Informes
DE LA COMISIÓN JURISDICCIONAL, RELATIVO AL FORO DE CONSULTA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REALIZADO EL JUEVES 12 Y EL VIERNES 13 DE JUNIO DE 2008 EN HERMOSILLO, SONORA
Funciones de la comisión
Como establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 39, 40 y sucesivos, la Comisión Jurisdiccional es un órgano constituido por el Pleno, con tareas específicas, integrada por un mínimo de 12 y un máximo de 16 diputados. Entre ellos se nombra la Sección Instructora, encargada de las funciones a que se refiere la ley Reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Mesa directiva
Diputados: Arely Madrid Tovilla, presidenta; Edgar Mauricio Duck Núñez, Francisco Javier Santos Arreola, secretarios.
Integrantes
Diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya, Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, Juan Enrique Barrios Rodríguez, Felipe Borrego Estrada, Daniel Chávez García, Arturo Flores Grande, Violeta del Pilar Lagunes Viveros, Javier Hernández Manzanares, Jaime Espejel Lazcano, Ramón Almonte Borja, Gloria Lavara Mejía, Manuel Cárdenas Fonseca.
Elías Cárdenas Márquez (baja)
Por acuerdo de esta comisión se llevó acabo el foro Responsabilidades de los servidores públicos se realizó el 12 y el 13 de junio de 2008, de las 10:00 a las 15:00 horas, en el salón Continental del hotel Gándara, en Hermosillo, Sonora.
Temas
• Propuestas para actualizar el marco jurídico de los procedimientos de juicio político y de declaración de procedencia.
• Diagnóstico y propuestas para un nuevo Título IV de la Constitución, en materia de responsabilidad política y responsabilidad penal.
• Propuestas para una nueva Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Conferencistas
Doctor Luis Ponce de León Armenta, 10:00 horas.
Doctor Juan Poom Medina, 11:00 horas.
Doctor Martín Vera Martínez, 12:00 horas.
Diputado federal Jaime Espejel Lazcano, 13:00 horas.
Difusión del foro
Se difundió en el Centro del Gobierno del estado de Sonora, en el Congreso en la Universidad Autónoma de Sonora y en el Colegio de Sonora.
Palabras de bienvenida, por la diputada federal Arely Madrid Tovilla, presidenta de la Comisión Jurisdiccional
La sociedad exige combatir la impunidad y la corrupción; para satisfacer esa necesidad, se requiere revisar y actualizar de forma integral el marco jurídico constitucional y su ley reglamentaria respecto de las responsabilidades de los servidores públicos, toda vez que en este rubro es donde con mayor recurrencia se presentan actos que hacen a la ciudadanía perder la credibilidad.
En un régimen democrático, la eficacia de la ley se traduce en la capacidad de la sociedad para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes, haciendo valer los procedimientos institucionales que para tal fin se establecen en nuestra Constitución y en las Leyes Secundarías.
En consecuencia, el propósito fundamental de este foro de consulta aquí en Hermosillo, Sonora, es obtener propuestas que impulsen y sustenten las reformas necesarias al marco jurídico constitucional y reglamentario, para lograr su actualización y eficacia, de acuerdo con la realidad y circunstancias de la sociedad, a efecto de fortalecer las instituciones y contar con instrumentos legales necesarios para la substanciación de los procedimientos de juicio político y declaración de procedencia.
A partir de lo anterior, los integrantes de la Comisión Jurisdiccional consideramos que los trabajos de ésta deben responder a los objetivos planteados por los Grupos Parlamentarios representados en este órgano de gobierno; en ese sentido, habremos de discutir y analizar en el foro lo siguiente:
• Propuestas para actualizar el marco jurídico de los procedimientos de juicio político y de declaración de procedencia.
• Diagnóstico y propuestas para un nuevo Título IV de la Constitución, en materia de responsabilidad política y responsabilidad penal.
• Propuestas para una nueva Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En consecuencia, es necesario abrir un gran espacio de consulta nacional en donde se debatan y reflexionen los límites del servicio público y sus responsabilidades ante la ciudadanía. Con ello, se analizará la doctrina, la jurisprudencia, el derecho comparado y la experiencia internacional en este tema.
Con esta visión la Comisión Jurisdiccional podrá proyectar una reforma constitucional y reglamentaria sobre esta materia, que permita hacer eficiente la responsabilidad jurisdiccional del Poder Legislativo federal.
Doctor Luis Ponce de León Armenta, rector del Instituto Internacional del Derecho y del Estado
¿Cuánta impunidad hay en el servicio público? Qué deficiente es la relación entre gobernantes y gobernados. Los gobernados no tenemos instrumentos prácticos sencillos que nos permitan, en un momento dado, denunciar corrupción, violaciones a la ley y que finalmente tengamos un fin adecuado.
Si ustedes revisan ambas leyes, van a ver que las sanciones son tremendamente leves para la lesión que causan esos servidores al erario público; para las lesiones que causa a la credibilidad de la sociedad sobre los servidores públicos.
Entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer para darle un tratamiento definitivo a este gravísimo problema? ¿Por qué el tratamiento tan suave al servicio público?
Nosotros estamos proponiendo un cambio sustancial; una reforma constitucional al Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que cambie radicalmente el tratamiento que hasta ahora se hace a las irresponsabilidades de los servidores públicos, a la corrupción de los servidores públicos, porque ya ocupamos un lugar muy lamentable en el mundo en cuanto a países que padece como un cáncer la corrupción y la impunidad desde luego.
En ese orden de ideas, este cambio sustancial sería en el sentido de crear, de una vez por todas, un tribunal especializado, de justicia del servicio público, que se enmarque dentro del Poder Judicial.
Creo que las funciones del Estado deben de estar perfectamente delimitadas. Las hemos alterado, y con esto hemos, definitivamente, desvirtuado el tratamiento que debe darse a cada situación, en este caso a las responsabilidades de los servidores públicos.
¿Por qué no llevar a los tribunales y a través de un órgano de jurisdicción especializado a los servidores públicos, sea del nivel que sea? Porque si entramos al contexto de la responsabilidad administrativa sabemos que hay servidores públicos que han incurrido en gran responsabilidad, pero que por sus relaciones con el Ejecutivo no son, desafortunadamente, castigados; y sabemos que en el contexto del juicio político, los grupos políticos, los partidos políticos juegan un papel negativo en cuanto a la objetividad del tratamiento que debe darse a una lesión a la sociedad cuando se ha incurrido en las responsabilidades marcadas por la propia ley.
Entonces nosotros proponemos esa reforma de una vez por todas del Título Cuarto, "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", que generaría un código de responsabilidades de los servidores públicos.
Doctor Juan Poom Medina, investigador del Colegio de Sonora
En el presente trabajo se utiliza el modelo agente-principal para hacer un análisis exploratorio de las responsabilidades de los servidores públicos tanto a nivel federal como en los niveles locales. La pregunta que guía el presente ensayo se presenta de la siguiente manera: ¿ante quién son responsables los funcionarios públicos? O, dicho de otro modo, ¿a quién le rinden cuentas? Para esto se hace una breve descripción de lo que es el modelo agente-principal y después se realiza un breve análisis de dicha relación a partir de la legislación federal en materia de responsabilidad de los servidores públicos.
La perspectiva principal-agente como instrumento (marco) de análisis político.
La relación entre ciudadanos y gobernantes electos o funcionarios públicos ha sido una preocupación central en la investigación de los institucionalistas sobre representación y rendición de cuentas (Munck, 2004: 328-329). Para intentar explicar esta relación, el nuevo institucionalismo de la elección racional ha retomado de la economía, el marco analítico del modelo principal-agente que explica el proceso de delegación y la rendición de cuentas (Peter: 2003: 82; Ugalde, 2002: 19).
La característica fundamental de este modelo en el ámbito político define al electorado como el principal y a los gobernantes electos o funcionarios públicos como los agentes. Przeworski y Stokes (1999 cap. 1,4; 2001) señalan que además de destacar las ventajas en términos de la información que tienen los gobernantes o funcionarios electos en comparación con los votantes, este análisis presenta las limitaciones inherentes del voto como un medio para controlar y responsabilizar a los gobernantes electos.
El asunto central de la relación principal-agente es que en distintos contextos el agente (gobernantes o funcionarios públicos) tiene incentivos para desviarse del mandato del principal y actuar en beneficio propio debido a circunstancias que derivan del acto de delegar. En este caso las diferencias de intereses y preferencias que se perciben entre el principal y el agente resaltan en esta compleja relación.
También, el contexto y las circunstancias generan que el agente tenga más información que su principal. En esta relación, el agente ejecuta las acciones y, por su misma situación, cuenta con toda la información sobre las características de sus actos.
Así, como resultado de cualquier relación entre un principal y un agente existen condiciones para que el agente cuente con todos los incentivos para desviarse del mandato original y actuar en beneficio propio. Sin embargo, frente a ese comportamiento algunos mecanismos permiten reducir el oportunismo de los agentes frente a sus principales.
En otros términos, el modelo agente-principal en su forma básica, parte de un supuesto de carácter contractual entre dos sujetos. Uno de los cuales, el "principal", mandata la realización de determinados actos, que por alguna razón se le dificulta realizar, a otro sujeto llamada "agente", el cual deberá cumplir con el encargo en la forma más apegada posible a la voluntad del principal (Ugalde 2002, 35).
Entre las principales razones que dan origen al mandato se encuentran la dificultad para tomar decisiones, la falta de información del principal sobre diversos temas y el nivel de especialización que requiere la actividad a realizar. En esta relación, pueden existir un sin números de contratiempos y circunstancias para que el agente realice su labor, por lo cual con frecuencia deberá asumir la responsabilidad de realizar acciones con el fin de lograr su propósito. En determinado momento el principal puede llamar a cuentas al agente, para conocer el estado de su gestión y saber si esta se encuentra apegada a su voluntad.
Existe también una nivel distinto de responsabilidad, el establecido con niveles medios y bajos de la burocracia, los cuales son responsables ante el secretario del ramo y la cadena de mando que de él se deriva, así se configura una larga y algunas veces complicada cadena de agentes y principales. Donde los ciudadanos son el principal último.
Desde esta perspectiva queda claro que en situaciones donde el principal es capaz de ofrecer incentivos a sus agentes (en algunos países es la reelección) existen altas probabilidades de que el agente reporte detalladamente al principal sus actos y principalmente sus resultados.
Las responsabilidades de los servidores públicos
Para realizar el análisis de la relación agente y principal tomaremos como ejemplo las responsabilidades de los servidores públicos establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP), las cuales son procesadas a través del juicio político y la declaratoria de procedencia.
La LFRSP establece las responsabilidades a las que están sujetos los servidores públicos señalados en el artículo 110 y 111 constitucional, es decir a funcionarios públicos que podríamos denominar de "primer nivel", por ejemplo, senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretarios de despacho, el procurador general de la República entre otros, los cuales, bajo la perspectiva del modelo agente-principal, son vistos en su calidad de agentes, dado que tienen responsabilidades que asumir y por las cuales darán cuenta a través del juicio político o de la declaratoria de procedencia en caso de acusación de carácter penal a los ciudadanos que los acusen.
La posibilidad de juicio político se actualiza cuando alguno de los servidores públicos mencionados realiza u omite acciones que redunden en perjuicio de su buen despacho o del interés público, que de acuerdo con el artículo 7 de dicha ley consiste en:
I. El ataque a las instituciones democráticas;
II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal;
III. Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;
III. Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;
IV. El ataque a la libertad de sufragio;
V. La usurpación de atribuciones;
VI. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;
VII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y
VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal.
Al principal, entendiéndolo como el ciudadano, le corresponde iniciar el proceso y de algún modo coadyuvar en la integración de la investigación ofreciendo pruebas y considerándosele en la presentación de objeciones previo a la resolución final. Pero queda distanciado por la intervención de la Cámara de Diputados, quien actúa como agente del ciudadano y como principal del servidor público.
La Cámara de Diputados, es quien en definitiva formulará la acusación ante la Cámara de Senadores. Es decir, le corresponde sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, siendo el órgano instructor y de acusación, mientras que la Cámara de Senadores funge como Jurado de Sentencia.
En este contexto la pregunta inicial ¿Ante quién rinden cuentas los servidores públicos? cobra relevancia, ya que evidentemente existen dos principales, la Cámara de Diputados y el ciudadano que interpone una demanda. Al respecto solo haremos unas consideraciones que se centran en la dificultad del ciudadano para cobrar una mayor importancia como principal frente a los servidores públicos.
Una primera dificultad consiste en la falta de información, que se traduce en desconocimiento y comprensión de las causales, estas suelen ser tan generales y sujetas a interpretación que pueden escapar al entendimiento del ciudadano común. De la misma forma se puede considerar que resulta complicado identificar a quienes pueden ser sometidos a juicio político; el procedimiento a seguir, así como la obligación de aportar las pruebas.
Otra dificultad consiste en el requerimiento de recursos para llevar adelante una acusación, esto significa, contar con recursos económicos y técnicos para poder solventar una acusación. Quizá debido a estos motivos, en repetidas ocasiones, estos instrumentos jurídicos pueden carecer de eficacia, o bien, llegan a manos de solo unos cuantos que poseen la información y recursos suficientes para atender los requerimientos de legales previstos en la LFRSP, lo cual puede tener el efecto perverso de utilizarse únicamente para venganzas políticas y no para propiciar un sistema de rendición de cuentas que mejore el sistema democrático.
Conclusiones
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos requiere una profunda revisión en la cual se plantee una nueva relación entre ciudadanos y funcionarios, donde el mecanismo de trabajo se presente a una mayor aceptación de que la información pública debe fluir sin mayores restricciones. En el presente trabajo se describieron las características básicas del modelo agente-principal como un instrumento analítico que permite estudiar los problemas de las responsabilidades de los servidores públicos en México. La idea central del documento es que el actual marco normativo que se vincula a las responsabilidades de los servidores es rebasado por la práctica de los funcionarios públicos y la poca información que tienen los ciudadanos para entender la ley y utilizarla para mejorar y presionar a los funcionarios públicos.
Doctor Martín Vera Martínez
Juicio político y declaración de procedencia; elementos de análisis y revisión
Este trabajo tiene dos objetivos: identificar algunas similitudes y diferencias de concepto y de procedimiento entre el juicio político y la declaración de procedencia, por un lado. Por otro, contextualizar su experiencia práctica y proponer algunas adecuaciones que permitan fortalecer su papel para la democracia, el equilibrio entre poderes y, sobre todo, la cultura de la legalidad y el Estado de derecho.
Para ello, la primera necesidad es conceptuar el significado de lo que protege, que es el fuero constitucional. Fuero constitucional era, y es, el derecho que tenían los llamados altos funcionarios de la federación para que, antes de ser juzgados por la comisión de un delito ordinario, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión resolviera sobre la procedencia del mencionado proceso penal. En las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 1982, se le cambió el nombre a este paso, por "Declaración de procedencia", aunque la institución subsiste.
En esa época, se consideraba altos funcionarios de la federación el presidente de la república, los secretarios del despacho, el procurador general de la República, los magistrados de la Suprema Corte, los senadores, los diputados, tanto federales como locales y los gobernadores de los estados. Ahora gozan de esta inmunidad procesal, también los jefes de departamentos administrativos, el procurador general de justicia del Distrito Federal, jueces y magistrados de los poderes judiciales, federal y locales, y los directores generales, o sus equivalentes, de las entidades del sector paraestatal.
El procedimiento que se seguía ante la Cámara de Diputados para que ésta autorizara el mencionado proceso penal ordinario se llamaba "desafuero", pues con él se privaba al alto funcionario de su fuero constitucional. Ahora se llama de declaración de procedencia. Ese procedimiento es muy parecido al del juicio político de responsabilidad, en su primera instancia, por lo cual es frecuente que se confundan.
Por tratarse de una garantía política constitucional, inevitablemente tenemos que analizar los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Carta Magna, que son la base del sistema de responsabilidades de los servidores públicos, reglamentado por la correspondiente ley de responsabilidades.
Artículo 108. Define la figura de servidor público, atendiendo a su relación laboral contractual.
De acuerdo con este texto, el presidente de la república, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
Este artículo, como en general el referido título, permaneció casi sin variación durante sesenta y cinco años, habiéndose reformado por el constituyente permanente a través del decreto publicado en 1982, mismo que en esencia se encuentra vigente.
La primera característica de dichas reformas es la denominación del título cuarto; en efecto, en lugar de referirse a las responsabilidades de los "funcionarios públicos", ahora se aluda a las responsabilidades de los "servidores públicos", a efecto de establecer, conforme lo declara la exposición de motivos, la naturaleza de servicio a la sociedad, que es inherente a los empleos, cargos o comisiones que se ejercen en los órganos administrativos del Estado.
Sin duda, la nueva denominación (de servidores, en lugar de funcionarios) busca contribuir no sólo a desterrar la prepotencia, negligencia y desdén con que se conducen diversos servidores públicos, al amparo de una pésima interpretación del poder que les otorga el cargo. Sobre todo, introduce un concepto, característico de lo que hoy llamamos Buen Gobierno, para formar una conciencia cívica sobre la función de servicio y la conveniencia de exigirles el estricto cumplimiento de sus obligaciones, así como el correspondiente respeto a los derechos e intereses de los gobernados, en beneficio de la plenitud de nuestro Estado de derecho.
Coincidimos plenamente con este espíritu. Precisamente se ha llamado la atención sobre el déficit en el cumplimiento del Estado de derecho que caracteriza a los países de América Latina, en dos sentidos: en el del abismo entre los derechos y responsabilidades escritos, con la práctica real y, del otro lado, en la galopante presencia de la impunidad. Ambas limitan la formación de mejores actitudes cívicas entre gobernados y gobernantes e incluso entre los propios ciudadanos, que viven sus relaciones interpersonales en medio de la desconfianza.
Formamos parte de democracias jóvenes. En 1950 sólo el 30 por ciento de los países eran gobernados por regímenes surgidos de las elecciones. En el año 2000 por ciento, la cifra subió a 60 por ciento, pero el 40 por ciento continua bajo la opresión del autoritarismo.
A pesar del acceso a la democracia, existe una preocupante falta de confianza ciudadana. El Latinobarómetro, que aplica 20 mil encuestas de opinión en 19 países, encuentra que el 60 por ciento de las personas no cree en la democracia como forma de mejorar la condición social. Incluso 1 de cada 4 aceptaría vivir en un sistema autoritario si ello le garantiza un mejor nivel de vida. Una de las razones es la debilidad del Estado de derecho y la impunidad. Este es el contexto del origen y justificación de la exigencia de responsabilidad política y de otros géneros, a los servidores públicos.
Como la aplicación de sanciones penales es competencia de la autoridad judicial, la naturaleza de las sanciones del juicio político es exclusivamente política, ya que de lo contrario se violaría el precepto de non bis in idem o de que a nadie se le puede sancionar dos veces por el mismo acto.
Aunque la doctrina del siglo pasado haya estado en desacuerdo con el término "juicio", el procedimiento jurisdiccional justifica el uso, ya que si bien se trata de un procedimiento especializado, este debe seguir las garantías que todo inculpado goza en un procedimiento penal. Si bien se ha argumentado que no se debe denominar juicio porque no se aplica ninguna sanción o castigo al infractor, sino que solo constituye un correctivo para remover al funcionario, la doctrina americana ha considerado que realmente se trata de un procedimiento mediante el cual sí se puede aplicar una sanción de esencia política y no penal, pero que constituye finalmente un castigo para el funcionario, ya que se logra removerlo del cargo y, en ocasiones inhabilitarlo.
