 millones de pesos, lo que arroja un incremento trimestral del 2.43 por ciento, es decir, 113 mil 202 millones de pesos y con base en ello repercutió de forma positiva en 11.04 por ciento para todo el año, 390 mil 126 millones de pesos3.
7. Bajo otro orden de ideas, al cierre del año fiscal 2007 el saldo de la cartera de créditos otorgados por la banca múltiple ascendió a 1 billón 697 mil 626 millones de pesos. De esta forma, se observó una tasa de crecimiento anual del 18.27 por ciento, es decir, 314 mil 819 millones de pesos más en comparación a lo registrado en el año 2006 (1 billón 383 mil 436 millones de pesos). De igual forma, se registró una variación positiva trimestral del 3.66 por ciento, lo que representa un mayor crédito de 84 mil 384 millones de pesos respecto al tercer trimestre del año presupuestal 2007 (1 billón 613 mil 242 millones de pesos).
8. Del total del crédito otorgado por la banca múltiple durante 2007, el 41.03 por ciento correspondió a la actividad empresarial (696 mil 529 millones de pesos), el 27.74 por ciento a consumo (470 mil 861.2 millones de pesos), el 16.14 por ciento a vivienda (273 mil 951 millones de pesos), el 10.13 por ciento a las entidades gubernamentales (171 mil 994.7 millones de pesos), y el restante 4.97 por ciento a entidades financieras (84 mil 290.6 millones de pesos).
9. Por otra parte, el crédito otorgado al rubro de consumo4 registró una tasa de crecimiento anual del 20.90 por ciento en comparación al crédito otorgado en el año 2006. Así, el crédito otorgado fue mayor por 95 mil 514.2 millones de pesos. Asimismo, se observó una variación positiva del 3.54 por ciento respecto al tercer trimestre de 2007 (447 mil 985.2 millones de pesos), el crédito aumentó en términos coloquiales en 22 mil 876 millones de pesos.
10. No debemos omitir que la recuperación del crédito al consumo proviene de los hogares donde se vio reflejada en el año 2000 y para el año fiscal de 2006 llegó a representar el 4.2 por ciento del producto interno bruto. La cifra observada en 2006 se debe al dinamismo del crédito otorgado a los hogares por medio de las tarjetas de crédito debido a las bajas tasas de interés que se ofrecen en el mercado bancario. Además, el crédito otorgado a los hogares representa una alternativa de financiamiento para que puedan suavizar su curva de consumo.
11. Particularmente, las tarjetas de crédito emitidas al último trimestre del año anterior fueron de 24 millones 88 mil 526 las cuales son mayores por 527 mil 600 en comparación al trimestre de julio a septiembre del mismo año. Asimismo, las tarjetas emitidas durante el trimestre de octubre a diciembre fueron superiores por 2 millones 109 mil 379 respecto al segundo trimestre de 2007. Del total de las tarjetas de crédito emitidas al último trimestre del año (24 millones 88 mil 526) permitieron realizar operaciones por 108 millones 62 mil 125 lo que implica un importe monetario de 94 mil 637 millones de pesos.
12. Se debe acotar que en los últimos años se a reducido la brecha entre la población que tiene acceso al crédito y la población que no cuenta con dicho crédito. Un ejemplo claro que permite valorar la apertura del crédito en la población mexicana ha sido el número de expedientes que se encuentran en el buró de crédito de personas físicas que cuentan con algún adeudo. Para el año 2000 las personas físicas que se encontraban en el buró de crédito ascendía a 13.9 millones y al mes de diciembre de 2006 ascendió a 41.7 millones, con lo cual se registró un incremento de 27.8 millones de personas físicas que deben algún adeudo crediticio otorgado por las instituciones de crédito.
13. Es de destacar que en el Boletín Estadístico de la banca múltiple5 señala que a la cartera de crédito vigente, la cual llegó a ascender al término del año fiscal 2007 a 1 billón 654 mil 554 millones de pesos, observó una tasa de crecimiento anual del 17.16 por ciento, la cual estuvo fuertemente influenciada por el crédito a la actividad empresarial con el 26.7 por ciento, el crédito al consumo con el 19.13 por ciento y vivienda con el 12.7 por ciento.
14. Como consecuencia de lo anterior, la cartera vencida del año 2007 ascendió a 43 mil 73 millones de pesos, en la cual se observa una variación positiva trimestral del 6.14 por ciento, es decir, se dejaron de pagar créditos otorgados por 3 mil 98 millones de pesos respecto al tercer trimestre del año 2007. Asimismo, se registró una tasa de crecimiento anual del 50.46 por ciento respecto al año 2006, significando créditos no pagados por 15 mil 483 millones de pesos.
15. El incremento anual de la cartera vencida (50.46 por ciento) fue influenciada por la cartera vendida del crédito al consumo que representó el 63.88 por ciento del total de la cartera vencida. Las carteras vencidas que estuvieron presionadas por la baja fueron: la cartera vencida del rubro de vivienda con 19.8 por ciento, y la cartera vencida de la actividad empresarial con 16.19 por ciento.
16. Uno de los principales motivos que ha ocasionado que la cartera vencida del rubro de consumo aumente se debe a que las instituciones de crédito no realizan un buen análisis de riesgo crediticio provocando que los consumidores de crédito no puedan solventas sus obligaciones y lo único que pagan son los famosos pagos mínimos.
17. Bajo esta perspectiva, ante el crecimiento del crédito otorgado al consumo, no debemos olvidar que la mayor parte de las crisis financieras que se viven en todos los países del mundo han encontrado su origen a diversos factores. Por ejemplo:
b) La existencia de un gasto excesivo del crédito otorgado, es decir, gastamos más de lo que ganamos provocando un desequilibrio en nuestras finanzas personales, y
c) Una menor regulación al sistema financiero, específicamente a la banca múltiple en el momento de otorgar crédito.
Punto de Acuerdo
Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario seguir fortaleciendo y promoviendo la regulación en torno a la emisión de tarjetas de crédito con la finalidad de mantener la solidez del sistema financiero mexicano y con base en ello blindar internamente a nuestra economía de una crisis bancaria.
Único. Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que vigile el otorgamiento de crédito por las instituciones de crédito de acuerdo a lo enmarcado en el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Notas
1. Banxico. Evaluación y Perspectiva de la Economía Mexicana. Banco de México. Abril 2008. www.banxico.gob.mx
2. Ibid.
3. CNBV. Boletín estadístico, banca múltiple. Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Diciembre 2007. www.cnbv.gob.mx
4. El crédito otorgado al consumo se dirige a dos vertientes, el primero corresponde al crédito de tarjetas y el segundo se refiere al consumo en general.
5. Ibid.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB, A LA CONAGUA Y AL GOBIERNO DE GUANAJUATO A ADOPTAR MEDIDAS CONTINGENTES Y EMERGENTES EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD AFECTADOS POR LAS LLUVIAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA SOLEDAD LÓPEZ TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, María Soledad López Torres, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes antecedentes, hechos y consideraciones:
Antecedentes
1. Desde el 28 de agosto pasado, la zona norte y noroeste del estado de Guanajuato ha sido azotada por incesantes lluvias, que han afectado la mayoría de las localidades rurales y las ciudades de Celaya y Salamanca, cercanas al trayecto del río Lerma. Las precipitaciones han alcanzado 600 milímetros cúbicos.
2. Las presas del estado se hallan a nivel crítico o han sobrepasado su nivel de avenidas máximo ordinario. La presa Solís está a 90.5 de nivel de avenidas, con 724 millones de metros cúbicos almacenados. La presa Yuriria está a 76 por ciento de nivel máximo de avenidas, con 234 millones de metros cúbicos almacenados. La presa Peñuelitas ha rebasado hasta en 20 por ciento su nivel máximo de avenidas.
3. Un caso alarmante es la presa Ignacio Allende, que capta 60 metros cúbicos por segundo, pero se le extraen o desfogan 117.9 metros, excediendo en 121.5 por ciento del NAMO, con 182.3 millones almacenados.
4. Todos los anteriores factores propiciaron que la ciudad de Salamanca –en las zonas industrial y centro– fuera afectada por el desbordamiento del río Lerma, presionado por el desfogue de las presas Solís e Ignacio Allende.
5. Hasta ayer, la Comisión Nacional del Agua no disminuyó el volumen de desfogue de las presas Solís e Ignacio Allende, y con ello bajó el nivel del río Lerma en la zona crítica de Salamanca, bajando el caudal de 297 a 190 metros cúbicos. Pero el daño ya estaba hecho: las inundaciones en las casas de la ciudad de Salamanca sobrepasan 1 metro de altura.
6. Los pobladores de Salamanca no fueron desalojados, y hoy cientos de ellos son damnificados y necesitan cloro, agua, alimentos y medicinas.
7. Agricultores rurales de las zonas norte y noroeste perdieron toda la producción del ciclo, y los habitantes se encuentran aún en riesgo.
8. Ante el problema, las autoridades federales no han logrado efectuar una efectiva coordinación en la zona.
Por todo lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Con pleno respeto del ámbito de las respectivas competencias, la Cámara de Diputados, LX Legislatura, exhorta a los secretarios de Gobernación, y de la Defensa Nacional a implantar y coordinar el Plan DN-III en los municipios de Guanajuato afectados.
Segundo. Con pleno respeto del ámbito de las respectivas competencias, la Cámara de Diputados, LX Legislatura, exhorta a la Comisión Nacional del Agua a adoptar las medidas contingentes encaminadas a un manejo más restrictivo en el desfogue de las presas.
Tercero. Con pleno respeto del ámbito de las respectivas competencias, la Cámara de Diputados, LX Legislatura, exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a destinar recursos financieros y humanos para atender a los damnificados de las lluvias en Salamanca, Celaya y Abasolo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputada María Soledad López Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA CELEBRACIÓN DEL PRIMER CONGRESO MUNDIAL DEL DEPORTE, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MAURICIO ORTIZ PROAL Y JOSÉ JESÚS REYNA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Mauricio Ortiz Proal y José Jesús Reyna García, en su carácter de diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan la presente proposición de urgente y obvia resolución, que atentamente se solicita se turne a la Comisión de Juventud y Deporte, y la que se encuentra motivada en las siguientes
Consideraciones
En las últimas décadas, la actividad deportiva se ha extendido y diversificado en todo el mundo y nuestro país no es la excepción. En contraste con el delicado problema de salud pública que reporta el trágico binomio sedentarismo-obesidad a la población mexicana, el universo del deporte de alto rendimiento se ha desarrollado en forma constante.
Sin embargo, en los últimos años han sido constantes y crecientes los conflictos entre actores del ámbito deportivo. Y más allá de casos en particular, la problemática en el universo deportivo obedece, entre otras razones, a la pluralidad de instancias, concurrencia de ámbitos y añejas luchas de poder.
Y si bien en los recientes juegos olímpicos celebrados en Beijing, China, se cumplieron las expectativas, cierto es que los resultados pueden mejorarse si se logran conciliar los intereses que giran en torno al deporte mexicano y, paralelamente, se logra también profesionalizar, en la medida de lo posible, las actividades deportivas desde sus diferentes perspectivas.
En este sentido, estamos próximos a que se realice en nuestro país el primer Congreso Mundial del Deporte. Este evento tendrá verificativo del 23 al 25 de octubre en el Centro Banamex, situado en la Ciudad de México, Distrito Federal.
Dentro de los objetivos se encuentran impulsar la profesionalización de la industria del deporte en México, a través de herramientas como la mercadotecnia deportiva, con la participación de líderes del deporte nacional e internacional; fortalecer el vínculo del deporte y la educación en México, fórmula clave para el desarrollo del país; y crear un foro que reúna a los líderes de la industria en Latinoamérica (ligas y equipos profesionales, patrocinadores, medios de comunicación, agencias de publicidad, centrales de medios, agencias de promociones, proveedores de servicios, marcas deportivas, Conade, COM, institutos del deporte, clubes deportivos, atletas, deportistas, estudiantes y promotores de actos deportivos) para compartir experiencias con especialistas a nivel mundial.
Según Alejandro Hütt Valenzuela, joven emprendedor y presidente del primer Congreso Mundial del Deporte, el evento constará de conferencias magistrales, mesas de trabajo, área de exposición, área de interactivos, exposición fotográfica y desfile de modas, entre otros. "Contaremos con la presencia de los actores más importantes del mundo deportivo y expositores de gran reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, a fin de impulsar la profesionalización de la industria del deporte y la mercadotecnia aplicada a éste. Estarán presentes los más altos dirigentes del deporte, dueños de equipos profesionales, patrocinadores del deporte, ligas profesionales y amateurs, clubes deportivos, promotores de eventos, medios de comunicación, proveedores de servicios y artículos deportivos, agencias de publicidad, de promoción, de medios, estudiantes y deportistas de todo el mundo. Uno de los objetivos principales de este gran evento es fortalecer el vínculo del deporte y la educación en México, formula clave para el desarrollo de nuestro país, por lo que el primer Congreso Mundial del Deporte-Instituto Telmex del Deporte cuenta con el aval académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (campus Ciudad de México), la Universidad Tec Milenio y el aval de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Dentro del área de exposición, el público en general aficionado al deporte tendrá la oportunidad de conocer y convivir con sus deportistas favoritos".
Por lo anterior, resulta procedente sumar esfuerzos para que el congreso convoque a los diversos actores del universo deportivo y sirva como un espacio de análisis que nos permita vislumbrar las medidas que se deben coordinar entre los diferentes sectores y ámbitos de gobierno para fortalecer el deporte en México, por lo que ponemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Educación Pública y de Salud, así como al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en el ámbito de sus respectivas competencias promuevan la participación en el primer Congreso Mundial del Deporte, a celebrarse en la Ciudad de México, del 23 al 25 de octubre del año en curso.
Segundo. Haciendo énfasis en nuestro irrestricto respecto por la autonomía de la colegisladora, invitamos a los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, del Senado de la República, a sumarse a este esfuerzo de difusión del primer Congreso Mundial del Deporte.
Tercero. Se giren atentos comunicados a los gobernadores de los estados y al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a fin de que fomenten la participación de los deportistas de su entidad en el primer Congreso Mundial del Deporte.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputados: Mauricio Ortiz Proal, José Jesús Reyna García (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A PROHIBIR LA VENTA DE "BEBIDAS ENERGÉTICAS", A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS AGUILERA RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, José Luis Aguilera Rico, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El consumo de bebidas energéticas inunda los mercados latinoamericanos, después de haberlo hecho en los europeos y estadounidenses, por la gran aceptación entre la juventud, pues sus propiedades brindan vigor y ayudan a combatir la fatiga. Sin embargo, hay quienes recomiendan no abusar de ellas y otros que se inclinan por su no comercialización.
Uno de los empresarios más exitosos que comercializan bebidas energéticas descubrió, en 1980, que eran muy populares en Asia, lo que hizo que llevara esta novedad al mercado occidental. Empezó a venderlas en su propio lugar de origen, Austria, y para 1987 prácticamente toda Europa consumía este tipo de productos.
Quizá, tal éxito se deba a que las también llamadas energy drinks incrementan la resistencia física, ayudan a reaccionar en forma más rápida y otorgan al consumidor un estado de mayor concentración; asimismo, proporcionan una momentánea sensación de bienestar, estimulan el metabolismo. La mercadotecnia en torno a estos concentrados recomienda que se ingieran en periodos de arduo trabajo y estrés, cuando se requiera atención extrema para solucionar algún problema o al momento en que haya disminución de energía para emprender alguna actividad.
Como se ha mencionado, este innovador producto ha encontrado en poco tiempo gran aceptación, por lo que el mercado se encuentra lleno de competidores, al grado que en la actualidad se conocen bebidas de este tipo fabricadas en Brasil, México y Estados Unidos, país en el se presume existen 7.5 millones de consumidores.
