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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, para exhortar al jefe de las Fuerzas Armadas a no hacer uso indebido de los uniformes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos durante actos cívicos, suscrita por los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a redefinir y profesionalizar las funciones de su cuerpo de seguridad especial en áreas estratégicas, a cargo del diputado Juan Victoria Alva, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la STPS a atender el conflicto laboral en la mina de cobre de Cananea, Sonora; y al gobernador de ese estado, a respetar el derecho de manifestación de los integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a expedir el Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, a cargo del diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del PVEM.
- Con punto de acuerdo, para que esta soberanía se pronuncie contra la impunidad y la violencia en México, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Salud a expedir una NOM que obligue a los fabricantes de botanas y de refrescos a incluir en esos productos una etiqueta con la leyenda "El consumo en exceso de este producto puede causar obesidad y, por consiguiente, daños a la salud", a cargo del diputado Tomás Gloria Requena, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para dar seguimiento integral al proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Yesca, en Nayarit, a cargo del diputado Jaime Cervantes Rivera, del Grupo Parlamentario del PT.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 recursos para ciencia y tecnología, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SHCP, a la Sener y a la Comisión Reguladora de Energía a replantear la fórmula del precio del gas natural en México, a cargo del diputado Gustavo Caballero Camargo, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gremio transportista nacional a ajustarse a la NOM-012-SCT-2-2003, relativa al peso y a las dimensiones máximas con que los vehículos de autotransporte pueden transitar en la jurisdicción federal, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares de la SHCP, de la SCT y de Capufe a destinar un porcentaje de peaje de las autopistas de cuota a los estados y a los municipios donde se hallan éstas, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta la ASF y a la SFP a auditar e investigar los ejercicios fiscales del gobierno federal de 2001 a 2006, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, relativo al confinamiento de desechos tóxicos en Zimapán, Hidalgo, a cargo del diputado Jaime Cervantes Rivera, del Grupo Parlamentario del PT.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a decretar zona estratégica económica sustentable la región Cuenca de Burgos, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a publicar el Reglamento de Paquetería y Mensajería referido en el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Gobierno del Distrito Federal a realizar –por conducto de su Secretaría de Medio Ambiente– las acciones necesarias para declarar y administrar como área verde el bosque de Nativitas, en Xochimilco, a cargo del diputado Miguel Ángel Solares Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a aplicar la normatividad ambiental en diversas instalaciones petroleras; y a Pemex, a invertir mayores recursos en sus sistemas de operación, seguridad y vigilancia, a cargo del diputado Pedro Landero López, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a expedir las adecuaciones reglamentarias acordes con el decreto de reformas de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a revisar mediante el SAT la regla 2.3.5. de las Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar mediante la SHCP estudios para valorar los mecanismos de devolución del IVA a los turistas que visitan el país, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fijar mediante la SHCP plazos razonables para que las instituciones no lucrativas encargadas de la asistencia y beneficencia sociales reciban donativos deducibles de impuestos, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a otorgar un estímulo fiscal a los productores vitivinícolas nacionales; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a destinar en el próximo año recursos para el fomento, la promoción y la difusión del consumo de vino nacional, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Relativa al 22 aniversario luctuoso de las víctimas del sismo del 19 de septiembre de 1985, a cargo del diputado José de Jesús Solano Muñoz, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Relativa al Día Internacional de la Paz, a cargo del diputado Alejandro Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN.
Proposiciones
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, suscribe la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la administración pública federal, no se haga un uso indebido de los uniformes del ejército y la fuerza aérea nacionales durante las ceremonias cívicas, bajo las siguientes
Consideraciones
El día 16 de septiembre se llevó a cabo la celebración del CXCVII aniversario del inicio de la gesta de Independencia. Entre los actos protocolarios correspondientes, el desfile militar resulta uno de los de mayor importancia, debido a la invaluable labor de las instituciones castrenses en beneficio de la sociedad mexicana. Es por ello que la participación del titular de la administración pública federal en él, en su carácter de comandante supremo de las Fuerzas Armadas de nuestro país, constituye un símbolo inequívoco de la sujeción de los elementos militares a la autoridad civil legalmente establecida.
Este desfile militar, más allá de una demostración de la buena organización y elevado entrenamiento de los elementos que forman parte del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, se ha establecido en la actualidad como una tradición fuertemente arraigada en el pueblo de México, que les proporciona la posibilidad de una sana convivencia en tiempos de paz.
Hemos observado, con suma extrañeza que, durante el desarrollo del desfile, los hijos varones del hoy titular de la administración pública federal, portaban uniformes que correspondían a los grados de mayor y teniente coronel del Ejército Mexicano, como hemos podido corroborar en diversos diarios de circulación nacional.
Reconocemos que los cimientos de una educación fincada en los valores y símbolos patrios para nuestra niñez, es garantía de la formación de ciudadanos íntegros y comprometidos con el futuro de nuestro país. Esto, sin embargo, no autoriza al titular de la administración pública federal a exhibirlos en nuestro más relevante acto cívico.
Lo anterior encuentra su fundamento legal en el artículo 125, Capítulo VII de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que a la letra dice: "Los uniformes y las divisas en el Ejército y Fuerza Aérea, estarán especificados en el reglamento respectivo y son de su uso exclusivo, por lo que no podrán ser utilizados por personas, corporaciones o dependencias que les sean ajenas. Quienes violen estas disposiciones quedarán sujetos a lo que dispone la ley penal de la materia.
Adicionalmente, el Reglamento de Uniformes y Divisas del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, en su artículo 5 indica: "Se prohíbe a personas, corporaciones, instituciones oficiales y particulares el uso de uniformes, placas y divisas iguales a las que se describen en el presente reglamento, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea y la Ley Penal que corresponda".
Asimismo, el artículo 404 del Código de Justicia Militar explícitamente considera la portación ilícita de uniformes como un delito cuando señala que "Al que lleve públicamente uniforme, insignias, distintivos o condecoraciones militares, que no esté legítimamente autorizado para usar, o se atribuya grados o empleos del Ejército o de la Armada, que no le correspondan, se le castigará con la pena de cuatro meses de prisión."
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía, bajo el supuesto de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al jefe de las Fuerzas Armadas a no hacer uso indebido de los uniformes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos durante los actos cívicos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2007.
Diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A PEMEX A REDEFINIR Y PROFESIONALIZAR LAS FUNCIONES DE SU CUERPO DE SEGURIDAD ESPECIAL EN ÁREAS ESTRATÉGICAS, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN VICTORIA ALVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, para que se considere de urgente y obvia resolución, mediante la cual se exhorte a Petróleos Mexicanos (Pemex), a fin de redefinir y profesionalizar las funciones de su cuerpo de seguridad especial en áreas estratégicas del territorio nacional para salvaguardar las instalaciones de cualquier atentado; lo anterior, con base en las siguientes
Consideraciones
Con motivo de las explosiones de ductos de gas de Pemex en los estados de Veracruz y de Tlaxcala el pasado lunes 10 de septiembre, lo que provocó el desplazamiento de más de 20 mil personas de diversas localidades, es obvio que la seguridad de tales instalaciones estratégicas de la paraestatal carece de la seriedad y la relevancia con que debe ser tomada.
No obstante que hace apenas dos meses se registrara otro atentado contra instalaciones de la empresa en los estados de Querétaro y Celaya, no se tomaron las medidas necesarias para evitar los hechos del pasado lunes.
Si bien las funciones del cuerpo de seguridad especial interno consisten en realizar operaciones encaminadas específicamente a evitar el robo del combustible, es urgente implantar medidas para evitar y prevenir otro ataque a la empresa más importante de nuestro país.
Las pérdidas económicas por la falta de suministro de combustibles en las zonas centro y occidente del país repercutirán en miles de millones de pesos para la industria nacional, específicamente para la automotriz y la de la masa y la tortilla, por mencionar algunas, sin omitir los daños causados a los ciudadanos residentes en los lugares de las explosiones tanto en sus casas como los derivados de alguna afectación emocional.
Pemex debe hacer frente a los hechos que, lamentablemente, se perfilan como un esquema de debilitamiento de las instituciones productivas del país y por ello debe urgentemente hacerse de los recursos necesarios para profesionalizar la seguridad interna con que cuenta. De lo contrario, la viabilidad de distribución nacional de combustibles estará amenazada en cualquier momento por los grupos que tienen como argumento la violencia, y muestren nuevamente el rostro.
Si bien se prevé que el suministro de gas estará reestablecido en algunos días, es de vital importancia hacer una revisión de los esquemas de seguridad de la empresa y de la operatividad de los cuerpos de vigilancia en las instalaciones estratégicas para impedir a toda costa poner en riesgo la viabilidad de la propia paraestatal. Por ello, pongo a consideración del Pleno, para ser considerado de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a precisar cuáles son los lineamientos de las estrategias de acción de protección a las instalaciones de Pemex en el país, así como identificar las funciones del cuerpo de seguridad y su nivel de profesionalización y equipamiento.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2007.
Diputado Juan Victoria Alva (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA STPS A ATENDER EL CONFLICTO LABORAL EN LA MINA DE COBRE DE CANANEA, SONORA; Y AL GOBERNADOR DE ESE ESTADO, A RESPETAR EL DERECHO DE MANIFESTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA SECCIÓN 65 DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, Rosario Ortiz Magallón, José Antonio Almazán González y Carlos Navarro López, diputados federales e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para denunciar las condiciones de inseguridad y falta de higiene que persisten en las minas propiedad del Grupo México, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 30 de julio los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, Sonora, pertenecientes a la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, emplazaron a huelga a la empresa Industrial Minera México, SA de CV, subsidiaria de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco.
Su principal petición está basada en exigir mejores condiciones de seguridad e higiene tal como lo establece la Constitución Política del país, la Ley Federal del Trabajo y su propio contrato colectivo.
Sin embargo, Grupo México argumenta que dicha situación no existe, ya que sus empresas laboran en total seguridad.
Una evidencia de la colusión entre Grupo México y las autoridades laborales fue el hecho de que el encargado del despacho laboral patronal anunció que las huelgas en Cananea, Taxco y Sombrerete serían declaradas inexistentes horas antes de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje lo hiciera.
En lo que respecta a los trabajadores de la mina en Cananea, ellos lograron un amparó definitivo el pasado 16 de agosto, emitido por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Laboral.
Desgraciadamente, esta resolución no fue acatada y Grupo México buscó dividir el movimiento e intentar continuar con la operación normal de trabajo, hecho que ocasionó un enfrentamiento entre sindicalizados y personal contratado por la empresa que resultó en la muerte del minero Reynaldo Hernández González.
Hasta el momento no se han deslindado responsabilidades del asesinato, ni se ha dado castigo a los responsables.
Es necesario recordar que Grupo México es responsable de la muerte de 65 mineros ocurrida el 19 de febrero de 2006 en las instalaciones de la mina de carbón Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, por no ofrecer las medidas mínimas de seguridad para laborar ahí y soslayar las denuncias que vaticinaban una tragedia como la que efectivamente ocurrió.
Por otra parte, en mi carácter de representante popular, originario de Sonora, fui invitado por los representantes de los mil 300 mineros que trabajan en la mina de cobre Mexicana de Cananea para que constatara las condiciones de inseguridad y falta de higiene que subsisten en este momento en aquel lugar.
Por tal motivo, un grupo de legisladores federales, entre ellos José Antonio Almazán González, Rosario Ortiz Magallón y un servidor, acudimos el viernes de la semana pasada hasta aquella cuidad para realizar un recorrido por las distintas áreas de producción, concentración y perforación, con la finalidad de conocer las condiciones imperantes de inseguridad que acontecen.
De acuerdo a los testimonios de los trabajadores y a lo que observamos en el centro de trabajo, concluimos que la empresa no está cumpliendo con su obligación. Incluso la salud de los trabajadores está en peligro, ellos afirman que no se les han practicado análisis de sangre para detectar cuánto es el nivel de plomo que tienen en ella. En este lugar se manejan sustancias muy peligrosas como el ácido sulfúrico, cobalto, plomo y los trabajadores constantemente están expuestos a su inhalación o al contacto físico con ellas, incluyendo fuentes radioactivas.
Existen derrames permanentes de líquidos como aceite, agua y productos químicos. Hay también cables de electricidad expuestos, sin el plástico protector, que podrían ocasionar que alguien pueda electrocutarse, estructuras dañadas y sin mantenimiento, recolectores de polvo obsoletos ya que ha terminado su vida útil, así como poca higiene en los comedores, entre otras cosas más. En fin, numerosas condiciones propicias para que ocurra una tragedia.
Los mineros aducen que Grupo México se niega a realizar la reparación general de las estructuras y a solventar todos los desperfectos, porque eso conllevaría a detener la producción, por cierto bastante alta, del cobre y ellos dejarían de ganar más dinero.
Tan sólo en el primer trimestre de este año Grupo México reportó ganancias por más de 11 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 48 por ciento respecto de ese mismo lapso el año pasado. Tal y como lo aseguró en su momento el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quién vivió de cerca el siniestro de Pasta de Conchos, esas ganancias son a costa de la seguridad de los mineros de todo el país que trabajan para la empresa de Germán Larrea.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, para que, en el marco de sus atribuciones y con estricto apego a la ley, atienda las demandas de los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, Sonora, integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, e instruya a que se verifique el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de seguridad e higiene en dicho centro de trabajo.
Segundo. Así mismo, exhorta al gobierno constitucional del estado de Sonora a respetar las manifestaciones que, en ejercicio de las garantías individual que consagra nuestra Constitución, realicen los trabajadores a que alude el punto anterior.
Tercero. Finalmente, exhorta a las partes involucradas en este conflicto a encontrar por la vía del diálogo una solución a este conflicto en un marco de respeto a los derechos individuales y colectivos consagrados en el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo de trabajo vigente y las demás disposiciones que sean aplicables.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2007.
Diputados: José Antonio Almazán González, Rosario Ortiz Magallón, Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL PORTILLA DIÉGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
El legislador que suscribe, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicita que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La problemática ambiental que actualmente padecemos los seres humanos es compleja y de muy diversa índole. El cambio climático global, la pérdida de la diversidad biológica, la deforestación y los procesos de contaminación del aire, el agua y el suelo suponen retos de gran dimensión que debemos enfrentar.
Parte de esta problemática es la generación de residuos sólidos, que en el caso de las grandes ciudades cobra particular importancia, toda vez que dada la concentración de la población, la capacidad institucional de respuesta en muchas ocasiones es excedida.1 Este es el caso de la Ciudad de México, que con sus 8 millones 720 mil 916 habitantes, de acuerdo a cifras de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, cada día genera alrededor de 13 mil 250 toneladas de residuos sólidos, lo que equivale a 1.52 kilogramos por habitante al día.2
En un intento por mitigar y resolver este problema, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dictaminó y aprobó la iniciativa de ley de residuos sólidos del Distrito Federal que en su momento presentaron los diputados del Partido Verde Ecologista de México, además de legisladores de otros grupos parlamentarios. Esta ley fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 22 de abril del año 2003 y entró en vigor al día siguiente conforme a sus disposiciones transitorias.
El artículo 33 del capítulo IV "De la Separación de los Residuos Sólidos" de la ley en comento dispone que: "Todo generador de residuos sólidos debe separarlos en orgánicos e inorgánicos, dentro de sus domicilios, empresas, establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, instituciones públicas y privadas, centros educativos y dependencias gubernamentales y similares." Con esta medida se procura el mejor uso de los materiales susceptibles de reciclaje, optimizando el aprovechamiento de los recursos naturales y evitando mayores problemas como la saturación de los rellenos sanitarios o problemas de salud pública entre otros.
Aún cuando nadie puede negar que en principio la legislación del Distrito Federal en materia de residuos sólidos es vanguardista, resulta penoso y lamentable que en términos prácticos, parafraseando a Ferdinand Lasalle, ésta sólo sea una "ley de papel". Ello porque en realidad no se aplica y las autoridades capitalinas han sido omisas en su implementación.
A pesar de que la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal tiene más de cuatro años de haber entrado en vigor, aún no se cuenta con la infraestructura jurídica, administrativa y operativa, necesarias para su completa aplicación. Esto se afirma porque es la fecha en que el reglamento de dicha ley aún no se ha publicado, lo que insisto impide la completa aplicación del cuerpo legal en comento. Por ejemplo en el caso de la prevención y minimización de la generación de los residuos sólidos, el artículo 22 de la ley dispone que: "Para la prevención de la generación, valorización y manejo de los residuos sólidos, se incluirá en el reglamento las disposiciones para formular planes de manejo, guías y lineamientos para generadores de alto volumen de los residuos sólidos". O bien, respecto del inventario de los residuos sólidos y sus fuentes generadoras, el artículo 27 de la ley dispone que: "La Secretaría elaborará y mantendrá actualizado, en los términos del reglamento, un inventario que contenga la clasificación de los residuos sólidos y sus tipos de fuentes generadoras,…". Al respecto cabe preguntarse ¿Cómo esperamos que esto suceda cuando no existe reglamento alguno?
