Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA ASF QUE INVESTIGUE POSIBLES DESVÍOS DE RECURSOS FEDERALES DE LOS DENOMINADOS "EXCEDENTES PETROLEROS" ENTREGADOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, A CARGO DEL DIPUTADO ALFONSO OTHÓN BELLO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los diputados federales del estado de Puebla del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional acudimos a esta soberanía a solicitar que se turne a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo que disponen los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que investigue, fiscalice, conozca, los resultados de la gestión financiera, compruebe si ésta se ajustó a los lineamientos señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Ley de Ingresos correspondiente, constate la forma y grado del cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas de gobierno, y obtenga una solución a posibles actos de desvío de recursos federales de los denominados excedentes petroleros, que fueron entregados al gobierno del estado de Puebla durante el ejercicio fiscal de 2006, presuntamente utilizados para limpiar la imagen del gobernador, Mario Plutarco Marín Torres, con fines político-electorales y por no estar aplicados con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad y género, con arreglo a las siguientes
Consideraciones
1. Compañeras y compañeros diputados, los recursos de la nación, pertenecen a todos los mexicanos, tanto vía impuestos, o por que tengan su origen en los excedentes en la venta del petróleo, por lo que deben destinarse a obras que beneficien a la población.
Cualquier "ente" que maneje o ejerza recursos público, será sujeto de fiscalización, pues se financian de recursos de los ciudadanos, como el caso de los excedentes del petróleo.
En el marco de transparencia que debe imperar en todo el país, como lo dispone el artículo 23 Bis del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, el destino y aplicación de los recursos excedentes del petróleo, que han sido transferidos en su totalidad a los estados de la federación, deben destinarse para la aplicación de programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento, a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
Esta Cámara ha establecido en el decreto del presupuesto de egresos de la federación, los conceptos de destino específico de aplicación, los criterios de distribución por entidad federativa y la prohibición expresa de su uso en los conceptos de gasto corriente y de operación.
Por tanto, los recursos que la federación transfiere a las entidades federativas vía fideicomiso, presentan naturaleza jurídica de recursos federales, denominados "subsidios", por lo que una vez en poder de las entidades federativas, dichos recursos están sujetos a un fin específico y les son aplicables las disposiciones presupuestarias, de control, y de fiscalización federales.
2. En este contexto y tomando en consideración la actual situación, social y política que vive el estado de Puebla, el gobernador discrecionalmente decide la distribución de recursos excedentes del petróleo, siendo favorecidos únicamente los que forman parte de interés político.
3. Aunado a esto, el 13 de octubre de 2006 el presidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, señaló ante diversos medios de comunicación, que hasta esas fechas, el municipio de Puebla, no recibió recursos provenientes de los excedentes petroleros por parte de la administración de Mario Plutarco Marín Torres, contradiciendo al secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado de Puebla, quien a su vez, en conferencia de prensa el 11 de octubre de 2006, indicó que han entregado al municipio de Puebla más de 100 millones de pesos provenientes de dichos excedentes.
4. El 11 de octubre de 2006, el secretario general del ayuntamiento de Puebla, manifestó en rueda de prensa "Si no hay una explicación por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal (SFA) sobre el origen de los recursos que fueron entregados a la comuna de Puebla en el convenio de obras que firmaron ambos niveles de gobierno, la sindicatura valorará el siguiente paso: una revisión jurídica para aclarar el caso y hacer llegar al gobierno municipal los recursos por excedentes petroleros.
5. El actual gobierno encabezado por el ciudadano Mario Plutarco Marín Torres, se ha caracterizado por una serie de escándalos, entre ellos el caso Marín-Cacho, Succar Kuri-Kamel Nacif, ataques y censura a periodistas y medios de comunicación, motivo por el cual ha realizado altos gastos en tratar de limpiar su imagen pública, en lugar de destinarlos al gasto social, demeritando aún más su desgastada imagen.
6. Por ello debemos solicitar al órgano superior de fiscalización de este máximo órgano legislativo para que revise la aplicación de todos los recursos excedentes del petróleo que le han sido destinados al estado de Puebla, y se verifique si estos han sido utilizados por el gobernador para la limpia de su imagen, la compra de espacios en medios de comunicación, intereses político-electorales, o cualesquiera distintos para los que fueron destinados.
Por lo expuesto, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita la intervención de la Auditoría Superior de la Federación a efecto de que investigue, fiscalice, conozca, los resultados de la gestión financiera, para comprobar si ésta se ajustó a los lineamientos señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en la Ley de Ingresos correspondiente, constatar la forma y grado del cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas de gobierno, sobre posibles actos de desvió de recursos federales de los denominados excedentes petroleros, que fueron transferidos al gobierno del estado de Puebla durante el periodo fiscal 2006, presuntamente utilizados para limpiar la imagen del gobernador del estado de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, por presuntamente aplicarlos con fines político-partidistas-electorales, y no estar aplicados con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad y género, ni haber hecho la transferencia oportuna y clara a los municipios del estado de Puebla, principalmente a los gobernados por presidentes municipales postulados en su momento por el Partido Acción Nacional, como al municipio de la ciudad de Puebla.
Segundo. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que lleve a cabo con la mayor oportunidad la revisión solicitada e informe oportunamente a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, sobre el resultado de la revisión del origen y aplicación de los recursos públicos citados y del cumplimiento de los objetivos y metas del gobierno en mención y en su caso finque directamente responsabilidades resarcitorias y aplique multas y sanciones en caso de determinarse daños patrimoniales a la hacienda pública federal.
Diputados: María Esther Jiménez Ramos, Dolores María del Carmen Parra Jiménez, Violeta del Pilar Lagunes Viveros, José Luis Contreras Coeto, José Guillermo Velázquez Gutiérrez, Antonio Vasconcelos Rueda, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, Arturo Flores Grande, José Guillermo Fuentes Ortiz, René Lezama Aradillas, Apolonio Méndez Meneses, Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A CUMPLIR MEDIANTE SUS DEPENDENCIAS LAS PROMESAS DE GENERAR EMPLEOS, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSA ELVA SORIANO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal Rosa Elva Soriano Sánchez con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a cumplir sus promesas de generar los empleos, en razón de la siguiente
Exposición de Motivos
El día martes 4 de septiembre del año en curso, apareció en el periódico El Universal, una nota alarmante. Su encabezado decía "El 60 por ciento de los jóvenes están desempleados: UNAM", a pesar de que en la actualidad 30 por ciento de la población económicamente activa que trabaja o busca una plaza está conformada por jóvenes, alrededor del 60 por ciento de los desempleados están ubicados en ese sector, señaló Rosa María Camarena Córdova, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM. "Ello refleja la problemática que se tiene sobre todo para el primer empleo y para la incorporación de la población joven".
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, se encontró que ese año, 40 por ciento de los jóvenes de 12 a 24 años había trabajado, aunque no estuviera haciéndolo al momento de este ejercicio; de ellos, la mitad fueron hombres.
Asimismo, la investigadora Camarena Córdova sostiene que según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de enero a marzo de este año, sólo el 17 por ciento de los trabajadores de 14 a 19 años, es decir uno de cada seis, contaba con servicio médico por estar contratado.
A principios de 2007, 59 por ciento de los empleados de 14 a 29 años no tenía acceso a una ocupación formal, y entre los subordinados –bajo la supervisión de algún patrón- 92 por ciento de quienes contaban con 14 y 19 años, y 81 por ciento de los 20 a 29 años de edad, no disfrutaban de aguinaldo, vacaciones, ni reparto de utilidades.
Sin embargo, de los 42 millones de mexicanos que conforman la población ocupada en México, 19 millones laboran en la informalidad, en números redondos esto significa que una de cada dos personas en el país no tiene un empleo formal.1
De igual forma, se señala que la tasa de desocupación más alta en México se ubica entre los jóvenes que se incorporan al mercado laboral, ya que en este sector de la población la tasa de desempleo es de 6.30 por ciento en promedio, que es casi el doble del promedio nacional.
En el primer Informe de Gobierno entregado a esta soberanía se lee "en los primeros seis meses de 2007 México recibió inversiones por 13 mil 500 millones de dólares, el dato más alto alcanzado por el país para un mismo lapso". Asimismo, que "la expectativa de todo el año era crear 600 mil empleos, pero de acuerdo con los registros de los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del 1 de enero hasta la fecha, fueron generados más de 618 mil nuevas plazas formales". Sin embargo, las cifras presentadas están maquilladas porque en ningún momento se señala si los empleos generados son permanentes o temporales, como tampoco se especifica qué sectores de la población fueron beneficiados con los empleos que supuestamente se han creado. Estamos, otra vez, ante un escenario de empleos temporales y precarios.
La realidad es otra, nosotros vemos ambulantaje, empleo informal y 400 mil mexicanos que cada año se van a buscar oportunidades y empleo a Estados Unidos.
En razón de lo anterior y toda vez que esta Cámara en diversos momentos se ha pronunciado porque el desarrollo económico vaya de la mano con el desarrollo social. Apelando para que nuestros jóvenes tengan un empleo digno y un salario justo. Para que no solamente terminen la universidad y queden en el desempleo o subempleo, sino también para que sus estudios los lleven a ocupar empleos formales y bien remunerados, para propiciar políticas de justicia social. Por ello, los diputados del Partido de la Revolución Democrática estaremos atentos a que el Ejecutivo cumpla sus promesas de empleo y tomaremos las medidas necesarias para que así sea, en el marco de nuestras atribuciones legislativas.
Por lo anterior, someto a esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de sus dependencias, cumpla sus promesas en materia de generación de empleo con objeto de que los jóvenes mexicanos que carecen de él, se incorporen a la actividad productiva de nuestro país.
Nota:
1 Informe titulado "Los Principales Indicadores de Empleo" de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Agosto 2007.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2007.
Diputada Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008 SE DESTINEN RECURSOS PARA INCREMENTAR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO FERRONALESJUB 5012-6, DE NACIONAL FINANCIERA, SNC, A CARGO DEL DIPUTADO ENRIQUE SERRANO ESCOBAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado federal, Enrique Serrano Escobar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Derivado de la reforma aprobada por el Constituyente al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la aplicación de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, expedida por el Congreso de la Unión; surgió el proceso de privatización del Sistema Ferroviario Mexicano, del cual 56 mil 372 trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, obtuvieron el beneficio de su jubilación al concluir las relaciones obrero-patronales y cumplir con los requisitos establecidos en el contrato colectivo de trabajo, los convenios laborales y/o los reglamentos correspondientes.
A efecto de garantizar el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones de los trabajadores ferrocarrileros que obtuvieron el beneficio de su jubilación, el gobierno federal, aportó por conducto de Ferrocarriles Nacionales de México, los recursos económicos necesarios para tal fin. Tales recursos fueron destinados por Ferrocarriles Nacionales de México para constituir el fideicomiso Ferronalesjub número 5012-6, y el Fondo de Jubilaciones, encargado del pago de las citadas pensiones y prestaciones.
El patrimonio del fideicomiso que constituye el Fondo de Jubilaciones de los ferrocarrileros jubilados por Ferrocarriles Nacionales de México, resulta apenas suficiente para pagar las pensiones y prestaciones de los ferrocarrileros jubilados, ya que aún cuando se había estipulado un incremento anual equivalente a la inflación determinada por el Índice Nacional de Precios al Consumidor; hubo un desfase entre el inicio de operaciones y el último proceso de revisión de contrato colectivo, lo que originó que las pensiones y prestaciones en el primer año de operaciones del Fondo de Jubilaciones se incrementaran en un porcentaje inferior a la inflación del año inmediato anterior.
