Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, A LA SHCP Y AL IMSS A EMPRENDER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PAGAR PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS EX TRABAJADORES FERROCARRILEROS, A CARGO DE LA DIPUTADA AÍDA MARINA ARVIZU RIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
La que suscribe, Aída Marina Arvizu Rivas, legisladora del Grupo Parlamentario Alternativa en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para lo cual presenta las siguientes
Consideraciones
1. En el año 1994 el gobierno federal emitió decreto por medio del cual se liquidaba la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, para cuyo efecto se creó el Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6, mediante la firma del contrato correspondiente de fecha 19 de diciembre de 1997, que tenía como finalidad liquidar los activos de la empresa ferrocarrilera mediante la creación de los capitales constitutivos de las pensiones de los 56 mil 372 ex trabajadores ferrocarrileros.
2. El Fideicomiso denominado FERRONALESJUB, en donde actuaba como fideicomitente Ferrocarriles Nacionales de México y como Fiduciaria Nacional Financiera SNC, se constituyó con un capital inicial de 50 mil pesos otorgado por la empresa y, por la transferencia realizada por la Tesorería de la Federación por un monto de 13 mil 529 millones 700mil de pesos, producto de la licitación de las redes ferroviarias, con lo cual se aseguraba el pago vitalicio de pensiones jubilatorias y demás prestaciones a los ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México.
3. El 28 de junio de 2001 se publica en el Diario Oficial de la Federación las bases para llevar a acabo la liquidación de Ferrocarriles de México, en donde se establece que "el liquidador será designado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su carácter de coordinadora del sector".
4. La Secretaría de Comunicaciones designa en agosto de 2001, al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC (Banobras) como liquidador responsable de la liquidación de Ferrocarriles Nacionales, y quien realizará las funciones establecidas en el artículo segundo del decreto por el que se extingue dicha dependencia
5. El 24 de agosto de 2000, se acordó la incorporación dentro del fondo para el pago vitalicio de pensiones a trabajadores jubilados del organismo a 731 trabajadores jubilados de la estructura sindical a efectos de que las pensiones jubilatorias sean cubiertas con cargo al fondo del FERRONALESJUB 5012-6.
6. El 26 de septiembre de 2000, se modificó por tercera ocasión el contrato que crea el citado fideicomiso, pero esta vez en su totalidad, presentando una redacción distinta de la cláusula cuarta, para quedar como sigue, "la finalidad de este fideicomiso es construir un mecanismo a través del cual se realice la administración de los recursos del fideicomiso hasta donde alcancen para el pago a los fideicomisarios de las pensiones jubilatorias y demás conceptos previstos en dicho contrato".
7. De acuerdo con el artículo 4 del decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado, el gobierno federal deberá actuar en todo momento como garante, a fin de que el patrimonio de dicho fidecomiso resulte suficiente para hacer frente a las obligaciones y cumplir con sus finalidades para el que fue creado. Al respecto, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, en su artículo transitorio quinto establece:
Quinto. Las concesiones y permisos que se otorguen con motivo de la presente Ley, no afectarán los derechos de los trabajadores activos, jubilados y pensionados del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, los que serán respetados conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional, y a la Ley Federal del Trabajo.
8. Derivado de préstamos otorgados al gobierno federal y la poca claridad en las amortizaciones de intereses al capital social, a la utilización de los recursos para fines distintos al pago de pensiones de los jubilados y a la creación de otros fideicomisos con cargo al capital social de fideicomiso en comento, se ha generado un ambiente de desconfianza e incredulidad de que el patrimonio del referido disponible, que al 30 de junio de 2006 ascendía a 10 mil 509 millones, 957 mil 969.35 pesos, sea suficiente para cubrir el pago de las jubilaciones y prestaciones a las que tienen derecho tanto los trabajadores como los ex trabajadores.
9. Ante esta realidad, numerosos grupos de ex trabajadores ferrocarrileros, afectados por la falta de liquidez del fideicomiso mediante el cual debieron haber sido liquidados y pensionados desde hace años, se han organizado para, de manera individual y en conjunto, demandar de las autoridades judiciales y administrativas correspondientes su intervención, como lo es el caso de numerosas demandas y laudos laborales ante los distintos tribunales del trabajo a lo largo y ancho de todo el país, en donde a la fecha se ventilan por lo menos 55 demandas contra el fideicomiso señalado.
