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Dictámenes de primera lectura
- De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Salud, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 378 Bis y 456 Bis de la Ley General de Salud.
- De la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
- De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
- De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alejandro Díaz y Pérez Duarte para aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden del Fénix, que le otorga el gobierno de la República Helénica.
- De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al general Guillermo Galván Galván para aceptar y usar la condecoración "Cruz Peruana al Mérito Militar", en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Perú.
- De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Óscar Cruz Barney para aceptar y usar la condecoración "Caballero de Mérito de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge", que le otorga el gobierno del Reino de España.
- De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a solicitar al gobierno de Estados Unidos de América –mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores– que detenga la construcción del muro fronterizo.
- De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo relativo al tema de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad para América del Norte.
- De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados se solidariza con el pueblo ucraniano con motivo de la reciente conmemoración del 75 aniversario del holodomor.
- De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados se solidariza con las iniciativas de los congresistas estadounidenses que benefician y promueven el desarrollo socioeconómico de México.
- De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo relativo al proyecto de resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas para poner fin al bloqueo económico impuesto a la República de Cuba por Estados Unidos de América.
- De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados respalda el comunicado de prensa número 050-27/03/2007, de la Secretaría de Gobernación, y solicita a la Iglesia Católica que se conduzca dentro del marco legal mexicano.
- De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo para la realización de un juicio justo y legal de cinco presos cubanos.
- De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reforzar la seguridad en las representaciones consulares.
- De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instaurar estrategias que permitan proteger a nuestros connacionales ante las leyes estadounidenses antiinmigrantes.
- De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo relativos al uso de gases lacrimógenos en la frontera Estados Unidos de América-México.
- De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo relativos a la discusión con el gobierno de Estados Unidos de América sobre una reforma migratoria integral.
- De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo relativos al tema de la política migratoria en México.
Dictámenes
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, Y DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 378 BIS Y 456 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD
A las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Salud de la LX Legislatura fue turnada, para su estudio y posterior dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Sanidad Animal, y General de Salud, presentada por los diputados Ector Jaime Ramírez Barba y Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Salud de LX Legislatura, con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 39, 44 y 45, y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente
Metodología
Las comisiones encargadas del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrollan su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:
II. En el capítulo correspondiente a "Contenido", se sintetiza el alcance de la propuesta de reformas en estudio.
III. En el capítulo de "Consideraciones", las comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.
En sesión celebrada con fecha 1 de marzo de 2007 por la honorable Cámara de Diputados, fue presentada por los diputados Éctor Jaime Ramírez Barba y Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de Sanidad Animal, y General de Salud.
Con la misma fecha la Mesa Directiva de este honorable órgano legislativo turnó la mencionada iniciativa a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Salud para su estudio y posterior dictamen.
II. Contenido
En su exposición de motivos los promoventes manifiestan su preocupación por el aumento en casos de enfermedades provocadas por el consumo humano de carne bovina a la que se le han administrado sustancias conocidas como betaanálogos y que provocan un riesgo para la salud humana.
Afirman que durante los últimos años las sustancias conocidas como betaagonistas se han utilizado en la alimentación del llamado "ganado de engorda"; sin embargo, algunas de estas sustancias, como el caso del clembuterol, son dañinos para la salud humana.
Asimismo, señalan que según las cifras proporcionadas por la Dirección General de Epidemiología, hasta el mes de mayo de 2006 se presentaron un total de mil 357 casos en el país.
Por este motivo y para evitar que el número siga en incremento, proponen diversas reformas a la Ley de Sanidad Animal y a la Ley General de Salud para dotar tanto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, así como a la Secretaría de Salud de instrumentos para detener la práctica de engordar al ganado con sustancias dañinas para la salud de los consumidores.
III. Consideraciones
La incidencia de casos de personas afectadas por haber consumido carne de bovino que contiene betaagonistas como el clembuterol, ha sido una preocupación recurrente de los legisladores, que no se limita a esta legislatura, hay un numero significativo de iniciativas tendientes a castigar a quienes se ven beneficiados económicamente con la engorda de animales mediante la administración de estas sustancias.
La iniciativa objeto del presente dictamen difiere con otras que buscan el mismo objetivo en el sentido de que no prohíbe expresamente la importación o el uso de sustancias conocidas como betaanálogos, ya que como lo señala el propio texto de la iniciativa, estos tienen usos medicinales, por ejemplo para enfermedades como el asma.
La iniciativa en comento propone adicionar un artículo 15 Bis a la Ley de Sanidad Animal, en el cual se faculta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación a emitir, a través de disposiciones generales publicadas en el Diario Oficial de la Federación los nombres de las sustancias que impliquen un riesgo zoosanitario, relacionando directamente este artículo con las acciones que se mencionan en la reforma al artículo 63 de la misma ley y que a la letra dice:
A pesar de lo anterior y para contribuir al combate del uso indebido de las sustancias conocidas como betaagonistas, la iniciativa busca facultar a la Secretaría de Salud para sancionar con una pena de cuatro a diez años de prisión y con cuatrocientos a mil días multa al que con fines de lucro produzca, manufacture, fabrique, elabore, prepare, acondicione, trafique, venda, compre o adquiera, enajene, suministre, introduzca o extraiga del país, administre, distribuya, almacene o posea animales destinados al consumo humano a los que se les hayan administrado las sustancias a las que se refiere el artículo 378 Bis de esta Ley, o productos o subproductos de los mismos, destinados al consumo humano que contengan dichas sustancias.
La adición del artículo 378 Bis a la Ley General de Salud, otorga a la secretaría facultades para emitir los nombres de las sustancias que se consideran como dañinas para la salud humana.
La iniciativa de mérito busca de esta manera facultar a la Secretaría, tanto de Salud para no sólo regular los productos y subproductos de origen animal, así como los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios, para uso en animales o consumo por ellos que constituyan un riesgo sanitario; sino para sancionar el uso inadecuado de dichas sustancias, colaborando así con la erradicación de estas prácticas.
La necesidad de detener a quienes utilizan betaagonistas como método de engorda de animales de consumo humano, es inminente ya que, como se señala en la exposición de motivos de la iniciativa, la incidencia de casos es muy significativa; tan sólo en el estado de Jalisco, uno de los más afectados por estas prácticas, entre 2003 y 2006 se presentaron 608 casos, cuando a nivel nacional la incidencia excede los mil 300; lo anterior sólo es una muestra de la importancia que tiene este problema en algunas entidades federativas y nuestra responsabilidad de otorgar a las autoridades las herramientas jurídicas necesarias para impedir las practicas ganaderas a que nos hemos referido.
Por estos motivos las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Salud de la LX Legislatura, coincidimos con el texto de la reforma planteada y con las atribuciones que otorgan los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente proyecto de
Decreto que adiciona los artículos 378 Bis y 456 Bis a la Ley General de Salud.
Artículo Único. Se adicionan los artículos 378 Bis y 456 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 378 Bis. La Secretaría podrá emitir, a través de disposiciones generales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, los nombres de las sustancias que por su naturaleza o desvío de su uso originario pongan en riesgo la salud humana, sin que la falta de dicha publicación sea motivo para no perseguir a los probables responsables de las conductas delictivas previstas en el artículo 456 Bis de esta ley.
Artículo 456 Bis. Será sancionado con una pena de cuatro a diez años de prisión y con cuatrocientos a mil días multa al que con fines de lucro produzca, manufacture, fabrique, elabore, prepare, acondicione, trafique, venda, compre o adquiera, enajene, suministre, introduzca o extraiga del país, administre, distribuya, almacene o posea animales destinados al consumo humano a los que se les hayan administrado las sustancias a las que se refiere el artículo 378 Bis de esta Ley, o productos o subproductos de los mismos, destinados al consumo humano que contengan dichas sustancias.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Segundo. La Secretaría de Salud contará con un plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación del presente decreto para emitir las disposiciones respectivas.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina, Daniel Dehesa Mora, Nemesio Domínguez Domínguez (rúbrica), Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo, Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica), Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez, María Gloria Guadalupe Valenzuela García, Patricia Villanueva Abraján.
La Comisión de Agricultura y Ganadería
Diputados: Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica), presidente; Pedro Armendáriz García (rúbrica), Armando Jesús Félix Holguín (rúbrica), Íñigo Antonio Laviada Hernández (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez, Celso Pulido Santiago (rúbrica), Daniel Pérez Valdés, Isael Villa Villa (rúbrica), secretarios; Ramón Barajas López (rúbrica), Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica), Amador Campos Aburto, Osiel Castro de la Rosa (rúbrica), Francisco Domínguez Servién (rúbrica), José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Gerardo Antonio Escaroz Soler (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís, David Lara Compeán (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, Irineo Mendoza Mendoza, Susana Monreal Ávila (rúbrica), José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), Francisco Javier Plascencia Alonso, Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel, José Víctor Sánchez Trujillo (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar.