Por otra parte, pese a que durante la vigencia de las relaciones laborales entre Ferrocarriles Nacionales de México y el Sindicatos de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, el sindicatos referido solicitó en reiteradas ocasiones, el incremento del número de días que la empresa pagaba a los jubilados por concepto de aguinaldo anual, para igualarlos con el número de días (40) que por igual concepto se pagaba anualmente a los trabajadores en servicio activo y con los que reciben, por este concepto, los jubilados y pensionados de otros regímenes jubilatorios del país. Sin embargo, esta negociación no se llegó a formalizar ante la conclusión del proceso de privatización y de esta forma el Fondo de Jubilaciones únicamente cubre a los ferrocarrileros jubilados una cantidad por concepto de aguinaldo anual equivalente a quince días sobre el importe de la pensión mensual jubilatoria, lo cual resulta injusto y discriminatorio si atendemos a que la mayoría de los pensionados y jubilados dentro de los sistema oficiales de seguridad social (IMSS, ISSSTE, etc. ) reciben el equivalente a un mes de sus pensiones. De ahí que se estime necesario que se aporten al fideicomiso que administra el Fondo de Jubilaciones los recursos necesarios para que esta prestación anual se ajuste en su monto a lo que reciben por idéntico concepto la mayoría de los pensionados y jubilados de nuestro país.
Este tema ha sido planteado de forma recurrente por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y por integrantes del honorable Congreso de la Unión, senadores y diputados de las distintas fracciones parlamentarias; quienes han abordado la tribuna de ambas Cámaras y de la Comisión Permanente para apoyar este justo reclamo de los ferrocarrileros jubilados.
Por ello, el suscrito diputado federal en representación de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, convoco al resto de las fracciones parlamentarias representadas ante esta honorable soberanía para que se adopte el acuerdo de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, al elaborar el dictamen de la iniciativa del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, incluya una partida presupuestal con los recursos necesarios para que el gobierno federal los destine a incrementar el patrimonio del fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC que administra el Fondo de Jubilaciones de los trabajadores ferrocarrileros jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, y de esta forma el comité técnico del mismo esté en condiciones de incrementar las pensiones jubilatorias en un porcentaje superior a la inflación determinada por el Banco de México, y el aguinaldo anual que recibe este grupo de pensionados y jubilados y se incremente permanentemente a 30 días para hacerlo coincidir con el que recibe el resto de los pensionados y jubilados en nuestro país.
Lo anterior en congruencia con la obligación que el Congreso de la Unión impuso al gobierno federal, de constituirse en garante de los derechos de los ex trabajadores del organismo público descentralizado a través del decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 4 de junio del 2001, y que en su artículo 4 reza:
Artículo 4o.- Los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, generados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo aplicable a la ley, serán respetados. En toda época, el gobierno federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados de Ferrocarriles Nacionales de México, en el caso de que el fondo de jubilaciones sea insuficiente.
Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que resulta justo y conveniente que este grupo de jubilados, con cuyo esfuerzo se forjó y desarrolló nuestro país, reciban un ajuste en sus pensiones y prestaciones para resarcirlos del perjuicio que el procedimiento antes citado les ocasionó, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Que las fracciones parlamentarias representadas en la honorable Cámara de Diputados acuerden que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incluya una partida con los recursos económicos necesarios para que el Poder Ejecutivo federal los destine a incrementar el patrimonio del fideicomiso Ferronalesjub número 5012-6 de Nacional Financiera SNC, relativo al Fondo de Jubilaciones de los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, y hacer posible que las pensiones, las prestaciones y el aguinaldo anual que reciben los fideicomisarios sean incrementados en los términos señalados en la presente propuesta, en el dictamen a la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2007.
Diputado Enrique Serrano Escobar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ATENDER MEDIANTE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA Y LA PROCURADURÍA AGRARIA EL CONFLICTO QUE ENFRENTA EL EJIDO CAMPO ACOSTA, EN TOMATLÁN, JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO LEOBARDO CURIEL PRECIADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Leobardo Curiel Preciado, diputado federal de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El pasado 20 de agosto de 2007, funcionarios del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XIII, acompañados por 500 elementos antimotines de la policía del estado y de la PFP, se presentaron en las inmediaciones del poblado Campo Acosta, del municipio de Tomatlán, en el estado de Jalisco, para ejecutar una sentencia emitida en el juicio de restitución de tierras promovido por la Comunidad Indígena de Tomatlán, del municipio del mismo nombre.
2. Durante la diligencia jurisdiccional los campesinos trataron de dialogar con el personal del Tribunal Unitario Agrario, lo cual fue inútil pues las fuerzas policíacas los desalojaron utilizando la violencia física en contra de hombres, mujeres, niños y ancianos, lo que dejó un saldo de 32 campesinos detenidos, quienes fueron trasladados a la cárcel de Tomatlán y posteriormente a la de Puerto Vallarta.
Los campesinos fueron liberados previo pago de una caución de 3 mil pesos por cada uno, cantidades que fueron obtenidas gracias al esfuerzo y al sacrificio de otros ejidatarios que cooperaron para lograr la liberación de sus compañeros, lo que evidentemente daña la economía de las personas que habitan en una región que se caracteriza por su extrema pobreza.
3. El conflicto de mérito se originó desde los años 60 entre la comunidad indígena de Tomatlán y el poblado de Campo Acosta y a pesar de que ha habido diversos juicios ante distintas instancias judiciales, aún no ha podido ser resuelto en el fondo, lo que demuestra la alta complejidad que presenta, pues la tierra para los campesinos no es solamente un insumo de producción, sino la representación misma de la madre que nos dio la vida y la forma de subsistir.
4. La problemática se acrecentó porque en últimas fechas, además del enfrentamiento entre ambos núcleos agrarios, un tercer actor apareció en escena, el cual, según el dicho de los pobladores, es una empresa inmobiliaria denominada "Sierra Vallarta", que se adjudica la propiedad de los terrenos en disputa.
5. Adicionalmente a este enfrentamiento, la zona presenta una alta conflictividad por la disputa de la tenencia de la tierra, puesto que se han detectado problemáticas similares en los municipios de Cabo Corrientes, La Huerta, Cihuatlán y Talpa, entre otros, lo que amerita una urgente intervención de las autoridades federales para evitar que nuevos desalojos violentos manchen el campo jalisciense y perjudiquen a las familias que menos tienen.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. En el marco de colaboración de poderes, la Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, de la Secretaría de la Reforma Agraria, se atienda y concilie el conflicto agrario que enfrenta el ejido Campo Acosta, del municipio de Tomatlán, en el estado de Jalisco.
Segundo. De igual forma, se le exhorta para que a través de la Procuraduría Agraria se otorgue asesoría y, en su caso, representación jurídica, a los pobladores del ejido Campo Acosta, a fin de que se garanticen sus derechos.
Tercero. Asimismo, se le exhorta para que mediante la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y las dependencias y entidades que pudieran tener competencia, se realice un diagnóstico de la conflictividad agraria en la zona, incluyendo la problemática de mérito, y se implementen acciones de política pública que prevengan y, en su caso, solucionen pacíficamente los conflictos por tierras.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2007.
Diputado Leobardo Curiel Preciado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DENUNCIE LAS CONDICIONES DE INSEGURIDAD Y FALTA DE HIGIENE PERSISTENTES EN LAS MINAS PROPIEDAD DE GRUPO MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Carlos Navarro López, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para denunciar las condiciones de inseguridad y falta de higiene que persisten en las minas propiedad del Grupo México, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 30 de julio los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, Sonora, pertenecientes a la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), emplazaron a huelga a la empresa Industrial Minera México, SA de CV, (IMMSA), subsidiaria de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco.
Su principal petición es exigir mejores condiciones de seguridad e higiene tal como lo establece la Constitución Política de nuestro país, la Ley Federal del Trabajo y su propio Contrato Colectivo de Trabajo.
Sin embargo, Grupo México argumenta que dicha situación no existe, ya que sus empresas laboran con total seguridad.
Existe la sospecha de que Larrea Mota negoció con el Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, ya que la huelga, al igual que las iniciadas en Taxco, Guerrero y Zombrerete, Zacatecas, fueron declaradas inexistentes por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el anuncio de que eso iba a suceder lo realizó el encargado del despacho laboral horas antes de que se hiciera oficial por parte de la instancia arbitral.
En lo que respecta a los trabajadores de la mina en Cananea, ellos lograron un amparo definitivo el pasado 16 de agosto, emitido por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Laboral.
Desgraciadamente, en la resolución se estableció que los trabajadores de confianza y aquellos que no estuvieran de acuerdo con el paro podrían ingresar a laboral, situación que aprovecho Grupo México para pretender dividir el movimiento e intentar continuar con la operación normal de trabajo. Este hecho ocasionó un enfrentamiento entre mineros sindicalizados y personal contratado por la empresa que condujo a la muerte del minero Reynaldo Hernández González.
Hasta el momento no se han deslindado responsabilidades del asesinato, ni se ha castigado a los responsables.
Es necesario recordar que Grupo México es responsable de la muerte de 65 mineros ocurrida el 19 de febrero de 2006 en las instalaciones de la mina de carbón Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, por no ofrecer las medidas mínimas de seguridad para laborar ahí y soslayar las denuncias que vaticinaban una tragedia como la que efectivamente ocurrió.
Por otra parte, en mi carácter de representante popular, originario de Sonora, fui invitado por los representantes de los mil 300 mineros que trabajan en la mina de cobre Mexicana de Cananea para que constatara las condiciones de inseguridad y falta de higiene que subsisten en este momento en aquel lugar.
Por tal motivo, un grupo de legisladores federales, entre ellos Alejandro Almazán, Rosario Ortiz y un servidor, acudimos el viernes de la semana pasada hasta aquella cuidad para realizar un recorrido por las distintas áreas de producción, concentración y perforación con la finalidad de conocer las condiciones imperantes de inseguridad que acontecen.
Sin ser expertos, ni peritos en la materia, pudimos observar que la empresa no está cumpliendo con su obligación. Existen derrames permanentes de líquidos como aceite, agua y productos químicos. Hay también cables de electricidad expuestos, sin el plástico protector, que podrían ocasionar que alguien se electrocutase, estructuras dañadas, entre otras cosas más. En fin, numerosas condiciones propicias para que ocurra una tragedia.
Los mineros aducen que Grupo México se niega a realizar la reparación general de las estructuras y a solventar todos los desperfectos, porque eso conllevaría detener la producción, por cierto bastante alta, del cobre y ellos dejarían de ganar más dinero.
Tan sólo en el primer trimestre de este año Grupo México reportó ganancias por más de 11 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 48 por ciento respecto a ese mismo lapso el año pasado. Tal y como lo aseguró en su momento el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quién vivió de cerca el siniestro de Pasta de Conchos, esas ganancias son a costa de la seguridad de los mineros de todo el país que trabajan para la empresa de Germán Larrea.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposicion
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, que se atiendan las demandas de los trabajadores mineros y se cubran las obligaciones patronales de proporcionar seguridad e higiene en el lugar de trabajo, para evitar más casos como la tragedia que ocurrió en la mina Pasta de Conchos.
Segundo. Se exhorta a las autoridades estatales a respetar el movimiento laboral de los mineros pertenecientes a la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) y abstenerse de implantar medidas represoras que agranden el conflicto, buscando que su solución sea sólo mediante el dialogo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2007.
