Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE RESUELVE INTERPONER CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CONTRA EL PODER EJECUTIVO FEDERAL POR NO PUBLICAR LOS REGLAMENTOS DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS NAVARRO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en mi carácter de Diputado Federal, Carlos Ernesto Navarro López, miembro del Partido de la Revolución Democrática, presento a esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes
Desde 1998, la Comisión de Agricultura de la honorable Cámara de Diputados realizó una intensa tarea de consulta, de análisis y de discusión con todos los actores interesados en elaborar una ley que reglamentara la fracción XX del artículo 27 constitucional.
A lo largo de este proceso, participaron legisladores federales y locales, productores, jornaleros, mujeres, jóvenes, académicos e investigadores, representantes de organizaciones no gubernamentales, funcionarios de los tres niveles de gobierno y público en general.
El resultado final de este proceso fue la Ley de Desarrollo Rural, la cual fue aprobada en un primer momento por la Cámara de Diputados y posteriormente por la Cámara de Senadores.
Sin embargo, en enero del año 2000, Vicente Fox vetó dicha ley como su primer acto de gobierno para el campo, oponiéndose así la voluntad del Congreso de la Unión para reglamentar la actividad y las políticas publicas para el medio rural.
Esta decisión del gobierno federal constituyó una muestra de la resistencia que en ese momento aún mostraba, para que el Poder Legislativo ejerciera plenamente su función legislativa. Dicho por uno de los asistentes a un foro de consulta "el gobierno es el que ejecuta y el que legisla, el que presenta iniciativas y las reglamenta".
Con estos antecedentes, la LVIII retama el reto de impulsar nuevamente una ley en esta materia, dándose a la tarea de reformular la estructura de la ley vetada y aprobando por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable vigente.
Dicha ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre del 2001.
La LDRS habla por sí misma de las bondades que la caracterizan: tiene como eje rector el brindar certidumbre a la actividad rural, incorpora los lineamientos de la coordinación institucional, la federalización, establece los servicios y sistemas de atención rural, define los esquemas de apoyo, establece también las bases para la seguridad y soberanía alimentaria, sólo por mencionar algunos de los aspectos más importantes de la ley.
La aprobación de la misma, obedeció en su momento a un fuerte reclamo social que demandaba reglas en las políticas para el campo. Desafortunadamente, esto no ha sido posible del todo dado que aún no se tiene el siguiente nivel de aplicación que es el contar con su reglamento.
En este sentido, el artículo sexto transitorio, se señala que el Ejecutivo federal cuenta con un plazo de seis meses para emitir los reglamentos correspondientes, mandato de ley que a la fecha no se ha cumplido plenamente.
Textualmente, dicho artículo señala: "Sexto. El Ejecutivo federal expedirá dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, los reglamentos que previene este cuerpo normativo y las demás disposiciones administrativas necesarias. Asimismo, establecerá las adecuaciones de carácter orgánico, estructural y funcional para su debido cumplimiento".
De este último párrafo se desprende, que el reglamento o reglamentos derivados de esta ley deberían haber sido publicados antes del 7 de junio del 2002, lo que significa que a partir de esa fecha al día de hoy se han acumulado 1 mil 845 días de rezago para dar cabal cumplimiento al término previsto en la ley.
Cabe mencionar como antecedente, que en relación con este mismo asunto, el 25 de junio de 2003, el diputado Víctor Manuel Gandarilla Carrasco sometió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un punto de Acuerdo "hacer un respetuoso exhorto al Titular de Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la brevedad proceda a la publicación del Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de las reglas de operación de los programas de apoyo para los productores agropecuarios establecidos en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2003".
De manera que a la fecha, sólo existe el reglamento relativo al Sistema-Producto, mismo que fue emitido en el 2004 y que corresponde a un 8 por ciento, aproximadamente del conjunto de la LDRS. Actualmente, se tiene el antecedente que esta en proceso de reglamentación el funcionamiento del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.
La ausencia de reglamentación de toda la ley ha significado, en general considerables pérdidas para el país y en particular para los productores rurales.
Una expresión de esta pérdida es el incremento de la migración, en tan sólo 5 años, han emigrado 3 millones 500 mil mexicanos a los Estados Unidos o a las grandes y medianas ciudades del país, la mayoría proveniente del campo.
La simulación, la omisión, la discrecionalidad se ha hecho práctica común de los funcionarios del gobierno federales responsables de la aplicación de esta ley, al amparo de no contar con la reglamentación que permita su observancia.
Para tener un respaldo en su proceder, la burocracia ha buscado apoyarse en voluminosas reglas de operación, que son complicadas y difíciles de entender y aplicar en su conjunto.
Actualmente, para los programas del campo, entre reglas de operación, normas y lineamientos suman más de 10 mil páginas.
Se considera que de contar con todos los reglamentos de la LDRS, se abatirían considerablemente las deficiencias y trabas arriba mencionadas.
Tomando en cuenta lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se resuelve presentar controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo federal por no haber dado cabal cumplimiento a los términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que señala un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para emitir los reglamentos correspondientes de dicha ley.
Segundo. Se turne este asunto a la Comisión de Vigilancia para que dictamine lo procedente, en relación con la posible responsabilidad de los servidores públicos encargados de cumplir con tal disposición de ley, por la causal de omisión y simulación en el cumplimiento de la LDRS y sus impactos en la ejecución eficiente y oportuna de los programas para el campo.
Dado en el Casona de Xicoténcatl, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 4 de julio de 2007.
Diputado Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica)
(Returnada a la Comisión de Gobernación. Agosto 31 de 2007.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL INICIO DE LOS PROCESOS DE FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS CONTRA LA EMPRESA GUTSA, INFRAESTRUCTURA, SA DE CV, Y LA INHABILITACIÓN CORRESPONDIENTE, A CARGO DEL DIPUTADO HUBERTO ZAZUETA AGUILAR, EN NOMBRE DEL DIPUTADO HUGO EDUARDO MARTÍNEZ PADILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 26 de junio del presente año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, rescindió dos contratos de obra para el mantenimiento de la Autopista del Sol a la empresa Gutsa, Infraestructura, SA de CV, por incumplimiento de los términos de los contratos establecidos con esa firma.
Las autoridades del ramo informaron que las obras inconclusas por Gutsa, a partir de esa fecha, estarían a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), con un costo aproximado de 20 millones de pesos, a cargo del erario federal para concluirse en un plazo de 60 días.
Cabe señalar que Gusta es integrante de un selecto grupo de corporativos del ramo de la construcción que tiene el mayor número de contratos de obra pública en el país, tanto de la iniciativa privada, como de los gobiernos estatales y federal. Ha sido beneficiaria del Fideicomiso para el Apoyo de Rescate de Autopistas Concesionadas, (FARAC) y del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, (Fobaproa).
Estuvo involucrada en proyectos que en su momento fueron cuestionados en su calidad de ejecución como la torre del Hotel de México, denominada World Trade Center.
En el año de 2005, el gobierno federal a través del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), le otorgó la licitación a esta empresa para construir la nave principal de la (Mega) Biblioteca "José Vasconcelos", siendo una de las tres empresas que ganaron la licitación.
El soporte de la presente proposición, se fundamenta en las irregularidades identificadas siguientes:
1. En el año 2003, Gutsa obtuvo de manera irregular de Capufe, debiendo ser del FARAC, (órgano encargado desde 1993 de administrar, operar y cubrir los gastos de mantenimiento de la Autopista del Sol), dos contratos para la rehabilitación de 59.7 kilómetros entre Cuernavaca y Acapulco, por un monto original de 335 millones 190 mil pesos y un tiempo de ejecución de 270 días. Dichos contratos forman parte de un paquete de mil 500 millones de pesos de inversión destinados a la rehabilitación de esta autopista del país.
Esta irregularidad consiste en que la asignación de los contratos estuvieron viciados de origen y en que la empresa sólo cumplió en un poco más de 30 por ciento, registrando un retraso de mil 200 días.
En octubre de 2005, Gutsa reclamó una indemnización de 100 millones 260 mil 553 pesos por concepto de pérdidas económicas atribuibles a presuntas fallas imputables a la paraestatal. Dicho monto, fue autorizado indebidamente por Capufe y el pago se realizó dos días antes de concluir el periodo gubernamental de Vicente Fox Quesada, con recursos del FARAC.
El daño patrimonial de esta irregularidad asciende a un total de 133 millones 341 mil 553 pesos, el cual se compone por:
• 13.81 millones de pesos ejercidos de más a lo estipulado en los contratos; 100 millones 260 mil 553 pesos por concepto de la indemnización a Gutsa, y 20 millones de pesos por concepto de lo que costará concluir las obras.
2. La empresa Gutsa participó en el montaje de la estructura de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mediante contrato 09085002-042-05, cuyo monto original era de 597 millones 400 mil pesos y ascendió a 727 millones 400 mil pesos, rebasando en 130 millones de pesos lo previsto en el contrato, cuyo monto ya fue cubierto.
El daño patrimonial de esta irregularidad asciende a 130 millones de pesos.
El daño patrimonial a la nación de las irregularidades detectadas asciende a un total de 263 millones 341 mil 553 pesos.
Ante las evidencias de que la empresa Gutsa, Infraestructura, SA de CV, ha incurrido en violaciones a la normatividad establecida en los artículos 59, 60, fracciones I, II y III, 61 y 63 la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en los artículos 46, fracción I, 47, 48, y 49 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicito a esta soberanía, apruebe la proposición del punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Función Pública, informe sobre el inicio del proceso para inhabilitar a la empresa Gutsa, Infraestructura, SA de CV y cancelar de manera definitiva la licencia para construir cualquier tipo de obra.
Asimismo, con la información de que la Secretaria de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación han iniciado la auditoría correspondiente para deslindar responsabilidades a funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que informe a esta soberanía sobre el inicio del procedimiento del fincamiento de responsabilidades resarcitorias a la empresa Gutsa por las irregularidades detectadas y las que resulten y a los servidores públicos a que haya lugar.
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través del titular de la Secretaría de la Función Pública informe a esta soberanía por conducto de la Comisión de la Función Pública, y a la ASF en el ámbito de su competencia, sobre el inicio del procedimiento del fincamiento de responsabilidades resarcitorias contra la empresa Gutsa Infraestructura, SA, de CV.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública para que inicie e informe a esta soberanía sobre el proceso para inhabilitar a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, por el daño patrimonial ocasionado al Estado mexicano.
Salón de Sesiones, Comisión Permanente, a 18 de julio de 2007.
Diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla (rúbrica)
(Returnada a la Comisión de la Función Pública. Agosto 31 de 2007.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RETIRAR EL ANTEPROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
México, DF, a 31 de agosto de 2007.
Diputado Ector Jaime Ramírez Barba
Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados
Presente
Me permito comunicarle que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del diputado César Horacio Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que retire el anteproyecto de decreto mediante el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud.
La Presidencia dispuso que dicha propuesta se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Exposición de Motivos
Desde hace dos meses varios legisladores hemos venido alertando de una serie de medidas regulatorias que el Poder Ejecutivo quiere instrumentar con las. cuales se pretende legislar sobre temas que afectan al sistema de salud pública nacional porque impactan de forma negativa el cuidado y la prevención de los riesgos sanitarios, al amparo de convenios y compromisos comerciales internacionales que se contrajeron a espaldas del Senado de la República, como fueron las Cartas Paralelas para la apertura del mercado farmacéutico nacional.
Para sustentar mis afirmaciones me permito mostrar ante ustedes dos documentos que prueban la necesidad de que sea el Congreso de la Unión quien emita un enérgico exhorto para que el Ejecutivo tome en cuenta las genuinas preocupaciones en el reglamento de la Ley General de Salud que tienen que ver con la protección de los datos clínicos de los registros sanitarios. La primera prueba que aquí les muestro, es la carta de la señora Karen Zens, ministra consejera para Asuntos Comerciales de la Embajada de los Estados Unidos en México, y el segundo documento es la carta de la subsecretaria de Economía Beatriz Leycegui Gardoqui, en las que curiosamente el mismo día y a la misma hora ambas funcionarias pidieron a nombre de los gobiernos de México y de los. Estados Unidos hacer exactamente la misma adición, con idéntica redacción, introduciendo un párrafo final al artículo 167 de el Reglamento de Insumos para la Salud, que si llegara a aprobarse equivaldría a conceder una prórroga subrepticia a las patentes farmacéuticas de los laboratorios innovadores, en perjuicio de la economía popular, cuando lo que se requieren mas que nunca son medicamentos genéricos con calidad terapéutica y a precios accesibles.
