Informes
Con base en el acuerdo que establece los lineamientos para la autorización de viajes nacionales e internacionales de los integrantes de la LX Legislatura, se remite informe de actividades realizadas por los diputados de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en Cancún, Quintana Roo el 28 de marzo de 2008.
Objetivo del foro
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, estudia y analiza diversas iniciativas por las que se reforman diversas leyes en materia de atención a grupos vulnerables. Por lo que la comisión acordó organizar foros conforme al plan de trabajo anual de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para el segundo año de ejercicio de la LX Legislatura, septiembre 2007-agosto 2008, publicado el 12 de diciembre de 2007 en la Gaceta Parlamentaria, que a la letra dice:
Estos eventos nos permitirán realizar un análisis de las iniciativas turnadas a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con objeto de aportar elementos que promuevan el debate legislativo desde diferentes enfoques; así como la participación de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de conocer las inquietudes y contar con información necesaria para sustentar reformas legislativas en materia de grupos vulnerables."
Es así que la mesa directiva de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables acordó la realización de un foro regional el 28 de marzo en Cancún, para lo cual la secretaría técnica se abocó a la realización de los trámites administrativos ante las autoridades de la Cámara; el cual fue aprobado por la Junta de Coordinación Política mediante oficio del 26 de marzo del presente, con número de expediente JCP/ARH/DRA/AMF/01066/120308, apegándose en todo momento a los criterios de pluralidad y representatividad que los grupos parlamentarios y los partidos representados en la legislatura tienen ante el pleno.
A continuación se presenta informe de los trabajos.
Informe.
Intervención del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, secretario de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados federal, y mensaje del licenciado Francisco Antonio Alor Quezada, presidente municipal de Benito Juárez, Cancún.
Intervención de la diputada María Esther Jiménez Ramos, representante de la presidencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.
Mensaje e inauguración del foro, a cargo de Narcedalia Martin de González, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, de Quintana Roo.
Posicionamiento sobre la armonización legislativa a favor de las personas con discapacidad
Diputado federal
Primon non nocere "primero no hacer daño"
Hipócrates, 1450 antes de Cristo.
Agregaría que más que deficiencias, son limitaciones en ciertas áreas, muchas de ellas adquiridas congénitamente y otras en forma accidental o por enfermedad, pero que por otro lado pueden ser completamente normales y ávidos de que se les trate digna y humanamente, de que se les dé las oportunidades que en derecho les corresponden, que no los discriminen, que no sean causa de lástima sino de respeto y admiración por el espíritu de superación que la mayoría tiene y que merece el respeto de todos nosotros.
En la historia de nuestro país la legislación a favor de las personas con discapacidad inicia en la década de los ochenta, gracias a la influencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que contribuyó a homologar los criterios jurídicos y la igualdad de oportunidades en las personas con discapacidad.
En México no existía un porcentaje estadístico de este tipo de población, hasta el año 2000 en que el censo nacional de población y vivienda registró un millón 795 mil 300 personas con discapacidad.
Sin embargo, estimaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud), sitúan el porcentaje entre un 10 y 12 por ciento. Lo que confirma que todavía no tenemos un censo o listado real al respecto.
La ONU señala que 45 países cuentan con una legislación específica para salvaguardar y establecer con claridad los derechos de las personas con discapacidad, entre los cuales se encuentra México, cuyo pilar es la creación del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el 2003 por el entonces presidente Vicente Fox. Dicha institución sentó las bases para erradicar y transformar muchas de las percepciones erróneas sobre este tipo de personas.
Recientemente, a nivel federal, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 incluía dentro de sus objetivos la inclusión plena de los grupos sociales y las personas en condiciones de desventaja. Instituyó las Orpis (Oficinas de Representación para la Promoción e Integración de las Personas con Discapacidad) y de 2001 a 2005 el Consejo Nacional Consultivo de las Personas con Discapacidad, instituciones creadas por acuerdo presidencial.
En la actualidad el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 contempla, entre otras cosas, abatir el rezago que enfrentan los grupos vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad, focalizando su acción en la prevención, impulsando medidas de promoción de vialidades seguras que eviten lesiones no intencionales y por ende discapacidades, además desarrollando políticas de no discriminación.
Cabe destacar el gran avance en esta materia, ya que en el 2005 se promulga la Ley General para las Personas con Discapacidad, que marca un parte aguas entre el Estado y este grupo vulnerable, lo que origina de inmediato el respeto, reconocimiento la adecuación de la legislación a favor de estas personas; armonizando las recomendaciones y sugerencias emanadas de las Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de las naciones unidas.
Asimismo, los legisladores de Acción Nacional hemos estado muy interesados en estudiar y adecuar las acciones exitosas a nivel internacional y trasladarlas a nuestro país, siempre a favor de este grupo, generando mayores exigencias y mejores condiciones de desarrollo para las personas con discapacidad.
De hecho, no olvidemos que fue nuestro gobierno quien presentó la propuesta, para la elaboración de una convención de derechos para las personas con discapacidad, que después de cuatro años de trabajos in interrumpidos, el 16 de diciembre del 2006 se aprobó dicha convención.