Diputado Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO A FIRMAR EL PACTO NACIONAL 2007 POR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita diputada Laura Rojas Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:
Consideraciones
El 2 de agosto de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Esta ley trajo consigo un giro fundamental en la orientación de las políticas públicas relacionadas con la equidad de género al plantearse como objetivo transversal la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo. A fin de alcanzar este propósito, la ley establece los lineamientos y mecanismos institucionales necesarios para regular y garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.
Asimismo, la recientemente expedida Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sienta las bases para la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de manera que se favorezca su desarrollo integral y sustentable.
De esta forma, nuestro marco legal reconoce la necesidad de remontar las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres a través de la confluencia y coordinación de los distintos órdenes de gobiernos y los poderes de la Unión. Igual importancia adquiere para este propósito la activa participación de los órganos autónomos, instituciones académicas y de investigación, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y la sociedad en su conjunto para incidir efectiva y eficientemente en el cambio cultural e institucional que permita cristalizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a la cual México aspira.
En congruencia con ello, el 5 de marzo pasado se firmó en esta honorable Cámara de Diputados el Pacto Nacional 2007 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la participación de los presidentes de las mesas directivas de las cámaras del honorable Congreso de la Unión, la coordinadora y los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en esta asamblea, las y los integrantes de las comisiones de Equidad y Género de las Cámaras de Senadores y Diputados, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, las presidentas e integrantes de las comisiones de Equidad y Género de los congresos locales, así como las directoras de los institutos de las mujeres de las entidades federativas.
El pacto establece diez compromisos fundamentales para sus firmantes, enfocados sobre todo en garantizar que ningún programa dirigido a las mujeres y a la equidad de género sufra reducción presupuestal respecto al ejercicio fiscal inmediatamente anterior; dar puntual seguimiento a la distribución y aplicación de los recursos de programas etiquetados a las mujeres; incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres indígenas, campesinas y rurales; armonizar la legislación federal y local en materia de presupuestos con perspectiva de género; el derecho a la salud integral de las mujeres; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todo ello, en el marco de lo establecido en nuestra Constitución y de los compromisos internacionales adquiridos por el estado mexicano.
Hasta el momento se han sumado a este pacto 18 entidades del país. Sin embargo, entre ellas no se encuentra el Estado de México.
De acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda 2005, esta entidad tiene una población total de 14 millones 7 mil 495 habitantes, de los cuales el 51.2 por ciento son mujeres, lo que equivale a alrededor del 13.5 por ciento del total de la población femenina en México. La alta concentración de población en esta entidad y las características propias de su desarrollo urbano y social traen consigo un panorama complejo que agudiza las desigualdades de género existentes. Además, es ya por todos conocido el alarmante incremento en el número de asesinatos de mujeres que el Estado de México ha experimentado en los últimos años.
Sabemos que el gobierno del Estado de México ha emprendido diversas acciones a favor de las mujeres mexiquenses. No obstante, la realidad imperante en esta entidad hace urgente que este gobierno asuma su compromiso insoslayable con la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres; promueva una cultura de no discriminación, reconocimiento y respeto a las mujeres; y tome las medidas que sean necesarias para garantizarles mejores condiciones de vida.
Un paso importante en este sentido sería la firma del Pacto Nacional 2007 por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ya que esto posicionaría al gobierno del Estado de México en mejores condiciones para unir esfuerzos con los diferentes niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión en nuestro país, a efecto de emprender las acciones que garanticen el bienestar y desarrollo de las mujeres mexiquenses en todos los ámbitos de la vida pública y privada.
Sólo con cabal compromiso y acciones corresponsables podremos hacer de la igualdad la piedra angular de una sociedad democrática que aspira a la paz, a la justicia social y al respeto a los derechos humanos. Sin duda el Pacto Nacional 2007 por la Igualdad entre Mujeres y Hombres pretende contribuir a este preciado fin.
Por las razones fundadas y expuestas, someto a esta honorable asamblea la siguiente:
Proposición con punto de acuerdo
Único. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorte al gobierno del Estado de México a firmar el Pacto Nacional 2007 por la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 13 de septiembre de 2007.
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB A EMITIR LA DECLARATORIA DE DESASTRE EN GABRIEL ZAMORA, MICHOACÁN, DEBIDO A LOS GRAVES DAÑOS PROVOCADOS POR LAS INTENSAS LLUVIAS, A CARGO DEL DIPUTADO FAUSTO FLUVIO MENDOZA MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de esta honorable Cámara, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo con el objeto de que se exhorte respetuosamente al secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña a emitir declaratoria desastre en el municipio Gabriel Zamora, ubicado en el estado de Michoacán, donde lluvias intensas han ocasionado diversos daños.
Consideraciones
Primera. Que desde el día 23 de agosto de 2007, intensas precipitaciones pluviales han provocado daños en el municipio Gabriel Zamora, estado de Michoacán, colapsando el puente vehicular ubicado en el camino El Huaco-Lombardía, que sirve de entronque a la desviación de la comunidad El Huaco, razón por la cual se encuentra incomunicada esta comunidad, así como las comunidades Minitas, Cuatas y la propia cabecera municipal de Gabriel Zamora. Es importante señalar que de no ser rehabilitado dicho puente, los productores de jitomate, arroz, maíz y mango se verán imposibilitados para comercializar su producción, lo que acarrearía mayores daños sociales y económicos a miles de habitantes de esta zona.
Cabe señalar que los daños en materia de producción mencionados no son los únicos, ya que el aislamiento tiene efectos en diversas actividades educativas, en materia de abasto, de gestiones ante diversas instituciones públicas y, en general, de la vida cotidiana de miles de habitantes, quienes a dos semanas de ocurrido el desastre viven en la zozobra de que a los efectos inmediatos del desastre se sumen efectos irreversibles de mediano plazo.
Segunda. Que en el periodo enero-junio de este año se autorizaron 285.2 millones de pesos para la reconstrucción infraestructura carretera federal, estatal y municipal, dañada por las lluvias extremas ocurridas en enero y mayo de 2007 en los estados de Chiapas, Tabasco y Nuevo León, conforme a datos consignados en el apartado 1.2.5 del primer Informe de Gobierno entregado al honorable Congreso de la Unión por el titular del Ejecutivo federal el primero de septiembre próximo pasado. Lo que nos muestra que el problema actual en el municipio de Gabriel Zamora, Michoacán, es similar a lo ocurrido en otras regiones de nuestro país.
Tercera. Que la Ley General de Protección Civil en sus artículos 29 al 37 establece los fundamentos legales para que el gobierno federal emita declaración de desastre y de emergencia. Cabe señalar que en el apartado 1.2.5 del Informe de Gobierno mencionado, se da cuenta de que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), dispone de tres mecanismos para responder a los efectos de los desastres:
1. Fondo Revolvente: a cargo de la Secretaría de Gobernación, tiene por objeto proporcionar una respuesta inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas por los efectos, inminencia o alta probabilidad de que ocurra un fenómeno natural perturbador.
2. Programa Fonden: autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación dentro del ramo general 23 "Provisiones Salariales y Económicas", y cuyos recursos se ejercen conforme a las reglas de operación del Fonden por las dependencias y entidades federales o a través de los fideicomisos públicos estatales.
3. Fideicomiso Fonden: se integra con los recursos no ejercidos existentes en el Programa Fonden al término de cada ejercicio fiscal; las economías registradas por las dependencias y entidades federales a las que se autorizaron recursos para la atención de desastres naturales; los saldos que resulten de recursos federales transferidos a los fideicomisos estatales; las recuperaciones que se obtienen de las compañías aseguradoras de infraestructura pública atendida con recursos del Fonden, y los rendimientos que genere la inversión del numerario disponible.
Cuarta. Con esta base en las reglas de operación del Fonden, define los lineamientos de intervención y financiamiento a las regiones, zonas y comunidades afectadas por desastres, en este caso en lo relacionado con la infraestructura carretera y de transporte. Este fondo cuenta con recursos del ramo 23, aprobados por esta Cámara de Diputados en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, como consta en el Anexo 10 de dicho decreto.
Quinta. Que como diputado electo por el sufragio popular al honorable Congreso de la Unión, manifiesto mi preocupación por esta compleja situación, y manifiesto mi solidaridad como representante popular respecto a las demandas y necesidades de la población que necesita respuestas integrales y a la brevedad posible. Dada esta situación de desastre, me permito solicitar que de inmediato se emita la declaratoria de desastre para el municipio de Gabriel Zamora del estado de Michoacán, para que de este modo se canalicen los apoyos financieros y logísticos requeridos en dicho municipio.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de acuerdo
Único. Se exhorte al secretario de Gobernación, Javier Ramírez Acuña, para que de inmediato proceda a emitir declaratoria de desastre, aplicando recursos del Fonden, en el municipio de Gabriel Zamora con el objetivo de iniciar la rehabilitación del puente vehicular ubicado en el camino El Huaco-Lombardía, cuya afectación por las intensas lluvias ocurridas desde el 23 de agosto de este año pone en grave riesgo las condiciones económicas y sociales de miles de habitantes de las comunidades El Huaco, Minitas, Cuatas y la propia cabecera municipal de Gabriel Zamora.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2007.
Diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SRE A INSTAURAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN PROTEGER A LOS CONNACIONALES ANTE LAS LEYES Y ORDENANZAS ANTIINMIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ NICOLÁS MORALES RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, José Nicolás Morales Ramos, diputado federal de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
No hay duda que el fenómeno migratorio se ha convertido en un asunto de primera importancia para nuestro país.
Alrededor de medio millón de mexicanos cruzan cada año la frontera que compartimos con Estados Unidos, en busca de oportunidades laborales y una mejor calidad de vida, las que todavía les son negadas aquí.
Actualmente, cerca de seis millones de connacionales viven en carácter de indocumentados del otro lado de la frontera, enfrentando una política migratoria intolerante, anacrónica, y que los pone bajo una situación de temor constante.
Ante el recrudecimiento de medidas antiinmigrantes por parte del gobierno federal estadounidense, producto de la aprobación de la construcción y ampliación del muro fronterizo, el aumento de operativos y de la actividad de la Patrulla Fronteriza, y del incremento significativo de las llamadas redadas, ahora se ha sumado la expedición de ordenanzas locales en contra de nuestros connacionales en más de 86 consejos condales, que resultan ilegales en la gran mayoría de los casos, respecto a su propio sistema jurídico, pero sobre todo, violan flagrantemente y faltan al respeto de los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos que ahí residen.
Después del fracaso del Congreso estadounidense en aprobar una reforma a sus leyes inmigratorias, se ha desatado la proliferación de un activismo, campañas y sentimientos antiinmigrantes en múltiples localidades, condados y estados de la Unión Americana, lo que se ha venido traduciendo en más de mil 100 proyectos de leyes estatales, leyes estatales aprobadas y ordenanzas condales que van en contra de nuestros paisanos.
Es preciso acreditar que, a finales de abril de este año, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo por el que, en ese momento, los senadores destacaron que unirían esfuerzos para plantear, en el marco de la pasada Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, su honda preocupación por este tipo de disposiciones que atropellan los derechos humanos de nuestros connacionales; asimismo, demandaron al gobierno mexicano que promoviera un enérgico rechazo a las acciones hostiles denunciadas.
Sin duda, esta acción del Senado representó un gran acierto, que sólo puede ser compartido y reconocido. Ahora bien, esta proposición pretende profundizar en el tema y en los casos a discusión, pero sobre todo plantea un resolutivo muy puntual y detallado que contiene exhortos muy específicos y propuestas de acción concretas en la materia, tratándose de un punto de acuerdo con un enfoque muy distinto al aprobado por el Senado de la República.