Para algunas personas y autoridades lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la ley, mediante el cual se dispone, entre otras cosas que: "…El Reglamento para el Servicio Público de Limpia en el Distrito Federal permanecerá vigente en todo lo que no se oponga a la presente ley y en tanto el gobierno del Distrito Federal expide el reglamento de la presente ley." es más que suficiente para justificar la demora en la publicación del reglamento que nos ocupa.
Cabría recordar a las autoridades competentes que la vigencia del Reglamento para el Servicio Público de Limpia en el Distrito Federal no da respuesta en su totalidad a lo dispuesto por la ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, por lo que no es posible argumentar que con la vigencia del mismo se cumplimenta el marco legal sobre residuos sólidos en el DF Pero no sólo eso sino que el valioso e intenso trabajo que han venido desarrollando algunas delegaciones y organizaciones ciudadanas para lograr la aplicación de la ley de residuos se ve truncado ante la falta de la reglamentación.
Esta omisión por parte de las autoridades del Distrito Federal sólo denota el desinterés que existe para atender con responsabilidad el problema de la generación de residuos sólidos en la capital del país, que por mucho es la plaza de mayor generación a nivel nacional.
Por lo expuesto y con objeto de contar con disposiciones reglamentarias completas y actualizadas que hagan eficiente la aplicación de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y en consecuencia, propicien la solución al complejo problema que plantean los residuos sólidos no sólo en el DF sino también en el país, el legislador que suscribe, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, solicitando sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su estudio y dictamen.
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal para que en un plazo breve expida el reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, de conformidad con lo que establece el artículo quinto transitorio de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el análisis y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 fije los montos que se destinarán para la infraestructura de transporte y recolección de residuos sólidos separados, con cargo al presupuesto asignado al Distrito Federal.
Notas
1. Los Residuos urbanos se definen como: Los generados en casa habitación, unidad habitacional o similares que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques, los provenientes de cualquier otra actividad que genere residuos sólidos con características domiciliarias y los resultantes de la limpieza de las vías públicas y áreas comunes, siempre que no estén considerados por esta Ley como residuos de manejo especial. Véase Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal. Décima Tercer Época, No. 33, 22 de abril de 2003, p. 4.
2. Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. 2006. Inventario de Residuos Sólidos del Distrito Federal. México, p. 6.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 20 de septiembre de 2007.
Diputado Manuel Portilla Diéguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE ESTA SOBERANÍA SE PRONUNCIE CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA VIOLENCIA EN MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO EMILIO ULLOA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Diputado Emilio Ulloa Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante ésta LX Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre de mis compañeros de bancada, ante ustedes, respetuosamente comparezco y expongo lo siguiente
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por su relación con los artículos 50 fracción II, 58 fracciones I, II, III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable asamblea deliberativa, la siguiente proposición con pronunciamiento público, por medio del cual, la honorable Cámara de Diputados se pronuncia en contra de la impunidad y la violencia en todo el país.
Sustento mi exposición en las siguientes consideraciones de
Hechos
Como dirían los clásicos, un fantasma recorre de este a oeste y de norte a sur al país, es el fantasma de la impunidad y la violencia generalizada en todos los órdenes de la vida nacional.
Cuando estamos prestos a celebrar, con bombos y platillos, los 200 años de la Independencia nacional y los 100 años de la Revolución Mexicana, ni siquiera hemos sido capaces los mexicanos de vivir en paz y armonía, porque quienes supuestamente están a cargo de brindarnos esas garantías constitucionales, son los primeros en violarlas.
La lista es interminable:
Como en tiempos de la Colonia, cuando Primo de Verdad y Ramos fue recluido en las mazmorras por cuestionar la autoridad de la Corona Española, hoy también se encarcela a quienes se atreven a cuestionar las formas y los actos de gobierno. Ahí están los casos de Santiago Pérez Alvarado en el estado de México, Flavio Sosa en Oaxaca y de Ignacio del Valle de San Salvador Atenco, estado de México, sólo por mencionar algunos.
Como en tiempos de cuando inició el primer imperio mexicano de Iturbide, y se robaron en la calle de Tacuba un capotón negro, según se publicó en la gaceta de la época, hoy los robos son el pan de cada día y de ello, dan muestra las incalculables riquezas de gobernantes que, una vez que dejan el poder, hacen alarde público de las mismas, como el nuevo rancho de Vicente Fox o las fastuosas residencias del señor Arturo Montiel Rojas, ex gobernador mexiquense.
No obstante que Morelos planteó en los artículos 18 y 22 de los Sentimientos a la Nación, la inadmisión de la tortura y la quita de tributos que más agobian, hoy vemos infinidad de reos que, en las agencias del Ministerio Público, fueron torturados para declararse culpables y, sin ir tan lejos, los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI de esta soberanía, recién aprobaron incrementos en la gasolina y el diesel, para afectar aún más, a los que ya de por sí no pueden estar más pobres y afectados.
Detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, procedimientos judiciales sin garantías y hasta un Ejército Mexicano, agarrando a bazucaso limpio a supuestos narcotraficantes en Apatzingán Michoacán, matando impunemente a familiares de maestros en Sinaloa o incluso, violando y asesinando mujeres ancianas en Zongolica, Veracruz, son actos que todos repudiamos pero que, a final de cuentas, quedan en la impunidad y en la memoria de todos nosotros, como llagas sin sanar.
Las mujeres, a quienes les debemos la vida, son constantemente asesinadas no sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua, también en Chimalhuacán, estado de México y en el resto de las entidades de la república, ante la indolencia de las autoridades de procuración y administración de justicia.
Y hasta quienes tienen la enorme responsabilidad de informar, como los periodistas, son arteramente asesinados a la luz del día o son procesados penalmente de manera infundada, como el caso de Lydia Cacho.
Artefactos explosivos estallan no sólo en la capital del país, sino también en los principales ductos de Petróleos Mexicanos, sin que ninguna autoridad haya podido capturar a los responsables de estos hechos que nos llenan de oprobio, angustia y temor.
Y aquellos cientos de miles de mexicanos que cada año abandonan la pesadilla en la que se ha convertido el país, son víctimas frecuentes de las autoridades migratorias mexicanas y de la delincuencia nacional e internacional, sin que los gobiernos hayan sido capaces de detener la constante violación de sus garantías constitucionales y sin que tampoco se exija, al país vecino del norte, la más mínima protección humanitaria a todos nuestros paisanos.
Ni el alto clero se encuentra exento de cometer delitos graves como la pederastia y la riqueza inexplicable. Ahí están los casos de Sandoval Iñiguez y de Onésimo Cepeda.
No me alanzaría toda la sesión, para recitar ante ustedes, toda la lista de impunidad y violencia que flagela a la patria.
Basta ya de tanta impunidad y violencia.
Basta ya de tanta vergüenza y de tanta indolencia.
No es posible que tengamos como secretario de Gobernación a un sujeto acusado de violaciones graves a los derechos humanos, a un procurador de justicia de Jalisco acusado de violación sexual a una menor o un gobernador de Querétaro, vendedor de terrenos al mejor postor, por encima del interés social.
No es posible, que tengamos un chacal como gobernador de Oaxaca o un fabricante de delitos contra sus opositores, como Enrique Peña Nieto, en el estado de México.
No es posible que se repitan, en pleno siglo XXI, represiones políticas al estilo de Ruiz Cortines o de Díaz Ordaz, como fue el caso de la huelga en la planta siderúrgica de Lázaro Cárdenas, Michoacán o la intervención de la UNAM por parte de la Policía Federal.
Nuestra memoria reciente tampoco escapa al reclamo. Ahí está el caso del "Pemexgate", los Amigos de Fox, los hijos de Martha Sahagún o la venta a precios de ganga de bienes nacionales, por parte del Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Ni qué decir de los culpables de cometer crímenes en el pasado.
Mientras, el narcotráfico permea toda la estructura política, social y económica del país y los procesos electorales se desarrollan mediante triquiñuelas, uso de recursos públicos y abusos de poder.
Mención aparte son los 60 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza y de marginación y quienes también son víctimas de la violencia institucional que aplican, en su perjuicio, los gobernantes neoliberales cuyas políticas públicas reproducen y agudizan sus lamentables condiciones.
Frente a estas circunstancias, esta soberanía popular no puede ni debe quedar al margen. Es de impostergable necesidad que, desde esta tribuna, se realice un pronunciamiento público ante toda la nación, para convocar a todos los actores políticos, sociales y económicos, sabios y probos, como decía Morelos, a que establezcamos las bases para refundar nuestra república sobre nuevas bases: aquellas que nos permitan recuperar la tranquilidad y la armonía mediante el imperio de la ley y el derecho.
En virtud de lo cual, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, se apruebe el siguiente
Pronunciamiento Público
Primero. La honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, se pronuncia públicamente ante la nación, en contra de las graves condiciones de impunidad y violencia que se suceden a diario y convoca, a todos los sectores económicos, políticos y sociales de la patria a que, en el ejercicio pleno de las garantías constitucionales, a realizar propuestas y acciones para la refundación de las instituciones de la república y del sistema jurídico nacional, que permitan la recuperación de la paz y el desarrollo como los ejes fundamentales de la convivencia de todos los mexicanos.
Segundo. Se ordena a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión a que establezca las bases y condiciones de la presente convocatoria.
Tercero. Publíquese el presente pronunciamiento en la Gaceta Parlamentaria y en los principales diarios de circulación nacional.
¡Cúmplase!
Dado en el salón de sesiones del recinto legislativo, a 20 de septiembre del año 2007.
Diputado Emilio Ulloa Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD A EXPEDIR UNA NOM QUE OBLIGUE A LOS FABRICANTES DE BOTANAS Y DE REFRESCOS A INCLUIR EN ESOS PRODUCTOS UNA ETIQUETA CON LA LEYENDA "EL CONSUMO EN EXCESO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CAUSAR OBESIDAD Y, POR CONSIGUIENTE, DAÑOS A LA SALUD", A CARGO DEL DIPUTADO TOMÁS GLORIA REQUENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura, Tomás Gloria Requena, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, que tiene como finalidad hacer un exhorto a la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Nacional de Normalización, elabore y expida de manera urgente y a la brevedad, una norma oficial mexicana en la que se obligue a los fabricantes de botanas y refrescos para que incluyan en la etiqueta de sus productos la leyenda: "El consumo en exceso de este producto puede causar obesidad y por consiguiente daños a la salud", basado en las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con especialistas padecimientos como la hipertensión, diabetes e infarto agudo al miocardio, experimentaron un incremento en nuestro país de alrededor del 60 por ciento en los últimos 20 años, lo que disparo la incidencia de enfermedades crónicas y por ende la tasa de mortalidad. Un ejemplo es la diabetes, cuya tasa de mortalidad en México es una de las más altas en el mundo, con 70 por cada 100 mil habitantes, en comparación con Estados Unidos de América en donde es de 20 por cada 100 mil.
Según datos de la presidencia durante los últimos ocho años el consumo de refrescos se incremento en un 37 por ciento, mientras que el consumo de frutas y verduras disminuyo en un 29 por ciento.
A estas cifras se añade el hecho de que el 21 por ciento de las personas con ingresos altos y sólo el 9.2 por ciento con ingresos bajos, practican alguna actividad física o deporte, en consecuencia, el índice de sobrepeso en México pasó de 60 por ciento en 1999 a un 70 por ciento en el 2005, de estas personas el 26 por ciento son menores en edad escolar cursando la educación primaria, y el 36 por ciento en educación secundaria, lo anterior conforme a datos arrojados por la Encuesta Nacional de Salud emitida por el Instituto Nacional de Salud Publica en el 2006.
En los años noventa, los alumnos ingerían poco mas de 2 mil calorías diarias y empezaron a subir de peso hasta llegar a consumir en la actualidad 3 mil 800, para el 2010 serán unas 4 mil 500 calorías aproximadamente, fundamentalmente por la ingesta de alimentos industrializados y bebidas que proporcionan alta cantidad.
Este dato es importante porque nos da como resultado, primero de que los niños que en 1999 tenían once años, en el año 2007 tienen diecinueve años, los que tenían cinco años en 1999 actualmente tienen trece años, y en ambos grupos la tendencia es pasar de niños obesos a adolescentes obesos.
Desde luego que no se soslaya el hecho de que las condiciones económicas por las que el país atraviesa han contribuido que en el seno del hogar tanto el papá como la mamá tengan que trabajar y que esta situación produzca un vació en el cuidado de la alimentación de sus hijos, ocasionando con ello la compra e ingesta de productos que causan obesidad fuera de los planteles escolares.
No obstante, a pesar de que generalmente los padres cumplen con su obligación alimentaría, los hábitos alimenticios de los menores se ha modificado sensiblemente en las últimas décadas.
Factores como el sedentarismo, así como un mayor consumo de alimentos grasos y de alto contenido calórico, la ingesta refrescos gaseosos así como de una gran cantidad de jugos que contienen altos concentrados de azúcar, han incidido en que estos pequeños consumidores presenten sobrepeso e incluso obesidad infantil, con los consecuentes trastornos de salud.
Este padecimiento esta relacionado con un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de calorías, el cual puede tener múltiples causas, entre ellas están los estilos de vida, la educación.
Casi la totalidad de los niños obesos en primaria y secundaria, que están en la etapa previa o en la pubertad y presentan pseudoacantosis nigricans, trastorno de la pigmentación de aparición juvenil y asociado usualmente con sobrepeso y alteraciones endocrinas, principalmente intolerancia a la glucosa (Instituto Nacional de Salud Pública).
Según datos publicados por el investigador Federico Siguero en su texto Obesidad la Epidemia del siglo XXI. En México el 87 por ciento de estos pequeños sufre hipertensión moderada a severa, 70 por ciento de altos niveles de triglicéridos, y 57 por ciento de altos niveles de colesterol.
La obesidad es la enfermedad mas frecuente en niños, seguida de la diabetes. El incremento de ambas va en paralelo y mientras no disminuya la primera, tampoco lo hará la segunda.
De seguir la tendencia actual, no habrá gobierno alguno al que le alcancen los recursos para tratar a los obesos que desencadenan diabetes, hipertensión o alguna otra complicación.
Conclusión
Tenemos el deber como legisladores de impulsar acciones de educación y promoción a la salud, que causen un impacto en la sociedad, en donde se informe sobre los riesgos de salud que implica la ingesta en exceso de determinados productos y fomentar el consumo de los que reúnan las condiciones nutricionales adecuadas.
Por lo tanto, para sustentar que la ingesta no controlada en cuanto refrescos, jugos y productos que contribuye en gran medida a que el número de calorías obtenidas sea mayor al requerimiento diario de las personas, es necesario que se apoye el desarrollo de una investigación epidemiológica a nivel nacional, que permita conocer en cuánto y cómo contribuye la ingesta de estos productos a ocasionar trastornos de salud.
Se obtendría también la información suficiente para conocer el consumo de productos con gran cantidad de carbohidratos ya que observamos y sabemos que el refresco y algunos alimentos denominados "chatarra", consumidos en exceso y sin control producen obesidad, pero no se ha registrado cuánto y en qué cantidades ya que actualmente, como lo he mencionado, forman parte ya de la dieta diaria de una gran cantidad de mexicanos, principalmente niños en edad escolar.
Con la incorporación de esta leyenda "El consumo en exceso de este producto puede causar obesidad y por consiguiente daños a la salud", se pretende alertar a los consumidores, a los niños en particular en edad escolar y a sus padres, de los efectos que pueden ocasionar el consumo continuo de dichos productos.
Lo más importante que debemos considerar es que esta información permita con un lenguaje sencillo y accesible elegir entre el consumo de alimentos que causan obesidad y los que por su contenido nutrimental contribuyen a condiciones de vida adecuadas para un satisfactorio desarrollo integral de los menores.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaria de Salud para que a través de la Comisión Nacional de Normalización, elabore y expida una norma oficial mexicana en la que se obligue a los fabricantes de botanas y refrescos para que incluyan en la etiqueta de sus productos la leyenda: "El consumo en exceso de este producto puede causar obesidad y por consiguiente daños a la salud".
