Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL PROGRAMA INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES EN TABASCO, A CARGO DEL DIPUTADO MOISÉS FÉLIX DAGDUG LÜTZOW, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal Moisés Dagdug Lützow, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía una proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Programa Integral contra las Inundaciones (PICI) nació formalmente el 2 de abril de 2003, cuando el entonces gobernador de Tabasco, Manuel Andrade Díaz, y el director general de la Conagua, Cristóbal Jaime Jáquez, suscribieron un acuerdo de coordinación para "conjuntar acciones y recursos" (72 por ciento del gobierno federal y 28 por ciento de autoridades estatales) como una propuesta de solución a la problemática de las inundaciones sistemáticas, principalmente en la ciudad de Villahermosa, capital del estado.
Basado en la planeación de tres sistemas hidráulicos, el proyecto busca, "ante todo, brindar protección integral contra lluvias extraordinarias y sus efectos en los niveles de los ríos Samaria, Carrizal, La Sierra y Grijalva, confinando las corrientes, conduciendo los excedentes lejos de los centros urbanos para evitar daños a la población y a la actividad productiva, acelerando en lo posible la salida de los escurrimientos hacia el mar y disminuyendo significativamente el riesgo de inundaciones catastróficas".
Las diversas obras hidráulicas que conforman el proyecto van de la construcción de bordos de empotramiento y protecciones marginales para los ríos señalados y sus vertientes, a drenes, estructuras de cruce, desazolve de cauces naturales y drenaje. Sin embargo, las obras al día de hoy están inconclusas, motivo por el cual las afectaciones en Tabasco se han incrementado, luego de las recientes lluvias y la saturación en las presas.
Originalmente, en dicho proyecto se detallaba la inversión que harían tanto el gobierno federal atravez de la Comisión Nacional del Agua (70 por ciento) como el gobierno estatal (30 por ciento), sumando en total 2 mil 60 millones de pesos, proyectando su conclusión en el año 2006, pero hasta la fecha sólo se han ejecutado mil 500 millones. Pero ni siquiera los costales en etapa terminal que fueron colocados en las márgenes de los ríos han evitado el paso de la corriente.
Es necesario recordar que de 1990 a 2002 se habían tenido afectaciones significativas de diversos grados por los desbordamientos de ríos. La última gran inundación, en 1999, afectó prácticamente 60 por ciento de la capital del estado y ocasionó graves daños en 16 de los 17 municipios, resultando cerca de 312 mil personas afectadas en su patrimonio; desde luego, sin olvidar los desastres de 2007, que según cifras oficiales afectaron a más de un millón de personas.
No obstante lo anterior; el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 que entregó el Ejecutivo federal a esta Cámara de Diputados no contempla ni un solo centavo para el PICI, lo que demuestra falta de sensibilidad del gobierno de Felipe Calderón hacia la población del estado de Tabasco, aún cuando esta demanda ha sido recurrente. Inclusive, debo recordar que el 6 de noviembre de 2007 presenté un punto de acuerdo para que la Federación apoyara con suficientes recursos el plan hidraulico del estado.
Hoy en día el ingreso de la onda tropical número 32 que trajo consigo lluvias torrenciales de hasta 237 milímetros, sobre el territorio tabasqueño, ha provocado, según datos del Sistema de Protección Civil estatal, que el numero de tabasqueños afectados por el mal tiempo pase de 6 mil 997 a 23 mil personas, comprendidas en 5 mil 573 familias de 143 localidades de los municipios de Villahermosa, Cárdenas, Cunduacán, Centro, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Huimanguillo, Macuspana, Nacajuca, Tenosique, Teapa y Tacotalpa.
Al respecto, la Comisión Nacional del Agua informó que cuatro de los principales ríos de la entidad han rebasado sus escalas críticas, como el caso del Pichucalco que se encuentra 42 centímetros arriba; el de La Sierra, 65 centímetros arriba; el Grijalva, 5.66 metros con 42 centímetros arriba; y el Usumacinta, alimentado por los escurrimientos procedentes de la selva norte de Chiapas, que se encuentra 59 centímetros arriba de su escala de afectación.
Finalmente, y ante el riesgo de que en los próximos días el nivel de los ríos serranos continué en ascenso y pudiese provocar mayores afectaciones, el gobierno estatal ya anunció la evacuación de mil 500 personas de los sectores Valle Verde, Monal, Armenia, Coquitos y Cedral de la colonia Gaviotas Sur, las cuales serán enviadas a la nave 1 del Parque Tabasco que fue habilitado como albergue.
Por las razones antes expuestas, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, considere recursos suficientes para el Programa Integral contra Inundaciones para el estado de Tabasco.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que de las economías que se generen en el ejercicio fiscal de 2008 se destinen recursos para el Programa Integral contra Inundaciones para el estado de Tabasco.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2008.
Diputado Moisés Dagdug Lützow (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN MÁS RECURSOS PARA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EDUCACIÓN, TURISMO Y SALUD EN CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO DÍAZ ATHIÉ Y SUSCRITA POR DIVERSOS LEGISLADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
He solicitado el uso de la palabra para presentar un punto de acuerdo, con el ánimo de que no reciba el tratamiento que puede darse a cualquier trámite legislativo. Por ello, más que un documento legislativo es una denuncia y una exigencia, para tratar al estado de Chiapas bajo el principio de que la verdadera justicia es tratar de manera desigual a los desiguales, y la situación dramática en lo económico y en lo social que vive Chiapas así lo exige.
Como pocas veces se ve en una institución plural como ésta, nuestra propuesta está respaldada por todas las fuerzas políticas, en virtud de que el abandono, la injusticia y la marginación no tienen patente de partido, superan cualquier diferencia en puntos de vista y tiene la capacidad de unir voluntades.
Desde esta tribuna, escapa a nuestro interés reivindicar expresiones de rebelión que buscan satisfacer sus demandas más allá del estado, más allá del derecho y los causes políticos de la democracia. No obstante, es válido señalar que desde la irrupción del movimiento zapatista, que en breve cumplirá 15 años, los ojos de la nación entera voltearon a Chiapas y se enumeraron muchos compromisos por parte de todos los niveles de gobierno para resolver de fondo el abandono de siglos hacia la entidad.
Desde entonces han ocupado la principal silla de los pinos tres presidentes y la evaluación del cumplimiento de su palabra es lamentable e indignante. Poco han hecho por resolver la condición chiapaneca.
Si Belisario Domínguez o Rosario Castellanos se erigieran desde su sepultura, verían con tristeza que la condición que denunciaron permanentemente en el país y en el mundo, de la forma de vida de las comunidades chiapanecas, prácticamente ha quedado intacta. Especialmente la infraestructura industrial y turística, del campo, de la salud y de la educación se encuentran en los últimos lugares del país. La Organización de Naciones Unidas lo reconoció recientemente en la evaluación de las Metas del Milenio por las que, supuestamente, en el 2015 quedaría superada la pobreza extrema. Pero no es así, en mortalidad, destrucción, morbilidad y marginalidad en general, Chiapas es señalado en este documento como uno de los últimos lugares.
Es imposible desmentir lo que todos tenemos ante los ojos. Chiapas es eminentemente agraria, pero su productividad es de las más bajas. Mientras otros estados han visto crecer rápidamente la infraestructura de riego, en Chiapas sólo el 4por ciento de la tierra tiene este sistema y su producción sigue dependiendo de las condiciones climáticas.
Chiapas podría ser una potencia ganadera, ya que posee más de 3 millones de hectáreas de pasto y praderas, pero subsiste el sistema de cría, el manejo excesivo de los hatos y la organización de tipo familiar, lo que poco ayuda para la demanda interna y externa.
La pesca es otro ejemplo, toda vez que es uno de los estados con mayor potencial pesquero, con variedades que se cuentan por cientos, en una excelente ubicación geográfica para su explotación y comercialización, pero sólo se aprovechan 50 especies y la mayoría para consumo local.
En materia turística cuenta con reconocimiento mundial y con tres rutas de carácter ecológico que atrae gente incluso de los países más remotos del norte de Europa, pero sólo tiene alrededor de 500 hoteles, con una oferta de poco más de 12 mil habitaciones.
Desde la federalización de Chiapas, en 1814, el estado ha sido un bastión cultural, político y económico para todo el país. En él se encuentran nuestras mejores raíces y le aporta a la nación una producción eléctrica y petrolera que simplemente no tiene reciprocidad; lo mismo ocurre con el agua y el gas natural. Tan sólo de electricidad abastece el 6.4 de la producción nacional, y contabiliza 116 pozos que producen cerca de 18 millones de barriles anuales de petróleo crudo. La realidad es que en medio de toda esta riqueza, amplios sectores chiapanecos no tienen luz, ni agua, mucho menos drenaje, alcantarillado o viviendas dignas. Su marginación es de las más altas del país. Casi el 23 por ciento de la población es analfabeta y dos terceras partes vive con menos de dos salarios mínimos.
Lamentablemente el actual gobierno está remitiendo a esta Cámara un proyecto de presupuesto que, aunque tiene un ligero incremento, de alrededor del 2 por ciento, presenta una disminución de las inversiones por más de 2 mil 300 millones de pesos, lo que es inaceptable para el tamaño de las necesidades de todas las regiones de Chiapas.
Por ello, exhortamos a todos los grupos parlamentarios a voltear su atención a uno de los estados más leales y, a la vez, más necesitados del país, para comprometerse verdaderamente y solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que lo asignado para el año 2009 a Chiapas sea mucho mayor, y que sea destinado para carreteras, educación, turismo y salud; que deberían ser los sectores de punta para incentivar el crecimiento económico, el empleo y la integración económica y social que ya no pueden esperar más.
Confiamos en la alta sensibilidad política y social que ha demostrado la LX Legislatura para que esta propuesta no sea una proclama en tierras áridas y que obtenga una respuesta concreta, que reivindique la alianza que México necesita en su región sureste y, en particular, con el estado de Chiapas.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición con carácter de urgente u obvia resolución, conforme al siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para elevar de manera relevante los recursos federales para el estado de Chiapas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2009; principalmente en infraestructura carretera, educación, turismo y salud, concretando la solidaridad y el espíritu de justicia con esta entidad federativa.
Palacio Legislativo, a 2 de octubre de 2008.
Diputados: Antonio Díaz Athié (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Elmar Díaz Solórzano (rúbrica), Andrés Carballo Bustamente (rúbrica), Arely Madrid Tovilla (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL CONTRATO DE INTERCONEXIÓN DE ENERGÍA SOLAR, A CARGO DEL DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Diego Cobo Terrazas, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Las energías renovables representan una alternativa real, no sólo para satisfacer las necesidades energéticas del país sino para contribuir al combate del cambio climático, cuyo origen guarda estrecha relación con la generación y el consumo de energía.
A diferencia del sistema eléctrico convencional, que depende de plantas generadoras centralizadas, las energías renovables pueden integrar sistemas modulares que facilitan su manejo y aprovechamiento.
La generación de electricidad a través de energías renovables en pequeños sistemas modulares puede proveer la cantidad necesaria para satisfacer total o parcialmente las necesidades energéticas domésticas, comerciales e incuso industriales y, con ello, disminuir de manera importante la dependencia de los combustibles fósiles.
Desafortunadamente, la ausencia de un marco legal especial, subsidios mal orientados e inexistentes y la falta de voluntad política por intereses creados evitan que las energías renovables encuentren su punto de impulso para proyectarse adecuadamente.
Actualmente, y pese a que ya hay desarrollo tecnológico que permite el aprovechamiento de las energías renovables, en México persisten trabas burocráticas que impiden el desarrollo de estas fuentes energéticas, en especial de los sistemas de generación de pequeña escala.
No obstante que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) permite a los particulares generar electricidad para autoabastecimiento o incluso para su venta a los suministradores (CFE y LFC), en el caso de las energías renovables se carece de instrumentos técnico-jurídicos adecuados para permitir que las disposiciones de la ley sean efectivas.
Tal es el caso de los modelos de contrato de interconexión a red para fuentes de energías renovables en pequeña escala, los cuales son de corto alcance y desfasados de la realidad tecnológica y del mercado.
En este esquema de interconexión se pretende reconocer el derecho de los particulares a generar electricidad en la modalidad de autoabastecimiento de pequeña escala, y que mediante un contrato y la instalación de un medidor especial bidireccional vendan sus excedentes a la red del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, el modelo de contrato en cuestión presenta importantes limitaciones:
1. El modelo de contrato de interconexión para fuente de energía solar en pequeña escala, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2007, limita la generación a 30 kilovatios, si bien la ley establece que esta modalidad es de hasta 500 kilovatios (artículo 39, LSPEE);
2. Más aún, para uso residencial el citado modelo de contrato establece una limitación de 10 kilovatios;
3. La definición de "energía solar" de dicho modelo de contrato limita a los sistemas fotovoltaicos la posibilidad de suscribir contratos con los suministradores del servicio público de energía eléctrica, dejando fuera otras fuentes, como la energía eólica o la minihidráulica.
Si bien los sistemas fotovoltaicos son sumamente eficientes, los costos de esta tecnología aún resultan elevados, por lo que conviene combinarlos con otras fuentes para formar sistemas híbridos, y los sistemas eólico-solares son los más viables.
Desafortunadamente, el único modelo de contrato de interconexión con la red del sistema eléctrico nacional excluye los sistemas híbridos, lo que representa con claridad una barrera para la promoción de estas tecnologías limpias.
La producción de electricidad a partir de energías renovables en su modalidad de pequeña escala no debe ser desestimarse. En la medida en que estas tecnologías abaraten sus costos, mayor cantidad de personas y comunidades podrán hacer uso de ellas.
En diversas naciones desarrolladas, estos sistemas de interconexión de pequeña escala forman parte fundamental de las políticas de combate del cambio climático. México no debe abstraerse de ello, por lo que resulta indispensable que la administración pública establezca regulaciones adecuadas para su fomento.
Por lo expuesto, el legislador que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Energía a promover modificaciones del modelo de contrato de interconexión para fuente de energía solar de pequeña escala, a fin de que se adecue a las disposiciones de la ley en cuanto a los máximos permitidos de generación y se amplíe su alcance para permitir la interconexión de sistemas eólicos, minihidráulicos e híbridos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 2 de octubre de 2008.
Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL RESCATE DEL CENTRO CULTURAL ALBERTO M. ALVARADO, EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO, A CARGO DE LA DIPUTADA AÍDA MARINA ARVIZU RIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
La que suscribe, Aída Marina Arvizu Rivas, legisladora federal del Grupo Parlamentario Alternativa Socialdemócrata, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que de acuerdo a información oficial de la Secretaría de Gobernación, el índice de desarrollo municipal de Gómez Palacio, Durango, expone que éste cuenta con un bajo indicador de esfuerzo tributario (de 0.33 puntos), además de contar con un bajo subíndice económico de apenas 0.28 puntos.
2. Que el Centro Cultural Alberto M. Alvarado, se encuentra dentro de una zona de alto riesgo delictivo al colindar con algunas de las colonias con mayor índice de delincuencia (a saber El Consuelo y Flores Magón), de acuerdo con reportes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
3. Que la cultura regional es polo de atracción de la población joven de las poblaciones aledañas, desincentivando a la población dentro de estos grupos de edad a formar parte de las filas de la delincuencia organizada.
4. Que resulta necesario incrementar el uso de espacios públicos que permitan la reconstitución del tejido social, criterio que ha sido respaldado por el Ejecutivo federal a través de diversos programas.
5. Que en época de lluvias, el riesgo del deterioro de la estructura del inmueble aumenta considerablemente.
6. Que en virtud de lo anterior, se requiere del rescate de las instalaciones actuales de dicho Teatro y Centro Cultural con base en la modernización de la estructura, para la habilitación de talleres para actividades recreativo-educativas de capacitación y entretenimiento para la población, misma que tendrá un tiempo aproximado de ejecución de aproximadamente ocho meses.
Por lo expuesto anteriormente, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se destinen de manera adicional y explícita, un monto de 90 millones de pesos ($ 90 000 000. 00/100) al anexo Ampliaciones a Cultura del Ramo 11 Educación Pública, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos suficientes y etiquetados para que el municipio de Gómez Palacio, en el estado de Durango, de acuerdo con las necesidades aquí descritas, los destine para el rescate del Centro Cultural Alberto M. Alvarado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2008.
Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE NIVELACIÓN SALARIAL DEL PERSONAL DE LOS COLEGIOS DE BACHILLERES, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Desde el año fiscal de 2005, la honorable Cámara de Diputados estableció un programa de nivelación salarial con el objetivo de detener la caída libre de los salarios y terminar con la condición discriminatoria en la asignación de los salarios que año con año se otorgan a los trabajadores que prestan sus servicios en los Colegios de Bachilleres del país.
En el ejercicio fiscal de 2005 se asignaron 229 millones de pesos para el Programa de Nivelación Salarial del Personal de los Colegios de Bachilleres, pero, por instrucciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a las entidades, fue aplicado a todo el personal de los colegios, como bono extraordinario. En 2006, el monto asignado fue de 237 millones de pesos, para dar continuidad a dicho programa. Sin embargo, a pesar de estar debidamente etiquetado en el ramo y rubro para su aplicación real, los recursos fueron desviados para cubrir un proceso de homologación que no solucionó el problema.
