Gaceta Parlamentaria, año XI, número 2512, lunes 26 de mayo de 2008

Iniciativas

QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, PRESENTADA POR LA DIPUTADA YOLANDA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 21 DE MAYO DE 2008

La suscrita, diputada federal Yolanda Rodríguez Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta soberanía la iniciativa de reformas y adiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La población de jóvenes en México ha transitado por un proceso que ha ido de la desatención de sus demandas específicas, pasando por ser considerados capital humano con fines electorales, hasta quedar integrados desde la visión gubernamental como un conglomerado abstracto. Es decir, la juventud ha estado condicionada a criterios sesgados en el diseño de la política pública de desarrollo social.

Los jóvenes mexicanos constituyen un personaje poblacional que rebasa 30 millones, para los que las repuestas institucionales que les proporcionan expectativas de inserción laboral, y de no discriminación por su apariencia adulta, no son aspectos en los que se haya considerado en una legislación adecuada ni se hallan previstos los canales de expresión pertinentes para su plena inclusión social.

En buena medida, lo anterior obedece a que se parte de suposiciones desfasadas generacionalmente, ya que las demandas varían periódicamente a partir de la diversificación misma de la población general.

Hablamos de personas cuyo rango de edad oscila entre 15 y 29 años, concentradas preponderantemente en las localidades medias y urbanas (es decir, mayores de 2 mil 500 habitantes) distribuidas en todo el territorio nacional, desde 4 millones y casi 3 millones localizados sólo en el estado de México y el Distrito Federal, respectivamente, hasta los estados que concentran la menor cantidad de jóvenes, Colima y Baja California.

De este sector es importante tener presente ciertos datos duros que nos brindan un panorama básico de la situación, por ejemplo, en función de sus contribuciones al desarrollo del país, pues el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática sitúa a 56.6 por ciento como población económicamente activa.

Ello, atendiendo a la realidad de que poco más de la mitad del total de la población joven ha combinado en un inicio los estudios y su primer trabajo, deduciéndose que la otra mitad se incorporó después, de lleno, al mercado laboral formal e informal; esto es, más de 50 por ciento de los jóvenes laboran 7 o más horas diarias, según reportan las Encuestas Nacionales de la Juventud recientes, de la Secretaría de Educación Pública y del propio Instituto Mexicano de la Juventud.

Sin embargo, sólo 30 por ciento de los jóvenes empleados cuenta con un contrato, y de éstos nada más 43 por ciento posee estabilidad laboral, ya que el resto es contratado por obra determinada, como eventuales o de confianza.

Agregando a estos datos fenómenos derivados de la insuficiencia de oportunidades para acceder a un empleo, como la migración. Al respecto, se identifica que la mayoría de las personas que migran a Estados Unidos (65 por ciento) es joven.

Los estados que concentran mayor número de flujo de migrantes jóvenes son Jalisco, Guanajuato, Michoacán, México, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla y Durango. Desagregado por género, Oaxaca aporta un porcentaje considerable de migrantes hombres; en el caso de las mujeres, Chihuahua y Tamaulipas encabezan las cifras.

La interrogante básica respecto a esta clase de problemas se centraría en lo siguiente: ¿qué está haciendo el Instituto Mexicano de la Juventud para coadyuvar desde los programas de gobierno federal a aminorar estas realidades, poco alentadoras para la población de jóvenes mexicanos?

El proyecto de vida de toda persona joven ha quedado desdibujado con base en un sinsentido de formarse profesionalmente para, a final de cuentas, no encontrar opciones de empleo suficientes, quedando la supeditación a los criterios transnacionales de organismos que marquen pautas para ciertas actividades remunerables, en concordancia con el modelo de desarrollo económico de México.

Nos parece que la razón de ser organismos gubernamentales que sectorizan su intervención hacia los ciudadanos, como las mujeres, los adultos mayores y los niños, sería el esquema de igual aplicación para el caso de los jóvenes, con una actuación que exprese un compromiso de mucho mayor efecto socioeconómico.

En particular, para volver una posibilidad concretable los derechos a contar con condiciones mínimas para su desarrollo, establecidos en la Carta Magna, en el artículo 4o., y no sólo se signifiquen como un pliego de aspectos a que se aspire, sin vías para su exigibilidad al Estado.

Es necesario valorar opciones para que el Instituto Mexicano de la Juventud incida realmente de manera positiva en la inserción social de los jóvenes, de todos, evitando así situaciones en nada deseables, como la toma de sus instalaciones ocurrida en 2002, por colectivos de jóvenes a raíz de que se entregaron los resultados de Projuventud concursados, que favorecían a bloques específicos de jóvenes con base en su filiación ideológica.

El enlace con las organizaciones de la sociedad civil tiene que visualizarse desde una perspectiva integral, no reducida a grupos adherentes, como se exigió en las posteriores mesas temáticas que emergentemente fueron armadas por las autoridades del referido organismo gubernamental.

La estructura de este instituto tendría que pensar su vinculación con otras áreas de la administración pública federal, para formar así actividades coordinadas y que repartan responsabilidades en favor del desarrollo social de los diferentes subsectores de la población de jóvenes.

Áreas clave como la salud, la educación y el empleo constituyen rubros que, en su calidad de derechos económicos, sociales y culturales, no tendrían que estar sujetos a circunstancias sexenales de cualquier naturaleza. En ese tenor, México tendría que responder a un gran número de preguntas derivadas de la incongruencia con los compromisos asumidos internacionalmente, como es el caso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En la medida en que el instituto no resuelva esta clase de pendientes institucionales, estaremos traduciendo a paliativos gubernamentales lo que deberían ser políticas públicas que verdaderamente combatan las iniquidades sociales y, muy en particular, la discriminación de un porcentaje especialmente importante de la población.

Por otra parte, el Instituto Mexicano de la Juventud debe dirigir esfuerzos más amplios para enriquecerse de los aportes que las organizaciones de la sociedad civil generan para la población joven, cada vez más diversificada.

Una muestra de ese tipo de insumos referenciales valiosos son las conclusiones de los parlamentos de la juventud que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha impulsado, a manera de espacios forales que permitan a los legisladores locales tener un diagnóstico más tangible de este sector poblacional.

Por lo mismo, la experiencia internacional ha presentado resultados exitosos como la implantación de la perspectiva de no discriminación, entendida ésta como un enfoque o dirección de las políticas públicas que considera un parámetro de inclusión a partir del carácter integral e indivisible de los derechos humanos.

