Gaceta Parlamentaria, año XI, número 2445-IV, jueves 14 de febrero de 2008

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alejandro Díaz y Pérez Duarte para aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden del Fénix, que le otorga el gobierno de la República Helénica.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al general Guillermo Galván Galván para aceptar y usar la condecoración "Cruz Peruana al Mérito Militar", en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Perú.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Óscar Cruz Barney para aceptar y usar la condecoración "Caballero de Mérito de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge", que le otorga el gobierno del Reino de España.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a efecto de que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo apoye y asesore a los ex trabajadores ferrocarrileros; y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con objeto de que informe sobre el estado que guardan las demandas presentadas.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al gobierno del estado de Veracruz a realizar las acciones necesarias para garantizar el acceso y la integración en el sector público de las personas con discapacidad, según sus habilidades y su preparación para el empleo.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Jalisco a integrar una comisión estatal coordinadora del Programa de Apoyo a Madres Adolescentes.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo en apoyo de los hijos de jornaleros agrícolas y menores trabajadores.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a los gobernadores a tomar las medidas necesarias para garantizar la protección y el desarrollo integral de los menores de edad que conviven con sus madres en algún centro de readaptación social.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a fortalecer por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y de la PGR las acciones para prevenir delitos contra periodistas.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo para que el Congreso de la Unión realice de manera permanente, anual y alternada con cada Cámara el Parlamento Universitario.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Gobernación a instaurar políticas en materia migratoria para garantizar la seguridad nacional y la eficiente prestación de los servicios migratorios.

De la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo para exhortar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a acatar y cumplir el fallo que ordena activar el pago de las diferencias en favor de las pensiones recibidas de enero de 1993 a la fecha.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las dependencias gubernamentales a promover la paridad de las mujeres.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al secretario de Gobernación a emitir una declaratoria de alerta de violencia de género para la comunidad triqui en el estado de Oaxaca.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a dar a conocer mediante las secretarías de Estado los requerimientos presupuestales en el ejercicio fiscal de 2008 relativos a la operación del sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos estatales, al del Distrito Federal, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa a implantar las medidas conducentes a prevenir y erradicar la violencia familiar.

Dictámenes negativos de iniciativas

De las Comisiones de Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, en materia de salud reproductiva de las adolescentes y menores de edad.

Votos particulares

Sobre el dictamen, en sentido negativo, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, en materia de salud reproductiva de las adolescentes y menores de edad, que presentan diputados integrantes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

Dictámenes negativos de iniciativas

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta proyecto de decreto que reforma el primer y último párrafos del artículo 225 y la fracción I del 376 Bis de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De las Comisiones de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la comisión de asuntos de familia.

De la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 201 de la Ley del Seguro Social.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 9 Bis y el inciso e) del artículo 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Dictámenes

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados perteneciente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada el 19 de abril del año 2007, por el diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Comisión elaboró el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2 fracción III y numeral 3; los artículos 44, 45 numeral 1, 4, 6 incisos d) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo somete a la consideración de esta honorable Asamblea, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

Primero. Con fecha 19 de abril de 2007, el diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Segundo. Con fecha 25 de abril de 2007, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Con base en los antecedentes expuestos, los integrantes de esta Comisión hacemos de su conocimiento el siguiente:

Contenido de la iniciativa

1) El objetivo de la iniciativa del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo es adicionar una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que señala las facultades del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en los siguientes términos:

2. El legislador advierte la importancia de de atender a los adultos mayores en México, ya que: "En la mayoría de los casos son personas que son relegados, abandonados, humillados por su propio núcleo familiar, con el principal pretexto que no tienen quien los cuide ni el poder económico para su manutención, tanto a él como a una persona que lo asista, y son llevados a las casas hogar para personas de la tercera edad, mal llamados asilos de ancianos, sin importarles la calidad de la asistencia que se les proporciona".

3. Afirma que: "Los asilos de ancianos en su mayoría se crean bajo el régimen de asociaciones civiles o como personas morales de carácter civil, y su financiamiento generalmente depende de las donaciones voluntarias de particulares, y en algunos casos son apoyados por los gobiernos municipales o estatales".

4. En la Exposición de Motivos, considera que: "El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) se encargue de la verificación de las instituciones que brindan asistencia a las personas de la tercera edad para revisar que tengan el espacio necesario de recreación para que las personas internadas puedan desarrollar sus capacidades intelectuales y físicas".

5. Finalmente, el legislador propone: "Crear un registro único de casas hogar para adultos mayores a nivel nacional, por parte del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para que éste pueda brindar los servicios y prestar la atención a todas aquellas instituciones tanto públicas como privadas, y verificar el correcto funcionamiento de las casas hogar, las condiciones de vida de las personas y la capacitación de su personal".

Consideraciones

I. La iniciativa en estudio propone adicionar una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores a fin de que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tenga bajo su responsabilidad la creación de: "un registro único de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores".

II. Esta Comisión considera viable la propuesta ya que siendo México un país que en el año 2000 residían 6.9 millones de personas de 60 años o más, en 2030 serán 22.2 millones y se espera que para la mitad del siglo alcancen 36.2 millones. Cabe destacar que 72 por ciento de este incremento ocurrirá a partir del 2020, lo que brinda al país apenas dos décadas para preparar las condiciones que permitan encarar adecuadamente este proceso.¹

Asimismo, el Centro Nacional de Investigaciones y Estudios de Geriatría y Gerontología informó durante el 2003 la existencia de tan sólo 411 asilos para personas adultas mayores y personas con discapacidad, los cuales son operados por la iniciativa privada. Aseverando que los espacios públicos no son contabilizados por el INEGI.²

El Instituto Nacional de las Personas Adultas (Inapam) cuenta actualmente con sólo 6 albergues ubicados en el Distrito Federal, Guanajuato y Oaxaca. En ellos se proporciona alojamiento definitivo y sustento a las personas adultas mayores que carecen de una familia que les pueda proporcionar medios económicos. El Instituto además tiene 7 residencias de día, en el DF y Zacatecas para atender a las personas que aún se desenvuelven en el seno familiar con el objeto de que aproveche su tiempo libre, cultiven y desarrollen sus aficiones personales para mantenerlos interesados en el mundo que les rodea.³

III. El Legislador propone: "verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de calidad de vida", sin embargo, estas atribuciones ya se encuentran contenidas en la misma Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y en el Estatuto Orgánico del Inapam:

Artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores:

XIII. Realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de calidad de vida.

XIV. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, de las anomalías que se detecten durante las visitas realizadas a los lugares que se mencionan en la fracción anterior, podrá también hacer del conocimiento público dichas anomalías;"

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores:

Artículo 5. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes facultades:

Promover en coordinación con las autoridades competentes y en los términos de la legislación aplicable, que la prestación de los servicios y atención que se brinde a los adultos mayores, en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención, se realice con calidad y cumplan con sus programas, objetivos y metas para su desarrollo humano integral;

XII. Brindar asesoría y orientación en la realización de sus programas y la capacitación que requiere el personal de las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro que brinden servicios y atención a los adultos mayores;

XIII. Realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención a los adultos mayores, para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de la calidad de vida;

XIV. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes de las anomalías que se detecten durante las visitas realizadas a los lugares que se mencionan en la fracción anterior; podrá también hacer del conocimiento público dichas anomalías;

IV. Respecto a la redacción, después de haber analizado el texto, esta comisión considera prudente cambiarla, ya que en la iniciativa propone que a través del Registro Único se verifiquen las condiciones de los asilos, lo cual ya esta contemplado en la misma ley, sin embargo, en aras de respetar el espíritu de la iniciativa se considera viable aprobar el Registro Único ya que es necesario satisfacer una demanda creciente de personas adultas mayores.

Por todo lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables concluyen que la propuesta presentada por el legislador tiene buenas intenciones y va acorde con las necesidades de este sector de la sociedad, por lo que se emite el siguiente:

Decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Único. Se adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XXIX. ...

XXX. Crear un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en este decreto y en razón de su competencia, corresponda ejecutar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Notas:
1. Conapo, 2004
2. Foro Nacional: "Envejeciendo en la pobreza, género, salud y calidad de vida", Noviembre, 2003.
3. Reglamento Interno, "Albergues y residencias", INAPAM, 2005.

Dado en la sala de juntas de la Comisión, a los 23 días del mes de enero del año 2008.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, Irene Aragón Castillo, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonso, Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunas (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas, María del Carmen Pinete Vargas, Jorge Quintero Bello, Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Marta Angélica Tagle Martínez, Mario Vallejo Estevez, Martín Zepeda Hernández (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO ALEJANDRO DÍAZ Y PÉREZ DUARTE PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA GRAN CRUZ DE LA ORDEN DEL FÉNIX, QUE LE OTORGA EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA HELÉNICA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alejandro Díaz y Pérez Duarte para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden del Fénix que le otorga el gobierno de la República Helénica.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción III, del Apartado C), del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Articulo Único. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Díaz y Pérez Duarte para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden del Fénix que le otorga el gobierno de la República Helénica.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 6 de febrero de 2008.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Narciso Alberto Amador Leal, Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL GENERAL GUILLERMO GALVÁN GALVÁN PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN "CRUZ PERUANA AL MÉRITO MILITAR", EN GRADO DE GRAN CRUZ, QUE LE OTORGA EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PERÚ

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, el 1o. de febrero de 2008, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al general Guillermo Galván Galván, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la "Cruz Peruana al Mérito Militar", en grado de "Gran Cruz", que le otorga el gobierno de la República del Perú.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III, del Apartado C), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Articulo Único. Se concede permiso al general Guillermo Galván Galván, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la "Cruz Peruana al Mérito Militar", en grado de "Gran Cruz", que le otorga el gobierno de la República del Perú.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.-México, DF, a 6 de febrero de 2008.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO ÓSCAR CRUZ BARNEY PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN "CABALLERO DE MÉRITO DE LA SACRA Y MILITAR ORDEN CONSTANTINIANA DE SAN JORGE", QUE LE OTORGA EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, le fue turnado para estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Óscar Cruz Barney para que pueda aceptar y usar la condecoración "Caballero de Mérito de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge", que le otorga el gobierno del Reino de España.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del Apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Óscar Cruz Barney para que pueda aceptar y usar la condecoración "Caballero de Mérito de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge", que le otorga el gobierno del Reino de España.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 6 de febrero de 2008.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 2260, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2, fracción X, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en sesión de la Cámara de Diputados celebrada el día 3 de septiembre de 2007.

Mediante la presente iniciativa, el diputado proponente busca garantizar el respeto y cumplimiento de nuestro orden constitucional, dando sustento y vigencia a nuestro estado de derecho.

Su objetivo es otorgar una mayor armonía entre el texto de la norma constitucional y las normas jurídicas secundarias, por lo cual propone incluir en la fracción X, del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte los términos "origen étnico" y "condición de salud" para garantizar efectivamente la igualdad de oportunidades a todas las personas sin ningún tipo de distinción o diferencia alguna respecto de los beneficios de los programas de deporte y cultura física.

La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis de la iniciativa de referencia, llevando a cabo para tal efecto diversas reuniones de trabajo con los integrantes del pleno de la misma, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta bajo las siguientes:

Consideraciones

En un sistema jurídico como el nuestro, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema de toda la Unión, es decir, es la piedra angular del sistema normativo que nos rige; como tal, todas las leyes que de ella emanen deben responder al espíritu, letra, principios y finalidades enmarcadas en dicha carta magna. En este tenor, es responsabilidad de todos los mexicanos, pero principalmente de quienes tenemos el encargo del trabajo legislativo, velar por mantener la congruencia y alcances entre la Constitución y las leyes que de ella emanen, a efecto de consolidar nuestro estado de derecho y alcanzar la tan anhelada armonía social, así como todos y cada uno de los principios contenidos en aquella.

En este orden de ideas, no sólo es preciso que las normas que se desprenden de ella, respondan al espíritu y letra de sus disposiciones, para vivir armónicamente en sociedad, como lo expresa el diputado proponente, sino que es una condición sine qua non para concebir un estado de derecho y evitar fisuras en lo más preciado de nuestra sociedad.

Ahora bien, el espíritu contemplado en el artículo primero de nuestra ley suprema, de acuerdo con el Constituyente de 1917, contempla dos principios capitales: el primero, que la autoridad debe garantizar el goce de los derechos naturales a todos los habitantes de la República; el segundo, que no debe restringirse ni modificarse la protección concedida a los derechos que reconoce, sino con arreglo a la misma Constitución.

En este sentido, cabe recordar que mediante reforma llevada a cabo en el año 2001, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de agosto del mismo año, se adicionaron a este precepto el segundo y tercer párrafos, los cuales hasta antes de la reforma integraban el artículo segundo. Lo que se buscó fue unificar los principios antes mencionados, dar claridad sobre los alcances de éstos y evitar cualquier clase de discriminación.

Basta recordar lo que señala el párrafo tercero: "Queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".

Por otro lado, cabe recordar que el deporte y las otras expresiones de cultura física son instrumentos sumamente útiles en la promoción, incremento y recuperación de la salud física, contribuyen decisivamente en la prevención y atención de conductas antisociales y promueven la convivencia positiva, inducen al orgullo regional y nacional y prohíjan la competitividad y superación sanas.

La cultura física y el deporte, como bien lo manifiesta el legislador proponente, constituyen factores de especial trascendencia individual y social, que coadyuvan en forma importante a la salud física y mental de los seres humanos, forman parte del desarrollo integral de los niños y jóvenes, además de completar su educación, asimismo, constituyen un instrumento valioso para la integración familiar.

La Ley General de Cultura Física y Deporte vigente, es una norma general, obligatoria e impersonal, es decir, es incluyente de todos y todas las personas, y uno de sus objetivos es garantizar el derecho de participación en los programas de cultura física y deportiva de todas las personas, sin distinción alguna. Asimismo, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte tiene atribuciones que van dirigidas a todas las personas y no a alguna en específico, por lo que en ningún momento puede inclinarse a un genero o grupo específico, cubriendo de tal forma toda la población.

Sin embargo, de la revisión del tercer párrafo, artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la fracción X artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que de manera enunciativa, mas no limitativa, mencionan los supuestos que motivan la discriminación, mismos que se prohíben, se aprecia a simple vista una falta de armonía, toda vez que la Constitución literalmente dice: "queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el genero, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas"; mientras que la Ley General de Cultura Física y Deporte a la letra dice: "garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, capacidades diferentes, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, y"; es decir, esta última ley no contempla de manera expresa los términos "origen étnico" y "condición de salud", lo que sí provee expresamente la Constitución.

Finalmente, es preciso recordar que para alcanzar el desarrollo social es importante impulsar el respeto de la diversidad, que la ley define como el reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión de Juventud y Deporte somete a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Artículo Único. Se reforma la fracción X del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a IX . ...

X. Garantizar a todas las personas, sin distinción de origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias o estado civil la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, y

XI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de diciembre de dos mil siete.

Comisión de Juventud y Deporte

Diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), presidenta; Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos, Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete, José Luis Aguilera Rico (rúbrica), José Inés Palafox Núñez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), secretarios; Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández, Emilio Ulloa Pérez, Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo, Joel Arellano Arellano (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madera, Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Rafael Villicaña García, Ricardo Franco Cazarez (rúbrica), Salvador Barajas del Toro, Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Jorge Luis de la Garza Treviño (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente No. 2636, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Cultura Física y Deporte, presentada por el diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 25 de octubre de 2007.

Mediante la presente iniciativa, el legislador plantea garantizar el derecho que tienen las personas con algún tipo de discapacidad a acceder a instalaciones destinadas a la cultura física y el deporte. De igual modo, el promovente busca mediante esta reforma, que la Secretaría de Educación Pública participe en la formulación de programas que promuevan la cultura física y el deporte en los estudiantes con algún tipo de discapacidad.

La propuesta del legislador adiciona las fracciones XI y XXII del artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Específicamente, la adición a la fracción XI hace explícita la obligación que tienen los tres órdenes de gobierno para que en la realización de obras de infraestructura destinadas a la cultura física y el deporte se tomen en cuenta los requerimientos de las personas con algún tipo de discapacidad. Por su parte, la adición a la fracción XXII establece claramente la formulación de programas de cultura física y deporte para estudiantes, en los cuales tendrá que participar la Secretaría de Educación Pública.

Consideraciones

El deporte puede ser un importante factor de integración familiar, social y comunitaria, además de que es un elemento para la formación de valores desde la niñez, puesto que contribuye a desarrollar hábitos como la constancia, la disciplina, la tenacidad, la fijación de objetivos y metas, además de que permite establecer claramente la relación entre el esfuerzo y los resultados.

De igual modo, el deporte constituye un factor de especial trascendencia en lo individual y lo social, pues influye de manera determinante en la salud física y mental de los seres humanos y complementa la educación, sobre todo en el desarrollo integral de los niños y jóvenes.

Asimismo, no debemos soslayar el hecho de que existe una demanda no satisfecha de programas, acciones e instalaciones que promuevan y permitan el desarrollo de la cultura física y deporte entre la población y en las instituciones educativas, demanda que se agudiza en las personas con algún tipo de discapacidad, por lo que, para abatir esta gran demanda, resulta imprescindible edificar, remodelar, rehabilitar y aprovechar al máximo la infraestructura deportiva.

A pesar de esfuerzos realizados por diversas administraciones federales y los que realizan las entidades federativas, todavía existe un gran rezago en materia de infraestructura destinada a la cultura física y el deporte, y de manera más evidente para las personas con algún tipo de discapacidad.

Durante los últimos 20 años se ha gestado en nuestro país un gran movimiento de las personas con discapacidad, el cual, les ha permitido alcanzar diferentes logros para su bienestar. Uno de estos logros ha sido en el ámbito deportivo. Ejemplo de ello, fue el desempeño de los deportistas mexicanos en los III Juegos Para Panamericanos, que se llevaron a cabo del 12 al 19 de agosto de 2007 en Río de Janeiro, Brasil, en los cuales la delegación mexicana obtuvo el cuarto lugar del medallero general, con un total de 117 medallas, 37 de oro, 43 de plata y 37 de bronce.

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras provocadas por la actitud de las personas y al entorno en el que viven las personas con algún tipo de discapacidad, lo cual provoca que en ocasiones su participación no sea plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Una de esas barreras son las arquitectónicas; por ello, es indispensable promover que la infraestructura permita la movilidad y un mejor acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud, educación, capacitación, empleo, cultura, recreación y deporte. La integración de las personas con alguna discapacidad y su incorporación al desarrollo, es necesaria para garantizar el pleno respeto y ejercicio de sus derechos humanos, políticos y sociales, la igualdad de oportunidades y la equidad, lo anterior se traduce en el acceso a los servicios mencionados y de manera especifica a través de una infraestructura funcional.

Garantizar a las personas con discapacidad el acceso a la práctica y desarrollo de la cultura física y el deporte por medio de programas e infraestructura adecuados, es una necesidad y un compromiso del Estado mexicano. En este sentido, resulta necesario e importante que se siga impulsando el fortalecimiento de la infraestructura deportiva.

Por ello, esta Comisión coincide con el diputado promovente de la iniciativa que se estudia y analiza, en el sentido de que una manera de contribuir al desarrollo de la cultura física y deporte y al impulso de talentos deportivos entre las personas y los estudiantes con discapacidad, es promoviendo el diseño e instrumentación de programas dirigidos a fomentar el desarrollo de la cultura física y deporte entre las personas y los estudiantes con discapacidad, así como la adecuación de las instalaciones deportivas para que se posibilite el acceso y la participación de estas personas a la actividad física, el deporte y la recreación, y por otro lado, impulsar que las futuras infraestructuras deportivas y recreativas cumplan fielmente con lo establecido en la Ley General de Cultura Física y Deporte, y normatividad correspondiente.

Finalmente, los diputados integrantes de la Comisión Dictaminadora, consideran necesario realizar adecuaciones a la reforma propuesta de la fracción XXII, con el objeto de que quede mejor clarificada en la Ley la participación de la Secretaría de Educación Pública cuando se trate de la elaboración e instrumentación de programas dirigidos a promover la cultura física y deporte entre los estudiantes con discapacidad.

Con la redacción alterna de la reforma a dicha fracción que propone esta Comisión, se respeta la atribución de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como organismo conductor de la política nacional en estas materias, y se permite la coordinación que se debe dar con la Secretaría de Educación Pública en programas de esta naturaleza.

Con base en estos elementos, se modifica la redacción original sin que se desvirtúe el espíritu de la propuesta original y se propone de la siguiente manera:

"Artículo 29. ...

XXII. Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad. En particular, los programas dirigidos a promover la cultura física y deporte entre los estudiantes con discapacidad, se elaborarán y ejecutarán en coordinación con la SEP."

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión de Juventud y Deporte somete a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Artículo Único. Se reforman las fracciones XI y XXII del artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 29. ...

I. a X. ...

XI. Fomentar y promover la construcción, conservación, adecuación, uso y mejoramiento de instalaciones destinadas a la cultura física y deporte, dichas instalaciones deberán considerar los requerimientos de las personas con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de esta Ley;

XII. a XXI. ...

XXII. Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad. En particular, los programas dirigidos a promover la cultura física y deporte entre los estudiantes con discapacidad, se elaborarán y ejecutarán en coordinación con la SEP;

XXIII. y XXIV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de diciembre de dos mil siete.

Comisión de Juventud y Deporte

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

• Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, por medio de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, vigile y agilice debidamente el trámite de pago de faltante de liquidación a ex ferrocarrileros adscritos en el expediente 66/99 a cargo del delegado fiduciario especial Enrique Rivas Zivy, de Ferrocarriles Nacionales de México, presentado el 26 de abril del 2007 por el diputado Carlos Eduardo Felton González del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX legislatura. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo listada en el proemio de este dictamen fue presentada en la fecha y por el diputado que se mencionó anteriormente, y publicadas en la Gaceta Parlamentaria de fecha 26 de abril de 2007.

2. La proposición citada fue turnada a esta comisión, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

1. Refiere el autor de la proposición que se dictamina, que a raíz de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México comenzó el recorte de personal.

Posteriormente en 1998 se integra la comisión liquidadora, con la finalidad de finiquitar las justas demandas de los ex trabajadores.

Agrega el proponente que han pasado ya casi nueve años desde la creación de esta comisión liquidadora y aún quedan ex ferrocarrileros sin recibir la liquidación completa. Por ello y ante los múltiples esfuerzos y trámites que varias personas en esta situación han tenido que enfrentar debido a los incumplimientos de la liquidadora, conmina a los legisladores a ejercer sus facultades para velar por los intereses de estos trabajadores.

Señala el proponente que durante la gestión del anterior fiduciario, licenciado Jaime Montaño Guillen, se realizó el pago de una demanda correspondiente al expediente 22/99. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido pagada la liquidación tramitada por 350 ex ferrocarrileros adscritos en el expediente 66/99, a pesar de que han realizado los mismos trámites que los trabajadores adscritos al expediente 22/99.

Concluye el autor de esta propuesta que es imprescindible que la Comisión Liquidadora de Ferrocarriles Nacionales de México cuente con mayor transparencia en sus trámites y formas de pago, misión para la cual fue creada.