Para el presupuesto de 2007, la cantidad de 237 millones de pesos para destinarlos a la continuidad al programa. Los recursos estaban debidamente especificados en el ramo, rubro y concepto, sin embargo, la Secretaría de Educación Pública desvió los recursos para sufragar pagos de algunas prestaciones existentes en los colegios, así como el pago de aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e incremento salarial al personal directivo.
Con lo que respecta al Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2008, se etiquetaron 472 millones de pesos en el Ramo 11, "Educación Pública", en el concepto "Fortalecimiento de la educación media superior Cobach y Cecytes", al rubro "Paquete salarial", Capítulo 1000, "Servicios Personales", con la especificación "Complemento al Programa de Nivelación Salarial del Personal de los Colegios de Bachilleres". No obstante, a la fecha, la SEP los ha aplicado a rubros distintos, pasando por alto el mandato de esta soberanía.
Así pues, haciendo uso de nuestra gran responsabilidad para aprobar el Presupuesto de Egresos y dotar con ello de recursos a la nación que permitan cubrir exigencias y necesidades de la ciudadanía, así como velar por el respeto a nuestra Carta Magna que consagra los derechos constitucionales de todos los mexicanos, solicito al pleno de esta comisión se destinen recursos para darle continuidad al Programa de Nivelación Salarial para los Trabajadores de los Colegios de Bachilleres del país, a fin de beneficiar a más de 41 mil trabajadores, y contribuir con la dignificación de quienes prestan sus servicios a la patria en el renglón educativo.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política, y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito solicitar al Pleno de esta Cámara de Diputados se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos por 472 millones 600 mil pesos para la continuidad del Programa de Nivelación Salarial del Personal de los Colegios de Bachilleres del país.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 2 de octubre de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA CFE QUE CONDONE EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS HABITANTES DE SAN BLAS, SANTIAGO Y TUXPAN, NAYARIT, E INDEMNICE POR LOS DAÑOS QUE CAUSÓ LA APERTURA DE LAS COMPUERTAS DE LAS PRESAS EL CAJÓN Y AGUAMILPA, EN LA MISMA ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO SANDOVAL PAREDES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito formular ante este honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguientes
Consideraciones
El estado de Nayarit, particularmente los municipios de Santiago, San Blas y Tuxpan viven una situación de emergencia derivada de las fuertes lluvias y de la apertura de las compuertas de las presas Cajón y Aguamilpa.
Decenas de poblados y tierras de cultivo quedaron bajo el agua e incomunicadas durante estos últimos diez días. En una de las zonas más afectada, Tuxpan, se prevé que reviente el malecón al ser rebasado el muro y las costaleras de protección colocadas por elementos del Ejército Nacional y la Marina. Pronósticos de la Comisión Estatal del Agua indican que las avenidas extraordinarias de agua podrían rebasar los 4 mil metros cúbicos por segundo sobre el río San Pedro, lo cual se considera una situación severa para la seguridad de los habitantes.
Los ríos San Pedro y Santiago (el primero por las intensas lluvias y el segundo por la apertura de dos de las compuertas de la presa de Aguamilpa) desbordaron sus cauces inundando decenas de poblados y tierras de cultivo ubicadas en zonas bajas. La presa hidroeléctrica Aguamilpa tuvo un desfogue de mil 512 metros cúbicos por segundo.
En San Blas y Santiago, al igual que en Tuxpan, los pobladores tuvieron que abandonar sus pertenencias y buscar refugio en los albergues más cercanos, con el fin de resguardar su integridad física y la vida de sus familias.
Como siempre, este tipo de fenómenos afectan más a quines menos tienen. Son muchas las familias que han visto afectados sus hogares, negocios, tierras de cultivo, animales, maquinarias, etc.
En razón de ello, me parece a todas luces necesario hacer un llamado a las autoridades no sólo para que agilicen la ayuda y los recursos destinados a estos municipios, sino también para que en alguna medida resarzan los daños ocasionados por la apertura de las presas.
Es claro que las lluvias y los fenómenos naturales en muchas ocasiones son impredecibles, pero también es claro que la falta de oportunidad y previsión con que las autoridades actuaron, también ha afectado a los nayaritas. El nivel de las presas y el pronóstico del tiempo debieron ser elementos para extremar las medidas de seguridad y evitar daños cuantiosos y, en muchos casos, irreparables.
En razón de lo anterior, les pido toda su solidaridad con las personas y familias afectadas, a través del presente punto de acuerdo con carácter de urgente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión Federal de Electricidad que condone el cobro de la energía eléctrica a los habitantes de los municipios de San Blas, Santiago y Tuxpan, hasta en tanto no se reestablezcan las condiciones necesarias que permitan su normal desarrollo; así como la indemnización oportuna y justa que repare los daños causados por la apertura de las compuertas de las presas el Cajón y Aguamilpa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2008
Diputado Sergio Sandoval Paredes (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR LA CARRETERA GÓMEZ PALACIO-GREGORIO GARCÍA, DURANGO, A CARGO DE LA DIPUTADA AÍDA MARINA ARVIZU RIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
La que suscribe, Aida Marina Arvizu Rivas, legisladora federal del Grupo Parlamentario Alternativa Socialdemócrata, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
El combate a la delincuencia organizada no debe llevarse a cabo con herramientas que se limiten al ámbito policial. La existencia de otras herramientas de carácter estructural, tales como la construcción de infraestructura, son soluciones que tienen la garantía de resolver este cáncer social a través de elementos económicos que elevan la calidad de vida de los ciudadanos.
Por su parte, la infraestructura carretera es uno de los elementos esenciales para que los beneficios del comercio y el crecimiento económico potencien el desarrollo regional.
No es ninguna novedad que en el norte del país el ámbito municipal es el primer afectado por las células del crimen organizado, quienes alientan a la población ofreciendo una calidad de vida simulada, que poco les podrá aportar al llevarla a la futura vida violenta en donde las armas son el único diálogo existente.
La población de tales municipios requiere precisamente de actividades económicas que desalienten cualquier incentivo para que ésta forme parte de las filas del crimen organizado, y es precisamente la infraestructura el detonador de dicho desaliento.
Uno de los municipios que más ha sufrido el impacto de la delincuencia organizada, así como un bajo Índice de Desarrollo Municipal (IDM) económico (de apenas 0.28 puntos) de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, es el municipio de Gómez Palacio, en el estado de Durango, mismo que requiere urgente inversión no sólo en el aspecto del gasto en seguridad pública, sino sobre todo, en infraestructura.
Cabe resaltar, que el IDM de dicho municipio, expone que éste cuenta con un bajo indicador de esfuerzo tributario (de apenas 0.33 puntos) lo que en suma significa que no cuenta con los recursos suficientes para expandir su infraestructura. Asimismo, cuenta con un dato alentador para detonar el crecimiento económico:
Gómez Palacio es un municipio con una densidad poblacional mayor a los mil habitantes por kilómetro cuadrado, y el multicitado IDM de la calidad de capital humano básico (primaria terminada) es alto (de casi 0.75 puntos), por lo que es un buen augurio detonar el crecimiento económico a partir de proyectos de infraestructura que alienten a la existente población económicamente activa de dicho municipio a formar parte del ciclo virtuoso entre infraestructura y crecimiento económico.
Un tramo de la infraestructura carretera que se requiere para el municipio de Gómez Palacio, es precisamente la conexión norte con Gregorio García, cuya longitud estimada es de 22 kilómetros. De manera particular, el proyecto requeriría la ampliación de dos a cuatro carriles con su debido señalamiento horizontal y vertical respectivamente; ampliando así el cuerpo de la carretera existente hacia cada uno de sus costados, para formar una sección de catorce metros de ancho. Cabe mencionar que, la realización de lo anterior está contemplada en un tiempo de ejecución de diez meses.
Es preciso señalar que esta carretera beneficiaría a un aforo de más de 30 mil vehículos diarios, de acuerdo con datos de la entidad; de los cuales, sólo el 20 por ciento son vehículos ligeros (el restante 80 por ciento son vehículos de carga, principalmente) como trailers, pipas y camiones de quinta rueda, así como camiones suburbanos, lo que supone un uso constante y rudo de la misma.
La carretera Gómez Palacio-Gregorio García, beneficiaría a más de 10 poblaciones, entre ellas: San José del Viñedo, El Compás, Gregorio García, San Felipe, San Toña, Nuevo Castillo, San Sebastián, El Cariño, Bella Unión, La Flor, entre otras, auxiliando, de esta forma, a más de 20 mil personas en la región.
Por lo expuesto anteriormente, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de acuerdo
Único. Se destinen de manera adicional y explícita, 100 millones de pesos al Ramo 33, "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, recursos suficientes y etiquetados para que el Municipio de Gómez Palacio, Durango, construya la carretera Gómez Palacio-Gregorio García, en el estado de Durango, de acuerdo con los términos aquí descritos y con las especificaciones técnicas que aporte el municipio correspondiente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2008.
Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR LA CARRETERA SANTA CATARINA-JUQUILA-SAN MARCOS ZACATEPEC-RÍO GRANDE, OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Oaxaca representa aproximadamente 4.8 por ciento de la superficie del país y tiene 570 municipios. La capital se encuentra en Oaxaca de Juárez.
Cuenta con una población de 3 millones 506 mil 821 habitantes, lo cual representa 3.40 por ciento de la nacional, según cifras a 2005.
La población económicamente activa (PEA) representa 3.33 por ciento de la nacional, mientras que el número de trabajadores asegurados permanentes representa 1.12 por ciento de la cifra nacional, a 2004.
En cuanto a la economía del estado, su contribución promedio al producto interno bruto en el periodo 1998-2004 fue de 1.48 por ciento, tendencia que fue decreciente en ese lapso. La inversión extranjera directa muestra una tendencia estacionaria, con una caída durante 2000 y 2001.
Los principales ingresos del estado corresponden a las participaciones y aportaciones federales, que en suma representan entre 91 y 97 por ciento de los ingresos estatales; es decir, éstos tienen gran dependencia de los ingresos federales.
Las aportaciones federales para entidades federativas y municipios (Ramo 33) para Oaxaca han sido las siguientes en el periodo 2000-2008:
• Millones de pesos corrientes.
En cuanto a infraestructura social, y en particular carretera, Oaxaca cuenta con una infraestructura carretera de 20 mil 193 kilómetros; 23.8 por ciento corresponde a pavimentadas, 64.2 por ciento a caminos revestidos y 12.0 por ciento a caminos de terracería o brechas De las más de 10 mil localidades, 70 por ciento se encuentra comunicado y en ellas se asienta 87 por ciento de la población. La única cabecera municipal que no cuenta con acceso terrestre es la de San Juan Petlapa. Están pavimentados 28 de los 30 accesos a cabeceras distritales y en proceso de pavimentación las 2 restantes, Villa Alta y Santiago Choapan.
Los programas de conservación y reconstrucción de la red carretera y de caminos son insuficientes debido a limitaciones presupuestales. Las condiciones que presenta la red carretera van de regulares a malas, disponiendo de puentes angostos en tramos de terrenos montañosos, debido a que su trazo y construcción siguieron el alineamiento de las brechas construidas con anterioridad.
Una situación semejante presenta la red de caminos rurales, que en épocas de lluvias se vuelven intransitables.
Las aportaciones federales del Ramo 33 destinadas al Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS), el cual se integra con el Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se destinan a obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal, en el caso del FISE y el FISM es para financiamiento de obras para agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural.
Cifras en millones de pesos corrientes.
En el ejercicio fiscal de 2002, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes formalizó con el gobierno de Oaxaca un convenio de coordinación y reasignación de recursos, donde se destinaron 46.0 millones para atender una meta de 15.0 de los 54.0 kilómetros del camino Río Grande-Juquila. Sin embargo, según la SCT, el gobierno del estado utilizó los recursos para atender otras prioridades y a la fecha se tienen construidos sólo 37.5 kilómetros, por lo que se necesita la conclusión de esta obra (10.94 kilómetros) para que las comunidades que habitan en este corredor tengan acceso a caminos que los comuniquen con los servicios de que carecen en su región.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política, y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados que se someta a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2009 considere 45 millones de pesos para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de destinarlos a la construcción de 10.94 kilómetros de la carretera Santa Catarina-Juquila-San Marcos Zacatepec-Río Grande, Oaxaca.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 2 de octubre de 2008.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CREAR EN ESTA SOBERANÍA UN CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Gerardo Octavio Vargas Landeros, diputado por el distrito II, Ahome, Sinaloa, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
La seguridad debe ser vista como una problemática por resolver por todas las instituciones del Estado y no como un fenómeno que debe ser responsabilidad exclusiva de un solo poder, institución o gobierno. Hoy, la grave problemática de inseguridad por la que atraviesa el país nos indica que no es un fenómeno casual; por el contrario, es el resultado de un conjunto de hechos que, lamentablemente, hemos venido produciendo o, mejor dicho, permitiendo.
Elijamos un día y un periódico al azar, cualquiera. Tan sólo demos una hojeada rápida: "Matan a 20 personas en Chihuahua", "Martes sangriento: 39 muertos en Zacatecas, Durango, Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Chihuahua y Guerrero", "Matan a maestro con tiros de AK-47", "Hallan ocho ejecutados, dos de ellos policías", "Detonan carros bomba", "Matan a niños, narcoviolencia".
Y si buscamos testimonios y algunas estadísticas: "Mi cuñado fue secuestrado en agosto del año pasado, un día después del segundo cumpleaños del menor de sus hijos. La familia recurrió a la AFI y siguió al pie de la letra sus indicaciones. El cuerpo de mi cuñado fue encontrado desnudo y mutilado una semana después en el Río de los Remedios", "5 290 ejecuciones en este sexenio", "Suman 62 jefes y agentes de la policía asesinados este año; 7.7 cada mes", "Sesenta muertos en 1 348 plagios en el DF desde 2000".
Ahí tenemos las circunstancias de la inseguridad y la grave problemática que viven nuestras familias, nuestros amigos, el dolor de sus padres, hermanos e hijos. Ahí también vemos la ineficiencia e impunidad que rodean nuestro sistema de seguridad pública, anacrónico e ineficiente.
Ante ello, quienes estamos en un cargo de elección popular debemos dejar la retórica del discurso tradicional y obsoleto que corresponde a ese modelo de seguridad contra el que estamos luchando y seguir con las transformaciones legales que enfrenten el deterioro de las instituciones encargadas de la seguridad pública, pues sería muy cuestionable, sobre todo por la delicada situación de inseguridad e impunidad que vivimos, que dejáramos a medias tintas los cambios que esta legislatura ha realizado. Sobre todo porque antes las dependencias del Ejecutivo federal eran las únicas que estudiaban y proponían soluciones para el combate de la inseguridad y la delincuencia.
Hoy es por demás evidente que la complejidad del fenómeno delictivo ha superado cualquier acción aislada del Poder Ejecutivo federal y sus homólogos en los ámbitos estatal y municipal.
Hoy difícilmente un solo poder, institución o gobierno puede trabajar por separado y por su cuenta en el combate de los cárteles de la droga, el narcomenudeo, los secuestros o cualquier hecho delictivo.
Por ello es necesario buscar soluciones permanentes que surjan de cuerpos especializados de análisis técnico de las estructuras de los órganos ejecutivo, judicial y legislativo, que les brinden las herramientas metodológicas necesarias para entender el fenómeno delictivo y las soluciones que deberá tomar el Estado mexicano en su conjunto para prevenir el delito, reducir la incidencia delictiva, generar cuerpos de policía eficaces y eficientes, con alta responsabilidad social y sujetos a verdaderos mecanismos de control en sus procedimientos operativos y financieros, así como la generación de un sistema penitenciario que facilite la reinserción social.
Hay que decirlo: la delincuencia no sólo ha superado al Poder Ejecutivo y al Judicial; también ha dejado muy atrás al Poder Legislativo, sobre todo por la falta de infraestructura técnica para generar leyes y estudios de evaluación y control de políticas públicas de seguridad pública que aporten elementos para el combate de la delincuencia.
El trabajo legislativo que la Cámara de Diputados realiza está sujeto a lo que el Ejecutivo le proporcione. La realidad es que el Legislativo no cuenta con elementos técnicos y estadísticos para la toma de decisiones, la elaboración de leyes y el proceso presupuestario, así como la vigilancia del uso de los recursos públicos.
La información que envía el Ejecutivo por lo general llega demasiado tarde, es incompleta y se contradice con la que envían los estados y los municipios. Tan sólo por poner algunos ejemplos: los legisladores desconocemos datos de la incidencia delictiva, la utilización de los recursos públicos, la eficacia de las operaciones policiales, la evaluación de los programas sectoriales y sus indicadores de desempeño y resultados y, sobre todo, de las acciones de prevención del delito.
La creación del centro de estudios de seguridad pública busca profesionalizar el trabajo de los diputados, atendiendo a los planteamientos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y replantea el fortalecimiento del área de seguridad pública en el Legislativo como parte de la coordinación y colaboración entre los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, generando una respuesta efectiva a la exigencia social de contar con instituciones sólidas, transparentes y honestas.
Ante la complejidad del fenómeno delictivo, los diputados debemos ver a la seguridad pública como un área que requiere personal con conocimientos especializados, acorde con los vertiginosos avances de la delincuencia.
Este espacio académico pretende profesionalizar el Poder Legislativo en temas como la delincuencia y la prevención del delito, la reinserción social de los sentenciados, la profesionalización de las policías, y el uso y aprovechamiento de los recursos que se destinan a dichas actividades, los cuales a la fecha se tratan de forma superficial y acotada.