Se trata, entonces, de dar cobertura programática a todos los subsectores de la población joven de un sexo y de otro, de modo que el espíritu del desarrollo social sectorizado y del principio constitucional de no discriminación verdaderamente abarque el mayor número de jóvenes.

Para incorporar una visión garantizadora de tal instauración institucional (la perspectiva no discriminación) se plantea la importancia de sumar al presidente del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación al grupo de servidores de la administración pública federal que forman la junta directiva del referido instituto.

Consideramos un elemento que aportará un equilibrio de primer nivel de trabajo que el organismo lleve a cabo en favor de los jóvenes de México.

Por ello, con el propósito de generar cambios que favorezcan el esquema de funcionalidad desde la administración pública federal en materia de atención al desarrollo de la población de jóvenes, se presenta el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Artículo Único. Se adicionan una fracción III al artículo 4o., recorriendo las actuales, y un inciso k) al artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 4o.

I. y II. …

III. Impulsar la perspectiva de no discriminación a favor de los diferentes sectores de jóvenes, a través de un esquema de planeación que incorpore la asesoría del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación;

IV. a XII. …

Artículo 8o. La Junta Directiva se integrará por diecisiete miembros, de los que serán I. Diez miembros propietarios:

a) a j) …

k) El presidente de Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

…

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de mayo de 2008.

Diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Juventud y Deporte. Mayo 21 de 2008.)

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA SUSANA MONREAL ÁVILA, EN NOMBRE DEL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 21 DE MAYO DE 2008

El suscrito, diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La importancia del sector turístico se refleja en aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales, entre otros. Por ello, es necesario que en la legislación nacional se reconozca la transversalidad de este ramo y, por tanto, se propone modificar el artículo 42 de la Ley de Organización de la Administración Pública Federal.

Un de los aspectos de mayor relevancia del ramo es su participación económica, al ser la tercera fuente de divisas, solamente por debajo de los ingresos petroleros y las remesas de los migrantes; de igual forma, contribuye con el 7.7 por ciento del Producto Interno Bruto, en estos momentos de recesión en el país vecino del norte, el nivel de empleo del ramo turístico en nuestro país se ha mantenido.

Históricamente, la actividad turística tuvo su mayor empuje desde el ámbito público en los años setenta y ochenta, a través de la conformación de los llamados centros integralmente planeados, cuyo objetivo fue fomentar la afluencia del turismo internacional y generación de divisas para la economía mexicana.

Debido al crecimiento que ha tenido la actividad, sobre todo si queremos que el turismo contribuya al desarrollo de la población mexicana, es fundamental que en la legislación se reconozca la interrelación que tiene con otros sectores, así como establecer los nuevos paradigmas bajo los que se rige la actividad turística en nuestro país.

Hasta ahora el impulso administrativo, operativo y legislativo que se ha otorgado al sector turístico, ha sido en dos vertientes principalmente:

• Incentivar la esfera privada, conformada principalmente por grandes consorcios, la gran mayoría extranjeros, con lo cual los beneficios económicos salen del país, sin que el turismo logre concluir el círculo virtuoso de desarrollo económico.

• Para atraer un mayor número de turistas extranjeros, y con ello la entrada de divisas.

Estos dos elementos son muy buenos dentro de la actividad turística; el verdadero problema es que las políticas se han quedado estancadas, no han incorporado la parte pública. ¹ Es decir, el turismo, puede ser un sector que genere beneficios reales económicos y de bienestar social para la población oriunda de los centros turísticos.

El Estado debe reconocer la importancia de la actividad turística no sólo como generadora de divisas y de empleos de bajo perfil, debe buscar que esta actividad sirva de complemento al desarrollo de regiones.

Un elemento fundamental en el crecimiento y desarrollo de la actividad turística de hoy y para el futuro de nuestro país, es que debe ser sustentable en todas sus modalidades. Se debe reconocer y trabajar por una regulación adecuada de la actividad turística para que se avance a un modelo de desarrollo turístico sustentable.

La sustentabilidad en el ramo implica no sólo la protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, sino que a partir del crecimiento económico de la actividad se logre una adecuada redistribución del ingreso entre la población que habita en los centros turísticos, cuyo resultado sea el incremento del bienestar social.

Por ello, en la presente reforma se reconoce la coordinación que debe existir entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la instrumentación de medidas y programas para prevenir la contaminación, el ordenamiento integral, la limpieza de los centros turísticos y en la reglamentación del uso de uno de los atractivos esenciales de nuestro país, como son las playas.

De igual forma, englobado en el ámbito de la sustentabilidad desde la perspectiva económica y social está la relación que debe existir con la secretaría de economía para el apoyo a las empresas del sector turístico.

La interrelación entre los medios de transporte, el estado que guarda la infraestructura de aeropuertos, de las marinas, de las carreteras, etcétera, y el turismo es innegable, por ello, en la presente iniciativa, entre las facultades de la Secretaría de Turismo se establece la coordinación y participación con la de Comunicaciones y Transportes para determinar las necesidades de transporte, conexiones y tarifas.

En los últimos tiempos, el crecimiento de la actividad turística de nuestro país se ha visto afectado tanto por los problemas de violencia en algunas ciudades del país, así como por la mala propaganda al maximizar dichos problemas, por ello, resulta indispensable que la Secretaría de Turismo pueda solicitar a la Secretaria de Seguridad Pública su intervención para garantizar la seguridad de todas las personas que visiten las zonas turísticas del país.

Los grandes pendientes del ramo turístico continuarán mientras no se cambie la concepción que existe de la actividad; es necesario replantear la visión con sobre el turismo. Es fundamental que el sea apoyado y se promueva como una fuente no sólo de recursos sino de desarrollo económico, social, cultural y regional, donde la población oriunda de los territorios turísticos no sólo sea observador de grandes complejos de infraestructura y lujo alrededor de su pobreza.

El turismo debe ser integrado, como una pieza indispensable en la programación, planeación y desarrollo; por ello es fundamental la reforma al artículo 42 de la presente ley.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo 42. A la Secretaría de Turismo corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular, conducir y evaluar la política de desarrollo de la actividad turística nacional;

II. Formular, en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la administración pública federal y con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, el ordenamiento turístico del territorio conforme a la legislación aplicable, así como las declaratorias de las zonas de desarrollo turístico sustentable;

III. …

IV. …

V. Promover y determinar junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el otorgamiento de facilidades y franquicias a los prestadores de servicios turísticos, así como determinar los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales necesarios para el fomento a la actividad turística, y administrar su aplicación, así como vigilar y evaluar sus resultados;

VI. …

VII. …

VIII. …

IX. Promover y fomentar, en coordinación con la Secretaría de Economía, la inversión extranjera para proyectos de desarrollo turístico y para el establecimiento de servicios turísticos.

