Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ GILDARDO GUERRERO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los diputados de Jalisco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos, 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone la organización democrática de un sistema de planeación del desarrollo nacional por parte del Estado mexicano, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia, y la democratización, política, económica, social y cultural de la nación.
Por su parte, son objetivos de los distintos órdenes de gobierno, propiciar un desarrollo regional y urbano equilibrado, socialmente incluyente, ambientalmente sustentable y territorialmente ordenado.
De lo que se desprende, que es insoslayable, para esta LX Legislatura, involucrarse, impulsar y apoyar el desarrollo de las zonas metropolitanas que existen a lo largo del territorio nacional, sin escatimar apoyo y haciendo especial hincapié, en aquellas metrópolis que por sus condiciones actuales, tuvieran mayor potencial para promover el desarrollo nacional, como lo es el caso de la zona metropolitana de Guadalajara.
Actualmente Guadalajara ha sido clasificada por importantes publicaciones entre ellas el Finantial Times, como la segunda metrópoli que más ventajas competitivas ofrece en América, tanto al inversionista nacional como al internacional, pues cuenta con una de las poblaciones más alfabetizadas y capacitadas del país; representa un importante mercado con poder de compra; y su localización estratégica aunada a buena infraestructura de comunicaciones, la consolida como un importante polo de desarrollo económico internacional.
No obstante nuestras ventajas competitivas, Guadalajara requiere el apoyo del gobierno federal, que traducido en el máximo de recursos, permita hacer frente a las demandas de servicios y urbanización de la población; finalizar obras de infraestructura que permitan mantener las ventajas que los inversionistas buscan; mejorar la calidad del aire y el uso sustentable de los recursos naturales; impulsar un sistema de núcleos urbanos que fomenten la inclusión social y la competitividad metropolitana; entre otros.
Cabe referir que si bien es cierto que en el actual proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, se ha apoyado a esta zona metropolitana con una partida de 1 mil 100 millones de pesos, es indispensable ampliarla por lo menos a 3 mil millones en virtud de los proyectos prioritarios presentados por el gobierno del estado y los municipio metropolitanos.
Es cuestión de mantener una visión de altura, de darnos cuenta que la sustentabilidad de la zona metropolitana del valle de México, requiere de la consolidación de otros ejes de desarrollo.
Aprovechemos la oportunidad de que Guadalajara estará, próximamente, en la mira del continente, como sede de los Juegos Panamericanos, para dar la mejor impresión, lo que podrá atraer inversiones y proyectos de negocios que incentiven la creación de espacios industriales y comerciales que finalmente generen empleos, no sólo para la región sino para el país en su conjunto, es necesario el apoyo de este organismo camaral, para que a través de sus comisiones, se apruebe un presupuesto razonable y acorde a las necesidades de la zona metropolitana de Guadalajara, no únicamente basados en criterios poblacionales.
La situación económica mundial, demanda oportunidad y precisión en nuestras decisiones, seamos estadistas lo que implica tener una visión de Estado.
Por lo antes mencionado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Se exhorta, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a ampliar la partida especial de recursos asignada a la zona metropolitana de Guadalajara en al menos 3 mil millones de pesos; y a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a efecto de asignar los recursos solicitados del Fondo Metropolitano a la misma zona.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2008.
Diputados: José Gildardo Guerrero Torres, Carlos René Sánchez Gil, Mario Eduardo Moreno Álvarez, José Antonio Muñoz Serrano, Alonso Manuel Lizaola de la Torre, Lucía Susana Mendoza Morales, Gerardo Amezola Fonseca, Martha Angélica Romo Jiménez, Mario Salazar Madera, Francisco Javier Plascencia Alonso, Jorge Quintero Bello, José de Jesús Solano Muñoz, Ricardo Rodríguez Jiménez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CREAR EL JARDÍN ETNOBOTÁNICO DEL CERRO DE LA ESTRELLA, EN IZTAPALAPA, A CARGO DE LA DIPUTADA LOURDES ALONSO FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Lourdes Alonso Flores, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, se asignen y etiqueten recursos, para la creación del jardín etnobotánico en el Cerro de la Estrella, de la delegación Iztapalapa, en razón de la siguiente
Exposición de Motivos
El Cerro de la Estrella, nominado en la época prehispánica Huizachtépetl, es un sitio arqueológico muy importante, pues en su cúspide fue construido, por los mexicas, el templo del fuego nuevo, centro ceremonial en donde se celebraba el fuego nuevo. Festividad que fue realizada nueve veces antes del arribo de los españoles y que era efectuada cada 52 años, periodo en el cual las estrellas llamadas Pléyades, cruzaban el meridiano de México Tenochtitlán y la última noche de ese lapso, se prendía el fuego en la cima del cerro, ante la expectativa, con temor e incertidumbre de que el sol no saliera o apareciera nuevamente y se iniciara un nuevo ciclo de 52 años. De este sitio partían las antorchas hacia el Templo Mayor de Tenochtitlán y el fuego era llevado a todas las comunidades del imperio mexica.
A partir de noviembre de 2002 comenzó el proyecto de investigación antropológica Cerro de la Estrella (PIACE) del INAH, dentro de sus planes de trabajo contempla la realización de estudios de arqueología, historia, etnología, antropología, geología y biología, tendientes a reconocer y valorar la transcendencia histórica natural, cultural y social del lugar, difundir ese conocimiento y establecer las estrategias de restauración, tanto de sus monumentos arqueológicos como de su entorno ecológico. Asimismo, tiene la tarea de establecer, de acuerdo con las autoridades civiles de la delegación Iztapalapa, de la Ciudad de México, las normas para la conservación, el mantenimiento, manejo sustentable y disponibilidad social o recreativa y cultural de ese lugar.
Como parte del PIACE está planteada la creación de un jardín de plantas útiles, elementos que estarán representando la etnoflora de la región de la cuenca de México y del Cerro de la Estrella. La finalidad de estructurar un área verde cultural, es reunir una superficie determinada (por lo menos de 10 mil metros cuadrados), un conjunto de plantas con atributos (frutos, flores, follaje, fibras, resinas, maderas, entre otros) que son aprovechados y fueron usados desde tiempos antiguos para cubrir ciertas necesidades de alimento, salud, vestido, combustible, construcción y vivienda, entre otros satisfactores humanos.
Los jardines botánicos resultan ser importantes áreas culturales de conocimiento, propagación y cuidado de un conjunto de plantas vivas, que pueden estar representando a una sola familia botánica, la flora de un bioma, de una región o de un país determinado. Áreas verdes que además de contribuir a la enseñanza y la investigación de la botánica, permiten la protección, en su caso, de especies: endémicas, amenazadas o en peligro de extinción y pueden a su vez funcionar como lugares de recreación y esparcimiento.
Conviene señalar la existencia en el pasado, del Jardín Botánico de Cuitláhuac o también llamado Jardín de Iztapalapa, el cual reunió importantes plantas de la cuenca de México y foráneas, procedentes de lugares tropicales, como la ceiba de cacaloxóchilt. Este jardín fue sujeto de la admiración de los conquistadores Cortés y Díaz del Castillo, por su belleza, diversidad de plantas, arquitectura y por su acceso por agua o por tierra.
En la actualidad resulta trascendente que el en Cerro de la Estrella desde el año de 1843 se celebra anualmente la ceremonia de la "Pasión y Muerte de Cristo". Acto que concentra aproximadamente dos millones de personas, en alrededor de tres días: 500 mil el jueves, 1 millón 400 mil el viernes y 1 millón el domingo, convirtiéndose en una de las celebraciones más concurridas a nivel mundial, en lo que se conoce como "semana santa"; durante la cual el Distrito Federal recibe más de 160 mil turistas nacionales que generan una derrama económica de más de 600 millones de pesos y la delegación Iztapalapa capta anualmente el 2.4 por ciento de visitantes que se enfocan principalmente durante la celebración del "vía crusis", que en este año durante su celebración 165 contó con la presencia de los embajadores de Palestina y Rumania en México, entre otros distinguidos invitados.
Cabe señalar que hasta el momento no ha sido posible desarrollar plenamente un potencial turístico en la demarcación política, ello pese a los grandes esfuerzos que la actual administración está llevando a cabo para generar una vocación turística que hasta el momento ha sido poco explorada, la cual indudablemente mejoraría las condiciones económicas y propiciaría el desarrollo económico de la demarcación.
Ya que se cuenta con una riqueza cultural e histórica que lamentablemente es desconocida no solamente por el turismo internacional, sino también el nacional.
Además de la representación del "vía crusis", (en la cual existe una petición por parte de Comité Organizador y la autoridad delegacional hacía la UNESCO para que se reconozca a esta celebración como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad) la demarcación cuenta con otros atractivos turísticos como lo son: el Museo del Fuego Nuevo, el Museo Cabeza de Juárez, el ex Convento de Culhuacán, "el Santuario de la Cuevita", el Mural "Iztapalapa ayer, hoy y siempre", aunado a ello la demarcación cuenta con 24 construcciones catalogadas como "Patrimonio Histórico" por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH por sus iniciales, lo anterior con base en la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas de 1988.
Desde hace casi una década las administraciones delegacionales han hecho grandes esfuerzos para construir espacios que generen, difundan y promuevan la cultura en la demarcación como lo son: la Macroplaza Metropolitana Cuitláhuac, sin omitir mencionar que durante los trabajos de rehabilitación del Jardín Cuitláhuac se descubrió el Templo Mayor de Iztapalapa, el "Hemiciclo Forjadores de la Democracia", además, actualmente se esta construyendo el "Museo de la Pasión", en el cual se conjugarán diversas manifestaciones artísticas que resalten las actividades llevadas a cabo durante la celebración de la "semana santa" en el Cerro de la Estrella, es decir, todo un conjunto de esfuerzos que tiendan cerrar la brecha del rezago social existente en la demarcación.
En este sentido en 1938, en un área de 1 mil 100 hectáreas, que incluía el cerro en estudio, fue decretada por la presidencia de México Parque Nacional del Cerro de la Estrella y en 1991 con sólo 143 mil 145 hectáreas, de superficie natural, la federación declara a ésta área natural protegida, en la categoría de zona sujeta a conservación ecológica. Actualmente el PIACE y la delegación Iztapalapa, la consideran área natural y cultural protegida y están haciendo lo propio para conservar, investigar y difundir los recursos arqueológicos, históricos y naturales que la conforman, en beneficio del entorno, su población y la sociedad en su conjunto.
Como se ha mencionado, el PIACE tiene entre sus metas la creación de un jardín etnobótanico. El objetivo de este jardín es reunir en un área de al menos una hectárea, varias y diferentes plantas de la cuenca de México y del propio cerro, que ostenten una probada utilidad contemporánea o pretérita, como elementos alimenticios, medicinales, materiales textiles, tinteros, constructivos, combustibles, ceremoniales y ornamentales, entre otros de los múltiples satisfactores que las plantas ofrecen y han brindado al hombre en el tiempo.
Esta colección de plantas vivas, contribuirá a la difusión y enseñanza de nuestras plantas y sus usos, fomentará su conservación, el cuidado del ambiente natural que nos rodea y constituirá un medio de recreación cultural.
En razón a lo expuesto anteriormente y fundamentado, me permito someter a esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a las Comisiones de Turismo, Cultura, Presupuesto y Cuenta Publica y a la de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, a que en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, se contemple y se etiquete la cantidad de 12 millones de pesos para la creación del jardín etnobotánico, en el Cerro de la Estrella, de la delegación Iztapalapa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2008.
Diputada Lourdes Alonso Flores (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA LOS PROGRAMAS CENTRADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA, A CARGO DE LA DIPUTADA GUILLERMINA LÓPEZ BALBUENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal Guillermina López Balbuena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2009 se considere un incremento de los recursos para los programas dirigidos al fortalecimiento de la agroindustria azucarera, con la finalidad de blindar al sector cañero contra futuras crisis, como la que actualmente vive, con base en lo siguiente:
Actualmente la agroindustria azucarera enfrenta una crisis creciente, cuyas causas han sido desatendidas por años y demandan acciones inmediatas de parte del gobierno federal.
La actividad agroindustrial es fuente de más de 440 mil empleos permanentes y temporales, sus beneficios directos e indirectos se extienden a 2.5 millones de personas, lo cual se logra con la operación de 58 ingenios distribuidos en 15 estados y las zonas de abasto abarcan 227 municipios, en los que viven más de 12 millones de personas.
En estos momentos de crisis, reclaman acciones urgentes para evitar poner en riesgo el empleo de los trabajadores de los ingenios, de los prestadores de servicios conexos, de las zafras para el periodo 2008-2009, y, en general de la actividad económica del sector.
La expropiación de 27 ingenios, en 2001, por Vicente Fox ha mantenido en la incertidumbre a los productores de caña de azúcar y a los consumidores finales de este producto básico, afectando la competitividad de la industria.
La crisis de la industria de la caña de azúcar en México no es producto de las debacles financieras de este año, es de hace varios años, a raíz de la diversificación hacía nuevos productos de alto valor agregado como los jarabes fructosados, más baratos que la azúcar, porque están producidos a partir de los excedentes exportables de maíz, subsidiados por el gobierno de Estados Unidos, nuestro principal proveedor de fructuosa.
Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se acordó desgravar gradualmente la importación de productos agrícolas, e implícitamente se aceptó una competencia desigual: México produciría bienes agrícolas sin subsidio, pero Estados Unidos y Canadá seguirían subsidiando a su agricultura.
También es de recordar que México nunca ha competido con los precios del mercado internacional porque en otros países esta industria es más eficiente, y su producto, más barato. Además, porque desde hace 10 años existe una sobreoferta mundial.
La industria azucarera es una actividad productiva que se encuentra protegida y subsidiada en prácticamente todos los países productores, pero en México, la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en lugar de emprender acciones para proteger a los productores de caña, sólo se dedica a tratar de eliminarlos y de otorgar beneficios y contemplar a los empresarios, aun a pesar de incumplir con los acuerdos.
La Sagarpa huye y no enfrenta los problemas del sector, con el argumento de que es un asunto de particulares; es necesario recordar al señor secretario Alberto Cárdenas que recibe su sueldo puntualmente cada mes; por tal motivo no vive lo que es no recibir un pago para poder subsistir, ni mucho menos incumplimiento de su contrato. Además, el Ejecutivo le dio el encargo del defender al campo mexicano, pero al parecer, ni a su jefe obedece, porque durante su gestión al frente de la secretaría ha sido inoperante e inepto: nuestro campo enfrenta crisis tras crisis.
Con fecha 3 de Julio de 2008 se presentó el acuerdo para la modernización de la agroindustria de la Caña de Azúcar, suscrito por los productores de caña y los industriales titulares de los ingenios que la procesan, en el cual se estableció que en julio, se iniciará el pago de todas las preliquidaciones pendientes y atrasadas de la zafra 2007-2008. En agosto y septiembre se pagará el total de la liquidación de la presente zafra, así como el remanente del incremento al precio de la caña de azúcar de la zafra 2006-2007, de un 6.5 por ciento.
Para el cumplimiento de lo antes señalado, el gobierno aportaría mil seiscientos millones de pesos a fin de complementar el diferencial por pagar al precio de la caña en la zafra 2007-2008.
Adicionalmente, el gobierno federal ofrecerá financiamiento con tasas blandas a los industriales cañeros para complementar el pago a los productores de caña, de forma adicional a los 1600 millones de pesos para completar el diferencial a pagar al precio de la caña en la presente zafra.
El Ejecutivo expresó que con el acuerdo alcanzado se establecían reglas claras para impulsar la capitalización, actualización y competitividad de este sector, que se beneficiaria a los productores porque les da la certidumbre de recibir un pago seguro, oportuno y justo, además de que contarán con más opciones de financiamiento para renovar sus equipos, sistemas de riego e incrementar su productividad.
A pesar de lo suscrito por los productores de caña y los industriales, con el aval y el apoyo del Ejecutivo, todavía subsiste la crisis azucarera, en varios Ingenios no se han realizado los pagos correspondientes de preliquidaciones y liquidaciones, como es el caso del de Calipan, situado en el municipio de Coxcatlan, Puebla, donde se viven tensión e incertidumbre por el incumplimiento del acuerdo.
Los plazos para efectuar los pagos han vencido el pasado 30 de septiembre y los productores de caña no recibieron sus correspondientes liquidaciones; no tienen como vivir, con que pagar sus necesidades, ya sea alimenticias, educativas para sus niños, vestir, entre otras, pero esto, que le preocupa al señor secretario Alberto Cárdenas, si él vive en la opulencia.
Con estas acciones se puede concluir que la firma del acuerdo sólo fue un acto fantasma, para cubrir las apariencias y obtener una mejor imagen, porque la realidad de los cañeros es otra.
Por último, recordamos al señor secretario de Agricultura que el Ejecutivo también anunció que será obligatoria la exportación de la azúcar que se determine como excedente para estabilizar el precio del bulto del endulzante, que no deberá ser menor de 275 pesos, es decir, que la tonelada valga 5 mil 500 pesos.
Por lo anteriormente expresado, presento ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que durante el análisis, estudio y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se dé un incremento a los programas dirigidos al fortalecimiento de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, con la finalidad de blindar al sector contra futuras crisis, como la que actualmente vive.
Segundo: Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una revisión de los recursos aprobados por el Ejecutivo federal y destinados al cumplimiento del Acuerdo para la Modernización de la Caña de Azúcar. Esto, en razón de que los productores no han recibido sus respectivas liquidaciones por las zafras ya entregadas. La transparencia de los recursos es urgente, debemos saber dónde quedaron y en manos de quiénes están esos recursos.
Palacio Legislativo a, 14 de octubre de 2008.
Diputada Guillermina López Balbuena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA FORTALECER LA OPERATIVIDAD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ZONA ENRIQUE CABRERA, SITUADO EN ÁLVARO OBREGÓN, Y ADQUIRIR PREDIOS DESTINADOS A VIVIENDA EN EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO CANTÚ GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, Ricardo Cantú Garza, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las comisiones de Salud, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Vivienda, y del Distrito Federal, a destinar una partida extraordinaria de 150 millones de pesos al Hospital General Enrique Cabrera para que incremente su planilla laboral; y a designar recursos adicionales por 350 millones de pesos para el fortalecimiento de programas de adquisición y financiamiento de suelo para uso habitacional en el Distrito Federal, al tenor de los siguientes
Antecedentes
La precaria condición económica en nuestro país es la consecuencia de la falta de muchos de los servicios básicos para el desarrollo de la vida diaria de millones de mexicanos.
Las necesidades diarias como la alimentación, el vestido, la medicina y la vivienda, entre muchas otras, disminuyen paulatinamente debido a la falta de interés e inversión en la mayoría de los casos.
Para los casos específicos de salud y vivienda, observamos el detrimento en muchos estados de la república y, pese a los grandes proyectos inversionistas, en el Distrito Federal no se ha logrado disminuir en lo mínimo la gran demanda de solicitantes de estos servicios.
Por un lado, para garantizar una buena atención y brindar un mejor servicio médico en el Distrito Federal, debemos considerar que los nosocomios tengan cuando menos el material necesario y el personal adecuado para obtener buenos resultados en la atención a los pacientes.
En este sentido, queremos hacer referencia al Hospital General Enrique Cabrera, perteneciente a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, que a pesar de ser uno de los nosocomios de segundo nivel, nuevo y equipado, ubicado en una zona estratégica en la delegación Álvaro Obregón, no da la atención debida a sus pacientes debido a la falta de personal médico y del suficiente y calificado para resarcir sus amplias necesidades médicas y de urgencia.
Para esta institución, también se estima que en promedio son solicitados 21 servicios de urgencia médica al día, sin tomar en cuenta que con frecuencia este servicio suele estar imposibilitado en recibir pacientes graves, puesto que se corre el riesgo de no tener el material idóneo para solucionar la mayoría de eventualidades clínicas.
Por otro lado, la falta de oportunidades para adquirir una vivienda digna en esta ciudad, es de por sí difícil, más aún cuando se observa que las autoridades permiten que las grandes constructoras y las financieras acaparen con sus medios económicos, las pocas opciones de promoción y construcción de las viviendas de interés social para los capitalinos.
Ahora para obtener una vivienda de interés social se debe cumplir con los requisitos mínimos que impongan el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o el ISSSTE, en su caso, siempre y cuando sean derechohabientes, pero pese a estos esfuerzos, no es suficiente para cubrir la demanda de muchas familias que también tienen derecho y que no tienen acceso a estas prestaciones sociales por medio de su empleo.
El caso más notorio lo tenemos en la delegación Álvaro Obregón, donde por falta de oportunidades para la adquisición de una vivienda se ven orillados a fincar sus casas en zonas de alto riesgo, vivir en hacinamientos muchas veces insalubres o, en el mejor de los casos, permanecer como paracaidistas, y en muchas ocasiones terminan de la misma forma en la que pelearon por conseguir un espacio donde vivir, es decir, sin nada.
Compañeras y compañeros diputados: no está por demás decirlo, los esfuerzos que el gobierno federal ha puesto en el desarrollo para estos y muchos temas en el Distrito Federal, han sido hasta el momento escasos y abundan en la falta de estudios a futuro, que prevengan y mitiguen estas necesidades y que con base a ellos, pueda asignar mayores recursos presupuestarios a estos sectores.
Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está claro que, una de las medidas más adecuadas para frenar en buena parte estas demandas, recae en la discusión, aprobación y asignación de recursos por nosotros los legisladores, en este sentido, debemos poner de nuestra parte y cumplir con el voto depositado en nosotros por miles de ciudadanos.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de esta Honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable asamblea de la Cámara de Diputados exhorta a las comisiones de Salud, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público, y del Distrito Federal, a considerar, en el marco de discusión, análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2009, la cantidad de 150 millones de pesos para el Hospital General Enrique Cabrera, situado en la delegación Álvaro Obregón, a fin de que incremente su plantilla laboral.
Segundo. La honorable asamblea de la Cámara de Diputados exhorta a las comisiones de vivienda, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público, y del Distrito Federal a destinar una partida presupuestal extraordinaria de 350 millones de pesos, para el fortalecimiento de programas de adquisición y financiamiento de suelo para uso habitacional en el Distrito Federal, en el marco del Presupuesto de Egresos para la Federación para el ejercicio fiscal de 2009.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2008.
Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los que suscriben, Delber Medina Rodríguez, Enrique Rodríguez Uresti, Sergio Sandoval Paredes, Ariel Castillo Nájera, diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, así como Mónica Arriola, Irma Piñeyro Arias, Blanca Luna Becerril, Silvia Luna Rodríguez, Manuel Cárdenas Fonseca, Humberto Dávila Esquivel, Miguel Ángel Jiménez Godínez, Jacinto Gómez Pasillas, Daniel Amador Gaxiola, Sergio Hernández Hernández, Benjamín Ernesto González Roaro y Francisco Javier Murillo Flores, integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
1. Como resultado de diversos diagnósticos sobre la educación pública, se llegó al consenso sobre la necesidad de impulsar políticas orientadas a resolver rezagos en ámbitos estratégicos, como el funcionamiento de las escuelas, el bajo aprovechamiento de los alumnos, la capacitación y formación de los docentes y los factores socioculturales y económicos de los estudiantes, a los que se agregan problemas en la propia administración del sistema educativo, como un estrecho margen de la escuela para tomar decisiones; la insuficiente comunicación entre los agentes escolares; la escasa participación social en las tareas de la escuela y los excesivos requerimientos administrativos que limitan a los directivos para ejercer un verdadero liderazgo académico; el ausentismo de los docentes; el uso ineficiente de los recursos disponibles; y las deficiencias en infraestructura y equipamiento.
2. La educación y la formación de capital humano de excelencia y de ciudadanos integrales es una prioridad nacional y una política de Estado, y sólo a través de la inversión en la materia se podrán enfrentar los retos que imponen al país el fenómeno de la globalización y los diversos desafíos de un entorno más competitivo, ninguna nación puede prescindir de una educación de calidad, a todos los estudiantes que, a su vez, impulse procesos productivos y el desarrollo de la sociedad.
3. Con el propósito de articular esfuerzos y encontrar soluciones al desafío educativo, el gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación encontraron puntos de convergencia en torno del interés de todos los mexicanos y para impulsar una transformación por la calidad de la educación, para lo cual se convocó a todos los sectores de la sociedad en la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación, con el objetivo central de "impulsar una amplia movilización en torno de la educación, a efecto de que la sociedad vigile y haga suyos los compromisos que reclama la profunda transformación del sistema educativo nacional".