10. El Movimiento Democrático Popular y Ferrocarrilero AC, que aglutina a trabajadores y ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, logró el establecimiento de mesas de diálogo con las Delegaciones estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social. No obstante el trabajo en estas mesas se encuentra detenido, originalmente por el cambio de autoridades que representó el nuevo gobierno federal, pero a un año de que tomara posesión el presidente Felipe Calderón, no queda del todo claro las causas de la negativa.
9. La opacidad en el manejo, la administración y el destino de los recursos del fideicomiso han generado en los ex trabajadores jubilados la suspicacia y la incertidumbre por la liquidez y viabilidad futura del mismo y del cual dependen casi 46 mil jubilados y sus familias.
10. Es el caso que, a casi diez años de la firma del contrato que da origen al Fideicomiso, ni la existencia del fideicomiso, ni el gobierno federal, ni las autoridades del trabajo, ni el IMSS, ni nadie en este país ha logrado que se cumpla la ley, la cual establece que una vez que se privatiza una empresa, como lo fue el caso de Ferrocarriles Nacionales, sus trabajadores sean debidamente liquidados y pensionados. Miles de ex trabajadores ferrocarrileros y sus familias han emprendido una lucha constante para exigir lo que les corresponde.
Como representantes populares, debe ser de la mayor importancia para nosotros intervenir en este caso para que las instancias correspondientes del gobierno federal hagan lo que les corresponde para que éste problema nacional sea resuelto a la brevedad. Es el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien tiene todas las facultades para presupuestar los recursos necesarios para realizar el pago de las jubilaciones que hasta el día de hoy continúan pendientes de pago.
Es necesario también que el Instituto Mexicano del Seguro Social asuma que hay pendientes de pago cientos de pensiones por enfermedades profesionales y que es su responsabilidad y obligación proceder a su pago de forma inmediata.
Por las consideraciones antes vertidas, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, destine los recursos necesarios para garantizar el pago de pensiones y jubilaciones de los ex trabajadores de la desaparecida empresa Ferrocarriles Nacionales mediante el fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, al presente asunto, y a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social reanude las mesas de negociación en las diferentes Delegaciones estatales del IMSS para acordar el pago de pensiones y jubilaciones de los ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2007.
Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008 RECURSOS DESTINADOS A UN PROGRAMA ESPECIAL PARA LA SALUD DE LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES CON DIABETES, A CARGO DE LA DIPUTADA AÍDA MARINA ARVIZU RIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
La suscrita, Aída Marina Arvizu Rivas, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
La diabetes es una enfermedad crónica y degenerativa que aparece cuando el páncreas no produce suficiente o el cuerpo no puede utilizar adecuadamente la insulina, hormona que se encarga de transformar los alimentos en energía útil para el organismo, lo que provoca que el azúcar en la sangre (glucosa) sobrepase los niveles normales.
Es un problema médico reconocido desde hace más 3 mil 500 años, pues en 1535 a.C., en un papiro se describe una enfermedad caracterizada por el flujo de grandes cantidades de orina y se indican remedios para tratarla.
En el siglo I de la era actual, el filósofo griego Arateus de Capadocia designó esta enfermedad como diabetes, que en griego diabetes significa "correr a través", por una de sus características, la de "paso" o eliminación de grandes cantidades de orina.
En el año 1775 se clasificó la diabetes en dos tipos: diabetes mellitus o diabetes vera (por el sabor a miel de la orina) y diabetes insípida (porque no presenta la orina dulce).
Existen cuatro clases de diabetes mellitus:
Diabetes mellitus tipo I (insulinodependiente o juvenil). Se caracteriza porque el páncreas no produce o produce muy poca insulina para que la glucosa entre a las células y disminuya el nivel de azúcar en la sangre. Esta es una enfermedad autoinmune, lo cual significa que el sistema encargado de combatir las infecciones ataca al páncreas y, en consecuencia, se reduce o elimina la capacidad de las células que producen la insulina. Se desarrolla principalmente en los niños o adolescentes y requiere la administración de insulina diariamente para compensar la que no produce el cuerpo.