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2007.
Diputado Tomás Gloria Requena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA LA YESCA, EN NAYARIT, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME CERVANTES RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, Jaime Cervantes Rivera, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a fin de crear la comisión especial para dar seguimiento al proyecto hidroeléctrico denominado La Yesca, en Nayarit, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Muchos de los argumentos discursivos incluidos en las propuestas de modernización estriban en una oportunidad de progreso económico para cientos de personas.
Sin embargo, pese a los esfuerzos por mantener los objetivos originales y que en teoría deben dar realce a los beneficios proyectados para las poblaciones involucradas de cualquier parte de la República Mexicana, los resultados son contrarios.
Esto es muy común sobretodo en aquellas regiones en las que su población se encuentra vulnerable ante los fenómenos procedentes de los proyectos urbanísticos o de infraestructura pública como son los casos de la construcción de puentes, carreteras, caminos y presas hidroeléctricas.
En esta ocasión, nos referimos precisamente a la construcción de la presa denominada La Yesca, ubicada en la zona limítrofe entre Nayarit y Jalisco.
Esta obra será construida con una inversión aproximada a los mil millones de dólares, y cuyos cálculos contemplan una capacidad de almacenar hasta 7 mil millones de metros cúbicos de agua, así como generar hasta los 920 megawats.
Al realizar estas construcciones, en muchas ocasiones la población se queja por un creciente deterioro ambiental, además de ser agredidos en sus derechos económicos sobre todo en el momento de pedir participar como fuerza laboral en sus zonas de origen, y al verse desplazados por otras ofertas, muchas veces se ven obligados a migrar a otros estados e incluso a los Estados Unidos.
En ocasiones, la falta de insumos alimenticios a precios accesibles se escasea por el abuso arbitrario por parte de los comerciantes regionales, lo cual se debe a la facilidad de compra de quienes son asalariados por estas megaconstrucciones.
La prostitución, la destrucción de núcleos familiares por el abandono de hogar generalmente por parte del padre, así como enfermedades venéreas, son otros factores negativos para las comunidades cercanas a la construcción de esta presa.
Los poblados con mayor probabilidad de ser afectados son los de San Antonio, Santo Tomás, Labor de Guadalupe y La Quemada, además de lastimar considerablemente la zona de reserva arqueológica conocida como Los Toriles.
En general, no dejan de ser estos sólo algunos de los fenómenos de impacto social negativo que trae en sí la población flotante hacia los poblados cercanos.
Lejos de beneficiar directamente a los pobladores de la región, a la larga provocan una seria descomposición social entre ellos.
Otro de los principales argumentos por los que la población de estas comunidades se oponen a la construcción de esta obra es que con la edificación de las tres anteriores presas: Aguamilpa, San Rafael y El Cajón, además de padecer las atroces prácticas antes señaladas, es su escasa utilidad pública en la región.
Los antecedentes son muchos: los afectados no son indemnizados en su totalidad o simplemente no se les consideró para recibir indemnización alguna, cometen daños ecológicos, hay expropiaciones de más sin sentido de utilizar las tierras adquiridas y tampoco se da la rentabilidad económica que justifican estas garrafales inversiones.
Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es de suma importancia prever cualquier tipo de aspecto técnico y de impacto social negativo para las regiones colindantes a la realización de algún proyecto de carácter público.
En este sentido, el Ejecutivo federal es quien oportunamente debe dar propuestas integrales de solución a los problemas originados por este tipo de construcciones, incluyendo el impacto social y económico que pueda afectar a las comunidades cercanas a cada proyecto, ya que por parte de las constructoras licitadas o en este caso de la Comisión Federal de Electricidad, desconocen todo tipo de compromiso directo con la sociedad.
Proponemos por tanto que la Junta de Coordinación Política sugiera a este Pleno la creación de una comisión especial para dar seguimiento de manera integral al proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica denominada La Yesca en el estado de Nayarit.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Único. La Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados, somete a la consideración del Pleno, la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento de manera integral al proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica denominada "La Yesca", en el estado de Nayarit, con el fin de analizar su viabilidad financiera y técnica, así como su impacto en distintos ámbitos de la vida pública, social, y además del soporte financiero para satisfacer las necesidades de la población de las poblaciones afectadas por el mencionado proyecto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2007.
Diputado Jaime Cervantes Rivera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008 RECURSOS PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los recientes acontecimientos sobre el extraordinario desempeño de los tres alumnos mexicanos que ganaron el primer lugar en el concurso mundial de geografía nos hace reflexionar sobre los grandes pendientes que tiene nuestro país en temas de educación, ciencia y tecnología.
Principalmente el rubro de ciencia y tecnología en México ha sufrido en los últimos años un severo retroceso en la agenda nacional, que se ha reflejado en las asignaciones presupuestarias. A escala internacional se ha manifestado el continuo declive de México en las clasificaciones internacionales de competitividad, principalmente por lo que se refiere al aspecto tecnológico.1 De ahí que sea necesario promover y financiar nuevas estrategias científicas y tecnológicas que involucren a los centros de investigación, las universidades y las empresas privadas, y dar prioridad a la formación de recursos humanos, como un valioso aporte del gobierno para el desarrollo económico del país.
En México, el número total de investigadores por cada mil personas empleadas en el país es 10 veces menor que el promedio de las naciones que pertenecen a la OCDE. México tiene 10.7 computadoras por cada 100 habitantes, solamente arriba de Turquía. El coeficiente de inventiva es de 0.05 por debajo de Argentina y Chile.2 Las cifras de México señalan que el gasto per cápita en investigación y desarrollo por habitante pasó de 43.4 dólares para 2003 a 42.2 en 2004, que lo sitúa como el país con el gasto de investigación y desarrollo más bajo en la OCDE.3
Esos rezagos han propiciado que diversas organizaciones internacionales como la UNESCO,4 la OCDE y el Banco Mundial recomienden invertir en el rubro de ciencia y tecnología entre el 1 y 1.5 del producto interno bruto (PIB). Esta recomendación, igualmente, ha encontrado eco en diversos sectores nacionales, como el académico, el empresarial y hasta los gobiernos estatales que integran la Conago, que subrayan la importancia estratégica de llegar a un presupuesto federal en materia de ciencia y tecnología que alcance 1 por ciento del PIB.
Sin embargo, en esta materia nuestro país retrocede. El gasto federal para ciencia y tecnología en México, de 2005 a 2007, pasó de 0.37 por ciento5 a 0.35 por ciento respecto al PIB, aún muy alejado del 1 por ciento que se ha recomendado. En su composición, de 2005 a 2006, el gasto destinado al Conacyt bajó de 29 por ciento de este gasto a sólo 18.5 por ciento.
Así, desde 2004 hasta 2007, el gasto programable federal destinado al Conacyt como porcentaje del PIB se han mantenido en apenas 0.1 por ciento.6 En 2007 vio disminuir recursos en áreas sustantivas y temas tan importantes como la investigación científica (5.4 por ciento), el desarrollo tecnológico (5 por ciento), y los servicios científicos y tecnológicos (4.7 por ciento)
La actual Ley de Ciencia y Tecnología señala explícitamente en el artículo 9 Bis la aspiración de alcanzar al menos 1 por ciento en inversión pública en ciencia y tecnología; y como prevé el artículo segundo transitorio del decreto de la reforma del artículo 9 Bis de esta ley, es indispensable retomar el incremento gradual del presupuesto en este rubro, de manera tal que se incrementen todas las actividades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Por todo esto es indispensable recomendar que en la próxima discusión sobre el Presupuesto federal de 2008 se considere un aumento sustantivo a este rubro, que repercuta de manera gradual el gasto del Conacyt y permita que se retome un aumento en el gasto federal para ciencia y tecnología. La propuesta es que este gobierno al finalizar su sexenio realmente se acerque al 1 por ciento del PIB nacional señalado en la ley.
Por eso se solicita que se otorgue para el gasto federal en ciencia y tecnología por lo menos 0.5 del PIB nacional, donde el Conacyt reciba el 35 por ciento de estos recursos.
Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 el aumento de recursos destinados a ciencia y tecnología en un porcentaje de 0.5 del PIB nacional, donde el Conacyt reciba 35 por ciento de estos recursos.
Notas
1 Número de solicitudes de patentes por residentes por cada 10 mil habitantes.
2 Bazdresch P., Carlos y Romo M., David. El impacto de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, diciembre de 2005, página 34.
3 Conacyt. Informe general del estado de la ciencia y la tecnología 2006, México en el mundo, página 233.
4 Ídem, página 237.
5 Conacyt. Capítulo I, "Gasto en actividades científicas y tecnológicas", página 5; y Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2006.
6 SHCP. "Gasto programable del sector público presupuestario. Información en porcentajes del PIB, 2004-2006", en http://www.apartados.hacienda.gob.mx/clon_estadisticas/index.html, para 2007 se tomaron los datos del PEF de 2007 y los criterios generales económicos presentados por el Ejecutivo para el proyecto de PEF de 2007.
Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2007.
Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A LA SHCP, A LA SENER Y A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA A REPLANTEAR LA FÓRMULA DEL PRECIO DEL GAS NATURAL EN MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO GUSTAVO CABALLERO CAMARGO, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA DE BURGOS
El que suscribe, Gustavo Fernando Caballero Camargo, diputado federal de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en nombre de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo el tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El gas natural es una mezcla gaseosa en condiciones normales de presión y temperatura. No tiene olor ni color, y por lo general se encuentra en forma natural mezclado con otros hidrocarburos fósiles. Al momento de su extracción, el gas natural contiene impurezas como agua, ácido sulfhídrico, dióxido de carbono y nitrógeno, que tienen que ser removidas antes de su transporte y comercialización.
2. Como medida de seguridad, la legislación relativa estipula que los distribuidores deberán adicionar un odorizante al gas natural para que se pueda percibir su presencia en caso de posibles fugas durante su manejo y distribución al consumidor final.
3. El gas natural se encuentra generalmente en depósitos subterráneos profundos formados por roca porosa o en los domos de los depósitos naturales de petróleo crudo. Dependiendo de su origen, el gas natural se clasifica en dos tipos:
Gas no asociado: Es el que se encuentra en depósitos que contienen únicamente este combustible.
Conforme a esta ley, la explotación, procesamiento, construcción y operación de ductos de gas natural, incluyendo el almacenamiento y la comercialización (excepto distribuidoras), habían sido actividades reservadas al Estado, a través de su empresa Pemex Exploración y Producción, entidad responsable de la exploración y extracción de petróleo crudo y gas.
5. La normatividad de esas actividades se había sujetado a lo establecido por la Secretaría de Energía y Pemex, mientras que la entidad encargada de vigilar las actividades relacionadas con la venta de gas natural había sido la Secretaría de Comercio.
6. Las funciones de regulación se asignaron a la Comisión Reguladora de Energía a través de la expedición, en octubre 1995, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. Esta ley transformó a la Comisión Reguladora de Energía; de ser un órgano consultivo en materia de electricidad, como lo estableció su decreto de creación en 1993, a uno desconcentrado de la Secretaría de Energía, con autonomía técnica y operativa, encargado de la regulación de gas natural y energía eléctrica en México.
Consideraciones
1. Actualmente, Pemex Gas y Petroquímica Básica ocupa una posición estratégica, al tener la responsabilidad del procesamiento del gas natural y sus líquidos, así como del transporte, comercialización y sus productos.
2. Pemex Gas, de acuerdo con la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, es un organismo público descentralizado de carácter técnico, industrial y con personalidad jurídica propia.
Este organismo está facultado para realizar las actividades relacionadas directa o indirectamente con su objeto legal, el cual consiste en el procesamiento del gas natural, líquidos del gas natural y el gas artificial; almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de estos hidrocarburos; así como de derivados que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas.
3. La Comisión Reguladora de Energía debe contribuir a salvaguardar la prestación de los servicios públicos, fomentar una sana competencia, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
4. México es uno de los países con mayores reservas probadas de gas natural, las cuales se calculan en 63 billones de pies cúbicos.
El consumo de gas natural en México es en promedio de 5 mil 890 millones de pies cúbicos por día (mpcd), su utilización se distribuye de la siguiente manera:
Pemex 48%
Industria 34%
Electricidad 16%
Doméstico 2%
México, siendo país productor e importador de gas natural cuenta con precios por encima de otros países, incluso no productores. En contraste, a pesar de este aumento de precios no se ha logrado aumentar la producción de gas natural, ni mejorar la calidad del suministro.
6. Actualmente la política de precios del gas natural en México reconoce el precio del producto en su mercado internacional relevante corno un indicador adecuado de su costo de oportunidad. Debido a que el gas mexicano tiene que competir en el mercado norteamericano, especialmente con el sur de Texas, se ha considerado que el precio en aquel mercado es una aproximación adecuada del costo marginal en un entorno de mercado abierto.
7. La referencia de precio en la frontera que se ha utilizado para el gas de origen nacional es la canasta compuesta por el promedio de los índices para el sur de Texas de los gasoductos de Texas Eastern Transmision (TETCO) y El Paso Gas Transmision (EPGT Texas Pipeline, L.P.), que se dan a conocer mensualmente en publicaciones especializadas de la industria y el mercado del gas.
8. Los precios en México están alineados con la estructura de precios del gas natural que prevalece en el resto de América del Norte. Puede afirmarse que Pemex Gas carece de poder discrecional en la formación del precio del gas, toda vez que éste se determina en el mercado de Norteamérica y las tarifas de transporte son reguladas por la Comisión Reguladora de Energía.
9. La existencia de una política general formulada a nivel del gobierno federal, elimina la discrecionalidad que Pemex pueda tener como productor único. Adicionalmente, en el caso particular del gas natural existe, desde 1995, una regulación específica que establece principios y reglas que refuerzan la transparencia y los límites a los que debe sujetarse la política de precios.
10. El precio al público del gas natural se calcula mensualmente para cada uno de los sectores de precios; los conceptos que lo integran son:
• La tarifa de transporte del sector de precios donde se ubica el cliente.
• El costo del servicio de acuerdo al tipo de contrato afirmado con Pemex Gas.
• El Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15 por ciento o del 10 por ciento si se trata de la franja fronteriza.
Precio techo. Este instrumento es equivalente a un seguro contra un precio máximo, en donde por el pago de una prima la empresa fija el precio máximo al cual está dispuesta a pagar el gas natural.
Precio túnel. Este es muy parecido al precio techo, con la diferencia de que la empresa, a fin de bajar el costo de la prima por el precio techo, cobra una prima por establecer un precio piso.
Una vez aprobado este catálogo en su versión inicial, la comisión supervisa las actualizaciones que Pemex Gas haga del mismo en función de las condiciones del mercado.
Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 14, fracción II, de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo; artículo 3, fracción VII, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del Reglamento de Gas Natural.
13. La actual regulación, además de promover la participación del sector privado, nacional e internacional en la industria del gas natural en México, propone la desagregación de las actividades involucradas en el suministro a los adquirentes.
De esta manera, como la producción del gas natural sigue reservada al Estado, las ventas del producto a la salida de las plantas se reservan a Pemex Gas. Sin embargo, en las actividades de almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de gas natural, la normatividad promueve la entrada de nuevos participantes buscando mayor competitividad.
14. Es menester retomar el debate del precio de los hidrocarburos, sobre todo el del precio del gas natural, cuyo incremento ha ocasionado el cierre de miles de empresas de los sectores químico, petroquímico, textil, de aceites, vidrio y siderúrgico, entre otros.
Incrementándose aún más el desempleo, agravando la situación actual del empleo en México.
En el norte de México es donde más ha impactado el incremento del precio del gas natural, lo que ha desembocado en una menor inversión, por ello debemos reflexionar sobre esta temática para otorgar mejores posibilidades de desarrollo a la industria nacional.
15. En el considerando de que el gas natural es el principal energético del sector industrial, estamos obligados a garantizar un suministro confiable, así como costos y calidad competitivos.
16. En los últimos 5 años, el precio medio anual del gas natural ha fluctuado entre 2 y 4 dólares por millar de pies cúbicos. En lo que va de este año, se ha mantenido un precio de 6.90 dólares por millón de BTU.
17. Lo que debemos hacer es modificar la situación fiscal de Pemex para darle mayor libertad operativa, que le permita invertir en sus programas de exploración y producción de gas natural. Así como replantear la fórmula actual que sirve de base para el cálculo del precio del gas natural.
18. El alza en los precios del gas natural se contrapone a los objetivos que persigue la Secretaría de Energía, a quien compete conducir la política energética del país; dentro del marco constitucional vigente, para garantizar el suministro competitivo, suficiente, de alta calidad, económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos que requiere el desarrollo de la vida nacional.