4. De la alianza por la calidad y de la demanda de la sociedad por una educación de calidad, equitativa e incluyente se deriva una serie de compromisos para 2009 en materia de infraestructura y equipamiento, reforma curricular, capacitación del magisterio, atención a grupos vulnerables, tecnologías y conectividad y cobertura y atención en zonas rurales, los que tuvieron que ser considerados en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del próximo año; sin embargo, esta condición no se cumple en el proyecto entregado en la Cámara de Diputados.
5. Consideramos fundamental otorgar los recursos necesarios al sector educativo, a efecto de dar viabilidad a la alianza y atender la demanda de la sociedad con una educación de calidad. Con base en lo anterior y como resultado de un análisis responsable sobre la propuesta del Ejecutivo, se somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 se consideren ampliaciones presupuestales de los rubros del sector educativo, con los montos que se indican en el cuadro siguiente:
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2008.
Diputados: Delber Medina Rodríguez, Enrique Rodríguez Uresti, Sergio Sandoval Paredes, Ariel Castillo Nájera, Mónica Arriola, Irma Piñeyro Arias, Blanca Luna Becerril, Silvia Luna Rodríguez, Manuel Cárdenas Fonseca, Humberto Dávila Esquivel, Miguel Ángel Jiménez Godínez, Jacinto Gómez Pasillas, Daniel Amador Gaxiola, Sergio Hernández Hernández, Benjamín Ernesto González Roaro, Francisco Javier Murillo Flores.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE DESTINEN RECURSOS AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER MARTÍN ZAMBRANO ELIZONDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Javier Martín Zambrano Elizondo, diputado de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c), 42, párrafo 1, y 43, párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 planteó el fomento de la industria y el mercado de tecnologías de la información (TI) como estrategia para aumentar la competitividad del país. Las TI tienen un efecto transversal en toda la economía, por lo cual repercuten positivamente en la competitividad de todos los sectores.
Dado el gran potencial con que cuenta México para desarrollar esta industria, la Secretaría de Economía, en coordinación con organismos empresariales y empresas del sector, diseñó el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (Prosoft).
México tiene un nivel de gasto en tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) de 3.2 por ciento del producto interno bruto, por lo que ocupa el lugar 50 mundial. Este rezago es aún mayor en cuanto a gasto en software, seis veces inferior al promedio mundial y nueve veces menor que el de Estados Unidos de América (EUA).
Países como India, Irlanda y Singapur han sido exitosos en desarrollar su industria de software como motor de su crecimiento económico.
México cuenta con gran potencial para desarrollar esta industria, dada su cercanía geográfica y el mismo huso horario con el mayor mercado de software del mundo (EUA), la red de tratados comerciales más extensa de mundo y afinidad con la cultura de negocios occidental.
De tal suerte, el objetivo del Prosoft es impulsar la industria de software y extender el mercado de TI en el país.
Las metas trazadas respecto a este programa para 2013 son lograr una producción anual de software de 5 mil millones de dólares, alcanzar el promedio mundial de gasto en tecnologías de información y convertir a México en el líder latinoamericano de desarrollo de software y contenidos digitales en español.
Según la Secretaría de Economía, en 2007 la producción de software y servicios de TI registró un crecimiento conjunto de 15 por ciento, más que el resto de la economía.
En 2008, el Fondo Prosoft ha apoyado proyectos de TI de acuerdo con los rubros de gasto autorizados en las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2008. El rubro de infraestructura es el más demandado, con 57 por ciento, seguido del rubro de capacitación, con 15 por ciento, en virtud de reforzar a las empresas del sector de TI y mejorar su competitividad.1
Desde 2004, el Fondo Prosoft, a través del apoyo otorgado a proyectos de TI, ha impulsado la mejora y creación constante de empleos en el sector, logrando un total acumulado de 32 mil 559 empleos generados y 27 mil 437 mejorados hasta agosto de 2008.2
Con los proyectos apoyados por el Fondo Prosoft de enero a agosto de 2008 se han generado 10 mil 488 empleos y mejorado otros 7 mil 444. Los organismos promotores con mayor efecto en materia de empleo para 2008 son la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y el estado de Nuevo León.3
Según la evaluación externa del Prosoft realizada por la UNAM en 2006, el programa ha tenido difusión entre empresas, cámaras empresariales y gobiernos estatales, derivando en un crecimiento del número de organismos promotores integrados efectivamente al programa; es decir, los que presentaron solicitudes, que pasaron de 13 en 2004 a 30 en 2006, de los cuales 26 son entidades federativas, con lo que la cobertura efectiva del programa es de 81 por ciento de las 32 entidades.
Además, el efecto del Prosoft en el empleo se establece a través de dos indicadores principales, los mejorados y los potenciales. Con relación al primer indicador, el cuadro indica que éste se ha multiplicado casi cuatro veces de 2004 a 2006: pasó de un poco más de mil 400 empleos a casi 5 mil 700 empleos. El empleo potencial se han multiplicado 22 veces, pues pasó de 349 a 7 mil 664.
Para alcanzar esos objetivos del Prosoft, la Secretaría de Economía, la industria y los organismos gubernamentales relacionados con el sector acordaron desarrollar siete estrategias:
1. Promover las exportaciones y la atracción de inversiones.
2. Educación y formación de personal competente en el desarrollo de software, en cantidad y calidad convenientes.
3. Contar con un marco legal promotor de la industria.
4. Desarrollar el mercado interno.
5. Fortalecer la industria local.
6. Alcanzar niveles internacionales en capacidad de procesos.
7. Promover la construcción de infraestructura básica y de telecomunicaciones.
Con esas estrategias se busca beneficiar no sólo la competitividad de la industria del software sino, también, la de la economía en general, pues las empresas mexicanas tendrán más opciones para incorporar las tecnologías de información en sus procesos productivos y de comercio.
En la industria del software se espera un año dinámico, ya que se prevé una tasa de crecimiento de 13 por ciento, impulsada principalmente por el mercado de aplicaciones y la implantación de ERP y aplicaciones poco robustas de CRM.
El mercado de servicios TI experimentará un crecimiento cercano a 11 por ciento, con el outsourcing como el motor acelerador de los servicios TI. Esta área tendrá un incremento superior a 20 por ciento, resultado de la reactivación que tendrá el gobierno en la contratación de dichos servicios, siguiendo su tendencia del arrendamiento.
Los segmentos más atractivos para 2008 son seguridad (outsourcing de seguridad, implantación de soluciones de seguridad, con tasas superiores a 30 por ciento de crecimiento). Asimismo, el mercado de mantenimiento de aplicaciones tendrá una dinámica importante, dadas las empresas que participan en este segmento que, sobre todo, se beneficiarán por contratos ganados en 2007 en el sector gubernamental.4
Sin embargo, en materia presupuestal, en 2007 el Prosoft recibió 462.8 millones de pesos, para 2008 se logró un presupuesto de 650 millones de pesos, mas para 2009 se tienen presupuestados únicamente 570 millones 167 mil 585 pesos, lo que representa un importante retroceso.
El presupuesto asignado en los últimos años a este sector ha catapultado que en diversas instituciones de educación superior y universidades se impartan carreras relacionadas a fin de elevar la capacidad de los ingenieros mexicanos en el área de TI. De tal suerte, resultaría vergonzoso que por falta de inversión nuestros ingenieros no tengan una oferta de empleo en el país, cuando en el extranjero hay mayores posibilidades de crecimiento humano e intelectual.
Por ello, el incremento del presupuesto asignado al Prosoft se vuelve una necesidad, donde la innovación del capital intelectual que se ha realizado y debido a que el impulso a estos rubros es cada vez de mayor relevancia para aumentar los empleos calificados y traer capital extranjero que requiere la capacidad de los ingenieros mexicanos, quienes tienen fija una visión a futuro de México.
Por estas razones, el suscrito diputado somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 1 millón 200 mil pesos al Programa para el Desarrollo de la Industria del Software, o Prosoft.
Notas
1. http://www.edigital.economia.gob.mx/infoagent.aspx?docid=21
2. Ídem.
3. Ídem.
4 http://www.addictware.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=34
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2008.
Diputado Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA RESTITUCIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO TECHADO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A LOS EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO VALLEJO ESTÉVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputadas y diputados a la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los posteriores
Considerandos
La Junta de Coordinación Política con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y considerando que resulta indispensable normar el acceso y uso de los estacionamientos del recinto Legislativo de San Lázaro, a fin de garantizar a los distintos usuarios condiciones adecuadas de seguridad y maximizar la funcionalidad de las instalaciones, adoptó el acuerdo que establece los lineamientos para la asignación, uso y control de los estacionamientos de la Cámara de Diputados. El 22 de noviembre la Junta publicó en la Gaceta Parlamentaria modificaciones al acuerdo en comento.
Es materia de la presente proposición con punto de acuerdo restituir la prestación de ingresar con sus vehículos al estacionamiento techado de la Cámara, en virtud de que en esta semana, a todo el personal con discapacidad que labora aquí les fue retirado su dispositivo electrónico de acceso.
Una de las explicaciones que les dieron es que las y los diputados no encontraban lugar para estacionarse y que debían las autoridades camarales descongestionarlo, y en la Dirección General de Seguridad y Resguardo tomaron la decisión de quitarles el derecho a algunos empleados con discapacidad que "si podían caminar" y los reubicaron en el helipuerto y en otros estacionamientos.
El procedimiento que la dirección aplicó para tal efecto fue el siguiente:
a) Retiro de las tarjetas electrónicas de acceso al empleado.
b) Cita a los empleados con discapacidad en la dirección para que se la "restituyan".
c) "Evaluación" del grado de discapacidad (poco discapacitado, medio discapacitado y nada discapacitado) por parte del responsable en la dirección para determinar si se le restituía su tarjeta electrónica de acceso al estacionamiento techado de la Cámara; o en caso contrario, y dependiendo del grado de discapacidad su envío al helipuerto o algún otro estacionamiento "que le quedará cerca" de su centro de trabajo.
La aplicación de esta medida no tomo en cuenta que los empleados con discapacidad tienen esta prestación desde 1998, cuando la Cámara acordó por unanimidad contratar al menos al uno por ciento de su plantilla con personas con discapacidad. Desde entonces en este recinto estos empleados ingresan a la Cámara a través del estacionamiento cubierto.
La Cámara adoptó esta medida con la finalidad de salvaguardar su integridad física y de crear las condiciones propicias para que estos empleados brinden a la Cámara el máximo de sus potencialidades laborales; así como respetar el derecho al libre acceso a su área laboral en igualdad de condiciones como los demás empleados.
Del mismo modo, la medida incumple normas que nosotros, como legisladores, hemos aprobado en beneficio del sector, como lo es la Ley General de las Personas con Discapacidad, que en el artículo 13 señala: "Las personas con discapacidad tienen derecho al libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras en espacios públicos."
También, la medida adoptada por la dirección, es contraria a lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente desde el 3 de mayo del 2008, en su artículo 27. Trabajo y empleo, que señala. "Los Estados Parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás
Los Estados Parte salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo
b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables,
a condiciones de trabajo seguras y saludables,
;
i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;"
La "evaluación" echa en la dirección a los empleados con discapacidad, desconoce lo que establece el artículo 1, párrafo segundo de la Convención. "Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás". Al arbitrariamente y discrecionalmente determinan quien si tiene derecho y quien no al acceso al estacionamiento techado de la Cámara de los Diputados.
Al igual que a cualquiera del personal que labora en la Cámara, si el trabajador con discapacidad incurrió en alguna infracción, que se le sancione como lo establecen los Lineamientos para la asignación, uso y control de los estacionamientos del recinto legislativo de San Lázaro, y que no se tomen medidas que afecten a los demás que cumple cabalmente con la responsabilidad que implica contar con el dispositivo electrónico de acceso.
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política gire las instrucciones correspondientes a las áreas competentes, a fin de que a la brevedad posible le sean restituidas las tarjetas de acceso electrónicas al estacionamiento de basamento a todas las personas con discapacidad que con su automóvil, acuden a laborar a la Cámara de Diputados, sin distinciones de ningún tipo, y asimismo, a establecer con la señalización adecuada espacios reservados cercanos a los accesos, elevadores o pasillos, que les permitan acceder con toda facilidad a las instalaciones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2008.
Diputados: Lorena Martínez Rodríguez, Mario Vallejo Estévez, Irene Aragón Castillo, David Sánchez Camacho, Martín Zepeda Hernández (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO PARA DIVERSAS OBRAS EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DE MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA HILDA GONZÁLEZ CALDERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, Martha Hilda González Calderón, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, en nombre de los diputados del estado de México de este Grupo Parlamentario y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo sobre la asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 para el Fondo Metropolitano del Valle de Toluca, la que se desarrolla con base en los siguientes
Antecedentes
Uno de los mecanismos instaurados para abatir la compleja y extensa problemática de la zona metropolitana del valle de México (ZMVM), formada por el estado de México y el Distrito Federal, ha sido establecer a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación el Fondo Metropolitano, el cual se ejerce a través de un fideicomiso sustentado fundamentalmente con recursos federales que se aplican de manera coordinada en diversas obras y estudios encaminados a tal fin.
Como antecedente inicial de esa estrategia presupuestaria, para 2006 esta soberanía autorizó por primera vez recursos del PEF para el Fondo Metropolitano por mil millones de pesos, que se aplicaron a obras y acciones relacionadas con los ramos de medio ambiente; comunicaciones y transportes; agua y saneamiento; desarrollo urbano; seguridad pública; y protección civil.
Como resultado del trabajo legislativo de esta Cámara en general y de la Comisión de Desarrollo Metropolitano en particular, se autorizaron nuevamente recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, lográndose incrementar los recursos anuales del fondo, que pasaron de los ya mencionados mil millones de pesos en 2006 a 3 mil millones para 2007.
Recientemente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008 el cual se encuentra vigente, la nueva asignación aprobada para el Fondo Metropolitano amplió su cobertura a más zonas metropolitanas del país, ascendiendo al nivel histórico de 5 mil 550 millones de pesos, correspondiendo a la ZMVM 3 mil 550 millones de pesos, los cuales han servido para consolidar proyectos de impacto metropolitano y emprender nuevas obras y acciones en este tenor, coadyuvando a avanzar en la resolución de necesidades más apremiantes de la zona.
Esta asignación presupuestaria para el Fondo Metropolitano destinado a diversas zonas del país da cuenta de la visión de esta soberanía para atender uno de los problemas más apremiantes de la actual circunstancia: el crecimiento constante y diversificado de las condiciones metropolitanas en 56 zonas a lo largo y ancho del país. Hoy, debemos tener presente en todos los ámbitos, y desde todas las vertientes, que la perspectiva metropolitana es ya una realidad predominante en el México actual.
En el marco de lo expuesto y reconociendo el formidable apoyo que ha significado para el estado de México y para el Distrito Federal la asignación de recursos para el Fondo Metropolitano que comparten, el cual por cierto incorporará a partir de 2009 a Hidalgo a partir de su territorio metropolizado con la ZMVM, no podemos dejar de señalar algunos datos que enmarcan la dinámica de otra zona importante en el estado de México: la zona metropolitana del valle de Toluca, que ocupa el quinto lugar por volumen demográfico e importancia general en el país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
La zona metropolitana del valle de Toluca comenzó su proceso de crecimiento acelerado fundamentalmente a partir de los años sesenta y setenta del siglo pasado, experimentando una transformación de su vocación productiva predominantemente agrícola a una caracterizada por el crecimiento de los sectores industrial y de servicios. Esa situación propició de manera paulatina la concentración poblacional en centros urbanos que han tendido a constituir una continuidad urbana, abarcando diversos municipios de la zona que, en conjunto, albergan a más de 1.5 millones de habitantes.
Es de destacarse también la circunstancia que representan las interrelaciones dinámicas y funcionales entre la zona metropolitana de la Ciudad de México y la zona metropolitana del valle de Toluca, situación promovida entre otros aspectos por el desarrollo de las vías de comunicación, que propicia a su vez un intercambio de fuerza de trabajo y de mercancías varias entre las dos zonas, sin dejar de subrayar que en la zona metropolitana del valle de Toluca se hallan algunos de los acuíferos que proveen de líquido a la gran urbe, con todos los efectos ambientales que ello conlleva. Estos factores y dinámicas urbanas y ambientales comienzan a perfilar lo que se denomina un "área megalopolitana", formada por estas zonas y otras pertenecientes a entidades cercanas al valle de México.
Por lo anterior, hoy día la comprensión de las dinámicas y tensiones que acompañan a los fenómenos económicos, urbanos, regionales y sociales en el valle de Toluca tiende a hacer imprescindible el enfoque de su estudio y solución desde la perspectiva metropolitana. Esta necesidad contrasta con la complejidad que representa la interacción entre al menos 30 municipios del valle de Toluca.1
La complejidad descrita, vista a través de un mosaico de ámbitos municipales que comparten espacio territorial, necesidades y problemática, pero al mismo tiempo generan serios contrastes y disimilitudes, se ha acentuado a través de transformaciones recientes y al mismo tiempo muy importantes de la zona metropolitana del valle de Toluca, que obedecen entre otros fenómenos a la inserción de la economía del país en la dinámica de los mercados internacionales, a fenómenos migratorios y a la compleja dinámica de las interrelaciones productivas y de intercambio entre los municipios de la zona y entre éstos y la gran metrópoli que representa la ZMVM.
Las circunstancias descritas y un cúmulo de variables socioespaciales complejas han definido a la zona metropolitana del valle de Toluca como la quinta zona en importancia a escala nacional, únicamente debajo de la ZMVM, de la zona metropolitana de Guadalajara, de la zona metropolitana de Monterrey y de la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala. De estas zonas, la de Toluca ha presentado los mayores porcentajes de tasa de crecimiento medio anual, al legar a 3.4 por ciento en la década 1990-2000, frente a un promedio de 2.2 por ciento de las otras cuatro zonas metropolitanas mayores durante la misma década, cuando el promedio nacional fue de 2.3 por ciento.
Lo anterior da lugar a las siguientes
Consideraciones
Primera. La zona metropolitana del valle de Toluca, quinta en importancia a escala nacional, es afectada en la actualidad en tanto unidad socioespacial por necesidades diversas que se vinculan a variables relacionadas con los niveles de empleo, crecimiento económico e intercambio de bienes y servicios. Esta zona metropolitana es afectada por la existencia de complejas relaciones sociales más allá de las jurisdicciones formales-territoriales de sus componentes, sin dejar de subrayar la existencia de rezagos y retos crecientes en materia ambiental, que afectan por igual a la población de la zona. Finalmente se destaca la existencia de necesidades compartidas por la población de la zona metropolitana de Toluca que se derivan de una continuidad urbana tangible y visible que exige coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad civil para enfrentar y prevenir necesidades comunes de servicios públicos, transporte, vialidades, uso del suelo, agua, saneamiento y un mejor entorno ambiental, entre otras.
Segunda. Que en razón de lo anterior se aprecia de elemental justicia y equidad en el marco de un federalismo solidario que la zona metropolitana del valle de Toluca, dada su importancia, sea partícipe igual que otras zonas del país del Fondo Metropolitano considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009.
Tercera. Que por tratarse de una zona metropolitana intraestatal, el gobierno del estado de México ha presentado necesidades de asignación de recursos provenientes de dicho fondo del orden de mil millones de pesos para el próximo año fiscal, en beneficio de más de 1 millón 600 mil habitantes de la zona. Estos recursos de ser aprobados se aplicarían a diversas obras y proyectos de eminente carácter metropolitano, en materia de vialidad, transporte masivo, agua potable y saneamiento, así como medio ambiente, de acuerdo con la cartera de proyectos definida para la zona, que representa una inversión global de más de 10 mil 400 millones de pesos.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se somete a consideración de esta soberanía proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita muy atentamente a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados que consideren y destinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 al menos mil millones de pesos en el Fondo Metropolitano, para ser aplicados por el gobierno del estado de México a diversas obras de vialidad, transporte masivo, agua potable y saneamiento, así como medio ambiente, en la zona metropolitana del valle de Toluca, quinta en importancia a escala nacional, para beneficio de más de 1 millón 600 mil habitantes de la zona.
Nota
1. Zona norte: Zinacantepec, San José del Rincón, Temascalcingo, Atlacomulco, Jocotitlán, Jiquipilco, Temoaya, Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso. Zona sur: Almoloya del Río, Atizapán, Calimaya, Capulhuac, Chapultepec, Joquicingo, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Tenango del Valle, San Mateo Texcalyacac, Tianguistenco, Toluca y Xonacatlán.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 14 de octubre de 2008.
Diputados: Martha Hilda González Calderón, Elda Gómez Lugo, María Mercedes Colín Guadarrama, Isael Villa Villa (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA FORTALECER LOS PROGRAMAS DE ADQUISICIÓN Y FINANCIAMIENTO DE SUELO DE USO HABITACIONAL Y FORTALECER EL PROGRAMA FEDERAL ÉSTA ES TU CASA, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO LEOPOLDO ARREOLA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a destinar una partida presupuestal extraordinaria de 850 millones de pesos, para fortalecer los programas de adquisición y financiamiento de suelo para uso habitacional, así como para que designe recursos adicionales, por un monto de 3 mil 600 millones de pesos, para el fortalecimiento al programa federal "Esta es tu Casa", al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Uno de los problemas sociales más fuertes en nuestro país, es sin duda el relacionado con la falta de vivienda para millones de mexicanos.
En este contexto, sólo es posible garantizar una vida digna para cada mexicano comenzando por asegurarles un techo decoroso propio, que favorezca la integración familiar y su estabilidad anímica y emocional.
En el pasado, la posibilidad de adquirir una casa propia o departamento era más fácil debido a que, por un lado, no estaba tan limitada la opción de comprar un espacio de terreno para formalizar un área de convivencia en condominio o de vivienda particular.
Por otra parte, el Estado no tomaba parte en los intereses particulares de mantener cautivo el mercado de promoción y producción de viviendas con carácter popular, pero al paso de los años y durante el avance de tres generaciones, estas condiciones han cambiado.
Hoy en día, la oportunidad de comprar un terreno para poder fincar una vivienda, queda totalmente fuera del alcance de muchas personas con mayor necesidad de adquirir un lugar para vivir y reforzar las bases del sano y seguro crecimiento de quienes integran sus familias.
Ahora, prácticamente sólo es posible aspirar a una vivienda con las características mínimas para habitarla, mediante un crédito de interés social para pagar en promedio a los 30 años posteriores a la entrega del inmueble o a través de un crédito hipotecario financiado por algún banco a una Sofol.
Con base en lo anterior, es necesario decir que si la opción es comprar al banco o a una Sofol, el crédito se puede incrementar hasta el 350 por ciento más que una propuesta otorgada directamente por el Estado por medio del Infonavit o el ISSSTE, esto sin contar que no todos los derechohabientes alcanzan los requisitos para ser candidatos a obtener una vivienda ó que por las propias condiciones de sus contratos, definitivamente es imposible permanecer como aspirantes a ser favorecidos.
Debemos recordar que a inicios del presente año, Calderón anunciaba que el desarrollo en el sector de la vivienda representa anualmente el 2.4 por ciento del producto interno bruto de México, pero lamentablemente, no es suficiente con sólo anunciar el valor o la fuerza económica que represente, puesto que estamos tratando, por la naturaleza del asunto, de uno de los pilares del desarrollo personal y familiar de los mexicanos.
Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos queda claro que esta prestación social debe ser considerada como uno de los objetivos primordiales garantizables del Estado para cada una de las familias mexicanas, sin embargo, vemos que, con enorme cinismo, tales objetivos se han convertido desde hace muchos años, como un asunto reservado para hacer negocios entre particulares y el propio Estado.
Con base en ello, estamos convencidos que debemos buscar la manera de fortalecer los programas de aquellos organismos dedicados a la promoción y producción de vivienda con carácter popular, además de fortalecer también los programas con planteamientos dirigidos a este sector a través del gobierno federar para dar mayor certeza al cumplimiento de sus metas planteadas, en particular para el año venidero.
Solamente de esta forma podremos mitigar el rezago en esta materia e intentar dar mayor cobertura a las más de 600 mil demandas anuales.