Si acudimos al derecho comparado, veremos cómo en otras latitudes los legisladores cuentan con áreas especializadas de apoyo de comisiones que generan estudios de calidad envidiable hasta para el Poder Ejecutivo.
Los Parlamentos de España y de Francia y el Congreso en Estados Unidos cuentan con áreas encargadas de generar documentos y estudios especializados en la materia que facilitan la elaboración de leyes y la supervisión y vigilancia de los recursos públicos.
El gobierno mexicano ha adquirido diversos compromisos internacionales que obligan a la especialización interna del Congreso en materia de seguridad pública. Tan sólo recordemos el Informe de desarrollo humano 2005 de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se menciona cuán importante es dar a la población seguridad y estabilidad para alcanzar el desarrollo de un país.
Cabe preguntarnos: ¿cómo quiere el Legislativo cumplir las demandas de la sociedad en materia de seguridad pública si no cuenta con personal suficiente y calificado que lo auxilie? ¿Cómo se pretende evaluar políticas públicas que contrarresten el fenómeno delictivo si no hay siquiera una asignación de recursos derivada de un control previo? ¿Cómo pensamos colaborar con el Poder Ejecutivo en materia de seguridad pública si no contamos siquiera con un área especializada que genere propuestas técnicas y objetivas para cumplir nuestras funciones?
Modernizar y fortalecer los sistemas de seguridad pública es el reclamo más urgente de la sociedad. La actuación de las instituciones de seguridad pública y el respeto de los derechos humanos de la población, sus controles disciplinarios y la profesionalización de sus acciones, la transparencia y el control de los recursos públicos, el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y sus mecanismos de coordinación y colaboración para el establecimiento de un sistema de formación ministerial y policial de carrera; la creación de bases de datos de personal, armamento y equipo, así como el número de personas sujetas a procesos penales y el número de las que han conseguido su reinserción en la sociedad y la prevención del delito, son las principales áreas en que apoyará a los legisladores el nuevo centro de estudios de seguridad pública.
Por ello exhortamos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a etiquetar recursos para crear el centro de estudios, el cual funcionará de la siguiente manera:
1. Objetivo general
Dotar a la Cámara de Diputados de un cuerpo de personal de apoyo técnico especializado en seguridad pública que genere información objetiva y veraz para las actividades que realizan los legisladores en beneficio de la sociedad mexicana.
2. Marco normativo
Se ha presentado la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se encuentra para dictamen en la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias. Para su operación se requiere la etiquetación de recursos en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009.
Dicho precepto contiene otros cinco centros de estudio que fueron creándose paulatinamente desde 1999, pero en áreas del conocimiento relacionadas con las finanzas públicas, el desarrollo rural, la equidad de género y el derecho parlamentario.
3. Estructura orgánica
Como órgano colegiado de decisión, se creará un "comité del centro de estudios", formado por integrantes de la Comisión de Seguridad Pública.
El comité será el encargado de nombrar al director general, cuatro direcciones de área, ocho investigadores "A", ocho investigadores "B" y demás personal administrativo necesario para su buen funcionamiento.
El personal deberá contar con conocimientos técnicos y especializados en las disciplinas relacionadas con la seguridad pública, previa elaboración del manual de puestos y organización interna.
4. Presupuesto requerido para iniciar operaciones
Se solicitan 50 millones de pesos, que se utilizarán para contratar un grupo multidisciplinario de asesores especializados en seguridad pública que generen la estructura orgánica y funcional del centro de estudios.
Asimismo, servirán para lanzar una convocatoria pública para el concurso de oposición a los puestos, el pago de salarios, la adquisición de mobiliario, papelería y equipo de cómputo que será utilizado en el ejercicio fiscal de 2009.
La Secretaría de Servicios Parlamentarios proveerá de los insumos materiales y financieros necesarios para el buen funcionamiento.
5. Funciones principales
Investigar y analizar la información relacionada con la inseguridad, la delincuencia, la formación y capacitación de las policías, y la prevención y el combate del delito, así como las estadísticas correspondientes a cada una de estas áreas.
Proponer cambios legislativos de las normas que regulan la organización de las instituciones públicas en materia de inseguridad, delincuencia y prevención del delito.
Aportar información objetiva y veraz sobre inseguridad, violencia, profesionalización de las policías, reclusorios y reinserción social de los sentenciados, control y seguimiento del gasto en estas áreas y, también, formulación de propuestas de presupuesto.
Brindar información estadística confiable a los legisladores, con rigor técnico y metodológico, que proporcione indicadores e índices delictivos relacionados con la criminalidad en el país.
Generar proyectos legislativos orientados al combate eficaz de la delincuencia y a la prevención del delito.
Elaborar propuestas para crear mecanismos de profesionalización de las policías y de control de confianza.
Evaluar los programas sectoriales y las políticas públicas relacionadas con la seguridad pública.
Coadyuvar con los legisladores en el análisis del Presupuesto federal y la Cuenta Pública.
Garantizar que los dictámenes y las minutas de las iniciativas de seguridad pública respeten la Constitución, las leyes secundarias y los tratados internacionales.
Convocar a especialistas para realizar seminarios, grupos de discusión y talleres en los que participe la sociedad como generadora de propuestas y cambios legislativos.
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito de urgente y obvia resolución que se apruebe la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 la asignación de recursos a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados a fin de crear el centro de estudios de seguridad pública.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2008.
Diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO ADOLFO KLIMEK ALCARAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Más de la mitad de la superficie del Distrito Federal corresponde a suelo de conservación con 87 mil 294 hectáreas de las cuales alrededor de 50 mil son de aptitud preferentemente forestal, las que representan un factor primordial para mantener y mejorar los servicios ambientales a la población de toda el área metropolitana de la Ciudad de México. Sin embargo esta superficie de suelo de conservación se encuentra sujeta a diferentes presiones por los factores que la deterioran, desde el avance de la mancha urbana de manera irregular sobre los terrenos de conservación hasta los incendios forestales.
Se entiende que se tiene un incendio forestal, cuando existe quema sin control de la vegetación forestal. Se queman así, pastizales, vegetación secundaria y áreas con masa forestal. Las consecuencias son terribles para estos ecosistemas, tanto en su función de prestar servicios ambientales, como de espacio de vida para la diversidad biológica.
En el caso del Distrito Federal se cuenta con el mejor registro tanto en eficiencia, como en afectación por incendio a nivel país. Se tiene un índice de eficiencia de 1 hora 59 minutos, mientras que a nivel nacional es de 12 horas con 9 minutos. La afectación por incendio es de 1.88 hectáreas, mientras que a nivel nacional cada incendio afecta 30.94 hectáreas. Sin embargo, en lo que respecta a la incidencia (número de incendios más conatos) en promedio cada año ocurren 2 mil 30 eventos, que afectan una superficie forestal total de 1 mil 864 hectáreas; ocupando el segundo lugar de incendios, solo después del Estado de México.
Es importante señalar, que la alta efectividad del combate y control de los incendios forestales en el Distrito Federal dependen en su mayor parte de la infraestructura de operación, así como del personal técnico altamente especializado en estas labores.
No obstante de que se cuenta con la infraestructura, la técnica y los recursos humanos para hacer frente a los problemas ocasionados por la presencia y alta incidencia de los incendios forestales, es necesario la asignación de recursos con lo que se complemente y fortalezca lo ya existente en materia de infraestructura de incendios forestales.
Ante esta situación y considerando que la inversión más fuerte en materia de incendios forestales (infraestructura en materia de incendios forestales (infraestructura de operación) se dio en los años 1998 y 1999, y que el Gobierno del Distrito Federal destina actualmente un presupuesto importante para el rubro, es indispensable que para el año 2009 se autorice un presupuesto adicional de 115 millones de pesos para fortalecer lo ya existente; en especial la infraestructura de protección, monitoreo y vigilancia (vehículos, equipo especializado, torres-campamento, entre otros rubros), así como equipar las brigadas contra incendios forestales.
De no ser así, por un lado, se corre el riesgo de perder una inversión importante en una infraestructura que se encuentra en uso, pero en condiciones de riesgo y posiblemente irreversibles si no se atiende en el corto plazo, destinando recursos para su rehabilitación y fortalecimiento.
Y, por otro, en materia ambiental, esto se traduce en un aumento significativo en los indicadores de afectación y eficiencia en el combate de los incendios forestales y por ende en un incremento del número de incendios, la superficie afectada y la presencia de siniestros de gran magnitud (incendios relevantes) y daños catastróficos como los que se presentaron en el año 1998; siendo precisamente en este año, el parte aguas en la asignación de recursos y la autorización del presupuesto necesario para invertir en infraestructura, no debe esperarse que la curva del periodo de retorno nos alcance para tomar decisiones, es importante fortalecer lo que se tiene, para no empezar de cero y a un costo mayor.
Por lo anteriormente expuesto, se concluye que es necesario fortalecer el Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales en el Distrito Federal para que cuente con los recursos presupuestales necesarios, y así poder cuidar los diferentes ecosistemas forestales del suelo de conservación del Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados considere, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, recursos por la cantidad de 115 millones de pesos para el Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales del Distrito Federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2008.
Diputado Octavio Adolfo Klimek Alcaraz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA A PROMOVER CON LA SEMARNAT LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS ORGÁNICOS E IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FORTALECER LA AGRICULTURA ORGÁNICA CERTIFICADA, A CARGO DEL DIPUTADO ARNULFO ELÍAS CORDERO ALFONZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a promover la producción de cultivos orgánicos, impulsar políticas públicas para fortalecer la agricultura orgánica certificada y a estimular que los sistemas de producción de agricultura sean compatibles con el desarrollo sustentable.
Exposición de Motivos
La agricultura es la actividad que comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforman el medio ambiente natural, a fin de hacerlo más apto para el crecimiento de los cultivos. Es una actividad de gran importancia estratégica, como base fundamental para el desarrollo autosuficiente y riqueza de las naciones.
La agricultura tiene un gran efecto en el medio ambiente. En los últimos años, algunos aspectos de la agricultura intensiva, a nivel industrial, han sido cada vez más polémicos. La creciente influencia de las grandes compañías productoras de semillas y productos químicos, y las procesadoras de comida preocupa cada vez más tanto a los agricultores como a los consumidores en general. El efecto desastroso sobre el entorno de la agricultura intensiva ha causado que vastas áreas anteriormente fértiles hayan dejado de serlo.
Este tipo de agricultura, si bien ha generado grandes incrementos en la producción de alimentos y ha sostenido a una población creciente el costo ha sido grande, ya que también ha generado grandes daños como, a) contaminación de suelos y aguas por la aplicación de agroquímicos; b) daños a la salud humana y animal por el uso de plaguicidas; c) destrucción de la biodiversidad, d) aumento de plagas, malezas y enfermedades por la resistencia a plaguicidas; e) eliminación de los insectos benéficos por el abuso de los plaguicidas; e) reducción de la fertilidad del suelo por la erosión; f) sobredependencia de los recursos no renovables; y g) sobredependencia de los insumos.
Muchos de estos problemas van agotando y desertizando el suelo, obligando a abandonar unos terrenos para arar otros nuevos que, a su vez, se agotan, creando un círculo vicioso que va destruyendo el ecosistema, siendo éste uno de los principales factores que origina el cambio climático.
Por lo anterior, surge la necesidad de crear lo que se conoce como agricultura orgánica, la cual es un sistema de producción agrícola, hortícola y pecuaria que mantiene y mejora la fertilidad de los suelos, que conserva y recupera la biodiversidad de las áreas degradadas a causa de los cultivos, y que, a raíz de ello, ha permitido garantizar una alimentación saludable, libre de residuos tóxicos y lograr la producción de bienes a través de prácticas no perjudiciales al medio ambiente, como lo es la utilización de biofertilizantes producidos con base en microorganismos propios de la tierra.
Los biofertilizantes microbianos son recomendados en la Agenda 21 como resultado de la llamada Cumbre de la Tierra, firmada en Río de Janeiro en 1992.1 Éstos son considerados como biotecnologías "apropiables", en donde se explica que la población, el consumo y la tecnología son las principales fuerzas determinantes del cambio ecológico. Contiene estrategias y un programa integral de medidas para detener y revertir los efectos de la degradación ambiental y promover un desarrollo sustentable y ambientalmente limpio en todas las naciones.2
Lo anterior surge por la necesidad mundial de producir alimentos que no perjudiquen la salud de los seres humanos, pero que además no afecten de ninguna manera al medio ambiente sino, al contrario, ayuden a preservar el agua, el suelo, la flora, la fauna y a revertir el cambio climático que tanto nos preocupa y afecta a todos los seres humanos.
Actualmente, la producción interna de los productos orgánicos en general, incluyendo las hortalizas, aún es muy limitada, debido a varios factores, tales como débil conciencia ecológica, bajos ingresos per cápita, falta de promoción y principalmente falta de políticas públicas en materia agraria.
Por ende, con la implantación de políticas públicas para fomentar la producción de cultivos orgánicos se espera suprimir los onerosos gastos que los agricultores tienen que hacer por concepto de compra de fertilizantes químicos y, de esta manera, contribuir a mejorar la economía familiar, mejorando la calidad de los alimentos y elevando la productividad de éstos, así como de las tierras en las que se producen.
Finalmente, es cuestión de una serie de ajustes a las políticas públicas referentes en esta materia
1. Promover la producción de cultivos orgánicos.
2. Impulsar políticas públicas para fortalecer la agricultura orgánica certificada y ser considerados prioritarios para el desarrollo del campo en nuestro país.
3. Que la Sagarpa fomente las actividades que fortalezcan la producción de la agricultura orgánica, utilizando insumos de origen natural, incluidos los biofertilizantes microbianos para la producción agrícola nacional.
4. Estimular que los sistemas de producción agrícola sean compatibles con el desarrollo sustentable.
5. Que la Sagarpa y la Semarnat realicen campañas de comunicación para dar a conocer a los consumidores y productores los beneficios obtenidos por el consumo de los productos orgánicos.
En tal virtud, someto a la consideración del Pleno el siguiente
Exhorto
Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, de manera respetuosa, a la Sagarpa, en coordinación con la Semarnat, a promover la producción de cultivos orgánicos, impulsar políticas públicas para fortalecer la agricultura orgánica certificada y a estimular que los sistemas de producción de agricultura sean compatibles con el desarrollo sustentable.
Notas
1. La Cumbre de la Tierra, organizada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se celebró en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992.
2. La Agenda 21 no es jurídicamente obligatoria. Sin embargo, es de esperar, por parte de los gobiernos, que asuman un serio compromiso para su aplicación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2008.
Diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE MANTENGAN LOS RECURSOS CONSIDERADOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS EFRAÍN PEÑA DAMACIO Y MODESTO BRITO GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los que suscribimos, Efraín Peña Damacio y Modesto Brito González, diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Que los fertilizantes se utilizan como sustancias que están compuestos de mezclas químicas para proporcionar al suelo una riqueza superior a la que tiene y repercutan en el crecimiento vegetal, al absorber éstas los elementos proporcionados de manera artificial para la producción.
Segunda. Que en Guerrero hay una problemática provocada por el uso, la distribución, el otorgamiento y el aprovechamiento de fertilizantes a los productores rurales, que afecta gravemente las finanzas públicas de los municipios, sin que éstas puedan ser resarcidas o reutilizadas. Quedan éstos en una situación de vulnerabilidad para realizar sus tareas, lo que afecta sobre todo a los municipios de pocos ingresos y más pobres. Esta política distorsionada de subsidio se convierte en un instrumento que perjudica los proyectos de infraestructura y repercute en la viabilidad de las finanzas municipales.
Adicionalmente, se han provocado conflictos en el estado entre productores y autoridades municipales, pues en ocasiones la entrega del fertilizante no se realiza en tiempo y forma por las segundas, aun cuando el pago de aportación de los productores y campesinos en las variadas zonas del estado se cumple en el plazo establecido en el programa de fertilizante, a finales de marzo y principios de abril, para que el producto se entregue el 30 de junio del mismo año, tres meses después, por los ayuntamientos. La aportación actualmente se estima en 75 por ciento de parte de los municipios y del gobierno estatal y 25 por ciento de parte de los productores. Tal aportación debe revisarse y reconsiderase, concluyendo que una de las opciones es determinar que el gobierno del estado cargue con el peso financiero más alto y libere a los municipios de esta contribución indirecta.
Tercera. Que la Cumbre mundial sobre la alimentación, realizada en 1996, estableció la declaración de Roma Italia sobre la Seguridad Alimentaria y un plan de acción para establecer las bases hacia un objetivo común mundial por alcanzar en un plazo de varios lustros, "La seguridad alimentaria a nivel individual, familiar, nacional, regional y mundial". Se define así seguridad alimentaria: "Cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Al respecto, es necesaria una acción concertada a todos los niveles. Cada país deberá adoptar una estrategia en consonancia con sus recursos y capacidades para alcanzar sus objetivos y, al mismo tiempo, cooperar en el plano regional e internacional para dar soluciones colectivas a los problemas mundiales de la seguridad alimentaria".