La escalada de leyes estatales y ordenanzas condales a las que se hace mención en esta proposición, van encaminadas a limitar el acceso de los inmigrantes indocumentados al empleo, la salud, vivienda y licencias de conducir, además de otorgar poderes especiales a las agencias locales y estatales para investigar la situación jurídica de los inmigrantes y encarcelarlos para deportarlos, en caso de encontrarse en una situación migratoria irregular.
Alrededor de 90 ciudades o condados han propuesto o aprobado este tipo de leyes y ordenanzas, bajo la premisa de que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para frenar la migración indocumentada, y con ese pretexto se han resuelto a tomar estas medidas que no sólo contravienen su propio orden jurídico, sino que atentan contra los derechos humanos, que por su naturaleza son universales.
Como ejemplo más visible, en julio de este año los condados Prince William y Loudoun, situados en el norte de Virginia, aprobaron ordenanzas para negarle servicios públicos de salud y educación a quienes no puedan comprobar su residencia legal en el país.
Otros condados se han enfocado en sancionar a los propietarios que alquilen inmuebles a inmigrantes sin documentos, y a los patrones que contraten indocumentados sabiendo que lo eran, castigándolos con multas económicas en algunos casos y en otros llegando hasta la cancelación de su licencia para operar.
La ilegalidad e improcedencia de las medidas recae, por una parte, a que los asuntos de inmigración en ese país son materia federal, no local. Por otra, la Suprema Corte de Estados Unidos ya ha determinado que no se puede negar a nadie el derecho a la atención médica y a la educación.
Estas leyes y ordenanzas, además de ser inconstitucionales, dejan de proporcionar a las personas las protecciones debidas en cuanto a procedimientos, antes de que sean despedidas o desalojadas, por lo que van en contra de las leyes federales de los derechos civiles en Estados Unidos.
La enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos establece que "ningún estado privará a ninguna persona de vida, libertad y propiedad sin el debido proceso de la ley, ni negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción la idéntica protección de las leyes".
Los derechos consagrados en la Constitución de Estados Unidos corresponden a todos los habitantes de ese país, independientemente de su estatus o condición migratoria. Pero lo que es más importante, en este caso estamos viendo la violación sistemática a los derechos humanos de nuestros connacionales, garantías fundamentales inscritas en los instrumentos internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos políticos y civiles de los individuos, que incluso fue ratificada por Estados Unidos.
Recientemente, y en lo que significó un hecho que aporta una esperanza para nuestros connacionales, un juzgado federal estadounidense falló en contra de una ordenanza de este tipo en Hazleton, Pennsilvania. El juez federal James Munley falló que propietarios, inquilinos y comercios que sirven a la comunidad hispana sufrirían daños irreparables a raíz de las ordenanzas, por lo que las anuló y declaró inconstitucionales, con lo que ya se ha sentado un precedente judicial favorable.
El juez declaró: "No podemos afirmar en forma más clara que las personas que entran a este país sin autorización legal no pueden quedar desprovistas de inmediato de todos sus derechos por haber cometido sólo este acto ilegal". En otras palabras, hayan entrado o no con documentos, son personas y sus derechos humanos deben ser respetados.
Es de llamar la atención que este tipo de acciones, que han intentando y logrado revertir las leyes y ordenanzas antiinmigrantes, han sido promovidas por organizaciones estadounidenses que están reclamando exitosamente a su gobierno las violaciones a sus propias leyes. Tal es el caso de la Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), o el Fondo Puertorriqueño para la Defensa Legal y Educativa, organizaciones que han acudido a las instancias judiciales federales y han ganado los casos.
Como ejemplo está la demanda en contra del Departamento de Seguridad Interna, por violaciones a la ley por parte del Centro de Detención de T. Don Hutto, en Taylor, Texas, caso en el que se logró llegar a un arreglo por medio del cual se obligó al gobierno federal a modificar las reglas en ese centro de detención de inmigrantes indocumentados.
Ante la defensa y el activismo de este tipo de organizaciones, varios condados, como el de Township, comienzan por sí mismos a revertir o cancelar sus ordenanzas, debido al alto costo que está representando enfrentar las demandas en contra de éstas.
Ello es muestra contundente de que sí se pueden emprender acciones legales para echar abajo estas leyes y ordenanzas, utilizando las mismas instancias y mecanismos legales y judiciales estadounidenses. Sin embargo, ante el enorme cúmulo de leyes y ordenanzas en vigor y en curso, nuestros connacionales están enfrentando peligros y amenazas cada vez mayores, por lo que es absolutamente necesario y urgente que el Estado mexicano lleve a cabo acciones decididas para defender los derechos humanos de sus ciudadanos residentes en nuestro país vecino.
Por todo lo anterior, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que instrumente una estrategia jurídica y diplomática integral que permita defender y proteger a nuestros connacionales ante las leyes y ordenanzas antiinmigrantes en Estados Unidos.
Segundo. De manera muy enfática, la honorable Cámara de Diputados hace un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que acuda a los tribunales e instancias internacionales para denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los migrantes indocumentados, tanto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos como al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, acogiéndose a los diversos instrumentos internacionales que existen en la materia y que han sido ratificados, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Estados Unidos es parte y al cual está obligado.
Tercero. Se insta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que establezca canales de comunicación y lazos de cooperación con la Asociación Nacional de Condados de Estados Unidos, para que de esta manera se persuada a los condados asociados a que se desistan y abstengan de dictar ordenanzas y medidas antiinmigrantes, que son ilegales y atentan contra los derechos humanos de los individuos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2007.
Diputado José Nicolás Morales Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A GESTIONAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA FINANCIAR LAS OBRAS PÚBLICAS DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO EN EL DF Y ESTADO DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO ENRIQUE DEL TORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Mario Enrique del Toro, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La complejidad en los sistemas de transporte, es una problemática prácticamente inherente a las grandes concentraciones urbanas, tal es el caso de la Ciudad de México y su área metropolitana.
Existen diversos estudios y análisis hechos para mejorar las condiciones de transporte y la movilidad de los ciudadanos dentro de la metrópoli. Estos trabajos nos ofrecen varios planteamientos para abordar la problemática; sin embargo, coinciden en que para lograr resultados positivos, es necesaria la inversión pública para la modernización de las redes de transporte, así como un crecimiento en cobertura y calidad de los servicios de trasporte operados por el gobierno. Bajo esta perspectiva es necesario un replanteamiento en la asignación de recursos federales para este fin, toda vez que se trata de una problemática en aumento, y de urgente respuesta.
Es importante destacar que el problema del transporte en la zona metropolitana del Valle de México no puede ser disociado de elementos tales como la contaminación ambiental, el desgaste de la infraestructura urbana, el dispar balance entre tiempo y distancia, la baja del rendimiento en detrimento directo de la competitividad económica, etc. Por ende el asunto del transporte es un tema que debe ir más allá del debate y la discrepancia política, y debe acercarse más a la línea patriótica del servicio público.
Debemos entender al transporte como una actividad derivada de otras actividades en un lugar específico, y en ese esquema la mejora de los sistemas de transporte será en beneficio directo de esas otras actividades que a su vez lo generan.
En épocas recientes se han proyectado soluciones alternas para la problemática del trasporte en la zona metropolitana del Valle de México, desde la cuantiosa inversión pública de los segundos pisos en arterias de gran importancia, hasta inversiones ciertamente más modestas pero igualmente funcionales como el sistema de metrobus. Estas acciones, aunque de buen talante, no satisfacen el cien por ciento de las necesidades de transporte urbano.
Las experiencias exitosas de otras grandes ciudades han estado orientadas al reordenamiento e inversión en el transporte público. Son ejemplo de ello Lima o Londres, donde se optó por invertir en ampliar coberturas y mejorar la calidad en el servicio de transporte público, con la finalidad de hacer eficiente su territorialmente limitada infraestructura urbana. Desde este enfoque podemos plantear diversas y muy variadas opciones de solución, pero a mediano plazo la conveniencia en la inversión es evidente.
En la zona metropolitana del Valle de México están muy bien delimitados los recorridos con mayor afluencia, teniendo como referencia los trayectos de norte a sur, y de oriente a poniente, y viceversa; es por ello que se requiere hacer la inversión en, al menos, cinco líneas más del metro, que repercuta directamente en el norte, oriente y poniente, ya dentro del territorio del Estado de México, así como la mejora en la infraestructura existente.
La inversión pública debe ser detonante de desarrollo y no objeto de reyerta política. El marco normativo vigente le permite al ejecutivo federal invertir tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México bajo los principios de transparencia, y mediante una estricta fiscalización, por tanto el asunto se reduce a un mero enfoque de voluntades, las cuales no deben tener distingo partidista, y sólo debe prevalecer la obstinación por servir, y la sensibilidad de atender los problemas de la ciudadanía.
Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea, el presente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, a gestionar las acciones requeridas para financiar las obras públicas necesarias para ampliar la cobertura y mejorar el sistema de transporte colectivo Metro en el Distrito Federal y el Estado de México.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2007.
Diputado Mario Enrique del Toro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB A CONSIDERAR 2008 AÑO DE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD Y RAMOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA ANGÉLICA ROMO JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal por el estado de Jalisco, Martha Angélica Romo Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Francisco Primo de Verdad y Ramos nació el 9 de junio de 1760 en la hacienda de la Purísima Concepción en Ciénega de Mata, perteneciente actualmente a Jalisco, pero que por entonces estuvo adscrita a la jurisdicción de Aguascalientes.
Cursó estudios en el Real Colegio de San Ildefonso y desde temprana edad padeció la discriminación de los criollos por las restricciones que se dieron en todos los aspectos de la vida novohispana a raíz de las reformas administrativas ordenadas por el rey de España, Carlos III, que restauraron la gloria de la península como potencia mundial explotando sin medida a sus reinos americanos.
Verdad, cuya formación ilustrada le permitía tener acceso a buena parte de la literatura política del momento, seguramente vio con especial interés los acontecimientos de su mundo, en ese entonces las noticias sobre la independencia de las 13 colonias británicas y el triunfo de la Revolución Francesa.
En junio de 1808, dada la caída de la familia real por el motín de Aranjuez y las abdicaciones de Bayona a consecuencia de las guerras napoleónicas, España se quedó sin rey por el cautiverio de la familia real.
Entonces, el licenciado Primo de Verdad y Ramos vio la oportunidad de regresar el poder al pueblo y propuso al virrey José de Iturrigaray que convocase a los ayuntamientos de la Nueva España para formar un gobierno provisional.
La Audiencia formada por peninsulares vio en el movimiento un peligro para el poder español y se declaró contraria a tales ideas. El ayuntamiento requirió entonces una junta de representantes del reino, a lo que la Audiencia se opuso igualmente, pero el virrey estuvo dispuesto a pactar con ellos convocando a una junta representativa. En las deliberaciones mereció especial mención el licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos.
José de Iturrigaray acogió las propuestas de los criollos y reunió ejércitos para la defensa de la colonia. Los españoles calificaron esta actitud como una deslealtad del virrey, por lo que fueron apresados; Iturrigaray, enviado a Cádiz; y el licenciado Primo de Verdad, encarcelado.
El 4 de octubre de 1808 amaneció muerto Francisco Primo de Verdad y Ramos en su celda del arzobispado de México por ser un simpatizante de la libertad e independencia de nuestro país.
El licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos buscó la independencia de México, su soberanía y un poder emanado de su pueblo a través de las leyes anteponiendo por ello su vida, convirtiéndose en mártir y precursor de ésta, que llegaría a consumarse años después.
Por lo expuesto, se considera procedente y justificado el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a efecto de 2008 sea considerado Año de Francisco Primo de Verdad y Ramos por ser el bicentenario luctuoso de este héroe de la independencia de México.