Este reto es demasiado grande, pero definitivamente es necesario incrementar el presupuesto bajo estos esquemas.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable asamblea de la Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a destinar una partida presupuestal extraordinaria de 850 millones de pesos, para el fortalecimiento de programas de adquisición y financiamiento de suelo para uso habitacional, en el marco del Presupuesto de Egresos para la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
Segundo. La honorable asamblea de la Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que asigne recursos adicionales, por un monto de 3 mil 600 millones de pesos para el fortalecimiento al programa federal "Esta es tu Casa", para así mitigar los rezagos en materia de construcción de vivienda, en el marco del ejercicio para el último trimestre del presente año.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2008.
Diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL CAMPO MEXICANO Y EL MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN ALIMENTARIA DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO ERNESTO OVIEDO OVIEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado Ernesto Oviedo Oviedo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, a considerar la importancia del campo mexicano y la situación alimentaria en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, para lo cual presenta las siguientes
Consideraciones
En primer término, tenemos que revalorar el papel del campo mexicano en el desarrollo del país, las estadísticas nos dejan en claro que el sector agropecuario está desvinculado de los sectores secundario y terciario de la economía. De 1994 a la fecha el producto interno bruto agropecuario se ha mantenido constante, mientras que la economía en su conjunto ha crecido en promedio un 3 por ciento anual.
La urgencia de revalorar el papel del campo mexicano, es para plantear la recuperación del sector agropecuario, mejorando el empleo y el ingreso rural; ya que al reactivarse el crecimiento agropecuario, este sector contribuirá consistentemente al crecimiento nacional.
Los gobiernos federal y estatales tendrán que asumir, con los recursos necesarios, las responsabilidades operativas y de formulación de programas agropecuarios para promover un desarrollo económico sustentable, tomando en cuenta la vocación productiva de las regiones.
Es necesario implementar proyectos agropecuarios con programas de corto, mediano y largo plazos, con políticas sectoriales y regionales que reflejen las necesidades de las diferentes zonas del país.
La actividad económica en el campo es una de las de más alto riesgo, por sus peculiares características, tanto en el ámbito mundial como nacional; es por ello, que nos exigen implementar políticas novedosas que den certidumbre al campo mexicano.
En el punto de la comercialización, por ejemplo, vemos cómo la mayoría de los recursos destinados al campo se destinan al consumo y no a la productividad, ni a generar tecnologías que hagan viable la actividad productiva en el campo, se requiere revisar la estructura presupuestal para corregir estos errores, enfocando los esfuerzos presupuestales a la competitividad.
Es importante discutir la política de apoyos y subsidios del gobierno federal a los productores agropecuarios, para que ésta se dé en un marco de igualdad y reciprocidad, fomentando la competitividad en condiciones más justas.
Por todo lo antes expuesto, en materia presupuestal se debe definir un incremento de recursos destinados al campo, discutiendo, a su vez, a quiénes beneficiará, de acuerdo a la filosofía de cada programa.
Es importante hacer un llamado a los gobiernos estatales y a sus legislaturas locales para que se pronuncien a favor de una discusión presupuestal de acuerdo a las necesidades de cada entidad. Que el presupuesto para el campo no se haga desde una perspectiva centralista y de escritorio.
En tiempos de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, es necesario consolidar una propuesta para plantearla y discutirla en este mes de octubre, con el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados, con el firme propósito de influir en la conformación y montos del mismo, previa a su presentación, el 15 de noviembre, al pleno del Congreso federal.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Exhórtese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, las siguientes propuestas:
1. Impulsar acciones para que se apruebe un gasto programable real para el desarrollo rural y federal en 2009 equivalente al 8 por ciento del gasto programable total; en busca de recuperar los niveles de inversión y gasto para el campo que se tenía a inicio de 1980.
2. Aprobar un presupuesto para Procampo de 2009, que sea superior en 5 puntos porcentuales al del año anterior, para que en términos reales no se vea afectado por la inflación.
3. Gestionar más recursos para fortalecer al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, haciendo de éste un programa integral, claro y consistente, para el desarrollo agropecuario y forestal. Para ello tendremos que revisar próximamente montos y líneas programáticas.
4. Que se incorpore al Programa Alianza para el Campo un programa exclusivo para el fortalecimiento de la organización económica campesina. Para que los productores de subsistencia estén en posibilidades de competir en los entornos nacional e internacional.
5. Aprobar dentro de la Alianza para el Campo un programa exclusivo para la creación, consolidación y promoción de empresas comercializadoras campesinas.
6. Gestionar y promover, a través de los centros de estudios de esta Cámara de Diputados, la realización de un estudio sobre los impactos económicos, sociales y ambientales del Tratado de Libre Comercio con América del Norte con motivo de los 15 años de su implementación, a celebrarse en 2009; encausando a su vez los apoyos necesarios a las zonas campesinas afectadas o impactadas negativamente en México por la apertura comercial.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 13 de octubre del 2008.
Diputado Ernesto Oviedo Oviedo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LA PROYECCIÓN TURÍSTICA DE DIVERSOS MUNICIPIOS HIDALGUENSES, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL PEÑA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El turismo, es un sector dinámico cuyo crecimiento, tanto a nivel mundial como nacional, es innegable. Los ingresos mundiales por turismo ascendieron a 856 mil millones de dólares en 2007, cifra que representó un incremento del 5.6 por ciento en términos reales en comparación con el 2006.
Respecto a México, de enero a junio de 2008, ingresaron al país, 11.5 millones de turistas internacionales, lo que representó un incremento del 4.6 por ciento a lo registrado en los mismos meses del 2007, cuando ingresaron 6 mil 85.5 millones de dólares.
México es un país que representa un mosaico de posibilidades y desarrollo de la actividad, y puede ser líder en el turismo mundial, a través del uso racional de los atractivos naturales, arqueológicos, históricos, culturales, costumbres y tradiciones.
Generalmente, los grandes beneficios que se destacan de la actividad económica son los macroeconómicos, como es la contribución del sector en el producto interno bruto, la tercera fuente de divisas, así como la generación de empleos.
Sin embargo, existen otras ventajas que genera el turismo, de gran importancia para la población, que contribuyen al desarrollo regional y local en diversas zonas del país. Entre estos está la redistribución del ingreso, la construcción de cadenas productivas, el refuerzo de la identidad local desde el ámbito cultural, aliento a las tradiciones, conservación y promoción del patrimonio cultural, gastronómico e histórico.
Para lograr la gran meta de que el turismo sea un elemento de desarrollo para las diversas regiones, es necesario trabajar en programas de capacitación y modernización de las micro pequeñas y medianas empresas del ramo; porque ellas representan el eslabón entre el ramo y la población, son el mecanismo a través del cual se lleva a cabo una redistribución del ingreso.
En la distribución de los recursos económicos se debe tener una visión global como nación, complementado por el esfuerzo focalizado en zonas con vocación y potencial turístico.
Tal es el caso de los municipios de Almoloya, Epazoyucan, Tepeapulco, Tezontepec, Tizayuca y Zempoala, Hidalgo, los cuales tienen un nivel medio de marginación, pero cuentan con diversos atractivos turísticos, que no han sido aprovechados. El turismo es una alternativa de crecimiento para la región.
Almoloya: Entre los atractivos turísticos del municipio está la zona de aguas termales, su iglesia, que data del siglo XVI, diversas haciendas del siglo XIX y principios del XX, que son parte de la herencia histórica de nuestro país. Entre la riqueza gastronómica se cuentan los mixotes de pollo y carnero, los escamoles, los gusanos blancos de maguey, chinicuiles, la bebida tradicional es el pulque, tanto blanco como curado de frutas. Este municipio es famoso por su alfarería y trabajos en palma.
Epazoyucan: Entre los lugares con mayor tradición está la parroquia y el ex convento de San Andrés, construidos por los frailes agustinos en 1540. La capilla de Santa Mónica. Además, la montaña Las naranjas es un atractivo para el turismo de aventura
Tepeapulco: Cuenta con la laguna de Tecocomulco, propia para la caza de pato silvestre y las aves gallaretas, también para la pesca de carpa y ajolote. Cuenta con cerros propicios para la práctica del campismo y la escalada. Entre sus atractivos culturales esta la zona arqueológica Tejolote I, el ex convento de San Francisco, La caja de agua, las haciendas pulqueras y la casa de cultura de Ciudad Sahagún.
Tezontepec: Entre sus atractivos esta la parroquia de San Pedro, que tiene una bóveda de estilo plateresco del siglo XVI, y la torre se compone de dos cuerpos, el palacio municipal, aguas termales; entre sus artesanías destaca la alfarería, además de la elaboración de canastas, cántaros y cazuelas.
Tizayuca: Entre sus atractivos culturales y naturales está la iglesia que da muestra de la transfiguración del estilo barroco del siglo XVI; las presas El manantial y El rey, donde se puede practicar la pesca deportiva; y la hacienda de San Miguel.
Zempoala: Entre los atractivos turísticos del municipio está la parroquia y ex convento de Todos Santos, construidos en el siglo XVI. Las iglesias de barrio de Zempoala y Huacuala; además el acueducto de tembleque, que está formado por arcos de gran tamaño y majestuosidad construido en el siglo XVI.
Los atractivos históricos, naturales y, por tanto, turísticos con los que cuentan estos municipios son muchos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha contado con el apoyo y promoción suficiente por parte de las autoridades del sector. El impulsar la actividad turística en estos municipios representa una oportunidad de empleo para su población, y ayuda a evitar la migración y a fomentar el arraigo.
Los requerimientos son muchos, y los recursos han sido muy limitados. Para que la actividad turística pueda continuar creciendo, se deben otorgar recursos suficientes, con una visión de largo plazo, en el que se dote a los mexicanos de otra herramienta, sostenible en el tiempo, y no sujeta a condiciones económicas de otros países, como es el caso de las remesas que hoy están seriamente afectadas por la crisis en el país vecino del norte.
Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a que se contemple en el análisis, discusión y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, una asignación que garantice recursos para proyectar turísticamente los municipios de Almoloya, Epazoyucan, Tepeapulco, Tezontepec, Tizayuca y Zempoala, Hidalgo.
Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR LAS REGLAS DEL SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN, Y A DESTINAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 RECURSOS QUE PERMITAN AMPLIAR LA COBERTURA DE DICHO PROGRAMA, A CARGO DE LA DIPUTADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, Lorena Martínez Rodríguez, diputada de la LX Legislatura integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El Seguro Médico para una Nueva Generación es un programa que, entre otros objetivos, pretende reducir la incidencia de enfermedades y discapacidades en los recién nacidos, reducir la mortalidad y la morbilidad infantil y preescolar y otorgar un paquete explícito de acciones preventivas, intervenciones y sus medicamentos asociados que respondan al perfil epidemiológico y a la demanda de los servicios y necesidades de salud de este sector de la población.
Este seguro abarca 180 intervenciones que afectan a los niños con mayor incidencia y daño. Las reglas de operación del Seguro Médico para una Nueva Generación confieren todas las obligaciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación a los estados y reservan el control y supervisión a la Secretaría de Salud federal y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
Para ser beneficiario de este seguro es requisito tener residencia en territorio nacional y no ser derechohabiente de las instituciones de seguridad social en salud. Su afiliación es voluntaria para los niños nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006. El Seguro Médico para una Nueva Generación tiene un gran nivel de afiliación, superior al promedio de afiliaciones realizadas al Seguro Popular.
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 considera recursos por 2 mil 641 millones 636 mil 393 pesos para el Seguro Médico para una Nueva Generación, cifra superior en 0.02 por ciento a la asignada en el Presupuesto de Egresos de 2008.
Siendo un programa que se creó para beneficiar a un sector de la población tan importante y a la vez tan vulnerable como los niños, no es concebible que se discrimine a buena parte de ellos por el simple hecho de no haber nacido después del 1 de diciembre de 2006.
Todos los niños y las niñas de México tienen derecho a recibir atención médica y a beneficiarse de cualquier programa que mejore sus condiciones de vida. En este caso, hablamos de uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, la salud.
En este punto de acuerdo se propone la ampliación de la cobertura para incluir a los niños nacidos antes del 1 de diciembre de 2006. Por tanto, planteamos la necesidad de revisar el monto asignado en el proyecto de Presupuesto de 2009 a fin de ampliar la cobertura de este sector de la población.
Un objetivo fundamental del derecho a la protección de la salud es la universalización; es decir, la plena cobertura de la población. Sin duda, este objetivo concreto puede alcanzarse mediante la ampliación de la cobertura del Seguro Médico para una Nueva Generación, en beneficio de la población en condición de mayor vulnerabilidad, la infantil.
Con esta medida se pretende igualar la salud de todos los niños de México.
Por lo expuesto y considerando que en este momento se analiza y discute el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a modificar las reglas del programa Seguro Médico para una Nueva Generación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2008, a fin de que se otorgue cobertura a todos los niños menores de cinco años que no cuenten con seguridad social, independientemente de la fecha en que hubieran nacido; es decir, eliminando la restricción de haber nacido después del 1 de diciembre de 2006.
Segundo. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud de la Cámara de Diputados a revisar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, así como las reglas del referido programa, para que se lleven a cabo las modificaciones pertinentes a efecto de ampliar la cobertura del Seguro Médico para una Nueva Generación a todos los niños de México hasta cinco años cumplidos, independientemente de la fecha en que hayan nacido, en los términos planteados en el presente documento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2008.
Diputada Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA MODERNIZAR EL TRAMO CARRETERO FEDERAL CIUDAD ACUÑA-ZARAGOZA, EN COAHUILA, A CARGO DEL DIPUTADO ROLANDO RIVERO RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
En Coahuila se requiere aumentar el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 para llevar a cabo la modernización de los tramos carreteros federales que se encuentran en puntos avanzados. Por ello en esta ocasión se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a las Comisiones de de Comunicaciones, de Trasportes, de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión a analizar el proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo federal y otorgar presupuesto al tramo carretero comprendido entre Zaragoza y Ciudad Acuña, que en este año no se refleja con monto asignado. Este punto de acuerdo pretende exhortar al gobierno federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Comunicaciones, y de Transportes del Congreso de la Unión con el objetivo de lograr presupuesto para 2009 destinado al tramo carretero federal comprendido de Ciudad Acuña a Zaragoza, Coahuila.
Rolando Rivero Rivero, diputado integrante de la LX Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expone proposición con punto de acuerdo, basado en lo siguiente:
La región fronteriza de Coahuila tiene un considerable atraso en el proyecto carretero, importante para la comunicación y modernización de las carreteras en los tramos federales. Uno de éstos es el comprendido de la fronteriza Ciudad Acuña a Zaragoza, que con un costo estimado inicial de 524 millones de pesos se le asignó en el actual año 80 millones de pesos. Sin embargo, en este presupuesto ejecutivo para 2009 no se le está asignando monto, lo que ocasionará un atraso considerable de su finalización.
En una visita realizada por un servidor a este tramo importante, pudimos constatar que todavía se encuentra muy atrasada la construcción de seis puentes que comunicarían los tramos carreteros ya construidos. Pudimos también constatar que dado este atraso existen recortes de caminos hacia abajo de los puentes en vías de construcción, que incluso obstruyen la circulación en tiempos de lluvia, por ahí pasan arroyos considerables de agua que impiden el paso y el tráfico libre y seguro, ocasionando incomunicación a la circulación entre ambos municipios.
Lo anterior ha ocurrido en tiempos relativamente largos, dadas las lluvias copiosas que ha tenido el estado de Coahuila durante los meses de agosto y septiembre del presente año. Ante esto, el tráfico se ha tenido que desviar, usando el tramo federal de la carretera 57 que comunica hasta Piedras Negras y de este municipio caminar 80 kilómetros más para llegar finalmente a Acuña, con la consiguiente incomunicación de varios ejidos que se encuentran en puntos intermedios precisamente entre los puentes sin terminar de construir.
Quiero hacer notar también que este tramo carretero ya tiene más de tres años construyéndose y sería una lástima que se impidiera su terminación por no asignarle recursos en el Presupuesto de 2009. Consideramos que la comunicación que esto traería sería de gran utilidad para el tramo federal hasta la Ciudad de México. Por lo anterior no vemos por qué se denegarían recursos suficientes para su conclusión.
El siguiente exhorto lo hacemos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al gobierno federal, a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Comunicaciones, y de Transportes del Congreso de la Unión, que tienen la obligación de analizar y otorgar recursos donde realmente se necesiten para completar la tan anhelada modernización de carreteras federales de la República Mexicana. Ante lo expuesto, ayudaría a la comunicación de municipios y ejidos de tan importante tramo carretero federal, así como al desarrollo económico de toda la franja fronteriza comprendida de Zaragoza a Acuña, con la seguridad de tener libre y accesible la comunicación hasta el Distrito Federal.
Por lo anterior propongo este
Punto de Acuerdo
Único. Lograr recursos suficientes para la conclusión del tramo carretero Acuña- Zaragoza por lo que respecta a sus seis puentes de comunicación, que actualmente tienen avanzados de 25 a 35 por ciento, que hace imposible la circulación en condiciones seguras y mucho más para el que se arriesga a manejar en horas nocturnas, importante también es analizar el costo total, lo asignado hasta la fecha y el monto faltante para su conclusión, con la seguridad de que esta carretera es vital para el desarrollo social y económico para Coahuila y para el resto del país.
Diputado Rolando Rivero Rivero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR OTRA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN ACTOPAN, HIDALGO, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Sergio Hernández Hernández, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo a efecto de solicitar a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos que incluyan en el Presupuesto de Egresos de 2009 la asignación de los recursos necesarios para construir una institución de educación media superior en Actopan, Hidalgo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Una premisa fundamental para lograr el desarrollo de cualquier nación es la apuesta por la educación, que permita a todos sus habitantes recibir una educación de calidad en igualdad de condiciones, que les aporte las herramientas necesarias para superar las condiciones de desigualdad y que les permita ser competitivos en los ámbitos nacional e internacional.
Ante una afirmación tan contundente, tengo la certeza de que ninguno de nosotros podría poner en tela de juicio el hecho de que la educación es la herramienta clave para lograr el desarrollo y la competitividad que México tanto requiere. El binomio educación y competitividad van de la mano del desarrollo, garantizando a la población mayores posibilidades de acceder a un empleo bien remunerado y, por tanto, mejores condiciones de vida.
Desafortunadamente, pese a los grandes esfuerzos realizados, la realidad demuestra que aún no hemos logrado la calidad y cobertura educativa necesarias para cerrar el binomio y potenciar el desarrollo de las nuevas generaciones, obligadas a enfrentarse a un mundo globalizado y ampliamente competitivo.
Por ello es indispensable continuar los esfuerzos realizados hasta la fecha, como la capacitación y evaluación permanentes de los maestros, la asignación anual de recursos crecientes, y el otorgamiento de más y mejores becas, pero sobre todo, debemos centrar nuestros esfuerzos en adecuar la educación a las características y a los requerimientos de cada municipio, así como coordinar permanentemente el sector educativo nacional con el empresarial, a fin de que podamos sacar el mayor provecho de las ventajas originarias de cada región, y entonces formar el capital humano necesario desde el bachillerato, en las materias específicas que puedan ser de utilidad para la economía y las empresas locales, y así fortalecer a sus respectivos municipios. En la medida en que logremos cerrar este círculo, podremos tener y retener a ese capital humano ampliamente calificado, garantizarle en mayor medida su incorporación al mundo laboral, lo que producirá el desarrollo de las comunidades, de los municipios, de las regiones, de los estados y, por tanto, del país.
Para lograr este gran reto, las instituciones de educación media superior constituyen herramientas fundamentales, pues sirven como vínculo directo entre la demanda municipal o regional y el estudiante, ofreciéndole además la certificación de competencias en diversas áreas durante el bachillerato, permitiéndole egresar como técnicos profesionales y, en muchos casos, insertarse al sector productivo regional de manera inmediata y a muy temprana edad, teniendo la opción de continuar sus estudios a nivel superior con la ventaja de una previa especialización.
Sin embargo, pese a las grandes ventajas que pudiera ofrecer la apertura de más instituciones de educación media superior a las nuevas generaciones, este nivel es uno de los más rezagados a escala nacional, y en el estado de Hidalgo no es la excepción, pues según las últimas estadísticas, de 2005, en la entidad hay sólo 251 planteles de este nivel, que registran una matrícula de 93 mil 149 alumnos de los 237 mil 675 jóvenes hidalguenses de 15 a 19 años, lo que quiere decir que únicamente 39 por ciento de los jóvenes hidalguenses tiene acceso a instituciones públicas de educación media superior, con lo que se puede afirmar que las instituciones existentes son suficientes para atender la creciente demanda.
Es de llamar la atención que los objetivos programáticos de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial de la SEP están centrados principalmente en vincular este nivel de educación con el sistema productivo de bienes y servicios, elevar la calidad de la educación, aumentar la eficiencia del sistema educativo y asegurar la educación a toda la población. Igualmente, debemos tener presente el proyecto de reforma integral de la educación media superior en México de la SEP, que busca incrementar la cobertura, elevar la calidad, avanzar en la equidad y reducir la deserción escolar, así como permitir a los alumnos el desarrollo de mayores conocimientos y habilidades para que continúen sus estudios o se incorporen al mercado laboral con una preparación adecuada.
Contrariamente a lo anterior y a la propia argumentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de 2009 respecto a la educación media superior, que busca planear la educación media superior en las entidades federativas, elevar su cobertura, facilitar el acceso a personas con discapacidades y grupos vulnerables, capacitar a los habitantes del medio rural en actividades productivas, etcétera, únicamente se destinan 800 millones de pesos en conjunto al Fondo Concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior.
Ante tan preocupante realidad, quiero plantear la problemática concreta del distrito electoral a que pertenezco, en Hidalgo, que es el 03, con cabecera en Actopan y que a su vez es el mayor distrito de la entidad.
Actopan es el centro geográfico y de la vida económica, social y cultural de la región. Su área de influencia comprende municipios más pequeños en habitantes, pero que sumados tiene una población superior a 190 mil habitantes en un radio no mayor de 15 kilómetros, lo que equivale a 8.3 por ciento de la población hidalguense, concentrada en un espacio tan reducido.
En Actopan, hay tres instituciones públicas de educación media superior, evidentemente insuficientes para la vasta demanda de los jóvenes que habitan en la región. En contraste, encontramos en el mismo municipio tres instituciones privadas del mismo nivel educativo, que en cierto modo ayudan a satisfacer la demanda, pero limitan su acceso únicamente para las familias que pueden solventar los gastos extraordinarios que implica estudiar en instituciones de paga.
Por esto, parte de la problemática de la región que es urgente atender estriba en el incremento de jóvenes que están en edad de estudiar el bachillerato frente a la escasez de espacios públicos de educación media superior, que trae como consecuencia que miles de jóvenes que no tienen los recursos económicos suficientes para cubrir cuantiosas colegiaturas se queden sin acceso a los servicios educativos que por derecho les corresponden. Esto quiere decir que muchos jóvenes que tienen la capacidad y el interés de continuar estudios en el nivel medio superior, no pueden hacerlo por falta de recursos y de instituciones educativas públicas, propiciando la deserción y la migración de los jóvenes por la insuficiencia de oportunidades.
Como consecuencia de esta falta de oportunidades en la región, el valle del Mezquital se ha convertido en uno de los principales expulsores de mano de obra joven hacia Estados Unidos de América y, peor aún, Hidalgo permanece como uno de los estados con mayor índice de migración.
Es indispensable que respondamos rápidamente a las exigencias educativas de México para garantizar a las nuevas generaciones el acceso a una educación de calidad que les permita tener las mismas oportunidades para superar las desigualdades.
No podemos permitir que estas desigualdades en materia educativa sigan generando las injusticias sociales que hasta ahora son una realidad de todos los días. Esta situación es evidentemente contraria a la gratuidad en la educación exigida en el artículo 3o. constitucional, así como contraria al objetivo de la igualdad de oportunidades que el Estado debe garantizar a todos los mexicanos.
Tengo la certeza de que, de ser autorizada esta petición, se beneficiará a miles de jóvenes hidalguenses con el acceso a servicios educativos públicos de excelente calidad, que les permitirá ser en un futuro próximo los que garanticen el adecuado porvenir del estado y de México.
En ese tenor, me permito proponer a la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que se solicite a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos que incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 la asignación de los recursos necesarios a fin de construir una institución de educación media superior en Actopan, Hidalgo.