Apunta el autor de la propuesta que el actual director del área jurídico laboral de la Comisión Liquidadora de Ferrocarriles Nacionales de México, se encuentra en pleno conocimiento de la situación por la que han pasado estos ex ferrocarrileros; de igual forma el licenciado Enrique Rivas Zivy, delegado fiduciario especial de la misma, por lo que de ninguna forma debemos permitir que este caso continúe sin ser debidamente atendido.

Concluye el proponente que es evidente que, pese al tiempo transcurrido, no ha existido el debido cumplimento de los quehaceres de la comisión liquidadora, pues no ha sido realizada con plena transparencia debido a que los laudos condenatorios a favor de los ex trabajadores carecen de vigilancia final respecto de lo que realmente reciben los trabajadores y lo que les corresponde de acuerdo al laudo respectivo y que existe una confusión de expedientes y actores que permiten discrecionalidad en el pago y cumplimiento de las obligaciones correspondientes y que, a pesar de que el expediente en alusión pese a haber cumplido con los mismos trámites, no se ha resuelto; y señala que se requiere un intervención más puntual de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, para apoyar a los 350 ex trabajadores que se encuentran en esta situación.

2. La comisión dictaminadora comparte la inquietud del autor de la propuesta por los siguientes motivos:

Esta comisión considera que ha transcurrido demasiado tiempo desde la creación de la Comisión Liquidadora de Ferrocarriles de México y que de ninguna forma se debe permitir que este caso continúe sin ser debidamente atendido.

Por otra parte, la dictaminadora sostiene que es imprescindible que la Comisión Liquidadora de Ferrocarriles Nacionales de México cuente con la mayor transparencia en sus trámites y formas de pago, en virtud de que no todos los casos que se presentan se pagan por la mencionada comisión, a pesar de que los trabajadores han cumplido con los mismos trámites.

Así pues, es necesaria exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, proporcione información sobre el estado que guardan los pagos a los trabajadores, los finiquitos finales derivado de laudos condenatorios y lo que realmente han recibido los trabajadores respecto de los procedimientos iniciados por los ex trabajadores.

Igualmente se requiere exhortar a dicha secretaría para que gire instrucciones a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo con la finalidad de que apoye a los ex trabajadores que aún no han sido liquidados mediante asesoría gratuita y para que acelere la gestión de los trámites ante la Comisión Liquidadora de Ferrocarriles de México que le han sido encomendados.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Previsión Social se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo apoye y asesore a los ex trabajadores ferrocarrileros, así como para que vigile y agilice el trámite de pago y cumplimiento de los laudos condenatorios a favor de los ex ferrocarrileros de diversos expedientes, solicitando a remitir comprobante del monto que recibió el ex trabajador mediante recibo suscrito por el beneficiario a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Segundo. Se exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que informe a esta soberanía sobre el estado que guardan las demandas presentadas por los ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales y para que actúe con celeridad e imparcialidad en su resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2007.

Diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), José Antonio Almazán González, Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Ramón Almonte Borja, Luis Ricardo Aldana Prieto, Francisco Antonio Fraile García (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Antonio Berber Martínez, Rolando Rivero Rivero (rúbrica), José Antonio Arévalo González (rúbrica), Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes, Ana Yurixi Leyva Piñón, Rogelio Muñoz Serna, Alfredo Barba Hernández (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo, Sonia Noelia Ibarra Fránquez, Rosario Ignacia Ortiz Magallón, José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Diego Aguilar Acuña (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros.

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y LA INTEGRACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN SUS HABILIDADES Y SU PREPARACIÓN PARA EL EMPLEO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnado para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Veracruz con objeto de que se realice las acciones necesarias para promover el acceso e integración laboral en el sector público a personas con discapacidad en un 2 por ciento, de su plantilla de personal, considerando sus habilidades y preparación para el empleo.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Veracruz a fin de que promueva una cultura de no discriminación laboral en el sector público por motivos de discapacidad, principalmente en lo relacionado a las condiciones de selección, contratación, continuidad en el empleo, promoción profesional y condiciones de trabajo seguras.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha 22 de agosto de 2007, la diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Veracruz para que realice las acciones, para promover el acceso e integración en el sector público de las personas con discapacidad, considerando sus habilidades y preparación para el empleo.

2. Con esa misma la proposición con punto de acuerdo fue turnada a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

I. Esta Comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. En la sociedad existen obstáculos que impiden a las personas con discapacidad ejercer sus derechos y libertades, la marginación y la discriminación de las personas con discapacidad en la vida económica y productiva tiene repercusiones en la vida social, cultural y política, constituyendo un severo agravio a su dignidad, obstaculizando a la vez el cumplimiento de sus derechos y deberes económicos contenidos en la legislación. Esta situación influye negativamente en su bienestar social y afecta su desempeño como agentes productivos.

III. El trabajo es uno de los ámbitos más importantes para la integración social de este grupo vulnerable de población, porque constituye el medio para desarrollar y fortalecer la dignidad humana.

IV. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1o., párrafo tercero, establece que: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

V. De igual forma nuestra Carta Magna en su artículo 123, párrafo primero, establece que: Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

VI. A nivel internacional respecto de trabajo para personas con discapacidad México firmó el 30 de marzo de 2007, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual establece en su artículo 27 que: "...Los estados partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho del trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de la legislación, entre ellas... g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas; i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo.

VII. Nuestra legislación también cuenta con leyes expedidas como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y La Ley General de las Personas con Discapacidad.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera que la propuesta es viable con modificación ya que de establecer un porcentaje fijo estaríamos efectuando un acto discriminatorio para los otros grupos activos laboralmente de la sociedad, es por tal que la Comisión somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Veracruz con objeto de que se realice las acciones necesarias para promover el acceso e integración laboral en el sector público a personas con discapacidad en un 2 por ciento, de su plantilla de personal, considerando sus habilidades y preparación para el empleo.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Veracruz a fin de que promueva una cultura de no discriminación laboral en el sector público por motivos de discapacidad, principalmente en lo relacionado a las condiciones de selección, contratación, continuidad en el empleo, promoción profesional y condiciones de trabajo seguras.

Dado en la sala de juntas de la Comisión, a los 12 días del mes de diciembre de 2007.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, Humberto Wilfredo Alonso Razo, Irene Aragón Castillo, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonso, Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunas (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas, Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas, Adriana Rodríguez Vizcarra (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Marta Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mario Vallejo Estevez, Martín Zepeda Hernández.

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL GOBIERNO DE JALISCO A INTEGRAR UNA COMISIÓN ESTATAL COORDINADORA DEL PROGRAMA DE APOYO A MADRES ADOLESCENTES

Honorable Asamblea:

Único. Con pleno respeto de la autonomía estatal, esta honorable asamblea exhorta al gobierno del estado de Jalisco para que lleve a cabo las acciones correspondientes con el fin de crear una comisión estatal para la protección y ayuda de las madres adolescentes, que aglutine y coordine los diferentes programas y acciones en la materia.

Antecedentes

1. Con fecha 26 de abril de 2007, el diputado Jorge Quintero Bello del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Jalisco a que integre una Comisión estatal coordinadora de programa de apoyo a madres adolescentes.

2. Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo fue turnada a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

I. Esta Comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. La maternidad adolescente se relaciona con el nivel educativo de la madre, por lo que el embarazo presenta un gran problema social y de salud pública, que aunado a factores sociales como la pobreza, desnutrición y el abandono escolar, disminuyen las oportunidades de lograr la calidad de vida.

III. La maternidad en este periodo, con frecuencia se traduce en: falta de protección, marginación, discriminación; ausencia de oportunidades escolares, personales, laborales, entre otras, lo que coloca a la madre y al hijo en estado de indefensión.

IV. En Guadalajara, Jalisco, concretamente en el área rural y en zonas urbanas de bajo nivel socioeconómico y cultural, ha aumentado el índice de adolescentes embarazadas, lo que requiere de la intervención de las autoridades correspondientes para coadyuvar en la protección y ayuda de educación a niñas adolescentes que evite su embarazo.

V. Si bien el gobierno del estado de Jalisco ha tomado medidas para prevenir los embarazos en adolescentes a través de sus instituciones como el DIF estatal y los municipales, el Instituto Jalisciense de la Mujer, diversas secretarias y sociedad civil, se considera conveniente que una comisión estatal brinde protección y ayuda a madres adolescentes, aunado a la coordinación de programas y acciones, con el objeto de optimizar esfuerzos y lograr una mayor atención y apoyo a este grupo de la población.

Por lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera que la propuesta es viable, por lo que somete al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Único. Con pleno respeto de la autonomía estatal, esta honorable Asamblea exhorta al Gobierno del estado de Jalisco para que lleve a cabo las acciones correspondientes con el fin de crear una Comisión estatal para la protección y ayuda de las madres adolescentes, que aglutine y coordine los diferentes programas y acciones en la materia.

Dado en la sala de juntas de la Comisión, a los 12 días del mes de diciembre del año 2007.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, Humberto Wilfredo Alonso Razo, Irene Aragón Castillo, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonso, Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunas (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas, Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Marta Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mario Vallejo Estevez, Martín Zepeda Hernández.

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, CON PUNTOS DE ACUERDO EN APOYO DE LOS HIJOS DE JORNALEROS AGRÍCOLAS Y MENORES TRABAJADORES

Honorable Asamblea:

Primero. La Cámara de Diputados manifiesta su compromiso permanente a favor de los derechos de todos los niños y niñas del mundo así como de reforzar acciones desde el ámbito de su competencia para contrarrestar los cada vez más frecuentes malos tratos, violencia física y psicológica, abusos verbales o sexuales en contra de menores que trabajan.

Segundo. La Cámara de Diputados, reconoce que existen avances, también reconoce que falta mucho por hacer y reitera el llamado, a los poderes de la Unión a los distintos órdenes de gobierno, a la sociedad civil y a todos los actores involucrados, para continuar trabajando en todas sus áreas de responsabilidad, bajo los lineamientos trazados por la Convención para los Derechos del Niño de 1989.

Antecedentes

1. Con fecha 21 de diciembre del 2006, el diputado Edmundo Ramírez Martínez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno punto de acuerdo para apoyar a los hijos menores de jornaleros y trabajadores agrícolas.

Consideraciones I. Esta comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. El campo mexicano ha representado en la historia nacional, un pilar en su desarrollo; ha dado impulso a la economía y es una de las mejores expresiones de nuestra cultura; por lo que es doloroso que menores de edad sean obligados a laborar en el campo horarios prolongados, se les haga utilizar instrumentos peligrosos para ellos, fabricados para el uso de adultos; que carguen pesos excesivos para su cuerpo en proceso de desarrollo y operen maquinaria que les implica riesgos.

III. En México, existen alrededor de 3.2 millones de menores de edad que laboran, principalmente en la agricultura, las calles, el servicio doméstico y en talleres; pagando un alto costo en sufrimiento y abusos.

IV. La Organización Internacional del Trabajo reporta que una cuarta parte de la población infantil que realiza alguna clase de trabajo, sea éste económico o doméstico, no asiste a la escuela, y que la mayoría de los más de 300 millones de niños y adolescentes trabajadores en el mundo, padecen violencia en el trabajo.

V. En México, familias completas se dedican a la actividad agrícola, muchos de ellos indígenas, y con frecuencia quienes contratan a niñas o niños para la recolección de hortalizas y legumbres, no respetan la legislación que los protege; por lo que es urgente visualizar la situación y sensibilizar sobre los riesgos que corren y la falta de respeto a sus derechos humanos.

Por lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera que la propuesta es viable, por lo que somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados manifiesta su compromiso permanente a favor de los derechos de todos los niños y niñas, así como de reforzar acciones desde el ámbito de su competencia para contrarrestar los malos tratos, la violencia física y psicológica, los abusos verbales y sexuales en contra de menores que trabajan.

Segundo. La Cámara de Diputados reconoce que existen avances y que falta mucho por hacer, por lo que convoca a los poderes de la Unión, a los distintos órdenes de gobierno, a la sociedad civil y a todos los actores involucrados a continuar trabajando bajo los lineamientos de la Convención para los Derechos del Niño de 1989.

Dado en la sala de juntas de la Comisión, a los 12 días del mes de diciembre del año 2007.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, Humberto Wilfredo Alonso Razo, Irene Aragón Castillo, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonso, Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunas (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas, Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Marta Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mario Vallejo Estevez, Martín Zepeda Hernández.

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LOS GOBERNADORES A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES DE EDAD QUE CONVIVEN CON SUS MADRES EN ALGÚN CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las unidades de readaptación femenil que incluyan centros de desarrollo infantil en los mismos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1, 2, fracción III, y numeral 3; 45 en su numeral 6 incisos e) a g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente, y somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el día 4 de octubre de 2007, la diputada María Mercedes Colín Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las unidades de readaptación femenil que incluyan centros de desarrollo infantil en los mismos.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Seguridad Pública.

3. Con fecha 29 de noviembre de 2007, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, se reunieron para analizar y discutir el presente dictamen, siendo aprobado por 19 votos.

Contenido 1. De acuerdo con la diputada proponente, por diversas razones la permanencia de niñas y niños en los centros de readaptación social es un hecho común, ya que las madres que cumplen una pena privativa de libertad prefieren tenerlos a su lado, al no contar con una mejor opción para su cuidado.

La permanencia de menores en los centros de readaptación social, no ha sido debidamente atendida por las autoridades competentes de los centros de readaptación social, como tampoco por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en las entidades federativas y el Distrito Federal, por lo que los menores se encuentran en situación precaria y sin una atención institucional que contribuya a su adecuado desarrollo.

2. La diputada proponente, refiere que el sexto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla que los niños y las niñas tienen derecho a la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; asimismo expresa, en el séptimo párrafo del mismo artículo, que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

Las garantías constitucionales señaladas, corresponden a los menores y adolescentes mexicanos y deben garantizarse a aquellos que por diversas razones se encuentran con sus madres en algún centro de readaptación social.

3. Por otra parte, señala que en los artículos 5, 8, 23 y 33 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establece que los niños gozarán de protección, de programas especiales, y del derecho al juego, desarrollo y crecimiento. Dar protección para quienes vivan carentes o privados de sus derechos; disposiciones que deben aplicarse a favor de los niños y niñas que, aunque no purgan una condena, permanecen con sus madres.

4. En algunos centros de readaptación social, los reglamentos internos fijan una edad límite para que las niñas y los niños puedan permanecer en ellos, junto con sus madres; una vez que llegan a estas edades, son entregados a otros familiares o trasladados al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, para su custodia.

5. Sin embargo, afirma la diputada proponente, no hay criterios uniformes por parte de las autoridades sobre la edad en la cual los menores podrán estar con sus madres en los citados centros; de tal manera que algunos establecimientos permiten su estancia durante la lactancia y en otros hasta los 12 años de edad.

6. De acuerdo con la diputada proponente, en un informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de 2002, se señala que los directores de los centros de readaptación social manifiestan desconocer el número de niños y niñas que se encuentran dentro de los mismos, asimismo se indica en el informe que los menores tienen que dormir con la madre, ya que no cuentan con áreas especiales para ellos; carecen además de atención médica y se desconoce también si se les aplican las vacunas que requieren durante sus primeros años.

7. Finalmente, expresa la diputada proponente, que dentro de los centros de readaptación social del país no se tiene un censo por parte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, por lo que sería indispensable que este instituto se abocara de manera inmediata a esa tarea para que aparezca en el próximo censo de población cuántas niñas, niños y adolescentes se encuentran viviendo con sus madres en los centros de readaptación social en toda la República Mexicana.

Consideraciones

A) En lo general

1. Que el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases para la organización del sistema penal.

Que de acuerdo con el segundo párrafo del mismo, los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Señala, asimismo, que las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres.

2. Que los párrafos sexto y séptimo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen a la seguridad pública como una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, y disponen la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como una instancia de coordinación entre los mismos.

De acuerdo con especialistas en el tema de seguridad pública, los cuatro pilares que sustentan el sistema de seguridad pública son: la prevención del delito, la persecución del delito, la procuración y administración de justicia y la readaptación social. Esta última relacionada de manera directa, con el sistema penitenciario.

3. Que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

4. Que la Ley que Establece las Normas Mínimas para la Readaptación Social de los Sentenciados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 19 de mayo de 1971, tiene como finalidad organizar el sistema penitenciario de la república.

Que dicha ley, de carácter general, ha sido base para que las entidades federativas publiquen sus leyes en materia de readaptación social.

5. Que las fracciones XXIII, XXV y XXVI, del artículo 30 Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, norman la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública federal en materia de ejecución de penas por delitos de orden federal, en los siguientes términos:

Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XXII. ...

XXIII. Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema federal penitenciario; así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados;

XXIV. ...

XXV. Administrar el sistema federal para el tratamiento de menores infractores, en términos de la política especial correspondiente y con estricto apego a los derechos humanos; y

XXVI. Promover la celebración de convenios entre las autoridades federales, y de éstas, con aquéllas estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia, y

XXVII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

6. Que a partir de lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General que Establece las Normas Mínimas para la Readaptación Social de los Sentenciados, cada entidad federativa organizará sus sistemas de readaptación social, incluidos los femeniles.

7. Que la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del año 2000, tiene por objeto garantizar a las niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. Que el inciso B, del artículo 3 de la misma ley, establece como un principio rector de la protección de las niñas, niños y adolescentes; la no discriminación por ninguna razón ni circunstancia.

9. Que el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, adoptó en sus resoluciones, 663C, de 31 de julio de 1957 y 2076, de 13 de mayo de 1977, las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos. Que en el numeral 1 de las observaciones preeliminares, se señala que el objeto de las reglas no es describir en forma detallada un sistema penitenciario modelo, sino únicamente establecer, inspirándose en conceptos generalmente admitidos en nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los sistemas contemporáneos más adecuados, los principios y las reglas de buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos.

10. Que con relación a la necesidad de instalar centros de desarrollo infantil, en los las unidades o centros de readaptación social femenil, planteada en el punto de acuerdo, el numeral 23.1 de las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos señala:

En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta en donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento. 2) Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres.

11. Que ante la necesidad de proporcionar al niño una protección adecuada, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de Ginebra de 1924, sobre los Derechos del Niño, así como la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada en fecha 20 de noviembre de 1959.

12. Que la Organización de las Naciones Unidas, adoptó en fecha 20 de noviembre de 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el gobierno de nuestro país y aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en fecha 19 de junio de 1990.

13. Que respecto a la atención de los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, el artículo 20 de la Convención señala:

Artículo 20

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

B) En cuanto a la proposición con Punto de Acuerdo 1. Esta comisión dictaminadora, comparte el interés de la diputada proponente de crear las condiciones para garantizar el desarrollo integral de los menores de edad que por la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta a su madre, se encuentran con ella en algún centro de readaptación social.

2. Esta comisión dictaminadora, reconoce la compleja problemática que se deriva de la aplicación de una pena privativa de la libertad a madres que están a cargo de sus hijos.

3. Esta comisión dictaminadora, estima necesario que las autoridades que están a cargo de los centros de readaptación social destinadas a mujeres, realicen las adecuaciones necesarias en los mismos para los menores que requieran temporalmente mantener la relación directa con su madre.

4. Esta comisión toma en cuenta que existen diversos instrumentos internacionales que establecen principios básicos para la atención de menores que conviven con sus madres en centros o unidades de readaptación social femenil, principios que no han sido incorporados en las leyes federales o estatales que regulan el sistema penitenciario nacional.

5. En sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, de fecha 29 de noviembre de 2007, los diputados y diputadas asistentes a la misma aprobaron modificaciones al dictamen presentado, con el objeto de incorporar en el exhorto a los gobernadores de los estados, así como al jefe de gobierno del Distrito Federal, a través de las autoridades competentes en materia de seguridad pública, que no habían sido considerados en la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada María Mercedes Colín Guadarrama.

6. Esta comisión tiene presente que la organización de las unidades o centros de readaptación social en las entidades federativas está a cargo de las dependencias locales y municipales competentes en materia de seguridad pública, por lo que se considera procedente exhortar a los gobernadores de los estados, a través de las autoridades competentes en materia de seguridad pública a tomar las medidas necesarias para garantizar la protección y desarrollo integral de los menores de edad que se encuentren conviviendo con sus madres en alguna unidad o centro de readaptación social, así como programar la construcción o adaptación de espacios para la convivencia y desarrollo infantil.

7. Asimismo, se considera viable exhortar a los titulares del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y del Consejo Nacional de Población, para que incluyan dentro de sus censos información relativa a los niños y niñas que viven temporalmente dentro de las unidades o centros de readaptación.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, someten a su consideración los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los gobernadores de los estados y jefe de gobierno del Distrito Federal, a través de las autoridades competentes en materia de seguridad pública, así como al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, a tomar las medidas necesarias para garantizar la protección y desarrollo integral de los menores de edad que se encuentren conviviendo con sus madres en alguna unidad o centro de readaptación social, así como programar la construcción o adaptación de espacios para la convivencia y desarrollo infantil.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y del Consejo Nacional de Población, para que incluyan dentro de sus censos información relativa a los niños y niñas que viven temporalmente dentro de las unidades o centros de readaptación social.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a los 29 días del mes de noviembre de dos mil siete.

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), presidente; Edgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell (rúbrica), Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (rúbrica), Víctor Hugo García Rodríguez, Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez, Miguel Ángel Arellano Pulido, Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), María Sofía Castro Romero, Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza, Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano Lozano, Carlos Madrazo Limón (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid, Efraín Morales Sánchez, José Luis Murillo Torres, Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Carlos Torres Torres (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A FORTALECER POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LA PGR LAS ACCIONES PARA PREVENIR DELITOS CONTRA PERIODISTAS

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, a implantar programas para la protección de periodistas en el país.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1, 2 fracción III y numeral 3; 45 en su numeral 6 incisos e) a g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente, y somete a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el día 11 de abril de 2007, el diputado Gerardo Priego Tapia integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, a implantar programas para la protección de periodistas en el país.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Seguridad Pública.

3. Con fecha 13 de diciembre de 2007, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LX Legislatura, se reunieron para analizar y discutir el presente dictamen, siendo aprobado por 19 votos.

Contenido 1. De acuerdo con el diputado proponente, la libertad de expresión constituye una de las garantías dentro de un régimen democrático. Esta garantía implica que los individuos son libres de transmitir ideas e información y que la sociedad pueda recibir información oportuna y objetiva.

2. La libertad de expresión, es un derecho fundamental reconocido en diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. Por lo que el diputado expone que los periodistas cumplen una función importante, ya que ofrecen a la sociedad información a través de diversas fuentes por lo que se les debe brindar la mayor protección posible.

4. Asimismo, señala que de acuerdo con el principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, coarta la libertad de expresión, por lo que es deber del Estado prevenir e investigar los hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas o sus familias la reparación del daño.

5. Por lo anteriormente expuesto, el diputado Gerardo Priego Tapia considera indispensable la adopción de mecanismos que garanticen la coordinación de las instancias competentes para garantizar la seguridad al realizar actividades periodísticas.

Consideraciones

A). En lo general

1. Que a partir de la adición de los párrafos sexto y séptimo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como una instancia de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios.

2. Que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público y que el derecho a la información será garantizado por el Estado.

3. Que la libertad de imprenta se encuentra consagrada en el artículo 7 de nuestra Carta Magna, en los siguientes términos:

Artículo 7. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.

...

4. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, tiene por objeto establecer las bases de organización de la administración pública, centralizada y paraestatal.

5. En cuanto a las facultades de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, cabe señalar lo dispuesto en las fracciones VI, VII, XII y XXIII, del artículo 30 bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que norman la actuación de dicha Secretaría, en colaboración con las autoridades estatales.

Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a V. ...

VI. Proponer en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional;

VII. Fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención en materia de delitos federales y, por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los delitos del fuero común;

VIII. a XI. ...

XII. Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del orden federal, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos;

XIII. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de delitos, mediante métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos;

XIV. a XXVII. ...

6. Que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 27 de diciembre de 2002, tiene por objeto organizar a dicha instancia para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al Procurador General de la República le atribuyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este ordenamiento y otras disposiciones aplicables.

7. Que de acuerdo con lo dispuesto en la fracción I del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, corresponde al Ministerio Público de la Federación investigar y perseguir los delitos del orden federal, tal y como se transcribe a continuación:

Artículo 4. Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:

A) En la averiguación previa:

a) Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito;

b) Investigar los delitos del orden federal, así como los delitos del fuero común respecto de los cuales ejercite la facultad de atracción, conforme a las normas aplicables con la ayuda de los auxiliares a que se refiere el artículo 20 de esta ley, y otras autoridades, tanto federales como del Distrito Federal y de los estados integrantes de la Federación, en los términos de las disposiciones aplicables y de los convenios de colaboración e instrumentos que al efecto se celebren;

...

8. Que a través del Acuerdo A/031/06 del Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 15 de febrero de 2006, se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.

9. Que el artículo segundo del Acuerdo citado, establece la competencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, en los siguientes términos:

Segundo. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos contra periodistas nacionales o extranjeros dentro del territorio nacional, perpetrados con motivo de su ejercicio profesional.

B) En cuanto a la proposición con punto de acuerdo 1. Que el diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propuso la aprobación de los puntos de acuerdo siguientes:

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, a que implante programas para la protección de los periodistas en el país.

Segundo. Se exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Guerrero a fin de que se esclarezca de manera inmediata el asesinato de Amado Ramírez, corresponsal de Noticieros Televisa en Guerrero, ocurrido el viernes 6 de abril del presente año.

2. Que esta Comisión tiene presente que la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, refleja la preocupación e interés del Titular del Ejecutivo Federal con relación a la actividad periodística, relacionada con el derecho a la información y la libertad de imprenta.

3. Asimismo, esta Comisión reconoce que no obstante los esfuerzos realizados por las autoridades competentes en los ámbitos local y federal, han seguido presentándose homicidios y agresiones a periodistas.

4. Que esta comisión dictaminadora, comparte el interés del diputado proponente de fortalecer las acciones y medidas de protección de las personas que realizan actividades periodísticas en nuestro país.

5. Que el derecho a la información, consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un elemento fundamental para consolidar el sistema de libertades que permite garantizar el ejercicio de los demás derechos inherentes a las personas.

6. Que el ejercicio pleno de algunas profesiones y actividades tales como la abogacía, periodismo y el desempeño de algunos empleos o cargos públicos, requiere de un marco jurídico adecuado, así como de acciones y medidas específicas por parte de las autoridades competentes en materia de procuración de justicia y seguridad pública para garantizar que las mismas se lleven a cabo de manera adecuada y se desarrollen sin más limitaciones que las establecidas en la ley.

7. Que esta Comisión tiene presente que nuestro país ha suscrito diversos instrumentos internacionales en los cuales se compromete a garantizar la libertad de expresión, de imprenta e, implícitamente, el derecho de aquellas personas que obtienen y difunden alguna información con motivo del desempeño de su actividad.

8. En este sentido, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada por la Organización de Estados Americanos el 22 de noviembre de 1969, establece:

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y Expresión.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

9. Por lo que hace a la agresión a periodistas, cabe referirnos al Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México en el año 2004, que en su Capítulo 2 Derechos Civiles, Título 2.3. Otros Derechos Civiles, Apartado 2.3.1.2 Necesidad de revisar la normatividad sobre derechos y protección de periodistas, señala:

Los relatores especiales, tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han dado cuenta anualmente de numerosas denuncias por homicidios de periodistas, ataques a la integridad personal de éstos, torturas, amenazas y todo tipo de delitos en que las víctimas han sido comunicadores sociales.

10. Asimismo, en el apartado de propuestas relativas a la protección de periodistas del diagnóstico citado, se señala:

Adoptar medidas de toda índole para que el Estado Mexicano garantice la protección de periodistas y utilice todos los medios a su alcance para evitar la impunidad en los casos en que sean atacados de cualquier forma. Igualmente, prevenga todo acoso por parte de los agentes del Estado con motivo del ejercicio de las libertades constitucionales de los periodistas, evite que sean atacados físicamente y, en su caso, persiga legalmente y sancione a los culpables.

11. Por las consideraciones expresadas, esta comisión dictaminadora estima viable exhortar al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la Procuraduría General de la República, a fortalecer las acciones y medidas para la protección de periodistas en el país, en coordinación con las autoridades competentes en las entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, someten a la aprobación de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, a fortalecer las acciones y medidas necesarias para la prevención de delitos en contra de periodistas en el país, en coordinación con las autoridades competentes en las entidades federativas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita a las autoridades antes señaladas, que informen a ésta de las acciones realizadas en el marco del anterior punto de acuerdo, dentro del plazo de 30 días naturales contados a partir de la notificación de los presentes.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a los 13 días del mes de diciembre de dos mil siete.

La Comisión de Seguridad Pública

Diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), presidente; Edgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell (rúbrica), Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (rúbrica), Víctor Hugo García Rodríguez, Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez, Miguel Ángel Arellano Pulido, Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca, María Sofía Castro Romero, Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza, Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano Lozano, Carlos Madrazo Limón (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid, Efraín Morales Sánchez, José Luis Murillo Torres, Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Carlos Torres Torres (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN REALICE DE MANERA PERMANENTE, ANUAL Y ALTERNADA CON CADA CÁMARA EL PARLAMENTO UNIVERSITARIO

Honorable Asamblea:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente No. 1263, que contiene una proposición con punto de Acuerdo para que se realice el Parlamento de la Juventud de México y se lleve a cabo en el mes de agosto de 2007, en coordinación con el Ejecutivo federal, el Poder Legislativo y el Instituto Mexicano de la Juventud, presentado por la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión de la Cámara de Diputados el día 13 de marzo de 2007.

La legisladora plantea la realización de un Parlamento de la Juventud de México con periodicidad anual, que tendría como sede la Cámara de Diputados y la de Senadores de manera alterna y al que acudirían jóvenes entre los 12 y 29 años, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Asimismo, señala que sería plural, asistiendo participantes de todos los estados y de todas las condiciones sociales, económicas e ideológicas en el que expondrían y se recogerían sus demandas y necesidades.

El objetivo que plantea la legisladora, consiste en conocer las inquietudes que los jóvenes tienen y a su vez, escuchar las ideas o soluciones que ellos mismos proponen.

La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis de la proposición de referencia, llevando a cabo para tal efecto diversas reuniones de trabajo con los integrantes de la misma, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta bajo las siguientes:

Consideraciones

Como menciona la diputada promovente, resulta indispensable para los legisladores y en especial para la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, recoger las demandas y necesidades de los jóvenes; generar propuestas de políticas públicas que promuevan la participación de los jóvenes en los diferentes ámbitos de la sociedad; así como impulsar la creación de organizaciones juveniles y estudiantiles, que fomenten la presencia de los jóvenes en todas las actividades sociales, culturales, académicas, políticas, deportivas y recreativas.

La importancia de las demandas de la juventud radica en las respuestas que se obtengan de ellas, en este sentido, el Senado de la República fue el primero en hacer realidad una de esas demandas y fue de gran trascendencia para los jóvenes, ya que en él, se brindó a la juventud mexicana un espacio de participación política mediante la agrupación de jóvenes para poder expresar y fomentar en ellos el desarrollo y la participación de la expresiones políticas que les atañe.

Así pues, en el 2006, el Primer Parlamento Universitario se realizó en el Senado con la participación de 128 jóvenes, todos ellos, estudiantes de dieciocho diversas instituciones académicas a nivel licenciatura con muy buenos resultados. Como pudimos observar, durante la realización de esta actividad, los jóvenes demostraron su satisfacción al sumarse a este tipo de colaboración y aportación, ya que en ellos no caben las políticas mediocres ni del pasado, ellos quieren modernidad, quieren políticas que se ajusten a su realidad cotidiana, quieren ser cómplices, partícipes de todo lo que se aplique para su bienestar y crecimiento. Este Parlamento persiguió objetivos claros y satisfactorios mediante la reproducción de un periodo de sesiones y su finalidad fue acercarlos al estudio y práctica legislativa, llevando a cabo actividades del poder legislativo.

Asimismo, durante el 2007, la Cámara de Diputados llevó a cabo el Segundo Parlamento Universitario, con la participación de 200 jóvenes, en este espacio los participantes compartieron y debatieron los asuntos de interés nacional, propusieron iniciativas que buscaron contribuir a la construcción de políticas públicas y actualización del poder legislativo y es precisamente mediante la visión que nos pueden brindar los jóvenes, como podremos crear escenarios más justos para la sociedad.

Asimismo, este tipo de convocatorias tiene un fuerte apoyo en esta Cámara de Diputados, y nos referimos a la realización de similares eventos, como lo son los Parlamentos de los Niños, Niñas y Adolescentes, de los Líderes Migrantes, así como el de la Mujer que han mostrado ser claros ejemplos de actividades con buenos resultados y en donde se han beneficiado enormemente estos sectores de la sociedad, por lo que derivado de los efectos y frutos que se sembraron en el Primer y Segundo Parlamento Universitario y reconociendo su efectividad se torna importante que la Cámara de Diputados prosiga con estas labores sociales.

De igual manera, consideramos que es una buena manera de poder interactuar con la sociedad, ya que ese es nuestro deber y trabajo, escuchar sus ambiciones, sus necesidades y poder conjuntar esfuerzos en beneficio de nuestra nación.

Es por ello que consideramos a bien, realizar y establecer de manera permanente el Parlamento que represente a la juventud, y por ello nos adherimos a la propuesta hecha por la diputada Caballero, pues si bien es cierto que la promovente impulsa la realización de un Parlamento de los Jóvenes, también es cierto que diputado Francisco Elizondo Garrido, con el apoyo de las Comisión de Juventud y Deporte, organizaron el Segundo Parlamento Universitario. En este tenor, la diputada Caballero ha propuesto que en el Parlamento de los Jóvenes, la edad fluctuaría entre los 12 y los 29 años, asimismo, esta Comisión toma en cuenta la experiencia adquirida durante la organización de los anteriores parlamentos universitarios y esta demuestra que el interés por este evento existe entre los jóvenes universitarios, cuya edad fluctúa entre los 17 y 29 años. En este mismo sentido, la Comisión considera que la edad idónea es esta última, pues los jóvenes con estas características enriquecen el contenido de los parlamentos dada su edad y los conocimientos adquiridos durante su paso por las instituciones de educación superior.

Por lo anterior, la Comisión de Juventud y Deporte propone que se dé continuidad al Parlamento Universitario de manera permanente y anual en ambas Cámaras para reproducir el Poder Legislativo conformado por jóvenes universitarios que deseen participar con el honorable Congreso de la Unión.

Esta Comisión acuerda, que el Parlamento se dirigirá a estudiantes que se encuentren en el nivel de licenciatura, que tenga interés en el desarrollo de propuestas y soluciones a los problemas nacionales, así como en participar en el debate democrático de retos y logros de la función legislativa del país.

El objetivo del mismo será el de reproducir de manera sucinta un periodo de sesiones del honorable Congreso de la Unión, para que se pueda compartir, debatir y formular iniciativas que contribuyan a la construcción de políticas públicas y a la modernización legislativa.

La Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados plantea formar un Comité Organizador para convocar por los medios que considere apropiados a los jóvenes de las universidades que quieran participar, preferentemente a aquellos que hubieran participado en parlamentos anteriores, asimismo establecerán los lineamientos y requisitos para el registro de participantes, constituirán la forma de trabajo, el número de integrantes en cada grupo parlamentario definido por los jóvenes participantes, el número de comisiones, el número de integrantes y sus competencias temáticas. El citado Comité tendrá la obligación de asistir en todo momento al desarrollo de las actividades y establecer un reglamento que rija los trabajos del parlamento.

De igual forma, el pleno de la Comisión propone establecer un Reglamento para el Parlamento Universitario, cuyo objetivo será normar los procedimientos que permita a los parlamentarios universitarios reproducir un periodo de sesiones del honorable Congreso de la Unión, con la finalidad de permitir el acercamiento de los jóvenes interesados en el ámbito parlamentario, a las actividades llevadas a cabo por ambas Cámaras. Dicho ordenamiento será de observancia obligatoria para los parlamentos universitarios que integraran el Parlamento Universitario y que regirá de manera permanente.

Asimismo, el ordenamiento acumulará las experiencias de la asamblea deliberante y los procedimientos y prácticas que tienen su origen en los ordenamientos jurídicos del Congreso Mexicano, de manera indudable e indiscutible el reglamento tendrá la necesidad de ser actualizado y perfeccionado por los propios participantes de este modelo legislativo, con base en la experiencia de su practica, las reglas que surjan del ejercicio del debate y la discusión y particularmente de la dinámica de los trabajos que los propios parlamentos universitarios produzcan de su propio desempeño.

Los temas fundamentales que deberá contener el Reglamento serán la constitución legal de la asamblea; el proceso de designación de los integrantes de la Mesa Directiva del Parlamento; la constitución y organización de los grupos parlamentarios; la integración de comisiones y designación de sus juntas directivas; así como las reglas que norman el debate parlamentario, lo que permitirá reproducir el modelo legislativo y a los estudiantes tener conocimiento de las prácticas parlamentarias.

De igual modo, el Reglamento establecerá la forma en la que se integrará el Parlamento Universitario; la organización del Parlamento Universitario; los órganos que lo constituyen; el procedimiento para las sesiones y deliberaciones del Parlamento Universitario; el trabajo en comisiones; y la interrelación del Parlamento Universitario con el H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La integración de este Parlamento deberá conformarse por estudiantes de nivel licenciatura, que hayan sido acreditados, previa convocatoria pública, emitida por el Comité Organizador de este ejercicio práctico.

El Parlamento tendrá un solo periodo de sesiones que se realizará en los recesos de ejercicio de ambas Cámaras y su duración no será mayor a 5 días, lo que constituirá una legislatura universitaria.

En cuanto a las propuestas y conclusiones de los legisladores universitarios, estas serán redactadas en una "Declaración Final" que será presentada a ambas Cámaras.

La organización del Parlamento Universitario, estará bajo la conducción de un Comité Organizador integrado por un diputado federal o un senador designado para tal efecto por la Comisión de Juventud y Deporte, dos estudiantes universitarios por cada asociación y/o institución convocante, un funcionario designado por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y el director general del Instituto Mexicano de la Juventud.

El Comité Organizador, tendrá las siguientes responsabilidades:

• Convocar por los medios que considere apropiados a las universidades participantes;
• Establecer los lineamientos y requisitos que permitan efectuar el registro de los participantes;

• Establecer las fechas de realización;
• Establecer el programa de los trabajos;

• Integrar y definir a los grupos parlamentarios.
• Definir el número de integrantes en las comisiones, así como sus competencias temáticas.

• Asistir en todo momento el desarrollo de actividades.

El Comité Organizador, entre otras, tendrá las siguientes atribuciones: formular y emitir la convocatoria para la constituciones del Parlamento Universitario; establecer el programa de trabajo; asistir a los órganos directivos y las organizaciones que integran los grupos parlamentarios y las comisiones de trabajo; y, sobre todo tendrá la facultad para resolver lo no previsto en el Reglamento del Parlamento Universitario, de acuerdo con los lineamientos expedidos por el mismo.

El Parlamento Universitario se constituirá para su funcionamiento por los órganos y organizaciones siguientes:

Una Junta Directiva que será integrada por un presidente, un vicepresidente y los secretarios necesarios para incorporar a los grupos parlamentarios en la misma, que serán los estudiantes de mayor edad, en caso de presentarse igualdad de edades, la preferencia se establecerá tomando en cuenta al estudiante que curse el semestre más avanzado, en caso de prevalecer el empate se tomara en consideración el promedio de calificaciones mas elevado.

Una Mesa Directiva integrada por un presidente, tres vicepresidentes y los secretarios necesarios para incorporar a los grupos parlamentarios en la misma, elegidos en sesión plenaria mediante votación por cédula, a partir de la propuesta de la Junta de Coordinadores Parlamentarios.

Por grupos parlamentarios que serán las formas de organización que adoptarán los parlamentarios universitarios.

Una Junta de Coordinadores que expresará la pluralidad del Parlamento como un órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos. La que se integrará por los coordinadores y vicecoordinadores de los grupos parlamentarios y será Presidente de la Junta, el Coordinador del Grupo Parlamentario que, por si mismo, cuente con la mayoría absoluta del voto ponderado de la Junta.

El Parlamento Universitario a su vez, estará integrado por Comisiones, que serán órganos plurales constituidos por integrantes de todos los grupos parlamentarios, para la discusión y elaboración de propuestas de indistintos temas. Las comisiones contarán con un máximo de 25 integrantes, entre los cuales, se nombrará a un presidente y a un secretario.

Los temas a debatir en las comisiones serán definidos por sus integrantes, se deberá elaborar un documento que contenga las conclusiones finales, respecto de los temas debatidos y se elegirá a un representante de la comisión para presentar ante el Pleno las conclusiones de los temas discutidos.

La asamblea o el pleno que será el órgano colegiado, constituido por el total de los parlamentarios en sesión plenaria o el número que determine el Comité, requiriendo de la mitad más uno de sus integrantes para poder sesionar validamente. La asamblea sesionará en sesión constitutiva y en sesión plenaria.

La sede para dar continuidad a los trabajos del Parlamento Universitario, será las instalaciones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión de Juventud y Deporte somete a la consideración de la honorable Asamblea la siguiente:

Acuerdo

Primero. Acuerdo por el que se propone que el H. Congreso de la Unión realice de manera permanente y anual el Parlamento Universitario, el cual será de manera alternada con cada Cámara.

Segundo. El Parlamento se llevará a cabo durante el mes de agosto.

Tercero. La Comisión de Juventud y Deporte de esta Cámara de Diputados, establecerá las bases y los lineamientos de funcionamiento, organización y convocatoria; así como el Reglamento para normar las acciones que permitan a los Legisladores Universitarios realizar las sesiones durante el Parlamento. Lo anterior se hará en coordinación con la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores

Salón de Sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de diciembre de dos mil siete.

Comisión de Juventud y Deporte

Esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, incisos 1) y 2), fracción XXVII, 45, fracción VI, incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente dictamen a la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, bajo las siguientes consideraciones:

Antecedentes

Que en fecha 26 de abril de 2007, la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a instrumentar políticas en materia migratoria, a fin de garantizar la seguridad nacional y la eficiente prestación de los servicios migratorios.

Que en fecha 23 de mayo de 2007 esta Comisión recibió el oficio que remite copia de la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza.

Contenido de la proposición

La diputada promovente manifiesta que el sentido de la proposición gira en torno al compromiso de respetar los derechos humanos de todo migrante, para así poder contar con una auténtica política migratoria humanista y sensible.

Propone situar al individuo en el centro de las políticas y marcos normativos migratorios, que permitan una debida coherencia con el respeto a los derechos humanos y la democracia.

Debe el Estado proporcionar seguridad a la nación, con el objetivo de avanzar en la construcción de un modelo que busque la integración bilateral de las regiones fronterizas, y reconociendo en todo momento la dimensión local, su realidad y necesidades, sin violentar la dinámica social transfronteriza.

Consideraciones

Esta comisión considera pertinentes las observaciones de la diputada Yary del Carmen respecto a la protección de los derechos humanos de los migrantes y poder mandar una señal de cooperación en materia de sensibilización y humanismo en el trato que se les da; así como de lo que nosotros mismos reclamamos.

Esta comisión considera que debemos ser congruentes con los tratados o convenios internacionales firmados por México, como el Acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares:

Asimismo, consideramos que la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de los temas migratorios por conducto del INM, y de la Seguridad Interna, debe aplicar los objetivos y/o estrategias contenidas en el PND 2007-2012, que en su apartado de seguridad fronteriza, en especial a la frontera sur, hace referencia a:

• Buscar que esta zona sea un ejemplo de cumplimiento de la Ley, al tiempo que se respeten íntegramente los derechos humanos de todos".

• Las estrategias de seguridad fronteriza se deben enfocar a la protección de los migrantes y de la población de estas zonas, que está expuesta a grupos de contrabandistas y traficantes de personas y de drogas.

• Con los países vecinos del norte y del sur se trabajará conjuntamente para afinar mecanismos de intercambio de información que permitan controlar adecuadamente el tránsito de personas entre un país y otro, para proteger los derechos de los migrantes.

Es de recordar que esta Comisión y el Pleno de esta Cámara de Diputados, el pasado mes de abril aprobó el dictamen sobre tres iniciativas, que reforman diversos artículos de la Ley General de Población, mediante el cual se busca despenalizar la migración en nuestro país, y más en el sentido que muchas de las personas que llegan a ser detenidas, sólo van de tránsito al país del norte.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos mencionados con anterioridad, presenta al Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente dictamen con punto de acuerdo.

Resolutivos

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar a esta soberanía, sobre las acciones que está realizando para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el PND 2007-2012, en materia de migración y de protección a los derechos humanos de los migrantes.

Segundo. En caso de no estar realizando alguna actividad en materia de migración y de protección de los derechos humanos de los migrantes, se le exhorta, a que a la brevedad posible informe a esta soberanía que programas y/o acciones implementará a la brevedad posible y los objetivos a cubrir de las mismas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2007.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios

Diputados: José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), presidente; Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), secretarios; Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), David Figueroa Ortega (rúbrica), Daniel Chávez García (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Elia Hernández Núñez, Omeheira López Reyna (rúbrica), María Dolores González Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Antonio Valladolid Rodríguez (rúbrica), Silbestre Álvarez Ramón, Alberto Amaro Corona, Miguel Ángel Arellano Pulido, Joaquín Conrado de los Santos Molina, Érick López Barriga, Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Guillermina López Balbuena, Isael Villa Villa, José Luis Aguilera Rico, Irma Piñeyro Arias, Ana María Ramírez Cerda.

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A ACATAR Y CUMPLIR EL FALLO QUE ORDENA ACTIVAR EL PAGO DE LAS DIFERENCIAS EN FAVOR DE LAS PENSIONES RECIBIDAS DE ENERO DE 1993 A LA FECHA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Social le fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que acate y dé cumplimiento al fallo que ordena activar el pago de las diferencias a favor de las pensiones que vienen percibiendo desde enero del año de 1993 a la fecha, así como al incremento que perciben los trabajadores jubilados agrupados en la denominada Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, AC, de Culiacán, Sinaloa, presentada por el diputado Gilberto Ojeda Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVI, 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

I. Con fecha veintiséis de abril, el diputado Gilberto Ojeda Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al ISSSTE a acatar el fallo que ordena activar el pago de pensiones y salarios que perciben desde 1993 los trabajadores afiliados a la Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, AC, de Culiacán, Sinaloa.

II. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión de Seguridad Social.

Establecidos los antecedentes, los miembros de la Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, exponen el contenido de la proposición de referencia, materia del presente dictamen:

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

En la exposición de motivos el promovente señala que el derecho a la jubilación se constituye como una prestación de la seguridad social consagrada en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el que establece entre otros preceptos que la cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el índice nacional de precios al consumidor (INPC), con efectos a partir del 1 de enero de cada año.

Invocando el artículo en referencia, un grupo de jubilados y pensionados, agrupados en la Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, AC, de Culiacán, Sinaloa, interpusieron en febrero de 2002 una demanda de carácter jurídico ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

A través de esta demanda, solicitaron se activara en forma urgente hasta su terminación relativa el pago de las diferencias a su favor respecto de las pensiones que vienen percibiendo desde enero de 1993, así como el incremento mensual de las mismas conforme al artículo 57 de la Ley General del ISSSTE.

Derivado de lo anterior se obtuvo el fallo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que ordenaba al ISSSTE pagar las diferencias de las pensiones, de acuerdo con los aumentos dados a los trabajadores en activo de 1993 a la fecha de la sentencia.

De acuerdo con el expediente de mérito continúa expresando el promoverte, el ISSSTE ha omitido dar cumplimiento al precepto legal invocado, negándose a acatar las resoluciones pronunciadas por la autoridad correspondiente.

Lo anterior ha generado una disminución en las percepciones económicas del grupo de trabajadores en comento, siendo insuficientes las pensiones que reciben para cubrir sus necesidades primordiales de ellos mismos y sus familias.

Establecido el contenido de la proposición, se somete ante este honorable Pleno el presente dictamen, bajo las siguientes:

Consideraciones

1. De acuerdo con lo que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado vigente, en su artículo decimoctavo transitorio se establece que "Los jubilados, pensionados o sus familiares derechohabientes que, a la entrada en vigor de esta ley, gocen de los beneficios que les otorga la ley que se abroga, continuarán ejerciendo sus derechos en los términos y condiciones señalados en las disposiciones vigentes al momento de su otorgamiento".

2. Esta dictaminadora considera que el incremento en la cuantía de las pensiones a que hace referencia la proposición se debe calcular conforme a lo establecido en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente al 10 de noviembre de 1983, el cual establecía que " Las cuantías de las pensiones aumentaran al mismo tiempo y en la misma proporción que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo " y en consecuencia se tiene que pagar las diferencias generadas a su favor que no hayan sido cubiertas con oportunidad.

3. Es importante mencionar que a pesar de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no ha cumplido con la obligación de acatar las sentencias pronunciadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de acuerdo a lo que establece el artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y que ha excedido por mucho el plazo de 20 días para que cumpla con el fallo, mismo que establece el artículo 58, fracción II, inciso d).

4. Esta dictaminadora estima necesario señalar que el artículo 17 de la Constitución Política señala en su segundo párrafo que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones" ; del cual se desprende la garantía individual de acceso a la justicia, conforme a la cual la administración de justicia debe ser pronta, debiéndose entender por pronta: que los asuntos deben resolverse a la brevedad posible y conforme a los términos y plazos que fijen las leyes. De igual forma es claro que el párrafo tercero de dicha norma constitucional establece como garantía la plena ejecución que dicten los tribunales, lo que implica que quien queda constreñido al acatamiento de una sentencia no puede pretender eximirse de esa obligación, ya que sólo así puede entenderse el cabal cumplimiento a la garantía de acceso a la justicia.

5. Es pertinente mencionar que mediante oficio número CSS/LX-2/574/07, con fecha 3 de julio de 2007, la Comisión de Seguridad Social solicito información al ISSSTE en relación al estado que guarda el cumplimiento a dichos fallos a que se refiere el punto de acuerdo en comento, sin que a la fecha exista respuesta alguna por parte del Instituto.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Seguridad Social, somete a la consideración de éste honorable Pleno, el siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, para que acate y de cumplimiento al fallo que ordena activar el pago de las diferencias a favor de las pensiones que vienen percibiendo desde enero del año de 1993 a la fecha, así como el incremento a que tienen derecho los trabajadores jubilados agrupados en la Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, AC, de Culiacán, Sinaloa.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión de Seguridad Social, a los 17 días del mes de enero de 2008.

La Comisión de Seguridad Social

Diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), presidente; Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Samuel Aguilar Solís, secretarios; Joel Arellano Arellano, (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez, Ángel Humberto García Reyes, Benjamín Ernesto González Roaro, Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Ramón Almonte Borja (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo, Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), Joel Ayala Almeida, Lorena Martínez Rodríguez, Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES A PROMOVER LA PARIDAD DE LAS MUJERES

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las dependencias gubernamentales, a promover la paridad de género en la administración pública federal, presentada por el diputado Carlos Navarro López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

Esta comisión dictaminadora desarrolló su trabajo conforme al siguiente procedimiento:

I. En el capítulo "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen del referido punto de acuerdo, y del trabajo previo de la comisión.

II. En el capítulo correspondiente a "Contenido del punto de acuerdo", se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

III. En el capítulo de "Consideraciones", la comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen al punto de acuerdo en análisis.

I. Antecedentes

Mediante el acuerdo de la Cámara de Diputados, por el que se determina dar trámite a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del 13 de diciembre de 2007, publicado en Gaceta Parlamentaria del 14 de enero de 2008, se turnó a la a la Comisión de Equidad y Género para su estudio y posterior dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Carlos Navarro López, por el que se exhorta a los titulares de las dependencias gubernamentales, a promover la paridad de género en la administración pública federal.

II. Contenido del punto de acuerdo

La proposición de referencia menciona que el principal y más importante obstáculo que han tenido que librar las mujeres mexicanas para alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder en la toma de decisiones, en los mecanismos de representación y las relaciones familiares, es el tipo de gobierno en los tres niveles de la administración pública y en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Menciona la importancia de atender el llamado del Conceso de Quito suscrito durante la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en agosto de 2007, en el que se exhorta a legisladoras y legisladores, organizaciones civiles y feministas, a iniciar una revisión estructural del funcionamiento de la sociedad. Señala que la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia.

El promovente refiere una serie de estadísticas e indicadores en los rubros de educación, salud, alimentación, mortalidad materna infantil, enfermedades de transmisión sexual, pobreza, trabajo, violencia hacia las mujeres y condiciones de los pueblos indígenas. En ellas manifiesta que el sector femenino es el que se encuentra en mayor desventaja, a pesar de que representan más de la mitad de la población mexicana.

De igual forma, el autor de la proposición alude a la participación de las mujeres en los comités ejecutivos de los partidos políticos, al igual que en la administración pública y en el Poder Judicial, específicamente en la Suprema Corte de Justica de la Nación; al respecto señala que la presencia de las mujeres se ha incrementado en esos espacios, sin embargo, aún hay desventaja respecto a los cargos que ocupan los hombres.

Finalmente, el punto de acuerdo tiene dos resolutivos:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal y a las dependencias a su cargo, a implantar políticas públicas que fomenten la paridad de género en la administración pública federal.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades citadas en el punto resolutivo anterior a informar, en un periodo máximo de 45 días, sobre las acciones que se llevarán a cabo para solucionar la problemática planteada y de los proyectos que implantarán.

III. Consideraciones

En el proceso del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, destacamos dos momentos: uno de ellos es la conquista del voto femenino en nuestro país, que representó el logro más importante de la mujer mexicana durante la primera mitad del siglo XX; el otro es la adopción de diversas instrumentos internacionales que tutelan derechos políticos de las mujeres, entre los cuales destacan la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su protocolo facultativo; la Plataforma de Acción de Beijing y la Declaración del Milenio.

Dichos instrumentos contemplan disposiciones que avanzan hacia la protección de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres, en el reconocimiento de la igualdad entre el hombre y la mujer, y buscan eliminar la discriminación por razones de género; a partir de ahí, diversas organizaciones sociales, en las que también las que estamos aquí hemos participado, promovieron diversas medidas que dieron como resultado la introducción de las denominadas "cuotas de género" en las legislaciones nacionales, a fin de garantizar la participación política de la mujer.

Sin embargo, debemos recordar que la historia, para ir eliminando la brecha de desigualdad de género en nuestro país, ha comenzado desde 1916, ya que en esa fecha se dio la primera medida tendiente a igualar la condición jurídica de las mujeres y los hombres en el ámbito de la ciudadanía política; sin embargo, su alcance se limitó a tres estados (Chiapas, Yucatán y Tabasco). Para 1947 se otorgaron derechos políticos a las mujeres con el reconocimiento a votar y ser votadas, pero restringiéndolo al ámbito municipal; en 1953, el derecho a elegir y ser elegidas alcanzó su plenitud para todo el ámbito federal.

De ahí siguieron reformas a los Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en 1996, 2002 y recientemente en 2007, para introducir las cuotas de género, pero sólo en el ámbito de los cargos de elección popular, no ha sí en los espacios de la administración pública.

Aunque se han logrado avances, lo cierto es que aún existe un rezago en la participación política de la mujer, muestra de ello, es el Índice de Desigualdad de Género 2006: un nuevo marco para avanzar hacia la equidad, presentado en el Foro Económico Mundial de 2007.

Dicho estudio fue elaborado por la Universidad de Harvard y por la Escuela de Negocios de Londres; para elaborar este análisis, se consideraron 14 indicadores agrupados en cuatro rubros: participación económica y oportunidades, logros educativos, salud y supervivencia, y empoderamiento político. Respecto a México señala lo siguiente:

México figura en el lugar 75 de un total de 115 países que fueron evaluados en materia de equidad de género a propósito del Foro Económico Mundial. Según el reporte, el país está más atrasado en esa materia que naciones como Honduras, Kenya y Malasia.

En la participación económica y política, la mujer mexicana enfrenta los mayores rezagos, sobre todo, por la diferencia salarial y el escaso número de ellas que ocupan un lugar en el Congreso y en las secretarías de Estado.

En materia de participación económica y oportunidades, México se ubica hasta el lugar 98 de la lista mundial, ya que la fuerza laboral masculina constituye casi el doble que la de mujeres, y a ellas se les paga menos por desempeñar el mismo trabajo que ellos realizan.

En cuanto al empoderamiento político en el que se toma en cuenta la posición de la mujer en puestos de toma de decisiones, México se encuentra en el lugar 45 de la clasificación. Sin embargo, si sólo se considera su participación en las secretarías de Estado, nuestro país baja al sitio 76, porque su representación en esos puestos es escasa.

Lo anterior nos permite observar que existe una discriminación contra la mujer que viola sistemáticamente los principios de igualdad y democracia establecidos en nuestra Constitución, dificultando la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país; además se debe a los obstáculos para el aumento del bienestar de la sociedad que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país.

Las inetgrantes y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género coinciden con los planteamientos del promovente y destacan los puntos adoptados en el Consenso de Quito en el cual se manifestó la preocupación por el atraso en materia de paridad de género y participación política de las mujeres; entre esos compromisos citamos los siguientes:

Adoptar medidas en todos los ámbitos necesarios, incluidas acciones legislativas, presupuestarías y reformas institucionales que permitan el adelanto de las mujeres, así como garantizar su plena participación igualitaria en cargos públicos, de representación política y en los espacios de toma de decisiones, con el fin de alcanzar la paridad de género.

Desarrollar políticas electorales de carácter permanente que conduzcan a los partidos políticos a incorporar agendas de las mujeres en su diversidad, el enfoque de género en sus contenidos, acciones y estatutos, y la participación igualitaria, el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres con el fin de consolidar la paridad de género como política de Estado.

La propia CEPAL señaló que la participación política es reconocida universalmente como un instrumento para el empoderamiento de la mujer y la equidad de género; de ahí que en el marco de la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en el 2007, se hiciera un llamado para lograr la igualdad de género en las esferas política, familiar y laboral.

En ese sentido la Comisión de Equidad y Género estima procedente el planteamiento del legislador, además de que sus inquietudes coinciden con propuestas que han hecho las diputadas de la actual legislatura, en el sentido de que debe tomarse en cuenta la paridad de género en los espacios y cargos de la administración pública en todos los niveles de gobierno.

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales a diseñar y aplicar políticas que promuevan la paridad de género en la administración pública.

Así mismo, se le solicita que remitan un informe a esta soberanía sobre las acciones que tomarán para el cumplimiento del presente acuerdo en un plazo de 45 días.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2008.

Comisión de Equidad y Género

Diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), presidenta; Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), secretarias; María Mercedes Corral Aguilar, Beatriz Eugenia García Reyes, María Hilda Medina Macías, Martha Margarita García Müller (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), María Soledad Limas Frescas, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández, Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), David Sánchez Camacho, Aracely Escalante Jasso (rúbrica), Elda Gómez Lugo (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz, Blanca Luna Becerril.

DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A EMITIR UNA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA LA COMUNIDAD TRIQUI EN EL ESTADO DE OAXACA

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación, a que emita la declaratoria de violencia de género para la comunidad triqui, en el estado de Oaxaca, presentada por la diputada Aleida Alavéz Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en el artículo 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

Esta comisión dictaminadora desarrolló su trabajo conforme al siguiente procedimiento:

I. En el capítulo "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen del referido punto de acuerdo y del trabajo previo de la comisión.

III. En el capítulo de "Consideraciones", la comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen al punto de acuerdo en análisis.

I. Antecedentes

Mediante el Acuerdo de la Comisión Permanente, por el que se determina el trámite a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en la sesión del miércoles 23 de enero de 2008, publicado en Gaceta Parlamentaria del 29 de enero de 2008, se turnó a la a la Comisión de Equidad y Género para su estudio y posterior dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Aleida Alavéz Ruiz, para exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación, emita la declaratoria de violencia de género para la comunidad triqui, en el estado de Oaxaca.

II. Contenido del punto de acuerdo

De la lectura de la proposición se desprenden los siguientes elementos:

La violencia contra las mujeres conlleva impunidad e injusticia, lo cual las coloca en estado de vulnerabilidad e indefensión. Menciona también que en México, la violencia se ha incrementado, sobre todo en aquellos casos donde están involucrados agentes del Estado.

Señala que en el estado de Oaxaca se han presentado una serie de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, donde las triquis sufren las consecuencias de los conflictos políticos y las pugnas de poder entre grupos étnicos que las convierte en botín de las disputas. Refiere que las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, de 14 y 20 años respectivamente, ambas maestras de educación primaria bilingüe, están "extraviadas" desde hace seis meses, cuando caminaban entre las localidades oaxaqueñas de Villa Putla de Guerrero y Santiago Juxtlahuaca, situadas en la comunidad de El Rastrojo.

Afirma que las instituciones que atienden a las mujeres víctimas de violencia, así como la Procuraduría de Justicia de Oaxaca han hecho caso omiso en la averiguación de su paradero e incluso han argumentado que la complejidad del conflicto les impide proceder legalmente y cumplir sus obligaciones: Se ha omitido la acción pública en conflictos étnicos en donde las mujeres son víctimas directas.

La promovente argumenta que la desaparición de las hermanas Ortiz Ramírez, tuvo lugar en un contexto de violencia social en la zona, que según los organizadores es uno de los más complicados por las continuas disputas políticas de grupos dirigidos por hombres en las que las mujeres son tomadas como botín político y cita un recuento histórico hecho por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), respecto a la violencia que se ejerce contra las mujeres en esa entidad.

III. Consideraciones

Las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género coinciden con la promovente en que la violencia contra las mujeres es una violación a sus derechos humanos y destacan los siguientes datos en la materia respecto al estado de Oaxaca:

Oaxaca es uno de los estados de la república con los más altos índices de violencia contra las mujeres, así lo indican los resultados de la Encuesta Nacional sobre violencia 2003 realizada por el Instituto Nacional de Mujeres y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática:

Oaxaca es la entidad de la república donde el 75 por ciento de las mujeres (encuestadas en 2003) dijeron haber sufrido violencia. El número más alto en todo el país.

Ocupa el primer lugar de casos de mujeres que sufrieron violencia con la pareja, con 10 puntos porcentuales por arriba de la prevalencia nacional.

Tiene además, el primer lugar de prevalencia de violencia sexual.

Según datos del INEGI entre 1999 y 2003 sucedieron en el estado de Oaxaca 351 homicidios de niñas y mujeres. La mayoría de las víctimas, tenía entre 11 y 30 años de edad en el momento de ser asesinadas. 52 niñas y mujeres fueron asesinadas entre enero de 2004 y junio de 2005 en Oaxaca, según datos de la Procuraduría General de Justicia del estado.

Según información recabada por la Organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Aída Gómez Piñón, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer en Oaxaca, informó a la agencia CIMAC noticias, que entre enero de 2005 y el 15 de mayo de 2006 se atendieron 700 denuncias de violencia sexual contra mujeres, se reportaron 184 casos de violación (11.5 al mes) y se cometieron 58 homicidios contra mujeres.

Por otra parte, es necesario precisar que en el estudio "Violencia Feminicida en 10 entidades de la República Mexicana", elaborado por la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana de la pasada Legislatura de la Cámara de Diputados, Oaxaca resultó la entidad con los más altos índices de violencia feminicida.

Estas cifras deberían bastarnos para reconocer la gravedad del problema e involucrarnos en las acciones necesarias para frenar esta situación.

A lo anterior hay que agregar la siguiente información recopilada por las organizaciones Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos:

Las mujeres indígenas de la zona triqui de Oaxaca se han convertido en las principales víctimas de un conflicto interno de poder. Para comprender el fenómeno que ocurre en la zona es necesario citar algunos datos preliminares.

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, actualmente existen 20 mil 663 triquis en el país, de los cuales la mayoría vive en condiciones de marginación:

El 44.7 por ciento de la población de 15 años o más es analfabeta, el 23.7 por ciento tiene primaria incompleta y el 29.6 por ciento es monolingüe.

El 78 por ciento de la población ocupada no es derechohabiente de ningún servicio de salud, el 24 por ciento no recibe ingresos por trabajo y el 41 por ciento recibe únicamente de 1 hasta 2 salarios mínimos.

El 66 por ciento de las viviendas tiene piso de tierra, el 53 por ciento no tiene agua entubada, el 92.3 por ciento no tiene drenaje y el 20.7 por ciento no tiene energía eléctrica.

En el marco de estas condiciones, han surgido –desde hace más de medio siglo– una serie de conflictos políticos en la zona triqui, cuando en 1948 las autoridades decidieron desaparecer el municipio de San Juan Copala, y las comunidades fueron distribuidas en los municipios de Santiago Juxtlahuaca, Putla de Guerrero y Constancia del Rosario, lo que originó la exclusión y discriminación de las y los indígenas triquis. Dichos conflictos se recrudecieron cuando en 1978 fue instalado un retén militar en San Juan Copala.

Como producto de este conflicto han surgido grupos en pugna por el poder político; si bien éstos reivindican su existencia y lucha para el fortalecimiento del pueblo triqui, se han venido constituyendo como antagónicos y se han enfrentado responsabilizándose unos a otros de asesinatos, secuestros y emboscadas, donde las mujeres han resultado objeto de violencia sexual, secuestros y despojo de sus pertenencias, además de provocar la migración forzada hacia la capital oaxaqueña u otras entidades del país.

En los últimos años y derivado del conflicto en la zona, se han documentado los asesinatos de Juana Martínez Pérez, el 19 de febrero de 2005, y de Marcela Martínez López, de 30 años el 26 de mayo de 2006. También han sido lesionadas en 2007, Laura Ortiz Ramírez, estudiante de la normal de Tlacochahuaya; Celina García una niña de 12 años, y Sofía Bautista de 11 años, quien fue víctima de una balacera que la dejó con parálisis facial.

Se han denunciado, dos violaciones sexuales contra mujeres de la comunidad triqui, una en julio de 2006 a una niña de 14 años y otra en octubre de 2007 a una joven de 17 años. Organizaciones como la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, dicen que se han conocido por lo menos 10 casos más de violaciones sexuales, de los que no existen procesos por miedo de las víctimas a denunciar.

En este clima de violencia y riesgo para las mujeres, el pasado 5 de julio de 2007, las hermanas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, desaparecieron cuando se dirigían a Juxtlahuaca, la primera tiene 20 años y es profesora bilingüe de educación primaria y la segunda es una niña de apenas 14 años, estudiante de secundaria.

La madre de ambas, presentó una denuncia ante la Procuraduría General del estado de Oaxaca, el 25 de julio de 2007. Hasta la fecha las jóvenes no han sido encontradas y nadie ha sido aprehendido como responsable de su secuestro, no obstante que ya fueron liberadas órdenes de aprehensión en contra de los responsables identificados por diversos testigos.

El propio presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras escuchar la denuncia de los hechos el 10 de agosto de 2007 –durante su visita a Oaxaca– declaró que era muy preocupante que los conflictos políticos en la zona derivaran en mayor violencia y en la desaparición de dos mujeres de la región.

La madre de las víctimas ha buscado canales diversos de denuncia, ella aspira a la justicia, a que sus hijas aparezcan ilesas y a que las mujeres de la zona no tengan que vivir de forma permanente bajo la zozobra y el temor de ser víctimas u objetos de venganzas y ajustes de cuentas entre los grupos de poder de la zona.

La gravedad de la situación en la localidad llevó a la titular del Instituto de las Mujeres en Oaxaca, a pronunciarse, en octubre de 2007, para que la Procuraduría del estado, en apego a Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, solicite a la Secretaría de Gobernación federal que emita una alerta de género para la zona triqui, hecho que aún no ha ocurrido.

Con los datos aquí registrados, ésta dictaminadora asume la responsabilidad de la Cámara de Diputados para dar seguimiento puntual a las demandas ciudadanas de justicia y seguridad; asimismo, asume la obligación de vigilar que la respuesta gubernamental a denuncias y situaciones de violencia se realice sin que ello provoque aún más violencia, es decir, en estricto apego al respeto de los derechos humanos de las víctimas y de los victimarios.

A su vez, las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género coinciden con la gravedad de la problemática que sufren las mujeres en la zona triqui del estado de Oaxaca y con los argumentos expuestos por la promovente; sin embargo, estima que para alcanzar el objetivo manifestado en la proposición, debe exhortarse a las autoridades involucradas para que adopten las medidas necesarias para atender y solucionar los problemas que se enfrentan en dicha comunidad y en especial los que tienen que ver con las mujeres. De igual forma, es necesario que informen de esas medidas a esta soberanía, con la finalidad de que se conozcan las acciones y, en un ejercicio de coordinación entre los Poderes y con pleno respeto al ámbito de competencia, coadyuvar en la solución de la materia que nos ocupa.

Por otra parte, considera la dictaminadora que es procedente remitir copia del presente dictamen así como de la proposición que le dio origen, al titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones realicen las acciones que para tal efecto consideren.

Por lo antes expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género estiman procedente el planteamiento objeto del presente dictamen y someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Oaxaca para que atienda la problemática de violencia contra las mujeres en la zona triqui de dicha entidad federativa; además de que realice todas las medidas procesales conducentes para coadyuvar con la pronta impartición de justicia en el caso de la desaparición de las jóvenes Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, lo que implica, entre otras cosas, realizar acciones de búsqueda, localización y rescate de dichas personas.