En nuestro caso, a diferencia del texto constitucional anterior, que se refería a la responsabilidad de los llamados "altos funcionarios", atendiendo el principio de igualdad ante la ley, se establece la responsabilidad, a escala constitucional, de todos los servidores públicos, independientemente de su jerarquía, rango, origen o lugar de empleo, cargo o comisión.
A diferencia del texto anterior de este artículo en que se preveía en forma confusa la responsabilidad de ciertos "funcionarios" de la Federación tanto por los delitos comunes como por "los delitos, faltas u omisiones" que cometieran durante el tiempo de su encargo, el vigente, con mejor técnica, establece que los servidores públicos "serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones". Precisamente, en los preceptos subsecuentes de la Constitución se regulan las clases existentes de responsabilidad, penal, administrativa, civil y derivada de juicio político.
Por cuanto a las responsabilidades de carácter federal de servidores públicos locales, el texto constitucional no considera expresamente sujetos de responsabilidades federales a los presidentes municipales, ni a las demás autoridades de los ayuntamientos. Sin embargo, hay que recordar que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala como sujetos a la misma, además de los mencionados en el artículo 108 constitucional.
A "todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos federales", con lo cual pudieran quedar comprendidos en ella no sólo dichas autoridades municipales sino infinidad de personas, incluso particulares, al aludir genéricamente a "personas", por lo que podrían quedar incluidos, por ejemplo, cualquier retenedor de algún impuesto federal. Es claro que esto último resulta inconveniente, por lo que es necesario precisar tal definición.
En el segundo párrafo del artículo 108 se establece que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por la Cámara de Diputados por traición a la patria y delitos graves del orden común, debiendo resolver la Cámara de Senadores con base en la legislación penal aplicable.
De este modo, a pesar de que la doctrina ha insistido sobre la necesidad de que se defina lo que debe entenderse por "delitos graves del orden común" e incluso, ha propuesto soluciones, persiste esta laguna.
Por ejemplo, conforme a la Constitución de 1824 el presidente podía ser responsable durante su periodo por los delitos de traición contra la independencia nacional o la forma establecida de gobierno y por cohecho o soborno, así como por actos dirigidos a impedir que se hagan las elecciones de presidente, senadores y diputados, o a que éstos tomen posesión del cargo o a que ejerzan las facultades que se les atribuyen.
La doctrina ha sostenido que los "delitos graves" son aquellos en los que el indiciado o, en su caso, el procesado no obtiene el derecho del artículo 20 constitucional; o aquellos cuya sanción consiste en la pena de muerte según el artículo 22 constitucional; o aquellos que sean determinados como tales por la propia Constitución o una ley secundaria; o bien que es atribución del Congreso de la Unión el proceder casuísticamente para calificar la gravedad, atendido a las circunstancias del caso concreto y al delito cometido.
Por cuanto al artículo 109, su fracción I, establece la procedencia del juicio político para aquellos servidores de "alta jerarquía" (aunque no utiliza esta expresión) señalados en el artículo 110, "cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho", correspondiendo a la ley reglamentaria del título cuarto establecer las causales respectivas. El segundo párrafo de esta fracción proscribe la procedencia del juicio político por la mera expresión de ideas.
Es necesario advertir que se acuerdo con nuestro sistema jurídico se utiliza la expresión "responsabilidad política" como aquella que puede atribuirse a un servidor público de alta jerarquía como consecuencia de un juicio político seguido por presuntas infracciones graves de carácter político, con independencia de que las mismas configuren o no algún delito sancionado en la legislación penal común.
Las infracciones de carácter político, pues, se refieren a aquellos actos u omisiones de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Las causales del juicio político se caracterizan por su vaguedad, cuya tipificación depende en buena medida de los criterios imperantes entre los miembros de las cámaras. De este modo, el juicio político se presenta como un instrumento para remover a los servidores públicos (de alta jerarquía) previstos en el artículo 110 constitucional (ya sea por incompetencia, negligencia, arbitrariedad, deshonestidad, entre otros), pero sin entregar a un órgano político como necesariamente es el Congreso, la facultad para privarlo del patrimonio, de la libertad o de la vida, función esta última que exige la imparcialidad de un juez en sentido estricto, para evitar los excesos de la pasión política.
El juicio político se inspira en el impeachment británico, pues ya bastaba un voto de censura para eliminar a los miembros del gabinete sin necesidad de una condena penal del Parlamento, en tanto que en épocas más lejanas ese procedimiento correspondía a una verdadera jurisdicción ordinaria, ya que el Parlamento se consideraba competente, incluso, para resolver sobre presuntos delitos y sanciones penales.
El sistema americano, a diferencia del europeo, no puede aplicar además de las sanciones políticas las penales que puedan corresponder. Fue expuesto por Alexander Hamilton en El federalista número 65. Para Hamilton, la finalidad del juicio político es la separación del servidor indigno del cargo público y no la sanción penal o patrimonial de un acto indebido. Aunque después del juicio político puedan proceder esas otras sanciones, Hamilton destacó la importancia de separar la responsabilidad política de los demás tipos de responsabilidad debido a que el daño ocasionado por un funcionario inflige a la comunidad política, esta debe ser resarcida mediante la remoción del funcionario después de un procedimiento seguido ante un órgano político.
La fracción II del artículo 109 se refiere a la responsabilidad penal de los servidores públicos por la comisión de delitos, la cual debe perseguirse y sancionarse en los términos de la legislación penal común, ya sea federal o local, sin distinciones, fueros o privilegios, acorde a lo dispuesto en el artículo 13 constitucional.
Con relación actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos –reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución– tales supuestos se presentan, por ejemplo, en los siguientes casos:
Ataque a las instituciones democráticas;
Ataque a la forma de gobierno republicano, representativo o federal;
Violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;
Ataque a la libertad de sufragio;
Usurpación de atribuciones;
Infracción grave en la aplicación de la Constitución o de las leyes federales;
Omisión grave en la aplicación de la Constitución o de las leyes federales, y
Violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas o presupuestos de la administración pública federal o del Distrito Federal.
El párrafo tercero del artículo 110 constitucional establece las sanciones, las cuales continúan consistiendo en la destitución del responsable y en la prohibición de volver a desempeñar cualquier otra función, cargo o comisión en el servicio público (desde uno hasta 20 años, según lo dispuesto en la ley reglamentaria).
El propio artículo 110 y la ley regulan el procedimiento que también sigue siendo, básicamente, el mismo: En él se concede acción popular para que cualquier ciudadano, bajo su responsabilidad y con elementos probatorios suficientes, pueda presentar denuncia contra alguno de los sujetos del juicio, la cual tendrá que ratificar a los tres días naturales siguientes. El procedimiento es biinstancial, seguido primero ante la Cámara de Diputados, considerada como órgano de acusación y, posteriormente, ante el Senado como jurado de sentencia.
La Cámara de Diputados conduce la fase de instrucción del procedimiento a partir de la ratificación de la denuncia, en su caso. Posteriormente se formará una comisión o sección instructora integrada por cuatro diputados que notificara al servidor público denunciado, para que en un plazo de siete días presente su defensa.
La comisión instructora abrirá un periodo para desahogo de pruebas de treinta días naturales prorrogables. La fase de instrucción, permite la presentación de alegatos en un plazo de doce días naturales que sigan al periodo probatorio. Al término, la comisión instructora formulará sus conclusiones sobre la base de un análisis claro y metódico.
La ley comete un error al prever que dentro de las conclusiones condenatorias pueda establecerse la sanción política que debe imponerse, ya que esta facultad debe competer al Senado u órgano de sentencia. La fase de instrucción debiera circunscribirse a confirmar los hechos denunciados, a concretar la causal o causales de responsabilidad política alegadas y a concluir si existen o no elementos para la continuación del procedimiento ante el Senado.
Sin embargo, la extensa fase de instrucción no termina allí, ya que una vez entregadas las conclusiones de la comisión a los secretarios de la Cámara, éstos dictan un plazo de tres días naturales para que tanto el denunciante como el servidor público puedan hacer uso de la palabra ante la asamblea legislativa y así expresar lo que a su derecho convenga. Se reconoce el derecho de réplica.
La formalidad y frecuencia de los argumentos de denunciantes y servidores es de tal extensión debido a que si al terminar la fase de instrucción la Cámara decide erigirse en órgano de acusación, el servidor público quedará separado de su encargo mientras se decida finalmente sobre su responsabilidad política, por lo que las consecuencias de la acusación son de tal manera graves (la separación del servidor en su cargo), que merece el procedimiento ser abundante en oportunidades para los denunciantes y sujetos del juicio político, en esta primera fase ante la Cámara de Diputados.
Al erigirse la Cámara de Diputados en órgano acusatorio, ésta designará otra comisión de tres diputados para que sostengan la acusación ante el Senado. En este aspecto, la ley no es congruente con sus disposiciones, ya que si existe una comisión o sección instructora que instrumentó toda esta fase, no se entiende por qué no atribuirle concretamente a dicha comisión la presentación del caso ante el Senado.
Por otro lado, el Senado designará una comisión o sección de enjuiciamiento que emplazará tanto a la comisión de la Cámara de Diputados como al acusado, para que se presenten alegatos en un plazo de cinco días naturales. Transcurrido el plazo, la comisión de enjuiciamiento elaborará conclusiones donde se propondrá la sanción correspondiente. Estas conclusiones deberán estar debidamente fundadas y motivadas.
Entregadas las conclusiones al Senado, este se erigirá en jurado de sentencia dentro de las veinticuatro horas siguientes. Con tal carácter, el Senado llevará a cabo una audiencia final en la cual se darán a conocer las conclusiones de la comisión de enjuiciamiento, se oirá a la comisión de la Cámara de Diputados y al acusado y a su defensor y, para concluir, sin la presencia de estos últimos, se procederá a discutir y a votar las conclusiones presentadas para llegar a un fallo definitivo.
En el caso de los servidores públicos de los Estados, sujetos a juicio político, la sesión de jurado de sentencia se celebrará dentro de los tres días naturales.
La sentencia que se diste en estos casos tendrá efectos declarativos, y será la legislatura del Estado la que actúe en consecuencia para la imposición efectiva de la sanción política decretada.
En términos generales, podemos considerar que el procedimiento del juicio político resulta extenso en el número de audiencias, alegatos, y replicas. Al procedimiento le falta subsanar lagunas tales como citación de testigos, características de la acusación, valoración del efecto declarativo en caso de servidores locales, procedencia del amparo por violaciones al procedimiento y otros supuestos que se han planteado en otras ocasiones.
El artículo 111 nos permite precisar la otra figura, la declaración de procedencia, por medio de la cual se puede proceder penalmente contra los mismos funcionarios sujetos del juicio Político.
Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.
Conclusiones
De lo anterior, podemos desprender que:
1. Las figuras de Juicio Político y declaración de procedencia se aplican, y exceptúan, a los mismos servidores públicos.
2. Los tipos causales son muy ambiguos en el caso del juicio político, en tanto que en la declaración de procedencia son más precisos, por su carácter de delitos administrativos o penales.
3. La experiencia histórica demuestra que se aplica más la declaración de procedencia, ya que en la mayoría de los casos las acusaciones tienen como sustento razones vinculadas a delitos cometidos supuestamente en el desempeño del puesto. Rara vez se alude a causas absolutamente políticas. Por lo tanto en el juicio político
• Se observa que es más sencilla la operación de la declaración de procedencia, especialmente porque solo participa una de las cámaras.
• En ambos casos se advierte falta de simplicidad y la necesidad de fortalecer su contenido técnico, para reducir el costo y la incertidumbre políticas, fortaleciendo su carácter de instrumento eficaz para la transparencia y el combate a la impunidad.
• Se obtiene también evidencia de que su diseño provoca confusión al no estar diferenciados claramente.
• La experiencia demuestra la necesidad de un esquema que fortalezca su contenido técnico, su imparcialidad, su especialización y que sirva más al fortalecimiento del Estado de derecho.
Propuestas
A partir de las reflexiones anteriores se sugieren algunos cambios específicos, para el análisis más a fondo:
Precisar en el proceso de juicio político, el alcance de las conclusiones, para que sea el Senado, en su carácter de jurado de sentencia quien lo acuerde.
Es conveniente fortalecer a la sección instructora, tanto como responsable de todo el proceso, por parte de la Cámara de Diputados, así como en la posible ampliación del número de sus integrantes.
Dada la dualidad entre el juicio político y la declaración de procedencia, analizar disminuir el número de sujetos del juicio político, para dejarlo en los más altos funcionarios, quienes podrían cometer actos de naturaleza estrictamente política.
Disminuir también los sujetos de la declaración de procedencia, eliminando a quienes debieran ser sujetos de una acción inmediata de la justicia por delitos administrativos y penales, como es el caso de los directores de los fideicomisos, ya que por esa figura están protegidos miles de servidores públicos. Este planteamiento supone mayor independencia del Ministerio Público, su autonomía.
Es necesario precisar explícitamente cuales son los delitos graves.
Para incrementar la certeza jurídica y el sustento técnico, examinar la creación de un comité técnico en el que participe el legislativo, la autoridad judicial y juristas reconocidos, a fin de apoyar a la sección instructora.
Vincular la revisión del juicio Político y la Declaración de Procedencia, con un proyecto integral que involucre la transparencia y la rendición de cuentas, en leyes como las de responsabilidades, la de fiscalización superior, la ley Orgánica del Congreso, entre otras.
La democracia alcanza su mayor estadio, cuando el Estado de derecho garantiza la rectitud y la transparencia de los gobernantes. Gracias
Diputado Federal Jaime Espejel Lazcano, integrante de la Comisión Jurisdiccional
Necesidad de reformular el juicio político y declaración de procedencia
Entre escritores políticos y juristas, el contraste implica cuál de esta moneda sea el frente y cuál el reverso: para los primeros el frente es el poder y el reverso es el derecho, para los segundos lo contrario.
Norberto Bobbio
Me pareció importante señalar la cita de Norberto Bobbio debido a que, en este tema que nos toca abordar de juicio político y declaración de procedencia, encontramos una parte técnica por cuanto hace al desahogo del procedimiento y una parte eminente política llevada a cabo por los actores que enfrentan una responsabilidad política.
En este sentido, nos toca a los legisladores desempeñar la función de jueces. Sin embargo, antes de entrar al tema de inconsistencias y propuestas de ambos procedimientos, es imprescindible manifestar que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos es una característica elemental de todo Estado de derecho y consecuentemente, el establecimiento de un régimen dentro del orden constitucional, a tal grado que para el doctor Ignacio Burgoa Orihuela éste régimen sería el cuarto elemento para la democracia. Ahora bien, la dinámica de nuestro sistema jurídico debido a los cambios en el escenario electoral, han permitido avances a favor de la democracia y la transparencia siendo la actuación de los servidores públicos cuestionada por los ciudadanos y en consecuencia, la exigencia de su probable responsabilidad política son premisas que no se escapan de estos cambios que está sufriendo nuestro país.
La responsabilidad política, pone en la mesa de debate un sinnúmero de dudas que se desprenden de la misma Constitución y de la ley reglamentaria que debe armonizarse y por ello, la importancia de este foro de consulta Responsabilidades de los servidores públicos.
Recordemos que el origen de juicio político se remonta a Inglaterra, en donde se utilizaba para controlar los excesos del rey o reina en turno, de la misma manera, el pensamiento de los constituyentes norteamericanos fue aplicar el juicio político (impeachment) al presidente de Estados Unidos, así como a los secretarios de estado. Desde sus orígenes, quedó claro que el juicio político era un instrumento de control en manos de los congresos; así había operado en el parlamento inglés desde su consolidación en el siglo XIV.
Para Manuel González Oropeza, el juicio político es el único instrumento que posee el Poder Legislativo para hacer prevalecer la Constitución contra actos que la contravienen.
No obstante, el juicio político, como su nombre lo indica, cuenta con un procedimiento jurisdiccional para fincar la responsabilidad política sobre un servidor público que ha infringido la Constitución. Pero se trata de un juez político, que juzga de manera exclusiva las faltas de orden político.1
Cabría cuestionarnos sobre la naturaleza del juicio político ya que si bien cuenta con las etapas de un juicio, su desahogo depende de un órgano político, por ello su carácter jurisdiccional que en realidad si somos un poco técnicos en tendríamos que decir: ¿No debe ser un juez el que juzgue al servidor público quien mostró una conducta indigna a su investidura? Pero otra lectura del término jurisdiccional es que comprende el espacio físico en donde debe ser juzgado el servidor público por pertenecer a este ámbito.
De cualquier modo, esta discusión de determinar si es un juicio meramente jurídico o político, queda fuera del debate si impera la ética de quienes somos legisladores a juzgar a aquellos que han traicionado en su deber público a nuestra ley fundamental o abusado de la confianza pública depositada en nosotros.
Algunos autores consideran que es un procedimiento político y no jurisdiccional, para el autor Marcial Saldaña, el juicio político
De cualquier modo, esta discusión de determinar si es un juicio meramente jurídico o político, queda fuera del debate si impera la ética de quienes somos legisladores a juzgar a aquellos que han traicionado en su deber público a nuestra ley fundamental o abusado de la confianza pública depositada en nosotros.
Algunos autores consideran que es un procedimiento político y no jurisdiccional, para el autor Marcial Saldaña, el juicio político "es un procedimiento especial, que le ha sido conferido a un órgano del Estado eminentemente político, como lo es el Congreso de la Unión, para proteger los derechos e intereses sustanciales de los integrantes de la comunidad política, para mantener la armonía social, para frenar los abusos desmedidos del poder, para evitar la impunidad institucionalizada, para impedir la ruptura del Estado de derecho, para salvaguardar la existencia misma del Estado como la forma suprema de organización social".2
Del mismo modo, el maestro Elisur Arteaga considera que el juicio de responsabilidad del que conoce la cámara de senadores en su actuación de gran jurado, es un acto eminentemente político. No busca la justicia ni castigar con vista a enmendar. No es imparcial ni está exento de prejuicios. No busca la verdad, no siempre se castigará al culpable y absolverá al inocente. Ante todo es un instrumento de poder, tiende a hacer llevaderas las relaciones de sometimiento y obediencia. Responde a una moral: la del dominio. En casos extremos, cuando la clase política se encuentra en peligro [...]3
Jacinto Pallares señala que este juicio es político porque son políticas las cuestiones que habrán de decidirse, ya que, de ser el caso, la pena que se impondrá "no es otra que la muerte política".4
Armagnague señala que "un detentador de un poder tiene que dar cuenta a un detentador de otro Poder el Legislativo sobre el cumplimiento de la función que le ha sido asignada".5
El juicio es de carácter especial, no judicial, dado que sólo procede respecto de cierto tipo de servidores públicos y se constituye en un mecanismo extraordinario por los actos materia del mismo, por la jerarquía de aquellos cuya conducta se cuestiona, por los órganos competentes para conocer y decidir, y por el carácter de las resoluciones que en él se dictan.
Pretender convertir un juicio en un asunto de confianza y opinión –como sostuvieron los constituyentes de 1857– implicaría aceptar que se deja un instrumento muy importante en manos de grupos políticos que en cualquier momento podrían romper el equilibrio que el texto constitucional establece entre los tres poderes, como acertadamente apunta Raúl F. Cárdenas.