Diputada Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SEP A GESTIONAR LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE QUE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SEAN DOTADAS CON SUFICIENTES PUPITRES PARA LOS ALUMNOS ZURDOS, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO ENRIQUE DEL TORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Mario Enrique del Toro, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Sin lugar a dudas una labor troncal de todo régimen democrático es la creación de una mayor conciencia social sobre el desarrollo de las minorías; en este orden de ideas, es menester del Estado dotar de medios para el desarrollo integral de estas minorías, tal es el caso de las personas que tienen una tendencia natural a servirse preferentemente de lado izquierdo del cuerpo, a quienes coloquialmente se les conoce como zurdos.
Desde esta perspectiva, estas acciones deben cobrar especial importancia en la educación básica, pues siendo ésta un elemento primordial, indispensable y formativo, donde no sólo se conocen las matemáticas o la historia; se aprende el valor del respeto, de la tolerancia y donde cada día se forja la vida de todo ciudadano.
Médicamente, ser zurdo es consecuencia de un proceso de evolución del sistema nervioso. La lateralidad es el conjunto de predominancias particulares de una u otra de las diferentes partes simétricas del cuerpo. Un niño menor a un año, aun no ha logrado definir su lateralización, es decir, es ambidiestro, es entre los 2 y los 4 años cuando logra definir la preferencia definitiva de una mano con otra, y sólo hasta los 6 años se puede definir si es diestro o zurdo.
Aunque existen diversas teorías médicas y psicológicas que explican la razón de la preferencia hacia el lado izquierdo del cuerpo, todas coinciden en que la lateralidad de una persona está influida tanto por factores genéticos como ambientales.
Según diversas estimaciones, el 25 por ciento de los niños son zurdos, tendencia que se reduce con su edad, quedando entre un 12 por ciento y un 8 por ciento. Esta tendencia a la disminución se debe primordialmente a la necesidad de adaptarse a un mundo concebido para la mayoría diestra. Si bien es cierto que en nuestro país no existe una tendencia discriminatoria crítica hacia los zurdos, también es cierto que estas actitudes de segregación se dan de facto, pues existe una verdadera preeminencia favorecedora a los diestros. Ejemplos claros y cotidianos, como son los abrelatas, las tijeras, y justamente los pupitres escolares son prueba fehaciente de ello.
Actualmente, el sistema de educación básica en México, cuenta con una cantidad no especificada de pupitres para zurdos; sin embargo es común encontrar niños zurdos en pupitres para diestros, con las incomodidades obvias que ello representa, y haciendo más complicada su formación académica. Es importante considerar que los zurdos no representan en sí un grupo minoritario estadísticamente hablando, pues no se concentran en una etnia, o en algún grupo religioso o social, y obviamente no son considerados como discapacitados, por tanto su cobertura es compleja y deberá ser muy amplia.
Los niños zurdos necesitan tolerancia y paciencia por parte de sus padres y profesores, no basta con dejarlos que se las arreglen solos, es necesario proporcionarles los medios adecuados para su correcto desarrollo. Por ende, el Estado debe ser el garante del desarrollo de esos niños zurdos, dándoles los medios necesarios para ello.
Es importante hacer constar que no existen estadísticas ni estudios confiables que reflejen el comportamiento del crecimiento de la población zurda; es decir, sólo tenemos acceso a estimaciones y encuestas de carácter muestral; sin embargo, la Secretaría de Educación Pública deberá hacer un censo general para conocer anualmente la población de niños zurdos dentro de su matrícula, y poder ofrecerles los pupitres adecuados para su formación académica.
No se debe olvidar que la educación es básica e indispensable para la vida de todo ser humano, y que si asumimos compromisos con México debemos cumplirlos de manera irrefutable e integra, no a medias. No basta generar cobertura educativa, hace falta que sea adecuada para lo que cuenta, y poder así entregar a nuestro país ciudadanos cada vez más ajenos a la exclusión, y con la certeza del desarrollo pleno de sus capacidades.
Con base en las consideraciones anteriores, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Educación Pública, licenciada Josefina Vázquez Mota, a realizar las gestiones necesarias para que todas las escuelas de educación básica sean dotadas con el número suficiente de pupitres para quienes tienen tendencia natural a servirse preferentemente de la mano y del lado izquierdos del cuerpo.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2007.
Diputado Mario Enrique del Toro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y DE SINALOA A CONTRIBUIR AL ESCLARECIMIENTO DE LOS ASESINATOS DE LOS SEÑORES RICARDO MURILLO MONGE Y ÓSCAR RIVERA INZUNZA, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO ORTIZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Eduardo Ortiz Hernández, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo, con base en los siguientes hechos y
Consideraciones
I. Que el pasado miércoles 5 de septiembre del presente año, en Culiacán, Sinaloa, sucedieron dos lamentables hechos, en donde se perpetraron arteramente, en céntricas zonas a sólo unos cuantos metros de unidades o establecimientos del gobierno de aquella entidad, dos asesinatos de los denominados de alto impacto.
II. En esos deplorables hechos, murieron injustamente a manos de cobardes criminales, dos personas, dos ciudadanos, dos hombres que buscaban la justicia, la paz y el bienestar de la sociedad: el señor Ricardo Murillo Monge, un luchador social y defensor de los derechos humanos en Sinaloa y Óscar Rivera Inzunza, periodista y vocero en materia de seguridad pública.
III. Que estos reprobables acontecimientos no deben y no pueden ser parte de una normalidad anunciada y una cuenta más en los casi 500 crímenes que se han cometido en Sinaloa de enero a la fecha. Son agravios que indignan a la sociedad y a todos los ciudadanos que luchan por la libertad, la justicia y la paz, sobre todo porque estos crímenes pueden estar relacionados con el trabajo de defensa de los derechos humanos y de libertad de prensa. Por eso deben ser investigados a cabalidad y no quedar impunes.
IV. El esclarecimiento del asesinato del defensor de derechos humanos, Ricardo Murillo Monge, y de Óscar Rivera Inzunza, periodista y vocero en materia de seguridad pública, deben ser una prioridad tanto para las autoridades estatales como para las federales.
VI. Que la seguridad pública, es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, y estos deben de coordinarse para establecer un sistema nacional de seguridad pública, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
V. Que la seguridad pública es un servicio que corresponde en forma exclusiva al Estado y tiene por objeto mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos y colaborar en la investigación y persecución de los delitos, entre otros objetivos y obligaciones del Estado.
VI. Atendiendo a todo lo anterior es preciso que esta soberanía, gire una recomendación tanto al gobierno federal como al gobierno del estado de Sinaloa, para que ambos de manera coordinada y eficaz, extremen las medidas necesarias para garantizar la integridad y seguridad de las familias de las personas fallecidas antes mencionadas, así como de otros defensores de derechos humanos, y de otros periodistas en Sinaloa; se lleven a cabo de manera pronta, exhausta y profesional las investigaciones de estos casos, preservando las evidencias que de estos reprobables acontecimientos hubiere; y de manera pronta, esclarezcan los cobardes asesinatos de Ricardo Murillo Monge y Óscar Rivera Inzunza y mantengan informada a esta soberanía dentro del marco de la ley, los avances sobre las investigaciones de estos lamentables hechos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito se someta a la consideración de este honorable cuerpo legislativo, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Este honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Sinaloa, a que contribuyan coordinadamente al esclarecimiento de los asesinatos de los señores Ricardo Murillo Monge y Óscar Rivera Inzunza, de manera pronta y exhausta, preservando las evidencias que de esos lamentables hechos hubiere e informando a esta soberanía dentro del marco legal vigente, los avances de las investigaciones de estos deplorable hechos.
Segundo. Este honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Sinaloa, a que extremen las medidas necesarias a fin de para garantizar la integridad y seguridad de las familias de las personas fallecidas antes mencionadas, así como de otros defensores de derechos humanos y de otros periodistas en Sinaloa.
Salón de Sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 10 de septiembre de 2007.
Diputado Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE, EN EL MARCO DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008, SE REALICEN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PROYECTOS DE EJECUCIÓN PARA FORTALECER EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN GUERRERO, A CARGO DEL DIPUTADO MODESTO BRITO GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal Modesto Brito González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática integrante del LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante el Pleno de esta soberanía al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Que Guerrero es uno de los estados más atrasados en infraestructura carretera, siendo ésta una realidad constatada cotidianamente. Que no ha existido un programa de la administración pública federal responsable que active la inversión para la construcción de carreteras interconectadas que comuniquen más fácilmente un estado de la república, que geográficamente se encuentra accidentado y le permita con ello sentar las bases de una nueva realidad socioeconómica. Asimismo, se ha destacado que la carretera denominada Autopista del Sol no reúne los estándares de seguridad y calidad que representa una autovía que valga lo que se cobra por circular en ella. El desempeño de esta autopista debe ser revisado y ajustado a las exigencias técnicas que determina la orografía por donde esta pista está trazada e incluso suspender el pago del uso de los tramos carreteros, en aquellos donde el servicio y las condiciones materiales del camino no son eficientes, hasta en tanto se adecuen las condiciones para su uso con seguridad y calidad.
Es por ello básico reconocer que la infraestructura en comunicaciones es una de las bases del crecimiento económico de cualquier estado, nación o región. Determinando que una buena inversión en carreteras y comunicaciones produce como consecuencia el incremento del PIB de manera sustantiva, por supuesto en el mediano plazo.
Esto quiere decir que la inversión en infraestructura en nuestros días no debe estar condicionada a los vaivenes de la práctica política; por el contrario, representa la realización de esfuerzos por la construcción de un acuerdo entre fuerzas políticas distintas que establezcan las bases estructurales del desarrollo regional más allá de simples discursos declarativos, propiciando y definiendo con ello la formulación de un plan estratégico de infraestructura para Guerrero, cuya meta, en el cumplimiento de objetivos sea 2020, como el horizonte temporal de construcción y habilitación de infraestructura mínima de alta calidad. Esto derivaría en un verdadero esfuerzo para iniciar una política que remonte la situación de subdesarrollo de Guerrero y del sur del país, que incluya nuevas líneas de ferrocarril, que lamentablemente son hoy el punto negro del transporte en México.
Segunda. Que variadas voces se han manifestado por transformar la situación actual del estado de Guerrero, para afrontar de manera contundente las condiciones de pobreza existentes. Por otro lado, el estado de Guerrero ocupa, de acuerdo con datos de la organización internacional Sí Paz, "el segundo lugar nacional a nivel de marginación por sus viviendas (Fuente: INEGI, 2000). Es el segundo Estado con mayor índice de analfabetismo en las mujeres (más de 23 por ciento, comparado con 9.5 por ciento a nivel nacional; Chiapas ocupa el primer lugar, con 25.5 por ciento, y Oaxaca el tercero. con 22 por ciento). En Guerrero, para muchas personas, sobre todo indígenas, y aún más, mujeres, el derecho a la educación no se cumple por varios motivos. La situación de pobreza obliga a los niños a trabajar para mejorar la economía familiar. Además, muchas comunidades aisladas no cuentan con las infraestructuras adecuadas para dispensar la educación: falta de aulas, mobiliario, libros, servicios básicos, falta de maestros, clases sobrellenas, por ejemplo".
Asimismo, la comunicación por caminos y carreteras en el estado ha resultado sumamente complicada y, por tanto costosa; esto provoca que 23 municipios no tengan acceso por vías pavimentadas, situación que genera el rezago que prevalece en el desarrollo del Estado.1
Realidad que no debe prevalecer a inicios del siglo XXI.