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO
Honorable Asamblea
A la Comisión de Relaciones Exteriores fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Esta comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, fracciones I y III, y 45, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente
Dictamen
Antecedentes
1. Con fecha 4 de diciembre de 2007, el diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
2. En la misma fecha, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, iniciándose el proceso de análisis y consulta a efecto de elaborar el presente dictamen, de conformidad con las siguientes consideraciones:
Contenido de la iniciativa
La iniciativa que se dictamina pretende reformar los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:
Capítulo IV
De los Embajadores y Cónsules Generales
Artículo 19. Sin perjuicio de lo que dispone la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación de embajadores y cónsules generales la hará el presidente de la república, entre los funcionarios de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular, otorgando prioridad a los miembros del servicio exterior mexicano que tengan probada experiencia.
…
Artículo 20. Para ser designado embajador o cónsul general se requiere ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 30 años de edad, ser prioritariamente miembro de carrera del servicio exterior mexicano con probada experiencia y reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo.
…
Análisis de la iniciativa
La iniciativa presentada por el diputado Jesús Sesma Suárez tiene como objetivo principal permitir que los profesionales de carrera del servicio exterior mexicano tengan prioridad de ser elegidos para dirigir la política exterior mexicana conforme a su preparación y conocimientos especializados.
Dentro de los argumentos utilizados en la exposición de motivos de la iniciativa se señala que el personal de carrera, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Servicio Exterior Mexicano, es permanente y su desempeño se basa en los principios de preparación, competencia, capacidad y superación constante, a fin de establecer un servicio permanente para la ejecución de la política exterior de México.
En este sentido, es necesario mencionar que el artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano (SEM) establece que, "sin perjuicio de lo que dispone la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación de embajadores y cónsules generales la hará el presidente de la república, preferentemente entre los funcionarios de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular".
Sin embargo, el promovente considera que el término preferentemente es el que ha otorgado al Ejecutivo federal la prerrogativa de designar ciudadanos que no han pasado por el servicio exterior mexicano, por lo que es necesario que el nombramiento de dichos funcionarios se dé prioritariamente entre los miembros de ese cuerpo profesionalizado.
Por otra parte, el artículo 20 de la misma ley establece que "para ser designado embajador o cónsul general se requiere ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 30 años de edad y reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo".
En este sentido, el diputado promovente considera que es de vital importancia que, además de reunir los requisitos anteriores, se otorgue prioridad a los que son miembros del servicio exterior mexicano.
La Comisión de Relaciones Exteriores coincide con el espíritu general de la propuesta, que es permitir que los profesionales de carrera del servicio exterior mexicano sean elegidos para dirigir la política exterior mexicana.
Por lo expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Decreto
Artículo Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:
Artículo 20. Para ser designado embajador o cónsul general se requiere ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 30 años de edad, ser preferentemente miembro de carrera del servicio exterior mexicano y reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo.
…
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, a 13 de febrero de 2008.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitín (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís, Alliet Mariana Bautista Bravo, César Octavio Camacho Quiroz, María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Alejandro Chanona Burguete, Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez, José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Murat, José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados perteneciente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada el 19 de abril del año 2007, por el diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Esta Comisión elaboró el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2 fracción III y numeral 3; los artículos 44, 45 numeral 1, 4, 6 incisos d) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo somete a la consideración de esta honorable Asamblea, de acuerdo con los siguientes:
Antecedentes
Primero. Con fecha 19 de abril de 2007, el diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Segundo. Con fecha 25 de abril de 2007, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Con base en los antecedentes expuestos, los integrantes de esta Comisión hacemos de su conocimiento el siguiente:
Contenido de la iniciativa
1) El objetivo de la iniciativa del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo es adicionar una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que señala las facultades del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en los siguientes términos:
2. El legislador advierte la importancia de de atender a los adultos mayores en México, ya que: "En la mayoría de los casos son personas que son relegados, abandonados, humillados por su propio núcleo familiar, con el principal pretexto que no tienen quien los cuide ni el poder económico para su manutención, tanto a él como a una persona que lo asista, y son llevados a las casas hogar para personas de la tercera edad, mal llamados asilos de ancianos, sin importarles la calidad de la asistencia que se les proporciona".
3. Afirma que: "Los asilos de ancianos en su mayoría se crean bajo el régimen de asociaciones civiles o como personas morales de carácter civil, y su financiamiento generalmente depende de las donaciones voluntarias de particulares, y en algunos casos son apoyados por los gobiernos municipales o estatales".
4. En la Exposición de Motivos, considera que: "El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) se encargue de la verificación de las instituciones que brindan asistencia a las personas de la tercera edad para revisar que tengan el espacio necesario de recreación para que las personas internadas puedan desarrollar sus capacidades intelectuales y físicas".
5. Finalmente, el legislador propone: "Crear un registro único de casas hogar para adultos mayores a nivel nacional, por parte del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para que éste pueda brindar los servicios y prestar la atención a todas aquellas instituciones tanto públicas como privadas, y verificar el correcto funcionamiento de las casas hogar, las condiciones de vida de las personas y la capacitación de su personal".
Consideraciones
I. La iniciativa en estudio propone adicionar una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores a fin de que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tenga bajo su responsabilidad la creación de: "un registro único de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores".
II. Esta Comisión considera viable la propuesta ya que siendo México un país que en el año 2000 residían 6.9 millones de personas de 60 años o más, en 2030 serán 22.2 millones y se espera que para la mitad del siglo alcancen 36.2 millones. Cabe destacar que 72 por ciento de este incremento ocurrirá a partir del 2020, lo que brinda al país apenas dos décadas para preparar las condiciones que permitan encarar adecuadamente este proceso.1
Asimismo, el Centro Nacional de Investigaciones y Estudios de Geriatría y Gerontología informó durante el 2003 la existencia de tan sólo 411 asilos para personas adultas mayores y personas con discapacidad, los cuales son operados por la iniciativa privada. Aseverando que los espacios públicos no son contabilizados por el INEGI.2
El Instituto Nacional de las Personas Adultas (Inapam) cuenta actualmente con sólo 6 albergues ubicados en el Distrito Federal, Guanajuato y Oaxaca. En ellos se proporciona alojamiento definitivo y sustento a las personas adultas mayores que carecen de una familia que les pueda proporcionar medios económicos. El Instituto además tiene 7 residencias de día, en el DF y Zacatecas para atender a las personas que aún se desenvuelven en el seno familiar con el objeto de que aproveche su tiempo libre, cultiven y desarrollen sus aficiones personales para mantenerlos interesados en el mundo que les rodea.3
III. El Legislador propone: "verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de calidad de vida", sin embargo, estas atribuciones ya se encuentran contenidas en la misma Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y en el Estatuto Orgánico del Inapam:
XIII. Realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de calidad de vida.
XIV. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, de las anomalías que se detecten durante las visitas realizadas a los lugares que se mencionan en la fracción anterior, podrá también hacer del conocimiento público dichas anomalías;"
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores:
Artículo 5. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes facultades:
Promover en coordinación con las autoridades competentes y en los términos de la legislación aplicable, que la prestación de los servicios y atención que se brinde a los adultos mayores, en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención, se realice con calidad y cumplan con sus programas, objetivos y metas para su desarrollo humano integral;
XII. Brindar asesoría y orientación en la realización de sus programas y la capacitación que requiere el personal de las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro que brinden servicios y atención a los adultos mayores;
XIII. Realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención a los adultos mayores, para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de la calidad de vida;
XIV. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes de las anomalías que se detecten durante las visitas realizadas a los lugares que se mencionan en la fracción anterior; podrá también hacer del conocimiento público dichas anomalías;
Por todo lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables concluyen que la propuesta presentada por el legislador tiene buenas intenciones y va acorde con las necesidades de este sector de la sociedad, por lo que se emite el siguiente:
Decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
Único. Se adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:
Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:
XXX. Crear un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores.
Primero. El presente decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en este decreto y en razón de su competencia, corresponda ejecutar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Notas:
1 Conapo, 2004
2 Foro Nacional: "Envejeciendo en la pobreza, género, salud y calidad de vida", Noviembre, 2003.
3 Reglamento Interno, "Albergues y residencias", INAPAM, 2005.
Dado en la sala de juntas de la Comisión, a los 23 días del mes de enero del año 2008.
