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Dictámenes a discusión
- De la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 51 de la Ley de Ascensos de la Armada de México.
- De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma los artículos 7 y 8 de la Ley de Inversión Extranjera.
- De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de discapacidad.
- De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
- De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
- De la Comisión de Marina, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica, y de Ascensos de la Armada de México.
- De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona tres párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud.
- De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 27, tercer párrafo, 28, fracción I, y 33; y adiciona el artículo 87, con un párrafo tercero, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes
DE LA COMISIÓN DE MARINA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ASCENSOS DE LA ARMADA DE MÉXICO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Marina se turnó, para estudio, análisis y dictamen, minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 51 de la Ley de Ascensos de la Armada de México.
Esta comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el dictamen, basándose en los siguientes
Antecedentes
1. Con fecha 18 de septiembre de 2007, el senador Sebastián Calderón Centeno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento ante el Pleno de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 51 de la Ley de Ascensos de la Armada de México.
2. Motivo por el cual, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas de Marina, y de Estudios Legislativos, para análisis y dictamen correspondiente, la citada iniciativa.
3. En sesión plenaria del 22 de abril de 2008, las Comisiones Unidas de Marina, y de Estudios Legislativos presentaron el dictamen correspondiente, que se aprobó con 73 votos, turnándose el expediente a la Cámara de Diputados.
4. El 24 de abril de 2008, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados da cuenta con el envío del expediente correspondiente, por lo que fue turnado a la Comisión de Marina para análisis y dictamen correspondiente.
Consideraciones
La minuta que motiva el dictamen tiene por objeto reformar la fracción V del artículo 51 de la Ley de Ascensos de la Armada de México, consistente en eliminar la causal relativa a estar sujeto a averiguación previa, la cual impide al aspirante a ser considerado en el lugar de selección para ascensos en la Armada de México.
Señala el proponente que una forma de superación profesional del personal de las Fuerzas Armadas lo constituye el ascenso a la jerarquía inmediata superior, una vez que se haya cumplido con los requisitos que para tal efecto establecen las leyes y reglamentos correspondientes.
Los ascensos en la Armada de México constituyen un proceso sustantivo para el desarrollo de su personal y de la propia institución. De igual forma, representa para el elemento que ostenta una jerarquía el estímulo que dentro del servicio naval le permitirá desarrollar su trayectoria de vida con una visión de futuro y estabilidad, obteniendo en su escalafón y jerarquía mayores prestaciones que van a forjar y asegurar su futuro como individuo, pero también mayores responsabilidades acorde al grado correspondiente.
En la ley actual en su artículo 51 se establece que en ningún caso serán contenidos ascensos al personal de la Armada de México que se encuentre sujeto a averiguación previa, proceso, prófugo o cumpliendo su pena condición del orden penal, motivo por el cual no puede ser ascendido, independientemente que esta disposición carece de razón y de sentido jurídico.
En virtud de lo anterior, la comisión coincide con la colegisladora en el sentido de que la primera etapa del procedimiento penal corresponde a la averiguación previa que se inicia con la presentación de una denuncia, querella o acusación ante el Ministerio Público, y termina con su resolución que puede ser en dos sentidos; en caso de considerar que están acreditados la presunta responsabilidad y la integración del cuerpo del delito, se consigna al presunto responsable ante el órgano jurisdiccional para su proceso penal; y en caso contrario, acordará el no ejercicio de la acción penal.
Por lo que la comisión dictaminadora somete a consideración de la honorable asamblea el presente
Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 51 de la Ley de Ascensos de la Armada de México
Artículo Único. Se reforma la fracción V del artículo 51 de la Ley de Ascensos de la Armada de México, para quedar como sigue:
Artículo 51. ?
V. Sujeto a proceso, prófugo o cumpliendo sentencia condenatoria del orden penal;
VI. a X. ...
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2008.
La Comisión de Marina
Diputados: Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), presidente; Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), secretarios; Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Adrián Fernández Cabrera (rúbrica), Leonardo Magallón Arceo (rúbrica), Luis Alonso Mejía García, Nabor Ochoa López (rúbrica), Pedro Pulido Pecero, Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Juan Victoria Alva (rúbrica), Higinio Chávez García, Cuitláhuac Condado Escamilla, Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez, José Luis Blanco Pajón (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate, Mariano González Zarur (rúbrica), Arturo Martínez Rocha (rúbrica), Jorge Toledo Luis, Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Félix Castellanos Hernández (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 7 Y 8 DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión correspondiente a la LX Legislatura fue turnada, para estudio y dictamen, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera.
Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, fracción XII, y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 13 de junio de 2007, los secretarios de ésta dieron cuenta al Pleno de la iniciativa que presentaron los diputados José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia; Miguel Ángel Jiménez Godínez, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Mauricio Ortiz Proal, y Víctor Manuel Palma César, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio del derecho que les otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía".
Tercero. Mediante oficio CE/0576/07, de fecha 15 de junio, se dio cuenta a los integrantes de esta Comisión de Economía del contenido de la iniciativa que se estudia.
Cuarto. En términos generales, el objeto de la iniciativa es el siguiente:
Primera. Que con las atribuciones arriba señaladas y con base en los antecedentes antes indicados, esta Comisión de Economía se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.
Segunda. Que la Ley de Inversión Extranjera (LIE) es de orden público y de observancia general en toda la república, y su objeto es determinar las reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional.
Tercera. Que en la iniciativa que se estudia se propone reformar el inciso x) de la fracción III del artículo 7 y la fracción IX del artículo 8 de la Ley de Inversión Extranjera, a efecto de que con la resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras se permita la participación de la inversión extranjera directa en un porcentaje mayor a 49 por ciento en las sociedades concesionarias de los servicios de telecomunicaciones que se prevén en los incisos I y II del artículo 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Es importante destacar que en la legislación vigente está permitida la participación de la inversión extranjera directa en las sociedades concesionarias de los servicios de telecomunicaciones objeto del proyecto que se analiza, lo que se pretende es permitir que dicha inversión participe en un porcentaje mayor al que se encuentra limitada actualmente. Así las cosas, no se busca abrir a la inversión extranjera ninguna nueva actividad, sino únicamente permitir su incremento en actividades en las que ya participa, dadas las necesidades de infraestructura y de inyección de capital existentes, mediando siempre la necesidad de contar para ello con una resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
Se entienden excluidos los servicios a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y que consisten en ocupar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país y explotar sus respectivas bandas de frecuencias, como explotar los derechos de emisión y recepción de señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional. Para estos servicios satelitales la participación de la inversión extranjera seguirá limitada a un 49 por ciento.
De igual manera, se excluyen del alcance de esta reforma los servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión incluidos sus servicios auxiliares y adicionales, distintos de televisión por cable, los cuales quedan reservados para mexicanos en términos de la fracción III del artículo 6 de la propia Ley de Inversión Extranjera.
Cuarta. Que con la intención de contar con elementos suficientes para evaluar la propuesta incluida en la iniciativa que se analiza, esta Comisión de Economía convocó a legisladores, autoridades, académicos, analistas, empresas y público usuario en general a participar en el Foro de inversión extranjera en telefonía fija (foro). Dicho evento tuvo lugar el 15 de julio del año en curso en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con las siguientes conclusiones:
La telefonía fija en México tiene una tasa de penetración baja; existen poblaciones en las que este servicio se ve sustituido por telefonía móvil o simplemente no se presta; en este sentido y dado que las comunicaciones son convergentes, la falta de un servicio incide en los demás.
Actualmente las opciones en el mercado de telefonía fija en México son limitadas, ya que la concesionaria Teléfonos de México brinda el 94 por ciento de los servicios.
La mayoría de los participantes en el foro coincidieron en que si bien el sector de las telecomunicaciones es complejo y requiere de diversas medidas para potenciar su desarrollo, también estuvieron de acuerdo en cuanto a que la aprobación de la iniciativa que se estudia sería un avance con implicaciones en cuestiones tales como el servicio al cliente, la disminución de tarifas, la cobertura y la tecnología. Asimismo, estimaron que con ello se generaría un efecto de impulso natural a otros sectores que dependen parcialmente de la telefonía y que una vez que se de este paso seguirán otros.
Los participantes en el foro coincidieron en que el gobierno federal debe establecer con precisión el alcance de los compromisos de cobertura social que deben asumir tanto los actuales como los futuros concesionarios.
En lo que respecta al tema de la reciprocidad, diversas voces manifestaron su preocupación por dicha condicionante, debido básicamente a las siguientes cuestiones: primero, en la actualidad se puede considerar a la inversión como "apátrida", toda vez que es posible ubicarla prácticamente en el lugar del orbe que se desee; en segundo lugar, las obligaciones respecto de inversiones contenidas en diversos compromisos internacionales que ha asumido México, colisionarían jurídicamente con esta cuestión haciéndola nugatoria en la práctica; y, finalmente, la mayoría coincidió en que si la inversión beneficia a México, poco importa de dónde proceda el capital y si hay o no reciprocidad a la inversión.