Me refiero concretamente a la conexión que existe entre las modificaciones y aplicación del artículo 376 de la Ley General de Salud y de los artículos 168, 190 Bis I y 190 Bis II, con esa pretendida adición al artículo 167 Bis del Reglamento de Insumos para la Salud.
Con estas modificaciones se trata de abrir la frontera de México a la importación de medicamentos de todo el mundo y restringir al máximo la participación de la Industria Farmacéutica Nacional en el abasto de Medicamentos Genéricos con precios accesibles para el mercado de escasos recursos económicos que representan más de 47 millones de mexicanos que no están cubiertos por el paraguas de la seguridad social.
Las medidas no solo pretenden dificultar la participación de la Industria Nacional sino que a través de la extensión de las patentes más allá de los 20 años que ya tienen –lo que parece demasiado–, ahora persiguen un mecanismo basado en los requisitos que establece el artículo 376 de la Ley General de Salud, que obligaría a la industria a tener que pagar regalías al innovador para poder fabricar y comercializar medicamentos genéricos que en todo el mundo son de libre acceso después de los 20 años de vigencia de la patente.
Esta estrategia en contra de la industria farmacéutica nacional se inició el 14 de septiembre del 2005, cuando el entonces presidente de la república Vicente Fox Quesada, vetó el artículo 222 de la Ley General de Salud que había sido aprobado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Por todo lo expuesto y haciendo entrega a esta Secretaría de la Comisión Permanente de las dos pruebas documentales que exhibo para que consten en el Diario de los Debates, solicito a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión se apruebe el siguiente punto de acuerdo solicitando al Ejecutivo federal para que en materia de riesgo sanitario y fabricación de medicamentos observe las consideraciones establecidas por el Congreso de la Unión, demandando que retire el anteproyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud, en virtud de la trascendencia que tienen estos asuntos en la vida del país.
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que retire el anteproyecto de decreto mediante el que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud, considerando las observaciones del Congreso de la Unión en esta materia, en virtud de la enorme trascendencia que tienen estos asuntos para la seguridad sanitaria del país y para la salud pública de la población nacional.
Segundo. Se solicito que el presente punto de acuerdo sea turnado a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.
Sala de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. México, DF, a 28 de agosto de 2007.
Diputado César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica)
(Turnada a la Comión de Salud. Agosto 31 de 2007.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA CUMPLIR LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS Y OBSERVAR EL PRINCIPIO PRECAUTORIO; Y SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES A INFORMAR SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LOS CONVENIOS SIGNADOS POR LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE MAÍZ DE MÉXICO, FILIAL DE LA CNC, Y LA EMPRESA MONSANTO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ADRIANA DÍAZ CONTRERAS Y CARLOS NAVARRO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Diputado Carlos Navarro López a nombre de la Diputada Adriana Díaz Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución con base en las siguientes:
CONSIDERACIONES
Con sorpresa observamos el pasado 18 de abril la firma de un Convenio entre la Confederación Nacional de Productores de Maíz de México, filial de la CNC y la empresa Monsanto. Esto, que en un inicio consideramos como un acuerdo entre particulares, hoy toma una dimensión que compete al ámbito público. El pasado primero de junio apareció en los medios impresos un desplegado firmado de manera conjunta entre estos dos actores en los que dan a conocer a la sociedad los objetivos del citado convenio.
Entre otros objetivos señala el desplegado, que el Convenio "atiende a la necesidad de reducir la brecha tecnológica en semillas, en un contexto de crisis de las cadenas maíz-tortilla y del sector pecuario..."
Insistir que una tecnología particular es la solución a la crisis resulta cuestionable por varios motivos. En primera instancia la tecnología de los transgénicos fue diseñada para la problemática específica de Estados Unidos y es controlada esencialmente por una empresa trasnacional: Monsanto.
La introducción de esta tecnología, lejos de ayudar a nuestros productores creará mayor dependencia tecnológica en un sector tan importante como es la producción de semillas. La semilla es el insumo fundamental para el éxito de la cosecha, se calcula que el 60% de responsabilidad en la producción de una parcela depende de este insumo.
En México el total nacional de uso de semillas mejoradas ó certificadas corresponde tan sólo al 25% de la producción, es decir sólo una cuarta parte de las unidades de producción utilizan semillas mejoradas. De este 25%, el 92% lo comercializan las empresas privadas. Hace apenas dos semanas los productores de Sinaloa exigieron a la Sagarpa un programa que los ayude a abatir los costos de producción. Alonso Campos, Presidente del Consejo Estatal del Sistema Producto Maíz insistió en que este programa implica evitar mayores incrementos al precio de la semilla. Puntualizó diciendo "Esperamos que las autoridades consideren la propuesta de imponer un control a empresas como Monsanto y Pioneer… para frenar los constantes incrementos"i
Hoy en el mundo entero es claro que las semillas son un negocio multimillonario que se concentra en unas cuantas manos y que busca apropiarse de la riqueza genética de los países que la ha protegido y reproducido a lo largo de los siglos. Mientras que en estados Unidos el costo de 1000 semillas es de 1.34 dólares, en México esas mismas 1000 semillas se venden a 2.00 dólares.
¿Qué sucedería con las semillas transgénicas en nuestro país? Si sabemos que el costo de la semilla transgénica en Estados Unidos es considerablemente superior a la semilla no modificada genéticamente. La comparación de costos de semilla de maíz Bt es 33.05 dólares por acre y la semilla no modificada sembrada por agricultores estadounidenses es de 28.74 dólares por acre en el Estado de Iowa.ii
Por ello, como legisladores nos parece esencial responder de manera responsable si de acuerdo a la situación nacional ¿es realmente el maíz transgénico una alternativa para los agricultores mexicanos?
En Estados Unidos, Charles Benbrook, del Departamento de Agricultura ha señalado que hasta 2003 la introducción de transgénicos significó un aumento de uso de agroquímicos de 23 millones de kilogramos. Con la semilla transgénica los agricultores perdieron 92 millones de dólares porque gastaron mucho más que si hubieran sembrado maíz convencional.
Otros estudiosiiihan demostrado que en tres años consecutivos, que se evaluaron siete pares de híbridos de maíz, comerciales y sus transgénicos más próximos; los híbridos no transgénicos produjeron cosechas superiores en términos de granos cosechados y de acumulación de nitrógeno. Bajo las condiciones experimentales, no se encontró ninguna ventaja en los transgénicos en comparación con sus contrapartes convencionales cuando la infestación con barrenador del maíz europeo fue moderada y baja.
Para tener más elementos para responder responsablemente la pregunta vale la pena retomar las ponencias que investigadores de primer orden expusieron en el Senado de la República el pasado 7 de marzo en el Seminario que sobre el tema organizó la Comisión de Desarrollo Rural presidida por el Senador Heladio Ramíreziv. Entre otros, el Dr. Soberón del Instituto de Biotecnología de la UNAM señalo "el maíz transgénico originalmente se creó para controlar las plagas de Estados Unidos. Mediante estudios realizados en su laboratorio se ha demostrado que la toxina presente en el maíz transgénico que existe en el mercado no es tan eficiente para la plaga principal presente en México, que es Spodoptera frugiperda, conocido como gusano cogollero. Aclaró "que diferentes poblaciones en diferentes regiones del mundo son susceptibles de diversas maneras a las toxinas, por lo que tenemos que hacer estudios precisos sobre las plagas que nos aquejan y encontrar las toxinas que podemos ocupar."
Por otra parte es importante mencionar que esta tecnología ha sido rechazada por la mayor parte de los países de la Comunidad Europea para su siembra y por consumidores de trigo en Canadá por ser este la base de su alimentación, situación que ha obligado a estas empresas a buscar nuevos mercados. En el Seminario citado el Dr. José Sarukhán Kermez mencionó que "A nivel mundial, existen diversos niveles de rechazo por parte de los consumidores a los alimentos que contienen productos genéticamente modificados, por la incertidumbre sobre los riesgos a la salud que pueden implicar el consumo de esos productos. El trigo simplemente no se ha usado como modelo para el desarrollo de transgénicos, porque es consumido por los países europeos, por los países desarrollados, que son altamente resistentes a estas ideas. Mientras que el maíz sí, y en buena medida porque es una planta, es una fábrica muy eficiente, eso es un elemento muy importante y por otro lado porque en el país en que se ha desarrollado esto no es un alimento importante para la gente, lo es para el ganado, lo es para la industria, pero no 10 es como alimento humano." Resaltaba el Dr. José Sarukhán Kermez "aquí tenemos una cosa que no podemos ignorar. El significado de esto para los Estados Unidos es muy diferente que el significado de esta cuestión para países como México o para los países consumidores de maíz."
Finalmente no podemos dejar de lado cierta suspicacia frente al reciente altruismo de Monsanto, pues recordamos con claridad las declaraciones a fines de 2005 del Director de la Compañía para Latinoamérica, Ernesto Fajardo. Enfáticamente señalo a la Revista Poder y Negociosv "si en un periodo de tres a cuatro años no se logra el permiso para cultivar maíz transgénico en México, la compañía bajo su cargo estudiaría la posibilidad de retirarse del país." Señalaba Fajardo que "en cinco años esperan que los transgénicos representen en México entre 75 y 80 por ciento de su negocio. Con tres plantas de acondicionamiento de semillas y una de agroquímicos, la empresa quiere sacar provecho a sus tres centros e investigación nacionales y a la inversión de casi 40 millones de dólares que han realizado en México desde hace una década".
Es evidente en esta declaración y en la larga historia de la empresa que incluye la demanda a productores de canola en Canadá, el embargo de la producción de soya transgénica argentina en puertos europeos para exigir el pago de regalias no se ha observado ninguna seña de altruismo.
Por ello, llama la atención que apenas la semana pasada Monsanto anunciovique "desarrolla un maíz blanco -que es de consumo básico de México- resistente a sequías para ayudar a los países en desarrollo, los cuales para utilizarlo no deberán esperar a que sea avalado en las naciones de primer mundo." Esta ayuda se puede interpretar como la desesperada necesidad que tiene esta empresa de colocar sus productos en nuestros países en donde se supone no encontraran trabas.
Esta declaración es inadmisible, su supuesta ayuda significa entonces que consumamos productos que han sido rechazados en el mundo entero, en particular en las naciones desarrolladas. Este trato de país sin regulación debe ser rechazado, como país somos signatarios del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de la Biotecnología y además contamos con una Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que si bien ha sido profundamente criticada es vigente y debe ser contemplada.
La Ley contempla en su artículo segundo, fracción XI la adopción del Régimen de Protección Especial del maíz. El objetivo de esta fracción es proteger al maíz en virtud del carácter que México tiene como centro de origen de este grano, para preservar su diversidad para beneficio del país y la humanidad. Para ello se cuentan con importantes opiniones de científicos nacionales y extranjeros, baste mencionar que la semana pasada el Dr. Major Goodman integrante de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos señaló "México debe actuar para que su maíz no se contamine con transgénicos, insistió en que el gobierno mexicano debe ser cuidadoso en admitir la siembra de maíces genéticamente modificados, y sólo cuando tenga la certeza de los beneficios alimenticios o farmacéuticos evaluar si los acepta, ya que lo más importante es la preservación de las razas y variedades del maíz."
O bien las mismas opiniones del Dr. José Sarukhán Kermez que mencionó en el Seminario realizado en el Senado de la República. "en México, el tema se complica aún más por ser nuestro país centro de origen del maíz y por poseer 41 razas reconocidas de maíces ancestrales que pueden perderse, según algunos especialistas, al contaminarse genéticamente con los maíces transgénicos... Tenemos que cuidar nuestra biodiversidad, generar nuestras propias investigaciones y a la vez aseguramos que los recursos que nos ofrezca la biotecnología sean para liberamos, no para sometemos a dependencias indeseables que prolonguen nuestra pobreza y profundicen nuestra incertidumbre."
Finalizó diciendo ‘’No creo que el problema de abastecimiento de comida, de alimentos, para el mundo y para México es un problema que tiene que ver con el uso de una tecnología, sino cómo diablos alcanzamos agricultura intensiva y sustentable para producir ese alimento, en el mundo y en México... no hay una sola tecnología que vaya a resolver los problemas de producción alimentaria. Desde luego no los transgénicos ni ninguna otra y tampoco la agricultura altísima tecnificada, ignorante de los costos ecológicos que el uso de esa agricultura tiene en el mundo."
Por ello la introducción de maíz transgénico en México debe ser evaluada de acuerdo a las necesidades nacionales y no por la presión de empresas trasnacionales y de quienes reciben beneficios de ellas. Se debe proteger a nuestro maíz, fortaleciendo las ventajas comparativas de nuestras variedades especiales y promoviendo denominación de origen de tipos de maíz y sus productos como un patrimonio de la Nación.