También hay que recordar que el pasado 30 de marzo de 2007, en representación del presidente Felipe Calderón Hinojosa, el doctor Gilberto Rincón Gallardo firmó en Nueva York la mencionada convención y su protocolo facultativo. Además de influir en el reconocimiento de los derechos especiales, sentando las bases para una mejora en las condiciones de vida y desarrollo de las personas con alguna discapacidad.
Nuestros esfuerzos como órgano legislativo no deben cesar con estos logros, por lo que debemos trabajar con mayor empeño y esfuerzo, para multiplicar las bondades de esta convención, plasmadas ya en nuestro marco jurídico federal, y luchar porque aterricen, sean visibles y favorezcan realmente a las personas con discapacidad.
Es por ello que pregunto ¿qué has hecho tú a favor de las personas con discapacidad?, bien sea como sociedad civil, como gobierno, como legislador o en la trinchera que te encuentres, qué has hecho a favor de este grupo vulnerable; me refiero a que cada uno de nosotros puede y debe hacer más, realizando acciones concretas, rápidas y eficientes a favor de este sector vulnerable de nuestra sociedad.
Teniendo como horizonte los retos mencionados, en el pasado periodo ordinario de sesiones, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó más de 20 iniciativas que reforman diversas leyes, siempre con el propósito de mejorar y armonizar el contenido de la convención internacional con la legislación vigente.
Sólo su servidor presentó iniciativas que reforman diversos artículos de la Ley General de las Personas con Discapacidad, de la Ley General de Educación, de la Ley General de Salud y de la Ley General del Trabajo en materia de accesibilidad, rehabilitación, igualdad y ascenso laboral para personas con discapacidad.
Queda la asignatura pendiente a los Congresos locales, para reformar los 32 marcos jurídicos en esta materia y así generar el bien común para miles de familias que viven la discapacidad, sin dejar de lado la igualdad de oportunidades que el Partido Acción Nacional siempre ha promovido.
Finalmente concluyo diciendo que a igualdad de oportunidades las personas con discapacidad son más productivas que los que nos decimos normales.
Posicionamiento de los Grupos Parlamentarios, sobre el proceso de armonización legislativa con base en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Posicionamiento de la diputada Martha Tagle Martínez sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el marco del primer foro regional armonización legislativa a favor de las personas con discapacidad.
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad cambiará paulatinamente el tópico de cómo se conciben tradicionalmente sus derechos, para promover y proteger ampliamente su esfera jurídica en cada una de las etapas de su vida e integrarlos plenamente a la vida cotidiana.
Lo anterior requiere de un análisis profundo de la convención para substraer los elementos esenciales para su debida armonización en nuestro sistema jurídico, por ello, dadas las especificidades de sus características especiales, la constante exclusión, los estereotipos y la discriminación de que son objeto conforme a su artículo 8, se hace necesario plantear cuáles son los retos conceptuales y legislativos para realizar con éxito una serie de formas legales e incluso constitucionales que les garantice el pleno ejercicio de sus derechos y así establecer un código jurídico de aplicación concreto y adecuado.
En este sentido, en el artículo 4, los países firmantes se comprometieron a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos recocidos en la convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que propician su discriminación.
Esto nos plantea como legisladores nuevos paradigmas, para que en realidad las personas con discapacidad disfruten del derecho a la vida, en igualdad con otras personas (artículo 10); e incluso se asegure la igualdad de derechos y el adelanto de las mujeres, los niños con discapacidad (artículos 6 y 7); se garantiza, asimismo, su derecho a no ser separados de sus padres contra su voluntad, excepto cuando las autoridades determinen el interés superior del niño, y en ningún caso serán separados de sus padres debido a una discapacidad, ya sea del niño o de los padres (artículo 23).
Los legisladores debemos ser congruentes con la convención y tener la visión legislativa capaz de garantizar sus posesiones, las herencias, su propiedad, el adecuado control de sus asuntos financieros, su acceso a los préstamos bancarios, el crédito y las hipotecas como se establece en el artículo 12.
Un gran reto consiste en hacer realidad el acceso a la justicia en igualdad, como lo establece el artículo 13, y asegurar que disfruten del derecho a la libertad, la seguridad y no sean privadas de su libertad de manera ilegal o arbitraria, como lo mandata el artículo 14.
Otra gran tarea radica en proteger, como se establece en el artículo 17, la integridad física y mental de las personas con discapacidad, para que no sean sometidas a la tortura, a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, se les apliquen castigos, además de prohibir los experimentos médicos o científicos sin su consentimiento, conforme al artículo 15.
Respecto al artículo 16, se establece que las leyes y medidas administrativas deben prohibir su explotación o el sometimiento a violencia y abusos, promoviendo su recuperación física y psicológica, la rehabilitación y reintegración; en este ámbito se garantiza su acceso y la confidencialidad de su información personal en materia de salud, de acuerdo al artículo 22.
Otro aspecto relevante, sumamente esencial, consiste en consolidar lo establecido en el artículo 9, relativo a la accesibilidad, concepto a partir del cual los países identifican y eliminan los obstáculos y las barreras físicas y sociales, para asegurar su acceso al trasporte, las instalaciones, los servicios públicos, las tecnologías de la información y las comunicaciones.
En este sentido, las personas con discapacidad, en ejercicio de su autonomía, deben tener la opción de vivir en forma independiente, de ser incluidas en la comunidad, elegir dónde y con quien vivir y tener acceso a servicios de apoyo en el hogar, en residencias y en la comunidad, se debe promover su movilidad personal e independencia, así como el acceso a ayudas para aparatos, tecnologías de asistencia y asistencia personal, artículos 19 y 20.