Las bebidas energéticas probaron en primera instancia gran efectividad para días de arduo trabajo o estudio, o para situaciones de atención extrema, por lo que encontraron gran mercado en estudiantes y ejecutivos, para posteriormente dirigirse a trasnochadores con necesidad de recuperar energía y después a deportistas de alto rendimiento. Por cierto, para éstos que se desempeñan en el ámbito profesional es importante sugerir que revisen muy bien la etiqueta antes de su consumo, pues algunos de los compuestos son motivo de sanción por algunos órganos reguladores del deporte a nivel mundial.
Ahora bien, las mismas etiquetas deben advertir que su ingestión tiene que ser restringida en aquellas personas susceptibles a la cafeína, como hipertensos o con problemas de corazón, quienes pueden sufrir alteraciones en el ritmo cardiaco. Incluso en una persona sin este tipo de problemas una sobredosis de cafeína podría producirle taquicardia, temblores, insomnio, náuseas, diarrea, alucinaciones y vómito, entre otros síntomas, de manera que no hay que excederse en su consumo.
Igualmente, los pacientes con diabetes deben cuidar su empleo, ya que como parte de sus saborizantes se emplea dextrosa, azúcar de fruta que no siempre es bien tolerada.
No se puede ocultar que las bebidas energéticas han generado controversia sobre los efectos que producen cuando se combinan con alcohol, donde en muchos lugares de México, se vende al publico, como una promoción de su antro favorito o restaurante de preferencia, pero debemos reconocer que su promoción no esta ligada con este aspecto y que difícilmente podrían hacerlo, pues la autoridad sanitaria no lo aceptaría. Es por ello que la responsabilidad recae directamente en el consumidor y, yendo un poco más lejos, en los padres que tienen hijos adolescentes y no los alertan, en general, sobre los posibles peligros de sustancias estimulantes. Peligro es cuando estas bebidas se mezclan con el alcohol y las áreas de urgencias del Seguro Social o del hospital general, reciben a los adolescentes con desmayos o taquicardia, en muchos caso se conoce, pierden la vida jóvenes con edades de apenas 16 y 17 años.
Pese a lo anterior, hay sitios donde se venden como cócteles, por ejemplo, el llamado "fuego sagrado", el cual es resultado de mezclar cualquiera de ellas con vodka, o el "volador", que incluye champán, cointreau y whisky. Se sabe que también hay quien las combina con drogas sintéticas que trastornan al sistema nervioso central, como el éxtasis, lo que resulta aun más peligroso, ya que puede alterar el estado de conciencia.
Lo cierto es que estas famosas bebidas energéticas para algunos son como un elixir pues creen que tienen efectos positivos en quienes se desvelan, para estudiar o requiere de vigor para salir a bailar, pero la realidad es que pueden provocar adicción, se debe limitar su consumo, y se debe tener en cuenta que no deben ser combinadas nunca con drogas ni alcohol.
Si bien los primeros productos de estas bebidas eran de tan sólo ocho onzas, y su contenido de cafeína era igual al de una taza de café, hoy las nuevas marcas triplican esa cantidad.
Estudios de especialistas han demostrado que una lata de estas bebidas equivale a tres tazas de café y contiene entre cinco y siete cucharadas de azúcar. Este consumo de cafeína y azúcar, que puede duplicarse o triplicarse según la cantidad de latas que se consuman a diario, va a ser perjudicial para la salud a corto, mediano y largo plazo.
A pesar de que las compañías productoras aseguran que estas bebidas son seguras, los profesionales de la salud están viendo todo lo contrario en sus consultorios.
El alto contenido de cafeína de estas bebidas está causando problemas graves: taquicardias y arritmias del músculo cardiaco, estímulo exagerado del sistema nervioso, irritabilidad, temblores, dolores de cabeza, obesidad, hiperactividad e insomnio.
Estas bebidas interfieren también con el crecimiento de los niños, porque aunque después de ingerirlas caigan fácilmente en sueño, las sustancias estimulantes que se quedan en su organismo no los dejan alcanzar el nivel de sueño profundo donde se segregan las hormonas del crecimiento, y que se necesitan para revitalizar el cerebro y organismo.
A nivel de adulto, podemos mencionar que al no alcanzar el sueño profundo se despertará cansado y obviamente necesitará ingerir la bebida para sentirse con energía; así se crea un círculo de dependencia y una nueva adicción.
La cafeína en estos productos es peligrosa para los chicos y adultos que desconocen tener problemas cardiacos, ya que acelera el corazón y puede provocar taquicardias y arritmias que vienen a ser mortales cuando el sistema cardiaco de por sí está acelerado durante un esfuerzo físico o la práctica de un deporte.
Otros problemas que se está viendo son descalcificación de los huesos y daño a los riñones ante la alta dosis de cafeína que contiene la fórmula de estas bebidas.
Aparte de la cafeína y el azúcar, a muchas de estas bebidas se le agregan otros elementos, como la taurina (un aminoácido), algunas vitaminas de la clase B y yerbas como guaraná, ginseng y ginko biloba, que pueden causar problemas cuando se mezclan con otras sustancias.
Unas cuantas marcas incluso contienen ma huang o efedra, una sustancia parecida a la anfetamina.
Según la dentista Bertha Alarcón, de la Sociedad Americana de Dentistas y con práctica en Cudahy, California, el alto contenido de azúcar de estas bebidas está provocando daños a la dentadura de los jóvenes de hoy. Y nos da el ejemplo de un joven de nombre Antonio (N), quien con tan sólo 18 años tiene hoy un implante como parte de su dentadura y más de la mitad de su molares y dientes está con tapaduras. "Las caries se le desarrollaron en menos de dos o tres años", comenta su madre. "La única razón que su odontólogo encontró para ello fue su costumbre de ingerir de dos a tres latas diarias de bebidas energéticas". Cuando el azúcar, los aminoácidos y carbohidratos que contienen estas bebidas entran en contacto con los dientes, producen caries. En particular cuando no se tiene una buena higiene bucal.
Incluso hay quienes afirman que el consumo de las bebidas energéticas, que reemplazan al agua y a la simple taza de café, van a llevar a tener en el futuro a una generación sin dientes, con problemas en el corazón, el hígado, los riñones y los huesos.
Previendo estas consecuencias el Reglamento de Salud de Pachuca de Soto, Hidalgo, preocupado por el bienestar de las sociedad, ha establecido que:
Tercero. Se prohíbe la venta a menores de 18 años de las denominadas bebidas energéticas o con altos contenidos en cafeína y taurina; debiéndose publicar en lugar visible dentro del establecimiento dicha prohibición." (Sic)
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito pone a consideración de este Pleno la siguiente:
Proposición con punto de acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que realice las investigaciones y pruebas del caso y prohíba la comercialización de las llamadas bebidas energéticas, atendiendo a las consideraciones expuestas en líneas precedentes y por tratarse de una bebida que puede provocar un problema de salud pública.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputado José Luis Aguilera Rico (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP A ESTABLECER EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 UN IMPUESTO ESPECIAL AL CONSUMO DE BOLSAS DE PLÁSTICO, DE CUALQUIER POLÍMERO Y ESPESOR, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ GILDARDO GUERRERO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
José Gildardo Guerrero Torres, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La bolsa de plástico, es un objeto cotidiano utilizado para transportar pequeñas cantidades de mercancías.
Introducidas en los años 70, las bolsas de plástico rápidamente se hicieron muy populares, especialmente a través de su distribución gratuita en supermercados y otras tiendas. Estas, son una de las formas más comunes de acondicionamiento de la basura doméstica y a través de su decoración con los símbolos de las marcas, constituyen una forma barata de publicidad para las tiendas que las distribuyen.
Las bolsas de plástico, pueden estar hechas de polietileno de baja densidad, polietileno lineal, polietileno de alta densidad o de polipropileno, polímeros de plástico no biodegradable, con espesor variable entre 18 y 30 micrómetros. Y cabe referir que anualmente circulan en todo el mundo entre 500 mil millones y 1 billón de estos objetos.
Las bolsas de plástico no son formas de transporte inocuas para el ambiente por dos motivos esenciales:
Primero. El elevado número de bolsas producidas por año (cerca de 150 por persona al año) y;
Segundo. Por la naturaleza no biodegradable del plástico con que son producidas.
La manufactura del polietileno se hace a partir de combustibles fósiles que implica la emisión de gases contaminantes, pero además aún cuando se calcula que cerca de un 90% de las bolsas de plástico acaban su vida en vertederos, o como basura, dada su extrema ligereza, tienen la tendencia de volar y esparcirse por el medio ambiente, lo que provoca y potencializa sus efectos contaminantes, pues a corto o largo plazo acaban por llegar a los ríos y océanos.
Hoy en el mundo existe una tendencia en el mundo para frenar los efectos devastadores que en la naturaleza ha tenido la utilización de estos objetos, así por ejemplo la República de Irlanda fue la pionera europea en la toma de medidas sobre la producción descontrolada de bolsas de plástico al introducir en el 2002 el PlasTax, un impuesto que cobra 0.15 centavos de euro al consumidor por cada bolsa distribuida. El resultado de esta iniciativa fue la recaudación de cerca de 23 millones de euros que fueron invertidos en proyectos ambientales y una reducción en el consumo del 90%.
Otro ejemplo es el de Alemania donde las bolsas de plástico son pagadas por el consumidor en todos los supermercados por lo que hoy es habitual el uso de bolsas de tela reutilizables o cajas de cartón.
En otros países las medidas para combatir este flagelo han sido más estrictas, así pues en Sudáfrica existe una ley que hace ilegal el uso de bolsas con menos de 30 micrómetros de espesor, medida que incrementa los costos de la producción, encareciendo el producto y fomentando la reutilización. O bien el caso de Blangladesh donde la manufactura, compraventa y posesión de bolsas de polietileno está expresamente prohibida por la ley y sancionada con altas multas y hasta penas de prisión para los reincidentes.
Ante el panorama expuesto y no siendo ajenos a esta situación en México, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer en la Ley de Ingresos de la Federación, para el año 2009, un impuesto especial, al consumo de bolsas de plástico elaboradas con cualquier polímero y espesor.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputado José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE TLAXCALA A RESOLVER LOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD DEL ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMARO CORONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, atendiendo a las siguientes
Consideraciones
En días pasados, el gobernador de Tlaxcala, Héctor Israel Ortiz Ortiz, declaró ante los medios de comunicación sobre las cifras de secuestros en la entidad que gobierna: "Sólo dos secuestros reales; no ha habido otros. En el primer caso fue una cuestión de venganza personal, donde un sujeto secuestró a un empresario camionero de Tlaxcala, (ya) fue aprendido junto a otros sujetos (procedentes) de Veracruz".
De acuerdo con información publicada el pasado 12 de agosto por el periodista Lemic Madrid, de Excélsior, un informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que "las organizaciones delictivas han convertido al estado de Tlaxcala en el mayor centro de victimización en materia de secuestro".
Se ha dicho, y lo repito porque se trata de una verdad inobjetable: "Sin justicia no hay garantía de seguridad, ni de tranquilidad, ni de paz social. La solución de fondo en el combate de la delincuencia, la más humanitaria, eficaz y probablemente la menos cara, consiste en combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas. Pero nada de eso están haciendo los hombres de poder en México".
Estamos a punto de iniciar el año electoral, y el país se encuentra hundido en una crisis de seguridad pública, pero también en un creciente deterioro del poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos. Los ciudadanos de a pie nos están mandando mensajes muy claros de querer asumir esa responsabilidad fundamental del Estado que es la seguridad. No podemos ser omisos ante ese hartazgo y ese reclamo.
Las últimas encuestas que evalúan la confianza en las instituciones señalan con mucha claridad que las instituciones fundamentales del Estado mexicano han caído en la confianza de los ciudadanos.
De acuerdo con un sondeo de opinión publicado el pasado 28 de agosto, 70 por ciento de los ciudadanos de Monterrey, del Distrito Federal y de Guadalajara considera que con más dinero no se resolverá el problema de la inseguridad.
A los tlaxcaltecas nos preocupa el estilo de gobernar de Héctor Israel Ortiz Ortiz.
Como ustedes saben, el gobernador controla políticamente el estado a través de partidos creados por él para sus intereses, controla el Congreso local de manera avasallante a través de diputados del PAN y por supuesto a través de una red de familiares en puestos clave de la administración estatal.
En 2007 se registraron 596 secuestros en el país: 164 corresponden a Tlaxcala; es decir, 27 por ciento. En el primer trimestre de 2008 se registran 41. Esta realidad sucede en el estado más pequeño del país, con una población de 1 millón de habitantes,
Pero quiero hacer notar que en 2005, año electoral, se registró una cifra de 270 secuestros, la más alta en esta década. Es de llamar la atención que en esas elecciones el actual gobernador resultara electo. Y quiero decir que yo mismo fui víctima de un secuestro, cuyo objetivo fue robarme mi credencial de elector para impedirme competir por la presidencia municipal de mi localidad.
¿Qué debemos entender los tlaxcaltecas, pero también los mexicanos sobre el estilo de gobernar de los panistas? En 2006 no escatimaron en impulsar campañas del miedo, aun transgrediendo la ley electoral, ofreciendo un futuro seguro. ¿Qué ha sucedido en los dos años de Calderón y en los tres años de Héctor Ortiz Ortiz? Lamentablemente para los ciudadanos de las comunidades y los municipios de Tlaxcala y de todo el país, la inseguridad ha crecido de modo alarmante y no se ve por dónde pare. Lo más grave de esta realidad es que la situación económica de la mayoría de los mexicanos no mejora.
Por lo expuesto y fundado, con carácter de urgente resolución, someto ante el Pleno de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Tlaxcala a rendir un informe a los ciudadanos y comunidades de los 60 municipios del estado sobre la situación que guardan los expedientes de secuestros de 2006, 2007 y 2008.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública federal a atender, en coordinación con el gobierno y los 60 municipios de Tlaxcala, las preocupaciones y propuestas de los ciudadanos.
Tercero. Se exhorta al Congreso y al titular del Poder Ejecutivo de Tlaxcala a revisar la legislación local vigente y la política de seguridad estatal, a fin de definir métodos de evaluación de resultados que permitan abatir la ola de secuestros.
Cuarto. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a requerir la revisión de los conceptos específicos vinculados con el ejercicio de los recursos federales destinados en los programas de seguridad pública en Tlaxcala en los años 2006, 2007 y 2008.
México, DF, a 9 de septiembre de 2008.
Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SE Y A LA SECTUR A EFECTO DE QUE LAS ARTESANÍAS MEXICANAS CUENTEN CON LA LEYENDA "MANOS MÁGICAS", A CARGO DE LA DIPUTADA ELDA GÓMEZ LUGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Observar el México de hoy, es imaginar en los interminables colores y texturas que lo integran, es pensar en una pluriculturalidad de país en la que se mezclan diferentes grupos sociales, cada uno con sus usos y costumbres, tradiciones y un sin número de actividades que han ido poniendo a la gran cultura mexicana, como una de las más ricas y floridas del mundo.
Las tradiciones y artesanías mexicanas, encierran las más variadas y ricas obras, que producidas con cariño y esmero envuelven y cautivan todos los sentidos de quienes visitan las diferentes regiones de nuestro país.
Y en este sentido, nuestros artesanos mexicanos son parte fundamental de nuestro patrimonio cultural, ya que con sus manos mágicas y su labor diaria imprimen en cada pieza artesanal un pedacito de nuestra historia.
Cabe señalar, que la manufactura y comercialización de estos productos es de gran importancia, ya que de cada peso que gasta un turista nacional, casi 22 centavos son destinados a la compra artesanías. Aunado a lo anterior, el ramo artesanal se beneficia con un 21.9% del gasto turístico.
Desafortunadamente en la actualidad, los elevados precios de los bienes y servicios, así como el contrabando y las falsas réplicas de las artesanías mexicanas, han provocado que miles de artesanos y sus familias se vean afectados en su economía y en el desarrollo de sus actividades.