Diputado Sergio Hernández Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO PARA LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE SALTILLO, RAMOS ARIZPE Y ARTEAGA, COAHUILA, A CARGO DEL DIPUTADO JERICÓ ABRAMO MASSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta a esta honorable soberanía punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
La presencia poblacional en las zonas urbanas requiere de una especial atención por la importancia social y económica que representan para su entidad federativa y las consecuencias en este sentido al país. La necesidad presente y urgente con claridad comprende las zonas urbanas consideradas en este marco por la Secretaría de Desarrollo Social Federal, el Consejo Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Lo anterior es requisito para la asignación de recursos a un área metropolitana.
La zona metropolitana que comprende las ciudades de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe, representa una zona de desarrollo fundamental para el estado de Coahuila y del país, la cual podemos considerarla como un motor de inversión extranjera debido a su resultado como una de la zonas con mayor dinámica industrial del país.
Además, ocupa un lugar importante en la producción de autos y camionetas, suman más de 1 mil 300 hectáreas de terrenos desarrollados con servicios para uso industrial, en su conjunto la zona metropolitana esta colocada entre los primeros lugares de bienestar e inversión; además Coahuila es unos de los estados que mas recursos generan al producto interno bruto del país.
Los parques industriales de la región cuentan con infraestructura en agua potable, drenaje, energía eléctrica, alumbrado público y teléfono, bajos costos industriales, en comparación con otras ciudades del norte de México, la excelente mano de obra con una de las mejores calificaciones en operaciones industriales altamente tecnificadas y con índices de productividad que rebasan los más altos estándares hacen de esta zona, una zona en franco desarrollo que continuará el crecimiento económico del país.
Propongo, con base en lo anterior, este punto de acuerdo por el cual solicito que a la zona metropolitana que comprenden las ciudades de Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe se asignen recursos del Ramo 23, "Provisiones Salariales y Económicas", Fondos Metropolitanos, los cuales ayudarán a ejecutar planes, estudios, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento; me permito comentarle que la región metropolitana mencionada representa el motor industrial para el estado de Coahuila y del país.
Por lo anterior expuesto, presento a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se beneficie la zona comprendida entre las ciudades de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, al Ramo 23, "Provisiones Salariales y Económicas", Fondos Metropolitanos, y se destine un monto de 500 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009.
Palacio de San Lázaro, a 14 de octubre de 2008.
Diputado Jericó Abramo Masso (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CRISTIÁN CASTAÑO CONTRERAS, MARTHA MARGARITA GARCÍA MÜLLER Y BEATRIZ EUGENIA GARCÍA REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los que suscriben, Cristián Castaño Contreras, Beatriz Eugenia García Reyes y Martha Margarita García Müller, diputados del honorable Congreso de la Unión integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Instituto Nacional de Desarrollo Social es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social. Incuba, fortalece y construye alianzas con las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y gobiernos locales para dar sustento a la política social, a través de coinversión, asesorías, capacitación e investigación que promueven la participación comunitaria y la corresponsabilidad ciudadana para el desarrollo integral y equitativo de la sociedad mexicana.
Pretende llegar a todos los rincones de la República Mexicana, con objeto de presentar al ciudadano común, sobre todo al que está marginado del desarrollo económico y social, víctima de la pobreza, vulnerabilidad, violencia e incapacidad física o mental, una opción de desarrollo.
Procura generar acciones corresponsables entre el gobierno, la sociedad civil organizada y las instituciones, con objeto de fortalecer el capital social.
El Instituto Nacional de Desarrollo Social, a través del Programa de Coinversión Social, en 2007, mediante 13 convocatorias dirigidas a los grupos sociales en situación de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad por género o vulnerabilidad social, recibió 3 mil 400 proyectos, de los que resultaron apoyados mil 536 y una población beneficiada de 2 millones 842 mil 756.
Es de vital importancia la aprobación del presupuesto, toda vez que en el periodo 2008 se recibieron a nivel central y delegaciones 2 mil 988 proyectos, de los cuales se eligieron mil 718, que totalizaron 389.4 millones de pesos. Asimismo, se realizó una ampliación presupuestal de 55.8 millones de pesos. Sin embargo, persiste un déficit de 90.4 millones de pesos, necesarios para cubrir la insuficiencia presupuestal que dejó sin apoyo a 377 proyectos en materia de alimentación, educación, salud, adultos mayores, discapacitados, niños y adolescentes en situación de calle, mujeres en situación de violencia, indígenas y capacidades productivas.
No obstante, para seguir cumpliendo estos objetivos, es necesario, la aplicación de fondos institucionales mediante esquemas innovadores de participación y corresponsabilidad para el desarrollo de proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los que menos tienen y de los que más lo necesitan.
Asimismo, el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas en el presente año ha contribuido con 196.8 millones de pesos en la integración de las mujeres al desarrollo social en condiciones de equidad y ejercicio pleno de sus derechos y el corresponsable cumplimiento de sus obligaciones, ya que coordina acciones contra la violencia a través de las instancias de la mujer en las 32 entidades federativas, mediante proyectos específicos que profesionalizan y capacitan a miembros de la sociedad y a funcionarios públicos en el tema. Por tanto, es indispensable su desarrollo en este instituto fomentando la cooperación entre el gobierno, la sociedad civil y la academia para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres.
Por lo expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a asignar en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 recursos públicos para que el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social, incremente los apoyos económicos y en especie a los programas federales que fortalezcan las actividades que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil.
Dado en el salón de sesiones, a 14 de octubre de 2008.
Diputados: Cristián Castaño Contreras, Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Martha Margarita García Müller (rúbrica), Leonardo Magallón Arceo (rúbrica), Silvio Gómez Leyva (rúbrica), Rocío del carmen Morgan Franco (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA DAR CONTINUIDAD A LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO ECOTURÍSTICO TONATIUH CALLI, EN EL EJIDO TETELCO, DEL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN NICOLÁS TETELCO, TLÁHUAC, DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE SOCORRO FLORES SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada federal Guadalupe Socorro Flores Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El turismo no está distanciado con el medio ambiente. El turismo alternativo es, en la actualidad, una actividad que se ha consolidado como una opción en el proceso del desarrollo rural de cualquier sitio. Entre los segmentos emergentes del mercado turístico nacional, el ecoturismo sobresale por el número de participantes, por la importante derrama económica que éstos generan, y por la aparición de una gran cantidad de oportunidades etiquetadas como ecoturísticas, como un estilo de comportamiento compatible con el conocimiento, la apreciación, el uso sustentable y la conservación del medio natural con fines turísticos, que tienen como fundamento el concepto de desarrollo sustentable.
El ecoturismo se orienta a la implementación de visitas a las áreas geográficas relativamente inalteradas, con el objeto de apreciar y disfrutar los atractivos naturales y culturales, promoviendo la conservación y el bajo impacto ambiental, así como la participación activa de las poblaciones locales en los procesos de planificación y en la distribución de sus beneficiados.
La riqueza ecológica ofrece funciones vitales que pueden identificarse como una corriente de bienes y servicios ambientales, en donde se incluyen: el hábitat para especies de flora y fauna, la regulación del clima con reforestación, la protección de micro cuencas, la captación y saneamiento de aguas superficiales y subterráneas, la protección contra la erosión del suelo, el control biológico de plagas y enfermedades, el mantenimiento de la diversidad biológica y el patrimonio genético de la región, así como la recreación y turismo sustentable, los valores escénicos y de paisaje, entre otros.
El hecho de que el Distrito Federal sea el centro político, económico, social y cultural del país, y que en la Ciudad de México se concentre uno de los núcleos de población más grande del mundo, pudiera hacer pensar que su carácter es exclusivamente urbano; sin embargo, 59 por ciento de su territorio está clasificado como suelo de conservación, y allí se llevan a cabo actividades rurales y ecológicas, de las que podemos destacar, la producción de maíz, avena, nopal, amaranto, hongos zeta, brócoli y flores. Una de las delegaciones periféricas con características rurales es la delegación Tláhuac, con una superficie de 9 mil 178 hectáreas, que representa 6.70 por ciento del territorio del Distrito Federal.
En la delegación Tláhuac se ubica uno de los pueblos originarios de la región, el pueblo de San Nicolás Tetelco, que posee evidentes ventajas comparativas para convertirse en uno de los lugares más atractivos de la Ciudad de México, en términos de diversidad de paisajes y áreas de interés natural y cultural.
El 13 de diciembre de 2007, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, que la Cámara de Diputados aprobó, y en el que se expiden los montos etiquetados para diversos programas, y sus respectivos anexos. De allí se desprende el anexo 27 "Ampliación al sector turismo" apartado "Fondo para desarrollo de proyectos turísticos", en el que se incluyó el proyecto ecoturístico "Tonatiuh Calli", en el ejido Tetelco, en la delegación Tláhuac, Distrito Federal, con un monto de 7 millones 640 mil pesos para el desarrollo de la primera etapa.
Es por ello que la continuidad de la segunda etapa del proyecto "Tonatiuh Calli", en el ejido Tetelco, representa una herramienta clave para el desarrollo sostenible de la región. Dicha inversión se traduce en capacitación, planeación y conservación del patrimonio natural y social, con el objetivo fundamental de preservar su verdadera esencia, su identidad de pueblo originario de Tláhuac.
Este proyecto impulsa diversos aspectos positivos para la comunidad, destacando el impulso de empleos directos e indirectos de los diferentes sectores involucrados, y es al mismo tiempo una fuente de recursos para el mantenimiento de parques y áreas naturales, así como la promoción de productos artesanales.
El ejido de San Nicolás Tetelco, se encuentra dotado de una superficie de más de 497 hectáreas, la mayoría de las mismas, establecidas en terrenos de vocación forestal, dependiendo de la topografía y el tipo de suelo. Los resultados del trabajo en el campo agrícola de los habitantes son desalentadores, sobre todo, si en la mayor parte de los terrenos se siembra maíz, y otros básicos, de forma extensiva, con resultados modestos en sus rendimientos y más aún en bajos volúmenes de cosecha, por su producción de temporal.
En tal sentido, la necesidad de la comunidad para encontrar alternativas de ingreso y el arraigo e identidad que le profesan a la tierra, es la motivación principal para debilitar la presión de no ceder ante los embates del crecimiento urbano. En este escenario, el ecoturismo se convierte en una actividad relevante, sobre todo, si consideramos que los demandantes de estos servicios se localizan a distancias muy cortas.
De acuerdo al Programa general de ordenamiento ecológico del Distrito Federal, el suelo de conservación del área donde se desarrolla el proyecto tiene una zonificación dentro de la categoría Agroecológica especial, donde ocurren actividades agropecuarias tradicionales y se fomenta el uso de sustancias y tecnologías que no afectan negativamente la capacidad física y productiva del suelo ni la calidad de los recursos naturales.
La asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, por un monto de 15 millones de pesos, para la segunda etapa del proyecto ecoturístico "Tonatiuh Calli", en el ejido de San Nicolás Tetelco, promoverá el desarrollo y generará fuentes de trabajo de bajo impacto para el medio ambiente, conservará la naturaleza e impulsará los valores culturales y de conservación del ejido, donde la educación será un eje importante de sensibilización en niños, jóvenes y adultos hacia la naturaleza.
Con base en lo expuesto, la firmante se permite proponer a esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita que se destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, la cantidad de 15 millones de pesos para la segunda etapa del proyecto ecoturístico "Parque Tonatiuh Calli", en el ejido Tetelco, del pueblo originario San Nicolás Tetelco, delegación Tláhuac, Distrito Federal.
Palacio Legislativo, octubre de 2008.
Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA APOYAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CAÑERO, A CARGO DEL DIPUTADO CELSO DAVID PULIDO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente propuesta con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
Primero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la caña de azúcar forma parte de los 11 productos señalados como "básicos y estratégicos". Esta clasificación tiene sustento en la importancia que el azúcar tiene como componente de la dieta promedio nacional y en la importancia de su cultivo en la actividad agrícola nacional en cuanto a la generación de empleos.
Segundo. Dadas las actuales condiciones desfavorables por las que atraviesa el sector, los productores dedicados al cultivo de la caña de azúcar en estados como Veracruz, Tabasco, Puebla, Jalisco, Quintana Roo, Oaxaca y Nayarit, entre otros, se encuentran en riesgo de disminuir aún mas la productividad, rentabilidad y competitividad, lo que iría en detrimento de la economía familiar de este estratégico subsector y de la población en su conjunto.
Tercero. Durante los últimos años, en el presupuesto de egresos de la federación se ha asignado una partida especial para el pago de los productores con superficies cultivadas menores a 3.5 hectáreas, por concepto de atención médica que otorga el IMSS a los productores de caña. Además se han apoyado para otros rubros como el de garantías líquidas y otros apoyos.
Cuarto. Durante el ejercicio fiscal 2008, en el presupuesto de egresos de la federación se consideró en el anexo 7 "Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable", una partida especial para la competitividad de la caña de azúcar ($1,625.0 millones de pesos), distribuida en tres rubros: Garantías líquidas cañeras, $250.0 millones de pesos; Seguridad social 300 millones de pesos; y mil 75 millones de pesos, para otros apoyos.
Además, en el componente de salud, Ramo 19 "Aportaciones a Seguridad Social", se reconoció el destino etiquetado de $300.0 para la Seguridad Social de los Cañeros.
Quinto. En lo que va del 2008, el sector azucarero ha presentado un saldo negativo en el nivel de exportaciones y bajo consumo nacional del azúcar. Los elevados costos de producción, la competencia desleal y empleo de sustitutos, como la fructuosa, en la cadena agroindustrial, colocan a los productores cañeros en una situación de desventaja, en especial a los que cultivan en superficies menores a 3.5 hectáreas.
Sexto. En el Senado de la República fue aprobado, con fecha 21 de mayo de 2008, punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación "para que analice la viabilidad de constituir un programa emergente para los productores de caña del país con un monto suficiente que compense la reducción del precio por tonelada de caña y hacer competitivo al sector azucarero en el mercado internacional
" y "
considerar el otorgamiento de apoyos económicos del programa emergente para que estén previstos en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación de 2009."
No obstante, las consideraciones que fueron vertidas por el Senado de la República fueron omitidas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y soslayadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.
Séptimo. En el programa nacional de agroindustria de la caña de azúcar 2007-2012, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación consideró una estrategia de prioridad inmediata el atender y evaluar los esquemas de seguridad social de los productores cañeros y realizar un conjunto de acciones para mejorar los niveles de competitividad del sector, incluyendo la focalización de recursos públicos. Sin embargo, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009 no fueron consideradas partidas específicas para atender estas acciones prioritarias.
En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito sea turnada inmediatamente para su dictaminación la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, partidas presupuestales para la seguridad social de los productores de caña de azúcar con menos de 3.5 hectáreas y para la competitividad de la caña de azúcar, en el marco del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, teniendo en cuenta, con las debidas actualizaciones, los montos aprobados en los años previos.
Palacio Legislativo, a 14 de octubre de 2008.
Diputado Celso David Pulido Santiago (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN MAYORES RECURSOS PARA LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, Mónica Fernández Balboa, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, en uso de las facultades que confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por medio del cual se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se considere la asignación de recursos adicionales a lo propuesto por el Ejecutivo para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En 2008, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha logrado fortalecerse académicamente con la definición colegiada de un nuevo modelo académico que estructura y armoniza las funciones básicas, con el respaldo de sus cuerpos académicos consolidados, la recomposición de su oferta educativa, el impulso fuerte de la investigación, el acercamiento con los sectores externos, la aportación de productos de su trabajo académico pertinentes y oportunos, las relaciones de coordinación y complementación con otras instituciones, el logro de presencia e imagen en los ámbitos estatal, nacional e internacional, y la acreditación y certificación de la calidad lograda.
El sentido social y la congruencia de quienes laboran en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco fueron claros al modificar su régimen de pensiones implantando un modelo de transición de aportaciones que representa un camino a seguir.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha contado históricamente con financiamiento federal para el desarrollo de sus labores sustantivas; sin embargo, las asignaciones del gasto público federal no han sido repartidas de manera equitativa entre las instituciones de educación superior del país. La universidad tiene la urgente necesidad de infraestructura e incremento de plantilla, entre otras, por lo que se requiere incrementar el presupuesto propuesto por el Ejecutivo y así recuperar la proporcionalidad en cuanto al comparativo nacional.
Considerando
I. Que la Cámara de Diputados en próximas fechas realizará el análisis y la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, que será aprobado por esta soberanía para el ejercicio presupuestal de 2009;
II. Que la asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 debe privilegiar la equidad y el fortalecimiento de las instituciones educativas que permitan competir en la economía global, mediante la asignación de recursos a programas y proyectos que atiendan una necesidad social y que, a la vez, contribuyan al desarrollo, y en particular a los programas de beneficio educativo con sentido social; y
III. Que en la asignación y el ejercicio de los recursos públicos de la federación se debe dar prioridad a los programas o proyectos que contribuyan al beneficio social, en particular los que representan la mejor inversión, que es la formación de las presentes y futuras generaciones.
Por lo expuesto y fundado, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con la opinión de la Comisión de Educación, de la Cámara de Diputados considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 la asignación de recursos adicionales a lo propuesto por el Ejecutivo para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que serán destinados para el aseguramiento y la consolidación de la calidad alcanzada, así como para asegurar el financiamiento para disminuir los pasivos de pensiones y jubilaciones y también para la resolución de problemas estructurales en la prestación de servicios médicos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2008.
Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE DESTINEN RECURSOS AL PROYECTO DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y PROPUESTA DE MANEJO PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE TEAPA, TABASCO, 2007, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Mónica Fernández Balboa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, en uso de las facultades que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por medio del cual se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura y Ganadería; de Desarrollo Rural y de Recursos Hidráulicos de la honorable Cámara de Diputados que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se incluya la asignación de recursos al "proyecto de evaluación de riesgo y propuesta de manejo para el rastro municipal de Teapa, Tabasco 2007" presentando las siguientes
Consideraciones
El proyecto de evaluación de riesgo y propuesta de manejo para el rastro municipal de Teapa, Tabasco, que se encuentra ubicado en la zona rural del municipio, en el ejido Eureka y Belén, tiene por objeto realizar mejoras a las instalaciones físicas y el equipamiento del rastro municipal, necesarias debido a las siguientes deficiencias: inadecuados sistemas de drenaje y eliminación de desechos sólidos; falta de programa de control de fauna nociva y transitoria; falta de higiene en las instalaciones, como pisos, paredes, techos, corrales, etcétera; falta de materiales y equipos para limpieza y desinfección, y falta de sistema de tratamiento de aguas residuales.
Dichas deficiencias se pretenden subsanar con la ejecución de las siguientes actividades: Mantenimiento de instalaciones; instalación de equipo; capacitación de personal y usuarios; ampliación de corral; construcción de la cisterna; construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales; y acciones de vigilancia sanitaria.
En esta propuesta se contempla la corrección de todas las deficiencias señalada; de ésta forma se mejorarían las condiciones de higiene, y se eliminarían los riesgos sanitarios que actualmente existen, tanto para los consumidores de la carne, como para los operarios, y se cumplirían con los puntos básicos establecidos en la NOM-194-SSA1-2004.
Por lo expuesto y fundado someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con la opinión de las Comisiones competentes de la honorable Cámara de Diputados, considere e incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2009 la asignación de recursos al "proyecto de evaluación de riesgo y propuesta de manejo para el rastro municipal de Teapa, Tabasco 2007"
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2008
Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 DESTINEN MAYORES RECURSOS A LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE ESCUELAS TABASQUEÑAS DE NIVEL BÁSICO AFECTADAS POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Mónica Fernández Balboa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, en uso de las facultades conferidas en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por medio del cual se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación de la honorable Cámara de Diputados que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se considere la asignación de recursos adicionales al propuesto por el Ejecutivo para la construcción y remodelación de escuelas de nivel básico afectadas por fenómenos hidrometeorológicos en el estado de Tabasco, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, la infraestructura educativa también presenta atrasos y desigualdades entre los distintos niveles. Por ejemplo, sólo poco más de la mitad de los planteles de secundaria se encuentran en nivel óptimo; en primaria, 14 por ciento de las escuelas presentan cuarteaduras en sus edificaciones. Las telesecundarias se encuentran en condiciones poco operativas: menos de cuatro de cada diez cuentan con salón de cómputo y biblioteca, y la proporción de escuelas que tienen laboratorios de física, química y biología es todavía menor.
La administración educativa en Tabasco reviste, como condición impostergable, la aplicación de recursos presupuestales para la realización de proyectos constructivos de reubicación para lograr la excelencia administrativa y de calidad.
La realización de éstos permitirá contar con edificación funcional segura, abatiendo con ello el riesgo en las escuelas situadas en zona de inundaciones o deslaves de tierra.
Para abatir el lugar 29 que ocupa el estado a nivel nacional en cuanto a infraestructura es necesario y urgente se autoricen recursos para la construcción de espacios escolares necesarios para atender a la población educativa del nivel básico. Por la situación geográfica de Tabasco, es susceptible a fenómenos hidrometeorológicos, los cuales tienden a manifestarse con fuertes lluvias y vientos, con una precipitación de hasta 4500 milímetros cúbicos en la sierra y mínimos de 2500 milímetros cúbicos anuales en la entidad.
El objetivo del presente es la edificación de espacios educativos con la calidad necesaria, satisfaciendo las necesidades de construcción y modernización, siguiendo los proyectos constructivos de la entidad normativa, privilegiando la seguridad de los ocupantes.
Es muy importante destinar más recursos a infraestructura. Para atender planteles que por necesidad requieren reparaciones de la infraestructura educativa es necesario, en educación básica, la reparación de 676 aulas didácticas, con un presupuesto de 55 millones 938 mil 120 pesos.
Así también, para atender planteles que por necesidad requieren reubicación de la infraestructura educativa es necesario construir, en educación básica, 54 aulas, 1 laboratorio, 4 talleres y 37 anexos (servicios sanitarios y direcciones), para hacer un total de 96 espacios educativos, con un presupuesto necesario por 45 millones 309 mil 105 pesos.
El tiempo estimado de vida útil de estos inmuebles, con un adecuado mantenimiento, es de 30 años o más, y permitirá generar espacios adecuados con condiciones óptimas para el desarrollo y desempeño de los alumnos y docentes beneficiados.
Por lo expuesto y fundado, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con la opinión de la Comisión de Educación, de la honorable Cámara de Diputados considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 la asignación de recursos adicionales al propuesto por el Ejecutivo para el sector educativo en Tabasco, que se destinará para la construcción y remodelación de escuelas de nivel básico afectadas por fenómenos hidrometeorológicos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2008.
Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR Y REHABILITAR PLANTAS POTABILIZADORAS EN CENTRO, TABASCO, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Mónica Fernández Balboa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, en uso de las facultades que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos de la honorable Cámara de Diputados que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren recursos suficientes destinados al municipio del Centro, Tabasco, para la construcción y rehabilitación de plantas potabilizadoras, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El agua, elemento sustancial de toda forma de vida, es también generador de desarrollo económico y social; sin embargo, la ausencia de infraestructura, de los servicios o acceso al suministro de agua potable y la carencia de drenaje, impiden erradicar las muertes por agua contaminada, sostener la biodiversidad de los ecosistemas y el desarrollo de las comunidades, poniendo freno al progreso.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005, los estados con mayor rezago en cobertura de agua potable para sus habitantes son los de San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En el municipio del centro, Tabasco, la carencia de agua para beber se debe, tanto a la falta de inversiones en el sistema de abasto de agua, como a la falta de mantenimiento.
El presupuesto asignado a la inversión destinada al desarrollo, conservación e infraestructura para abasto de agua potable, no ha sido suficiente para cubrir las necesidades de gran parte de los tabasqueños, y aun existen diferencias sustanciales entre los estados con mayor y menor cobertura en estos conceptos.
Es urgente y necesario que el presupuesto administrado por la Comisión Nacional del Agua sea destinado preferentemente a los estados con mayor rezago en cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con el propósito de que en el 2009 se cierre esa brecha desigual.
Finalmente, y consciente de la importancia del desarrollo humano sustentable, me pronuncio por el incremento en los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado para los habitantes de Tabasco; sin embargo, para la cristalización de estos proyectos es necesario el apoyo presupuestal.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, a que en el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 autorice una ampliación a los programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento de zonas urbanas y programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales [APAZU] para el municipio del Centro, Tabasco, conforme al proyecto de inversión presentado y anexo al presente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2008
Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE ESTA SOBERANÍA HOMENAJEE A LOS MEDALLISTAS MEXICANOS QUE PARTICIPARON EN LOS DECIMOTERCEROS JUEGOS PARALÍMPICOS, DE BEIJING, CHINA, A CARGO DEL DIPUTADO MARTÍN ZEPEDA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primero. El reconocimiento de las Cámaras del honorable Congreso de la Unión a los atletas mexicanos que ponen el nombre de México en lo más alto de la cumbre deportiva internacional, ha sido una justa práctica parlamentaria que debemos conservar.
