Gaceta Parlamentaria, año XI, número 2448-III, martes 19 de febrero de 2008

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a incluir el estado de Puebla en el programa En el Corazón de México, a cargo del diputado Antonio Vasconcelos Rueda, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y al Congreso de Oaxaca a intervenir para solucionar el conflicto poselectoral en Santa Cruz Zenzontepec, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a revisar los criterios que sustentaron el incremento del impuesto predial y a establecer un mecanismo para que los ciudadanos puedan confrontar la revalorización de sus predios; y a informar a esta soberanía sobre el resultado de sus gestiones, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del PVEM.

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados felicita al Ejército Mexicano por su patriótica lucha contra el narcotráfico, rinde un homenaje a los soldados caídos y expresa su solidaridad a las familias de éstos, suscrita por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez, Adrián Fernández Cabrera y Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la CIRT que considere la posibilidad de abrir un espacio e incorporar en las funciones propias de ésta a la periodista Carmen Aristegui Flores, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar el 9 de febrero como Día Nacional del Cirujano Dentista, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que entregue un informe exhaustivo sobre la aplicación de los recursos transferidos por la SHCP en 2006 al Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio, a cargo del diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a respetar a los habitantes de la entidad y a evitar actos discriminatorios contra éstos, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y a la PGJDF a crear, en el ámbito de sus competencias, fiscalías especializadas en materia de robo de energía eléctrica y combustibles, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, a través de la STPS y de la PGR, las indagatorias para esclarecer lo acaecido el 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, situada en San Juan de Sabinas, Nueva Rosita, Coahuila, concesionada a Industrial Minera México, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del PT.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a considerar, mediante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el estado de Coahuila entre los regidos en el área geográfica A, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión de Nacional Bancaria y de Valores para que presente un informe pormenorizado respecto de las irregularidades en diversas casas de bolsa y de cambio, a cargo del diputado Alejandro Martínez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar medidas normativas y programas públicos que permitan el crecimiento planeado de las zonas urbanas conforme al principio de desarrollo sustentable, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener, a la CFE, a la SHCP, a la Comisión Reguladora de Energía y al gobierno federal a revisar y reestructurar las tarifas eléctricas aplicadas en la región centro de Coahuila, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la declaratoria de desastre natural para liberar recursos y agilizar la atención de los daños causados por el sismo del 12 de febrero en Oaxaca, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer como sede del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas el edificio que albergó el Instituto Lingüístico de Verano, a cargo del diputado Wenceslao Herrera Coyac, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, en coordinación con Capufe, a exentar de peaje los vehículos que transporten mercancías a zonas de emergencia, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y del Distrito Federal, así como a la delegación Cuauhtémoc, a restablecer y consolidar los procedimientos de enlace interinstitucional relacionados con la revitalización y conservación del centro histórico de la Ciudad de México, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, relativo a la problemática en la Universidad Pedagógica Nacional, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la SEP y a la STPS a realizar acciones en atención a las personas zurdas, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de zonas áridas y semiáridas, a cargo del diputado Ramón Salas López, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Puebla a reformar la Ley del Órgano de Fiscalización Superior de esa entidad, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, por el que se convoca al Ejecutivo federal a entablar el diálogo prometido con el Congreso de la Unión, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar programas de fomento de la industria vitivinícola nacional y a elaborar un estudio respecto a la viabilidad de exentar del impuesto especial sobre producción y servicios la enajenación de productos vitivinícolas locales, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, relativo a la distribución de las participaciones federales a los municipios de Jalisco, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y al jefe delegacional de Cuajimalpa de Morelos que rindan un informe sobre las acciones llevadas a cabo en la barranca La Diferencia, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a emitir una circular a los agentes del MP federal para que se respete plenamente la garantía del indiciado, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al GDF y al jefe delegacional de Xochimilco que rindan un informe sobre los avances y las acciones de la Comisión Interdependencial para la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural del Área de Xochimilco, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario del PAN.

Excitativas

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de los diputados César Duarte Jáquez y Rubén Aguilar Jiménez, de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PT, respectivamente.

Proposiciones

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECTUR A INCLUIR EL ESTADO DE PUEBLA EN EL PROGRAMA EN EL CORAZÓN DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO VASCONCELOS RUEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Antonio Vasconcelos Rueda, diputado federal en la LX legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Turismo a que incluya al estado de Puebla en el programa En el Corazón de México, en razón de los siguientes:

Considerandos

Primero. Puebla es uno de los 31 estados de México. Su capital es la heroica Puebla de Zaragoza. Colinda al este con el estado de Veracruz; al poniente con el estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos y al sur con los estados de Oaxaca y Guerrero. Puebla no tiene salida al mar y presenta un relieve sumamente accidentado. Su superficie es de 34 mil 251 kilómetros cuadrados, en la cual viven más de cinco millones de personas, que convierten a este estado en el quinto más poblado del país. Asimismo, en la región de la Sierra Norte de Puebla (que forma parte de la Sierra Madre Oriental) es donde se concentra la mayor población de hablantes nativos de náhuatl a nivel nacional.

Segundo. El estado de Puebla ha sido de gran importancia en la historia de México. Dentro de él se han hallado los restos más antiguos del cultivo de maíz en la región de Tehuacán; fue el escenario de ciudades prehispánicas tan importantes como Cantona y Cholula. Durante la época colonial la ciudad de Puebla llego a ser la segunda ciudad en importancia de la Nueva España, gracias a su ubicación estratégica entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. A fines del siglo XIX, el estado fue uno de los primeros en industrializarse, gracias a la introducción de telares mecánicos que favorecen el desarrollo de las actividades textiles; a pesar de todo ello, en fechas más recientes Puebla es uno de los estados más pobres del país. Municipios de las regiones mixteca, sierra norte y de la Sierra Negra se han convertido en expulsores netos de población, cuyos destinos principales son la Ciudad de México y desde hace dos décadas los Estados Unidos de América.

Tercero. Puebla es famosa por su arte culinario, la cerámica de talavera, las artesanías de ónix y la industria textil. Un dato importante y destacable es que en algunas áreas rurales del valle de Puebla, todavía se habla náhuatl, el idioma indígena de la región. En 1987 la ciudad de Puebla fue nombrada patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Cuarto. El programa En el Corazón de México se constituye como uno de los proyectos de desarrollo turístico regional más ambicioso, al buscar la consolidación de destinos y productos que garanticen niveles de calidad y excelencia que satisfaga las motivaciones y expectativas de los turistas actuales. Conformado por los estados del Distrito Federal, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala.

Quinto. La potencialidad del estado de Puebla permite la identificación de diversos tipos y formas de turismo que responden a diferentes grupos de demanda y múltiples motivaciones de viaje, cumpliendo con las especificaciones señaladas por el programa de la Secretaría de Turismo En el Corazón de México, formando además parte de los estados que se encuentran en el centro del país, con lo que beneficiaria la inclusión de este estado a dicho programa y viceversa.

Sexto. Al incluir al estado de Puebla en este programa, se vería beneficiada la economía de la entidad, creando fuentes de empleo y mayores recursos para la administración pública, además de que se evitarían que los pobladores emigren a otros estados del país, otorgándoles empleos iguales o superiores a la media nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Turismo para que incluya al estado de Puebla en el programa En el Corazón de México.

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal a los 19 días del mes de febrero del 2008.

Diputado Antonio Vasconcelos Rueda (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO Y AL CONGRESO DE OAXACA A INTERVENIR PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO POSELECTORAL EN SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO ESTEVA SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito, diputado Alberto Esteva Salinas, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno del estado de Oaxaca y al Congreso local, para que intervengan, según sus atribuciones, en dar solución al conflicto postelectoral en el municipio de Santa Cruz Zenzontepec, Oaxaca.

Consideraciones

En el municipio de Santa Cruz Zenzontepec, distrito de Sola de Vega, en la sierra sur del estado de Oaxaca, se está viviendo un conflicto postelectoral en el cual, otra vez, el gobierno del estado permite la impunidad por parte de los simpatizantes del partido en el poder.

El pasado 9 de febrero, fueron desalojados del palacio municipal integrantes del cabildo, quienes fueron lesionados gravemente y muerto dos de ellos por arma de fuego.

Enfrentamiento que dejó 12 heridos, 10 desaparecidos y 2 muertos por la disputa de la presidencia municipal e intereses políticos; el grupo que fue desalojado y atacados violentamente es al que pertenece el actual presidente electo y reconocido por el Instituto Estatal Electoral del estado de Oaxaca, Antonio Merino Mejía, acusando directamente al grupo encabezado por el actual diputado local de la LX Legislatura del Congreso local, Eraclio Juárez Martínez y la planilla perdedora, de provocar el conflicto postelectoral, todo esto por no aceptar la decisión tomada por el pueblo, el cual elige sus autoridades por el sistema de usos y costumbres.

Los hechos se suscitaron con tal violencia que como ejemplo mencionamos que el regidor de mercados fue prácticamente apresado y golpeado por el grupo inconforme, además le fue colocada una soga en el cuello con la intención de ser colgado en frente del palacio municipal de Santa Cruz Zenzontepec, siendo rescatado por los vecino de la comunidad, quienes intervinieron e impidieron se llevara a cabo tal atrocidad.

Lo anterior demuestra la impunidad que se vive en el estado de Oaxaca, ya que como lo mencionamos inicialmente, el grupo que provocó la violencia es encabezado por el diputado local Eraclio Juárez, quien antes de ser diputado fue presidente de ese municipio y que dejó a la comunidad con grandes carencias por haber tenido una gestión en que se hizo de los recursos públicos que eran para el desarrollo y progreso de la comunidad, y que es por el temor de que le sea investigado por desvío de recursos, el hecho de que no permita, a través de sus incondicionales, que la autoridad actual pueda desempeñar sus labores correctamente.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta soberanía el siguiente exhorto con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Primero. Que el gobierno del estado investigue los hechos sucedidos en el municipio de Santa Cruz Zenzontepec conforme a derecho, y no permita intromisiones de personajes del partido en el poder del estado, para brindar impunidad a los agresores y asesinos de integrantes del cabildo municipal actual.

Segundo. Que el Congreso del estado, de acuerdo a sus atribuciones, inicie el proceso de desafuero en contra del diputado local Eraclio Juárez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, por existir una averiguación previa en su contra por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, lesiones y robo en su contra, y de sus seguidores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 febrero de 2008.

Diputado Alberto Esteva Salinas (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GDF A REVISAR LOS CRITERIOS QUE SUSTENTARON EL INCREMENTO DEL IMPUESTO PREDIAL Y A ESTABLECER UN MECANISMO PARA QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN CONFRONTAR LA REVALORIZACIÓN DE SUS PREDIOS; Y A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL RESULTADO DE SUS GESTIONES, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Jesús Sesma Suárez, diputado integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el país, lo que más preocupa a los legisladores es abatir las condiciones que provocan el rezago social y velar por que todo ciudadano tenga el derecho, ante cualquier acto de autoridad, de promover algún medio de defensa.

Derivado de la situación de incertidumbre que viven los ciudadanos que residen en el Distrito Federal, ante el desconocimiento de los elementos que fueron tomados en cuenta para ajustar el impuesto predial y la falta de facilidades para el pago del mismo; se han presentado miles de inconformidades ante el pago de este impuesto.

Por ello, la ciudadanía ha demandado el apoyo de este órgano de gobierno, a fin de hacer un llamado a las autoridades para esclarecer si hay cabida a cobros indebidos de esta contribución o bien, si se trata de errores en la aplicación del Código Financiero.

Asimismo, ha quedado de manifiesto en el llamado de los contribuyentes, la solicitud de revisar el procedimiento por el cual se actualizaron las tarifas del predial, en virtud de que señalan aumentos del 200 y 300 por ciento,¹ respecto de lo que venían pagando en años anteriores.

Esta desconfianza se acentúa, entre otras razones, porque se presume que se contrató a una empresa con intereses particulares para realizar los ajustes de este impuesto² y porque es evidente que hay un acuerdo previo, entre los desarrolladores inmobiliarios y el Gobierno del Distrito Federal.³

A este respecto, el ciudadano Mario Delgado Carrillo, secretario de Finanzas del Distrito Federal, ha reconocido la existencia de algunos casos de aumento hasta de 700 por ciento en el impuesto predial, pero lo ha adjudicado a la actualización en el valor del predio, metraje o tipo de construcción, debido a que había un mal registro en el catastro o bien, que es la tarifa que corresponde conforme al tipo de servicio que reciben.

Otra de las razones que explican tales aumentos, es que algunas zonas de la ciudad presentaban rezagos importantes en la relación entre valor catastral y valor comercial, lo cual generaba problemas al comprar una propiedad, pues al escriturar el primero quedaba muy por debajo del segundo.

He querido mencionar estos argumentos, para que los legisladores, estén concientes de las razones por las que se está considerando que esta contribución no se aplica de manera proporcional y equitativa y se propongan soluciones para que los capitalinos puedan solventar este impuesto.

Asimismo, quiero aprovechar la pertinencia de comentarles que los especialistas en la materia⁴ han señalado que el Gobierno del Distrito Federal, no dará marcha atrás a la reforma que hizo posible el aumento del impuesto predial, es decir, la reforma del artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal, que dispuso la modificación de 25 a 16 en los rangos de las tarifas.

Además, en este año el impuesto predial no será el único en sufrir incrementos en la política tributaria de la Ciudad de México, ya que el gobierno local busca hacerse de recursos propios, mediante incrementos en el cobro de agua y tenencia, mermando así considerablemente el poder adquisitivo de los capitalinos.

De ahí la importancia de no enfrentar a la ciudadanía con una política fiscal injusta, excesiva e injustificada, por lo que consideramos oportuno hacer un llamado al ciudadano Marcelo Ebrard Casaubón, jefe de Gobierno del Distrito Federal a fin de que de manera consistente presente alternativas a los contribuyentes de este impuesto.

Porque como están las cosas, la carencia de argumentos de la Secretaría de Finanzas local para explicar cual tabla de revalorización catastral se aplicó y si se cumplió o no con el programa de reevalúo del catastro dejan con grandes dudas, cualquier análisis sobre el ajuste de las tarifas del predial que se presente.

Cierto es que, el Partido Verde Ecologista en todo momento reconoce el derecho de los gobiernos, ha hacerse de recursos públicos, para realizar sus gestiones, sin embargo, considera prioritario mejorar la eficiencia del gobierno en la función recaudadora del impuesto, a través del combate a la evasión y no, en cambio, a través de un incremento sesgado, derivado de la revaloración de sólo algunos inmuebles del catastro.

Por lo anterior, es necesario que se demuestre que fueron revalorados en su totalidad los inmuebles del Distrito Federal y la validez de los criterios que empleo el gobierno de la ciudad para el avalúo; para que el gobernado este convencido que de que paga un impuesto proporcional y equitativo, como lo exige la Constitución.

Partiendo de esta realidad, es necesario que pensemos a fondo que no se puede hablar de que con el cobro del impuesto predial no se está violentando el estado de derecho de miles de ciudadanos, cuando ya se ha reconocido que ha habido errores en su aplicación y, más aún, cuando la autoridad local no ha tenido la intención de generar certidumbre en el destino de los ingresos que recabe por estos conceptos.

Por nuestra parte, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México consideramos necesario hacer un llamado al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que propicie una revisión a los criterios que sustentaron el incremento tarifario del impuesto predial y establezca un mecanismo para que cualquier ciudadano pueda confrontar la revalorización de su predio e informe a esta soberanía el resultado de sus gestiones.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a efecto de que propicie una revisión a los criterios que sustentaron el incremento tarifario del impuesto predial y establezca un mecanismo para que cualquier ciudadano pueda confrontar la revalorización de su predio e informe a esta soberanía el resultado de sus gestiones.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que amplíe y modernice la base de contribuyentes del predial para obtener mayores recursos públicos.

Notas
1) Alrededor de mil 200 contribuyentes de un padrón de un millón 700 mil han presentado ya una queja. Comunicación Social de la Asamblea Legislativa del DF.
2) El Financiero en línea, "Argumenta el incremento de plusvalía en diversas zonas", Se ha eliminado 30 por ciento la evasión en el pago del impuesto, 28 de enero 2007, México.
3) Fuente: InfoSel Financiero, 28 de enero de 2008, México (ALDF), "Evalúa PAN controversia versus alza en predial".
4) "El impuesto predial en la Ciudad de México tuvo un incremento de hasta en un 70 por ciento al eliminarse las opciones de pago que se tenían anteriormente…"; Deloitte entrevista: "DF sube más de 4 por ciento" por: Impuestum.com 28 de enero de 2008.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil ocho.

Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS FELICITA AL EJÉRCITO MEXICANO POR SU PATRIÓTICA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, RINDE UN HOMENAJE A LOS SOLDADOS CAÍDOS Y EXPRESA SU SOLIDARIDAD A LAS FAMILIAS DE ÉSTOS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ALEJANDRO LANDERO GUTIÉRREZ, ADRIÁN FERNÁNDEZ CABRERA Y HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los suscritos diputados federales Alejandro Landero Gutiérrez, Adrián Fernández Cabrera y Héctor Larios Córdova con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea, la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que esta LX Legislatura felicita al Ejercito Mexicano por su decidida y patriótica lucha contra el narcotráfico y rinde un sincero homenaje a los soldados caídos y expresa su solidaridad con sus familias, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es obligación del Estado garantizar la seguridad nacional y mantener la paz, uno de los derechos humanos mas importantes que deben estar protegidos por este es el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad personal. De todos es conocido el daño que representa el narcotráfico como actividad del crimen organizado que corrompe autoridades, destruye familias y mata lentamente a la juventud.

Las niñas y los niños mexicanos merecen tener un futuro sano, libre del cáncer de la droga y de la violencia que a ésta acompaña. Todos sabemos la situación que ha imperado en el país en los últimos años, y en la necesidad de recobrar los espacios públicos para todas las familias mexicanas y el estado de derecho para salvaguardar la seguridad nacional.