Los legisladores priistas siempre comprometidos con los sectores más desprotegidos de la sociedad, no vamos a permitir ni tolerar que siga este atropello a la comunidad de artesanos, por ello, tomaremos cartas en el asunto a fin de que se frene el contrabando y piratería, y se proteja la denominación de origen imprimiendo en cada una de las obras la leyenda "Manos Mágicas". Lo anterior, con el objetivo de proteger en mayor medida a los artesanos mexicanos y se propicien medidas que alienten el crecimiento de este sector y protejan su operación.
Compañeros diputados: El trabajo artesanal, no solamente es importante en el terreno económico para nuestro país, sino además, es un factor que contribuye de manera significativa al desarrollo social de grupos menos favorecidos y de comunidades indígenas que subsisten, casi exclusivamente de la comercialización de sus artesanías.
El día de hoy, vengo a esta tribuna hacer un llamado a todas las fuerzas políticas de esta Cámara de Diputados, para que nos unamos una misma voz, en aras de fomentar el respeto, rescate, fortalecimiento y revaloración de nuestros artesanos mexicanos.
Por ello, compañeras y compañeros legisladores, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares de la Secretarías de Economía y Turismo, para que en el ámbito de sus atribuciones, implementen un programa en coadyuvancia con las organizaciones de artesanos mexicanos, con el fin de que todas las artesanías elaboradas en territorio mexicano, lleven la leyenda "Manos Mágicas". Lo anterior, con el objetivo mitigar las copias falsas, así como proteger en mayor medida a los artesanos mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2008.
Diputada Elda Gómez Lugo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LA PGR SOBRE LA CREACIÓN DE UNA FISCALÍA ESPECIAL PARA PREVENIR DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL Y ATENDER EL TRÁFICO DE BIENES CULTURALES, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN IGNACIO LEMUS MUÑOZ LEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado federal Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, instruya a la Procuraduría General de la República para crear una Fiscalía Especial para la Prevención de Delitos contra el Patrimonio Cultural y la Atención del Tráfico de Bienes Culturales; al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la actualidad el comercio ilegal de bienes culturales es un delito lamentablemente muy frecuente. Los estados, particularmente del sureste y occidente del país, son los que registran una mayor incidencia de saqueo arqueológico, de acuerdo a la información ofrecida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y su coordinación con instancias internacionales, quienes nos dicen que los bienes saqueados tienen como destino, Estados Unidos, Japón y países europeos, donde llegan a coleccionistas particulares, así como a museos privados y estatales. Este problema ha generado una serie de convenios internacionales en los últimos dos años, mismos que han permitido la recuperación de cerca de 300 piezas.1
Uno de los motivos principales para contar con una fiscalía especializada en el tráfico de bienes culturales, es el hecho de que el comercio ilícito de bienes culturales es el tercer o cuarto delito más frecuente en el ámbito internacional después del narcotráfico y del tráfico de armas.
Frecuentemente se distingue el valor económico que tienen los bienes culturales de su valor social y cultural. Si bien es cierto que, en muchos casos, el valor económico de un objeto patrimonial es un antecedente relevante para determinar la importancia de su preservación, la razón principal para la conservación y resguardo de los bienes culturales radica en el inmenso valor social o cultural que estos bienes tienen para una comunidad, una nación e incluso en algunos casos, para la humanidad. Sin embargo, en la actualidad los bienes culturales se han convertido en una inversión resistente a cualquier variación financiera ya que con el transcurso del tiempo se incrementa su cuantía, lo que los transforma en objetivos de traficantes en el ámbito nacional e internacional.
Según datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de 1999 al mes de junio de 2006, fueron robados 964 objetos religiosos de los cuales sólo 190 se han recuperado. Además, se estima que de los 35 mil sitios prehispánicos que existen en nuestro país, 10 458 han sido objeto de algún tipo de saqueo.2 El INAH tiene inventariado un millón de bienes culturales y otro millón se encuentra bajo su custodia, lo que hace necesario, además de impulsar las reformas para considerarlo un delito grave, impulsar una fiscalía especializada.
Los datos recaudados por especialistas en la materia nos indican que generalmente, los bienes patrimoniales robados son transportados en vehículos de doble fondo, junto con muebles, o bien dentro de ellos. Entre las diversas formas de saqueo se encuentra también la de fragmentar y embarcar las piezas con materiales de construcción, mientras que las obras de arte sacro, tales como esculturas, óleos y retablos, son repintadas para esconder su valioso origen. Es importante señalar que en estos momentos para denunciar el saqueo de bienes culturales es necesario acudir a la Procuraduría General de la República, al Ministerio Público más cercano, al Centro INAH de cada estado o a la Interpol.
Hasta el momento debemos reconocer los importantes esfuerzos que sobre la materia han realizado los Institutos Nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Ciencias Penales (Inacipe), que mediante acuerdos y convenios han impartido capacitación en materia jurídica y cultural a jueces, magistrados, ministerios públicos y fuerzas policíacas del país para combatir el tráfico ilícito de piezas arqueológicas, artísticas e históricas. El convenio signado en el Museo Nacional de Historia por el anterior titular del INAH, Luciano Cedillo y Gerardo Felipe Laveaga, titular del Inacipe, es una muestra de ello, pues dicho convenio, prevé la organización de cursos y seminarios especializados a nivel nacional.
La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO) desde la década de los 60, ha manifestado la necesidad de crear inventarios del patrimonio cultural en cada país. Medida fundamental en la construcción de nuestras identidades, para saber con qué contamos y qué tenemos que proteger.
Hace un par de años autoridades estadounidenses regresaron al gobierno de México un lote de más de una docena de piezas arqueológicas del periodo precolombino, que fueron decomisadas en el norte de Texas. Las piezas, entre las que se incluyen máscaras, vasijas, textiles y efigies en miniatura, fueron decomisadas en 2002 por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, cuando intentaban introducirlas en territorio estadounidense. Las piezas fueron enviadas por el consulado al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Es importante resaltar la confianza y el esfuerzo por parte de ambos gobiernos que esto refleja.
En el mes de abril de 2007 se llevó a cabo en las instalaciones del Museo de Antropología e Historia, el foro internacional "Estudio de Casos en la Protección del Patrimonio Cultural", organizado por el INAH y la Organización de Estados Americanos y representantes de países miembros de la OEA encargados de combatir el tráfico ilícito de bienes culturales.3 El foro concluyó con ocho puntos, entre los que destacan, el organizar un departamento especializado dentro de la policía para la lucha contra el trafico ilícito de bienes culturales y capacitar a esos elementos policíacos en talleres, videoconferencias o multimedia, entre otro tipo de tecnología. Además de promover e incrementar el flujo de información al banco de datos de la Interpol para establecer rutas de tráfico y perfiles de los criminales y reforzar, ratificar y ampliar las leyes y normas nacionales de cada país orientadas a la prevención y protección del patrimonio cultural (convenios bilaterales y multilaterales).4
En el mes de mayo de 2007, el director del Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato, tercera entidad con mayor número de casos en robo de arte sacro, dio a conocer la existencia de una organización especializada en historia del arte que comercia de manera ilícita objetos valiosos y tiene como punto de venta el Distrito Federal, al mismo tiempo que anunció la catalogación de las obras en los templos de la entidad, con 5 mil 288 fichas realizadas de objetos varios en diversos municipios del estado. No obstante, señaló que el catálogo de arte sacro no será dado a conocer al público, pues "sería tanto como hacer una guía ilustrada para los delincuentes".5
Es responsabilidad y obligación del gobierno mexicano investigar y sancionar estos delitos los cuales se cometen de manera sistemática debido a la falta de investigaciones concluyentes, procesamientos y castigos a los responsables, lo que ha generado un clima de impunidad. Implementar, a través de una fiscalía especial, estrategias permanentes y dirigidas nos permitirá contrarrestar estos actos delictivos. Tenemos que hacerlo. Debemos luchar incansablemente por conservar la memoria histórica y cultural de nuestra nación.
México es Estado Parte de la Convención de la UNESCO sobre las medidas que deben adoptarse para impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales. Es preciso entonces crear las condiciones que nos permitan hacer frente a la constante pérdida de bienes culturales, por acciones de saqueos, robos, comercio ilegal y tráfico ilícito.
Además de una adecuación del marco jurídico en la materia, es necesario impulsar medidas de protección a estos bienes que forman parte de nuestra identidad nacional. La creación de una fiscalía especial a nivel federal para atender los casos relacionados ha sido una demanda reiterada que no ha tenido el eco suficiente al interior de las instancias competentes, pues si se considerara su implementación, se podrían relacionar delitos entre las diferentes entidades federativas y observar coincidencias existentes que facilitarían las investigaciones. Una atención especializada en la persecución de esta clase de delitos generaría certidumbre jurídica además de que permitiría realizar diligencias particulares aplicables a estos casos concretos y llevar a cabo tareas de investigación profundas y documentadas.
Además, sería deseable contar con la elaboración de un catálogo y registro del arte sacro que hay en el país.
Por los argumentos que han quedado anteriormente expuestos someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal instruya a la Procuraduría General de la República para crear una Fiscalía Especial de Atención para la Prevención de Delitos contra el Patrimonio Cultural y la Atención del Tráfico de Bienes Culturales.
Notas:
1. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3. En la inauguración, además del titular del INAH, estuvo presente el embajador de los Estados Unidos en México, Antonio Garza. Asistieron más de 30 especialistas de toda la región. Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Canadá y Estados Unidos. Analizaron experiencias que se han tenido en la recuperación de bienes arqueológicos y artísticos, a partir del establecimiento de estrategias de colaboración interinstitucional, tanto al interior como al exterior de cada país.
4. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
5. La Jornada, 14 de mayo de 2007.
Dado en el Palacio Legislativo a los 9 días del mes de septiembre de 2008.
Diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL RESPONSABLES DEL EJERCICIO DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE DE 2008 QUE PRESENTEN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO DEL AVANCE PRESUPUESTAL DE CADA UNA DE ELLAS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CELSO DAVID PULIDO SANTIAGO, ALEJANDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Y CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los que subscriben, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A pesar de que en el año 2008, la Cámara de Diputados aprobó el mayor presupuesto para el campo en la historia de nuestro país el cual fue del orden de los 204 mil millones de pesos, los resultados derivados de la aplicación de tales recursos no han conducido a una mejoría en el nivel de vida de los millones de mexicanos que habitan en las áreas rurales, no se han generado los empleos necesarios que se prometieron crear, la competitividad que supuestamente nos iba a permitir alcanzar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte tampoco se ha logrado y nuestros recursos naturales se siguen deteriorando, saqueando y entregando de manera indiscriminada al capital extranjero.
Y por si no bastara este crítico panorama, ante la incapacidad, ineficiencia y falta de sensibilidad de las autoridades federales para dar respuesta a la grave situación que vive el campo mexicano, hoy somos testigos y padecemos una grave crisis alimentaría.
Crisis que se ha traducido en un incremento de cerca del 7 por ciento en el precio de los productos de la canasta básica como el arroz, el frijol, el azúcar, el aceite, las tortillas que son del consumo generalizado de la población, lo que significa el nivel más alto desde 2005.
Aun en los precios de los productos procesados que supuestamente el gobierno federal había pactado congelar con la iniciativa privada, para aliviar temporalmente esta situación de crisis, se ha incumplido dicho pacto al observar en la primera quincena del pasado mes de agosto aumentos cercanos al 10 por ciento en el costo de estos alimentos.
Tan sólo a principios de este año, el precio de la leche pasteurizada se ubicaba por debajo de los 10 pesos. El día de hoy este mismo producto se paga a 11.50 pesos en las cadenas de supermercados y a 12.50 pesos en los pequeños establecimientos.
Y que decir del incremento en el precio del aceite comestible, del azúcar y de los granos básicos como el maíz, los cuales se han disparado en más del 50 por ciento.
Mientras esto sucede, las dependencias del gobierno federal responsables del ejercicio presupuestal aprobado por esta soberanía en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable e incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, a través de las diversas comparecencias a las que se han convocado a los responsables de dichas dependencias, han proporcionado información a cuenta gotas del ejercicio de éste en el mejor de los casos. En otros, casos nos muestran cifras alegres amparados en el manejo de las cifras pretendiendo ocultar lo que todos sabemos que es una realidad.
Nos referimos concretamente al subejercicio presupuestal observado en la presente administración del gobierno federal. Resulta un contrasentido que mientras los diputados de la presente legislatura aprobamos los presupuestos más grandes en la historia del país, en la perspectiva de reactivar el campo e impulsarlo para garantizar la disponibilidad de alimentos y abastecer la demanda interna la realidad nos muestra que hoy somos más dependientes como nación en materia alimentaría.
La pregunta obligada es: ¿Dónde están los resultados que se esperaban obtener a partir de la aplicación de estos recursos a los diversos programas previstos en el PEC? ¿Cómo han impactado estos programas medidos estos a través de una serie de indicadores tales como niveles de producción, incremento de la productividad, generación de empleos, redistribución de la riqueza, conservación de los recursos naturales, por mencionar sólo algunos.
La respuesta es que estos recursos presupuestales no han llegado, han llegado tarde o simplemente se han pervertido los objetivos y las metas trazadas originalmente en el presupuesto y se han sometido a una serie de ajustes o trasferencias y se han aplicado con una amplia discrecionalidad por parte de los responsables del ejercicio de este recurso.
Por ello, en el ejercicio pleno de una de las facultades del Poder Legislativo en el sentido de constituir un verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo, no debemos permitir más que esta historia se vuelva a repetir.
En consecuencia, el espíritu de la presente propuesta es condicionar al gobierno federal para que en materia de presupuesto rural previa a la discusión y aprobación del PEC 2009, los titulares de las dependencias relacionadas con el campo, deberán de entregar un balance pormenorizado y claro de cómo, cuánto y dónde se han aplicado los presupuestos bajo su responsabilidad.
Debido a que los tiempos establecen que el 8 de septiembre esta soberanía deberá recibir de manos del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el paquete económico 2009 y con el propósito de tener tiempo para procesar dicha información previa a la aprobación de dicho paquete, lo cual deberá a ocurrir a más tardar el próximo 15 de noviembre, nos permitimos someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición de obvia y urgente resolución con
Punto de acuerdo
Único. Se solicita a los titulares de las dependencias del Ejecutivo federal responsables del ejercicio del Programa Especial Concurrente 2008 presenten con carácter de urgente a esta soberanía un informe pormenorizado y claro del avance presupuestal de la dependencia a su cargo.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la honorable Cámara de Diputados, a 9 de septiembre de 2008.
Diputados: Celso David Pulido Santiago, Alejandro Martínez Hernández, Carlos Ernesto Navarro López (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL PROCESO DE LICITACIÓN DE LAS CONCESIONES QUE SE OTORGARÁN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO PUERTO BAHÍA COLONET, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FRANCISCO JAVIER PAREDES RODRÍGUEZ Y HÉCTOR MANUEL RAMOS COVARRUBIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputados Francisco Javier Paredes Rodríguez y Héctor Manuel Ramos Covarrubias integrantes de la LX Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo referente al proceso de licitación para las concesiones que se otorgarán en el desarrollo del Proyecto Puerto Bahía Colonet, se considere preferentemente la figura de la API de Ensenada o en su caso otra API similar constituida ex profeso para este proyecto, como instituciones idóneas para la administración y manejo adecuado de estas concesiones; garantizando para los inversionistas interesados en participar, las mejores condiciones de certidumbre, transparencia y legalidad; y para el entorno puerto-ciudad los mejores incentivos para el adecuado desarrollo regional, con base en lo siguiente
Descripción del Proyecto
El Puerto Bahía Colonet es un proyecto multimodal de gran dimensión ubicado a 140 Km. al sur de Ensenada, en Punta Colonet, Baja California, enfocado en el manejo y transporte de carga contenerizada entre Asia y EUA.