En este el Convenio entre la Confederación Nacional de Productores de Maíz de México, filial de la CNC y la empresa Monsanto debe ser revisado con detenimiento por las autoridades competentes y evitar-la presión que se pueda ejercer por intereses particulares.
Por todo lo anterior, me permito poner a consideración de esta Comisión permanente la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución:
Primero. Se solicita a los Secretarios Integrantes de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados a que cumplan cabalmente con La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados respetando el objetivo del Régimen de Protección Especial del Maíz y contemplen la estricta observancia del Principio Precautorio base del Protocolo de Cartagena.
Segundo. Se exhorta a las autoridades universitarias agropecuarias y de instituciones gubernamentales a que informen sobre su participación en el Convenio signado por la Confederación Nacional Productores de Maíz de México, filial de la CNC y la empresa Monsanto.
Cámara de Senadores, a 6 de junio de 2007.
Notas
i Matilde Pérez, La Jornada, Sociedad y Justicia p 37. Martes 22 de mayo 2007.
ii Michael Duffy, 200 l. Presented at the American Seed Trade Association Meeting. Chicago, II
iii B.L. Ma y K.D. Subedi. 2005. Crops Research 93: 199-211. SDA.
iv Comisión de Desarrollo Rural. Sesión del 7 de Marzo de 2007. Versión Estenográfica. http://www.senado.gob.mx/comisiones/LX/desarrollorural/content/actas reuniones/acta _reuniones index.htm
v Poder y negocios. Edición No.14/ 25 de noviembre de 2005
vi Angélica Enciso, La Jornada. Martes 22 de mayo 2007.
Diputado Carlos Navarro López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, A LOS ESTATALES Y LOS MUNICIPALES, Y A LAS AUTORIDADES LABORALES Y A LAS MILITARES A RESPETAR PLENAMENTE EL DERECHO DE HUELGA Y LOS LABORALES Y DE SEGURIDAD DE LOS MINEROS DE TAXCO, GUERRERO; SOMBRERETE, ZACATECAS; Y CANANEA, SONORA, A CARGO DE LOS DIPUTADOS CARLOS NAVARRO LÓPEZ Y MODESTO BRITO GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en nuestro carácter de diputados federales, Carlos Ernesto Navarro López y Modesto Brito González, miembros del Partido de la Revolución Democrática, presentamos a esta soberanía el punto de acuerdo que se expresa a continuación, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes
Durante los últimos años y muy particularmente en la administración de Vicente Fox Quezada se vivió una frecuente inseguridad en las condiciones de trabajo y un clima de hostigamiento hacia los mineros. Pasta de Conchos es por todos recordada como el caso mas patético de omisión gubernamental, donde las autoridades laborales abandonaron la revisión obligatoria de las condiciones de trabajo. Se trató indudablemente de una irresponsabilidad patronal, sólo por ahorrarse unos pesos, pero significó la muerte de más de 60 mexicanos. Seguramente la mayor tragedia que ha tenido este sector en nuestro país.
Inmediatamente después como todos recordamos, el enfrentamiento en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas y sus consecuencias por no atender un conflicto sindical con la legalidad y oportunidad que se requiere.
Las autoridades laborales cimentaron su acción en la calificación de un proceso electoral basado en firmas apócrifas y mantuvieron a los dirigentes durante el resto de la administración foxista.
A la fecha no se ha sancionado a quienes permitieron ese acto fraudulento, tampoco se tiene claridad sobre el origen y el destino de los varios millones de dólares que se encuentran aun en controversia.
Las sanciones han sido para funcionarios menores, ya que actualmente varios de los identificados como responsables se encuentran prófugos. El ex secretario del ramo no ha sido llamado a cuentas en la investigación en curso, cuando es de todos conocido el papel protagónico que jugó.
En conclusión, vivimos un proceso que se caracteriza por la ausencia de democracia con una turbia acción gubernamental y con la constante intromisión de intereses económicos que desvirtúan y ponen en riesgo la vida sindical.
Por ello, el día de hoy es fundamental ratificar el respeto de los derechos laborales y sindicales consagrados en la constitución, principalmente el derecho de huelga, así como hacer patente la solidaridad con el movimiento obrero para la defensa de sus derechos sociales, mismos que fueron un pilar de la revolución mexicana.
Por ello expresamos nuestra solidaridad con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la Republica Mexicana en sus demandas y en su huelga instalada en las minas de San Martín Sombrerete, Zacatecas, de Cananea, Sonora, y de Taxco, Guerrero y demandamos su atención con la ley en la mano.
Asimismo, expresamos nuestra profunda preocupación porque la declaración de inexistencia de la huelga representa una respuesta burocrática de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ante los evidentes hechos de inseguridad en el campo laboral, no existe mayor evidencia que lo sucedido en Pasta de Conchos.
Demandamos también una solución política, sustentada en el dialogo y en el respeto a los derechos de la clase obrera, no podemos permitir que se retome el camino del gobierno anterior, que alteraron documentos y copiaron firmas para justificar con ello acciones de represión. Decisiones todas ellas que complicaron más la situación política.
Consideraciones
Primero. Que el sector minero durante la historia mexicana a manifestado el reflejo de la inconformidad social existente frente a los abusos de poder y de exclusión social expresado por un sector del capital de pocas miras y alta vocación explotadora de la mano de obra que recuerda la fase del capitalismo salvaje del siglo XVIII y XIX .
Segundo. Que los derechos laborales forman parte de la columna vertebral de las garantías sociales e individuales consagradas en nuestra carta magna; mismos que se encuentran más allá de interpretaciones de carácter partidario e ideológico. Y que su salvaguarda corresponde a la defensa de un principio sustantivo que funda el equilibrio entre los factores de la producción.
Tercera. Que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana emplazó a huelga el 30 de julio del año en curso al grupo Minera México en las poblaciones de Cananea, Sonora, San Martín, Zacatecas y en Taxco Guerrero, sustentando su protesta en el incumplimiento del contrato en materia de seguridad industrial. Y que en declaración del secretario de asuntos políticos del aludido sindicato, Carlos Pavón, 3 mil mineros están en huelga pues señaló que es necesario cambiar rápidamente las condiciones de seguridad manifestando que "sólo en la mina de San Martín, donde se producen mil 400 toneladas de concentrado de zinc; 7 mil 200 toneladas de plata, y 690 toneladas de cobre, se requeriría invertir por lo menos 20 millones de dólares para solucionar cabalmente las faltas de seguridad".
Cuarta. Que el Poder Judicial de la Federación falló en favor del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), al otorgarle el amparo que de manera provisional suspende el dictamen de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que declaraba inexistente la huelga en la mina de Taxco, Guerrero, manteniéndose de este modo, " la legalidad de los paros en Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, sección 17 de Industrial Minera México, SA de CV, unidad de Taxco, Guerrero."
Quinta. Que han existido amenazas e intimidaciones de despido por el ejercido de un derecho pleno de los mineros en boca de Salvador Rocha, representante legal de la empresa Minera de México, quien señaló el día 10 de agosto "que fue entregada ante la JFCA la notificación que da por terminada la relación laboral con alrededor de 2 mil 300 trabajadores, ya que ninguno se incorporó a su puesto asignado en las minas de Taxco, Guerrero; San Martín Sombrerete, Zacatecas y Cananea, Sonora, en el plazo de 24 horas fijado por la autoridad laboral."
Que este exceso de lenguaje de abuso de poder pretende polarizar innecesariamente un problema laboral y convertirlo en social, al propiciar, de concretarse la amenaza de despido, el engrosamiento de las filas de desempleo en estas ciudades.
Finalmente, rechazamos toda acción que se traduzca en una política represiva y autoritaria en contra del movimiento obrero, sindical o social.
Por lo anterior sometemos a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, considerado como de urgente u obvia resolución.
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, a las autoridades laborales y militares a respetar plenamente el derecho de huelga de los trabajadores mineros.
Segundo. Se exhorta al gobierno federal para evitar el uso de la fuerza como un camino de solución del conflicto y en cambio promueva el dialogo entre las partes para lograr un acuerdo apegado a los términos previstos en la ley.
Tercero. Se exhorta respetuosamente en el marco de sus atribuciones constitucionales, a la Secretaría de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social, para que faciliten la solución al conflicto laboral, asunto de la huelga minera de Sombrerete, Zacatecas; Taxco Guerrero, y Cananea, Sonora. Previendo con ello hechos lamentables como el ocurrido en la mina Pasta de Conchos Coahuila en el año 2006.
Dado en la casona de Xicotencalt, a 15 de agosto de 2007.
Diputados: Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), Modesto Brito González.
(Returnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Agosto 31 de 2007.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE RESUELVE PRESENTAR CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CONTRA EL PODER EJECUTIVO FEDERAL POR NO PUBLICAR EN TIEMPO LOS REGLAMENTOS DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS NAVARRO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en mi carácter de diputado federal, Carlos Ernesto Navarro López, miembro del Partido de la Revolución Democrática, presento a esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo, bajo los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes
Desde 1998, la Comisión de Agricultura de la honorable Cámara de Diputados realizó una intensa tarea de consulta, de análisis y de discusión con todos los actores interesados en elaborar una ley que reglamentara la fracción XX del artículo 27 constitucional.
A lo largo de este proceso participaron legisladores federales y locales, productores, jornaleros, mujeres, jóvenes, académicos e investigadores, representantes de organizaciones no gubernamentales, funcionarios de los tres niveles de gobierno y público en general.
El resultado final de este proceso fue la Ley de Desarrollo Rural, la cual fue aprobada en un primer momento por la Cámara de Diputados y posteriormente por la Cámara de Senadores.
Sin embargo, en enero del año 2000 Vicente Fox vetó dicha ley como su primer acto de gobierno para el campo, oponiéndose así la voluntad del Congreso de la Unión para reglamentar la actividad y las políticas publicas para el medio rural.
Esta decisión del gobierno federal constituyó una muestra de la resistencia que en ese momento aún mostraba para que el Poder Legislativo ejerciera plenamente su función legislativa. Dicho por uno de los asistentes a un foro de consulta "el gobierno es el que ejecuta y el que legisla, el que presenta iniciativas y las reglamenta".
Con estos antecedentes, la LVIII retoma el reto de impulsar nuevamente una ley en esta materia, dándose a la tarea de reformular la estructura de la ley vetada y aprobando por unanimidad de todos los grupos parlamentarios la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) vigente.
Dicha ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre del 2001.
La LDRS habla por sí misma de las bondades que la caracterizan: tiene como eje rector brindar certidumbre a la actividad rural, incorpora los lineamientos de la coordinación institucional, la federalización, establece los servicios y sistemas de atención rural, define los esquemas de apoyo, establece también las bases para la seguridad y soberanía alimentaria, sólo por mencionar algunos de los aspectos más importantes de la ley.
La aprobación de dicha norma obedeció en su momento a un fuerte reclamo social que demandaba reglas en las políticas para el campo. Desafortunadamente, esto no ha sido posible del todo, dado que aún no se tiene el siguiente nivel de aplicación, que es contar con su reglamento.
En este sentido, el artículo sexto transitorio señala que el Ejecutivo federal cuenta con un plazo de seis meses para emitir los reglamentos correspondientes, mandato de ley que a la fecha no se ha cumplido plenamente.
Textualmente, dicho artículo señala: "Sexto. El Ejecutivo federal expedirá, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, los reglamentos que previene este cuerpo normativo y las demás disposiciones administrativas necesarias. Asimismo, establecerá las adecuaciones de carácter orgánico, estructural y funcional para su debido cumplimiento".
De este último párrafo se desprende que el reglamento o reglamentos derivados de esta ley deberían haber sido publicados antes del 7 de junio del 2002, lo cual significa que a partir de esa fecha a la actual se han acumulado mil 845 días de rezago para dar cabal cumplimiento al término previsto en la ley.
Cabe mencionar como antecedente que, en relación con este mismo asunto, el 25 de junio de 2003 el diputado Víctor Manuel Gandarilla Carrasco sometió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para hacer un respetuoso exhorto al titular de Ejecutivo federal, a fin de que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con la mayor brevedad proceda a publicar el Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de las reglas de operación de los programas de apoyo para los productores agropecuarios establecidos en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2003.
De manera que a la fecha sólo existe el reglamento relativo al sistema-producto, que fue emitido en 2004 y corresponde a un 8 por ciento, aproximadamente, del conjunto de la LDRS. Actualmente, se tiene el antecedente que está en proceso de reglamentación el funcionamiento del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.
La ausencia de reglamentación de toda la ley ha significado, en general, considerables pérdidas para el país y, en particular, para los productores rurales.