Es de vital importancia que esta lucha por la vida y la libertad sea combatida de manera frontal y con todo el peso del Estado. Esta debe realizarse en las diversas instancias militares y civiles, pues hemos visto que los cuerpos policíacos por si solos, han sido incapaces de enfrentar esta lucha debido entre otras causas a la falta de equipo, a la filtración del narcotráfico y a la falta de estrategias comunes.

Es fundamental que la sociedad civil, se sume a esta lucha a través de la lucha contra la corrupción, la denuncia y la prevención del consumo de droga y la integración familiar.

Es función del Ejército conservar la soberanía nacional y la seguridad interior, así como coordinar estas tareas con los gobiernos federales, estatales o municipales como está contemplado en el artículo primero y segundo de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que a la letra dicen:

Artículo 1o. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes:

I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;

II. Garantizar la seguridad interior;

III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;

IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y

V. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Artículo 2o. Las misiones enunciadas, podrán realizarlas el Ejército y la Fuerza Aérea, por si o en forma conjunta con la Armada o con otras dependencias de los gobiernos federal, estatales o municipales, todo, conforme lo ordene o lo apruebe el presidente de la república, en ejercicio de sus facultades constitucionales.

Precisamente, para evitar la vulnerabilidad del Estado mexicano y dar garantías de derechos humanos como la libertad y la seguridad, fue necesaria la participación del Ejército Mexicano, demostrando así una vez más su lealtad al servicio de la nación en momentos en los que México corría el peligro de perder el rumbo y la paz, frente a grupos organizados del narcotráfico.

La erradicación de cultivos de enervantes y el aseguramiento de drogas, armas y narcotraficantes se ha ido incrementando. La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado ha dado importantes avances, gracias a la acción heroica del Ejercito Mexicano, poco a poco se han ido recuperando importantes espacios que mantenían secuestrados las bandas del crimen organizado.

Estamos consientes de que esta batalla no puede estar ajena a la defensa de los derechos humanos, por lo que ha sido una constante preocupación del gobierno mexicano, hacerlos respetar en todo momento. Por ello México ha ratificado distintos compromisos en esta materia con la ONU y la OEA. Manteniendo las puertas abiertas a los mecanismos de observación internacional en derechos humanos, dando como resultado un total de 11 visitas de la ONU y 7 de mecanismos interamericanos, tan solo entre los años 2001 a 2007.

No podríamos pasar por alto la visita de la alta comisionada para los derechos humanos a principios de este mes, la cual se pronunció en el sentido de que:

La primera obligación del Estado es proteger y defender la vida y la seguridad física. En una situación de serios desafíos a la autoridad del Estado de parte de organizaciones fuertemente armadas y de severas deficiencias en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, incluyendo una corrupción extendida.

En México los organismos internacionales y las organizaciones serias de derechos humanos saben que tienen plena libertad para emitir recomendaciones y realizar trabajos de observación para garantizar la defensa de los derechos de las personas.

El Congreso es también en todo momento, vigilante de que las acciones que emprende el Ejército para esta lucha, para que éstas estén, en todo momento, apegadas a la ley y al respeto de los derechos humanos.

El Presupuesto de Egresos que ésta soberanía aprobó para este 2008, permitirá seguramente fortalecer el trabajo que las Fuerzas Armadas vienen desempeñando con gran valentía y patriotismo.

Creemos firmemente que pronto se recuperará la organización y la capacidad de combate de las instituciones civiles contra el crimen organizado y que la participación en esta lucha del Ejército Mexicano, irá disminuyendo paulatinamente.

La tarea no ha sido fácil y ha cobrado numerosas victimas, tan solo en 2007 y hasta la primera semana de febrero de este año han fallecido 34 elementos de las Fuerzas Armadas del país, que impulsados por ese espíritu de generosidad, lealtad, valentía y patriotismo, sacrificaron su vida defendiendo no sólo la soberanía nacional frente a la amenaza del narcotráfico sino también entregando su vida por los niños y jóvenes mexicanos que merecen vivir en un país mejor.

Esta honorable Cámara de Diputados hace un reconocimiento a todos esos soldados caídos en servicio, que luchando por su patria dejaron la vida, pero también el testimonio y el ejemplo de que bien vale la pena vivir luchando por un país y un futuro mejor para todos. Desde aquí nuestra solidaridad con las familias de estos héroes mexicanos, nuestro reconocimiento y agradecimiento por su patriótica y heroica lucha.

Por las razones expuestas, se solicita poner a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LX Legislatura felicita al Ejercito Mexicano por su decidida y patriótica lucha contra el narcotráfico y rinde un sincero homenaje a los soldados caídos y expresa su solidaridad con sus familias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 19 de febrero de 2008.

Diputados: Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Héctor Larios Córdova, Adrián Fernández Cabrera (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA CIRT QUE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE ABRIR UN ESPACIO E INCORPORAR EN LAS FUNCIONES PROPIAS DE ÉSTA A LA PERIODISTA CARMEN ARISTEGUI FLORES, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO ESTEVA SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito, diputado federal, Alberto Esteva Salinas, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura, de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Durante la última década, las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales en México habían abierto la posibilidad para que se diera la transformación de nuestro país. Todo indicaba que, por fin, estaríamos caminando hacia el fortalecimiento de nuestra Constitución, de nuestras instituciones, y, por ende, hacia la consolidación del Estado mexicano.

Sin embargo, tal pareciera que la construcción del nuevo modelo beneficia sólo a unos cuantos y, lo peor de todo, es que cuando éstos se sienten agraviados o amenazados, son privilegiados sin importar si atropellan derechos de grupos o de personas.

Hoy venimos a denunciar la violación al derecho a la libre manifestación de ideas, al de la comunicación, al derecho de decir la verdad, pese a quien le pese y duela a quien le duela. Nos referimos al caso particular de Carmen Aristegui Flores

La salida de W Radio de Carmen Aristegui es una prueba contundente de que en México ubicamos los derechos derivados de la capitalización realizada sobre un bien público, por encima del derecho a la libertad de expresión.

Condujo el programa Hoy por Hoy hasta el 4 de enero del 2008, cuando anunció la salida del aire del programa, aduciendo diferencias contractuales y cambios en la dirección editorial que la empresa pretendía llevar a cabo. En la emisión de despedida, Aristegui afirmó haber recibido la noticia de su salida sorpresivamente.

Fue desechada cuando más alto marcaban los registros en rating y en audiencia, por lo que cualquier argumento expresado por W Radio para justificar la no renovación del contrato de la conductora y periodista es inválido.

Carmen Aristegui salió porque representa un ejemplo a la libertad de expresión crítica y objetiva. Sus señalamientos dieron oportunidad a miles de mexicanos de crearse una consciencia más dura y exigente respecto la actuación de autoridades y personajes públicos de México.

Además, ha dado la oportunidad a ciudadanos de todo tipo, de manifestar sus ideas sobre temas "censurados" en medios de comunicación alineados con el poder. Entre los cuales la propia Aristegui enumera: "Las elecciones presidenciales de 2006, el debate de la Ley de Radio y Televisión, la reforma electoral, los procesos judiciales contra el cardenal Norberto Rivera en Estados Unidos, los casos Zongolica, Lydia Cacho y el conflicto social de Oaxaca".

Ha sido en diversas oportunidades objeto de ataques, como cuando el sistema de televisión pagada (SKY), propiedad de Televisa, sacó del aire el noticiero de Aristegui aduciendo "motivos técnicos", cuando en realidad fue en represalia por haber entrevistado al ex candidato presidencial López Obrador y denunciar los atropellos que se estaban dando con motivo de las elecciones presidenciales.

De acuerdo con el diario nacional La Jornada, "a lo largo de 2007 se empezaron a conocer las presiones de los consorcios Televisa y Prisa por limitar los márgenes de crítica de la periodista [...] lo que se dice que definió el despido no es otra cosa que la intervención de uno de los dos cuñados incómodos del jefe del Ejecutivo, que por cierto, desde este sexenio trabaja para la española Prisa".

Carmen Aristegui fue crítica e imparcial al denunciar los atropellos realizados por Ulises Ruiz en Oaxaca durante el conflicto en esa entidad, pero como quedo demostrado, en Televisa no son admitidas las expresiones sistemáticas de independencia profesional.

Esa política se radicalizó en los últimos dos años, cuando se exigió a los conductores de radio y televisión, una conducta "militante a favor de quienes presuntamente podrían dañarlos", como López Obrador.

Para televisa y buena parte de los concesionarios, la gota que derramo el vaso fue la actitud crítica de Aristegui ante la reforma constitucional en materia electoral.

Durante el 2007, su programa Hoy por Hoy fue punto de referencia informativo, ejemplo de lo anterior es el caso Zongolica, donde Carmen Aristegui ha realizado un extenso seguimiento al caso de Ernestina Ascensio Rosario, quien presuntamente falleció a causa de una violación tumultuaria perpetrada por elementos del Ejército Mexicano y donde el presidente Felipe Calderón había adelantado que esta indígena había muerto por un malestar gastrointestinal.

Otro caso lo es el de la famosa Ley Televisa, donde Carmen Aristegui ha sido una de las principales críticas a esta controvertida ley que inhibe la competencia y perpetua el poder del duopolio conformado por Grupo Televisa y por TV Azteca.

En el caso Lydia Cacho, a través de su programa, se transmitieron por primera vez noticias que dieron la vuelta al país y al mundo, como el escándalo de las llamadas telefónicas entre el gobernador priista de Puebla, Mario Marín, y el empresario textilero, Kamel Nacif. En ellas se evidenció la colusión entre ambos para privar de su libertad a la periodista Lydia Cacho por la denuncia que hiciera de una red de pederastas en su libro "Los demonios del edén".

Los intereses de la alta jerarquía eclesiástica también se confrontaron en su programa Hoy por Hoy, al ventilarse las denuncias contra el sacerdote Nicolás Aguilar, acusado de pederastia y protegido por el cardenal Norberto Rivera

A lo largo de su carrera, Aristegui ha sido merecedora de varios reconocimientos, como el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Crónica en radio (2001); el reconocimiento del Centro Mexicano para la Filantropía (2002); el premio de Imagen Pública como mejor comunicadora a nivel nacional (2003); el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Mesa de Análisis (Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo AC 2004); el primer trofeo a la mujer Mont Blanc (2004); dos premios del Club de Periodistas (2002 y 2004); el Premio Nacional de Periodismo por Trascendencia Informativa por Medios Electrónicos (Club de Periodistas de México AC, 2006); la medalla Omecihauatl, por parte del Instituto de las Mujeres-DF (2006); y el último de ellos, el Premio Ondas Iberoamericano de Radio, por su programa Hoy por Hoy (2006).

Por otra parte, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) representa los intereses generales de los radiodifusores mexicanos, siendo un órgano de consulta del Estado en todos los aspectos relacionados con la radiodifusión, con el apoyo de sus comités y comisiones de trabajo, y de sus delegaciones en todo el país.

Asimismo, a través de la difusión de campañas de contenido social y de programas informativos, los radiodifusores mexicanos participan activamente para fortalecer la integración social y cultural de todos los habitantes de nuestro país.

La CIRT está en comunicación permanente con numerosas organizaciones e instituciones nacionales y extranjeras, las cuales proporcionan información sobre lo que hacen en sus respectivos ámbitos de acción, y se mantiene actualizada con respecto a las tecnologías de transmisión y almacenamiento de información.

En consecuencia con esto, por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de la Cámara de Diputados, conforme a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión considere la posibilidad de abrir un espacio e incorporar en las funciones propias de la misma, a la periodista Carmen Aristegui Flores por su trayectoria y objetividad en el desempeño de sus labores.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero 2008.

Diputado Alberto Esteva Salinas (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTAURAR EL 9 DE FEBRERO COMO DÍA NACIONAL DEL CIRUJANO DENTISTA, SUSCRITA POR DIVERSOS DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los que suscriben, diputados Ector Jaime Ramírez Barba, Adriana Vieyra Olivares, Antonio Muñoz Serrano, Margarita Arenas Guzmán y María Esther Jiménez Ramos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Abad de Jesús del Grupo Parlamentario de Convergencia y Joaquín de los Santos Conrado Molina del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que se instaure el 9 de febrero como el Día Nacional del Cirujano Dentista, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La salud es un derecho de los mexicanos y representa un bien estratégico para el desarrollo del país, por esto se requieren programas preventivos que reconozcan los logros y avances del sistema de salud, que identifique las nuevas y cada vez más complejas necesidades de la población y aprovechen las oportunidades para ampliar su cobertura, calidad y eficiencia.

Desde tiempos inmemoriales, las personas se han preocupado por la limpieza y el cuidado de sus dientes y desde que el hombre empezara a diseñar y construir herramientas, se han realizado diversas acciones, tanto para disminuir o eliminar los daños de la enfermedad dental, como para modificar la estructura dentaria principalmente por motivos estéticos y mágico-religiosos.

La odontología en México tiene una historia muy amplia, ya que se remonta a la época precortesiana. Documentación en obras publicadas en estudios antropológicos y aspectos rituales de las mutilaciones dentarias.

Como datos sobresalientes podemos decir que en 1824 Ricardo LePreux, el examinador de los barberos en México, publicó un folleto en el que trataba sobre el medio de alinear los dientes con limas. Como dato cabe recordar que el origen de los dentistas fueron los barberos.

En 1894 aparece en México a la luz pública la primera obra sobre odontología con bases científicas. Como dato curioso cabe mencionar que esta obra no fue escrita por un dentista, sino por un maestro de escuela de Comitán, Chiapas: el profesor Mariano N. Ruiz. En ella se tratan por primera vez en México temas de verdadera orientación dental y ortopédico maxilar sobre etiología, prevención y tratamientos de las anomalías de posición dentarias. Pero llama la atención que en él se traten temas tan importantes como la caries, el flúor, los azúcares y los hábitos perniciosos de la boca, principalmente la succión del dedo y la manera de eliminarlos.

En 1904 se funda el Consultorio Nacional de Enseñanza Dental como una rama de la Escuela de Medicina de México.

En 1908 se presentan las dos primeras tesis sobre temas de ortodoncia, la de Alejandro Cabrera sobre Aparatos para regularizar dientes y la de Manuel Correa Aparatos de retención para dientes regularizados.

Desde 1904 hasta 1940, la ortodoncia fue incluida en todos los planes de estudio en forma más o menos discreta. Primero en el Consultorio Nacional de Enseñanza Dental y luego en la Escuela Nacional de Enseñanza Dental en 1920, y después en la Escuela Nacional de Odontología en 1940, hasta llegar a la Facultad de Odontología en 1973.

En 1960, siendo director de la Escuela Nacional de Odontología el doctor Ignacio Reynoso Obregón, se convoca públicamente al primer examen de oposición abierto a la cátedra.

En 1966, siendo director de la Escuela Nacional de Odontología el doctor Jesús A. Sarabia, se aprueba un nuevo plan de estudios para efectuarse una verdadera reforma académica al cambiarse radicalmente los viejos sistemas de enseñanza que se caracterizaban por ser fundamentalmente teóricos.

En 1967, la entones División de Estudios Superiores de Odontología pasa a formar parte integrante del Consejo de Estudios Superiores de Facultades y Escuelas de la UNAM y al ser aprobadas por unanimidad por el honorable Consejo Universitario los primeros cursos de posgrado en la historia de la odontología mexicana que fueron los de ortodoncia y parodoncia.

A partir de esta fecha la odontología dentro de nuestro país ha sido establecida en muchas universidades donde se imparten las cátedras de dicha especialidad.

La transición demográfica y epidemiológica que presenta nuestro país merece especial atención. Los cambios en la conformación de la pirámide poblacional explican en gran medida la elevada presencia de las enfermedades crónicas no transmisibles, no obstante en ciertas regiones prevalecen las enfermedades infecciosas, las transmitidas por vector, las zoonosis, las bucales, las enfermedades diarreicas y respiratorias, lo que marca un escenario de polaridad de patologías distintas de los países en desarrollo.

En el Informe sobre la salud en el mundo 2002, la OMS expone que en la mayor parte de los países, algunos factores de riesgo son responsables de la carga mundial de morbilidad, mortalidad y discapacidad por enfermedades crónicas y bucales, los factores de riesgo más importantes son hipertensión arterial, hipercolesterolemia, hiperglucemia, escasa ingesta de frutas y hortalizas, exceso de peso u obesidad, falta de actividad física y consumo de tabaco.

La interrelación entre la salud bucal y general ha sido probada con evidencia científica, la enfermedad perionontal severa, por ejemplo, tiene una asociación sinérgica con diabetes.¹

Al menos el 80 por ciento de los mexicanos padece caries lo que representa uno de los problemas epidemiológicos más agudos del país y puede generar complicaciones que van desde faringoamigdalitis hasta endocarditis bacteriana y cardiopatía².

La higiene bucal es un método de prevención de esta enfermedad infecto-contagiosa, por lo que acudir al dentista y saber las técnicas de cepillado, que la mayoría de los mexicanos desconoce, son elementos vitales para el fomento de la salud bucal.

El cuidado médico oral, realizado por un profesional de la salud dental, puede reducir el riesgo de este tipo de enfermedades. La detección temprana de la enfermedad es, en la mayoría de los casos, crucial para salvar vidas ya que se proporciona tratamiento oportuno.

Según datos arrojados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, de 2000 a 2003, se han titulado de la especialidad de odontología 6 mil 113 alumnos³, un número alto y de consideración, lo que nos da una idea de la alta demanda y compromiso que ha adquirido esta carrera.

Otro dato importante es el proporcionado por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) resultando que, dentro de las instituciones públicas que prestan atención médica como lo son la SSA, IMSS, ISSSTE, Sedena, Marina, Pemex y DIF, en el 2006 se encuentran prestando sus servicios 7 mil 656 odontólogos.⁴

La odontología es, por lo expuesto, una rama importante en la procuración de la salud y vehículo imprescindible para la prevención de enfermedades, la profesión de los dentistas es considerada importante por la Organización Mundial de la Salud (OMS) porque combaten los problemas que afectan la salud bucal de miles de personas en todo en el mundo que padecen de estos problemas, debido a causas de alimentación, modo de vida, nivel socioeconómico, cultural, etcétera. Según la OMS, casi un tercio de la población en los países en desarrollo, mil 300 millones de personas requieren alivio del dolor bucodental por lo menos unas tres veces en su vida, los otros dos tercios restantes, aproximadamente 2 mil 400 millones de personas, necesitan unas cinco extracciones⁵.