No será fácil realizar estas acciones en el corto plazo, pero en un acto de justicia les debemos garantizar el derecho a un nivel de vida con calidad y de protección social adecuado, el acceso a viviendas, servicios y asistencias públicas en lo que respecta a las necesidades relacionadas con sus discapacidades y el pago de los gastos conexos en caso de pobreza, artículo 28.
Un aspecto importante consiste en facilitar su derecho a la información en formatos y tecnologías accesibles como el braille, el lenguaje por señas y otras formas de comunicación como Internet, artículo 21. En este sentido, de acuerdo con el artículo 24, los Estados deben asegurar la equidad en el acceso a la educación primaria y secundaria, la formación profesional, la enseñanza de adultos y el aprendizaje permanente; así la educación de las personas con discapacidad debe promover su participación en la sociedad, su sentido de dignidad, valor personal y el desarrollo de todo su potencial en lo que se refiere a la personalidad, los talentos y la creatividad.
Como un derecho humano ineludible, que pudiera aparentemente ser de todos pero que en la realidad no es así, consiste, conforme al artículo 23, en eliminar la discriminación relacionada con el matrimonio, la familia y las relaciones personales; por tanto, las personas con discapacidad deben disfrutar de relaciones sexuales e íntimas, experimentar la procreación, contraer matrimonio y fundar una familia, decidir el número y el espaciamiento de sus hijos, tener acceso a educación y medios en materia reproductiva y de planificación familiar y disfrutar de igualdad de derechos y responsabilidades con respecto a la tutela, el pupilaje, el régimen de fideicomiso y la adopción de niños.
Otro derecho social muy importante, establecido en el artículo 25, tiene que ver con el acceso al más alto nivel de salud sin discriminación, acorde a su discapacidad y recibir la misma gama, calidad y nivel de servicios de salud gratuitos o asequibles que se proporcionan a otras personas, acorde a su discapacidad, sin ser discriminados en el otorgamiento del seguro de salud.
En cuanto a su derecho al trabajo, se debe promover el empleo, la capacidad empresarial y la cultura social de emplear a personas con discapacidad en el sector público y privado, además de fomentar una comodidad razonable en el lugar de trabajo (artículo 27).
Todo lo anterior incluye su derecho a garantizar su participación en la vida política y pública, incluso el derecho al voto, a ser candidato a elecciones y a ocupar cargos públicos, en congruencia con el artículo 29.
Debemos mencionar, en este sentido, que existe un compromiso amplio de los estados parte de promover su participación en la vida cultural, el recreo, el tiempo libre y los deportes; además de crear las condiciones para asegurar el suministro de programas de televisión, películas, material teatral y cultural. En lo concerniente a las políticas públicas hacer accesibles los teatros, museos, los cines y las bibliotecas, a fin de desarrollar su capacidad creativa, no sólo en su propio beneficio sino también para enriquecimiento de la sociedad, artículo 30.
Por esta razón, en el maco de la reforma del Estado, presenté, junto con la senadora Martha Sosa, una reforma constitucional ya consensuada con los distintos partidos ahí representados, para incorporar un artículo en nuestra carta magna que responda a estas expectativas, a saber:
Posicionamiento del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, coordinador de la diputación por Quintana Roo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Liderazgo parlamentario: a favor de las personas con discapacidad.
Como es del dominio público, el Estado mexicano ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2007, lo que significa, de acuerdo con el artículo 133 constitucional, que la convención es ley suprema para nuestro territorio nacional.
Quizás para muchos mexicanos, dentro y fuera de este recinto, la convención signifique nada, o sólo un avance jurídico de carácter internacional. Para más de 650 millones de personas con discapacidad que viven en el mundo y para 10 millones que viven en México, la convención se traduce en la expectativa de la población, porque la política y el gobierno verdaderamente se sensibilicen y decidan otorgar la más alta prioridad de atención a una problemática que ya superó toda previsión, por el crecimiento de necesidades, y que ante la indefinición política actual es necesario tener conciencia y tomar decisiones que preparen a México en el presente, y así evitar un futuro incierto para las personas con discapacidad.
Desde nuestro punto de vista, la convención es una nueva oportunidad para el Estado mexicano, de saldar una deuda de justicia social, rezagos, discriminación y pobreza en que miles de mexicanos con discapacidad se encuentran en este momento. Por ello, afirmamos que no sólo se trata de realizar reformas o armonizar el marco jurídico nacional o local, sino, en todo caso, de entender que la convención es la respuesta más poderosa de la ONU ante el fracaso de muchos gobiernos, incluido el nuestro, para contar con políticas reales de atención a la discapacidad, y lo más importante, contar con un genuino compromiso político y democrático para enfrentar las complejidades a que nos expone.
Los retos son mayúsculos, de ahí que consideremos que a la par de las reformas que el Congreso de la Unión está impulsando en esta legislatura, por parte de todos los grupos parlamentarios, es necesario garantizar la voluntad del Poder Ejecutivo federal para hacer efectivas las reformas legislativas que resulten, para que no se conviertan, como hasta ahora ha sucedido, en el incumplimiento de la ley, el desinterés y la apatía de los gobiernos, la acumulación de rezagos en las instituciones, y, por consiguiente, en la desatención de la población. La población no quiere más buenas voluntades, caridades y dádivas, el asistencialismo o el clientelismo político deben ser ya parte del pasado.