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, Irene Aragón Castillo, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonso, Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunas (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas, María del Carmen Pinete Vargas, Jorge Quintero Bello, Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Marta Angélica Tagle Martínez, Mario Vallejo Estevez, Martín Zepeda Hernández (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO ALEJANDRO DÍAZ Y PÉREZ DUARTE PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA GRAN CRUZ DE LA ORDEN DEL FÉNIX, QUE LE OTORGA EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA HELÉNICA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alejandro Díaz y Pérez Duarte para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden del Fénix que le otorga el gobierno de la República Helénica.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción III, del Apartado C), del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente:
Proyecto de Decreto
Articulo Único. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Díaz y Pérez Duarte para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden del Fénix que le otorga el gobierno de la República Helénica.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 6 de febrero de 2008.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Narciso Alberto Amador Leal, Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL GENERAL GUILLERMO GALVÁN GALVÁN PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN "CRUZ PERUANA AL MÉRITO MILITAR", EN GRADO DE GRAN CRUZ, QUE LE OTORGA EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PERÚ
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación que suscribe, el 1o. de febrero de 2008, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al general Guillermo Galván Galván, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la "Cruz Peruana al Mérito Militar", en grado de "Gran Cruz", que le otorga el gobierno de la República del Perú.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III, del Apartado C), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
Proyecto de Decreto
Articulo Único. Se concede permiso al general Guillermo Galván Galván, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la "Cruz Peruana al Mérito Militar", en grado de "Gran Cruz", que le otorga el gobierno de la República del Perú.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-México, DF, a 6 de febrero de 2008.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO ÓSCAR CRUZ BARNEY PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN "CABALLERO DE MÉRITO DE LA SACRA Y MILITAR ORDEN CONSTANTINIANA DE SAN JORGE", QUE LE OTORGA EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación, que suscribe, le fue turnado para estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Óscar Cruz Barney para que pueda aceptar y usar la condecoración "Caballero de Mérito de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge", que le otorga el gobierno del Reino de España.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del Apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Óscar Cruz Barney para que pueda aceptar y usar la condecoración "Caballero de Mérito de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge", que le otorga el gobierno del Reino de España.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 de febrero de 2008.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA –MEDIANTE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES– QUE DETENGA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO FRONTERIZO
Honorable Asamblea:
La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente
Dictamen
Antecedentes
El 13 de diciembre de 2007 el diputado Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se solicite al gobierno estadounidense que detenga la construcción del muro fronterizo.
En esa misma fecha la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores de la honorable Cámara de Diputados para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
El diputado promovente funda su interés en el dictamen emitido el 6 de octubre de 2007 por la juez federal Ellen Segal Huvelle, en el cual se solicitó que se detuviera la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos dentro de una franja de 1.5 millas ubicada en un área de conservación de Arizona.
En la resolución se argumenta que no se ha realizado el estudio de impacto ambiental adecuadamente en la zona y presume que el gobierno estadounidense actuó de manera acelerada. Sin embargo, es de suma importancia mencionar que la misma juez declaró que el Departamento de Seguridad Nacional cuenta con la autoridad legal necesaria para realizar la construcción del muro sin considerar la legislación ambiental y a pesar de la resolución emitida. Posteriormente, Michael Chertoff, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó que haría uso de las facultades que se le otorgan en el llamado Real ID Act de 2005 para llevar a cabo la construcción del muro fronterizo en la mencionada franja de Arizona.
La Comisión de Relaciones Exteriores presenta el siguiente dictamen de acuerdo a las siguientes
Consideraciones
La construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos tiene su origen en la aprobación de la Ley del Muro de Seguridad de 2006 (Secure Fence Act)1 en la que el gobierno de Estados Unidos autoriza la construcción de más de 700 millas de vallas y barreras a lo largo de la frontera sur con México.
La diferencia en los niveles de desarrollo entre México y Estados Unidos constituyen una frontera de enormes magnitudes y complejidades, cuya geometría y esencia se define día con día. A lo largo de la historia del desarrollo social y económico de América del Norte, esta frontera ha representado y sigue representando el mayor reto para la integración comercial y económica de sus naciones.
Sin embargo, la seguridad nacional suplantó cualquier otro tema en la política exterior de Estados Unidos, y su gobierno federal procedió a su aplicación. La preocupación por la migración mexicana se fusionó con el miedo al ingreso de terroristas por sus fronteras, y la agenda de seguridad interna en Estados Unidos desplazó, entre otras, a la agenda ambiental en la frontera con México.
La iniciativa de construir una barrera física en la frontera entre México y Estados Unidos ha despertado la preocupación de ecologistas y especialistas por la perturbación que tendrá esa barrera sobre ecosistemas notables que se encuentran a lo largo de la línea internacional.
Por lo anterior, en marzo de 2005, las organizaciones ambientalistas Defensores de la Vida Silvestre y Proyecto de Tierras Silvestres (Defenders of Wildlife y Wildlands Project)2 realizaron un primer taller en Tucson, Arizona convocando a actores importantes de la región. Un segundo taller se celebró en octubre de 2006, teniendo como metas: (1) identificar los corredores de vida silvestre y las especies más sensibles en Arizona y Nuevo México, y (2) recomendar alternativas para la mitigación y protección de estos recursos.
Por su parte, el gobierno mexicano celebró en mayo de 2007 el primer Taller técnico-científico sobre los posibles impactos ambientales del muro fronterizo.
Los talleres mencionados en el párrafo anterior fueron los primeros esfuerzos realizados para identificar las consecuencias ambientales del muro.
Como resultado de estos trabajos, se emitió un informe en el que se confirma que la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos afecta ecosistemas integrados, entre los que se cuenta el desierto sonorense, compuesto por áreas naturales protegidas, algunas de las cuales han sido, incluso, declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Este impacto es resultado de cambios en la topografía y erosión del suelo, acumulación de desechos, alteración de los escurrimientos naturales de agua, inundaciones, bloqueo al tránsito natural de especies, afectación a los movimientos migratorios de la fauna, barreras al intercambio genético, decaimiento de la resistencia ecológica frente a variaciones ambientales como el cambio climático y cambio de conducta y de distribución de especies.3 Todo esto en detrimento de la biodiversidad que comparten ambos países.
Desafortunadamente, la estrategia y acciones de Estados Unidos por alcanzar mayor seguridad se contraponen a los principios de colaboración y buena vecindad con el Estado Mexicano.
Lo anterior, tomando en cuenta que en el contexto de una creciente interdependencia entre ambos países, los gobiernos de México y Estados Unidos definieron como prioritario estimular el desarrollo económico y, como vía para ello, facilitar el intercambio de bienes y servicios entre ambas economías.
En materia ambiental, los dos países manifestaron que están "convencidos de la importancia de conservar, proteger y mejorar el medio ambiente y de que la cooperación en estos terrenos es un elemento esencial para alcanzar el desarrollo sustentable, en beneficio de las generaciones presentes y futuras".
No obstante, la construcción de un muro fronterizo limita el desarrollo comercial y daña los acuerdos alcanzados a nivel ambiental.
Hace más de dos décadas que Estados Unidos y México coincidieron en las formas de armonizar su vecindad en materia ambiental mediante la firma del Convenio sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza, también conocido como Convenio de La Paz,4 el cual funciona como un mecanismo de solución de controversias a fin de dar curso a las situaciones de daño ambiental transfronterizo, iniciando con la obligación de llevar a cabo consultas sobre proyectos que puedan afectar la zona fronteriza. Lamentablemente la gestión conjunta alcanzada entre dependencias homólogas se ha desarticulado por un solo objetivo mal concebido, como es el reforzamiento de la seguridad por medio de la construcción de un muro fronterizo.
Durante esas dos décadas, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA) se convirtió en el soporte principal de una sucesión de programas, como el Integral Ambiental Fronterizo, el Frontera XXI, y el Frontera 2012. Esta colaboración ambiental entre ambos países ha sido un factor en el desarrollo institucional no sólo de la gestión ambiental del gobierno federal mexicano, sino también de los gobiernos estatales fronterizos."5
Ante esta situación, la Comisión de Relaciones Exteriores considera que es de suma importancia definir agendas de trabajo orientadas a la protección del medio ambiente en esta franja compartida.
Asimismo, es importante señalar que el Gobierno de México ha declarado que continuará identificando e instrumentando medidas para mitigar y, en la medida de lo posible, resolver los efectos medioambientales negativos de la construcción del muro fronterizo, además como se ha manifestado en diversas ocasiones, la Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza la construcción del muro, tanto por las afectaciones medioambientales que ocasiona, como por ser contrario al espíritu de colaboración que debe existir entre nuestras dos naciones para enfrentar desafíos comunes y por ser una medida que no atiende genuinamente las exigencias que el fenómeno migratorio representa para ambos países.