Diabetes mellitus tipo II (no insulinodependiente). Es el resultado de la incapacidad del cuerpo para utilizar la insulina adecuadamente y generalmente se inicia en la edad adulta, debido a que los músculos y las células de los tejidos se vuelven resistentes a la insulina, siendo el exceso de peso y el tejido graso los factores desencadenantes de la enfermedad.
Diabetes mellitus gestacional. Como su nombre indica, se desarrolla durante la segunda mitad del embarazo, cuando las hormonas secretadas aumentan la resistencia del cuerpo a la insulina y generalmente desaparece después del nacimiento del producto; sin embargo, más de la mitad de estas mujeres desarrollará posteriormente diabetes tipo II.
Otros tipos de diabetes mellitus. Son consecuencia de enfermedades o medicamentos que interfieren con la producción o la acción de la insulina.
Consideraciones
Motivación
La diabetes en México es un problema de salud pública, derivado de que la padece el 10 por ciento de la población, y está asociado con el hecho de que el 40 por ciento tiene problemas de obesidad. Los datos indican que 6.5 millones de personas están diagnosticadas y se estima que existen cerca de 4 millones que padecen la enfermedad sin saberlo. De los casos diagnosticados se calcula que cerca de 5.5 millones viven en zonas urbanas.
Entre 5 y 10 por ciento de las personas con diabetes sufre la tipo I (insulinodependiente o juvenil), es decir de 525 mil a 1 millón 50 mil individuos.
Del 90 al 95 por ciento, de 9 millones 450 mil a 9 millones 975 mil personas, padece la del tipo II (no insulinodependiente).
En el caso de las mujeres embarazadas, entre 2 por ciento y 5 por ciento de ellas presenta diabetes gestacional.
De 105 mil a 210 mil personas desarrollan otros tipos de diabetes en el contexto de otras enfermedades o trastornos (entre 1 y 2 por ciento de los casos).
Se estima que en 10 años la población con problemas de diabetes aumentará en 30 por ciento, con las consecuentes repercusiones en su salud, economía y estilo y calidad de vida, lo que la convertirá en una verdadera pandemia.
La diabetes ocupa, en nuestro país, el primer lugar en causas de muerte por enfermedad, considerándose que 14 de cada 100 fallecimientos le son atribuibles.
Se calcula que en el 2010 alrededor de 60 por ciento de los fallecimientos serán ocasionados por diabetes, así como por otras enfermedades crónicas y degenerativas.
La edad de quienes la padecen disminuye cada día, pues se extiende entre niños y adolescentes, lo que llevará a un incremento de diabetes tipo I.
Según el Anuario de morbilidad de la Secretaría de Salud, en el ejercicio 2005 se presentaron 410 mil 700 nuevos casos de diabetes mellitus, de los cuales 13 mil 300 fueron del tipo I y 397 mil 400 del tipo II.
Indica el primer Informe de Gobierno, presentado el 1 de septiembre del año en curso por el actual Ejecutivo federal, que en el periodo enero-julio se presentaron 231 mil 21 casos de diabetes mellitus, sin que se desglosen los tipos contabilizados (tipo I, tipo II, gestacional y otros).
Fundamentación
El acceso a la salud es una responsabilidad del gobierno federal, de los estatales y de los municipales.
Lo anterior se desprende de lo ordenado por los siguientes artículos constitucionales:
Artículo 2o., apartado B, segundo párrafo: "Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades [la Federación, los Estados y los Municipios] tienen obligación de... III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil".
Artículo 4o., tercer párrafo: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución".
El párrafo sexto de artículo 4o. indica que "los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral".
Artículo 73: "El Congreso tiene facultad:... XVI. Dictar leyes sobre... salubridad general de la República".
La base primera de la fracción XVI dispone que "el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la república, sin intervención de ninguna secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país".
El acceso a la salud es materia de la Ley General de Salud, que reglamenta, según señala su artículo 1o., "el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social".
El artículo 3o. de la referida ley indica que "...es materia de salubridad general... II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables; II bis. La Protección social en salud;... IV. La atención materno-infantil; IV Bis. El programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y comunidades indígenas;... XIV. La orientación y vigilancia en materia de nutrición;... XVIII. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes.
En lo que se refiere a la distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, corresponde al gobierno federal, según el artículo 13, apartado A, fracciones I y VII Bis, de la ley reglamentaria "dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación, en todo el territorio nacional, de servicios de salud en las materias de salubridad general y verificar su cumplimiento" y "regular desarrollar coordinar evaluar supervisar las acciones de protección social en salud".