A pesar del amplio reconocimiento y la importancia que tienen los odontólogos en la salud de nuestro país, no existe un día en el que se haga extensivo dicho reconocimiento, como lo existe para el médico general, el nutriólogo y otras ramas de la salud.

Los dentistas o estomatólogos celebran su día el 9 de febrero de cada año, con motivo del día de Santa Apolonia, patrona de los dedicados a esta profesión y de quienes padecen enfermedades dentales.

Apolonia nació en la ciudad de Alejandría en el siglo tercero, en tiempos del emperador Filipo, el árabe. Este emperador permitió la práctica libre del cristianismo hasta su muerte, pero su sucesor, Decio, desató una persecución contra los cristianos y fueron detenidos varios creyentes, entre ellos Apolonia, a quien torturaron rompiéndole los dientes con piedras y puntas de hierro caliente. Apolonia fue canonizada en el año 249, y su aniversario es el día 9 de febrero.

La falta de una conmemoración para tal hecho es un fiel reflejo de que en nuestro país no es aún suficientemente reconocida esta gran labor, sólo se les recuerda cada año cuando se celebran las semanas de salud bucal, sin ser estas fechas de reconocimiento a su labor.

Dichos esfuerzos, tanto en el ámbito privado como en el público, que realizan estos profesionales de la salud deben ser reconsiderados por nuestras autoridades federales. Se debe reconocer la importancia que tiene esta gran labor, y se debe de conmemorar con todo el protocolo que el acto pueda demandar.

Por lo fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, y con fundamento en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, declare el 9 de febrero como Día Nacional del Cirujano Dentista.

Notas
1. Grossi SG, Genco RJ. Periodontal disease and diabetes mellitus: a two-way relationship. Ann Periodontol 1998; 3: 51-61.
2. Dirección de Fomento a la Salud del IMSS.
3. Anuario estadístico Anuies 2000-2003.
4. Fuente IFAI 2006.
5. Tendencias en el desarrollo de la práctica odontológica en México, página 15, ADM 2000; LVII (1):12-18.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México DF, a 19 de febrero de 2008.

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Adriana Vieyra Olivares, Antonio Muñoz Serrano, Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos, Juan Abad de Jesús, Joaquín de los Santos Conrado Molina.

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA ASF QUE ENTREGUE UN INFORME EXHAUSTIVO SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA SHCP EN 2006 AL FIDEICOMISO PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO, A CARGO DEL DIPUTADO DAVID MENDOZA ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal, David Mendoza Arellano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, con los siguientes

Antecedentes

El 15 de noviembre de 1994 se creó el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio y comenzó a operar en el marco del contrato de fideicomiso que suscribieron por un lado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente; la Secretaría de Educación Pública, en su carácter de fideicomisario, y el Banco Nacional de México, en su carácter de fiduciario.

El programa funciona a través del Fondo Globalizador de Financiamiento para la Vivienda del Magisterio y de 31 fideicomisos promotores de vivienda para el magisterio en cada estado de la república coordinados por la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, con el apoyo de los gobiernos de los estados.

El programa tiene el propósito de otorgar créditos de vivienda nueva o usada solamente al personal de educación básica afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo cual desprende diversas suspicacias pues el sindicato tiene plena libertad de utilizar el programa para mantener su célebre operación política en todo el país.

De manera reciente se ha desatado una polémica en torno a una transferencia multimillonaria de recursos que el gobierno federal realizó en 2006 al fideicomiso y en el informe que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2007 se señala que el patrimonio del fideicomiso es de sólo 490 millones 906 mil 469.81 pesos.

Hasta ahora ignoramos si los recursos del fideicomiso han sido bien utilizados. Como es natural, la falta de transparencia en el asunto ha generado muchas especulaciones acerca del procedimiento de fuga de los recursos, sin embargo, sería esencial que la Cámara de Diputados contara con los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, así como de los 31 órganos de fiscalización de los estados en los que opera el fideicomiso en cuestión para conocer con mayor certeza si los recursos transferidos al Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio fueron utilizados correctamente.

La Cámara de Diputados debiera realizar una investigación escrupulosa que nos permita saber cuántas familias de maestros fueron beneficiadas por el programa, quiénes recibieron sus viviendas a través de él, cuántas recibieron créditos pero sobre todo saber si se ha cumplido eficazmente con la misión del programa, o si ha habido irregularidades o daño patrimonial a los maestros.

Esperamos que el informe de la Auditoría Superior de la Federación nos permita constatar a detalle la forma y grado del cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en el programa porque sería muy grave que se comprobara fraude en un fideicomiso que recibe recursos públicos cuantiosos.

Con base en todo lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita a la Auditoría Superior de la Federación que entregue un informe detallado sobre la aplicación de los recursos transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2006 al Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio. Asimismo le solicita que entregue un informe exhaustivo del cumplimiento de los objetivos y metas del programa.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los órganos de fiscalización superior de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas a que entreguen a la Cámara de Diputados el informe del resultado de la fiscalización 2006 referente al Fondo de Vivienda Magisterial del Estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2008.

Diputado David Mendoza Arellano (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, A RESPETAR A LOS HABITANTES DE LA ENTIDAD Y A EVITAR ACTOS DISCRIMINATORIOS CONTRA ÉSTOS, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN FRANCISCO RIVERA BEDOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los que suscriben, diputados federales por el estado de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al presidente municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a respetar a los ciudadanos de esa entidad y evitar todo acto discriminatorio e infamante en su contra, y a la vez que ofrezca una disculpa pública a los habitantes del municipio de Guadalupe, Nuevo León, por las declaraciones ofensivas vertidas en su contra, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El 12 de febrero la prensa local en Nuevo León, destacadamente, los diarios Milenio y El Norte, daban cuenta de declaraciones del presidente municipal de San Nicolás de los Garza, en el sentido de que el alcalde mencionó su "…plan de instalar una reja en los limites entre los municipios de San Nicolás de los Garza y Guadalupe, Nuevo León, argumentando razones de seguridad… San Nicolás de los Garza contempla instalar una reja en los márgenes del arroyo La Talaverna, a lo largo de 7 kilómetros…"

Argumentaba: "me están robando en San Nicolás y yo tengo que dar respuesta a los habitantes de San Nicolás, no hay mucho que hablar (con las autoridades de Guadalupe)", continuó, expresando que "la principal razón para colocar la división, es por los altos índices de robo que se han presentado en colonias como Industrias del Vidrio, que colinda con Guadalupe" (diario El Norte). Presentó para ello un cuadro del índice de robos, que incluye, por ejemplo Residencial Ciprés, con 1 robo.

En este mismo sentido, el diario Milenio publicaba: "anuncia Chefo muro divisorio con Guadalupe, instalarán una malla de 2 metros a lo largo del arroyo la Talaverna…" "El Alcalde Zeferino Salgado Almaguer detalló que como parte del programa de blindaje de colonias, su administración pretende instalar una malla de 2 metros de alto a lo largo del arroyo la Talaverna, dejando solamente libre el tránsito a través de los pasos peatonales y vehiculares… vamos por un proyecto muy ambicioso que es poner blindaje con la frontera que tenemos con Guadalupe… tenemos muchas solicitudes para blindar las colonias".

Como se puede apreciar, se pretende poner fronteras entre dos municipios en una misma entidad federativa, cuando es claro que ésta no existe y que solamente hay delimitaciones territoriales en función de las atribuciones administrativas que tienen autoridades de dos o más municipios, por lo cual es inaceptable de que a través de este tipo de acciones se provoque el enfrentamiento entre habitantes de una entidad federativa, con la infamante apreciación, a cargo de una autoridad municipal, de tener en los habitantes de otro municipio a todos ellos como delincuentes.

Posiciones como las anteriores son altamente retrógradas y nos regresan a los tiempos del oscurantismo de la Edad Media en donde los señores feudales se encerraban dentro de sus villas, lo cual hoy en día es totalmente inaceptable y violatorio de los derechos humanos establecidos en las diversas convenciones y tratados internacionales, así como de nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en su artículo 11 la garantía de libre tránsito de los mexicanos en el territorio nacional.

Esta actitud del presidente municipal referido va en contra de la política exterior mexicana asumida por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, quien se ha declarado, y realiza el mayor de los esfuerzos como representante de nuestra nación, en contra del muro que los Estados Unidos de Norteamérica están construyendo a lo largo de nuestras fronteras comunes.

Pero lo más indignante es que en sus afanes de asumirse como representante de una clase social, entienda su mandato como aquél encargado de la protección de unos cuantos, ofendiendo a ciudadanos honestos que han demostrado ser trabajadores, como los somos todos los habitantes del estado de Nuevo León en general y en particular los ciudadanos del municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Por ello, manifestarse en el sentido de ver en los habitantes de Guadalupe a delincuentes, es una posición infamante, que requiere de su inmediata retractación, a fin de evitar la división entre los habitantes de ambos municipios, pero sobre todo por el respeto que como habitantes de Nuevo León nos debemos y que nos ha llevado a ser ejemplo de honradez y trabajo a lo largo de nuestra historia.

Por ello, actitudes tan bajas como la asumida por el presidente municipal de San Nicolás, deben ser reprobadas por todos aquellos que estamos luchando por la unidad y el progreso de los mexicanos, ya que no es ésta la forma correcta de atender los problemas de seguridad en nuestro país.

Verlo de esa forma es ser muy limitado de miras y además atentar contra el Programa Nacional de Seguridad Pública propuesto por el presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, que ha hecho un llamado a la coordinación de los esfuerzos de todas las autoridades y a la homologación en las acciones de todos los cuerpos policiacos.

Con base en lo anterior, los diputados federales por Nuevo León, concientes de la necesidad de evitar la división y las posiciones infamantes en contra de los habitantes de nuestro estado, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorte al presidente municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a respetar a los ciudadanos del estado y evitar todo acto discriminatorio e infamante en su contra.

Segundo: Se exhorte al alcalde de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a fin de que ofrezca una disculpa pública a los habitantes del municipio de Guadalupe por las declaraciones infamantes vertidas en su contra.

Tercero: Se solicita a la Presidencia de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que el presente Punto de Acuerdo sea considerado de cómo de obvia y urgente resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2008.

Diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich, Jorge Luis de la Garza Treviño (rúbrica), Juan Manuel Parás González (rúbrica), Ramón Salas López (rúbrica).

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PGR Y A LA PGJDF A CREAR, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, FISCALÍAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE ROBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y COMBUSTIBLES, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que creen, en el ámbito de sus competencias, fiscalías especializadas en materia de robo de energía eléctrica y combustibles.

Consideraciones

La política energética de la actual administración no ha respondido a las expectativas de los mexicanos, situación que se ve reflejada en la debilidad financiera de los organismos públicos del sector (Pemex, CFE y LFC), porque están atados a lo que determine la SHCP, que establece los precios y tarifas de los bienes y servicios energéticos, así como los presupuestos de los organismos y la forma de ejercerlos, con criterios recaudatorios, cuando su manejo debería obedecer a las necesidades energéticas del país.

Ese manejo ha generado que las paraestatales se encuentren en problemas financieros y que sus servicios adolezcan de múltiples deficiencias, a pesar de que generan cuantiosos excedentes, no se les asignan suficientes recursos para efectuar las inversiones que requieren, lo que se ha tratado es de sustituir con recursos privados (Pidiregas y Contratos Múltiples de Servicios). En 2007 se aprobó por esta vía 62 mil 847 millones de pesos, de los cuales 28 mil 487 corresponden a CFE y el resto a Pemex, acompañando este proceso de las transferencia de funciones sustantivas de Pemex y CFE al sector empresarial.

Otro factor que ha contribuido al déficit de las finanzas de las paraestatales es el robo de los energéticos, que en México se considera como uno de los delitos federales más frecuentes, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Este decreto se encuentra tipificado en el artículo 368 fracción II del Código Penal Federal: "El uso, aprovechamiento de energía eléctrica, magnética, electromagnética, de cualquier fluido o de cualquier medio de transmisión sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de los mismos", pero hasta la fecha no se ha logrado frenar, sino que por el contrario continúa incrementándose cada año, intensificándose en todo el país.

Simplemente el robo de energía eléctrica, cuesta aproximadamente 2 mil millones de dólares anuales, que representa un 10 por ciento de los ingresos totales de CFE, y un 30 por ciento en el caso de Luz y Fuerza del Centro. La primera (CFE) comercializa electricidad a 80 millones de mexicanos y diferentes zonas del país podemos observar este tipo de fraude, por ejemplo en la División Golfo Centro (conformada por Tampico, Mante, Ciudad Victoria, Matehuala, San Luis Potosí, Río Verde, Valles y Huejutla), en tres años (2005-2007), se perdieron 21 millones 775 mil 379 pesos por robo de energía eléctrica, siendo 2005 el año más crítico, porque tuvo pérdidas por 12 millones 409 mil 119 pesos, como consecuencia de que 3 mil 580 personas decidieron robarse la energía eléctrica a través de diablitos.

A pesar de la vigilancia federal en 2006 más de 800 personas incurrieron de nuevo en el delito, por ello se estima que las pérdidas alcanzaron los 6 millones de pesos. Durante 2007 se detectaron 870 casos de robo de energía eléctrica en la zona, lo que representó para la CFE una merma económica de 3 millones 366 mil 260 pesos.

Asimismo, la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), distribuye y comercializa la energía eléctrica a más de 20 millones de habitantes, ubicados en el Distrito Federal, estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla, y sus perdidas ascendieron en 2006 a 32.48 por ciento, de éste porcentaje, alrededor de 18.1 puntos porcentuales correspondieron a pérdidas no técnicas originadas por asentamientos irregulares, comercio informal (auto-conexión clandestina "diablitos", con o sin equipo de medición), la alteración del medidor (por su cuenta o auxiliados por trabajadores corruptos), facturación alterada y errores en la toma de lecturas, lo que representa un costo para LFC de 15 mil millones de pesos anuales.

Por otro lado, el robo de combustible en Pemex, asciende aproximadamente a 5 mil millones de dólares por año, sin incluir el contrabando que impacta directamente al fisco. Durante 2007 se detectaron 323 tomas clandestinas en los ductos de Pemex, cifra que representa la más alta. Las entidades que concentran el 82 por ciento del robo en la red de ductos según la Asociación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Lubricantes, son: Veracruz con 57 por ciento, Chihuahua 6 por ciento, Estado de México 5 por ciento, Puebla 5 por ciento, Morelos 3 por ciento, Oaxaca 3 por ciento, Sinaloa 3 por ciento y 18 por ciento se engloba en otros.

De estas tomas clandestinas se detectaron que 296 se realizan a ductos de Pemex Refinación (269 estaban en forma hermética y 27 fuera de control), 17 en oleoductos de Pemex Exploración y Producción y 10 en líneas de Pemex Gas y Petroquímica Básica.

¿Será posible que en México no se sancione a quienes cometen estos ilícitos?, ¿qué se siga con impunidad ante estos delitos por falta de investigación y detención de los presuntos responsables?

Considerando que el procurador general de la República tiene facultades para crear fiscalías especiales para la investigación y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten, y como es el caso, resulta procedente para terminar con el daño patrimonial que genera el robo de combustibles, energía eléctrica y materiales en las empresas del sector.

El fiscal deberá ser competente para investigar y perseguir delitos relacionados con esos ilícitos, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y para el ejercicio de sus funciones. La persona que ocupe el cargo de fiscal especial en la atención de las conductas relacionadas con el robo de energéticos y materiales deberá contar con las facultades suficientes que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y demás disposiciones jurídicas al Ministerio Público de la Federación.

Igualmente, consideramos necesario pueda ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y establecer los mecanismos de coordinación y de interrelación con Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), las autoridades estatales, del Distrito Federal, municipales, y otras áreas de la misma Procuraduría General de la República para el debido cumplimiento de las funciones que le corresponden.

Por otra parte, también resulta necesario que el gobierno del Distrito Federal atienda igualmente la urgencia de una instancia especializada en la investigación y combate del robo de combustible, energía eléctrica y materiales a Luz y Fuerza del Centro, mediante la creación de una agencia del Ministerio Público especializada por materia, que se encargue de la investigación, integración de las averiguaciones previas correspondientes y del ejercicio de la acción penal y consignación de probables responsables por la comisión de esos delitos.

En consecuencia, visto el daño que estos delitos provocan al patrimonio nacional y a las finanzas de las empresas públicas del sector energético, en Convergencia creemos urgente la creación de esta fiscalía especializada y de la agencia del Ministerio Público especializada en el Distrito Federal, que permita terminar con la impunidad con la que operan los sujetos que realizan estos robos.

Por todo lo anterior someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Procuraduría General de la República, se cree la Fiscalía especializada sobre el robo de energía eléctrica y combustibles.

Segundo. Se exhorta al gobierno del Distrito Federal para que, a través de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se cree la agencia del Ministerio Público especializada en el robo de energía eléctrica y combustibles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2008.

Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR, A TRAVÉS DE LA STPS Y DE LA PGR, LAS INDAGATORIAS PARA ESCLARECER LO ACAECIDO EL 19 DE FEBRERO DE 2006 EN LA MINA PASTA DE CONCHOS, SITUADA EN SAN JUAN DE SABINAS, NUEVA ROSITA, COAHUILA, CONCESIONADA A INDUSTRIAL MINERA MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO RICARDO CANTÚ GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

El suscrito, diputado federal Ricardo Cantú Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 19 de febrero de 2006 se produjo un accidente en la mina Pasta de Conchos, concesionada a Industrial Minera México del Grupo México, dirigida por Germán Larrea Mota Velasco, ubicada en la comunidad de San Juan de Sabinas, en el municipio de Nueva Rosita, Coahuila.

La falta de cumplimiento de un elemental protocolo de seguridad, que la minera debió haber establecido conjuntamente con las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y con el sindicato respectivo, desembocó en el accidente, en que 65 mineros fallecieron, precisamente por la indolencia antes referida.