X. Regular, orientar y estimular, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, las medidas para eliminar los obstáculos que impidan la adecuada planeación, operación, promoción y desarrollo de la actividad turística;

XI. Participar, en coordinación con las dependencias competentes de la administración pública federal, en la definición de las políticas migratorias para facilitar los flujos y turísticos, y de hombres de negocios;

XII. Participar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la determinación de las necesidades de transporte terrestre, rutas aéreas y marítimas para mejorar la conexión de los principales destinos turísticos del país;

XIII. Participar, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la celebración de convenios para la prestación de servicios aéreos internacionales, para mejorar la conexión de los principales destinos turísticos del país;

XIV. Formar parte de los comités locales de seguridad aeroportuaria de los puertos aéreos en los principales destinos turísticos del país;

XV. Colaborar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la identificación de las necesidades de señalización en las vías federales de acceso a los principales destinos turísticos del país;

XVI. Solicitar a la Secretaria de Seguridad Pública su intervención para realizar operativos, en los casos en que sea necesaria garantizar la seguridad de las personas en las zonas turísticas.

XVII. Promover, junto con el Banco Nacional de Obras y Servicios y con Nacional Financiera, el otorgamiento de créditos para las entidades públicas y los prestadores privados de servicios turísticos;

XVIII. Determinar y coordinar, con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la instrumentación de las medidas y programas para la prevención de la contaminación y para el ordenamiento integral, la limpieza, y la reglamentación en el uso de las playas, así como para el mejoramiento del desempeño ambiental de las actividades e instalaciones turísticas, el turismo en áreas naturales protegidas y el ecoturismo;

XIX. Promover y facilitar el intercambio y desarrollo turístico en el exterior, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores;

XX. Promover y, en su caso, organizar en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en materia turística;

XXI. Formular y difundir la información oficial en materia de turismo; coordinar la publicidad que en esta materia efectúen las entidades del gobierno federal, las autoridades estatales y municipales y promover la que efectúan los sectores social y privado;

XXII. Promover, coordinar y, en su caso, organizar los espectáculos, congresos, excursiones, audiciones, representaciones y otras actividades tradicionales y folklóricas de carácter oficial, para atracción turística;

XXIII. Fijar y, en su caso, modificar las categorías de los prestadores de servicios turísticos por ramas:

XXIV. Autorizar los reglamentos interiores de los establecimientos de servicios al turismo;

XXV. Coadyuvar y participar, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, en la definición de criterios para la elaboración de estadísticas y la construcción de indicadores en materia de turismo;

XXVI. Promover y apoyar la coordinación de los prestadores de servicios turísticos.

XXVII. Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística y estimular la participación de los sectores social y privado;

XXVIII. Fijar e imponer, de acuerdo con las leyes y reglamentos, el tipo y el monto de las sanciones por el incumplimiento y violación de las disposiciones en materia turística y

XXIX. Los demás que le fijen expresamente las leyes reglamentos.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota
1. Lo público implica el enfoque hacia la población mexicana, es decir, políticas que vayan encaminadas a incrementar el bienestar social económico, cultural, etcétera, de la población.

Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Gobernación. Mayo 21 de 2008.)

QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO FELIPE DÍAZ GARIBAY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 21 DE MAYO DE 2008

El que suscribe, diputado Felipe Díaz Garibay, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la presente LX legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71, el 72 y el 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en la fracción I, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, fracción II; 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este honorable Pleno, el presente proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Tomando en consideración que en 1917 el constituyente de Querétaro sentó las bases de la libertad municipal, en términos políticos, al establecer en nuestra Carta Magna que cada municipio sería administrado por un ayuntamiento de elección popular directa a través de comicios justos y democráticos, que no habría ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno del estado. Con esta disposición la Constitución federal establecía principios generales a los que las legislaturas locales deberían apegarse para desplegar los sistemas electorales municipales de sus respectivos estados. Quedaba atrás la elección indirecta de los ayuntamientos y se obligaba a las constituciones estatales a que incorporaran la elección directa de las autoridades municipales en todos los municipios del país.

Con los años el artículo 115 de la Constitución federal ha sido objeto de varias reformas, algunas de las cuales han modificado las bases de los sistemas electorales municipales, pero no han tocado el punto neurálgico de un cambio ahora necesario en cuanto a la calidad y profesionalización de los dirigentes municipales al permitir su permanencia en los cargos y los medios necesarios para que estos se acerquen aún más a los ciudadanos y cumplan eficazmente sus funciones.

Las reformas más importantes a este precepto constitucional y que directamente han alterado las características de la integración de los ayuntamientos son:

a) La que incorporó el principio de no reelección para el periodo inmediato de los miembros del ayuntamiento (Diario Oficial, 29 de abril de 1933).

b) El derecho a la mujer a votar y ser votadas en elecciones municipales (Diario Oficial, 12 de febrero de 1947).

c) La inclusión del principio de representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de los municipios con 300 mil o más habitantes (Diario Oficial, 6 de diciembre de 1977). La reforma política también incluyó la reforma del artículo 41 de la Constitución en el que se estableció el derecho de los partidos políticos nacionales a participar en elecciones estatales y municipales.

d) La extensión del principio de representación proporcional en la integración de los ayuntamientos de todos los municipios del país (Diario Oficial, 3 de febrero de 1983).

Curiosamente, cuando las reformas de 1933, 1947 y 1977 fueron debatidas en el recinto parlamentario, los diputados siempre hicieron énfasis en la necesidad de una reforma integral, mucho más ambiciosa, que realmente garantizara –de manera efectiva– la libertad política y económica de los municipios, de hecho el espíritu del diputado constituyente se centró en el debate de este fundamental tema.

Las reformas del 17 de julio de 1999 al artículo 115 constitucional, por su parte, atienden también a puntos trascendentales como son el reconocimiento de diversas competencias exclusivas del municipio; el reconocimiento del municipio como ámbito o nivel de gobierno; el otorgamiento de mayor protección al municipio no solo de autoridades intermedias, sino de cualquier organismo distinto a los ayuntamientos o a los que por sí, generen; la creación de la figura de leyes estatales en materia municipal, delimitadas a un objeto cuyo contenido se enumera en cinco incisos, de lo que se destaca que la ley no va a poder ir más allá del objeto constitucional, propiciando el robustecimiento de las capacidades reglamentarias, casi legislativas o materialmente legislativas, de los ayuntamientos; en este último aspecto destacó, por ejemplo, que para la desincorporación y disposición del patrimonio inmobiliario municipal o la realización de actos que comprometan al municipio más allá del periodo del ayuntamiento de que se trate, dichas determinaciones no serán a cargo de la legislatura sino de las dos terceras partes de los miembros de un ayuntamiento.