Sexta. Que de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México figura entre los países con las tarifas de telefonía fija más altas de entre sus países miembros, no obstante nuestra nación tiene uno de los ingresos per cápita más bajos entre ese grupo de países.
Séptima. Que el régimen de inversión aplicable al sector de la telefonía fija no favorece condiciones de competitividad y competencia, lo que se ha traducido en una baja penetración de los servicios, altos niveles tarifarios y en algunos casos baja calidad.
Octava. Que el sector telecomunicaciones es intensivo en capital, cuyos costos determinan las tarifas finales de los servicios que se presentan a la sociedad, que a su vez influyen en los precios de otros productos o servicios que dependen de ese sector. Actualmente las limitantes encarecen el capital disponible y por ende elevan su costo.
Novena. Que las restricciones actuales afectan a los concesionarios de servicios de telecomunicaciones, en cuanto al acceso de capital para financiar sus operaciones e inversiones en infraestructura y servicios.
Décima. Que no es necesario condicionar la participación mayoritaria de inversión extranjera en los términos planteados a la existencia de condiciones similares de apertura para la inversión nacional, puesto que ello limitaría los beneficios y el logro de los objetivos planteados por la iniciativa al restringir innecesariamente la entrada de capital.
Décima Primera. Que aunado a lo anterior el esquema de reciprocidad plantea diversos problemas, ya que
II. Pudiera resultar incompatible con algunos de los compromisos que nuestro país ha asumido en materia de acceso a la inversión extranjera en virtud de diversos tratados internacionales; e
III. Introduciría elementos de incertidumbre en cuanto a su alcance y medios para su determinación.
Décima Tercera. Que es importante resaltar que no se pretende abrir la inversión extranjera a ninguna nueva actividad, sino únicamente permitir su participación mayoritaria en actividades en las que ya participa, sujeto en todos los casos a la resolución favorable previa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras; quien resolverá cada solicitud de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 29 de la LIE: impacto sobre el empleo y capacitación de los trabajadores, contribución tecnológica, cumplimiento de disposiciones ambientales y la aportación para incrementar la competitividad de la planta productiva del país.
Décima Cuarta. Que los integrantes de la Comisión de Economía que dictamina reconocen y concluyen que las reformas propuestas en la iniciativa bajo análisis se orientan a promover positivamente el sector de las telecomunicaciones en beneficio del usuario final.
En virtud de lo expuesto, la Comisión de Economía presenta el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera.
Artículo Único. Se reforma el inciso x) de la fracción III del artículo 7o. y la fracción IX del artículo 8o. de la Ley de Inversión Extranjera, para quedar como sigue:
Artículo 7o. En las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación la inversión extranjera podrá participar en los porcentajes siguientes:
III. Hasta el 49 por ciento en
a) a w) ?
x) Sociedades concesionarias en los términos del artículo 11, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
IX. Sociedades concesionarias en los términos del artículo 11, fracciones I y II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
X. a XII. ?
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta ley, en particular los preceptos contenidos en las normas administrativas en cuanto establecen restricciones o prohibiciones a la inversión extranjera adicionales a las previstas en este ordenamiento.
Tercero. Para resolver favorablemente una participación superior al 49 por ciento de la inversión extranjera en sociedades concesionarias en los términos del artículo 11, fracciones I y II de la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras resolverá cada solicitud de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 29 de la Ley de Inversión Extranjera, en el entendido de que las concesiones que se otorguen por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a las Sociedades peticionarias deberán incorporar obligaciones de cobertura social. La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras valorará las condiciones que privan para la inversión mexicana en el rubro de las telecomunicaciones en el país o países de origen del inversionista que se trate, sin perjuicio de los acuerdos, tratados o convenios que México ha firmado con otros países u organizaciones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2008.
La Comisión de Economía
Diputados: Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), presidenta; Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), secretarios; Jericó Abramo Masso (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal, Antonio Berber Martínez (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Martín Malagón Ríos (rúbrica), Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica), Octavio Martínez Vargas, Susana Monreal Ávila, José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Mauricio Ortiz Proal (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Raúl Ríos Gamboa, Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez, Ernesto Ruiz Velasco de Lira (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho, Víctor Gabriel Varela López, Joaquín Humberto Vela González, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE DISCAPACIDAD
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
La Comisión de Salud con fundamento en las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1 y 3, 43, 44, 45 numeral 6, inciso e) y f), y de los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente metodología:
I. Antecedentes
Con fecha 9 de enero de 2008, los senadores Guillermo Marcos Tamborrel Suárez, Héctor Pérez Plazola y Ernesto Saro Boardman, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron a la Comisión Permanente de la LX Legislatura, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de discapacidad.
Con la misma fecha, en sesión celebrada por la Comisión Permanente, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Con fecha 1 de febrero de 2008, el turno se amplió para incluir a la Comisión de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondientes.
Con fecha 24 de abril de 2008, la minuta de las Comisiones Unidas del Senado fue aprobada en lo general y en lo particular, y se turnó a la Cámara de Diputados.
Con fecha 29 de abril de 2008, la minuta fue recibida en la Cámara de Diputados, cuya Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen.
II. Contenido
La minuta con proyecto de decreto tiene por objeto hacer las adecuaciones en la Ley General de Salud, para sustituir el término "invalidez" por "discapacidad".
La iniciativa que dio origen a la minuta que se estudia, tuvo la finalidad de actualizar la Ley General de Salud en materia de discapacidad, tomando como base las estipulaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, la Convención), de la cual México forma una parte fundamental, por ser el país que propuso su realización.
Otra finalidad del contenido de la minuta es contribuir a crear una percepción más adecuada y una visión más integral de conceptos como discapacidad, habilitación y rehabilitación; también contribuye a garantizar que las instituciones médicas o de salud cuenten con las adecuaciones que les permitan el libre acceso y tránsito a las personas con discapacidad.
III. Consideraciones
Comprendiendo la preocupación de los proponentes de la iniciativa que dio origen a la minuta en estudio, los diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora hemos realizado un análisis a fondo de la propuesta, tomando como principales consideraciones las siguientes:
Primera. La Convención fue adoptada fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006. Los países que la ratifican, entre ellos México, se comprometen a:
Sin embargo, la Ley General de Salud, que data del 7 de febrero de 1984, no cumple con los requisitos establecidos en la Convención, y esta situación podría dar lugar a un trato despectivo y obsoleto hacia estas personas.
Segunda. Coincidimos con los siguientes argumentos, que utilizaron las Comisiones Unidas del Senado para dar origen a la minuta que se estudia:
El asunto de habilitación y rehabilitación de los discapacitados tiene una gran relevancia social, porque se refiere a un tema con un impacto social extendido y trascendente con efectos a todos los plazos para la convivencia y evolución en México, incluyendo a un sector importante de la población.
La rehabilitación debe actuar tanto en la causa de la discapacidad como en los efectos que esta produce, en tanto que la habilitación se refiere a los procesos terapéuticos, educativos y sociales aplicados a individuos que han sufrido una discapacidad antes de adquirir una habilidad propia dentro de su desarrollo.
Para el pleno funcionamiento de la habilitación y rehabilitación, es necesario que estos procesos estén coordinados en el desarrollo de las habilidades funcionales de cada individuo, a través de objetivos claramente establecidos que tengan como finalidad obtener el máximo nivel de independencia; por ello y con la única finalidad de respetar el derecho a la salud de las personas con discapacidad, es que se deben materializar los derechos que tienen estas personas.
Se debe adecuar la Ley General de Salud, para ser congruente en con la Convención y con la Ley General para las Personas con Discapacidad, cambiando los términos de invalidez y minusválidos por el de discapacidad y discapacitados, respectivamente.
El Sistema Nacional de Salud, debe dar atención preferente al personas discapacitadas; en igual forma, la atención en materia de habilitación y rehabilitación, debe comprender la investigación, la promoción de la participación de la comunidad, la identificación temprana y la atención oportuna, la orientación educativa, la atención integral, la promoción para adecuar facilidades urbanísticas y arquitectónicas, la promoción de la educación y la capacitación para el trabajo.
Tercera. La minuta analizada también fue estudiada a fondo por la Secretaría de Salud, la cual revisó las disposiciones de la Convención, así como los tratados internacionales que México ha ratificado en esta materia. Se revisaron los argumentos en pro y en contra emitidos por varias dependencias y entidades del Sector Salud. Finalmente, el 10 de septiembre de 2008, la Secretaría de Salud emitió su opinión institucional, en la cual se pronuncia a favor de la minuta, en los términos en que fue expedida por el Senado de la República.
Cuarta. De la misma forma, es necesario hacer mención que este tema ya ha sido abordado por el diputado Jorge Quintero Bello, integrante de ésta comisión quien presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 177 de la Ley General de Salud y cuyo objetivo se ve cumplido con la aprobación de la presente minuta.