Durante los últimos años el Partido Revolucionario Institucional ha planteado al gobierno de la república, que esta problemática no se resuelve de forma unilateral en los escritorios de las secretarías de estado o exhibiendo soluciones o propuestas sin consenso, y mucho menos al margen de la ley. El PRI ha planteado que todos podemos ser un sólo equipo, a favor de estas mejoras a la calidad de vida de muchos mexicanos con discapacidad.
Que se contribuye a su solución, haciendo efectiva la demanda que el movimiento nacional de organismos, personas y especialistas dedicados a la discapacidad ha exigido desde hace 18 años, y que la propia convención ahora ratifica: la definición de políticas públicas con base en la consulta y participación social, amplia y plural.
En esta magnífica oportunidad de reunirnos para reflexionar sobre las diferentes visiones que tenemos del tema, nuestro partido quiere compartir y aportar a un proceso de análisis que consideramos debe ser mucho más amplio, algunos aspectos que estimamos son importantes para comprender el proceso que ha vivido nuestro país en el reto de atender la problemática de la discapacidad.
Durante la década de los noventa, la participación social logró ser la norma del gobierno, traduciéndose en acciones como:
La creación de:
? Legislación en todas las entidades federativas;
? Comisiones en éste congreso y los locales;
? Primer Censo Nacional de Población con Discapacidad;
? Consejos estatales de discapacidad;
? Instituto Nacional de Rehabilitación;
? Centro Paralímpico;
? Agencias de empleo;
? Normas oficiales;
? Espacios laborales en la administración pública;
? Fondo de Coinversión diseñado por Luis Donaldo Colosio en la Secretaría de Desarrollo Social.
También se tradujo en:
? El avance del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, nacional y estatales;
? El apoyo a decenas de proyectos productivos o sociales;
? La participación de legisladores con discapacidad en congresos locales;
? Y la generación de conciencia social;
La estrategia del programa nacional Convive se orientó a establecer las bases de una política de integración de la persona con discapacidad y el desarrollo de políticas públicas transversales, es decir, políticas que pueden desarrollar las instituciones con las que ya cuenta el país, y que en sus atribuciones y facultades pueden diseñar, implementar y supervisar de forma más eficiente con recursos de su propia esfera de competencia, y que gradualmente pueden crecer, de acuerdo a la necesidad de cada región, entidad o municipio del país.
Un ejemplo concreto es la importante tarea que el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia ha desarrollado durante años, y que en el contexto del programa Convive quedó establecido el reto de crear Centros de Educación Especial, Centros de Rehabilitación Integral, Unidades Básicas, y Unidades Móviles de Rehabilitación en las entidades y municipios de México.
Esta política pública, cuya importancia radica en los servicios básicos de educación especial y rehabilitación para todas las discapacidades y reducir significativamente problemas de transportación y economía para las personas y sus familias, es un modelo que se debe fortalecer con mayor presupuesto para el mejoramiento de los recursos humanos y técnicos que se requieren.
Identificar cuáles son las condiciones en que viven las personas actualmente, requiere señalar que observamos en el segundo año de gobierno del presidente Calderón, la ausencia de una política de estado en materia de discapacidad.
Las demandas de la población y diversas fuentes de información, nos permiten compartir con ustedes algunos datos reveladores que nos pueden orientar:
b) El 94 por ciento de la población con discapacidad es discriminada por su condición, 53 por ciento son discriminados en el trabajo y 33 por ciento ha sufrido actos de discriminación, de acuerdo con la primera encuesta nacional elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Secretaría de Desarrollo Social en el 2005.
c) A 21 meses de que la ley general fuese publicada y entrará en vigor, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad de la Secretaria de Salud, tiene pendiente la publicación del reglamento correspondiente, la formulación del programa nacional, y una clara definición para que los organismos sociales y personas interesadas participen de forma abierta y plural en el consejo consultivo.
Por lo que corresponde al presupuesto de los programas vigentes del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Secretaría de Educación Pública, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es preciso señalar las reducciones que han sufrido en los últimos años, promediando al 2007 una reducción global del 3.7 por ciento.
En próximos días, nuestro grupo parlamentario, a través de quien les habla, presentará en el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la ley general.
Esta iniciativa propone ser el primer paso para que ésta cámara, en conjunto con el titular del Ejecutivo federal, hagamos realidad, a través del acuerdo y del consenso, una profunda reforma social en beneficio de 10 millones de personas con discapacidad y sus familias, lo que implica, entre otras cuestiones de fondo:
b) La revisión y fortalecimiento del trabajo de las instituciones públicas en la materia;
c) El mejoramiento, ampliación y fortalecimiento técnico, humano y presupuestal de los programas existentes y la creación de nuevas políticas y programas según las necesidades de la población en los estados y municipios;
d) La redefinición de los mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno;
e) Y la indispensable participación de la sociedad, particularmente de los organismos sociales de y para personas con discapacidad de todo el país, de instituciones académicas o de investigación públicas, privadas o sociales, e incluso de personas físicas o morales, que por su experiencia son un baluarte que el gobierno no puede excluir o minimizar en las decisiones que propicien el desarrollo e integración de las personas con discapacidad en México.