Asimismo, se proponen de parte de actores sociales, del gobierno, partidos y líderes de opinión acciones para propiciar la creación de iniciativas políticas que favorezcan la atención inmediata de la federación hacia el sur, como un medio para resolver las condiciones de miseria existentes. El estado de Guerrero debe ser considerado en consecuencia con una visión política que supere las reflexiones inerciales y conservadoras de tipo centralista fortaleciendo la elaboración de un nuevo pacto social y político en beneficio de las regiones nacionales marginadas.
Tercera. Que fue presentado en la segunda quincena de julio del año en curso el Plan Nacional de Infraestructura que, entre otras cosas, pretende "hacer de México una de las principales plataformas logísticas del mundo con costos competitivos, particularmente de transporte y de energía. Que pretende mejorar el acceso de los mexicanos, especialmente de quienes menos tienen a los servicios públicos y que promueva un desarrollo regional equilibrado sin menguar la competitividad creciente en el norte del país, pero dando especial atención a superar el rezago del centro, del sur y del sureste de México".
Que las intenciones de este programa son propiciar una inversión de cerca de 2 billones de pesos durante el periodo de 2007-2012. Es decir, un gasto en un escenario básico de 420 mil millones de pesos por año, teniendo como pretensión construir y modernizar 17 mil kilómetros de caminos y carreteras.
Éste es uno de los planteamientos que sostienen la base de esta propuesta, que se presentó "como una estrategia clara de visión de largo plazo", pero sólo para 2012. Sin embargo, añade, las naciones que han logrado el crecimiento económico son las que comenzaron a invertir hace años en una red de infraestructura de carreteras modernas. Por cierto, reconoce la importancia de los litorales, que en el caso de Guerrero cuenta con dos puertos de importancia. En el mencionado plan se apunta asimismo que actualmente Barbados, Chile, Panamá y Jamaica están por encima de nosotros en inversión de infraestructura, en el caso de China, ésta invierte el doble de lo que invierte México, en proporción a su producto interno bruto.
Según este dicho, imaginemos cómo está entonces el sur del país y el estado de Guerrero.
Dicha propuesta fue presentada como detonante de la inversión para la infraestructura nacional, que merece ser comentada en los siguientes términos:
a) El mencionado proyecto nacional de infraestructura en sus apartados de fuentes de financiamiento propone el esquema de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, entre otros. Es decir, son los Pidiregas del Plan Nacional de Infraestructura finalmente, deuda pública contratada a varios años. Para obtener de tal manera el requerimiento de inversión en 2 billones de pesos para cinco años.
b) El proyecto de programa establece una estrategia regional que para el caso del estado Guerrero no es considerado estratégico.
c) En el apartado de la prelación de proyectos estratégicos de la actual Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nuevamente el estado de Guerrero no aparece.
d) En el apartado de proyectos considerados en metas, Guerrero no está puntualizado en materia de caminos, y sólo se enuncia para una ampliación de puerto y un muelle de crucero.
e) En el apartado denominado "Anexos", que contiene más de 300 proyectos básicos, la propuesta original no coincide con la intención asentada en el discurso, que intenta justificar el plan nacional de infraestructura, pues señala que este programa "pretende mejorar el acceso de los mexicanos, especialmente de quienes menos tienen a los servicios públicos y que promueva un desarrollo regional equilibrado sin menguar la competitividad creciente en el norte del país, pero dando especial atención a superar el rezago del centro, del sur y del sureste de México". Por ejemplo, para el estado de Guerrero existen enunciados en la propuesta, en materia de carreteras: A) Libramiento de Acapulco, construcción de 12 metros, 22 kilómetros en el costo del mismo se financia por medio de aprovechamiento de activos, iniciando la construcción en 2010 y terminando en 2011. B) Acapulco-Zihuatanejo ampliación y construcción a 12 metros, 200 kilómetros, con costo aproximado de 3.5 mil millones de pesos inicia su construcción en 2008 termina 2012. C) Zihuatanejo-Feliciano. Entronque Uruapan-Lázaro Cárdenas. Ampliación a 12 metros, 64 kilómetros. D) Libramiento de Tecpan, con construcción de 12 metros, 4 kilómetros, en esquema de inversión por concesión. Tales datos se encuentran propuestos en el proyecto de infraestructura aludido. Cabe aquí formular la siguiente pregunta: ¿y las otras regiones del estado en las que existe marginación y pobreza no están consideradas en la planeación de infraestructura nacional? Por cierto, es importante señalar que la red de carreteras de nuestro país fue construida en su mayoría en dirección hacia el centro o hacia la capital de la nación, lo mismo ocurrió con los ferrocarriles, tendencia que tendrá que revertirse como producto de la nueva realidad regional.
Cuarta. Que es facultad exclusiva del Congreso determinar las bases sobre las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos, sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos y reconocer y pagar la deuda nacional. Que también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ningún empréstito podrá realizarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. Que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo, una vez aprobadas las contribuciones para cubrirlo. Y que dicho procedimiento aún no ha iniciado ante esta soberanía. Y que una de las funciones del Poder Legislativo es la del control sobre el Poder Ejecutivo.
Quinta. Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece los procedimientos expresos para la integración y formulación de las diversas etapas del Presupuesto de la Federación basado entre otras cosas, en la evaluación del desempeño y de los resultados realizados por los ejecutores del gasto. Asimismo, a la Cámara de Diputados, le corresponde aprobar o modificar los proyectos y programas de inversión en infraestructura presentados en el proyecto de Presupuesto de la Federación por el Ejecutivo.
Sexta. Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que a toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta del financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.
En este sentido se propone que el financiamiento de las obras señaladas en esta proposición con punto de acuerdo se aborden utilizando los recursos provenientes del plan de austeridad operativa del gobierno federal anunciado el 3 de diciembre de 2006, en el cual se estimó ahorro para este año por el orden de 25 mil 500 millones en gastos burocráticos y que según la Secretaría de la Función Pública en agosto de este año se realizaron ahorros adicionales en dicho programa.
Séptima. Que es necesario fortalecer la infraestructura de comunicaciones en el estado de Guerrero y comunique las siete regiones del estado con un sistema de carreteras modernas ampliadas y nuevas. Que éstas posean puentes seguros, y túneles, sobre sus numerosas montañas y ríos. Que las vías rápidas permitirán reducir tiempos de viaje entre ciudades y pueblos.
Que Guerrero necesita concretar un ambicioso proyecto de autopistas y carreteras de dos carriles de seis metros en cada cuerpo con acotamientos, que permitan la conectividad y la velocidad en la comunicación basada en actual tecnología de ingeniería de caminos, que permite hoy construir carreteras seguras y unir poblaciones.
Que es indispensable la edificación de infraestructura con sentido social que garantice el bienestar para todos y permita que los presupuestos destinados a infraestructura sean de alta calidad y no obras truqueadas con mantenimiento ineficiente, como el caso lamentable de la Autopista del Sol.
Por lo fundado y expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se conmina respetuosamente a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se contemplen en el análisis, discusión, y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, y en su caso la aprobación de los montos adicionales para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejecute la realización de los estudios necesarios y dictámenes correspondientes, y en su caso la construcción ampliación y rehabilitación inmediata de los siguientes tramos carreteros con las medidas arriba recomendadas, que permitan una infraestructura moderna y segura de caminos pavimentos que sean ejes alimentadores para los caminos rurales del estado de Guerrero, mismo que deberá ser parte del programa de infraestructura nacional:
Ampliación del tramo Carretera Costera de la ciudad de Cuajinicuilapa a Acapulco hasta el municipio de La Unión de Isidro Montes de Oca, dicha obra impactaría directamente 14 municipios costeros.
De la ciudad de Toluca a Ciudad Altamirano hasta Zihuatanejo, el impacto sería para el centro del país.
De la ciudad de Iguala a la de Taxco.
De la ciudad de Iguala a Ciudad Altamirano.
De la ciudad de Atoyac a la de Chilpancingo.
En Acapulco ratificación de la carretera. Ampliación Mozimba a Pie de la Cuesta.
De la ciudad de Chilpancingo, Tlapa de Comonfort a la ciudad de Izúcar de Matamoros, estado de Puebla.
Segundo. Se exhorta al gobierno del estado Guerrero para que en el marco de sus atribuciones elabore o presente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los proyectos ejecutivos que obran en sus archivos, sobre los tramos carreteros arriba señalados para ser incluidos en el proyecto carretero del estado y sean tomados en la política de gasto de infraestructura carretera nacional.
Nota
* Acabu.comunicación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2007.
Diputado Modesto Brito González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR UN NUEVO DECRETO A FIN DE OTORGAR FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA REGULACIÓN DE USUARIOS DE AGUAS NACIONALES QUE REALICEN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, SILVÍCOLAS, PECUARIAS, ACUÍCOLAS, RURALES Y DOMÉSTICAS, A CARGO DEL DIPUTADO MARTÍN STEFANONNI MAZZOCCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, presento el siguiente punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a emitir un nuevo decreto para otorgar facilidades administrativas para la regulación de usuarios de aguas nacionales que realicen actividades de carácter agrícola, silvícola, pecuario, acuícola, rural y doméstico, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que "se dictarán las medidas necesarias para … establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; preservar y restaurar el equilibrio ecológico … y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad."
Se establece, de manera adicional, que "la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos … por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes."
La Ley de Aguas Nacionales (LAN) es el ordenamiento legal reglamentario del artículo 27 constitucional antes citado y en su artículo 4 se especifica que corresponde al Ejecutivo federal la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, quien las ejercerá directamente o a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Así mismo, en el artículo 9, fracción XX, se establece que es atribución de la comisión a nivel nacional el expedir títulos de concesión, asignación o permisos de acuerdo a lo que marca la ley y sus reglamentos, así como reconocer derechos y llevar el Registro Público de Derechos de Agua.
Con base en lo anterior el mecanismo legal para el uso, explotación y aprovechamiento de las aguas nacionales es el que se enmarca en los títulos de concesión y asignación. A pesar de esto, es necesario reconocer que hay numerosos usuarios que no operan al amparo de la posesión de un título de concesión o asignación que respalde las acciones de aprovechamiento que realizan.
El Ejecutivo federal, conciente de esta situación, ha publicado diferentes decretos (1995, 1996 y 2002), para fomentar la regularización de los usuarios de aguas nacionales que se encontraran en esta situación. Estos decretos han brindado facilidades administrativas y, a través de ellos, se condonaron contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes que realizaran actividades agrícolas, silvícolas, pecuarias, acuícolas, industriales, comerciales y de servicios (para el caso de los decretos de 1995 y 1996). Por su parte, el decreto del 2002 otorgó facilidades administrativas para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realizaran actividades de carácter agrícola.
La regularización de los usuarios de los recursos hídricos de la nación es fundamental para que la autoridad del agua pueda llevar a cabo con mayor precisión los estudios sobre disponibilidad de agua de los acuíferos nacionales, al tomar en consideración los volúmenes de extracción que se estipulan en los títulos respectivos.
De manera adicional, al contar con un mejor control de la información, las proyecciones sobre la disponibilidad media anual del agua se vuelven más exactas, y el cumplimiento a lo señalado por el artículo 22 párrafo segundo de la Ley de Aguas Nacionales, respecto a los requisitos que deben observarse para el otorgamiento de concesiones o asignaciones, lo que podría llevarse a cabo de una manera más cabal.
De igual manera, debe tomarse en consideración la importancia de las numerosas actividades productivas y sociales que demandan agua. Por ejemplo, la acuacultura ha sido identificada como una alternativa real para disminuir la presión que existe sobre los recursos pesqueros que, adicionalmente, coadyuva a ampliar la oferta de alimentos en el país, procurando la seguridad alimentaria.