El objetivo general del proyecto es el establecimiento y operación de instalaciones portuarias, ferroviarias y urbanas, para la recepción y despacho de cargas contenerizadas de importación en tránsito, con destino final a los EUA. Con la finalidad de que la inversión privada construya, equipe, opere y financie el proyecto; impulsando la competitividad de la región por medio de empleo, infraestructura e integración regional; salvaguardando la soberanía y seguridad nacional y de la región; todo lo anterior en el marco de un proceso de licitación equitativo, transparente, expedito y eficiente.
Se tiene previsto que el puerto se opere bajo la figura de concesión por un plazo de treinta años, para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación que forman parte del recinto portuario, ubicado en Bahía Colonet; la concesión podrá incluir la construcción, operación y explotación de la terminal, servicio de manejo, carga y descarga de contenedores, etcétera. Los requerimientos mínimos de inversión en infraestructura para obras portuarias son 7.5 Km. de escolleras y canales de navegación a 16 metros de profundidad; dragado para ganar más de 200 hectáreas de terreno al mar para patios, almacenes y acceso ferroviario; inmuebles para oficinas de autoridades portuarias y aduaneras y; 10 o más muelles con grúas de pórtico.
El ferrocarril también se operaría bajo la figura de concesión por un plazo de treinta años, para construir y operar la vía general de comunicación fronteriza con ferrocarriles norteamericanos, Clase I, con un tramo de una longitud y trazo por definir.
En lo correspondiente a la urbanización de las áreas colindantes al recinto portuario, el proyecto tiene contemplada la zonificación y provisión de infraestructura básica de acceso terrestre al puerto y las instalaciones ferroviarias relevantes, vivienda, servicios y equipamiento básico urbano (agua, drenaje, electricidad, jardines, parques, etcétera) zona de servicios a la población (gobierno, salud, educación, comercio, servicios, esparcimiento, seguridad, etcétera) así como una zona y equipamiento de desarrollo industrial.
Este proyecto tiene un beneficio potencial para la región y el país con empleos directos e indirectos, con la construcción del puerto y ferrocarril, operación de negocios y actividades económicas complementarias, alimentadoras y derivadas de actividades portuarias, ferroviarias y de asentamiento de población en la zona.
Las metas a mediano plazo (4-5 años de operación) son cerca de 2 millones de contenedores al año y hasta 6 millones en el largo plazo. Se estima que el proyecto pudiese alcanzar una capacidad para manejar alrededor de 6 millones de TEU’s anuales en el año 20 a partir del inicio de operación.
Se prevé que el gobierno otorgará concesiones para una terminal de contenedores, un ferrocarril y una frecuencia de telecomunicaciones para control de tráfico ferroviario. Estas concesiones deberán estar estrechamente ligadas, debido a la clara interdependencia operativa, comercial y financiera que existe entre ellas.
Exposición de Motivos
Tomando como referencia el informe de actividades del 1 al 23 de noviembre de 2006, Pacto de Integridad Proyecto de Bahía Colonet, elaborado por Transparencia Mexicana; en el cual se considera un proyecto de la API y establece que, las proposiciones desarrolladas por los concursantes deberán basarse en los derechos, obligaciones, plazos, características y especificaciones para el diseño, construcción, explotación, operación, mantenimiento y conservación de la API y la prestación de los servicios portuarios establecidos en el título de concesión de la API.
Este título contendrá la superficie, medidas y colindancias de los bienes de dominio público de la Federación, incluida la zona de agua, así como las características, términos y condiciones para su construcción y operación.
Las características físicas y operativas de la API deberán reunir los requerimientos de seguridad, eficiencia y calidad que en términos de parámetros específicos se señalen en el título de concesión de la API y facilitar su expansión e interrelación con el proyecto ferroviario.
También señala que el concesionario de la API será responsable de coordinar y supervisar el adecuado, eficiente y oportuno diseño, desarrollo e integración del proyecto de la API en todas sus partes, sin perjuicio de las atribuciones del gobierno federal, establecidas en los artículos 16 y 17 de la Ley de Puertos.
El pasado 19 de junio del año en curso la SCT presento el "Proyecto Multimodal en Baja California Punta Colonet". Este documento señala que se licitará la concesión de una API privada y de una terminal de contenedores; y el ganador tiene la opción por un periodo de 5 años para decidir si desarrolla la API o se queda únicamente con la concesión de la terminal de contenedores.
En caso de que el concesionario decida no desarrollar la API, perderá esta concesión y el gobierno federal estará en facultades de constituir una API en Punta Colonet.
La Ley de Puertos prevé tres diferentes modalidades de licitación aplicables a este proyecto:
Modalidad 1.
Mediante dos concesiones de adjudicación directa a una API (para éste caso la de Ensenada es la idónea), una del recinto portuario de Colonet y otra del proyecto ferroviario; la API concursaría, en primer instancia, el contrato para la construcción de las obras del puerto y de una terminal de contenedores con un sistema ferroviario, y posteriormente o en forma paralela, concursaría otros contratos para la construcción de terminales de carga general, de combustibles, de fluidos e inclusive, de una planta de gas natural licuado, además de contratos para servicios como el de remolque.
Este mecanismo es el que tradicionalmente ha utilizado el gobierno federal en todos los puertos donde existe la figura de la API para atraer la inversión privada, para la adjudicación de todas las terminales de contenedores que operan en el país.
Condiciones de concurso:
El concurso del proyecto se haría bajo la modalidad de "negocio en Marcha", por lo que el ganador tendría que pagar a la API una contraprestación en función del potencial económico del proyecto: un pago por la adjudicación, una renta mensual y una cuota en dólares por cada contenedor que maneje la terminal.
Ingresos por adjudicaciones para inversión en el puerto y parte para el programa Puerto Ciudad.
El puerto, la terminal de contenedores y el sistema ferroviario los construye el ganador del concurso.
Desde el concurso, la API presentaría un programa maestro de 5 años, para el futuro desarrollo del puerto.
Condiciones específicas de beneficios directo al municipio de Ensenada, a cargo del ganador de concurso, en el marco del programa puerto-ciudad.
Las API’S privilegian y apoyan económicamente proyectos en beneficio para la comunidad portuaria.
Mediante concurso el gobierno federal por conducto de la SCT, otorga una concesión para establecer terminales especializadas de contenedores y otra concesión para el sistema ferroviario. Para la construcción de otro tipo de terminales portuarias y para los contratos de servicios, la SCT deberá licitar, para cada caso, los contratos necesarios.
Este mecanismo es el que se utiliza para los puertos que no están concesionados a una API. Este tipo de licitaciones se han realizado únicamente para la construcción de algunas marinas y para la planta de gas natural licuado costa afuera en Baja California.
Condiciones de Concurso:
El concurso se haría bajo un esquema de pago de contraprestación combinado (como negocio en marcha, y en función del valor comercial de las superficies a licitar): pago por la adjudicación (negocio en marcha), renta mensual 13% anual del valor del agua y cuota en dólares por cada contenedor que maneje la terminal.
Ingresos por adjudicaciones se enteran a la Tesofe.
En el concurso no se podrían asumir compromisos de inversión para el desarrollo del puerto.
Mediante concurso que realice la SCT, de dos concesiones, una del recinto portuario y otra para el sistema ferroviario, a una empresa que se constituya como API privada, para que ésta a su vez realice las licitaciones que se señalaron en la modalidad 1, por lo que en este caso la API sería la administradora del puerto.
Este mecanismo nunca se ha utilizado, por lo que a la fecha no opera ninguna API que desde su creación haya sido de particulares (API Acapulco era del gobierno federal, se licitó en 1995 y la opera el grupo de TMM)
Bajo estas tres modalidades podemos concluir que la modalidad 1 presenta las mayores ventajas competitivas tanto para los inversionistas como para el desarrollo armónico del proyecto en lo general y del entorno puerto-ciudad.
Para los consorcios empresariales nacionales e internacionales interesados en participar en este proceso de licitación, las condiciones de certidumbre, transparencia y legalidad, representan un incentivo en muchas ocasiones decisivo, dado el monto de las inversiones y las condiciones para la ejecución del proyecto. Estas condiciones se ven notoriamente mejoradas si el proceso esta enfocado a la firma de un contrato con una API, en lugar de obtener una concesión y después sustituirla por un contrato con otro consorcio.
Con la concesión de la API se busca que el concesionario esté facultado para desarrollar otras actividades en el puerto con el consecuente beneficio para el proyecto y la economía de la región.
Las concesiones para terminales portuarias no tienen restricciones para la inversión extranjera; en la API la inversión extranjera está limitada al 49%.
La API iniciaría el concurso con un programa o plan maestro de desarrollo a 5 años tal como lo exige la Ley de Puertos vigente.
En las concesiones para terminales portuarias, los ingresos por concepto de contraprestaciones deben enterarse directamente a la Tesorería de la Federación; estos recursos no pueden destinarse para la construcción de obras e infraestructura de uso común del puerto.
A diferencia de otras opciones, con la figura de la Administración Portuaria Integral (API), sus ingresos se invierten íntegramente en ampliación de infraestructura para el puerto e incluso una parte en programas para el entorno puerto-ciudad, con el consecuente beneficio para el municipio de Ensenada y el estado de Baja California.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo referente al proceso de licitación para las concesiones que se otorgarán en el desarrollo del Proyecto Puerto Bahía Colonet, se considere preferentemente la figura de la API de Ensenada o en su caso otra API similar constituida ex profeso para este proyecto, como instituciones idóneas para la administración y manejo adecuado de estas concesiones; garantizando para los inversionistas interesados en participar, las mejores condiciones de certidumbre, transparencia y legalidad; y para el entorno puerto-ciudad los mejores incentivos para el adecuado desarrollo regional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2008.
Diputados: Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbrica), Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal José Alfonso Suárez del Real y Aguilera de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La delegación Miguel Hidalgo colinda la norte con Azcapotzalco, al oriente con Cuauhtémoc, al suroriente con Benito Juárez, al sur con Álvaro Obregón y al poniente con Cuajimalpa y los municipios de Naucalpan y Huixquilucan.
La Miguel Hidalgo está conformada por 353 mil 534 habitantes, de los cuales 163 mil 271 son hombres y 190 mil 263 mujeres.
En esta delegación se encuentran algunas de las colonias y fraccionamientos mas lujosos de la Ciudad de México, como Lomas de Chapultepec, Bosques de las Lomas y Polanco así como otras de carácter popular tales como Popotla, Escandón, Anáhuac, Pensil entre otras.
Asimismo, se ubican lugares importantes para la ciudad y el resto del país como la residencia oficial de Los Pinos, el Castillo de Chapultepec, el Auditorio Nacional, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno, Museo Rufino Tamayo, el Museo Nacional de Historia y el histórico Bosque de Chapultepec, el bar Tacubita la Bella.
La zona de Polanco-Lomas concentra gran cantidad de embajadas, destacando las de Francia, España, Alemania, Argentina y Canadá así como importantes oficinas y restaurantes.
Sus principales vialidades son: Ejército Nacional, Marina Nacional, Circuito Interior, Calzada México Tacaba, Cuitlahuac, Mariano Escobedo, Paseo de la Reforma, Paseo de las Palmas, Periférico poniente, Constituyentes, Parque Lira, Río San Joaquín, Calzada de Legaria.
El índice de urbanización que presenta la delegación Miguel Hidalgo con referencia a las demarcaciones administrativas del centro del país, se considera como muy alto. Se agrupa a las delegaciones centrales del Distrito Federal, cuya principal característica es la consolidación urbana y la concentración tanto de equipamiento urbano como de infraestructura. Dentro de los equipamientos regionales que contiene la delegación, se encuentran el Bosque de Chapultepec (en sus tres secciones), el Hipódromo de la Américas, deportivo Plan Sexenal, Museo de Antropología e Historia, zoológico de Chapultepec, Museo del Niño, Museo de Historia Natural, Auditorio Nacional, Museo de Historia, Hospital Español, Cruz Roja Mexicana, Hospital Militar, Hospital Mocel, Instituto Politécnico Nacional (Casco de Santo Tomás), Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, Escuela Normal de Maestros, Conjunto Cultural del Bosque, Universidad del Valle de México, Conservatorio Nacional de Música, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Turismo, entre otros.
La estructura vial que posee la delegación, permite la comunicación de sus pobladores con el resto de la ciudad y de la zona conurbada; a la vez que la convierten en paso obligado hacia los municipios vecinos del estado de México. Se ubica en el paso de comunicación de dos de las subregiones más importantes, Toluca a través de la avenida Reforma y Constituyentes y Querétaro, a través del anillo periférico, por lo cual las condiciones de funcionamiento de estos ejes determinarán en buena medida sus posibilidades de funcionamiento. Debido a la dinámica metropolitana que presenta la zona de contacto entre esta delegación y los municipios de Naucalpan y Huixquilucan, se deberá inducir la comunicación entre las franjas de integración metropolitana de Tacuba-El Molinito y Palmas-Tecamachalco.
Por los factores políticos, sociales, económicos, demográficos y de infraestructura que se concentran en la demarcación, es de vital importancia las tareas como regeneración de áreas verdes y espacios públicos, adecuación de vialidades, renovación de concreto hidráulico, regeneración urbana (agua, drenaje, banquetas, alumbrado y vivienda), mejoramiento a los edificios públicos así como adecuar y equipar espacios para la atención médica integral a personas con capacidades diferentes y a atención a la mujer son primordiales para atender las necesidades de los habitantes y asegurar su bienestar en la demarcación.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados se someta a consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita sea considerado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2009, recursos por la cantidad de 483 millones de pesos (cuatrocientos ochenta y tres millones de pesos 00/100 m.n) para la delegación Miguel Hidalgo, con el fin de que se destinen 481 millones de pesos para infraestructura y 2 millones de pesos para salud.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A OBLIGAR A TRAVÉS DE LA SCT Y DE LA SSP A LOS VEHÍCULOS PESADOS Y A LOS QUE TRANSPORTEN MATERIALES PELIGROSOS A TRANSITAR POR LA AUTOPISTA IRAPUATO-QUERÉTARO Y NO POR LA CARRETERA 45, A CARGO DEL DIPUTADO MARTÍN MALAGÓN RÍOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Martín Malagón Ríos de la LX legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Seguridad Pública, para que por medio de la Policía Federal Preventiva, obliguen a los vehículos pesados y los que transportan materiales peligrosos, a circular por la autopista Irapuato-Querétaro, y dejen de transitar por la carretera 45 en el tramo Querétaro-Entronque Apaseo el Grande, pasando por el municipio de Apaseo el Alto, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
Entre los estados de Guanajuato y Querétaro se tiene una gran afluencia de vehículos de diferente índole, por la gran actividad económica que predomina en esta región del país.
La autopista Querétaro-Irapuato está considerada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dentro de la jerarquización de las autopistas de cuota con mayor aforo vehicular, dado que en el 2005 registró un tránsito diario promedio anual de 18,895 vehículos totales, y para 2006 se incrementó a 21,016 vehículos totales, esto significó un incremento en 11.2 por ciento.1
Con lo anterior, en el periodo de 2005 a 2006, respecto al tránsito diario promedio anual, los automóviles se incrementaron 10.8 por ciento, los autobuses 13.8 por ciento, y los camiones aumentaron 11.7 por ciento.2
En el tramo carretero de la autopista Irapuato-Querétaro (en ambos sentidos) el cual converge con la carretera 45 federal Querétaro-Celaya, en el poblado de Apaseo el Grande, se ha detectado que los camiones de carga en sus diferentes modalidades, que circulan por la autopista, dejan de hacerlo y se entroncan a la carretera federal, para evitar el pago correspondiente de la caseta que se encuentra a la entrada al Estado de Querétaro, igualmente en sentido inverso los vehículos pesados y los que transportan materiales peligrosos, circulan por este tramo carretero viniendo de Querétaro-Irapuato, pasando por Apaseo el Alto.
El hecho de que los vehículos de carga pesada no autorizados en sus diferentes particularidades, circulen por la carretera federal 45, la cual es considerada de tipo C3, ponen en riesgo la infraestructura carretera, dado que la carpeta asfáltica sufre afectaciones graves, dado que no se respeta el peso bruto vehicular, como también las dimensiones.