19. De maximizarse la explotación del gas natural por parte del gobierno a través de Pemex se asegurarían ingresos futuros muy cuantiosos para beneficio de los mexicanos.
20. Es necesario, por ende, reorientar la política energética en México y para ello se requiere de la corresponsabilidad de todos los actores políticos involucrados en el tema energético como son:
La Secretaría de Energía.
La Secretaría de Hacienda.
La Comisión Reguladora de Energía.
La dirección general de Pemex Gas y Petroquímica Básica.
La Comisión Federal de Competencia.
Organismos intermedios y cámaras.
Y, por supuesto, el Congreso de la Unión, entre otros.
22. Los beneficios por un cambio de política energética con una mayor producción de gas y una política de precios competitiva generarían importantes beneficios tales como:
Mayores ingresos fiscales;
Desarrollo de cadenas productivas y nuevas actividades;
Efecto multiplicador en la generación de empleo y en la economía en general;
Impulso al desarrollo regional y el desarrollo de infraestructura energética; y
Protección al ambiente
Por todo lo anterior, la Comisión especial de la Cuenca de Burgos, propone al pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía:
Único. Adecuar la fórmula para determinar el precio de venta de gas natural producido en México a un precio más competitivo en un marco que reconozca el volumen de producción nacional, incentive el consumo del energético, e impulse la inversión en el desarrollo de esta industria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2007.
Diputados: Miguel Ángel González Salum (rúbrica), presidente; Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Pedro Landero López (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), secretarios; Beatriz Collado Lara (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), Raúl García Vivián, José Martín López Cisneros (rúbrica), Luis Alonso Mejía García, Sonia Nohelia Ibarra Franquez (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Gustavo Caballero Camargo (rúbrica), Jericó Abramo Masso (rúbrica), Robinsón Uscanga Cruz (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GREMIO TRANSPORTISTA NACIONAL A AJUSTARSE A LA NOM-012-SCT-2-2003, RELATIVA AL PESO Y A LAS DIMENSIONES MÁXIMAS CON QUE LOS VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE PUEDEN TRANSITAR EN LA JURISDICCIÓN FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO DEL VALLE TOCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Antonio del Valle Toca, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone al Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo a fin de exhortar al gremio transportista nacional para ajustarse a la norma oficial mexicana NOM-012-SCT-2-2003, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que en México es notable el exceso de pesos y dimensiones de los vehículos de carga que circulan por carreteras federales, estatales y municipales. La mayoría de las carreteras existentes en el país, construidas hace mas de treinta años, fueron diseñadas para cierto tipo de vehículos que difieren del parque vehicular de hoy. Actualmente, el parque vehicular supera en numero y en aspectos tecnicomotrices al de hace tres décadas. Hablamos de más vehículos, con mayores capacidades de desplazamiento, velocidad y atributos tecnológicos.
2. Que el transito en carreteras de unidades de carga doblemente articuladas (fulles) merece especial atención. Que en aras de trasladar en una cantidad menor de tiempo de transito y a menores precios mercancías, combustibles, productos de consumo, etc., en vehículos de grandes pesos y dimensiones, congestionan la capacidad de los caminos y puentes, y perjudican la infraestructura carretera que en su mayor parte no fue creada para soportar tal saturación.
3. Lo anterior tiene impacto directo en la sociedad y en sus actividades económicas, y trasciende en aspectos ambientales, de seguridad en carreteras, de productividad y competitividad, etcétera, que repercuten dentro del desarrollo económico y social de nuestro país. En México, la secretaria de comunicaciones y transportes (SCT) opera cada vez con menores recursos direccionados a las carreteras. No obstante, habrá que reconocer el esfuerzo que la SCT ha rendido en la construcción de nuevos caminos y mantenimiento de los ya existentes. Así es como cada año la SCT busca que junto con el Congreso de la Unión se otorguen mayores recursos para el mantenimiento y conservación de los caminos a su cargo.
4. Por lo anterior, en este año (2007), la SCT publicó en el diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana sobre pesos y dimensiones máximas con las que deben circular los vehículos de autotransporte por caminos y puentes de jurisdicción federal dentro de las cuales sobresalen los siguientes aspectos:
• Se establece el peso máximo permisible en 66.50 toneladas por vehículo.
• Se establece la longitud máxima permitida en 31 metros por vehículo.
• Se permite un incremento de 6 toneladas cuando los ejes del full cuenten con suspensión neumática.
• Se define un procedimiento de verificación de peso y dimensiones en centros fijos y móviles, exceptuando de revisión a aquellos vehículos que traigan un permiso previo.
6. Que los vehículos doblemente articulados generan un área de accidentes mayor cuando se ven involucrados en un percance. Uno de los factores que contribuyen a ese hecho son las dimensiones de los fulles. Estudios han demostrado que los fulles están mas propensos a sufrir un desacoplamiento que otras configuraciones vehiculares, por lo que al presentarse un desacoplamiento en una carretera que no este acondicionada para el transito de estos vehículos, el área del accidente es mayor.
7. Que durante el periodo de enero a diciembre del 2006, tan sólo en ocho estados de la Republica, los vehículos de carga articulados y doblemente articulados (fulles) se vieron involucrados en un total de 1 mil 154 accidentes, estos siniestros provocaron un total de 776 lesionados y 356 muertes, y causaron daños materiales por un monto de 127 millones 830 mil 700 pesos. Además de que el grado de severidad de una colisión entre vehículos se puede calcular por medio de una simple ecuación: Cuando el peso aumenta, también se incrementa la severidad del choque, provocando que algunas lesiones que pudieron ser poco serias, se convierten en lesiones graves y estas a su vez en fatalidades (muertes).
8. Que los efectos en materia ambiental son devastadores, ya que el efecto de contaminantes producidos por largas filas dentro de las carreteras nacionales que abarcan kilómetros de vehículos parados con los motores encendidos, a causa de algún accidente o volcadura de fulles, provocan un mayor índice de contaminantes suspendidos en el aire que los que puedan producir el aumento de transito de vehículos de carga que pueda producirse por el hecho de que no puedan circula fulles en carreteras de tipo C, y que en casos de accidentes los fulles, por sus dimensiones, provocan que su restauración y salvamento dentro de las carreteras nacionales se realicen en varias horas, y el costo económico y de deterioro en las vías de comunicación sea mayor.
9. Que el hecho de no ajustarse a la norma oficial vigente causa una perdida de productividad y de competitividad dentro de la población económicamente activa, así como en ramos del autotranporte federal como lo es el de pasajeros; pues los autobuses consumen mayores cantidades de combustible por circular a bajas velocidades, causan mas contaminación al ambiente y el constante frenado para mantener la distancia con los fulles provoca mayor desgaste de piezas. Además de que anualmente cerca de 2 mil 950 millones de pasajeros que se transportan a sus lugares de trabajo o estudio a través de estos autobuses de pasajeros y que no llegan a tiempo a sus destinos por estar detenidos por un accidente ocasionado por los fulles, se ven reflejados en la perdida de horas hombre de trabajo además de las personas que transitan en sus vehículos particulares y que sufren el mismo problema y surten el mismo efecto en la economía del país.
10. Que la manera en que circulan los fulles y las unidades de grandes dimensiones están generando que el autotranporte de pasajeros y de carga en menores dimensiones, pierdan competitividad frente a otros modos de transporte pues los tiempos de recorrido se han incrementado de manera importante, sobretodo en trayectos largos.
11. Que las normas de pesos y dimensiones en los Estados Unidos de Norteamérica oscilan en pesos máximos de entre 40 y 60 toneladas y en Europa es de entre 40 y 50 toneladas, por lo que el hecho de que la norma Mexicana permita un máximo de 75.5 toneladas no es factor para la mejor productividad y competitividad de el autotranporte de carga de grandes dimensiones (Fulles) y de las empresas que los contratan, por lo que no debemos confundir la productividad con el beneficio económico de un grupo de empresas.
Por lo anterior, someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que se exhorte al gremio transportista nacional así como a las organizaciones y empresas que dependan de este servicio, a ajustarse a lo establecido en la norma oficial mexicana NOM-012-SCT-2-2003, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal para alcanzar la competitividad y productividad en nuestro país; y así alcanzar un trato equitativo para todos los actores de la actividad carretera.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2007.
Diputado Antonio del Valle Toca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LOS TITULARES DE LA SHCP, DE LA SCT Y DE CAPUFE A DESTINAR UN PORCENTAJE DE PEAJE DE LAS AUTOPISTAS DE CUOTA A LOS ESTADOS Y A LOS MUNICIPIOS DONDE SE HALLAN ÉSTAS, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL PEÑA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal en la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
En el país existían en 2006, de acuerdo con cifras del primer informe presidencial de la presente administración, 48 mil 319 kilómetros de carreteras troncales federales. De éstas, 7 mil 558 kilómetros corresponden a autopistas de cuota, en sus distintas modalidades, de dos y de cuatro o más carriles, y Capufe administra 4 mil 912 kilómetros, el resto son operadas por concesionarios particulares y estatales.
En ese mismo año Capufe invirtió 56.7 millones de pesos en la construcción y modernización de las autopistas bajo su operación, 57.7 millones de pesos en mantenimiento y 60.6 millones de pesos en operación de servicios y administración; en tanto que los concesionarios privados invirtieron 6 mil 49.5 millones de pesos.
Aunque la red de autopistas de cuota en México ha venido creciendo, los estados y municipios en que se ubican éstas poco se han beneficiado de manera directa y evidente de la operación de dichas vías de comunicación, lo que resulta injusto e inconveniente, pero superable.
Por otra parte, un porcentaje elevado de los ingresos de los estados y municipios en general depende de las participaciones, aportaciones y transferencias de recursos que les hace la federación, lo que trae como consecuencia que las finazas públicas de estos órdenes de gobierno se vean afectadas y en permanentes problemas.
De manera que en 2005, de acuerdo con la misma fuente de información, el porcentaje nacional de ingresos propios en relación con sus ingresos netos de los estados era de sólo 10.9 por ciento, y esa proporción correspondiente a los municipios fue de 22.8 por ciento. Por su parte, las obligaciones financieras de entidades federativas y municipios al finalizar 2005 era de 143 mil 193.8 millones pesos y para 2006 alcanzaba una cifra de 160 mil 93.5 millones de pesos.
Asimismo, la relación entre la deuda pública y las participaciones en los ingresos federales por entidad federativa a nivel nacional fue de 51.3 por ciento en 2005 y de 48.7 por ciento en 2006.
Todo lo señalado ilustra la precariedad de las finanzas públicas estatales y municipales, así como la necesidad de instrumentar medidas correctivas que redunden en beneficio de la población de las entidades.
Por otro lado, el costo promedio por kilómetro para automóviles en todas las autopistas del país es de 1.18 pesos, el mismo costo en las autopistas operadas por Capufe es de 1.12 pesos, y ese costo en autopistas operadas por otros concesionarios se eleva a 1.36 pesos. Lo que sugiere a las cuotas de peaje o, mejor dicho, a un porcentaje de las mismas, como una posible vía de captación de recursos financieros adicionales y sanos para estados y municipios con el propósito de aliviar mínimamente su precariedad financiera.
Considerando lo antes señalado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta atentamente a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes, así como al titular de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales de Ingreso y Servicios Conexos, a efecto de que un 5 por ciento del monto del peaje que actualmente pagan los usuarios en las autopistas de cuota del país sean destinados a los estados y municipios en los que aquellas se ubican.
Segundo. Que una vez concluidos tales estudios y con la mayor brevedad tal medida se aplique en favor de los estados y municipios en que hay autopistas de cuota.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2007.
Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA LA ASF Y A LA SFP A AUDITAR E INVESTIGAR LOS EJERCICIOS FISCALES DEL GOBIERNO FEDERAL DE 2001 A 2006, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO MENDOZA CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, con fundamento en los artículos 58 y 59 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen una auditoria e investigación a los ejercicios fiscales del gobierno federal de 2001 al 2006 referentes a los recursos obtenidos y ejercidos a través de los excedentes petroleros.
El comportamiento real de los recursos obtenidos a través de ingresos petroleros de enero de 2001 al 2006 permite indicar, con un buen nivel de certidumbre, que en sus años de gobierno el presidente Fox habrá reunido alrededor de 170 mil millones de dólares de excedentes petroleros o derechos de extracción. Nunca gobierno alguno tuvo tanto dinero por el petróleo. Y difícilmente el presidente Calderón, ni otro en el futuro lo volverá a tener, entre otras cosas, porque ya estamos, experimentando una irremediable dinámica de costos crecientes de producción, no sólo en la zona continental sino en nuestra zona. Por cierto, no hay que dejar de señalar que en la zona de Cantarell, a la que tanto debemos, según estudios, ya pronto nos acabaremos la riqueza petrolera.
En síntesis, en todo su sexenio el presidente Fox no sólo obtuvo todos los excedentes petroleros que se previeron, sino que logró un importante volumen de excedentes, los cuales fueron de alrededor de 42 mil millones de dólares. ¿Qué se hizo con ellos? ¿Dónde quedaron esos recursos?
Como ejemplo, hay que recordar que en el 2005 la mezcla mexicana promedió entre 42 y 43 dólares, al menos 15 dólares superior a la cotización presupuestal de 27 dólares, y esto a pesar de la caída del precio del petróleo en esa época. Lo anterior nos lleva a preguntarnos ¿Qué pasó con los ingresos extraordinarios obtenidos a través de este mecanismo? Sabemos que de acuerdo a datos señalados por el ex secretario de Hacienda, licenciado Francisco Gil Díaz, los ingresos petroleros extraordinarios durante 2005 fueron de más de 12 mil millones de dólares. ¿Qué pasó? Señores legisladores,dónde quedaron esos recursos si sólo tuvimos un crecimiento económico de apenas el 3 por ciento; una tasa menor a la obtenida en el 2004 que fue del 4.2 por ciento.
Hay que señalar que durante este ejercicio el crecimiento del producto en el ámbito sectorial fue desigual. El sector agropecuario sufrió una caída con elevada volatilidad, y el sector industrial mostró una expansión moderada, pero sin alcanzar condiciones adecuadas para combatir la competencia desigual a nivel internacional.
Señores legisladores ¿a dónde fueron a dar los excedentes petroleros obtenidos en la administración foxista? Dudas que nos debe aclarar la Auditoria Superior de la Federación a través de la realización de una auditoria a las cuentas del gobierno federal y de Petróleos Mexicanos. Así mismo, deberá darnos la respuesta al siguiente cuestionamiento ¿Quién o quiénes se han gastado estos recursos? Para ello, la Secretaria de la Función Pública deberá abrir una investigación para ejercer sanciones conforme a la legislación en materia de responsabilidad de los servidores públicos.
Compañeros, no debemos admitir como respuesta que con esos recursos se apoyaron a los afectados por los desastres naturales ocurridos en Chiapas, Veracruz, Oaxaca y demás entidades dañadas por los ciclones. Desde luego que no. Y por cierto, para frenar de inmediato las réplicas, esos recursos fueron manejados de forma discrecional y poco claros.
Qué pena señores legisladores, que la polémica sobre el uso de los excedentes petroleros sea punto de controversia, en lugar de que estos sean destinados a programas de desarrollo social de forma inmediata sin tener que ser manejados por el gobierno de manera discrecional. Esta experiencia nos debe llevar a que en este momento en que se está discutiendo al interior de las comisiones de esta honorable asamblea el presupuesto a ejercer en el próximo año en el tema referente a los excedentes petroleros, nos aseguremos que sean destinados a programas sociales de forma inmediata, sin que sean tocados por el Ejecutivo federal. Asimismo, estos sean contabilizados, vigilados y auditados de forma permanente por la Auditoria Superior de la Federación.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de la asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la honorable Cámara de Diputados realice, conforme a sus facultades, un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación a fin de que sean auditados los excedentes petroleros obtenidos durante la administración 2001-2006, y en caso de presentarse irregularidades, proceda a dar cuenta de ellas a la Procuraduría General de la República para que se inicien las investigaciones correspondientes y sean sancionados los servidores públicos que hayan incurrido en algún delito
Asimismo a la Secretaría de la Función Pública, a que realice una investigación y en caso de presentarse delitos, sancione a los funcionarios públicos conforme a la legislación en materia de responsabilidades de servidores públicos.
20 de septiembre de 2007.