Con objeto de establecer los procedimientos para la prevención, tratamiento y control de la diabetes, de observancia obligatoria en el territorio nacional para los establecimientos y profesionales de la salud de los sectores público, social y privado que presten atención a la diabetes, la Secretaría de Salud expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 1994, la cual fue modificada el 18 de enero de 2001, según la publicación correspondiente.
Es menester señalar que en la norma referida los procedimientos de prevención, tratamiento, diagnóstico y tratamiento de la diabetes tipo I (insulinodependiente o juvenil) son demasiados escuetos, ya que en el numeral 13 sólo se hace mención a lo siguiente:
"13. 2 Diabetes tipo 1.
13.2.1. Los pacientes con sintomatología sugestiva, o diagnóstico de diabetes tipo 1, son referidos al segundo nivel de atención [las unidades hospitalarias que atienden problemas de salud que, a causa de su complejidad, no pueden ser atendidos en el primer nivel de atención (las unidades hospitalarias de primer contacto del paciente con los servicios de salud, que llevan a cabo las acciones dirigidas al cuidado del individuo, la familia, la comunidad y su ambiente. Sus servicios están enfocados básicamente a la promoción de la salud, a la detección y al tratamiento temprano de las enfermedades)] o al especialista.
13.2.2. Solamente cuando el paciente se presente con gran descompensación y no sea posible referirlo de inmediato al especialista, es tratado provisionalmente en el primer nivel de atención."
Acciones del Estado
Planes y programas federales de acción
Dentro del Programa Nacional de Salud 2001-2006, la Secretaría de Salud implantó diversos programas de acción para enfrentar los problemas emergentes mediante la definición explícita de prioridades, entre los que se encuentra el Programa de Acción para la Prevención y Control de la Diabetes; sin embargo este programa deja fuera de atención a la población que sufre de diabetes tipo I (insulinodependiente o juvenil), al establecer como uno de sus objetivos "proteger la salud, prevenir o retardar la aparición de la diabetes y las complicaciones de mayor prevalencia entre las poblaciones adulta y adulta mayor, así como elevar la calidad de vida en este grupo poblacional".
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 se establece como uno de los ejes de acción el de "igualdad de oportunidades", dentro del que se insertan los programas y acciones en materia de Salud.
En el PND se reconoce que "...las muertes por enfermedades no transmisibles, los padecimientos asociados a una larga vida como la diabetes y la hipertensión, así como las lesiones por accidentes o violencia, representan hoy el 85 por ciento de todas las muertes que se registran en México. Estos padecimientos son complejos y de tratamiento costoso".
También señala que "...el acceso a servicios de salud no alcanza aún a toda la población, y pagar por servicios privados resulta más difícil para la mayoría".
El PND fija como uno de los objetivos en materia de salud, reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables; sin embargo, ninguna de las tres estrategias diseñadas para el cumplimiento del objetivo descrito se refiere al caso del grupo vulnerable constituido por los niños y jóvenes que sufren la diabetes mellitus tipo I, que requieren de atención focalizada para el tratamiento de esta enfermedad.
El 22 de agosto del año en curso, el Secretario de Salud dio a conocer los lineamientos generales del Programa Nacional de Salud 2007-2012, señalando que el objetivo de la Secretaría de Salud de "mejorar las condiciones de salud de la población" se logrará mediante el cumplimiento de una serie de metas estratégicas, entre las que se encuentran "reducir 20 por ciento la velocidad de crecimiento de la mortalidad por diabetes mellitus respecto a la tendencia observada en el periodo 1995-2006" y "bajar el 10 por ciento la prevalencia de consumo inicial de drogas ilegales, de los 12 a los 17 años". De lo anterior, se observa que se omite la atención focalizada de los niños y jóvenes que padecen la diabetes mellitus tipo I.
Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se instrumentarán diversos programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que atenderán los temas prioritarios para el desarrollo nacional, entre los que se encuentra la salud.