b) La eliminación de toda política pública que discrimine.
c) Nuevas estructuras para el consejo nacional que incluyan la participación de gobiernos estatales, municipales, legisladores y representantes de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, y para el consejo consultivo con reglas claras que no discriminen a ningún mexicano interesado en la materia, así como la creación de consejos consultivos estatales.
d) Que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, sea el titular del secretariado técnico que coordine los esfuerzos de toda la política nacional, de las instituciones y de la sociedad civil.
e) La eliminación de programas o políticas públicas clientelares en los tres niveles de gobierno.
f) La definición en base a la Ley de Coordinación Fiscal, de presupuesto federal, estatal y municipal para el desarrollo de programas y servicios.
g) La creación del Sistema Nacional de Información sobre Discapacidad y la apertura del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología a programas de investigación científica, social y tecnológica.
h) Que se definan sanciones a autoridades y particulares, en los códigos civil y penal, para quienes incumplan las leyes.
i) La creación de un nuevo Censo Nacional de Personas con Discapacidad, y la elaboración de la clasificación de discapacidades, que ayuden al diseño de políticas públicas.
j) La inclusión de la población con discapacidad en el seguro popular.
k) La creación de sistemas de apoyo social y financieros para diversas necesidades.
l) Propuesta central, es que el Ejecutivo federal defina mecanismos que garanticen la participación de las personas con discapacidad, físicas o morales, incluidos los niños, en el diseño de las políticas públicas y las decisiones de gobierno.
La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y sus implicaciones sociales, políticas y jurídicas.
Proceso de armonización de la convención.
Avances y políticas del gobierno federal en materia de discapacidad.
Organizaciones civiles que asistieron y participaron:
Del municipio de Othón P. Blanco: Asociación de Deportes para Sordos de Quintana Roo: Carlos Hendricks Díaz; Fundación de Invidentes y Débiles Visuales de Quintana Roo Una luz en el camino, AC: Manuel Santa María Mex; Asociación quintanarroense de deportes en silla de ruedas: Bogar Jiménez Solís.
Del municipio Benito Juárez: Libertad y Superación Sobre Ruedas, AC: Luis E. Barrera Cordova; Fundación Estrella de Quintana Roo, AC: Martha Silva Martínez; Grupos vulnerables octava regiduría: regidora Martha Elena Ávila Lagos; Asistencia a grupos vulnerables octava regiduría: Mónica Gutiérrez Ortiz; Cámara supervisora-4: profesora María Luisa García Lanz; APAFHDEM: Concepción Viveros de Alba; Pro Niños Excepcionales: Dafne García de Zetina; fundación Pro Síndrome de Down: María Antonia Sánchez Osorio; Fundación-Yulina Canto Sánchez, Olimpiadas Especiales: Mario Ortiz; Pro Vista y Movimiento: Alfonso Flores o María José Solís Palma; Astra: María Esther Rodríguez R, Martha Basurto Origel; Libertad y Superación sobre Ruedas; Luis Barrera Córdoba; Fundación Renacimiento: Maru Tello Vallardi; Luis Pasteur: Esperanza Torres Garza.
Del municipio de Solidaridad: Asociación Deporte en Silla de Ruedas Playa Marco Pulido; Asociación de Deporte en Silla de Ruedas Playa Miguel Zavala Macías.
La delegación estuvo integrada por los diputados:
María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Partido Acción Nacional
Jorge Quintero Bello (rúbrica), Partido Acción Nacional
Mario Vallejo Estévez (rúbrica), Partido de la Revolución Democrática
Martín Zepeda Hernández (rúbrica), Partido de la Revolución Democrática
Diputado Jorge Quintero Bello
Definición
Personas que tienen que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de largo plazo. Al interactuar tienen barreras que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás.
Semblanza histórica
Inicia en la década de los ochenta. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) contribuye a homologar los criterios jurídicos e igualdad de oportunidades.
Estadísticas
México: Censo Nacional de Población y Vivienda, 1 millón 795 mil 300 personas. Organización Mundial de la Salud: de 10 a 12 por ciento. Aún se carece de una lista real.
En 2003, el ex presidente Vicente Fox Quesada creó el Consejo Nacional para prevenir y eliminar la Discriminación. Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006: instituye las Oficinas de Representación para la Promoción e Integración de las Personas con Discapacidad.
De 2001 a 2005 se crea el Consejo Nacional Consultivo de las Personas con Discapacidad. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 considera abatir el rezago que enfrentan las personas con discapacidad e incluye la prevención con el desarrollo de políticas de no discriminación.
Logros y avances
En 2005 se promulgaron la Ley Nacional para las Personas con Discapacidad, y la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad, en torno a la cual gira la armonización de las leyes respectivas.
Interrogantes
¿Qué hemos hecho en beneficio de las personas con discapacidad?
Trabajo legislativo
Recientemente, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó más de 20 iniciativas en favor de las personas con discapacidad. El diputado Jorge Quintero Bello presentó 4 iniciativas en materia de accesibilidad, habilitación, rehabilitación e igualdad y ascenso laboral para ellas.