Diputado Mario Mendoza Cortés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL CONFINAMIENTO DE DESECHOS TÓXICOS EN ZIMAPÁN, HIDALGO, A CARGO DEL DIPUTADO JAIME CERVANTES RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
Con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo relativo al confinamiento de desechos tóxicos en el municipio de Zimapán, Hidalgo, basados en las siguientes:
Consideraciones
Violaciones a los derechos humanos, hostigamiento y agresiones verbales, además de un nulo acuerdo entre las partes, es el saldo que hasta el momento se tiene del conflicto entre autoridades de los gobiernos estatal y municipal y pobladores de Zimapán por la construcción de un confinamiento tóxico en la comunidad San Antonio, a unos 20 kilómetros de la cabecera municipal.
Este proyecto, iniciado hace 4 años por la empresa española Befesa, tiene como finalidad instalar una planta de confinamiento de residuos tóxicos, la cual de acuerdo a información proporcionada por las autoridades federales, estatales y municipales, cumple con todas los estudios de impacto ambiental que disponen la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
No obstante lo anterior, un grupo importante de ciudadanos de dicho municipio alegan que la construcción de dicha infraestructura de recepción de desechos tóxicos se logró con base en engaños a la población y que se ha ocultado el verdadero riesgo que entraña la obra señalada.
Los ciudadanos que están en resistencia civil pacífica señalan que en la zona donde se pretende construir el "cementerio tóxico" hay emanaciones termales y filtraciones al subsuelo, además de actividad geológica y tectónica que pudiera ocasionar daños ambientales al fracturar la estructura de confinamiento, lo que provocaría filtraciones al subsuelo de los materiales tóxicos almacenados.
Es necesario resaltar que el movimiento ciudadano en contra de la construcción del confinamiento ha emprendido una serie de acciones de "resistencia civil pacífica", como es un plantón frente a la presidencia municipal y huelga de hambre de algunos de sus integrantes.
Sin embargo han planteado medidas más radicales como la toma del predio donde se instalaría dicho depósito. Es preocupante que pudiera darse un enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas policíacas municipales y estatales que están apostadas en Zimapán, Hidalgo.
La construcción del confinamiento de residuos tóxicos afecta a toda la región, señala, pues pretende ubicarse justo en medio de 18 comunidades, lo que significará el envenenamiento de las tierras y del agua corriente que por ese lugar atraviesa.
La problemática del manejo de los desechos tóxicos en nuestro país es delicada. Solamente en el estado de Hidalgo se tienen detectados 252 tiraderos clandestinos, cinco rellenos sanitarios y 49 vertederos controlados, de los cuales sólo 22 cumplen con las normas ecológicas vigentes.
De acuerdo a la organización ecologista Greenpeace, México se ha convertido en un cementerio de desechos tóxicos y no hay una política por parte del Gobierno Federal para impedir esta situación.
Incluso agencias ambientales de otros países, como la EPA de Estados Unidos reconocen que los confinamientos de residuos tóxicos son susceptibles de sufrir lixiviaciones, ello significa que se pueden dar filtraciones de los residuos al suelo y a los mantos freáticos.
Existe una evidencia en el sentido de que la población que vive cerca de confinamientos tóxicos, puede sufrir una serie de consecuencias negativas, entre las que podemos mencionar están las siguientes: menor estatura de los infantes, malformaciones congénitas y problemas del hígado, dermatitis, irritación respiratoria, síntomas neurológicos y cáncer de páncreas.
Para el Grupo Parlamentario del Partido Trabajo es de vital importancia que se proteja el medio ambiente y la salud de la población.
Creemos que es necesario realizar estudios de impacto ambiental y de riesgo ecológico y a la salud, adicionales a los ya realizados por las dependencias federales, que pudieran determinar si existe peligro en la construcción y operación de este confinamiento de residuos tóxicos en el municipio de Zimapán, Hidalgo.
Por los argumentos antes expuestos, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, realicen los estudios de impacto ambiental y de riesgos a la salud que permitan determinar el efecto de instalar el confinamiento de desechos tóxicos en el municipio de Zimapán Hidalgo.
Segundo. Se exhorta a las dependencias federales señaladas en el resolutivo primero a que cancelen los permisos otorgados a la empresa Befesa para construir el confinamiento de desechos tóxicos en el municipio de Zimapán, Hidalgo, mientras no se determine el riesgo al ambiente y a la salud de los pobladores.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2007.
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputados: Ricardo Cantú Garza, coordinador; Jaime Cervantes Rivera (rúbrica), vicecoordinador; Anuario Luis Herrera Solís, Rosa Elia Romero Guzmán, Abundio Peregrino García, María Mercedes Maciel Ortiz, Silvano Garay Ulloa, Rubén Aguilar Jiménez, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Joaquín Humberto Vela González, Rodolfo Solís Parga.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DECRETAR ZONA ESTRATÉGICA ECONÓMICA SUSTENTABLE LA REGIÓN CUENCA DE BURGOS, A CARGO DEL DIPUTADO ROLANDO RIVERO RIVERO, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA DE BURGOS
El que suscribe, Rolando Rivero Rivero, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre de la Comisión Especial Cuenca de Burgos, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometes a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a las siguientes
Consideraciones
De una lectura cuidadosa de los párrafos cuarto y quinto del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resulta fácil aceptar que la diferencia específica entre lo que debe entenderse como áreas estratégicas y áreas prioritarias radica en que aquéllas corren a cargo exclusivamente del sector público, mediante el cual el Constituyente quiso que fuera el Estado el que atendiera de manera exclusiva dichas áreas de la economía para garantizar que su manejo estuviera vinculado siempre a los objetivos fundamentales de la nación mexicana en materia de desarrollo económico y bienestar general. El objetivo del Estado no está en lograr la máxima ganancia posible, sino en diseñar y manejar la estrategia regional de desarrollo económico en beneficio de todos los mexicanos, mientras que en las áreas prioritarias podrán participar los sectores social y privado.
Y en congruencia con lo anterior, de manera indudable, el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, enunciativamente, cataloga las áreas estratégicas sobre las que el Estado ejerce funciones de manera exclusiva y que son las siguientes: correos, telégrafos y radiotelegrafia; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.
De igual manera, el párrafo cuarto cataloga la comunicación vía satélite y los ferrocarriles como áreas prioritarias para el desarrollo nacional y que, al otorgar concesiones o permisos, no así en las áreas estratégicas, mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación.
Es cierto que el párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución deja abierta la posibilidad de que el Estado participe en actividades de carácter prioritario, de acuerdo con las leyes, por sí o con los sectores social y privado.
El yacimiento de gas natural no asociado más importante de México, que actualmente aporta mil 340 miles de millones de metros cúbicos diarios de gas, representa 78 por ciento de la producción nacional de este tipo de energético y 22 por ciento de la producción total nacional de gas, se sitúa en la cuenca de Burgos, que tiene señalada una superficie geográfica de 28 mil 960 kilómetros cuadrados; comprende 17 mil 160 kilómetros cuadrados en 11 municipios de Tamaulipas, 10 mil 600 kilómetros cuadrados en 10 municipios de Nuevo León, y 1 mil 200 kilómetros cuadrados en siete municipios de Coahuila. Este gas no requiere refinación ni tratamiento y puede ser utilizado en forma casi directa.
La explotación y el desarrollo consecuente de la cuenca de Burgos representa un importante enclave económico para los estados del noreste de México (Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila), a fin de lograr un sustancial impulso a la economía regional.
El proyecto integral cuenca de Burgos 2000-2012 de Pemex Exploración y Producción, incluye 5 proyectos de exploración y 16 de desarrollo, y tiene como objetivo explotar los yacimientos de gas no asociado hasta un volumen aproximado de 2,000 miles de millones de pies cúbicos por día, en un periodo de 12 años.
El activo integral cuenca de Burgos 2007-2025 tiene prevista una inversión de 146.9 mil millones de dólares, donde se perforarán y terminarán 578 pozos exploratorios y mil 520 de desarrollo, y se elevará la producción a 2 mil millones de pies cúbicos por día.
Actualmente, la demanda de este energético se encuentra 15 por ciento arriba del nivel de la oferta, y las proyecciones indican que, de continuar así, para 2008 la demanda podría ser 26 por ciento mayor que la oferta, lo que es previsible, ya que ha sido calificado mundialmente como el energético del futuro.
Este desarrollo de Petróleos Mexicanos es importante porque dará a México la posibilidad de satisfacer los requerimientos de la demanda actual, los que reclame su crecimiento industrial y, más aún, le permitirá exportar, con los consiguientes beneficios para la economía nacional.
La explotación de la cuenca de Burgos no sólo comprende a los yacimientos de gas no asociados, también se extiende a otros productos tales como el aceite ligero y el gas condensado, e igualmente permitirá el aprovechamiento del agua subterránea.
El activo integral cuenca de Burgos 2007-2025 tendrá un elevado impacto en la región noreste del país, por lo que debe considerar un crecimiento y desarrollo sustentable y equilibrado de la economía, ecológico y del medio ambiente, principalmente de la zona, así como el beneficio directo de sus habitantes, derivado del desarrollo de acciones implícitas en la extracción de este recurso no renovable.
Como resultado de los trabajos de mantenimiento y perforación de nuevos pozos, PEMEX Exploración y Producción (PEP), a través del activo integral Burgos, alcanzó, al cierre de 2006, una producción promedio mensual de gas natural en esta región de mil 362 millones de pies cúbicos de gas diarios (MMPCD), volumen que representó alrededor del 25 por ciento de la extracción total de este energético en el país.
Cabe señalar que de la producción mencionada, 152.8 millones de pies cúbicos diarios de gas se obtuvieron bajo el esquema de contratos de obra pública financiada (COPF), derivado al dinamismo que se registra en la cuenca de Burgos, se han generado alrededor de 23 mil empleos directos e indirectos de los cuales dos mil 800 fueron creados por parte de las compañías contratistas participantes y el 92 por ciento de éstos, son ocupados por trabajadores mexicanos.
Se han celebrado contratos con empresas subcontratistas, de las cuales una gran parte corresponden a compañías mexicanas establecidas en los municipios involucrados en el proyecto Burgos.
Para la explotación de la cuenca de Burgos –el proyecto gasífero más importante del país– se requiere una inversión de 2 mil millones de dólares anuales, pero desafortunadamente el dinero que tiene Pemex está limitado, acotado, y en su momento se tiene que competir con otros proyectos que tienen mucha mayor rentabilidad.
Se han venido fortaleciendo los contratos de obra pública financiada, buscando otras iniciativas adicionales que permitan incrementar los niveles de inversión, con la idea de invertir por lo menos 15 mil millones de pesos en este año, así se generarán más empleos, mayores reservas de gas y de esta manera evitar importarlo, con la consiguiente fuga de divisas.
La cuenca de Burgos no puede competir con otras áreas productoras del país porque no tiene la misma productividad, y se compite con valores diferentes de otros productos, incluso cuenta con yacimientos duros, compactos, de baja permeabilidad y esto quiere decir que el gas no se obtiene tan fácilmente, como en otras áreas.
Y que, por tanto, aquí es menos rentable, en comparación con otras regiones del país, aclarando que esto no quiere decir que Burgos no sea rentable. Ya que de cada peso invertido aquí se paga el peso y se regresa otro peso y medio aproximadamente.
El país sigue siendo deficitario en materia de gas natural, todavía no se logra exportar, con la paradoja de que teniendo en Burgos este energético en el subsuelo, tengamos que importar entre 300 y 500 millones de pies cúbicos diarios, que se podría producir 2 mil millones de pies cúbicos diarios hasta el año 2011 y 2012, si se tuviera la inversión necesaria de los 2 mil millones de dólares anuales, "siempre y cuando se den las inversiones de manera continua a través de los siguientes años".
El país crece e incluso la Comisión Federal de Electricidad cuenta y cada vez construye más plantas generadoras de energía de ciclo combinado que requieren de combustóleo y de gas para su funcionamiento, lo que da una idea de los requerimientos que tenemos de este energético.
Es importante señalar la situación que actualmente tiene la cuenca de Burgos debido a que este sector tiene una importante reserva de gas natural no asociado que se encuentra en el subsuelo y que dicha reserva está compartida, debido a la situación geográfica, con nuestro país vecino de Estados Unidos, el cual, como se explicará posteriormente, ha hecho una importante explotación de este recurso natural no renovable.
En efecto, el sector antes señalado abarca dentro del territorio Nacional parte de los Estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; no obstante, también abarca una gran parte del territorio del Estado de Texas de Estados Unidos, lo que, debido a los escasos recursos financieros invertidos por Petróleos Mexicanos, en comparación con los recursos privados invertidos en el Estado de Texas para la explotación de este recurso, genera en forma alarmante una terrible desproporción en la extracción del gas natural, que debido al estado geográfico en que se encuentra debería ser proporcional entre el país vecino y el territorio Nacional.
Se dice que es una situación alarmante puesto que la reserva de este recurso natural no renovable que corresponde a los dos países, esta siendo explotada a través de 83 mil 639 pozos de explotación por el lado de Texas en contraste con los escasos 5 mil 150 pozos en desarrollo ubicados en la cuenca de Burgos.
Petróleos Mexicanos cuenta con áreas de oportunidad más rentables donde invertir sus recursos, como lo es el campo del petróleo, lo que está provocando que la poca inversión de recursos financieros en el área de explotación de gas natural esté dando como resultado el ilógico enriquecimiento de nuestro país vecino al compartir con México una enorme cuenca de gas no asociado, en la cual el país vecino, por contar con recursos realiza una explotación desproporcionada del energético, y no obstante que nuestro territorio cuenta con una amplia reserva del mismo, la falta de inversión para su explotación, además de dejar en manos de Estados Unidos los recursos propios, trae como consecuencia la ilógica e innecesaria importación del energético, provocando una importante salida de divisas. Al compartir los yacimientos, podríamos estar importando parte de nuestro propio gas.
El aprovechamiento de gas en la cuenca de Burgos inició en 1945; en los últimos ocho años, Pemex triplicó la producción, concentrándola en una zona de 29 mil kilómetros cuadrados, donde se ubican 2 mil 96 localidades de veinte municipios de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; hoy podemos ver que de estos 20 municipios
• En 14 perdieron el 20 por ciento de la población en la última década,
• En 15, más del 50 por ciento de la población tiene ingresos menores a dos salarios mínimos,
• En 10 de Coahuila y Nuevo León, el sector agropecuario genera el 40 por ciento del empleo regional, y desempleó a uno de cada tres empleados entre 1990 y 2000.
Cuando Pemex realiza trabajos en la cuenca de Burgos, el principal activo e infraestructura que utiliza no son los de las grandes compañías petroleras, al contrario son el conjunto de infraestructura de los municipios y del sector agropecuario (terrenos, caminos, infraestructura urbana y rural).
La situación se agrava cuando se agotan los mantos explotados, porque las empresas se van sin dejar infraestructura al municipio que permita la diversificación económica, condenando a sus habitantes a emigrar.
Si los habitantes de una región son marginados de la riqueza generada en ella, entonces, ¿de qué riqueza los haremos partícipes?, ¿cómo vivirán las próximas generaciones si no contarán con gas; les heredaremos un medio ambiente degradado, y sin diversificación económica?
La planeación regional y del territorio en México ha tenido en el pasado un énfasis sectorial –vinculado con proyectos específicos de gran envergadura– y un corte administrativo relacionado con la división política del país. De este modo, las regiones, sus condiciones y aprovechamiento, han sido ingredientes, por un lado, de los programas nacionales de fomento a la industrialización, de desarrollo agropecuario e hidroagrícola, de formación de polos turísticos; y, por otro lado, de programas nacionales, estatales y locales de urbanización e introducción de servicios básicos.
La consideración de las regiones y de su expresión espacial –el territorio– como un tema con relevancia propia surge cuando se evidencian los efectos acumulativos de los desequilibrios regionales gestados por las modalidades de desarrollo seguidas hasta la fecha. Las preocupaciones ambientales vienen a corroborar, en adición, que el acervo de recursos naturales del territorio se puede deteriorar y agotar, reduciendo aún más las posibilidades de calidad de vida y de desarrollo local.
Las políticas sectoriales para el desarrollo del país adquieren connotaciones particulares en función de los ámbitos regionales en que se aplican, que no se circunscriben además a los límites estatales. De ahí la necesidad de considerar lo regional no simplemente como un nivel o espacio físico en que se aplican políticas sectoriales de carácter general, sino como un enfoque propio de desarrollo que articula y ajusta tales políticas, además de incorporar fenómenos particulares y procesar consensos.