Asimismo, por su diseño la carretera 45 Querétaro-Celaya no se presta para la circulación de cualquier tipo de vehículos de carga, ya que algunos vehículos trasladan materiales altamente peligrosos, que ponen en riesgo a los habitantes de las zonas aledañas, además de que su circulación, ocasiona que el tránsito se vea mermado, por el alto aforo que se genera en ciertos horarios.
Ante esta situación, se vuelve indispensable revisar las atribuciones de la SCT, la SSP, a través de la Policía Federal Preventiva, entre las cuales están: vigilar y mantener el orden, garantizar la seguridad pública y prestar el servicio de policía en los caminos federales; el ordenar, organizar y supervisar el tránsito de vehículos en los caminos de jurisdicción federal, además, el organizar dispositivos y llevar a cabo las acciones que incrementen la seguridad en el tránsito de vehículos por los caminos federales.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un atento y respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Seguridad Pública, para que por medio de la Policía Federal Preventiva, se obligue a los vehículos de carga pesada y a los que transportan materiales peligrosos, a circular por la autopista Irapuato-Querétaro (en ambos sentidos) y dejen de transitar por la carretera 45 en el tramo Querétaro-Entronque Apaseo el Grande, pasando por Apaseo el Alto.
Notas:
1. Anuario Estadístico 2006. SCT.
2. Ibidem.
3. Red secundaria. Son carreteras que atendiendo a sus características geométricas y estructurales principalmente prestan servicio dentro del ámbito estatal con longitudes medias, estableciendo conexiones con la red primaria. Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal.
Palacio Legislativo a 9 de septiembre de 2008.
Diputado Martín Malagón Ríos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA INCLUSIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO FEDERAL EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD, perteneciente a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante los integrantes de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
I. Exposición de Motivos
Por sus riquezas culturales y naturales y por su importancia histórica y política la Ciudad de México es el principal destino turístico del país. Anualmente recibe 8.9 millones de turistas nacionales y 3.3 millones de turistas internacionales, cuya derrama promedio es de 678 dólares. El turismo genera 1.3 millones empleos en la ciudad.
No obstante, el potencial de desarrollo sigue siendo muy alto. La Ciudad de México debe aspirar a elevar el nivel promedio de sus visitantes, es decir, incrementar el gasto y el número de días; por ejemplo, un turista gasta en promedio mil 654 dólares en Estados Unidos y 862 dólares en España. A este fin, es necesario emprender varios proyectos para atraer más visitantes procurando que su estancia sea más larga. Los proyectos que podrán materializar este objetivo implican una erogación de 763 millones de pesos en 2009, monto que será destinado a los siguientes proyectos:
A) Proyecto: Reordenamiento y mejoramiento de la imagen urbana de la Zona Rosa.
Mejorar la imagen urbana de la Zona Rosa rehabilitando la infraestructura existente (agua, drenaje, electricidad, pavimentos, ampliación de banquetas, entre otros) ya que, algunas de estas fueron construidas a principios del siglo pasado. Este proyecto inició hace dos años, contemplándose la aportación del 50 por ciento de recursos federales y 50 por ciento de recursos locales.
B) Proyecto: Corredor Turístico y Cultural Bellas Artes-Garibaldi.
Es evidente el deterioro tanto de la imagen urbana como social en la zona de Garibaldi y La Lagunilla que pertenecen al perímetro "B" del Centro Histórico. Para su rescate se requiere rehabilitar la infraestructura existente (agua, drenaje, electricidad, pavimentos, ampliación de banquetas, entre otros) ya que, algunas de estas fueron construidas hace casi 100 años, así como rehabilitar fachadas. Este inició hace dos años, contemplándose la aportación del 50 por ciento de recursos federales y 50 por ciento de recursos locales.
C) Proyecto: Plaza de la República.
En el marco del proyecto integral del Corredor Turístico y Cultural Reforma-Centro Histórico y su Plan Maestro se inscribe el rescate de la Plaza de la República. Se tiene proyectado culminar dicho Plan Maestro y el proyecto ejecutivo durante el primer semestre de 2009, iniciándose las obras a partir de entonces y hasta el año 2010. El Plan Maestro podrá ejecutarse con una aportación del 50 por ciento de recursos federales y 50 por ciento de recursos locales.
D) Proyecto: Señalización de accesos carreteros.
Este proyecto consiste en la ubicación de señales de tránsito y de provisión de servicios turísticos en los accesos carreteros y vialidades a la Ciudad de México, con el fin de impulsar y mantener los atractivos turísticos y culturales del Distrito Federal y promover los diversos servicios turísticos.
E) Proyecto: Acueducto de Chapultepec.
Este proyecto consiste en rehabilitar el Acueducto de avenida Chapultepec en su tramo de Eje Central a la calle Lieja.
F) Proyecto: Paseo Fray Juan de Zumarraga-La Villa.
Este proyecto consiste en la recuperación de las vialidades que delinean el trayecto de Fray Juan de Zumárraga a La Villa, en la delegación Gustavo A. Madero.
G) Proyecto: Iluminación del Centro Histórico.
Este proyecto consiste en modernizar la iluminación del Centro Histórico.
H) Proyecto: Hostales.
Este proyecto consiste en la construcción de 5 hostales que se ubicarán en las delegaciones Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras y Tlalpan.
I) Proyecto: Ecoturismo "Tonatiuh Calli" en la delegación Tláhuac.
El Proyecto Ecoturístico "Tonatiuh Calli" se desarrollará en el ejido de Tetelco, ubicado en el suelo de conservación del Distrito Federal, perteneciente a la delegación Tláhuac.
J) Proyecto: Pista "El Sope" para turistas.
Este proyecto consiste en el rescate de la pista denominada "El Sope" ubicada en el Bosque de Chapultepec.
K) Proyecto: Tartán en la milla de Chapultepec.
Este proyecto consiste en la recuperación del tartán ubicado en el Bosque de Chapultepec.
L) Proyecto: Cafés al Aire Libre.
Este proyecto consiste en la instalación de cafés al aire libre en el tramo de la calle Lieja y avenida Insurgentes.
M) Proyecto: Campaña de Promoción Turística del Distrito Federal.
Este proyecto consiste en la contratación del servicio de publicidad nacional e internacional en medios de comunicación masiva (televisión abierta, radio y medios impresos).
El desarrollo e implantación de la campaña de promoción y publicidad de la Ciudad de México 2009 tiene como objetivo principal incrementar el número de turistas, el tiempo de estadía y su gasto promedio.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados se someta a consideración la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por la cantidad de 763 millones de pesos para los proyectos turísticos del Distrito Federal a fin de incrementar el número de turistas que visitan la Ciudad de México, su gasto promedio, sus días de estancia y el nivel de empleo del sector.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DECLARAR EL 20 DE ENERO COMO DÍA NACIONAL PARA ERRADICAR LA POBREZA, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO PRIEGO TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Gerardo Priego Tapia, diputado federal de la LX Legisladora del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1, y 43, párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a declarar el 20 de enero de cada año como Día Nacional para Erradicar la Pobreza, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas, acogiendo el hecho de que, el 17 de octubre, algunas organizaciones no gubernamentales, por iniciativa de el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, con sede en Francia, había celebrado en muchos Estados el Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema, declaró esa fecha Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza mediante la resolución 47/196 del 22 de diciembre. La observancia del Día Internacional tiene por objeto sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en desarrollo, necesidad que se ha convertido en una prioridad del desarrollo.
Sin embargo, en un país como el nuestro, en el que en una población de 100 millones de habitantes, 45 millones de ellos vivan en la pobreza hace necesario seguir creando conciencia de la necesidad de seguir combatiendo este flagelo de la sociedad.
Según el Informe de Pobreza en México 2007, elaborado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a pesar de la tendencia a la reducción de la pobreza en los últimos años, se aprecia que este indicador se encontraba para 2005 en niveles similares a los de 1992 con 47 por ciento de la población de la población en pobreza patrimonial, mientras que el 18.2 por ciento de la población se mantenía en la pobreza alimentaria, ya para el año 2006, estos porcentajes bajaron un poco más, manteniéndose en pobreza patrimonial el 42.6 por ciento de la población y en pobreza alimentaria el 13.8 por ciento.
El mismo informe también advierte que persisten grandes desigualdades entre las diferentes regiones del país, pues mientras encontramos municipios con índices muy bajos de pobreza en el norte (como lo son Gómez Farías en Chihuahua y San Pedro Garza García en Nuevo León que reportan 0.1 por ciento de pobreza alimentaria en 2005), existen otros con altos niveles de pobreza y marginación en entidades del sur-sureste (como San Juan Cancuc y Santiago el Pinar en Chiapas, cuya pobreza alimentaria alcanzó el 84 por ciento de la población).
Sin embargo, existen avances importantes en la cobertura de servicios básicos, como lo señala el Coneval, especialmente entre la población en situación de pobreza. Por ejemplo, para la población en pobreza alimentaria, entre 1992 y 2005, el porcentaje de niños entre 13 y 15 años que trabajan y no asisten a la escuela pasó de 16 por ciento a 10.1 por ciento, el porcentaje de niños entre 8 y 12 años que no asisten a la escuela se redujo de 8.9 por ciento a 4.7 por ciento, y disminuyó de 21 por ciento a 4 por ciento el porcentaje de viviendas sin energía eléctrica. Además, para la misma población, el porcentaje de hogares sin baño bajó del 51 por ciento al 14 por ciento.
Si bien los esfuerzos de la política social han mejorado la cobertura de servicios básicos en la población en pobreza, aún no son suficientes para erradicar la pobreza en nuestro país.
Un esfuerzo importante para combatir a la pobreza en México fue, sin duda, la creación de la Ley General de Desarrollo Social, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004, día que resulta un parteaguas en la lucha contra la pobreza, ya que esta ley sintetiza la voluntad de los legisladores, de todos los partidos políticos, de que México cuente con un marco jurídico que reconozca y atienda, de manera integral, el desarrollo social.
De tal suerte y en reconocimiento al gran esfuerzo por parte de los legisladores, sin importar color partidista, de dotar al país de una ley que permita coordinar los esfuerzos encaminados a abatir la pobreza en México, es que se propone el 20 de enero, fecha de la publicación de la Ley General de Desarrollo Social en el Diario Oficial de la Federación, cono Día Nacional de combate en contra de la Pobreza.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente
Proposición con punto de acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a declarar el 20 de enero de cada año como Día Nacional para Erradicar la Pobreza.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputado Gerardo Priego Tapia (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONTINUAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante los integrantes de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) es una institución de educación superior pública, creada en abril de 2001, por decreto del jefe del gobierno como organismo público descentralizado del Distrito Federal.
La UACM proporciona estudios de licenciatura y posgrado en áreas científicas, humanísticas e ingenierías. Es la primera institución pública educativa de nivel superior no federal creada en la Ciudad de México.
El proyecto educativo que culminó en la fundación de la UACM contó con destacados académicos mexicanos, quienes dedicaron un tiempo valioso a la planeación y ejecución. Entre ellos destacan los investigadores eméritos de la UNAM Pablo González Casanova, Luis de la Peña y Germinal Cocho, así como destacados egresados de la Universidad Autónoma de Barcelona, como la doctora Marta Rizo García.
El 16 de diciembre de 2004 obtuvo la autonomía académica, que la hace una institución con la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma, y definir su estructura y las funciones de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios del artículo 3o. constitucional.
La UACM es una institución de cultura fiel a vocación humanista, científica y crítica cuya misión es contribuir a la satisfacción de necesidades apremiantes de la ciudad en materia de educación superior, la extensión de los servicios educativos a la sociedad y la cooperación con las comunidades de la Ciudad de México para la solución de sus problemas sociales y su desarrollo cultural.
La UACM se organiza en torno de tres Colegios:
2. De Ciencias y Humanidades; y
3. De Humanidades y Ciencias Sociales.
La UACM cuenta con 12 mil estudiantes, distribuidos en los siguientes planteles:
Del Valle, Benito Juárez.
Iztapalapa, Iztapalapa.
Centro Histórico, Cuauhtémoc.
Cuautepec, Gustavo A. Madero.
Centro Cultural Vlady.
Centro Cultural ex Templo de Corpus Christi.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 recursos por 125 millones de pesos para continuar la construcción de la segunda etapa de planteles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, campus Cuautepec y San Lorenzo Tezonco.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 9 de septiembre de 2008.
Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A CONSIDERAR PRIORITARIOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 LA ATENCIÓN Y EL COMBATE DE LA POBREZA URBANA, A CARGO DEL DIPUTADO MARCO HERIBERTO OROZCO RUIZ VELAZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución.
Con su venia diputado presidente, compañeros legisladores:
Según datos del Banco Mundial, la pobreza es el mayor problema de los habitantes del planeta, pues se calcula que al menos mil 500 millones de personas sobreviven con menos de 2 dólares diarios.
Casi todos nosotros, creemos que la pobreza en México sólo se concentra en las comunidades lejanas, en donde ni siquiera se habla el español como idioma; lo cual, no es del todo cierto.
También en las ciudades existe un tipo de pobreza, incluso más devastadora y cruel que la que se padece en el campo y se llama pobreza urbana; la cual no siempre ha sido atendida de forma correcta y no se la dado la importancia que se merece.
Según datos de la ENIGH 2005, en México cerca del 38.3 por ciento de las personas que viven en las ciudades padecen pobreza patrimonial, el 15.8 por ciento pobreza de capacidades y casi el 10 por ciento pobreza alimenticia, lo cual no es muy alentador y por lo tanto hay que remediar esta situación.
El atender a las personas que padecen la pobreza urbana es una prioridad para nosotros como diputados, pues ellos también son seres humanos que sufren, que sienten y que necesitan nuestro apoyo para salir adelante. La vida en las calles es muy dura y a veces nosotros no hacemos nada para remediarlo.
Una realidad muy palpable del México actual, es que las personas que padecen pobreza urbana son casi siempre ignoradas y a la vez pasan desapercibidas bajo el velo de los indicadores promedio, que no dejan ver ni analizar las situaciones de miseria que viven miles de hogares en donde carecen de las más elementales condiciones para vivir.
Hoy en día, podemos observar que la pobreza urbana tiene otras manifestaciones, mas drásticas que los otros tipos de pobreza; en las ciudades la vida es más cara, y para muchas personas es casi una hazaña hacer rendir el poco dinero que ganan, por otro lado el mercado laboral se encuentra saturado y por lo tanto es difícil encontrar empleo y conseguir recursos, otro aspecto importante es que en las ciudades se vive en carne propia la inseguridad y la violencia.
En muchas ocasiones las ciudades sufren un continuo flujo de migrantes, los cuales vienen en busca de una mejor vida y se encuentran que en sus lugares de origen se vivía mejor, por lo que –en ocasiones– tienen que ir mendigando para medio vivir.
De hecho, el ingreso laboral es la principal y generalmente la única fuente de ingreso de las personas que padecen la pobreza urbana, es por ello que muchos tienen que ofrecerse a realizar trabajos infrahumanos, por lo que los pobres urbanos trabajan más por menos remuneración.
En todas las ciudades existen cinturones de miseria, en donde la población vive al día, y en donde el enfermarse esta fuera de su presupuesto. Estas son las personas que también tenemos que ayudar.
Para muchos, el vivir en la ciudad es igual a vivir bien, pero como hemos visto muchas personas viven peor que si vivieran en el campo, la diferencia es que en ocasiones no se les ha ayudado a tiempo y de la forma correcta.
La ayuda para los más pobres debe de ser pareja, equitativa y no haciendo distinción del lugar de nacimiento, están igualmente necesitados los pobres de las ciudades que los pobres de los municipios lejanos, a todos hay que apoyar.