Una expresión de esta pérdida es el incremento de la migración, en tan sólo 5 años, han emigrado 3 millones 500 mil mexicanos a los Estados Unidos o a las grandes y medianas ciudades del país, la mayoría proveniente del campo.
La simulación, la omisión, la discrecionalidad se ha hecho práctica común de los funcionarios del gobierno federal responsables de la aplicación de esta ley, al amparo de no contar con la reglamentación que permita su observancia.
Para tener un respaldo en su proceder, la burocracia ha buscado apoyarse en voluminosas reglas de operación, que son complicadas y difíciles de entender y aplicar en su conjunto.
Actualmente, para los programas del campo, entre reglas de operación, normas y lineamientos suman más de 10 mil páginas.
Se considera que, de contar con todos los reglamentos de la LDRS, se abatirían considerablemente las deficiencias y trabas arriba mencionadas.
Tomando en cuenta lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda interponer controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo federal por los actos que violan lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, respecto de la omisión para expedir los reglamentos de dicho cuerpo normativo.
Segundo. El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión instruye al Presidente de Mesa Directiva de la Comisión Permanente para que, en uso de las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, interponga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional contra las actos del Ejecutivo señalados en el presente acuerdo.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los cuatro días del mes de julio de 2007.
Diputado Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica)
(Returnada a la Comisión de Gobernación. Agosto 31 de 2007.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INICIAR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS CASOS NO CONSIDERADOS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA EN CONTRA DEL GENERAL ARTURO ACOSTA CHAPARRO ESCÁPITE, POR VIOLACIONES DE LESA HUMANIDAD, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ALLIET BAUTISTA BRAVO Y HUMBERTO ZAZUETA AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputada Alliet Bautista Bravo y diputado Humberto Zazueta Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Consideraciones
Una vez más queda demostrado que la justicia militar dista mucho de profesar los principios de imparcialidad y objetividad que deben regir en los juicios seguidos contra los propios militares.
La libertad de Arturo Acosta Chaparro es una afrenta contra los mexicanos que exigen verdad y justicia después del siniestro episodio de la guerra sucia que hoy todavía presenta sus secuelas. La exoneración muestra que no contamos con un sistema de justicia y si con un sistema penal selectivo.
Esa libertad y la restitución de sus grados y condecoraciones militares son fruto de la incompetencia de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y de la Procuraduría de Justicia Militar, las cuales no pudieron acreditar la responsabilidad de quien es señalado de haber cometido delitos de lesa humanidad.
Su complicidad con barones del narcotráfico palidece ante los señalamientos de decenas de personas que fueron sus víctimas. A ellas las torturó, incomunicó y extorsionó, en el mejor de los casos; a otras simplemente las asesinó. Esta es una verdad ineludible que todos sabemos y de ahí la impotencia de verlo campeando con la impunidad.
La protección que le otorga el fuero de los militares ofende a la memoria de aquellos mexicanos cuyo destino estuvo en las manos de Acosta Chaparro. Ex integrante de la temible Brigada Blanca una corporación creada por el gobierno para exterminar a las guerrillas rural y urbana en la década de los años setenta.
El juicio que se le seguía por el asesinato de 22 presuntos guerrilleros no pudo arribar a su sentencia, debido a la deficiente integración de la averiguación previa por parte del fiscal Carrillo Prieto, quien hoy debe rendir cuentas por sus malos manejos financieros al frente de la fiscalía especial.
Sin embargo, falta investigar la desaparición y asesinato de 143 personas, cuyo principal sospechoso es Acosta Chaparro. Es justo aquí donde debe iniciarse una nueva investigación a cargo de las autoridades civiles, la cual se debe regir bajo los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
Ni perdón ni olvido, claman hoy los familiares de la víctimas de las que no se ha sabido nada y en cuya desaparición estuvo involucrado Arturo Acosta.
Es por ello que sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar una investigación sobre los casos que no fueron contemplados en la averiguación previa en contra del General Arturo Acosta Chaparro Escápite, relacionados con el periodo de la denominada guerra sucia y se le juzgue por un tribunal civil.
Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 11 de julio de 2007.
Diputados: Alliet Mariana Bautista Bravo, Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbricas).
(Returnada a la Comisión de Derechos Humanos. Agosto 31 de 2007.)
CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A CAPUFE QUE INFORME SOBRE SUS INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LAS AUTOPISTAS Y EL MONTO QUE DESTINA AL MANTENIMIENTO DE ÉSTAS, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS NAVARRO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Carlos Navarro López, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se impulsó la construcción o explotación de autopistas de cuota mediante un programa de otorgamiento de concesiones.
Como consecuencia de la mala administración de las mismas, y por los problemas financieros que enfrentó el país por la crisis del 95, el 21 de agosto de 1997 el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León expidió un decreto con el que se financió un "rescate financiero" por causas de utilidad pública 23 concesiones carreteras.
Entre las concesiones rescatadas se encontraban aquellas que fueron otorgadas a los gobiernos estatales de Querétaro, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Tabasco y Sonora.
Siendo así que el primero de septiembre de ese mismo año Banobras recibió para operar, explotar, conservar y mantener el tramo carretero, (entre muchos más), conocido como Estación Don-Nogales que se encuentra en el estado de Sonora, y que cruza la entidad de sur a norte casi en su totalidad.
Para la administración de estas autopistas rescatadas Banobras instituyó el 29 de agosto, poco antes de que entrara en vigor el decreto antes mencionado, el Fideicomiso 1936 de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), el cual sería el encargado, de manera ilegal, de administrar el total de las concesiones.
El FARAC, por falta de capacidad técnica, jurídica y ejecutiva para operar dichas concesiones subcontrato a Caminos y Puentes federales de Ingresos y Servicios Conexos (Cafupe) para hacerlo.
Siendo así que hasta el día de hoy Cafupe administra el tramo Estación Don-Nogales.
Asimismo, quisiera plantear este punto de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
Quienes vivimos en el estado de Sonora, o quienes tienen que visitar la entidad, a menudo debemos de enfrentar una serie de peligros que presenta el poder transitar por sus carreteras.
Sonora es de los pocos estados que no tienen autopistas de altas especificaciones, las vías de comunicación principales no cuentan con la superficie asfáltica reglamentaria que permitan ser consideradas como seguras, ya que sólo cuentan con cuatro carriles de tres metros de anchura cada uno y sin extensión de acotamiento.
Esto ha ocasionado que actualmente sean consideradas como de las más peligrosas de todo México ya que tan sólo en el año 2006 ocurrieron más de mil cien accidentes y en 2007 se estima que la cifra llegue a más de mil 600.
Día con día, los medios de comunicación dan seña de los ciudadanos que fallecen por accidentes provocados, en su mayoría, por las pésimas condiciones que presentan las carreteras federales del estado, incluyendo aquellas que cobran cuota por el derecho de peaje como lo es la carretera conocida como Estación Don-Nogales administrada por Cafupe.
Si bien, el cobro de peaje que se tiene que realizar, por cruzar el estado o para acceder al sur o la frontera del mismo, no garantiza la seguridad de los usuarios, lo cierto es que si es similar, dicho cobro, al que se aplica en las verdaderas autopistas que existen en otras entidades federales, ya que adolece de ser demasiado alto para el tipo de prestación que se presta.
Es necesario enfatizar que a dicho tramo solamente se le agregó un carril en cada uno de los sentidos de la vía, sin rectificar el trazado original de la carretera federal ya existente y sin solucionar los vicios de diseño con que fue construida a mediados del siglo pasado, y sin dejar posibilidades de vías alternas viables al mismo, por lo que es casi obligatorio su uso.
Asimismo, la falta de una infraestructura carretera adecuada, y segura, ha sido una de las causas que ocasionan que Sonora se aleje cada vez más de los primeros lugares en cuanto a competitividad estatal, pasando del lugar número nueve al lugar 17 tan sólo en los últimos tres años, según el Estudio de Competitividad de los estados mexicanos 2007, del Instituto Tecnológico de Monterrey.
Existe la percepción generalizada por parte de los usuarios de estas vías de comunicación en el sentido que Cafupe no ha dado el correcto mantenimiento en los últimos años a la vía concesionada, y mencionada anteriormente, ocasionando que la misma registre un alto grado de deterioro y provocando innumerables accidentes cada año.
Por lo anteriormente expuesto y por considerar que es un asunto de atención inmediata, me permito considerar ante este honorable pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Cafupe) entregue a esta soberanía un informe detallado de los ingresos que ha obtenido en los últimos cinco años por concepto de cobro de peaje en el tramo carretero Estación Don-Nogales. Asimismo, señale el porcentaje de los mismos que ha destinado para conservación y mantenimiento.
Segundo. Se solicita a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Cafupe) informe el porque no se han tomado las medidas necesarias de ampliación y trazado correcto de la vía de comunicación Estación Don-Nogales con el fin de prevenir la mayor cantidad de accidentes posibles.
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de Xicotencatl, a 15 de agosto de 2007
Diputado Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica)
(Returnada a la Comisión de Comunicaciones. Agosto 31 de 2007.)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, A CARGO DE LOS DIPUTADOS DIEGO COBO TERRAZAS Y JESÚS GONZÁLEZ MACÍAS Y DEL SENADOR JAVIER OROZCO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, ASÍ COMO DE LA DIPUTADA MARICELA CONTRERAS JULIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los legisladores a la LX Legislatura del Congreso de la Unión que suscriben, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México, y de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 20, 23 y 25 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y demás disposiciones jurídicas aplicables, se permiten someter ante esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, solicitando que se considere de urgente y obvia resolución, debido a la gravedad de al problemática que entraña, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Uno de los mayores retos de la comunidad internacional es tratar de revertir los daños ambientales que ha ocasionado el desarrollo económico convencional.
Afortunadamente, en las últimas décadas algunas naciones han considerado como estrategia para revertir este deterioro la implantación de instrumentos de política ambiental como los estudios de impacto ambiental y el ordenamiento ecológico del territorio.
En el marco de este esfuerzo internacional aparece en 1987 el concepto de desarrollo sustentable, definido como "el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades".1
Nuestro país no ha sido ajeno a este proceso, y ha incorporado a nuestro marco jurídico distintos instrumentos de política ambiental, como el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala:
"Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
..."
Esto permite que las actividades productivas asociadas al desarrollo incorporen criterios de sustentabilidad en sus procesos. Uno de los sectores que mayor crecimiento ha tenido en las últimas décadas en nuestro país es el turístico, gracias al cual el Estado mexicano ha logrado atraer grandes inversiones que han favorecido el desarrollo de infraestructura, principalmente en las zonas costeras del país. Esto ha permitido que pequeñas comunidades de pescadores se conviertan en importantes centros turísticos de talla internacional.
Desafortunadamente, la pérdida de arraigo social y cultural que se desprende de estos "desarrollos turísticos", aunada a la presión sobre los recursos naturales, principalmente el suelo y agua, ha provocado una severa fragmentación y degradación de ecosistemas, principalmente costeros, de por sí vulnerables frente a intervenciones antrópicas.
Una de las zonas costeras que mayor presión ha recibido por estos mal llamados "desarrollos turísticos" es Bahía de Banderas, en Nayarit y Jalisco. Esta bahía es una de las más grandes del mundo, con una extensión aproximada de 4 mil 289 kilómetros cuadrados. Su costa norte se localiza en Nayarit y se extiende desde Punta Mita hasta las áreas al sur del río Ameca, en Jalisco, con sus límites en Cabo Corrientes, en las estribaciones de la Sierra Chamela-Cabo Corrientes.2
El área de la cuenca presenta la influencia del río Ameca, que se une al río Mascota para después desembocar en la parte central de la bahía. Existen otros ríos y arroyos, como el Pitillal, los Camarones, el Cuale, Mismaloya, Nogalitos, Palo María, Tomatlán, Tuito y Tabo, que desembocan –todos– en la bahía. Dentro de sus márgenes se presenta como un elemento fisiográfico característico el estero El Salado, mientras que en su interior, en dirección noreste, se localizan las islas Marietas. Este complejo insular está separado de Punta Mita por un canal cuya longitud aproximada es de 6.5 kilómetros y profundidad menor de 45 metros; su distancia desde Puerto Vallarta es de 32 kilómetros. Se forma por dos islas grandes y una pequeña, así como por algunas rocas aisladas.
El tipo de mareas en Bahía de Banderas es mixto, su plataforma continental bastante reducida y su área muy pequeña, además de lo escarpado del relieve submarino; su declive es muy acentuado y se encuentran zonas bastante profundas cerca de la línea de costa. La máxima profundidad de la bahía es mayor de mil metros y la media es de 300 metros. En Bahía de Banderas, de manera ancestral, se han aprovechado los distintos recursos pesqueros. Recientemente se han sumado a las actividades de pesca ribereña la recreativa, las actividades de ecoturismo y la conservación, como observación de la ballena jorobada y aves marinas, desarrollo de campamentos tortugueros y buceo guiado en áreas arrecifales circunvecinas.