Hay que recordar que la integración del juicio político a la Constitución en 1982 tuvo un destinatario: el ex senador Jorge Díaz Serrano, a quien en 1983 el presidente Miguel de la Madrid y la mayoría priista en el Congreso de la Unión desaforaron para procesarlo por corrupción durante su gestión como director de Pemex. Desde entonces ningún otro juicio político ha prosperado, a pesar de que a la Cámara han llegado centenares de demandas contra funcionarios y ex funcionarios.
El constituyente permanente mexicano, mediante reforma constitucional del 28 de diciembre de 1982, estableció en el Título Cuarto de nuestra Carta Magna lo relativo a las responsabilidades de los servidores públicos, una clara distinción entre los diversos tipos de responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos, clasificándolas en: penales, administrativas, civiles y políticas, señalando en cada tipo de responsabilidad procedimientos diferentes.
Su tramitación para cada caso es el siguiente:
1. Tratándose de la comisión de delitos por parte de los servidores públicos, el artículo 111 constitucional, señala que el procedimiento a seguir será la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados, poniendo a disposición de las autoridades competentes al inculpado;
2. Respecto de las responsabilidades administrativas, que se refieren a la salvaguarda de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones, que pueden ser sancionadas con la suspensión, destitución, inhabilitación, así como en sanciones económicas;
3. Con relación a las cuestiones de carácter civil, éstas no requieren de ningún procedimiento extraordinario, pues los servidores públicos responden a ellas, como cualquier particular y finalmente;
4. La responsabilidad política, que tiene señalado un procedimiento especial, consistente en el juicio político.
En esta gama de responsabilidades, el juicio político cobra su gran dimensión de control de la constitucionalidad, cuando se refiere a violaciones a las garantías individuales, a la división de poderes y a la forma de gobierno, abarcando los principios y valores de la Constitución.
Tres días después de la reforma de 1982, se publicó su ley reglamentaria en donde se estableció, en el artículo 2o., que sólo era aplicable a los servidores públicos mencionados en los párrafos primero y tercero del artículo 108 de la Constitución –que no mencionaron al presidente–. Esto se debe a que Venustiano Carranza eliminó desde su proyecto de reformas constitucionales la referencia al presidente como sujeto de responsabilidad por violación a la Constitución y las leyes federales, pues consideró que dicha responsabilidad política sometía al Poder ejecutivo a la discrecionalidad del Congreso.
Coincido en aquellas características que el autor Elisur Artega Nava señala para el procedimiento de juicio político:
1. En efecto, es uniinstancial, toda vez que el procedimiento inicia con el acuerdo del Presidente del Senado, a fin de instalarse como jurado de sentencia y concluye con la resolución que el mismo órgano emite;
2. Es sumarísimo, pues no se admiten excepciones dilatorias ni puede haber incidentes de previo y especial pronunciamiento, además de indicar que el juicio político deberá substanciarse antes de un año y no existe recurso alguno en contra de la resolución que, en su caso, emita el Senado,
3. Es restringido, toda vez que se instaura en contra de un determinado número de servidores públicos, la procedencia del mismo se refiere a tipos delictivos especiales, el procedimiento deriva en dos tipos de sanción, únicamente pueden acusar un número restringido de personas y la competencia del juzgador es limitada;
4. Es un proceso mixto, toda vez que es escrito y oral, en virtud de las documentales que se allegan en el juicio y oral porque se desarrolla durante la sesión del órgano legislativo, y
5. Es un acto de oportunidad política, el cual no puede pasar por alto las garantías procesales que deben observarse en el desarrollo del procedimiento.
Estas características, muestran que es un juicio que osa de ciertas particularidades, porque son vagas las disposiciones que lo regulan y en su caso, probablemente inconstitucionales desde que no se conceden garantías para recurrir las resoluciones de la Cámara y debido a que los acuerdos para el desahogo del procedimiento que toma la Sección Instructora conformada por cuatro integrantes no hablan de una pluralidad partidaria.
El artículo el 110 constitucional ha sido reformado innumerables veces para adicionar cada vez a más servidores públicos a efecto de sujetarlos a un control político por parte del Congreso de la Unión, aunque esta inclusión no garantiza que pueda iniciarse el juicio político porque los hechos nos han indicado que de acuerdo a los vaivenes en las esferas de la elite política se determina su procedencia, pese a que cualquier ciudadano pueda presentar la demanda del juicio.
Por lo que hace a los gobernadores de los estados como sujetos a juicio político, resulta importante cuestionar sobre la declaratoria que emitirá, en su caso el Congreso si determina la procedencia del juicio político contra un gobernador, pues cabe aclarar que los estados cuentan con autonomía constitucional para legislar en materia de responsabilidades, pero además supongamos que la mayoría del congreso local determina que no ha lugar a proceder, tendríamos entonces dos resoluciones contrarias, cuál tendría que acatarse. Basta mencionar, que hay criterio de la Corte que nos manifiesta que los gobernadores son sujetos a juicio político en términos de la Constitución.
Por lo que hace a las causas del juicio político se dispone que se impondrán las sanciones indicadas en el artículo 110 constitucional a los servidores públicos cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Esto Implica primero, entender el significado de dichos intereses y en segundo lugar, determinar si la conducta del servidor público trasgredió esta esfera.
Varios autores han hecho énfasis en la vaguedad del término "intereses públicos fundamentales", definirlos o tratar de acotar sus alcances representa una tarea compleja, porque al ser conceptos tan difusos se prestan a diversas interpretaciones, según quien los define. En el Diccionario jurídico mexicano se les delimita como el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado […] pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad.
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 7o., se limita a enlistar una serie de conductas perjudiciales para dicho interés y el correcto ejercicio de la función pública que están también sujetos a interpretación. No obstante, aun tratándose de responsabilidades de naturaleza política, el artículo citado intentó cumplir con el principio jurídico de que no puede haber delito si no hay ley que lo señale: nulla poena sine lege. Se requiere, pues, que la conducta política que se castiga esté señalada en una ley.
Con todo, son vagos los términos del artículo 7o. citado, sobre las conductas consideradas atentatorias contra los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, el autor, José de Jesús Orozco Henríquez ha considerado que dichas conductas carecen de precisión y objetividad tan peculiar en el derecho penal y su tipificación se sujeta a los criterios imperantes entre los miembros de la Cámara, por lo que subsiste el riesgo de que el juicio pueda, por tanto, utilizarse por un poder como instrumento de control político sobre los otros poderes de la Unión […]
Resulta obvio que cualquier violación a la Constitución o a las leyes federales por un alto empleado, es una infracción que causa trastornos en el funcionamiento normal de las instituciones, precisamente porque lo normal jurídicamente es el cumplimiento de la ley. En consecuencia, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades, a cualquiera de los empleados mencionados en el artículo 110, que lleve a cabo un acto que infrinja la Constitución o alguna ley federal, debe sujetársele a juicio político para destituirlo de su cargo e inhabilitarlo para ejercer cualquier otro, comprobando que haya habido infracción.
En algunos casos puede ser discutible si un acto de un alto empleado infringe la Constitución o las leyes federales, que sea el punto determinante para someterlo a juicio político. Pero no puede ponerse en duda la infracción a la constitución o a las leyes que se da cuando la dicha infracción es declarada precisamente por el órgano que tiene a su cargo declarar la verdad legal, es decir, un juez.
De esto resulta que en todos los casos en que los altos empleados actuales que menciona el artículo 110 de la Constitución han violado la misma, debiera declarase en sentencia firme por el órgano judicial competente y esos funcionarios sujetarse a juicio político, sin embargo, en la práctica todo se determina por un órgano político, los senadores se convierten en jurado de sentencia.
En cuanto a las resoluciones de las Cámaras, el sexto y último párrafo del artículo 110 constitucional menciona que son inatacables, lo que se traduce en que el derecho no reconoce la existencia de recurso alguno, de ahí que el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo, expresa que el juicio de garantías es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las legislaturas de los Estados o de sus respectivas comisiones o diputaciones permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieren la facultad de resolver soberana y discrecionalmente.
La razón de esta causal de improcedencia del juicio de amparo la explica el jurista Don Antonio Robles Serrano diciendo: "Es obvio que si las autoridades a que se refiere cuentan con facultades, que les son conferidas por la Constitución para resolver soberana y discrecionalmente, no es factible invalidar sus actos mediante el juicio de amparo, ya que, de prosperar éste, se acabaría con tales soberanía y discrecionalidad."6
En esta tesitura, Carlos Morales Paulín, en su libro Justicia Constitucional, cita al maestro Jesús Orozco Enríquez, que al respecto señala: "cabe advertir, sin embargo –como lo ha puesto de relieve la doctrina y la propia jurisprudencia de la Suprema Corte desde el siglo pasado–, la procedencia del juicio de amparo es posible en caso de que no se satisfagan los presupuestos constitucionales",7 y agrega como ejemplo que podría darse el amparo si se violenta la garantía de audiencia.
Ante esto, tenemos que la facultad discrecional con la cuenta la Sección Instructora para admitir y desechar pruebas que a su juicio sean improcedentes, o bien para realizar un "procedimiento" y concluir con la resolución que traduzca que la conducta o hecho esta legalmente comprobada; que se acredite la responsabilidad y la sanción que consideren, es en definitiva contraria al principio de certeza y seguridad jurídica. Cabe preguntarnos, con qué carácter los integrantes de la Sección Instructora admiten, desechan y desahogan las pruebas así como analizan los alegatos del demandado y el demandante.
Es necesario entonces revisar las disposiciones reglamentarias del juicio que no vulneren los derechos fundamentales del servidor público con reglas claras que eviten un sinnúmero de interpretaciones. Garantizar los derechos humanos del funcionario y respetar el debido proceso legal son condiciones necesarias para una reforma fundada en el estado de derecho.
Declaración de procedencia
Una vez que se he abordado de manera breve el juicio político, la declaración de procedencia es otro de los instrumentos con los que cuenta la Cámara de Diputados con características similares al primero, para poner a disposición de las autoridades competentes al servidor público –que cuenta con fuero– si ha cometido un delito.
De acuerdo al párrafo séptimo del artículo 111 constitucional, el efecto de la declaración de procedencia será separar de su encargo al servidor público en tanto esté sujeto a proceso penal. Una persona está sujeta a proceso penal hasta el momento en que el juez dicta el auto de formal prisión. Sin embargo, el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos determina que si la Cámara de Diputados declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión. Ante tales disposiciones cuál norma debemos acatar. En el procedimiento de desafuero de René Bejarano, se aplicó el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y no el artículo 111 de la Constitución.
Desde nuestro punto de vista una correcta interpretación debería privilegiar a la norma constitucional sobre la legal.
Respecto a las decisiones de las Cámaras que serán inatacables –que ya apuntamos anteriormente– ha descrito Eduardo Andrade que en el Pemexgate los legisladores sujetos al procedimiento de desafuero recurrieron en distintas ocasiones al juicio de amparo respecto a decisiones no definitivas de la Cámara de Diputados, decisiones de la sección instructora. El poder judicial mantuvo criterios contradictorios pero se ha inclinado por la improcedencia del juicio de amparo sobre cualquier acto o determinación en los supuestos del procedimiento de desafuero.
Jaime Cárdenas opina al respecto que la sección instructora o cualquier órgano de la Cámara de Diputados, incluyendo a su pleno, puede tomar decisiones aberrantes o antijurídicas y no habría medio de defensa alguno, lo que contraviene los derechos humanos de los sujetos a estos procedimientos.
El tema de la declaración de procedencia tiene que ver con retirar el fuero constitucional, pero existe en México la convicción generalizada que el fuero es una forma de protección a la función ejercida. Así lo sostiene Burgoa cuando afirma que la finalidad del fuero no estriba en proteger a la persona del funcionario sino en mantener un equilibrio entre los poderes del Estado para posibilitar el funcionamiento normal del gobierno. La misma idea la refrenda Tena Ramírez cuando manifiesta que el fuero constitucional no tiene por objeto instituir un privilegio a favor de un funcionario, lo que sería contrario a la igualdad del régimen democrático, sino proteger la función de los amagos del poder o de la fuerza. Juristas como Sánchez Bringas, Quiroz Acosta y Andrade, coinciden en que la protección de la función pública es lo que justifica el fuero de los altos servidores públicos de la federación.
Ahora bien, cuando se dice que la finalidad del desafuero a la luz de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos según su artículo 25 es "…establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del inculpado.
Así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita", se contrapone con el artículo 111 párrafo segundo de la Constitución, debido a que dispone que la resolución de la Cámara "no prejuzga los fundamentos de la imputación". Acaso no son contradictorias estas normas.
En el derecho comparado ha quedado claro que la inmunidad tiene como propósito evitar que a un determinado servidor público se le persiga con una base penal falsa o manipulada por razones o fines políticos. Como dice García Morillo: "…el carácter de protección política que subyace en la inmunidad no va ligado al delito cometido, sino a la persecución penal instada. La inmunidad no protege a quienes cometen delitos por motivaciones políticas… sino que protege frente a quienes, por móviles políticos, urden una acusación penal… la determinación de la pertinencia de conceder el suplicatorio no va, por eso, ligada al acto por el que se persigue al parlamentario, sino a la persecución misma: es en ésta, y no en el delito, donde hay que detectar la motivación política…"
Lo anterior significa que el carácter político de la institución de fuero y de la declaración de procedencia debe buscarse no en el hecho penalmente perseguido, sino en la persecución en sí, pues sólo el carácter político de la persecución justificará, con independencia de los hechos, la aplicación de la inmunidad.
En este tenor de ideas, el fuero debe prevalecer pero no como un escudo a la impunidad sino como protección para los servidores públicos de imputaciones falsas.
Conclusiones
La figura del juicio político en México, ha sido un reflejo del desarrollo del sistema político. En la medida de que existía un partido hegemónico y luego mayoritario, la decisión de enjuiciar políticamente a un servidor público no era posible toda vez que los órganos que intervienen en el proceso (Cámara de Diputados como instancia acusadora y Cámara de Senadores como jurado de sentencia) estaban controlados por el partido oficial, de tal manera que no era posible que hubiese condiciones para sancionar a los servidores del mismo partido, aun cuando hubiese causales suficientes y debidamente fundadas para su procedencia.
La descripción de los actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, permite que casi cualquier acto u omisión justifique un juicio político y la destitución de los altos empleados. Cualquier partido, cualquier alianza de partidos que cuente con la mayoría suficiente en la Cámaras, puede eliminar del panorama político a sus opositores, destituyéndolos e inhabilitándolos para ocupar cualquier otro cargo.
Ambos procedimientos, tanto el juicio político como la declaración de procedencia, deben simplificarse y la norma secundaria ajustarse a la Constitución. Necesitamos una revisión integral.
Notas
1. González Oropeza, Manuel, "Juicio político como medio de protección de la Constitución mexicana", en Ferrer-Mac-Gregor, Eduardo (coordinador). Derecho procesal constitucional, cuarta edición, tomo II, México, Editorial Porrúa, 2003, página 1319.
2. Rodríguez Saldaña, Marcial. "El juicio político. Particularidades del caso Tabasco", en Ferrer-Mac-Gregor, Eduardo (coordinador). Derecho procesal constitucional, cuarta edición, tomo II, México, Editorial Porrúa, 2003, página 1337.
3. Arteaga Nava, Elisur, Derecho constitucional, México, Editorial Oxford, 1999, páginas 956 y 957.
4. Salgado Ledesma, Eréndira, op. cit., página 5.
5. Ibídem.
6. Morales Paulín, Carlos A. Justicia constitucional, editorial Porrúa, México, 2002, p. 133.
7. Ibídem.
Diputado local Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez
Muchas gracias, señores diputados, bienvenidos a Sonora.
Es para mi un honor estar en representación del Poder Legislativo de Sonora, en este foro plural, donde se intenta proponer ideas sobre este tema de suma importancia.
Es significativo, pues cualquier régimen que se jacte que es democrático debe de asumir el control, pero, además, la responsabilidad de los servidores públicos, eso es lo que nos exige la ciudadanía cada vez más participativa.
Los regimenes no democráticos encuentran en opacidad e impunidad herramientas donde los funcionarios pueden actuar de manera libre e impune y este es el gran reto para el poder legislativo, no dejar la ley ahí simplemente como ornato, sino también irla actualizando a nuestra vida diaria.
Este es el gran reto, modificar, modernizar o crear los preceptos que sean necesarios a fin de crear las reglas claras para exigir la Responsabilidad de los servidores públicos, ya que cuando estas son ineficaces, le damos cabida a muchas maneras de corromperse.
Es necesario revisar no sólo las reglas sino también los procedimientos en materia de responsabilidad y la efectividad de las mismas, que es otro punto importante para poder confeccionar las reglas de estas materias debemos velar por unificar los criterios, homogenizar los preceptos constitucionales a fin de que los servidores públicos se responsabilicen totalmente de los actos y omisiones que ejecuten en el ejercicio del cargo.
Otro punto es hacer del proceso ágil, dinámico y salvaguardar todos los derechos fundamentales del debido proceso, como son, el derecho de audiencia, el derecho de igualdad, entre otros; es por ello que estamos aquí y venimos con mucho entusiasmo para participar y lograr la transparencia y eficacia en el servicio público, la sociedad no los exige y estamos nosotros aquí atentos para este proceso.
Otro punto que se me hace importante es que el fuero sea para salvaguarda la función y no para proteger la comisión de un delito, estos son algunos de los puntos que a mí, como presidente de la Comisión de Gobernación y como representante en este foro, se me hacen relevantes; es importante tomar en cuenta todas las regiones, todos los estados para este proceso de consulta.
Muchísimas gracias y sean bienvenidos.
Entrega de reconocimientos
Los diputados federales Arely Madrid Tovilla y Edgar Mauricio Duck Núñez entregaron reconocimientos a las personas que asistieron al foro.
Al término del foro felicitaron al presídium por haber realizado dicho acto en Hermosillo, Sonora.
La mesa directiva de la comisión
Diputados: Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Presidenta; Edgar Mauricio Duck Núñez, Francisco Javier Santos Arreola, secretarios.
DE LAS DIPUTADAS MARÍA SOLEDAD LIMAS FRESCAS, HOLLY MATUS TOLEDO, MARTHA ANGÉLICA ROMO JIMÉNEZ, ANA MARÍA RAMÍREZ CERDA Y MARÍA MERCEDES MACIEL ORTIZ, RELATIVO A SU PARTICIPACIÓN EN LA NOVENA JORNADA NACIONAL DE HISTORIA DE LAS MUJERES Y EN EL CUARTO CONGRESO IBEROAMERICANO DE ESTUDIOS DE GÉNERO, QUE SE LLEVARON A CABO DEL MIÉRCOLES 30 DE JULIO AL VIERNES 1 DE AGOSTO DE 2008 EN ROSARIO, ARGENTINA
Participantes
Diputadas: María Soledad Limas Frescas, presidenta del Comité del Centro de Estudios para Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; Holly Matus Toledo, secretaria; Martha Angélica Romo Jiménez, Mercedes Maciel Ortíz, integrantes; Ana María Ramírez Cerda, secretaria de la Comisión de Equidad y Género.
La jornada fue convocada por el equipo de género y políticas públicas de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), el área Mujer de la Secretaría de Promoción Social del Municipio de Rosario (Argentina), y el departamento de Filosofía y Trabajo Social de la Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca (España).
Objetivos
1. Promover espacios de reflexión y producción académica sobre el género, tanto desde una perspectiva histórica como desde una visión contemporánea de corte transversal de las sociedades y sus problemas.