Con esta reforma se actualizan algunos de los conceptos de la fracción III, destacando que las materias que ahí aparecen son por principio competencia exclusiva de los municipios y no concurrente con el estado, por ejemplo, que el agua potable, obra pública (calles, parques, jardines, y su equipamiento), policía preventiva, y otros más, son exclusivamente municipales, y ya no concurrentes con el estado, salvedad del mecanismo de subsidiariedad; las materias exclusivas municipales se entendieron en su doble carácter de función y servicio público en su caso, por ejemplo, en materia de agua potable o limpia, no se trata de sólo "prestar" el servicio sino de ejercer su función de autoridad, reglamentaria, de promoción y desarrollo y de la participación comunitaria; se establecieron mecanismos subsidiarios mediante los cuales cada municipio puede transferir al estado algunas funciones o servicios exclusivos, siempre que sea voluntad calificada de los ayuntamientos; se eliminó la limitante que para la asociación en la prestación de servicios o ejercicio de funciones existe, tratándose de municipios de distintos estados; se incorporó al pago de predial al sector paraestatal, así como los bienes públicos utilizados por particulares (concesión); por último se garantizó para el municipio el derecho de iniciativa en materia tributaria, facultándolo para proponer a la legislatura para cada municipio en lo individual, todos los elementos de sus contribuciones fiscales.

Sin embargo, la última reforma al artículo 115 no incluyó modificaciones que impactaran directamente el perfil de los sistemas de representación para los gobernantes municipales, como bien hubiera sido prolongar el tiempo de la gestión de sus encargos.

El arraigo de los partidos nacionales en el ámbito municipal, así como también una fuerte competencia en las elecciones municipales y la alternancia como un hecho cotidiano en la vida política local, nos demuestra ahora que el municipio ya no puede ser considerado –como sucedió durante muchos años–, únicamente como una demarcación territorial o administrativa, una célula básica o un nivel de gobierno cercano al ciudadano; es el momento de que sea reconocido cabalmente como una entidad política que requiere de dirigentes bien preparados, que más allá de sensibilidad política, les es indispensable también esa sensibilidad social que sólo se obtiene con el trato diario y la relación estrecha, y no precisamente breve, entre gobernados y sus autoridades.

En cuanto al marco de representatividad que establece el artículo 115 constitucional para generar modelos de representación política deberíamos de preguntarnos lo siguiente: ¿Los reclamos del municipio libre se ven satisfechos con la alternancia en el ámbito municipal y la garantía del sufragio efectivo? o ¿se requiere de una reforma constitucional para eliminar los defectos actuales de los modelos de representación vigentes?

En el país, haciendo observando el régimen federal, no contamos con una ley nacional que establezca las bases de los sistemas electorales municipales, sino que cada estado puede optar por diferentes modelos de representación política en el municipio, aunque en los hechos los modelos vigentes derivados de procesos de elecciones municipales en que participan partidos políticos son muy similares entre un estado y otro. A diferencia de otros Estados federales, como Alemania o Estados Unidos, en los que no sólo encontramos diferencias entre los modelos de gobierno municipal entre una entidad federativa y otra, sino que en una entidad coexisten diferentes modelos de representación, por ejemplo gobierno por comisión, por gerente, órgano colegiado con alcalde débil o con alcalde fuerte, en México el perfil predominante de la integración de los ayuntamientos, con excepción de los que se eligen por la modalidad de usos y costumbres, tiene las siguientes características: elección por el mecanismo de la planilla bloqueada y cerrada; sólo tienen derecho a registrar planillas los partidos políticos nacionales o estatales, y una duración del periodo de gobierno de tres años. Lo que cambia es el tamaño, en cuanto a número de miembros, de los ayuntamientos, el peso de los puestos de mayoría relativa y de representación proporcional en el cabildo y las fórmulas para distribuir las regidurías de representación proporcional.

Prueba de todo lo anterior es que de 1917 a la fecha los estados han modificado el periodo de sus ayuntamientos. En los años posteriores al constituyente de 1917 el periodo del gobierno municipal variaba entre uno y dos años, con la posibilidad de reelección en algunos de los estados.

Actualmente, el periodo de gobierno de los ayuntamientos es de tres años, a pesar de que dicha disposición no aparece en la Constitución federal, sino en las Constituciones estatales, y demás leyes locales que rigen la vida orgánica municipios. Los Congresos locales tienen la facultad de decidir el periodo de sus ayuntamientos, sin que se haya pensado en una reforma al artículo 115 constitucional en cuanto al tiempo que ha de durar en su encargo el presidente municipal, hasta ahora.

El proyecto que presento, encaminado a una reforma municipal de fondo y que bien toca los temas de la democracia y la representación política en los municipios, atiende a la reflexión de una mejor y más justa visión en cuanto a la pluralidad y proporcionalidad dentro del cabildo; diversificación de los procedimientos de elección y la prolongación del tiempo de mandato de los presidentes municipales emparejándola al tiempo que goza el gobernador de cada entidad federativa para cumplir en su encargo y desde luego, al del Ejecutivo federal.

En este sentido, considero pertinente recordar que el presidente municipal es la cabeza del ayuntamiento, es un funcionario público electo por voto popular encargado de ejecutar las disposiciones y acuerdos del ayuntamiento; es el órgano administrativo básico (Ejecutivo) de gestión, que dentro del municipio realiza un núcleo importante de actividades políticas, jurídicas y sociales de tipo local, determinadas por los ordenamientos jurídicos (véanse artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las constituciones de los estados y las leyes orgánicas municipales), por la realidad social, y por el impulso de su personalidad.

Me manifiesto por la conveniencia de revisar las ventajas de ampliar el periodo constitucional de los presidentes municipales, a partir de los beneficios en relación con la elaboración, aplicación, alcance y continuidad de las políticas públicas municipales, la prolongación de la gestión de la figura del presidente municipal debería ser vista como un factor que podrá incrementar el desempeño y la eficacia de las autoridades electas por la ciudadanía.