En esta bahía se localiza el municipio Bahía de Banderas, el cual corresponde a los límites jurisdiccionales de Nayarit con Jalisco. Este municipio colinda al norte con el municipio de Compostela, al este con Jalisco, al sur con el océano Pacífico y Jalisco y al oeste con el océano Pacífico.
La flora predominante en la zona costera está compuesta de palmeras, amates y bosques de manglar; selva mediana y alta; y en las partes bosques de pino-encino. Si bien su fauna es variada, existen diversas especies sujetas a alguna categoría de protección especial por parte de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, como el cocodrilo de río (Cocodrylus acutus) y la guacamaya verde (Ara militaris). Mención aparte merece la ballena jorobada (Megaptera novaengliae), visitante regular de la bahía.
Con un litoral de 68 kilómetros, Bahía de Banderas cuenta con hermosas playas y atractivos paisajes, que han propiciado el interés de desarrollistas inmobiliarios y turísticos. Estableciéndose diversos complejos hoteleros y de servicios en la región, como el proyecto La Punta Beach, en el lote número 5 de la manzana 19, del fraccionamiento Nuevo Corral del Risco, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, Este proyecto cubre una superficie total de mil 980.39 metros cuadrados, de los cuales 853.681 metros cuadrados corresponden a zona federal marítimo-terrestre de la playa conocida como El Anclote. Para la ejecución de tal proyecto, el promovente, la empresa Punta Vista, SA de CV, realizó los siguientes trámites:
1. El 31 de enero de 2005, los directores de Desarrollo Urbano y Ecología, y de Obras Públicas Municipales de Bahía de Banderas, Nayarit, ingenieros Juan de Dios Lomelí Madrigal y Juan Cuevas Tello, respectivamente, otorgaron a Punta Vista, SA de CV, la licencia de construcción de número de folio 1177, en la cual se les autoriza para ejecutar una obra de departamentos y locales comerciales con una superficie de 3 mil 147.19 metros cuadrados en tres niveles, situada en lote 5, avenida El Anclote, fraccionamiento Nuevo Corral del Risco, Nayarit.
2. El 19 de octubre de 2005, el promovente ingresó en la delegación federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Nayarit el proyecto "solicitud de concesión de zona federal marítimo-terrestre y construcción del proyecto La Punta Beach, en el lote número 5 de la manzana 19 del fraccionamiento Nuevo Corral del Risco, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit", a fin de solicitar la correspondiente autorización en materia de impacto ambiental.
3. El 22 de marzo de 2006, Punta Vista, SA de CV, solicitó al ayuntamiento de Bahía de Banderas, el otorgamiento de la constancia de congruencia de uso de suelo del lote 5, avenida El Anclote, fraccionamiento Nuevo Corral del Risco, en el ejido de Punta Mita, en Bahía de Banderas, Nayarit.
4. El mismo 22 de marzo de 2006, mediante el oficio número D.D.U.E. 021/06, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología de Bahía de Banderas otorgó a Punta Vista, SA de CV, la constancia de congruencia de uso de suelo del lote 5, avenida El Anclote, fraccionamiento Nuevo Corral del Risco, en el ejido de Punta Mita, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
5. El 3 de abril de 2006, el ingeniero Armando Zepeda Carrillo, en suplencia por ausencia del delegado federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Nayarit, mediante el oficio número 138.01.00.01/0900/06 otorgó a Punta Vista, SA de CV, de manera condicionada, la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto: "solicitud de concesión de zona federal marítimo-terrestre y construcción del proyecto La Punta Beach, en el lote número 5 de la manzana 19 del fraccionamiento Nuevo Corral del Risco, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit".
6. El 28 de julio de 2006, los directores de Desarrollo Urbano y Ecología, y de Obras Publicas Municipales de Bahía de Banderas, arquitecto Guillermo Arturo Ayala Fuentes e ingeniero Felipe Bargueño Guisar, respectivamente, otorgaron a Punta Vista, SA de CV, la licencia de construcción de número de folio 2367, en la cual se les refrenda la licencia de construcción de folio 1177, para la construcción de departamentos y locales en una superficie de 3 mil 147.19 metros cuadrados en tres niveles, situada en lote 5, avenida El Anclote, fraccionamiento Nuevo Corral del Risco, Nayarit.
7. El 13 de noviembre de 2006, la Dirección General de Zona Federal Marítimo-Terrestre y Ambientes Costeros de la Semarnat otorgó al promovente el título de concesión número ISOMRDGZF-1174/06, mediante el cual se le faculta para usar, ocupar y aprovechar una superficie de 853.68 metros cuadrados de zona federal marítimo-terrestre localizada frente a la avenida El Anclote, lote 5, Nuevo Corral del Risco, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
Desafortunadamente, el promovente comenzó así la ejecución del mencionado proyecto, pese a que, en estricto sentido jurídico, no debió ser autorizado dicho proyecto, ya que desde su concepción ha tenido diversas irregularidades de cumplimiento de la normatividad ambiental por lo que a los tres órdenes de gobierno respecta; lo anterior, con fundamento en los razonamientos jurídicos que me permito exponer a continuación:
Respecto a la licencia de construcción de número de folio 1177, en la cual el ayuntamiento de Bahía de Banderas autoriza ejecutar una obra de departamentos y locales comerciales con una superficie de 3 mil 147.19 metros cuadrados en tres niveles, situada en lote 5, avenida El Anclote, fraccionamiento Nuevo Corral del Risco, Nayarit, ésta contraviene lo establecido en el artículo 231 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del estado de Nayarit, el cual a la letra dice:
Artículo 231. Queda estrictamente prohibido a los ayuntamientos otorgar permisos, licencias o autorizaciones de construcción en contravención de las leyes, y los planes de desarrollo urbano y ecológico, así como las declaratorias y otras disposiciones reglamentarias aplicables, particularmente en las zonas que a continuación se describen:
I. a VI. ...
VII. En áreas o predios cuyo uso o destino del suelo sea restringido, o no sea compatible con el uso que se le pretende dar, salvo dictamen en contrario emitido por autoridad competente;
VIII. En los zanjones y áreas o predios identificados como de propiedad nacional, estatal o municipal, salvo que se refieran a obras que las mismas instituciones realicen; y
...
Dicha autorización recae sobre una obra por ejecutar en una parte de zona federal marítimo-terrestre sobre la cual el ayuntamiento no tiene jurisdicción ni competencia para determinar su uso o destino y mucho menos para autorizar la ejecución de obras en ésta. Eso queda robustecido con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente, donde se indica que la zona federal marítimo-terrestre será respetada como zona de preservación debido a sus características naturales. Asimismo, el refrendo de dicha autorización otorgado al mismo promovente el 28 de julio de 2006 con el número de folio 2367 contraviene el mismo ordenamiento; lo anterior, sin tomar en cuenta que al momento de ser autorizada la construcción de dicha obra el promovente no contaba con la concesión de la zona federal marítimo-terrestre comprendida en su proyecto, hecho que en ningún momento fue considerado por la autoridad municipal. Tal situación hace presumible la nulidad de pleno derecho de estas licencias de construcción.
En cuanto a la autorización de la manifestación de impacto ambiental otorgada por la delegación federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Nayarit, ésta cuenta también con diversas inconsistencias, por lo cual únicamente señalaremos las más evidentes.
Que el 1 de febrero de 2006, la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social en Nayarit remitió a su similar de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el dictamen técnico de uso de suelo para autorizar la manifestación de impacto ambiental del citado proyecto, en la cual ésta estima que éste es improcedente, ya que una parte del proyecto se pretende ejecutar en zona federal marítimo-terrestre y pese a que en ese momento el promovente no contaba con la concesión de uso y aprovechamiento de esa zona federal, ésta era considerada por el Plan Municipal de Desarrollo Urbano Vigente como no urbanizable.
Que entre las características del proyecto, la autorización establece y acepta dentro de las fojas 10 y 11 que éste se ejecutará en un predio identificado como lote número 5 de la manzana 19 del fraccionamiento Nuevo Corral del Risco, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, que según el plano topográfico incorpora una superpie de 853.681 metros cuadrados de zona federal marítimo-terrestre, en la cual se pretenden llevar a cabo la construcción y operación de Punta Beach Club, el cual consiste en la construcción de 17 departamentos, 1 sótano, y 3 locales comerciales, con materiales permanentes y cimentación.
Que dentro del primero de los términos, la autoridad no especifica qué obras se realizarán en zona federal marítimo-terrestre. Asimismo, dicho término resulta incongruente con lo establecido en la condicionante número 4, toda vez que en ella se limita al promovente de llevar a cabo cualquier tipo de construcción en zona federal marítimo-terrestre o terrenos ganados al mar que interfiera en el área propicia para la anidación de las especies de tortugas marinas, respetando una franja mínima de 20 metros desde la pleamar máxima hasta tierra adentro en perpendicular a la playa, debiendo además garantizar el libre acceso a la zona federal marítimo-terrestre. No obstante esta incongruencia, cabe destacar que las medidas de mitigación impuestas al promovente respecto al posible arribo de tortugas marinas a zonas colindantes con el predio para realzar el desove son muy generales, ya que únicamente se le condiciona a evitar la fotocontaminación en la playa, así como disminuir por la noche el tránsito de personas en la zona, lo cual evidentemente no garantiza la protección de estas especies de fauna marina, que además se encuentran consideradas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 como en peligro de extinción.
Que dicha autorización se emitió con pleno conocimiento de la autoridad federal de que afectaría zona federal marítimo-terrestre, lo cual se acredita con el proyecto ingresado por el promovente y las licencias de construcción. Tomando en cuenta que la zona en la cual el promovente pretendía ejecutar dicha obra no estaba sujeta a concesión alguna por la Dirección General de Zona Federal Marítimo-Terrestre de la Semarnat en el momento de autorizarse la manifestación de impacto ambiental.
En cuanto al orden de temporalidad en que el promovente fue obteniendo los diversos permisos y autorizaciones de los distintos órdenes de gobierno competentes, se desprende que la licencia de construcción, además de que le fue otorgada recayendo la misma sobre zona federal marítimo-terrestre, se expidió 21 meses antes que el promovente contara con la concesión de la zona federal marítimo-terrestre, la cual debió tramitarse con antelación a la licencia de construcción. Asimismo, una vez fenecida la vigencia de la primera licencia de construcción, su refrendo se otorgó 14 meses después de emitida la autorización en materia de impacto ambiental; la licencia de uso de suelo otorgada por el ayuntamiento el 1 de agosto de 2006 fue emitida 18 meses después de la licencia de construcción.
La constancia de congruencia de uso de suelo inexplicablemente fue otorgada el día en que fue solicitada, el 22 de marzo de 2006.
Respecto al plano constructivo A-01 autorizado en la licencia de construcción, éste establece que las restricciones laterales de la construcción serán de tres metros, sin señalar restricción alguna para la zona federal marítimo-terrestre, lo cual contraviene lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente, ya que éste fija que las zonas de restricción de las colindancias laterales deberían ser de cinco metros y las restricciones de zona frontal a la zona federal marítimo-terrestre deberán ser de 10 metros.
En cuanto al título de concesión número ISOMRDGZF-1174/06, mediante el cual la Dirección General de Zona Federal Marítimo-Terrestre y Ambientes Costeros de la Semarnat faculta al promovente para usar, ocupar y aprovechar una superficie de 853.68 metros cuadrados de zona federal marítimo-terrestre localizada frente a la avenida El Anclote, lote 5, Nuevo Corral del Risco, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; ésta claramente establece la prohibición para la realización de construcciones en la zona, así como no crea derechos reales del concesionario sobre la zona concesionada, prohibiéndole a su vez delimitar la zona con cercas, alambradas, bardas, etcétera.
Este tipo de irregularidades han sido tan evidentes, que la propia Secretaría de Obras Públicas del gobierno de Nayarit, a petición de algunos ciudadanos inconformes, realizó una visita de inspección al proyecto en cuestión el 17 de enero de 2007, poniendo de manifiesto en su oficio número SOP/DGPDU/DDU/507/07 algunas de las irregularidades citadas, remitiendo dicho oficio al ayuntamiento de Bahía de Banderas para que actuara al respecto, por ser algunos de dichos asuntos competencia exclusiva de éste, resultando hasta el momento inexplicable su inoperancia respecto al caso concreto.