Que el Programa de Seguridad Alimentaria (PESA) fue creado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en 1994, como uno de sus principales programas a escala mundial, a fin de incrementar la producción de alimentos "para reducir las tasas de hambre y desnutrición. Al inicio, el programa se dedicó a ayudar a algunos países a promover y divulgar algunas tecnologías sencillas y económicas para mejorar la producción y los ingresos de las familias de agricultores pobres. Sin embargo, dado que una de cada siete personas no tiene los alimentos necesarios para llevar una vida sana y activa, fue preciso ampliar el programa para llegar no a miles de personas sino a millones".*
Que después de la aplicación de este programa, los países miembros de la ONU ratificaron sus compromisos por medio de su continuidad, en la Cumbre mundial de la alimentación celebrada en 2002, pasando el "programa de pequeños proyectos piloto para ayudar a los países a establecer programas nacionales que lleguen al total de la población que sufre inseguridad alimentaria. Las actividades para llegar a más agricultores se complementan con políticas e inversiones, a fin de abrir mercados y dar acceso directo a los alimentos, a los que son demasiado pobres para producirlos o comprarlos" y que "a mediados de 2007, 106 países han participado en el PESA y casi la mitad de ellos han comenzado a aplicar programas nacionales".*
Cuarta. Que la FAO ha evaluado: "Por segundo año consecutivo, el gobierno federal ha aprobado ingentes fondos para la ampliación y consolidación de las actividades del PESA con las comunidades rurales pobres en cinco estados: Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla. En 2007 se asignó el equivalente de aproximadamente 55 millones de dólares estadounidenses, mientras que para 2008 se ha destinado el equivalente de 110 millones, y que la FAO respalda estas acciones, con los programas nacionales para la seguridad alimentaria, la solución de los países para erradicar el hambre de su población y esta misma organización internacional contribuye mediante apoyo a los gobiernos de los países para determinar cómo eliminar los obstáculos que impiden acceso a los alimentos; movilización de recursos de los donantes para financiar proyectos; y asistencia para las fases de inicio y ejecución".*
La ONU, de la cual forma parte nuestro país, establece en los Objetivos del Desarrollo del Milenio 2015 la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. En él se inserta el PESA, uno de los elementos para cumplir los convenios firmados por el país para superar la pobreza y el hambre.
Por todo lo expuesto y fundado someto, ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Desarrollo Rural de la honorable Cámara de Diputados para que, en el marco de la discusión, modificación y aprobación, en su caso, del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2009, se mantenga el PESA con el monto mínimo aprobado para 2008, y que de la partida que se destina a Guerrero se constituya un apartado especial para la obtención de fertilizantes a bajo precio y de calidad, exhortando al gobierno del estado de Guerrero para el cumplimento integral del PESA internacional y el acatamiento pleno de uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio 2015, la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, asumiendo con ello la ampliación del porcentaje de su participación económica actual, liberando con esta acción a municipios de cargas fiscales que corresponden al orden de gobierno estatal.
Nota
*Documento del PESA de la FAO.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2008.
Diputados: Efraín Peña Damacio, Modesto Brito González (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB A EMITIR LA DECLARATORIA DE DESASTRE RESPECTO A LOS MUNICIPIOS DE OAXACA QUE RESULTARON AFECTADOS POR LAS ONDAS TROPICALES NÚMEROS 31 Y 32, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE TOLEDO LUIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo con base en la siguientes
Exposición de Motivos
Las actuales precipitaciones pluviales que enfrenta nuestro país, principalmente, el sureste, han vuelto a causar estragos en Oaxaca.
El istmo de Tehuantepec, al igual que otras regiones de Oaxaca, resultaron con graves afectaciones de caminos, primordialmente de terracerías que comunican a los municipios y a sus agencias que son de alta y muy alta marginación; de la misma forma, derivado de las fuertes lluvias, 15 puentes que permiten el paso de los pobladores a las cabeceras municipales fueron severamente dañados, por tanto, se cuentan con poblaciones incomunicadas. Puentes como el de Paso Guayabo-Matías Romero y el de Los Ángeles-La Victoria, ambos del municipio de Matías Romero, por mencionar algunos, son los afectados.
El campo es un tema de vital importancia, y primordial para la vida y el sustento de los pobladores del istmo de Tehuantepec, por lo cual, la perdida de cultivos, como sirgo, guayaba y principalmente maíz, merma el sustento diarios de las familias.
Si bien es cierto, las precipitaciones pluviales que se presentaron en los municipios de Matías Romero, Barrio de la Soledad, San Miguel Chimalapa, Santa María Chimalapa, Santo Domingo Petapa, Santa María Petapa y San Juan Guichicovi no fueron de magnitudes mayores, como se dieron en otras regiones. Es necesario y pertinente tomar en cuenta que las inundaciones y las afectaciones que se presentaron fueron derivados del escurrimiento de la parte alta mixe de Oaxaca.
Considero necesario hacer la precisión de la ubicación geográfica de los 7 municipios antes mencionados: Oaxaca está compuesta por 7 regiones; la región de la Sierra Alta colinda con la parte de la zona húmeda del istmo de Tehuantepec, que es donde se encuentran situados los municipios antes mencionados.
La región de la sierra alta (mixe alto) careció de lluvias torrenciales con el paso de las ondas tropicales 31 y 32, y esto derivo en un escurrimiento hacia el caudal del río Uspanapa, que es la que atraviesa los 7 municipios afectados, por lo cual, se desbordaron los diversos arroyos que se encuentran en las poblaciones.
Asimismo, no podemos dejar de lado que 143 comunidades del estado resultaron afectadas por lluvias extremas, derivadas de los mismos fenómenos meteorológicos; cabe destacar que, a diferencia de las otras 7 comunidades, a estas 143, en su extensión territorial, las lluvias intensas causaron severos daños.
Es necesario y urgente, como lo enmarca la Ley de Protección Civil en su artículo 30, que la federación brinde un apoyo pronto y eficiente, a fin de que estas comunidades recobren, a la brevedad posible, sus vías de comunicación, sus modos de producción y subsistencia, y la certeza de la tranquilidad vuelva a los hogares.
Asimismo, nos sumamos y apoyamos como oaxaqueños a todas las comunidades que han resultado afectadas, primordialmente de Veracruz y Tabasco, al dolor que causan estos fenómenos meteorológicos en las familias, pero sobre todo a los que menos tienen.
Por lo anterior, presento a esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre en los 143 municipios de Oaxaca que resultaron afectados por las lluvias extremas que originaron las ondas tropicales 31 y 32.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre, en favor de los municipios Matías Romero, Barrio de la Soledad, San Miguel Chimalapa, Santa María Chimalapa, Santo Domingo Petapa, Santa María Petapa y San Juan Guichicovi, del estado de Oaxaca, que resultaron afectados por el escurrimiento derivado de las ondas tropicales numero 31 y 32 que afectan la zona sur–sureste del país.
Dado en el Palacio Legislativo, a 2 de octubre de 2008.
Diputado Jorge Toledo Luis (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2009 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MARICELA CONTRERAS JULIÁN Y EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los que suscriben, Maricela Contreras Julián y Efraín Morales Sánchez, diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
El derecho a la protección de la salud está consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política. Su responsabilidad es materia concurrente entre la federación y las entidades federativas.
Alrededor de 48 por ciento de la población del Distrito Federal no tiene acceso a los servicios de salud que proporcionan las instituciones de seguridad social, por lo que en su mayoría acuden a las instituciones públicas que atienden a la población abierta.
El Distrito Federal es una de las entidades federativas que, aun cuando tiene elevados indicadores de cobertura de la infraestructura en salud, por el hecho de que aquí se encuentran los institutos y los centros de investigación y hospitales más importantes del país, la realidad muestra que en dos de los indicadores más importantes la Ciudad de México está por debajo de la media nacional:
• La tasa de mortalidad general es de 5.5 (por cada mil habitantes), mientras que la nacional es de 4.9.
• La tasa de mortalidad materna es de 65.9 (razón de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos), mientras que la nacional es de 60.
La infraestructura hospitalaria de la ciudad está en franco deterioro, obsolescencia y saturación, lo cual es uno de los factores que explica las elevadas tasas de mortalidad. Por ello es imperativo proceder a su rescate mediante inversiones que eleven la calidad y la cantidad de los servicios de salud en beneficio de la población abierta, que en su mayoría carece de recursos económicos para proporcionarse un servicio privado. A este fin, el programa de inversiones en infraestructura de salud del Distrito Federal de 2009 considera un monto de mil 973 millones de pesos, que se destinarán a los siguientes proyectos específicos:
• Hospital general regional Iztapalapa (ampliación y rehabilitación)
Es necesario incrementar la capacidad de oferta de los servicios de salud de la delegación, que cuenta con 952 mil 651 habitantes sin seguridad social, quienes particularmente se encuentran con niveles de muy alta y alta marginación, y donde se tiene un déficit de 557 camas hospitalarias censables (un hospital general de tamaño mediano tiene capacidad de 100-150 camas censables; por tanto, para cubrir en 100 por ciento el déficit se requeriría construir otros tres hospitales). Además, por colindancia y falta de infraestructura en la delegación Tláhuac, a ese hospital son referidos los pacientes de centros de salud de dicha demarcación.
• Hospital general Topilejo (ampliación y rehabilitación)
La delegación Tlalpan cuenta con una población de 270 mil 767 habitantes sin seguridad social, que particularmente se encuentran con niveles de alta y mediana marginación, y donde se tiene un déficit de 447 camas censables.
• Hospital general Xochimilco
La delegación Xochimilco cuenta con una población de 214 mil 833 habitantes sin seguridad social, que particularmente se encuentran con niveles de muy alta, alta y mediana marginación, y donde se tiene un déficit de 447 camas censables.
• Unidad de salud en Ajusco Medio, Tlalpan (obra nueva)
Esta obra permitirá que los habitantes de la zona cuenten con una unidad médica.
• Centro dermatológico Ladislao de la Pascua (sustitución por obra nueva)
El objetivo es incrementar el número de consultorios, salas de espera, quirófanos y salas de recuperación, laboratorio de análisis clínicos, imagenología y crioterapia y radioterapia, así como reubicar áreas administrativas y de enseñanza, ya que la demanda de consultas es elevada: tan sólo en 2007 se otorgaron 109 mil 657 consultas de primera vez. Es necesario también reforzar los programas prioritarios de salud bucal, control y seguimiento de lepra, y de rehabilitación, además de mejorar los servicios auxiliares y de diagnóstico, como laboratorio de anatomopatología.
• Clínica-hospital Emiliano Zapata (ampliación y rehabilitación)
Esta obra permitirá complementar el déficit de camas censables en la delegación Iztapalapa.
• Hospitales pediátricos de Iztacalco, de La Villa y de San Juan de Aragón (ampliación y remodelación)
En estos hospitales se atiende principalmente a niños que tienen enfermedades crónicas y que requieren atenciones especializadas y únicas en su tipo en la red hospitalaria del sector salud de la ciudad.
• Nuevos centros de salud (sustitución por obra nueva)
Por las condiciones estructurales no adecuadas y por los riesgos en la seguridad de los habitantes en que se encuentran operando los centros de salud San Andrés Tomatlán, San Gregorio Atlapulco, Lomas de Padierna, Quiahuatla, Lomas de Cuauhtepec, Ahuehuetes, Gertrudis Sánchez, Narciso Bassols, Tinajas, Rosa Torres y clínica de especialidades número 2, así como clínica de especialidades número 4, se requiere su reconstrucción total.
• Centro regulador de urgencias médicas
La ciudad requiere una redistribución estructural, ampliación de todos los servicios, y sistemas de telecomunicaciones, informáticos y equipamiento, a fin de derivar y canalizar a los pacientes a la mejor de las opciones de atención médica de urgencias, en el menor tiempo posible, y así evitar los rechazos por falta de personal o camas disponibles.
• Ampliación de centros de salud
Para prestar mejores servicios y beneficiar a mayor cantidad de población se requiere realizar obras de ampliación de los siguientes centros de salud: Zapotitla, San Juan de Aragón Primera Sección, La Pradera, Doctor Gabriel Garzón Cossa, Doctor Manuel Pesqueira, Carmen Serdán, Ampliación Presidentes, Tierra Colorada, Chimalpa, Topilejo, Doctor Francisco J. Balmis, Tulyehualco, Santa Cruz Acalpixca, San Salvador Cuauhtenco, 13 de Septiembre y Doctor Manuel Domínguez.
• Fortalecimiento de infraestructura y equipo en centros de salud
Se requieren trabajos de fortalecimiento de construcciones y de equipamiento en las instalaciones de los centros de salud 2 de Octubre, Santa Úrsula Coapa, Ajusco, El Chamizal, Parres, Doctor José Castro Villagrana, Apatlaco, Santa Cecilia Tepetalpa, Doctor Domingo Orvañanos, Doctor Rafael Carrillo, Doctor José María Rodríguez, Soledad Orozco de Ávila Camacho, Minas de Cristo, Doctor Manuel Escontria, Hortensia, Bosques del Pedregal, Chinampac de Juárez, Lago Cardiel, México España, Doctor Luis E. Ruiz y clínica de especialidades número 3.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política, y 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, nos permitimos solicitar al Pleno de la Cámara de Diputados que se someta a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2009 mil 973 millones de pesos para el programa de inversiones en infraestructura de salud del Distrito Federal, a fin de que la Ciudad de México pueda cumplir lo dispuesto en el artículo 4o. de la Constitución Política en materia de servicios de salud.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 2 de octubre de 2008.
Diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), Efraín Morales Sánchez.
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LAS OBRAS Y A LOS RECURSOS PARA ATENDER LAS ZONAS DE VERACRUZ AFECTADAS POR LAS LLUVIAS, A CARGO DEL DIPUTADO ÍÑIGO ANTONIO LAVIADA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Íñigo Antonio Laviada Hernández, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Veracruz, así como a la Secretaría de Comunicaciones de esa entidad a informar por qué no se han iniciado diversas obras afectadas por las lluvias torrenciales suscitadas en diversas regiones y, del mismo modo, concluirlas; a la Secretaría de la Función Pública, al órgano de fiscalización superior local, y a la Auditoría Superior de la Federación, a indagar y dar a conocer el destino de los recursos asignados por el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que hasta hoy no han sido utilizados para su objetivo. Lo anterior, con base en las siguientes:
Consideraciones
Nuevamente el estado de Veracruz se ha visto inmerso en problemas de inundaciones los cuales requieren de una pronta participación de las autoridades tanto estatales como federales, para que los más de 61 municipios al sur de Veracruz, afectados por las intensas lluvias registradas durante los últimos días, mismas que no se registraban desde hace más de 30 años en la región petrolera de Minatitlan, y que además son afectadas por los desbordamiento de 38 ríos y 17 arroyos de la zona, que consecuentemente han presentado daños en 16 puentes, así como 85 tramos carreteros y 17 escuelas.
Y si bien es cierto que tanto el gobierno federal y estatal ya han decretaron zona de emergencia y se ha establecido la etapa de evacuación del Plan DN-III en algunas de las localidades afectadas, tenemos la imperiosa necesidad de brindar la mayor transparencia de toda la ayuda y recursos que se disponen para este tipo de desgracias que afectan a nuestros compatriotas.
Toda vez, que desafortunadamente al recordar las inundaciones del 2006, el cual fue un año intenso en lluvias para el estado de Veracruz, lo que afectó gran parte de la zona norte del estado. Que de propia experiencia respecto a Temapache, puedo señalar que las vivencias de los ciudadanos de las comunidades de Las Cañas, Granadilla, Piedra Encontrada, Sierra de San Miguel y Paso del Real y otras vecinas del municipio de Álamo, sufrieron severos daños en hogares, vías de comunicación, plantíos y cosechas.
Y que derivado de aquellas lluvias torrenciales ocurridas del 19 al 24 de octubre ocasionaron que el Fondo de Desastres Naturales destinara importantes recursos para reconstruir los daños de estas comunidades, para reestablecer caminos, puentes y las propias comunidades, mismas que a la fecha no se han concluido, y otras ni siquiera se han comenzado a construir.
Han pasado casi dos años desde este lamentable acontecimiento y aún no se han reconstruido obras de infraestructura muy importantes para la región, situación que manifesté y exigí a las autoridades estatales, tratando de crearles conciencia que de no concluirlas para el inicio de las lluvias en junio dejaran incomunicada la mayor parte del municipio.
Asimismo, hice efectiva nuestra facultad como representantes de la ciudadanía, al presentar en pasado miércoles 2 de julio, ante los diputados y senadores de la Comisión Permanente, un punto de acuerdo en el que exhortaba tanto a la Secretaría de Comunicaciones del estado de Veracruz, que informara por qué no se han concluido o iniciado las obras antes señaladas, y a la Secretaría de la Función Pública, al órgano de fiscalización superior del mismo estado y a la Auditoría Superior de la Federación, para que dieran a conocer el destino de los recursos asignados por el Fonden y que hasta el día de hoy, hasta donde se tiene conocimiento, no han sido utilizados para su objetivo, por lo que dado el caso de existir algún desvío de recursos, se actúe en consecuencia por las autoridades fiscalizadoras.
Cabe señalar que el mismo 15 de julio del mismo año, la Tercera Comisión de Trabajo, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, aprobó en votación económica el punto de acuerdo por el que se remitía copia del expediente al Gobernador del estado de Veracruz, para su conocimiento y efectos.