A la fecha no se han clarificado las causas de la catástrofe y lo único cierto es que 65 familias se quedaron sin el sostén que significa un padre de ellas, no sólo en lo económico, sino también en diversos aspectos de su vida cotidiana.

Por parte de las autoridades, lo único cierto es que hasta hace unos cuantos días, como resultado de sus arduas investigaciones, se tomó una medida ejemplar, se sancionó con un año de inhabilitación a cuatro empleados menores de la delegación de la secretaría en comento.

Esto último, si no fuera un asunto por demás serio, suena a burla del gobierno en el poder.

En la época en que sucedieron los hechos, durante el sexenio de Vicente Fox, el titular de la STPS era Francisco Javier Salazar Sáenz, connotado panista y miembro del Yunque, en donde se le conoce como "Capablanca", quien, ante la ira justificada de los familiares que lo increpaban por su falta de acción, fue captado corriendo cubierto por sus guardaespaldas y que ahora pretende se le premie con la candidatura a gobernador por San Luis Potosí.

En el pasado reciente, Javier Lozano Alarcón, actual titular de la secretaría citada, no ha hecho nada que se le deba agradecer para dilucidar lo acaecido y fincar las responsabilidades que correspondan a quienes resulten culpables por los ilícitos cometidos, salvo la inhabilitación mencionada con anterioridad.

El encargado actual de la STPS, por lo no hecho en Pasta de Conchos y por su desempeño como camorrista al servicio de Felipe Calderón, ha sido premiado con la interlocución oficial de los problemas campesinos que protestan por un sin número de hechos en su contra, incluido el TLCAN.

A dos años de la tragedia de Pasta de Conchos, los deudos de los mineros fallecidos claman por justicia, porque no bastan los miserables recursos económicos que les quieren dar para comprar su silencio, sin que se les entreguen los cuerpos de las víctimas para darles sepultura de acuerdo a sus creencias.

Es indispensable que en esta evocación fatal, Felipe Calderón Hinojosa titular del gobierno federal haga honor a su encomienda y ordene que de inmediato la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría General de la República se aboquen a llevar a cabo la investigación que finalmente instaure los juicios penales que previsiblemente resulten.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, somete al Pleno de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La LX Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, demanda al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, titular del Poder Ejecutivo, ordene a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a la Procuraduría General de la República, hagan las indagatorias que correspondan con el fin de esclarecer los hechos acaecidos el 19 de febrero de 2006, en la mina Pasta de Conchos, ubicada en San Juan de Sabinas, Nueva Rosita, Coahuila, concesionada a Industrial Minera México del Grupo México.

Asimismo, que informe puntualmente a esta representación popular sobre las pesquisas que realicen y las conclusiones inherentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2008.

Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA STPS A CONSIDERAR, MEDIANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS, EL ESTADO DE COAHUILA ENTRE LOS REGIDOS EN EL ÁREA GEOGRÁFICA A, A CARGO DEL DIPUTADO ROLANDO RIVERO RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito diputado federal Rolando Rivero Rivero integrante del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y en el ejercicio que me otorgan los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo en base a la siguiente

Exposición de Motivos

El estado de Coahuila y en ciudades en donde la actividad económica es determinante el poder adquisitivo del salario mínimo se a deteriorado un 30 por ciento en los últimos 10 años, según estudios recientes, revelan que los ingresos que perciben los asalariados no les permite cubrir ni la quinta parte del costo de los insumos básicos que requieren para tener a la familia en una vida digna como lo dicta la Constitución de 1917 en el articulo 123 en su numeral sexto, párrafo segundo que a la letra dice: los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material social y cultural y para promover a la educación obligatoria de los hijos.

Coahuila esta subdividido en 5 grandes regiones, región laguna, región sureste, región centro, región carbonífera y la región fronteriza, cada una de estas tiene un singular modo de vida, la región laguna, en donde se ha diversificado la economía a través de la industria maquiladora y manufacturera, la región sureste quien tiene una economía aparejada con la industria automotriz y autopartes, la región centro que apenas empieza a diversificarse, la economía esta basada en la industria acerera y sus derivados, la región carbonífera de las mas golpeadas económicamente, su economía se basa en un 70 por ciento en los trabajos de minería en la extracción de carbón mineral y la región fronteriza por su gran cercanía con el mercado estadounidense, su economía prácticamente esta ligada con la industria maquiladora.

Coahuila actualmente representa uno de los estados mas pujantes de la republica mexicana y hasta diciembre del año pasado su afiliación de trabajadores registrados ante el IMSS fue de 610 mil 296 asegurados totales, de los cuales 551 mil 842 corresponden a trabajadores y el resto a otros esquemas de aseguramiento según datos del mismo instituto, de los cuales prácticamente el 40 por ciento aproximadamente sus renumeraciones se relaciona con los salarios mínimos fijados por la Comisión Nacional cada año.

Es de hacer notar como importante que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es un órgano facultado para establecer la variación de salarios en todo el país y a últimos años el monto que se a establecido no van acorde con las necesidades de los trabajadores como ejemplo en el año 2001 el aumento fue de 6.99 por ciento, en el 2002 de 5.78 por ciento, en el 2003 de 4.5 por ciento, en el 2004 de 4.25, en el 2005 de 4.5 por ciento, y a partir del año del 2006, de 7 y 8 los aumentos se han incrementado únicamente el 4 por ciento con una clara tendencia a la baja y la imposibilidad de los trabajadores de poder subsistir ante los incrementos generales registrados año con año para obtener una mejor calidad de vida.

De las 5 regiones que conforman el estado de Coahuila unas de las zonas mas caras de subsistencia es la zona centro, carbonífera y fronteriza, no dejando muy atrás a la zona lagunera y a la zona sureste, es también loable de comentar como dijimos anteriormente que el 60 por ciento de la población económicamente activa los sueldos que reciben son equiparables al de 3 a 5 salarios mínimos. Siendo una de las situaciones más difíciles para los obreros el de poder subsistir con rentas habitacionales altas, con insumos de alimentación elevados, que hace imposible el poder mantener una familia con una vida digna.

Ante esta situación que ya prácticamente esta generalizada en la Republica Mexicana, urge que la comisión nacional de salarios mínimos pondere la posibilidad de trasladar los municipios pertenecientes a Coahuila al área geográfica A ya que actualmente se encuentran ubicados en el área geográfica C, esto de alguna manera ayudara a evitar un poco menos el deterioro en la vida económica de los trabajadores que están sujetos a renumeraciones con base en el salario mínimo fijado cada año.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social para que en el ámbito de su competencia convoque a una reunión urgente a los que forman la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que ponderen la posibilidad de trasladar al estado de Coahuila –que actualmente se encuentra ubicado en el área geográfica C– a que forme parte del área geográfica A, a fin de cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores que prestan sus servicios y que sus salarios están fijados con base en el mínimo autorizado por la comisión año con año.

Pido a la presidenta que este punto de acuerdo sea escrito íntegramente en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero del 2008.

Diputado Rolando Rivero Rivero (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA COMISIÓN DE NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA QUE PRESENTE UN INFORME PORMENORIZADO RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES EN DIVERSAS CASAS DE BOLSA Y DE CAMBIO, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal Alejandro Martínez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que presente un informe pormenorizado respecto a las irregularidades en diversas casas de bolsa y de cambio, así como a las medidas adoptadas para ejercer mayor supervisión y regulación de sus actividades, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como es del amplio dominio público, en los últimos días los mexicanos hemos tenido diversas noticias de una serie de actividades en las que se involucran a varias casas de bolsa y de cambio.

El más reciente se relaciona con un presunto fraude, que se dio a conocer en los medios de comunicación de partir del 8 de febrero, y el cual ha ocupado los titulares de los principales periódicos en los estados de la república donde ésta operaba.

Fundada en 1989, con más de 600 trabajadores en 20 sucursales diseminadas en todo el país, la casa de cambio Majapara desde diciembre pasado enfrentaba una querella judicial en Nueva York, donde el banco estadounidense Wachovia le reclamaba 38 millones de dólares.

Durante 2006, esta empresa, de cuyos principales directivos se desconoce el paradero a la fecha, había dado signos de serios problemas financieros al haber registrado pérdidas por 5.7 millones de pesos.

A raíz de esas irregularidades, desde el 8 de enero un equipo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que encabeza Guillermo Enrique Babatz Torres, inició una auditoría en la casa de cambio Majapara, que preside Jorge Ortiz Muñoz, a raíz de la demanda mencionada.

En las primeras investigaciones se determinó que las operaciones financieras involucraban también a Harris Bank of Chicago, dado que la casa de cambio mexicana operaba en este banco una cuenta con la que se cree podría garantizar el faltante.

De acuerdo con esto último, los recursos involucrados habrían permitido a los dueños de la mencionada casa de bolsa enfrentar sus serios problemas de liquidez.

Fuentes de la misma CNBV afirmaron a principios del presente año que, aparentemente, Majapara no había dejado de cubrir pagos a sus clientes, pero en esa firma, en la que laboraban 400 empleados, ya había preocupación, debido a que el asunto ventilado con Wachovia había dado como resultado que se dejara de operar con otros bancos en Estados Unidos, así como de emitir cheques para manejarse únicamente en efectivo.

Una semana después, es decir, desde el pasado 16 de enero, en algunas columnas financieras se dejaba entrever que la institución había iniciado gestiones para la venta de algunos de sus activos antes de cerrar operaciones ante la situación de insolvencia que enfrentaba y las acciones legales de Wachovia.

Entre las operaciones que se mencionaban estaría la venta de dos de sus inmuebles y de una posible venta de la propia casa de bolsa. La esperanza de los afectados es que los recursos provenientes de ambas ventas servirían para pagarles.

Otro caso relevante, y el cual ha recibido poca atención, es el relacionado con algunas casas de cambio mexicanas que el gobierno estadounidense investiga por su presunto nexo con actividades ilícitas.

Como parte de estas indagaciones, el año pasado le fueron confiscados a la casa de cambio Puebla 12 millones de dólares en cuentas del banco Wachovia de Miami.

El abogado de esta última ha argumentado que el dinero confiscado en este banco corresponde a envíos de clientes legítimos de la firma.

Ante esa serie de hechos, como legisladores nos surge inmediatamente la siguiente pregunta: ¿cuál es el papel que ha desempeñado la CNBV y cuáles las labores de supervisión y de control de las operaciones de las casas de bolsa y de cambio en el país en general y en particular de las que se han visto involucradas en los últimos meses mediante una serie de denuncias?

En términos de su misión, "la CNBV tiene por objeto supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público. También tiene como finalidad supervisar y regular a las personas físicas y a las morales cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero". Por tanto, cabría esperar que si ésta se cumple deberán contar con la suficiente información acerca de las operaciones que realizan las entidades financieras.

Las casas de bolsa y las de cambio son entidades financieras que, con muchas otras, están sujetas a la supervisión y regulación de la comisión, pero al parecer estas funciones no se han estado llevando a cabo correctamente o han resultado insuficientes. Esto último, por los resultados que hoy todos conocemos.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. Se cita a comparecer al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que presente un informe pormenorizado a esta representación sobre la situación que guarda la operación de las casas de bolsa y las de cambio en el país, los mecanismos de supervisión y regulación que ejerce respecto a ella, así como acerca de las medidas adoptadas para atender las irregularidades que se han presentado en algunas de ellas en los últimos días.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 19 de febrero de 2008.

Diputado Alejandro Martínez Hernández (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPULSAR MEDIDAS NORMATIVAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS QUE PERMITAN EL CRECIMIENTO PLANEADO DE LAS ZONAS URBANAS CONFORME AL PRINCIPIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE, A CARGO DE LA DIPUTADA ELDA GÓMEZ LUGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita Diputada Federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La población del país crece más rápidamente que la dotación de equipamiento, infraestructura, agua potable, suelo, vivienda y fuentes de empleo, de entre los cuales se registra déficit en el suministro de agua potable, drenaje, electricidad, pavimentación y vivienda. Esto conlleva a que el País no se urbanicé y desarrolle de forma planificada.

El rezago en la administración pública de bienes y servicios reduce la calidad de vida de las comunidades y aumenta el deterioro de los recursos naturales, principalmente por las carencias existentes en la legislación de la tierra y el control deficiente del desarrollo urbano.

Asimismo, la lenta incorporación de un sistema vial de centros de población proyectado para cumplir los requisitos que demandan los programas actuales orientados a una economía en donde el traslado de materias primas y productos terminados es vital para la apertura comercial, origina serios problemas de comunicación y retraso productivo en los sectores agrícola, pesquero, industrial, construcción, inmobiliario, etc., como promotores fundamentales de la riqueza regional.

Para lograr un desarrollo urbano-regional equilibrado e integral del país, es de vital importancia contar con instituciones que ejerzan sus facultades jurídicas y administrativas, que garanticen la administración y aplicación de la planeación urbana establecida a largo plazo.

Sólo a través de un estricto control urbano se logrará abatir la incompatibilidad entre los usos del suelo, la especulación del suelo urbano, la falta de servicios de calidad, la falta de reservas territoriales y en general el crecimiento desordenado de las áreas urbanas, que hasta la fecha ha prevalecido en el territorio, en detrimento de la calidad de vida de la población.

Hoy, los ciudadanos de escasos recursos que pretenden adquirir o han adquirido ya una vivienda o un terreno para edificar una, se enfrentan con la problemática de que no cuentan con servicios de agua potable, luz, drenaje, alcantarillado, pavimentación, etcétera.

Los fraccionadores e inmobiliarias venden terrenos o casa habitación sin servicios y evaden toda responsabilidad al respecto, dejándole toda la carga económica a los municipios, estados o federación, según sea el caso e incluso también a los compradores.

México, como sabemos enfrenta un gran rezago en la materia y es necesario dar soluciones integrales. Una vez que ha transcurrido prácticamente el 6% del siglo XXI no podemos aceptar que los mexicanos tengan sólo un techo, sino que es necesario que tengan también una vivienda digna y de calidad.

Se podría decir que hay una crisis estatal en cuanto al suministro de agua potable, la recolección de residuos y el saneamiento. En casi todos los municipios, de una manera u otra, estos elementos son insuficientes o están en disponibilidad inadecuada. Detrás de esto se encuentra el creciente aumento de la población y el deterioro de las infraestructuras por falta de mantenimiento. Lamentablemente en la mayoría de los asentamientos urbanos, las zonas más pobres tienen las mayores carencias.

Para que el acceso al agua potable sea ‘adecuado’ ésta debe de ser de buena calidad y estar disponible siempre dentro de la residencia de las personas. En cuanto al saneamiento, son muchos los sitios donde se carece de un sistema de drenaje adecuado si es que existe. Los desechos humanos son depositados en fosas sépticas, al aire libre o en pequeños contenedores como bolsas de plástico. La falta de drenaje tiene repercusiones fuertes en la calidad del agua y del suelo, además de en la calidad de vida y en la salud.

Por otra parte, la recolección de residuos sólidos, es otra de las acciones que se encuentra en crisis. Esta condición varía de una comunidad a otra. De ahí, que en las regiones pobres las principales causas de enfermedad derivan de las malas condiciones higiénicas.

En los últimos años, de manera internacional, se han propuesto diferentes metas en busca de que toda la población mejore sus condiciones higiénicas, entre las consideraciones que se estiman indispensables, destacan:

a) Aumentar la eficiencia y equidad, favoreciendo al mismo tiempo la conservación y protección del agua y de otros recursos.

b) Suministrar los servicios mediante un proceso participativo para producir servicios que correspondan a la demanda y el uso real de los consumidores.

En estos supuestos, se considera que los servicios deben suministrarse a precios reales que permitan conservar la eficiencia a largo plazo, previendo los beneficios ambientales que se requieren.

Para el suministro de agua potable es importante considerar aspectos tales como:

a) Los estándares y la tecnología necesaria para la depuración.
b) El tipo de sistema de aprovisionamiento.

c) El número y capacidad de los depósitos de agua disponibles.
d) El tipo de distribución.

e) Los sistemas de medición que se usarán.
f) Los instrumentos que se usarán para la conservación del agua.

g) El mantenimiento de los sistemas y las plantas potabilizadoras.
h) La estructura tarifaria que se aplicará.

Para el saneamiento de aguas residuales existen dos alternativas: la acumulación y el tratamiento en el lugar donde se generan. Se pueden utilizar desde letrinas secas, que deben ser cerradas y ventiladas, hasta baños conectados a sistemas de alcantarillado.

Las ciudades producen desechos domésticos cuya composición es variable; y desechos industriales que pueden ser muy nocivos o tóxicos, provenientes de la transformación y procesamiento de diferentes productos.

Es importante estudiar soluciones que permitan a las familias reducir la producción de desechos, reciclar parte de ellos, disponer de nuevas tecnologías y formas de organización para la recolección y manejo de los residuos, no solo para combatir el deterioro ecológico sino para prevenir el deterioro ambiental.

En cualquier caso, las soluciones empiezan controlando la descarga de residuos y estimulando el reciclaje, el reuso y el uso de tecnologías adecuadas para evitar que la basura nos ahogue y deteriore el ambiente.

Por tal motivo, compañeros es que hoy vengo a esta Tribuna para plantear una problemática que vive el país y que es de la mayor prioridad, particularmente por los efectos que trae consigo.

Es necesario que el país crezca adecuadamente, urbanizarlo y desarrollarlo de forma planeada, para que junto con los fraccionadores, los Municipios, los Estados y la Federación, en una adecuada coordinación de Poderes y sin invadir los legítimos espacios de cada uno, se ofrezcan viviendas de calidad, con servicios de calidad.

Es por ello, que considerando las condiciones antes señaladas y en la idea de que las futuras generaciones de mexicanos y mexicanas tengan vivienda con servicios urbanos, es necesaria la participación decidida de las autoridades, a través de políticas públicas y normas reglamentarias adecuadas que resuelvan la problemática existente.

Lo anterior, sin duda coadyuvará a que el país tenga un crecimiento ordenado y trascendente, lo cual es prioritario debido a los múltiples problemas que enfrentamos.

Compañeros, debemos buscar contribuir al desarrollo sustentable, lo cual permitirá el mejoramiento y progreso de los municipios y comunidades, contribuyendo así a que la población tenga una vivienda digna y decorosa con servicios de calidad, lo cual sin duda alguna repercutirá en el desarrollo de todo el país.