Actualmente, se tiene conocimiento de que esta obra no ha sido terminada y que, además, los responsables de la construcción, la empresa Punta Vista, SA de CV, tienen programada una modificación del proyecto autorizado, la cual consiste en la construcción de una alberca "sobre" la zona federal marítimo-terrestre y, específicamente, en la playa, así como un muro de olas, por lo cual en meses pasados ingresaron en la delegación federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Nayarit una solicitud de modificación del proyecto autorizado en materia de impacto ambiental, la cual según lo informado todavía se encuentra en proceso de estudio y pendiente de resolución.
Debido a este tipo de circunstancias, el suscrito diputado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y con el apoyo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se permite someter a la consideración del Pleno, para su turno y, en su caso, aprobación, la siguiente
Propuesta de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que por medio del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales investigue si la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto solicitud de concesión de zona federal marítimo-terrestre y construcción del proyecto La Punta Beach, en el lote número 5 de la manzana 19 del fraccionamiento Nuevo Corral del Risco, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit", otorgada y firmada por el ingeniero Armando Zepeda Carrillo el 3 de abril de 2006, de la delegación federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Nayarit, mediante el oficio de número 138.01.00.01/0900/06 a Punta Vista, SA de CV, cumple lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su reglamento en materia de impacto ambiental y demás leyes aplicables, y en caso de encontrar alguna irregularidad aplicar las medidas pertinentes.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que por medio de su Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales verifique la legal actuación de la Dirección General de Zona Federal Marítimo-Terrestre, entonces a cargo del ciudadano Alberto Eduardo Galván Monroy, en el otorgamiento del título de concesión número ISOMRDGZF-1174/06, de fecha 13 de noviembre de 2006, en la cual se faculta a la empresa Punta Vista, SA de CV, para usar, ocupar y aprovechar una superficie de 853.68 metros cuadrados de zona federal marítimo-terrestre localizada frente a la avenida El Anclote, lote 5, Nuevo Corral del Risco, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
Tercero. Se exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se constituya en el predio situado en el lote 5, avenida El Anclote, fraccionamiento Nuevo Corral del Risco, en el ejido de Punta Mita, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a fin de verificar que la empresa Punta Vista, SA de CV, se encuentre cumpliendo lo establecido en la autorización en materia de impacto ambiental del proyecto denominado "solicitud de concesión de zona federal marítimo-terrestre y construcción del proyecto La Punta Beach, en el lote número 5 de la manzana 19 del fraccionamiento Nuevo Corral del Risco, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit", otorgada el 3 de abril de 2006 por la delegación federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Nayarit, así como verificar que la empresa Punta Vista, SA de CV, se encuentre cumpliendo las condicionantes establecidas en el título de concesión número ISOMRDGZF-1174/06 para usar, ocupar y aprovechar una superficie de 853.68 metros cuadrados de zona federal marítimo-terrestre localizada frente a la avenida El Anclote, lote 5, Nuevo Corral del Risco, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, otorgada por la Dirección General de Zona Federal Marítimo-Terrestre de la Semarnat y, en caso de encontrar alguna irregularidad, proceder a solicitar la revocación de la misma, así como la aplicación de las sanciones y medidas cautelares a que haya lugar.
Cuarto. Se exhorta respetuosamente al delegado federal del la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Nayarit a no otorgar la autorización en materia de impacto ambiental de la solicitud de modificación del proyecto "solicitud de concesión de zona federal marítimo-terrestre y construcción del proyecto La Punta Beach, en el lote número 5 de la manzana 19 del fraccionamiento Nuevo Corral del Risco, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit", por contravenir diversos ordenamientos jurídicos, así como la concesión de zona federal marítimo-terrestre otorgada a la empresa Punta Vista, SA de CV, en cuanto promovente.
Quinto. Se recomienda respetuosamente al presidente municipal de Bahía de Banderas, doctor Jaime Alonso Cuevas Tello, verificar que la ejecución y construcción del proyecto Punta Beach Club, situado en el lote 5, avenida El Anclote, fraccionamiento Nuevo Corral del Risco, en el ejido de Punta Mita, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a cargo de la empresa Punta Vista, SA de CV, se encuentren cumpliendo lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del estado de Nayarit, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit, y demás ordenamientos jurídicos aplicables, así como considerar las observaciones remitidas al mismo por la Secretaria de Obras Públicas del gobierno de Nayarit mediante el oficio número SOP/DGPDU/DDU/507/07, de fecha 24 de enero de 2007.
Sexto. Se recomienda respetuosamente a la Contraloría Interna del ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, a que con arreglo a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del estado de Nayarit, investigue la legal actuación de los entonces directores de Desarrollo Urbano y Ecología, y de Obras Públicas Municipales de Bahía de Banderas, Nayarit, ingenieros Juan de Dios Lomelí Madrigal y Juan Cuevas Tello, respectivamente, en el otorgamiento de una licencia de construcción de folio 1177, en la cual se autoriza a la empresa Punta Vista, SA de CV, para ejecutar una obra de departamentos y locales comerciales con una superficie de 3 mil 147.19 metros cuadrados en tres niveles, situada en el lote 5, avenida El Anclote, fraccionamiento Nuevo Corral del Risco, Nayarit, así como, con arreglo al mismo ordenamiento, investigue la legal actuación de los titulares de las Direcciones de Desarrollo Urbano y Ecología, y de Obras Públicas Municipales de Bahía de Banderas, Nayarit, arquitecto Guillermo Arturo Ayala Fuentes e ingeniero Felipe Bargueño Guisar, respectivamente, en el otorgamiento a la persona moral señalada de la licencia de construcción de número de folio 2367, en la cual se les refrenda la licencia de construcción de folio 1177. En el caso específico del arquitecto Guillermo Arturo Ayala Fuentes, director de Desarrollo Urbano y Ecología de Bahía de Banderas, verificar el correcto otorgamiento de la constancia de congruencia de uso de suelo, del oficio número D.D.U.E. 021/06, de fecha 22 de marzo de 2006.
Séptimo. Se exhorta respetuosamente a las dependencias citadas en los párrafos anteriores a informar a esta soberanía del trámite que realicen sobre los asuntos expuestos.
Notas
1 World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford, 1987.
2 Revista Mexicana de Biodiversidad, 77: 67-80, 2006, lista de ictiofauna de Bahía de Banderas, México, página 68.
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 8 de agosto de 2007.
Diputados: Diego Cobo Terrazas, Maricela Contreras Julián (rúbrica), Jesús González Macías (rúbrica), María Eugenia Jiménez Valenzuela (rúbrica).
Senador: Javier Orozco Gómez (rúbrica).
(Returnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Agosto 31 de 2007.)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTAS POR LA CNDH Y LA PGR CONTRA LAS REFORMAS DEL CÓDIGO PENAL Y LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARICELA CONTRERAS JULIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Mientras uno de los temas de debate en la agenda política nacional es la serie de reformas que, en una decisión libre, soberana, legítima y en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales, realizó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre la interrupción del embarazo; mientras el tema se encuentra en la palestra pública, hay una realidad a la cual no podemos negarnos ni cerrar los ojos. Hablo de las múltiples muertes de mujeres que se dan en México y particularmente en el Distrito Federal por la práctica de abortos clandestinos.
¿Es muy difícil de entender la problemática? Tal parece que sí para algunos personajes que se han arropado el prestigio de las instituciones para complacer, en una actitud vergonzante y sospechosa, a los grupos de derecha en este país.
Las reformas que realizó la Asamblea Legislativa reconocen el derecho constitucional de las mujeres para que tomen sus propias decisiones en todo lo relacionado con su cuerpo; además marcan la pauta para que se ofrezcan servicios de salud gratuitos y de calidad a todas las mujeres que los necesiten. Es decir, se avanza en le reconocimiento de sus derechos, tal como lo establecen diversos instrumentos internacionales que obligan a nuestro país a cumplirlos.
Con esta decisión, la Asamblea Legislativa ha seguido una tendencia a nivel mundial, ya que desde el siglo XX se vino modificando la legislación en diversos países para permitir la interrupción legal del embarazo y a reconocer que los abortos clandestinos deberían tratarse como un problema de salud pública. Por ello, al interponerse una acción de inconstitucionalidad en contra de estas reformas en el DF, se está dando un retroceso jurídico, una involución de las leyes que nos lleva a los primeros años del siglo XX; retroceso que va en detrimento de los derechos de las mujeres y que conduce al pensamiento retrógrada de considerar a una mujer delincuente por el hecho de decidir sobre su cuerpo. ¿Ese es el estado de derecho que quieren para la población?
Esa regresión jurídica, ni más ni menos que ha sido orquestada por José Luis Soberanes, titular de la CNDH, que se ha convertido de un defensor, a un administrador de los derechos humanos, en función de los intereses que persigue y las personas a las que sirve; además, este retroceso en la protección de los derechos ha sido concertado con Eduardo Medina Mora, titular de la PGR,ahora defensor de las creencias e ideologías de los Calderón-Zavala.
Desde 1974, la Constitución Política establece en su artículo 4o. el derecho de toda persona para decidir de manera libre, informada y responsable sobre el número y el espaciamiento de sus hijas e hijos; esta reforma ha sido el fundamento para que las entidades federativas legislen para permitir la interrupción legal del embarazo.
Como Grupo Parlamentario del PRD reprobamos la actitud de José Luis Soberanes y de Eduardo Medina Mora, al pretender dar un portazo en la nariz a las mujeres para que podamos decidir sobre nuestro cuerpo.
Las reformas realizadas por la Asamblea Legislativa son plenamente justificables en los aspectos sociales y jurídicos. Se cuentan con los argumentos para dar la batalla legal por parte del Gobierno del Distrito Federal y de la Asamblea para defender los derechos de las mujeres. Los argumentos que presentan la CNDH y la PGR son endebles y carecen de cualquier sustento; para Soberanes y Medina Mora las mujeres no tenemos derechos y de un plumazo se nos pretende borrar de la esfera de reconocimiento y protección jurídica que establece la Constitución.
La actitud de estos dos personajes daña las instituciones y mina la credibilidad que la sociedad tienen en ellas; además, su actuación la han hecho al margen de sus propios órganos como es el caso de Soberanes que nunca consultó de su decisión personal de interponer la acción de inconstitucionalidad al Consejo Consultivo de la CNDH.
Por otra parte, consideramos necesario que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) investigue la actuación de José Luis Soberanes y Eduardo Medina Mora, pues están discriminando a las mujeres, impidiéndoles que gocen de lo derechos reconocidos por la Constitución, toda vez que la Conapred es la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir el desarrollo cultural y social, y avanzar en la inclusión social de mujeres y hombres en igualdad de condiciones sin ninguna práctica discriminatoria en el ejercicio de sus derechos. Además la naturaleza del Conapred es investigar los presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones.
Por lo anteriormente expuesto y para los efectos de los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de la Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de que manifiesten su opinión respecto a la decisión personal del titular de la CNDH, de interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas al Código Penal y la Ley del Salud del Distrito Federal, en materia de interrupción legal del embarazo.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a efecto de que inicie una investigación en contra de los titulares de la CNDH y PGR por presuntas actitudes discriminatorias, con fundamento en el artículo 46 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ya que con las acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra de las reformas al Código Penal y la Ley de Salud en el DF, pretenden negar el acceso de las mujeres al derecho constitucional para decidir de manera libre e informada sobre su cuerpo.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de junio de 2007.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
(Returnada a la Comisión de Derechos Humanos. Agosto 31 de 2007.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EMITE EXCITATIVA A LA COLEGISLADORA PARA LA PRONTA APROBACIÓN DE UNA MINUTA SOBRE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PRESENTADA POR EL SENADOR DANTE DELGADO RANNAURO Y EL DIPUTADO ALEJANDRO CHANONA BURGUETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
México, DF, a 31 de agosto de 2007.
Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha se recibió de la directiva de la Primera Comisión de la Comisión Permanente comunicación por la que se solicita returnar la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión emite excitativa a la colegisladora para la pronta aprobación de una minuta sobre la Auditoría Superior de la Federación, presentada por el senador Dante Delgado Rannauro y el diputado Alejandro Chanona Burguete el 15 de agosto de 2007.
La Presidencia autorizó returnar dicha propuesta a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Se anexan los expedientes respectivos
Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Los suscritos, senador Dante Delgado Rannauro y diputado Alejandro Chanona Burguete, integrantes del Grupo Parlamentario de Convergencia a la LX Legislatura de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respectivamente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emita excitativa a la colegisladora para la pronta aprobación de una minuta sobre la Auditoría Superior de la Federación, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 1999, en vigor a partir del 31 de julio de ese mismo año, se reformaron los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas reformas crearon una nueva entidad de fiscalización superior de la federación que iniciaría sus funciones, según se señaló en el régimen transitorio, ello de enero del año 2000 y, asimismo, sentó las bases constitucionales para que el Congreso de la Unión expidiera la ley que regulara la organización de esta nueva entidad.