De esta manera, la Comisión dictaminadora coincide con las conclusiones del Senado de la República y de la Secretaría de Salud. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud ponemos a consideración de la asamblea el siguiente proyecto de:
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de discapacidad.
Artículo Único. Se reforma la fracción XIX del artículo 3o.; la fracción III del artículo 6o.; los artículos 46 y 59; la fracción VI del artículo 100; el primer párrafo y la fracción I del artículo 104; la fracción III del artículo 112, el artículo 167; las fracciones I, II y V del artículo 168; el primer párrafo del artículo 171; los artículos 173, 174, 175, 177, 178 y 180; la fracción I del artículo 254; el artículo 300, la fracción I del artículo 326; el último párrafo del artículo 332; el segundo párrafo del artículo 465; y el artículo 467, todos de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 3. En los términos de esta Ley, es materia de Salubridad General:
XIX. La prevención, habilitación y rehabilitación de la discapacidad;
XX. a XXX. ...
III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;
IV. a VIII. ...
Artículo 59. Las dependencias y entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, promoverán y apoyarán la constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones que tengan por objeto participar organizadamente en los programas de promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva, así como en los de prevención de enfermedades y accidentes, y de prevención, habilitación y rehabilitación de la discapacidad.
Artículo 100. La investigación en seres humanos se desarrollará conforme a las siguientes bases:
VI. El profesional responsable suspenderá la investigación en cualquier momento, si sobreviene el riesgo de lesiones graves, discapacidad o muerte del sujeto en quien se realice la investigación, y
VII. ...
La información se referirá, fundamentalmente, a los siguientes aspectos:
II. a III. ...
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención, habilitación y rehabilitación de la discapacidad, y detección oportuna de enfermedades.
Artículo 168. Son actividades básicas de Asistencia Social:
II. La atención en establecimientos especializados a menores, ancianos y personas con discapacidad, en estado de abandono, desamparo o sin recursos;
III. a IV. ...
V. La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente a menores, ancianos y personas con discapacidad, sin recursos;
VI. a IX. ...
...
Artículo 173. Para los efectos de esta Ley, se entiende por discapacidad aquella deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.
Artículo 174. La atención en materia de prevención, habilitación y rehabilitación de la discapacidad comprende:
II. La promoción de la participación de la comunidad en la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la discapacidad;
III. La identificación temprana y la atención oportuna de procesos físicos, mentales y sociales que puedan causar discapacidad;
IV. La orientación educativa en materia de prevención, habilitación y rehabilitación de la discapacidad a la colectividad en general, y en particular a las familias que tengan una o más personas con discapacidad entre sus miembros, promoviendo al efecto la solidaridad social;
V. La atención integral de las personas con discapacidad, incluyendo la adaptación de las prótesis, órtesis y ayudas funcionales que requieran;
VI. La promoción para adecuar facilidades urbanísticas y arquitectónicas a las necesidades de las personas con discapacidad, y
VII. La promoción de la educación y la capacitación para el trabajo, así como la promoción del empleo de las personas en proceso de rehabilitación y de las personas con discapacidad.
Artículo 177. La Secretaría de Salud a través del organismo a que alude el Artículo 172 de esta Ley, y los gobiernos de las entidades federativas, coordinadamente y en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán el establecimiento de centros y servicios de habilitación y rehabilitación somática, psicológica, social y ocupacional para las personas con discapacidad, así como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y ayudas funcionales.
Artículo 178. El Organismo del Gobierno Federal previsto en el Artículo 172, tendrá entre sus objetivos operar establecimientos de habilitación y rehabilitación, además de realizar estudios e investigaciones, en materia de discapacidad, así como participar en programas de rehabilitación y educación especial.
Artículo 180. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con otras instituciones públicas, promoverán que en los lugares en que se presten servicios públicos, se garantice la accesibilidad de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.
Artículo 254. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia, para evitar y prevenir el consumo de substancias inhalantes que produzcan efectos psicotrópicos en las personas, se ajustarán a lo siguiente:
II. a IV. ...
...
Artículo 326. El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de las personas que a continuación se indican:
II. ...
...
...
En el caso de las personas con discapacidad que por su condición no sean capaces de comprender el acto descrito en este artículo y otras personas sujetas a interdicción, no podrá disponerse de sus componentes en vida ni después de su muerte.
Artículo 465. ...
Si la conducta se lleva a cabo con menores, personas con discapacidad que por su condición no sean capaces de comprender el acto descrito en este artículo, ancianos, sujetos privados de libertad o, en general, con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse, la pena que fija el párrafo anterior se aumentará hasta en un tanto más.
Artículo 467. Al que induzca o propicie que menores de edad o personas con discapacidad que por su condición no sean capaces de comprender el acto, consuman, mediante cualquier forma, substancias que produzcan efectos psicotrópicos, se le aplicará de siete a quince años de prisión.
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor a los 30 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe, Maricela Contreras Julián (rúbrica), María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, María Mercedes Maciel Ortíz, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo, Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Martha Rocío Partida Guzmán, Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García.
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Desarrollo Rural le fue turnada, para su análisis y dictamen, iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada en la LX Legislatura por el diputado Pedro Montalvo Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y de los integrantes de la Comisión Especial de Citricultura.
Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, numeral 6, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 57, 63, 64, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión somete a consideración del Pleno de esta soberanía el dictamen con proyecto de decreto, con base en los siguientes
Antecedentes
II. La Mesa Directiva, con esa misma fecha, turnó la iniciativa, para su análisis y dictamen, a la Comisión de Desarrollo Rural.
V. La comisión antes mencionada aprobó el dictamen.
2. Asimismo, enfatiza que tenemos una población de más de 110 millones de mexicanos, de los cuales, la tercera parte vive en el medio rural, siendo la agricultura la actividad preponderante. De esta manera, los productos agropecuarios estratégicos y básicos constituyen la base de protección y ampliación del empleo y del salario de los trabajadores del campo mexicano.
3. En contraposición a la definición de productos básicos y estratégicos, la canasta básica se emplea como un referente para el control de la inflación y un indicador de lo que consumen los mexicanos, pero en ella se encuentran productos industrializados que son impuestos por la industria alimentaria, sustituyendo a las frutas con los que se elaboren bebidas naturales por bebidas embotelladas, por lo que la ley en la materia se orienta a reforzar los productos para una dieta sana, nutritiva y adecuada a la soberanía alimentaria, lo que constituye el objeto final de los productos agropecuarios básicos y estratégicos, que es necesario reforzar jurídicamente.
4. Para el análisis, propone como referente la pirámide nutricional que integra los diferentes grupos de alimentos que son aptos para el consumo humano. En ella, las frutas ocupan el tercer lugar, aportando vitaminas y minerales esenciales para el desarrollo humano. Las frutas son, en su mayoría, agua, en una proporción de más de 70 por ciento, lo que ayuda a limpiar el organismo y a crear nuevas células, especialmente en la piel. Por ello, se recomienda consumir sobretodo frutas frescas y jugos naturales. Inclusive, en el caso de la industria refresquera y de bebidas envasadas, se recomienda disminuir la cantidad de sodio y azúcar, y elevar la proporción de jugo de fruta natural, para armonizar el desarrollo industrial con hábitos más saludables.
5. En el sector productivo, el proponente señala que los productos cítricos son cultivados en una superficie de más de 500 mil hectáreas en diversos estados del país, siendo una actividad a la que se dedican alrededor de 110 mil productores, entre los que destacan los de naranja, con más de 90 mil. Derivado de ello, tan sólo en 2007 se exportaron 694 mil 554.16 toneladas con un valor de 266 millones 811 mil 6.53 dólares, que representa empleos, divisas y un apoyo al objetivo de la soberanía alimentaría del país.
Por otra parte, en referencia al panorama mundial, en general, la producción de cítricos ha aumentado en el hemisferio norte, pese a la ligera reducción registrada en la zona del Mediterráneo. Creció la producción de naranjas, tangerinas y pomelos. También, en el hemisferio sur, aumentó la producción de cítricos, especialmente en Brasil, debido a la gran cosecha de naranjas. Las exportaciones mundiales de cítricos fueron mayores debido especialmente a los incrementos registrados en los dos principales abastecedores, España y Estados Unidos de América (EUA), así como en la mayor parte de los países abastecedores del hemisferio sur.
Se espera que el consumo de cítricos orgánicos se eleve en forma sostenida en los países desarrollados durante los próximos años, situación que redundaría en interesantes oportunidades de exportación para México, que requiere fortalecer las políticas y apoyos para el campo, reforzando sus áreas más competitivas, como las que nos ocupan. Si bien EUA produce cítricos orgánicos, la demanda ha ido en franco aumento y bien podría elevarse a niveles superiores a los de la oferta.
Si se considera que la participación de mercado de los alimentos orgánicos alcanza un 2 por ciento en países desarrollados, es posible aseverar que existe un considerable potencial de crecimiento, especialmente para jugos no elaborados a partir de concentrado.