Esta reforma rompería el círculo vicioso de alterar la representación política forzosamente cada tres años, prolongándolo al mismo tiempo que cada gobernador tiene para cumplir con su encargo constitucional. La reforma permitiría no sólo disminuir el costo del aprendizaje de los representantes populares, sino capitalizar la experiencia, no sólo en el circuito de la administración (servicio civil de carrera), sino también en la pista de la representación política, otra de las ventajas en pro de esta reforma es la disminución de los costos que cada trienio se destinan a las campañas y procesos electorales, a fin de conseguir un ahorro para la elección de presidentes municipales de hasta en un 50 por ciento en relación a la temporalidad entre cada gobierno estatal; contribuiría, también, a evitar el reclamado desgaste electoral del ciudadano producto de su asistencia prácticamente permanente a tantos comicios.

El contexto actual de México es muy diferente al que sufrimos antaño producto de la falta de verdaderos sistemas democráticos de representación proporcional: contamos con un sistema de partidos políticos competitivos y la garantía del sufragio efectivo, por tanto creo conveniente la llegada de esta reforma, que repercutiría enormemente en el fortalecimiento del principio de representatividad en el ámbito municipal; se busca, fundamentalmente, dar mayor continuidad y permanencia a los programas de gobierno y disminuir el costo de aprendizaje de cada administración, y aprovechar la experiencia adquirida en las etapas iniciales de la administración municipal; por ello, debe revisarse a la luz de la ampliación del periodo de gobierno del presidente municipal así como la instauración del servicio civil de carrera en el ámbito municipal; el presidente municipal tiene amplias competencias que requieren de una ejecución sustentada en la eficiencia y la eficacia, atributos que, por desgracia, pocas veces se puede adquirir en tres años de servicio la suficiente experiencia.

Considero que, si se adiciona y reforma una disposición al artículo 115 constitucional en sentido de incrementar el periodo de gobierno de los presidentes municipales, se abriría la posibilidad de administraciones de seis años de mayor calidad, sin la necesidad de recurrir a la tan pretendida figura de la reelección inmediata.

En 1996, la Comisión Nacional de Asuntos Municipales se pronunció por ampliar el periodo de gobierno municipal a cuatro años, con la finalidad de ampliar las oportunidades de consolidar los programas en el ámbito municipal, sin embargo la idea de la ampliación de la duración de los gobiernos municipales de tres a cuatro años, resulta poco practica ya que en esta modificación las desventajas podrían ser mayores que los beneficios, por la cuestión de que las elecciones de presidentes municipales a la larga serán tan disparejas en relación a la de los gobernadores y diputados locales que sus costos resultaran muy altos y complejos. De igual manera se ha reivindicado la ampliación del periodo constitucional de los ayuntamientos, pero sin definir a cuántos años lo cual puede permitir que, cada entidad federativa decida el total de los años que durara la gestión de los presidentes municipales, los cuales podrían ser dispares entre cada una de las entidades, cuestión que tampoco debe considerarse por las mismas cuestiones de retroceso que nos resulta de la reelección, ya que en este supuesto normativo cada estado decidiría el plazo de gestión para cada presidente municipal provocando costos innecesarios de campañas y elecciones dispares con otros procesos electorales; por tanto, lo mas útil es una prolongación en el encargo de presidente municipal empatándolo con el de los gobernadores e igualando así una temporalidad de la que cada dirigente dispondrá para realizar mejores gestiones. El período de los regidores continuaría inamovible pero, en salvaguarda del principio de representatividad, pueden ser elegidos en concurrencia con la elección de los Congresos locales.

No hay que olvidar que, actualmente en 28 estados de la república, la elección de diputados locales, ayuntamientos y gobernadores cada seis años, se realiza simultáneamente. En Guerrero, coincide la elección de ayuntamientos y diputados locales, pero no con la de gobernador cuando se realizan en el mismo año. En Hidalgo y Oaxaca las elecciones municipales se efectúan en una fecha diferente a la elección de los diputados locales y cuando es el caso, de gobernador.

El costo de crear un proceso electoral especial para llevar a cabo las elecciones municipales es muy alto, tanto en términos financieros, de logística, como humanos; esfuerzo que, por lo que resulta lógico, sólo se podría compensar con una verdadera calidad en cada gestión que sería posible mediante la extensión del periodo de gobierno por tres años más a cada ejecutivo municipal, ya que esto implica un tiempo sustantivo para garantizar la continuidad en las políticas promovidas desde este nivel de gobierno.

Esta es la motivación que me conduce a proponer que en el orden constitucional se establezca la ampliación del periodo de encargo de los presidentes municipales para que sea igual al de los Poderes Ejecutivos de los otros dos niveles de gobierno siendo que la iniciación y conclusión de su mandato serían idénticos a los de los gobernadores de cada entidad; los regidores, por su parte, durarían en su encargo tres años al igual que los diputados locales y serían electos en los mismos comicios.

Por lo anteriormente expuesto tengo a bien presentar a este honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma y adiciona la fracción I, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Titulo Quinto

De los Estados de la Federación y del Distrito Federal

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine; durarán en su encargo seis años, con excepción de los regidores cuyo periodo será de tres y serán electos de manera concurrente con las legislaturas locales. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado.

II. a VIII. …

Transitorios

Primero. Este decreto entrara en vigor desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Atendiendo al principio de irretroactividad consagrado en el artículo décimo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente decreto sólo se considerará para la siguiente elección próxima, e inmediata de cada municipio que se lleve a cabo luego de la entrada en vigor del presente decreto, por ningún motivo se podrá extender el tiempo de los alcaldes ya electos, y que se encuentren en funciones, al momento de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. La entrada en vigor de este decreto no afectará a los candidatos al cargo de presidente municipal que inicien su campaña luego de su entrada en vigor, como tampoco a quienes la hayan iniciado con anticipación.

Cuarto. Cada uno de los Congresos locales, contaran con seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para modificar su legislación en materia municipal y electoral a fin de ser consecuentes con la aplicación del presente decreto.

Dado en el salón de plenos de la Comisión Permanente, en la Cámara de Senadores, a 21 de mayo de 2008.

Diputado Felipe Díaz Garibay (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Mayo 21 de 2008.)

DE DECRETO, POR EL QUE SE DECLARA 2009 COMO AÑO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA BERTHA YOLANDA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, EN NOMBRE PROPIO Y DE LA DIPUTADA MARICELA CONTRERAS JULIÁN, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRI Y DEL PRD, RESPECTIVAMENTE, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 21 DE MAYO DE 2008

Las suscritas, diputadas Maricela Contreras Julián y Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, y Revolucionario Institucional, respectivamente, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente proyecto de decreto, por el que se declara 2009 como Año para la Igualdad entre Mujeres y Hombres", al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En 1975 tuvo lugar en el país la primera Conferencia mundial sobre la mujer, donde mujeres de todo el mundo se dieron cita en el inicio de un diálogo internacional por el reconocimiento de los derechos de la población femenina.