Recomendación, que las autoridades debieron haber atendido, pero no ha sido así, por lo que acuso ahora, ante este H. Cámara de Diputados, que derivado de la negligencia, incompetencia o falta de sensibilidad hacia las familias y ciudadanos de estas regiones del norte del estado de Veracruz, ahora se han producido consecuencias que ponen una vez más en penurias a los sectores más desprotegidos de nuestro país, ya que el puente provisional de Cabellal, al cual se acuso que podría derrumbarse si no se reiniciaban las obras de reparación, ahora ya se ha derrumbado, negado la comunicación entre diversas localidades del municipio de Temapache, como son: Belem, San Isidro, San Miguel, Raudal Nuevo, Zacatal, Santa Rosalía, Raya Obscura y Cerritos.
Por lo que insisto sobre la imperante necesidad de iniciar y llevar a buen término las obras que a continuación se describen, a las que ya se habían destinado importantes recursos para reconstruir, resarcir daños y reestablecer caminos y puentes por parte del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Detallo las siguientes obras inconclusas:
La construcción del puente Cabellal, que se encuentra en el ejido Paso Real, tramo Paso Real-El Suchil.
Entre las comunidades Las Cañas-Piedra Encontrada, tramo la Granadilla-Piedra Encontrada hay una obra inconclusa que incluye estudio, proyecto y construcción de un puente, siendo que se le asignó un valor de 4 millones de pesos.
En el ejido Las Cañas-Piedra Encontrada, tramo La Granadilla-Piedra Encontrada, se asignaron 4 millones de pesos para un estudio, proyecto y construcción de un puente, y al día de hoy la obra está inconclusa.
En el ejido Las Cañas-Piedra Encontrada, tramo La Granadilla-Piedra Encontrada, hay inconcluso un puente vado por reconstruir, siendo que se le asignó 1 millón de pesos.
Respecto a las comunidades Las Cañas-Piedra Encontrada, tramo La Granadilla-Santa Martha, están inconclusos el estudio, el proyecto y la construcción de un puente, proyecto al que también se destinaron 4 millones de pesos.
Entre las comunidades Sierra de San Miguel-Piedra Encontrada hay tres construcciones de alcantarilla inconclusas, aun cuando se asignaron 120 mil a una, y 900 mil pesos a las otras dos.
En ese tramo no se ha iniciado la construcción de un recargue y conformación de revestimiento, al cual se asignaron 1 millón 200 mil pesos.
En el mismo trayecto no se ha iniciado la reconstrucción de dos terraplenes, a cada uno de los cuales se asignaron 60 mil pesos.
Por todo lo anterior, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se hace un extrañamiento al Gobernador del Estado e Veracruz, así como al Secretario de Comunicaciones del Estado, en virtud de que han hecho caso omiso de informar por qué no han concluido o iniciado las obras antes señaladas y, del mismo modo, por qué razón no se han concluido, de conformidad con el punto de acuerdo emitido el pasado 15 de julio por la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas del Senado de la República.
Segundo. Se apercibe al Gobernador y al Secretario de Comunicaciones del estado de Veracruz a informar por qué no se han concluido o iniciado las obras señaladas y, del mismo modo, a concluirlas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 2 de octubre de 2008.
Diputado Íñigo Antonio Laviada Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECTUR A INCLUIR SOMBRERETE, ZACATECAS, EN EL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS DE MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DOLORES GONZÁLEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, diputada federal migrante, María Dolores González Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. El programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Más que un rescate, es un reconocimiento a quienes habitan esos hermosos lugares de la geografía mexicana y han sabido guardar, para todos, la riqueza cultural e histórica que encierran. Asimismo, un pueblo mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, y magia que emana en cada una de sus manifestaciones socioculturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico.
II. Real de Minas de Sombrerete fue fundado en 1555, antes de la fundación de la ciudad de Zacatecas, sobre grandes riquezas minerales. Se enorgullece de su acervo histórico, arquitectónico, cultural y natural, ya que durante la colonia fueron erguidas grandes y suntuosas construcciones de orden civil y religioso, conventos, iglesias, mansiones, etcétera, costeados todos por los ricos mineros que se establecieron en esa región y que propiciaron que el municipio fuera acumulando un sinfín de características que le proporcionaron una personalidad propia e inconfundible.
II. Sombrerete, Zacatecas, se presenta como uno de los atractivos turísticos más importantes del estado, el cual reúne belleza arquitectónica que se caracteriza por sus grandes construcciones de estilo churrigueresco y su belleza natural.
III. El municipio cuenta con monumentos históricos de gran valor histórico como la parroquia de San Juan Bautista, el templo de San Francisco y Tercera Orden, el templo de la Soledad, la Santa Veracruz y convento, el templo de Santo Domingo, el templo de San José de la Parada, el convento de San Mateo, el ex hotel Hidalgo, hermosas plazas y túneles subterráneos llenos de historia y leyendas. Asimismo, las celebraciones religiosas durante semana santa ocupan un lugar preponderante dentro de la comunidad como lo es el viacrucis viviente y la procesión del silencio, representados cada año por lugareños de Sombrerete.
IV. La belleza natural del municipio está representada por la sierra de Órganos, zona natural protegida declarada parque nacional que incluso ha sido escenario natural de videos musicales y decenas de películas nacionales y extranjeras.
V. Sombrerete, Zacatecas, ofrece a los turistas una amplia gama de opciones para desarrollar ecoturismo, turismo de aventura, turismo histórico, turismo gastronómico y turismo religioso. Todo esto aunado a la calidez y amabilidad de su gente.
VI. Zacatecas es el principal productor de plata en el país con 52 por ciento y 7 por ciento de la producción mundial. La diversidad de yacimientos se sitúan en los 57 municipios del estado, pero los puntos considerados mineros son Chalchihuites, Zacatecas, Fresnillo y Sombrerete.
Sin embargo, el municipio ya no visualiza su futuro en la minería sino en el turismo, como fuente de generación de empleos. El municipio cuenta con la infraestructura hotelera, restaurantera y de servicios necesaria para poder ofrecer servicios turísticos de alta calidad para los visitantes nacionales y extranjeros.
El turismo es un factor de gran importancia, no sólo para algunos municipios y estados sino para todo México. Sombrerete cuenta con una amplia gama de riquezas naturales y arquitectónicas coloniales, las cuales, sin ser explotadas al máximo, son reconocidas a nivel mundial, por lo que debemos impulsar aún más la infraestructura y la promoción turística, para traer grandes beneficios para el municipio.
VII. El municipio de Sombrerete, Zacatecas, tiene todo el encanto que distingue a los pueblos mágicos, ya que reúne los requisitos, características y criterios de incorporación dentro de los que encontramos que exista una oferta de atractivos y servicios, magia de la localidad, condiciones y espacios territoriales, monumentos históricos, así como un atractivo turístico simbólico, entre otros, que se necesitan para ser incluido en el programa Pueblos Mágicos de México.
VIII. Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y, considerando que esta propuesta podrá ejercitar las acciones encaminadas a la conservación, mejoramiento y protección de la imagen urbana y servicios públicos, la atención y promoción turística, la asistencia técnica de diversas dependencias federales a la población y la modernización de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas de la localidad, entre otras acciones que beneficien al municipio de Sombrerete, Zacatecas, y toda vez que, presumir nuestra historia sin valorar su riqueza, no contribuye a mejorar el nivel de vida de los pobladores, por lo que ante esta soberanía, y en mi calidad de diputada federal, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Turismo a designar pueblo mágico al municipio de Sombrerete, Zacatecas, y, en efecto, se incluya dicho municipio en el programa Pueblos Mágicos de México de la Secretaría de Turismo, ya que tiene todo el encanto necesario de estas localidades y reúne todos los requisitos, características y criterios de incorporación al programa, tales como la oferta de atractivos y servicios, magia de la localidad, condiciones y espacios territoriales, y monumentos históricos, así como un atractivo turístico simbólico.
Salón de sesiones, a 2 de octubre de 2008.
Diputada María Dolores González Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA REVISIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS EN ESTA SOBERANÍA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HUMBERTO ZAZUETA AGUILAR, ROSARIO IGNACIA ORTIZ MAGALLÓN Y ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
Gracias al sistema de subcontratación de personal que realiza la Cámara de Diputados, conocido como outsourcing, diversas empresas han licitado para ofrecer el servicio de limpieza en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.
La contratación de estas compañías se realiza de conformidad con lo establecido en la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados, que señala que la licitación de estos servicios la realizará anualmente la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros a través de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios, previo análisis de las propuestas que ofrezcan las mejores condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.
Sin embargo, al momento de evaluar las propuestas que presentan las distintas empresas, la Cámara de Diputados pasa por alto las condiciones generales de trabajo que aquéllas ofrecen a sus empleados.
Ello ha originado que, dentro de la Cámara, se encuentre laborando personal bajo condiciones deplorables e indignantes, y que nos ponen en un plano de enorme incongruencia, pues, mientras hacia fuera ofrecemos un discurso de igualdad de derechos y de respeto a las conquistas laborales, aquí adentro permitimos incluso prácticas de apartheid.
Efectivamente, se ha llegado al extremo de que, al personal de limpieza –madres solteras en su mayoría– se les prohíba el uso de cajeros automáticos o que ingresen a las sucursales bancarias que operan en este lugar.
Además, no hay ninguna autoridad que sancione prácticas como las siguientes:
A las personas que trabajan para la empresa Alfa Sol, SA de CV les descuentan dos días de salario si llegan a faltar a su trabajo, aunque dicha falta sea plenamente justificada. Incluso, si llegan a pedir permiso para faltar por alguna causa de fuerza mayor justificada, también les descuentan ese día.
Los comprobantes de pago de sus sueldos son trozos de hojas tamaño carta cortadas a mano y sin ningún logotipo o sello de la empresa, por lo que no son válidos para demostrar cualquier relación laboral. Y, si son despedidas, no reciben ninguna compensación.
Su sueldo es de 950 pesos quincenales y su finiquito, por conclusión de su relación laboral, es de 710, además de que la suma por reparto de utilidades este año fue de 86 pesos y no tienen la prestación del aguinaldo.
El seguro social sólo se les otorga hasta que cumplan tres meses de trabajo y no hayan dado motivo a ninguna queja. No tienen derecho a vacaciones y mucho menos a prima vacacional, por lo que cada año trabajan 345 días, ya que sólo descansan los domingos. Hay personas que en 5 años no han gozado de un solo periodo vacacional.
Se encuentran permanentemente amenazadas y tienen prohibido organizarse o formar un sindicato, so pena de ser despedidas de inmediato, y tienen estrictamente prohibido cualquier relación con el personal de la Cámara.
Si tienen que faltar por razón de incapacidad por enfermedad, su puesto se ocupa de inmediato y a su regreso quedan bajo la categoría de "comodín", a espera de que se desocupe otra plaza.
Tienen prohibido comer en las jardineras de las instalaciones de San Lázaro, y el espacio que les fue asignado para ello es insuficiente, y, debido a que deben cumplir estrictamente con sus cargas de trabajo, en ocasiones tienen que tomar sus alimentos en el interior de los sanitarios.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a exigir a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros a revisar las mejores condiciones generales de trabajo que ofrezcan las empresas de servicios a sus empleados antes de contratarlas, y que éste sea un criterio para determinar cuál es la ganadora.
Segundo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a obligar, a la instancia correspondiente, para que se eliminen las prácticas de discriminación contra el personal de limpieza.
Tercero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a revisar las condiciones laborales actuales del personal de limpieza que trabaja en la Cámara de Diputados, a fin de que la empresa para la que prestan sus servicios cumpla con las normas y procedimientos legales y se respeten sus derechos humanos.
Salón de sesiones, a 2 de octubre de 2008.
Diputados: Humberto Zazueta Aguilar, Rosario Ignacia Ortiz Magallón, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SENER A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE QUE PEMEX REDUZCA EL PRECIO DEL GASÓLEO DOMÉSTICO, DEL GAS LP Y DEL GAS NATURAL PARA LOS CONSUMIDORES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A CARGO DEL DIPUTADO ENRIQUE SERRANO ESCOBAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Enrique Serrano Escobar, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar a la Secretaría de Energía a que Petróleos Mexicanos a reducir el precio del gas doméstico, del gas LP y del gas natural a los consumidores del estado de Chihuahua, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La posición geográfica de Chihuahua, comprendida en la altiplanicie y en la Sierra Madre Occidental, dan como resultado un clima desértico y sumamente extremoso, que provoca que se presenten temperaturas de hasta 45 grados centígrados en verano y de 20 bajo cero en invierno –en algunas regiones del estado.
Las condiciones climatológicas de la entidad generan diversos problemas en la salud y la economía de las familias chihuahuenses, entre las que podemos señalar, el incremento en las enfermedades respiratorias agudas, principalmente en niños y personas de la tercera edad, así como entre quienes carecen de las mínimas condiciones de bienestar.
De igual manera se refleja en un alto índice de ausentismo, tanto laboral como escolar, lo que repercute en la productividad de las empresas y de la economía estatal.
El gasóleo, el gas LP y el gas natural son productos de alto consumo en los hogares chihuahuenses, sobre todo, en la temporada otoño-invierno. Desafortunadamente, el esquema de precios de dichos productos obedece la oferta-demanda, ocasionando con esto el encarecimiento en los energéticos para uso doméstico.
El precio promedio al público del gasóleo doméstico representa un costo mensual cercano a los mil pesos al consumidor.
En la época de otoño-invierno, el precio del gas LP, como del gas natural, tienen un incremento de más del 500 por ciento respecto a la época de verano; sin embargo, el ingreso per cápita dista mucho de tener un incremento similar, por lo que la liquidez de los hogares se ve considerablemente disminuida por los gastos que se generan para adquirir estos combustibles de primera necesidad.
En razón de ello, se ha realizado un estudio en relación con el efecto que estos costos tienen en los hogares chihuahuenses, el cual, concluye que, con un descuento del 40 por ciento en el precio de los combustibles, se podría atenuar este efecto.
Es por ello que hoy me presento ante esta tribuna, en nombre de los chihuahuenses, apelando a la comprensión y el apoyo de los integrantes de esta Cámara, para plantear un asunto concreto, de alta prioridad y urgente, porque afecta a amplios sectores de la población de Chihuahua.
Cada año, por estas mismas fechas, los diputados por el estado de Chihuahua acudimos a este foro para hacer un planteamiento similar, porque los ciclos estacionales y el invierno, en diversos estados del norte del país, son severos e implacables, y afectan fuertemente a su población.
Por ello, hago un llamado a la comprensión y a la mejor voluntad política para atender oportunamente las necesidades básicas de la población a la que representamos, y garantizarles por lo menos los bienestares básicos que les permitan su supervivencia, en niveles adecuados a las condiciones geográficas, climatológicas y económicas que conforman su entorno.
Por todo lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Energía, en el ámbito de sus atribuciones, a adoptar las medidas conducentes, a efecto de que Petróleos Mexicanos otorgue a los consumidores en el estado de Chihuahua un subsidio del 40 por ciento al gasóleo doméstico, gas LP y gas natural, por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2008 y el 31 de marzo de 2009.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2008
Diputado Enrique Serrano Escobar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LOS COMBUSTIBLES DE BAJO AZUFRE Y AL TRANSPORTE SUSTENTABLE, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
El diputado José Antonio Arévalo González, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Actualmente enfrentamos la amenaza de agravar la contaminación atmosférica provocada por el transporte, debido a dos factores principales; por un lado, la introducción legal de autos extranjeros viejos y contaminantes, llamados chocolate; por otro, el deseo de la industria automotriz de introducir masivamente vehículos de pasajeros que utilizan diesel.
El gasóleo extraído del petróleo, mejor conocido como diesel, presenta las siguientes ventajas con respecto a la gasolina: es más sencillo de refinar, su precio es menor en la mayoría de los casos, tiene aproximadamente un 18 por ciento más de energía por unidad de volumen y los motores de diesel tienen mayor rendimiento.
Sin embargo, estas ventajas han disminuido en los últimos años, debido a los altos precios del petróleo y de todos sus derivados; por consiguiente, los motores de diesel están perdiendo su principal atractivo, es decir, su capacidad de ahorro.
Otra desventaja importante del diesel es que tiene un alto contenido de azufre, por lo cual emite más partículas contaminantes por kilómetro recorrido. Estas partículas son especialmente peligrosas para la salud humana, ya que por su reducido tamaño pueden penetrar a los pulmones y al corazón.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, cada año mueren 4 mil personas en la Ciudad de México, debido a causas agravadas por la mala calidad del aire. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, asegura que en nuestro país ocurren 7 mil muertes anuales por causas relacionadas con la contaminación. Adicionalmente, la Comisión Ambiental Metropolitana informó que la contaminación atmosférica genera anualmente alrededor de 130 mil visitas hospitalarias, así como 5 mil casos de asma exacerbada y nuevos casos de asma en niños.
El diesel que se utiliza actualmente en México contiene casi 500 partes por millón (ppm) de azufre. Este número es alto en comparación con otros países, según se observa en la tabla a continuación.
Consientes del grave problema de contaminación atmosférica causado por los combustibles, las autoridades mexicanas han establecido compromisos para reducir las cantidades de azufre en el futuro inmediato. Por ello, la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, tiene programada esta reducción de acuerdo al calendario mostrado en la tabla a continuación:
Pemex-Refinación reporta que el costo de dar cumplimiento a la NOM sería de 4 mil 683 millones de dólares. Por otra parte, el Instituto Nacional de Ecología calcula que la aplicación de la NOM-086, a la par de la introducción de tecnologías vehiculares menos contaminantes, evitará gastos en salud equivalentes a 11 mil 373 millones de dólares, además de evitarse 10 mil muertes prematuras y 30 mil casos de bronquitis crónica.