Sin embargo a la fecha no se ha publicado el correspondiente Programa Nacional de Salud 2007-2012, por lo que no es posible saber si el sector público dará la importancia que requiere a la atención de niños y jóvenes con diabetes mellitus tipo I, aún cuando debe mencionarse que en el sexenio pasado uno de los programas prioritarios en materia de salud fue el de diabetes mellitus.
En el informe de labores de la Secretaría de Salud, correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2007 se indica que "se estableció la estrategia nacional para la promoción de salud, que encamina nuestros esfuerzos en el otorgamiento de un paquete garantizado de servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades a todas las personas y familias, y permitirá, de esta manera, atender problemas tan serios como la obesidad y sobrepeso, enfermedades que en corto plazo generan efectos en la salud como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares, cada vez más frecuentes en la población y con un gran impacto en los presupuestos asignados, los cuales serán insuficientes si este problema no se enfrenta con la participación consciente de la población".
En concordancia con lo anterior, la dirección del Programa de Salud del Adulto y del Anciano de la Secretaría de Salud informa que "a partir de 2008 el gobierno federal lanzará la estrategia nacional para la promoción de salud para combatir la obesidad y la diabetes, que se han colocado en los primeros lugares de incidencia y mortalidad en el país; sin embargo, los programas de salud dirigidos a los niños y jóvenes son omisos en cuanto al tratamiento de estas enfermedades.
Planteamiento del problema
La enfermedad evoluciona de manera silenciosa en un periodo de 7 a 10 años, antes de presentar síntomas francos; la desnutrición infantil, la obesidad, el sedentarismo y la herencia genética aumentan la predisposición y el riesgo de padecer la enfermedad.
En el caso de la diabetes mellitus tipo I (insulinodependiente o juvenil) la enfermedad se desarrolla por el ataque del sistema inmune contra las células beta del páncreas que se encargan de producir insulina. Este proceso tiene varias etapas: primero, una susceptibilidad o predisposición genética, y luego un factor desencadenante ambiental (infección viral, estrés, etcétera), tras el cual aparece la respuesta inmunológica del organismo mediante la cual las células beta son destruidas.
Por los datos proporcionados, tanto de instituciones de salud oficiales del país como de las internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, se cataloga ya a la diabetes como una pandemia que, comparada con otros padecimientos de tipo crónico, es uno de los que con más mortalidad y mala calidad de vida afectan a la población, no sólo porque puede ser causa de fallecimiento prematuro, sino porque puede también reducir las expectativas de realización de una vida normal y plena.
La diabetes no distingue edad, condición social o económica, sexo, raza o color: cualquier persona está expuesta a contraer el padecimiento.
En la actualidad la tasa de crecimiento de la enfermedad está aumentando entre la población en condición de pobreza o marginada.
La respuesta a este grave problema de salud pública requiere de un enfoque integral que incluya prevención, manejo clínico y educación.
Sin embargo, desde el gobierno han sido demasiado escasos, insuficientes y hasta nulos los recursos y avances para encarar este enorme reto de salud pública. Incluso durante el sexenio pasado, por razones que no se conocen, se optó por cancelar el único proyecto de tratamiento integral y de desarrollo de una cura que existía en México, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, con el respaldo de la Universidad Nacional Autónoma de México, cortando de tajo las esperanzas de millones de personas en el país.
El padecimiento descrito, que afecta a millones de personas en México, posee otro rasgo característico: en mucho, su evolución y desenlace estará en función de la información, cuidados y tratamiento que reciban quienes lo padecen.
La diabetes no es un certificado de defunción, ni de mala calidad de vida; lo es si las personas que la padecen no cuentan con la información, los cuidados y el tratamiento adecuado, es decir con los recursos necesarios para su control.
Esos recursos no están disponibles para millones de enfermos que viven en la pobreza y marginación, sobre todo para los cientos de miles de jóvenes con diabetes mellitus tipo I o insulinodependiente.
Si bien la diabetes es un padecimiento que hasta hoy no tiene cura, sí puede ser controlado y, en función de ello, las personas podrán realizar sus vidas más saludables y plenas.
Uno de los principales obstáculos para mejorar la calidad de vida de los menores diabéticos, es la falta de atención y recursos para llevar a cabo los cuidados y el tratamiento adecuado.
Enfrentar la diabetes es un desafío que no sólo implica fortaleza de ánimo y espiritual sino que también afecta, con frecuencia catastróficamente, los recursos económicos de la familia, y cuándo no los hay requiere en una sociedad democrática el respaldo del sector público y hasta el privado.