En tal virtud, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo para que en el ámbito de su competencia instrumente los programas necesarios y realice los convenios de coordinación que se requieran, a efecto de:

1. Impulsar medidas normativas adecuadas y unificadas para todo el territorio nacional, en aras de estimular un crecimiento planeado de la mancha urbana, evitando así la venta de terrenos para construcción de vivienda o viviendas sin servicios esenciales como lo es el agua potable, drenaje y electricidad.

2. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que impulse políticas y programas públicos que permitan el crecimiento y desarrollo de las zonas urbanas de manera planeada bajo el principio del desarrollo sustentable.

Diputada Elda Gómez Lugo (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SENER, A LA CFE, A LA SHCP, A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA Y AL GOBIERNO FEDERAL A REVISAR Y REESTRUCTURAR LAS TARIFAS ELÉCTRICAS APLICADAS EN LA REGIÓN CENTRO DE COAHUILA, A CARGO DEL DIPUTADO ROLANDO RIVERO RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

EL suscrito, diputado federal Rolando Rivero Rivero, integrante del Grupo Parlamentario del PAN en esta LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y en el ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La región centro de Coahuila, integrada por los municipios de Monclova, Frontera, Castaños, San Buenaventura, Abasolo, Escobedo, Candela, Nadadores, Sacramento y Progreso, se le considera entro de la tarifa de consumo eléctrico ID, aplicada por la Comisión Federal de Electricidad, y para lo cual existe un subsidio denominado primavera/verano, que inicia en la última semana de marzo y finaliza en la última semana de octubre.

La tarifa ID aplicada en toda esta región es muy contradictoria por que va aparejada al consumo de KW registrado durante los días facturados en el bimestre y considerando consumos promedios de 250 KW bimestrales, la tarifa se eleva hasta .57 del costo consumido principalmente en los meses de noviembre-marzo, bajando considerablemente el costo por KW promedio hasta alcanzar .47, aproximadamente en los meses de abril-octubre, con estos consumos similares el costo es de aproximadamente 10 centavos mayor en el ciclo invierno que en el ciclo verano, lo que indudablemente viene a demostrar que el costo de la energía eléctrica es más elevado en tiempos de invierno.

Este subsidio es otorgado principalmente porque la región centro de Coahuila es considerada para toda esta área urbana y rural como clima seco y de alta temperatura promedio de 38 a 44 grados centígrados, durante el periodo primavera/verano.

En hogares de condición modesta el uso obligado de refrigeradores, abanicos, ventiladores hacen que los pagos bimestrales resulten extremadamente gravosos a un con el subsidio otorgado por la CFE en el periodo primavera/verano, siendo a veces imposibles de pagar en donde la pobreza es extrema, pero que dada las altas temperaturas siempre es necesario para conciliar el descanso nocturno la asistencia de aires que incrementa considerablemente el costo de la energía eléctrica. En muchísimos casos de los que estamos hablando los salarios van aparejados con los mínimos otorgados a la región.

Asimismo, es todavía más difícil cuando se trata de hogares en el que vive gente adulta que está sujeta al salario de pensionados y jubilados de los que ya existen muchos en toda la República Mexicana y que cada día se les hace mas imposible el pago de la energía eléctrica que usan por la percepción mensual que obtienen.

Al terminarse el subsidio primavera/verano, la situación se revierte, porque a partir de los meses de noviembre/marzo la temporada climática se ve azotada por temperaturas frías y en muchos casos heladas que hacen que en estas situación se tenga la necesidad de calefactores eléctricos que en muchos hogares incrementan los consumos que rebasan los pagos bimestrales que se originan en primavera/verano.

El cambio de horario en los hogares incrementa también el uso de la energía eléctrica en esta región centro de Coahuila por que las noches comienzan a ser largas y a partir de las 6:00 de la tarde la luz solar desaparece y el día comienza después de las 7:00 de la mañana originando esto, el uso de energía eléctrica desde tempranas horas y en muchos casos antes de el amanecer cuando y por lo general existen estudiantes y trabajadores que requieren el inicio de labores desde las 5:30 de la mañana y si unimos esto a la temporada navideña en los que el hogar más humilde trata de poner algunos adornos navideños eléctricos que, por más modestos que sean, causan incremento en el consumo de la energía eléctrica, es lógico que en la temporada de invierno la gente paga más consumo que en la temporada de calor.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Reguladora de Energía y al gobierno federal para efectuar una revisión y estructuración integral y equitativa a las tarifas eléctricas que son aplicadas a la región centro de Coahuila y se demanda a las instancias correspondientes a la revisión y a la corrección inmediata de la tarifa 1D a sus rangos intermedios que fueron publicados en el acuerdo del 7 de febrero del 2002 por tarifas que reflejen en sus costos un tratamiento preferencial a la región centro de Coahuila, afectada por climas extremosos tanto en verano como en invierno.

Pido a la presidencia que turne este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero del 2008.

Diputado Rolando Rivero Rivero (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB A EMITIR LA DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL PARA LIBERAR RECURSOS Y AGILIZAR LA ATENCIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL SISMO DEL 12 DE FEBRERO EN OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal del estado de Oaxaca e integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LX Legislatura, con fundamento los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo a partir de la siguientes consideraciones:

1. El sismo de 6 grados en la escala de Ritcher que ocurrió el día martes 12 de febrero generó daños en diversas partes del Istmo de Tehuantepec y en las costas de Oaxaca. Se tiene noticia de afectaciones en iglesias, mercados y escuelas además de las propiedades de cientos de oaxaqueños.

La iglesia de San Sebastián y dos escuelas en Tehuantepec, el palacio municipal de Juchitán, así como los daños registrados en Santa María Mixtequilla, Unión Hidalgo y otros municipios hacen necesaria la intervención gubernamental para reconstruir la infraestructura que se dañó y apoyar a la población afectada.

2. El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) está diseñado para dar cobertura financiera en casos de desastres naturales como el sismo recientemente ocurrido y es posible canalizar recursos a las tres acciones que en este momento son necesarias: apoyar a la población de escasos recursos, reconstruir la infraestructura pública y, con el aval de las dependencias del sector cultura, reparar los monumentos históricos afectados.

Corresponde al Ejecutivo federal, por medio del Fonden, emitir la declaratoria de desastre natural que es necesaria para liberar los recursos que se requieren para atender las afectaciones originadas por el sismo del martes 12 de febrero.

Así, por la importancia y pertinencia que esta Legislatura demuestre su solidaridad y sensibilidad con los oaxaqueños, presento ante esta Soberanía la presente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre natural correspondiente para liberar recursos y agilizar la ayuda necesaria para la atención a los daños causados por el sismo del 12 de febrero en Oaxaca.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 19 de febrero de 2008.

Diputado Carlos Altamirano Toledo (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER COMO SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS EL EDIFICIO QUE ALBERGÓ EL INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO, A CARGO DEL DIPUTADO WENCESLAO HERRERA COYAC, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado Wenceslao Herrera Coyac, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Ejecutivo federal a establecer como sede del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas el edificio que originalmente albergó al Instituto Lingüístico de Verano.

Consideraciones

I. Los idiomas originarios de México, más conocidos como lenguas indígenas, dejaron de cultivarse en espacios institucionales a partir de la conquista. Desde entonces, su uso se redujo al ámbito familiar y comunitario.

II. Después de la Independencia, la construcción de la nueva Nación Mexicana, privilegió el uso, estudio y desarrollo del español, como el idioma que le daría unidad e identidad. Incluso, en no pocas ocasiones, se persiguió y castigó la utilización de los idiomas indígenas en las aulas y lugares públicos.

III. No obstante el derecho fundamental de los pueblos originarios de México a su existencia como tales y, por consiguiente, a la preservación y desarrollo de sus culturas y lenguas, no fue sino hasta la cuarta década del pasado siglo XX que se inició el debate institucional sobre este tema, con la realización de la Asamblea de Filólogos y Lingüistas.

IV. El Presidente Cárdenas solicitó la colaboración del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), para el estudio de las lenguas indígenas y para el apoyo a los programas de alfabetización en lenguas indígenas que se emprendieron en aquella época.

V. En 1960 el gobierno federal le concede al ILV, en comodato, un terreno de dos hectáreas en la delegación Tlalpan, DF, para la edificación de su Centro de Investigación y, dentro de él, el 19 de abril de 1964, en el marco de la celebración del Día Panamericano del Indio, el Presidente Adolfo López Mateos inauguró la Casa de Publicaciones en Cien Lenguas.

VI. El convenio de colaboración entre el ILV y el gobierno mexicano concluyó en 1989. Desde entonces, los edificios dependen de la Secretaría de Educación Pública.

VII. La conciencia social y política sobre la importancia de los pueblos indígenas, sus lenguas y culturas para la construcción de la nación democrática a la que aspiramos, ha crecido poco a poco y en los últimos tres lustros se han realizado esfuerzos por reconocer y hacer viable el ejercicio de los derechos de esos pueblos.

VIII. En 1991 el Senado de la República ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y en 1992, tratando de armonizar la legislación nacional a esa norma internacional, se reforma al artículo 4° de la Constitución donde el Estado Mexicano reconoce la composición pluricultural de la sociedad mexicana y admite que ésta se sustenta originalmente en sus pueblos indígenas.

IX. Una nueva reforma constitucional, ahora al artículo 2°, amplía ese reconocimiento, se establecen nuevos derechos y se instituyen obligaciones al Estado para superar sus desigualdades. Particularmente la fracción IV del apartado A de ese artículo, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a: Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

X. Además, la Ley General de Educación en la fracción IV del artículo 7° ordena que los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español, mandato que dio origen a la expedición de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en el año 2003, que, entre otros mandatos, crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Capítulo V).

Concluyendo, para los indígenas el edificio originalmente destinado al Instituto Lingüístico de Verano, es un símbolo: constituyó la primera obra importante construida por el Estado para el estudio, preservación y desarrollo de los idiomas originarios, por ello considero que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, manifestación del nuevo compromiso del Estado Mexicano con las lenguas de sus pueblos indígenas, deba realizar sus tareas en esas instalaciones.

Por lo anteriormente fundado, pongo a consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a establecer como sede del Instituto Nacional de Lenguas indígenas el edificio que originalmente albergó al Instituto Lingüístico de Verano, ubicado en la delegación Tlalpan del Distrito Federal.

Dado en el Palacio Legislativo el 19 de febrero de 2008.

Diputado Wenceslao Herrera Coyac (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, EN COORDINACIÓN CON CAPUFE, A EXENTAR DE PEAJE LOS VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN MERCANCÍAS A ZONAS DE EMERGENCIA, A CARGO DE LA DIPUTADA VIOLETA DEL PILAR LAGUNES VIVEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, perteneciente a la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con objeto de exhortar al gobierno federal a que exente del pago de cuotas en carreteras administradas por el organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a todos y cada uno de los vehículos que transporten cualquier tipo de mercancía para apoyar a localidades o regiones en estado de emergencia, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

México ha demostrado ser uno de los países que mayor ayuda humana y material aporta a diferentes ciudades del mundo cuando se encuentren en estado de necesidad y declarados como zonas de emergencia. El pueblo mexicano se distingue por su hermandad y preocupación, tanto en desastres naturales como en aquellos provocados por la imprudencia humana, lo que se ha demostrado siempre que se ha requerido este tipo de ayuda, más aún cuando el propio territorio nacional es el que se ve afectado por este tipo de eventos desafortunados.

Como ejemplo, el temblor que azotó a nuestro país en 1985, en donde la sociedad unida con los diferentes órganos de gobierno, conjuntaron sus esfuerzos para el rescate humano, sin duda una huella que se quedará en la memoria de todos los mexicanos; a nivel internacional, recordemos también los desastres naturales ocasionados por el tsunami en Oriente en los que México contribuyó de manera destacada con víveres y ayuda humana; los desastres ocasionados en años recientes en diferentes zonas como Tabasco y Chiapas, en nuestro país, en los que una vez más la sociedad mexicana verdaderamente dio muestra de unidad para salir adelante.

Todos nosotros debemos participar en esa ayuda, que nunca sobra en situaciones como las mencionadas, sino al contrario, sobre todo si tomamos en cuenta que las condiciones se tornan difíciles en cuanto a transportación y vías de acceso, pues se hacen más escasas y mucho más necesarias.

El Estado debe buscar incentivar la participación de la mayor parte de la sociedad, llámese civil, organizaciones de gobierno, fundaciones, asociaciones, personas físicas y morales, así como también de servidores públicos de todos los niveles de gobierno y jerarquía.

Los costos que representa ofrecer este tipo de ayuda resultan excesivos sobre todo en la parte relacionada con el trasporte, en donde hay que agregar costos de combustible, personal que realice las labores de carga y descarga, en ocasiones alimentos y hospedaje y el pago en las carreteras de cuota, que en muchas ocasiones representa un precio mucho más elevado que el de la ayuda en mercancías y víveres que se transportan, si a ello se agrega también el número de viajes que en ocasiones realiza cada autotransporte, es claro que los costos se incrementan en cantidades considerables.

Para poder ofrecer este tipo de ayuda, no sólo es necesaria la participación ciudadana, se requiere de un plan integral que agrupe la logística de transportación, la contratación de personal, el pago de los gastos que genera ofrecer ayuda a las personas y ciudades en desgracia, requiere también no solamente la participación ciudadana, desde diferentes ángulos, sino la de todos aquellos que vivimos en México.

En muchas ocasiones, debido a los altos costos que se generan al otorgar esa ayuda en momentos tan necesarios, sólo puede ser ofrecida por fundaciones e instituciones específicamente dedicadas a ello, las cuales reciben diferentes tipo de apoyos o en su defecto, cuentan con la liquidez para realizarlo, situación que debe cambiar para que todos y cada uno de nosotros podamos apoyar.

El gobierno federal puede incentivar mucho más estos apoyos si genera las condiciones para hacer más fácil la participación ciudadana y una de las formas es la exención de pago de cuotas a todos aquellos vehículos que transporten mercancías de apoyo a una zona considerada en estado de emergencia, siempre y cuando sean autorizados por el estado de procedencia.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en coordinación con el organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, proceda a la exención del pago de las carreteras de cuota a todos aquellos vehículos que transporten mercancía a aquellas comunidades y regiones consideradas como zonas de emergencia, siempre y cuando estén autorizados y reconocidos por los estados de procedencia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2008.

Diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO A LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, A RESTABLECER Y CONSOLIDAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL RELACIONADOS CON LA REVITALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, secretario de la Comisión de Cultura e integrante de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha manifestado su interés por restablecer e impulsar la coordinación de los tres órdenes de gobierno y el cumplimiento de las leyes, de orden federal y local del Distrito Federal, como vías imprescindibles para la preservación de nuestro patrimonio de interés nacional y local.

Es ya del conocimiento público la demolición de hasta 11 inmuebles que se encontraban en la zona de monumentos del centro histórico; entre éstos, uno emblemático: el edificio de la calle Regina 97, conocido como "Casa de los Camilos".

Es menester que se efectúe una investigación para deslindar responsabilidades de las autoridades que presuntamente por omisión o por deliberación ocasionaron la destrucción de los inmuebles.

Sin embargo, simultáneamente urge una acción de fondo para evitar que esto vuelva a ocurrir. Por eso haré un recuento sucinto de las peculiaridades de la zona, en cuanto a la coordinación interinstitucional de los distintos órdenes de gobierno que allí conviven.

Para 1997, el centro histórico de la Ciudad de México reunía la casi totalidad de los principales problemas y desafíos de nuestra ciudad: deterioro habitacional, desempleo y subempleo, marginalidad y exclusión social, inseguridad y violencia, congestión vial y contaminación, entre otros. La degradación de los espacios públicos; el deterioro de los inmuebles por su antigüedad y la falta de programas de preservación, tanto federales como locales; la drástica disminución de la oferta de vivienda en renta; y la sustitución de las viviendas por comercios, bodegas y oficinas, así como los sismos de 1985, generaron un agudo proceso de despoblamiento.

Entre 1970 y 1995, el centro histórico perdió 40 por ciento de su población (118 mil 609 habitantes). Súmese que la competencia por el control del espacio urbano –entre los edificios antiguos y deteriorados– y la posibilidad de multiplicar el uso rentable mediante la construcción de edificios con gran densidad de uso del suelo, tiende a resolverse en detrimento de los primeros. Ocurre lo mismo en cuanto a la competencia entre el uso habitacional y los usos del suelo más rentables, en particular el comercio. En este proceso actúa también la falta de congruencia y vinculación entre el marco normativo para la conservación del patrimonio y el de la planeación urbana y de la construcción.

El centro histórico padecía desde hace varias décadas la intervención desarticulada de más de 20 instituciones locales y federales de gobierno. La falta de congruencia y unidad de acción gubernamental dificultaba la gestión de los más elementales aspectos de orden urbano y convivencia social.

Hablamos de una zona que se encuentra protegida por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Históricos y Artísticos, que establece la competencia de los Institutos Nacionales de Antropología e Historia (INAH), y de Bellas Artes (INBA) para normar las acciones tendentes a su preservación.

Sin embargo, la coordinación en materia de planeación y gestión entre estos organismos federales y el gobierno de la Ciudad de México es muy problemática y depende en gran medida de la existencia de una voluntad de colaboración entre ambos niveles de gobierno.

Ante esta situación urge retomar la coordinación que permita unificar la gestión pública y agilizar el diseño y aprobación de los proyectos de "rescate". Ya desde 1980 la Ciudad de México fue declarada por decreto presidencial zona de monumentos históricos, creándose al mismo tiempo el Consejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, a fin de "coordinar las acciones requeridas para su recuperación, protección y conservación". Diez años después se creó el Patronato del Centro Histórico, fideicomitente de un organismo privado, el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México; y en diciembre de 1987 esta zona fue inscrita por la UNESCO en la lista del patrimonio mundial.