Los productores mexicanos, siempre informados y activos, han anticipado este crecimiento, aun cuando la demanda todavía no registra el incremento que se espera, por lo que iniciativas como la presentada por el diputado Pedro Montalvo Gómez, resultan oportunas y atingentes.
Abundando en ello, México ocupa el cuarto lugar mundial en la exportación de cítricos. Las exportaciones de jugo concentrado en 2007 ascendieron a 600 mil toneladas, con un valor de 100 millones de dólares y básicamente para el mercado de EUA, Japón y Europa.
Es una realidad en los patrones de consumo mundiales que prácticamente cada persona consume diario la naranja y las personas conocen su importante valor nutricional. Sin embargo, en nuestro país, de 3 millones y medio de toneladas anuales, sólo se procesan 500 mil. El mercado global lo absorben EUA, España y Japón, a pesar de que la naranja mexicana tiene demanda internacional. Este producto puede ser un detonante del crecimiento económico y del bienestar de nuestra población en el medio rural, que padece pobreza generalizada y una grave falta de oportunidades.
6. En cuanto a su valor para la nutrición y la salud, es preciso subrayar que la naranja es uno de los cítricos más completos, ya que contiene vitamina C, necesaria para producir colágeno, importante en el crecimiento y reparación de las células, los tejidos, las encías, vasos, huesos y dientes.
Asimismo, contiene beta-caroteno y bioflavinoides, que permiten combatir problemas circulatorios y resfríos, así como reducir el cáncer en el estomago. También contiene pequeñas cantidades de vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 y E, que son esenciales para el organismo.
Estudios recientes indican que su consumo es útil para las personas que padecen diabetes tipo I o insulinodependientes, ya que una naranja eleva el azúcar y ayuda a prevenir una hipoglucemia, o sea, una baja brusca y peligrosa de los niveles de glucosa en la sangre.
Además, las naranjas son las frutas con mayor cantidad de antioxidantes, con más de 170 sustancias fitoquímicas diferentes, entre ellas, más de 60 flavonoides que han demostrado tener propiedades antiinflamatorias, antitumorales y anticoagulantes. La naranja no sólo es básica y estratégica en términos productivos sino en términos de salud pública.
7. La Organización Mundial de la Salud afirmó que mil 200 millones de personas en el mundo tienen problemas de sobrepeso y obesidad. En México, 39 por ciento de la población padece sobrepeso y 30 por ciento obesidad. Tan sólo en las últimas dos décadas, la obesidad aumento más del 30 por ciento.
También, la niñez mexicana enfrenta este grave problema de salud, ya que 1 de cada 4 niños de 5 a 11 años tiene exceso de peso. Lamentablemente, se tiene como resultado de este mal la muerte de alrededor de 200 mil personas por año. Lo anterior, es agravado por el escaso consumo de frutas y verduras entre la población mexicana. Es importante señalar, por ejemplo, que la naranja es útil para la metabolización de las grasas, por lo que se le atribuye el poder de reducir el colesterol.
Además, la Secretaría de Salud mencionó que la tasa de mortalidad por infecciones respiratorias agudas, incluida la neumonía e influenza, fue de 572 niños de 1 a 4 años en 2005. La naranja, al contener vitamina C, ayuda a disminuir las enfermedades respiratorias, ya que una dosis de 200 miligramos o medio vaso de jugo de naranja natural diario, reduce la duración de una gripe en 8 por ciento en adultos y 13 por ciento en niños.
8. Por ello, el proponente enfatiza, con lo que esta comisión dictaminadora coincide unánimemente, que es necesario modificar la ley de manera pronta y efectiva para incorporar la naranja como producto agropecuario básico y estratégico, representando beneficios tanto productivos, sociales, económicos, de comercio internacional, de nutrición y de salud.
9. La comisión señala que el artículo 178 de la propia ley faculta al Ejecutivo, con los sistemas producto, a adicionar el listado de productos estratégicos y básicos, que menciona trece productos en once fracciones, haciendo notar que en ninguno de ellos se encuentra mencionada alguna fruta o verdura, pese a las recomendaciones nutricionales de instituciones internacionales, nacionales, así como estudios e investigaciones médicas, económicas y sociales.
En consecuencia, la comisión estima que la modificación del citado ordenamiento, siguiendo el proceso legislativo que detalla el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propicia un mayor nivel de certidumbre jurídica para el país, para los productores y para los consumidores, ya que esta metodología le da carácter permanente a la inclusión de un producto, en sentido contrario al mecanismo discrecional, con que la ley faculta al Poder Ejecutivo.
10. En esos términos, la comisión estima que la propuesta es viable jurídicamente al cumplir con los requisitos establecidos por la ley para la presentación de iniciativas de reforma, principalmente los de su fundamentación y su motivación.
11. En el mismo sentido, la suscriptora del presente dictamen subraya que la propuesta atiende también causales vinculadas a la salud pública, a la seguridad alimentaria, a la competitividad agropecuaria y que subsana un vacío jurídico y nutricional en el listado actual de productos agropecuarios básicos y estratégicos.
12. Por otro lado, de aprobarse el presente dictamen, la norma satisfaría los requisitos de certeza, necesidad y universalidad de la ley, toda vez que se probó a satisfacción de sus integrantes la viabilidad del proyecto y su alcance nacional.
13. Derivado de las anteriores consideraciones, la comisión considera que es susceptible de aprobarse en el presente dictamen la iniciativa en comento, para que forme parte el derecho vigente, que rige las relaciones productivas en materia agropecuaria del país, objeto de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Decreto que adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Artículo Único. Se adiciona una fracción XII al artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 179. ?
X. Carne de bovinos, porcinos, aves;
XI. Pescado; y
XII. Naranja.
Primero. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberá integrar y publicar un programa específico para el desarrollo y la producción de la naranja, con visión de sustentabilidad económica y social, a los 60 días naturales de la publicación de este decreto.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2008.
La Comisión de Desarrollo Rural
Diputados: Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), presidente; Gerardo Amezola Fonceca, José Víctor Sánchez Trujillo, César Augusto Verástegui Ostos, Modesto Brito González (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Israel Beltrán Montes (rúbrica), Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), secretarios; Juan Abad de Jesús (rúbrica), Ramón Barajas López (rúbrica), Osiel Castro de la Rosa, Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Gerardo Antonio Escaroz Soler, María Guadalupe García Noriega, Elda Gómez Lugo (rúbrica), Gustavo Macías Zambrano, Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Antonio Medellín Varela, Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), Francisco Javier Murillo Flores, Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García, Juan Victoria Alva, José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Irma Piñeyro Arias (rúbrica), Pascual Bellizzia Rosique.
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Honorable Asamblea:
La Comisión de Desarrollo Rural, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen:
Antecedentes
A la Comisión de Desarrollo Rural de la honorable Cámara de Diputados fue turnada para estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), para garantizar que las propuestas de las organizaciones de los sectores social y privado sean incorporadas en el programa especial concurrente, presentada por el diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 9 de octubre de 2007.
Consideraciones
En la Constitución y en la LDRS se destaca la importancia de las organizaciones de productores de los sectores social y privado. Sin embargo, las propuestas de las organizaciones no se hacen efectivas al momento de tomar las decisiones que tienen que ver con la planeación y la puesta en marcha de las estrategias para el desarrollo rural.
Sin duda, la LDRS, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2001, ha sido un valioso instrumento de planeación e implantación de políticas públicas tendente a promover, impulsar y orientar el desarrollo rural con una visión de integralidad y sustentabilidad.
La orientación de dicho ordenamiento no se circunscribe al aspecto productivo, económico y ambiental sino que, también, prevé, en el artículo 4o., que "para lograr el desarrollo rural sustentable, el Estado, con el concurso de los diversos agentes organizados, impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural".
Para lograr lo anterior, como se establece en la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la LDRS, para garantizar que las propuestas de las organizaciones de los sectores social y privado sean incorporadas en el programa especial concurrente, se requiere la participación de las organizaciones, en tanto que en la LDRS se prevé la participación social en la integración de los programas sectoriales y en las acciones relacionadas con el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, por lo que se crean diferentes figuras orgánicas y jurídicas para cumplir los objetivos que le dieron origen.
Entre esas figuras surge la comisión intersecretarial, que "coordinará las acciones y los programas de las dependencias y las entidades relacionadas con el desarrollo rural sustentable".
También se considera la figura de los "distritos de desarrollo rural", concebidos como "la base de la organización territorial y administrativa de las dependencias de la administración pública federal y descentralizada para la realización de los programas operativos de la administración pública federal que participan en el programa especial concurrente y los programas sectoriales que de él derivan, así como con los gobiernos de las entidades federativas y los municipales y para la concertación con las organizaciones de productores y los sectores social y privado".
No obstante, aun cuando en la Constitución y en la LDRS se destaca la importancia de las organizaciones de productores de los sectores social y privado, lo cual podemos ejemplificar con el contenido del artículo 25 constitucional, que señala: "Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación", nos encontramos con que las propuestas de las organizaciones sobre el PEC no llegan a ser integradas.