A pesar de los beneficios sanitarios y económicos que se podrían lograr con la aplicación de la NOM-086, existe un atraso notorio en la producción nacional de los petrolíferos requeridos para su cumplimiento. A continuación, la tabla muestra el actual rezago en producción de diesel y gasolinas, con respecto al nivel de consumo nacional:
La tabla anterior muestra que entre octubre y diciembre de 2008 forzosamente tendrá que aumentar la importación de diesel y gasolinas de bajo azufre, con la finalidad de dar cumplimiento a la NOM-086, puesto que no concluirá pronto la reconfiguración que requieren las refinerías mexicanas para fabricar estos productos.
El Partido Verde está consciente del alto costo que implica dar cumplimiento a la NOM-086; sin embargo, como se revisó anteriormente, su cumplimiento permitirá ahorrar el doble de recursos en servicios de salud.
Además de disminuir el contenido de azufre en los combustibles, existen numerosas acciones que se pueden llevar a cabo para procurar la sustentabilidad del sector transporte. El Centro Mario Molina ha estudiado con detenimiento las estrategias más convenientes para lograrlo, y desarrolló la propuesta denominada Veinte en quince1, con el objetivo de aumentar el actual rendimiento ponderado de la flota vehicular nueva en México de 11.78 kilómetros por litro a 20 kilómetros por litro (47 millas por galón-mpg) para el año 2015, la cual implica reducir la emisión de aproximadamente 200 gramos de bióxido de carbono por kilómetro (gCO2/km) a sólo 130 gCO2/km en el mismo año.
La propuesta Veinte en quince está diseñada especialmente para México, tomando en cuenta la normatividad internacional en la materia. La meta de 20 kilómetros por litro se obtiene mediante el establecimiento de objetivos específicos de rendimiento vehicular para grupos definidos de vehículos, clasificando los autos nuevos con base en las tres variables más características de los vehículos: peso bruto vehicular (kg), sombra (m2) y volumen (m3).
De estas tres opciones, el estudio concluye que es mejor tomar como base la clasificación basada en el peso bruto vehicular, ya que presenta menor divergencia con respecto a la clasificación de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. También es recomendable porque es una estructura normativa ya probada en otros países.
La aplicación de esta propuesta reduciría el consumo de gasolina en 74 mil barriles diarios para el 2015, lo que equivale a un 27 por ciento de ahorro del consumo de este combustible por vehículos ligeros nuevos. Al mismo tiempo, habría una disminución de emisiones de 9 millones de toneladas anuales, equivalentes al 24 por ciento de reducción en las emisiones de CO2 por vehículos ligeros nuevos. Respecto al consumo de gasolina, las reducciones serían de 7 por ciento del total de sector y de 5 por ciento en emisiones de CO2 anuales para el 2015.
Las tecnologías de alto rendimiento de combustible y bajas emisiones aplicadas a vehículos ligeros se traducen en un incremento del precio para el consumidor final, el cual oscila entre el 10 y 30 por ciento, dependiendo el caso. Esta inversión incremental se recupera dentro del periodo de vida útil cuando se opta por vehículos a gasolina altamente eficientes y vehículos con motores diesel, mediante ahorro en el gasto por consumo de combustible.
La propuesta Veinte en quince representa importantes beneficios económicos y ambientales para el país. Al mismo tiempo, genera el marco normativo que permitirá a la industria automotriz nacional prepararse para la transición que se está dando a nivel global, hacia un mercado de vehículos de alta eficiencia. Por ello, consideramos que esta normatividad dará a la industria automotriz mexicana una ventaja competitiva frente a los demás países productores y exportadores.
En atención a lo anteriormente expuesto, el legislador que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía, somete a consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a instruir a las Secretarías de Energía y de Comunicaciones y Trasportes, en el ámbito de su competencia, a realizar las siguientes acciones, encaminadas a procurar la sustentabilidad del sector transporte:
a) Acelerar la reconfiguración de las refinerías mexicanas y efectuar las importaciones necesarias de combustibles con bajo contenido de azufre, para cumplir con el abastecimiento en los tiempos marcados por la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005.
b) Considerar la implementación de la propuesta de normatividad Veinte en quince, en materia de rendimiento de combustibles y de emisiones de bióxido de carbono para vehículos ligeros nuevos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 2 de octubre de 2008.
Diputado José Antonio Arévalo González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A DECLARAR ÁREAS NATURALES –MEDIANTE LAS DOS COMISIONES CORRESPONDIENTES– DIVERSAS REGIONES DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO CHRISTIAN MARTÍN LUJANO NICOLÁS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Christian Martín Lujano Nicolás, en uso de las facultades que confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Cuando escuchamos acerca de conservación de los recursos, nos queda muy claro que México tiene muchísimos recursos que conservar, ya que se trata de un país megadiverso. Sin embargo, para hablar de conservación, de planes manejo, es necesario que tengamos información de los ecosistemas que tienen encima la amenaza de algún riesgo sobre sus habitantes, ya sea de flora o de fauna.
Desde 1996, el gobierno mexicano, junto con organismos nacionales e internacionales, ha realizado esfuerzos en pro de la sectorización de regiones prioritarias marinas (RPM). El esfuerzo ha sido encabezado principalmente por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
De acuerdo con información de la Conabio, "la conservación de los recursos costeros y oceánicos en el país se enmarca dentro de diferentes compromisos que México en su política internacional ha contraído".
Tenemos por ejemplo el Convenio sobre Diversidad Biológica (1992), el Mandato de Yakarta sobre Diversidad Biológica Marina y Costera, la Convención de Naciones Unidas sobre la Ley del Mar, la Agenda 21, y el Convenio de Cartagena para la Protección y Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe.
México tiene un sinnúmero de especies que conviven en una área geográfica determinada, y podríamos decir que estas especies tan diversas hacen la riqueza de la cual el territorio mexicano es su hábitat.
La supervivencia de muchísimas especies silvestres de México se encuentra con algún estatus de protección, debido a muchos factores, pero principalmente a la actividad antropogénica, traducido esto como la presión que ha ejercido el hombre sobre los ecosistemas terrestres y los marinos.
La conservación y protección de los ecosistemas y de las especies que los habitan son una tarea por demás complicada, que en muchas ocasiones va a implicar esfuerzos conjuntos de varios sectores de la sociedad, ya que en estos tiempos los alcances de la conservación se han quedado cortos, debido a la acción acelerada de la actividad humana. El deterioro que han sufrido la diversidad y los ecosistemas en conjunto nos guían hacia la necesidad de crear políticas y estrategias que permitan nuevamente ir hacia la conservación, pero tienen que ser políticas asertivas y eficaces, políticas que nos muestren claramente que el objetivo es salvaguardar los recursos, ya que si lo logramos nos daremos cuenta de que México es un país rico en recursos naturales.
En el mismo tema de la variedad de los ecosistemas, las autoridades ambientales han hecho muchos esfuerzos por clasificarlos, de tal suerte que las propuestas que han realizado en el sentido de regionalizar las áreas estuvieron basadas en un criterio ecológico, donde la distribución de tipos de vegetación y de ecosistemas coincidía en sus divisiones. La clasificación propuesta por Toledo y Ordóñez (1993) definía de manera muy amplia los ecosistemas, es decir, este tipo de propuesta.
La Conabio ha identificado áreas terrestres, marinas, costeras e hidrológicas, que han sido señaladas como regiones prioritarias para la conservación de la biodiversidad. Para el caso de los cuerpos de agua epicontinentales (que se encuentran sobre los continentes), la misma institución estableció 110 regiones hidrológicas prioritarias; para los ecosistemas de las zonas costeras y marinas, 70; y para las regiones terrestres, 150, identificadas como prioritarias para la conservación. Todas estas regiones incluyen ecosistemas muy variados, desde humedales y zonas áridas hasta ecosistemas marinos, cuya biodiversidad los hace prioritarios para la conservación.
En 1997, la Conabio inició el programa de RPM, el cual formaba parte de un abanico de estrategias promovidas por la institución para promover a escala nacional el conocimiento, el uso y la conservación de la diversidad biológica en el país.
Las RPM, según la Conabio, son "áreas litorales y oceánicas cuyas características físicas y biológicas las hacen particularmente importantes para la conservación de la biodiversidad".
El objetivo de las RPM era identificar y caracterizar las áreas costeras y oceánicas consideradas prioritarias, ya sea por su alta biodiversidad, por la diversidad en el uso de sus recursos o por la falta de conocimiento sobre su diversidad.
De conformidad con el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la dependencia encargada de regular y aplicar las disposiciones para la conservación de las especies y de los ecosistemas es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Las autoridades han hecho serios esfuerzos de conservación de los ecosistemas. Lo han logrado con la determinación de regiones prioritarias, promovidas como zonas que fueron y son zonas susceptibles de ser protegidas. Sin embargo, es necesario declarar algunas áreas más que se encuentran sólo como RPM, transformándolas en áreas naturales protegidas (ANP), ya que varias zonas requieren urgentemente programas de conservación y otras están con prioridad de que se realicen estudios suficientes para dar fe de qué especies habitan esos ecosistemas, tal es caso del Canal del Infiernillo o del Arrow Smith.
Según la Conabio, el estudio realizado para determinar las RPM mostró que había 58 áreas de alta biodiversidad, de las cuales 41 presentaron algún tipo de amenaza para la biodiversidad y 38 correspondieron a áreas de uso por sectores, y se identificaron 8 áreas que son importantes biológicamente, pero no se cuenta con información sobre la biodiversidad. Tres áreas no tenían clasificación, debido a la escasa información contenida en la ficha.
En una correlación entre las regiones prioritarias y las ANP, encontramos que un porcentaje elevado, casi 90 por ciento, de las zonas declaradas como ANP está decretado en un régimen federal y se encuentra en los proyectos de las RPM.
Las RPM sirven como herramienta de planeación y permiten armar estrategias dirigidas a la conservación in situ, al mismo tiempo que colaboran para que se identifiquen áreas cuya conservación es prioridad, ya sea debido a la amenaza que se cierne sobre ella o a la alta biodiversidad.
La figura jurídica de las ANP está considerada en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el artículo 45:
Las ANP tienen por objeto preservar los ambientes naturales representativos de las regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos ecológicos.
Algunas zonas necesitan mantenerse en el programa de ANP. Tal es caso de las siguientes:
A) Bahía Concepción, cuya extensión es de mil 171 kilómetros. Se encuentra en Baja California, y la Conabio la cataloga como RPM, de igual forma catalogada por la Conabio como zona de alta diversidad y área que presenta amenaza para la biodiversidad. Presenta una modificación del entorno, pues hay cierto impacto por tráfico marino y descargas residuales, además del aumento de la población, así como la promoción de la actividad pesquera extractiva y acuacultura, y ésta no es sostenible por el riesgo de mortandades masivas de moluscos, introducción de especie exótica. La Conabio propone esta zona como protegida para investigar, realizar un aprovechamiento sustentable en la pesca y regular el turismo, haciéndolo sustentable y compatible con el ambiente.
b) Cayos Alijos: tiene una extensión de mil 121 kilómetros y se encuentra en Baja California. Es considerada por la Conabio como zona de alta biodiversidad, lugar donde se pesca atún de aleta amarilla. Hay en este lugar ciguatoxinas, las cuales son una clase de toxinalipídicas solubles, donde la ciguatera es una forma de ictiotoxismo causada por el consumo de peces de arrecife contaminados por estas toxinas. Según ciertas evaluaciones realizadas por la Comisión del Pacífico Sur, un número importante de personas al año tiene problemas de salud por consumir peces ciguatóxicos.
Sería importante hacer que esta zona fuera declarada como ANP, ya que es un lugar rico en biodiversidad. Allí hay tortugas, peces, aves, mamíferos marinos, y es un área de alimentación de vertebrados pelágicos, como lobo fino de Guadalupe, las ballenas picudas o la ballena de Baird. Además, es una zona idónea para estudiar procesos oceanográficos.
c) Canal del Infiernillo: situado en Sonora, tiene una extensión de mil 534 kilómetros. Cuenta con acantilados, playas, marismas, lagunas, islas y alta integridad ecológica, además de peces y aves migratorias; no se conocen endemismos. Existe la pesca artesanal y aparentemente sin turismo, pero la problemática radica en la introducción de especies exóticas en islas. No hay suficiente información de esta RPM, por lo que es importante también considerar la posibilidad de declararla ANP.
d) Arrow Smith es una región de Quintana Roo y consta de 315 kilómetros. La Conabio señala que hay estructuras arrecifales y que se trata de un sitio popular para la pesca y de poco turismo. Sin embargo, tampoco hay información suficiente sobre el lugar. Actualmente no está entre las ANP, por lo que resulta importante que se considere en un proyecto de declaratoria de ANP, ya que es una zona con descuido porque no se cuenta con información acerca de las especies que la habitan.
Por lo expuesto y fundado, expongo ante esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que a través de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, realice los estudios y las gestiones necesarios para que sean declaradas áreas naturales protegidas las siguientes regiones marinas prioritarias, debido a su alta biodiversidad: Bahía Concepción, Cayos Alijos, Canal del Infiernillo y Arrow Smith.
Segundo. Se solicita a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad que realice estudios sobre las especies que habitan los siguientes lugares: Cayos Alijos, Canal del infiernillo y Arrow Smith, con el objetivo de saber qué biodiversidad existe, cuáles son sus procesos biológicos y cómo se puede conservar, así como establecer estrategias de manejo sustentable, encaminadas a la conservación de los recursos, ya que no hay estudios suficientes relativos a las áreas mencionadas.
Dado en el recinto legislativo, a 2 de octubre de 2008.
Diputado Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SEGOB, DE LA SHCP, DEL BANCO DE MÉXICO Y DE LA CNBV A INTERVENIR FRENTE A LAS EXTORSIONES TELEFÓNICAS, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR BARAJAS DEL TORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Salvador Barajas del Toro, en su calidad de diputado en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por este conducto solicita respetuosamente a la Presidencia de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se someta a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a intervenir frente a la denominada "extorsión telefónica". La solicitud se presenta ante esta soberanía legislativa al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. Es de destacar la creciente importancia que las prácticas relacionadas con la extorsión telefónica han adquirido en los últimos años en el país, convirtiéndose en una modalidad delictiva que por sus resultados y sus variantes se ha constituido en una creciente preocupación para las instituciones responsables de brindar seguridad pública en el país en sus diversos niveles.
El auge de esta modalidad delictiva se da en el marco de una creciente y profunda crisis económica, donde esta práctica ilícita comienza a ser denunciada de forma creciente a partir de 2001, cuando a la par del empleo masivo de los teléfonos celulares y a la generalización de los denominados "secuestros exprés", se desarrolla la ilícita práctica de extorsiones telefónicas.
En un principio, las víctimas de este delito eran por lo general personas con familiares en el extranjero o ausentes y las modalidades iniciales de esta práctica de extorsión consistían en engañar al familiar identificándose como policía, médico o agente aduanal pidiendo dinero para sacar de la cárcel, pagar una multa o liquidar un tratamiento médico de la supuesta víctima. En muchos casos, los delincuentes llegaban a tener un grado de conocimiento respecto a las víctimas o su entorno.
Con el tiempo surgieron nuevas modalidades de este delito, mediante el uso indiscriminado de los directorios telefónicos por los delincuentes, los que a la fecha realizan ya de manera indiscriminada llamadas mediante teléfonos celulares desde los reclusorios. Se calcula que actualmente en esta modalidad cada extorsionador hace unas 7 mil llamadas al mes.
La extorsión telefónica se ha generalizado en muchas regiones del país y la práctica más convencional consiste en amenazar con secuestrar o dañar a algún pariente si no se deposita cierta cantidad de dinero en una cuenta de banco que, por lo general, es abierta únicamente para la transacción y es cancelada tan pronto se ha concluido ésta. El extorsionador puede fingir ser miembro de alguna corporación policiaca.
La extorsión vía telefónica es una reciente modalidad delictiva que ha tomado auge en gran parte de la República Mexicana, favorecida por el avance tecnológico y por la ingenuidad de las víctimas, además del factor preponderante: no saber y no tener forma de verificar cómo y dónde se encuentra algún familiar ausente del domicilio, por periodos ya sea de algunas horas o de días, semanas e incluso meses.
Los delincuentes aprovechan el factor sorpresa y el hecho de que las víctimas poco saben acerca de dónde y cómo se encuentra el familiar sobre el que supuestamente recaerán las consecuencias en caso de no acceder a sus exigencias, intimidando y generando pánico en el núcleo familiar para obtener en forma rápida y segura el dinero que solicitan.
Segundo. Una de las modalidades más usuales de la extorsión telefónica consiste en que a las víctimas se les hacen varias llamadas en un lapso de una a dos horas y les hacen creer que son vigiladas desde hace días y que si no se paga un rescate cuyo monto puede fluctuar entre 30 mil y 200 mil pesos se les privará de la vida o se les amenaza que un miembro de su familia pueda ser secuestrado.
Ha sido una práctica constante que los delincuentes exijan que el rescate o la cantidad que solicitan sean pagados mediante un depósito en instituciones de banca múltiple, principalmente en Banco Azteca, o mediante depósitos en las negociaciones que prestan el servicio de dinero exprés.