2. Fortalecer las instancias de vinculación entre conocimiento académico y acciones políticas y sociales sobre los procesos de transformación de las relaciones de género, a través de la interacción de los diversos actores (gubernamentales, organizaciones y movimientos sociales, centros de estudios e investigación, y universidades nacionales y extranjeras).
3. Contribuir a la identificación y formulación de los temas prioritarios para la igualdad de género, a fin de instalarlos en la agenda pública y en las políticas de Estado.
4. Fortalecer los vínculos de intercambio y cooperación entre universidades iberoamericanas que promuevan estudios y líneas de acción sobre políticas innovadoras de igualdad de género.
5. Promover espacios de reflexión y producción académica sobre el género, tanto desde una perspectiva histórica como desde una visión contemporánea de corte transversal de las sociedades y sus problemas.
El encuentro se desarrolló en tres días en torno dos conferencias centrales.
1. Vetas de ilustración
Celia Amorós, catedrática de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, España.
2. ¿Quién le teme a las mujeres en la política y por qué?
Karen Offen, de la Universidad de Stanfort.
Y a nueve ejes temáticos, dentro de los cuales se establecieron mesas de trabajo con subtemas distintos.
1. Filosofías del género
Mesa única: Filosofía del género.
Temas: El derecho a decidir y la libertad de conciencia para la mujer que aborta. Cuerpo, género y excepción. Crítica a la crítica, simoniana.
2. Historia, mujeres y género
Mesa 1: Historia, mujer y género.
Temas: Discurso social y perspectiva de género. El análisis del discurso como instrumento de análisis del significado en el uso de la ideología y del sentido común. Cambiar de vida, cambiar el país: experiencias de participación política de mujeres. Modelos y representaciones en torno a las enfermeras durante la década de los cuarenta. Violación, violadores y violadas. Sumarios a policías (1952-1955). El mundo del trabajo: identidades. Género y crisis.
Mesa 2: Memoria. Libros de lectura. Resistencia.
Temas: Estudios de género e historia de la familia. Una intersección en construcción: balances y desafíos. El espacio de la subjetivación de la mujer en la sociedad histórica y la cultura mediática. Una mujer, un voto (un estudio comparativo acerca del sufragio en España y en Argentina). Historia de la cabecita loca y el proletariado.
Mesa 3: Conflictividad social y política (siglos XVIII, XIX y XX).
Temas: Mujer, deseo, madre: entre la carencia y la equivalencia. Paridad de género y cambio social. Cuerpo, género y poder en mujeres esclavas afroperuanas. Los sodomitas virreinales: entre sujetos jurídicos y especie.
Mesa 4: Identidades, etnicidades y género.
Temas: Liberales contra conservadoras. Una educación acorde a su sexo. Catolicismo y cuestión femenina. Voces de mujeres en la prensa de Bahía Blanca a principios del siglo XX. Medicina, gimnasia y feminidad a fines del siglo XIX.
3. Producción, reproducción y género
Mesas 1 y 2: El uso del tiempo. Economía del cuidado.
Temas: Vida de equilibrista: relación entre trabajo y maternidad. Amas de casa del país: los sentidos de la reproducción social en el espacio público. El trabajo de las mujeres campesinas. Seguimiento escolar y domesticidad. Las madres como mediadoras de la política educativa.
Mesa 3: Desarrollo y género. Estructura social, relaciones entre familia, trabajo, mercado y Estado.
Temas: Los trabajos de las mujeres rurales. Homogamia de clase en los hogares con dos proveedores. Capital social, género y pobreza en la Argentina reciente. Las consecuencias de la difícil conciliación entre trabajo y familia.
Mesa 4: Desarrollo y género. Estructura social, relaciones entre familia, trabajo, mercado y Estado.
Temas: El peso de la educación de la mujer en la conformación de núcleos conyugales legales de doble proveedores. El género en los relatos de historias de vida en torno a los espacios de producción. Mujeres, familia, empleo. Trabajo doméstico y migraciones de mujeres.
4. Espacios y género
Mesa 1: Ambiente, planificación urbana.
Temas: La mujer y el desarrollo del territorio. Problemas urbanos y problemas de género. La mujer sujeto de la historia.
Mesa 2: Dinámica sociodemográfica.
Temas: Participación de mujeres en procesos de producción social del hábitat. Permanecer para ser. Cuestiones de género en la constitución de comunidades migrantes.
5. Ciencia, tecnología y género
Mesa 1 a 4: Educación.
Temas: Yo lo hago, vos lo haces. El orden femenino en las instituciones educativas. Deporte y mujeres: una dupla dura en el campo de las ciencias blandas. Entre la ruta y la sociedad de la información: mujeres desocupadas y usabilidad. Escuela transformadora de paradigmas culturales. Enfoque de género y perspectiva de derechos en las escuelas de artes. Cuerpo, identidad y género en adolescentes. Un estudio de caso: estereotipos de género en la escuela primaria. La identidad de género en alumnos universitarios.
6. Política, derechos y género
Mesa 1: Derechos humanos.
Temas: Políticas públicas en derechos humanos de la mujer. Filiación: reconocimiento paterno de hijos extramatrimoniales. ¿En busca de un sujeto de derechos? Cuidado infantil y legislación en la Argentina. La invisibilidad de las mujeres privadas de la libertad.
Mesa 2: Poderes políticos, reforma del Estado y representaciones políticas.
Temas: Listas partidarias y género. Los límites de la participación política de las mujeres. Impacto de la aplicación de la ley de cuotas: un caso provincial. Reforma del Estado: la inclusión de las mujeres en la administración de justicia y sus efectos en la cultura jurídica.
Mesa 3: Políticas públicas.
Temas: Políticas de género para adolescentes. Política de transversalidad de género en instituciones públicas mexicanas. El modelo de equidad de género. Economía feminista y economía social. Contribuciones a una crítica de las nuevas políticas de combate a la pobreza. Género, derechos y ciudadanía. Una experiencia de capacitación para promotoras sociales. Planificación de género en políticas públicas.
7. Bienestar, malestar y género
Mesa 1: Violencia de género, violencia simbólica, lenguaje, cuerpo, salud.
Temas: Violencia de género: su tratamiento en la prensa escrita de Salta. De amores y desamores. Desencuentros entre los géneros. Reflexiones acerca de las vivencias de la sexualidad en mujeres jóvenes de la Ciudad de México. Violencia de género. Violencia simbólica, las representaciones culturales y el lenguaje.
Mesa 2: Violencia de género, salud sexual y reproductiva, embarazos, aborto.
Temas: Género, violencia y salud: representaciones y prácticas en el hospital regional. Relaciones familiares, socialización de género y embarazo adolescente. Mujeres y maternidades en las políticas públicas: ¿una gestión sexuada? Trayectorias juveniles en clave de género. Embarazo adolescente. Género y contextos de vida.
Mesa 3: Violencia de género, pobreza, mujeres migrantes, resistencias.
Temas: Regímenes de bienestar y variedades de patriarcado en América Latina: ¿qué nos dicen las estadísticas? Migración y género: permanencia y cambios en los vínculos familiares. Mujeres migrando hacia la pobreza urbana. Maestra, profesión de riesgo. Mujeres migrantes, mujeres proveedoras: transformaciones y conflictos en las feminidades y las masculinidades.
8. Comunicación, producciones estéticas, literatura y género
Mesa 1: Medios.
Temas: ¿Qué es la perspectiva de género? De contiendas y disputas por el sentido de género en los debates sobre la ley de educación sexual integral. La imagen como documento de la mujer del siglo XX: liberación y vestimenta. ¿De quién hablan las noticias? La aplicación del test ADSH al análisis de la representación del trabajo de las mujeres en la prensa.
Mesa 2: Arte, teatro y artes plásticas. Cine y fotografía.
Temas: La construcción escénica del género: imágenes urbanas en acción. Muchachas que no duermen. Algunos análisis sobre las mujeres de las letras de rock de los primeros setenta. Escritura femenina, comunicación y cruce de culturas. Aplicaciones en la dramaturgia de Caryl Churchill. Mesa 3: Literatura.
Temas: La construcción de lo imaginario: mujeres contando cuentos en ámbitos públicos. Ética, estética, política, erótica, dietética. La construcción de sí en discursos de las lesbianas feministas fugitivas del desierto (Neuquén). Tocando los contornos. Violencia, sexualidades y territorios en "El lugar sin límites".
9. Culturas, identidades, sexualidades y género
Mesa 1: Lenguajes, etnias y multiculturalismo.
Temas: El mestizaje y el multiculturalismo en Latinoamérica. Algunas reflexiones. En Estados Unidos de América mandan las mujeres. La feminidad liberadora de las migrantes mexicanas en Estados Unidos de América: ¿un mito más? Identidad femenina y asignaciones espaciales. El espacio como tecnología política. Género, racismo y violencia sobre la otredad indígena. Replanteándose la identidad de género: la experiencia de un grupo de mujeres budistas.
Mesa 2: Filiación y movimientos sociales.
Temas: Resignificando lo público y lo privado: reflexiones sobre la participación social de mujeres populares y los cambios en sus identidades de género. La construcción y deconstrucción del género ante la crisis argentina de 2001. Mujeres de blanco y negro.
Mesa 3 y 4: Cuerpo y género, placer, erotismo, intimidad.
Temas: Trayectorias sobre la maternidad y la paternidad en sectores populares. Construcción subjetiva de la maternidad y mandatos patriarcales en la situación de incesto paterno filial. La sexualidad es un tema. Banalización pedagógica y educación sexual. Dilema: el cuerpo femenino, ¿lo soy o lo poseo?
La jornada culminó el 1 de agosto de 2008, por lo que las diputadas informamos a la Junta de Coordinación Política, en términos de lo establecido en las normas y lineamientos en materia administrativa de la Cámara de Diputados, dentro de su apartado número 18, correspondiente a los lineamientos para la asignación de viáticos y pasajes aéreos en comisiones internacionales, capítulo IV artículo 30.
Diputadas: María Soledad Limas Frescas, Martha Angélica Romo Jiménez, Holly Matus Toledo, Mercedes Maciel Ortiz, Ana María Ramírez Cerda.
DE LOS DIPUTADOS JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA Y PABLO TREJO PÉREZ, CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, DEUDA SOCIAL Y DESARROLLO REGIONAL DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO, EFECTUADA DEL LUNES 22 AL MIÉRCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ
Lunes 22 de septiembre
Reuniones de las Subcomisiones de Deuda Externa y para el Estudio del Proyecto de Ley Marco de Renta Básica
Asistentes:
Diputados: Emil Guevara, de Venezuela, presidente; José Alfonso Suárez del Real, de México, segundo vicepresidente; Juan Carlos Arosemena, de Panamá, secretario general alterno; Pablo Trejo Pérez, de México; Carlos Gamou, de la República Oriental del Uruguay; Carlos Enciso, de la República Oriental del Uruguay; Eduardo Saffirio, de Chile; Glenn C. Liqui-Long, de las Antillas Nerlandesas. Senadores: a Rosalía Peredo, de México, y José García R., de Chile.
El presidente Emil Guevara recibe a los participantes a las reuniones de las Subcomisiones de Deuda Externa y para el Estudio del Proyecto de Ley Marco de Renta Básica, agradeciendo su interés en participar en dichas reuniones previas a la décima reunión de trabajo de la comisión.
Durante su alocución destacó el documento enviado por el doctor Pierangelo Catalano, catedrático de derecho romano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Roma "La Sapienza" a la comisión, a través del cual informa de la deliberación unánime del Consejo Comunal de Roma, concerniente a integrar a la conmemoración del día del Libertador Simón Bolívar (17 de diciembre) a los festejos del MMD aniversario del Juramento de la Plebe en el Monte Sacro. Asimismo reitera la propuesta que presentó a consideración del Pleno de esta comisión, en el curso de la novena reunión de trabajo, del pasado julio del año en curso, en el sentido de concretar la idea de renovación de la defensa de los países deudores, según el espíritu de la ley de la República Italiana de 2000 sobre la deuda externa.
Posteriormente, el segundo vicepresidente, diputado Suárez del Real informó a los asistentes los mecanismos de las reuniones de las subcomisiones e invitó a los integrantes de éstas a trasladarse a los salones dispuestos para llevar a cabo sendas reuniones de trabajo.
X Reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional
Se propone y se acepta en modificar el orden del día, iniciando con el tema III, por lo que se otorga el uso de la palabra a la senadora Rosalía Peredo, de México, quien a nombre de la Subcomisión de Deuda Externa rindió el siguiente informe:
Tema III. Informe de las Subcomisiones de Estudios para el Proyecto de la Renta Básica y de Deuda Externa.
Informe de la sesión de trabajo de la Subcomisión de Deuda Externa
Septiembre 22 de 2008.
Participantes: Senadora Rosalía Peredo, de México; diputado Pablo Trejo, de México; diputado Carlos Camou, de Uruguay; diputado Eduardo Saffirio, de Chile; diputado Emil Guevara, diputado Glenn. C. Liqui-Lung, de las Antillas Neerlandesas, como invitado y C. David Luckongchang, de Panamá, como asesor.
Conclusiones
1. Establecimiento de limitaciones en los pagos de la deuda externa, en función de la evolución económica de los países deudores, considerando un porcentaje mínimo de sus ingresos por exportaciones, siempre y cuando se acredite un superávit comercial.
2. Anteponer el desarrollo humano a cualquier pago de la deuda externa, en donde los gobiernos deudores deben ser autorizados a reservar la financiación necesaria para cubrir las necesidades básicas del desarrollo humano de sus poblaciones, antes de someter los ingresos públicos a las demandas del servicio de la deuda.
3. El control parlamentario en la toma de créditos por parte de los gobiernos en dos aspectos fundamentales A. Consolidar en la región la figura de la auditoría parlamentaria integral a la deuda. B. Establecer el control parlamentario sobre la adquisición de deuda.
4. Creación del fondo anticíclico regional para evitar las condicionalidades.
5. Promover la integración de más países del área al Banco del Sur como el instrumento de financiación del desarrollo integral de los países de Latinoamérica y del Caribe.
6. Deslindar internacionalmente a los pueblos y gobiernos latinoamericanos de los efectos de la crisis económica del gobierno estadounidense, a efecto de impedir que esta situación económica local, repercuta en incrementos de intereses y acortamiento de plazos de amortización de nuestras deudas, hacia el sistema financiero estadounidense.
7. Proponer la desdolarización de la deuda.
8. Impulsar la adopción de una moneda común latinoamericana que permita fortalecer nuestras finanzas regionales.
9. Proponer al pleno de la Comisión de Asuntos Económicos, programar la segunda sesión de trabajo de esta Subcomisión de Deuda Externa, con antelación a la convocatoria a la XI Sesión de Trabajo.
10. Impulsar ante los Parlamentos Latinoamericanos, su participación al seminario "Logros y desafíos de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA)", que se llevara a cabo los días 15 y 16 de octubre, en La Habana, Cuba.
11. Proponer, durante la conmemoración del Día del Libertador Simón Bolívar, que se celebrara el próximo 17 de diciembre en el curso del MMD aniversario de la Jura de la Plebe en el Monte Sacro en Roma, la creación del Observatorio Latinoamericano y del Caribe dentro del Foro Permanente en torno a la deuda externa.
Intervenciones de los asistentes en torno al documento leído:
Diputado Guevara, de Venezuela: (precisar que es el Observatorio Permanente).
Diputado Saffirio de Chile: hizo tres observaciones. Sobre el texto, es pertinente precisar que (abolir palabra integral). Sobre desdolarización sólo en emisión de la deuda interna en dólares. Propone canastas más equilibradas de moneda en que se aplica la deuda externa para equilibrar.
Propone incorporar el reconocimiento de la realidad globalizadora, y por ende buscar, negociaciones más amigable, más justas, porque creer en el retorno a economías cerradas o autarquías, parece ser un sueño, el desafío es insertarse adecuadamente en la globalización, ver la oportunidad para Latinoamérica, no ver sólo la situación coyuntural, hay que ver a Asia, pero hay una tarea que consiste en romper las estructuras mono-exportadoras, de tener integrados a un solo polo, es necesario un proceso de diversificación.
La senadora Rosalía Peredo, de México, disiente de la propuesta de integrar las estrategias ya que el tema es la deuda externa en sí. En torno a desdolarización interna, plantear si para la deuda externa integrar portafolio monetario.
El diputado Trejo propuso que en la conclusión número 12 se integrara la frase "en donde representantes de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional propondrán".
Se aprueban las siguientes modificaciones:
• Promover la integración de más países del área al Banco del Sur como el mecanismo preferente de financiamiento del desarrollo de los países de Latinoamérica y del Caribe.
• Proponer la desdolarización de la deuda interna y para la deuda externa se propone la construcción y aprobación de un portafolio monetario.
• Proponer, durante la conmemoración del Día del Libertador Simón Bolívar, que se celebrara el próximo 17 de diciembre en el curso del MMD aniversario de la Jura de la Plebe en el Monte Sacro en Roma, en donde integrantes de ésta Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional propongan la creación del Observatorio Permanente Latinoamericano y del Caribe, dentro del Foro Permanente en torno a la deuda externa.
Se aprueban por unanimidad las correcciones indicadas y signan el documento, además de los integrantes de la subcomisión, los legisladores Glenn Liqui-Lung, de las Antillas Neerlandesas, y el senador Marco Antonio Cortés Mendoza, de México.
A continuación se otorgó el uso de la palabra a nombre del grupo de trabajo de la Subcomisión para el Estudio del Proyecto de Ley Marco de Renta, se le dio el uso de la palabra al senador Jorge García Rubinot, de Chile, quien rinde el siguiente
Informe de la sesión de trabajo de la Subcomisión para el Estudio del Proyecto de Ley Marco de Renta Básica
Participantes: Senador José García Rubinot, de Chile; diputado Carlos Enciso, de Uruguay; diputado Alberto Amador Leal, de México (envió la ponencia); senador Eduardo Suplicy, de Brasil (envió documentos); diputado Suárez del Real, de México, apoyo de la mesa directiva.
Conclusiones
1. Se reconfirma el interés de contar con una legislación marco en materia de renta, ingreso o pensión básica para la población con alto índice de marginación del continente.
2. Dada la diversidad del índice de marginación existente entre nuestros países, se considera necesario establecer parámetros e instrumentos de medición de la marginación que sirvan de referente común a los parlamentos, a efecto de poder sustentar el proyecto de ley marco en la materia.
3. El proyecto de ley marco deberá impulsar la adopción del principio de transparencia en la aplicación y asignación de este tipo de apoyos.
4. Solicitar a aquellos países que han aplicado algún principio de política pública de apoyo para abatir los altos índices de marginación, una información completa de los resultados obtenidos en los ejercicios fiscales recientes.
5. Solicitar al Parlatino, en su carácter de órgano colegiado de nuestros parlamentos, que solicite al gobierno del estado de Alaska toda la información relativa a la aplicación de su política de distribución equitativa de los dividendos de sus empresas públicas y de sus ingresos fiscales, y en particular la vinculación de esta política distributiva con los mecanismos de control social de sus ingresos.
6. Proponer al pleno de la Comisión de Asuntos Económicos, programar la segunda sesión de trabajo de esta subcomisión, con antelación a la convocatoria a la undécima sesión de trabajo.
Se aprueba por unanimidad.
Se informó el hecho de que a estas conclusiones se integrarán los documentos enviados por el diputado Amador Leal, de México, así como los documentos enviados por el senador Suplicy, de Brasil.
Se integró al pleno el diputado Arosemena, de Panamá, secretario general adjunto del Parlatino.