Por lo anteriormente expuesto, la comisión somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se solicite al gobierno de los Estados Unidos de América que detenga la construcción del muro fronterizo, por las afectaciones medioambientales que provocaría, entre otros efectos.
Notas:
1. Para consultar el contenido de la ley, revise The Library of Congress [en línea], disponible en: <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/C?c109:./temp/~c109m0XyZA>
2. Para una descripción más detallada, consulte Defenders of Wild Life [en línea], disponible en: http://www.defenders.org/index.php y Wildlands Project" [en línea], disponible en http://www.twp.org/cms/index.cfm?group_id=1000
3. Gobierno de México. Secretaría de Relaciones Exteriores. Posibles efectos en el medio ambiente derivados de la construcción de una barrera física en la frontera México-Estados Unidos. (2007). Extraído en enero 30 de 2007 de http://www.sre.gob.mx/csocial/contenido/comunicados/2007/aug/cp_199.html
4. Para una descripción más detallada, consulte el Convenio entre México y Estados Unidos sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente [en línea], disponible en: <http://www.usembassy-mexico.gov/sEnv_Ambiente_LaPaz.html>
5. Gobierno de México. Instituto Nacional de Ecología. Una barrera a nuestro ambiente compartido: El muro fronterizo entre México y Estados Unidos, 2007. Extraído en enero 30 de 2007 de http://www.ine.gob.mx/publicaciones/libros/518/introd.pdf
Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, a 13 de febrero de 2008.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitín (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athie (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís, Alliet Mariana Bautista Bravo, César Octavio Camacho Quiroz, María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez, José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Murat, José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL TEMA DE LA ALIANZA PARA LA SEGURIDAD Y LA PROSPERIDAD PARA AMÉRICA DEL NORTE
Honorable Asamblea
A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnado, para su estudio y elaboración de dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a informar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el contenido y el avance de los compromisos asumidos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, de manera que permita otorgar un seguimiento institucionalizado y permanente, a través de sus Comisiones de Relaciones Exteriores, y Bicamaral de Seguridad Nacional.
La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la honorable asamblea el siguiente:
Dictamen
Antecedentes
El 13 de diciembre de 2007, el diputado Alejandro Chanona Burguete, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a informar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a este Congreso de la Unión sobre el contenido y el avance de los compromisos asumidos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, de manera que permita otorgar un seguimiento institucionalizado y permanente, a través de sus Comisiones de Relaciones Exteriores, y Bicameral de Seguridad Nacional.
En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
La Comisión de Relaciones Exteriores presenta el siguiente dictamen de acuerdo a las siguientes:
Consideraciones
La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) se estableció el 23 de marzo de 2005, con el objetivo de construir nuevos espacios de cooperación a efecto de dotar de mayor seguridad a las sociedades, hacer empresas más competitivas y economías más sólidas.
En materia comercial, la ASPAN retoma los temas que se han trabajado en el seno de la Comisión del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). La Agenda de Prosperidad de la ASPAN busca incrementar la productividad y minimizar los costos de transacción a través de: reducción de barreras regulatorias, compatibilidad de normas, flexibilización de reglas de origen y la creación de mecanismos para aumentar la competitividad de sectores específicos tales como textil, confección, acero y automovilístico.
La Comisión de Relaciones Exteriores considera que la relación que mantiene México con Estados Unidos de América y Canadá se ubica dentro de un esquema global, en el que resulta esencial formular objetivos concretos y claros, teniendo siempre presente los intereses de México.
Asimismo, el promovente considera esencial mantener informados a los legisladores del país sobre los acuerdos y compromisos pactados en el ámbito internacional y sobre todo en el tema de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).
Lo anterior, debido a que el Congreso tiene ante este asunto una doble obligación y competencia constitucional. Por un lado, la responsabilidad de analizar la política exterior a la luz del espíritu de los principios que la norman, contenidos en el artículo 89, fracción X. Por el otro, sus facultades en materia de seguridad nacional, comprendidas en el artículo 73, fracción XXIX-M, mediante el cual se reconoce en este órgano su competencia para "expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes".
Por lo anterior, esta comisión somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a informar a este Congreso de la Unión sobre el contenido y el avance de los compromisos asumidos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, de manera que permita otorgar un seguimiento institucionalizado y permanente, a través de sus Comisiones de Relaciones Exteriores, y Bicameral de Seguridad Nacional.
Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, a 13 de febrero de 2008.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitín (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athie (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís, Alliet Mariana Bautista Bravo, César Octavio Camacho Quiroz, María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez, José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Murat, José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO UCRANIANO CON MOTIVO DE LA RECIENTE CONMEMORACIÓN DEL 75 ANIVERSARIO DEL HOLODOMOR
Honorable Asamblea
La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente
Dictamen
Antecedentes
1. El 13 de diciembre de 2007 el diputado Gerardo Buganza Salmerón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados expresa su solidaridad con el pueblo ucraniano, con motivo de la conmemoración del septuagésimo quinto aniversario del Holodomor de los años 1932-1933; asimismo, califica este lamentable hecho como un acto de genocidio y apela para que sucesos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.
2. El 23 de enero de 2008 la diputada Omeheira López Reyna, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente manifiesta su solidaridad con el pueblo de Ucrania y se adhiere al pronunciamiento del presidente de esa nación, para reconocer el Holodomor de los años 1932-1933 como un acto de genocidio.
En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados y de la Comisión Permanente, respectivamente, turnaron las proposiciones con punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para su análisis y elaboración de los dictámenes correspondientes.
La Comisión de Relaciones Exteriores presenta este dictamen de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
La hambruna de los años 1932-1933 ocurrió en las mismas regiones de Ucrania que la del año 1921, con la diferencia que esta vez las causas fueron factores prominentemente políticos.
El momento álgido del Holodomor1 se produjo en la primavera del año 1933. Entonces, en Ucrania, morían de hambre 17 personas por minuto, mil por hora, casi 25 mil por día. Según datos de científicos y expertos, debido al Holodomor, la población de Ucrania disminuyó entre 8 y 10 millones de personas.
La Hambruna de los años 1932-1933 no fue un fenómeno casual de origen natural o social. Fue una consecuencia del terror por hambre, aplicado por un Estado totalitario con un fin determinado.
El aniquilamiento físico masivo de los agricultores ucranianos, por medio del hambre artificial, fue un consciente acto de un sistema político contra gente pacífica, a cuya consecuencia desapareció no sólo una numerosa capa de prósperos y libres campesinos empresarios, sino también varias generaciones de la población rural. Fueron socavadas las bases sociales de la nación, sus tradiciones, su cultura espiritual y autóctona.
La Comisión Internacional de Juristas del Congreso de Estados Unidos de América, formada a instancias y esfuerzos de la emigración ucraniana en ese país y encabezada por el científico James Mace, denominó el Holodomor de 1932-1933 en Ucrania como genocidio.
Es importante destacar que el concepto de "genocidio" fue introducido en el campo internacional por una resolución de la ONU del día 11 de diciembre de 1946, que rezaba: "De acuerdo con las normas del derecho internacional, el genocidio es un crimen, que es condenado por el mundo civilizado y por su realización, los principales culpables deben estar sujetos a castigo".
En 2003, en la quincuagésima octava sesión de la Asamblea General de la ONU, por primera vez en la historia de este organismo internacional, hubo una declaración conjunta de las delegaciones de los estados miembros que designó el Holodomor de los años 1932-1933 como una tragedia nacional del pueblo ucraniano, declaró los pésames a sus víctimas y apeló a todos los Estados miembros de la organización, a sus entidades especializadas, a las organizaciones regionales e internacionales, a los fondos y asociaciones, a presentar tributo a la memoria de todos aquellos que fallecieron en este trágico período de la historia.
Asimismo, el Holodomor fue reconocido como genocidio por los parlamentos de trece países, entre los que se encuentran la declaración de homenaje a las víctimas del Holodomor en Ucrania de los años 1932-1933, aprobado por el Senado de la República Argentina el 23 de septiembre del 2003; la resolución del Senado canadiense, del 19 de junio del 2003, apelando a su gobierno a reconocer el Holodomor en Ucrania de los años 1932-1933 y condenar cualquier tipo de intento de ocultar la verdad histórica sobre el hecho que esta tragedia no fue otra cosa que un genocidio; y la resolución de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos de América número 356 del 20 de octubre del año 2003 y también la reciente aprobación de la resolución de permitir la construcción, en un predio de la ciudad de Washington, de un monumento a las víctimas del Holodomor-genocidio.