Los temas de la agenda no eran muy diferentes de los que se discuten actualmente en las conferencias mundiales y regionales sobre las mujeres: empleo, salud, familia, integración al desarrollo, educación, participación política, población, vivienda y la situación de las mujeres rurales.

A 33 años de que México fue sede de ese primer encuentro internacional, debemos señalar que en el país hay desigualdad por razones de género, la cual se refleja claramente en que de los 60 millones de pobres, 60 por ciento corresponde a mujeres, producto de falta de oportunidades para su desarrollo y la carencia de patrimonio propio.

En diversas partes del mundo, y en el país, se han dado diversos esfuerzos de muchos sectores de la sociedad para lograr el reconocimiento de los derechos de las mujeres y para dejar patente que falta camino por recorrer para alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo en una sociedad que aspire a ser democrática.

Las condiciones de vida de las mujeres en el planeta, paradójicamente, aún se enfrentan a esquemas similares donde se quiere imponer una visión que se niega a reconocer que el principio de igualdad implica un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales.

El país no es la excepción: si bien se han tenido avances significativos con la aprobación de legislaciones que reconocen los derechos de las mujeres, o con el diseño y aplicación de políticas públicas con perspectiva de género, esos pasos han sido posibles gracias a la lucha de miles de mujeres que han convertido en conquista de sus derechos lo que debería ser una práctica en el ejercicio de gobierno.

El panorama que se presenta en el país respecto a la situación de las mujeres no es nada alentador.

En materia de participación política, en el índice de desigualdad que presentó el Foro Económico Mundial en 2006, México figura en el lugar 75 de un total de 115 países evaluados en cuanto a equidad de género.

Según el informe, el país está más atrasado en esa materia que naciones como Honduras, Kenya y Malasia.

No obstante el lugar que ocupa nuestro país, en la pasada reforma electoral no se logró el consenso para establecer la paridad de género sino que sólo se establece la obligación de los partidos políticos de registrar candidaturas sin que excedan de proporciones de 60 y 40 entre los géneros, lo que no garantiza la igualdad constitucional.

Pese a que la población femenina representa 39 por ciento de la económicamente activa, todavía enfrenta graves problemas de discriminación y segregación laboral y salarial, ya que cuando alcanza la misma productividad que el hombre recibe trato y salarios distintos. En el país, las mujeres presentan un ingreso económico promedio 35 por ciento inferior al de los hombres.

Respecto a la trata de personas y la explotación sexual infantil tampoco hay datos alentadores: un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de América relativo al tráfico de personas indica que la mayoría de las mujeres, niños y niñas que son objeto de trata en el país provienen de Centroamérica con destino a la Unión Americana y Canadá,; y datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez calculan que entre 16 mil y 20 mil niños mexicanos son sujetos de abuso sexual, principalmente en la franja fronteriza y destinos turísticos.

Qué decir del problema migratorio: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe indica que en la frontera sur de México, 70 por ciento de las migrantes es víctima de violencia, de las que 60 por ciento sufre algún tipo de abuso sexual, que llega hasta la violación. Además, la frontera mexicana con Estados Unidos es uno de los lugares más peligrosos, donde las mujeres son víctimas de violencia sexual y prostitución.

Una problemática grave también es la violencia de género en nuestro país. En casos paradigmáticos, estas conductas siguen impunes, pues hay total ausencia de impartición de justicia para las víctimas.

Por mencionar unos casos, tenemos a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, los altos índices de feminicidios en Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Morelos, Guerrero, Quintana Roo y estado de México, la falta de transparencia en los procesos militares por violaciones de niñas y adultas en Coahuila, Michoacán, Chiapas y Veracruz; o la impunidad de los casos de la matanza de Acteal que, a más de 10 años de haber sido perpetrada, aún no se castiga a los responsables de la muerte de 45 indígenas, entre los que hubo embarazadas que fueron brutalmente acribilladas.

Podemos seguir citando cifras y mencionando casos donde la constante es la falta de respeto de los derechos de las mujeres y las condiciones de desigualdad que enfrentan; sin embargo, lo importante es que estas circunstancias nos permitan hacer visible la problemática y que sirvan de base para que adoptemos el compromiso de realizar acciones para abatir esta realidad.

Por ello consideramos de vital importancia que el Congreso de la Unión declare 2009 como Año para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, lo que permitirá lo siguiente:

Hacer visible la problemática que enfrentan las mujeres en el país y la desigualdad que persiste por razones de género.

Reforzar las políticas públicas y acciones de diversa índole que se realizan para reducir la brecha de iniquidad entre mujeres y hombres.

Sumar voluntades políticas para avanzar en el respeto y reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Destacar la importancia del respeto del derecho constitucional de la igualdad entre mujeres y hombres, entre las dependencias e instituciones de la administración pública, así como en los Poderes Legislativo y Judicial de los tres órdenes de gobierno, y de la sociedad en su conjunto.

Es importante avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pues el atraso existente ha sido el detonante de la violencia de género que padecen miles de mujeres en todo el mundo, el país incluido.

Esa violencia se manifiesta también con la aplicación de una política que no garantiza el derecho de las mujeres a la alimentación, la vivienda o la educación, lo que da lugar a la feminización de la pobreza; o que tampoco es capaz de brindar servicios de salud gratuitos y eficientes, o que no garantiza un trato justo y digno en el ámbito laboral o una participación política plena de las mujeres.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se declara 2009 como Año para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo Primero. El honorable Congreso de la Unión declara 2009 como Año para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, toda la correspondencia oficial del Estado deberá contener al rubro o al calce la siguiente leyenda: "2009, Año para la Igualdad entre Mujeres y Hombres".

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2009 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.

Segundo. Las dependencias e instancias de la administración pública federal, así como los Poderes Legislativo y Judicial de los tres niveles de gobierno, con motivo del Año para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, realizarán y promoverán acciones en el ámbito de sus competencias para avanzar en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de mayo de 2008.

Diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica).

Senador: Carlos Lozano de la Torre (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de Equidad y Género. Mayo 21 de 2008.)