A continuación el senador García Rubinot, de Chile, solicitó el uso de la palabra a efecto de pedir que en el acta correspondiente a la novena sesión de la comisión se incorpore el nombre del senador José García Rubinot, de Chile, e integrar al diputado Pedro Pablo Álvarez Salamanca, vicepresidente, quienes asistieron a dicha reunión.
En otro asunto, informó el lamentable fallecimiento del diputado Álvarez Salamanca, al respecto, y a nombre de la mesa directiva de la comisión, y de sus integrantes, solicitó al senador García Rubinot expresar las condolencias al Poder Legislativo de la República de Chile.
Tema I. Seguimiento a las Metas del Milenio
Se dio cuenta del material enviado por el diputado Felipe González, de México, y se otorgó el uso de la palabra al diputado Pablo Trejo, quien exhibe la presentación sobre el tema en relación al desempeño de México en torno a las Metas del Milenio.
Al término de su presentación hicieron uso de la palabra, y expresaron algunas inquietudes en torno a la presentación efectuada por el diputado Trejo, los legisladores Arosemena, de Panamá, García, de Chile, Peredo y Cortés, de México.
Se integró al pleno el diputado Gudiño, de México, integrante de la comisión.
El diputado Trejo respondió a las diversas inquietudes planteadas en torno a su presentación.
El diputado Arosemena, de Panamá, resaltó la importancia del programa de impulso a la vivienda popular que el gobierno de Panamá viene desarrollando.
Al respecto, el diputado Suárez del Real solicitó que la información con respecto al tema pudiese ser proporcionado a los integrantes de la comisión.
El diputado Saffirio, de Chile, con relación al seguimiento de la Metas del Milenio refrendó la importancia de unificar los indicadores entre los países del área, privilegiando aquellos que reflejen la realidad social concatenada con la realidad económica.
La senadora Peredo reiteró su propuesta de integrar a los indicadores los índices de satisfacción de la población.
En su turno, el diputado Guevara, de Venezuela, presidente de la comisión, presentó los avances de su país en relación a las Metas del Milenio y su aportación al crecimiento del área por decisión solidaria del gobierno venezolano en función a compartir dividendos del ingreso del petróleo con los pueblos del área.
A continuación el diputado Gamou, de Uruguay, compartió la reflexión que académicos, legisladores y gobernantes de su país efectuaron en torno al uso de sólo porcentajes para reflejar crecimiento o no en materia de las llamadas Metas del Milenio, sin tomar en cuenta las particularidades y la valoración subjetiva de cada país. Pone por ejemplo la meta de líneas telefónicas en función de cada mil habitantes, meta cubierta en su país en donde la cobertura nacional es del 100 por ciento y aún los sectores precaristas cuentan con telefonía celular.
Abundando en esta percepción, ejemplificó con los indicadores que en los años 60 ubicaban a la clase media uruguaya (televisor a plazos, radio, educación, entre otros) comparado con estos años del siglo XXI, estos indicadores están superados, para ser de clase media en Uruguay hay que tener casa propia, urbana y campestre, un auto propio, educación privada y todos los aparatos tecnológicos de punta.
El diputado Saffirio, de Chile, en la misma línea de esta intervención, dijo que estaban en problemas en dos visiones, participación de la mujer en la política, a pesar de contar con una presidenta, hay problemas en la representación legislativa y ejecutivos locales, hay una brecha salarial preocupante, el segundo problema se refiere a la tasa de empleo juvenil, la falta de oportunidades generan desigualdad, esta llevando a cabo el impulso de una política pública de subsidio para la contratación de jóvenes al constatar el fuerte rezago, sobre todo en el sector femenino.
El senador Liqui-Lung, de las Antillas Neerlandesas, informó del desempeño de su país en relación a las Metas del Milenio, enfatizando las particularidades de su sociedad.
En el uso de la palabra, el diputado Enciso, de Uruguay, en la mesa 16 en donde se engloba el tema de trabajo de los jóvenes en el Uruguay dijo que se debía vincular al problema de la migración, 21 mil uruguayos salieron del país el año pasado, teniendo un fuerte porcentaje de primo-trabajadores.
Conclusiones
Refrendar la importancia de enriquecer las Metas del Milenio con indicadores propios de la región, aportados por el trabajo y la colaboración de la academia y de los parlamentarios, a efecto de contar con instrumentos que enriquezcan la adopción de políticas públicas que fortalezcan el proceso de inclusión social y desarrollo humano con equidad.
Pidió asumir el compromiso de impulsar al seno de nuestros países, la inclusión de indicadores de satisfacción del beneficiario de los servicios básicos otorgados por las administraciones públicas, a efecto de transparentar los avances, o retrocesos de los procesos de desarrollo humano de nuestros pueblos.
Asimismo solicitó a la Universidad Latinoamericana y del Caribe, así como a la Escuela Virtual del PNUD-Venezuela que informaran acerca de los avances que en relación a la propuesta de indicadores de desarrollo humano con equidad tienen registrados hasta el momento.
Martes 23 de septiembre.
Estando presentes los siguientes legisladores:
Senadores: Peredo y Cortés, de México, García, de Chile y Liqui-Lang, de Antillas Nerlandesas.
Diputados: Gamou y Enciso del Uruguay, Saffirio de Chile; Trejo y Suárez del Real, de México, éste último en funciones de presidente, se inició la sesión a las 9:22 horas, con los siguientes acuerdos
Orden del Día
Tema II. Directiva de retorno, aprobada por el Parlamento Europeo.
Tema IV. Crisis financiera mundial.
Tema V. Crisis alimentaria mundial.
Se propone como mecánica de la discusión lo siguiente:
a) Se acuerda abordar los tres temas por su vinculación implícita en los impactos generados hacia la región.
b) Se establecerán dos rondas de participación.
c) Se establece un máximo de participación por orador de 10 minutos.
d) Al término de las rondas de participación la presidencia preguntará al pleno si se encuentran suficientemente discutidos los temas. En caso afirmativo se abrirá una última ronda de oradores a efecto de presentar propuestas de conclusiones.
e) Las propuestas de conclusiones se someterán a votación del pleno.
Primera ronda
La senadora Rosalía Peredo, de México, abordó el asunto de la directiva de retorno impuesta en Europa contra las migraciones latinoamericanas, expresando la postura de rechazo que tanto el Congreso mexicano como el Ejecutivo han externado al respecto.
Destacó la importancia que para la economía del país poseen las remesas generadas por los trabajadores migrantes mexicanos, fundamentalmente en territorio estadounidense.
Enfatizó que sin mayor debate interno se ha unificado el criterio de rechazo a esta directiva y expresó su adhesión a la postura oficial de la mesa directiva del Parlamento Latinoamericano, del 3 de julio del año en curso.
El diputado Gamou, del Uruguay, recuerda que la caída del Muro de Berlín se asumió el fin de la limitación del tránsito del ser humano en la Europa continental, y hoy nos encontramos ante una acción preestablecida del capitalismo racista que afecta sensiblemente a los países latinoamericanos.
Se refiere a la Tarjeta Azul, para los científicos, a quienes se les da todas las facilidades, luego esta tarjeta se convierte en "roja", se inhibe la migración y ahora viene esta directiva absurda que criminaliza a la migración.
Exhortó a la firmeza de América Latina, y sobre todo a la cohesión regional, es decir que lo qué logre un país, sea aplicable para todos nuestros países. Destacó la existencia de xenofobia.
Se propuso una firme declaración, actuar en forma unida, conjunta, sin procurar acuerdos individuales o bilaterales para no dar oportunidad a Europa del "divide y vencerás", y debemos erradicar en al región la xenofobia.
El senador García Rubinot, de Chile, coincidió en la postura expresada por México e informó que en breve compartirá con el pleno el documento que el presidente del Parlatino, senador Miguel Pizarro presentó en Bruselas.
El senador Liqui-Lang, de Antillas Nerlandesas, precisó la postura de su país, cuyos habitantes, a pesar de contar con pasaporte holandés, han rechazado el procedimiento.
El diputado Trejo, de México, coincidió en la brutalidad de la directiva de retorno, y abordó el impacto económico que representará la repatriación en el sentido de la disminución de remesas, y por tanto, del importante mecanismo de equilibrio que para las finanzas de nuestros países representan esos recursos obtenidos en el extranjero.
El diputado Saffirio, de Chile, informó la postura de la presidenta Bachelet en torno a la inquietud sobre las violaciones a derechos fundamentales del hombre. Dijo que demuestra la incongruencia de la postura de tratar con guante blanco a nuestros científicos e intelectuales para llevárselos y por el otro, criminaliza a la mano de obra. Los partidos políticos latinoamericanos debemos hacer un gran lobby ante partidos europeos –con los que tenemos relaciones– a efecto de lograr su rechazo a la referida directiva de retorno.
La senadora Peredo, de México, propuso hacer un agregado, si bien es cierto que la declaración del 3 de julio de la mesa directiva es sujeta de adhesión, se debe añadir la solidaridad con África, continente colonizado por quienes ahora los rechazan, y que además es la región del mundo más golpeada por las crisis alimentaria, económica y sanitaria.
Propone un pronunciamiento solidario del Parlatino hacia los pueblos y gobiernos del África.
El diputado Suárez del Real propone las siguientes conclusiones sobre el tema:
a) Ratificar nuestra adhesión a la postura institucional de la mesa directiva del Parlatino, del 3 de julio del año en curso.
b) Ratificar la confianza y apoyo a las posturas expresadas por el presidente del Parlatino, el senador Pizarro, ante los órganos europeos.
c) Expresar a nombre de nuestros pueblos y nuestros parlamentos la solidaridad y apoyo a los pueblos, parlamentos y gobiernos de las naciones africanas, ante las acciones emprendidas por la Directiva de Retorno adoptada por los gobiernos de la Comunidad Europea cuyos nocivos efectos hacia la humanidad, se agravan en el caso del África, continente en el que las crisis alimentaria, financiera y sanitaria afecta a la mayoría del pueblo africano.
El diputado Gamou propuso que el diputado Saffirio, de Chile, expusiera el tema de la crisis financiera.
Se aprueba por unanimidad.
El diputado Saffirio, de Chile, enfatizó la tensión que genera la crisis financiera estadounidense y la presión que ejerce la escalada de precio de insumos básicos, destacó que como resultado de todo ello es previsible una reducción de créditos y una alza significativa récord en el país, lo que representa una alza de intereses, una disminución del precio de los comodities, complicaciones en tipos de cambio. Habrá un recesión profunda, dificultad de acceso al crédito y alto costo de los empréstitos, para ello hay que estar preparados.
El senador García Rubinot, de Chile, compartió el resumen presentado por el diputado Saffirio destacando que la crisis recae en la población de carne y hueso, que son quienes generan la riqueza, pero también sobre quienes recae el alza de intereses, la restricción de créditos, entre otros. El mundo aprende de los errores económicos, recordó lo que vivió Chile en 1983, con la crisis de la deuda, ocurrió algo similar a lo que vive Estados Unidos, los bancos chilenos soltaron los créditos hasta que llegó el momento de la insolvencia del deudor, el banco central intervino para fortalecer la confianza en el sistema bancario, por ello apoya la acción emprendida por el Tesoro de los Estados Unidos, por el impacto que se da.
Propuesta de conclusión:
Respaldar las medidas adoptadas por el Tesoro norteamericano ya que generan confianza en el sistema bancario internacional.
Se integra el diputado Arosemena, de Panamá, a la sesión.
Destaca que hay dos instituciones que han fallado considerablemente. En el mundo financiero la confianza se basa en las empresas evaluadoras de riesgo, cuando ellas afirman que una acción es "AAA", no es posible que hace una semana se califique así y hoy resultan que son "ZZZ", así como las empresas de auditoria internacional, si ellas no se dan cuentas o no se atreven a decir la verdad y a desvelar los riesgos que los estados financieros reflejan, la confianza de los ahorradores se pierde y va a ser lo más difícil de responder.
Propuesta de conclusión:
Señalar el irresponsable desempeño de las evaluadoras, de las calificadoras y las auditoras internacionales que no advirtieron a tiempo los riesgos que corría el sistema financiero estadounidense, rompiendo con el principio rector de la confianza del ahorrador como pilar sustantivo del sistema financiero.
El diputado Enciso, de Uruguay, planteó que hay que desmitificar el falso neoliberalismo que los Estados Unidos vende desde muy diversos frentes, ya que nos ha quedado claro que cuando las variables del mercado atacan de alguna forma a la economía estadounidense ahí se deja de ser liberal y se rescata el mejor espíritu intervencionista. La actitud de Bush recuerda la actitud de Roosevelt con el New Deal.
La senadora Peredo, señaló que el director del FMI ha reconocido el inicio de una recesión económica, lo que implica que la crisis no ha tocado fondo.
Propuesta de conclusión:
Organizar, junto con la academia, que la Subcomisión de Deuda Externa se reúna a efecto de elaborar una propuesta de reforma que como Parlatino presentemos al Fondo Monetario Internacional en tres rubros fundamentales:
a) Tema de la deuda.
b) Tema del financiamiento.
c) Tema de la valorización de la deuda en término de la moneda.
El diputado Pablo Trejo, de México, dijo que el problema inició como un problema crediticio y desembocó en un problema financiero. En el caso de México, el problema crediticio frenó en Estados Unidos las industrias inmobiliarias y maquiladora lo que repercute directamente en la disminución de remesas, ya que el grueso de la población laboral mexicana en ese país trabaja en dichas industrias.
El diputado Gamou, de Uruguay, comentó que el "liberalismo mágico" golpeado por la mano invisible hizo que el maestro regresara a la receta del intervencionismo. Reflexiona sobre el binomio crisis oportunidad, también va hacia otras cosas como reflejaba Saffirio, de Chile, como quizás esta crisis permita hacer cambios de largo aliento, con la incorporación de la India y China al mercado mundial, con una desconfianza al dólar que permite revalorar una canasta de otras monedas. Simon Pheres una vez dijo hay que ganar la negociación, pero no demasiado, hay que ganar lo suficiente, aplicar esta máxima a los comodities, lo que debemos propiciar son precios de equilibrio pero para todo el planeta, y no perder la oportunidad de diversificar nuestras exportaciones, en la medida de que esta crisis nos deje las enseñanzas para iniciar nuestro nuevo sistema económicas.
El senador Cortés, de México, coincide con lo expresado, el problema que tenemos es el incremento de la demanda que tiene el mundo en los diferentes artículos y por lo tanto el incremento en los precios. Ejemplifica con la consecuencia del aumento petrolero y su incidencia en los fertilizantes, que en el caso de México, al dejar de producirlos, nos obliga a su adquisición en el mercado internacional desestabilizando la economía nacional y generando presiones sobre nuestra propia producción de alimentos. Tocante a la industria petrolera expresa que el debate es intenso en el país.
El diputado Suárez del Real, de México, somete a consideración del pleno las propuestas de conclusiones sobre el tema de la crisis financiera.
Se modifican y aprueban como se integran en el apartado de conclusiones.
Se inicia la última ronda de oradores sobre el tema de la crisis alimentaria.
El senador García Rubinot, de Chile, señaló que la crisis representa una enorme oportunidad para América Latina y el Caribe ya que obliga a la diversificación de nuestras economías agrarias, tomando en cuenta que el incremento de precios de venta revalorará la vida del campo y la producción agrícola, tan abandonada ante la estrepitosa caída de precios de los productos agrícolas en el pasado. Ahora bien es necesario que los gobiernos impulsen y apoyen a la industria agrícola de cada país.
El diputado Saffirio, de Chile, coincidió con lo expuesto por el senador García, en el sentido de resaltar que entre las oportunidades para la región destaca la restauración de los ecosistemas agrícolas, abandonados por la presión depauperante por precios muy castigados para nuestros productores ante la fuerza de los subsidios de los Estados Unidos y la Comunidad Europea.
El diputado Gamou sostuvo que hablar de crisis alimentaria como una novedad en este planeta no coincide con la realidad. Desde que nací ha habido hambre y seguirá habiéndola, que van a subir los precios, sí esto va a ocurrir, sin embargo a quienes lamentablemente viven las hambrunas sistémicas, no creo que apoyos y subsidios utilizados más por burócratas agrícolas, más que en campesinos. Reflexiona en el sentido de que si se redujeran los gastos en armamento (un millón de millones de dólares) y en propaganda y en marketing (dos millones de millones de dólares) y esos recursos se reorientaran al apoyo a los países que padecen la hambruna, otra sería la realidad.
Diputado Trejo, de México, refirió el negativo impacto de la especulación en el mercado de alimentos en el país y en el mundo ante la presión de un incremento de la demanda.
Diputado Saffirio, de Chile, presentó la siguiente:
Propuesta de conclusión
Dada su vinculación e impacto negativo en los sectores más desprotegidos de nuestros pueblos, es menester integrar el tema de la crisis alimentaria al seno de la Subcomisión de Deuda Externa.
El diputado Arosemena, de Panamá, relató su experiencia como productor agrícola y los retos que representan para el sector las presiones de acaparadores y de competencia desleal de países afectos a subsidiar producciones para presionar a la baja los precios de venta de los productos agrícolas.
La senadora Peredo enlistó los instrumentos de colaboración que México ha signado con países del área, a efecto de poder coordinar producciones que beneficien a la región.
Lectura y aprobación de las conclusiones:
El diputado Suárez del Real sometió a consideración de los presentes la propuesta de conclusiones de los temas abordados, la cual es aprobada, con el único comentario de modificar la décima, en el sentido que la subcomisión propuesta es la de renta básica y no la de deuda externa.
Se efectuó el cambio y se presentan a firma de los asistentes las siguientes:
Conclusiones
Tema. Metas del Milenio
1. Refrendar la importancia de enriquecer las Metas del Milenio con indicadores propios de la región, aportados por el trabajo y la colaboración de la academia y de los parlamentarios, a efecto de contar con instrumentos que enriquezcan la adopción de políticas públicas que fortalezcan el proceso de inclusión social y desarrollo humano con equidad.
2. Asumir el compromiso de impulsar al seno de nuestros países, la inclusión de indicadores de satisfacción del beneficiario de los servicios básicos otorgados por las administraciones públicas, a efecto de transparentar los avances, o retrocesos de los procesos de desarrollo humano de nuestros pueblos.
3. Solicitar a la Universidad Latinoamericana y del Caribe, así como a la Escuela Virtual del PNUD-Venezuela informar acerca de los avances que en relación a la propuesta de indicadores de desarrollo humano con equidad tienen registrados hasta el momento.
Tema. Directiva de retorno de la Comunidad Europea
4. Ratificar nuestra adhesión a la postura institucional de la Mesa Directiva del Parlatino del 3 de julio del año en curso.
5. Ratificar nuestra confianza y apoyo a las posturas expresadas por el presidente del Parlatino, senador Pizarro tendentes a:
• Reforzar el diálogo político entre el Parlatino y el Parlamento Europeo en relación a los temas de inmigración que afectan a los nacionales de los respectivos países miembros.
• Generar instancias de cooperación para reforzar los sistemas de desarrollo e inclusión de los países de América Latina.
• Articular un diálogo permanente a nivel de sistemas de control migratorio para administrar el movimiento de personas, de manera tal que flujos repentinos no presionen los respectivos sistemas de asistencia social.
• Promover la cooperación para el desarrollo orientada a fortalecer los programas de formación y capacitación laboral.
• Colaborar en la elaboración de medidas para potenciar el flujo de remesas y reducir los costos de transacción.