A mediados de 2001, estas instituciones fueron reformadas. El patronato dejó de ser fideicomitente del Fideicomiso del Centro Histórico y se extinguió el Consejo del Centro Histórico. El 14 de agosto del mismo año se creó el Consejo Consultivo del Centro Histórico y se firmó un convenio de colaboración para llevar a cabo un nuevo Programa para el Rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México entre los Gobiernos del Distrito Federal, y federal. Asimismo, se creó un comité ejecutivo del consejo consultivo, integrado por miembros de los gobiernos federal, y del Distrito Federal, así como de la sociedad civil.

Por esa razón he insistido en el exhorto a las autoridades federales y a las capitalinas a reforzar la mesa de coordinación permanente de trabajo sobre el centro histórico, convencido de que con este mecanismo se inhibirán acciones como la que ahora lamentamos.

El patrimonio cultural es amenazado o destruido tanto por la incuria como por los conflictos sociales y los políticos. No podemos en ningún sentido banalizar sus efectos y perjuicios. Venimos a refrendar nuestra posición de sujeción a la legislación vigente, a los programas y acciones de protección del patrimonio cultural y a favor del fortalecimiento de las instituciones culturales.

Por esto los conmino a refrendar nuestra valoración y respeto por el patrimonio cultural, mediante el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las instancias de protección del patrimonio cultural de los gobiernos federal, del Distrito Federal y delegacionales a restablecer y consolidar los mecanismos de enlace interinstitucional relacionados con los procesos de revitalización y conservación del centro histórico de la Ciudad de México, con el objetivo de hacer valer la preservación del patrimonio cultural.

Segundo. Se exhorta a las mismas instancias de gobierno a presentar de manera coordinada el plan o programa integral del centro histórico de la Ciudad de México, concordando las disposiciones aplicables y los demás instrumentos normativos o de política tanto urbana, social y cultural como el programa parcial del centro histórico en vigor.

Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA PROBLEMÁTICA EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR BARAJAS DEL TORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Honorable Asamblea:

Acudo a esta alta tribuna para denunciar los lamentables hechos que están afectando la vida académica y el futuro profesional de los alumnos y egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 144 de Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán El Grande, en mi estado, Jalisco.

La seria problemática que está impidiendo el adecuado desarrollo profesional de sus alumnos, y egresados reside en el hecho, insisto, muy lamentable de que los estudios que se imparten en la Universidad Pedagógica de licenciatura en Intervención Educativa, LIE, extrañamente no están contemplados en el "Profesiograma" de la Secretaría de Educación Estatal.

Algo que, sin duda, en principio es una grave contradicción al permitirse que se impartan estos estudios a nivel licenciatura y posteriormente negárseles el reconocimiento que merecen todos aquellos estudiantes que han cumplido y aprobado satisfactoriamente las materias contenidas en el plan de estudios por el que optaron a su ingreso en una institución de educación superior, que siempre se ha distinguido por su seriedad y prestigio, como lo es la Universidad Pedagógica Nacional.

Sin embargo, lo que sucede en realidad es que al egresar de dicha carrera se topan con el enorme obstáculo de que no pueden ser contratados por ninguna institución ya que resulta que su certificado carece de validez oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública, y por consecuencia su triste futuro es el de engrosar aún más las filas de los desempleados en Jalisco.

De esta forma, lo que se está consiguiendo es truncar los sueños de los jóvenes de forjarse un mejor futuro a través de las oportunidades que supuestamente debe ofrecer el sistema educativo mexicano y principalmente su deseo de ser mejores ciudadanos y mejores profesionistas.

Circunstancias que, quiero aclarar aunque no lo avalo pues siempre es necesario agotar primero todas las instancias de diálogo, han llevado a la toma de las instalaciones de dicho centro educativo.

Lo que ahora ocurre en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 144 de Ciudad Guzmán, es a todas luces una injusticia que debemos de evitar al subsanar la falta en la que han estado incurriendo las autoridades educativas de Jalisco, a partir de octubre de 2005, fecha desde la que se encuentra vigente la licenciatura en Intervención Educativa que imparte dicha universidad.

Lo anterior, podrá lograrse, en principio mediante la inclusión de esa licenciatura en el "Profesiograma" del estado, dentro de sus líneas específicas de orientación educativa; educación inicial; educación de las personas jóvenes y adultos; gestión educativa; interculturalidad; y educación inclusiva.

Como legisladores, es nuestro deber velar por la educación de los jóvenes y porque estén preparados debidamente para hacerle frente a una vida profesional y familiar cada vez más exigente.

Es por lo anteriormente expuesto, que me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados expresa su extrañamiento a la Secretaría de Educación del estado de Jalisco, al no expedir títulos, o certificados con validez oficial de licenciaturas ofrecidas en el estado por una de las instituciones de educación superior más reconocidas y prestigiadas a nivel nacional, como lo es la Universidad Pedagógica Nacional; asimismo, le hace llegar un urgente exhorto para que a la brevedad, incluya en su Profesiograma la licenciatura en Intervención Educativa, LIE, que imparte la Universidad Pedagógica Nacional.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 19 días del mes de febrero de 2008.

Diputado Salvador Barajas del Toro (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA SEP Y A LA STPS A REALIZAR ACCIONES EN ATENCIÓN A LAS PERSONAS ZURDAS, A CARGO DE LA DIPUTADA VIOLETA DEL PILAR LAGUNES VIVEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con objeto de exhortar a las Secretarías de Salud, de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social así como al Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática, a que se realicen acciones de investigación de las personas zurdas dentro de sus competencias, conforme a las siguientes

Consideraciones

El desarrollo normal de las personas zurdas es diferente a los llamados "diestros" en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, ya sea en el trabajo diario, en la escuela, en los deportes, en la propia casa y en general en todos y cada uno de los roles en que se desempeñan, sin que hasta la fecha se haya elaborado un estudio serio de los tipos de lateralidad que existen, el porcentaje de zurdos que existen en el país y las dificultades a las cuales se enfrentan por esta razón.

Es necesario hacer conciencia de este tipo de personas, ya que en la vida diaria nos damos cuenta que muy pocos aspectos son tomados en cuenta para las personas zurdas, es decir, el ámbito de desarrollo y de convivencia está predeterminado para las personas diestras, lo que afecta a quienes tienen algún tipo de lateralidad, ya que necesitan como consecuencia desarrollar otras cualidades y aptitudes para adecuarse a la vida diaria.

Resulta impresionante ver que en la mayoría de las escuelas, tanto públicas como privadas de cualquier nivel, no se toma en cuenta las necesidades de las personas con esta característica; de la misma forma en cualquier trabajo, las herramientas necesarias para el desempeño no son las adecuadas para las personas que tienen más facilidad para usar el hemisferio cerebral derecho y como consecuencia reflejarlo con el uso de las partes corporales izquierdas.

Es más, dejando a un lado el ámbito laboral o educativo, con todo lo que ello encierra, son víctimas de discriminación, y en ocasiones de burlas por parte de la sociedad en la que se desarrollan.

En consecuencia, las autoridades, a través de las secretarías de Estado mencionadas, deben realizar acciones de investigación y de apoyo para las personas zurdas, con la intención de que puedan integrarse con toda la normalidad a las diferentes actividades que demanda la vida diaria.

A ciencia cierta, no se sabe el porcentaje de personas zurdas en el país, por eso es importante que el INEGI a través de los diferentes censos que realiza pueda determinarlo, a efecto de que la cifra arrojada impacte en los programas de todas y cada una de las instituciones y órganos de gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable cuerpo colegiado, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Salud, de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social, a realizar acciones de investigación, implantando actividades de atención a las personas zurdas, dentro de sus ámbitos de competencia.

Segundo. Que la Cámara de Diputados exhorte al Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, a efecto de que dentro de los censos que realiza, implante acciones para conocer el número y condiciones de las personas zurdas que hay en el país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2008.

Diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN SALAS LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito diputado federal Ramón Salas López integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados con fundamento en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes.

Consideraciones

La cuarta parte de nuestro planeta está formada por tierras áridas, en las que habita una sexta parte de la población mundial. Extensas zonas secas se ven amenazadas por la desertificación, un fenómeno que se define como el deterioro de los terrenos de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, ocasionado por diversos factores, entre los que figuran, las variaciones climáticas y la explotación abusiva de los recursos naturales por parte del ser humano.

De acuerdo con expertos e información de las Naciones Unidas, la desertificación afecta a unos mil 200 millones de personas y está presente en mil 900 millones de hectáreas de todo el mundo.

Si bien existen importantes estudios para fomentar la productividad de estas regiones, es necesario afrontar una serie de nuevos desafíos como la variación climática, las repercusiones en el ciclo del dióxido de carbono, en el ciclo natural del agua, la problemática de la preservación de los bienes y servicios de los distintos ecosistemas, la utilización de madera como combustible, entre muchos otros.

Durante décadas, los responsables de las políticas nacionales e internacionales han sido informados del riesgo y de la irreversible degradación del planeta; es decir la pérdida de su capacidad en el largo plazo para proveer de bienes y servicios a las poblaciones humanas. Esta degradación de los ecosistemas podría incrementar las condiciones de pobreza y amenazas sobre las poblaciones que dependen de los recursos naturales.

Es justamente esta población de todo el mundo la que se encuentra entre las más pobres, sobreviviendo, gran parte de ellos con ingresos equivalentes a menos de 1 dólar por día, padeciendo enormes limitaciones para su alimentación y sobrevivencia.

Los proyectos como la Evaluación de la Degradación de la Tierra en las Zonas Áridas o la Convención de las Naciones Unidas para el Combate de la Desertificación se han centrado en el daño producido en los ecosistemas áridos por las actividades humanas. El apoyo para estos programas puede incrementarse significativamente si se pone más atención en las distintas capacidades productivas e incorporan objetivos de la optimización de los usos de los recursos de las zonas áridas.

En México el área del semidesierto comprende una extensión de cerca de 155,000 kilómetros cuadrados, abarcando principalmente los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas e Hidalgo. En dicha área coexisten ciudades industriales, zonas mineras, áreas agrícolas de alta productividad a nivel nacional, así como localidades que registran alto nivel de pobreza y marginación.

De todas las regiones del país, el semidesierto es de las zonas que aportan el mayor número de migrantes, que a pesar las acciones emprendidas por parte del Gobierno Federal, ha ido en aumento, y los esfuerzos que se hacen para arraigar a las familias del semidesierto no son las indicadas.

La Comisión Nacional de las Zonas Áridas, organismo descentralizado del gobierno federal, funcionó como "instancia técnica especializada en la planeación, regulación, dirección y diseño de las políticas y programas orientadas a frenar la desertificación mediante el uso, manejo y conservación del suelo, el agua y la cubierta vegetal en tierras frágiles, con un enfoque preventivo y productivo" pero hoy en día ha disminuido sus actividades y prácticamente ha desaparecido.

Para el Ejecutivo federal esta dependencia ha dejado de ser útil y los programas que actualmente se aplican no cumplen con las necesidades de los habitantes de estas zonas. Para la clase campesina de las zonas áridas y semiáridas de México solamente existen dos alternativas: 1) continuar con los métodos tradicionales de trabajo que hasta ahora los han mantenido en la marginalidad, lo cual los hace emigrar a los sórdidos y dramáticos cinturones de miseria de las grandes ciudades; o 2) aventurarse a cruzar como ilegales al vecino país del norte.

Estoy convencido de que se puede cambiar la realidad y condición crítica en que viven millones de mexicanos habitantes de estas regiones, que suelen ser los más pobres de entre los pobres por las condiciones naturales y la nula atención del gobierno y de la sociedad.

La supervivencia de los habitantes se ha basado en la explotación de recursos silvestres como el ixtle de lechuguilla y palma, el cortadillo, el aguamiel de maguey, el nopal para consumo humano y forrajero, el vino de sotol, entre otros.

Debido a la sobreexplotación de los recursos se debe de tener un control de manera sustentable, así como promover la capacitación de los productores. Es de suma importancia que se impulse la investigación de nichos de mercado, donde quiera que estos se encuentren, para que la producción que tengamos sea la que la sociedad demanda.

El gobierno federal, respondiendo a las demandas de los pobladores de estas regiones tiene que emprender programas para hacer accesible los servicios de salud y educación; los programas de vivienda rural; los programas de agua limpia, además de impulsar el financiamiento de sus proyectos de producción, transformación y comercialización de los productos explotables de estas zonas.

En las zonas semidesérticas de México existe un alto potencial económico con productos de poca competencia mundial, cuyo uso es estratégico en algunos procesos industriales, beneficiando a los habitantes del desierto, por lo que se requeriría del asesoramiento para aprovechar las oportunidades que se establecen en el Capítulo Agrícola del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

Así mismo encontramos enormes oportunidades para el desarrollo de importantes proyectos turísticos y el aprovechamiento sustentable de los suelos.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de Zonas Áridas y Semiáridas de la Cámara de Diputados como instrumento para impulsar las iniciativas que atiendan las demandas de servicios de salud y educación; de acceso a programas de vivienda y de empleo; así como para la transferencia de tecnología y la inversión en infraestructura que permitan a estas zonas del país alcanzar su desarrollo sustentable.

Segundo. Se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Social, Agricultura y Ganadería; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Recursos Hidráulicos, Salud, Educación y Vivienda para que establezcan los mecanismos de información y coordinación pertinentes con esta Comisión Especial.

Tercero. Se haga del conocimiento de las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura y Ganadería, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Economía, de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, de instituciones de educación y de salud y de los gobiernos estatales y municipales de los trabajos de esta comisión especial, para evaluar, exhortar o apoyar acciones e inversiones que puedan aplicar para el rescate, preservación, desarrollo y aprovechamiento de las Zonas Áridas y Semiáridas del país.

Cuarto. La Comisión Especial de Zonas Áridas y Semiáridas contará con los recursos y el personal necesario para su operación y su duración será hasta el término de la LX Legislatura, o cuando se haya cumplido su objeto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.

Diputado Ramón Salas López (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE PUEBLA A REFORMAR LA LEY DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE ESA ENTIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA VIOLETA DEL PILAR LAGUNES VIVEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Violeta del Pilar Lagunes Viveros, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de la LX legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Puebla a reformar la legislatura local, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El marco legal aplicable en el estado de Puebla debe permitir que el gobierno garantice la existencia de un verdadero estado de derecho; siempre que esas normas sean avanzadas, la vida de todos y cada uno de los ciudadanos podrá ser respetada por sus autoridades y por cada una de las personas que conviven en sociedad.

En tal virtud, es responsabilidad del Congreso del estado mantener una legislación que mejore la calidad de vida de los gobernados, así como la confianza en las instituciones gubernamentales y la función pública.

Por esta razón es necesario reformar la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con la finalidad de que tal organismo realmente tenga autonomía técnica y de gestión como lo prevé la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, pues en la realidad tiene un alto grado de dependencia respecto del Congreso del estado, fundamentalmente en los siguientes aspectos:

1. Nombramiento y remoción del auditor general. Dentro de la legislación de Puebla no se señala el procedimiento de remoción del titular de la entidad de fiscalización superior estatal.

2. Poder de nombramiento y remoción del auditor general. Sus facultades están limitadas porque no puede nombrar a ninguno de los servidores públicos que lo apoyen, únicamente propone el nombramiento de éstos al órgano de fiscalización; peor aún, los auditores especiales sólo pueden ser nombrados y removidos por la Gran Comisión del Congreso del estado.

Debe destacarse que en diez de nuestras entidades federativas, los titulares de los órganos de fiscalización, tienen la atribución de nombrar y remover a su personal sin necesidad de autorización por parte del Congreso estatal, lo que como se ha señalado, no sucede en el estado de Puebla, donde corresponde a la Gran Comisión del Congreso del estado nombrar y remover a los auditores especiales; y el auditor general sólo propone el nombramiento de los demás servidores públicos, sin que se exprese disposición alguna sobre la remoción de tales servidores públicos.

3. Votación requerida para la remoción del titular del órgano de fiscalización. En la ley reglamentaria del estado de Puebla, existen contradicciones en la votación requerida para la remoción del titular del órgano de fiscalización.

Esto es así porque la constitución local remite a la ley secundaria para regular la remoción. Sin embargo, el artículo 113 constitucional señala que la votación necesaria para la designación del titular es de dos terceras partes de los diputados presentes.

Por su parte, el artículo 16 de la ley secundaria establece que la remoción requiere la misma votación que para el nombramiento; sin embargo, a diferencia de la Constitución local, el artículo 10 de la ley secundaria establece que se requiere la votación de las dos terceras partes del Congreso del estado.

4. Informes del órgano de fiscalización. El órgano de fiscalización debe tener la obligación de rendir al Congreso local informes de seguimiento, lo que permitiría a la legislatura, conocer el estado que guardan las solventaciones y las acciones realizadas con objeto de resarcir a las haciendas públicas.

Asimismo, el ente fiscalizador debía estar obligado a rendir un informe al Congreso del estado de las revisiones de situación excepcional, señalándose en la legislación secundaria el contenido de dicho informe, con la finalidad de que el congreso quede plenamente enterado de lo que en su caso, respondió la entidad fiscalizada, el resultado de la auditoría practicada por el órgano fiscalizador, las posibles responsabilidades y sanciones, o aquél en el que la entidad de fiscalización justifique la razón por la que decidió no auditar a la entidad a pesar de tratarse de una situación excepcional.

5. Ausencia de facultades reglamentarias del auditor general. En la legislación del estado de Puebla no se hace referencia a la expedición del reglamento interior del órgano de fiscalización; en cambio, en 17 entidades federativas, el órgano mencionado puede proponer al Congreso local su reglamento interior.

También debe destacarse que en estados como Baja California, Guanajuato, Morelos, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, el órgano de fiscalización correspondiente tiene autonomía para decidir sobre su organización interna, al tener la atribución de expedir su reglamento interior.

6. Facultades del órgano de fiscalización en materia de responsabilidad de funcionarios públicos y aplicación de sanciones. Es muy limitada la "autonomía" del ente fiscalizador en materia de responsabilidades y sanciones, por las siguientes razones:

a) No tiene autonomía para fincar responsabilidades e imponer sanciones, lo que se desprende del artículo 113 de la Constitución local y 14, fracciones XVIII a XX, 22, fracción VII, 26, fracción XVI, y 43 a 49, ya que el órgano de fiscalización requiere previo acuerdo del Congreso del estado para:

Dar inicio y sustanciar el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades.