Existen dos antecedentes de nuestra afirmación:
a) La Cámara de Diputados por unanimidad aprobó el 21 de diciembre de 2000 un acuerdo parlamentario sobre la sesión para rendir homenaje a los atletas olímpicos y paralímpicos que participaron en los XXVII Olímpicos y XI Juegos Paralímpicos celebrados en Sydney, Australia, en el año 2000.
b) En la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el martes 30 de septiembre de 2008 las delegaciones mexicanas que participaron en los XXIX Juegos Olímpicos y XIII Juegos Paralímpicos en Beijing, China fueron objeto de un reconocimiento.
Segundo. En septiembre el Grupo Parlamentario de Convergencia, por conducto del diputado José Luis Aguilera Rico, presentó una proposición con punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión otorgue un reconocimiento público a los deportistas mexicanos que obtuvieron medalla en los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008.
En el punto de acuerdo se exhorta al Congreso de la Unión para que en sesión ordinaria, en septiembre, se les otorgue reconocimiento público a los medallistas por los logros obtenidos en los pasados Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y se exhorta a los institutos estatales del deporte y a las federaciones deportivas de México, para que con la coordinación del director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Carlos Manuel Hermosillo Goytortúa, se conformen y se impulsen las políticas necesarias para descubrir a los atletas que se encuentran en los diferentes estados de la República Mexicana.
La proposición del Grupo Parlamentario de Convergencia omite, involuntariamente, en este homenaje, a los medallistas paralímpicos, ya que la paralímpiada fue del 6 al 17 de septiembre, y aún no se conocían los resultados de esta importante justa mundial.
El presente punto de acuerdo tiene por objeto integrar al homenaje de la Cámara de Diputados que propone el diputado Aguilera Rico a los medallistas paralímpicos.
Tercero. La delegación paralímpica mexicana obtuvo en la justa mundial de Beijing de agosto del 2008 veinte medallas, de las cuales diez fueron de oro, tres de plata y siete de bronce. Destacable es que nuestra delegación quedó en el lugar 14.
De estas preseas, 7 fueron obtenidas por hombres y 13 por mujeres.
Por metal, 5 medallas de oro fueron obtenidas por mujeres, los hombres obtuvieron también 5. Las 3 medallas de plata fueron obtenidas por las atletas mexicanas. Y finalmente, las medallas de bronce se distribuyeron 2 medallas para los atletas y 5 para las mexicanas.
Los medallistas paralímpicos son: Nelly Edith Miranda Herrera, medalla de oro en natación 100 metros libres; y medalla de oro en natación 50 metros libres; Eduardo Adrián Ávila Sánchez, medalla de oro en judo; Juan Ignacio Reyes González, medalla de oro en natación 50 metros dorso; Amalia Pérez Vázquez, medalla de oro en levantamiento de pesas; Pedro Angel Haro, medalla de oro en natación 100 metros de pecho; Perla Patricia Bustamante Corona, medalla de oro en 100 metros planos, de Juárez, Chihuahua; Patricia Valle Benítez, medalla de oro en natación 50 metros libres; y medalla de bronce en natación 150 metros; Mauro Máximo de Jesús, medalla de oro en lanzamiento de bala; Mario Santillán Hernández, medalla de oro en maratón; y medalla de bronce en 5 mil metros; Lenia Ruvalcaba, medalla de plata en Judo; Dora Mitzi González Hernández, medalla de plata en natación; y medalla de bronce en natación; Laura Cerero Gabriel, medalla de bronce en levantamiento de pesas; Luis Alberto Cepeda Félix, medalla de bronce en lanzamiento de jabalina; Perla Patricia Bárcenas Ponce de León, medalla de bronce en levantamiento de pesas y Jenny Velasco Reyes, medalla de bronce en lanzamiento de jabalina.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito pone a consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebre una sesión para rendir homenaje a los medallista paralímpicos que participaron en los XIII Juegos Paralímpicos celebrados en Beijing, China, en de septiembre de 2008.
Segundo. Se faculte a la Comisión de Juventud y Deporte, para organizar la sesión para rendir homenaje a los medallistas mexicanos que participaron en los XIII Juegos Paralímpicos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de octubre de 2008.
Diputado Martín Zepeda Hernández (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA ADQUIRIR UNIDADES MÓVILES DE ATENCIÓN DE MUJERES EN CENTRO, TABASCO, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Mónica Fernández Balboa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, en uso de las facultades que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo por medio del cual se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud de la honorable Cámara de Diputados que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 se consideren suficientes recursos para la adquisición de unidades móviles de atención a la mujer en el municipio de Centro, Tabasco, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Este proyecto consiste en la adquisición de cuatro unidades móviles que se equiparán y modificarán para realizar visitas a las comunidades rurales del municipio de centro y llevarles atención médica especializada a las mujeres, ya que cabe señalar que el flagelo conocido como cáncer cérvico-uterino se ha convertido a la fecha en la primera causa de mortalidad por neoplasias malignas entre mujeres de 25 años de edad o más; según registro de la Secretaria de Salud, diariamente fallecen 12 mujeres, aproximadamente, por esta causa; es necesario la adquisición de las unidades móviles y de igual forma llevar otros tipos de atención como son odontología, psicología, detecciones (diabetes y hipertensión) y nutrición.
El municipio de centro esta dividió en cuatro rutas que son Teapa, Cárdenas, Frontera y Macuspana, entre éstas hay 193 delegaciones municipales, las cuales en conjunto tienen 853 mil 500 habitantes. Este sería la población beneficiada con este proyecto de adquisición de cuatro unidades móviles para la atención de cada ruta antes descrita.
Por lo expuesto y fundado, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con la opinión de la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 la asignación de recursos suficientes para la adquisición de unidades móviles de atención a la mujer en el municipio de Centro, Tabasco.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2008.
Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE DESTINEN RECURSOS AL PROYECTO CASA DEL ÁRBOL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El reconocimiento de los derechos humanos en el mundo y de manera particular en México, han sido fruto de demandas y luchas ciudadanas y no concesiones de los Estados. Este reconocimiento no debilita o empobrece a los gobiernos sino que permite que las sociedades vivan bajo un sistema de garantías que posibilita el respeto a la dignidad de la persona y el reconocimiento como seres humanos sin distingo de ninguna clase a vivir mejor en sociedad.
Es así que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, siendo pionera en el campo de la educación en garantías fundamentales como organismo público autónomo, se propone ser precursora de la democratización de éstas en México, construyendo un espacio dedicado a su cultura.
El proyecto de la Casa del Árbol es un museo en donde la historia de los derechos humanos se materializa en la cotidianidad de los ciudadanos y ciudadanas, en la experiencia y la apropiación de un espacio de aprendizaje y recolección de herramientas para el ejercicio y la responsabilidad de los derechos.
Un Museo gratuito es el espacio idóneo para que niños, niñas, jóvenes, servidores públicos y la ciudadanía en general conozca y viva episodios significativos del desarrollo de nuestra sociedad, abriéndole paso a la inserción de los derechos humanos en nuestra cultura.
Este proyecto apunto a sentar las bases de corresponsabilidad y compromiso que están detrás de cada derecho, contribuyendo con ello a fortalecer una cultura ciudadana de respeto para y entre todos los miembros de esta gran ciudad, enfatizando el dirigido a los grupos vulnerables, adultos mayores, niños, niñas y jóvenes en riesgo de calle, así como a las personas con alguna discapacidad.
Dentro del museo, se ubicará la biblioteca, Centro Documental Casa del Árbol, la cual contará con el acervo de la CDHDF, de más de 5 mil títulos especializados en el tema de los derechos humanos, será un espacio para talleres de lectura, arte, cine y documentales, además de diseñarse y adaptarse un espacio de lectura y consulta para débiles visuales y ciegos con estantería abierta.
Los visitantes de la Casa del Árbol reconocerán las posibilidades de hacer valer los derechos a través de la historia y de su vida actual, para reducir los niveles de violencia estructural, cultural y directa y elevar los niveles de justicia. Ayudará a recuperar la esperanza en lo propio y en lo ajeno, será un espacio en donde los derechos humanos transitan de la desesperanza a la esperanza de crear espacios para la convivencia solidaria, sin violencia, en donde cada persona visitante se ve como artífice de su propio espacio vital pasando por la indignación, la lucha, la exigencia y la construcción de puentes entre las personas y las instituciones.
Este nuevo espacio tendrá la capacidad para atender hasta 250 personas simultáneamente, lo cual implica hasta 6 grupo escolares. Entre los objetivos que tiene este museo están el de fortalecer la visión de una educación permanente para los derechos humanos a través de la cultura formativa; proveer y atender las necesidades de destinatarios para el ejercicio pleno e integral de sus derechos humanos, sin importar edad, sexo, condición social, nivel educativo o cualquier determinante que pueda excluirles del pleno goce de estos derechos; elaborar, implementar y sistematizar una estrategia cultural-educativa centrada en capacidades y competencias que propicie la autonomía de facilitadores, capacitadores y formadores; desarrollar capacidades y competencias a través de conocimientos, habilidades y actitudes que las personas y grupos apliquen para integrar a los derechos humanos en su vida cotidiana, formar a personas y a grupos educadores autónomos y abiertos que ofrezcan respuestas inéditas y nuevos significados, a partir de una estrategia cultural-educativa abierta a la diversidad de estilos en el abordaje metodológicos y conceptual alrededor de los derechos humanos, entre otros.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por la cantidad de $11,100,000.00 pesos (once millones cien mil pesos 00/100 m.n.) para que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal los destine al proyecto Casa del Árbol.
Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 14 de octubre de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS ADICIONALES PARA LAS ESCUELAS NORMALES RURALES, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CALZADA VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Francisco Javier Calzada Vázquez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde la fundación, en 1922, de la primera escuela normal rural, ese modelo se convirtió en una opción atractiva para cientos y miles de jóvenes del campo con vocación por la educación.
El modelo educativo que combina el trabajo práctico en el campo, la vinculación con la comunidad y una formación pedagógica destinada fundamentalmente a atender escuelas rurales, campesinas e indígenas, constituyó durante muchos años un elemento muy importante de la política social del país.
Este modelo hace necesario que los estudiantes se dediquen de tiempo completo a su formación, por lo que el gobierno federal destina una ayuda económica a cada alumno.
La política educativa y social de los últimos gobiernos ha intentado dejar de lado o eliminar este modelo educativo. En consecuencia, las escuelas normales rurales reciben un presupuesto muy reducido que les ha impedido modernizar sus instalaciones con equipo de cómputo y demás recursos de tecnologías de la información, hoy indispensables en toda educación de calidad.
La agresión contra las escuelas normales rurales ha llegado a tal extremo, que ahora las autoridades de la Secretaría de Educación Pública ofrecen "diplomados Sepa inglés" con un costo de 300 pesos por alumno por semestre, cuando el conocimiento de un idioma extranjero es básico para la formación de cualquier profesional de calidad. Por sus condiciones económicas, estos jóvenes no tienen posibilidad de cubrir tal costo, por lo que la enseñanza de inglés debe ser gratuita.
Por otra parte, el apoyo para manutención de los estudiantes internados está restringido desde hace muchos años. Cada escuela normal rural recibe del gobierno federal 45.50 pesos por alumno, con los que debe cubrir los gastos de alimentación y lavandería. La cantidad es notoriamente insuficiente. Incluso, es menor a lo que el gobierno gasta en la manutención de los internos de los reclusorios, un promedio de 80-180 pesos. Resulta obvio que con esos recursos la calidad de la alimentación y las condiciones de vida de los jóvenes es inadecuada.
Este descuido y abandono de las normales rurales es la cancelación de una opción de superación y ascenso social mediante la educación para miles de jóvenes campesinos e indígenas en todo el país. Implica además un grave problema para la calidad educativa que ofrecemos no sólo a estos jóvenes sino a los niños que serán sus alumnos.
Resulta urgente destinar los recursos necesarios para el rescate de las escuelas normales rurales del país.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a aprobar en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 recursos adicionales para las escuelas normales rurales para los siguientes rubros:
1. Para equipamiento informático y de innovación tecnológica en cada una de las 16 escuelas normales rurales con una cantidad de 500 mil pesos. Es decir, un total de 8 millones de pesos para todo el subsistema.
2. Para cubrir el costo del "Diplomado Sepa inglés" a cada uno de los 8 mil 500 alumnos de las escuelas normales rurales, que es de 300.00 pesos semestrales por alumno, es decir, un total de 5 millones 100 cien mil pesos.
3. Para aumentar la beca asistencial de 45.50 a 60.00 pesos diarios por alumno, lo que hace un total de 45 millones de pesos adicionales a lo que actualmente el gobierno federal entrega a las escuelas normales rurales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2008.
Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE DESTINEN RECURSOS AL PROYECTO PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD EN TABASCO, Y DE QUE DICHA ENTIDAD SE INCORPORE EN EL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los que suscriben, Moisés Dagdug Lützow, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Gerardo Priego Tapia, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Pascual Bellizia Rosique, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Alfonso Izquierdo Bustamante, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Antecedentes
El gobierno de México ha definido el combate a la pobreza como uno de sus objetivos centrales. Una de las estrategias para lograrlo surge del convenio realizado en el 2001 entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), para implantar en México el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), en regiones de alta y muy alta marginalidad del país.
El PESA tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria y contribuir a la reducción de la pobreza de manera sostenible en zonas rurales de alta marginación, promoviendo de manera participativa, el desarrollo microrregional por medio de proyectos integrados, de gestión local y mediante la coordinación interinstitucional.
En el 2002 el PESA inició como fase piloto, trabajando en seis estados que abarcan 12 regiones. Para el 2005, se dio la primera expansión llegando a 16 estados con 34 regiones, durante los años 2007 y 2008, el PESA amplió su cobertura de manera muy importante, al aprobarse por la Cámara de Diputados la asignación de recursos en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), lo que permitió ampliar su cobertura a 24 nuevas regiones: 7 en Chiapas, 7 en Guerrero y 10 en Oaxaca.
Consideraciones
La vulnerabilidad de la población en condiciones de pobreza en el estado de Tabasco, particularmente de los grupos campesinos e indígenas, se ha agudizado ante los efectos del cambio climático. En dos años consecutivos, 2007 y 2008, se han enfrentado emergencias por fenómenos hidrometereológicos afectando las condiciones de vida, el patrimonio y la capacidad productiva de la población rural.
El gobierno del estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM) inició en 2008 la búsqueda de alternativas para la producción de alimentos otorgando apoyos a familias para el manejo eficiente de traspatios (aves, cerdos y hortalizas) y la producción de maíz con insumos orgánicos que los propios productores elaboran. Asimismo, se han promovido tecnologías de bajo impacto ambiental, ahorro de energía y aprovechamiento sustentable de recursos naturales como las estufas ahorradoras de leña, secadores solares y sistemas domésticos de captación y almacenamiento de agua fabricados con ferrocemento. Los ejes de los apoyos otorgados son:
1) integración de cadenas productivas en las unidades de producción familiar (UPF);
2) uso de recursos locales;
3) capacitación para la producción,
4) fomento del ahorro y,
5) reinversión de los apoyos otorgados.
Para la reconstrucción del Estado, los gobiernos federal y estatal realizaron acciones y diseñaron programas en forma conjunta, que buscaban reactivar la vida económica y social. Sin embargo, en el presente año, los tabasqueños sufrimos los embates de una nueva emergencia, que imposibilita al Estado para recuperar los índices de bienestar de la población.
Basados en la opinión experta de investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, referidas en el estudio "Vulnerabilidad y adaptación regional ante el cambio climático y sus impactos ambiental, social y económicos", consideramos que las inundaciones serán recurrentes y no eventuales, "haciendo vulnerables las zonas costeras bajas, amenazadas por la elevación del nivel del mar, afectando por igual a los ecosistemas, la ganadería y la agricultura, impactando así las actividades productivas realizadas en zonas actualmente consideradas medianamente aptas" para tal fin.
Posterior a la gran inundación de 2007, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ordenó un diagnóstico sobre seguridad alimentaria en situaciones de emergencia en la entidad, realizado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), mismo que arrojó, entre otras, la conclusión de que "
Durante la emergencia las estrategias de medios de vida tradicionales se limitaron gravemente y han tardado en recuperase por la escasez de tierra, insumos y equipo, baja escala de producción y reducidos rendimientos". Adicionalmente, el diagnóstico estima que únicamente el 3.5 por ciento de los alimentos que consumen las familias afectadas proviene de la producción propia. Esta situación, grave por sus consecuencias en la economía y la salud de la población, es posible mitigarla con infraestructura productiva adaptada a las condiciones de vulnerabilidad.
La evaluación realizada por el PMA de Naciones Unidas, concluye que:
"En la zona rural afectada, el abasto de alimentos ha sido limitado, pero se agudizó en condiciones de emergencia; sin embargo, la ayuda oficial, civil e internacional contribuyeron a atender las principales necesidades. Aunque, los riesgos de desabasto se mantienen ante una nueva contingencia.
Durante la emergencia las estrategias de medios de vida tradicionales se limitaron gravemente y han tardado en recuperase por la escasez de tierra, insumos y equipo, baja escala de producción y reducidos rendimientos".
Y consecuentemente recomienda:
"-Desarrollo de proyectos a productores organizados de bajos recursos (PESA) con perspectiva de cadena productiva.
-Fomento de huertos familiares y pequeñas especies con mujeres y niños.
-Programa de cajas populares de apoyo y otros organismos de microfinanciamiento.
-Facilitar el financiamiento a pequeños productores para recuperar cultivos y medios de vida.
-Incorporar tecnologías que impacten en productividad y sustentabilidad."
En este sentido, el estado de Tabasco realmente requiere abastecerse de recursos para realizar un proyecto de producción de alimentos que garantice la seguridad alimentaria de la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Por lo anteriormente expuesto, se solicita se turne la siguiente propuesta a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, para que resuelva lo conducente a la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, que se incorpore al estado de Tabasco en el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA).
Segundo. Se solicita a la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, en el ámbito de su competencia, destine un presupuesto de 100 millones de pesos para la realización del proyecto "Producción de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria de la población en condiciones de pobreza y vulnerabilidad en el estado de Tabasco", dentro del ramo 08 Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, en la vertiente "económica", como proyecto integrado al PESA, cuyo monto deberá ser transferido en su totalidad al gobierno del estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de octubre del 2008
Diputados: Moisés Dagdug Lützow (rúbrica), Gerardo Priego Tapia, Nicolás Bellizia Rosique, Alfonso Izquierdo Bustamante.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A GARANTIZAR A TRAVÉS DE PEMEX EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LA ESTACIÓN DE SERVICIO DE ISLA DE CEDROS, BAJA CALIFORNIA, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR MANUEL RAMOS COVARRUBIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Héctor Manuel Ramos Covarrubias, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a garantizar, a través de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el suministro a la estación de servicio número ES7735, encargada de la distribución de combustibles en la isla de Cedros en Ensenada, Baja California, y el reembolso que, por concepto de gastos de transportación de combustible, realice, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En agosto de 2004 inició operaciones la estación de servicio ES7735, construida por Grupo Industrial Cedros, SA de CV, con apoyo del gobierno de Baja California, con la finalidad de ofrecer a los pobladores de la isla combustibles de calidad a precios oficiales, y garantizando el abasto, además de medidas optimas de seguridad para el manejo y transporte de los combustibles.
Para cumplir tales propósitos, Grupo Integral Cedros, SA de CV, firmó un contrato de suministro con Pemex Refinación, mediante el cual la paraestatal se obligaba a suministrar gasolinas, diesel, aceites, lubricantes marca Pemex, y demás productos petrolíferos que elabora ésta, según se establecía en la cláusula primera de dicho contrato.
Desafortunadamente Pemex no está cubriendo directamente el costo de transporte del combustible que suministra a la estación, debido a lo cual es la propia franquiciataria la que ha tenido que efectuarlo por cuenta propia desde el puerto de Ensenada hasta su estación en la isla. Lo anterior, con los concebidos gastos extraordinarios de transportación y el alto riesgo que implica el manejo y transporte de estos materiales inflamables.
Esta situación ha motivado que la estación haya visto incrementados sus costos de operación, razón por la cual en más de una ocasión la empresa operadora de la estación ha solicitado a la Gerencia de Ventas de Estaciones de Servicios de Pemex Refinación la autorización de un incremento substancial en el pago por los costos del traslado del combustible. Lo anterior en razón de que el actual pago es muy inferior al costo que mes con mes debe cubrir la franquiciataria a sus proveedores.
Asimismo, la falta de un suministro directo de Pemex a la estación provocó que el 5 de diciembre de 2006 se incendiara el buque mercante María del Carmen, lo cual ocurrió cuando se cargaba combustible para abastecer a la isla, hecho que provocó un aumento desproporcionado de su precio debido a la escasez que padeció Cedros.
Como consecuencia de lo anterior, el gobierno de Baja California debió intervenir para solicitar la actuación de la paraestatal, a fin de que se elaboraran los peritajes e inspecciones necesarias que garantizaran la seguridad en el traslado. En razón de lo anterior, tanto la empresa concesionaria, el gobierno del estado y el que suscribe nos hemos dado a la tarea de denunciar esta situación anómala ante Pemex, sin haber podido obtener una respuesta favorable que solucione el problema de fondo.
En este sentido, sólo se obtuvo la elaboración de un manual de procedimientos, sin que se haya vuelto a verificar la aplicación óptima de éste.
La falta de un reembolso justo y suficiente, por parte de Pemex para que la franquiciataria cubra los gastos de transporte y manejo de los combustibles que distribuye en la isla de Cedros, la tiene al borde de la quiebra, pues sus proveedores en su calidad de acreedores le han requerido el pago urgente de los servicios prestados por el transporte del combustible, con la condición de que, de no cubrirse el adeudo, se procederá a la cancelación del servicio hasta en tanto no se liquide dicha deuda.
De continuar esta situación, la estación ES7735 deberá dejar de distribuir combustibles y los habitantes de la isla sufrirán de escasez de hidrocarburos. Cabe hacer mención que los habitantes de la isla se encuentran desprotegidos ante tal situación, pues su contacto con el continente se limita a las embarcaciones que llegan esporádicamente a la isla. Este posible escenario provocaría un aumento desproporcionado en el costo de los combustibles, al cual sólo se podría tener acceso por medio del mercado informal, viéndose imposibilitado el gobierno federal para regular los precios de éstos.
Por lo anterior, se hace necesario que Pemex, a través de la Secretaria de Hacienda, realice el ajuste necesario que permita a la empresa franquiciataria pagar el transporte íntegro del combustible en beneficio único de los pobladores de la isla de Cedros que requieren del suministro para su subsistencia. Asimismo, que la paraestatal realice un estudio minucioso de las condiciones en que actualmente se lleva a cabo el transporte de los combustibles para que certifique los procedimientos bajo los cuales se ejecutan éstos y, en su caso, se analice la posibilidad de que sea Pemex, a través de sus propios recursos o de los de sus proveedores, quien efectúe el abasto de los combustibles a la estación de servicio ES7735, encargada de la distribución en la isla de Cedros.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, a través de Pemex y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un análisis de los costos que por concepto de manejo y transporte debe realizar la estación de servicio ES7735, que distribuye combustibles de Pemex en la isla de Cedros, en Ensenada, Baja California. Lo anterior, a fin de que se le pague al franquiciatario el costo real que debe efectuar para transportar el combustible a la isla de Cedros.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a verificar, a través de Pemex, los medios y las medidas con las que actualmente se está efectuando el manejo y el transporte de los combustibles que surten a la estación de servicio ES7735, situada en la isla de Cedros; asimismo, a elaborar y certificar el manual de procedimiento y los medios que habrá de utilizar el personal calificado para llevar a cabo dichas maniobras.
Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal a prestar, a través de Pemex, la ayuda técnica y material que garantice el manejo, la carga y el transporte seguro del combustible hasta la estación de servicio ES7735. Lo anterior, con la finalidad de prevenir se repita cualquier tipo de accidente, como el ocurrido el 5 de diciembre de 2006 con el buque mercante María del Carmen.