Con fechas 3, 7 y 10 de diciembre de 1999, y a efecto de reglamentar los artículos 73, 78, 79 y específicamente el 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diputados de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados diversas iniciativas, con la finalidad de crear un nuevo esquema jurídico de fiscalización.
Con fecha 14 de diciembre de 1999, las Comisiones Unidas de Gobernación, de Puntos Constitucionales, y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados emitieron el dictamen correspondiente. Éste fue aprobado el 15 de diciembre de 1999 por el Pleno de este órgano legislativo, en su calidad de Cámara de origen. La minuta de ley fue remitida al Senado de la República en su calidad de Cámara Revisora.
Con fecha 30 de abril de 2000, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Gobernación, Primera; y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores elaboraron el dictamen de la minuta de ley. Posteriormente el Pleno de la Cámara alta aprobó el dictamen y lo devolvió a la Cámara de origen el 5 de septiembre del año 2000.
Con fecha 20 de diciembre de 2000, la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública sometió a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen que promueve la Ley de Fiscalización Superior de la Federación que fue aprobada con 394 votos a favor y publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 29 de diciembre de 2000.
El 12 de septiembre de 2001 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, el cual señala que la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados es la entidad de fiscalización superior de la federación que tiene a su cargo la revisión de la Cuenta Pública, así como las demás funciones que expresamente le encomienden la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y demás ordenamientos legales aplicables.
El 27 de abril de 2004, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 74, 79, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta iniciativa plantea que, derivado de diversas modificaciones constitucionales y legales en materia de fiscalización, se han fortalecido las facultades del Poder Legislativo para el control y vigilancia de la gestión gubernamental, y que ello ha implicado la implementación de mecanismos tendientes a consolidar la rendición de cuentas. El objeto de esta iniciativa es fortalecer las disposiciones legales en la materia con el fin de elevar la calidad, la oportunidad y la autonomía de la entidad de fiscalización superior de la federación.
El dictamen de esta iniciativa fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores, el martes 22 de febrero de 2005, con 98 votos a favor. La minuta correspondiente fue enviada a la Cámara de Diputados el jueves 24 de febrero de 2005, en donde fue turnada para su estudio a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Presupuesto y Cuenta Pública.
El 20 de junio de 2007, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió del Ejecutivo federal la llamada propuesta de reforma hacendaria, que consiste en cinco iniciativas de reformas y adiciones a diversas disposiciones constitucionales y legales, así como dos iniciativas de ley. Dentro de estas destaca la creación del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas, en sustitución del actual Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, organismo descentralizado, creado a propuesta de la Cámara de Diputados, a través de la expedición de la Ley General de Desarrollo Social en el año de 2004. Dicho organismo tendrá como función primordial la de realizar evaluaciones de desempeño a las políticas y programas públicos de las dependencias y entidades encargadas de ejecutarlos de toda la administración pública federal, para identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en el ejercicio de los recursos públicos federales; aspectos ya contemplados para la Auditoria Superior de la Federación, en la minuta a que hacemos referencia con anterioridad.
Con base en estos antecedentes y atendiendo a los siguientes
Considerandos
1. La Auditoría Superior de la Federación es un órgano adscrito a la Cámara de Diputados que cuenta con autonomía técnica y de gestión. Ejerce funciones específicas en materia de control gubernamental e informa veraz y oportunamente a la Cámara, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, sobre el resultado de la revisión del origen y aplicación de los recursos públicos para comprobar si se ajustó a los lineamientos señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Ley de Ingresos correspondiente, y constatar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas de gobierno. Asimismo promueve el manejo eficaz, productivo y honesto de los recursos; la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los tres Poderes de la Unión, los entes públicos federales autónomos, los estados y municipios, así como los particulares cuando hagan uso de recursos federales.
2. La Ley de Fiscalización Superior de la Federación tiene por objeto, con base en su artículo 1o., regular la revisión de la Cuenta Pública y su fiscalización superior.
3. Dentro de la reforma hacendaria propuesta por el Ejecutivo federal se encuentra la iniciativa que reforma los artículos 74, fracción IV, actuales primer y octavo párrafos; 79, fracciones I, segundo párrafo, y II, y actual quinto párrafo, y 134, actuales primer y cuarto párrafos; adiciona los artículos 73, fracción XXVIII; 74, fracción VI; 79, segundo párrafo, pasando los actuales segundo a sexto párrafos a ser tercer a séptimo párrafos, respectivamente, y tracciones I, tercer párrafo, pasando el actual tercer párrafo a ser cuarto párrafo, y IV, segundo párrafo; 134, segundo párrafo, pasando los actuales segundo a quinto párrafos a ser tercero a sexto párrafos, respectivamente; y se deroga el artículo 74, fracción IV, quinto, sexto y séptimo párrafos, pasando el actual octavo párrafo a ser quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Si bien es cierto que esta iniciativa del Ejecutivo federal hace referencia a la que fue aprobada por el Senado en febrero de 2005, la verdad es que se aparta de modificaciones importantes incorporadas en la minuta correspondiente que se encuentra en la Cámara de Diputados. Asimismo, la iniciativa del Ejecutivo federal omite propuestas que ha fonnulado la Auditoría Superior de la Federación para mejorar su marco jurídico de actuación, así como para subsanar deficiencias establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas resoluciones de controversias constitucionales.
5. La minuta que se encuentra pendiente de dictaminar por parte de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados establece, entre otras adecuaciones, incluir a nivel constitucional el último día hábil de febrero para la entrega de la Cuenta Pública y el 31 de octubre para el informe del resultado respectivo, mientras que la propuesta de reforma hacendaria establece el 30 de abril para la presentación de la Cuenta Pública por parte del Ejecutivo federal, y el 30 de diciembre para el informe del resultado por parte de la entidad fiscalizadora.
6. La minuta referida también indica que la Cámara de Diputados, además de recibir y turnar la Cuenta Pública a la Auditoría Superior de la Federación, tendrá la obligación de dictaminarla. Asimismo, establece mecanismos que facilitan la homologación de los sistemas jurídicos de fiscalización tanto federal como locales. Además, otorga inmunidad relativa constitucional al titular del órgano superior de fiscalización.
7. Del mismo modo, la minuta señala que la entidad de fiscalización superior de la federación tendrá a su cargo revisar los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los partidos políticos, los particulares y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otro acto jurídico.
8. Asimismo, establece que los fondos y recursos federales se deberán administrar con eficiencia, eficacia, economía y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, así como el desempeño.
Por todo lo anterior y porque es evidente que la propuesta de reforma hacendaria de 2007, en comparación con la minuta de febrero de 2005, es regresiva y presenta limitaciones y omisiones que impiden el fortalecimiento de la entidad de fiscalización superior de la federación, nos permitimos poner a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
1. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que emita excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Presupuesto y Cuenta Pública para que dictaminen, antes del próximo 8 de septiembre, la minuta de la Cámara de Senadores que les fue turnada el jueves 24 de febrero de 2005.
2. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un exhorto a las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Unión, los Congresos Estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, en su momento, impulsen entre sus bancadas la aprobación de las reformas constitucionales contenidas en la minuta de referencia.
3. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las comisiones legislativas del Congreso de la Unión que analizan la propuesta de reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo federal a que incorporen plenamente los aspectos planteados en la minuta de febrero de 2005.
4. Subsidiariamente, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las comisiones legislativas del Congreso de la Unión que analizan la propuesta de reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo federal a revisar la propuesta de creación del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas, así como sus funciones y a evaluar los efectos de duplicación de las atribuciones de dicho consejo con las ya conferidas a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaria de la Función Pública en materia de transparencia, revisión de la Cuenta Pública y rendición de cuentas.
Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, el 15 de agosto de 2007.
Senador Dante Delgado Rannauro (rúbrica)
Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)
(Returnada a la Comisión de Gobernación. Agosto 31 de 2007.)
Convocatorias
DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS
A la reunión con los presidentes de las comisiones ordinarias, que se llevará a cabo el miércoles 26 de septiembre, a las 8:30 horas, en el salón de protocolo del edificio C.
Atentamente
Diputada Ruth Zavaleta Salgado
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN ENCARGADA DE REVISAR LA LEGALIDAD DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, CONCESIONES, CONTRATOS DE SUMINISTRO DE BIENES DE CONSUMO O DE COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PÚBLICA OTORGADOS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES PRÁCTICAS, SA DE CV, Y CUALESQUIERA OTRAS QUE TUVIEREN RELACIÓN CON LA MISMA
A la reunión de mesa directiva que tendrá lugar el miércoles 26 de septiembre, a las 9 horas, en la sala de juntas del edificio G, segundo piso.
Atentamente
Diputado Elías Cárdenas Márquez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE CULTURA
A la reunión plenaria con representantes de diferentes grupos culturales que se efectuará el miércoles 26 de septiembre, de las 10 a las 12 horas, en el salón 1 del edificio I.
Orden del Día
1. Presentación de los asistentes e inicio de las actividades, en el siguiente orden:
• Exposición del proyecto Museo Internacional de la Educación y sobre el Instituto de Formación de Recursos Pedagógicos para los Docentes de la Ciudad de México, por el maestro Óscar Estrada.
• Exposición por parte de los representantes de la Casa Refugio Citlaltépetl, con el tema "Presupuesto 2007 y proyecto 2008".
• Exposición de los titulares de los centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; presenta la doctora Virginia García Acosta.
• Recepción de monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, rector del templo expiatorio de la basílica de Guadalupe, con el tema "Restauración del templo proyecto 2008".
• Recepción de representantes del sindicato del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y representantes del instituto, con el tema "Negociación de prestaciones (informe de resultados de las negociaciones al pleno)".
Tiempo estimado por intervención: 20 minutos.
2. Clausura de la reunión de trabajo.
Atentamente
Diputado Emilio Ulloa Pérez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE MARINA
A la octava reunión ordinaria, con la presencia del licenciado César Patricio Reyes Roel, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se efectuará el miércoles 26 de septiembre, a las 10 horas, en el salón Legisladores de la República, situado en el edificio A, segundo nivel.
Atentamente
Diputado José Manuel del Río Virgen
Presidente
DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA
A la reunión ordinaria que se realizará el miércoles 26 de septiembre, a las 10 horas, en el salón B del edificio G.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
5. Minutas:
a) De la LVIII Legislatura, con proyecto de decreto que reforma los artículos 134, 136, 139 a 143, 145 y 146 de la Ley Agraria;
b) Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, en materia indígena; y
c) Con proyecto de decreto que reforma las Leyes Agraria, y Orgánica de los Tribunales Agrarios.
6. Iniciativas:
a) Con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 80 de la Ley Agraria, presentada por el diputado Salvador Barajas del Toro, del Grupo Parlamentario del PRI; y
b) Con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes Agraria, Orgánica de los Tribunales Agrarios, y Federal de Derechos, para establecer la gratuidad de los servicios que prestan esos tribunales, presentada por el senador Fernando Eutimio Ortega Barnés, del Grupo Parlamentario del PRI.
7. Segunda etapa de las Jornadas regionales en ejidos y comunidades de la república (propuesta de calendario).
8. Propuesta de calendario para reuniones ordinarias de la comisión.
9. Segundo informe semestral de actividades de la comisión.
10. Asuntos generales:
a) Informe atinente a la primera etapa de las Jornadas regionales en ejidos y comunidades de la república; y
b) Día Internacional de la Mujer Rural.
Atentamente
Diputado Ramón Ceja Romero
Presidente
DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
A la reunión ordinaria mensual que tendrá verificativo el miércoles 26 de septiembre, a las 10 horas, en el salón 3 de la zona D, planta baja, del edificio B.
Atentamente
Diputado Tomás del Toro del Villar
Presidente
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPORTES, Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
A la comparecencia de la secretaria ejecutiva del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, licenciada María Teresa Fernández Labardini, que tendrá lugar el miércoles 26 de septiembre, a las 10 horas, en el salón 3 de la zona D del edificio B.
Acuerdo por el que se establecen las bases para el desarrollo de la comparecencia de la secretaria ejecutiva del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ante las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Transportes
Las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Transportes, con fundamento en el párrafo primero del artículo 93 constitucional, y de acuerdo con lo establecido en el numeral cuatro del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerdan el formato para la comparecencia de la secretaria ejecutiva del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario de conformidad con las siguientes
Bases
Primera: La secretaria ejecutiva del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hará una primera intervención hasta por diez minutos.