Tareas pendientes
Para los 32 Congresos estatales, una de las tareas sería reformar sus marcos jurídicos respectivos y armonizarlos de acuerdo con la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad. Asimismo para la sociedad civil, y asociaciones e instituciones públicas o privadas.
Reflexión
A igualdad de oportunidades, las personas con discapacidad son más productivas que las personas que nos decimos normales: normales respecto a qué o a quiénes.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
María Juana Soto Santana
Discriminación por motivos de discapacidad
Cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el resultado de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, disfrute o ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo.
Roles culturales tradicionales impuestos por una sociedad en donde las mujeres con discapacidad sólo son responsables del trabajo doméstico y del cuidado de los padres y familiares enfermos. Son dependientes económicamente de la familia.
La doble discriminación, los estereotipos impuestos, y las barreras arquitectónicas y sociales no les ha permitido participar activamente como mujeres realmente productivas.
Artículo 9
Accesibilidad en el entorno físico, la eliminación de los obstáculos y barreras de acceso.
Artículo 12
Igual reconocimiento como personas ante la ley.
Las personas con discapacidad tienen derecho a ser reconocidas en todas partes como personas ante la ley.
Artículo 16
Protección contra la explotación, la violencia y los abusos
El Estado debe de adoptar políticas eficaces para asegurar que los casos de explotación, violencia y abusos contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.
Articulo 17
Protección de la integridad personal
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en pie de igualdad con los demás.
Artículo 19
Derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad.
Artículo 20
Movilidad personal
El Estado adoptará las medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible.
Artículo 21
Libertad de expresión y de opinión, y acceso a la información
Facilitar la utilización de la lengua de signos, del braille y de medios de comunicación accesibles.
Artículo 23
Respeto del hogar y de la familia
El reconocimiento de todas las personas con discapacidad que estén en edad de contraer matrimonio. Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieran tener.
Artículo 24
Educación
Las personas con discapacidad tienen el derecho de poder acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita. Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales.
Artículo 25
Salud
Las personas con discapacidad tienen derecho de que el Estado les proporcione servicios de salud gratuitos, incluidos los de salud sexual y reproductiva, y los programas de salud pública sin discriminación
Artículo 24
Trabajo y empleo
El Estado reconoce el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad con los demás, el derecho a la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido y ejercer la prohibición de la discriminación.
El derecho a que las personas con discapacidad se puedan emplear en el sector público.
Artículo 28
Nivel de vida adecuado y protección social
El Estado debe de asegurar el acceso de las personas con discapacidad a los programas de vivienda pública. El acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a programas y beneficios de jubilación.
Artículo 29
Participación en la vida política y pública
Las personas con discapacidad pueden participar plena y efectivamente en la vida política y pública, en igualdad con los demás.
Artículo 30
Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte
Las personas con discapacidad tienen el derecho a las actividades deportivas generales en todos los niveles. Tienen el derecho a actividades culturales en formatos accesibles.
Artículo 30
Participación en la vida cultural, actividades recreativas, esparcimiento y deporte.
Presidenta de la Asociación Mexicana de Medallistas Paralímpicos Internacionales, AC, medallista paralímpica en los siguientes Juegos Paralímpicos:
? 1984, en Stoke Mandeville, Inglaterra.
? 1988, en Seúl, Corea.
? 1992, en Barcelona, España.
Posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Cámara de Diputados, LX Legislatura
Proceso de armonización de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, secretario de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por la ONU en diciembre de 2006. La convención fue ratificada por el Senado de la República en septiembre de 2007. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 octubre de 2007. De acuerdo con el artículo 133 constitucional, la convención es ley suprema en nuestro territorio nacional. Para 650 millones de personas con discapacidad en el mundo y para 10 millones que viven en México, la convención significa que la política y el gobierno se sensibilicen y decidan otorgar la más alta prioridad de atención a la discapacidad.
Esta problemática supera a las autoridades por el crecimiento de necesidades e indefinición política. Es necesario tomar conciencia y decisiones que eviten un futuro incierto para las personas con discapacidad.
La convención es una nueva oportunidad para el Estado mexicano de saldar una deuda de justicia social, rezagos, discriminación y pobreza en que viven miles de mexicanos con discapacidad. Para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el grupo parlamentario no sólo se trata de armonizar conceptos legales. La convención abre la posibilidad de crear un compromiso político y democrático para enfrentar las complejidades de la discapacidad.
La discapacidad es una problemática que no se puede solucionar de un día para otro, y los retos son mayúsculos. Es indispensable que exista voluntad política del Ejecutivo federal para hacer efectivas la convención y para solucionar el incumplimiento de las leyes, el crecimiento de rezagos en las instituciones y la desatención de la mayoría de la población.
La persona con discapacidad sobrevive en muchos casos gracias a la buena voluntad, la caridad, la dádiva, el asistencialismo o el clientelismo político. El PRI ha exhortado al gobierno de la república para que la problemática no se resuelva de forma unilateral sin consenso o al margen de la ley.
Organismos, personas y especialistas dedicados a la discapacidad exigen la definición de políticas públicas con base en la consulta y participación social, amplia y plural. Para la armonización de la convención es necesario analizar el proceso institucional que se ha tenido en México para atender esta problemática social.