Como se señala en la misma iniciativa, el artículo 27 constitucional, en la fracción XX, establece la relevancia que tienen para la nación el desarrollo rural y el carácter de interés público de las organizaciones de los sectores social y privado. También destaca la importancia de la participación y la incorporación en el desarrollo nacional de los grupos organizados, ya que
I. Promover el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso;
II. Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada de las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable;
III. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria del país;
IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable; y
V. Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional.
La LDRS es muy específica en cuanto a la planeación del desarrollo rural, destacando su carácter democrático:
El artículo 13, fracción I, de la LDRS señala que "la planeación del desarrollo rural sustentable tendrá el carácter democrático que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes relativas. Participarán en ella el sector público, por conducto del gobierno federal; y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en los términos del tercer párrafo del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los sectores social y privado, a través de sus organizaciones sociales y económicas legalmente constituidas y demás formas de participación que emanen de los diversos agentes de la sociedad rural".
La presente iniciativa busca garantizar que en los procesos de planeación se mantenga y fortalezca el espíritu de la planeación democrática y participativa ordenado por las leyes, y que efectivamente estén representadas y sean reconocidas todas las organizaciones y actores sociales y privados del medio rural, sin discriminación por motivos de afiliación política o intereses de cualquier otro tipo. También de gran relevancia que sus propuestas, previo análisis y argumentación científica, sean no sólo "consideradas" como lo establece actualmente el artículo 14 de la LDRS, sino que la comisión intersecretarial promueva la participación y cree, con el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, mecanismos para garantizar que las proposiciones de las organizaciones sean planteadas al Ejecutivo para su incorporación en el programa especial concurrente.
Es atribución del Poder Ejecutivo, consagrada en el artículo 26 de la Constitución, conducir el proceso de planeación. Finalmente, es el Ejecutivo el encargado de la formulación y del todo proceso subsiguiente del Plan Nacional de Desarrollo, y de los programas sectoriales y especiales.
Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Desarrollo Rural somete el siguiente proyecto de
Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 14. ?
La comisión intersecretarial, en los términos del artículo 13 de este ordenamiento, promoverá la participación de las organizaciones del sector social y del privado y creará con el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable los mecanismos, como los tiempos, para que las proposiciones de las organizaciones que concurren a las actividades del sector puedan ser presentadas al Ejecutivo federal, para que de acuerdo con su pertinencia operativa y financiera puedan ser incluidas en el programa especial concurrente. Igualmente, incorporará los compromisos que conforme a los convenios respectivos asuman los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como establecerá las normas y los mecanismos de evaluación y seguimiento de su aplicación.
?
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 10 de septiembre de 2008.
La Comisión de Desarrollo Rural
Diputados: Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), presidente; Gerardo Amezola Fonceca, José Víctor Sánchez Trujillo, César Augusto Verástegui Ostos, Modesto Brito González (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Israel Beltrán Montes (rúbrica), Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), secretarios; Juan Abad de Jesús (rúbrica), Ramón Barajas López (rúbrica), Osiel Castro de la Rosa, Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica), Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Gerardo Antonio Escaroz Soler, María Guadalupe García Noriega, Elda Gómez Lugo (rúbrica), Gustavo Macías Zambrano, Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Antonio Medellín Varela, Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica), Francisco Murillo Flores, Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García, Juan Victoria Alva, José Amado Orihuela Trejo (rúbrica), Irma Piñeyro Arias (rúbrica), Pascual Bellizzia Rosique.
DE LA COMISIÓN DE MARINA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES ORGÁNICA, Y DE ASCENSOS DE LA ARMADA DE MÉXICO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Marina de esta LX Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar los artículos 4, 5, 11, 13, 23, 36, 38, 40, 42, 47, 54, 58, 66 y 81 de la Ley Orgánica de la Armada de México, así como los artículos 5, 11, 15, 16, 35, 38 y 41 de la Ley de Ascensos de la Armada de México.
Esta comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 71 fracción II y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado el contenido de la iniciativa en comento, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes
Antecedentes
1. En la sesión plenaria de la Comisión Permanente celebrada el 11 de julio de 2007, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión recibió la iniciativa citada en el proemio del presente dictamen, la cual fue presentada por el diputado Carlos Ernesto Navarro López en nombre de la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, ambos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y
2. En esa fecha, el Senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, mediante oficio CP2R1A.-1232, turnó a la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 4, 5, 11, 13, 23, 36, 38, 40, 42, 47, 54, 58, 66 y 81 de la Ley Orgánica de la Armada de México, así como los artículos 5, 11, 15, 16, 35, 38 y 41 de la Ley de Ascensos de la Armada de México, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.
3. Esta comisión dictaminadora inició un cuidadoso proceso de análisis y consulta, a efecto de elaborar el presente dictamen, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
Es una realidad indiscutible que en nuestro país la participación de las mujeres en la vida política y económica se ha ido incrementando de manera considerable en los últimos tiempos. Aunque tradicionalmente la carrera de las armas ha sido reservada exclusivamente para los hombres, aunque en la actualidad el número de mujeres que se incorpora a estas actividades es cada vez mayor, y en el caso de la Armada de México, el porcentaje de mujeres que se encuentra sirviendo en sus filas corresponde al orden del 14 por ciento.
Es necesario mencionar que en la Armada de México, fue desde 1995 que se permitió el acceso de las mujeres a la carrera de intendencia naval y desde 1998, a la de mecánica de aviación. Sin embargo, estos avances resultan insuficientes ante la necesidad de afirmación de los principios constitucionales que determinan la igualdad entre hombres y mujeres, ya que un Estado Social de Derecho debe responder a las necesidades planteadas por las militares, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4o. y 5o. constitucionales, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como de diversos ordenamientos internacionales encaminados a lograr un acceso efectivo de las mujeres a la igualdad de oportunidades, evitando la discriminación de género.
En el ámbito nacional, el informe sobre Indicadores de Desarrollo Humano y de Género, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo indica que "los avances institucionales y normativos en el ámbito de la equidad de género a nivel nacional, desarrollados en el contexto de la consolidación democrática del país, han abierto espacios importantes para la reflexión sobre el tema. No es exagerado afirmar que hoy en día México cuenta con valiosas herramientas para el diseño e implantación de políticas públicas que atiendan este problema. Con todo, la sensibilización y el acceso a esta información no han tenido el mismo efecto en todos los sectores de la sociedad mexicana y en su entramado institucional", por lo cual resulta indispensable actualizar nuestra legislación vigente en la materia, con el objeto de garantizar a todos los mexicanos y mexicanas condiciones de igualdad y equidad.
La evolución de la agenda nacional de equidad de género reafirma la importancia de la igual participación y plena ingerencia de las mujeres en todos lo esfuerzos que están encaminados al mantenimiento y la promoción de la democracia, la paz y la seguridad, al dotar a las mujeres de un ámbito de acción cada vez mayor en la toma de decisiones, lo cual implica de manera ineludible, avanzar en la integración plena de las mujeres en las fuerzas armadas.
Esta comisión conciente de la realidad actual que implica la igualdad y que en casos específicos requiere de circunstancias especiales, en términos de equidad y de justicia.
Por lo que los integrantes de esta comisión sometemos al Pleno de esta soberanía el presente proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Armada de México, y de la Ley de Ascensos de la Armada de México
Artículo primero. Se reforman los artículos 13, primer párrafo y 23, segundo párrafo; se adiciona el artículo 4, fracción I con un segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Armada de México, para quedar como sigue:
Artículo 4. La Armada de México está integrada por:
Esta Ley será aplicable sin distinción, garantizando la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
II. a III. ?
?
?
Artículo 23. ?
La Armada de México contará con los establecimientos educativos necesarios para preparar los recursos humanos que requiera a nivel técnico, técnico-profesional, profesional, especialización y posgrado, de acuerdo con los recursos financieros que le sean asignados, conforme a los principios de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mérito y capacidad.
Artículo segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 5o. de la Ley de Ascensos de la Armada de México, para quedar como sigue:
Artículo 5o. Los ascensos a que se refiere el artículo 3o. de la presente ley, serán conferidos de acuerdo a los resultados obtenidos en el concurso de selección para ascenso.
Esta ley será aplicable sin distinción, garantizando la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2008.
La Comisión de Marina
Diputados: Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), presidente; Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), secretarios; Efraín Arizmendi Uribe, Gerardo Buganza Salmerón, Adrián Fernández Cabrera (rúbrica), Leonardo Magallón Arceo (rúbrica), Luis Alonso Mejía García, Nabor Ochoa López, Pedro Pulido Pecero, Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Juan Victoria Alva (rúbrica), Higinio Chávez García (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla, Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez, José Luis Blanco Pajón (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto, Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), Mariano González Zarur (rúbrica), Arturo Martínez Rocha (rúbrica), Jorge Toledo Luis, Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Félix Castellanos Hernández.
DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA TRES PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY GENERAL DE SALUD
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y posterior dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto que adiciona tres párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud.