Por lo anteriormente expuesto, la comisión somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión expresa su solidaridad con el pueblo ucraniano, con motivo de la reciente conmemoración del septuagésimo quinto aniversario del Holodomor de los años 1932-1933, asimismo califica este lamentable hecho como un acto de genocidio y apela para que sucesos de esta naturaleza no se repitan.
Nota:
1 Hambruna
Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, a 13 de febrero de 2008.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitín (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athie (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís, Alliet Mariana Bautista Bravo, César Octavio Camacho Quiroz, María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez, José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Murat, José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE SOLIDARIZA CON LAS INICIATIVAS DE LOS CONGRESISTAS ESTADOUNIDENSES QUE BENEFICIAN Y PROMUEVEN EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO
Honorable Asamblea
A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnado para su estudio y elaboración de dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados para que a través de la presidencia de la Mesa Directiva, realice un pronunciamiento respetuoso y acorde con los buenos oficios de apoyo y solidaridad con la iniciativa norteamericana H.R. 502, presentada por la diputada María Dolores González Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la honorable asamblea el siguiente:
Dictamen
Antecedentes
El 26 de abril de 2007, la diputada María Dolores González Sánchez, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados para que a través del presidente de su Mesa Directiva, realice un pronunciamiento respetuoso y acorde con los buenos oficios de apoyo y solidaridad con la iniciativa norteamericana H.R. 502*.
En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta Honorable Asamblea turnó la Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
La proposición con punto de acuerdo de la diputada María Dolores González Sánchez funda su interés en la iniciativa de ley H.R. 502 que el congresista norteamericano Henry Cuellar presentó el 17 de enero de 2007 ante la Cámara de Representantes, la cual tiene como finalidad reformar la Ley de Asistencia Exterior de 1961 para autorizar apoyo para mejorar la seguridad y promover el desarrollo económico en México.
La promovente del punto de acuerdo señala que Estados Unidos ha gastado en los últimos doce años 30 mil millones de dólares para fortalecer la vigilancia en su frontera con México, y que nuestro país, por su parte, ha invertido en diversos programas, que buscan disminuir la tasa de expulsión de connacionales hacia el país vecino, y apoyar a través de las representaciones consulares en Estados Unidos de América a los mexicanos que se ubican en una estancia "ilegal". Esta situación de tránsito y flujo de personas indocumentadas entre los dos países es aprovechado por las redes de traficantes de personas y por el narcotráfico, cuya situación representa un problema para ambos países.
La Comisión de Relaciones Exteriores presenta el siguiente dictamen de acuerdo a las siguientes
Consideraciones
La iniciativa H.R. 502 del legislador Henry Cuellar, se sustenta en el alarmante aumento de drogas ilícitas, violencia, precaria seguridad y actividades criminales en la frontera. Asimismo argumenta que México como vecino y segundo socio comercial merece el apoyo de Estados Unidos para tomar medidas que logren mejorar la seguridad y promover su desarrollo económico.
Esta iniciativa solicita al Congreso de Estados Unidos el apoyo para el desarrollo social de México. La iniciativa está planteada desde la perspectiva de socio y buen vecino, para reformar la Ley de Asistencia Exterior de 1961 y así autorizar ayuda para mejorar la seguridad y promover el desarrollo económico en México. Además, la iniciativa de reforma H.R. 502 exhorta al Senado y a la Cámara de Representantes de Estados Unidos a ratificarla.
Cabe señalar, que a través de la Ley de Asistencia Exterior de 1961 se creó la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en ingles).
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional actúa como la rama principal del gobierno a fin de apoyar el desarrollo económico duradero y equitativo, al mismo tiempo que promueve la política exterior de los Estados Unidos a través de impulsar y favorecer el crecimiento económico.1
La iniciativa de reforma H.R. 502 propone que la ayuda otorgada a México para mejorar la seguridad y promover el desarrollo económico, se gestione dentro del marco legal de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
La Comisión de Relaciones Exteriores reconoce la importancia de la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y considera que la cooperación internacional es una herramienta fundamental que permite generar opciones complementarias a los esfuerzos de desarrollo económico y cultural.
Los integrantes de esta comisión consideran que la relación entre México y Estados Unidos debe encontrar un equilibrio estable y mutuamente benéfico entre la lógica del mercado y la lógica de la seguridad.
Cabe resaltar que entre el 75 por ciento y el 80 por ciento del comercio bilateral que transita por la frontera, se encuentra bajo constante presión como resultado de los controles de vigilancia del lado estadounidense.2 Por esta razón la comisión dictaminadora reconoce que la iniciativa de reforma H.R. 502 propuesta por el congresista Henry Cuellar beneficiará la relación bilateral en términos económicos y de seguridad.
Por lo anteriormente expuesto, esta comisión somete a consideración de esta Soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados, acorde con los buenos oficios de apoyo, se solidariza con las iniciativas de los congresistas norteamericanos, que benefician y promueven el desarrollo económico y social de México.
Notas
1) Para una descripción más detallada, consulte "USAID del pueblo de los Estados Unidos de América" [en línea] Disponible en: <http://www.usaid.gov/espanol/index.html>
2) Centro de investigación y Docencia Económicas (CIDE), Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). (2006). Opinión pública y política exterior en México. Ciudad de México: México.
Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, a 13 de febrero de 2007.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitín (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athie (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís, Alliet Mariana Bautista Bravo, César Octavio Camacho Quiroz, María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez, José Jacques y Medina, Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Murat, José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales, Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS PARA PONER FIN AL BLOQUEO ECONÓMICO IMPUESTO A LA REPÚBLICA DE CUBA POR ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Honorable Asamblea:
La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente
Dictamen
Antecedentes
El 13 de diciembre de 2007, el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo federal que instruya a la representación mexicana en la Asamblea General de las Naciones Unidas para votar a favor del proyecto de resolución número A/RES/62/3, titulado "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba".1
En esa misma fecha, la Mesa Directiva la honorable Cámara de Diputados turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
El diputado promovente funda su interés en el proyecto de resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en la trigésima octava sesión plenaria, celebrada el 30 de octubre de 2007, en el cual se condena y se pide el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.
La Comisión de Relaciones Exteriores presenta el siguiente dictamen de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
Entre las medidas estadounidenses destacan la Ley Torricelli, lanzada en 1992, y la Helms-Burton, de 1996. La primera de estas limitaba la transferencia de divisas por familias exiliadas y establecía sanciones contra embarcaciones y empresas de terceros Estados que tuviesen vínculos comerciales con la isla; por su parte la segunda ley endurece las sanciones a terceros por su relación con Cuba, además establece un plan de sustitución de su régimen político y otorga a tribunales estadounidenses la facultad de juzgar asuntos relacionados con propiedades dentro de la isla.
En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha presentado anualmente y desde 1992 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas proyectos de resolución que condenan y piden el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.
El bloqueo económico quebranta la libertad de comercio y navegación, al tiempo que restringe los intereses legítimos de entidades o personas bajo la jurisdicción de las leyes con que se implementa. Asimismo, las consecuencias de esta medida representan afectaciones severas para los habitantes de la República de Cuba, quienes enfrentan dificultades para recibir remesas de sus familiares en el exilio, realizar transacciones, recibir créditos y apoyos provenientes de entidades financieras internacionales, atraer inversión extranjera a su país e intercambiar bienes y servicios con entidades extranjeras, entre otras.
Cabe mencionar que desde la primera iniciativa, presentada por la representación de la República de Cuba ante el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992 y hasta la última de ellas, sometida a votación el pasado 30 de octubre de 2007, México se ha manifestado a favor de la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos de América contra la República de Cuba.
El resultado de la votación ocurrida el 30 de octubre de 2007 en el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas arrojó un total de 184 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos de América contra la República de Cuba.2
De esa forma México y la comunidad internacional apoyaron el proyecto de resolución que pide finalizar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba.
Por lo anteriormente expuesto, esta comisión somete a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados respalda la resolución número A/RES/62/3 "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba", que adoptó la Asamblea General de Naciones Unidas el día 30 de octubre de 2007, que fue votada a favor por nuestro país.