Asimismo, se solicita al gobierno del estado de Oaxaca, sirva remitir un informe a esta soberanía en un plazo de 20 días sobre las acciones para atender los resolutivos del presente acuerdo.

Segundo. Remítase copia del presente acuerdo, así como de la proposición que le dio origen al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, para los efectos que haya lugar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de febrero de 2008.

Comisión de Equidad y Género

Diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), presidenta; Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), secretarias; María Mercedes Corral Aguilar, Beatriz Eugenia García Reyes, María Hilda Medina Macías, Martha Margarita García Müller (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), María Soledad Limas Frescas, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández, Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), David Sánchez Camacho, Aracely Escalante Jasso, Elda Gómez Lugo (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz, Blanca Luna Becerril.

DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A DAR A CONOCER MEDIANTE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO LOS REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 RELATIVOS A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados fue turnado, para su estudio y dictamen, el primer punto de la proposición por la que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las secretarías de Estado dé a conocer los requerimientos presupuestales en el ejercicio fiscal de 2008 para la operación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presentada por la diputada Holly Matus Toledo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Metodología

Esta comisión dictaminadora desarrolló su trabajo conforme al siguiente procedimiento:

III. En el capítulo de "Consideraciones", la comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen al punto de acuerdo en análisis.

I. Antecedentes

Mediante el acuerdo de la Cámara de Diputados por el que se determina dar trámite a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del 13 de diciembre de 2007, publicado en Gaceta Parlamentaria del 14 de enero de 2008, se turnó a la a la Comisión de Equidad y Género, para su estudio y posterior dictamen, el primer punto de la proposición, presentada por la diputada Holly Matus Toledo, por la que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las secretarías de Estado dé a conocer los requerimientos presupuestales en el ejercicio fiscal de 2008 para la operación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

II. Contenido del punto de acuerdo

La proposición señala que la violencia de género es una manifestación de las relaciones históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han causado la dominación del hombre sobre la mujer.

Menciona una serie de datos estadísticos sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres en nuestro país y refiere sobre la aprobación y promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Por lo que hace al punto primero de la proposición, objeto del presente dictamen, la promovente manifiesta su preocupación de que transcurrido más de doscientos días (al momento de presentar la propuesta) las instancias de gobierno involucradas no han dado cumplimiento a los artículos transitorios que establecen la emisión e instrumentación tanto del reglamento de la ley citada, como del Reglamento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para lo cual se estableció un plazo perentorio de noventa días.

Finalmente, el resolutivo primero del punto de acuerdo es el siguiente:

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que emita el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el Reglamento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. III. Consideraciones

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia entró en vigor el 2 de febrero de 2007, lo que constituye una conquista más de todas las mujeres de México para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y en el camino para erradicar la desigualdad y discriminación por razones de género. La importancia de la ley radica en que se ha legislado sobre la realidad que viven las mujeres que son víctimas de violencia, lo que permite contar con un marco jurídico para prevenir y sancionar estos hechos que lesionan y dañan su integridad y su dignidad.

A su vez, su artículo segundo transitorio establece que "el Ejecutivo federal emitirá el reglamento de la ley dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto", es decir, el 2 de mayo de 2007 se estableció como plazo para cumplir con dicha obligación.

Al respecto, en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 23 de mayo de 2007, fue aprobado un punto de acuerdo presentado por la diputada Maricela Contreras Julián por el cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que expida con la mayor brevedad el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en las consideraciones del dictamen se cita lo siguiente:

"1. Esta comisión coincide totalmente con los planteamientos formulados por la autora de la proposición, en el sentido de que deben hacerse más esfuerzos por parte de las autoridades federales, estatales y municipales para combatir la violencia contra las mujeres, fundamentalmente cuando ostenta motivos de discriminación de género, dado su incremento cuantitativo y cualitativo.

Es evidente que los feminicidios, la violencia sexual, económica, física y psicológica de que es víctima la mujer requieren para su erradicación en la sociedad no sólo un reconocimiento legal, sino de la ejecución y materialización de la norma que, indispensablemente, requiere de la expedición de su reglamento para la asignación de recursos públicos y cumplimiento de sus disposiciones.

2. Simultáneamente, queda perfectamente claro que el titular del Poder Ejecutivo federal ha sido omiso en expedir el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no obstante que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo segundo transitorio, lo emplazaba para expedir dicha normatividad a más tardar dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor de la misma, de tal suerte que al haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero y entrar en vigor al día siguiente, el plazo precluyó el pasado dos de mayo, todos del año en curso.

Si bien es cierto que dicho artículo segundo transitorio es una norma imperfecta, al no establecer la consecuencia jurídica en el caso de incumplimiento por parte del titular del Ejecutivo federal y que es facultad exclusiva del dicho Poder la expedición del reglamento referido, no menos cierto es que ello no justifica la omisión de cumplir con una norma que expresa un amplio consenso y que se dirige a regular una circunstancia grave que aqueja al orden social."

El resolutivo de dicho dictamen fue: "Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que expida con la mayor brevedad el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia." No obstante el respetuoso llamado que hizo hace nueve meses el honorable Congreso de la Unión al Poder Ejecutivo, el reglamento de dicha ley no ha sido publicado, por lo que las y los integrantes de esta comisión dictaminadora estiman procedente la petición formulada por la promovente.

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que publique, lo antes posible, el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de febrero de 2008.

La Comisión de Equidad y Género

Diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), presidenta; Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica en contra), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica en abstención), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), secretarias; María Mercedes Corral Aguilar, Beatriz Eugenia García Reyes, María Hilda Medina Macías, Martha Margarita García Müller (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo, Aurora Cervantes Rodríguez, Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), David Sánchez Camacho, Aracely Escalante Jasso (rúbrica), Elda Gómez Lugo, Juana Leticia Herrera Ale, Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz, Blanca Luna Becerril.

DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS GOBIERNOS ESTATALES, AL DEL DISTRITO FEDERAL, A LOS CONGRESOS LOCALES Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA A IMPLANTAR LAS MEDIDAS CONDUCENTES A PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales, al Gobierno del Distrito Federal, a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fin de implementar las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia familiar, presentada por el diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Metodología

Esta comisión dictaminadora desarrolló su trabajo conforme al siguiente procedimiento:

III. En el capítulo de "Consideraciones", la comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen al punto de acuerdo en análisis.

I. Antecedentes

Mediante el acuerdo de la Cámara de Diputados por el que se determina dar trámite a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del 13 de diciembre de 2007, publicado en Gaceta Parlamentaria del 14 de enero de 2008, se turnó a la a la Comisión de Equidad y Género, para su estudio y posterior dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco por el que se exhorta a los gobiernos locales, al del Distrito Federal, a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Gobierno del Distrito Federal, a fin de implementar las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia familiar.

II. Contenido del punto de acuerdo

La proposición mencionada puntualiza que la violencia familiar no sólo tiene consecuencias físicas sino también psicológicas, sexuales o económicas, por ello diversos países han creado medidas necesarias para poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Estadísticas señalan que en América Latina más de 6 millones de niñas, niños y adolescentes son objeto de severas agresiones y de ellos aproximadamente 80 mil mueren cada año por la violencia que se presenta en el interior de la familia, según cifras del UNICEF.

Asimismo datos de la Organización de las Naciones Unidas establecen que una de cada tres mujeres ha sido golpeada y obligada a tener relaciones sexuales o ha sido objeto de maltrato psicológico a lo largo de su vida y, por lo general, el agresor es un miembro de su propia familia.

En México las cifras en materia de violencia contra las mujeres arrojan que en promedio nacional el 54.1 por ciento han sufrido algún tipo de violencia, el 24. 5 por ciento fue física, el 47.1 por ciento emocional, 11 por ciento sexual y el 29.6 por ciento económica.

Además el proponente señala que las consecuencias de la violencia familiar son problemas físicos, lesiones graves, durante el embarazo, de salud mental, suicidios, desintegración familiar y abandono de menores, por lo que exhorta a los gobiernos estatales y el del Distrito Federal, así como a los Congresos, respectivamente, a fin de llevar cabo medidas que prevengan y erradiquen la violencia familiar.

III. Consideraciones

La Comisión de Equidad y Género coincide con los argumentos expuestos por el promovente, más aún cuando su propuesta es en beneficio de la población más afectada por este recurrente patrón de violencia como son las niñas, niños y mujeres.

Por ello es importante resaltar que además de los instrumentos internacionales que nuestro país ha signado se cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; de igual forma, existen dos documentos de apoyo que marcan los parámetros de la gravedad e incidencia de la violencia familiar que se ejerce especialmente en contra de las mujeres, estos son la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 (ENDIREH) y el libro Delitos contra las mujeres, análisis de la clasificación mexicana de delitos, 2007, en la que han participado el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)

En lo que hace a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, se expresa que la proporción de mujeres que han experimentado algún incidente de violencia de cualquier tipo, desde el inicio de la relación de pareja hasta el momento de la entrevista, tomando en cuenta al total de mujeres, consideró la población de referencia en cuanto a su estado conyugal, relación de pareja, situación de violencia y nivel de instrucción, identificando que son recurrentes la violencia emocional, económica, física y sexual, que encuadra a la violencia familiar ya que toca cada uno de éstos aspectos.

Por su parte, la publicación Delitos contra las mujeres tiene como objeto identificarlos y seleccionar los delitos que se ejercen de manera reiterada en contra de las mujeres; de esa manera, adoptó como marco conceptual y jurídico, las garantías y derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, poniendo especial énfasis en la igualdad y la no discriminación; los principios y derechos contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Este material arroja como información relevante que el delito de violencia familiar está tipificado de manera diversa en nuestro país, que se ha legislado y sancionado a los diferentes tipos y modalidades de violencia contra la mujer de manera desarticulada, es decir, que no es uniforme y por lo tanto cambia en todas las entidades federativas, tanto el concepto como la manera de sancionar esta conducta delictiva.

La dictaminadora coincide con el legislador al aseverar que "la violencia familiar es el delito más común pero el menos castigado en el mundo", sobre todo en nuestro país, tan sólo al hacer el análisis del documento editado por el INEGI y UNIFEM se desprende que este tipo de violencia se concibe desde su definición de manera distinta, ya que en algunas entidades se le define como violencia familiar y en otras como violencia intrafamiliar, de ahí la necesidad de que se exhorte a los gobiernos y a los congresos locales en la armonización de sus legislaciones locales.

Consideramos acertada la aseveración hecha por Patricia Olamendi Torres en la publicación Delitos contra las mujeres, al señalar "que el respeto a los derechos y libertades fundamentales de las niñas, niños y mujeres es asumir las reformas jurídicas y la política pública necesaria para prevenir y sancionarla violencia contra las mujeres en sus diversas expresiones, promoviendo una cultura de respeto a su dignidad e integridad."¹

Por otra parte, derivado de la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, la cual prevé la creación del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para atender esta problemática, se establece la obligación para que la Federación, las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, lleven a cabo las acciones necesarias que permita la armonización legislativa y se reproduzca el sistema nacional de referencia a nivel local.

Lo anterior, involucra la participación de los congresos locales al momento de armonizar la legislación aplicable a los diversos tipos y modalidades de violencia, para que el delito de violencia familiar y que implica los demás tipos de violencia sea atendidos y sancionados de manera igualitaria, ello en concordancia con el marco internacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales de reciente publicación.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Equidad y Género, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a los Poderes de la Unión, así como a las entidades federativas, los municipios, al Distrito Federal, y sus respectivos Congresos locales, y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de implementar las medidas necesarias, desde la perspectiva de género para prevenir, erradicar y sancionar la violencia familiar, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Nota:
1. Olamendi Torres, Patricia. Delitos contra las mujeres. Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. México 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de febrero de 2008.

La Comisión de Equidad y Género

Diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), presidenta; Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), secretarias; María Mercedes Corral Aguilar, Beatriz Eugenia García Reyes, María Hilda Medina Macías, Martha Margarita García Müller (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), David Sánchez Camacho, Aracely Escalante Jasso (rúbrica), Elda Gómez Lugo (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz, Blanca Luna Becerril.

Dictámenes negativos

DE LAS COMISIONES DE UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SEGURIDAD SOCIAL, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA DE LAS ADOLESCENTES Y MENORES DE EDAD

Las suscritas Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, solicitan a ustedes poner a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de dictamen.

Honorable Asamblea:

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el día 24 de abril del año 2003, la Secretaría dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, presentada ante esta soberanía por la diputada Hortensia Aragón Castillo, de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa a la que la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite de ser turnada a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

En atención a ello y de conformidad con las atribuciones que les otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social presentan a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

1. En la sesión del jueves 24 de abril de 2003, Hortensia Aragón Castillo, diputada de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó ante el Pleno, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, en materia de salud reproductiva de las adolescentes y menores de edad.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ordenó que el asunto fuera turnado a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

3. Con fecha 28 de octubre de 2003, la Comisión de Seguridad Social recibió copia del oficio número 2362D-003 enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al director general de Enlace con el Gobierno Federal y Sociedad Civil de la Secretaría de Gobernación conteniendo la opinión de la administración pública federal en torno a la iniciativa en comento.

4. Con fecha 6 de noviembre de 2003, la Comisión de Seguridad Social recibió copia del oficio número 2377D-003 enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al director general de Enlace con el Gobierno Federal y Sociedad Civil de la Secretaría de Gobernación conteniendo la opinión de la Subsecretaría de Egresos de la administración pública federal en torno a la iniciativa en comento.

5. Con fecha 16 de enero de 2004, la Comisión de Seguridad Social recibió oficio número 0952176110510/018/04 conteniendo los comentarios de la Dirección Jurídica de la Dirección de Planeación y Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social referente a la iniciativa en comento.

6. Con fecha 4 de octubre de 2004 la Comisión de Seguridad Social recibió oficio número SEL/UEL/311/DGAEGFSC/1839/04 conteniendo la opinión vigente del Ejecutivo federal respecto a la iniciativa en comento.

7. Con fecha 29 de marzo de 2005, la Comisión de Seguridad Social recibió oficio número 09/90/01/050010/010/05 en relación a los comentarios financieros referentes a la iniciativa que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social.

Previo estudio y análisis de la iniciativa y de los documentos señalados, se procedió a la elaboración del presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

La diputada expone en su iniciativa que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Manifiesta que esto se lleva a cabo a través de la prestación de servicios médicos, guarderías para los hijos de las madres aseguradas, la prevención y atención de los riesgos de trabajo, el otorgamiento de prestaciones sociales, de subsidios y de pensiones.

Asimismo explica que a pesar del enorme avance que ha tenido el Instituto Mexicano del Seguro Social en cuanto a su cobertura, en la Ley del Seguro Social se conservan disposiciones excluyentes o discriminatorias que la han llevado a negar servicios a ciertos sectores de la población protegida, desconociendo la realidad actual. Es el caso de las menores derechohabientes, hijas de los asegurados o las aseguradas y de los pensionados y pensionadas, a quienes sistemáticamente se les ha negado la asistencia obstétrica, incluso si la solicitud se deriva de una violación.

Manifiesta que con independencia de estos casos dramáticos, que lamentablemente se han incrementado, el fenómeno de embarazo en adolescentes o en menores está presente en el país. Diversas investigaciones al respecto indican que, en promedio, un millón de menores de edad de toda la población, asegurada o no asegurada, se embarazan al año y al menos 200 mil son madres solteras. Esta problemática, por sí misma, debería ser considerada como uno de los principales desafíos en materia de salud reproductiva, sobre todo si se considera que en investigaciones realizadas recientemente en este tipo de casos, los datos señalan que el 60 por ciento de las mujeres embarazadas a temprana edad no tienen estudios y el 40 por ciento restante se enfrenta al abandono de la escuela y escasez de oportunidades académicas. Son, como puede observarse, un grupo altamente vulnerable.

La diputada expresa que las instituciones públicas de salud y seguridad social deberían coadyuvar al abatimiento de los embarazos en adolescentes, incrementado sus programas preventivos dirigidos a padres e hijos derechohabientes, así como a la sociedad en general; sin embargo no se justifica la exclusión de este sector de beneficiarias de la asistencia obstétrica que brinda el Seguro Social pues ello, además de discriminatorio, incrementa su vulnerabilidad y lesiona su derecho humano a la salud. Si bien es cierto que para abatir el fenómeno de los embarazos tempranos se requiere un conjunto de políticas públicas como el reforzamiento de los programas de información y educación sexual, también nos corresponde a los legisladores, en este sentido, adecuar la legislación para evitar todo tipo de exclusiones.

Al respecto comenta que la actual Ley del Seguro Social, en su artículo 95, excluye de la asistencia obstétrica a las hijas de los asegurados o aseguradas y de las pensionadas o pensionados menores de 16 años y hasta de 25 años, aun cuando éstas cumplan con el requisito de ser estudiantes y dependientes económicos de la o el derechohabiente. Para ello propone que esta disposición debe ser eliminada.

Conforme a los antecedentes y motivaciones de referencia, las comisiones exponen las siguientes

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el tercer párrafo de su primer artículo que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Asimismo establece en el sexto párrafo del artículo 4 que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Segunda. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Senado de la República en enero de 1990, expresa que se considera dentro de la niñez a todo ser humano menor de 18 años de edad, asimismo, el principio del interés superior del niño o niña, entendido como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible, esto incluye, el goce irrestricto de sus derechos.

De igual forma, la noción del interés superior del niño o niña significa por otro lado, que el crecimiento de las sociedades depende en gran medida de la capacidad de desarrollar a quiénes actualmente se encuentran en esta etapa de la vida de la humanidad. Desde esta perspectiva, dicha prioridad no es producto de la bondad de la sociedad adulta o de los sistemas de gobierno, sino que constituye un elemento básico para la preservación y mejoramiento de la raza humana.

Tercera. La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 2 que son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos, así es que la diferenciación de edades y por tanto de cobertura en atención hasta los 16 años no tiene sustento jurídico y constituye una clara discriminación para las adolescentes entre 16 y 18 años de edad.

Asimismo el artículo 3 del mismo ordenamiento establece que la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Los principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes son:

A. El del interés superior de la infancia.

B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.

C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.

D. al G. …

Especialmente el artículo 28 establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud.

Cuarta. En adición a estas consideraciones, la Dirección Jurídica del IMSS concuerda en que en los principios y objetivos consagrados en la Constitución y en la Ley del Seguro Social, subyace la aspiración de la seguridad social de alcanzar una cobertura universal. Que las reformas a la Ley del Seguro Social se han venido realizando para la consecución de ese principio, extendiendo la protección de sus beneficios no solamente a los trabajadores, sino también a su núcleo familiar y en términos generales a los sectores más desprotegidos e la sociedad. Así, la Dirección Jurídica del IMSS vierte en su opinión que no existe impedimento legal para el otorgamiento de asistencia obstétrica y ayuda en especie para lactancia por seis meses a las hijas de los asegurados o pensionados que se señalan en las fracciones V y VI del artículo 84 de la Ley del seguro Social, o sea, a las hijas menores de 16 años del asegurado y del pensionado y las hijas del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico hasta en tanto no desaparezca la enfermedad que padecen o hasta la edad de 25 años cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional.

Quinta. No obstante, la Dirección Jurídica del IMSS no considera procedente otorgar las citadas prestaciones a las beneficiaras a las que se refiere la fracción VII del citado artículo, es decir a las hijas mayores de 16 años de los pensionistas por invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, así como a las hijas de los pensionados por incapacidad permanente que se encuentren disfrutando de asignaciones familiares; éstas significan un apoyo económico accesorio a las pensiones, por lo que su existencia depende de la procedencia de estas últimas, que le dan origen; por ello las beneficiarias señaladas en la fracción VII del artículo 84 están comprendidas en las fracciones V y VII del citado artículo y recibirán prestaciones materia de este dictamen.

Sexta. Por su parte, la Dirección Jurídica de Planeación y Finanzas envió un cálculo con base en la Información contenida en la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2000 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y de la Memoria Estadística Institucional 2002 del IMSS. El documento en cuestión refiere que la población potencial beneficiada con la reforma propuesta al artículo 95 de la Ley del Seguro Social, sería 1 millón 960 mil 421 mujeres, entre las que se encuentran las adolescentes entre 12 y 15 años hijas de asegurados y pensionados, mujeres entre 16 y 25 años hijas de asegurados que se encuentran estudiando en planteles del sistema educativo nacional y mujeres hijas de asegurados incapacitadas para trabajar por discapacidad física o psíquica, conforme se indica en el Cuadro 1. De este universo, y con base en los cálculos del IMSS el segmento con probabilidad de demandar en un año completo los servicios de maternidad y lactancia sería el 2 por ciento de dicha población¹, que significarían 39 mil 208 adolescentes, con una incorporación mensual de 3 mil 268 en promedio. El costo estimado de las prestaciones proporcionadas a cada una de ellas se calcula en el orden de los 20 mil 617 pesos (a precios de 2004), integrados como se indica en el cuadro 2.

Esto significa que el gasto por las 39 mil 208 adolescentes que se atenderían cada año en los servicios de gineco-obstetricia y lactancia sería de 808.4 millones de pesos. Los 808.4 millones de pesos de referencia se ejercerían escalonadamente de la siguiente forma, bajo la hipótesis de la incorporación mensual arriba señalada y considerando los costos unitarios constantes de las consultas, de un parto normal y de los botes de leche maternizada: 49.5 millones de pesos en mayo-diciembre de 2004; 651.1 millones de pesos en 2005; y 107.8 millones de pesos en 2006. Los cálculos detallados de este escalonamiento del gasto se muestran en el siguiente cuadro.

La Dirección de Planeación y Finanzas del IMSS concluye que la modificación legal que entraña la reforma en comento tendría que venir aparejada con cambios en el esquema financiero que permitan contar con los recursos adicionales necesarios para proporcionar prestaciones más allá de las establecidas en la Ley vigente.

Por lo anterior las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social emiten el siguiente:

Acuerdo

Primero. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, en materia de salud reproductiva de las adolescentes y menores de edad, presentada por la diputada a la LVIII Legislatura Hortensia Aragón Castillo.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Nota
1) Esta cifra fue proporcionada por el IMSS. Obtuvieron esta cifra dividiendo el número de partos atendidos en 2002 en el IMSS entre el promedio de mujeres en edad fértil, lo cual arrojó el 2 por ciento. La fuente de esta información es la Memoria Estadística 2002.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de agosto de 2007.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), presidente; Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), José Antonio Almazán González (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), secretarios; Ramón Almonte Borja, Luis Ricardo Aldana Prieto, Francisco Antonio Fraile García (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), José Antonio Arévalo González, Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica en contra), Ricardo Cantú Garza, Ana Yurixi Leyva Piñón, Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Alfredo Barba Hernández (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica en contra), Sonia Noelia Ibarra Fránquez, Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica en contra), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica en contra), Diego Aguilar (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros.

La Comisión de Seguridad Social

Diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica en contra), presidente; Efraín Arizmendi Uribe, Neftalí Garzón Contreras (rúbrica en contra), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica en contra), Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica en contra), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), secretarios; Joel Arellano Arellano (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Ramón Almonte Borja (rúbrica en contra), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica en contra), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica en contra), Daniel Dehesa Mora (rúbrica en contra), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica en contra), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez, Joel Ayala Almeida, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda, Ramón Valdés Chávez (rúbrica en contra), Abundio Peregrino García (rúbrica en contra).