Las Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente
Metodología
II. En el capítulo correspondiente a "Contenido" se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.
III. En el capítulo de "Consideraciones" la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la minuta en análisis.
1. Con fecha 11 de diciembre de 2007, el senador Federico Döring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó al Senado de la República de la LX Legislatura, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley General de Salud.
2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.
3. El dictamen elaborado por las Comisiones mencionadas fue votado a favor y por consiguiente fue turnado al Pleno de la Cámara de Senadores para ser votado en sesión de fecha primero de abril de 2008.
4. Habiendo pasado a primera lectura en sesión de fecha primero de abril de 2008, el dictamen pasó a una segunda lectura para la sesión de fecha 3 de abril de 2008, en la cual fue votado a favor por 104 votos y ordenándose turnar a esta H. Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.
5. En sesión de fecha 8 de abril de 2008, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados ordenó se turnara la minuta en comento a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.
II. Contenido
La minuta con proyecto de decreto turnada a esta Comisión tiene por objeto adicionar tres párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud a fin de introducir el derecho al consentimiento informado del paciente en las actividades de atención médica descritas en dicho artículo.
En primer lugar, se establece la obligación de las personas que realizan actividades médicas de informar al paciente o a sus familiares respecto de la atención de su salud.
Posteriormente se establece el derecho del paciente a que, recibida la información, pueda negarse a recibir el tratamiento, a través de un acto otorgado mediante ciertas formalidades. Asimismo se indican las personas que podrán dar dicho consentimiento en caso de que el paciente no pueda darlo.
Finalmente se mencionan los casos en que podrá darse la intervención sin consentimiento, cuando la falta de aquélla pueda derivar en riesgo a la salud pública, o de daño irreversible o muerte para el paciente.
III. Consideraciones
En los últimos años, ha ido tomando conciencia entre los prestadores de servicios médicos la importancia de informar correctamente al paciente sobre las intervenciones y tratamientos que tiene como opción, a fin de que pueda estar en condiciones de tomar la mejor decisión al respecto y que ésta sea respetada por los prestadores de servicios.
Es en este contexto en el que ha surgido la figura del consentimiento informado, el cual puede definirse como la facultad del enfermo válidamente informado y libre de coacción, para aceptar o no la atención médica que se le proponga, siempre aplicando la autonomía y voluntad del paciente. Se ha considerado que dicho consentimiento debe de reunir los siguientes requisitos:
• Información, la cual debe ser comprensible y debe incluir el objetivo del tratamiento o del estudio, su procedimiento, los beneficios y riesgos potenciales y la posibilidad de rechazar el tratamiento o estudio una vez iniciado en cualquier momento, sin que ello le pueda perjudicar en otros tratamientos; y,
• Comprensión, entendiéndose como la capacidad de comprender que tiene el paciente que recibe la información.
Asimismo, debe de verse en esta figura un elemento que aporta cuestiones valiosas al derecho a la protección de la salud, amparado por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se ha comprobado que una mejor dinámica de la relación médico-paciente tiene como consecuencia una mejoría en la salud del último, ya que el médico se encuentra en una situación jurídicamente más segura para practicar el tratamiento o intervención correspondiente, mientras que el paciente cuenta con los elementos de información para decidir sobre cuestiones que afectan su salud personal.
En esta tesitura, ordenamientos jurídicos tanto nacionales como internacionales han establecido regulaciones destinadas a reconocer este nuevo hecho de la relación médico-paciente y esta nueva dimensión del derecho de protección a la salud.
A nivel nacional, bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en el año 2001 fue emitida la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes como un instrumento para orientar la prestación de servicios de salud. En el punto 5 de los 10 establecidos en dicho documento, se señala lo siguiente:
El paciente, o en su caso el responsable, en los supuestos que así lo señale la normativa, tiene derecho a expresar su consentimiento, siempre por escrito, cuando acepte sujetarse con fines de diagnóstico o terapéuticos, a procedimientos que impliquen un riesgo, para lo cual deberá ser informado en forma amplia y completa en qué consisten, de los beneficios que se esperan, así como de las complicaciones o eventos negativos que pudieran presentarse a consecuencia del acto médico."
Por otra parte, nos encontramos con que este derecho está previsto en términos generales dentro del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios Médicos, particularmente en su artículo 80, mismo que a la letra dice lo siguiente:
Artículo 80. En todo hospital y siempre que el estado del paciente lo permita, deberá recabarse a su ingreso autorización escrita y firmada para practicarle, con fines de diagnóstico o terapéuticos, los procedimientos medicoquirúrgicos necesarios de acuerdo al padecimiento de que se trate, debiendo informarle claramente el tipo de documento que se le presenta para su firma.
Esta autorización inicial no excluye la necesidad de recabar después la correspondiente a cada procedimiento que entrañe un alto riesgo para el paciente.
Por otra parte, en el año 1998 fue expedida una Norma Oficial Mexicana del expediente clínico (NOM-168-SSA1-1998), en la cual se tratan diversos aspectos relativos al consentimiento informado, definiéndose las cartas de consentimiento bajo información como documentos escritos, firmados por el paciente o su representante legal, mediante los cuales acepta, bajo debida información los riesgos y beneficios esperados, un procedimiento médico o, quirúrgico con fines de diagnóstico, terapéuticos o de rehabilitación.
A pesar de la regulación desarrollada en los cuerpos normativos mencionados, nos encontramos con que la Ley General de Salud no contiene disposición alguna relativa al consentimiento informado. Vemos que hay ciertas disposiciones dentro de dicha ley, tales como los artículos 100 fracción IV, 320 y 321, que hacen referencia al consentimiento otorgado por el paciente, pero circunscribiéndose éste a casos de investigación médica y donación de órganos, sin que en momento alguno se haga referencia al tratamiento médico en general.
La situación descrita en relación a la Ley General de Salud, tomando en consideración que el consentimiento informado se haya regulado en disposiciones reglamentarias y normas oficiales, no tendría mayor trascendencia si no fuera un hecho que el asunto en cuestión versa sobre un derecho muy importante del paciente dentro del marco del derecho fundamental a la protección de la salud y que como tal debe de estar reconocido en la ley constitucional relativa a ese derecho, que no es otra sino la Ley General de Salud.
Entrando al texto de la minuta, en el primero de los tres párrafos que se buscan adicionar al artículo 33 de la Ley General de Salud, se establece claramente la obligación del personal que desempeña actividades de atención médica (preventivas, curativas y de rehabilitación) de informar al paciente o a sus familiares sobre los procedimientos a aplicarse, lo cual considera esta Comisión dictaminadora que va acorde con lo que debe de entenderse por esta obligación y que esclarece más el tema en relación con las normas ya emitidas por el Poder Ejecutivo.
En el segundo párrafo de la minuta en estudio, la Comisión dictaminadora encuentra acertado el establecer una cierta formalidad para la manifestación de la voluntad del paciente en relación a su consentimiento para el tratamiento que se le quiere aplicar, todo en aras de obtener una mayor certeza jurídica para casos que puedan traer complicaciones legales. De igual manera se encuentra pertinente el orden de prelación para el caso en que el paciente no pudiera otorgar su consentimiento, dejando dicha decisión en manos de sus personas más allegadas y en último lugar al representante legal, con el objeto de que finalmente alguien pueda hacerse jurídicamente cargo de la situación.
Finalmente, se está de acuerdo con las excepciones al consentimiento informado, cuando la operación de éste pueda traer daños a terceros traducidos en riesgos para la salud pública, o bien para cuando exista riesgo de lesión irreversible o riesgo inminente de muerte. En este sentido, se considera que no bastaría el acto descrito en el segundo párrafo de la propuesta para hacer exigible al médico una conducta contraria a la destinada a evitarle daños irreversibles al paciente o a salvarle la vida.
Derivado de lo anteriormente señalado, los integrantes de la Comisión de Salud de la LX Legislatura aceptamos los términos de la minuta enviada por el Senado de la República.
Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud, con fundamento en lo dispuesto por el inciso A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Proyecto de decreto por el que se adicionan tres párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud
Artículo Único. Se adicionan tres párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 33. Las actividades de atención médica son:
Dentro de dichas actividades se tendrá la obligación de informar suficiente, clara, oportuna y verazmente al paciente o a sus familiares, así como orientarlos respecto de la atención de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnosticados, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen.