Notas:
1. Para una descripción más detallada, consulte "Resolución aprobada por la Asamblea General A/RES/62/3, ‘Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba" [en línea], disponible en <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/463/98/PDF/N0746398.pdf?OpenElement>
2. Consulte "Vote on Ending Embargo against Cuba" [en línea], disponible en http://www.un.org/News/Press/docs/2007/ga10649.doc.htm>
Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, a 13 de febrero de 2008.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitín (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athie (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís, Alliet Mariana Bautista Bravo, César Octavio Camacho Quiroz, María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Alejandro Chanona Burguete, Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez, José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Murat, José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS RESPALDA EL COMUNICADO DE PRENSA NÚMERO 050-27/03/2007, DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, Y SOLICITA A LA IGLESIA CATÓLICA QUE SE CONDUZCA DENTRO DEL MARCO LEGAL MEXICANO
Honorable Asamblea
La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la honorable asamblea el siguiente
Dictamen
Antecedentes
1. El 26 de abril de 2007, diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, y de Alternativa presentaron una proposición con punto de acuerdo en el cual la Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que efectúe, mediante las vías diplomáticas, una protesta y extrañamiento ante el jefe del Estado Vaticano por el comunicado papal en relación con la iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre la despenalización del aborto. Asimismo, exhorta al Senado de la República para que llame a comparecer al embajador mexicano ante la Santa Sede, Luis Felipe Bravo Mena, a fin de que explique la información que ha dado en nombre del Estado mexicano al Estado del Vaticano.
2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de esta honorable asamblea turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
La Comisión de Relaciones Exteriores presenta el correspondiente dictamen, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
El 20 de abril de 2007, en una carta enviada a la 83 Asamblea General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el papa Benedicto XVI expresó su preocupación por el proyecto legislativo relativo a la despenalización del aborto en el Distrito Federal e hizo un llamado a esta nación a "proteger y defender con firme decisión el derecho a la vida de todo ser humano desde el primer instante de su concepción". Lo anterior, con la finalidad de sumarse a las voces de los obispos mexicanos que hicieron pública su opinión contra la despenalización total del aborto.
Sin embargo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, haciendo uso de las facultades que le otorgan las leyes mexicanas, aprobó el 24 de abril de 2007 las reformas para despenalizar el aborto en la Ciudad de México durante las primeras 12 semanas de embarazo.
Los cambios del Código Penal y de la Ley de Salud se aprobaron con 46 votos a favor y entró en vigor a partir del 27 de abril de 2007.
La relación de la Iglesia Católica y el Estado mexicano, que transcurrió por varias etapas históricas, pasando de la confrontación a un proceso de distensión, finalmente llegó a una época de colaboración respetuosa en el marco del estado de derecho y en un entorno democrático y plural.
La Comisión de Relaciones Exteriores considera que las relaciones del país con la Santa Sede progresan a partir del diálogo, la consulta y la colaboración y, sobre todo, en un marco de respeto mutuo.
Por lo expuesto, esta comisión somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados respalda el comunicado de prensa número 050-27/03/2007, de la Secretaría de Gobernación, y solicita a la Iglesia Católica que se conduzca dentro del marco legal mexicano.
Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, a 13 de febrero de 2008.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitín (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga, secretarios; Samuel Aguilar Solís, Alliet Mariana Bautista Bravo, César Octavio Camacho Quiroz, María Elena Álvarez Bernal, Ariel Castillo Nájera, Alejandro Chanona Burguete, Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez, José Jacques y Medina, Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica, sentido negativo), José Murat, José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA LA REALIZACIÓN DE UN JUICIO JUSTO Y LEGAL DE CINCO PRESOS CUBANOS
Honorable Asamblea
La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente
Dictamen
Antecedentes
El 13 de diciembre de 2007, el diputado Rodolfo Solís Parga, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una proposición con punto de acuerdo en el que la Cámara de Diputados solicita que se siga puntualmente el caso de los cinco presos cubanos para asegurar un juicio justo y legal a cada uno de ellos.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
El diputado promovente funda su interés después que, en septiembre de 1998, el FBI detuviera a cinco ciudadanos cubanos en Miami, Florida, acusados de espiar en favor del gobierno de Cuba. Se les acusa de participar en el derribo de dos avionetas que volaban en espacio aéreo cubano el 24 de febrero de 1996; en particular, se señala a Gerardo Hernández.
Asimismo, en junio de 2001 esas cinco personas fueron juzgadas en el condado de Dade, Miami. La defensa solicitó un cambio de sede del juicio, buscando un entorno neutral para efectuarlo, el cual no fue concedido.
La Comisión de Relaciones Exteriores presenta el correspondiente dictamen, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
• Entre abril y mayo de 2003, los abogados defensores apelaron la decisión de la Corte de Miami, y consiguieron que un panel de tres jueces del Décimo Primer Tribunal de Circuito de Apelaciones de Georgia revisara el caso.
• El 27 de mayo de 2005, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas emitió una opinión sobre el caso de los cinco presos cubanos. El comunicado consta de 33 puntos; entre ellos, se destaca el número 27: "El grupo de trabajo deberá decidir si se han observado en este juicio las normas internacionales relativas a un juicio justo. Sin embargo, la competencia del grupo no implica ningún pronunciamiento sobre la culpabilidad de los individuos privados de la libertad o la validación de la evidencia; mucho menos pretende reemplazar a la corte de apelación que está tratando el caso".1
Por lo anterior, es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión.2
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.3
Por lo expuesto, esta comisión somete a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se manifiesta en favor de las gestiones del gobierno y del Estado cubanos y apoya contundentemente el resolutivo del Grupo de Trabajo sobre Detenciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas a favor del respeto de los derechos humanos y la realización de un juicio justo y legal de los cubanos Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez y René González.
Notas
1. Opinión número 19/2005 (Estados Unidos de América) E/CN.4/2006/7/Add.1
2. Declaración Universal de los Derechos Humanos, A.G. res. 217 A (III), ONU Doc. A/810, p. 71 (1948).
3. Ídem.
Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, a 13 de febrero de 2008.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitín (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís, Alliet Mariana Bautista Bravo, César Octavio Camacho Quiroz, María Elena Álvarez Bernal, Ariel Castillo Nájera, Alejandro Chanona Burguete, Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez, José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Murat, José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales, Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A REFORZAR LA SEGURIDAD EN LAS REPRESENTACIONES CONSULARES
Honorable Asamblea:
La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la honorable asamblea el siguiente:
Dictamen
Antecedentes
El 13 de diciembre de 2007, el diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:
2. Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a reforzar la seguridad e investigar los atentados ocurridos en el Consulado de Nueva York.
El diputado promovente funda su interés en los atentados ocurridos el viernes 26 de octubre de 2007 contra el consulado mexicano en Nueva York, ese mismo día el gobierno mexicano condenó la agresión a través del comunicado de prensa 291 de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La Comisión de Relaciones Exteriores presenta el siguiente dictamen de acuerdo a las siguientes:
Consideraciones
2. La enorme y continua migración de mexicanos hacia el exterior determina la constante adecuación de las estructuras institucionales y programas para garantizar el respeto a los derechos humanos y civiles de las comunidades migrantes y para satisfacer la amplia demanda de servicios que generan.
3. La protección consular se entiende como el conjunto de acciones, gestiones, buenos oficios e intervenciones que realizan los funcionarios de las representaciones consulares y diplomáticas en el exterior para salvaguardar, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional y en apego a las leyes y reglamentos de cada país, los derechos e intereses de los mexicanos en el extranjero y atender sus demandas.
4. Las agresiones ocurridas el viernes 26 de octubre de 2007 vulneraron la seguridad de la representación consular mexicana ubicada en una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos de América, misma que sirve a la comunidad mexicana que radica en los estados de Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey.
5. Por lo anterior, es necesario tener información concreta que indique cuales fueron los resultados de las investigaciones, así como las acciones que se están realizando para reforzar la seguridad en las sedes diplomáticas.
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe actualizado sobre las investigaciones de los atentados ocurridos el viernes 26 de octubre de 2007 contra el Consulado General de México en Nueva York.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como medida de prevención tras el ataque, a reforzar la seguridad en las representaciones consulares de México que se encuentran en los Estados Unidos de América.
Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, a 13 de febrero de 2008.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitín (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athie (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís, Alliet Mariana Bautista Bravo, César Octavio Camacho Quiroz, María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez, José Jacques y Medina, Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Murat, José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales, Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A INSTAURAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN PROTEGER A NUESTROS CONNACIONALES ANTE LAS LEYES ESTADOUNIDENSES ANTIINMIGRANTES
Honorable Asamblea
La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente
Dictamen
Antecedentes
El 13 de diciembre de 2007, el diputado José Nicolás Morales Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instrumentar estrategias que permitan defender y proteger a nuestros connacionales ante las leyes antiinmigrantes de Estados Unidos de América.
En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
La Comisión de Relaciones Exteriores presenta este dictamen de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
Pocas áreas de la política afectan a una sociedad tan directa o profundamente como la inmigración y la política de inmigración.