En este proceso es importante incorporar enfoques y esquemas de nuevo tipo, que superen la visión sectorial de corto plazo, permitan analizar el futuro a largo plazo, e incorporen formalmente la participación de diversos agentes interesados en ámbitos territoriales adecuados; abriendo la discusión, el proceso de toma de decisiones y la asunción de responsabilidades (prioridades, acciones) cada vez más a los directamente afectados.
De este modo, en el ámbito propiamente regional es posible definir situaciones y fenómenos que tienen una clara expresión territorial sobre los que la acción local puede ser eficaz: promoción y consolidación de agrupamientos económicos, regiones urbanas críticas, marginación rural y urbana, migración, ocupación del territorio y aprovechamiento sustentable de recursos naturales.
Del mismo modo, desde la óptica regional es posible diferenciar y matizar potenciales, vocaciones, ventajas, desventajas y problemas. Se toma en cuenta la diversidad sin perder de vista la unidad. Se aporta justamente una visión de conjunto y se promueve el equilibrio entre las partes. También se fijan prioridades en función de objetivos compartidos y en apoyo a la organización y acción locales.
Como nivel intermedio entre lo nacional y lo comunitario, lo regional es el eslabón que permite asumir la estrategia nacional de desarrollo y darle expresión propia, al tiempo que alimenta las visiones locales para enriquecer dicha estrategia. Es vía eficaz para incorporar a otros actores interesados –además del propio gobierno federal– a la definición e instrumentación de políticas de desarrollo, propiciando una mayor base de aceptación social de las medidas y, al mismo tiempo, dándole mayor eficacia al acercar los problemas al sitio donde se generan.
Se trata de identificar "una nueva concepción de la planeación regional, que busca adecuarse a un contexto nacional de democratización, fortalecimiento del federalismo, descentralización y mayor participación de la sociedad civil organizada en la formulación y evaluación de las políticas públicas".
Por las consideraciones antes expuestas, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración y aprobación de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que en ejercicio de la representación nacional que ostentamos las diputadas y los diputados federales, y por las anteriores consideraciones, resulta pertinente que se exhorte al Ejecutivo federal a decretar como zona estratégica económica sustentable la región de la cuenca de Burgos, a fin de consolidar el desarrollo regional, económico, social y ambiental, en beneficio de los habitantes de la región y del país en general.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2007.
Diputados: Miguel Ángel González Salum (presidente), Rolando Rivero Rivero (secretario), Pedro Landero López (secretario), Ana María Ramírez Cerda (secretaria), Beatriz Collado Lara, Jesús de León Tello, Raúl García Vivián, José Martín López Cisneros, Luis Alonso Mejía García, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Miguel Ángel Solares Chávez, Odilón Romero Gutiérrez, Gustavo Caballero Camargo, Jericó Abramo Masso, Robinsón Uscanga Cruz (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SCT A PUBLICAR EL REGLAMENTO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA REFERIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO DEL VALLE TOCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Antonio del Valle Toca, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone al Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a publicar, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el reglamento correspondiente a la materia de mensajería y paquetería al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El otorgamiento de permisos de paquetería a empresas con inversión extranjera contemplando el emplazamiento de vehículos; atenta contra la industria nacional.
2. Lo anterior se debe a que no existe una correcta distinción entre el servicio de carga con el de mensajería y paquetería, con lo que se presentan violaciones a la reserva en materia de carga doméstica para los mexicanos.
3. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal define dentro de su artículo 2o. a la carta de porte, servicios auxiliares, carga y paquetería de la siguiente manera:
II. Carta de Porte: Es el título legal del contrato entre el remitente y la empresa y por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de las cosas; contendrá las menciones que exige el código de la materia y surtirá los efectos que en él se determinen;
…
VII. Servicios auxiliares: Los que sin formar parte del autotransporte federal de pasajeros, turismo o carga, complementan su operación y explotación;
VIII. Servicio de autotransporte de carga: El porte de mercancías que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal;
XI. Servicio de paquetería y mensajería: El porte de paquetes debidamente envueltos y rotulados o con embalaje que permita su traslado y que se presta a terceros en caminos de jurisdicción federal;
5. Por lo anterior se presenta un serio problema en el ejercicio de las leyes y reglamentos aplicables, toda vez que bajo nuestra legislación el servicio de carga y el servicio de mensajería y paquetería son distintos, cada uno debería contar con una regulación expresa, tomando en cuenta que el servicio de carga ya cuenta con una legislación y reglamentación adecuada, la mensajería y paquetería carecen de esta reglamentación por lo cual es de suma importancia que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publique dicho reglamento para que de esa manera se regulen y reglamenten las claras restricciones sobre el tipo de inversión que puede participar en la prestación de cada servicio.
Por lo anterior, someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizar y publicar con premura el Reglamento de Paquetería y Mensajería que el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal expresa que debe regir este tema para la ordenación de dicha actividad registrada en la ley.
Al igual que se dé prioridad al diálogo y la discusión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y esta soberanía, para encontrar soluciones eficaces al problema que se expresa en la materia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2007.
Diputado Antonio del Valle Toca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A REALIZAR –POR CONDUCTO DE SU SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE– LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DECLARAR Y ADMINISTRAR COMO ÁREA VERDE EL BOSQUE DE NATIVITAS, EN XOCHIMILCO, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SOLARES CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El bosque de Nativitas, ubicado en la delegación Xochimilco, es de enorme valor simbólico para la población de la Ciudad de México. Es, en especial, un símbolo de la conservación de la naturaleza en la Ciudad de México. En ese sentido, existen antecedentes de que el 31 de agosto de 1905 el gobierno federal adquirió el inmueble conocido como Rancho Xaltocan, con una superficie de 35-00-00 hectáreas, con el fin de destinarlo a la provisión de agua potable para la Ciudad de México.
En 1908 se estableció ahí el vivero forestal Nativitas. Veinte años después, en 1928, la extinta Dirección Forestal, de Caza y Pesca elaboró el proyecto de parque forestal Nativitas para este bosque.
Por decreto presidencial –publicado en el DiarioOficial de la Federación, el 23 de mayo de 1963– se destina una parte del bosque de Nativitas a la entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería. Es el denominado parque vivero forestal Nativitas, con una extensión de 7-86-51 hectáreas.
Dicha superficie es excluida de las 35 hectáreas originales del Rancho Xaltocan, quedando 26-86-49 hectáreas bajo el dominio público de la federación.
De esta forma, por decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 1984, se desincorporó el bosque de Nativitas del dominio público de la Federación y se incorporó una superficie de 261 mil 389.32 metros cuadrados de la superficie original del Rancho Xaltocan al dominio público del Departamento del Distrito Federal. El propósito fue destinar dicha superficie del bosque de Nativitas a un proyecto de regeneración, reconstrucción, plantación, conservación y mejoramiento, con el fin constituirlo en un importante centro de atracción turística, recreativo y cultural.
En el decreto presidencial, publicado el jueves 26 de abril de 1984 no se incluye la superficie originalmente destinada a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, ya que efectivamente se encuentra bajo el dominio de la federación una área poco mayor a 7-86-51 hectáreas.
No obstante lo anterior, en el considerando único del decreto se señalan las colindancias del terreno del bosque de Nativitas, que corresponden a la superficie original del mismo, sin excluir los terrenos ocupados por oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Es decir, el decreto en cuestión es correcto, en cuanto a los metros cuadrados que señala, no así a las colindancias que lo delimitan. Por lo que es conveniente corregir el decreto en cuestión.
Además de problemas de carácter legal, el bosque de Nativitas enfrenta una grave disminución en su masa arbórea; el abandono en el que se encuentra, por la ausencia de programas serios para su conservación, ha incidido severamente en su deforestación.
Para la recuperación y conservación del bosque de Nativitas es impostergable la elaboración de un programa de manejo y un reglamento para su uso y disfrute, debido a que la falta de una reglamentación ha propiciado su invasión vehicular, la saturación de comercio informal y de prestadores de servicios. Su capacidad de carga ha sido permanentemente superada.
El bosque de Nativitas, por sus características –ecogeográficas, contenido de especies, bienes y servicios ambientales y culturales que proporciona a la población– es un espacio imprescindible; por ello, su preservación como área verde con valor ambiental es necesaria.
Requiere ser preservado y restaurado, por su estructura y función para la recarga del acuífero y la preservación de la biodiversidad.
En especial, los servicios ambientales que presta el bosque de Nativitas a los habitantes de la Ciudad de México –para mejorar su calidad de vida– son múltiples y de enorme de importancia; entre ellos, se pueden citar la generación de oxígeno, la captura de contaminantes en el aire, la retención de agua, actúa como amortiguador de ruido y como regulador de temperatura, así como hábitat de flora y fauna silvestre. Además, se le considera un lugar idóneo para el fomento de las actividades de educación, investigación y divulgación ambiental.
Asimismo, el bosque de Nativitas recibe cotidianamente visitas de la ciudadanía que acude a realizar actividades recreativas, deportivas, de información, contacto y observación de los elementos naturales que lo conforman.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente, al Gobierno del Distrito Federal, a través de su Secretaría del Medio Ambiente, para que realice las acciones necesarias con el objetivo de declarar y administrar como área de valor ambiental el bosque de Nativitas, en la delegación Xochimilco.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2007.
Diputado Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A APLICAR LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN DIVERSAS INSTALACIONES PETROLERAS; Y A PEMEX, A INVERTIR MAYORES RECURSOS EN SUS SISTEMAS DE OPERACIÓN, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO LANDERO LÓPEZ, SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA DE BURGOS
El que suscribe, Pedro Landero López, diputado federal de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en nombre de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, con fundamento en lo establecido en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos al Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El desempeño ambiental en México apunta avances substanciales en materia de infraestructura ambiental en lo que concierne al control de la calidad del aire, agua, manejo de residuos, preservación de la biodiversidad y aprovechamiento de los recursos naturales, según cifras reportadas en el Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El informe revela también la necesidad de incrementar el gasto público y privado a efecto de solventar las menos recomendaciones detectadas, lo que es motivo de preocupación a la luz de la reducción presupuestal.
Sobresalen las inversiones aplicadas en el sector energético, en particular la industria petrolera, para la que se indica que más de la mitad de sus instalaciones operan con certificados de industria limpia emitidos por la Profepa, pero que las refinerías en particular y la elevada incidencia de accidentes en todas las instalaciones en general demandan todavía de mayores esfuerzos.
A pesar de los esfuerzos de inversión que se han realizado en el sector petrolero en materia de protección ambiental, el escaso seguimiento del cumplimiento de la legislación en la materia se expresa en continuos accidentes, con el consecuente efecto de daño al ambiente, como lo prueban los eventos ocurridos en la Cuenca de Burgos, en Tamaulipas.
De acuerdo con informes de la Semarnat, Pemex ha invertido 71 mil millones de pesos en la protección ambiental, ha incorporado 505 instalaciones al Programa de Industria Limpia y ha promovido 1 mil 400 procedimientos administrativos para el resarcimiento de daño.
La región Cuenca de Burgos localizada al noreste del país, involucra a 98 municipios: 31 del estado de Coahuila, 48 de Nuevo León y 19 de Tamaulipas, abarcando una superficie total de 208 mil 805.0 kilómetros cuadrados.
La región es poseedora de enormes recursos naturales no renovables y renovables, como es el caso de las reservas de gas natural, una rica y variada vida silvestre y recursos pesqueros.
La región incorpora 6 áreas naturales protegidas.
Dentro de la región se ubica la laguna madre, considerada como una zona de gran valor, por ser hábitat natural y de reproducción de varias especies de aves residentes y migratorias, así como de algunas especies marinas.
En la Cuenca de Burgos se han creado una serie de impactos que actualmente se reflejan en el detrimento de los recursos bióticos del área, debido a actividades antropogénicas, el crecimiento demográfico, el incremento de la industria maquiladora, la infraestructura hidráulica, caminos, autopistas pero, principalmente, por la actividad petrolera.
La actividad actual del proyecto integral Cuenca de Burgos, afecta las cuencas del bajo río San Juan y bajo río Bravo, aumenta los problemas de colecta y calidad de agua y afecta la conservación del suelo. Impacta la presa Marte R. Gómez y colateralmente los distritos de riego en Tamaulipas. Los impactos directos que incluyen un despalme permanente de vegetación, suman más de 2 mil hectáreas de terrenos forestales o preferentemente forestales.
Las obras de exploración, las brechas y caminos de acceso, los ductos y líneas de descarga, fragmentan el hábitat natural, afectan la fauna diurna y nocturna, favorecen la desertización del matorral espinoso tamaulipeco.
La fragmentación del hábitat se multiplica por la acumulación de actividades agrícolas, urbanas y extractivas, reduciendo los espacios naturales. La destrucción y degradación secundaria del hábitat es el verdadero problema a corto plazo.
Pemex ha ingresado a la Semarnat varias manifestaciones de impacto ambiental y ha sido autorizado de manera condicionada su actividad.
En julio de 2003, se firma el convenio de colaboración para el desarrollo sustentable en la Cuenca de Burgos entre Pemex y los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas donde se establecen por primera vez acuerdos con medidas preventivas para evitar impactos ambientales.
En agosto de 2003, se publica el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de ordenamiento ecológico con el fin de planear el territorio de manera rigurosa, sistemática y transparente.
La necesidad de desarrollar la conciencia para revertir las tendencias de degradación ambiental en la región Cuenca de Burgos, se logró que en agosto del 2003, la Sedesol, la Semarnat, Pemex y los gobiernos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, suscribieran el convenio de coordinación para el ordenamiento ecológico de la región y así constituir el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca de Burgos.
Por este convenio se definen actores de los tres niveles de gobierno, se establece una agenda única y se institucionaliza el proceso con el fin de lograr el ordenamiento ecológico de la región.
Pese a reconocer estos avances de coordinación, actualmente se continúan manifestando graves daños al entorno natural de la Cuenca de Burgos provocados por una mayor actividad petrolera principalmente, que de continuarse con este dinamismo, se dejará en el discurso un verdadero crecimiento con calidad sustentable.
La Cuenca de Burgos, que hoy es señalada como la más importante reserva de gas natural del país, al representar el 80 por ciento de la producción de gas no asociado al petróleo es objeto de una febril actividad, cuyas primeras expresiones son la emisión de gases amargos que son liberados al ambiente provocando graves perjuicios a la salud de la población, en particular en los infantes.
Adicionalmente, producto del intenso tráfico pesado ha causado el agrietamiento de las precarias viviendas de los pobladores aledaños, así como la muerte incidental del ganado que sufren de fracturas y muerte por las zanjas abiertas que abandonan las empresas contratadas por la paraestatal. Prueba de ello es el registro de más de doscientas demandas interpuestas por la población ante la Profepa en contra de Petróleos Mexicanos.
El manejo inadecuado de residuos peligrosos, la más de las veces abandonados a cielo abierto, y que al parecer se estiman en un volumen de 20 mil toneladas, es motivo de grande preocupación para la población, en la región de Burgos.
Pemex argumenta que la oficina de protección ambiental basada en la zona de la Cuenca de Burgos ha aplicado recursos del orden de 650 millones de pesos para garantizar la remediación de las zonas aledañas a los pozos a efecto de aplicar las medidas preventivas pertinentes y con ello cumplir con las normas oficiales mexicanas en materia ambiental.
Lo anterior nos conduce a la conclusión de que no es suficiente para Pemex destinar ingentes cantidades de dinero para la protección ambiental, si esta no se refleja en una real protección del medio ambiente. Poco sirve la formulación de sendos estudios de impacto ambiental y de prometedoras medidas de mitigación y compensación, si estas no se aplican con la oportunidad que se exige.
Por otro lado, la actividad humana que se desenvuelve en las inmediaciones de los sitios en donde se desarrolla la actividad petrolera, son parte del contexto ambiental y son sujetos de la atención de la paraestatal, tanto más, cuanto son víctimas directas o en sus bienes de la actividad petrolera.
Es imperativo que la Semarnat, por conducto de la Profepa, garantice el cumplimiento de las condicionantes y de la normatividad ambiental en cada una de las instalaciones petroleras, a través de actuaciones más enérgicas que incidan en la reducción de accidentes, reclamaciones y daños ambientales.
Por lo antes expuesto, nos permitimos presentar a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio, Ambiente y Recursos Naturales a que haga cumplir de manera irrestricta a Pemex las disposiciones ambientales en sus diversas instalaciones petroleras, tanto las preventivas como las correctivas.