QUE CREA LA LEY DE INDULGENCIA PARA PERSONAS MIGRANTES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ JACQUES Y MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 21 DE MAYO DE 2008

El suscrito, José Jacques y Medina, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, 72 y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Indulgencia para Personas Migrantes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Real Academia Española, la "indulgencia" se define como facilidad en perdonar o disimular las culpas o en conceder gracias. Al igual que la "amnistía" (del griego amnestia, "olvido"), es una causa de extinción de la responsabilidad penal, aunque el concepto hasta ahora no se encuentre definido en nuestra normatividad penal.

La amnistía es un acto jurídico, normalmente emanado del poder legislativo, por el que una pluralidad de individuos que habían sido declarados culpables de un delito se consideran inocentes por desaparición de la figura delictiva.

En el caso que nos ocupa, definimos como ley de indulgencia a un acto jurídico que, además de extinguir la responsabilidad penal de migrantes que han ingresado a nuestro país, se añade un componente humanitario para marcar una diferencia con relación a las personas que han cometido algún delito y se ven beneficiados con la amnistía.

A diferencia del indulto, que extingue la responsabilidad penal actuando sobre la pena derivada de un delito (la persona sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena), la amnistía actúa sobre el delito mismo.

Por ello, la amnistía suele tener efectos retroactivos y, entre otros, extingue toda responsabilidad penal o civil y anula los antecedentes penales. Por el mismo motivo, es general, dado que actúa sobre todos los que cometieron ese delito, y no sobre individuos concretos. Del mismo modo pretendemos que opere la indulgencia.

En el caso de la amnistía, su empleo puede ser objeto de polémica, pues puede provocar la impunidad de quienes cometieron graves hechos durante un régimen legal anterior. Con la indulgencia no pretendemos la libertad de personas que hayan cometido delitos previstos por nuestra normatividad secundaria y penal, tales como homicidio, robo, delincuencia organizada, violación, etc. Sus beneficiarios serían solamente aquellas personas que se encuentran detenidas en cárceles federales o locales, estaciones migratorias u otros centros de reclusión, por el simple hecho de haber ingresado a nuestro país de manera irregular.

Lo anterior se sustenta en las recientes reformas a la Ley General de Población. Efectivamente, por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta que envió el Senado con la reforma a dicha ley, a fin de despenalizar la migración y con ello determinar que la internación de personas indocumentadas en el país sea considerada una falta administrativa, y no se castigue con penas que aún alcanzan 10 años de prisión.

Esta modificación deroga los artículos 119, 120, 121, 122, 123 y 124 del ordenamiento, donde se fijaban penas entre 18 meses y seis años de prisión, mientras que en los artículos 118 y 125 se eliminó la pena de hasta 10 años de cárcel.

De este modo, la legislación impondrá multas de 20 a 100 salarios mínimos al extranjero que habiendo sido expulsado se interne nuevamente sin un acuerdo de readmisión y no exprese u oculte su condición para que se le autorice nuevo permiso.

Las multas se impondrán al extranjero que realice actividades para las cuales no esté autorizado conforme a dicha ley o al contenido del permiso de internación que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado. Se aplicarán penas pecuniarias a quienes usen un documento falso o alterado, o que proporcionen datos falsos al ser interrogados por la autoridad en relación con su situación migratoria. Éstos serán sancionados conforme al Código Penal Federal.

Por tales razones se castigará con multas de 100 hasta 500 salarios mínimos al mexicano que contraiga matrimonio con extranjero sólo con el objetivo de que éste pueda radicar en el país.

Al promulgarse estas reformas, estaríamos frente al principio jurídico de retroactividad de la ley cuando beneficia a un reo. El Código Penal Federal señala

Artículo 56. Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo dispuesto en la más favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad que esté conociendo del asunto o ejecutando la sanción, aplicará de oficio la ley más favorable. Cuando el reo hubiese sido sentenciado al término mínimo o al término máximo de la pena prevista y la reforma disminuya dicho término, se estará a la ley más favorable. Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado a una pena entre el término mínimo y el término máximo, se estará a la reducción que resulte en el término medio aritmético conforme a la nueva norma. Estamos ante un hecho sobre el que existen diversas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la siguiente: Quinta Época
Instancia: primera sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: XCIV
Página: 1438

Leyes penales, aplicación de las. El artículo 14 de la constitución política de la república contiene los siguientes mandamientos: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, nadie podrá ser privado de su libertad, sino mediante juicio y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al caso. De estos mandamientos se desprende que todo acto criminal debe ser juzgado y sancionado de acuerdo con las prevenciones contenidas en la ley que rija en la fecha en que ese acto criminal se perpetró. Esta regla sólo sufre dos excepciones, autorizadas por el mismo artículo 14 constitucional, al establecer la irretroactividad de las leyes sólo para casos en que la aplicación retroactiva de la ley se haga en perjuicio de alguna persona, y señaladas por los artículos 56 y 57 del código penal del distrito federal, y esas dos excepciones son las siguientes: cuando con posterioridad a la comisión del delito, se promulga una ley que sanciona ese delito con pena menor, porque entonces, por equidad, se aplica esa última sanción; y cuando con posterioridad se promulgue una ley, según lo cual, el acto considerado por la ley antigua como delito, deja de tener tal carácter, en cuyo caso se manda poner desde luego en libertad al procesado, porque sería ilógico que si el legislador, tiempo después, ha juzgado que no hay motivos para suponer que el orden social se ha podido alterar con el acto que se reputa criminal, el poder público insista en exigir responsabilidad por un hecho que no lo amerita.

Amparo penal en revisión. 879/47. Velázquez Guerrero, Samuel. 24 de noviembre de 1947. Unanimidad de cuatro votos.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas tesis, como la referente a la aplicación de la Ley de Amnistía del Estado de Nuevo León por la autoridad judicial, siempre que la causa se encontrare en la fase de conocimiento por la mencionada autoridad; así mismo, tocará a la autoridad administrativa si el asunto se halla en la fase de la averiguación y que la amnistía extingue la acción penal, pero también la ejecución de su pena.

En síntesis, al aprobarse las reformas a la Ley General de Población en abril pasado, las personas que se encuentra recluidas por su ingreso irregular al territorio nacional deben ponerse en libertad, toda vez que tales reformas eliminan lo que anteriormente se consideraba un delito. Es decir, se descriminaliza la migración.

Y en el mismo tono que impero durante la discusión y aprobación de tales reformas, debemos dar el ejemplo de lo que somos capaces de hacer en nuestro país por los migrantes que ingresan a México, ya sea temporal o permanentemente, y ganar así la autoridad moral para exigir lo mismo a las naciones a las que emigran nuestros compatriotas, particularmente a los Estados Unidos.