Estados Unidos ha estado recibiendo un número sin precedentes de inmigrantes –documentados e indocumentados– durante más de una década. Si se incluye a quienes ingresan al país tanto por dentro como por fuera de los parámetros del sistema permanente de inmigración y se quedan por periodos prolongados, la inmigración anual a Estados Unidos hoy día asciende a 1.8 millones de personas.1
La manifestación más dramática de la desintegración del sistema de inmigración en Estados Unidos es que una grande y creciente parte de la inmigración hoy día es ilegal. Según cálculos recientes, entre 11.5 y 12 millones de inmigrantes no autorizados se encuentran en Estados Unidos, casi una tercera parte de la población nacida en el extranjero.2
Ante esta situación, la cuestión de la inmigración ilegal y los derechos de los inmigrantes ha resurgido con fuerza.
En Estados Unidos se han discutido diferentes iniciativas relativas al tema de inmigración ilegal, ejemplo de esto es la iniciativa H.R. 4437* Ley para el Control de la Inmigración, el Antiterrorismo y la Protección de las Fronteras de 2005 (The Border Protection, Antiterrorism, and Illegal Immigration Act of 2005),3 también conocida como Ley Sensenbrenner.
La H.R. 4437 fue una iniciativa aprobada por la Asamblea Legislativa de Estados Unidos el 16 de diciembre de 2005. Este proyecto se encuentra actualmente en consideración por parte del Senado Estadounidense, tras las enmiendas propuestas por el Comité Judicial del Senado.
En términos generales la propuesta contempla la construcción de un muro fronterizo, destinar más recursos a la Patrulla Fronteriza y el uso de autoridades locales y estatales para el control fronterizo. Asimismo, se hace obligatorio el uso de sistemas de verificación de empleo y se considera la migración indocumentada y la ayuda humanitaria a indocumentados, como delitos.
En el mismo sentido, el 25 de mayo de 2006 el Senado estadounidense aprobó la iniciativa S.2611 *"reforma migratoria integral" (Comprehensive Immigration Act of 2006).4 Esta ley, a pesar de que contemplaba la regularización de los migrantes indocumentados y un programa de trabajo temporal, no excluía el reforzamiento de las fronteras (construcción de un muro fronterizo) y la estricta aplicación de las leyes migratorias (reingreso de indocumentados como delito).
Por lo anterior, se aprobó la H.R. 6061, Ley del Muro de Seguridad de 2006 (Secure Fence Act)5 en la que se autoriza la construcción de más de 700 millas de vallas y barreras a lo largo de la frontera sur con México.
Por su parte, los estados de Wisconsin y Arizona aprobaron leyes antiinmigratorias entre las que se encuentran la A.B. 69** y la H.B. 2779*** respectivamente.
La iniciativa conocida como AB696 es la actual Ley 126 del estado de Wisconsin (Wisconsin Act 126),7 en la cual se establece que los residentes extranjeros que soliciten licencia para conducir deberán presentar documentos que prueben que están residiendo de manera legal en el estado, así como la fecha en que expira su residencia.
La iniciativa H.B.2779 es la actual Ley de Empleo Legal y Justo (Fair and Legal Employment Act),8 o también conocida como Legal Arizona Workers Act, en la que se penaliza y prohíbe a los empleadores que tengan de manera intencional a trabajadores extranjeros indocumentados. Asimismo, obliga a todos los empleadores a verificar el estatus migratorio de sus nuevos trabajadores con una base de datos establecida por el Gobierno federal, conocida en inglés como E-verify.
Ante esta situación y dado el creciente número de connacionales que laboran en Estados Unidos, es importante que se promuevan acciones para proteger los derechos laborales de todos los trabajadores mexicanos, independientemente de su calidad migratoria.
La Comisión de Relaciones Exteriores considera que las medidas antiinmigratorias no contribuyen a resolver el tema de la migración laboral entre ambos países.
Por lo anteriormente expuesto, esta comisión somete a consideración de esta Soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que instrumente una estrategia jurídica y diplomática integral que permita defender y proteger a nuestros connacionales ante las leyes y ordenanzas antiinmigrantes en Estados Unidos de América.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados hace un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que acuda a los tribunales e instancias internacionales a denunciar las violaciones a los derechos humanos de los migrantes indocumentados, acogiéndose a los diversos instrumentos internacionales que existen en la materia y que han sido ratificados por México y Estados Unidos.
Notas:
1. Migration Policy Institute La inmigración y el futuro de los Estados Unidos.
2. Ídem.
* El término "H.R." hace referencia a House of Representatives, e indica el origen de la iniciativa.
3. Para consultar el contenido de la iniciativa, consulte The Library of Congress [en línea], disponible en <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/C?c109:./temp/~c109nub3as>
* El término "S" hace referencia a Senate, e indica el origen de la iniciativa.
4. Para consultar el contenido de la iniciativa, consulte The Library of Congress [en línea], disponible en <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/C?c109:./temp/~c109CrzhmS>
5. Para consultar el contenido de la ley, consulte The Library of Congress [en línea], disponible en <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/C?c109:./temp/~c109m0XyZA>
** El término "AB" hace referencia a Assembly Bill, e indica el origen de la iniciativa.
*** El término "HB" hace referencia a House Bill, e indica el origen de la iniciativa.
6. Para ver el contenido de la inciativa consulte Wisconsin State Legislature [en línea], disponible en <http://www.legis.state.wi.us/2005/data/AB-69.pdf>
7. Para ver el contenido de la ley consulte Wisconsin State Legislature" [en línea], disponible en <http://www.legis.state.wi.us/2005/data/acts/05Act126.pdf>
8. Para ver el contenido de la ley consulte Arizona State Legislature [en línea], disponible en <http://www.azleg.gov/legtext/48leg/1r/summary/s.2779approp_aspassedbyleg.doc.htm>
Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, a 13 de febrero de 2008.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitín (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athie (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís, Alliet Mariana Bautista Bravo, César Octavio Camacho Quiroz, María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Alejandro Chanona Burguete, Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez, José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Murat, José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS AL USO DE GASES LACRIMÓGENOS EN LA FRONTERA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA-MÉXICO
Honorable Asamblea:
La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la honorable asiguiente:
Dictamen
Antecedentes
El 23 de enero de 2008, el diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a que solicite una explicación al gobierno de los Estados Unidos de América sobre el lanzamiento de gases lacrimógenos en la frontera.
En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
El diputado promovente funda su interés en las agresiones ocurridas el día 11 de enero de 2008, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de América lanzaron gases lacrimógenos contra los habitantes de la colonia popular Libertad, ubicada en lo que se conoce como la parte baja de Tijuana, con el argumento de cuidar su integridad y responder así a las agresiones –pedradas– de que presuntamente fueron objeto.
La Comisión de Relaciones Exteriores presenta el siguiente dictamen de acuerdo a las siguientes:
Consideraciones
2. Pese a la multitud de sitios de ingreso a los Estados Unidos de América, no sólo en la frontera con México, la mayor concentración de los elementos del servicio de inmigración y naturalización de los Estados Unidos de América y de la Patrulla Fronteriza se ubican en su frontera sur.
3. El gobierno de Estados Unidos de América ha implantado diferentes medidas de seguridad en la frontera, entre ellas un incremento de 23 mil agentes para la vigilancia en la zona limítrofe con México y la adquisición de aviones, radares y torres de detección.
4. Desafortunadamente, la estrategia y acciones de Estados Unidos de América por alcanzar mayor seguridad se ha llegado a contraponer a los principios de colaboración y buena vecindad con el Estado mexicano. El lanzamiento de gases lacrimógenos es una medida innecesaria e inaceptable que afecta a nacionales mexicanos.
5. Por lo anterior, es importante que el gobierno de México continúe con la investigación exhaustiva sobre los hechos que han afectado las viviendas de residentes mexicanos en la frontera, con el objeto de tomar las medidas que sean pertinentes.
Por lo anteriormente expuesto, esta comisión somete a consideración de esta soberanía los siguientes:
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados condena enérgicamente el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de la Patrulla Fronteriza hacia el territorio mexicano.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados pide que se mantenga informada a esta soberanía de las acciones que nuestro gobierno ha emprendido para evitar que estos actos se repitan en un futuro.
Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, a 13 de febrero de 2008.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitín (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athie (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís, Alliet Mariana Bautista Bravo, César Octavio Camacho Quiroz, María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez, José Jacques y Medina, Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Murat, José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales, Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS A LA DISCUSIÓN CON EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE UNA REFORMA MIGRATORIA INTEGRAL
Honorable Asamblea
La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
Dictamen
Antecedentes
El 13 de diciembre de 2007, el diputado José Jacques y Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Estados Unidos de América a retomar la discusión sobre una reforma migratoria integral.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
La Comisión de Relaciones Exteriores presenta el correspondiente dictamen, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
Pocas áreas de la política afectan a una sociedad tan directa o profundamente como lo hacen la inmigración y la política de inmigración.