• Cooperar con los países en desarrollo para la elaboración de marcos legislativos que protejan los derechos de los migrantes en situación de vulnerabilidad.
6. Expresar a nombre de nuestros pueblos y nuestros parlamentos la solidaridad y apoyo a los pueblos, parlamentos y gobiernos de las naciones africanas, ante las acciones emprendidas por la directiva de retorno adoptada por los gobiernos de la Comunidad Europea cuyos nocivos efectos hacia la humanidad, se agravan en el caso del África, continente en el que las crisis alimentaria, financiera y sanitaria afecta a la mayoría del pueblo africano.
Tema. Deuda financiera internacional
7. Respaldar las medidas que generen confianza al sistema bancario internacional.
8. Señalar el irresponsable desempeño de las evaluadoras, de las calificadoras y las auditoras internacionales que no advirtieron a tiempo los riesgos que corría el sistema financiero estadounidense, rompiendo con el principio rector de la confianza del ahorrador como pilar sustantivo del sistema financiero.
9. Organizar, junto con la academia, una mesa de trabajo en el seno de la Subcomisión de Deuda Externa, a efecto de elaborar una propuesta de reforma, que como Parlatino presentemos ante el Fondo Monetario Internacional en tres rubros fundamentales
a) Tema de la deuda.
b) Tema del financiamiento.
c) Tema de la valorización de la deuda en término de las monedas nacionales en contra de la parida con el dólar.
Tema. Deuda crisis alimentaria
10. Dada su vinculación e impacto negativo en los sectores más desprotegidos de nuestros pueblos, es menester integrar el tema de la crisis alimentaría al trabajo de la Subcomisión de Renta Básica.
Atentamente
Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Segundo Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano
Diputado Pablo Trejo Pérez
Integrante de la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional del Parlamento Latinoamericano
DEL DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, RESPECTO A SU PARTICIPACIÓN EN LA SÉPTIMA CUMBRE SOCIAL POR LA UNIÓN LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA, QUE SE REALIZÓ DEL MIÉRCOLES 24 AL SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2008 EN VENEZUELA
Seminario internacional: Imperialismo, terrorismo y organizaciones internacionales.
Ponente. Ricardo Alarcón (Cuba)
El representante cubano, centró su intervención sobre el caso de los cinco ciudadanos cubanos que han sido condenados por tribunales estadounidenses a penas perpetuas, bajo la acusación de espionaje y homicidio.
Al respecto, demostró las irregularidades procesales que, desde la detención misma de sus connacionales, se han venido registrando. Destacó que, lo más grave del caso es que la detención e indagatoria jamás se fincaron en la presunción de la comisión de un delito de espionaje o de poner en riesgo la seguridad nacional de los Estado Unidos.
Asimismo, demostró lo irracional de las penas aplicadas (prisión perpetua) en relación a delitos similares acreditados a ciudadanos no cubanos; tal es el caso del espía iraquí a quien se condenó a tres años y diez meses de prisión, o del ciudadano filipino al que se le encontró un importante número de documentos confidenciales, pertenecientes a la Defensa, y que el inculpado transmitió a un gobierno hostil al estadounidense, en cuyo caso la fiscalía logró la aplicación de cuatro años nueve meses de prisión.
Señaló que pese a todas estas atrocidades jurídicas es impensable considerar que la apelación efectuada ante la Corte Suprema de Justicia estadounidense pueda prosperar.
Foro número 1
El terrorismo como problema crucial para la paz y el desarrollo sostenible en el mundo.
-Ponente: Hana Albayaty (Iraq)
Responsable iraquí de la Comisión de Ayuda a Refugiados y Desplazados de su país. La ponente señaló que el origen del problema que ha sumido a su pueblo en una de las situaciones más injustas de la historia moderna, radica en la decisión del gobierno iraní de nacionalizar su riqueza petrolera, y desarrollar un programa de gobierno independiente a los designios de los centros de poder económico que por décadas dictaron la política de su país bajo el reinado de Reza Phalevi.
A estas autodeterminaciones gubernamentales se suma la decisión económica de cambiar, en 2002, toda su reserva monetaria de dólares estadunidenses a euros; con lo cual se asentó un golpe, más moral que económico, al sistema financiero estadounidense.
La profesora Albayaty explicó que el comando del ejército de intervención decidió, bajo el sofisma de la agrupación étnico-religiosa, dividir el país en tres entidades, desmantelando con ello al estado soberano, y por ende a la armada; y, a los ojos del mundo se encuentra en su país para garantizar el fin de una guerra fratricida, cuando en realidad es una fuerza de ocupación represiva y atemorizante de un pueblo milenario que ha sabido convivir en su diversidad étnica, histórica, cultural y religiosa.
Es evidente, afirmó la expositora, que las actividades del ejército invasor y de las compañías de mercenarios que afirman trabajan en el mantenimiento de la paz en Iraq, violan de manera sistemática los derechos humanos del pueblo iraquí; además de violentar las disposiciones internacionales aplicables a las situaciones de ocupación, que, en principio, debían defender a la población inerme y proteger a los refugiados; estatus internacionales que los estadounidenses ignoran y rechazan al afirmar que la insurgencia iraquí es desestabilizadora y que no existen refugiados sino delincuentes fugitivos.
En su prepotente ocupación, los estadounidenses se han dedicado de manera sistemática a destruir todo aquello que representa Iraq, su cultura, su historia, su idiosincrasia, y en ese afán despectivo y destructivo, utiliza la media mass para confundir a la opinión pública, inventando diferencias irreconciliables entre kurdos, chiitas y sunnitas, cuando la historia milenaria demuestra que el respeto y tolerancia entre esos pueblos ha significado, en diversas etapas de la historia de Iraq, su fortaleza y creatividad.
Ser iraquí, dijo la Profesora Albayaty, significa para cada uno de nosotros ser herederos de sumerios, babilonios, asirios y árabes; ser iraquí expresó vehemente, es ser iraquí.
En su intervención, la ponente solicitó al auditorio, y en particular a legisladores y servidores públicos, apoyar al pueblo iraquí en la legítima defensa de su soberanía territorial y cultural. Enfáticamente aseguró que no buscan un apoyo económico sino moral, para lograr el retiro incondicional de la fuerza de ocupación, tanto la militar como la de los contratistas, es decir los mercenarios.
Para concluir, explicó que el pueblo iraquí está unido en el dolor y el orgullo de que la victoria de su pueblo será la victoria de los pobres, una victoria de todos los hombres y de las almas libres y solidarias con la justicia y la fraternidad entre los pueblos de un mundo que se entiende y respeta en los valores civilizatorios y culturales y no en el poder militar y económico.
-Ponente: Michel Chossudovsky (Canadá)
De manera contundente, el profesor Chossudovsky inició su alocución afirmando que Al-Qaeda es una operación encubierta de la CIA para generar una excusa al gobierno de George Bush, a efecto de impulsar una política de aislamiento e imposición económico-militar de su hegemonía.
Sustentado en el documento "proyecto para el nuevo siglo americano", y por la currícula de John Dimitri Negroponte y John Folley, funcionarios de bajo nivel pero con alta responsabilidad ejecutiva dentro de la estrategia, el canadiense repasó las acciones de inteligencia estadounidense en: el Salvador, Kosovo, Bosnia y Haití, y confirmó cómo estos funcionarios incidieron para generar condiciones desestabilizadoras en dichos países, que le permitieron al gobierno de Bush entrar políticamente y de manera encubierta al supuesto rescate de esos países, e imponer por la vía del agradecimiento de las minorías beneficiadas, sus propias políticas integrales de anexión subordinada a los intereses de la administración estadounidense.
Retomando los aspectos contemplados en el proyecto para el nuevo siglo, señaló que junto a las operaciones encubiertas se estipula la necesidad de crear teatros de guerra en diversos puntos del planeta, e impulsar una guerra sin fronteras, que permita a la administración federal estadounidense consolidar su liderazgo por sobre los emergentes (China e India) y en contra de sus antiguos aliados europeos, así como de la federación rusa.
Dentro de dicha estrategia destacó el uso de operaciones encubiertas de corte policial que, bajo el pretexto de la lucha en contra del crimen organizado, fundamentalmente la lucha en contra del terrorismo, pero también del narcotráfico le permite al gobierno estadunidense influir y, sobre todo, comandar acciones en países sensibles a la presencia del ejército estadounidense.
De igual manera, el panelista señaló que en el discurso de Washington los términos mantenimiento de la paz y apoyo a la seguridad pública han suplido el viejo discurso de la lucha por la democracia en contra de los regímenes totalitarios, tan en boga durante la guerra fría del pasado siglo XX.
Vinculada a esta estrategia, se ubica una crisis económica alimentaria a nivel mundial, que lejos de resultar ajena a la Casa Blanca, tiene, según el expositor, un origen perfectamente planificado desde las oficinas del Pentágono; sobre todo, cuando se acredita la rapidez con la que el gobierno decidió cargar sobre las espaldas del contribuyente estadounidense el peso del endeudamiento irresponsables de los grandes consorcios inmobiliarios y bancarios, beneficiando sólo a los ricos a costa del empobrecimiento de los miserables. Al respecto señaló, que el remedio sólo beneficia a los banqueros y a los especuladores, pero deja en la más pavorosa pobreza a aquellos que, creyendo en los beneficios del capital solicitaron, y recibieron dinero del sistema para adquirir una casa humilde, la cual perdieron en esta crisis; y, a través del pago de impuestos, estarán abonando para pagar el multimillonario préstamo gubernamental.
Tocante a los teatros de guerra contemplados por la estrategia estadounidense, el panelista señaló que estos se agrupan de la siguiente forma:
-Medio Oriente (Afganistán, Iraq, Irán, Palestina)
-Europa del Este (Georgia, Mar Caspio y Polonia)
-América Latina (Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Haití y el Atlántico)
-Oriente (Pakistán)
Sobre este último escenario señaló que se aplican las mismas estrategias separatistas que se utilizaron en Kosovo, en donde se pretende independizar a una importante región del país, por cierto rica en reservas petroleras, con el apoyo de la inteligencia británica.
Por último, señaló que no se puede perder de vista que, curiosa y milagrosamente, el gobierno estadounidense pudo declarar e iniciar la guerra en Afganistán, por su supuesto apoyo a Al-Qaeda, el 12 de septiembre de 2001, a escasas 24 horas de los atentados de Washington y Nueva York, cuando es sabido que una declaratoria y el inicio de una acción bélica requieren meses de preparación.
Las nuevas modalidades del mercenarismo en el siglo XXI
-Ponente: José L. Gómez del Prado (grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios)
En estos últimos veinte años venimos asistiendo a un fenómeno que recuerda ciertas prácticas que creíamos ya olvidadas de la época colonial, en la que ejércitos privados, los corsarios, debidamente legitimados con una carta real o corso, actuaban con impunidad en nombre de los soberanos. Asimismo, rememoran la expansión de las grandes compañías coloniales, como la de las Indias o la de la Bahía Hudson que, con sus propios ejércitos, administraban grandes territorios en el subcontinente Índico o en Canadá. Este nuevo fenómeno no es otro que el de la tremenda expansión de las empresas militares y de seguridad privada en todo el mundo, pero en particular en zonas de conflicto armado de baja intensidad y en situaciones de post conflicto como Afganistán, los Balcanes, Colombia, el Congo, Iraq, Somalia o Sudan.
Las transnacionales de la seguridad pueden suministrar la logística, dar capacitación en seguridad y entrenamiento de combate, proporcionar servicios de inteligencia así como capacidad militar táctica en zonas de combate. Estas empresas militares y de seguridad privada reclutan a gran escala personal adiestrado militarmente, que combinan el saber guerrero de los mercenarios y conocimientos en logística, equipo y capacitación militar. Empero, el comportamiento de estos nuevos soldados que trabajan para empresas privadas no difiere del de los tradicionales mercenarios de antaño.
Tres grupos de países están involucrados en las actividades de las transnacionales de la seguridad, los países exportadores proveedores de servicios militares y de seguridad, los países importadores que solicitan dichos servicios, y los países, a menudo del tercer mundo, que proveen la mano de obra barata a las transnacionales militares y de seguridad privada. Miles de ciudadanos de países desarrollados y en desarrollo han sido reclutados y trabajan para estas empresas militares y de seguridad privada.
Asimismo, y paralelamente a esta internacionalización privada de la guerra, hay una gran demanda en todo el mundo, tanto en países desarrollados como en desarrollo, de servicios privados de seguridad para la protección de la propiedad. Cada vez con más frecuencia las transnacionales que explotan minerales y recursos naturales de países en desarrollo en zonas de conflicto armado de baja intensidad, en países fallidos o simplemente en países en desarrollo pueden continuar con su explotación gracias a la contratación de empresas de seguridad privada que les proporcionan protección a sus infraestructuras y a sus empleados.
Esta nueva industria de la seguridad privada está en plena expansión y se la cifra en unos 100 mil millones de dólares anuales. Se estima que los Estados Unidos de América y el Reino Unido controlan el 70 por ciento de la industria, pero existe un auge importante también en Israel, Canadá y otros países.
La dependencia del gobierno de los Estados Unidos es tal, que le sería imposible entablar una guerra sin contar con estas empresas privadas. En los años 80, las dos terceras partes de los contratos exteriores del Pentágono eran para equipos de armamento (tanques, aviones, armas, etcétera). En estos últimos veinte años la tendencia ha cambiado, y más del 50 por ciento del presupuesto del Pentágono es para contratar externamente servicios. En Iraq actualmente hay más empleados privados (190 mil) que soldados (unos 150 mil). En ese país más de 180 empresas privadas suministran seguridad a los ejércitos ocupantes y emplean unos 48 mil guardias o soldados privados, fuertemente armados. En Afganistán se estima que hay unas 60 empresas militares y de seguridad privada, que emplean entre 18 y 28 mil guardias privados.
También se están privatizando los servicios de inteligencia, una de las funciones que hasta hace poco se consideraba inherentemente gubernamental. Las principales agencias de inteligencia del ejército de los Estados Unidos de América, así como de agencias como la CIA, la NSA, la DIA.1
y las redes clandestinas de servicios secretos dependen actualmente de los contratistas privados. Se calcula que las actividades de espionaje y de vigilancia contratadas externamente por el gobierno de los Estados Unidos de América en 2006 alcanzaron 42 mil millones de dólares, lo que representaría el 70 por ciento de los 60 mil millones de dólares que se estima que el gobierno gasta anualmente en servicios de inteligencia interna y externa. El número de empleados contratados por las empresas privadas de inteligencia sobrepasaría ya la plantilla regular de 17 mil 500 empleados de la CIA. El número de empresas privadas interesadas en obtener contratos con la Agencia Nacional de Seguridad (Nacional Security Agencia, en inglés) se ha incrementado de 144 en 2001 a más de 5 mil 400 en 2006.2
Según un informe de la Oficina Gubernamental de Auditoria de los Estados Unidos de América (Jovenmente Accountability Office en inglés) las empresas militares privadas estarían ya trabajando directamente dentro del Departamento de Defensa, en las mismas oficinas del Pentágono, conjuntamente con los militares y funcionarios del gobierno, elaborando estrategias de guerra.3
La expansión de esta nueva industria hace que la separación que existía entre las actividades y las funciones públicas y aquellas que pertenecen al sector privado se desdibuje cada vez más y se haga más confusa. Las actividades públicas y las privadas se mezclan más y más, hasta que resulta extremadamente difícil identificarlas y separarlas, especialmente en un área como la seguridad, que se ha considerado tradicionalmente como inherentemente gubernamental. La seguridad entendida en sus dos dimensiones estatales. En el ámbito interno, supuestamente garantizada por la policía y externamente por un ejército capaz de defender el territorio de un Estado y su soberanía nacional. Dentro de este contexto hay que tener en cuenta que el concepto de seguridad colectiva contenido en la Carta de las Naciones Unidas, se basa en el principio de soberanía y control efectivo, así como la regulación del uso legítimo de la fuerza de cada uno de sus 192 estados miembros de la organización.
La globalización de la economía mundial, los cambios que se han operado al pasar de una economía centralizada a una difusa forma de gobernabilidad, o más bien de ingobernabilidad, la reducción de las fuerzas armadas de los Estados en todo el mundo a raíz del derrumbamiento de la Unión Soviética, son algunas de las causas que han facilitado el desarrollo de la privatización de la violencia. En los "estados fallidos" actuales, la globalización de la economía ha operado conjuntamente con la privatización de la violencia, que ha sido integrada de abajo hacia arriba. Las guerras tradicionales entre Estados, con una línea de frente bien definida, han prácticamente desaparecido. En su lugar tenemos conflictos armados de baja intensidad, una utilización masiva de armas ligeras y la privatización de funciones militares, así como una asimetría de las partes en el conflicto
La contratación externa de funciones básicas, que tradicionalmente ejecutaban los ejércitos nacionales o las fuerzas de policía, conocida como la privatización "de arriba hacia abajo" ha desdibujado las fronteras entre los servicios públicos del Estado y el sector comercial privado, creando una peligrosa zona gris. En situaciones de conflicto armado, los empleados de empresas transnacionales militares y de seguridad privada, reclutados como civiles pero fuertemente armados militarmente, operan en esas zonas grises. El estatuto de esos individuos es vago y evasivo con respecto a si son combatientes o civiles. Los grupos terroristas pueden reivindicar la misma legitimidad que estas empresas militares y de seguridad privada que actúan con toda impunidad, y que no rinden cuentas sino a sus propios accionistas. Uno se puede preguntar cuál es la diferencia entre los guerreros del Hezbolá, que proveen servicios sociales y que países occidentales consideran como terroristas, y los guardias privados de la empresa Blackwater, empleados por el gobierno de los Estados Unidos de América y que se dicen ser actores humanitarios.
El desarrollo de las empresas militares y de seguridad privada ha producido un nuevo tipo de soldado privado, que opera en países devastados por la guerra y zonas altamente peligrosas, bajo restricciones legales poco definidas. El reclutamiento y entrenamiento de miles de ciudadanos de todas las partes del mundo, tanto de países desarrollados como en desarrollo, por empresas de seguridad privada para desempeñar funciones en Afganistán, Iraq o en otras zonas de conflicto armado, corresponde a las nuevas manifestaciones del mercenarismo del siglo XXI. Estas nuevas modalidades han absorbido a los tradicionales mercenarios.
El reclutamiento de guardias de seguridad privada es un fenómeno global que se da en todas las regiones geopolíticas del mundo. La utilización de soldados privados, guardias de seguridad o contratistas independientes (según las distintas apelaciones) por empresas transnacionales de seguridad privada en Iraq y en Afganistán, corresponde a estas nuevas manifestaciones del mercenarismo del siglo XXI. La finalidad de los contratos puede interpretarse como tendente a poner en práctica los mismos elementos, u otros muy similares, a los estipulados en el artículo 1 de la Convención Internacional de 1989 contra la utilización de mercenarios. Si bien las actividades llevadas a cabo por estas empresas presentan las mismas características que las del mercenarismo, difícilmente se les puede aplicar, salvo en casos excepcionales, la definición jurídica de la convención, que se elaboró en la década de los 70 y no corresponde a la situación actual del fenómeno.
Las empresas madres contratantes admiten trabajar directamente por cuenta del gobierno de los Estados Unidos de América, que las han contratado con el fin de realizar actividades de protección, en zonas de conflicto armado de baja intensidad, como Afganistán e Iraq. Estas empresas, una vez obtenido el contrato, subcontratan a su vez a otras empresas en el extranjero que seleccionan y reclutan a ciudadanos de países en desarrollo con formación militar o policial.