Por otro lado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se ha pronunciado por apoyar las actividades silvícolas, mediante diferentes mecanismos de financiamiento para llevarlas a cabo, sin embargo, dichas actividades no podrían ser posibles sin el uso del recurso hídrico. Recuérdese que estas actividades proveen numerosos servicios ambientales y económicos a la nación, como ejemplo están los servicios a la industria maderera y de la industria ganadera, por mencionar sólo algunos.
Igualmente importante resulta el agua destinada a servicio urbano y doméstico. Con base en datos de la Conagua, en 2005, la cobertura nacional de agua potable fue del 89.2 por ciento. La honorable Cámara de Diputados reconoce la importancia del agua para estos usos, por lo que en el Presupuesto Federal 2007, se autorizó una reasignación de 5 mil millones de pesos para la Conagua, dentro de los cuales una parte se destinan a incrementar la cobertura del servicio de agua potable.
Por otra parte, el campo mexicano es uno de los mayores usuarios de las aguas nacionales. El 69 por ciento del agua que se extrae de los acuíferos tiene como destino el sector agrario. En Acción Nacional estamos convencidos de que el campo requiere contar con recursos y apoyos adecuados que permitan su capitalización, la reconversión productiva, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la comercialización eficiente de sus productos, entre otros, por lo que los apoyos del Ejecutivo favorecen su labor.
En general, resulta de gran importancia lograr el equilibrio de las actividades productivas demandantes de agua. Por lo anterior, se vuelve necesario propiciar su aprovechamiento integral, uso eficiente, manejo adecuado, distribución equitativa y coadyuvar a alcanzar un desarrollo sustentable, a través de los instrumentos con los que cuenta la Conagua para mantener un mejor control sobre este vital recurso.
Considero, que es necesario que el Ejecutivo federal participe nuevamente en el proceso de regularización de títulos de asignación y concesión para el uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales. Lo anterior, bajo la justificación de que su intervención es fundamental para coadyuvar a disminuir los costos de transacción a los que se enfrentan los usuarios del agua y la incertidumbre jurídica que se desprende de la ausencia de derechos para aprovechamiento, mismos que son otorgados por los títulos de concesión o asignación.
Por otro lado, debe tenerse presente que las facilidades administrativas que se solicitan realice el Ejecutivo, pueden ser un factor importante en la evaluación positiva de las acciones de política hídrica, en virtud de que éstas se llevarían a cabo buscando, también, prevenir conflictos entre los diversos usuarios del agua. Esto, considerando derechos de aprovechamiento legalmente establecidos a través de los títulos.
Así, los títulos de concesión y asignación que se asientan en el Registro Público de Derechos de Agua son un elemento fundamental del quehacer diario de la comisión, por lo que brindar facilidades a los usuarios de aguas nacionales para regularizar su situación, beneficiaría no únicamente a dichos usuarios, sino también, a la autoridad del agua a realizar de manera más eficiente las labores que la ley le enmarca.
Por lo antes expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable soberanía, como de obvia y urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, a que emita un decreto para otorgar facilidades administrativas para la regularización de usuarios de aguas nacionales que realicen actividades de carácter agrícola, silvícola, pecuario, acuícola, rural y doméstico.
Palacio Legislativo de San Lázaro,a 13 de septiembre de 2007.
Diputado Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica)
Efemérides
RELATIVA AL TEMA "DE LA INDEPENDENCIA A LA OTRA DEPENDENCIA", A CARGO DEL DIPUTADO JAIME VERDÍN SALDAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Decía Pascal que: "El corazón tiene razones que la razón no conoce" y ciertamente, el ser humano es la razón; pero también es la pasión.
Este 15 de septiembre celebramos un año más la independencia de México; es fiesta nacional, la vivimos con una gran pasión. La reflexión queda en un plano secundario, por eso hoy, desde esta tribuna quiero hacer una reflexión y, desde luego, con su respectiva dosis de pasión.
Pues bien, comienzo citando el pensamiento escrito en Tlatelolco, con motivo de la conquista de México – Tenochtitlan: "En la conquista no hubo ni vencedores ni vencidos, fue únicamente el doloroso nacimiento de la nueva nación mestiza que ahora es México". 13 de agosto de 1521.
Esto sería el colofón de una primera etapa histórica y, casi simultáneamente, el comienzo de una etapa de dominación española que duraría trescientos años; luego vendría la independencia de México. Sin embargo, para comprender éste proceso, es necesario precisar y definir las causas internas y externas que la originaron. Por eso, creo yo, la independencia consistió en un proceso moral y político dado dentro de las circunstancias culturales e históricas de su tiempo. De valor local, pero con trascendencia universal. Esta lucha no dejó de ser en su época una verdadera innovación política, sólo comprensible por las personas más evolucionadas desde el aspecto cívico.
Al principio, el movimiento libertario hallaba su inmediata justificación, para la mayoría de la gente, en la venganza que se estaba consumando como respuesta a las injusticias de carácter material cometidas por los gachupines, peninsulares y criollos. Aquí es preciso aclarar que en 1810 no se contaba en la colonia con un concepto a priori de México como nación. Y fue hasta la época del presidente Benito Juárez cuando ya pudo advertirse y estuvo a prueba la conciencia nacional mexicana.
Coincido con algunos autores en que "El origen de la modalidad de nuestro ser político habría que buscarlo desde el siglo XVI (nos guste o no) porque en este siglo tuvo lugar el encuentro de occidente con las civilizaciones precolombinas de América".
En éste contexto es importante entender el concepto ontológico del mexicano y lo mexicano.
Este fenómeno histórico nos dejó como herencia un pueblo y una cultura mestizos.
Sin embargo, es necesario aclarar que el nuevo ser México tuvo necesidad de reforzarse, por estos días, con elementos del mundo indígena, que por tener grandeza y deferencias esenciales con los hispánicos, eran oponibles a todo lo español.
En otro orden de ideas quiero mencionar que Morelos, con sus avanzadas ideas y conceptos edificó la primera Constitución Mexicana de 1814. También es necesario decir que más tarde la Constitución de Cádiz sirvió de fuente para la redacción de nuestra primera Constitución Federal de 1824.
Pues bien compañeros, estamos en éste que se ha dado en llamar "mes de la patria", celebramos un aniversario de nuestra independencia; nos liberamos del yugo español; de trescientos años de dominación española. De eso hace ya casi doscientos años.
Podríamos pensar que se trata de la reivindicación de la raza cósmica. Todos celebramos, con mucha pasión y algunas veces con razón; no es para menos.
Sin embargo, desde hace algunas décadas hemos caído en una dependencia más sutil y hasta peligrosa, porque es encubierta. Se trata de una dominación material e ideológica, de la nueva dependencia de nuestro vecino del norte. La economía tiene ya mucho tiempo. La ideología que, con la aparición de los medios de comunicación, sobre todo la televisión y el cine, ha promovido la vida al estilo americano; el sueño americano, afectando nuestra idiosincrasia.
Me queda claro que el mundo vive el fenómeno de la globalización. Y es casi imposible sustraerse del aspecto económico. Pero nuestra cultura, nuestra idiosincrasia deben preservarse para seguir teniendo identidad como mexicanos.
Esto lo podemos lograr si transitamos hacia un México armónico, sin pobreza, sin ideologías, pero sobretodo, sin complejos.
Atentamente
Diputado Jaime Verdín Saldaña
RELATIVA A LA HEROICA DEFENSA DEL CASTILLO DE CHAPULTEPEC, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL LIZÁRRAGA PERAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La máxima tribuna del Poder Legislativo federal es altar propicio para honrar el 160 aniversario del sacrificio de los jóvenes del Heroico Colegio Militar que con sus propias vidas, defendieron el Castillo de Chapultepec, bastión de la resistencia a la invasión estadounidense.
Con venerable admiración, recordamos la proeza escenificada por Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez, Juan Escutia y Francisco Márquez, ante la afrenta del ejército norteamericano comandado por el general Scott1, aquel memorable 13 de Septiembre de 1847, fecha de honda representatividad en los corazones de los verdaderos mexicanos, que refulge con brillo singular en las páginas doradas de la historia de las intervenciones.
La juventud, que es bella "porque tiene luz de amanecer en los ojos y armoniosa agilidad en los músculos", en horas dramáticas también puede ser emblema "de heroísmo, de adhesión a las grandes causas y de renunciamiento".2
Ejemplo vivo de estas palabras, que dibujan el perfil impetuoso de los hombres y mujeres de los años mozos, fueron los cadetes que en esas horas violentas de la guerra imperialista se negaron a abandonar el castillo y permanecieron allí, firmes en sus convicciones y recios en la voluntad de seguir, con genuina entereza, el llamado infinito del ideal soberano.
Cuando volvemos la vista a atrás y recordamos que la guerra de los Estados Unidos contra México, iniciada con el fin de apropiarse de nuestro territorio, tuvo repercusiones en diversos puntos de la república, es cuando valoramos con mayor intensidad la estatura de los Niños Héroes de Chapultepec y de muchos otros defensores que participaron de distinta manera en rechazo a esta infame invasión. Tal fue el caso de los caudillos californianos que protegieron con éxito la plaza de la hoy Heroica Mulegé, pueblo norteño del estado de Baja California Sur, cuyo comandante, el general Manuel Pineda, repudió la oferta del comandante norteamericano3 con estas palabras históricas: "Debo decirle que esta comandancia…. jamás será neutral. …Se defenderá (de la guerra injusta de los Estados Unidos a la República Mexicana) y sostendrá sus armas, hasta derramar la última gota de sangre"
Actualmente respetables compañeros legisladores, la defensa de la soberanía nacional deberá continuar siendo prioridad para el país y sus fuerzas armadas, como en su tiempo y dimensión, lo hicieron los jóvenes soldados que aquí estamos honrando.
Es preciso por ello, seguirnos superando para enfrentar con fortalezas suficientes otras formas de intervención externa y formas aberrantes de imposición interna; fortalezas legislativas, capaces de repeler todo modo de soberbia política, y de promover, en su momento más oportuno, transformaciones sustantivas en lo político, lo jurídico, lo social y lo económico, sin pasiones oscuras e intransigentes y con respeto profundo al interés colectivo.
A propósito de la heroica defensa de Mulegé, citada en líneas anteriores, en el acceso del panteón de este pueblo sudcaliforniano, se exhibe una leyenda que viene al caso para aquellos que buscan perpetuarse en un espacio de poder, y que dice: "Aquí chocan y se estrellan a porfía todas las hipótesis de la filosofía", recordándonos lo pasajero que somos en el camino de la vida; y exaltando los afanes nobles y las buenas obras, por ser las que forjan y las que perduran, como la pureza de principios de aquellos cadetes que duermen el sueño de los justos, serenos y seguros del ejemplo legado a las generaciones posteriores, y arrullados con los versos del poeta que los compara así: "Como renuevos cuyos aliños, un cierzo helado destruye en flor, así cayeron los héroes niños ante las balas del invasor…"4
Con ese amor patrio, limpio y decidido, que demostraron los estoicos soldados del Colegio Militar, y con renovados impulsos nacionalistas, pugnemos por el derecho de la niñez y juventud al desarrollo de sus potenciales en el clima de un país libre y fuerte, que garantice con progreso democrático y bienestar general, el rumbo de su vida independiente. Todos con los mismos principios, todos con la misma inspiración.