Cuarto. Se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, a través de Pemex, un estudio, con la finalidad de analizar la posibilidad de que sea la propia paraestatal, con sus propios medios o los de sus proveedores, la que lleve a cabo el suministro directo de los combustibles a la estación de servicios ES7735.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2008.
Diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB A EMITIR DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y DESASTRE NATURAL RESPECTO A JALPA DE MÉNDEZ, JONUTA, HUIMANGILLO Y NACAJUCA, TABASCO, SUSCRITA POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, Roberto Mendoza Flores, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Mónica Fernández Balboa, Pedro Landero López, Fernando Enrique Mayans Canabal, Francisco Sánchez Ramos, y Silbestre Álvarez Ramón, diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes consideraciones y hechos
Consideraciones
1. Que Tabasco se encuentra inmerso en un escenario de precipitación pluvial más intenso que el que desencadenó la tragedia de las inundaciones de 2007, lo que ha generado una creciente afectación, de poco mas de 250 mil tabasqueños.
2. Que el 25 de septiembre de 2008, el gobernador de Tabasco, Andrés Rafael Granier Melo, solicitó a la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil, la emisión de declaratoria de emergencia para Balancán, Cárdenas, Centro, Cunduacán, Huimanguillo, Jalapa, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, afectados por la onda tropical número 31.
3. Que el pasado jueves, la ciudadana Laura Gurza Jaidar, coordinadora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, emitió la "declaratoria de emergencia por la ocurrencia de inundaciones atípicas en presencia de lluvias severas en siete municipios, durante el periodo del 21 al 29 de septiembre de 2008; y por la ocurrencia de lluvias atípicas los días 24 y 26 de septiembre de 2008 en un municipio de Tabasco".
4. Que en el marco de su más reciente visita a la entidad, el pasado lunes 29 de septiembre, el secretario de Gobernación declaró que la dependencia a su cargo no escatimaría esfuerzos ni recursos para ayudar al pueblo tabasqueño en esta nueva afrenta de la naturaleza.
Hechos
Sin embargo, hasta hoy los hechos parecen desmentir al secretario de Gobernación, ya que los recursos empleados y la propia declaratoria de desastre natural emitida tiene un sesgo político porque, pese a la intensidad de las precipitaciones y la magnitud de los daños en sus demarcaciones, los municipios gobernados por el Partido de la Revolución Democrática, en su mayoría, has sido discriminados, sin razón técnica o legal; específicamente, Jalpa de Méndez, Jonuta, Nacajuca y Huimangillo, donde las condiciones son similarmente críticas a los municipios que la Secretaría de Gobernación benefició con la declaratoria de emergencia.
En Nacajuca, las pérdidas ascienden a 600 millones de pesos, con 15 mil hectáreas de su territorio siniestrado, con 42 comunidades afectadas y 12 mil familias afectadas directamente y 10 mil de manera indirecta.
En Jalpa de Méndez son 617 las familias afectadas y 2 mil 417 habitantes afectados directamente; el ayuntamiento ha tenido que acondicionar con recursos propios 182 albergues municipales.
En Huimanguillo han sido afectados mil 236 habitantes, integrantes de 292 familias, que han tenido que ser atendidos en 33 albergues acondicionados por el gobierno municipal.
Finalmente, en Jonuta las pérdidas ascienden a 200 millones de pesos, con 6 mil 200 hectáreas siniestradas, anegando a 85 comunidades y 6 mil viviendas.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, XL Legislatura, con pleno respeto del ámbito de sus respectivas competencias, exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de emergencia y desastre natural en Jalpa de Méndez, Jonuta, Huimangillo y Nacajuca, Tabasco, de conformidad con el artículo 33 de la Ley General de Protección Civil y el numeral 4, incisos c) y e), de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2008.
Diputados: Roberto Mendoza Flores, Rafael Sánchez Cabrales (rúbrica), Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Pedro Landero López, Fernando Enrique Mayans Canabal, Francisco Sánchez Ramos, Silbestre Álvarez Ramón.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR UN PROGRAMA URGENTE DE SUBSIDIO DEL COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO, A CARGO DEL DIPUTADO GUSTAVO FERNANDO CABALLERO CAMARGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes
Motivos
El actual cambio de la política económica implementada por el gobierno federal, mediante la cual, se disminuyen los subsidios que a los combustibles, argumentando que dicho subsidio será destinado a las clases más pobres a través de un incremento al gasto social, sólo ha provocado consecuencias directas en la fórmula de ajustes en las tarifas.
Tan sólo basta observar la evolución de la fórmula escalatoria de ajuste en las tarifas, que para el 30 de septiembre del 2008, arrojó un incremento del 4.52 por ciento, y siguen variando diariamente; dicho de otra forma, los salarios no han tenido cambio, y el diesel ha subido de 5.93 a 6.68 pesos, esto nos da una inflación del 4.07 por ciento. Lo anterior hace evidente que el incremento a la fórmula sólo es atribuible al aumento de precios en los combustibles.
Gobiernos como el de Nuevo León, que tiene en su área metropolitana casi el 85 por ciento de la población, ha realizado un gran esfuerzo en modernización y racionalización del transporte público, que beneficia a las clases populares. Las líneas uno y dos del Metro, el tras metro y la renovación y actualización de la flota de camiones urbanos, han servido para dar un mejor servicio, en menores tiempos de recorrido y con tarifas que, gracias a la participación de los distintos sectores, han permitido mantenerse accesibles para estudiantes y trabajadores.
Un incremento a los costos del diesel agravará sin duda la situación, tanto del transporte público de pasajeros, como la del transporte en general.
La Secretaría de Hacienda pretende para el 2009 los precios domésticos del diesel, que sufrieron ya un incremento de 5.93 a 6.68 pesos, llegue a niveles de precios internacionales, con lo que llegaría a costar hasta 11.10 pesos, al tipo de cambio del 6 de octubre del año en curso .
Si consideramos que el 8 de octubre, es decir dos días después del cálculo anterior, la moneda americana se cotizó por el orden de los 14 pesos, basta adecuar dicha fórmula para estimar que el pretendido aumento generaría un incremento insostenible de las tarifas del transporte público.
En este sentido, los transportistas de nuestro país, en general, ven reflejados dichos aumentos en el encarecimiento de refacciones, lubricantes y mantenimiento de sus vehículos, eso sin contar el combustible. Con medidas como las que el ejecutivo pretende implementar, estaremos de frente a aumentos en las tarifas del transporte de personas y mercancías, que serán pagadas, otra vez, por el usuario final, nuestras clases más desprotegidas.
Cabe recordar que los salarios no han tenido un aumento sustancial, que el costo de los víveres se ha disparado, que el impacto sobre los bienes y servicios sería de tal magnitud que si esperamos a calcular la fórmula y ajustar la tarifa cada año, no habría recursos para solventar el pago diario del combustible.
Es por ello que resulta urgente seguir implementado el apoyo al subsidio de los combustibles, y más aún, apoyar el subsidio al diesel, ya que los usuarios del transporte no pueden enfrentar de un sólo golpe incrementos en las tarifas superiores al 10 por ciento.
De seguir la actual política implementada por el Gobierno Federal, sólo está abriendo la puerta al descontento social, y lo que es peor, representa una medida injusta para la población de menores recursos.
Compañeros legisladores, hoy en día el sector del transporte demanda nuestro apoyo incondicional, no podemos, ni debemos, hacernos ciegos ante una situación que está afectando a la mayoría de la sociedad.
Es tiempo de responder con hechos y de encontrar soluciones a todos los problemas generados por la mala política económica implementada por el gobierno federal, que sólo sigue poniendo en tela de juicio su capacidad de resolver los problemas que aquejan a la mayoría.
Por ello, compañeros legisladores, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que en el ámbito de sus atribuciones mantenga el subsidio al precio del diesel del transporte público, tanto de pasajeros, como de carga, a fin de que no se incrementen las tarifas por encima de la inflación.
Segundo. Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y Economía, que revisen la evolución de la fórmula de tarifas, con el objetivo de que se hagan los ajustes necesarios entre el ingreso y el gasto que realizan las familias mexicanas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2008.
Diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A INFORMAR RESPECTO A LA ESPECULACIÓN CAMBIARIA EN EL PAÍS, AL DESTINO DE LOS DÓLARES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES VENDIDOS LA SEMANA PASADA Y A LAS MEDIDAS EJERCIDAS PARA ATENUAR LA ACTUAL CRISIS FINANCIERA, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a informar y esclarecer la especulación cambiaria en el país, el destino de los 6 mil 400 millones de dólares vendidos la semana pasada de las reservas internacionales de nuestro país y las medidas ejercidas para atenuar la actual crisis financiera actual.
Consideraciones
La crisis financiera en Estados Unidos se origina en el año 2000, como consecuencia de la caída de las inversiones del mercado accionario en empresas industriales que llevó a que gran parte de las inversiones se trasladaran al sector inmobiliario: en 2001 nuestro vecino del norte disminuyó las tasas de interés con objeto de reactivar el consumo y la producción del crédito, ante los atentados del 11 de septiembre.
Lo anterior provocó una burbuja inmobiliaria especulativa sustentada en una enorme liquidez que género presiones inflacionarias, que para 2004 elevaron las tasas de interés con la finalidad de controlar la inflación.
En agosto de 2005 el precio y las ventas de viviendas cayeron considerablemente en buena parte de Estados Unidos; mientras que los "embargos" hipotecarios aumentaron por falta de pago y numerosas entidades comenzaron a presentar problemas de liquidez para devolver el dinero a los inversionistas o recibir financiamiento de los prestamistas.
En mayo de 2007 los principales inversores, como Lehman Brothers Holdings Inc., empezaron a salirse del mercado de las hipotecas, tanto de las de alto como de las de bajo riesgo, negándose a dar más dinero a las principales entidades hipotecarias, ocasionando falta de liquidez en contratos previamente comprometidos.
En julio, según la Reserva Federal, las pérdidas generadas por las hipotecas subprime se situaban ya entre 50 mil y 100 mil millones de dólares.
Durante agosto de 2007 el problema de la deuda hipotecaria subprime empezó a contaminar los mercados financieros internacionales, observándose caídas en las principales bolsas de valores en diferentes países.
Analistas del Economist Intelligence Unit prevén que la economía estadounidense experimentará condiciones recesivas en los próximos 12 meses para iniciar después una ligera recuperación, estimando un crecimiento de 1.8 por ciento para 2008, considerando la enorme crisis financiera y de crédito que ha estallado en las últimas semanas y la incertidumbre por el destino del programa de rescate financiero que había diseñado el gobierno, suponen que la economía estadounidense podría debilitarse aún más el próximo año y anticipan que el crecimiento para 2009 podría ser de 0.6 por ciento.
Mientras tanto, la economía mexicana, que depende de la demanda del mercado estadounidense, al vender alrededor del 80 por ciento de las exportaciones a ese país, ante esta situación se afecta el ritmo de crecimiento del país, que se prevé una expansión de 2.3 por ciento en 2008.
Actualmente se ha experimentado una caída de las remesas al disminuir en 676.8 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2007, lo que significa una caída de 4.2 por ciento provenientes de Estados Unidos en México, que se explica por el aumento del desempleo en ese país, considerando que el sector de la construcción continuó siendo el más afectado por la actual crisis y, en donde se estima, se emplea el 21.2 por ciento de los migrantes mexicanos en ese país.
En el mercado crediticio interno el incremento en la cartera vencida en lo que va de 2008 es un indicador importante para la evolución del mercado crediticio mexicano y para el otorgamiento de créditos al consumo y a la vivienda, sobre todo que si se sigue incrementando la inflación y las tasas de interés podrían ser los mismos factores que incidieron en la evolución a la crisis hipotecaria en Estados Unidos.
Ante esta situación, el gobierno de Felipe Calderón y el Banco de México ha utilizado tres discursos totalmente contradictorios frente a la crisis internacional, especialmente la que enfrenta su principal socio comercial: Estados Unidos.
Ello puso en evidencia que el principal problema de México es y ha sido la falta de previsión y la carencia de un programa de emergencia para este tipo de crisis, además de que el gobierno de Calderón no pudo diseñar un discurso coherente, de definiciones ante la contingencia y que explicara a todos los mexicanos cómo nuestro país establecería los mecanismos de resistencia para enfrentar los embates del exterior.
El resultado, como era de esperarse, fue la crítica, la crítica a la ineptitud de un secretario de Economía que salió con el clásico "no pasa nada", o las quejas contra Agustín Carstens, quien nos hizo creer que la crisis financiera en los Estados Unidos no pasaba de un "catarrito". Y así por el estilo hasta llegar a declaración del secretario del Trabajo de que "estamos preparados", con el "me equivoqué en el diagnóstico" del secretario de Hacienda y finalizar con el señalamiento de que "la crisis financiera tomó por sorpresa a México" del gobernador del Banco de México.
Pero la sorpresa es que la semana pasada la cadena de tiendas Comercial Mexicana, una de las más importantes del país, quiebra por dos mil millones de dólares que tenía en su tesorería; en una posición en instrumentos derivados que no reportó a sus acreedores. Asimismo, otras empresas enfrentan vencimiento en divisas para los siguientes meses, se dice que esto fue el detonante de un ataque especulativo contra el peso, que cayó a su nivel histórico frente al dólar.
En un comunicado del Banco de México se señala que por acuerdo de la Comisión de Cambios (integrada por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México) se anunciaron medidas especiales ante las condiciones "anormales" que experimenta el mercado cambiario en el país y que llevaron al peso a alcanzar ese día máximos históricos de 14.31 pesos por dólar.
De esta manera se subastaron el pasado 10 de octubre 6 mil 400 millones de dólares con la finalidad de consolidar el peso, lo cual se realizó en tres operaciones:
En la primera subasta, el organismo ofreció tres mil millones a un tipo de cambio promedio de 12.86 pesos por dólar. El precio mínimo fue de 12.50; y el máximo, de 13.15 pesos por dólar.
La segunda subasta, por 400 millones de dólares, tuvo un precio promedio de 12.95 por pesos por dólar, con un tipo de cambio mínimo de 12.91 y máximo de 13.07.
La tercera venta de tres mil millones se hizo a un tipo de cambio promedio de 12.75 pesos por dólar, con un precio mínimo de 12.59 y máximo de 12.99.
De esta forma el gobierno considera que las reservas internacionales de México rebasan los 84 mil millones de dólares "y son más que suficientes para cubrir la deuda externa del sector público", lo que da una muestra de que hay dólares suficientes en la economía mexicana, es decir, se van ir perdiendo estas reservas en subastas que permitan estabilizar el peso.
En virtud de que existen elementos que permiten pensar fundadamente en una acción dolosa orientada a beneficiar a ciertos grupos y empresas, en Convergencia consideramos urgente que el gobierno federal informe a esta soberanía lo que realmente ocurrió con dicha subasta y hasta qué punto las reservas de nuestro país se encuentran a salvo.
A pesar de que el gobierno ha anunciado que va a ser más enérgico en la revisión de este tipo de episodios, lo que en el fondo está en juego es la estabilidad económica del país.
Por todo lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario de Convergencia propone a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal a informar y esclarecer la especulación cambiaria en el país, el destino de los 6 mil 400 millones de dólares vendidos la semana pasada de las reservas internacionales de nuestro país y las medidas ejercidas para atenuar la actual crisis financiera actual.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2009.
Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DECRETAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS FISCALES PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE REGIONES Y ACTIVIDADES DETERMINADAS EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS FORESTALES, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA PIÑEYRO ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
Irma Piñeyro Arias, diputada federal integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que la explotación y manejo forestal se llevan a cabo en bosques y selvas naturales o en plantaciones forestales y que su aprovechamiento racional es una alternativa viable que implica una serie de inversiones, las cuales no son de recuperación a corto plazo;
Que los ejidos y las comunidades indígenas son poseedores de gran parte de los bosques y selvas del país, las cuales son explotadas por sus integrantes para el autoabastecimiento y de manera comercial;
Que de acuerdo con nuestra Constitución Política y las leyes reglamentarias, los ejidos, comunidades, ejidatarios y comuneros forman parte de los llamados sujetos sociales, los cuales son objeto de especial protección por nuestro régimen jurídico;
Que el artículo 27 de la Constitución Política, en su fracción VII expresa textualmente:
"Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.
La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.
La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores";
Que el artículo 27, en su fracción XX, dispone: "el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público".
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, al referirse a las obligaciones de los mexicanos, establece, en la fracción IV: "contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes".
Que en el actual régimen fiscal, el gobierno federal, a través de al Secretaría de Hacienda y Crédito Público, opera un programa de estímulos fiscales para las actividades silvícolas que comprende el cultivo, conservación, restauración, fomento, aprovechamiento y primera enajenación de los productos resultantes que no hayan sido procesados ni transformados de manera industrial;
Que los estímulos fiscales son apoyos gubernamentales destinados a promover el desarrollo de regiones y actividades determinadas, mediante mecanismos tales como la disminución de tasas impositivas, exenciones fiscales parciales o totales;
Que debe tenerse en cuenta que las empresas comunales o ejidales, aún dedicadas a la comercialización, no son lucrativas. El campesino no se asigna salario por sus labores. El usufructo de las tierras forestales es en común, por usos y costumbres y por mandato de ley, ya que la Ley Agraria, en su artículo 59, establece que "será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales".
Esto significa que, aún cuando la asamblea resolviese destinar parcelas en zonas de bosques y selvas en ejercicio de su autoridad suprema en los núcleos agrarios, esta resolución no tendría validez alguna.
Que en un principio de equidad que impregna todo régimen de derecho implica un trato desigual a los desiguales. Dar a cada quien lo que le corresponda no se logra con el régimen de tabla rasa para todos por igual, porque partiría de considerar que todos tienen una situación similar y las mismas oportunidades, lo cual obviamente falso, respecto a lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido la tesis de la igualdad ante la ley de todos los contribuyentes de un mismo tributo, lo cual significa que deben encontrarse en una misma situación jurídica, es decir, deben tributar igual los iguales y desigual los desiguales, como enseguida lo ilustro con la jurisprudencia correspondiente que dice a la letra:
"Impuestos. Principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, constitucional. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo establece y regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos de gravamen que se ubiquen en una situación diversa; implicando además, que se establezca que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, sino que se sustenten en bases objetivas que razonablemente justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría y que puedan responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales.
Novena Época. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II. Diciembre de 1995, página 208.
Consideramos que no debe ser intención de los autores de las iniciativas de reformas hacendarias desconocer y violentar todo el marco jurídico de la Nación, imbuido de una voluntad social que hizo de nuestra Constitución de 1917 la primera en el mundo al plasmar disposiciones de derecho social. Esta Legislatura, representante legítima de la ciudadanía debe defender los derechos y expectativas de ésta, no pasando por alto las disposiciones evidentes entre los sujetos tributarios y tomando en cuenta las características específicas de las actividades desarrolladas por determinados sectores de la población.
Que en todos los antecedentes mencionados se establece que hay un mandato constitucional de apoyo a las actividades silvícolas y a las comunidades y ejidos indígenas, considerándolos sujetos sociales, a los cuales el poder del Estado apoya y protege, el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, en su propiedad y en sus actividades productivas.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que el Ejecutivo federal, en uso de sus facultades constitucionales, decrete un programa de estímulos fiscales con el propósito de promover el desarrollo de regiones y actividades determinadas, mediante mecanismos tales como la disminución de tasas impositivas, exenciones fiscales parciales o totales; para beneficiar a las empresas forestales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2008.
Diputada Irma Piñeyro Arias (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PGR A DAR SEGUIMIENTO A LAS AVERIGUACIONES PREVIAS RELACIONADAS CON EL ROBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER ZAMBRANO ELIZONDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, el suscrito diputado Javier Zambrano Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a fin de de que en el ámbito de su competencia dé seguimiento a las averiguaciones previas relacionadas con ilícitos suscitados por robo de energía eléctrica, así como para que analice la posibilidad y viabilidad de crear una fiscalía especializada para delitos en materia de energía.
Consideraciones
Los delitos en materia de energía han sido un problema que además de representar una afectación económica para la nación, se han traducido en un asunto de seguridad pública. Así pues, tales actos ilícitos se encuadran como delitos de robo equiparado; contra la economía pública, el consumo y la riqueza nacionales.
Combatirlos implica, además de llevar a cabo las medidas necesarias que eficiente la procuración y administración de justicia, mejorar la calidad de los servicios y del suministro a efecto de evitar que se propicie el robo de energía eléctrica e hidrocarburos.
En 2001 el índice de pérdidas no técnicas o por el hurto de energía eléctrica fue de 12.73 puntos porcentuales con respecto a la energía recibida; en 2002, 14.15; en 2003, 15.29; en 2004, 16.37; en 2005, 17.48 y en 2006 alcanzó 18.65 por ciento. En 2006 se calcula que en el caso de Luz y Fuerza del Centro las pérdidas por robo de energía eléctrica (específicamente por medio de "diablitos") ascendieron a 12 mil 500 millones, cantidad que equivale a más del doble del presupuesto federal asignado para seguridad pública en el presente ejercicio fiscal.
En materia de hidrocarburos, el problema de tomas clandestinas ha registrado un incremento del 51 por ciento en 2006, y 136 por ciento para el año 2007, en comparación a 2005 cuando se registraron 137 eventos. El robo de hidrocarburos tanto de productos terminados como de condensados a través de de tomas clandestinas, además de dañar el patrimonio nacional representa un peligro para las comunidades cercanas a los ductos que los transportan.
Según información presentada en diversos medios de comunicación, en 2007 se registraron 323 tomas clandestinas y para el 12 de junio de 2008 ya se habían detectado 152. Además, las tomas clandestinas efectuadas en los oleoductos han observado un incremento preocupante al pasar de tres eventos en 2005 a 165 en 2007; y 84 en lo que va del presente año.
Durante 2007, a nivel nacional Pemex contabilizó el robo de 53.1 millones de litros de gasolina, diesel, turbosina y petróleo crudo, registrándole pérdidas superiores a los 272 millones de pesos.
Aunado a lo anterior, deben considerarse las limitaciones en las políticas públicas que impiden avanzar en la reducción de pérdidas no técnicas; la falta de implantación de las funciones de inspección y la falta de aplicación de sanciones. Adicionalmente, respecto del servicio de energía eléctrica, la proliferación de zonas irregulares rebasan a la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, ante la imposibilidad de regularizar un servicio que no tiene certeza legal en la tenencia de la tierra.
Si sumamos a esta problemática la importancia de la industria energética en la estabilidad política de la nación, resulta menester señalar un foco de atención: Se debe intensificar la procuración de justicia y la prevención del delito, de lo contrario, el constante debilitamiento de la seguridad en la industria energética podría derivar en la interrupción del servicio energía eléctrica, el fraude y el robo de información; situación que atentarían contra un servicio estratégico y por ende de seguridad nacional.
De ahí deriva la preocupación del suscrito por esta problemática, en la que se suman, por un lado, el problema de que un servicio público estratégico se vea amenazado constantemente por actos delictivos; y por otro, que los combustibles, que ya de por sí implican un alto costo al país por importación, sean hurtados en distintos puntos del territorio nacional; situaciones ambas que generan una afectación a la economía nacional y reflejan la deficiencia en el desempeño institucional en el ámbito de procuración de justicia en el proceso de la integración de averiguaciones previas, dejando la puerta abierta a la impunidad.
En este orden de ideas, podría inferirse que el órgano de procuración de justicia requiere hacer más eficiente sus procedimientos para la acreditación de la probable responsabilidad, así como para la reparación de los daños y perjuicios causados; de esta manera se salvaguardaría la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia en el desempeño de la procuración de justicia, y se cumpliría con la máxima diligencia en dicho servicio encomendado.
Al respecto, la insuficiente atención de los delitos en materia de energía pudiera atribuirse a la falta de esquemas específicos para combatirlos, los cuales deben contemplar especialización de recursos humanos, materiales y por ende un presupuesto específico. Desde esta perspectiva, surge y cabe la necesidad de analizar la posibilidad de crear una fiscalía especializada para delitos de robo y sustracción de energía eléctrica e hidrocarburos.
Por ello, considero necesario presentar a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se analice la viabilidad de crear una fiscalía especializada para delitos de robo y sustracción de energía eléctrica e hidrocarburos.
Segundo. En su momento, se informe a esta soberanía las acciones realizadas al efecto y el estado que guardan las averiguaciones previas correspondientes.