Recibida dicha información, el paciente podrá otorgar o no dicho consentimiento por escrito, ante dos testigos, validamente informado, para la realización de cualquier intervención y tendrá el derecho a rechazar o aceptar las opciones diagnosticadas o terapéuticas que se le informen. Ante la imposibilidad del paciente de tomar decisiones debido a su situación de gravedad o incapacidad lo podrán realizar alguna de las siguientes personas:
a. El cónyuge, los hijos mayores de edad, el concubino o la concubina;
b. Los padres o quien ejerza la patria potestad;
c. Los hermanos mayores de edad;
d. Los familiares mayores de edad hasta el tercer grado, y
e. A falta de todos los anteriores, el representante legal.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe, Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, María Mercedes Maciel Ortíz, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo, Fernando Enrique Mayans Canabal, Roberto Mendoza Flores, Elizabeth Morales García, Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho, Martha Rocío Partida Guzmán, Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Justicia le fue turnada la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de la:
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ANTECEDENTES
Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión en fecha 2 de agosto de 2006, el Congreso del Estado de Campeche, presentó la Iniciativa Proyecto de Decreto que Reforma el artículo 12 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en esa misma fecha, mediante oficios números CP.2R.3A.-1442 y CP.2R.3A.-1443, acordó se turnara dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, respectivamente, las cuales, previo análisis y estudio de la misma, presentaron el dictamen correspondiente ante el Pleno de la Cámara de Senadores, que fue discutido y aprobado en sesión de fecha 6 de marzo de 2008.
Tercero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 11 de marzo de 2008, se dio cuenta con el oficio número DGPL-2P2A.-4399, de 6 del mes y año en cita, mediante el cual la Cámara de Senadores remite la Minuta con Proyecto de Decreto que Reforman el artículo 12 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuarto. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, mediante oficio número D.G.P.L.60-II-3-1454, acordó se turnara dicha Minuta a la Comisión de Justicia, la cual presenta este dictamen al tenor de las siguientes consideraciones:
ANÁLISIS DE LA MINUTA
Primera. En la Minuta Proyecto de Decreto, la Cámara de Senadores propone reformar el artículo 12 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se establezca que los Gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, puedan ser representados en el juicio de amparo, por los titulares de las oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales.
Segunda. En el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas del Senado a las que fue turnada la iniciativa, se expresa que:
En ejercicio de la facultad de iniciativa que le confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 44 de la Constitución Política de la Entidad, el Congreso del Estado de Campeche, plantea la reforma del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, para establecer a favor de los Gobernadores de los Estados y Jefe del Distrito Federal, el derecho a ser representados directamente en el juicio de garantías por los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales, en los mismos términos en que lo son los órganos legislativos federales, los de los Estados y del Distrito Federal o, el Presidente de la República, respecto de los actos que se les reclamen.
La reforma se sustenta en un principio de equidad, que se estima ausente en el caso de los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a quienes no les asiste el derecho a ser representados en el juicio de amparo por los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales. Bajo esa tesitura, se concibe en el caso particular la finalidad de extender ese derecho a estos servidores públicos que, si bien, tienen la posibilidad de acreditar delegados para que en su nombre hagan promociones, concurran a audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos que la ley prevé, no pueden rendir los informes previos y con justificación. Esta circunstancia implica que en algunas ocasiones no se presenten oportunamente tales informes a la autoridad judicial federal, sin desestimar que para ello la propia ley impone a las autoridades responsables plazos generalmente breves, que no son prorrogables, y que la falta de cumplimiento de dicha obligación conlleva la imposición de infructuosas sanciones.
Tercero. Por lo que hace a las consideraciones de la Comisión de Justicia, de esta H. Cámara de Diputados, se expresa lo siguiente:
Conforme a una interpretación sistemática de los artículos 12 y 19 de la Ley de Amparo, tres son las formas en que las autoridades responsables pueden comparecer al juicio de garantías, a saber:
b) Por conducto de los funcionarios legalmente facultados en ausencia del titular del ente del Estado al que se reclamen los actos, es decir, en virtud de la suplencia; y
c) Por medio de la representación legal que, como excepción, esta forma de comparecencia se constriñe solamente a los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, que pueden ser representados directamente en el juicio por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales, y al Presidente de la República, que puede comparecer al juicio por conducto del Procurador General de la República, los Secretarios de Estado y por los Jefes de Departamento Administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecida en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
De lo anteriormente establecido, es obvio que a través de la reforma que se pretende en esta Minuta, se trata de facilitar y garantizar la defensa en los juicios de amparo de los actos de autoridad de los Gobernadores de los Estados y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para evitar las dificultades prácticas que su falta de representación en el juicio de garantías pudiere provocar, ya que no debe olvidarse que las facultades y obligaciones de estos servidores públicos se traducen también en una actividad incesante cuyo fin primordial es la satisfacción de las necesidades públicas, actividad que, por su trascendencia, no debe suspenderse ante cualquier eventualidad que imposibilite su presencia en el desarrollo de la misma.
Con la reforma que se pretende de este precepto, se podrían realizar a través de los representantes de los Gobernadores de los Estados y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, promociones antes y después de las audiencias, concurrir a éstas, rendir pruebas, formular alegatos y promover los incidentes y recursos previstos por la ley, con la única finalidad de no entorpecer la función realizada por las autoridades antes mencionadas.
Asimismo, el sentido y alcance de la iniciativa que se dictamina, además de los razonamientos expresados, a los cuales se acude para justificar la oportunidad de su vigencia, esta Comisión de Justicia considera que no se trastocan en la especie los principios fundamentales de legalidad, de seguridad jurídica, de unicidad ideológica y de congruencia, que el legislador debe atender siempre al buscar, con su primordial tarea, la más óptima ejecución de los instrumentos jurídicos en que se plasme una reforma.
Finalmente, se plantea la posibilidad de que los Gobernadores de los Estados y Jefe del Distrito Federal sean representados en los juicios de amparo en que sean partes aparece ya como una necesidad inaplazable, para facilitarles el desempeño de sus funciones esenciales, pues con independencia de la naturaleza de los actos que se les puedan reclamar, son autoridades responsables en todos los amparos contra leyes, por el acto de promulgación de las mismas, amparos que en su conjunto constituyen un gran volumen que hace materialmente imposible que estos servidores públicos puedan suscribir todos los correspondientes informes justificados y los demás escritos que sean requeridos durante el desarrollo del procedimiento del juicio.
Por ello, es de aprobarse la minuta en estudio, para los efectos del inciso A del artículo 72 constitucional, toda vez que la reforma planteada hará que los Gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, puedan ser representados en el juicio de amparo, por los titulares de las oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 12. Los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, así como los Gobernadores y Jefe de Gobierno de éstos podrán ser representados directamente en el juicio por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales, respecto de los actos que se les reclamen.
...
...
TRANSITORIO
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro; a 1º de diciembre de 2008.
La Comisión de Justicia
Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez, secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), Silvano Garay Ulloa, Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Omeheira López Reyna (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas, Jesús Ricardo Morales Manzo, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 19, 27, TERCER PÁRRAFO, 28, FRACCIÓN I, Y 33; Y ADICIONA EL ARTÍCULO 87, CON UN PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Justicia le fue turnada la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo primero del los Artículos 19; 27, tercer párrafo; 28, fracción I, y 33; y se adiciona un párrafo tercero al artículo 87, todos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen del:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ANTECEDENTES
Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión en fecha 11 de octubre de 2007, la Secretaría de Gobernación, presentó la Iniciativa Proyecto de decreto por el que se Reforma la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en esa misma fecha, mediante oficios números DGPL/2.-997 y DGPL/2.-998, acordó se turnara dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, respectivamente, las cuales, previo análisis y estudio de la misma, presentaron el dictamen correspondiente ante el Pleno de la Cámara de Senadores, que fue discutido y aprobado en sesión de fecha 6 de marzo de 2008.
Tercero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 11 de marzo de 2008, se dio cuenta con el oficio número DGPL-2P2A.-4398, de 6 del mes y año en cita, mediante el cual la Cámara de Senadores remite la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los Artículos 19; 27, tercer párrafo; 28, fracción I, y 33; y se adiciona un párrafo tercero al artículo 87, todos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuarto. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, mediante oficio número D.G.P.L.60-II-4-1246, acordó se turnara dicha Minuta a la Comisión de Justicia, la cual presenta este dictamen al tenor de las siguientes consideraciones:
ANÁLISIS DE LA MINUTA
Primera. En la Minuta Proyecto de Decreto, la Cámara de Senadores propone reformar los artículos 19, 27, tercer párrafo; 28, fracción I, 33, y se adiciona al artículo 87, un párrafo tercero de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se establezca la figura de la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo, adecuando el ejercicio de sus funciones y obligaciones a la realidad que impera en nuestros días y a las necesidades de la administración pública federal, estatal y municipal.
Segunda. En el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas del Senado a las que fue turnada la iniciativa, se expresa que:
De conformidad con el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente de la República, plantea reformas a los artículos 19, 27, tercer párrafo, 28, fracción I, y 33; y la adición de un tercer párrafo en el artículo 87, todos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, la adición y las reformas se sustentan en el interés de consolidar la figura de la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo, adecuando el ejercicio de sus funciones y obligaciones a la realidad que impera en nuestros días y a las necesidades de la administración pública federal, estatal y municipal.
En lo que se refiere a la reforma del artículo 19 de la Ley de Amparo, se cambia el sentido del supuesto que establece que las autoridades responsables "no pueden" ser representadas en el juicio de garantías, salvo las excepciones previstas en el primer párrafo del artículo 12 de la propia ley, por otro que abre la posibilidad de su representación -en sentido amplio, para todas sin excepción: federales, estatales o municipales- en los términos de las disposiciones aplicables. Advirtiéndose que, corresponderá a los ordenamientos que regulen la estructura interna de cada dependencia o institución definir la forma en que se ejercerá dicha representación.