Las transnacionales de la seguridad han creado un laberinto de contrataciones y subcontrataciones difícil de desmenuzar. Por un mismo contrato están implicadas varias empresas, a menudo de diferentes países. Las cláusulas de los contratos obligan a las personas reclutadas a renunciar a importantes derechos, como el de la competencia de la jurisdicción de sus tribunales nacionales. Además, los contratos son firmados por lo general después de la salida de sus respectivos países.
Las nuevas manifestaciones y tendencias que están surgiendo con respecto a los mercenarios, a las actividades relacionadas con ellos y las repercusiones de las actividades de las empresas militares y de seguridad privada, apuntan a una industria emergente y muy floreciente de empresas militares y de seguridad privada. Esta industria responde a la misma lógica comercial que la de las transnacionales que operan en la economía globalizada, que se traduce en la búsqueda del mayor beneficio posible, y que refleja la misma tendencia a la privatización, desregulación, deslocalización, bajos costos y máximos beneficios.
Según información recibida en las misiones que el grupo de trabajo ha realizado en Honduras, Ecuador, Perú Chile y Fiji, los guardias de seguridad reclutados por esas empresas privadas estaban armados con fusiles ametralladores, a veces con bazucas antitanques; respondieron todas las veces que fueron atacados por la insurgencia y, en algunas ocasiones, habrían utilizado armas prohibidas por las leyes internacionales de la guerra. Todo ello indica que se les preparaba para tomar parte en las hostilidades y que la línea que separa la acción pasiva de la activa en una zona de conflicto armado o de post-conflicto es muy tenue.
Un gran número de los guardias de seguridad entrevistados se queja de irregularidades contractuales, malas condiciones de trabajo, hacinamiento, exceso de horas laboradas, incumplimiento en el pago de la remuneración, trato vejatorio y aislamiento, así como desatención de las necesidades básicas, como salud e higiene. Aunque se les había contratado como guardias de seguridad, recibieron un adiestramiento militar en los Estados Unidos de América, Iraq, o en un tercer país, y terminaron desempeñando funciones no previstas en sus contratos.
Las bajas de guardias privados o contratistas independientes en el Iraq rebasarían ya la cifra de mil muertos y trece mil heridos. Según las informaciones recibidas, los implicados o sus familiares encontrarían enormes dificultades para obtener reparación de acuerdo con las pólizas de seguro contratadas en el momento del reclutamiento. Otro de los problemas subyacentes es la reintegración social de los guardias privados que han estado operando al margen de la ley en situaciones como las de Iraq o Afganistán, cobrando sueldos muy superiores a los que se les ofrece en sus respectivos países, no sólo por los traumas psicológicos como consecuencia de lo que han estado viviendo, sino también por las dificultades de adaptación en el momento de integrarse a una sociedad con reglas sociales y con un ordenamiento legal.
Las formas en que están actuando algunas empresas de seguridad privada, son manifestaciones novedosas del mercenarismo, y en un primer momento pueden haber sorprendido a las autoridades nacionales. Se han aprovechado los resquicios y los vacios jurídicos existentes en las legislaciones nacionales, para contratar empresas transnacionales de seguridad, a ciudadanos de países en desarrollo como guardias de seguridad privada y enviarlos a zonas de conflicto armado de baja intensidad, como Afganistán e Iraq.
El reclutamiento de estos guardias de seguridad ha llevado a situaciones paradójicas en las que, por una parte, la posición oficial del gobierno ha sido de oponerse a una intervención de guerra preventiva, como en Iraq y, por otra parte, que haya ciudadanos de esos países con formación militar o policial que toman parte como contratistas independientes armados en dicho conflicto. En estos casos no se puede invocar el derecho individual a escoger libremente un empleo, que no puede ser absoluto en casos en que el Estado se encuentra implicado, como es el participar, aunque sea indirectamente a través de sus ciudadanos, en un conflicto armado.
Como ya he señalado anteriormente, las actividades de las empresas militares y de seguridad privada operan en una zona gris, en la que fácilmente se pueden violar los derechos humanos con impunidad, sin que haya, por lo general, rendición de cuentas a nivel parlamentario, y que generan una serie de problemas políticos y militares. El marco actual que regula las actividades de las empresas militares y de seguridad privada, basado esencialmente en la autorregulación y en códigos de conducta voluntarios, resulta insuficiente, tal y como lo demuestran los numerosos casos de violaciones de derechos humanos que no han sido jamás sancionados. Entre los más horrendos, pero no los únicos, están las torturas de la cárcel de Abu Ghraib y la matanza del 16 de septiembre de 2007 en Bagdad, en la que perecieron 17 civiles, incluyendo niños y mujeres, y otras 20 personas resultaron heridas, como consecuencia del tiroteo indiscriminado a manos de empleados de una empresa de seguridad privada, auto regulada hasta aquel momento, por normas y códigos de conducta voluntarios de una asociación internacional.
Las empresas militares y de seguridad privada asumen cada día más funciones de lo que hasta hace poco constituía la base de la soberanía de los Estados como único detentador del monopolio legítimo del uso de la fuerza. Al pasar al sector privado y ser ejecutadas por transnacionales de la seguridad, se está debilitando la soberanía nacional así como el sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas, basado fundamentalmente en la soberanía de los estados miembros. En algunas situaciones se podría incluso estar hablando de la privatización de la guerra. Si no queremos encontrarnos con la misma situación de la Europa de hace unos siglos, en la que cientos de miles de ciudadanos de países pobres alimentaban regularmente las tropas de las potencias de la época, la comunidad internacional debe reaccionar.
Las empresas exportadoras de servicios militares y de seguridad, desdibujan los contornos entre el sector público y privado. Contratadas externamente por entes del gobierno para realizar funciones que hasta hace poco eran inherentemente gubernamentales, están a menudo subsidiadas y reciben contratos extremadamente ventajosos, para operar en economías de guerra y de reconstrucción. Frecuentemente se presentan como organizaciones con fines humanitarios o de establecimiento de la paz, cuando en realidad sus fines son esencialmente de lucro; desdibujan así el campo de acción de las organizaciones no gubernamentales humanitarias. En realidad, estas empresas transnacionales no son, ni actores humanitarios ni constructores de la paz, y sus motivaciones son fundamentalmente de carácter comercial.
La especificidad y las dimensiones del mandato del grupo de trabajo de las Naciones Unidas, tocan muchas de las aristas del nuevo concepto de seguridad humana, como son el derecho de los seres humanos y los pueblos a vivir en un entorno privado y público seguro y sano, y a recibir protección contra los actos de violencia ilegítima, con independencia de su procedencia estatal o no estatal, así como a disponer de los instrumentos, medios y recursos materiales, que permitan disfrutar plenamente de una vida en condiciones dignas.
En los países visitados, el grupo de trabajo ha podido constatar una tendencia en pleno auge de externalización del uso de la fuerza a empresas de seguridad privada, e incluso el desplazamiento de las funciones policiales en manos de particulares. Con frecuencia, los efectivos de las empresas de seguridad privada son tres veces superiores a los efectivos de la policía nacional. La mayoría de las personas contratadas por las empresas de seguridad privada son policías o militares jubilados. A menudo uno de los criterios para poder crear estas empresas es que uno de los socios o accionistas sea un antiguo oficial del ejército.
En algunos países, las empresas de seguridad privada contratan a miembros de la fuerza pública en sus horas libres, utilizando elementos privativos del Estado, como uniformes, armas y municiones. Frecuentemente ex militares de las fuerzas armadas y ex policías son los dueños de muchas de esas empresas de seguridad privada, o desempeñan cargos importantes en ellas, y en algunas ocasiones ocupan esos puestos mientras que están en servicio activo. Esta estrecha relación llevaría a una peligrosa confusión de funciones. Se da el mismo fenómeno de la puerta giratoria, que en los Estados desde donde operan las transnacionales de seguridad privada, por la que circulan militares y policías que pasan del sector público al privado.
Al privatizar la seguridad se corre el riesgo de privar de un bien público y un derecho humano a quienes no pueden pagarlo, vulnerando así el derecho de equidad. Asimismo, hay que tener en cuenta que los guardias y los vigilantes privados no defienden el interés y el bien común, sino los intereses particulares de quienes los pagan y los contratan, lo que convierte la seguridad en una mercancía para los pudientes.
Un fenómeno emergente en América Latina es la relación entre empresas de seguridad privada contratadas por compañías transnacionales para la protección de sitios geoestratégicos claves para la extracción minera, de petróleo y de fuentes de agua, y la represión violenta de la protesta social de las comunidades locales por la defensa de sus tierras y de los derechos medioambientales que esas transnacionales estarían infringiendo. Las empresas de seguridad privada, a las que el Estado ha cedido el uso de la fuerza, confunden a menudo la legítima protesta social de las comunidades con actividades delictivas o terroristas y cometen violaciones de derechos humanos.
El hecho de ceder o delegar algunas funciones propias del Estado a entidades privadas, no exime a los Estados de su deber de garantizar la seguridad, el orden público, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos así como su responsabilidad en relación con las normas internacionales de derechos humanos. La privatización de servicios públicos no debe en ningún momento impedir que éstos no se encuentren disponibles en suficiente cantidad para la población. Además, los servicios públicos deben ser accesibles a todos, sin discriminación de ningún tipo (económica o informativa); deben ser aceptables culturalmente; y deben ser de calidad, es decir, la privatización no debe incurrir en servicios de menor calidad. Asimismo, el proceso de privatización debe ser transparente y se debe difundir la información con el fin de garantizar el derecho a buscar, recibir e impartir información y evitar la corrupción, elemento recurrente en el proceso de privatización.
Dos instrumentos universales rigen las acciones de los mercenarios. En derecho internacional humanitario, que reglamenta el derecho en la guerra (ius in bello), el Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra en su artículo 47 estipula que los mercenarios no podrán gozar del estatuto de prisioneros de guerra. Esta es la única consecuencia. Para el derecho internacional humanitario los empleados de las empresas militares y de seguridad privada son civiles hasta que se convierten en combatientes, y no deben ser blanco ni tomar parte directa en las hostilidades. En derecho penal internacional, la Convención Internacional de 1989 contra la utilización de mercenarios, que se enmarca dentro de los principios de neutralidad de no agresión y de no intervención, el derecho a la guerra (ius ad bellum), estipula para aquellos Estados partes la obligación de perseguir y sancionar a mercenarios. Sin embargo, los criterios de la definición de mercenario, definida en ambos instrumentos internacionales y prácticamente la misma para ambos, son tan difíciles de aplicar que los empleados de las empresas militares y de seguridad privada escapan a tal definición.
Otro problema es la escasa ratificación de los Estados a la Convención Internacional contra el mercenarismo. Actualmente este instrumento cuenta con 30 Estados partes solamente. En la región de América Latina y el Caribe sólo Barbados, Costa Rica, Cuba, Perú y Uruguay son partes en la Convención. A pesar de sus lagunas, sería necesario un respaldo fuerte de la comunidad internacional a este instrumento.
Puesto que la legislación internacional y básicamente la Convención Internacional contra la utilización de mercenarios no se puede aplicar fácilmente a los guardias privados, contratistas privados o soldados privados, empleados por las empresas militares y de seguridad privada, el grupo de trabajo está llevando a cabo consultas regionales con los gobiernos y la sociedad civil con miras a elaborar nuevas normas, directrices generales o principios básicos que fortalezcan el marco jurídico internacional.
A este respecto, el grupo de trabajo celebró una consulta regional con los países de América Latina y el Caribe, en la Ciudad de Panamá, los días 17 y 18 de diciembre, dentro del marco de la resolución 62/145 de la Asamblea General, que solicita que se convoquen consultas regionales con el fin de examinar la cuestión fundamental del papel del Estado como detentador del monopolio del uso legítimo de la fuerza. El grupo de trabajo espera que las consultas regionales permitan alcanzar un entendimiento común respecto al tipo de reglamentación y control suplementarios que se necesitan a nivel internacional.
En la consulta regional con los países de América Latina y el Caribe, se estableció la necesidad de que los Estados identifiquen las funciones militares y de seguridad que no se pueden contratar externamente por ser inherentemente gubernamentales, y que le pertenecen como detentador del monopolio del uso legitimo de la fuerza Por otra parte, la consulta regional apuntó a la necesidad de definir y delimitar las funciones que se pueden contratar externamente, y para las cuales se debería establecer una regulación nacional; de adoptar legislación y establecer mecanismos para el control y supervisión de dichas actividades; de establecer un sistema de registro y de concesión de licencias, un régimen de sanciones, así como de cláusulas de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario; de incorporar la obligación de una capacitación seria del personal, incluyendo normas de derechos humanos; de establecer un sistema efectivo de selección e investigación del personal a contratar; y de incorporar la obligación de presentar informes periódicos y un sistema de fiscalización.
En el ámbito regional, el grupo de trabajo recomienda a organizaciones, como la Organización de Estados Americanos, que estudien la posibilidad de elaborar un sistema común para los países que las integran, tendente a regular las actividades de las empresas militares y de seguridad privada.
Por último, y con todo el respeto correspondiente, considero que el Parlamento Latinoamericano puede, y debe, desplegar todas las acciones en el ámbito de sus competencias a efecto de inhibir el mercenarismo y proponer normas marco que puedan ser adoptadas por los parlamentos de los países miembros que la conforman.
Salutación de invitados especiales
Expresaron sus mensajes los legisladores:
Wayburr Kamalu, del Parlamento Panafricano
Victor Aussusi, del Congo
Criminalización de los movimientos sociales
-Ponente: Gloria Flórez (Colombia)
La defensora de los derechos humanos, reflexionó en torno a la estrategia de criminalización de los movimientos sociales; estrategia que, dijo, gana cada día más adeptos entre los gobiernos latinoamericanos.
Compartió con los asistentes el desarrollo del proceso de criminalización de los movimientos sociales en su país de origen, en el cual, afirmó, existe una enfermiza urgencia por abolir el derecho a protestar, bajo el argumento de que la protesta vulnera a la necesarísima unidad ante el crimen organizado y la guerrilla.
En Colombia, afirmó la expositora, se vive una guerra interna, un conflicto armado interno, que a producido 65 mil asesinados en 30 años, la mayor parte de ellos, luchadores sociales; 10 por ciento de nuestra población total desplazada de su lugar de origen, cuatro millones de colombianos viviendo en Venezuela, y una cantidad similar repartida por diversos países del planeta.
En mi país, expresó Gloria Florez, el 11 de septiembre de 2001 inició un recrudecimiento de violaciones a los derechos humanos, pues la lucha antiterrorista que dictó Washington al gobierno colombiano, amplió la brecha en el cumplimiento del respeto a los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo colombiano.
Salutación de invitados especiales
Expresaron sus mensajes los legisladores:
Senadora María de los Ángeles Moreno (México) secretaria de comisiones del Parlamento Latinoamericano, quien destacó la importancia de la información vertida por los ponentes, en relación a las acciones bélicas que se instrumentan en contra de la más valiosa aspiración de la humanidad: la paz. En particular, señaló la gravedad del mercenarismo como una nueva forma de invasión e intervención encubierta.
Paz y defensa regional
Hacia el sistema de defensa latinoamericano y caribeño: Consejo Sudamericano de Defensa.
-Ponente: General Alberto Müller Rojas (Venezuela)
Con una basta experiencia en el tema de la defensa regional, el militar retirado del ejército venezolano, analizó el escenario geopolítico del área en cuestión, recordando los diversos raseros que han utilizado los gobiernos de Washington y Londres en sus asimétricas relaciones con los gobiernos latinoamericanos.
Al respecto, el expositor recordó que durante la era de Regan y Tatcher, hubo un cambio sustantivo en relación a Latinoamérica, pues mientras que antaño se impulsó la lucha en contra de los procesos democráticos del área, imponiendo soluciones dictatoriales en aquellos países en los que el avance democrático resultaba un problema para la hegemonía capitalista, en esa época la lucha se trasladó al narcotráfico, a pesar de lo útil que le resultó al gobierno estadounidense en los sesenta aplicar la estrategia diseñada por Paul Dulles para la CIA, a efecto de combatir al movimiento afroamericano y a los pacifistas impulsando sus adicciones a las drogas de origen vegetal.
Sin embargo, dijo el General Miller, mientras que Estados Unidos protegía al principal productor de heroína del mundo, Afganistán; en América Latina se determinó luchar en contra del gobierno popular del general Noriega en el Panamá, y se exigió a Colombia aceptar condiciones indignas de subordinación a efecto de combatir a los cárteles.
En esta primera década del siglo XXI, resulta perjudicial para los intereses estadounidenses el avance de los movimientos libertarios y reivindicatorios de la diversidad latinoamericana, cuyo mayor exponente es el gobierno popular de Evo Morales, en Bolivia, de ahí que el imperio decidiera enviar 7 mil elementos desestabilizadores a efecto de transformar, por la violencia, la construcción de un país democrático e incluyente.
Señaló que los escarceos en contra de Venezuela y Ecuador, así como en contra de Nicaragua, demuestran el nerviosismo de Washington sobre el rumbo que adquiere la región, y como respuesta al avance de la unidad suramericana revive a la VI flota, para navegar por aguas vecinas a países enormemente ricos en reservas petroleras (Brasil y Venezuela).
La presencia de esta flota dio pauta para reconocer la necesidad de implementar la propuesta que desde 1999 Venezuela hizo a los países del área, en torno a la necesidad de adoptar acciones combinadas de defensa; es por ello, expresó el General Müller, que el presidente Lula convocó a los gobiernos del área a impulsar un órgano colegiado de defensa regional.
Fiel al espíritu pacifista de las naciones latinoamericanas, este órgano, denominado Consejo de Seguridad Suramericano, ha adoptado como meta sustantiva el establecimiento de la zona de paz en toda la región, figura similar a la declaratoria de neutralidad que rige a Suiza, y a algunos países del área, como México y Costa Rica.
Sin embargo, afirmó el experto, a diferencia de Suiza, país en el que su riqueza estriba en una dinámica industria relojera, chocolatera, bancaria y de atractivos turísticos naturales. El cono sur se distingue por ser una importante reserva de energéticos (petróleo, gas, energía eólica, solar e hídrica); reserva mineral (cobre, estaño, platino), reserva acuífera y bioecológica de primera línea.
Ante esa realidad, el ponente expresó la necesidad de entender que la simple declaratoria de zona de paz no frenará las ambiciones de Estados Unidos por apropiarse de esas riquezas, por lo que es necesario acompañar a la declaratoria de acciones y mecanismos que permitan defender la instauración de esa zona de paz.
Para ello, considera que los altos mandos militares de los países miembros del Consejo de Sudamericano de Defensa, deben estar planteándose los siguientes mecanismos:
-Establecimiento de un sistema de defensa para la resistencia.
-Enfrentamientos con medios convencionales de defensa.
-Disuasión de enfrentamiento a través de la defensa nuclear
-Organización de una fuerza irregular de resistencia civil y militar, organizada por los Estados y sus poblaciones.
Para concluir, el expositor caracterizó la coyuntura en que se mueve el gobierno estadounidense en este momento, discrepando con algunos de los expositores que le antecedieron en el uso de la palabra. Para el general Miller la estrategia del gobierno de los Estados Unidos, a raíz del ataque del 11 de septiembre de 2001, se centró en la generación de un autocerco guerrero que lo aisló del resto de los países, incluyendo sus antiguos aliados. Como reacción a ese aislamiento, su economía se debilitó a tal grado que, los países emergentes (India y China) harán inviable su recuperación, ya que las condiciones en este 2008 son totalmente distintas a las existentes en 1929, cuando el planeta se enfrentó a una recesión generalizada de la economía mundial.