Segunda: Las preguntas de los integrantes de las Comisiones de Trabajo y previsión Social, y de Transportes se plantearán por grupo parlamentario en cada ronda hasta por cinco minutos cada pregunta.
Tercera: Una vez concluido el planteamiento de la ronda correspondiente de todas las preguntas de los distintos grupos parlamentarios representados en las comisiones, la secretaria ejecutiva del IPAB dará respuesta a cada una de las intervenciones de las diputadas y los diputados por cada ronda, con una duración de hasta quince minutos.
Cuarta: En la primera ronda de intervenciones las preguntas de los grupos parlamentarios se harán en el siguiente orden: Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional.
Quinta: En la segunda ronda las intervenciones de los grupos parlamentarios se harán en el siguiente orden: Convergencia, Partido del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional, Partido Revolución Democrática y Partido Acción Nacional.
Sexta: Cada grupo parlamentario planteará ante los presidentes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Transportes, de manera económica, qué diputados intervendrán en cada una de las rondas, al inicio de la comparecencia.
Séptima: La primera ronda de preguntas será moderada por el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; la segunda, por el presidente de la Comisión de Transportes.
Octava: La comparecencia de la secretaria ejecutiva del IPAB se celebrará el 26 de septiembre, a las 10:00 horas, en el sala 3, zona D, del edificio B, planta baja, del honorable Congreso de la Unión. La secretaria ejecutiva del IPAB será convocada por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Novena: Los integrantes de las comisiones referidas ante las que comparecerá y que no hayan podido intervenir, podrán formular preguntas por escrito, las cuales se entregarán al final de la comparecencia para que la funcionaria, en un término de 15 días, les dé contestación por escrito, remitiendo las respuestas a los Presidentes de las comisiones y ellos, a su vez, las darán a conocer a los diputados.
Décima: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2007.
Diputado Tomás del Toro del Villar (rúbrica)
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputado Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica)
Presidente de la Comisión de Transportes
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA-SANTIAGO
A la cuarta reunión plenaria, que se llevará a cabo el miércoles 26 de septiembre, a las 10 horas, en el salón F del edificio G.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Verificación del quórum.
3. Puesta del orden del día a consideración del pleno.
4. Discusión de los acuerdos y peticiones de los consejos de cuenca Lerma-Chapala y del río Santiago.
5. Asuntos generales.
6. Clausura.
Atentamente
Diputado Joel Arellano Arrellano
Presidente
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO
A la reunión de trabajo con el director del Centro de Evaluación Socioeconómico de Proyectos del Instituto Tecnológico Autónomo de México, licenciado Efraín Gala Palacios, que se realizará el miércoles 26 de septiembre, a las 11 horas, en el salón F del edificio G.
Atentamente
Diputado Obdulio Ávila Mayo
Presidente
DE LA COMISIÓN DE TURISMO
A la reunión de trabajo de la Subcomisión de Ley General de Turismo que tendrá lugar el miércoles 26 de septiembre, a las 11 horas, en el salón de usos múltiples 2 del edificio I.
Orden del Día
1. Presentación y bienvenida, por el diputado Octavio Martínez Vargas.
2. Presentación y bienvenida, por el presidente de la Comisión de Turismo del Senado de la República, senador Luis Coppola Joffroy.
3. Presentación del resumen y conclusiones del contenido de las reuniones de trabajo durante los meses de julio y agosto.
4. Propuesta de la metodología para abordar la nueva etapa, consistente en la redacción del proyecto de Ley de Turismo.
5. Intervención de los integrantes.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Diputado Octavio Martínez Vargas
Presidente
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
A la reunión ordinaria que tendrá lugar el miércoles 26 de septiembre, a las 11:30 horas, en la planta baja, salón 1, del edificio I.
Orden del Día
I. Lista de asistencia y declaración de quórum.
II. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior, efectuada el martes 28 de agosto de 2007.
III. Presentación del Presupuesto de Egresos de 2008, Ramo 20.
IV. Proyecto de programa de trabajo de la comisión correspondiente al segundo año de ejercicio de la LX Legislatura.
V. Presentación de la página Web de la comisión.
VI. Presentación de siete proyectos de dictamen.
VII. Asuntos generales.
Atentamente
Diputado Héctor Hugo Olivares Ventura
Presidente
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
A la reunión de trabajo que sostendrá con las Comisiones de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, y con la de Educación de éste el miércoles 26 de septiembre, a las 11:30 horas, en el lobby del edificio E, planta baja.
La reunión es con el propósito de realizar una consulta a los integrantes del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) sobre la obligatoriedad del primer año de educación preescolar.
Orden del Día
1. Bienvenida y exposición de motivos, por las presidencias de las comisiones participantes.
2. Intervención de los integrantes del Conaedu.
3. Preguntas de los legisladores participantes y respuestas.
4. Cierre de la reunión.
Atentamente
Diputado Izcótatl Tonatiuh Bravo Padilla
Presidente
DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
A la reunión de trabajo con la de Educación Pública y Servicios Educativos; y de Puntos Constitucionales, y de Educación del Senado de la República con representantes del Consejo Nacional de Autoridades Educativas y el secretario técnico de la Subsecretaría de Educación Superior, doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, que se realizará el miércoles 26 de septiembre, a las 11:30 horas, en el lobby del edificio E, planta baja.
Atentamente
Diputado Raymundo Cárdenas Hernández
Presidente
DE LA COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA
A la reunión plenaria por efectuarse el miércoles 26 de septiembre, a las 12 horas, en la sala de juntas de la Comisión de Puntos Constitucionales (edificio D, tercer piso).
Atentamente
Diputada Verónica Velasco Rodríguez
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL
A la reunión ordinaria que se llevará a cabo el miércoles 26 de septiembre, a las 12 horas, en el salón E del edificio G.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión ordinaria celebrada el 22 de agosto de 2007.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del segundo informe semestral de actividades de la comisión, por el periodo comprendido del 1 de marzo al 31 de agosto de 2007..
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del programa de trabajo para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2007 y el 31 de agosto de 2008.
6. Asuntos turnados por la Mesa Diectiva de la Cámara de Diputados entre el 22 de agosto y el 25 de septiembre de 2007.
7. Análisis, discusión y, en su caso, votación de los siguientes proyetos de dictamen:
a) En sentido positivo, a la iniciativa con proyecto de decrerto que reforma el tercer párrafo del artículo 40 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.
b) En sentido negativo, a la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Seguro de Desempleo y para el Fomento del Empleo, y reforma el artículo 25 de la Ley del Seguro Social, y de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley del Seguro Social para crear el seguro de desempleo.
8. Asuntos generales.
9. Clausura.
Atentamente
Diputado Miguel Ángel Navarro Quintero
Presidente
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
A la continuación de la reunión con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) el miércoles 26 de septiembre, a las 12:45 horas, en el lobby del edificio E, planta baja, a efecto de analizar el tema de la configuración de responsabilidad administrativa y penal por parte de directivos y profesores de escuelas públicas que condicionan el servicio educativo a aportaciones económicas, contenido en la minuta remitida por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Orden del Día
1. Exposición de motivos, por el presidente de la comisión.
2. Intervención de los integrantes del Conaedu.
3. Preguntas de los legisladores participantes y respuestas.
4. Clausura.
Atentamente
Diputado Izcótatl Tonatiuh Bravo Padilla
Presidente
DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES
A la reunión de trabajo que se efectuará el miércoles 26 de septiembre, a las 13 horas, en la sala de juntas del Grupo Parlamentario del PRI situada en el edificio H, planta baja.
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Aprobación del acta de la reunión anterior.
5. Informe de las subcomisiones.
6. Participación del Comité Nasco-México (transporte de carga multimodal).
7. Asuntos generales.
8. Clausura.
Atentamente
Diputado Rubén Aguilar Jiménez
Presidente
DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES
A la reunión de trabajo que se efectuará el miércoles 26 de septiembre, a las 15 horas, en el salón B del edificio G.
Atentamente
Diputado Óscar Gustavo Cárdenas Monroy
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LOS FONDOS APORTADOS POR LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS
A la sexta reunión ordinaria, que se efectuará el jueves 27 de septiembre, a las 8:30 horas, en el salón A del edificio G.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la quinta sesión ordinaria.
4. Informes de acuerdos:
a. Presupuesto, punto de acuerdo de la comisión.
b. Mesas receptoras en Estados Unidos.
c. Solicitud de reunión con las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público.
5. Audiencia a dirigentes de ex braceros.
6. Asuntos generales.
Atentamente
Diputado Isidro Pedraza Chávez
Presidente
DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN, GESTORÍA Y QUEJAS
A la séptima reunión plenaria, que se efectuará el jueves 27 de septiembre, a las 9:30 horas, en la sala de juntas de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, situada en el edificio F, primer nivel.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Informe de las reuniones celebradas con los enlaces de los estados para la realización de las Jornadas de Información, Gestión y Atención Ciudadana.
5. Informe de las gestiones turnadas al comité durante el periodo agosto-septiembre.
6. Informe del Taller para emprendedores de proyectos productivos.
7. Asuntos generales.
8. Clausura.
Atentamente
Diputado Juan Hugo de la Rosa García
Presidente
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE APOYO A LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN
A la reunión en Comisiones Unidas que sostendrán la convocante y la de Cultura, con la visita del encargado por el Ejecutivo para coordinar los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana, doctor Rafael Tovar y de Teresa, el jueves 27 de septiembre, a las 11 horas, en el vestíbulo del edificio E, planta baja.
Atentamente
Diputado Francisco Antonio Fraile García
Presidente
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA
A la duodécima reunión plenaria, que se llevará a cabo el jueves 27 de septiembre, a las 12 horas, en los salones C y D, del edificio G.
Atentamente
Diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco
Presidente
DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
A la reunión de trabajo con diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que se verificará el jueves 27 de septiembre, a las 17 horas, en los salones C y D del edificio G, a fin de tratar el tema del federalismo hacendario.
Atentamente
Diputado Jorge Estefan Chidiac
Presidente
DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL DAÑO ECOLÓGICO Y SOCIAL GENERADO POR PEMEX
A la tercera reunión de trabajo, que se llevará a cabo el jueves 27 de septiembre, a las 12 horas, en el salón de protocolo del edificio A, planta principal.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la segunda reunión.
4. Informe sobre la visita de trabajo realizada a instalaciones de Pemex en el estado de Querétaro.
5. Expedientes técnicos Veracruz y Tabasco sobre afectaciones.
6. Incidentes del 10 de septiembre de 2007 en instalaciones de Pemex en el estado de Veracruz.
7. Visita a la sonda de Campeche.
8. Asuntos generales.
Atentamente
Diputado Arturo Martínez Rocha
Presidente
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO
A la reunión de trabajo que sostendrá con jefes delegacionales y con presidentes municipales de la zona oriente del valle de México el viernes 28 de septiembre, a las 11 horas, en los salones C y D del edificio G.
Atentamente
Diputado Obdulio Ávila Mayo
Presidente
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES
A la reunión de trabajo con el Grupo de Amistad México-Alemania del Parlamento de ese país, encabezado por el señor Lothar Mark, miembro del Partido Social-Demócrata, que se celebrará el martes 2 de octubre, a las 11:30 horas, en la sala de reuniones de la convocante.
Atentamente
Diputado Gerardo Buganza Salmerón
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SALUD
A la decimocuarta reunión de mesa directiva, que se llevará a cabo el martes 2 de octubre, a las 14 horas, en la sala de juntas de la comisión (edificio F, segundo nivel).
Orden del Día
1. Lista de asistencia.
2. Lectura del orden del día.
3. Aprobación del acta de la decimotercera reunión de mesa directiva, publicada en la Gaceta Parlamentaria, año X, número 2334, del miércoles 5 de septiembre de 2007.
4. Presentación de predictámenes de las subcomisiones listos para someterlos a votación en la decimotercera reunión plenaria.
5. Informe de los asuntos turnados a las subcomisiones.
6. Asuntos generales:
Propuestas de foros de medicina complementaria, segundo de medicamentos biotecnológicos, y sobre insuficiencia renal.
Atentamente
Diputado Ector Jaime Ramírez Barba
Presidente
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA
A la reunión extraordinaria que se efectuará el miércoles 3 de octubre, a las 9 horas (lugar por confirmar).
Atentamente
Diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez
Presidenta
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CITRICULTURA
A la reunión de trabajo que se celebrará el miércoles 3 de octubre, a las 9:30 horas, en el salón E del edificio G.
Atentamente
Diputado Pedro Montalvo Gómez
Presidente