Así también, se cambia el sentido del segundo párrafo del artículo 19 señalado en el párrafo precedente, pues consigna la obligación de las autoridades correspondientes de señalar en los acuerdos generales el mecanismo necesario para determinar la representación en los casos no previstos por los mismos. Es decir, de contemplarse como una facultad discrecional en el texto vigente, ahora es una obligación, precisándose, además, que dicha representación será en los términos que el Presidente de la República establezca en los acuerdos generales que al efecto se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, por las secretarías de estado, por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por la Procuraduría General de la República, según corresponda la atención del asunto de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en la ley. En la especie, se determina que los reglamentos interiores correspondientes señalarán las unidades administrativas en las que recaerá la citada representación.
Por otra parte, en el párrafo tercero, se hace referencia a la figura de la suplencia de las autoridades responsables en el juicio de amparo, y se inserta un texto más conciso. Por último, en cuanto a la reforma al artículo 19, se deroga el párrafo cuarto bajo el criterio de que el Procurador General de la República dejó de ser el consejero jurídico del Ejecutivo Federal y, por tanto, no debe representar al Presidente en los juicios de amparo.
Asimismo y para dar congruencia a las consideraciones precedentes, se realiza la reforma de los artículos 27, 28 y 33 de la Ley de Amparo, con la finalidad de adecuarlos a la propuesta de modificaciones que se plantean sobre el artículo 19 de la propia ley. En ese sentido, se precisa que las notificaciones se entenderán con los representantes de las autoridades, de conformidad con los acuerdos generales que se expidan, a efecto de no dilatar el procedimiento interno burocrático, objetivo primordial que se persigue con la reforma que se plantea.
Finalmente, en cuanto a la adición del tercer párrafo del artículo 87, se establece que las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión a través de sus representantes, en los términos de las disposiciones aplicables.
Tercero. Por lo que hace a las consideraciones de la Comisión de Justicia, de esta H. Cámara de Diputados, se expresa lo siguiente:
Actualmente, se contempla dentro de los artículos 12 y 19 de la Ley de Amparo, que existen tres formas en que las autoridades responsables pueden comparecer al juicio de garantías, a saber: a) de manera directa, que es la regla general; b) por conducto de los funcionarios legalmente facultados en ausencia del titular del ente del Estado al que se reclamen los actos, es decir, en virtud de la suplencia; y c) por medio de la representación legal que, como excepción, esta forma de comparecencia se constriñe solamente a los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal, que pueden ser representados directamente en el juicio por conducto de los titulares de sus respectivas oficinas de asuntos jurídicos o representantes legales, y al Presidente de la República, que puede comparecer al juicio por conducto del Procurador General de la República, los Secretarios de Estado y por los Jefes de Departamento Administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecida en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, sino que únicamente pueden acreditar delegados que comparezcan por ellas a formular promociones, así como que asistan a las audiencias, en las que ofrecerán pruebas, alegaran y formulen alegatos; asimismo, esos delegados pueden promover los incidentes que consideren oportunos (por ejemplo el de objeción de documentos) e interponer cualquier recurso a favor de las autoridades responsables, equivaliendo por tanto, dichos delgados a los autorizados del quejoso o del tercero perjudicado, a que hace mención el artículo 27 de la Ley de Amparo y que posteriormente se estudia.
De lo anterior, se desprende que en el juicio de garantías las autoridades responsables no pueden ser representadas, salvo que se trate de los órganos legislativos federales, de los Estados y del Distrito Federal o, del Presidente de la República, que como casos de excepción estableció el legislador con el fin esencial de prever la no distracción de la delicada y ardua labor parlamentaria, la innegable interrupción del ejercicio y cumplimiento de las facultades y obligaciones del titular del Poder Ejecutivo Federal o la interrupción de la actividad de los órganos de la administración pública y, por último, la falta en que por motivo de ausencia o impedimento puedan incurrir los titulares de los consabidos órganos al no rendir con oportunidad los informes previos y justificados.
Por otra parte de acuerdo con el criterio que ha sustentado el Poder Judicial de la Federación, la persona señalada delegada de la autoridad responsable, podrá participar en el juicio de amparo y sus promociones serán debidamente acordadas, solamente para el caso de que el juez federal haya acordado favorablemente esa designación, teniendo como delegado de la autoridad responsable a quien se haya designado, bajo la condición de que surta efectos esa resolución judicial.
Asimismo, cuando se hace uso de esta facultad de ser representado en amparo, debe acreditarse la personalidad por el que funge como representante del presidente, así como por quien suple a un Secretario de Estado.
Sin embargo, la posibilidad de que éstas sean representadas en los juicios de amparo en que sean partes, aparece ya como una necesidad inaplazable, para facilitarles el desempeño de sus funciones esenciales, pues, con independencia de la naturaleza de los actos que se les puedan reclamar, son autoridades responsables en todos los amparos contra leyes, por el acto de promulgación de las mismas, amparos que en su conjunto constituyen un gran volumen que hace materialmente imposible que estos servidores públicos puedan suscribir todos los correspondientes informes justificados y los demás escritos que sean requeridos durante el desarrollo del procedimiento del juicio.
Es por ello, que con la presente minuta, se pretende dar vigencia a un marco legal que facilite y garantice lo más eficazmente posible la defensa de los actos de las autoridades responsables que den motivo al amparo, para evitar las dificultades prácticas que su falta de representación en el juicio de garantías pudiere provocar. No debe olvidarse que las facultades y obligaciones de estos servidores públicos se traducen también en una actividad incesante cuyo fin primordial es la satisfacción de las necesidades públicas, actividad que, por su trascendencia, no debe suspenderse ante cualquier eventualidad que imposibilite su presencia en el desarrollo de la misma.
Cabe destacar que con la reforma al primer párrafo del artículo 19 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto de 2005, la intervención de los delegados acreditados por las autoridades responsables que no pueden ser representadas ni suplidas en el juicio de garantías, se amplió a casi todos los trámites o fases procesales del mismo, a saber: hacer promociones antes y después de las audiencias, concurrir a éstas, rendir pruebas, formular alegatos y promover los incidentes y recursos previstos por la ley. Pero, también lo es que esta ampliación de facultades no alcanzó a los informes justificados que deberán ser firmados por las propias autoridades y no por sus delegados.
Finalmente, esta Comisión de Justicia considera que los razonamientos realizados en el dictamen del Senado son atendibles porque adecuan la figura de la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo para adecuarse a la realidad social que impera en nuestros días.
Por ello, es de aprobarse la minuta en estudio, para los efectos del inciso A del artículo 72 constitucional, toda vez que la reforma planteada hará que se establezca la figura de la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo, adecuando el ejercicio de sus funciones y obligaciones a la realidad que impera en nuestros días y a las necesidades de la administración pública federal, estatal y municipal.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia, somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 19, 27, tercer párrafo; 28, fracción I, 33, y se adiciona el artículo 87 con un párrafo tercero de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 19. Las autoridades responsables podrán ser representadas en todos los trámites dentro del juicio de amparo en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, por medio de oficio, podrán acreditar delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta Ley.
El Presidente de la República será representado en todos los trámites establecidos por esta Ley en los términos que establezca en los acuerdos generales que al efecto se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, por las Secretarías de Estado, por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por la Procuraduría General de la República, según corresponda la atención del asunto de acuerdo con la distribución de competencias establecidas en la ley. Los reglamentos interiores correspondientes señalarán las unidades administrativas en las que recaerá la citada representación. En los citados acuerdos generales se señalará el mecanismo necesario para determinar la representación en los casos no previstos por los mismos.
Las autoridades podrán ser suplidas por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los reglamentos interiores que se expidan conforme a las leyes orgánicas respectivas.
Artículo 27. ...
...
Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo se entenderán con el titular de la Secretaría de Estado, con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o con la Procuraduría General de la República, que deba representarlo en el juicio de amparo o, en su caso, se estará a lo dispuesto en los acuerdos generales a los que se hace referencia en el artículo 19 de esta Ley. Las notificaciones a las que se hace referencia en este párrafo deberán ser hechas por medio de oficio dirigido a la residencia oficial que corresponda.
Artículo 28. ...
II. a III. ...
Artículo 87. ...
...
Las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión a través de sus representantes, en los términos de las disposiciones aplicables.
TRANSITORIO
Único. El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro; a 1º de diciembre de 2008.
La Comisión de Justicia
Diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Verónica Velasco Rodríguez, secretarios; Mónica Arriola, Alliet Mariana Bautista Bravo, Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Liliana Carbajal Méndez (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), Silvano Garay Ulloa, Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Omeheira López Reyna (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas, Jesús Ricardo Morales Manzo, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (rúbrica), Yadhira Yvette Tamayo Herrera (rúbrica).
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