El exponente señaló que mientras que a Estados Unidos le tomó casi 50 años desmantelar el poderío económico de la ex Unión Soviética, al propio gobierno estadounidense le tomó tan sólo siete años acabar con su propio poderío, al optar por el aislamiento y la beligerancia como acción reactiva a un ataque en su propio territorio.
Por último, señaló el nerviosismo que debe generar en los ámbitos del poder en Washington, los compromisos y acuerdos impulsados por el gobierno venezolano en relación a los acuerdos económicos con Rusia y China, sobre todo con la creación del banco chino-venezolano, que atenderá al cono sur de América, con lo que, junto al Banco del Sur, se acotan día a día las posibilidades de negocio para el capital norteamericano.
Factores que atentan contra la seguridad y la paz regular
-Ponente: Michel Chossudovsky (Canadá)
En esta ocasión, el doctor Chossudovsky abordó el tema con el análisis geopolítico del planeta, pormenorizando los corredores de escenarios de guerra previstos por la estrategia estadounidense.
Dentro de este contexto, definió otra de las estrategias de acciones encubiertas previstas por el plan, destacando la generación o mantenimiento ficticio de guerras civiles, inducidas por un asunto de recursos naturales, más que por luchas por la democracia y la libertad, como ocurre en el Congo, Ruanda y Darfur, así como el conflicto separatista de Pakistán.
Sobre el origen real de intereses económicos por sobre los políticos en la generación de los denominados teatros de guerra, el canadiense recordó que el Oriente Medio es poseedor de más del 60 por ciento de las reservas energéticas probadas (petróleo y gas), lo que representa treinta veces más que la reserva estadounidense, que se ubica en el 2 por ciento de la reserva mundial.
Retomando la información vertida por el general Müller en relación al uso y abuso del narcotráfico dentro de la estrategia estadounidense, el ponente señaló que así como el gobierno estadunidense asegura que el 90 por ciento de la producción de cocaína se ubica entre Perú, Bolivia y Colombia; en el caso de la heroína es Afganistán quien produce el 93 por ciento de la oferta mundial; y curiosamente, fue a partir de la invasión estadounidense que ese país recuperó su posición de primer productor del enervante, ya que durante el gobierno Talibán, por cuestiones ideológica traducida en política de gobierno, se desincentivó la producción masiva del estupefaciente.
Para ilustrar a la audiencia en torno a los lineamientos contemplados por el "proyecto para la nueva América en el nuevo siglo", el ponente exhibió un cuadro que contiene los objetivos sustantivos del referido plan, los cuales son:
-Defensa del territorio estadounidense
-Impulso a las operaciones de inteligencia militar asociadas a acciones de seguridad pública, u otras operaciones encubiertas, aplicadas en regiones críticas del planeta.
-Escenarios múltiples de enfrentamiento, vinculados a victorias múltiples de la armada estadounidense.
-Impulsar la revolución tecnológica del armamento, convencional o no, de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América.
-Sostener la superioridad nuclear del sistema defensivo estadounidense sobre Rusia y cualquier otro país que intente poseer arsenales nucleares.
-Fortalecer el espíritu de nuestros soldados.
La paz, los derechos humanos y la solidaridad internacional: El acuerdo humanitario en la hermana República de Colombia
-Ponentes: Embajador Pavel Rondón (Venezuela)
El diplomático, acreditado ante la República de Colombia, analizó las causas que llevaron al país latinoamericano a vivir la situación de guerra en que se ha visto involucrado en los últimos tres lustros.
-Gloria Flórez (Colombia)
La defensora de derechos humanos informó que el Plan Colombia ha entrado a su segunda fase; que consiste en la aplicación del plan diseñado por la defensa de los Estados Unidos, a través del Comando Sur, el cual contempla la aplicación de acciones articuladas, que fortalezcan una relación cívico-militar que permita el establecimiento de gobiernos militares, en los diferentes departamentos estratégicos o conflictivos que conforman la República de Colombia.
En este contexto, llama la atención la atingencia con la que las fuerzas armadas, tanto del país como del comando, han demostrado recientemente al involucrarse en acciones de mitigación y rescate ante el embate climático, así como en procesos de construcción popular o de apoyo abierto a la población civil.
Seguridad privada y seguridad nacional
-Ponente: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (México)
"Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona".
(Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)
Quisiera comenzar retomando las palabras del señor Michael Frühling, director de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Colombia, en el año de 2003: "Es difícil imaginar una sociedad humana que pueda existir y desarrollarse sin que cada uno de sus miembros tenga reconocido y garantizado el derecho fundamental a permanecer, y a permanecer con su dignidad humana inherente e intacta". El tema que hoy nos ocupa, sin embargo, no puede analizarse sin hacer una reflexión respecto al proceso de globalización del cual hemos sido testigos durante las últimas dos décadas, por lo menos, pero que tiene sus orígenes en procesos mucho más añejos.
Debemos señalar que, los principios del nacionalismo latinoamericano tiene su fundamento en la idea de nación elaborada por el constitucionalismo liberal decimonónico, y conlleva, intrínsecamente, la defensa de la soberanía nacional, que permite a los nacientes Estados latinoamericanos legitimar sus políticas de cohesión al interior de sus fronteras y de frente a las potencias mundiales, en un escenario de policentrismo y multilateralidad en el orden internacional, que se caracteriza por una significativa disminución de los márgenes de autoridad de los gobiernos nacionales.4
Es durante el siglo XX que la conformación de organismos supranacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, la de Estados Americanos o, más recientemente, el Parlamento Latinoamericano, han generado espacios de intercambio entre las naciones y, progresivamente, han adquirido competencias inéditas, como la defensa de los derechos humanos, civiles y del progreso social que, hasta entonces, se consideraban prerrogativa exclusiva de los Estados individuales, y que han permitido la consolidación de mecanismos efectivos que garantizan estos derechos en muchos de nuestros países.
Un proceso paralelo ha sido el de la globalización económica, es decir, la producción, distribución, intercambio y consumo mundializados, que ha favorecido el debilitamiento del papel de los Estados, así como de sus instituciones, "en beneficio de crecientes y cada vez más poderosos organismos multinacionales, internacionales, de escala macro regional o continental, e incluso, en ocasiones, abiertamente mundiales o planetarios, tales como el FMI, el Banco Mundial, la OMC, entre otros, y así… en el papel, cada vez más frágil o disminuido de las fronteras…[y] de los Estados nacionales frente a las decisiones de los grandes centros de poder globales, se reitera la crisis de los símbolos y señas de las identidades nacionales, socavadas desde arriba por esas estructuras transnacionales".5
Al respecto, debemos destacar la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (Aspan) o TLC Plus; en la que, por cierto, los legislativos de los países integrantes no tienen cabida, toda vez que no se trata de convenios o acuerdos entre los países sino una memoranda o actos de intención, lo que inhibe la acción de la representación popular en la aplicación de dichos compromisos. Asimismo, debemos señalar que la Iniciativa Mérida, o mejor el Plan México, como se le denominó originalmente, es una estratagema de anexión y subordinación bajo el esquema de apoyo a la seguridad pública y lucha en contra del narcotráfico.
Es en este contexto, podemos situar el derecho a la seguridad, como la obligación de todos y cada uno de nuestros Estados, que constituye la base primigenia y fundamental para garantizar el acceso efectivo a una vida digna en el marco del desarrollo integral de nuestras sociedades, concebido como el proceso sistémico económico, social, cultural y político, que garantice el mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan. No obstante, los procesos de globalización, no sólo de la economía sino de todos los ámbitos de la vida, han generado que nuestros Estados renuncien al ejercicio sistémico de algunas de sus prerrogativas. En el marco de la seguridad, esta situación resulta sumamente preocupante.
En nuestros países, "la concepción de la seguridad como un bien público y el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado comienzan a ser cuestionados por los agentes privatizadores".6 Esto se refleja en la proliferación de compañías de seguridad privada y, más específicamente, compañías militares privadas, que ponen en riesgo no sólo a las instituciones armadas nacionales sino a la viabilidad de nuestros Estados como naciones independientes, libres y soberanas. Se trata, es menester decirlo, de la privatización de un derecho humano y de la renuncia de los gobiernos al monopolio del uso legítimo de la violencia, y lo deja en manos de mercenarios, que únicamente responden con lealtad al color de los dólares.
Resulta indispensable señalar que este tipo de compañías se encuentran ya operando en territorio mexicano. Existen registradas, según los datos proporcionados por el propio gobierno federal, 2 mil 20 empresas privadas, 475 con autorización federal y otras mil 545 con autorización de los gobiernos locales, con una fuerza operativa total de 21 mil 525 elementos. Esto quiere decir que tenemos una fuerza privada, armada y entrenada, con una capacidad en términos efectivos que corresponde al 10 por ciento de la de nuestro Ejército Nacional, y a más del 50 por ciento de la fuerza de la Policía Federal Preventiva. Las dificultades generadas por esta situación no se han hecho esperar. En el mes de julio pasado, se hicieron públicas las denuncias relativas al entrenamiento para la tortura que recibían policías municipales en León, Guanajuato. Esta Policía Municipal era asesorada directamente por la compañía militar privada Global Risk Inc. que, en su publicidad, llama a ex militares entrenados y policías dados de baja por cualquier motivo, a incorporarse a sus filas recibiendo, a cambio, beneficios económicos muy superiores a los que proporciona el Estado mexicano.
Es por lo anterior que afirmamos que, en México, el derecho a la seguridad está garantizado exclusivamente para aquellos que tienen la posibilidad económica de pagar por estos servicios. Nos encontramos ante el triste panorama de un Estado que ha resultado incapaz de cumplir con sus obligaciones fundamentales. Adicionalmente, hemos observado cómo nuestro gobierno intenta entregar los recursos petroleros, propiedad de todos los mexicanos, a las grandes compañías extranjeras, con el único propósito de que el gigante del norte tenga garantizado el abasto de combustibles en los años por venir. Sin embargo, no ha tomado en cuenta la gran puerta que se abre en materia de seguridad.
Hemos denunciado, en múltiples ocasiones y en diversos foros, los riesgos que conlleva la apertura del sector petrolero de nuestro país para la seguridad interior de la nación. Desde 1938, al momento de nacionalizar la industria petrolera, el general Lázaro Cárdenas determinó que es obligación del Estado mexicano garantizar su integridad y viabilidad. Es por ello que la Ley de Seguridad Nacional de nuestro país, la sitúa como industria estratégica, por lo que se encuentra resguardada por instancias internas y externas, entre las cuales, ineludiblemente, están el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos, la Armada de México, la Policía Federal Preventiva, la Procuraduría General de la República así como las corporaciones policiales de las entidades federativas y los municipios.
Si estas actividades son transferidas, como pretenden los impulsores de esta reforma, a particulares, la pregunta que nos debemos plantear es: ¿quién resguardará entonces las instalaciones petroleras, ya que éstas no pierden su carácter estratégico? Podemos vislumbrar dos grandes riesgos. El primero tiene ya antecedentes. El 1 de octubre de 2003 fue firmado en Ecuador el contrato CO13.00009.2003, entre la empresa petrolera Repsol y el Ejército ecuatoriano, en donde se sujeta a esta institución a servir de contratista, con el objetivo de, tal como lo estipula el texto del contrato, "que el contratista proporcione seguridad integral en el área de operaciones de la compañía mediante patrullajes, control militar permanente en todas las locaciones, carreteras de acceso y embarcaderos de ríos y afluentes; con el propósito fundamental de impedir el ingreso de delincuentes y/o elementos subversivos en el área de operaciones, así como en las áreas de influencia de la compañía.".7 El contrato en cuestión pone a disposición de la compañía personal, equipo e instalaciones militares, obligando al Ejército ecuatoriano a seguir las órdenes y directrices dictadas por Repsol. No dudamos que las razones de nuestra hermana República del Ecuador para firmar este contrato hayan sido poderosas, pero tampoco hay duda de las implicaciones que pudiera esto tener, en el caso mexicano.
El segundo gran riesgo es más alarmante. Nos hemos dado a la tarea de estudiar las opciones que las empresas petroleras extranjeras han adoptado para vigilar sus instalaciones, y nos encontramos con una modalidad recurrente: compañías militares privadas. Estas compañías, en el caso de Petróleos Mexicanos, se encuentran ya operando. El 21 de junio, leíamos en la prensa mexicana que el director de la paraestatal confirmaba que "se ha asesorado con empresas españolas, (específicamente la Compañía Logística de Hidrocarburos), para hacer más eficientes los esquemas de seguridad en (sus) instalaciones"; adicionalmente, existe información relativa a que la empresa Sy Coleman Co., ya brinda estos servicios a partir del mes de julio de 2007, cuando se le encomendó la creación y operación de un centro de vigilancia aérea para monitorear instalaciones estratégicas, según la propia compañía.
Resulta indispensable reconocer la gran labor de nuestros compañeros legisladores chilenos, quienes han enfrentado con gran valentía y estricta responsabilidad el grave problema que estas compañías han generado a la sociedad y el gobierno de ese país andino. Ellos han sido pioneros en la lucha por la preservación de la soberanía de los Estados latinoamericanos en este rubro y su combatividad ha contribuido para que, en el marco de otros espacios nacionales, encontremos la preclara línea de acción que nos conduzca al establecimiento de mecanismos regulatorios que salvaguarden la integridad de nuestra patria latinoamericana.
Cualesquiera que sean las opciones que los promotores de la reforma privatizadora de la industria petrolera mexicana han vislumbrado en relación al sustantivo tema de la seguridad de ductos, refinerías o depósitos de derivados del crudo en manos de particulares son, además de violatorias al marco constitucional mexicano y a todas las disposiciones legales en materia de seguridad nacional, pública y de protección civil, el riesgo más grave registrado en décadas para la seguridad de los países latinoamericanos y para la seguridad nacional mexicana. Facilitar la creación de grupos paramilitares o pretender sobajar a nuestro Ejército al rango de un proveedor de servicios de seguridad, es el primer paso para transformar el derecho fundamental a la seguridad en mera mercancía al servicio de quien lo pueda pagar. Con ello estaremos complaciendo a las pretensiones de la mafia texana, que no sólo quiere nuestro petróleo, sino también el jugoso negocio del mantenimiento de la paz y la prestación de servicios de seguridad a manos de compañías como Blackwater Inc.
La historia y los antecedentes de este tipo de empresas de seguridad, resultan bastante cuestionables, ya que se integran como organizaciones paramilitares, fuera de cualquier regulación legal civil o legal militar. Este es el caso de Blackwater, que se ha conformado como una "guardia pretoriana de elite para la guerra global contra el terror, con sus propias bases militares, una flota de veinte aviones y veinte mil contratistas privados listos para entrar en acción". Su participación en la guerra de Irak no sólo ha sido definitoria, sino que se ha convertido en el director fáctico de las operaciones, por sobre los mandos del Ejército estadounidense. La presencia de contratistas privados ha sido confirmada, también, en la guerra del Cáucaso.
En este contexto, resulta importante señalar que esta compañía recientemente abrió un centro de entrenamiento a sólo cinco kilómetros de la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. No cabe la menor duda de que, en el caso de que las instalaciones petroleras mexicanas adquirieran un carácter privado, sus dueños recurrirán a los Black warriors. La vida institucional de nuestro país se verá fuertemente comprometida, ya que el monopolio de la fuerza no corresponderá, de ninguna manera, al Estado mexicano, y se pondrá en peligro la existencia misma de las instituciones de seguridad nacional y pública, que hemos venido construyendo a costa de mucho esfuerzo y más vidas. Adicionalmente, esta situación generaría un foco de riesgo más para las democracias latinoamericanas, fuertemente amenazadas por las pretensiones autoritarias del gigante estadounidense, que se han visto plasmadas en los últimos acontecimientos en Bolivia y Venezuela. Aprovechamos la oportunidad para expresar la más cara solidaridad del pueblo mexicano con estos pueblos hermanos, y refrendar que los principios constitucionales históricos de la política exterior mexicana son: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
Por último, debemos recordar que los escenarios de guerra que se han señalado aquí, como parte de la estrategia estadounidense, por parte del general Müller y por el doctor Chossudovsky, pretenden quebrar el espíritu bolivariano, fracturar la patria grande, integrar y subordinar a mi país, alejándolo de nuestra identidad e historia comunes.
Sin embargo, la fuerza de las luchas libertarias de la primera década del siglo XIX, deben servirnos de eslabón inquebrantable en la construcción de la patria que soñaron Bolívar y Miranda, O´Higgins y San Martín, Morazán, Morelos, Juárez y José Martí, una tierra de paz, justicia y libertad, en la que nuestras fuerzas armadas, en particular las mexicanas, sean garantes de nuestra independencia, de nuestra democracia y de la inclusión social de todas y todos los habitantes de este extraordinario continente.
Por ello, estemos atentos e impidamos las invasiones encubiertas que, bajo esquemas de seguridad privada y de mantenimiento de la paz, ofertan los mercenarios arropados por los inconfesados intereses de la oligarquía petrolera estadounidense.
A nombre del pueblo mexicano expreso nuestra convicción de fortalecer nuestra patria grande. Expreso nuestra solidaridad al pueblo boliviano y a nuestro hermano Evo Morales; nuestro agradecimiento a los hermanos venezolanos por organizar estos espacios de intercambio de ideas y de solución de problemas entre latinoamericanos. Por último, hago manifiesto nuestro reconocimiento al gobierno venezolano por todas las acciones que ha favor del espíritu bolivariano ha desplegado a lo largo y ancho del planeta.
La Venezuela azul y su defensa integral
-Ponente: Almirante Orlando Maniglia (Venezuela)
El expositor demostró la necesidad de integrar todos los frentes de defensa de la soberanía nacional, en regiones que contemplen el espacio aéreo, el marítimo y el terrestre, en función a las demarcaciones políticas y sus polos de desarrollo integral.
Estas sesiones de trabajo se llevaron a cabo en el salón principal del hotel estatal Alba y en el auditorio de la Universidad Politécnica de las Fuerzas Armadas.
Notas:
1. Central Intelligence Agency, National Security Agency, Defense Intelligence Agency.
2. Tim Shorrock, "Spies for Hire. The Secret World of Intelligence Outsourcing", Simon and Schuster, New York, 2008.
3. Informe GAO, número GAO-08-169, titulado "Defense Contracting: Additional Personal Conflict of Interest
Safeguards Needed for Certain DOD Contractor Employees"‘, hecho público el 10 de marzo de 2008, citado en "The Pentagon Legacy of the MBA President" by Frida Berrigan and Tom Engelhardt, AntiWar.com, 15 de septiembre de 2008.
4. Ver Carmagnani, Marcello, "El otro occidente, América Latina desde la invasión europea hasta la globalización", Capítulo 4.
5. Aguirre Rojas Carlos, "Para una crítica del concepto de globalización", Aportes: Revista de la Facultad de Economía, de la BUAP, Año VI, Núm. 16.
6. Martínez Peniche, Íñigo, "La agenda de seguridad internacional del nuevo siglo", Debate Parlamentario, Revista Virtual del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, septiembre-octubre 2008.
7. http://repsolmata.ourproject.org/IMG/pdf/CONVENIOS_REPSOL_-FFAA__15_marzo_2005-1.pdf
Atentamente
Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica)