Los niños y jóvenes diabéticos carecen de un respaldo institucional real y los recursos para su atención son insuficientes. El sector salud ha sido indiferente a las necesidades de atención integral que requiere el tratamiento de la diabetes, sobre todo en niños y jóvenes: inexistencia de especialistas y de equipos de salud integrales, carencia de medicamentos y equipo; casi puede asegurarse que los ha dejado a su suerte.
El problema a que nos estamos refiriendo se debe a que existe una insuficiente atención integral a los menores diabéticos, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en España, Argentina o Cuba, entre otros (para no hablar de países con mayores índices de calidad de vida), en donde la legislación protege en realidad el derecho a la salud de sus menores.
En estos países, cada año se entrega a los menores insulinodependientes un juego completo de medicamentos y equipo para monitorear la glucosa durante un año. Además de que se disponen de centros especiales de atención de tipo integral al que acceden por el sólo hecho de ser ciudadanos, niños o jóvenes y diabéticos.
Las causas del problema son:
Escasa conciencia social sobre el padecimiento.
Insuficientes recursos terapéuticos y hospitalarios para los cientos de miles de menores, que padecen diabetes mellitus tipo I.
Insuficiente cultura de la prevención.
Escasos recursos económicos de las familias.
Baja capacidad organizativa de las familias afectadas.
Insuficiente, indiferente e incluso nula atención de las autoridades de salud.
Nula o muy baja inversión en atención, educación e investigación.
Inexistencia de diabetólogos.
Cuando existe, sólo hay una atención enfática y parcialmente clínica de parte del sector salud.
Abordaje clínico heterogéneo (manejo del padecimiento según cada médico y no según cada persona).
Escasa información sobre la patología.
Legislación nula o escasa para proteger el derecho a la salud y la vida de esta población creciente.
Esfuerzos públicos y sociales dispersos.
Servicios públicos de salud muy limitados.
Los efectos de este vacío e indiferencia del sector público son:
Atención insuficiente en las unidades hospitalarias.
Desinformación social y de los afectados.
Escasa capacidad para acceder a los adelantos terapéuticos.
Insuficiente capacidad para promover y respaldar la investigación.
Cultura inadecuada de atención a los menores.
Insuficiente capacidad de las organizaciones civiles que atienden el problema.
Insuficiente investigación y especialistas.
Prevalencia de descontrol de la enfermedad y aumento de riesgo de muerte y complicaciones.
Escasa prevención de complicaciones.
Escasa conciencia social.
Endebles estructuras civiles de autogestión.
Violación de los derechos básicos del niño.
Deficiente calidad de vida, discriminación, abandono público, dolor, sufrimiento y muerte prematura.
Propuesta
Por lo antes expuesto, es necesario implantar un programa especial para la salud de los niños y jóvenes con diabetes de orden federal que se inserte en el rubro de salubridad general en materia de protección social en salud, a cargo del gobierno federal, según lo establecido en la fracción II Bis del artículo 3o. de la Ley General de Salud y que represente, en rigor, para muchos menores un respaldo para que puedan convertirse en personas saludables, elevar su calidad de vida y lograr realizar sus potencialidades personales.
En otras palabras, el programa pretende el logro de vidas plenas para estos menores; más recursos y cultura de atención en torno al padecimiento, que implicarán mejores herramientas para que logren enfrentar con éxito la diabetes.
Para ello es necesario:
Una mayor conciencia social del padecimiento.
Que se eleven sustancialmente los recursos terapéuticos y hospitalarios.
Que exista una cultura preventiva.
Que organizaciones de la sociedad civil sean medios para que el sector público pueda destinar recursos para atacar el problema.
Que las familias alcancen una mayor capacidad de gestión.
Que las autoridades ofrezcan la suficiente atención y destinen más recursos, a través de este programa especial dirigido a niños y jóvenes insulinodependientes.
Con ello se puede lograr:
Que las unidades hospitalarias presten una atención más integral al problema.
Que la comunidad y las familias estén suficientemente informadas.
Que se posea más capacidad para acceder a los adelantos terapéuticos
Que las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la atención del problema sean sostenibles y crezcan sus posibilidades de ayuda.