Segundo. Se exhorta a Petróleos Mexicanos a que invierta mayores recursos y mejore sus sistemas de operación, seguridad y vigilancia, a fin de evitar en lo posible aquellos percances que por las actividades de esta paraestatal puedan afectar la vida, el medio ambiente y el desarrollo de la Región Cuenca de Burgos.
Tercero. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que incremente, mejore y eficiente sus programas de prevención y vigilancia relacionados con la actividad y desarrollo de la industria petrolera del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2007.
Diputados: Miguel Ángel González Salum (rúbrica), presidente; Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Pedro Landero López (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), secretarios; Beatriz Collado Lara (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), Raúl García Vivián, José Martín López Cisneros (rúbrica), Luis Alonso Mejía García, Sonia Nohelia Ibarra Franquez (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Gustavo Caballero Camargo (rúbrica), Jericó Abramo Masso (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONAGUA A EXPEDIR LAS ADECUACIONES REGLAMENTARIAS ACORDES CON EL DECRETO DE REFORMAS DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS AUGUSTO BRACHO GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado Carlos Augusto Bracho González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Cámara el presente punto de acuerdo.
Exposición de Motivos
Como es de nuestro conocimiento, el agua es un elemento indispensable para vivir en todo ser humano, por lo cual deberíamos tener una cultura acerca de su importancia, distribución y cuidado. Lamentablemente no es así, y con ella se desatan una serie de irregularidades y omisiones, que en un corto plazo nos llevará a un grave problema.
En México, existen acuíferos sobreexplotados, extrema desigualdad e iniquidad en el acceso y usufructo del agua, contaminación creciente de cuerpos de agua superficial y subterránea, concentración de las concesiones de uso y explotación, baja disposición para el consumo humano básico y entre otros escasa autoridad para ordenar su manejo y uso de acuerdo a criterios de carácter sustentable.
Recientemente, en diciembre de 2003, el Pleno de esta Cámara aprobó diversas reformas de la Ley de Aguas Nacionales, que entraron en vigor en marzo de 2004, con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Tales reformas poseen como propósito central lograr elevar la eficacia y eficiencia con que se maneja y se usa el agua en México, a partir de establecer de modo estratégico instrumentos y mecanismos que permitan una gestión sustentable del agua.
Sin embargo, estas disposiciones normativas han sido hasta hoy letra muerta, con un argumento que esta instancia debería considerar como inadmisible.
Resulta que las autoridades que se encargan de vigilar y aplicar el marco normativo federal han sido omisas o tal vez tardías en plantear un nuevo reglamento adecuado a la reformada Ley de Aguas Nacionales.
Sustentando esto con el artículo transitorio tercero del decreto de las reformas que señala que en un plazo no mayor de 12 meses a partir de su entrada en vigor se expedirían los reglamentos relativos a aquéllas.
Entre la aprobación de las reformas de la Ley de Aguas Nacionales y hoy han transcurrido más de 3 años, es decir más de mil 200 días. En este lapso, los propios transitorios de la ley reformada son ya caducos, por lo que la cuestión es que la Comisión Nacional del Agua promueva la elaboración y sanción del nuevo Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, de modo que permita cumplir lo que la misma ley le ordena.
La reforma plantea que para el ejercicio de su autoridad, la Comisión Nacional del Agua se apoyará en los consejos de cuenca, aunque en realidad el ejercicio de la autoridad de la Comisión Nacional del Agua sigue careciendo de un sostén social que le implique mayor capacidad para la resolución de los problemas hídricos. Así, los problemas sólo continúan administrándose, pero no resolviéndose, y la sociedad y los usuarios están al margen de las decisiones en materia de agua.
También se plantea en la reforma la estructura de los consejos de cuenca para que sea transformada por una más plural y colegiada, actualmente se sigue limitando a la representación social e interinstitucional.
Otra de las adecuaciones que se crea a la asamblea de usuarios es que se transforma a una entidad de consulta permanente del consejo de cuenca y el universo de los usuarios representados en una cuenca o acuífero. Hasta ahora, los consejos de cuenca siguen funcionando con representantes de los usuarios que carecen de representación, además de que éstos y la sociedad carecen de un medio institucional de interlocución permanente con la autoridad del agua.
Se crea una gerencia de operación de los consejos de cuenca, la posibilidad de que los asuntos del agua tengan mayor competencia social y que no sólo atañan a la burocracia central, estriba en la posibilidad operativa que posean las figuras que descentralizan y trasladan mayores capacidades a la sociedad para realmente apoyar el ejercicio de la autoridad y promover un desarrollo sustentable. Esto sigue sin reflejarse objetivamente por la carencia de reglamento.
La esencia de las reformas de la Ley de Aguas Nacionales en materia de participación social e interinstitucional es construir acuerdos eficaces y eficientes entre gobiernos y sociedad para encarar una problemática que rebasa a ambos.
La escasa capacidad para frenar los procesos de deterioro de los cuerpos de agua y de los procesos que originan la propia disposición de ésta es para lo que se crean las figuras de consejos de cuenca y sus órganos de auxilio, como un instrumento que mediante la discusión, el diálogo y el acuerdo se lleven a cabo las medidas pertinentes que hagan posible conciliar los intereses que gravitan en torno al agua, que son muy considerables, ya que del agua depende no únicamente parte de la economía nacional sino la vida de nuestros pueblos.
Las reformas de la ley citada suponen que las capacidades institucionales; es decir, de conducción apegada a la ley y al bien común, se fortalecen en sumo grado:
b) La representatividad social en los consejos de cuenca se amplifica y profundiza.
c) La gestión y el manejo del agua se establecen como un asunto integral e integrador.
d) La toma de decisiones en un asunto de crucial importancia para la sociedad se vuelve más social y transparente, y menos una cuestión de minorías burocráticas y discrecionales.
Por lo expuesto, y por la importancia que el agua representa para todos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Punto de acuerdo para girar un atento exhorto a la Comisión Nacional del Agua para que expida las adecuaciones reglamentarias acordes con el decreto de reformas de la Ley de Aguas Nacionales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2007.
Diputado Carlos Augusto Bracho González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP A REVISAR MEDIANTE EL SAT LA REGLA 2.3.5. DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO TORRES TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Carlos Alberto Torres Torres, presenta ante esta soberanía punto de acuerdo que tiene como fin exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, a revisar la regla 2.3.5, de las Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior, para evaluar que entre los requerimientos para la obtención de la habilitación y autorización de la administración de un inmueble cuyo objetivo sea la introducción de mercancías bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico, el número de hectáreas requisitadas disminuya a la mitad, guardando la proporción que actualmente tiene respecto al espacio urbanizable y utilizable, basado en las siguientes
Consideraciones
Los recintos fiscalizados estratégicos se remontan al 30 de diciembre de 2002, fecha en la que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las adiciones realizadas a varios artículos de la Ley Aduanera. Los recintos fiscalizados estratégicos operan en un régimen en que se permite la introducción por tiempo limitado de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación.
Entre las ventajas de ese tipo de recintos se encuentra que las mercancías en ellos introducidas no pagan los impuestos al comercio exterior ni las cuotas compensatorias, con algunas salvedades. Por otro lado, tampoco están sujetas al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, exceptuando aquellas en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, ambiente y seguridad nacional. De igual manera, las mermas consecuencia de los procesos de reparación, elaboración y transformación no pagan impuestos ni cuotas compensatorias, como tampoco lo pagan los desperdicios que previamente son retornados y destruidos.
Por las ventajas que ofrecen, hay quienes consideran que los recintos fiscalizados estratégicos son la aproximación mexicana a las zonas francas que operan en más de 120 países.
En la trigésima reunión ordinaria de la Conago, celebrada en Villahermosa, Tabasco, en noviembre de 2006, académicos expertos en comercio internacional del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey mostraron las múltiples posibilidades que hay en México para el establecimiento de recintos fiscalizados estratégicos. En un análisis de las diversas características de las aduanas mexicanas y de los corredores multimodales, así como sus vinculaciones internacionales, hicieron hincapié en la magnitud de las transacciones comerciales y la generación de empleos que la instalación de recintos fiscalizados estratégicos traería como consecuencia.
Confirmando lo anterior, Fernando López Palau, secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí, ha comentado que "ante la guerra que se vive en el mundo, por lograr la atracción de inversiones productivas, nuestro país debe impulsar el incremento de la competitividad, y los recintos fiscalizados estratégicos son una figura muy importante, que permite evitar la aduana, mientras se transforma y se da valor agregado a la materia prima que, después, sale del país, ya como mercancía terminada".
A pesar de las múltiples ventajas que representan los recintos fiscalizados estratégicos, pocas solicitudes han presentado las entidades federativas y, aún menos, autorizaciones al efecto se han dado. Una de las consecuencias de lo anterior recae en que algunos de los requisitos para obtener dicha autorización no pueden ser cumplidos a cabalidad por cuestiones de restricciones fuera del alcance de los gobiernos.
Tal es el caso de la aduana de Ensenada a la que, por factores urbanos, no es posible completar el requisito referente al numeral 7 de la Regla de Carácter General en materia de Comercio Exterior 2.3.5, que establece que "el recinto fiscalizado estratégico debe tener un mínimo de 10 hectáreas de superficie urbanizada y contar con una reserva de terreno para su crecimiento por lo menos de 10 hectáreas de terreno utilizable".
Para esta situación en particular y debido a que la aduana de Ensenada ya se encuentra rodeada de complejos de desarrollo urbano e industriales, para completar este requisito resultaría necesario expropiar los terrenos circundantes, solución que por múltiples factores de carácter social, económico y político desde luego es inviable.
Así, con base en las regulaciones actuales, esta aduana, igual que otras que se encuentren en un caso similar, se ve completamente imposibilitada para acceder al régimen de recinto fiscalizado estratégico y con ello pierde la opción de los beneficios derivados no sólo para la región sino para el país de operar en este régimen.
En virtud de lo expuesto, el objetivo de este punto de acuerdo es coadyuvar, desde esta tribuna, al establecimiento de las condiciones que en la práctica son necesarias para obtener la habilitación y autorización de la administración de un recinto fiscalizado estratégico, a través de la disminución a la mitad del número de hectáreas requeridas para tal fin, guardando la proporción que las autoridades han definido respecto al espacio urbanizable y utilizable en ellas.
Lo anterior, en virtud de que la regla actual sale del alcance de las condiciones de la mayoría de las aduanas en el país y puede ser causa de freno a la actividad económica e industrial de las regiones.
Por todo lo vertido, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, a revisar la regla 2.3.5 de las Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior para evaluar que entre los requerimientos para obtener la habilitación y autorización de la administración de un inmueble cuyo objetivo sea la introducción de mercancías en el régimen de recinto fiscalizado estratégico, el número de hectáreas requeridas disminuya a la mitad, guardando la proporción actualmente establecida en dicha regla respecto al espacio urbanizable y utilizable.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2007.
Diputado Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR MEDIANTE LA SHCP ESTUDIOS PARA VALORAR LOS MECANISMOS DE DEVOLUCIÓN DEL IVA A LOS TURISTAS QUE VISITAN EL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO TORRES TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado de la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta Cámara el presente punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
1. Que el turismo en México es un sector determinante para los ámbitos social, económico y cultural, ya que tiene un impacto directo en la creación de empleos, en la generación de divisas y en el desarrollo municipal, estatal y nacional.
2. Que en este sentido el turismo es actualmente uno de los sectores más importantes para el desarrollo de la economía mexicana, ya que contribuye con el 7.7 por ciento del producto interno bruto total del país, cifra que equivale al producto generado de manera conjunta por actividades económicas como la construcción y vehículos automotores, editoriales y aparatos eléctricos, entre otras, aun cuando antes aportaba el 8.4 por ciento del PIB. La actividad turística emplea a poco más de 1.7 millones de personas cuya remuneración media es 30 por ciento superior a la observada para la economía total.
3. Que ese monto de recursos ha permitido ubicar al sector turístico como una de las principales fuentes generadoras de divisas del país después de la exportación de manufacturas, del petróleo y de las remesas de los migrantes mexicanos.
4. Que los países que son líderes en el sector turístico a nivel mundial siguen diferentes estrategias con el fin de ser más competitivos, aumentando la recepción de visitantes extranjeros, realizando múltiples esfuerzos y emprendiendo acciones que hagan más atractivos sus centros turísticos.
5. Que una medida que estos países han llevado a cabo exitosamente para atraer el interés de los turistas es el reembolso del impuesto al valor agregado (IVA) por las compras de mercancías que los visitantes extranjeros realizan en esos destinos. Mediante dicha medida esos países estimulan la venta de mercancías a los turistas extranjeros, además que hacen más atractiva su estancia.
6. Que el fundamento para que se haya establecido dicho beneficio fiscal, se basa en que las mercancías que son vendidas en territorio nacional y que son llevadas por los extranjeros no residentes al abandonar el país, son consideradas como exportaciones definitivas. Y en México para estimular las exportaciones se aplica la tasa del 0 por ciento al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten.
7. Que, en ese sentido, el objetivo fundamental, en el 2005, de la adición del artículo 31 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (devolución de IVA a turistas) fue fortalecer la industria del turismo en México, promoviendo al país en el exterior y mejorando su competitividad, para posicionarlo en un mejor lugar en el ámbito internacional, en materia de turismo.
8. Que dicha reforma representaba una primera etapa en la implantación del mecanismo de devolución del IVA, pues a diferencia de la iniciativa presentada, la reforma restringió a los turistas que ingresaran y salieran del país a través de puertos marítimos y aéreos, no así los que utilizaran las vías terrestres.
9. Que existen muchos países en el mundo que aplican con gran éxito el sistema de reembolso de impuestos, el cual es operado por empresas autorizadas por las autoridades hacendarías para este objeto.
10. Que el esquema de devolución del IVA es tan importante para muchas naciones que la propia Unión Europea establece como requisito para sus miembros contar con el sistema de reembolso del IVA a turistas extranjeros. Incluso, los países candidatos a ingresar a esta comunidad también deben cumplir con esa disposición formando esa medida parte de las condiciones para su posible integración.
11. Que para México el establecimiento del reembolso a los visitantes extranjeros debería significar el aumento del gasto de los turistas internacionales con la misma infraestructura con la que actualmente cuenta el país, además de que favorecería las finanzas públicas ya que si bien implica el reembolso de recursos fiscales, la medida ayuda a la recaudación, toda vez que incrementa el consumo de los turistas extranjeros en el país.
12. Que en lo general, una medida como esta debió constituir un instrumento moderno de promoción turística que lleve como beneficio implícito estimular un mayor gasto del turista internacional.
13. Que en este entorno, es difícil entender la complejidad de las reglas de concesión expedidas en México, pues difícilmente dará el beneficio económico que esta herramienta de promoción turística puede generar a los comercios establecidos, ya que sólo pocos podrán participar en el sistema de reembolso, debido a las restricciones y requisitos para que ofrezcan a sus compradores internacionales este incentivo.
14. Que lo anterior es así, toda vez que el reglamento para el otorgamiento de la concesión para administrar las devoluciones del IVA se aleja del espíritu de la adición al artículo 31 de la Ley de la materia aprobada, que es precisamente provocar un mayor gasto de los turistas extranjeros en nuestro país, y promover así la competitividad del sector turístico en México.
15. Que actualmente no se cuenta con una evaluación del resultado de las reformas, por lo que no es posible valorar el desempeño de los mecanismos de devolución, ni la afectación que ha tenido para el turismo nacional y la recaudación de la hacienda federal. Por lo que en este sentido, se ha visto detenida la reforma para extender dicho beneficio a los turistas que utilicen vías terrestres para ingresar y salir de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta honorable Cámara el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Este cuerpo de representantes de la nación, exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que presente en un plazo no mayor de 60 días, contados a partir de esta fecha, los estudios necesarios para poder valorar los mecanismos de devolución del impuesto al valor agregado, IVA, a los turistas que visitan el país por puertos marítimos y aéreos, así como la proyección que tendría el extender dicho beneficio a los turistas que ingresan por medios terrestres.
Dado en el Palacio Legislativo, a 20 de septiembre de 2007.
Diputado Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FIJAR MEDIANTE LA SHCP PLAZOS RAZONABLES PARA QUE LAS INSTITUCIONES NO LUCRATIVAS ENCARGADAS DE LA ASISTENCIA Y BENEFICENCIA SOCIALES RECIBAN DONATIVOS DEDUCIBLES DE IMPUESTOS, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO TORRES TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado de la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante la Cámara el presente punto de acuerdo, con el carácter de urgente resolución con base en las siguientes
Consideraciones
1. Que los mexicanos contamos con una larga tradición de llevar a cabo obras de beneficencia y asistencia social, que redundan en mejores condiciones de vida para nuestros connacionales.