Votos particulares

SOBRE EL DICTAMEN, EN SENTIDO NEGATIVO, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA DE LAS ADOLESCENTES Y MENORES DE EDAD, QUE PRESENTAN DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Los suscritos diputadas y diputados federales a la LX Legislatura de Congreso de la Unión, integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 88 y 119 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía el presente voto particular con relación al dictamen en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, en materia de salud reproductiva de las adolescentes y menores de edad.

Antecedentes

1. En la sesión del jueves 24 de abril de 2003, la diputada de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó ante el Pleno, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, en materia de salud reproductiva de las adolescentes y menores de edad.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados ordenó que el asunto fuera turnado a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

3. Con fecha 28 de octubre de 2003, la Comisión de Seguridad Social recibió copia del oficio número 2362D-003 enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Director General de Enlace con el Gobierno Federal y Sociedad Civil de la Secretaría de Gobernación conteniendo la opinión de la administración pública federal en torno a la iniciativa en comento.

4. Con fecha 6 de noviembre de 2003, la Comisión de Seguridad Social recibió copia del oficio número 2377D-003 enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Director General de Enlace con el Gobierno Federal y Sociedad Civil de la Secretaría de Gobernación conteniendo la opinión de la Subsecretaría de Egresos de la administración pública federal en torno a la iniciativa en comento.

5. Con fecha 16 de enero de 2004, la Comisión de Seguridad Social recibió oficio número 0952176110510/018/04 conteniendo los Comentarios de la Dirección Jurídica de la Dirección de Planeación y Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social referente a la iniciativa en comento.

Previo estudio y análisis de la iniciativa y de los documentos señalados, se procedió a la elaboración del presente voto particular.

Contenido de la iniciativa

Manifiesta que con independencia de estos casos dramáticos, que lamentablemente se han incrementado, el fenómeno de embarazo en adolescentes o en menores está presente en nuestro país. Diversas investigaciones al respecto nos indican que, en promedio, un millón de menores de edad de toda la población asegurada o no asegurada, se embarazan al año y al menos 200 mil son madres solteras. Esta problemática, por sí misma, debería ser considerada como uno de los principales desafíos en materia de salud reproductiva, sobre todo si se considera que en investigaciones realizadas recientemente en este tipo de casos, los datos señalan que el 60 por ciento de las mujeres embarazadas a temprana edad no tienen estudios y el 40 por ciento restante se enfrenta al abandono de la escuela y escasez de oportunidades académicas. Son, como puede observarse, un grupo altamente vulnerable.

Conforme a los antecedentes y motivaciones de referencia, las Comisiones exponen las siguientes

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el tercer párrafo de su primer artículo que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Asimismo establece en el sexto párrafo del artículo 4 que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Asimismo, el artículo 3 del mismo ordenamiento establece que la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Los principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes son:

A. El del interés superior de la infancia.

B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.

D. al G. …

Especialmente el artículo 28 establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud.

Sexta. Por su parte, la Dirección Jurídica de Planeación y Finanzas envió un cálculo con base en la Información contenida en la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2000 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y de la Memoria Estadística Institucional 2002 del IMSS. El documento en cuestión refiere que la población potencial beneficiada con la reforma propuesta al artículo 95 de la Ley del Seguro Social, sería 1’960,421 mujeres, entre las que se encuentran las adolescentes entre 12 y 15 años hijas de asegurados y pensionados, mujeres entre 16 y 25 años hijas de asegurados que se encuentran estudiando en planteles del sistema educativo nacional y mujeres hijas de asegurados incapacitadas para trabajar por discapacidad física o psíquica, conforme se indica en el Cuadro 1. De este universo, y con base en los cálculos del IMSS el segmento con probabilidad de demandar en un año completo los servicios de maternidad y lactancia sería el 2 por ciento de dicha población¹, que significarían 39 mil 208 adolescentes, con una incorporación mensual de 3 mil 268 en promedio. El costo estimado de las prestaciones proporcionadas a cada una de ellas se calcula en el orden de los 20 mil 617 pesos (a precios de 2004), integrados como se indica en el Cuadro 2. Cuadro 1

Estimación del número potencial de adolescentes beneficiadas con una eventual modificación del artículo 95 de la LSS conforme a la iniciativa de reforma propuesta por la Diputada Hortensia Aragón Castillo del Grupo Parlamentario del PRD.

Sin embargo, la Comisión dictaminadora considera que la cifra de 39,208 adolescentes correspondiente al 2 por ciento está sobrestimada por las siguientes razones:

a) El grupo de adolescentes que se pretende beneficiar con la presente reforma son aquellas hijas adolescentes de los asegurados o pensionados que siguen dependiendo del padre o de la madre, es decir, adolescentes que se embarazan estando solteras; y mujeres solteras hijas de asegurados de diversas edades que sufren alguna discapacidad física o mental que les impide poder mantenerse por ellas mismas; y aquellas hijas solteras de asegurados entre los 16 y hasta los 25 años de edad que se encuentran estudiando en los planteles del sistema educativo nacional.

b) En el primero de los casos, la cifra de 2 por ciento con la que el IMSS hace el cálculo de las adolescentes beneficiadas con la presente reforma se deriva del cálculo que se obtiene al dividir el número de partos atendidos en 2002 en el IMSS entre el promedio de mujeres en edad fértil, datos obtenidos de la Memoria Estadística 2002 del Instituto, sin embargo, este cálculo se refiere a el porcentaje en general de mujeres que estadísticamente requiere los servicios de atención gineco-obstétrica en un año en el instituto, empero hay que tomar en cuenta que:

I. Los embarazos en adolescentes del grupo al que se refiere la fracción V del artículo 84 no corresponden a la misma tasa de embarazos de mujeres en edad fértil. Las mujeres en el grupo de edades de 12 a 15 años no se embarazan en la misma proporción que las mujeres en el grupo etario de los 25 a los 29 años. El Cuaderno de Población Num. 15, 2003 del INEGI, refleja que del total de nacimientos que hubo en el año 2002, 24.36 por ciento de las madres se encontraban en el rango de los 25 a los 29 años de edad, mientras que únicamente 0.4 por ciento de las mujeres que tuvieron un hijo o hija ese año tenían 15 años o menos. Tomando como base el cálculo del IMSS que nos indica que de cada 100 mil mujeres en edad fértil, 2 mil mujeres se embarazan al año y de estas únicamente 8 corresponden al rango etario de menores de 15 años calculamos que para este grupo de mujeres entre 12 y 15 años de edad corresponde al orden de 0.008 por ciento y no al 2 por ciento que maneja el IMSS.

II. Asimismo, diversos estudios indican que sin lugar a dudas, el embarazo en la adolescencia se encuentra estrechamente relacionado con la unión conyugal y marital… ya que la gran mayoría de las adolescentes alguna vez embarazadas se encontraban unidas o casadas (87 por ciento) al momento de la encuesta.² Por tanto, el grupo al que nos referimos en esta categoría es únicamente el 13 por ciento restante que además de ser adolescente, está soltera en el momento del embarazo.

Es también relevante considerar que el dato proporcionado por el IMSS referente a la cantidad total de beneficiarias hijas de 12 a 15 años de pensionados y asegurados (Artículo 84, fracción V) cuya fuente es la estimación realizada por la División de Servicios Actuariales a partir de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2000 (ENESS 2000) (1’931,629 adolescentes) difiere en mucho del obtenido por la dictaminadora, cuya fuente es la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2004 de conformidad con el siguiente Cuadro 4:

De acuerdo a este Cuadro 4, la cantidad total de beneficiarias (incluidas cónyuges e hijas de asegurados o pensionados) en el rango etario de 12 a 14 años es de 912 mil 991 en el año 2004, más la quinta parte de las mismas en el rango etario de 15 a 19 años que corresponde a la cantidad de 199 mil 893 dan una sumatoria total de 1 millón 112 mil 884 adolescentes en contraste con las 1 millón 931 mil 629 adolescentes que informa el IMSS.

De esta manera, con base en la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social de 2004 y tomando en cuenta las consideraciones i, ii y iii del inciso b) podemos calcular que:

Las adolescentes de 12 a 15 años de edad, hijas de asegurados o pensionados, solteras, con probabilidad de demandar en un año completo los servicios de maternidad y lactancia se calcula multiplicando el número total de mujeres derechohabientes en edad fértil (de 12 a 54 años) correspondiente a la cifra de 11 millones 626 mil 79 con base en el ENESS 2004, por la tasa de embarazo en adolescentes correspondiente al orden del 0.08 por ciento, con base en el IMSS y el INEGI, por el porcentaje de adolescentes que estando solteras quedan embarazadas correspondiente al 13 por ciento del total de adolescentes que resultan embarazadas en un año.

Así para el año 2004, el cálculo corresponde al siguiente procesamiento de datos: 11 millones 626 mil 79*0.08 por ciento*13 por ciento=1 209 adolescentes entre 12 a 15 años, hijas de asegurados o pensionados, solteras, que pudieron haber demandado un año completo los servicios de maternidad y lactancia.

c) Por lo que corresponde a las mujeres del grupo descrito por la fracción VI del mismo artículo, es decir, aquellas hijas de asegurados que no pueden mantenerse por su propio trabajo a causa de una incapacidad física o psíquica, desafortunadamente no existen estadísticas específicas en México del porcentaje de mujeres embarazadas según su salud física o mental, sin embargo la que dictamina reconoce que las mujeres con capacidades diferentes tienen derecho a la atención obstétrica conforme lo establece La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que vincula a los Estados partes a condenar la "discriminación contra la mujer en todas sus formas", y a "prestar especial atención a las necesidades y los derechos en materia de salud de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos como [...] las mujeres con discapacidad física o mental", como lo indica la Recomendación General sobre Salud del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

El cálculo de probabilidades de embarazo en este grupo de mujeres se considera en consecuencia en 2 por ciento del universo de derechohabientes con estas condiciones.

d) El tercer grupo corresponde a hijas de asegurados entre los 16 y hasta los 25 años de edad estudiantes en planteles del sistema educativo nacional, mismo rango etario al que se le puede aplicar el 2 por ciento calculado por el IMSS.

Asimismo, conforme a la información enviada por el IMSS, el costo estimado de la atención obstétrica y la ayuda para lactancia a cada una de ellas en el año 2004 se calcula en el orden de 20 mil 617 pesos.

Esto significaría erogar anualmente 36.804 millones de pesos para atender las nuevas obligaciones que entrañaría la aprobación de la presente iniciativa conforme al siguiente Cuadro 5.

Séptima. Asimismo, las Comisiones dictaminadoras consideran que lo que establece la ley vigente es una clara discriminación que no tiene sustento y que debe ser corregida. La iniciativa motivo de este voto particular incide directamente en evitar riesgos de salud durante la evolución del embarazo, la atención del parto y puerperio y en proporcionar la ayuda para lactancia por seis meses para adolescentes y mujeres jóvenes, que conforme a la redacción actual del artículo 95 de la Ley no tienen derecho a esta atención.

Octava. Las diputadas y los diputados integrantes de las Comisiones que dictaminan consideran que es substancial otorgar un tiempo perentorio para la entrada en vigor del presente decreto a fin de que en el presupuesto de egresos de 2008 se considere la erogación necesaria para cumplir con dicha modificación legal.

Modificaciones a la iniciativa

1. La redacción propuesta al artículo 95 de la Ley del Seguro Social presenta un vicio de redacción por redundancia en el texto vigente al decir "prestaciones señaladas" y a continuación "beneficiarias que se señalan"; por ello, y para mejorar su presentación, se propone cambiar esta última frase por "beneficiarias que se enuncian".

2. En atención a la observación formulada por la Dirección Jurídica del IMSS, las que dictaminan consideran procedente eliminar la alusión a la fracción VII del artículo 84 en el artículo 95, dado que las beneficiarias que reciben asignaciones familiares están comprendidas en las beneficiarias que reciben una pensión. Sin embargo para que las mujeres entre 16 años y 18 años y aquellas que se encuentren estudiando en algún plantel del Sistema Educativo Nacional no queden desprotegidas se plantea adicionar este texto íntegro.

3. Finalmente, para darle viabilidad económica a esta reforma, las que dictaminan proponen en el artículo Transitorio Único que el inicio de la vigencia de la misma para el 1 de enero de 2008, a fin de preparar las condiciones presupuestales y administrativas que sean necesarias.

4. Asimismo, y con el ánimo de no discriminar a ninguna de las adolescentes que pueden encontrarse en esta situación, se reconoce la necesidad de incluir a aquellas adolescentes que se encuentran disfrutando una pensión por orfandad conforme a lo dispuesto por el artículo 134 de la ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos diputadas y diputados integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el presente voto particular, con proyecto de:

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 95. Tendrán derecho a disfrutar de las prestaciones señaladas en las fracciones I y II del artículo anterior, las beneficiarias que se enuncian en las fracciones III, IV, V y VI del artículo 84 de esta ley y las hijas mayores de dieciséis años y menores de dieciocho años de los asegurados y de los pensionados o hasta la edad de veinticinco años cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional y aquellas que estén disfrutando una pensión por orfandad conforme a lo dispuesto por el artículo 134 de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2008.

Notas
1) Esta cifra fue proporcionada por el IMSS. Obtuvieron esta cifra dividiendo el número de partos atendidos en 2002 en el IMSS entre el promedio de mujeres en edad fértil, lo cual arrojó el 2 por ciento. La fuente de esta información es la Memoria Estadística 2002.
2) Menkes Bancet, Catherine y Suárez López, Leticia; Sexualidad y Embarazo Adolescente en México, Papeles de Población, enero-marzo, número 035, Universidad Autónoma del estado de México, Toluca, México, página11.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de agosto de 2007.

Diputados: Ramón Almonte Borja, Miguel Ángel Navarro Quintero, Daniel Dehesa Mora, Neftalí Garzón Contreras, Rafael Plácido Ramos Becerril, Adrián Pedrozo Castillo, Rosario Ignacia Ortiz Magallón, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Ramón Valdés Chávez, Abundio Peregrino García (rúbricas).

Dictámenes negativos

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 336 Y 336 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

Honorable Asamblea:

La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 336 y 336 bis del Código Penal Federal.

Antecedentes

I. Con fecha 26 de abril de 2007, el diputado Mario Enrique del Toro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 336 y 336 bis del Código Penal Federal.

II. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio No. DGPL 60-ll-4-642, turnó a la Comisión de Justicia dicha iniciativa.

Contenido

Es innegable la necesidad de crear leyes a favor de los más desprotegidos, en este caso de nuestros adultos mayores; invertir en las capacidades productivas y sociales de las mujeres y hombres mayores, sin duda producirá resultados de gran magnitud para todas las edades en términos de bienestar comunitario, cohesión social y productividad económica.

La edad es una forma de discriminación por razones del tiempo de vida de una persona, pues las políticas deliberadas o por omisión marginan a las personas por tener 50, 60 u 80 años, desperdiciando un valioso recurso humano y social.

No olvidemos que el aumento a la longevidad representa un triunfo para el desarrollo humano. A mediados del siglo pasado, la esperanza de vida era de 45 años a nivel mundial, actualmente es de 65 años, y para mediados de este siglo se calcula será de 76 años.

Las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas estiman que durante el período 2000-2050, la proporción de personas mayores en el mundo en desarrollo se habrá más que duplicado, mientras que la proporción de niños y niñas habrá disminuido en un 10 por ciento.

Actualmente, la mayoría de los adultos mayores en el mundo se mantienen a sí mismos, trabajan hasta muy avanzada edad o hasta el final de sus días, a menudo, mantenido, familias enteras con su esfuerzo, y contribuyendo ya sea con su fuerza laboral, de manera económica, o bien con sus destrezas y experiencias.

Efectivamente las personas mayores son más propensas a trabajar en el sector informal, ya que suelen ser expulsadas del sector formal, por la jubilación o la discriminación muchos años antes de concluir su vida económicamente activa.

Todos estos argumentos expresados por el diputado Mario Enrique del Toro, desgraciadamente son tristes realidades, por lo que los legisladores tenemos un compromiso no sólo con nuestros adultos mayores, sino con todos aquellos sectores vulnerables, que se encuentran más desprotegidos.

Sin duda, el Poder Legislativo cuenta con la tarea de crear leyes en pro de estos sectores, como la iniciativa del diputado Mario Enrique del Toro, quien propone se tipifique como delito la omisión de suministrar pensión alimenticia para los ascendientes.

No obstante, se estima que a pesar de las buenas intenciones que trae consigo la propuesta de tipificación de estas conductas, resultaría letra muerta, pues difícilmente podríamos construir algún caso en materia federal, en el que pudiese ser aplicable esta norma, es decir, es nula la posibilidad de que un caso de esta naturaleza sea competencia de la Procuraduría General de la República y, en consecuencia, de los Juzgados de Distrito, en términos de lo señalado por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Justicia:

Acuerda

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2007.

La Comisión de Justicia

Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Faustino Javier Estrada González, secretarios; Mónica Arriola (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica en contra), Liliana Carbajal Méndez, Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Arturo Flores Grande (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica en contra), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna, Andrés Lozano Lozano (rúbrica en contra), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica en contra), Silvia Oliva Fragoso, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena, Yadhira Yvette Tamayo Herrera.

DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 225 Y LA FRACCIÓN I DEL 376 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Honorable Asamblea

A la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y posterior dictamen la minuta que contiene punto de acuerdo con el que se devuelve la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 225 y 376 Bis de la Ley General de Salud, para los efectos del inciso d), del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de antecedentes se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión.

II. En el capítulo correspondiente a contenido se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de consideraciones la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la minuta en análisis.

I. Antecedentes

El 27 de abril de 2004 la diputada María Cristina Díaz Salazar, integrante del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa por la que se reforman el primer y último párrafo del artículo 225 y la fracción I, del artículo 376 Bis, ambos de la Ley General de Salud, siendo turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva, a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.

En la sesión plenaria de la Cámara de Diputados del 25 de noviembre de 2004,la Comisión de Salud presentó el dictamen correspondiente, el cual fue aprobado por 381 votos a favor y 1 abstención, y fue turnado a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso a), del artículo 72 Constitucional.

En sesión celebrada el 25 de septiembre de 2007 la honorable Cámara de Senadores aprobó el dictamen que contiene punto de acuerdo por el que se desecha la minuta en comento y se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos previstos en el artículo 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En sesión celebrada el 27 de septiembre de 2007, la Mesa Directiva dio cuenta del oficio por el que la Cámara de Senadores devuelve el expediente completo de la minuta en estudio.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la minuta a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.

II. Contenido

La propuesta de la diputada Díaz Salazar pretendía que la Secretaría de Salud sólo concediera la autorización correspondiente a los medicamentos cuando se demostrara que las sustancias contenidas reúnan las características de seguridad y eficacia exigidas, y se obligara a los laboratorios farmacéuticos a identificar genéricamente y con distintivo los medicamentos para que puedan ser comercializados.

La colegisladora consideró inviable la propuesta debido a que resulta incompatible con el texto vigente de la ley, en lo que a medicamentos, tanto de denominación genérica como genéricos intercambiables; por lo que desechó la minuta.

III. Consideraciones

Como lo señala atinadamente el dictamen de la colegisladora el artículo 225 de la Ley General de Salud establece en su artículo 225 que

"Los medicamentos, para su uso y comercialización, serán identificados por sus denominaciones genérica y distintiva. La identificación genérica será obligatoria.

En la denominación distintiva no podrá incluirse clara o veladamente la composición del medicamento o su acción terapéutica. Tampoco indicaciones en relación con enfermedades, síndromes, síntomas, ni aquellas que recuerden datos anatómicos o fenómenos fisiológicos, excepto en vacunas y productos biológicos.

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción, publicidad, etiquetado y en cualquier otra referencia."

Derivado de lo anterior se infiere correctamente que por "denominación genérica y distintiva" no se debe entender como una manera de clasificar a los medicamentos, sino que en realidad son dos tipos de denominaciones que deben o pueden tener los medicamentos, estableciéndose que la denominación genérica es obligatoria.

El Reglamento de Insumos para la Salud establece en las fracciones V y XIV, del artículo 2, las definiciones de denominación genérica y medicamento genérico intercambiable; que a la letra dicen:

Denominación genérica. Al nombre del medicamento determinado a través de un método preestablecido, que identifica al fármaco o sustancia activa reconocido internacionalmente y aceptado por la autoridad sanitaria.

Medicamentos genéricos intercambiables. A la especialidad farmacéutica con el mismo fármaco o sustancia activa y forma farmacéutica, con igual concentración o potencia, que utiliza la misma vía de administración y con especificaciones farmacopeicas iguales o comparables, que después de haber cumplido con las pruebas a que se refiere el presente reglamento, ha comprobado que sus perfiles de disolución o su biodisponibilidad u otros parámetros, según sea el caso, son equivalentes a la del medicamento innovador o producto de referencia y que se encuentra registrado en el Catálogo de medicamentos genéricos intercambiables, y se identifica con su denominación genérica.

Asimismo cabe mencionar que la pretensión de que la denominación genérica sea obligatoria para los medicamentos intercambiables, resulta incompatible con el texto vigente, toda vez que en la actualidad dicha obligatoriedad se encuentra establecida para todos los medicamentos incluyendo a los genéricos intercambiables, ya que el objetivo que se persigue no es distinguir ambos tipos de medicamentos sino presentar la información de su contenido al público.

Coincidimos asimismo con la colegisladora en cuanto a considerar incorrecta la pretensión de reformar el último párrafo del artículo 225, ya que el artículo en cuestión no trata sobre pruebas para determinar la clasificación de un medicamento, sino sobre la reglamentación de la forma en que las denominaciones deberán utilizarse en la prescripción, publicidad, etiquetado y en cualquier referencia.

De igual manera consideramos correcta la interpretación de la colegisladora respecto al último párrafo que se busca reformar, ya que estipula que el reglamento generará una obligación para el propio Ejecutivo, a fin de que establezca las normas que determinen las pruebas a aplicarse para considerar los medicamentos como genéricos intercambiables, lo cual resulta inviable.

Derivado de lo expuesto, esta Comisión de Salud considera correcta la percepción de la colegisladora respecto a la minuta en estudio, por lo que coincide con el sentido de la minuta devuelta.

Por lo anteriormente expuesto y para efecto de lo dispuesto por el artículo 72, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud de la LX Legislatura, pone a consideración de la asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta proyecto de decreto por el se reforman el primer y último párrafo del artículo 225, y la fracción I, del artículo 376 Bis, ambos de la Ley General de Salud, devuelta por el Senado el 27 de Septiembre de 2007.

La Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora, Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez, Holly Matus Toledo (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal, Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados perteneciente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, presentada el once de septiembre del 2007, por la ciudadana diputada María Gabriela González Martínez, y suscrita por la diputada Laura Angélica Rojas Hernández integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta Comisión, elaboró el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2, fracción III, y numeral 3; los artículos 44, 45 numeral 1, 4, 6 incisos d) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo somete a la consideración de esta honorable Asamblea, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

Primero. Con fecha 11 de septiembre del 2007, las diputadas María Gabriela González Martínez y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Segundo. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Con base en los antecedentes expuestos, los integrantes de estas Comisiones hacemos de su conocimiento el siguiente:

Contenido de la iniciativa

1) El objetivo de la iniciativa de las diputadas María Gabriela González Martínez y Laura Angélica Rojas Hernández es reformar el primer párrafo y los incisos A) y B) y se adiciona un último párrafo al artículo 21 de la Ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en los siguientes términos:

TEXTO VIGENTE

Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por:

A. El descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual.

B. La explotación, el uso de drogas y enervantes, el secuestro y la trata.

C. Conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamiento, y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados.