Promover las medidas para la restitución del bien obtenido al erario.

Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de responsabilidades.

Presentar denuncias y querellas.

b) Por lo que hace a la determinación del universo de trabajo, la autonomía del órgano de fiscalización se considera restringida porque la Comisión Inspectora le puede ordenar la práctica de auditorías.

Asimismo, en el estado de Puebla, la Comisión Inspectora, que es una autoridad diferente al órgano de fiscalización, tiene la posibilidad de intervenir en el programa de auditorías propuestas por el órgano técnico, lo que permite politizar la revisión de las cuentas públicas.

Lo anterior a pesar de que no es conveniente que la legislatura del estado tengan injerencia en la que respecta a la elaboración del programa de auditorías de la entidad de fiscalización, en razón de que su intervención es empleada como un medio para otorgar protección o bien, realizar ataques o persecuciones, que en la mayoría de los casos tienen su origen en intereses políticos o económicos, además de que con tal autonomía se contribuye a trasparentar el proceso de fiscalización en el que la sociedad ha mostrado su interés por vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos.

Asimismo, sería sano que la Legislatura del estado de Puebla no solicitara auditorías adicionales a las contenidas en los programas de trabajo y en todo caso que sea el Pleno del Congreso, que con una mayoría calificada tenga tal atribución, lo que implicaría un acuerdo de las distintas fracciones parlamentarias que lo integran.

En todo caso, lo recomendable sería que el Congreso Local pudiera hacer estas solicitudes a través de las revisiones de situación excepcional contempladas dentro de la legislación aplicable, estableciendo en la legislación secundaria con claridad sus requisitos, características y dejar que el órgano fiscalizador, en uso de su autonomía, decida en qué casos atenderá dichas solicitudes, fundamentando sus resoluciones.

7. Fortalecimiento de las revisiones excepcionales del órgano de fiscalización. En el estado de Puebla, se establecen las revisiones posteriores del órgano de fiscalización y las excepcionales, sin embargo, éstas últimas deben fortalecerse con el objeto de que constituyan realmente una revisión y no sean utilizadas como garrote político, por lo que entre otras cuestiones, la legislatura del estado debería establecer claramente aquéllos supuestos que constituyen situaciones excepciones con el objeto de salvaguardar el principio de seguridad jurídica, pues la legislación no define cuáles son las situaciones cuyas legislaciones no contemplan revisiones de situación excepcional.

8. Ausencia de prórrogas para la presentación de cuentas públicas.

El estado de Puebla no regula ninguna prórroga en la presentación de las cuentas públicas, lo que sí se establece en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur (en los municipios), Coahuila, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Michoacán Morelos, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de este honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Punto de acuerdo por el cual se exhorta al Congreso del estado de Puebla reformar la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con la finalidad de que tal organismo realmente tenga autonomía técnica y de gestión en los términos expuestos en la parte considerativa de este documento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2008.

Diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CONVOCA AL EJECUTIVO FEDERAL A ENTABLAR EL DIÁLOGO PROMETIDO CON EL CONGRESO DE LA UNIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta H. Asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En su calidad del presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa anunció que entregaría a las dirigencias de todos los partidos políticos una propuesta de agenda nacional, a fin de intercambiar opiniones y puntos de vista en esta materia, pues insistirá en la búsqueda de "un gobierno de unidad nacional", argumentando que existía el riesgo de que esa fuese "la última oportunidad". Se comprometió a no dar la vuelta a los problemas y llamó a todos los actores políticos a ser responsables, a asumir los costos políticos de resolver los problemas del país.

Más tarde, hizo entrega a todos los partidos políticos del documento denominado Temas Legislativos para la Agenda Nacional, diciendo que con ello daba "inicio a un proceso de análisis, de diálogo, que nos permita construir los acuerdos que México necesita...", e insistió en la necesidad de actuar con responsabilidad.

En ese momento señaló algunos de los temas que se proponía abordar en este diálogo con los partidos políticos y sus grupos parlamentarios tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y dijo que se trataba sólo del primer paso para discutir los problemas de México y plantear posibles soluciones, en lo que llamó un esquema de negociación transparente de cara a los mexicanos.

Incluso, diputados de su partido propusieron después una reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para cambiar el formato del Informe de Gobierno y permitir el debate entre el Presidente de la República y los ocho partidos políticos, con una sesión de comparecencia.

Desde entonces, y hasta hoy, se han intercambiado todo tipo de propuestas para hacer realidad el diálogo al que urgió Felipe Calderón como presidente electo, sin que hasta la fecha se haya concretado. No obstante, el PRI ha ejercido una posición responsable y ha apoyado todas las iniciativas que desde la Presidencia de la República o desde cualesquiera de las fuerzas políticas se han presentado para atender los graves rezagos que aquejan al país.

No nos hemos detenido a esperar el diálogo con el Presidente, por el contrario, hemos dado viabilidad a la vida institucional y económica, y hemos propuesto una importante cantidad de reformas para alcanzar una sociedad más equitativa y justa. Hoy urgimos a ese diálogo.

Hoy llamamos al Presidente Calderón a ser congruente, a ejercer la política de manera responsable, a no perder más el tiempo en la construcción de una agenda nacional en la que participen todas las fuerzas políticas, en un diálogo plural y respetuoso, que corresponda a una nueva forma de relación entre poderes, congruente con los cambios democráticos que hemos alcanzado, con la pluralidad expresada en las urnas.

La sociedad nos exige respuestas ante los graves problemas de desigualdad que limitan la marcha del país, ante las crecientes manifestaciones –incluso violentas– de inconformidad, y cuya respuesta no podemos eludir o pasar a las próximas generaciones. Hay una gran urgencia de recoger las demandas sociales y explorar todas las alternativas posibles hacia un país más justo.

Debemos atender el llamado a la conformación de un nuevo orden en el que esté garantizado el ejercicio pleno de los derechos sociales. Para alcanzar un desarrollo que se traduzca en empleos mejor remunerados; un desarrollo equilibrado y equitativo de todas las regiones del país; donde los problemas de pobreza y del campo sean atendidos con carácter prioritario.

Es inaplazable la construcción de normas para un nuevo orden político, la redefinición de las instituciones y las relaciones entre las fuerzas políticas. Tenemos que alcanzar un desarrollo pleno de nuestras instituciones de justicia y atender de manera urgente los sistemas de seguridad del país.

Los legisladores del PRI estamos abiertos a un diálogo constructivo y a establecer alianzas con otras fuerzas políticas, a buscar coincidencias pero sin sacrificar nuestros principios. Queremos un diálogo que vaya al fondo de los problemas, a través del cual se puedan construir los acuerdos básicos para revertir la enorme problemática que aqueja a millones de mexicanos.

No admitiremos que el llamado al diálogo quede en un impulso o en declaración estéril. Demandamos un diálogo urgente y respetuoso que permita la transformación social y democrática del país en condiciones de acuerdo político, porque esa es la única forma de asumir la responsabilidad del Estado con los millones de mexicanos que nos exigen respuestas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se convoca al titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, a convocar a las fuerzas políticas del país a establecer cuanto antes las condiciones para un mecanismo formal y permanente de diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, con miras a la construcción de una agenda legislativa nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 19 de febrero de 2008.

Diputado Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR PROGRAMAS DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA NACIONAL Y A ELABORAR UN ESTUDIO RESPECTO A LA VIABILIDAD DE EXENTAR DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS LA ENAJENACIÓN DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS LOCALES, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR MANUEL RAMOS COVARRUBIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Héctor Manuel Ramos Covarrubias, integrante de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestra economía tiene su motor principal en las empresas mexicanas que ofrecen sus productos en el mercado nacional e internacional, que implementan importantes esfuerzos por hacer eficientes sus procesos y obtener un mayor beneficio particular, que se ve reflejado también en un mayor bienestar de nuestra economía interna y externamente.

Una de las Industrias con mayor potencial de crecimiento es sin duda nuestra industria vitivinícola nacional, misma que a pesar de la desventaja comparativa con países que gozan de estímulos fiscales que los hacen más competitivos en el mercado mundial, como son los casos de Chile y Argentina, nuestra industria vitivinicola, ofrece productos altamente competitivos en calidad que es donde puede competir.

Nuestra industria vitivinícola está integrada por pequeños y grandes productores, que para mantenerse en el mercado requieren elaborar un producto de calidad a precios relativamente bajos, atravesando también por el complejo proceso de hacer rentable la empresa dado el tiempo que tarda la inversión en convertirse en producción y a su vez en ingresos.

Es digno de mencionar a esta honorable asamblea, que el proceso de producción del vino es bastante largo y complejo, ya que una vez concluido el proceso viticultor, los productores tienen que enfrentar altos costos de almacenaje y financiamiento para que el producto permanezca cuando menos un año en las barricas, que en ocasiones llega a ser hasta 5 años; un año embotellado y el tiempo suficiente para su comercialización.

Es precisamente el proceso de comercialización en el que los productos vitivinícolas nacionales enfrentan uno de los obstáculos más grandes, ya que los vinos importados acaparan poco más del 70 por ciento del mercado nacional al gozar de una mayor aceptación por los consumidores mexicanos debido a su menor precio sobre los producidos en México; por la amplia difusión y publicidad que se les ha otorgado a través del tiempo.

Sin embargo, aunado a los beneficios económicos que propicia el buen desempeño de la industria vitivinícola nacional, el consumo moderado de vino también tiene una repercusión benéfica en la salud.

Es preciso indicar que desde 1990, numerosos estudios han evidenciado que las personas que consumen cantidades moderadas de vino presentan una incidencia inferior de enfermedades cardiovasculares, obteniendo resultados que demuestran una disminución de un 30 a un 40 por ciento en el riesgo de sufrir estas enfermedades.

De los beneficios para la salud por el consumo moderado de vino, destacan 3: un aumento del colesterol HDL, también llamado colesterol bueno; una disminución del colesterol LDL o colesterol malo; y una disminución también de los mecanismos implicados en el fenómeno de coagulación sanguínea.

Con datos publicados por la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición (FIVIN), provenientes del estudio científico sobre el vino y las enfermedades cardiovasculares, realizado por expertos del Hospital Clínico Universitario de Barcelona, se identifican claramente los beneficiosos que el consumo moderado de vino tiene en la prevención de lesiones arteriales y de la trombosis, así como sus efectos antiinflamatorios.

Según el estudio citado, en el que participaron también instituciones de Francia, Gran Bretaña e Italia, el consumo de entre dos y tres vasos diarios de vino tinto hace disminuir el riesgo de muerte por infarto o accidente cerebro-vascular en un 33 por ciento, la mortalidad cardiovascular en un 40 por ciento y la muerte por cáncer en un 22 por ciento.

Entre algunos otros beneficios para la salud mencionados por la FIVIN, se encuentran: la detención en la proliferación de células cancerígenas; la prevención de la aparición del herpes labial y del herpes genital; acciones antivirales; acciones anticaries, impidiendo la formación de la placa bacteriana; beneficios en el proceso de digestión, etcétera.

Sin duda alguna los beneficios de la ingesta moderada de vino son bastantes, sin embargo, no se les ha dado la difusión necesaria para que el consumidor mexicano pueda conocerlos y apoyar a nuestra industria nacional incrementando la demanda de los mismos. A lo anterior, se une la gran desventaja en precio que tienen los vinos mexicanos en los mercados de otros países, aún a pesar de la alta calidad que han demostrado tener nuestros vinos, al obtener en los últimos 15 años más de 300 premios a nivel internacional.

En virtud de lo expuesto y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta al poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía, con el objetivo de que ésta última desarrolle un programa público que tenga por objeto fomentar la producción, eficiencia y competitividad en la industria vitivinícola nacional, generando la base detonante para el desarrollo de la misma e impulso a la exportación del vino producido en nuestro país.

Segundo: Se exhorta al poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para realizar una campaña de promoción, con el objetivo específico de fomentar el consumo moderado del vino producido en territorio nacional, apoyado en la difusión de los beneficios resultantes de éste.

Tercero: Se exhorta al poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a elaborar un estudio sobre las repercusiones económicas y la viabilidad de la exención en el pago del impuesto especial sobre producción y servicios a la enajenación de los productos vitivinícolas nacionales, dado que estos productos son resultado de procesos de fermentación y no de destilación como se especifica actualmente el gravamen a bebidas con contenido alcohólico en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, bajo el objetivo primordial de fomentar la producción y exportación de los vinos producidos en nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2008.

Diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES A LOS MUNICIPIOS DE JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR BARAJAS DEL TORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con objeto de avanzar en el proceso de consolidación de la vida democrática de los estados de la República, a partir de 1998 se ha venido fortaleciendo el federalismo gracias a adiciones y reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, que han permitido una mayor y mejor descentralización de las funciones públicas en los ámbitos administrativo y presupuestario, con base en la redistribución de facultades, responsabilidades y recursos entre los tres ordenes de gobierno.

Me refiero específicamente a lo que todos conocemos como el Ramo 33, que son las aportaciones federales para las entidades federativas y los municipios, que se redistribuyen con objeto de contribuir tanto a elevar la eficiencia del gasto público en la atención de los requerimientos de los grupos sociales más desfavorecidos, como a mejorar la participación social.

Su importancia estriba en que los fondos descentralizados para el desarrollo social se ceden a estados y municipios por ley, y no por convenio como sucedía hasta 1997.

De tal manera, los estados y municipios deberían ganar en términos de seguridad jurídica, transparencia y conocimiento anticipado de la disponibilidad de recursos, además de que podrían conservar las economías presupuestales generadas.

No obstante lo anterior, esto no siempre sucede así pues lamentablemente en la distribución de estos recursos tan necesarios para la población, existen casos en los que los ayuntamientos no reciben la proporción que se establece por ley; o no los reciben en tiempo y forma, que es lo que está ocurriendo actualmente en Jalisco, mi estado, que ante esta soberanía orgullosamente represento.

La falta de redistribución de los recursos, ha creado y con justa razón, un gran descontento en los municipios de Jalisco, debido a que el Ejecutivo del estado no se los ha hecho llegar todavía.

Es por ello que los presidentes municipales de mi estado, están levantando la voz para reclamar, no tan sólo que habitualmente no le llega puntualmente este indispensable apoyo económico, sino que a muchos de ellos, a la fecha, no se les ha entregado ni un centavo.

Compañeras legisladoras, compañeros legisladores: ante este preocupante escenario, los priístas queremos recordarle al Ejecutivo estatal que la asignación de las responsabilidades y recursos está normada por instrumentos jurídicos, por lo que es necesario que en su manejo, exista eficiencia y sobre todo, transparencia.

De igual forma, recordarle al H. Congreso del Estado de Jalisco, que en materia de fiscalización de las cuentas públicas de las entidades federativas y los municipios, le corresponde por conducto de su Contaduría Mayor de Hacienda, verificar que se apliquen, en tiempo y forma los citados recursos.

Será esta la manera como los municipios podrán contar con la seguridad jurídica sobre su disponibilidad, lo que por supuesto, les permitiría también realizar una mejor planeación y programación que redunde en mayores beneficios para la ciudadanía.

Por lo tanto, es necesario exhortar al gobernador de Jalisco y a la Legislatura local, a que sin más dilación, fomenten la equidad redistributiva en la asignación de las aportaciones federales para las entidades federativas y los municipios, e impulsen decididamente mecanismos ágiles de transferencia hacia los municipios del estado.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados hace un urgente exhorto al gobernador del estado de Jalisco, Emilio González Márquez y al H. Congreso del Estado de Jalisco, para que a la brevedad, haga llegar a los municipios los recursos de las participaciones federales que les corresponde recibir en el presente año y para que en lo sucesivo, se prevea una mayor y mejor planeación, congruencia, equidad y transparencia en la distribución de los mismos; así como para crear mecanismos para que éstos se transfieran en tiempo y forma.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados, a los 19 días del mes de febrero de 2008.

Diputado Salvador Barajas del Toro (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL Y AL JEFE DELEGACIONAL DE CUAJIMALPA DE MORELOS QUE RINDAN UN INFORME SOBRE LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO EN LA BARRANCA LA DIFERENCIA, A CARGO DEL DIPUTADO CHRISTIAN MARTÍN LUJANO NICOLÁS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, Christian Martín Lujano Nicolás, en uso de las facultades que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El suelo de conservación representa el 60 por ciento del territorio del Distrito Federal y principalmente se trata de zonas boscosas y habitadas por 47 poblados rurales, generando servicios insustituibles. Sin embargo, el suelo de conservación presenta un grave deterioro, por severas presiones de asentamientos irregulares y desarrollos inmobiliarios.

Dentro de este deterioro que presentan varias zonas en el Distrito Federal, se encuentran barrancas, como Tepecuache, La Diferencia, Vista Hermosa, Tarango, y de El Castillo, entre otras, las cuales presentan un gran daño ambiental por los asentamientos irregulares de manera acelerada, las construcciones de obras de desarrollos inmobiliarios, descarga de aguas residuales, por depósito de cascajo y basura, omitiendo por completo que son áreas de valor ambiental.

La sobrepoblación incide de manera directa en el deterioro de las barrancas del Distrito Federal, ya que la ecuación es directa, a mayor población, mayor consumo de productos, mayor generación de residuos sólidos y sobreexplotación de mantos acuíferos.

En muchos casos las barrancas cuentan con vegetación, suelos de escurrimientos superficiales, cauces, canales, vida silvestre, recursos forestales, aguas nacionales y bienes asociados a ellos, y en otros casos lamentablemente los más ya no hay vegetación, a cambio de ello las inmobiliarias nos han regalado construcciones, o vemos barrancas rellenas de cascajo o residuos sólidos.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) del Distrito Federal refiere 74 barrancas en 8 delegaciones y se encuentran definidas por la ( PAOT) "como aquellas formaciones geológicas que albergan especies de flora y fauna de tipo silvestre, capturan y mitigan los daños que produce el bióxido de carbono contribuyendo con ello a regular el clima de los lugares donde se encuentran, ayudando a recuperar el equilibrio ecológico y ofreciendo varios servicios ambientales, captando aguas pluviales, recargando los mantos acuíferos de la ciudad y abasteciendo alrededor del 70 por ciento del agua que se consume en el Distrito Federal, además de ser zonas de recreo y esparcimiento para algunas clase sociales".