Ningún país tiene un número tan elevado de ciudadanos viviendo en el territorio de su vecino. La diáspora mexicana en Estados Unidos enriquece la relación y ofrece grandes perspectivas para el futuro; sin embargo, también implica un reto por las dificultades que trae consigo.
Hoy, las relaciones bilaterales muestran claras señales de tensión. El escenario de inseguridad y miedo que dejaron a su paso los ataques del 11 de septiembre de 2001 ha provocado una apreciación muy negativa de la migración, documentada indocumentada, hecho que se reflejó en la decisión de construir un muro fronterizo y en la aprobación de leyes antiinmigratorias en diferentes entidades de Estados Unidos.
Sin embargo, la necesidad de un acuerdo migratorio que logre atender las necesidades de ambos países sigue siendo inminente. Es del interés de los dos gobiernos gestionar esta realidad común y encontrar un acuerdo que administre de manera eficiente y efectiva la frontera común que comparten y los problemas derivados del flujo de ciudadanos mexicanos al país vecino.
La cooperación de ambos gobiernos es crucial para el éxito de cualquier reforma migratoria en Estados Unidos y para impulsar el impacto de ésta en el desarrollo de México. El nuevo marco de políticas comunes debe incluir nuevas e innovadoras vías de migración legal, la cooperación en la vigilancia fronteriza, nuevos y eficaces mecanismos de aplicación de la ley en el sitio de trabajo y una serie de mecanismos de apoyo al bienestar en México.
Por lo expuesto, esta comisión somete a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Congreso de Estados Unidos de América a retomar lo más pronto posible la discusión sobre una reforma migratoria integral que garantice la regularización y el respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos que viven y laboran en aquella nación.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados extiende su más amplia solidaridad con la movilización pacífica que llevaron a cabo el 12 de septiembre de 2007 en Estados Unidos de América miles de migrantes, en demanda de una reforma migratoria integral.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respalda la petición de las organizaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos de solicitar a la Presidenta de la Cámara de Representantes de aquella nación, Nancy Pelosi, estudiar mecanismos para conceder una suspensión temporal de las deportaciones de los migrantes indocumentados, que les permita continuar trabajando y evite la separación de sus hijos ciudadanos estadounidenses.
Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, a 13 de febrero de 2008.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitín (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís, Alliet Mariana Bautista Bravo, César Octavio Camacho Quiroz, María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Alejandro Chanona Burguete, Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez, José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Murat, José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS AL TEMA DE LA POLÍTICA MIGRATORIA EN MÉXICO
Honorable Asamblea
La Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la honorable asamblea el siguiente:
Dictamen
Antecedentes
El 13 de diciembre de 2007, el diputado José Murat, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a definir la política migratoria por la que habrá de conducirse el gobierno mexicano.
En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.
La Comisión de Relaciones Exteriores presenta el siguiente dictamen de acuerdo a las siguientes:
Consideraciones
Desde hace algunos años, la magnitud alcanzada por la migración mexicana y sus complejas ramificaciones en la vida económica y social de México y Estados Unidos propiciaron que dicho fenómeno adquiriera mayor relevancia en las agendas nacionales de ambos países.
Actualmente, México enfrenta, en el contexto de la relación bilateral, retos cada vez más complejos y un cúmulo de problemas derivados de la migración hacia Estados Unidos. Todos ellos reclaman atención inmediata y hacen necesario explorar y ponderar las opciones deseables y políticamente posibles para ofrecer respuestas y medidas eficaces en esta área. "Ambos gobiernos han realizado en los últimos años un esfuerzo sin precedente para establecer un diálogo constructivo, así como para fortalecer los canales de comunicación y los mecanismos de consulta en la materia, demostrando por esta vía que existe voluntad política y espacios para alcanzar soluciones concertadas a los problemas que plantea la vecindad."1
Por parte del gobierno mexicano, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se reconoce que la carencia de oportunidades y las asimetrías económicas son algunas de las causas fundamentales de la salida acelerada de capital humano al extranjero, especialmente a Estados Unidos, y que la búsqueda de mejores ingresos es la razón por la que cada vez más personas de otros países, sobre todo de Centroamérica y América del Sur, sigan llegando a territorio mexicano, ya sea para buscar empleo o como estación de paso para seguir su camino hacia el norte.
Asimismo, se considera que el mejoramiento de la política migratoria, a partir de la colaboración y el entendimiento con las naciones del norte y el sur, ocupa un sitio destacado en los objetivos y estrategias de la política exterior mexicana.
Entre las estrategias planteadas se encuentran:
Fortalecer los vínculos económicos, sociales y culturales con la comunidad mexicana en el exterior, especialmente en Estados Unidos.
Promover mecanismos jurídicos internacionales que permitan flujos legales, seguros, ordenados y respetuosos de los derechos de los individuos, en especial en América del Norte.
Coadyuvar en el fortalecimiento del derecho al voto de los mexicanos en el exterior.
Respetar y proteger los derechos de los migrantes en México.
Impulsar una visión de corresponsabilidad en la que México genere mayores oportunidades de desarrollo dentro del territorio nacional.
Promover la inversión productiva de capital en las regiones expulsoras de mano de obra.
Contribuir a generar oportunidades de desarrollo dentro de la región mesoamericana a través de programas como el Plan Puebla-Panamá.
Mejorar la calidad de los servicios y la gestión migratoria en general.
Ante ello, el INM ha impulsado en los últimos años diferentes iniciativas para definir elementos básicos que ayudaran a conformar desde distintas ópticas lo que debería constituir una política migratoria actualizada e integral del Estado mexicano.
En particular, durante el 2006 el INM se abocó a recopilar una visión amplia sobre lo que debería ser la política migratoria mexicana desde la perspectiva de la entidades federativas, con la realización de textos conjuntos por los delegados regionales del Instituto Nacional de Migración, subdelegados en puntos terrestres fronterizos, representantes de gobiernos estatales y algunas de las universidades de los respectivos estados.2
En el caso específico de la migración México-Estados Unidos es importante mencionar que las definiciones y percepciones contrastantes de ambos países acerca de la naturaleza, magnitud, causas y consecuencias de la migración, a menudo han atenuado las tensiones bilaterales, así como entorpecido el diálogo y la convergencia de intereses en esta materia.
Como muestra de lo anterior y ejemplo de dichas acciones, el diputado ha externado su preocupación por la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, obstaculizando el diálogo productivo entre ambas naciones.
Las posiciones de ambos gobiernos han sufrido frecuentes adaptaciones y actualizaciones, siguiendo el ritmo impuesto por las distintas coyunturas y circunstancias que marcan la vida de cada nación (principalmente las de naturaleza económica y política) y por los cambios percibidos en la migración (la indocumentada).
Por lo anterior, el diputado promovente considera que es fundamental que el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos se realice en el marco de la cooperación bilateral y bajo el principio de la responsabilidad compartida.
A su vez, la Comisión de Relaciones Exteriores considera que existe una creciente vinculación entre migración, seguridad y fronteras a nivel mundial, por lo que resulta necesario considerar estos tres elementos al momento de formular políticas en materia migratoria.
Por lo anterior, esta comisión somete a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer la política migratoria, en la que se tomen en consideración mecanismos de cooperación entre México y gobiernos extranjeros, tomando en cuenta que somos un país de origen, tránsito y destino de migrantes.
Segundo. Se solicita al Ejecutivo federal que informe con la mayor brevedad a la Cámara de Diputados sobre las acciones que ha emprendido para impedir la construcción del muro fronterizo en Estados Unidos de América.
Notas:
1. Gobierno de México. Consejo Nacional de Población. Presente y futuro de la migración México-Estados Unidos. Fondo de Población de las Naciones Unidas (Fnuap). Extraído el 14 de enero de 2007 de http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/intensidadmig/cap01.pdf
2. Gobierno de México. Instituto Nacional de Migración. Hacia una política migratoria del Estado mexicano. Centro de Estudios Migratorios. Extraído el 14 de enero de 2007 de http://www.inm.gob.mx/paginas/publicaciones/resenas/reseñas/Hacia%20una%20politica%20migratoria%20del%20Estado%20Mexicano.pdf
Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, 13 de febrero de 2008.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitín (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athie (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís, Alliet Mariana Bautista Bravo, César Octavio Camacho Quiroz, María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez, José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Murat, José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica).
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