TEXTO PROPUESTO

Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en los artículos 3 y 4 constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por:

A. El descuido o la negligencia que les cause o pudiera llegarles a causar cualquier perjuicio o daño, tanto en el hogar, en la escuela, como en su traslado en cualquier vehículo.

B. El abandono, el abuso emocional, físico y sexual.

C. La explotación, el uso de drogas y enervantes, el secuestro y la trata.

D. Conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamiento, y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados.

A fin de garantizar la protección aquí prevista, las autoridades federales, locales y del Distrito Federal, dispondrán en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas pertinentes que permitan prever y evitar las conductas mencionadas.

2) Las proponentes señalan que: "Las defunciones por lesiones causadas por el tráfico vial y en particular por accidentes de tránsito debidas a vehículos de motor representan en todo el mundo una epidemia silenciosa que afecta a todos los sectores de la sociedad."

3) Continúan las diputadas señalando: "Existe un sector aún más vulnerable para este tipo de accidentes que son las niñas, niños y adolescentes, toda vez que categóricamente en nuestro país no existe la cultura de protección integral a menores durante los traslados vehiculares, en el caso de los bebes, por ejemplo existe nula utilización de las sillas de seguridad para bebes."

4) Finalmente la intención de las diputadas es "que exista una imperiosa normatividad aplicable y vigente que proteja contra actos u omisiones que puedan afectar la salud física o mental, y el normal desarrollo de niños, niñas y adolescentes, poniendo especial interés en las medidas de seguridad que en el traslado vehicular se deben observar; ya sea mediante la utilización de sillas especiales para niños, sistemas de sujeción adaptados a la talla y el peso del menor o algún otro dispositivo de seguridad para menores"

Consideraciones

Los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables:

I. Estamos de acuerdo con las diputadas en que es necesario que se protejan y respeten todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes del país para que tengan un mejor desarrollo en su vida diaria de acuerdo a la obligación establecida por los artículos 3 y 4 constitucionales, que a la letra dicen:

"Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, estados, Distrito Federal y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentara en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Artículo 4. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez."

Por ya encontrarse previstos los supuestos en el artículo 1 de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, consideramos que no hay necesidad de que el artículo 21 de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes haga referencia al artículo 4 constitucional y que tampoco se le agregue un tercer párrafo,

"Artículo 1. La presente ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana y tienen por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de su competencia, podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley."

II. Respecto de la adición del apartado "A" del artículo 21 de la Ley para la protección de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, propuesto por las diputadas: "El descuido o la negligencia que les cause o pudiera llegarles a causar cualquier perjuicio o daño, tanto en el hogar, en la escuela, como en su traslado en cualquier vehículo," no se considera oportuna por prever los supuestos de las proponentes de una manera más amplia en el artículo 4 de la misma legislación:

"Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Al establecer la procuración, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieran para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, se encuentra incluida la protección de los menores en cualquier lugar y en cualquier momento.

III. Con relación a la protección de los menores de 18 años en su traslado en cualquier vehículo, las diputadas señalan "El artículo 108 de la Ley de Tránsito del estado de Sonora, se cuenta con una disposición relativa al uso de los asientos para automóvil adecuado para niños. Por otra parte, los estados de Baja California, Michoacán y el Distrito Federal prevén disposiciones relativas a la obligación de transportar niños en los asientos traseros del automóvil."

De lo anterior y basándonos en los artículos 115, fracción III, inciso h) y 124 Constitucional, los encargados de legislar en materia de transito son las legislaturas o ejecutivo locales.

"Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

...

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

h) Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y transito;

...

"Artículo 124. Las Facultades que no estén expresamente concedidas por esta constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados".

IV. El órgano encargado de emitir programas y actividades en materia de prevención y control de accidentes es la Secretaría de Salud, conforme al artículo 133 de la Ley General de Salud, que a la letra dice:

"Artículo 133. En materia de prevención y control de enfermedades y accidentes, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes laborales y de seguridad social en materia de riesgos de trabajo, corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Dictar las normas oficiales mexicanas para la prevención y el control de enfermedades y accidentes;

II. Establecer y operar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, de conformidad con esta Ley y las disposiciones que al efecto se expidan;

III. Realizar los programas y actividades que estime necesario para la prevención y control de enfermedades y accidentes, y

V. Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y privado, así como de los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y de la población en general, para el óptimo desarrollo de los programas y actividades a que se refieren las fracciones II y III."

El artículo anterior faculta a la Secretaría de Salud para que aplique programas y realice actividades dirigidas a procurar la prevención de cualquier tipo de accidentes, incluidos los de transito, dictando normas oficiales con las cuales se pueda crear una conciencia en la sociedad y se erradiquen estos incidentes.

La misma legislación contempla un capítulo denominado "Accidentes", en el cual se establecen las actividades que realizará la Secretaría en coordinación con otras dependencias para investigación y prevención de los mismos, así como la realización de exámenes psicofísicos para la expedición de la licencia de conducir, se encuentra en el artículo 164 de la Ley General de Salud:

"Artículo 164. La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así como con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en general, con las dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control de los accidentes.

La Secretaría de Salud deberá realizar convenios con los gobiernos de las entidades federativas para determinar los exámenes psicofísicos integrales que se practicarán como requisito previo para la emisión o revalidación de licencias de conducir, así como para establecer otras medidas de prevención de accidentes."

Por todo lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables concluyen que la propuesta presentada por las legisladoras tiene buenas intenciones al contemplar lo estipulado por nuestra Carta Magna, sin embargo se encuentran contempladas en la Ley de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de Salud y en las legislaciones y reglamentos vehiculares locales, creando una sobre regulación, por lo que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, emite el siguiente:

Resolutivo

Primero. Se desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por las diputadas María Gabriela González Martínez y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el once de septiembre de 2007.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Dado en la sala de juntas de la Comisión, a los 12 días del mes de diciembre del año 2007.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández, David Sánchez Camacho, Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Humberto Wilfredo Alonso Razo, Irene Aragón Castillo, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonso, Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunas (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas, Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Marta Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mario Vallejo Estévez, Martín Zepeda Hernández.

DE LAS COMISIONES DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE EQUIDAD Y GÉNERO, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA CREAR LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE FAMILIA

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Equidad y Género de la LVIII Legislatura les fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear una Comisión Ordinaria de Asuntos de la Familia, presentada por el diputado Francisco Luis Treviño Cabello, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 3 de abril de 2003.

Esas comisiones, al término de esa legislatura, no presentaron el dictamen correspondiente.

Las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Equidad y Género en esta LX Legislatura, con fundamento en los artículos 39, 40, párrafo 2, y 45, párrafo 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

Estas comisiones dictaminadoras desarrollaron su trabajo conforme al siguiente procedimiento:

En el capítulo "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de las comisiones.

En el capítulo correspondiente a "Contenido de la iniciativa" se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio; asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

En el capítulo de "Consideraciones", las comisiones unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en análisis.

I. Antecedentes

En sesión de Pleno de la Cámara de Diputados celebrada el día 3 de abril de 2003, el diputado Francisco Luis Treviño Cabello, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear una comisión ordinaria de asuntos de la familia.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Equidad y Género para su estudio y posterior dictamen.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria 1225 del viernes 4 de abril de 2007.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa con proyecto de decreto que aquí se estudia y analiza establece en términos generales, en el desarrollo de su exposición de motivos, lo siguiente:

El promovente señala que una de las transformaciones más significativas en nuestro país es la participación activa de la sociedad en los asuntos políticos y en la toma de decisiones de sus representantes, señalando que es necesario poner especial atención al sector que dignifica nuestro actuar y consolida una razón de ser, en función del cargo que desempeñamos en el rol de la familia, ya que, considera, es la unidad básica de toda sociedad.

También manifiesta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas recogió en el tercer inciso de su artículo 16 lo siguiente: "la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de ésta y del Estado". Por ello señala que es deber y obligación del Estado garantizar la protección de la familia en su constitución y autoridad, como la base necesaria del orden social, indispensable para el bienestar del mismo Estado. Por ser la familia la esencia sobre la cual evoluciona el Estado, surge la importancia de integrar, fortalecer y salvaguardar para siempre sus valores fundamentales, mediante la promoción de su organización social y económica, de la armonía y solidaridad entre sus miembros, con fin de estimular la responsabilidad, energía y objetivos de la familia, contribuyendo al desarrollo y permanencia de sus integrantes.

Advierte que en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se señala la necesidad de "fortalecer los ámbitos familiares para que sean el promotor de la convivencia y la solidaridad social" y además que es necesario "impulsar programas y políticas públicas que fomenten los valores familiares y propicien la cohesión y la solidaridad social", En cuanto al Poder Legislativo como parte integrante de los poderes de la república, emanados de la Constitución mexicana, está obligado, al igual que sus similares –el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial– a salvaguardar los bienes y valores que la familia representa, a proteger a la sociedad de la crisis moral que la desintegración familiar ocasiona.

El iniciador considera que la constitución de la comisión ordinaria de asuntos de la familia que propone debe tener como competencia participar en el análisis, discusión y aprobación de dictámenes de aquellas propuestas de reforma o adición a las diversas leyes que de una u otra manera infieren en el desarrollo, mejoramiento y la protección de la familia.

Propone que la comisión pueda coadyuvar, junto con otras, a enriquecer el debate y el contenido de las reformas que se propongan y que incidan en el desarrollo de la familia, en el rubro de la salud, la asistencia social, el trabajo, la educación, la cultura, y otras materias que cambien o modifiquen los factores económicos, políticos, jurídicos o sociales, además de participar con la función de estudio e investigación, para lo cual podrá realizar foros, consultas, pláticas con especialistas, instituciones públicas y privadas, con organizaciones de la sociedad y cualquier otra acción que le permita pulsar o conocer el contexto social de la familia y cuales pueden ser las acciones legislativas para mejorar sus condiciones.

III. Consideraciones

Las comisiones unidas vertimos en el presente dictamen valoraciones sobre la propuesta y los motivos que sustentan la decisión de rechazar la presente iniciativa, por los siguientes razonamientos:

Que el objetivo de la propuesta para la creación de la comisión ordinaria de asuntos de familia, es la atención a los diversos miembros que integran la familia y en especial en las materias de salud, educación, seguridad social, trabajo y cultura, entre otras.

De conformidad con lo que establecen los artículos 34, párrafo 1, inciso c), y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer año de cada legislatura y corresponde a la Junta de Coordinación Política presentar al Pleno de la Cámara de Diputados su integración, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas e integrantes; en atención a esa atribución, la Junta de Coordinación Política, con fecha 29 de septiembre de 2006, puso a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los acuerdos para la integración de las 39 comisiones ordinarias, además de las de Economía, Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, mismos que fueron aprobados por esta soberanía.

Derivado de lo anterior se desprende que de las comisiones aprobadas, algunas de ellas recogen la preocupación que muestra el promovente en la iniciativa de mérito, toda vez que en el plan de trabajo que para tal efecto elaboran establecen en sus objetivos, finalidades y materias, que atienden a la diversidad de las familias, así como sus necesidades de acuerdo a la realidad en la que se desenvuelve en cada uno de los sectores de la sociedad y que son de preocupación para el iniciador.

Estas dictaminadoras consideran que entre las comisiones ordinarias que atienden los diferentes asuntos de las familias y que se encuentran vigentes para la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, tenemos la de Cultura, de Juventud y Deporte, de Salud, de Educación Pública y Servicios Educativos, de Equidad y Género, de Atención a Grupos Vulnerables, de Trabajo y Previsión Social.

En ese tenor, se estima procedente enunciar lo que se menciona en los objetivos establecidos en sus respectivos planes de trabajo:

Respecto a la Comisión de Cultura, impulsar el desarrollo económico, político y social del país mediante instituciones culturales públicas, privadas y sociales adecuadas a la modernidad y en un contexto global, así como reforzar los vínculos entre la educación y la cultura como elementos fundamentales de identidad, además de fomentar y promover la participación ciudadana en los programas culturales y establecer un desarrollo cultural equilibrado entre todos los grupos que conforman la sociedad.

Por otro lado, la Comisión de Juventud y Deporte parte de un objetivo general, que es el de orientar acciones legislativas, en coordinación con instituciones gubernamentales educativas y de salud, organizaciones civiles y sociedad en general, para el desarrollo integral de la juventud mexicana; en ese sentido elabora un diagnóstico general de la situación de los jóvenes mexicanos, así como de su participación en las actividades físicas y deportivas, destacando el impacto en la salud y en su entorno social.

La Comisión de Salud busca el cumplimiento de los derechos sociales y a la salud para todos los mexicanos, de ahí que se establezca para la conducción de la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, la coordinación de programas y servicios de salud, con la finalidad de coadyuvar en la creación y administración de establecimientos de salubridad, asistencia pública y de terapia social en cualquier lugar del territorio nacional.

Lo anterior toma como base la prestación de los servicios de salud pública, atención médica, asistencia social y regulación sanitaria al sistema nacional de salud en donde todos los habitantes del país tengan acceso a los mismos.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, establece en su plan de trabajo el análisis de la atención de las demandas de la sociedad en materia de educación básica, inicial y especial, así como la calidad y evaluación educativa.

Además elabora propuestas especificas para que nuestro país logre estar a la vanguardia en el proceso de adaptación a las nuevas realidades de la información y toca los temas relacionados a los planes y programas de estudio, el ajuste de calendarios escolares, el acceso a la educación, así como diversos temas de organización educativa en estos niveles y la evaluación del desempeño del Sistema Educativo Mexicano, en su nivel básico e inicial, medio superior y profesional medio, así como del Sistema de Educación Superior y Postgrado; todo ello con el fin de que toda la población tenga acceso al derecho a la educación.

Asimismo, una de las comisiones dictaminadoras, la de Equidad y Género, en su plan de trabajo establece como objetivo promover el ejercicio de los derechos sociales, políticos, culturales y económicos de las mujeres mediante la transversalidad de la perspectiva de género en el quehacer legislativo; además de impulsar la adopción y aplicación de políticas públicas con perspectiva de género desde programas, actividades administrativas, económicas y culturales para contribuir a un cambio en la sociedad que garantice la participación democrática en igualdad de oportunidades y que se vea reflejado en acciones afirmativas que apoyen a las mujeres y coadyuven a erradicar la desigualdad, la inequidad y la injusticia por razones de género.

Por lo que hace a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, establece como objetivo de trabajo la atención a las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y familias en general que tengan alguna desventaja por edad, sexo, discapacidad, salud, estado civil, grado educativo, origen étnico o nacional, religión, orientación sexual, situación o condición social o económica de personas o grupos de personas; y además requieran de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia.

Para el caso de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se desprende de su plan de trabajo la creación de condiciones y mecanismos necesarios para arribar a un sistema de seguridad social acorde con los retos de nuestra sociedad y economía, a fin de atender las necesidades sociales, que garantice el bienestar de los derechohabientes y de la población en general. Para tal efecto, la comisión reflejará las opiniones de los actores involucrados: trabajadores, sindicatos, académicos, y organizaciones de pensionados y jubilados, así como de empresarios, y autoridades, tendientes a fortalecer la equidad social del país.

Derivado del análisis y estudio de los objetivos establecidos para cada una de las comisiones anteriores, se concluye que todos los miembros que integran a las diversas familias de la sociedad mexicana son materia de los trabajos que desempeñan las comisiones aprobadas por la Junta de Coordinación Política al inicio de la presente legislatura; por ello las dictaminadoras estiman que las diversos temas que atendería la comisión propuesta ya son atendidos por los órganos legislativos constituidos, por lo que se satisfacen las preocupaciones del legislador promovente.

Como se ve, la participación de diversas comisiones desde perspectivas distintas pero, finalmente, convergentes en este tema, cubren la pretensión planteada por el iniciador.

Pero si ello no fuese suficiente argumento para desechar esta propuesta, las comisiones dictaminadoras han analizado el alto impacto presupuestario que tendría acceder a la pretensión legislativa, frente a un incierto beneficio, pues de acuerdo a un estudio administrativo y financiero de las implicaciones que tendría la creación de una comisión ordinaria, elaborado por la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de esta Cámara de Diputados, el impacto económico en el presupuesto es considerable, debido a que requeriría contar con recursos (financieros, humanos, materiales) mensuales aproximado estaría alrededor de los 274 mil 39 pesos, así como con la suma anual de 3 millones 741 mil 348 pesos.

Finalmente, es de sobra conocido que, conforme a los doctrinarios sobre el derecho parlamentario, el nivel de eficiencia del sistema de comisiones de los sistemas representativos como el nuestro, operan de manera inversamente proporcional a la atomización de los órganos especializados; es decir: a mayor número de comisiones menos poder a cada una de ellas y menor eficiencia de la Cámara en general, y viceversa.

Por lo antes expuesto, las diputadas y diputados integrantes de la Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Equidad y Género, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso, para crear la comisión ordinaria de asuntos de la familia, presentada por el diputado Francisco Luis Treviño Cabello, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 3 de abril de 2003.

Primero: Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Francisco Luis Treviño Cabello.

Segundo: Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Equidad y Género, en septiembre de 2007.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Diputados: Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), presidente; Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Elías Cárdenas Márquez, Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Rutilio Escandón Cadenas (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), René Lezama Aradillas (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez, Hugo Eduardo Martínez Padilla, Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica).

La Comisión de Equidad y Género

Diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), presidenta; Nelly Asunción Hurtado Pérez, Mirna Cecilia Rincón Vargas, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda, Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), secretarias; María Mercedes Corral Aguilar, Beatriz Eugenia García Reyes, Martha Margarita García Müller, Alma Hilda Medina Macías, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, María Esperanza Morelos Borja, Rocío del Carmen Morgan Franco, María Soledad Limas Frescas, Gerardo Priego Tapia, Laura Angélica Rojas Hernández, Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Holly Matus Toledo, David Sánchez Camacho (rúbrica), Aracely Escalante Jasso, Elda Gómez Lugo (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale (rúbrica), María Beatriz Pagés Llergo Rebollar, Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Blanca Luna Becerril (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 201 de la Ley del Seguro Social, presentada por la diputada Alma Hilda Medina Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Seguridad Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 72 y 73, fracción XXX, con relación a lo dispuesto en los artículos 3o., 4o. y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 57, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, someten a la consideración de esta honorable asamblea este dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 24 de abril de 2007, la diputada Alma Hilda Medina Macías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 201 de la Ley del Seguro Social.

II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dispuso que la iniciativa fuera turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Seguridad Social.

Establecidos los antecedentes, los miembros de la Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados exponen el contenido de la iniciativa de referencia, materia del dictamen.

Contenido

La promovente de la iniciativa argumenta que muchas de las mujeres que trabajan y tienen niños pequeños se ven obligadas a tomar decisiones que en muchos casos las dividen entre permanecer con su familia o sacrificar su vida profesional, o laboral e ingreso.

Esta situación adquiere un carácter imperioso debido a los conflictos y a las negociaciones que genera en la familia, los cuales obtienen una dimensión social más amplia cuando se manifiestan otras problemáticas, como la desatención de los hijos, las enfermedades, la desnutrición, el descuido de adolescentes, la falta de concentración y el estrés en el trabajo, por nombrar algunos. Por esto, para muchas mujeres son necesarias las guarderías como parte del sistema de protección social que el Estado construye para el fomento del trabajo.

Lo anterior se sostiene con lo expuesto por la Organización Internacional del Trabajo respecto a que los servicios de guardería que ayudan a los padres que trabajan, particularmente a las mujeres, permiten conciliar sus responsabilidades parentales y familiares con un empleo remunerado y se constituyen en un factor esencial para la consecución de la igualdad de género y la equidad social.

La dinámica del mercado laboral ha creado la necesidad de que las mujeres trabajen tanto en el día como hasta altas horas de la noche. Aunado a los peligros que esto puede traer consigo, las madres no tienen, en muchos casos, donde dejar a sus hijos pequeños, ya que ni en la Ley del Seguro Social ni en sus reglamentos se considera un horario nocturno para las guarderías.

Por lo mencionado, la promovente busca reformar el artículo 201 de la Ley del Seguro Social, para incluir la posibilidad de extender el horario de guarderías siempre que haya una necesidad comprobada, previo estudio por el Instituto del Seguro Social, proponiendo que la redacción quede en estos términos:

Artículo 201. …

…

El servicio de guardería se proporcionará en los turnos matutino y vespertino, pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna. El turno vespertino se extenderá hasta las once de la noche, cuando se compruebe dicha necesidad, previo estudio del instituto.

Establecidos los antecedentes y el contenido del proyecto, los miembros de la Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes

Consideraciones

1. La comisión dictaminadora, previo análisis de la iniciativa, tiene a bien señalar que en México el servicio de guarderías es una prestación social que se otorga a la mujer trabajadora y al trabajador, sólo durante la jornada laboral, para la atención y el cuidado de los hijos en la primera infancia. Su reconocimiento como una prestación social se encuentra en el artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo, la cual señala que "los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social de conformidad con su ley y disposiciones reglamentarias". El artículo 201, que se pretende modificar, señala que la atención en las guarderías se proporcionará a los trabajadores en sus jornadas de trabajo, especificando que esto será en los turnos matutino y vespertino.

2. Dichas jornadas de trabajo se encuentran reguladas en la Ley Federal de Trabajo, la cual señala en el artículo 60 lo siguiente:

Artículo 60. Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas.

Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis horas.

Jornada mixta es la que comprende periodos de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de tres horas y media, pues si comprende tres y media o más se reputará como jornada nocturna.

La Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 61 que la duración máxima de la jornada de trabajo será de 8.0 horas la diurna, 7.0 la nocturna y 7.5 la mixta. Según se desprende de lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con el artículo 205 de la Ley del Seguro Social, no solamente cubre la jornada de mayor duración (8 horas), sino que otorga 1 hora adicional para el traslado de los padres usuarios a efecto de entrega y recepción de los menores.

3. Los diputados que suscribimos este dictamen no somos ajenos a la realidad de los trabajadores y, pese a la regulación existente, muchas trabajadoras se ven en la necesidad de laborar horas extra para llevar mayores recursos al núcleo familiar, lo cual impide que puedan recoger a los niños en los plazos determinados. Sin embargo, es de notar que el trabajador asegurado no necesariamente tiene que entregar o recoger al menor en la guardería ya que se le da la oportunidad de que designe a tres personas mayores de edad para que lo hagan en su lugar –artículo 7, fracción II, inciso d), del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería–, y esto permite al trabajador cumplir la jornada laboral y tener protegidos a los hijos.

4. Aunado a lo anterior, esta comisión dictaminadora tiene a bien comentar que el Instituto Mexicano del Seguro Social, tomando en cuenta la necesidad de la demanda del servicio, desde hace ya seis años ha considerado la alternativa de ampliar los horarios, por lo que actualmente se cuenta con ocho guarderías en diversas localidades del país, con las que se tiene firmado dos contratos: uno que da atención en el turno matutino y otro que la da en el vespertino; es decir; están abiertas de las 6:00 a las 23:00 horas, y los derechohabientes hacen uso del servicios sólo durante su jornada de trabajo y no pueden dejar al menor en los dos turnos.