La decisión del gobierno en los noventa para trabajar conjuntamente con los organismos sociales representó lo siguiente:
? Diseño del programa nacional Convive;
? Participación de los tres niveles de gobierno;
? Continuo desarrollo de legislación federal o local;
? Políticas públicas en 8 líneas estratégicas nacionales; y
? Estratégicamente se oriento el programa Convive como un modelo para su desarrollo en entidades federativas y municipios.
En la primera encuesta nacional sobre discriminación, elaborada por el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación y la Secretaría de Desarrollo Social en 2005, se reportó que de las personas con discapacidad
? 53 por ciento son discriminadas en el trabajo; y
? 33 por ciento han sufrido actos de discriminación.
? Formule el programa nacional; y
? Cumpla la ley general.
Propuestas
2. Que legisladores, autoridades y organismos sociales tengan un análisis y debate sobre los ajustes razonables que necesita la ley general.
3. Que las reformas de la ley permitan que el gobierno cumpla las nuevas obligaciones generadas por la convención.
? Propone la reforma de 14 artículos.
Sectorizar la ley a la Secretaría de Desarrollo Social, para modificar el modelo médico asistencial por uno de desarrollo social.
Incluir en el consejo nacional la participación de gobiernos estatales y municipales, de legisladores y de representantes de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil.
Que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia sea titular del secretariado técnico para la aplicación de la ley.
Crear el sistema nacional de información sobre discapacidad.
Que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología apoye programas de investigación científica, social y tecnológica para el desarrollo de soluciones previstas en la convención.
Promover reformas legales que definan sanciones civiles y penales.
Concertar un censo nacional de personas con discapacidad.
Elaborar la clasificación nacional de discapacidades, con base en la de la Organización Mundial de la Salud.
Incluir en el Seguro Popular a la población con discapacidad.
Crear sistemas de apoyo familiar, social y financieros para diversas necesidades y combate de la pobreza.
Supervisar y sancionar las reglas de operación de programas federales, estatales o municipales, a fin de evitar prácticas de discriminación, uso político o clientelar.
Que el Ejecutivo federal, con base en el artículo 4o. de la convención, defina mecanismos que garanticen la participación de las personas con discapacidad, físicas o morales, incluidos los niños representados por organizaciones, en el diseño de las políticas públicas y las decisiones de gobierno sobre la materia.
Conclusión
Abrir el debate para que la armonización de la legislación se acompañe de una reforma social de los sistemas y programas actuales, con el objetivo de establecer de forma permanente una política de Estado en favor de las personas con discapacidad, que proteja sus derechos, que aplique las leyes y que desarrolle políticas públicas que, efectivamente, les brinden una mejor calidad de vida.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: implicaciones sociales, jurídicas y políticas
Licenciado Jesús E. Toledano Landero, Fundación Dime, AC
Temario
Implicaciones sociales, jurídicas y políticas
Aspectos nacionales
Consideraciones para el proceso de armonización
Es un instrumento legal de carácter internacional creado por la ONU que obliga a los países miembros a proteger los derechos de 650 millones de personas con discapacidad en el mundo.
Se creó para que los países incrementen sus esfuerzos institucionales, y adopten medidas legislativas y administrativas que permitan el desarrollo y la inclusión social de las personas con discapacidad.
¿Por qué una convención?
Porque la ONU revisó lo sucedido en los últimos 20 años en todos los países sobre la forma en que viven y se desarrollan las personas con discapacidad, y concluyó que hay elevados índices de discriminación, maltrato, tortura, desatención, y menosprecio social. Observa generaciones de personas con discapacidad sin opciones presentes o de futuro, por la falta de atención de la mayoría de los gobiernos
¿Cuál ha sido el proceso de la convención?
La convención fue propuesta por Gilberto Rincón Gallardo, en la conferencia de Naciones Unidas celebrada en Durban, Sudáfrica, en 2000.
La ONU inició el proceso de consulta para la elaboración de la convención en 2001 y la Asamblea General de Naciones Unidas la aprobó en diciembre de 2006.
En septiembre de 2007, el Senado de la República ratificó la convención, y el 27 de octubre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
¿En qué consiste la convención?
La convención es una legislación internacional, ahora ley suprema en México ?de acuerdo con el artículo 133 constitucional?, que cuenta con 50 artículos, en los que se definen disposiciones y obligaciones que los gobiernos deben cumplir.
¿Cuál es su finalidad?
Que los gobiernos definan políticas de Estado y políticas públicas que garanticen el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.
Reducir la desigualdad y la discriminación, e incrementar sus oportunidades de desarrollo social.
Implicaciones
La convención se traduce como la obligación del gobierno de la república y de los estatales, así como del Congreso de la Unión y de los locales para
Definir una política de Estado.
Efectuar las reformas necesarias a la legislación nacional o local.
Definir planes nacionales, estatales o municipales, y políticas públicas transversales.
Definir mayores recursos técnicos, humanos y económicos.
Incluir a las personas con discapacidad y los organismos sociales en las decisiones del gobierno, incluidos los niños.
Reducir los índices de discriminación y pobreza.
Promover una cultura de inclusión e igualdad.
Transformar el modelo médico asistencial en uno de desarrollo social.
¿Cuántos somos?
La ONU estima desde 1990 que 10 por ciento de la población de México vive una discapacidad, aproximadamente 10 millones de personas.
El INEGI, basado en el Censo Nacional de Población de 2000, reporta que sólo 1.79 millones de personas tienen discapacidad.