Tercero. Esta soberanía se pronuncia, en el ámbito de su competencia, para coadyuvar en la implantación de acciones y soluciones que propicien la materialización de las mejoras que la seguridad pública en asuntos relacionados con delitos de robo y sustracción energía eléctrica e hidrocarburos requiere.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2008.
Diputado Javier Zambrano Elizondo (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A INSTAURAR A TRAVÉS DE LA SE Y DE LA PROFECO MEDIDAS PARA EVITAR ALTERACIONES DE PRECIOS DE PRODUCTOS O TARIFAS DE SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTOS SITUADOS EN CENTRALES DE AUTOBUSES, AEROPUERTOS Y CARRETERAS DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL VILLICAÑA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Rafael Villicaña García, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 59 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Es una acción necesaria para las personas viajar, por motivos de trabajo, estudio, asuntos personales o familiares, turismo, etcétera.
Para viajar dentro de una entidad federativa, por el territorio nacional o al extranjero, se tienen que hacer gastos monetarios, bien sea que se traslade mediante transporte particular, o bien, haciendo uso del transporte público en sus diversas modalidades.
Sabemos de la precaria situación económica por la que están pasando millones de familias mexicanas, en donde la falta de empleo, la perdida del poder adquisitivo, los constantes aumentos a los combustibles, hacen cada vez mas difícil la posibilidad de poder trasladarse; quienes en muchos de los casos lo hacen por necesidad y urgencia y muy pocas veces o casi nunca por motivos de placer.
Aunado a lo anterior, ya una vez emprendido el viaje, se presentarán más necesidades y contratiempos que el viajero tendrá que soportar a costa de su bolsillo, ya que, saliendo de casa, por todo hay que pagar, por beber agua u otro líquido, por comer, por usar un sanitario, y el precio de estos productos y servicios no siempre es el mas justo.
Es común encontrar en centrales camioneras, aeropuertos y carreteras del país, establecimientos mercantiles, tales como tiendas, restaurantes, gasolineras, talleres mecánicos, cuyos dueños u operadores, no respetan el precio vigente de los productos o servicios que expenden o prestan, aprovechándose de la urgencia de quien requiere de ellos y no puede darse el lujo de comparar precios. Como es posible que si una botella de agua de un litro normalmente cuesta siete pesos, en los sitios a que hago referencia su precio es de quince o veinte pesos; esto por mencionar solo un ejemplo, pero ningún artículo se escapa de ser encarecido.
Tal pareciera estos lugares son zonas económicas en donde todo se paga a costo de lujo, en donde no existe regulación en esta materia, más que el afán desmedido de lucrar.
La Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 7, establece que "todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes a persona alguna.
Por otro lado, la autoridad competende debe poner remedio a la situación que vengo planteando. Así, el cuerpo legal antes mencionado en su artículo 8, establece para a la Procuraduría Federal del Consumidor la facultad de verificar que se respeten los precios máximos establecidos en la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinadas por las autoridades competentes.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instaurar, por conducto de la Secretaría de Economía, así como de la Procuraduría Federal del Consumidor, y en la medida de sus atribuciones, medidas de vigilancia y de sanción en tiendas, restaurantes, talleres, y cualquier otro prestador de servicio, que se encuentren establecidos en centrales de autobuses, aeropuertos y carreteras del país, tendientes a evitar que éstos excedan o alteren los precios de los productos o servicios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de Octubre del 2008.
Diputado Rafael Villicaña García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTA SOBERANÍA OTORGA UN RECONOCIMIENTO PÚBLICO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DOCTOR JOSÉ ELEUTERIO GONZÁLEZ, DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, A CARGO DEL DIPUTADO GUSTAVO FERNANDO CABALLERO CAMARGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formula ante este honorable Pleno la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hoy hago uso de la más alta tribuna de la nación para hablar sobre un tema que es de gran importancia para todos los mexicanos. Me refiero a la trascendencia que tiene brindar apoyo y reconocimiento a las instituciones encargadas de ofrecer y garantizar la asistencia de salud a la población en general.
La salud es un derecho fundamental de todo ser humano. Para los mexicanos es un derecho que se consagra en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, lo cual nos exige, como integrantes de un poder emanado del pueblo, velar porque se respete y se cumpla, para que todo mexicano reciba un servicio de salud con calidad y oportunidad.
Cabe señalar que, de acuerdo con un estudio realizado por la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el sector salud en México cuenta con una enorme ineficiencia en sus servicios, situando a nuestro país dentro de los de cobertura más baja en esta materia. Sólo basta con observar que más del 50 por ciento de los mexicanos no cuentan con seguridad social del Estado y sólo el 3 por ciento tiene seguro privado, lo cual pone en evidencia la falta de interés de nuestras autoridades en un tema tan importante para la sociedad mexicana.
Es inaceptable que nuestro país sólo destine el 6.1 por ciento de su producto interno bruto (PIB) para salud, mientras que en otros países similares al nuestro, como Argentina, se destina el 9.5 por ciento. De igual manera, son exiguos los recursos destinados a la investigación científica en el sector salud.
Es de señalarse que, a pesar de que en los últimos años se ha realizado una serie de acciones con la finalidad de incrementar y mejorar los servicios de salud en el país, éstas han sido insuficientes para cubrir la demanda que requiere la sociedad mexicana. Sólo basta observar que, de acuerdo a cifras emitidas por la OCDE, en nuestro país hay 1.5 doctores por cada mil habitantes.
México requiere de una gran reforma en materia de salud, que vaya de la mano con los grandes avances tecnológicos, y enfocada no sólo a cubrir el primer cuadro de enfermedades que agobian a la población. Lo que México requiere es ponerse a la vanguardia y enfrentar los retos que las enfermedades de la época representan para los ciudadanos y, sobre todo, para el sector salud.
Nuestro discurso debe ir encaminado a la recuperación de lo social, donde se conjugue lo político y lo económico en un mismo proyecto; que, pese a las contradicciones de una débil política implantada por el gobierno, se debe sacar a flote la importancia que representa la salud de todos y para todos los mexicanos sin distingo.
En este sentido, quiero hacer un reconocimiento al hospital universitario Doctor José Eleuterio González, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por su gran labor, dedicación y esfuerzo en la búsqueda incansable de la excelencia académica en la formación de profesionales de la salud, y a su gran espíritu y compromiso de servicio para con la sociedad neoleonense y, en general, con todos los mexicanos.
Es de destacar la excelente labor que ha desempeñado a través de los años la Facultad de Medicina de la UANL en la formación de profesionales de la salud, en dónde hoy se han formado a más de 11 mil 300 médicos, más de 13 mil químicos clínicos biólogos, más de 3 mil 200 especialistas en diferentes áreas, más de 220 egresados de maestría en ciencias, más de 100 egresados del doctorado en ciencias y más de 50 egresados del doctorado en medicina.
De igual forma, es importante resaltar que la institución ha destacado a nivel mundial por su trabajo en las área de investigación y cuenta con 65 profesores incorporados al Sistema Nacional de Investigadores, lo que representa el 98.5 por ciento de los miembros de del Sistema Nacional de Investigaciones de Nuevo León.
En este sentido, me gustaría mencionar algunos datos que nos permitirán darnos cuenta de la trascendencia que tiene el hospital universitario Doctor José Eleuterio González para el sector salud, y la importancia de brindar nuestro total apoyo a tan importante institución.
El hospital cuenta con 50 camas en cuidados intensivos e intermedios de pediatría y 33 cubículos de cuidados intensivos adultos.
Anualmente se atienden más de 250 mil consultas, más otras 250 mil que se ofrecen en 18 centros comunitarios que se tienen distribuidos en el área metropolitana.
Se practican más de 18 mil cirugías anuales en los quirófanos centrales, que son 16 salas, y más de 10 mil cirugías ambulatorias en otros 12 quirófanos ambulatorios, que forman parte del hospital.
Se practican más de un millón 100 mil estudios de laboratorio y más de 110 mil estudios radiológicos.
El hospital ha obtenido la certificación otorgada por el Consejo de Salubridad General vigente durante 2008, y el cuál, en septiembre, fue reevaluado para la recertificación. Asimismo, cuenta con un centro hospitalario innovador en el tema de trasplantes, ya que es el único en el país en donde en la actualidad se practican trasplantes de pulmón.
Con la misma energía que en esta tribuna se han señalado desatinos y desaciertos a diversas instituciones, hoy me siento obligado a señalar la correcta aplicación de los recursos, el profesionalismo, la vocación social y de servicio con que éste hospital ha venido trabajando.
Por ello, hago propicia la ocasión para enviar una felicitación a todos aquellos que integran el personal, la plantilla docente y los alumnos egresados de tan honorable institución, la cual se encuentra siempre en la búsqueda de la más alta calidad, considerando siempre salvaguardar los valores éticos y humanísticos pero, sobre todo, un amplio compromiso social.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto ante esta soberanía la proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política que le sea otorgado un reconocimiento público al hospital universitario Doctor José Eleuterio González, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con la finalidad de honrar su ardua labor y desempeño en la formación de profesionales de la salud, teniendo como principal objetivo la salvaguarda de ésta y el bienestar de los neoleonenses y, en general, de todos los mexicanos.
Palacio Legislativo, a 14 de octubre de 2008.
Diputado Gustavo Caballero Camargo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DECRETAR A TRAVÉS DE LA SEMARNAT Y DE LA CONAGUA UNA MORATORIA PARA IMPEDIR LA EXTRACCIÓN DE ARENA EN VALLE DE GUADALUPE, EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR MANUEL RAMOS COVARRUBIAS Y FRANCISCO JAVIER PAREDES RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LX Legislatura, Héctor Manuel Ramos Covarrubias y Francisco Javier Paredes Rodríguez, presentan ante la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, se declare una moratoria a la extracción de arena del Valle de Guadalupe en Ensenada, Baja California, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 5 y 6 de agosto en la ciudad y puerto de Ensenada, Baja California, tuvo lugar el I Foro Legislativo de la Industria Vitivinícola, encuentro que contó con la participación de legisladores federales integrantes de las Comisiones de Recursos Hidráulicos, de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Agricultura, de Turismo, y de Ciencia y Tecnología; en este sentido, el foro sirvió para escuchar y atender los planteamientos, necesidades e inquietudes del sector vitivinícola nacional, además de resultar enriquecedor pues hizo ver el potencial que tiene la industria vitivinícola, debido en gran medida al aumento observado y previsto a nivel mundial en el consumo de vino.
Así fue que en la declaratoria de dicho evento nos comprometimos a impulsar, desde la Cámara de Diputados una serie de propuestas en beneficio del desarrollo pleno de la industria vitivinícola mexicana, la cual de muchas maneras requiere de apoyo solidario para consolidarse y garantizar su subsistencia.
En este contexto, es que presentamos la presente proposición, la cual obedece a la extracción desmedida de arena que se esta haciendo en todo el Valle de Guadalupe, corazón de la zona de viñedos del municipio de Ensenada, lo cual es provocado, en gran medida, por la creciente demanda del mercado estadounidense, al cual le resulta más redituable importar arena de México que hacer frente a las fuertes regulaciones que existen en aquel país para la extracción de dicho material.
Debido a lo anterior, la explotación de los bancos de arena de los arroyos es una actividad que ha venido desarrollándose de forma excesiva en el Valle de Guadalupe, impactando de forma negativa en el entorno y su medio ambiente, poniendo en peligro los mantos acuíferos y la sustentabilidad de los viñedos privilegiados con los que cuenta esta zona única en el país. Los lechos de los arroyos del Valle de Guadalupe se degradan a causa de la sobreextracción de arenas que se está haciendo en los arroyos, provocando la erosión de las riberas y destrucción del hábitat acuático y ripario.
Tal depredación, contribuye de manera directa con la pérdida de la capacidad de almacenamiento interrupción de los flujos del agua subterránea, y la disminución en la recarga de los acuíferos los cuales, en un ambiente semidesértico, requieren de la arena para impedir la evaporación del agua de lluvia que en condiciones normales se filtraría, todo lo anterior, en perjuicio de la población de la región, la cual debe absorber los altos costos por la escasez del vital liquido y por los procesos de purificación el agua.
La arena, además de ser un recurso no renovable, cumple con una función vital para el ecosistema de esta región de nuestro país, razón por la cual debe ser suspendida de manera urgente su extracción, hasta en tanto el gobierno mexicano efectúa minuciosos estudios que cuantifiquen la viabilidad de continuar otorgando concesiones que pongan en riesgo a este hermoso y productivo valle. El estado de Baja California contribuye con el 50 por ciento de la arena que se extrae en todo el país; según datos de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, sólo el municipio de Ensenada cuenta con 47 concesiones en funcionamiento.
No omitimos mencionar que este situación ya ha sido planteada a este Pleno en la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley Federal de Derechos y en la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y a la Conagua para que no se autoricen prórrogas sobre las concesiones para la extracción de materiales pétreos en Baja California, hasta que se realice un estudio de impacto ambiental particular y acumulativo que determine con precisión las afectaciones que se generan por esta actividad, ambas presentadas por el cosuscriptor de la presente, diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua se decrete una moratoria para impedir la extracción de arena del Valle de Guadalupe, hasta en tanto dichas autoridades no realicen los estudios pertinentes que permitan conocer y cuantificar el auténtico impacto ambiental provocado por la extracción de dicho material.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua proceda a la revisión de todas las concesiones otorgadas para la extracción de materiales pétreos en el resto del país, con la finalidad de detectar e imponer las medidas necesarias que frenen los daños ambientales que se pudieran estar provocando derivado de la concesión.
Tercero. Se exhorta a esta soberanía para que se aboque a trabajar en una legislación más completa y estricta para regular la extracción de materiales pétreos y establezca castigos más severos para el que sobreexplote éstos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2008.
Diputados: Héctor Manuel Ramos Covarrubias, Francisco Javier Paredes Rodríguez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE BAJA CALIFORNIA A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA OPERACIÓN REALIZADA EL 13 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN EL CERESO LA MESA, DE TIJUANA, A CARGO DE LA DIPUTADA EVA SÁNCHEZ VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada federal Eva Angélica Sánchez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición de urgente u obvia resolución con punto de acuerdo, fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes
El domingo 14 de septiembre del presente año se registro un motín en el centro de readaptación social (Cereso) La Meza, situado en Tijuana, Baja California; se tuvo conocimiento que el saldo de los enfrentamientos entre los reclusos y los cuerpos de seguridad internos y externos de Estado fue de tres personas privadas de la vida.
Aunado a lo anterior tres días después, el miércoles 17 de septiembre del presente año se volvió a producir un enfrentamiento entre los reclusos del penal de La Meza contra custodios de dicha institución, cuerpos especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado e Integrantes de la Policía Federal Preventiva; en esta ocasión el saldo fue de 19 reclusos muertos y cerca de cuarenta reclusos heridos; cifras obtenidas de los propios comunicados de las autoridades estatales.
Considerando
Sin duda lo primero que tenemos que entender compañeros y compañeras legisladoras, es que la persona que es privada de su libertad por una orden jurisdiccional, sólo se le restringen sus derechos político electorales y su libertad, es decir, todas las garantías individuales que se encuentran en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les son aplicables, el Estado sigue siendo el garante de su seguridad, su vida, su patrimonio y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos.
El primero de los motines tuvo su origen en el homicidio de un recluso la noche del sábado trece de septiembre, a manos de un custodio por el supuesto terrible de contar con un celular al interior del penal; eso en el Cereso de La Meza se castiga con una golpiza que cause la muerte; no olvidamos que este tipo de medio de comunicación se utiliza también con fines delictivos en estos centros, pero de ninguna forma toleramos la muerte de un mexicano por este hecho.
El Cereso tiene una población estimada de ocho mil quinientos reclusos; dicho inmueble fue diseñado para tener una capacidad máxima de seis mil personas; quienes constantemente se han inconformado por la deficiencia en el suministro de alimentos; el maltrato físico y psicológico a los internos por parte de los custodios; la incapacidad de proporcionar las medicinas necesarias a quienes padecen de alguna enfermedad; la inexistencia de celdas suficientes para los reclusos y en consecuencia camas para los confinados en una celda; la separación de reclusos de acuerdo al delito por el cual están recluidos; ropas suficientes para los internos y sobre todo respetar la dignidad humana.
Así haciendo caso omiso por lo establecido en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955; y del cual México es parte.
Si bien es cierto todo lo anteriormente descrito son contravenciones flagrantes por las autoridades del estado de Baja California en la administración de los centros penitenciarios y a lo que debemos considerar deben ser corregidas inmediatamente; pero lo que nos ocupa hoy es aun de mayor preocupación: la violación expresa a lo dispuesto por la legislación internacional en la defensa y protección de los derechos humanos, además la contravención de la propia legislación penal de dicha entidad federativa, es decir, la privación de la vida de veintiún reclusos del Cereso de La Meza, por cuerpos de seguridad locales y estatales; el abuso de la fuerza en nombre del Estado.
El operativo efectuado por lo Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Baja California en coordinación con la Policía Federal Preventiva fue una catástrofe así lo demuestran los resultados en su conjunto: veintiún muertos y cerca de setenta y dos reclusos lesionados.
Ahora bien la pregunta es ¿quién dio la orden de socavar el motín por medio del uso de armas de fuego?, ¿por qué no se privilegió el sometimiento del "motín" por armas disuasivas o que no causaran lesiones graves o causaran la muerte?, ¿a quiénes la autoridad competente del Estado de Baja California, les inició una la integración de averiguaciones previas y el deslindamiento de responsabilidades penales?
Es necesario puntualizar el catálogo de agravios cometidos por la autoridad estatal contra los derechos humanos de los reclusos del Cereso La Meza.
El numeral cinco de las disposiciones generales de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley adoptado en el octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba), dispone que: "Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego". Como es público y notorio, los policías desarrollaron sus funciones sin disponer de otros medios como balas de goma; inmovilizadores o incapacitadores.
Sin duda una de las responsabilidades más atroces de las autoridades fue el carecer de información pronta, expedita y creíble para las familias de los internos, quienes después de 48 horas, no tenían la posibilidad de ser informados sí su familiar había perdido la vida o sería trasladado algún centro hospitalario como lo marca el numeral 5 inciso d), de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego.
En días recientes nuestro país ha sufrido una ola de violencia sin comparación en esta década; primero, nos enteramos de la ejecución de once personas en el estado de Yucatán; luego la existencia de 24 personas asesinadas, encontradas en La Marquesa, estado de México; y el acto más abominable y despreciable, detonar una arma de uso exclusivo del ejército en un una concentración pública y festiva como lo fue en la ciudad de Morelia; mi solidaridad y tristeza con todos los familiares de las victimas por estos terribles asesinatos.
Pero nos encontramos ante un hecho que no tiene precedente, donde las fuerzas de seguridad del estado de Baja California privaron de la vida a 21 personas en distintos actos pero con un mismo responsable; la incapacidad de las autoridades en el empleo de la violencia contra los reclusos de dicho penal; y específicamente en la incapacidad de resolver las condiciones mínimas para garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignidad humana.
En mérito de lo expuesto y fundado, solicitamos la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al ciudadano gobernador del estado de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán a informar sobre la situación jurídica que enfrentan los responsables de diseñar, ordenar y ejecutar el multicitado operativo los días 14 y 17 de septiembre en el centro de readaptación social de La Meza.
Segundo. Se le exhorta a informar a esta soberanía cuáles son las acciones inmediatas para corregir las violaciones a los derechos humanos de los reclusos, del centro de readaptación social de La Meza en Tijuana, Baja California.
Tercero. Asimismo, se le exhorta a informar de qué forma se está apoyando a los familiares de los reclusos que fueron asesinados en los hechos multicitados y la forma en qué se les está reparando el daño.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 14 de octubre de 2008.
Diputada Eva Angélica Sánchez Valdez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT Y AL GOBIERNO DE VERACRUZ A EFECTUAR ACCIONES COORDINADAS PARA ATENDER LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO BLANCO, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO MONTALVO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
De la totalidad de agua existente en el planeta, sólo una pequeña parte es aprovechable por los seres humanos y la mayor parte por el medio ambiente.
De acuerdo con los datos del Primer Simposio sobre Potabilización del Agua de Mar, efectuado en Washington, DC, en 1965, se calcula que existen en la Tierra alrededor de mil 300 millones de kilómetros cúbicos de agua, de los cuales el 97.2 por ciento se encuentra en los océanos y el 2.8 por ciento es agua dulce, de la cual 28.3 millones de km3 está en los casquetes polares y en las altas cordilleras, 8.1 millones de km3 se encuentra disponible en ríos, lagos, arroyos, manantiales y depósitos subterráneos, y el resto está en la atmósfera.
Del agua que puede ser disponible para el ser humano, el 80 por ciento se utiliza en la agricultura de regadío, que se contamina poco, dependiendo de los abonos químicos que se hayan utilizado. El 14 por ciento del agua lo utiliza la industria, que es altamente contaminada. El 6 por ciento restante lo utiliza la ciudad, que también está muy contaminada una vez que se ha utilizado. Frecuentemente, asimismo, parte del agua disponible se pierde a causa de las malas conducciones. Se puede perder hasta el 40 por ciento del total embalsado.
Dentro de los principales contaminantes del agua se encuentra las aguas residuales domésticas, estiércol, residuos alimenticios, algunos residuos industriales, los plaguicidas, plásticos, detergentes, residuos industriales, aceites, ácidos, sales, metales tóxicos, nutrientes vegetales, cenizas, arenas, gravillas, sólidos provenientes de la erosión de los suelos, residuos de nucleoeléctricas, medicina nuclear, organismos patógenos como las bacterias y los virus, así como la maleza acuática como los lirios, algas y otros vegetales.
Pero actualmente, ya no son solamente estos desperdicios orgánicos los que son arrojados a los ríos y a los mares, sino cantidades mayores y desperdicios de productos químicos nocivos que destruyen la vida animal y vegetal acuática, anulando o excediendo la acción de las bacterias y las algas en el proceso de biodegradación de los contaminantes orgánicos y químicos de las aguas.
Como ejemplo fehaciente tenemos la lamentable contaminación de la mayor parte de los ríos del país, entre ellos el río Blanco, ubicado en el estado de Veracruz, provocada principalmente por la industria de las ciudades de Nogales, Orizaba y Córdoba, ya que usan el río como vía de eliminación de sus desechos y sus caudales descienden, a los municipios de Acultzingo, Ciudad Mendoza, Nogales, Huiloapan de Cuauhtemoc, Río Blanco, R. Delgado, Orizaba, Ixtaczoquitlan, Fortín de las Flores, Naranjal, Coetzala, Amatlán, Cuichapa, Omealca, Cuitlahuac, Tierra Blanca, Tlalixcoyan desembocando en la Laguna de Alvarado. Tal es el caso, que en el año 2006, se registró la muerte de miles de peces, ocasionada presuntamente por descargas de los residuos de los ingenios azucareros.
Aunado a lo anterior, se ha visto perjudicado el río por accidentes viales, como la volcadura en la región de Orizaba-Nogales de una pipa de Pemex, que derramó más de 24 mil litros de combustóleo, agravando más la situación en este importante afluente que recibe las descargas contaminantes de las fábricas de la región.
La contaminación de Río Blanco ha llegado a perjudicar gravemente el equilibrio ecológico de los seres humanos y de su entorno. Por ello, es necesario que la Semarnat realice de manera coordinada con las autoridades correspondientes del estado de Veracruz, acciones concretas que prevengan y solucionen la creciente contaminación en este importante afluente.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta honorable asamblea proposición conforme al siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar, de manera coordinada con el estado de Veracruz y los municipios, acciones concretas para evitar y solucionar la contaminación del río Blanco, informando por escrito a esta soberanía sobre las políticas establecidas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2008.
Diputado Pedro Montalvo Gómez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP, A LA CONDUSEF Y AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA A INFORMAR SOBRE EL FIDEICOMISO 56342/FID/III/06, RELATIVO AL FONDO DE RESERVA DE LA ASEGURADORA LA REPÚBLICA, A CARGO DEL DIPUTADO ROLANDO RIVERO RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los trabajadores y ex trabajadores de Petróleos Mexicanos que laboraron en el periodo comprendido entre 1970 y 1992 me han pedido la intervención para que se investigue las aportaciones de un seguro de vida contratado en ese entonces con la compañía La República, que desde 1994 anuncia la quiebra y los activos y pasivos son incorporados al Grupo Interacciones, SA de CV, los cuales pasan a formar parte del fidecomiso bancario número 56342/FID/III/06, el cual ascendió a ochocientos veintiocho millones quinientos cuarenta y siete mil ciento noventa y ocho pesos (828 millones 547 mil 198 pesos) producto de las aportaciones para un seguro de vida contratado a través del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana con la compañía de seguros La República.