Según datos del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, AC, en el país hay al menos 240 bandas de extorsionadores, que operan principalmente en los distintos penales del país; y 15 de las más activas operan desde los penales y reclusorios del Distrito Federal. La agrupación referida señala que cada 24 horas se intentan 760 extorsiones, advirtiéndose una evolución a través del tiempo: para 2005, 37 por ciento de las víctimas pagaba la extorsión o fue defraudado; y para 2006, 20 por ciento de las víctimas perdió el dinero al pagar la extorsión. Los datos para el año en curso indican, según la fuente citada, que a febrero se habían intentado 41 mil 40 extorsiones, y de esa cantidad 34 por ciento de los ciudadanos optó por pagar la extorsión.
Esa situación motiva que, de 2001 a febrero de 2008, 98 mil 256 personas hayan perdido entre mil y 30 mil pesos cada una, lo cual motiva, según los datos de la asociación civil anotada, que en el mismo lapso el monto obtenido a escala nacional por los extorsionadores haya superado 249 millones de pesos.
En esa vertiente delictiva, la organización en cita expresa que se emplearon más de 35 mil 600 celulares para cometer el delito y que de esa cantidad de aparatos telefónicos 60 por ciento correspondió a celulares del Distrito Federal.
Entre las modalidades de extorsión telefónica más usuales en los últimos meses se han registrado las siguientes prácticas: a) concurso Boletazo; b) supuesto hijo secuestrado; c) amenaza de secuestro o muerte; d) amenazas de supuestos grupos pertenecientes a la delincuencia organizada; e) hijo detenido en centro comercial por robo; y f) pariente que viene del extranjero y está detenido por autoridades migratorias o aduanales, entre otras variantes de extorsión telefónica.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 90 por ciento de las víctimas es hombre y 10 por ciento mujer, además de que ya se aprecia un cambio en esa tendencia, pues en 2005 las mujeres representaban sólo 5 por ciento de los afectados, atendiendo a la misma fuente, se tiene que 70 por ciento de los afectados es comerciante, 20 por ciento empresario y 10 por ciento se emplea en diversos giros.
Las medidas puestas en práctica por los ciudadanos afectados tienen naturaleza de corte preventivo y meros alcances domésticos, como las acciones de instalar identificadores de llamadas o evitando aparecer en los directorios telefónicos o no proporcionar datos a encuestadores, ni almacenando información personal en los teléfonos celulares, entre otras medidas.
Tercero. No obstante que entre las acciones llevadas a cabo por los diferentes niveles de gobierno en el país se ha colocado el tema de la seguridad pública como una prioridad, la implantación de medidas por la administración pública encaminadas a combatir la extorsión telefónica no ha dado los resultados que la sociedad espera. Como una referencia, debe señalarse que el Gobierno del Distrito Federal ha adoptado medidas para inhibir este ilícito cuando las llamadas telefónicas tendentes a extorsionar son efectuadas desde centros penitenciarios; sin embargo, tales llamadas continúan.
Desde noviembre de 2005 se firmó un convenio entre los gobiernos federal y local, y Teléfonos de México, que tenía por objeto identificar todas las llamadas provenientes de casetas telefónicas localizadas en centros penales para que el receptor de esa llamada supiera con anticipación el origen por medio de un mensaje previo que los identifica como tales.
Unos días posteriores a la firma del convenio se divulgó también que se puso en funcionamiento un sistema para bloquear las señales de los celulares en el reclusorio norte. Además, se publicaron en la página de Internet del Gobierno del Distrito Federal 438 números telefónicos de las casetas situadas en las cárceles capitalinas, con objeto de que los ciudadanos identificaran tales claves y pudieran actuar en consecuencia.
Otra de las medidas instauradas para afrontar este ilícito consiste en que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal solicitó desde abril del año en curso a la Comisión Federal de Telecomunicaciones la cancelación de 3 mil 415 líneas de teléfonos celulares y fijos relacionados con casos de extorsión, en un contexto donde, de acuerdo con la propia SSP del Distrito Federal, entre el 4 de diciembre del año pasado y el 29 de febrero de 2008 se reportaron solamente en la Ciudad de México 31 mil 430 llamadas de extorsión. Debe tenerse en cuenta que en el país están identificadas por las autoridades aproximadamente 700 bandas de extorsionadores que operan por medio de teléfonos, 14 de ellas en la Ciudad de México.
Para coadyuvar a afrontar este problema, las medidas de prevención son indispensables, de ahí la pertinencia de considerar la necesidad de que en los medios masivos de comunicación electrónica se desarrollen campañas dirigidas a advertir a la opinión pública acerca de las diferentes modalidades que reviste la extorsión telefónica y las maneras más adecuadas para afrontar esa vertiente delictiva.
Cuarto. En otros ámbitos se han intentado también llevar a cabo diversas medidas que persiguen bloquear o, al menos, reducir la posibilidad de que las extorsiones telefónicas tengan éxito. Algunas de esas medidas se han implantado desde hace tiempo en el sector bancario. Una de ellas es el servicio de transferencia electrónica de fondos, una modalidad de pago que consiste en realizar transferencias de abono entre los bancos que operan en México instruidos por un cliente ordenante para que sean pagados de manera electrónica y programada a un cliente receptor. Este servicio ofrece a los bancos y a sus clientes una forma segura de realizar operaciones. Esta herramienta es una de las respuestas que se han adoptado para hacer frente a las crecientes necesidades de seguridad en las transacciones financieras.
En el país, los traslados de recursos efectuados por esta vía entre clientes de distintos bancos son operados por el Centro de Cómputo Bancario, SA de CV, empresa que brinda servicios de compensación electrónica a la banca que opera en el país. De acuerdo con esta empresa, en 2004 el total de transacciones realizadas por dicho medio ascendió a 12 millones 700 mil operaciones y al año siguiente a 16 millones 569 mil transferencias, en números redondos, un incremento de 3 millones 869 mil transacciones, equivalente a 30.46 por ciento.
Así, una de las formas implantadas para incrementar la seguridad en las transferencias efectuadas de manera electrónica en el ramo bancario en el país es el "sistema de confirmación de abonos de transferencias electrónicas de fondos". El mecanismo se inició en noviembre de 2003 y consiste en que cada institución bancaria receptora de operaciones de abono a través del sistema de transferencias electrónicas confirme la aplicación de las operaciones que le han solicitado los bancos presentadores de pagos, informando del número de confirmación generado desde sus sistemas, en la fecha de abono correspondiente y efectuando después una conciliación entre las operaciones presentadas con solicitud de confirmación y las devoluciones.
Quinto. Otra variante de los mecanismos que permiten a los usuarios de la banca en México tener la certeza de que las trasferencias de recursos que lleguen a realizar se efectúen de manera segura es la puesta en práctica por el Banco de México, el sistema de pagos electrónicos interbancarios (SPEI).
Ese sistema funciona teniendo en cuenta la existencia de diversos actores que participan en una transferencia de fondos electrónica interbancaria. Así, el "ordenante" es la persona que desea transferir dinero desde su cuenta bancaria, el "beneficiario" es la persona que recibe el dinero de la transferencia directamente en su cuenta bancaria, el "banco emisor" es el banco comercial que lleva la cuenta al ordenante, el "banco receptor" es el banco comercial que lleva la cuenta al beneficiario y el Banco de México es el banco central de la nación que actúa como "puente" entre el banco emisor y el banco receptor, ya que ambos mantienen una cuenta en el banco central.
En ese contexto, una transferencia típica a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios sigue estos pasos: en primer término, el ordenante instruye a su banco emisor que transfiera dinero, a través de su banca por Internet. La instrucción debe indicar el monto de la transferencia y los datos del beneficiario, como su cuenta Clabe (18 dígitos) o su número de tarjeta de débito (16 dígitos), su nombre y el de su banco receptor. El ordenante también tiene la opción de incluir alguna referencia (7 dígitos) o concepto (40 letras o dígitos) para una mejor identificación de la transferencia.
Al recibir la instrucción, el banco emisor verifica la identidad de su cliente ordenante y que el saldo en su cuenta sea suficiente para cubrir la transferencia; acepta procesar sólo las transferencias que cumplan estos requisitos. En tal caso, el banco emisor avisa al ordenante, a través de Internet, la hora precisa en que aceptó la transferencia, así como una clave de identificación única, "número de rastreo", que serviría para futuras aclaraciones.
Unos minutos después, el banco emisor transmite, a través del SPEI, toda la información de la transferencia al Banco de México. Al recibir la información, éste transfiere el dinero de la cuenta que le lleva al banco emisor hacia la cuenta que le lleva al banco receptor y retransmite, también a través del SPEI, toda la información necesaria al banco receptor.
De esa manera, el banco receptor cuenta con la información necesaria y los recursos para depositarlos en favor del beneficiario.
La descripción anotada ejemplifica la posibilidad de implantar mecanismos tendentes a garantizar la certeza tanto en el procedimiento de transferencia como en la identidad de las personas que participan en el proceso en su conjunto. En el SPEI, el ordenante y el beneficiario cuentan con la necesidad de disponer, además de los medios de identificación convencionales, otros datos como la Clabe interbancaria.
Pese a que diversas instituciones bancarias, como ABN AMRO, Afirme, Banca Mifel, Banco Azteca, Banco del Bajío, Banco Monex, Banco Nacional de México, Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada, Bank of America, Bank of Tokyo, Banorte, Banregio, Bansi, BBVA Bancomer, HSBC, Inbursa, Ixe, Banco Santander y Scotiabank, ya emplean mecanismos como éste o medios análogos para incrementar los niveles de seguridad para los usuarios de estos servicios, han sido crecientes las denuncias de personas en diferentes partes de la república que señalan que debido a los casos de extorsión que numerosos ciudadanos han sufrido es necesario establecer medios complementarios a los vigentes que reduzcan la posibilidad de llevar a cabo con éxito una extorsión telefónica.
En virtud de lo anterior, y con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta en forma respetuosa, en el ámbito de colaboración de los Poderes de la Unión, a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a supervisar de forma permanente, en ejercicio de sus facultades, que las instituciones de banca múltiple en el país y las empresas cuya finalidad es el envío de numerario a través del llamado "servicio de dinero exprés" mantengan un estricto control de las operaciones de pago de recursos e implanten mecanismos que garanticen la seguridad en las operaciones de depósito y cobro de dinero en efectivo. Lo anterior, con la finalidad de reducir la posibilidad de que por tales medios se lleguen a consumar ilícitos relacionados con la extorsión telefónica en sus diversas modalidades.
Segundo. Se exhorta en forma respetuosa, en el ámbito de colaboración de los Poderes de la Unión, al secretario de Gobernación a alertar por medio de anuncios de televisión por divulgarse en todo el territorio nacional a la población del país sobre la naturaleza y las modalidades la extorsión telefónica y las medidas de prevención para afrontar tal ilícito.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2008.
Diputado Salvador Barajas del Toro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SEMARNAT QUE PROMUEVA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE ESPECIES PRIORITARIAS PARA DIVERSOS PRIMATES, A CARGO DEL DIPUTADO CHRISTIAN MARTÍN LUJANO NICOLÁS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Christian Martín Lujano Nicolás, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que es la ley marco en materia ambiental, establece como criterios fundamentales para la conservación de la biodiversidad, la preservación de la biodiversidad y del hábitat natural de las especies la continuidad de los procesos evolutivos de las especies representativas de los sistemas ecológicos para acciones de preservación e investigación, y el combate del tráfico o apropiación ilegal de especies. Tales criterios nos demuestran también las presiones a que está sometida la biodiversidad.
Las selvas que aún quedan en el sur del territorio continúan siendo transformadas por las actividades humanas a ritmos vertiginosos y constantes. En la zona de Los Tuxtla, en Veracruz, las tasas de conversión de la selva a ecosistemas simples como pastizales son de 14.3 por ciento anual en el noroeste de Chiapas; en la zona de Palenque, de 12.4; y en la península de Yucatán, de 7.7.
Esto ha llevado a que haya también cambios en la biodiversidad, de lo que resultan extinciones o amenazas de extinciones tanto a escala local como regional de un número importante de especies de plantas y de animales.
En México hay tres especies de primates, de los cuales dos son de monos aulladores o saraguato y una especie de mono araña.
Los monos aulladores o saraguato pertenecen a las especies Alouatta palliata y Alouatta pigra, las cuales han sido clasificadas en distintas categorías de riesgo. Al mismo tiempo, han sido clasificadas en el apéndice I de la Convención Internacional del Tráfico de Especies de Flora y Fauna Amenazadas.
El Alouatta palliata ha sido clasificado por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza como vulnerable. Las dos especies de monos aulladores que tenemos están clasificadas también en la NOM-059-ECOL-2001. Otra protección que tienen es la de los artículos 55 Bis, 60 Bis y 85 de la Ley General de Vida Silvestre.
Aunque los monos aulladores, la especie Alouatta palliata, son de distribución geográfica más amplia y se presentan en casi todo el sur de México y en el resto de Centroamérica, tienen su representación más septentrional en la región de Los Tuxtla, al sur de Veracruz. La especie Alouatta pigra, el mono aullador negro, es de distribución geográfica más limitada en el sur de México, ya que solamente se encuentra en Tabasco, en el norte de Chiapas y en la península de Yucatán. Esta especie está compartida, ya que se halla también en las selvas de Petén, en Guatemala y en Belice.
Como su distribución geográfica es restringida, la especie de primate Alouatta pigra es endémica a la región Mesoamericana.
Por otro lado, el mono araña también está en riesgo. La especie se divide en las subespecies Ateles geoffroyi vellerosus, cuya área de distribución abarca desde el sur de Tamaulipas hasta Chiapas, y Ateles geoffroyi yucatanensis, con área de distribución muy limitada a la península de Yucatán. Con estas subespecies, México resguarda la distribución geográfica más septentrional del género Ateles en el continente americano.
Por otro lado, la distribución geográfica de los primates silvestres depende de la distribución de las selvas, por lo que la desaparición o el deterioro de estos ecosistemas ha dado como resultado la casi desaparición local o regional de las poblaciones de las tres especies de primates.
De igual forma, hay poca información acerca de la localización, el tamaño y la estructura demográfica de las poblaciones de monos araña en México. También se dispone de poca información sobre el estado de conservación de sus poblaciones.
Esto se refleja en la dificultad que se tiene para conservar la especie, por lo que se hace urgente dirigir nuestros esfuerzos y voluntad a la conservación de ésta.
De acuerdo con la NOM-059-ECOL-2001, que establece las categorías de riesgo para las diversas especies de flora y fauna silvestres, las tres especies nativas de primates, las dos de monos aulladores y el mono araña, respectivamente (Allouata palliata, Allouata pigra y Ateles geoffroyi) se encuentran en "peligro de extinción".
El artículo 58 de la Ley General de Vida Silvestre se refiere a las especies en peligro de extinción, "aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones han disminuido drásticamente, poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores como la destrucción o modificación drástica del hábitat, o aprovechamiento no sustentable".
La definición coincide parcialmente con la misma categoría de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza.
La conservación de las especies en peligro de extinción se considera en la Ley General de Vida Silvestre, en el Título VI, que se refiere a especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la recuperación.
En la Ley General de Vida Silvestre se cuenta con los proyectos de conservación y recuperación, así como con medidas de manejo y conservación, y hábitat críticos.
El artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre promueve los proyectos para la conservación, recuperación de especies y poblaciones prioritarias de aquellas especies, como lobo mexicano, vaquita marina u oso negro, en peligro de extinción.
Estos proyectos son órganos colegiados multidisciplinarios oficiales que iniciaron primero como estrategia en 1997 para hacer recomendaciones acerca de las medidas prioritarias para favorecer la recuperación de las especies. Oficialmente, en junio de 1999 se creó el Comité Técnico Consultivo Nacional para la Recuperación de Especies Prioritarias, que establece entre sus estrategias, proyectos y acciones la participación social mediante la formación de comités consultivos técnicos de vida silvestre, los cuales se conciben como órganos de amplia participación social que permitan la conservación y el aprovechamiento de especies silvestres.
Este comité técnico establece como uno de sus objetivos principales el desarrollo de proyectos de recuperación y conservación de especies prioritarias, definidos como los que presentan una categoría de protección reconocida, además de poseer carisma y alto grado de interés cultural o económico y cuya protección y recuperación tendrán repercusiones positivas en el ecosistema.
Por todo lo expuesto y fundado, se considera urgente crear un proyecto de recuperación de especies prioritarias para las especies de primates que se mencionan en el presente documento. Por ello someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que, en el ámbito de su competencia, promueva el desarrollo del proyecto de recuperación de especies prioritarias para las especies de primates Alouatta palliata, mono aullador, saraguato de manto, Alouatta pigra, mono aullador saraguato yucateco, y Ateles geoffroyi o mono araña.
Dado en el recinto legislativo, a 2 de octubre de 2008.
Diputado Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A REALIZAR MEDIANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD ESTUDIOS DE POBLACIÓN DE DIVERSAS ESPECIES DE REPTILES Y A TOMAR LAS MEDIDAS CONDUCENTES A PRESERVARLAS, A CARGO DEL DIPUTADO CHRISTIAN MARTÍN LUJANO NICOLÁS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, Christian Martín Lujano Nicolás, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México cuenta con una superficie terrestre del 1.4 por ciento del planeta y posee cerca del 10 por ciento del total de las especies conocidas en el mundo.