La Ssa reportó a la ONU en 1985 la existencia de 5 millones de personas con discapacidad.
Cada año se presentan 265 mil nuevos casos de discapacidad, de acuerdo con el Programa Nacional de Salud 2000-2006.
Consideraciones para el proceso de armonización
Que el Ejecutivo defina una política de Estado, es decir, que haya el compromiso y la voluntad política para aplicar en sus términos la convención.
Cumplir la ley general, que se elabore su reglamento y que se elabore el programa nacional para el sexenio 2006-2012.
Definir mecanismos para la participación de organismos sociales, y de entidades públicas o privadas en el diseño y la decisión de las políticas públicas.
Revisar el presupuesto para programas federales, estatales y municipales.
Orientar la política nacional del modelo médico asistencial hacia uno de desarrollo social.
Armonización de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Conforme lo establece el artículo 4o., párrafo segundo, de la Ley sobre la Celebración de Tratados, la convención entró en vigor el 24 de octubre de 2007, ya que en esa fecha fue publicado en el DOF el decreto por el que se aprueban la convención y su protocolo facultativo aprobado por la ONU, así como la declaración interpretativa.
México deberá presentar su primer informe ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a más tardar el 24 de octubre de 2009, de acuerdo con el artículo 35 de la convención.
Nuestro país, como Estado firmante de la convención, deberá cumplir en armonía con su marco jurídico e instituciones y deberá realizar ajustes razonables a todas sus políticas públicas en materia de discapacidad.
Mediante consultas públicas, plurales e incluyentes, discutir los siguientes temas:
a) Transformaciones en la administración pública a partir de la convención;
b) La accesibilidad, en el marco de la convención;
c) Los derechos políticos de las personas con discapacidad ?participación activa en las instancias de toma de decisiones?; y
d) Medidas fiscales que coadyuven al financiamiento de las políticas públicas de la convención.
2. La creación de una mesa redactora de los acuerdos, que permita tener productos legislativos por procesar en las Cámaras del Congreso de la Unión.
3. Un acuerdo político que comprometa a los legisladores a desahogar la agenda legislativa emanada de la mesa redactora de acuerdo en un tiempo determinado. Asimismo, que comprometa al Ejecutivo federal a implantar inmediatamente las leyes aprobadas por el Congreso, transformándolas en políticas públicas congruentes con las leyes.
El proceso ha pasado por la lucha por el voto hasta la creación de leyes que establecen la igualdad entre las mujeres y los hombres.
b) La armonización de la Convención sobre los Derechos de los Niños también ha sido un proceso difícil y con momentos gélidos, al caer las iniciativas referentes al tema en la congeladora de las comisiones de las Cámaras.
Primer foro regional Armonización legislativa a favor de las personas con discapacidad
Cancún, Quintana Roo, 28 de marzo de 2008
Las personas con discapacidad incluyen las que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas
Existencia de una deficiencia física, mental o sensorial, de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social?
OMS
Conadis
El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es el instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de esta ley.
Programas de la Secretaría de Salud en materia de discapacidad
I. En discapacidad visual:
2. Tracoma; y
3. Cirugía de cataratas.
1. Tamiz auditivo neonatal e intervención temprana.
III. Prevención de defectos al nacimiento:
1. Dotación de ácido fólico.
IV. Prevención de discapacidad mental:
1. Tamiz metabólico.
V. Prevención de discapacidad motora:
2. Prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de osteoartrosis de cadera y rodilla.
I. De las facilidades arquitectónicas;
II. De desarrollo urbano;
III. De vivienda;
IV. Del transporte público; y
V. De las comunicaciones.
Logros
? Manual de Accesibilidad para Escuelas Públicas, SEP, junio de 2007.
? Programa de Accesibilidad en Aeropuertos (100 por ciento de avance).
? Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad a inmuebles federales y su vigilancia por el Indaabin, al amparo del Programa Nacional de Accesibilidad a Inmuebles Federales.
? Coordinación por la SCT del Programa Nacional de Accesibilidad.
? Guía para Vivienda Accesible y Adaptable, por la Conavi y organismos de vivienda.
Situación actual: En proceso.
Falta acuerdo con el Fonatur para que todos los desarrollos turísticos financiados por él sean accesibles.
Se desarrolla una guía de diseño universal para instalaciones turísticas y recreativas.
Firma de convenio con el Infonavit y con el DIF sobre vivienda accesible y adaptable.
Análisis para la armonización de la legislación mexicana en materia de accesibilidad, ante la ratificación de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Accesibilidad
¿Qué falta?
Intensificar el cumplimiento del Acuerdo de Accesibilidad a Inmuebles Federales.
Continuar el Programa de Vivienda Accesible y Adaptable.
Desarrollo de normas de diseño universal para transporte foráneo marítimo, terrestre y aéreo.
Desarrollo de normas de diseño universal para transporte público urbano de pasajeros.
Accesibilidad diseño universal
Situación actual: En proceso de conclusión.
Falta firmar acuerdos establecidos con el Instituto Politécnico Nacional y con la Universidad Nacional Autónoma de México.
Falta firmar acuerdos de adaptaciones curriculares para la enseñanza del diseño universal en universidades e instituciones de educación superior.
Atentamente
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández
Presidenta