Por ejemplo, mi ciudad Monterrey, no puede participar en muchos programas federales por no considerarse como municipio prioritario, pero la realidad es que hay muchos regiomontanos que no cuentan con una vivienda digna, que no tienen recursos económicos para alimentar ni vestir a sus hijos y que viven en la miseria, y sinceramente se me hace injusto que no puedan acceder a los apoyos por el simple hecho de no estar en una region de alta marginación. Así como ocurre en Monterrey, también pasa en casi todas las ciudades de nuestro país.
"Hemos llegado a la conclusión de que en muchas ocasiones las grandes ciudades se han convertido en generadores de problemas sociales y concentran de forma dramática la pobreza."
Ciertamente, hay que reconocer que la Secretaría de Desarrollo Social ha implantado algunos programas para combatir dicha pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los que la padecen, pero también considero que dichos esfuerzos has sido insuficientes y que podemos hacer más por las personas.
Considero que un mecanismo aplicable para solucionar este problema es el establecer un padrón de personas que viven en situación de pobreza urbana y bimestralmente otorgarles una ayuda económica, esto puede ser a través del programa oportunidades o de otro programa creado para este fin y que dependa de la Secretaría de Desarrollo Social.
Por lo anteriormente expuesto, los exhorto a que aprobemos el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución:
Primero. Que el gobierno federal considere en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 2009 el destinar recursos para combatir la pobreza urbana.
Segundo. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados tome en cuenta en el Presupuesto de Egresos de la Federación el aprobar dichos recursos establecidos para combatir la pobreza urbana.
Tercero. Que la Secretaría de Desarrollo Social analice si dichos recursos se destinaran mediante el programa oportunidades o se establecerá un nuevo programa con este fin.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA PROYECTOS CULTURALES DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, perteneciente a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante los integrantes de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Ciudad de México posee una de las riquezas culturales más importantes, no sólo del país sino del mundo. Ha sido política de la ciudad hacer asequible esta riqueza a todos los habitantes del Distrito Federal y a sus visitantes, con la finalidad de difundirla y acrecentarla.
Las políticas, programas y acciones de investigación, formación, difusión, promoción y preservación del arte y la cultura en el Distrito Federal que se pretenden llevar a cabo en 2009 están orientadas a enriquecer la calidad de las manifestaciones culturales con base en los principios democráticos de igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad. Lo anterior en el marco del respeto a la diversidad e identidad culturales, el derecho al desarrollo de la propia cultura, la conservación de las tradiciones y la participación social. Para este fin, los proyectos culturales de la ciudad requieren 343 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2009, monto que se destinará a los siguientes proyectos:
A) Rehabilitación del Teatro de las Vizcaínas
El sistema de teatros de la Ciudad de México es por excelencia la plataforma de encuentro entre las artes escénicas y los habitantes de la ciudad, pero también de públicos visitantes de diversos estados de la república y de otros países; es un sistema generador de diálogos entre las creaciones de artistas profesionales de la capital, de diferentes regiones del país y del mundo, y de los diferentes actores sociales del DF, abarcando todos los niveles socioeconómicos. La continuidad de este proceso podrá contribuir en la consolidación de vínculos cada vez más estrechos con públicos potenciales y la formación de nuevos públicos. Esto plantea retos que exigen, por un lado, fortalecer los objetivos, acciones y metas hasta ahora capitalizadas, y, por otro, desarrollar y mejorar las estrategias que contribuyan a la sustentabilidad de la creación artística de calidad y el incremento de la oferta de servicios culturales.
El Teatro de las Vizcaínas, una vez rehabilitado, ofrecerá un servicio eficiente y amable a los usuarios al ser una plataforma de despegue y foro de expresión para artistas y promotores profesionales residentes en la ciudad.
B) Luz y sonido en el centro histórico y Templo Mayor
La inclusión del centro histórico en la lista del Patrimonio Cultural y Monumental de la UNESCO ha motivado la rehabilitación de los espacios en edificios coloniales de esta zona, los cuales se hallaban abandonados o eran ocupados como bodegas.
Este proyecto es semejante al que la Secretaría de Turismo y el gobierno del estado de México invierten 40 millones de pesos, "Teotihuacán, centro del universo", que también contempla la incorporación de luz y sonido con visitas nocturnas.
C) Archivo Histórico del Distrito Federal (nueva sede)
Es urgente establecer una nueva sede para el archivo de la ciudad, toda vez que su actual sede en la calle de República de Chile ha saturado su espacio y no tiene posibilidades de crecer, debido a que la distribución del edificio no es apropiada para albergar la documentación y su edificio está catalogado como patrimonio histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo que no existe ninguna posibilidad de expandir el recinto.
Asimismo, el inmueble que data de la época virreinal y fue adaptado como archivo, así que no cumple con las normas internacionales para el almacenaje y conservación de documentos (el inmueble no cumple con los mínimos satisfactorios que requieren la norma internacional BS5454 para archivos y bibliotecas), por lo que la falta de condiciones óptimas del edificio como archivo ha puesto en peligro la documentación ante incendios y serias filtraciones de agua, al mismo tiempo que por cuestiones de saturación de espacio tanto la documentación como el mismo edificio sufren un deterioro mayor.
La conservación de la memoria escrita de la ciudad en un mejor lugar permitirá su difusión al público a través de exposiciones, publicaciones e investigaciones efectuadas por historiadores.
D) Lunario del sur-centro de espectáculos en el centro cultural Ollín Yoliztli
El centro cultural Ollin Yolizltli cuenta con un espacio que en algún tiempo fungió como cafetería. Actualmente este lugar se encuentra desaprovechado, por lo que se pretende darle realce. En primera instancia, al centro, y, en segunda, brindarle a los habitantes del sur del Distrito Federal un espacio abierto a espectáculos de alto nivel, sin la necesidad de desplazarse al norte ( Lunario del Auditorio Nacional). Asimismo, se proyecta instalar en dicho centro escuelas de música y danza.
E) Red de Fábricas de Artes y Oficios (Faros). Construcción de nuevo Faro.
El proyecto consiste en brindar oferta cultural en zonas con escaso acceso a bienes y servicios culturales. Las Faros se han constituido en lugares de formación no convencional en artes y oficios para niños y jóvenes (Faro de Oriente, Tláhuac, Milpa Alta y Cuautepec). En 2009 se pretende continuar con la expansión de estos espacios en la ciudad.
F) Acondicionamiento y equipamiento de museos (de la Ciudad de México, de los Ferrocarrileros, Panteón San Fernando, Nacional de la Revolución, de la Fotografía y Sala de Cabildos)
La Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Ciudad tiene bajo su programación de operación los siguientes museos: Nacional de la Revolución, Archivo de la Fotografía, Histórico del DF, de los Ferrocarrileros, Panteón San Fernando y de la Ciudad de México. La mayor parte de estos recintos no cuentan con la tecnología que se utiliza en el siglo XXI, por lo que los recursos de este proyecto se utilizarán para dotarlos o acondicionarlos para elevar la calidad de los mismos.
G) Programa de Fomento a la Lectura
En la Ciudad de México, aunque la mayoría de las personas saben leer, no tienen el hábito de la lectura. En general, no tuvieron un hogar donde se inculcara el amor por los libros y, en la escuela, los planes de estudio les impusieron la lectura por obligación en lugar de generar en los alumnos la idea de que los libros, además de ilustrar, también son fuente de entretenimiento. Asimismo, por razones culturales y económicas, la mayoría de la población no entra a las librerías y tampoco tiene costumbre de usar las bibliotecas, que no están pensadas ni organizadas para fomentar la lectura. Por estas razones, surgió la idea de un programa masivo de fomento a la lectura, que actuara sobre la población de esta ciudad, con seis subprogramas subsecuentes. El programa se realiza principalmente en estaciones de la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y en espacios públicos abiertos de las 16 delegaciones de esta capital.
H) Feria del Libro en el Zócalo
La feria cumple con tres objetivos principales: 1. Fomentar a la lectura; 2. Apoyar a la industria editorial mexicana; y 3. Promover actividades culturales. Al hacerlo permite que un mayor número de ciudadanos se acerquen a la cultura y al arte, al hacerlo se abren ante ellos nuevas formas de ver el mundo.
I) Centro festivales populares
El objetivo de este proyecto es brindar una mayor difusión de los festivales artísticos y al mismo tiempo llevarlos a las diferentes delegaciones, con la finalidad de acercarlos a los sectores de la sociedad que no tiene acceso a los servicios culturales. Asimismo, fomentar la creación de nuevos espectadores y la recuperación del espacio público a través del arte, y fortalecer los canales de distribución de la cultura, garantizando el acceso a ella a un número mayor de gente de manera más equitativa.
J) Infraestructura y equipamiento del sistema de teatros
Este proyecto consiste en la rehabilitación y el equipamiento de los teatros de la Ciudad, Benito Juárez y Sergio Magaña.
K) Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal.
La ciudad se ha propuesto asegurar la protección de las comunidades étnicas del valle de México a través del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, encargado de preservar nuestros origines por medio de talleres de náhuatl, fomento y promoción del arte popular, etcétera. Zócalo capitalino y espacios públicos en las 16 delegaciones de esta capital.
N) Programa cultural de las casas de la Ciudad de México en ciudades hermanas
El Gobierno del Distrito Federal tiene la misión de asegurar para las comunidades de migrantes un espacio en el cual puedan expresarse y mantener vínculos con su cultura de origen, a fin de evitar que los choques culturales eventualmente generen procesos de alineación o provoquen problemas para definir la identidad de una comunidad. Los espacios para este programa cultural son la casas de la Ciudad de México en Chicago, Los Ángeles, Texas y Nueva York, y los beneficiarios del proyecto serían las poblaciones de ciudadanos del Distrito Federal y las comunidades de personas de origen mexicano en las ciudades de Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Texas.
O) Semana de Berlín en la Ciudad de México
Esta propuesta cultural representa una contribución, tanto al acercamiento entre las ciudades de Berlín y México como para establecer desde el turismo cultural un precedente sobre el tipo de intercambio que queremos con el mundo. Otro aspecto innovador de este intercambio cultural es que buscará un mayor impacto en la producciones culturales y tendrá como imperativos el conocimiento y reconocimiento de nuestras ciudades en la historia y la culturas. Con este proyecto se desarrollarían relaciones entre instituciones gubernamentales mexicanas con las del gobierno Alemán, y en organismos internacionales con el Instituto Goethe. La sede principal es el Museo de la Ciudad de México.
P) Programa de Arte Urbano
El arte y los artistas no han logrado articular con los programas oficiales y las instituciones una ecuación de sustentabilidad que permita socializar el arte, redimensionar su importancia dentro los procesos productivos y aprovechar la experiencia estética como fuente de dignificación y educación para la población de una urbe irreversiblemente masificada. Por ello, este proyecto está enfocado a apoyar y difundir el arte urbano en diversas zonas del área metropolitana, principalmente en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y en la zona habitacional de Tlatelolco, de la delegación Cuauhtémoc.
Q) Orquesta Filarmónica y Agrupaciones Musicales, giras delegacionales y nacionales
El objetivo es cumplir con la finalidad para lo cual fue creada la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México: llevar la música sinfónica a los sectores mayoritarios de la población, de manera sistemática y con programas adecuados. Así como participar en festivales nacionales e internacionales, lo que permite vincular la música sinfónica mexicana con el mundo y con todos los sectores sociales, reafirmando el talento de los compositores mexicanos, tanto los ya reconocidos como los contemporáneos. Se pretende llevar a estas agrupaciones a espacios públicos de las 16 delegaciones de esta capital, y al interior de la República Mexicana.
R) Circuito cinematográfico metropolitano
El cine cumple un papel fundamental en los procesos de socialización y de educación formativa. Comunica, acerca, nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en la sociedad, a cuestionarnos quiénes somos y nos incita a mirar el mundo con otros ojos, revalorando con estética y cultura nuestro mundo cotidiano. Cada una de las 16 delegaciones que integran esta ciudad podrá contar con una programación de calidad que será itinerante. De esta forma, no será necesario que los aficionados al séptimo arte deban recorrer grandes distancias para asistir a las proyecciones que sean de su interés.
S) Muestra de artes escénicas-sistema de teatros de la Ciudad de México
El sistema de teatros de la Ciudad de México es por excelencia la plataforma de encuentro entre las artes escénicas y los habitantes de la Ciudad de México, pero también de públicos visitantes de diversos estados de la república y de otros países; es un sistema generador de diálogos entre las creaciones de artistas profesionales de la capital, de diferentes regiones del país y del mundo, y de los diferentes actores sociales del DF, abarcando todos los niveles socioeconómicos. La continuidad de este proceso podrá contribuir en la consolidación de vínculos cada vez más estrechos con públicos potenciales y la formación de nuevos públicos. Esto plantea retos que exigen por un lado fortalecer los objetivos, acciones y metas hasta ahora capitalizadas, y por otro lado desarrollar y mejorar las estrategias que contribuyan a la sustentabilidad de la creación artística de calidad y el incremento de la oferta de servicios culturales.
T) Catálogo de patrimonio tangible e intangible del Distrito Federal, levantamiento y catalogación
El catálogo se conformará con el registro minucioso y exhaustivo de todas aquellas construcciones, monumentos, conjuntos, plazas que posean valor por su antigüedad y su uso o por acontecimientos históricos que ahí se hayan desarrollado o, bien, que por su factura constituyan ejemplos representativos de una escuela o tendencia artística, desde el periodo prehispánico hasta nuestros días. Por otro lado, se registrarán los usos y costumbres de las comunidades que conviven en el Distrito Federal, enorme conglomerado de ciudades, en torno a festividades, ceremonias y ferias de todo carácter: cívicas, agrícolas, religiosas y artísticas, así como uso de espacios públicos, consejas, leyendas, etcétera. El catálogo se alojará en el museo Archivo de la Fotografía.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política, y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 recursos por la cantidad de 343 millones de pesos para los proyectos culturales de la Ciudad de México, a fin de mantener, difundir y acrecentar la vasta riqueza cultural de la capital de la república.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 de septiembre de 2008.
Diputado José Alfonso Suárez del real y Aguilera
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE SE INTEGRE UNA MESA DE TRABAJO DE ALTO NIVEL CON REPRESENTANTES DEL EJECUTIVO FEDERAL, DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y DE LOS PODERES EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS DE OAXACA Y DE CHIAPAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS LIMÍTROFES Y AGRARIOS ENTRE AMBOS ESTADOS, A CARGO DEL DIPUTADO MARTÍN RAMOS CASTELLANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal, representante del décimo distrito de Chiapas en esta LX Legislatura con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la integración de una mesa de trabajo de alto nivel con representantes del gobierno federal, Congreso de la Unión y los Ejecutivos y Legislativos de Chiapas y Oaxaca, para resolver de forma definitiva los problemas limítrofes y agrarios entre dichos estados.
Consideraciones
El día 12 de septiembre de 1824 en Ciudad Real (hoy San Cristóbal de las Casas), la Junta Provisional Gubernativa, declaró a Chiapas legítimamente integrado a México y éste hecho fue proclamado solemnemente el 14 de septiembre de ese mismo año.
Este significativo evento en la historia chiapaneca y nacional fue el resultado de una intensa discusión que comenzó con el siglo XIX acerca de si Chiapas debía continuar como parte de Guatemala, dada su ubicación geográfica y sus lazos culturales o se integraba al pacto federal mexicano. El antecedente inmediato se encuentra el 28 de agosto de 1821 cuando en reunión extraordinaria celebrada por las autoridades y los vecinos de Comitán, se declara la independencia de Chiapas y su adhesión al Plan de Iguala. Pedro José Solórzano cura del pueblo de Huixtán y miembro de la diputación chiapaneca, viajó a la Ciudad de México para gestionar la incorporación de Chiapas a éste país, hecho que se consumó el 16 de enero de 1822 de acuerdo con un decreto firmado por Agustín de Iturbide.