De hecho, aquella nación ya ha considerado en otros momentos la amnistía para los migrantes indocumentados. La ley migratoria de 1986 (Immigration Reform Control Act, IRCA), transformó totalmente el patrón migratorio entre México y Estados Unidos desde el punto de vista sociológico y demográfico, en tanto tenía como principal objetivo detener el flujo de indocumentados y regularizar la inmigración. Para ello, se sustentaba en cuatro instrumentos legales: una amnistía amplia para los inmigrantes que residían irregularmente en el país hace varios años; una amnistía restringida para trabajadores agrícolas; un conjunto de medidas y sanciones a los empleadores de inmigrantes indocumentados; y un refuerzo substancial del control fronterizo.

Sin embargo, junto a la implantación del IRCA que hizo aumentar sensiblemente el índice de legalidad de la comunidad migrante mexicana y abrió múltiples oportunidades, otros procesos paralelos jugaron en contra, entre ellos la creciente población indocumentada y las actitudes y leyes represivas y discriminatorias en contra de la población migrante.

Estamos convencidos de que si esas personas fuesen legalizadas y pudieran circular con libertad, la Unión Americana podría concentrarse en los criminales serios que cruzan la frontera y no en los trabajadores migrantes y sus familias.

La amnistía incluso ha sido decretada con éxito en otros países, como Costa Rica y Chile, aunque evidentemente se trata de realidades completamente distintas. El gobierno de Chile anunció un programa de amnistía para cerca de 20 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría de éstos peruanos y bolivianos.

Como resultado de la amnistía, cerca de 15 mil y 2 mil bolivianos que actualmente trabajan en la economía informal chilena, tendrán derecho ahora a residencia legal.

Además este tema ha sido abanderado por nuestras propias autoridades. El 6 de septiembre del 2001, México tomó la ofensiva y obligó a Washington a responder; el tema migratorio se convirtió en el eje de la relación bilateral: se acordó en principio negociar por primera vez de forma bilateral un acuerdo migratorio integral.

El ex presidente Vicente Fox y el ex secretario de Relaciones Exteriores Jorge G. Castañeda presentaron una iniciativa política audaz y radical en torno a la migración, generando grandes expectativas, por tratarse de una propuesta ambiciosa pero a la vez pragmática: la propuesta de "regularizar" o "normalizar" el asunto migratorio con base en una serie integral de iniciativas desde una amnistía condicionada, un nuevo programa de trabajadores huésped, y fondos de desarrollo para zonas que expulsan migrantes.

Entonces, si hemos puesto sobre la mesa el tema de la amnistía a los migrantes mexicanos, debemos ser capaces de ofrecer lo mismo a quienes se encuentran en nuestro país por las mismas causas.

Esta sería una medida humanitaria que busca contrarrestar las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen sobre todo en nuestra frontera del Sur. Las cifras de muertos se incrementan en paralelo a las dificultades que cada uno de los gobiernos va imponiendo en el paso de sus fronteras. De igual manera crecen los centros de detención de migrantes y el volumen de las deportaciones. Se estima que uno de cada 5 migrantes sin papeles consigue lograr su objetivo.

Las personas indocumentadas que aspiran llegar a Estados Unidos pueden durar hasta tres meses en lograr su objetivo. Los "polleros" o "coyotes" cobran entre 4 mil y 9 mil dólares por llevar hasta allá a los indocumentados, cifras que dependen del origen y de la ruta del migrante indocumentado.

Según datos oficiales, México detuvo entre principios de 2005 y finales de 2006 a 422 mil 984 migrantes indocumentados, la mayoría de origen centroamericano y se realizan más de 200 deportaciones diarias hacia El Salvador, Guatemala y Honduras. Las estaciones migratorias están saturadas de detenidos, y muchos migrantes esperan su deportación en centros penitenciarios e incluso cárceles militares, simplemente por el hecho de carecer de la visa requerida para estar en México.

Finalmente, al eliminarse la pena corporal para los migrantes indocumentados, no buscamos que quienes, teniendo esa categoría y encontrándose purgando alguna pena por la comisión de delitos distintos a la internación ilegal a nuestro país, puedan quedar en libertad. Es decir, los miembros de las pandillas transnacionales, tratantes de personas, delincuentes comunes o miembros del crimen organizado no se verían beneficiados por esta ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que crea la Ley de Indulgencia para Personas Migrantes

Artículo 1o. Se decreta amnistía en favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hasta la fecha de entrada en vigor de la presente ley, por su ingreso al territorio nacional de manera indocumentada y/o sin haber realizado los trámites migratorios correspondientes y que se encuentren recluidos en los centros de readaptación social federales o locales o en las estaciones migratorias dependientes de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 2o. Los individuos que se encuentren actualmente sustraídos de la acción de la justicia, dentro o fuera del país, por los motivos a que se refiere el artículo 1o. podrán beneficiarse de la amnistía, condicionada a su presentación ante las autoridades migratorias.

Artículo 3o. Se excluye del beneficio previsto en el artículo 1 a quienes se encuentren cumpliendo alguna sentencia dictada por algún juez por la comisión de delitos del fuero federal y común previstos en las leyes federales o locales.

Artículo 4o. En cumplimiento de esta ley, las autoridades judiciales y administrativas competentes, cancelarán las órdenes de aprehensión pendientes y pondrán en libertad a los sentenciados por haber ingresado de manera indocumentada al territorio nacional.

Artículo 5o. En el caso de que se hubiere interpuesto juicio de amparo por las personas a quienes beneficie esta ley, la autoridad que conozca de él dictará auto de sobreseimiento y se procederá conforme al artículo anterior.

Artículo 7o. Las personas a quienes aproveche la presente ley, no podrán ser en el futuro detenidos ni procesados por los mismos hechos.

Transitorio

Único. Esta ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de mayo de 2008.

Diputado José Jacques y Medina (rúbrica)

(Turna a la Comisión de Justicia. Mayo 21 de 2008.)

Comunicaciones

DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Diputado Raymundo Cárdenas Hernández
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales
Edificio

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el turno dictado a la iniciativa que reforma el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), presentada por legisladores de diversos grupos parlamentarios el 24 de mayo de 2008.

Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia. México, DF, a 20 de mayo de2008.

Diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela (rúbrica)

Secretaria
Diputada Patricia Villanueva Abraján (rúbrica)
Secretaria

Diputado César Octavio Camacho Quiroz
Presidente de la Comisión de Justicia
Edificio

Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia. México, DF, a 20 de mayo de2008.