Notas:
1 Winfield Scott
2 Fragmento del discurso de Alfonso Fco. Ramírez, abogado, orador, diputado federal de la 31 a la 35 legislaturas.
3 Selfridge
4 Poema "Los Niños Mártires de Chapultepec", de Amado Nervo.
Diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica)
RELATIVA AL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL, A CARGO DE LA DIPUTADA LIZBETH EVELIA MEDINA RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
En 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer efectuada en Pekín, un grupo de organizaciones internacionales como la FIPA (Federación Internacional de Productores Agrícolas) y la FCMM (Fundación Cumbre Mundial de la Mujer) decidieron institucionalizar el 15 de octubre como el Día Internacional de la Mujer Rural.
El encuentro en cuestión marca la pauta para consolidar por primera vez la idea de la potenciación de las mujeres en la sociedad, la idea del empoderamiento a través del desarrollo de la mujer en tres ámbitos clave: derechos humanos, salud sexual y reproductiva y educación.
De igual forma, la Conferencia evidencia la necesidad de promover el cambio de la situación de la mujer a partir del diseño de un conjunto de políticas integrales a fin de alcanzar un pleno desarrollo económico y social de la población, y no a través de instrumentos de política sectoriales como venían desarrollándose hasta entonces.
A partir de ahí se trata de potenciar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres en la vida económica y política, y en la toma de decisiones a todos los niveles.
Desde una perspectiva histórica, uno de los primeros documentos que demanda la igualdad de la mujer y el sufragio data del siglo XIX, en el marco de la Primera convención de derechos de la mujer realizada en Seneca Falls, Nueva York, donde Elizabeth Cady Stanton redacta la Declaración de Sentimientos, basada en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica.
En México el primer antecedente de un Congreso de mujeres tiene lugar en 1915, en Mérida, Yucatán. Al evento acudieron 700 congresistas, la mayor parte de éstas eran maestras, hecho que revela que hasta ese momento, y en plena lucha revolucionaria, la enseñanza era el único estudio "legítimo" que se permitía a la mujer.
Por lo que respecta a las mujeres del campo mexicano, desde mediados de la década de los años 30 del siglo XX, se encontraban activamente en movimiento en proyectos de muy variada naturaleza, ya fuera en la producción agropecuaria o de otros bienes, su comercialización, y en el abasto de sus comunidades.
En la década de 1940, el reparto agrario y el surgimiento de nuevas estructuras corporativas controladas por el gobierno, transformaron las condiciones de manera que los sindicatos que se habían autodenominado "feministas" pasaron a ser "femeniles", y sus integrantes eventualmente dejaron de ser sindicalistas para convertirse en "esposas de ejidatarios".
En el medio rural desde los años sesenta del siglo de referencia la ocupación femenina tendió a intensificarse y diversificarse en respuesta a la crisis de las economías campesinas. Entre los temas estudiados sobresalen la división sexual y generacional del trabajo en las unidades domésticas, las cargas de trabajo de las mujeres y sus estrategias para llevar adelante la producción para el autoconsumo y la venta, el quehacer doméstico, y las actividades no agropecuarias.
A grandes rasgos, en México la corriente de interés por las mujeres rurales comienza a acentuarse a finales de los setenta. Aún cuando los estudios sobre el campesinado estaban en auge, la ausencia de las mujeres en aquellos era notable.
Este panorama empezó a transformarse, abriendo nuevos espacios para la discusión colectiva que posteriormente derivo en una nueva corriente de estudios especializados de la mujer a partir de eventos transcendentes y cambios estructurales como la Primera Conferencia Mundial de la Mujer convocada por Naciones Unidas realizada en 1975 en México, así como la apertura comercial iniciada en la década de los ochenta, respectivamente.
La Primer Conferencia de la Mujer marcó la pauta de un discurso que destacaba la necesidad de fomentar proyectos productivos que les permitiera a las mujeres obtener ingresos y contribuir a la economía familiar. Desde entonces el apoyo a este tipo de empresas ha estado entre las prioridades de las agencias internacionales de desarrollo.
Por su parte, la apertura comercial dio lugar a un nuevo ciclo de renovación y auge de las movilizaciones de la población rural en torno a múltiples demandas, como consecuencia de la crisis económica de los pequeños y medianos productores agropecuarios, la cual se acentuó por el recorte de una serie de programas institucionales que les brindaban apoyo.
Fue en esta época que se gesta en México, en el Colegio de México, el primer Programa de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer, 1983; algunas de las investigaciones se enfocaron en reconocer el trabajo invisible que realizaban las mujeres en la producción no pagada familiar, agropecuaria y artesanal, y analizar los procesos de proletarización y creciente participación femenina en el trabajo asalariado de la agricultura comercial.
Para los años noventa distintos grupos de mujeres, consecuencia de los recortes presupuestales que condujeron al adelgazamiento o desaparición de programas de apoyo al agro, afectando directa e indirectamente la situación de la mujer, comienzan a vincularse con instituciones públicas y privadas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, para introducir la perspectiva de género en la hechura de las políticas públicas.
Lo novedoso de esta intervención de las mujeres, en particular las rurales, radica en que muchas de ellas han modificado sus formas de participación, articulando sus propias demandas de género, ya sea dentro de organizaciones mixtas o exclusivamente femeninas.
La incorporación de la perspectiva de género en el análisis de los diversos problemas que enfrenta el sector rural es fundamental para tener una mejor comprensión del comportamiento de las variables económicas, sociales y culturales que inciden en el desarrollo.
El género como categoría de análisis permite tener una perspectiva más amplia de las causas que contribuyen a la pobreza prevaleciente en el sector rural, en particular en aquellas regiones que presentan mayores índices de marginación. Esta categoría también es fundamental en el estudio de los problemas relacionados con la tenencia de la tierra y los derechos de propiedad (derechos individuales y colectivos de la tierra), la seguridad alimentaria en el campo, los mercados financieros rurales, y el diseño y evaluación de políticas públicas agrarias.
La mayor parte de los programas dirigidos al sector rural carecen aún de una perspectiva de género desde su concepción. En este contexto, con la instauración del Día Internacional de la Mujer Rural se buscó recordar a la sociedad las condiciones económicas y sociales adversas que vive una gran mayoría de las mujeres que habitan en el campo y, sobre todo, al los gobiernos la urgencia de ejecutar políticas públicas integrales que coadyuven a superar la situación de éstas.
El reconocimiento de esta fecha busca sumarse a los valiosos esfuerzos desplegados por distintos académicos y académicas para abrir espacios de discusión que incluyan la perspectiva de género. La inclusión de éste e institucionalización en las políticas y programas rurales es una tarea urgente: Aún falta mucho por hacer para que las políticas públicas respondan de manera eficaz y asertiva a las principales demandas de las mujeres rurales. Es necesario que confluyan el sector público, las organizaciones de la sociedad civil, instancias privadas nacionales e internacionales, y sobre todo, la inclusión y participación activa de la mujer rural.
Palacio Legislativo, a 13 de septiembre de 2007.
Diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica)
RELATIVA AL 197 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ROBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Existen cicatrices imborrables en la historia de nuestra patria. A poco más de tres años de que el país cumpla 200 años de vida independiente y a 100 años de la primera revolución política y social del siglo XX, los mexicanos vivimos bajo el impacto de una época global en la que se han ido borrando referentes históricos y culturales importantes para la identidad nacional y cohesión social.
El México actual está constituido por más de 100 millones de personas distribuidas a lo largo del territorio nacional. Además de pertenecer y ser originarios de alguna de sus regiones, los mexicanos tenemos una característica especial: unos somos indígenas y otros no lo son.
La crisis de México, además de un problema de rezago económico y de desigualdad social, de mala conducción política o inadecuación del marco institucional, es también un conflicto bajo el cual subyace un malestar cultural crónico.
Creencias, valores y tradiciones que daba sentido histórico a nuestra cultura se han ido diluyendo en un torrente de cambios acelerados en todas las áreas de la convivencia humana. La nueva identidad mexicana de principios de milenio aparece difusa entre el espejo de la globalización y la negación del pasado histórico.
La libertad y abolición de la esclavitud, educación, igualdad de oportunidades, democracia, fueron, entre otros, los ideales, los motivos que inspiraron al cura de Dolores Hidalgo a mover las almas de aquel pueblo esclavizado y sumido en la peor de las miserias y fue así como la madrugada del 16 de septiembre de 1810, desde aquel viejo templo de Dolores Hidalgo Guanajuato, y sin más armas que los propios valores del alma, convocó a su pueblo a conquistar la independencia de la patria mexicana, objetivo que se cumplió 11 años después de aquel memorable llamado a romper la cadenas del yugo virreinal.
A partir de hoy, México cuenta con dos años para preparar, y prepararse, rumbo a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana. Una inigualable oportunidad para reiterar la vigencia de aquellos ideales que le dieron origen, forma y sustento, al país en los órdenes histórico, político, económico, social y cultural.
En los primeros años del siglo XXI, se celebrará el bicentenario de la independencia de la mayoría de los países iberoamericanos. El nuevo milenio motiva a una obligada reflexión sobre la historia de Iberoamérica y lleva a pensar, cada día más, en la comunidad iberoamericana de naciones como un conjunto de países con un pasado común y un futuro integrado.
En México la pobreza y la inequidad de oportunidades se han venido reproduciendo, generación tras generación. No se puede aspirar a un desarrollo humano sustentable, mientras en México existen millones de personas privadas de las condiciones esenciales para mejorar sus niveles de vida.
La sociedad esta cansada y no quiere un caudal de quermeses en el 2010, y fiestas de blanco y negro para la elite nacional. Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la mejor manera de homenajear a los héroes que nos dieron patria, es rescatar de la miseria y de la indigencia a millones de personas.
Por eso, México, en el 2010, debe convertirse en un eslabón multidireccional en la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura: carretera, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria, acercar aún más los servicios de salud a las comunidades, construir más y mejores carreteras, hospitales, escuelas, fomentar el desarrollo científico y tecnológico, y desde su esencia y con absoluto respeto a sus formas y tradiciones, fortalecer a la población indígena, ellas también son parte de esta patria que nos ha heredado el cura Hidalgo.
A los mexicanos del siglo veintiuno nos toca consolidar el sistema democrático, los mecanismos para lograr que la impartición de justicia, sea realmente rápida y expedita, que la educación pública y gratuita llegue a todos los rincones del territorio nacional, que la igualdad del hombre y la mujer sea más que un deseo, pero sobre todo, se trata de consolidar la igualdad de oportunidades de trabajo, de desarrollo y crecimiento humano.
Los mexicanos anhelamos una nación libre, justa, prospera y plural, para satisfacer nuestras aspiraciones como personas, vislumbramos que es posible y deseable que México sea una nación plenamente desarrollada en el 2010, en la que impere la ley y el buen gobierno; cuyos habitantes vivan en paz y armonía, sin discriminación; que disfruten y vean protegidas sus libertades individuales, económicas y políticas, que gocen de la prosperidad, y que estén debidamente educados en la ciencia y en la tecnología, así como en los valores cívicos y humanos.
En el siglo veintiuno, a pocos años de la conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia, los retos para consolidar plenamente nuestra soberanía y nuestra independencia son el combate a la pobreza, la protección del medio ambiente, oportunidades de empleo, seguir luchando por la autonomía y el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y que estas tengan acceso pleno a oportunidades de desarrollo y por supuesto la consolidación de las políticas públicas que propicien un desarrollo ordenado y cuidadoso de nuestro entorno.
Estoy convencido que en el 2010, México debe fortalecer con orgullo radiante lo que juntos hemos hecho; celebraremos nuestra libertad, lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser.
Diputado Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica)