Según cifras de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) México es el segundo lugar en cuanto a mamíferos; además, es el país con mayor diversidad y mayor número de endemismos en reptiles.
La CONABIO reporta que existen aproximadamente 505 especies de mamíferos, mil 50 variedades de aves, 707 especies de reptiles y 293 variedades de anfibios.
Dentro de los países ricos en biodiversidad están: Australia que tiene 597 especies de reptiles, Indonesia 529, Brasil 462 e India 433. En el rubro de mamíferos, Indonesia tiene 519 especies, Brasil 421, China 410 y Zaire 409.
En específico, en cuanto a los reptiles, se sabe que son animales vertebrados que hace aproximadamente 310 millones de años descendieron de los anfibios ancestrales.
Algunos reptiles son presa fácil para otros depredadores, además de que resultan atractivos para su explotación; son atrapados y utilizados como mascotas, y en otras ocasiones las poblaciones de algunas especies de reptiles han sido amenazadas debido a la actividad humana o industrial que fragmenta su hábitat, por la deforestación o por los incendios forestales.
Según la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) por sus siglas en ingles, "una especie se encuentra amenazada cuando concurren sobre ella circunstancias que hacen peligrar la supervivencia natural de sus poblaciones dentro de un ámbito geográfico concreto. Aunque se pueden dar causas naturales en la extinción de las especies silvestres, el proceso se acelera debido a la actividad humana".
Las siguientes son especies de reptiles que están dentro de la NOM-059-ECOL- 2001:
1. Abronia matudai o dragoncito. De acuerdo a la información dentro del proyecto Revisión de las Categorías en el Proyecto de Norma Oficial Mexicana, que presenta un grupo de investigadores encabezados por Zaldivar Riveron Alejandro, del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de acuerdo con la base de datos de Conabio, la especie referida es una lagartija, de cuerpo alargado, cola prensil y patas cortas. Se distribuye en la parte sureste de Chiapas y suroeste de Guatemala. En México esta especie sólo se reconoce en la región del Tacana.
Algunos autores señalan que se desconoce el rango de distribución original de la especie.
La situación que presenta actualmente el hábitat de esta especie es de una deforestación significativa en los últimos diez años. Al mismo tiempo se ha registrado un crecimiento de las áreas aledañas al volcán Tacana, lo cual representa una seria amenaza para la supervivencia de la especie (Hudson, 2000). En estos tiempos, no existe ningún antecedente sobre el estado de la especie; la Abronia matudai fue descrita hacia mediados del siglo XX y actualmente es conocida por cinco ejemplares depositados en colecciones científicas.
El tamaño reducido de la especie Abronia matudai, su categoría de riesgo propuesto por la UICN, la NOM-059-ECOL-2001 como especie sujeta a protección especial, y su restringida área de distribución, son puntos claves para que esta especie sea prioritaria en la conservación.
Dado que casi no se encuentra la Abronia matudai en vida silvestre, es urgente que se realicen estudios de población para planear estrategias para su conservación; al mismo tiempo que se sugiere una reclasificación dentro de la NOM 059, para que su estatus pase a (P) "peligro de extinción" como lo sugieren los datos anteriores.
2. Escorpión o Mesaspis antauges. De acuerdo con la información del proyecto Revisión de las Categorías en el Proyecto de Norma Oficial Mexicana y con la base de datos de Conabio.
A esta especie se le ha nombrado escorpión, ya que en varios lugares de nuestro país existe la creencia de que son venenosos. Parece una lagartija de cuerpo alargado, extremidades cortas y pliegue lateral poco desarrollado. De acuerdo a la información mencionada en el párrafo anterior, desde hace mas de 70 años no se ha recolectado, ni existe algún reporte visual confiable para esta especie, por lo que puede ya estar extinta. Los estudiosos de esta especie señalan que tal vez habite algunas regiones aledañas al Pico de Orizaba en Veracruz.
No se sabe si aún existan ejemplares en vida libre, pero basándonos en el clima donde pudiera estar, se especula sobre su ubicación. Los estudiosos señalan que pudiera habitar de climas húmedos a alpinos. Es claro que la especie se encuentra en serio peligro de extinción, o bien ya este extinto en el medio silvestre.
El Mesaspis antauges es conocido actualmente porque se tienen algunos ejemplares en colecciones científicas, los cuales fueron recolectados hace más de 70 años.
Es por todo lo anterior que pedimos a la brevedad estudios de población de la especie para saber si está en peligro de extinción o ya se extinguió en el medio silvestre. Por lo tanto, es urgente reclasificarlo de categoría, ya que en la NOM-059-ECOL-2001 se encuentra bajo estatus de protección; y de acuerdo a los datos proporcionados por la CONABIO e investigadores del Instituto Nacional de Ecología, es una especie que debe reclasificarse.
3. Garrobo o Iguana iguana. Según la información que se encuentra en la Propuesta para la Realización de 37 Fichas Biológicas de las Especies de Herpetofauna incluidas en la NOM-059, y la base de datos de la Conabio, la especie en cuestión presenta las siguientes características; los machos adultos alcanzan entre 300 y 400mm hocico-cloaca; las hembras tienden a ser más pequeñas; la cola es extremadamente larga, cerca de tres veces la longitud de su cuerpo y es algo aplanada, los brazos son robustos con dedos de poderosas uñas; además cambian de color dependiendo de la edad, los juveniles presentan un color verde brillante y los ejemplares viejos un color verde grisáceo.
Su ubicación abarca desde Veracruz hasta Centro América y su rango de distribución es amplio; habita en climas variados, pero sobresale el clima húmedo y cálido.
Las condiciones y la situación actual del hábitat varían de manera significativa, ya que podemos encontrar sitios muy conservados o sumamente deteriorados. Sin embargo, la especie se encuentra amenazada de manera generalizada, debido a la pérdida de cobertura vegetal y a la fragmentación de sus poblaciones.
Es importante resaltar que sólo se dan puntos de muestreo en los estudios revisados, pero no se menciona nada respecto al estado real de las poblaciones. La especie tiene una relevancia biológica y social muy importante, ya que ayuda a la dispersión de frutos y semillas, y sirve de fuente de proteínas para algunos lugareños.
La actividad humana es un importante factor de riesgo que ha colaborado significativamente en la merma poblacional de la iguana, ya que éstas son cazadas para su consumo.
Esta especie se encuentra dentro del Apéndice II del Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES) y en la NOM- 059, donde se encuentra como una especie sujeta a protección. Con base en lo expuesto, sugerimos hacer una reclasificación y cambiar su situación por la de "amenazada".
Todas estas razones son importantes para considerar un espacio que requiere más que buena voluntad política, para salvaguardar algunas especies de nuestra biodiversidad; especies que necesitan urgentemente planes y estrategias, para que nuestras autoridades sepan, si ya las perdimos y sólo podremos conocer a estos ejemplares en colecciones extranjeras y privadas, o si los seguimos teniendo en nuestro territorio, formando parte de ese mosaico paisajístico que nos dio la naturaleza al elegirnos como uno de los pocos países mega diversos del mundo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, expongo ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se Solicita a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que realice los estudios de población necesarios para conocer el estado actual de las poblaciones de las siguientes especies de reptiles: Dragoncito o Abronia matudai, escorpión o Mesaspis antauges, garrobo o Iguana iguana y, en caso de resultar extintos o en peligro de extinción, se tomen las medidas necesarias para cambiar su estatus en la NOM-059 ECOL-2001 como especies amenazadas o en peligro de extinción.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2008.
Diputado Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL A REALIZAR UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN, RESCATE Y APROVECHAMIENTO DE LAS BARRANCAS, A CARGO DEL DIPUTADO CHRISTIAN MARTÍN LUJANO NICOLÁS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, Christian Martín Lujano Nicolás, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las barrancas que se encuentran el Distrito Federal se han visto afectadas, en estos últimos tiempos, por la urbanización acelerada que se lleva a cabo en esta ciudad. Esta afectación la vemos de manera más clara, ya que, al existir una sobrepoblación de personas, vamos a encontrar un mayor consumo de productos, mayor generación de residuos sólidos y sobreexplotación de los mantos acuíferos, es decir, vamos a encontrar un uso y abuso de nuestros recursos naturales. Es así como encontramos que las barrancas del Distrito Federal sufren deterioros día con día y esto se nota de manera certera en el relleno de basura y de cascajo, descargas de aguas residuales, construcciones irregulares, asentamientos humanos de manera ilegal.
Las barrancas son zonas que cuentan en algunos casos con vegetación, suelos de escurrimientos superficiales, cauces, canales y, en otros, ya están deterioradas y no hay vegetación. Lo que vemos son construcciones que ya fueron rellenadas o llenas de basura. De igual forma, en algunas podemos encontrar vida silvestre, recursos forestales y aguas nacionales y bienes asociados a ellos.
Según datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) en la ciudad se tienen contabilizadas 74 barrancas en 8 delegaciones políticas.
Según la PAOT, las barrancas son elementos físicos que nos van ayudar a recuperar el equilibrio ecológico, porque nos ofrecen varios servicios ambientales, como la regulación del clima, la captación de aguas pluviales, sirven de hábitat de varias especies silvestres, tanto de fauna como de flora, favorecen la reducción de contaminantes que existen en el valle de México.
Por otro lado, las barrancas son zonas de recreo y esparcimiento para algunas clases sociales.
Los ordenamientos jurídicos del ámbito federal como local de las barrancas no se han regulado como un bien específico, sino que reina sobre ellas un sinfín de disposiciones que regulan aspectos diversos, como el régimen de propiedad, los usos de suelo permitidos en éstas y obras que conllevan afectación.
De tal forma que la situación que impera en las barrancas es de incertidumbre en cuanto al régimen de propiedad, ya que, según la PAOT, en la mayoría de los casos no se encuentran delimitadas las zonas federales de los cauces existentes en el Distrito Federal, y no aparecen en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, inscripciones registrales que proporcionen certeza jurídica al respecto.
Asimismo, a la regulación de las barrancas se le agrega otro factor que es la distribución de competencias entre las instancias federales y locales, que ha logrado que no se unan los esfuerzos y más bien ha hecho que haya una ausencia de autoridad en las barrancas.
La Ley Ambiental del Distrito Federal define a las barrancas como una depresión geográfica que, por sus condiciones topográficas y geológicas, se presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales, que constituyen zonas importantes de ciclo hidrológico y biogeoquímico.
Sin embargo, la zonificación que se les asigna a las barrancas, en los programas generales de ordenamiento ecológico y delegacionales de desarrollo urbano, no es uniforme, según informa la propia la PAOT.
Dentro del marco que regulan el uso, aprovechamiento, restricciones, vigilancia y los bienes desprendidos de las éstas en las barrancas, es por demás confuso.
Tanto la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF) como la Ley Ambiental del Distrito Federal (LADF) dan definiciones y tratamientos diferentes a las barrancas, a partir de su ubicación. Además, ni la LDUDF ni los programas de desarrollo urbano definen una regulación específica para las zonas de barrancas.
De igual forma, la LDUDF no incluye disposiciones para la realización de obras y actividades para las zonas de las barrancas; el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (PGDUDF) considera a las barrancas como parte del suelo de conservación, sin embargo, no establece ninguna regulación específica.
El Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF) y los programas de desarrollo urbano de las delegaciones consideran a las barrancas como áreas verdes de valor ambiental, categoría que no se encuentra establecida en la LDUDF ni en la LADF.
Por otro lado, no se cuenta con un estudio que precise las características y condiciones biológicas sociales y económicas en que se encuentran las barrancas en el Distrito Federal, ni una zonificación específica de su uso y restricciones.
Atendiendo a esta confusión, es importante que a las barrancas se les atienda y rescate de manera conjunta, creando acciones tanto a nivel federal como local.
En la misma línea, podemos mencionar que los ordenamientos jurídicos que regulan a las barrancas del Distrito Federal se refieren a las cuestiones ambientales y urbanas.
De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el ordenamiento ecológico del territorio nacional se llevara a cabo a través de los programas de ordenamiento ecológico; de igual forma los gobiernos de los estados y del Distrito Federal pueden expedir el ordenamiento ecológico regional, y esto lo vemos en el artículo 20 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).
Es necesario señalar que de acuerdo con lo dispuesto en la LGEEPA, el ordenamiento del territorio se define como un instrumento de política ambiental, con el objetivo de normar el uso del suelo y las actividades productivas, a fin de lograr la protección del ambiente y la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales.
En este orden de ideas, la Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 3o., establece que la ribera o zona federal corresponde a la faja de 10 metros de anchura, contigua al cauce de las corrientes o al vaso de los depósitos de propiedad nacional, medida horizontalmente a partir del nivel agua máxima ordinaria y la amplitud de la ribera será de 5 metros.
Por otro lado, la misma ley establece que la administración de la zona federal en la parte correspondiente en los cauces de las corrientes quedará a cargo de la Comisión Nacional del Agua, Conagua (artículo 113, fracción I).
En la misma norma jurídica se estipula que, por causas de interés público, el Ejecutivo federal podrá reducir o suprimir mediante declaratoria la zona federal de corrientes, lagos y lagunas de propiedad nacional, y la zona federal de la infraestructura hidráulica en las porciones comprendidas dentro del perímetro de las poblaciones.
A las entidades federativas, municipios y, en su caso, a los particulares les corresponde realizar previamente las obras de control y las que sean necesarias para reducir o suprimir la zona federal. Del mismo modo, la Conagua podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas o municipios, o, en su caso, con los particulares interesados, por asignación o por subasta pública, que éstos se hagan cargo de la custodia, conservación y mantenimiento de dichos bienes (artículo 173, primer párrafo).
Por lo anterior, a nivel federal, las instancias que tienen que ver con este asunto son la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Agua y la Procuraduría General de la República.
Debido que en algunas barrancas hay cauces y éstos pueden llevar agua, la Conagua debe de regular el uso y el aprovechamiento de las aguas, además de la infiltración para la recarga de los mantos acuíferos, evitar que la basura o desechos materiales y sustancias tóxicas, lodos, producto de las actividades humanas contaminen las aguas superficiales o del subsuelo, y los cauces de los corrientes de aguas nacionales, y en los demás casos previstos en la LGEEPA.
Es un aspecto notable toda la incertidumbre, tanto jurídica como de competencias, que nuestras barrancas en la actualidad sufren. Este proceso de deterioro es ya muy significativo, a causa de las actividades humanas. Es por todo lo anterior que existe un vacío de autoridad y que las barrancas se vuelven tierra de nadie, aun cuando hay varias disposiciones que se traslapan sobre de ellas, disposiciones que no son efectivas. Por lo que resulta urgente organizar actividades que restauren y compensen los daños ocasionados a las barrancas y a sus ecosistemas que en ellas albergan. Es urgente que se dicten estrategias efectivas para remediarlas y salvarlas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, expongo ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, en el ámbito de sus atribuciones, un programa de conservación y de rescate de las barrancas que garantice su conservación y aprovechamiento, acorde a sus características naturales
Segundo. Se solicita, tanto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, remitan a esta soberanía un reporte de conclusiones sobre el tratamiento o la forma en la que se abordará el contenido de esta proposición con punto de acuerdo, y las acciones se llevaran a cabo para la remediación de las barrancas.
Dado en el recinto legislativo, a 2 de octubre de 2008.
Diputado Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL CONACYT A ELABORAR Y HACER PÚBLICA UNA BASE DE DATOS DE SUS BECARIOS ACTUALES Y ANTERIORES, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER ZAMBRANO ELIZONDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, presenta ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a generar una base de datos de sus becarios y ex becarios que, bajo previa autorización de los mismos, sea pública para todos aquellos que estén interesados en consultarla, con el propósito fundamental de que los posibles empleadores o solicitantes de información puedan tener una referencia a la cual acudir para contratarlos, con base en las siguientes:
Consideraciones
En los últimos 5 años, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha otorgado alrededor de 70 mil becas para estudios de postgrados a estudiantes mexicanos, lo que representa un gasto promedio anual de más de 2 mil millones de pesos.1
Este gasto en becas que realiza el Conacyt contribuye a que estos mexicanos puedan obtener un grado académico en alguna institución nacional o extranjera que les permita acceder a mejores empleos y como consecuencia, tengan una mejor calidad de vida. Sin embargo, uno de los grandes problemas que se tienen en la actualidad, es la escasa vinculación entre los beneficiarios de estas becas y el sector productivo y tecnológico.
Se tienen casos de empresas extranjeras y nacionales establecidas en nuestro país que acuden al Conacyt con la finalidad de encontrar información de profesionistas interesados en desarrollarse con ellos, sin embargo, la información de éstos no se encuentra disponible ni actualizada.
Actualmente, la única dinámica que presenta el Conacyt de vinculación con el mercado laboral es mediante un mecanismo llamado "Boletín de Enlace Laboral" que es en línea y al cual los becarios y ex becarios pueden acceder a través de una liga enviada mensualmente a sus cuentas de correo. Sin embargo, este mecanismo no es suficiente ni adecuado para tener resultados eficientes.
Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a generar una base de datos de becarios y ex becarios que, previa autorización de ellos, se publique y pueda ser consultada por cualquier interesado en contratarlos.
Nota
1. Informe general del estado de la ciencia y la tecnología. Conacyt. 2007.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 30 de octubre de 2008.
Diputado Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica)