El derecho humano al medio ambiente sano se define como el derecho a vivir en un ambiente seguro y adecuado, en donde haya preservación del equilibrio natural, conservación del ecosistema y una utilización racional de los recursos naturales.

Como sabemos, las barrancas tienen una importancia ambiental muy grande, consideración que no está tomada en cuenta por las adecuadamente por las autoridades locales, ya que permiten que sean utilizadas como tiraderos, descarga de aguas residuales, zonas de asentamientos irregulares y depósito de residuos sólidos.

De manera particular la barranca La Diferencia ha tenido severos problemas no sólo a nivel ambiental, sino también social. Por ejemplo, el 19 de noviembre del 2004 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación 9/2004 a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y al jefe delegacional en Cuajimalpa, solicitando que se promoviera la desocupación de las personas que habitaban la barranca La Diferencia, la recomendación no fue aceptada por la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal.

De acuerdo, a la información de la Comisión de Derechos Humanos en su boletín de prensa el 23 de octubre del 2005, el gobierno de la delegación Cuajimalpa de Morelos logró que las personas que habitaban de manera irregular la barranca La Diferencia con viviendas de cartón y lámina desalojaran pacíficamente la barranca; pero aún quedan irregulares que están instaladas en la barranca aún cuando la vocación no es para vivienda, sino es suelo de área verde que no se ha respetado, ya que han acabado con el arbolado en una zona de dos kilómetros y unos 600 metros en dirección del cauce de agua.

De acuerdo a la información que proporciona la PAOT, talan los árboles, luego venden lotes en medio de la barranca. Es por todas estas razones, que la barranca La Diferencia fue decretada como área de valor ambiental en julio del 2007. Por lo tanto ya no se pueden permitir obras o construcciones de carácter habitacional ni de ningún tipo, de tal manera que el otorgamiento de licencias ha sido y es acto totalmente violatorio de las normas ambientales.

Se han implantado acciones, las cuales son y siguen siendo insuficientes para preservar tanto la integridad familiar, debido a las invasiones y al peligro que corren por vivir en hábitat que no tienen vocación para ello, y por el otro lado la degradación del ambiente.

Es importante, señalar que el artículo 90 Bis de la Ley Ambiental del Distrito Federal, nos refiere que cuando el jefe de gobierno del Distrito Federal decreta una zona verde o barranca como área de valor ambiental, se establece un régimen de protección especial sobre esa zona porque se considera de Utilidad Pública e Interés Social. Por lo que es innegable, que la barranca La Diferencia quedó legalmente protegida para evitar asentamientos humanos y construcciones de cualquier tipo.

La Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal implanto, un Programa de Ordenamiento Urbano y Conservación de Barrancas, que va a permitir la supervisión de estos espacios de manera permanente para evitar que depositen basura o existan asentamientos humanos.

Es evidente y urgente que las autoridades involucradas deben de rescatar una barranca más: "La Diferencia", mediante un trabajo institucional e interdisciplinario, para devolverles su función hidrológica y ambiental, así como para evitar desastres en la calidad de vida de las personas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, expongo ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se le solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal y al jefe delegacional de Cuajimalpa de Morelos, que rindan un informe a esta soberanía de las acciones llevadas a cabo en la barranca La Diferencia, para frenar los asentamientos irregulares y las acciones de conservación que se realizan para detener el deterioro ambiental de la misma.

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a los 19 días del mes de febrero del año 2008.

Diputado Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PGR, A EMITIR UNA CIRCULAR A LOS AGENTES DEL MP FEDERAL PARA QUE SE RESPETE PLENAMENTE LA GARANTÍA DEL INDICIADO, A CARGO DE LA DIPUTADA PATRICIA VILLANUEVA ABRAJÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La que suscribe licenciada Patricia Villanueva Abraján, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el inciso f) del artículo 23 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; propongo a esta soberanía, proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

Considerandos

En un Estado de derecho sus autoridades se rigen, permanecen y están sometidas a un derecho vigente, esto es lo que conocemos como un Estado de derecho formal o material, en donde el poder del Estado se encuentra subordinado al orden jurídico vigente y es eficaz cuando se aplica a través de sus órganos de gobierno, creando un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público; esta es la ruta que los mexicanos hemos trazado para nuestro Estado, por ello la revisión hacia el interior de cada una de nuestras instituciones y el ejercicio de sus atribuciones debe ser constante.

En el caso concreto de la institución del Ministerio Público, se ha hecho manifiesta la violación reiterada del derecho de defensa de los indiciados por parte de los funcionarios que representan al Ministerio Público de la Federación.

En efecto, el derecho constitucional de defensa se encuentra previsto en el artículo 20 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de la interpretación a contrario sensu de la fracción II, de su apartado A que se refiere a las garantías del inculpado , y que a la letra dice "...No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura..." se desprende que todo inculpado tiene derecho a estar comunicado, este presupuesto conlleva a analizar que alcances reviste esta garantía constitucional.

En esa tesitura, cabe decir que todo indiciado desde el momento de su detención tiene derecho a comunicarse con su abogado o persona de su confianza, pues ese acto genera el nacimiento del derecho de defensa, tal y como lo establece el artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Sin embargo, esta garantía constitucional es violada de manera reiterada por parte de los agentes del Ministerio Publico de la Federación, pues tienen el hábito de solo permitir la comunicación personal del indiciado con su defensor o persona de confianza a partir del momento en que se desahoga la diligencia de declaración ministerial; lo que implica una incomunicación a partir de la detención del imputado hasta el desahogo de la citada diligencia y que en la mayoría de los casos rebasa las veinticuatro horas.

Ello da como consecuencia, que el defensor y el indiciado conozcan de la imputación, de las pruebas, de los nombres de quienes deponen en su contra y de las demás garantías constitucionales de que goza éste, hasta el momento en que rinde su declaración ministerial; diligencia que desafortunadamente en la gran mayoría de casos se desahoga a escasas horas de que fenezca el termino para que el Ministerio Público resuelva sobre el ejercicio de la acción penal, lo que no permite a la defensa desahogar las pruebas que desvirtúen la imputación.

Lo anterior, coarta el derecho del imputado a un debido proceso previsto en la Constitución federal, ya que la defensa reviste, el consejo, el asesoramiento, la información técnica respecto de las consecuencias que puede acarrear una u otra conducta de parte del indiciado, por ello la importancia que este, pueda inmediatamente después de su detención comunicarse con su defensor o persona que desee.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al procurador general de la República, para que gire una circular a los agentes del Ministerio Público de la Federación, en la que se establezca se dé cumplimiento cabal a la garantía constitucional del indiciado de comunicarse de manera inmediata y permanente después de su detención, con su defensor o persona que desee.

Palacio Legislativo, México, DF, a 19 de febrero de 2008.

Diputada Patricia Villanueva Abraján (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL GDF Y AL JEFE DELEGACIONAL DE XOCHIMILCO QUE RINDAN UN INFORME SOBRE LOS AVANCES Y LAS ACCIONES DE LA COMISIÓN INTERDEPENDENCIAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL ÁREA DE XOCHIMILCO, A CARGO DEL DIPUTADO CHRISTIAN MARTÍN LUJANO NICOLÁS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, Christian Martín Lujano Nicolás, en uso de las facultades que me confiere el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Al sur de la Ciudad de México se encuentra la delegación Xochimilco, la cual es una de las 16 delegaciones dentro del Distrito Federal. Desde la época prehispánica hasta el siglo XX, la población había ganado terreno a los lagos a través de un crecimiento territorial sobre las chinampas, creadas, ex profeso, tanto para la producción agrícola como para los asentamientos humanos. El lago en aquel entonces era preservado a través de la construcción de canales, los cuales se utilizaban para establecer comunicaciones entre las poblaciones.

En el siglo XX hubo una gran degradación en la zona lacustre de Xochimilco, resultado de la modernidad. Los cambios se reflejaron lentamente, y en unas cuantas décadas el paisaje se transformó, se achicaron los canales y terrenos agrícolas.

El lago de Xochimilco y sus canales continúan siendo bello escenario, aunque ya sin manantiales, sin la flora ni la fauna que originalmente ocupaba esas áreas.

Los terrenos agrícolas y chinampas han cedido por fin a la urbanización desorganizada, sin planeación y que se ha presentado de manera vertiginosa.

Xochimilco, desde el punto de vista del desarrollo sustentable, tiene tres microrregiones, y el deterioro ocasionado por el crecimiento de la mancha urbana ha impactado a las tres:

La primera que es la más cerca al Distrito Federal y la más débil ecológicamente hablando, se ha convertido en un área a donde llegan desechos de residuos sólidos, agua contaminada y hay muchos asentamientos irregulares.

La segunda zona se encuentra en los pequeños cerros, dedicadas al cultivo de maíz, fríjol, forraje.

La tercera es la que está formada por pequeños pueblos que se extienden sobre las chinampas y que se dedican al cultivo de flores, amaranto y hortalizas.

Dentro de los impactos ambientales que ha sufrido Xochimilco podemos encontrar vertederos de manera irregular de aguas negras a los lagos y canales, causando impactos significativos tanto en el ecosistema como en sus habitantes, esto debido a la falta de servicios básicos como drenaje.

Otro de los impactos ambientales que ha sufrido la zona de Xochimilco es que en la zona lacustre ha disminuido la precipitación pluvial en casi 30 por ciento, ocasionando mayor temperatura y resequedad del ambiente, es decir, el nivel de aguas ha bajado considerablemente, y con las aguas negras que se han introducido con tratamiento de tipo secundario han ocasionado que se haya eliminado la mayoría de las especies de flora y fauna lacustre que habitaba el lugar originalmente.

El agua potable, los bosques y las chinampas forman parte de un patrimonio histórico, social y ambiental que tiene que ser preservado con una eficiente política, ésta fue una de las razones por la que el 4 de diciembre de1986, por decreto del Ejecutivo federal se declaró como zona de monumentos históricos un área de 89.65 kilómetros cuadrados, ubicadas en las delegaciones de Milpa Alta, Tlahuac y Xochimilco.

El 11 de diciembre de 1987, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inscribió en la lista del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Humanidad al sistema de chinampas de Xochimilco y Tlahuac por su paisaje lacustre, el cual constituye un vestigio único y excepcional de la época prehispánica.

En 1990 fue creado el Fideicomiso para la recuperación de Xochimilco, y en mayo de 1992, por decreto presidencial, se publicó el establecimiento de la región como zona prioritaria de preservación y conservación del equilibrio ecológico, y se declaró como área natural protegida bajo la categoría de zona sujeta a conservación ecológica la zona de Xochimilco.

El 31 de enero de 2005 surge el acuerdo por el que se crea la Comisión Interdependencial para la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural de Milpa Alta, Tlahuac, y Xochimilco, como un instrumento que coordine, facilite la aplicación de las acciones que se pudieran tomar para la preservación de la zona en cuestión.

A 20 años de la declaración de la UNESCO, el lago se ha visto reducido considerablemente comparado con su tamaño original, los canales también están reducidos, su flora y fauna original casi acabada.

Es preciso seguir promoviendo el equilibrio entre el crecimiento y la preservación ecológica. La delegación Xochimilco no puede seguir manteniendo una tasa de crecimiento demográfico del 3.8 por ciento, ni seguir fomentando los asentamientos irregulares que afectan a un patrimonio de toda la humanidad.

Por todo lo antes expuesto, es necesario que la comisión encargada de mejorar y salvaguardar el patrimonio de la humanidad, se muestre eficiente con acciones a todos los niveles, así como también se impulse el interés de los residentes de Xochimilco por fomentar, a través de conservar sus costumbres, el desarrollo sustentable.

No podemos olvidar que Xochimilco es una zona vulnerable por efectos sociales, económicos y ambientales del mismo sitio, y que es responsabilidad de todos los mexicanos y las mexicanas conservarlo para las generaciones futuras.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, expongo ante esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Para solicitar a los gobiernos federal, del Distrito Federal y de la delegación Xochimilco que rindan un informe a esta soberanía sobre los avances y acciones que ha realizado la Comisión Interdependencial para la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural del Área de Xochimilco que está declarada como patrimonio cultural de la humanidad.

Segundo. Que se solicite nuevamente la coordinación interinstitucional de los diferentes niveles de gobierno, para que en el Distrito Federal y las zonas conurbadas realicen acciones más eficientes para detener los asentamientos irregulares en las zonas que se encuentran catalogadas como patrimonio cultural de la humanidad.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 19 de diciembre de 2007.

Diputado Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica)

Excitativas

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DE LOS DIPUTADOS CÉSAR DUARTE JÁQUEZ Y RUBÉN AGUILAR JIMÉNEZ, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRI Y DEL PT, RESPECTIVAMENTE

Los suscritos, Rubén Aguilar Jiménez y César Duarte Jáquez, en su carácter de diputados de esta legislatura e integrante de los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, acudimos ante esta representación popular, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para presentar iniciativa con carácter de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Como consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comenzó a experimentar una gran demanda de mano de obra, lo que derivó en la firma de un convenio laboral denominado Programa Bracero, vigente de 1942 a 1964, mediante el cual ingresaron de manera legal más de 4 millones de trabajadores mexicanos a Estados Unidos.

Los principales puntos del convenio establecían que los mexicanos contratados no podrían ser empleados en ningún servicio militar; no habría discriminación y gozarían de garantías mínimas como alimentos, hospedaje, transporte y, en su caso, el retorno a sus lugares de origen. De igual forma, una agencia estadounidense realizaría un ahorro del 10 por ciento del salario mensual para formar el Fondo de Ahorro Campesino. Estos recursos fueron transferidos desde dicha agencia al entonces Banco de Crédito Agrícola de México, entidad dependiente del Gobierno Federal, para que se entregaran a los trabajadores a su retorno a nuestro país, lo cual no sucedió.

Ante tal problemática, varias décadas después, diputados de diversos grupos parlamentarios de esta soberanía coincidieron en la necesidad de retribuir y hacer justicia a los ex braceros, aprobándose en la Cámara de Diputados el jueves 21 de abril del 2005, y en la Cámara de Senadores el 28 de abril del mismo año, la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, que contempla la creación de un Comité Técnico encargado de entregar los recursos, dando preferencia a los beneficiarios de mayor edad respecto de los de menor edad; posteriormente, a los trabajadores migratorios comprendidos en el periodo que va de 1942 a 1946, y finalmente, a los sujetos comprendidos hasta el año 1964. El 25 de mayo del 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto antes mencionado.

Ahora bien, el 4 de abril del año de 2006, el diputado Rafael Flores Mendoza, presentó ante esta Cámara iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 6o. de la ley en mención, toda vez que se establecía como requisito para ser beneficiario haberse registrado en un padrón que integró la Secretaría de Gobernación.

La inclusión en dicho listado quedó sujeta a la exhibición de pruebas documentales que acreditaran efectivamente que las personas interesadas laboraron en Estados Unidos de América durante los años que comprenden de 1942 a 1964 en el marco del convenio migratorio, o bien, que eran familiares con legítimo derecho a recibir los recursos.

Sin embargo, dicho padrón fue motivo de posicionamientos encontrados y disparidad de criterios, tan es así, que hasta hoy subsiste la inconformidad de diversos ex trabajadores migratorios y de sus organizaciones debido a que quedaron fuera del listado de beneficiarios.

Al respecto, es necesario señalar que no existió una adecuada campaña informativa que difundiera eficazmente los términos y requisitos para inscribirse en el padrón, resultando esto en que aproximadamente el 60 por ciento de los posibles beneficiarios no se enteraran oportunamente de la necesidad de inscribirse en el listado para recuperar sus ahorros.

Debido a lo anterior, 28 ex braceros se ampararon ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se pronunció a favor de los promoventes, declarando inconstitucional la fracción I de los artículos 4 y 6 de la ley, mismos que a la letra dicen:

Artículo 4o. El Fondo de Apoyo para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, que será el patrimonio administrado por el fideicomiso, se constituirá por:

I. Los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quinto transitorio de la presente ley;

Artículo 6o. Serán beneficiarios de los apoyos a que se refiere este ordenamiento los ex trabajadores migratorios mexicanos o sus cónyuges o hijos o hijas que sobrevivan y que cumplan con los siguientes requisitos y condiciones:

I. Que hayan efectuado su registro en el padrón de la Secretaría de Gobernación.

Respecto a la iniciativa señalada anteriormente, el 27 de abril del 2006, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores Migratorios Mexicanos. Posteriormente, se turnó la minuta correspondiente a Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, la cual el 23 de octubre del año de 2007 aprobó dicho Decreto en lo general, no obstante, se propuso realizar modificaciones a la Minuta en el sentido de facultar al Comité Técnico del Fideicomiso para promover ante las autoridades competentes, las denuncias o querellas por posibles irregularidades que adviertan en la documentación que presenten los probables beneficiarios; para precisar que los recursos destinados al Fideicomiso se aplicarán conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Asimismo, que las aportaciones del Fideicomiso que realicen las entidades federativas se destinen a los ex trabajadores migratorios procedentes de la entidad que haya realizado la aportación.

Debido a lo anterior, se returnó la minuta a la Cámara baja, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso e del artículo 72 Constitucional, esperando solamente la discusión y en su caso, la aprobación de los numerales del dictamen en los que la colegisladora propuso modificaciones.

Es importante actuar con sensibilidad frente a este problema y a la realidad de los ex braceros, dar celeridad al asunto y garantizar que dichas personas puedan de una vez por todas, acceder en condiciones de igualdad a los recursos que les corresponden.

Es por lo anteriormente expuesto, que presento a esta honorable representación popular el presente proyecto con carácter de

Acuerdo

Artículo Único. Se exhorta al Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que con la mayor brevedad discuta y dictamine la minuta del proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, turnada el 25 de octubre del año de 2007 por la Cámara de Senadores.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro del Congreso del la Unión, a los 19 días del mes de febrero del año de 2008.

Diputados: Rubén Aguilar Jiménez, César Duarte Jáquez (rúbricas).