Sin embargo, el debate no quedó zanjado y la abdicación de Iturbide provocó una nueva discusión acerca de un Chiapas mexicano o un Chiapas independiente. El 26 de octubre de 1823 la Junta Suprema Provisional proclamó el Plan de Chiapas Libre en la Ciudad Real, para que la provincia se constituyera en entera libertad en la forma que creyera conveniente. Al año siguiente se organizó un plebiscito al respecto y la mayoría de los sufragantes votó por la anexión a México, este hecho quedó finalmente reconocido el 14 de septiembre de 1824.
Con esta breve sinopsis histórica se pone de manifiesto la profunda vocación mexicana de los chiapanecos. Los mayores decidieron ser parte de este país y en respuesta a su digna determinación sus descendientes han recibido a lo largo de casi dos siglos una serie de agravios y abandonos que no se entienden sino circunscritos en una lógica despótica y centralista del Estado mexicano. Uno más de los muchos agravios en contra de Chiapas se registró en el año de 1967, cuando mediante dos decretos presidenciales se desconocieron las fronteras históricas entre Chiapas y México, adjudicando indebidamente más de 180 mil hectáreas chiapanecas como parte de Oaxaca.
La cronología de los hechos se sintetiza en lo siguiente: desde hace más de 40 años la zona noroeste del municipio chiapaneco de Cintalapa ha sufrido una serie de agresiones por parte de comuneros chimalapas oaxaqueños, esto en virtud de que el 16 de marzo de 1967, el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (antecedente de la actual Secretaría de la Reforma Agraria) emitió dos resoluciones presidenciales de reconocimiento y titulación de bienes comunales, una a favor de la comunidad de San Miguel Chimalapa, que le reconoce y titula una superficie de 136 mil hectáreas (50 mil corresponden a Chiapas) y la otra a favor de la comunidad de Santa María Chimalapa que le reconoce y titula 460 mil hectáreas. (130 mil corresponden a Chiapas).
Al realizarse la ejecución de ambas resoluciones presidenciales estas abarcaron una superficie de 180 mil hectáreas dentro de Chiapas, en las cuales se ubican 30 núcleos agrarios, más de 280 títulos de propiedad en manos de aproximadamente 400 propietarios y 74 ocupantes de terrenos nacionales. A la fecha ambas resoluciones presidenciales y sus planos definitivos se encuentran vigentes toda vez que no se ha procedido o iniciado procedimiento alguno para corregir los errores y omisiones que contienen.
Aunado a lo anterior en 1990 el gobierno y el Congreso de Oaxaca cambiaron la redacción del artículo 28 de su Constitución local referente a los límites del estado, basados en las resoluciones presidenciales de 1967, con lo cual abarcan casi en su totalidad la superficie de las comunidades chiapanecas que habitan en la zona limítrofe.
Hasta la fecha este problema sigue sin solución y por ello se somete a la opinión de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de acuerdo de urgente u obvia resolución
Único. Por el cual la Cámara de Diputados, en el ámbito de colaboración entre los poderes exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que en los próximos 30 días naturales, integre una mesa de alto nivel con la participación del gobierno federal, el Congreso de la Unión, los Poderes Ejecutivos y Legislativos de Chiapas y Oaxaca, con la finalidad de resolver de la manera definitiva los problemas limítrofes y agrarios entre dichos estados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputado Martín Ramos Castellanos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, Y ARMANDO BARREIRO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, y Armando Barreiro Pérez, diputados federales a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La delegación Cuauhtémoc es característica, por ser el centro y corazón del Distrito Federal. Abarca gran parte del centro histórico de la ciudad. Las construcciones que se encuentran en la colonia son de gran antigüedad, con un tiempo de vida de más de 500 años. En la delegación se pueden encontrar claros ejemplos de las edificaciones llamadas "vecindades", aunque muchas de ellas ya no están habitadas.
Aquí se encuentran las ruinas del Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, la Torre Latinoamericana, la Torre Nueva de Tlatelolco, Torre Mayor, Torre del Caballito, Torre Insignia, Edificio el Moro, el Palacio de Bellas Artes y Palacio Nacional, entre muchos otros.
La demarcación cuenta con una superficie de 32.44 kilómetros cuadrados, y ocupa 2.2 por ciento del territorio del Distrito Federal, tiene una población de 521 mil 348 habitantes y se forma por 36 colonias, entre las que destacan Centro, Condesa, Juárez, Roma, Peralvillo, Nonoalco-Tlatelolco, Santa María La Ribera y Tepito. De estas dos últimas, cabe señalar Santa María La Ribera, pese a que es una colonia tradicional, con gran valor arquitectónico e histórico considerada el primer fraccionamiento moderno de la ciudad; y Tepito, uno de los barrios más antiguos. Además, se hallan grandes mercados, como La Merced, La Lagunilla, Mixcalco, Hidalgo, Medellín y San Juan.
Los puntos mencionados dan como resultado un flujo diario de 5 millones de personas de población flotante.
Por su tamaño, la delegación constituye la séptima economía más importante del país; genera 4.6 por ciento del producto interno bruto. En sus vialidades circulan diariamente alrededor de 800 mil vehículos. Cuenta además con 36 por ciento de equipamiento y 40 por ciento de la infraestructura cultural del Distrito Federal.
Todos esos elementos hacen a las autoridades de la demarcación poner mayor énfasis en la imagen urbana, la infraestructura social, deportiva, educativa y del sistema de agua, así como la imagen urbana y el mantenimiento del suelo de conservación, para brindar mejores condiciones de vida a los habitantes y a la población que utiliza los servicios de la demarcación.
Por tanto, se requiere ampliar y dar mantenimiento a las instalaciones deportivas con que cuentan los centros deportivos de la demarcación; asimismo, mantenimiento preventivo menor a los 20 inmuebles de los mismos centros, donde se harán trabajos de pintura, albañilería, herrería, instalaciones eléctricas, áreas, verdes y otros, a efecto de que la población usuaria cuente con espacios propicios para el desarrollo de las actividades deportivas.
También el mantenimiento correctivo de 24 centros de desarrollo infantil es requerido por las autoridades a fin de brindar un ambiente sano y óptimo para el desarrollo de los usuarios.
Respecto a la infraestructura del sistema de agua potable, se pretende atender 450 kilómetros de la red secundaria.
El mantenimiento y la conservación de suelo son dos rubros primordiales por atender para el próximo ejercicio fiscal, derivado del gran aglutinamiento de personas y vehículos.
Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita que se consideren en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 recursos por 257 millones de pesos para la delegación Cuauhtémoc, a fin de que se destinen 164 millones de pesos al mejoramiento de la imagen urbana; 70 millones, a infraestructura; y 23 millones, a medio ambiente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Armando Barreiro Pérez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ACORDAR A TRAVÉS DE LA SHCP LA AMPLIACIÓN A TODO EL DÍA DEL HORARIO DE APLICACIÓN DE LA TARIFA 9N PARA USO AGRÍCOLA, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CALZADA VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de Revolución Democrática y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento General para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Según el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las de Economía, y de Energía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijar las tarifas eléctricas, su ajuste y modificación.
2. Actualmente existen dos tarifas especiales para la producción agrícola, la 9cu que se aplica de las 8:00 horas a las 24 horas y que cuesta 40 centavos kilowatt hora y la 9n que se aplica de las 00 horas a las 8:00 horas y cuesta 20 centavos kilowatt hora. Es decir, durante 16 horas del día los productores pagan una tarifa el doble de cara que la más baja.
3. Los precios de los diversos insumos del sector agrícola se han elevado considerablemente en el último año, impactando en el precio al consumidor final de los productos básicos y se habla de una crisis mundial de alimentos que en México afecta de manera especial a los mexicanos de menor poder adquisitivo.
4. El Estado mexicano puede, con relativa facilidad, modificar las tarifas de energía eléctrica sin que ello impacte en el monto total de los ingresos del gobierno federal y, en cambio, sí puede ayudar de manera muy importante a los productores agrícolas.
5. Una ampliación en el horario de aplicación de la tarifa 9n reduciría los costos de producción de las tierras de riego con aguas subterránea. En el campo mexicano 591 mil hectáreas están en esta categoría. Estas tierras representan el 10.99 por ciento de toda la agricultura de riego y el 3.55 del total de la agricultura nacional.
6. El Ejecutivo federal redujo, mediante acuerdo publicado el 20 de noviembre de 2007 las tarifas para el uso industrial y presentó como argumento que "es una prioridad para el gobierno federal instrumentar medidas tarifarias que promuevan la competitividad del sector industrial, por lo que es conveniente reducir los cargos de energía consumida en el periodo de punta para los usuarios de dicho sector". Esta propuesta va exactamente en el mismo sentido para dar un trato equitativo a los productores del campo puesto que es interés del Estado mexicano no sólo el desarrollo industrial, sino también el agropecuario.
Por lo expuesto y fundado, someto a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda acuerde la ampliación del horario de aplicación de la tarifa 9n para el uso agrícola a las 24 horas del día.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA SEDENA, DE LA SEMAR Y DE LA SSP, ASÍ COMO A LAS AUTORIDADES DEL DISTRITO FEDERAL, A NO EXCEDERSE EN LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE SEGURIDAD EN LAS FIESTAS PATRIAS, POR CELEBRARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE EN EL ZÓCALO CAPITALINO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, Y ARMANDO BARREIRO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentan proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la administración pública federal, al jefe del Gobierno del Distrito Federal, y a los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública federal y del Distrito Federal a no excederse en el uso de operaciones de seguridad en las fiestas patrias, por celebrarse el próximo 15 de septiembre en el zócalo capitalino, conforme a las siguientes
Consideraciones
La celebración del inicio de la gesta de independencia resulta una de las más sentidas y con mayor participación por el pueblo mexicano. Este año celebraremos el 198 aniversario del inicio de la hazaña que dio vida a la nación, y lo haremos en un zócalo repleto de ciudadanos orgullosos y entusiastas por pertenecer a esta gran patria. La importancia que reviste ese acto cívico la sitúa en el más alto pedestal de las conmemoraciones de actos heroicos, muy por encima de cualquier otra. La gente acude al zócalo de la Ciudad de México desde muchos lugares del país, trasladándose para el efecto, con muchas dificultades y recorriendo grandes distancias. No importan el cansancio ni el hambre; importa gritar "¡Viva México!" con todas las fuerzas que el alma permita.
Este año, las voces populares no sólo corearán el tradicional grito. Este año, los reclamos populares más sentidos por la población han sido expresados con anterioridad por diversos actores sociales: ¡queremos vivir en paz!
Por ello hacemos un llamado a los múltiples actores sociales y políticos para que, en el marco de la celebración de este importante acto cívico, no se haga un abuso de la presencia de fuerzas de seguridad federales y locales. No soslayamos la importancia de la presencia de los cuerpos policiales y de las Fuerzas Armadas; también son ciudadanos y tienen derecho de estar allí. Sin embargo, tenemos la firme convicción de que, en el marco de la situación política y social que vive el país, ésta debe realizarse por todos y cada uno de nosotros, ciudadanos conscientes y plenamente comprometidos con México, de manera cívica, pacífica y patriótica.
La presencia de elementos policiales y militares, uniformados o no, como ha sucedido en ocasiones anteriores, únicamente indica temor y desconfianza de las autoridades hacia los propios ciudadanos que forman parte de la noble y generosa nación a la que gobiernan.
México está comprometido con la paz.
México está comprometido con la civilidad.
México está comprometido con sus ciudadanos.
Por ello hacemos extensiva a las autoridades federales y locales nuestra gran preocupación por la implantación de operaciones militares y policiacas que resultan agresivas para el desarrollo de una acción cívica de tan altas magnitudes.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, comprometidos con la construcción de un estado democrático, cívico y pacífico, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la administración pública federal, a los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública federal y a las autoridades capitalinas a no excederse en el uso de operaciones de seguridad en las fiestas patrias por celebrarse en el zócalo de la Ciudad de México el próximo 15 de septiembre.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputados: Armando Barreiro Pérez, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, A CARGO DEL DIPUTADO ARMANDO BARREIRO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2008, se destinaron más de 3 mil 500 millones de pesos extras para la seguridad pública de los municipios a través del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun). Estos recursos son complementarios a los que proporcionan los programas federales para entidades federativas y municipios destinados a fortalecer el desempeño de las funciones en materia de seguridad pública.
Como antecedente, el 14 de enero de 2008, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, expidió el Acuerdo 01/2008 por el que se establecen las bases para la de elegibilidad de municipios para la asignación de recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal, cuya metodología permitió identificar a los 150 municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que resultaría beneficiadas con recursos presupuestales del Ramo 36 en materia de seguridad pública. Dicho acuerdo fue publicado el 15 de enero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.
Acatando las disposiciones de ese mandato, el 23 de enero de 2008, el oficial mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, dio a conocer las Reglas del fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la seguridad pública, donde se especifican las normas que regulan el ejercicio de esos recursos presupuestales.
A pesar del destino de estos recursos complementarios y el aumento de recursos al presupuesto en seguridad pública, éste no se traduce en mayores resultados para la sociedad. Tan sólo entre 2004 y 2008 el presupuesto destinado a las secretarías federales de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública, más el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, creció de 49 mil a 83 mil millones, ello sin contar los recursos que se han destinado para el denominado Plan Mérida.
A partir de la entrada en vigor de dichas disposiciones, la sociedad ha padecido el incremento en la inseguridad y de la violencia, tanto de la delincuencia organizada como en delitos patrimoniales y secuestros. La ferocidad de estos grupos ha rebasado todo límite, lo que demuestra la falta de una estrategia integral del gobierno federal, en la que se incluyan los plazos y las metas para recuperar el control.
En múltiples ocasiones, diversos funcionarios han afirmado que el aumento de homicidios es producto de pugnas entre cárteles por el dominio de espacios de movilidad, cada vez más reducidos debido a la acción del Estado, y que el incremento de aprehensiones y decomisos de armas, drogas, precursores químicos y dinero, demuestra la efectividad con que se les combate.
Sin embargo las cifras existentes indican lo contrario, datos del Instituto Ciudadano de Estudios contra la Criminalidad, en México señalan que se cometen 4 mil 320 delitos diarios, lo que equivale a un delito cada 22 segundos. Lo más grave, es que la violencia del crimen organizado se ha ido extendiendo a entidades, municipios y poblaciones con baja incidencia delictiva, es decir, la delincuencia organizada comienza a extenderse a otros territorios menos vigilados, lo que los especialistas han denominado efecto cucaracha, por lo que se hace necesario implantar medidas para evitar este desplazamiento del crimen organizado.
Como el gobierno federal no ha hecho pública una estrategia integral de combate al crimen organizado en la que se incluyan los plazos y las metas, así como los resultados que se obtengan, la sociedad desconoce cuanto falta para recuperar el control.
Ante tal incertidumbre, a la población le queda claro que los golpes que ha recibido la delincuencia no han sido suficientes para impedir su expansión.
Esta falta de control gubernamental, convertida en agravamiento de la inseguridad, ha generado que la prioridades cambien. Se hace por tanto, necesario una revisión que determine los criterios de prevención, ya que hasta ahora la principal acción gubernamental ha sido la persecución de los delitos, por lo que se deben implantar políticas de prevención social del delito.
Tomando en consideración el Acuerdo 01/2008, se tomó como base el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, así como en los siguientes criterios:
2. La incidencia delictiva.
Cabe señalar que los criterios de selección y los recursos destinados a los 150 municipios enlistados en el Acuerdo 01/2008 debe ampliarse por las siguientes razones:
• El desplazamiento territorial del crimen organizado vinculado al narcotráfico disminuye la efectividad de decisiones institucionales tomadas en base a indicadores relativamente estáticos como densidad demográfica y delitos denunciados.
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, para que a la brevedad haga llegar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados la información relativa a la incidencia delictiva en los municipios del país.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que con esta información, implante los mecanismos que permitan aumentar los recursos e incorporar criterios de selección para ampliar de 150 a 250 el número de municipios que se puedan beneficiar del subsidio para la seguridad pública municipal (Subsemun) para el ejercicio fiscal de 2009.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 9 de septiembre de 2008.