5. Los principales proveedores de este servicio son las instituciones de seguridad social federales, estatales y municipales, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y las empresas privadas. El sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es el que mayor cobertura tiene. A 2005, el sistema de guarderías del IMSS beneficiaba a 174 mil 4 madres y padres trabajadores asegurados y a 190 mil 57 niños inscritos, a través de mil 514 unidades, con capacidad instalada de 216 mil 519 lugares, en dos modalidades: guarderías de prestación directa por el IMSS mediante los esquemas "Madres IMSS" y "Ordinario", con 142 unidades y 29 mil 868 lugares; y guarderías de prestación indirecta, con mil 372 unidades y 186 mil 651 lugares. Como se ve, se tiene una red de guarderías muy amplia, que da atención a más madres trabajadoras, desplegando gran cantidad de recursos humanos y físicos, que representan ya un alto costo. Por lo mismo, considerar una ampliación de forma generalizada, en los términos de mantener abiertas las guarderías hasta las 23:00 horas, financieramente no resultaría viable para el instituto, en razón de que se elevarían los costos de operación, mantenimiento, de personal y de servicios (agua, luz, teléfono y otros), tanto en las guarderías directamente administradas por el IMSS como en las de prestación indirecta que, necesariamente, demandarían un incremento considerable del pago de la cuota mensual por niño atendido.

6. Por último, y desde el punto de vista psicopedagógico, es importante resaltar que para el desarrollo integral del niño, la autoestima (el vínculo afectivo entre el niño y la madre, por mencionar sólo algunos aspectos que intervienen en el proceso), es fundamental considerar la necesidad de convivencia que los menores deben tener en el núcleo familiar con las personas que lo forman, ya que a partir de este refuerzo de la relación afectiva, principalmente con la madre, que el niño obtendrá un desenvolvimiento sano en todas las áreas que formarán su vida. Los logros y aprendizajes que se proporcionan en el sistema de guarderías del IMSS coadyuvan a que el niño logre un sentido de pertenencia a un grupo social, educativo y comunitario, pero el grado de involucramiento que los padres demuestren respecto a la atención, al cuidado y a la educación del hijo construirá y reforzará cada uno de los logros del niño en la guardería. Diversos estudios demuestran que el niño que asiste más de ocho horas a la guardería no fija de manera estable el vínculo afectivo que debe permanecer entre él y el núcleo familiar, lo cual repercute en su desarrollo posterior.

Por lo expuesto, y para los efectos del inciso g) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión someten a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 201 de la Ley de Seguro Social, turnada a la Comisión de Seguridad Social, por las razones expuestas en las correspondientes consideraciones.

Segundo. Archívese como asunto total y completamente concluido e infórmese al promovente.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión de Seguridad Social, a 17 de enero de 2008.

La Comisión de Seguridad Social

Diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Joel Arellano Arellano (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro, Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Ramón Almonte Borja (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), Joel Ayala Almeida, Lorena Martínez Rodríguez, Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 9 BIS Y EL INCISO E) DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Honorable Asamblea:

A esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9 Bis y el inciso e) al numeral 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada en sesión de Comisión Permanente el 16 de agosto de 2006, por la diputada María Salomé Elyd Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta Comisión, con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2, fracción III, y numeral 3; los artículos 44, 45 numeral 1, 4, 6 incisos d) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; elaboró el presente dictamen y lo somete a la consideración de esta honorable Asamblea, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 16 de agosto de 2006, la diputada a la LIX Legislatura, María Salomé Elyd Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9 Bis y el inciso e) al numeral 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia dispuso que fuera turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados bajo el expediente 1425 de la Comisión Permanente y con índice "P", foja 189, libro XII, del año tercero, sección segunda, asignándosele el número 6073 de la Cámara de Diputados.

Conocidos los antecedentes, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, hacemos de su conocimiento el siguiente:

Contenido de la iniciativa

1) El objetivo de la Iniciativa es adicionar el artículo 9 Bis y el inciso E) al numeral 49, recorriéndose, en consecuencia los actuales incisos E, F, G, H, I y J para quedar como F, G, H, I, J y K respectivamente de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la siguiente manera:

2) El espíritu de la iniciativa objeto del presente dictamen es el de establecer las condiciones y mecanismos que garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos de la niñez y hacerlos exigibles con mayor especificidad para quienes se encuentran viviendo una situación extrema de violencia familiar, ya que estima la proponente que la propia Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes incluye la planificación y ejecución de acciones por parte de las instituciones encargadas de dicha protección y defensa, de forma genérica; sin no especificar con claridad el organismo encargado de su aplicación ni el contenido de dichas acciones, lo que arroja como resultado que estos actos no tengan aplicación certera en el plano fáctico.

3) La iniciativa pretende "hacer viable que a las instituciones de asistencia pública (el DIF en sus tres niveles) se les faculte para intervenir inmediatamente, de manera precautoria, con fin de salvaguardar a las niñas, niños y adolescentes en situación de extrema de familiar en su integridad y, respetando la esfera competencial del Ministerio Público, una vez implementadas dichas medidas por las instituciones públicas de asistencia social, le sean notificadas de inmediato a la representación social, a efecto de iniciar la correspondiente investigación y asimismo estar en posibilidades de confirmar o revocar la acción implementada por DIF, en tanto que, para el o la menor sujetos a un proceso penal como víctimas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, como autoridades responsables de tal menor, habrán de determinar jurídicamente su destino provisional o definitivo, a fin de evitarle un mayor daño físico, psicoemocional o sexual que, de prolongarse, pudiere provocarle hasta la muerte."

Una vez analizado lo anterior, el trabajo de elaboración del presente dictamen con proyecto de decreto se llevó a cabo de acuerdo con las siguientes:

Consideraciones

Esta Comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen:

I. Esta Comisión, competente como es para conocer el asunto, de acuerdo con el turno recibido, se manifiesta coincidente con el espíritu de salvaguarda y protección de las niñas, niños y adolescentes en situaciones extremas de violencia familiar.

II. Se considera que por cuanto a la adición del artículo 9 Bis, así como, la adición del primer párrafo del inciso e) del artículo 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, referente a la atribución del Ministerio Público de la Federación es innecesaria, en virtud de la facultad que posee el representante social para emitir todas las providencias y medidas precautorias necesarias conforme a lo estipulado en la fracción V del artículo 2 del Código Federal de Procedimientos Penales que norma en sus atribuciones, como lo establece el artículo 2:

Artículo 2. Compete al Ministerio Público federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.

En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público:

I a IV (...)

V. Dictar todas las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas;

(...)

De igual manera se encuentran contempladas dentro del tipo que se refiere sobre violencia familiar las previstas en el Capítulo Octavo del Código Penal Federal que expresa en su: Artículo 343 Quáter. En todos los casos previstos en los dos artículos precedentes, el Ministerio Público exhortará al probable responsable para que se abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva para la víctima y acordará las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la misma. La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas. En todos los casos el Ministerio Público deberá solicitar las medidas precautorias que considere pertinentes. III. Por lo que hace a la propuesta de adición de un inciso e) del artículo 49, en su segundo párrafo resulta innecesaria, en virtud de que la misma Ley ya tiene previsto la celebración de convenios, como se desprende del siguiente cuadro:

IV. Además, tanto la Ley General de Salud como la Ley de Asistencia Social prevén la atención a los menores en estado de desprotección o que en su caso llegaren a ser víctimas de algún ilícito:

La Ley General de Salud dispone lo siguiente:

Artículo 170. Los menores en estado de desprotección social, tienen derecho a recibir los servicios asistenciales que necesiten en cualquier establecimiento público al que sean remitidos para su atención, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades competentes.

Artículo 171. Los integrantes del Sistema Nacional de Salud, deberán dar atención preferente e inmediata a menores y ancianos sometidos a cualquier forma de maltrato que ponga en peligro su salud física y mental. Asimismo, darán esa atención a quienes hayan sido sujetos pasivos de la comisión de delitos que atenten contra la integridad física o mental o el normal desarrollo psico-somático de los individuos.

En estos casos, las instituciones de salud podrán tomar las medidas inmediatas que sean necesarias para la protección de la salud de los menores y ancianos, sin perjuicio de dar intervención a las autoridades competentes.

La Ley de Asistencia Social prevé: Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:

a) Desnutrición;

b) Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones familiares adversas;

c) Maltrato o abuso;

d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía de sus derechos;

e) Ser víctimas de cualquier tipo de explotación;

f) Vivir en la calle;

g) Ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual;

h) Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental;

i) Infractores y víctimas del delito;

...

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, resuelven someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9 Bis y el inciso e al artículo 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por la diputada María Salomé Elyd Sáenz, en fecha 16 de agosto de 2006.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Dado en la sala de juntas de la Comisión, a los 23 días del mes de enero del año 2008.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

Diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Irene Aragón Castillo, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonso, Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunas (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas, María del Carmen Pinete Vargas, Jorge Quintero Bello, Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Marta Angélica Tagle Martínez, Mario Vallejo Estévez, Martín Zepeda Hernández (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, presentada a por el diputado Ricardo Cantú Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Los integrantes de la comisión dictaminadora con fundamento en los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de "Antecedentes" se da constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a "Contenido" se exponen los motivos y se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "Consideraciones", la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. Antecedentes

En la sesión celebrada con fecha 13 de septiembre de 2007, el diputado por la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Ricardo Cantú Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, haciendo uso de sus facultades, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

En su exposición de motivos, el diputado promovente menciona que, actualmente, México ha sufrido diversos cambios en materia legislativa y que, desde su perspectiva, estos cambios son un avance para la vida democrática y de calidad en el servicio de las instituciones nacionales con miras a un beneficio para la población.

Menciona que es importante poner atención tanto a las normas que rigen estas instituciones, como implementar alternativas consensuadas para obtener tales beneficios.

De igual manera, advierte que cerca de 12 millones de habitantes pobres en nuestro país, reciben un tipo de atención y la calidad de los servicios médicos deben ser atendidos.

Por otro lado, señala que el nivel de ingresos de estos habitantes es tan precario, que tendrán que buscar un financiamiento para salir de algunos padecimientos y enuncia que según datos del Instituto Nacional de Salud Pública en el año 2002, se estimaba que cerca de 63 millones de habitantes mexicanos no contaban con un servicio de salud específico.

Hace diferentes señalamientos con relación a la atención médica en salas de urgencia y que a su juicio se da preferencia a las emergencias y que este procedimiento genera crisis; además, los servicios de urgencias están sobresaturados por enfermos con patologías no urgentes y que se requiere seleccionar el orden de atención de los enfermos según su gravedad.

Para ello, menciona que entre los esquemas de protección sanitaria y de salud contemplados por el gobierno federal para la población más necesitada, a su juicio, es indispensable contar con un mecanismo que garantice la disminución de la demanda de asistencia médica con calidad de urgente, además de reducir los tiempos de espera para la atención tipo consulta y diagnóstico.

Por los antecedentes antes mencionados, el promovente estable como objetivo de su iniciativa, la creación de los centros nacionales de cirugía ambulatoria en el interior de la república, que a su juicio, vendrían a reducir la saturación de pacientes en espera de servicios de especialidad de atención rápida como lo son urología, cirugías generales menores, ginecobstetricia, cirugía plástica, oftalmología, cirugía maxilofacial, otorrinolaringología y ortopedia.

El promovente define la creación de siete centros nacionales de cirugía ambulatoria en todo el país, adjuntos a hospitales de tercer nivel, para atender las especialidades antes mencionadas.

Propone como estrategia para la creación de estos centros, que su ubicación deberá ser como un anexo a uno de cada hospital federal de salud pública, en los lugares siguientes:

I. Hospital General de México, Distrito Federal.
II. Hospital General de Comitán, Chiapas.

III. Hospital General Doctor M. Gea González, Distrito Federal.
IV. Hospital Integral Linares, Nuevo León.

V. Hospital Juárez de México, Distrito Federal.
VI. Hospital General de Tepic, Nayarit.

VII. Hospital Civil Doctor Luis F. Nachón, Xalapa Veracruz.

Establece el promovente que estos nosocomios de tercer nivel, cuentan con los recursos necesarios tanto de equipo médico como humanos para cubrir contingencias en las especialidades antes mencionadas.

Estima el diputado Cantú Garza que el impacto presupuestario para que inicien su funcionamiento los siete centros nacionales de cirugía ambulatoria, es de 2 mil 16 millones de pesos para el primer año, y de mil 52, mil 89, mil 91, mil 130 y mil 133 millones de pesos del primer al quinto año, respectivamente.

El promovente estable que la característica principal de estos tipos de centros de atención quirúrgica es, a su juicio, la de reducir de manera importante el tiempo de espera desde la valoración clínica hasta la programación de cirugía.

Y por las consideraciones antes mencionadas, el promovente sustenta que sería un gran logro en la eficiencia, así como de la atenuación de la angustia familiar y del paciente ya que, a su juicio, habría una disminución considerable del periodo de inactividad del paciente, además de menores riesgos de infecciones postoperatorias y que, para ello, el diputado Cantú Garza propone reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

III. Consideraciones

Si bien es cierto que la atención médica en nuestro país aún no alcanza la cobertura al 100 por ciento, también lo es que el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales, está implementando estrategias de salud para atender a la población con menos recursos económicos y poder llegar a los lugares más apartados del país, proporcionando atención médica de manera inmediata, sobre todo en aquellas patologías que se pueden atender directamente en su comunidad.

Por otro lado, la comisión dictaminadora identifica que cualquier estrategia de salud que se quiera proponer al margen de lo que señala el Programa Nacional de Salud 2007-2012 (Pronasa), debe ser una propuesta viable y factible que beneficie a la mayoría de los habitantes de nuestro país.

Con este enfoque, ponderamos que el Pronasa se basa en cinco objetivos prioritarios resaltando los siguientes:

Primero. Mejorar las condiciones de salud de la población, mediante el acceso efectivo a servicios de salud.

Segundo. Reducir las brechas o desigualdades de salud mediante intervenciones dirigidas a las comunidades más marginadas y grupos vulnerables.

Tercero. Prestar servicios de salud con calidad y seguridad.

Bajo estas premisas, identificamos diferentes programas de salud que se están llevando a cabo por parte de la Secretaría de Salud, que dan respuesta a las inquietudes que señala el diputado Cantú Garza en su exposición de motivos de su iniciativa presentada, específicamente cuando señala que se debe de contar con un mecanismo que garantice la disminución de la demanda de asistencia médica con calidad de urgente, además de reducir los tiempos de espera para la atención tipo consulta y diagnóstico.

De igual manera, el promovente centra su iniciativa en que los centros de atención quirúrgica propuestos tienen, a su juicio, el objetivo de reducir de manera importante el tiempo de espera desde la valoración clínica hasta la programación de la cirugía que sea necesaria realizar, en las especialidades de urología, cirugías generales menores, ginecobstetricia, cirugía plástica, oftalmología, cirugía maxilofacial, otorrinolaringología y ortopedia.

La comisión dictaminadora identifica en el Programa Nacional de Salud 2007-2012, diferentes metas estratégicas para dar cumplimiento a los objetivos enunciados anteriormente, y que en su conjunto atienden las demandas planteadas por el diputado Cantú Garza.

Con el fin de identificar plenamente estas metas estratégicas, en este dictamen, enunciaremos aquellas estrategias que consideramos atienden las demandas e inquietudes del diputado promovente, sin necesidad de reformar o adicionar los artículos de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud:

Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, y prevención y control de enfermedades.

Situar la calidad en la agenda permanente del sistema nacional de salud.

Organizar e integrar la prestación de servicios del sistema nacional de salud.

Garantizar recursos financieros suficientes para llevar a cabo las acciones de protección contra riesgos sanitarios y promoción de la salud.

Consolidar la reforma financiera para hacer efectivo el acceso universal a los servicios de salud a la persona, y

Apoyar la prestación de servicios de salud mediante el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento necesario.

En cada estrategia se contemplan diversas líneas de acción y sus metas respectivas.

Dentro de estas líneas podemos citar el modelo integrador de atención a la salud que tiene como premisa las redes de servicios de salud. Estas redes pretenden ofrecer una atención médica centrada en el paciente, efectiva, integral, oportuna, continua, y que respete la diversidad cultural de los usuarios de los servicios.

Otra línea que consideramos que debemos enunciar es la de priorizar las intervenciones en salud con base en un proceso institucional de evaluación clínica, ética, social y económica. Esta línea facilitará la definición de prioridades, apoyan la toma de decisiones y contribuyen a la distribución eficiente de los recursos.

Así también, tenemos la línea de extender la cobertura de atención a las zonas altamente marginadas con escaso o nulo acceso a servicios de salud, a través de las caravanas de la salud (unidades móviles y equipos de salud itinerantes), que estarán integradas a las redes de servicios.

Establecer el Seguro Médico para una Nueva Generación, que incorporará a todos los niños no beneficiarios de la seguridad social al SPSS; y promover la creación de centros de atención especializada para pacientes ambulatorios (Umaes y Unemes) y nuevas unidades de atención hospitalaria, con modelos innovadores de financiamiento; estas son otra líneas de acción de gran impacto en la salud.

Por ello, los centros de atención especializada para pacientes ambulatorios son más económicos en su operación, imponen a los usuarios de los servicios menos molestias de estancia y menos riesgos en su atención, sin embargo, su creación y construcción, deben sujetarse a lo que establece el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud (PMI) para cada entidad federativa.

Esta línea de acción cumple una función específica e innovadora en la forma de prestar servicios de salud.

Por lo expuesto, la comisión dictaminadora ha querido presentar un breve análisis de las estrategias y líneas de acción que tienen su sustento en el Programa Nacional de Salud 2007-2012, como una planeación estratégica del gobierno federal, y que sustentan sus acciones en el panorama epidemiológico del país, en sus recursos financieros y en la infraestructura física en salud.

Por ello, la iniciativa que propone el diputado Cantú Garza de invertir en una primera etapa 2 mil 16 millones de pesos para la construcción y operación de siete centros nacionales de cirugía ambulatoria para el primer año, y de mil 52, mil 89, mil 91, mil 130 y mil 133 millones de pesos del primer al quinto año, respectivamente, no es viable, ya que la iniciativa en comento, propone que los centros antes enunciados, estén ubicados como un anexo de los hospitales de tercer nivel, que a su juicio seleccionó, sin mencionar los criterios que le dieron origen.

De igual manera, la propuesta de construcción de estos centros nacionales de cirugía ambulatoria no es viable, ya que no están contemplados en el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud (PMI), que tiene una razón de ser, para ordenar y priorizar la obra nueva, conforme a diferentes indicadores que se tienen que cumplir.

Por otro lado, consideramos que es deseable que se apoye y estimule la cirugía ambulatoria, y en este sentido, las estrategias ambulatorias (no sólo cirugía) son tendencias claras para la atención a la salud, como lo hemos señalado en el breve análisis de las estrategias y líneas de acción que enuncia el Programa Nacional de Salud 2007-2012.

Se habla incluso del "ocaso del hospital" que se va a reservar para cuidados intensivos y cirugía mayor toda vez que prácticamente todos los hospitales tienen ya áreas de cirugía ambulatoria programas de esa naturaleza.

En este sentido es tal el apoyo a este tipo de programas, que resaltamos nuevamente que las Unemes de cirugía ambulatoria cumplen con lo que propone el diputado Cantú Garza.

Sin embargo, el diputado promovente propone la reforma y adición de diversos artículos de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para incluir a los centros nacionales de cirugía ambulatoria, como organismos descentralizados y asignarles autonomía técnica, operativa y administrativa en los términos que señala la propia Ley para los Institutos Nacionales de Salud.

Sobre este particular, la comisión dictaminadora hace las siguientes precisiones:

En la exposición de motivos el promovente hace referencia a la problemática que tienen los mexicanos para el pago de servicios de salud, la necesidad de la atención médica pronta de todo tipo de padecimientos y la de reducir la saturación de pacientes en espera de servicios de especialidades de atención rápida, como lo son urología, cirugías generales menores, ginecobstetricia, cirugía plástica, oftalmología, cirugía maxilofacial, otorrinolaringología y ortopedia; por lo que propone la creación de siete centros nacionales de cirugía ambulatoria en todo el país para atender las especialidades mencionadas, anexos a los que él llama "hospitales federales de salud pública" y que señala serían el Hospital General de México, Hospital General de Comitán, Hospital General Doctor M. Gea González, Hospital Integral Linares, Hospital Juárez de México, Hospital General de Tepic, y Hospital Civil Doctor Luis F. Nachón.

En este sentido, señalamos en primer lugar, que la propuesta del diputado promovente de reformar la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a efecto de crear centros de atención hospitalaria, es errónea, toda vez que de la lectura armónica de la citada ley, se deja ver de manera clara que ésta no tiene por objeto regular a hospitales de atención médica de especialidades, como lo serían los centros nacionales de cirugía ambulatoria, sino la regulación de organismos descentralizados cuyo objetivo principal es la investigación científica en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional.

El diputado promovente pasa por alto lo que la propia ley motivo de reforma, señala en el artículo 5, fracción XI. Los demás que en el futuro sean creados por ley o decreto del Congreso de la Unión, con las características que se establecen en la fracción III, del artículo 2 de la presente ley.

Esto es, que para la creación o inclusión de nuevos organismos en el artículo 5 de la ley antes citada, se debe de cumplir con lo señalado en el párrafo anterior y que transcribimos aquí:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. y II. …

III. Institutos nacionales de salud, a los organismos descentralizados de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, agrupados en el sector salud, que tienen como objetivo principal la investigación científica en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional.

Por otro lado, el promovente pretende que los centros nacionales de cirugía ambulatoria sean anexos a hospitales que no tienen relación con los institutos nacionales de salud, razón por la cual resulta, además, incongruente que se reforme la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para crear centros de atención médica en otro tipo de instituciones como lo son el Hospital General de México, Hospital General de Comitán, Hospital General Doctor M. Gea González, Hospital Integral Linares, Hospital Juárez de México, Hospital General de Tepic, y Hospital Civil Doctor Luis F. Nachón.

Por otro lado, al tratarse de la creación de organismos descentralizados, pueden ser creados mediante decreto del Ejecutivo y no necesariamente mediante una ley, menos aún mediante la reforma a la de los institutos nacionales de salud, por los motivos antes expuestos.

Por lo expuesto, se hace innecesaria la reforma propuesta.

Por lo anterior, la comisión dictaminadora no considera viable la iniciativa propuesta, ya que de ser aprobada en los términos que fue presentada, generaría primero, una distorsión en la propia ley, al regular, por un lado, a los institutos nacionales de alta especialidad con características propias y, por otro, regular una estrategia de atención hospitalaria con otra características muy diferentes a la investigación y a la enseñanza.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta Comisión de Salud, de la LX Legislatura, con las atribuciones que le otorga el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, presentada por el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 13 de septiembre de 2007.

La Comisión de Salud

Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz, Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe, Ricardo Cantú Garza, Maricela Contreras Julián (rúbrica), María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora, Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes, Beatriz Eugenia García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica), Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez, María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).