Rolando Rivero Rivero, diputado federal integrante de la LX Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamentos de los artículos 58,59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante quien expongo la siguiente proposición con punto de acuerdo basado en lo siguiente:
Este punto de acuerdo pretende exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana con el único objeto de dar seguimiento a la sentencia a favor de los trabajadores lograda el 3 de octubre del 2005 en donde se condena al reembolso de la reserva matemática depositada legalmente ante la instancia hacendaria del gobierno federal para beneficio de todos los que laboran o laboraban durante el ejercicio de 1970 a 1992 y que hasta la fecha han venido afectando a mas de 80 mil trabajadores de los cuales 10 mil pertenecen al Consejo de Defensa de Minatitlán, AC.
Se menciona así mismo que una vez decretada la resolución final los trabajadores a través de la coalición petrolera independiente comenzaron con los trámites para reclamar lo que se le había descontado en el periodo 1970-1992, que se realizaría a través de una institución bancaria.
Se hace notar que el fallo anterior fue conocido por la pasada administración federal desde finales de septiembre del 2006 y el expediente turnado al subsecretario de gobierno el 14 de noviembre del 2006 mediante el oficio UCG/007147/2006 acusado con el folio 009013 tomando también conocimiento la Conducef mediante la copia girada por los trabajadores a la comisión.
Se hace conocimiento también que a la fecha aun se encuentra pendiente de resolver y que a pesar de declararse a la quiebra la empresa seguros la republica los activos fueron incorporados al Grupo Interacciones, SA de CV, conformándose un fondo de reserva y un fideicomiso bancario numero 56342/FID/III/06, el cual ascendió a la cantidad antes citada de 828 millones 547 mil 198 pesos.
De igual manera, como diputado federal de esta LX Legislatura, pide que se reviva el caso y se condene al reembolso de la reserva matemática, depositada legalmente ante la instancia hacendaria del gobierno federal y se invoca al contenida en el artículo 31, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, así como lo previsto del articulo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, por cuanto hace a sus fracciones primera y tercera, que a la letra señala.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
Fracción VIII. Ejercer las atribuciones que le señalen las leyes en materia de seguros, fianzas, valores y de organizaciones y actividades auxiliares de crédito.
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
Artículo11. La comisión nacional esta facultada para:
I) Atender y resolver las consultas que le presenten los usuarios, sobre asuntos de su competencia;
II) Atender y en su caso resolver, las reclamaciones que formulen los usuarios, sobre los asuntos que sean de su competencia de la comisión nacional;
III) Llevar acabo el procedimiento conciliatorio entre el usuario y la institución financiera en los términos previstos en esta ley, así como en una institución financiera y varios usuarios, principalmente en los casos que estos hallan contratado un mismo producto o servicio mediante la celebración de un solo contrato, para lo cual dichos usuarios deberán apegarse a lo establecido en el último párrafo del artículo 63 de esta ley.
Al mérito de lo anterior expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. Se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia y su colaboración entre poderes, y en los términos en el artículo 93 constitucional, que informe a esta soberanía sobre el conocimiento y medidas adoptadas, en su caso, sobre la constitución administración y aplicación sobre los fondos del fidecomiso bancario 56342/FID/III/06, relativo al fondo de reserva de la empresa de seguros La República, actualmente Interacciones, SA de CV, con objeto de afrontar sus obligaciones patrimoniales, contraídas respecto del pago del seguro de vida de miles de trabajadores y ex trabajadores de Petróleos Mexicanos contratados durante el periodo de 1970 a 1992.
Segundo. Se solicita al titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros que informe a esta soberanía sobre el conocimiento de las medidas implementadas conforme al artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros, la forma en que se ha dado la solución del conflicto entre los trabajadores que contrataron el pago de seguro de vida descrito anteriormente.
Tercero. Se exhorta al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana a hacer uso de sus recursos y facultades en defensa de sus trabajadores para la liquidación pronta y expedita de los fondos que originaron el fidecomiso bancario 56342/FID/III/06, el cual está sin resolver hasta la fecha.
Diputado Rolando Rivero Rivero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SCT Y AL DIRECTOR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DAR PRIORIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE CONCESIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LOS OPERADORES DE DICHA TERMINAL, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JUAN NICASIO GUERRA OCHOA Y RUBÉN AGUILAR JIMÉNEZ, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD Y DEL PT, RESPECTIVAMENTE
Los que suscriben, diputados Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD y Rubén Aguilar Jiménez, del Grupo Parlamentario del PT, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Señoras y señores legisladores, como ustedes saben la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, implica incrementar la oferta del servicio público de transporte terrestre.
Para solucionarlo la SCT, a través del director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ha optado por la vía de las licitaciones, aunque también en ocasiones por la adjudicación directa de concesiones. Ante esta situación, los operadores se han organizado para establecer una empresa propia de auto transporte de pasajeros, tal y como la administración aeroportuaria se los solicitó, a fin de participar en la adjudicación de los respectivos permisos.
El problema central, es que no obstante que los compañeros operadores han cumplido con dichos requisitos, y que han solicitado a las autoridades su disposición para dialogar y trabajar conjuntamente, hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. Por lo que se sienten desplazados, relegados e ignorados.
En la actualidad cerca de 50 concesiones ya han sido adjudicadas de manera directa, por el director del aeropuerto, a la empresa "Porto Taxi" y están por adjudicar otras 350 al "Sitio 300 AC". Esto es, compañeras y compañeros legisladores, un problema que se presenta en forma recurrente en la administración federal. Que implanta una política excluyente en beneficio de las grandes empresas establecidas, ya constituidas y capitalizadas, excluyendo a las demás empresas y organizaciones de trabajadores.
Lo anterior no obstante a las recomendaciones vertidas por la Comisión Federal de Competencia, en donde se pronuncia, en este caso en particular, en ampliar la competencia en dicho servicio. Recomendando que sea la gente que labora en el AICM y que esté constituida en empresa, ambos requisitos cubiertos por los referidos operadores.
En palabras de los trabajadores "ante la necesidad de cumplir con la normatividad que tanto, ASA como la SCT requirieron en su momento, constituimos una agrupación denominada Transportistas de Turismo Aeropuerto Benito Juárez AC, y más tarde una empresa de transporte de pasajeros cuyo nombre es Montoyas Tours SA de CV". Documentación que ya se encuentra en poder de la SCT de la Cofeco, y del AICM.
Este problema se plantea ante esta soberanía, porque es un asunto que compete a las autoridades federales, pero que además es un asunto de elemental justicia, en estos momentos tan álgidos en que urge una distribución más justa de la riqueza y de nuevas fuentes de empleo. El problema es sencillo, sólo se requiere un poco de tacto, sensibilidad y voluntad política.
De esa forma, consideramos que hacer un atento llamado por esta honorable Cámara de Diputados a las autoridades pertinentes, en solidaridad con la clase trabajadora, bien puede coadyuvar para solventar la grave situación por la que atraviesa uno de los sectores más desprotegido de la sociedad.
Es importante mencionar que los trabajadores, por su parte, cuentan con la experiencia, los conocimientos y los instrumentos de trabajo, necesarios y suficientes para prestar dicho servicio en las mejores condiciones. En otras palabras, a los operadores del transporte terrestre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los avala su experiencia probada de entre 15 y 20 años de servicio ininterrumpido.
De esa forma es, que no habiendo una excusa válida por parte de las autoridades por la cual deban excluirse de la entrega de dichos permisos y concesiones, que les permitan trabajar honestamente, colaborando con el desarrollo del aeropuerto y, en general, con el desarrollo de México, que solicitamos se les de una respuesta positiva a su solicitud.
De esa manera hacemos un atento, cordial y fraternal exhorto al señor secretario de Comunicaciones y Transportes, doctor Luis Téllez Kuenzler, así como al director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, licenciado Héctor Velásquez Corona, para que en la entrega y adjudicación de nuevas concesiones dé prioridad a las empresas integradas por los operadores.
Es por lo anteriormente expuesto y fundado que proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes, doctor Luis Téllez Kuenzler, así como al director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México licenciado Héctor Velásquez Corona, a que en la entrega y adjudicación de nuevas concesiones para el servicio de transporte terrestre, den prioridad a las empresas y organizaciones de los trabajadores operarios.
(Se anexan firmas de los operadores solicitantes).
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2008.
Diputados: Juan Nicasio Guerra Ochoa, Rubén Aguilar Jiménez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DECLARAR DÍA NACIONAL DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS EL 16 DE OCTUBRE, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE QUINTERO BELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado Jorge Quintero Bello, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta al Poder Ejecutivo federal a declarar el 16 de octubre de cada año como Día Nacional de los Cuidados Paliativos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Organización Mundial de la Salud define los cuidados paliativos como "el cuidado total de los pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento activo con finalidad curativa, el control del dolor y otros síntomas físicos, así como la atención de los problemas psicológicos, sociales y espirituales".
Con motivo del Día Internacional de los Cuidados Paliativos, que este año se celebrará el día 11 de octubre, me permito hacer del conocimiento de esta soberanía que ya fue aprobado en el Senado de la República un punto de acuerdo similar, resaltando la importancia y la trascendencia para que se considere el 16 de octubre como Día Nacional de los Cuidados Paliativos.
Además, en apoyo de la iniciativa de reforma en la Ley General de Salud que impulsó tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados en el anterior periodo ordinario de sesiones y que fue aprobada por unanimidad.
Bajo este preámbulo preguntaría, ¿quién no ha tenido un familiar o alguna persona conocida con enfermedad terminal?, si el término no les resulta familiar, sí lo es el hecho, de tener personas de diferentes edades: desde niños recién nacidos, jóvenes, hasta personas mayores, que padecen alguna enfermedad grave, ya diagnosticada, en fase terminal o de desahucio, ya que tienen un pronóstico de vida de menos de 6 meses, con complicaciones varias, con dolor crónico, de intensidad progresiva y que conforme avanza el deterioro se convierte en un martirio tanto para él como para sus familiares, muchos de los cuales terminan abandonándolos.
El hecho de verlos sufrir junto a sus familiares, es un tema de humanismo y de derechos humanos tratar de ayudarlos y si la medicina moderna lo hace posible, ¿por qué escatimarla? Esto precisamente es el objetivo de la medicina paliativa, que consiste en paliar o amortiguar el dolor y los síntomas acompañantes cuando es posible, o bien tratar de prevenirlo, controlarlo o tratarlo, con analgésicos convencionales o potencialmente más fuertes, quitando las restricciones para poder prescribirlos. Asimismo, acompañado de la aplicación de otros medicamentos necesarios, que hacen sus últimos días o semanas de vida más llevaderos, con un "confort", si se me permite usar el término, tanto físico, emocional, como espiritual, resultado de una terapia integral.
Asimismo mantenerlos informados, a él y a sus familiares, en forma oportuna, veraz, asistirles y apoyarles mediante un gran equipo profesional multidisciplinario, antes, durante y después de la muerte, la cual puede escoger voluntariamente esperarla en su hogar o en el hospital, sin abandono médico y por ende con terapia paliativa.
Las estadísticas mencionan un gran incremento en la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas tales como: cáncer, sida, enfermedades renales, pulmonares, diabetes mellitus, hipertensión arterial y cardiopatías, que son consideradas graves y son las que más frecuentemente llevan a una etapa terminal.
Considero que aún no ha sido atendido de manera eficaz este sector de la población, siendo aún visibles las consecuencias más comunes, como el abandono y el encarnizamiento terapéutico, ambos representan una gran deficiencia y costo para el sistema nacional de salud.
En 1990 la Organización Mundial de la Salud estableció los derechos del paciente terminal, dentro de lo que considera el derecho a no morir con dolor. Cabe destacar que la legislatura del Estado de Jalisco en materia de salud, consagra el derecho de recibir cuidados paliativos en enfermos terminales, desde diciembre de 2003 y creó así mismo el Instituto de Medicina Paliativa.
Hablar de cuidados paliativos en esta soberanía nos resulta familiar, es incuestionable que hemos avanzado en un tema que ha estado presente a lo largo de la existencia del ser humano.
Es bien sabido que los cuidados paliativos no tienen nada que ver con acortar o alargar la vida, siendo irremediable que la muerte se presentará naturalmente.
Es por ello que desde esta tribuna, los exhorto a aprobar este punto de acuerdo, dado que conlleva solidaridad, humanismo, generosidad para nuestros semejantes en situación apremiante y desalentadora por el sufrimiento de una enfermedad progresiva y mortal, los cuales día a día luchan junto con sus familiares y médicos que le asisten en un esfuerzo sin cuartel en esta hostil batalla.
Honremos así, este recinto que nos brinda el privilegio de representar los intereses de todos los mexicanos, pero sobre todo, los intereses de aquellos sectores más desprotegidos.
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Solicito respetuosamente que se considere de urgente y obvia resolución, para exhortar al Ejecutivo federal a declarar el 16 de octubre de cada año como Día Nacional de los Cuidados Paliativos, por las razones expuestas en el cuerpo del presente.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 14 de octubre de 2008.
Diputado Federal Jorge Quintero Bello (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO A SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DE SUS TRABAJADORES JUBILADOS RELATIVA AL PAGO DEL SEGURO DEL TELEGRAFISTA, A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO ADOLFO KLIMEK ALCARAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los jubilados del organismo público descentralizado Telecomunicaciones de México han hecho del conocimiento de un servidor los siguientes hechos:
1. Mediante el oficio circular número 7000.- 0752, de fecha 17 de octubre de 2007, emitido por la Dirección de Administración de Recursos Humanos de Telecomunicaciones, se comunicó al personal de base y de confianza la aplicación del programa específico Liquidación por Jubilación al Personal Operativo del Organismo Público Descentralizado Telecomunicaciones de México, con periodo de inscripción del 17 al 31 de octubre de 2007.
2. Mediante solicitud de inscripción dirigida a la Subdirección de Administración de Personal, aceptada, voluntariamente se incorporaron a dicho programa en consideración de los criterios de prioridad establecidos en la citada circular, los que se sustentan en los requisitos señalados en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia pensionaria; es decir, cumplía el criterio de antigüedad para obtener por ese instituto una pensión.
3. La convocatoria en comento especificaba que una vez obtenido el aviso de baja, se encontrarían en condiciones de tramitar directamente ante las aseguradoras respectivas los pagos de suma aseguradas del seguro colectivo de retiro y del seguro de retiro del telegrafista.
4. En el ejercicio de su derecho al cobro de la suma asegurada ante HIR Compañía de Seguros, SA de CV, solicitaron el pago respectivo, con base en la información proporcionada por el organismo donde laboraban; es decir, con fecha 29 de diciembre de 2006 se formalizó entre HIR Compañía de Seguros, SA de CV, y Telecomunicaciones de México, mediante el contrato número 02/207, por virtud del cual la mencionada aseguradora se comprometió a expedir y operar una póliza de seguro colectivo para trabajadores de Telecomunicaciones de México y en cumplimiento de dicha obligación HIR Compañía de Seguros, SA de CV, expidió la póliza respectiva, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007, con una suma asegurada máxima de 10 mil pesos para cada trabajador asegurado.
5. En respuesta de reiteradas peticiones verbales acerca del pago de la suma asegurada, Telecomunicaciones de México informó que HIR Compañía de Seguros, SA de CV, emitió un comunicado con fecha 4 de marzo de 2008 en el que manifestaba su negativa de pago del seguro de retiro del telegrafista, condición que prevalece a la fecha.
6. El 27 de mayo de 2008 se solicitó a HIR Compañía de Seguros, SA de CV, con fundamento en el artículo 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, respuesta con la mayor brevedad de la presente aclaración y el pago inmediato de la suma asegurada de 10 mil pesos.
7. HIR Compañía de Seguros, SA de CV, se negó a recibir dicho escrito, indicándoles que acudieran a la aseguradora Seguros Inbursa, SA, Grupo Financiero Inbursa, que es la que había ganado la licitación para operar el seguro en 2008, y la cual les debería pagar la indemnización respectiva.
8. Ante la negativa de pagarles la suma asegurada, acudieron ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros a fin que en el procedimiento conciliatorio establecido en la ley de la materia se les cubriera el pago respectivo.
9. En dicho procedimiento, la citada comisión llamó a Seguros Inbursa, SA, Grupo Financiero Inbursa. Al rendir sus informes, las aseguradoras manifestaron en esencia lo siguiente:
a) HIR Compañía de Seguros, SA de CV
Es cierto que mi representada celebró con Telecom el contrato de seguro de retiro del telegrafista, con cobertura del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007, a través de un procedimiento de licitación; sin embargo, en las bases de licitación bajo las cuales se formalizó el contrato de seguro se establece que los siniestros ocurridos durante la vigencia de la póliza, y reportados después de finalizar la vigencia quedarán a cargo y serán pagados, en su caso, por la nueva institución que opere en ese momento la póliza. Es el caso que la nueva vigencia de esa póliza de seguro, con cobertura del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008 quedó a cargo de Seguros Inbursa, SA, según se desprende del acta de fallo de fecha 31 de diciembre de 2007, por lo que la obligación de pago de este asunto en particular, en caso de ser procedente, es a cargo de Seguros Inbursa, SA. Se anexa fotocopia del anexo técnico que constituye las condiciones especiales de la póliza y del acta de fallo de la licitación de fecha 31 de diciembre de 2007.
b) Seguros Inbursa, SA, Grupo Financiero Inbursa
Es cierto que mi poderdante participó en la licitación pública número 09437002-040/2007; asimismo, es importante señalar que las condiciones y los términos de la póliza de seguro en cuestión fueron propuestos en su totalidad por la hoy convocante Telecom, toda vez que mi representada solamente se adhirió a dichas condiciones y términos, dado que las mismas devienen de una licitación en que la institución aseguradora no hace más que someterse a las condiciones de la póliza propuesta por el licitante, en este caso Telecom, por lo que a cualquier deficiencia u oscuridad en las mismas deben contemplarse en beneficio de mi representada, aclarando a esa comisión y a la reclamante que la vigencia de la póliza empezó a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2008, por lo cual solamente se responderá por los siniestros que ocurran durante esta vigencia, y no en forma retroactiva; lo anterior, de acuerdo con la licitación actual.
En conclusión, la solicitud de los jubilados de Telecomunicaciones de México es que se solucione el pago del seguro del telegrafista.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al organismo público descentralizado Telecomunicaciones de México a solucionar la problemática de sus trabajadores jubilados relacionada con el pago del seguro del telegrafista.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 octubre de 2008.
Diputado Octavio Adolfo Klimek Alcaraz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS A CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE AGUAS DE DICHA ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ALONSO MEJÍA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN.
El suscrito, diputado federal Luis Alonso Mejía García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a esta soberanía la emisión de un punto de acuerdo mediante el cual se exhorte al gobernador de Tamaulipas, ingeniero Eugenio Hernández Flores, a cumplir, en el ámbito de su competencia, a lo establecido en la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, bajo las siguientes
Consideraciones
La participación en la administración pública es indudablemente un compromiso por alcanzar el bien común, y el acceso a un desarrollo democrático y plural desde cualquier lugar o puesto que se desempeñe.
Sin embargo, la participación en la función pública debe estar regulada por la ley, pues en nuestro país no hay autoridad que no emane de la norma vigente, por lo que sólo en los regímenes autoritarios se aplica el principio de la fuerza sobre la ley y la razón para designar a sus funcionarios.
En los últimos años, la creciente pérdida de credibilidad de los gobiernos es manifestada en la desconfianza de la sociedad hacia la estructura institucional o gubernamental. Todavía en México existen servidores que acceden a la administración pública por factores diversos, como el clientelismo político, nepotismo, compromisos o cualquier otra circunstancia inadecuada, dejando a un lado los criterios que marca ley, lo que provoca que, en algunas ocasiones, se desconozca por parte del funcionario designado las necesidades y demandas de la sociedad. Y es por esta ignorancia que muchas veces se desencadenen inconvenientes de todo tipo, como juicios contra el gobierno, anulaciones, retrocesos y más, que, finalmente, como no se encuentran responsables, quien resulta perjudicado es la colectividad.
En la administración pública, las decisiones de sus funcionarios pueden afectar de forma directa a millones de personas, elevando o disminuyendo su calidad de vida. México, efectivamente, está viviendo tiempos de democracia, tiempos importantes, en donde la participación ciudadana pero, sobre todo, la de los servidores públicos, debe estar sujeta a la legalidad y a la transparencia, para dar confianza y certidumbre a todos los mexicanos y, al mismo tiempo, la tranquilidad que da el saber que estamos en las manos mas calificadas de mujeres y de hombres que nos administran.
Uno de los objetivos fundamentales de esta legislatura es restaurar la credibilidad de los ciudadanos en sus gobiernos, volviendo sus estructuras administrativas más eficientes y, sobre todo, más comprometidas con las verdaderas demandas, expectativas y necesidades de la sociedad.
El presente punto de acuerdo surge a raíz de un hecho violatorio de la legalidad en Tamaulipas. En septiembre se efectúo la designación por parte del gobierno del estado al ex diputado local Mario Andrés de Jesús Leal Rodríguez como gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Comapa Tampico-Madero, el cual no cumple con los requisitos legales para poder ejercer su función al no calificar en capacidad personal o experiencia técnica, lo que imperiosamente pone en riesgo nuestro destino y que, al mismo tiempo, no ha garantizado los resultados necesarios en beneficio de los tamaulipecos; sin olvidar que, a la luz de la legalidad vigente, es ilegitima y arbitraria su designación como lo establece la Ley de Aguas del estado, que a la letra dice lo siguiente:
Artículo 14. Para ser director general de la comisión se requiere
I. Contar con experiencia técnica y administrativa comprobadas de al menos cinco años en materia de agua;
II. a IV.
Articulo 33. Para ser gerente general de un organismo operador se requiere
I. Contar con cédula profesional relacionada con la función, y contar con experiencia técnica y administrativa comprobada de por lo menos cinco años en materia de agua;
II. a IV.
No obstante a lo anterior, el mensaje a la ciudadanía se ha mantenido desde hace muchos años de manera negativa por parte del gobierno de Tamaulipas, considerándose la Comapa en Tampico como la caja chica del gobierno del estado y trampolín político de los futuros candidatos a diputados y presidentes municipales del PRI, como se confirma en la administración actual, desdeñando la normatividad vigente en ese ramo.
Adicionalmente, como uno de tantos ejemplos de las insuficiencias administrativas actuales por la elección al libre arbitrio de los funcionarios tamaulipecos, una vez más se ha menospreciado la transparencia y la rendición de cuentas, como un acto institucional esencial en todo régimen estatal, regulado específicamente por la misma Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, señalado en su artículo 25, apartado 1, fracción II, que apunta lo siguiente:
Artículo 25
1. Son atribuciones de los organismos operadores
I.
II. Rendir anualmente a los ayuntamientos un informe de las labores realizadas durante el ejercicio anterior, así como del estado general del organismo y sobre las cuentas de su gestión. Dicho informe deberá presentarse dentro de los sesenta días siguientes al término del ejercicio anterior.
III. a XVI.
Situación que a la fecha no se ha cumplido, por lo que en Acción Nacional exigimos que cualquier autoridad, sea política, administrativa o de cualquier índole, debe actuar dentro de los límites del orden legal para poder garantizar las condiciones más propicias y de bien común, cumpliendo con lo que protestamos cuando asumimos un cargo público: Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.
Por esta razón, exponemos la presente proposición a esta honorable asamblea, a fin de exhortar al gobernador de Tamaulipas, ingeniero Eugenio Hernández Flores, a cumplir y hacer cumplir lo establecido en la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas y las relativas.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Luis Alonso Mejía García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta legislatura, presenta a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la honorable Cámara de Diputados exhortar al gobernador de Tamaulipas, ingeniero Eugenio Hernández Flores, a reconsiderar, en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, y en aras de la transparencia, la designación de un gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, que cubra a cabalidad con los requisitos establecidos en dicho ordenamiento legal, en beneficio de los Tamaulipecos; y, así mismo, ordene al organismo operador de la Comapa rinda el informe a que lo obliga el artículo 25 de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas.
Diputado Luis Alonso Mejía García (rúbrica)