Diputado Armando Barreiro Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA SHCP PARA QUE INFORME SOBRE LAS ACCIONES QUE EMPRENDERÁ CONTRA LOS RESPONSABLES DE LOS ACTOS Y DE LAS OMISIONES PERPETRADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DE ESA DEPENDENCIA EN LA FUSIÓN DE CITIBANK Y BANAMEX, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN NICASIO GUERRA OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con fecha 21 de mayo del 2001, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, cursó boletín de prensa en el que se señalaba que "el secretario de Hacienda y Crédito Público se excusa ante el presidente Vicente Fox de tomar alguna decisión que competa a la SHCP, en torno a la operación Banamex-Accival y Citigroup".
En forma indebida y sin sustento real, ni legal, Gil Díaz, alegaba que no estaba obligado a cursar dicha excusa, tratando de encubrir los nexos y lazos que le unen a funcionarios y accionistas del grupo financiero en cuestión, al cual servía en forma encubierta a través de desempeñar puestos directivos en Avantel, SA, empresa telefónica a la que accedió sin contar con experiencia previa en la conducción o administración de empresas en el sector telecomunicaciones, ni contar con experiencia técnica en el ramo y sí, por otro lado, manteniendo permanente contacto con autoridades y operadores del sector financiero.
La intención que alegaba el entonces titular de las finanzas públicas y primer responsable de la recaudación, fue que su no intromisión en el asunto de referencia pretendía que "el trabajo de la SHCP se desarrolle en condiciones convenientes para su estudio, evaluación y decisión con independencia de su relación de trabajo anterior".
Con la intención y propósito de encubrir sus reales intenciones y de desviar la atención del Congreso de la Unión, señalaba en su comunicado de prensa que no laboraba formalmente en las empresas financieras pertenecientes al Grupo Financiero Banamex-Accival, sino en una empresa de telecomunicaciones, sin agregar y señalar puntualmente que esta última era detentada por interpósitas empresas financieras del propio consorcio, perteneciendo por ello, al mismo grupo de interés económico, y que la integración al equipo de tal empresa controladora no era sino una manipulación que encubría su verdadera labor en tal grupo. La arrogancia y menosprecio a la inteligencia de los legisladores no tuvo límite.
Finalmente, en el comunicado ampliamente difundido en los medios masivos de comunicación, se confirmaba una y otra vez que serían funcionarios competentes de la dependencia los que le suplirían a efecto de evitar prebendas, privilegios y omisiones de las autoridades bancarias y fiscales, que pudieran comprometer la imparcialidad y toma de decisiones en protección del interés nacional.
Posteriormente, a tal subterfugio se articuló una operación causante del mayor quebranto fiscal en la historia del país, al omitirse el pago de más de tres mil quinientos millones de dólares por contribuciones omitidas, acudiendo a una nueva simulación consistente en hacer pasar dicha transacción como si se tratase de una operación espontáneamente surgida en la Bolsa Mexicana de Valores.
La realidad pronto acusó a que el pacto había sido concertado en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos de América y que todos los términos y condiciones habían sido negociados y pactados mucho tiempo antes de que los interesados la sometieran a la consideración de las autoridades de aquel país, y con mucha antelación a que la citada operación fuese planteada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Es decir el acuerdo entre precio y cosa sucedió meses antes de su manipulada repetición en la Bolsa Mexicana de Valores. No sólo estaba perfeccionada la adquisición fuera de bolsa meses antes de su cruce, sino que se acudieron al vicio de cursarla como cruce protegido, esto es, el precio no se formó en el mercado, en el piso de remates, sino que se pacto la transmisión entre sujetos previamente identificados, sin dar lugar a una efectiva operación bursátil.
La aplicación de la excepción para el pago de impuestos no sólo es claramente inaplicable, sino que con el objeto de que no se ejercieran facultades de revisión y comprobación de los términos de la operación, meses después se puso a la cabeza del Sistema de Administración Tributaria, a un cercano colaborador de Roberto Hernández en la presidencia del SAT, que por supuesto también colaboraba en las empresas detentadas directa o indirectamente por el grupo financiero Banamex Accival.
Dado el claro desprecio e insubordinación que José Francisco Gil Díaz constantemente desplegó en agravio de esta soberanía, una y otra vez afirmaba públicamente que no participó en la operación entre Banamex Accival y Citigroup, a grado tal que en su comparecencia sostenida el 11 de octubre del 2006, a propósito de la glosa del sexto Informe de Gobierno de Fox Quesada, señaló una y otra vez que el se había mantenido al margen de la operación aludida.
Al recibir preguntas del que suscribe y de otros legisladores en esa ocasión, de lo cual queda memoria en los acervos oficiales de esta Cámara, Gil Díaz mantuvo el engaño y la manipulación por él desplegada en cuanto a su supuesta imparcialidad y excusa respecto del asunto de referencia.
Es el caso ahora que, al ser solicitada la evidencia documental de lo afirmado en el citado boletín de prensa, la Presidencia de la República, a través de su secretaría particular, quien señala que es la competente respecto del tema, contesta a la solicitud 0210000082708, que confirma la inexistencia de la documentación solicitada.
Al ser buscados los documentos fundamentales y determinantes de la operación celebrada entre Banamex Accival y Citigroup en el Diario Oficial de la Federación, ya que deben aparecer en tal órgano de divulgación del gobierno federal por mandato de ley, no aparecen, ni existen las publicaciones adecuadas que den evidencia y constancia transparente de la participación de los funcionarios que hubiesen actuado en sustitución de Gil Díaz y que hubieran resuelto y dado eficacia a los múltiples actos que –graciosamente– la autoridad financiera resolvió con celeridad y a modo de que no se cubrieran contribuciones. Todo ello por supuesto en agravio del estado de derecho y del erario federal.
Se encuentran con facilidad los oficios números 101-00863 y 864, ambos de julio del 2002, dirigidos al Banco Nacional de México, que resuelven las revocaciones de las autorizaciones otorgadas al Grupo Financiero Citibank, SA de CV, firmadas, por supuesto, por José Francisco Gil Díaz, y como es práctica común en esa dependencia, aparece al calce la instrucción y orden para publicar en el Diario Oficial de la Federación las mencionadas resoluciones, y aparece en ellas nuevamente la firma del funcionario aludido. En ambos casos Gil Díaz.
Sin embargo, es necesario citar a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que informe a esta soberanía porque el excusado Gil Díaz suscribió el oficio 101-1825, de fecha 30 de octubre del 2001, en el que:
Segundo. Se autoriza la fusión de Banco Nacional de México con Citibank México, SA.
Tercero. Se autoriza una opinable y discutible escisión de Grupo Financiero Banamex, en sociedades de responsabilidad limitada, modelo societario ajeno a la Ley de Instituciones de Crédito y contrario a los usos, letra y espíritu de las sanas prácticas bancarias, y normas del sector financiero nacional, así como que se autoriza la integración de tales engendros bancarios al Grupo Financiero Banamex, SA de CV.
Cuarto. Se autoriza un esquema corporativo con sociedades nuevamente de responsabilidad limitada y de capital variable, para detentar Banamex USA Bancorp, que a su vez detenta las acciones de California Comerse Bank y California Commerce Bank Securities, pero especialmente se determina el régimen de Promotora de Teleinformática y Telecomunicaciones, SA, que a su vez detenta acciones de Avantel, SA, y Avantel Servicios Locales, SA, empresas con las que había mantenido relación laboral y económica el propio Gil Díaz.
Quinto. La SHCP "toma nota "y genera un discrecional e ilimitado régimen indefinido y que queda al libre arbitrio del grupo financiero Banamex Citigroup, para definir la estructura y otros pormenores de Acciones y Valores de México, SA.
Existen indicios que apuntan a que el mencionado Gil Díaz no firmó deliberada y conscientemente al calce esta resolución, y que entorpeció o ha entorpecido su conocimiento y divulgación pública.
Es necesario que se revise, analice y se ponga en conocimiento de las autoridades responsables toda la información, documentos y evidencia vinculados a uno de los procesos menos transparentes, manipulados y causantes de quebrantos del erario federal.
Por ello sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados acuerda citar al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que explique la intervención, participación e involucramiento del excusado José Francisco Gil Díaz, en la operación llevada al cabo por el Grupo Banamex Accival con el Grupo Citibank, que fuera referida en una supuesta excusa enviada al Ejecutivo federal y divulgada por esa dependencia mediante comunicado de prensa de fecha 21 de mayo de 2001. Haciendo especial énfasis en el análisis del oficio 101-1825 de 30 de octubre del 2001, suscrito por el propio excusado, dirigido a Manuel Medina Mora, director del Banco Nacional de México, SA.
Segundo. La Cámara de Diputados acuerda solicitar a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría Fiscal de la Federación respecto de las responsabilidades de los servidores públicos involucrados en el los hechos y omisiones narrados en este instrumento. Así como para que informen a esta soberanía respecto de las pesquisas, investigaciones y actuaciones que realicen para evitar la prescripción de las responsabilidades relativas.
Tercero. La Cámara de Diputados acuerda que se solicite un informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, en el ámbito de su competencia, requiera a la Bolsa Mexicana de Valores para que explique los pormenores bajo los cuales se llevo a cabo el cruce de la operación señalada entre accionistas de los Grupos que controlaban al Banco Nacional de México y Citibank.
Diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (rúbrica)
Excitativas
El suscrito, diputado federal Mario Vallejo Estévez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicita respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva, se formule excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República, para que presenten el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 67, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Consideraciones
Primero. En sesión publica el jueves 3 de abril de 2008, en votación unánime la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto que reforma al artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, con el objeto de adicionar la fecha 19 de agosto, aniversario de la Suprema Junta Nacional Americana en Zitacuaro en 1811, al artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Segundo. El Senado de la República en su sesión ordinaria del 8 de abril de 2008 recibió minuta de la Cámara de Diputados que contiene proyecto de decreto que adiciona la fecha 19 de agosto, aniversario de la Suprema Junta Nacional Americana en Zitacuaro en 1811, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, turnándola para los tramites constitucionales correspondientes a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República.
Tercero. El maestro Leonel Godoy Rangel, gobernador constitucional del estado de Michoacán de Ocampo, envió comunicado a la honorable Comisión Permanente, por el cual expresa su adhesión al proyecto que adiciona la fecha 19 de agosto, aniversario de la Suprema Junta Nacional Americana en Zitacuaro en 1811, al inciso a) del articulo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. El Presidente de la Mesa Directiva remitió dicho comunicado las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República.
Por lo expuesto, y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el articulo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito ciudadano Presidente atentamente:
Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realice la excitativa correspondiente a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República para que formulen el dictamen correspondiente a la minuta objeto de la presente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputado Mario Vallejo Estévez (rúbrica)
A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE SEGURIDAD SOCIAL, Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO SAMUEL AGUILAR SOLÍS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva de esta honorable soberanía, realice una excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Pública, de Seguridad Social y de Función Pública de esta Cámara, para que presenten a la brevedad el dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Ley que establece las bases para otorgar Pensiones y Prestaciones a los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Antecedentes
1. La iniciativa con proyecto de ley que establece las bases para otorgar pensiones y prestaciones a los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se publicó en la Gaceta Parlamentaria el 25 de octubre de 2007.
2. La iniciativa en mención, fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Pública, de Seguridad Social y de la Función Pública, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Consideraciones
La seguridad social comprende un conjunto de prestaciones y apoyos al ingreso que van más allá del seguro social y de los servicios de salud pública, para incluir asignaciones familiares, becas de capacitación y otros apoyos específicos al ingreso para diferentes grupos de edad. Sus dos características principales son la universalidad de su cobertura y la integralidad de sus prestaciones.
Cada país ha adoptado características propias que pueden analizarse a partir del grado de intervención estatal, del arreglo institucional que está detrás de cada sistema de seguridad social y del grado de concentración que prevalece en su organización. Sin embargo, una característica común a casi todos los sistemas ha sido la aparición de dificultades financieras para financiar los servicios de la seguridad social. Estas dificultades y las reformas propuestas para su superación se han desarrollado en el contexto más amplio de una profunda revisión del papel del Estado en la economía y de la consiguiente reforma para redefinir las áreas de participación de los sectores público y privado.
La seguridad social es considerada en casi todos los países como una conquista de los trabajadores y forma parte también de los mecanismos correctores que el Estado puso en práctica para hacer frente a las fallas económicas y a la tendencia desintegradora del mercado sobre la organización social.
Las tendencias de largo plazo de los diferentes sistemas predecían un agravamiento de la crisis de la seguridad social. En particular el financiamiento de las pensiones y de los sistemas de salud presentaban importantes riesgos, por las características de los sistemas basados en los modelos de reparto y por las tendencias demográficas que presentaban la mayoría de los países.
La reforma de la seguridad social enfrenta dos grandes retos, diferentes pero íntimamente relacionados en muchos países: la reforma o el ajuste de los sistemas de pensiones y el acelerado crecimiento del costo de los sistemas de salud pública.
El 25 de noviembre de 1976, por acuerdo del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, se dispuso que "al concluir su mandato el ciudadano que hubiese desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, requiere disponer para el desempeño de servicios generales a sus órdenes directas de personal del Ejército, Armada y Fuerza Aérea".
El 31 de marzo de 1987, mediante acuerdo del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, se formalizó el disfrute de una pensión, prestaciones de seguridad social equivalentes a las que percibe un secretario de despacho y se reguló el derecho de la cónyuge para disfrutar de la pensión presidencial y de los seguros de vida y gastos médicos mayores, incluyendo a los hijos.
Actualmente, las pensiones del los ex mandatarios no tienen sustento legal, toda vez que no están incluidos en ninguna ley o cuerpo normativo. Son acuerdos de carácter administrativo sin ninguna fuerza jurídica que los sostenga, por lo que es indispensable poner fin a la discrecionalidad con la que se erogan los recursos públicos.
En México, el Poder Legislativo federal no ha participado directamente en el establecimiento de las prerrogativas y beneficios que reciben los ex presidentes de la república. La determinación de tales prebendas está basada en prácticas discrecionales y en acuerdos dictados por los presidentes en turno, quienes se beneficiaron de sus propias decisiones, siendo juez y parte en la asignación de sus propios ingresos los ex titulares del Poder Ejecutivo federal.
Se trata de poner orden donde hay abuso. Se busca establecer disciplina presupuestal y desplegar la mayor solidaridad posible frente a una sociedad empobrecida.
De acuerdo con los lineamientos establecidos en la iniciativa de ley, la suma total de pensiones y demás prestaciones, ascendería a 19.8 millones de pesos en este año, por lo que el valor total de los ahorros serían de 187.2 millones de pesos, con respecto a lo que se erogaría en 2008 bajo el esquema de convenio administrativo (207 millones de pesos anuales), el cual carece de sustento jurídico.
Según la valoración del impacto presupuestario del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de ésta Cámara de Diputados, con las nuevas disposiciones de ley para el pago de pensiones y demás prestaciones a que tendrían derecho los ciudadanos que hayan ocupado el cargo de presidente de la república, se prevé que entre 2009 y 2012, el gobierno federal ahorre en promedio 195.1 millones de pesos por año, por lo que al 2012 ahorraría aproximadamente 780.7 millones de pesos.
Los invito a considerar la propuesta, pues sólo con acciones concretas y precisas convertidas en ley, estaremos defendiendo los intereses del pueblo y haciendo valer la soberanía de las instituciones.
Los actuales son tiempos de puntual rendimiento de cuentas y de plena revisión de las normas. Son tiempos de austeridad republicana para hacer vigente el principio juarista que exige a los servidores públicos mantenerse dignamente con la honrosa medianía de sus ingresos.
Para ello, solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, se sirva dar trámite a la siguiente
Excitativa
Único. Para que las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Pública, de Seguridad Social y de Función Pública de la honorable Cámara de Diputados, presente el dictamen de la iniciativa con proyecto de ley que establece las bases para otorgar pensiones y prestaciones a los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2008.
Diputado Samuel Aguilar Solís (rúbrica)
Loading