2. Que en México se han multiplicado las organizaciones no gubernamentales, no sólo con la misión de brindar asistencia social, sino que trabajan activamente en otros campos de impacto social, como son la promoción del desarrollo comunitario, la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos, el impulso a la educación, la cultura y el deporte, así como a la investigación científica y tecnológica, entre muchas otras.
3. Que la actividad realizada por estas organizaciones resulta de gran relevancia para el desarrollo social del país, pues conocen a fondo el medio en el que se desenvuelven y tienen una visión muy clara de las necesidades sociales más apremiantes. Que gracias a su presencia es posible canalizar recursos humanos, materiales y financieros, además de apoyo y asesoría en temas educativos y de salud a grupos que permanecen en situación de vulnerabilidad.
4. Que el gobierno de la república tiene la posibilidad, y el deber, de estimular el crecimiento de cualquier actividad o sector que reporta beneficios para la colectividad, por medio de subsidios, estímulos fiscales, así como el otorgamiento de prerrogativas.
5. Que específicamente, dentro del sector no lucrativo, el gobierno federal otorga incentivos fiscales a determinadas organizaciones, a través de exenciones del Impuesto sobre la Renta y la posibilidad de acceder a la autorización para emitir recibos deducibles por los ingresos que obtienen.
7. Que las organizaciones no lucrativas, para hacerse de estos beneficios deben cumplimentar los requisitos de ley, garantizando así la transparencia y buen uso de los recursos de que se hagan, obteniendo la categoría de donatarias autorizadas.
8. Que en su mayoría dichas organizaciones sustentan sus actividades a través de estos donativos que reciben de diversos sectores de la sociedad y, en ocasiones, de personas que residen en el extranjero.
9. Que a pesar de que en los últimos años se ha reformado en la materia, tanto la Ley del Impuesto sobre la Renta como al Código Fiscal de la Federación, la actual reglamentación de dichas normas, hace que el esquema no alcance los resultados esperados, puesto que existe un buen número de organismos civiles que, aún cuando han entregado en orden la documentación requerida por ley, siguen en espera indefinida de la respuesta de las autoridades fiscales.
10. Que las estipulaciones de la normatividad actual, específicamente del numeral 3.9.1 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal, no reflejan en lo absoluto el espíritu original de las reformas aprobadas por el honorable Congreso de la Unión, mismo que trata de facilitar la labor de las instituciones sociales, beneficiando a la sociedad mexicana en general, pues al no establecer un plazo de respuesta de parte de la autoridad fiscal, ésa queda a discreción y arbitrio de la autoridad.
11. Que como parte de la tramitología, los expedientes una vez revisados y autorizados por los Módulos de Asistencia al Contribuyente del SAT, en las Administraciones Locales, son remitidas a la Ciudad de México, donde nuevamente son revisadas, aumentando los tiempos de respuesta al duplicar revisiones y realizar los envíos por correo de la ciudad de origen a la Ciudad de México y viceversa.
12. Que en ese sentido, las organizaciones no lucrativas se han visto en la imposibilidad de aceptar las donaciones que ayudarían a resolver de manera más eficiente las problemáticas con las que trabajan día a día.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta honorable Cámara el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Este cuerpo de representantes de la nación, exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en especial, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, a que presente en un plazo no mayor de 30 días, contados a partir de esta fecha, una propuesta en la que se comprometa u obligue a establecer, a través de la normatividad respectiva, plazos razonables y reducidos para emitir la autorización que permite recibir donativos deducibles de impuestos a las instituciones no lucrativas encargadas de la asistencia y beneficencia social, contemplando la descentralización de dichos trámites.
Dado en el Palacio Legislativo, a 20 de septiembre d 2007.
Diputado Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP A OTORGAR UN ESTÍMULO FISCAL A LOS PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS NACIONALES; Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, A DESTINAR EN EL PRÓXIMO AÑO RECURSOS PARA EL FOMENTO, LA PROMOCIÓN Y LA DIFUSIÓN DEL CONSUMO DE VINO NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO TORRES TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Carlos Alberto Torres Torres, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La labor destacada de los empresarios mexicanos es la piedra angular del desempeño económico del país, por ser los responsables de generar los empleos y el dinamismo que requiere la economía.
El exitoso desempeño de las empresas e industrias nacionales se interrumpe con las constantes reformas de las normas federales y locales, los altos costos de transacción que esto representa y la complejidad en la interpretación de dichos cambios.
Tal es el caso de las normas tributarias que rigen el país, las que se han hecho complejas con el paso del tiempo, dado el constante cambio legislativo efectuado año con año, lo que da lugar a un régimen fiscal engorroso, rígido y costoso para la industria nacional.
Muestra de lo anterior es el caso de la industria vitivinícola nacional que, ante los múltiples cambios llevados a cabo en las normas que dan vida al sistema tributario nacional, en específico lo concerniente al impuesto especial sobre producción y servicios, ha visto mermado su desempeño, llevándola a mostrar importantes caídas en sus principales indicadores.
La industria vitivinícola nacional está compuestas por grandes y pequeños productores, quienes comparten la necesidad de un sistema de apoyo a sus diversas áreas de producción, logística, comercial, financiero-contable, etcétera, ya que para mantenerse en el mercado requieren elaborar un producto de calidad, que sea entregado a tiempo y venderlo a un precio competitivo.
Instaurar una empresa o negocio lucrativo en la industria vitivinícola resulta un proceso complejo, debido al tiempo en que la inversión tarda en convertirse en producción y, a su vez, en ingresos para las empresas. En otras palabras: los productos vinícolas deben permanecer al menos un año en las barricas, un año embotellados y un año para su comercialización y generación de ingresos a las empresas, sin mencionar el tiempo que tarda el proceso viticultor.
Aunado al arduo y largo proceso entre las cadenas mencionado, también se enfrenta la amenaza de los productos extranjeros, que ocupan 72 por ciento en la comercialización nacional y que provienen de países que gozan de ventajas naturales, como el caso chileno y el argentino, que –a su vez– les permiten vender sus excedentes a un menor precio, dejando sin oportunidad a los productos nacionales.
Pese a esas dificultades, de acuerdo con cifras presentadas por la Asociación Sistema Producto Vid, 4 de cada 10 actividades industriales tienen relación comercial con la industria de vinos y licores, repercutiendo más allá de sus fronteras manufactureras, al pertenecer a toda una cadena empresarial de bienes y servicios como los sectores turístico y restaurantero, por mencionar dos ejemplos.
Además de los beneficios económicos propiciados por el buen desempeño de la industria vitivinícola nacional, en cuestiones de salud el consumo moderado de vino favorece al sistema circulatorio, inhibe la formación de trombos y disminuye el llamado "colesterol malo" (LDL) e incrementa el "bueno" (HDL).
Desafortunadamente, como se mencionaba, esta industria se halla en decadencia a causa de los bajos márgenes de utilidad y la sobrerregulación tributaria que hay sobre ella, lo que ha hecho que la industria pierda poco a poco su competitividad y protagonismo en la economía nacional.
De acuerdo con cifras presentadas por la Asociación Sistema Producto Vid de Baja California, en 2000 se tenían empleadas en la industria casi 28 mil personas, que a junio de 2006 habían descendido a poco menos de 22 mil. Tal caída en el empleo generado en esta industria nacional es consecuencia en gran medida del régimen tributario a que tienen que someterse las productoras de vino nacional.
No es únicamente el impuesto de 40 por ciento con que se gravan los productos vitivinícolas nacionales, consistente en 25 por ciento de IEPS y 15 por ciento adicional de IVA, sino –también– la complejidad en trámites impuestos por la misma normatividad. Por citar algunos ejemplos, se tiene el gravamen al faltante de materias primas o inventarios, en los cuales sólo son permitidas mermas de 5 por ciento sobre las bebidas alcohólicas que se añejen en barricas; la obligación de presentar un informe anual en marzo, de los bienes que se produjeron, enajenaron o importaron, respecto a su consumo por entidad federativa; el requisito de adherir marbetes con un costo de 25 centavos, y precintos con valor cercano a 1 peso, que a su vez generan trámites adicionales para la empresa, como el presentar reportes anuales con las características de los equipos utilizados la producción, destilación o envase de los productos, así como de los números de folio de marbetes y precintos, obtenidos, generados, utilizados, destruidos e inutilizados.
A partir del 1 de abril de 1999 se logró que se considerara en la legislación del impuesto especial sobre producción y servicios el vino como bebida alcohólica producto de la fermentación, diferenciándolo de las bebidas alcohólicas destiladas y eximiendo a los productores de ciertas obligaciones normativas. Dicho logro perdió efectividad en enero de 2002 cuando, producto de la miscelánea fiscal aprobada, se regresó a considerar el vino como bebida alcohólica producto de la destilación, generando nuevas obligaciones a los empresarios vitivinicultores, como la inscripción ante el padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas de las entidades correspondientes.
El excesivo requerimiento de trámites y obligaciones genera aumento de costos y, por ende, menor margen de utilidad a la industria. Eso propicia un precio alto como efecto de los impuestos especiales, contrae la producción y comercialización de vinos y licores, disminuye las ventas y genera desempleo e incentiva el mercado ilegal en la industria vitivinícola nacional, cuando la respuesta de la industria vitivinícola, por el contrario, ha buscado reducir los márgenes de utilidad para mantener los precios en condiciones competitivas y generar una cultura de competencia basada en la calidad y no en el precio, limitando nuevas inversiones al disminuir la competitividad de las empresas nacionales por volumen de ventas.
En virtud de lo expuesto y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a elaborar un estudio a conciencia sobre las repercusiones económicas de la exención en el pago del impuesto especial sobre producción y servicios a la enajenación de los productos vitivinícolas nacionales, generando la distinción en la normatividad correspondiente de ser productos generados mediante procesos de fermentación y no de destilación, como se encuentra especificado actualmente, con el objetivo primordial de fomentar y beneficiar la producción vitivinícola nacional.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a crear un nuevo programa en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, en específico en el presupuesto destinado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, además de otorgar recursos suficientes a efecto de lograr un eficiente fomento, promoción y difusión del consumo de vino nacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2007.
Diputado Carlos Torres Torres (rúbrica)
Efemérides
Hoy quiero hablar de un acontecimiento que cambio la vida de nuestro país, el temblor de 8.1 grados en la escala de Richter que el 19 de septiembre de 1985 sacudió a la Ciudad de México, donde se estima que aproximadamente diez mil personas perdieron la vida y muchas más quedaron damnificadas.
La solidaridad y la participación de la población en la ciudad capital marcaron un antes y un después; nunca antes el pasmo de la autoridad fue exhibido en tan grande dimensión ni la reacción de la sociedad se mostró tan humana.
A la par que la ayuda internacional llegó con la inmediatez y de la manera expedita que la ocasión lo merecía, las personas se organizaron para enfrentar los estragos del desastre, cuya magnitud pudo haber sido menor si se hubiera contado con la preparación debida.
Del mismo modo, el 9 de octubre de 1995 la fuerza sísmica de la naturaleza se hizo sentir en las costas Colima y Jalisco; nuevamente, las pobres o nulas medidas de prevención de desastres hicieron que la magnitud de los daños fueran mayores que las deseables.
En las postrimerías del siglo pasado se tomaron medidas efectivas pero aisladas, como la implementación de la alarma sísmica, cuya difusión se ha reducido a su mínima expresión. Del mismo modo, en algunos estados de alta sismicidad se han organizados simulacros y en otros se ha promovido la organización social para la formación de brigadas y se han emitido recomendaciones sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo.
Diversas voces autorizadas especialistas en el tema han advertido que, muy probablemente, pronto llegue un sismo de grandes proporciones.
El no correr, no gritar y no empujar son sugerencias que, si bien necesarias, no son suficientes; la conciencia de la sismicidad de una parte importante del territorio nacional. La conciencia que no son evitables los fenómenos naturales pero sí es posible prevenir, mitigar y reducir sus efectos dañinos nos debe interpelar a todas las personas que hacemos esta gran nación.
Recientemente, por cuanto a los huracanes que han azotado al país, se ha advertido una evolución en la cultura preventiva, que bien debería ser extendida a lo sísmico.
El 19 de septiembre del presente se cumplirán 22 años del gran temblor de 1985. En homenaje a las personas muertas, lisiadas, damnificadas, solidarias y organizadas de ése y todos los temblores de gran intensidad y magnitud: el de 1957 "del Ángel"; el de 1978 "de la Ibero"; el de 1995 "de Colima y Jalisco" y todos los demás, en diversos estados de la república, cuya gente y cuyas características geológicas no son de ningún partido sino de un mismo país.
Por lo anterior, hoy quiero hacer memoria de este trágico acontecimiento y poner en manifiesto la necesidad de fortalecer la cultura de prevención de desastres en el país.
Diputado José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica)
RELATIVA AL DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO LANDERO GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Alejandro Landero Gutiérrez, en su carácter de diputado federal de la LX Legislatura, en ejercicio de sus facultades que le confiere el artículo 39, inciso 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promueve efeméride relativa al Día Internacional de la Paz.
Durante la historia de la humanidad y en especial la historia del siglo XX, gran parte de la población mundial sufrió cruentas guerras que se suscitaron en diversas regiones. Las consecuencias de estas guerras, son diversas: muertes de personas inocentes que se cuentan por millones, desestabilidad social al interior de los Estados, establecimiento de regímenes autoritarios, miles de personas que se ven obligadas a desplazarse fuera de sus lugares de origen huyendo del hambre y la pobreza, entre muchas otras.
En un esfuerzo por evitar éstos conflictos armados surge la Organización de Naciones Unidas, quien desde su creación ha manifestado su compromiso con la paz, por ello en la Carta de las Naciones Unidas (ONU) en su capítulo I, artículo 1 menciona como unos de sus propósitos: "Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz".
Reafirmando este compromiso la ONU establece a partir de 1981, que el tercer martes del mes de septiembre (día de apertura del período ordinario de sesiones de la Asamblea General) sea proclamado oficialmente como el Día Internacional de la Paz.
Años más tarde, el 29 de septiembre de 2001 la Asamblea General mediante la resolución 55/282, decide que se observe el 21 de septiembre de cada año como el Día Internacional de la Paz, estableciendo que "se observará en delante como un día de cesación del fuego y de la no violencia a nivel mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos se sientan motivados para cumplir una cesación de hostilidades durante todo ese día."
México mantiene un prestigio a nivel internacional por la conducción de una política exterior pacifista. No hace falta recordar que México es signatario de diversos tratados multilaterales como el Tratado sobre Renuncia a la Guerra (Pacto Briand-Kellog de 1928), Convención sobre Mantenimiento, Afianzamiento y Restablecimiento de la Paz (1936), incluso la propia Carta de las Naciones Unidas.
Además de ser el promotor del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco), propuesto por el entonces presidente López Mateos e impulsado por el diplomático Alfonso García Robles. Este tratado le valió a México el reconocimiento internacional como promotor de la paz, además de un Premio Nobel de la Paz para García Robles.
Dentro del ámbito regional es incuestionable la colaboración de México para la estabilidad y la paz, la creación del Grupo Contadora fue una instancia multilateral establecida por nuestro gobierno en cooperación con los gobiernos de Colombia, Panamá y Venezuela, para promover conjuntamente la paz en Centroamérica.
Nuestro país congruente con el principio constitucional de la resolución pacifica de las controversias, se pronunció en contra de la decisión unilateral de invadir Irak, se pronunció por un no a la guerra, sí al multilateralismo.
Como nos ha demostrado la historia sólo mediante la cooperación entre naciones se logra crear un mundo más seguro. Un sistema unilateral donde se desdeñan los principios del Derecho Internacional, jamás se ha alzado triunfante en una sociedad pacífica. La paz, la libertad y la seguridad nunca se podrán alcanzar en un mundo global de forma unilateral.
Hoy, desde esta tribuna los diputados de Acción Nacional felicitamos a todas las naciones y personas que han trabajado por crear un orden internacional basado en la paz y la justicia. Reconocemos el esfuerzo de organismos multilaterales que día a día luchan por promover una paz que permita a los ciudadanos vivir en un mundo más libre, más próspero y más humano.
En palabras del otrora secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan: "Desde que se proclamó el Día Internacional de la Paz y la no violencia en todo el mundo, las Naciones Unidas vienen celebrando ese día cuya finalidad no es sólo que la gente piense en la paz, sino que haga algo por ella."
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2007.
Diputado Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica)
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