Que exista mayor capacidad para promover y respaldar la investigación en la materia.
Que, en general, exista una cultura adecuada de atención a los menores diabéticos, en especial a los de escasos recursos.
Con ello mejorará la calidad de vida de los menores diabéticos y se coadyuvará al desarrollo de sus potencialidades para que logren una vida plena, tal como establece la Carta de los Derechos de los Niños de la Organización de las Naciones Unidas, firmada por México.
Dado que en el país entre el 5 y el 10 por ciento de las personas con diabetes sufre la de tipo I (insulinodependiente o juvenil), es decir de 525 mil a 1 millón 50 mil individuos, se requiere atender este problema de salud pública de manera gradual. Por ello se propone que en los próximos cinco años se dote de recursos a la Secretaría de Salud para que diseñe y aplique a un programa especial de atención a los niños y jóvenes con diabetes.
Dicho programa sería objeto de actualización anual en la medida que se vayan modulando sus características y definiendo, con mayor precisión, el universo de sus usuarios.
Los recursos necesarios para financiar este programa especial provendrán de las disponibilidades finales que se determinen para la Ley de Ingresos de la Federación de 2008, habida cuenta de los ajustes que se realicen como resultado de las estimaciones en la recaudación derivadas de la reforma hacendaria y del precio de barril de petróleo de exportación.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 la inclusión de un programa especial para la salud de los niños y jóvenes con diabetes de orden federal que se inserte en el rubro de salubridad general en materia de protección social en salud, a cargo del Gobierno Federal, según lo establecido en la fracción II Bis del artículo 3o. de la Ley General de Salud, que deberá implantar el área correspondiente de la Secretaría de Salud con el propósito de
Aumentar la conciencia social y de las autoridades acerca del padecimiento, su naturaleza y cuidados
Aumentar sustancial mente la cantidad y calidad de los recursos hospitalarios y terapéuticos
Dotar cada año de un equipo terapéutico a cada niño y joven diabético, que incluya el aparato de medición de glucosa el total de las insulinas requeridas, las tiras reactivas para determinación de glucemia, las jeringas para aplicación de insulina, las tiras visuales de medición de cetonas en orina y los exámenes periódicos de hemoglobina glucosilada. Todo ello para su autocontrol durante todo un año.
Creación de unidades de atención integral en hospitales públicos en las principales ciudades del país.
Abasto suficiente y gratuito de recursos terapéuticos.
Promover la cultura de la prevención.
Dotar de recursos públicos destinados en específico a las organizaciones civiles que están apoyando a niños y jóvenes diabéticos.
Aumentar recursos fiscales para la investigación en diabetes mellitus.
En lo que concierne al equipo terapéutico es necesario considerar recursos en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 por la cantidad de 964 millones 110 mil pesos (novecientos sesenta y cuatro millones ciento diez mil pesos), para atender en 2008 arranque del programa a 105 mil beneficiarios:
El equipo terapéutico se dotaría a los usuarios a través de una cartilla nacional de salud de menores con diabetes, que se integraría al sistema de cartillas nacionales de salud, del que forman parte las siguientes: de vacunación, de salud de la mujer, de salud del hombre y de salud del adulto mayor, atendiendo a que son instrumentos a través de los cuales se lleva el seguimiento personalizado y continuo de las acciones de prevención, detección, tratamiento y control de enfermedades los usuarios, en cada etapa de su vida, permitiéndoles crear conciencia del autocuidado de la salud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 11 de octubre de 2007.
Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE CONSIDERE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008 RECURSOS A FIN DE QUE LA SEDENA APLIQUE UN PROGRAMA SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y CULTURA DE LA PAZ PARA SUS EFECTIVOS, A CARGO DE LA DIPUTADA AÍDA MARINA ARVIZU RIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
La que suscribe, Aída Marina Arvizu Rivas, legisladora federal del Grupo Parlamentario Alternativa Socialdemócrata, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Durante los últimos años el país ha observado un incremento considerable en la presencia de los efectivos del Ejército mexicano en la vida cotidiana de la población, derivado de distintas razones como son el combate al narcotráfico y delincuencia organizada; el apoyo a comunidades en casos de desastre y o por combate a grupos guerrilleros asentados principalmente en zonas serranas del país.
Más allá de si estamos o no de acuerdo con tal diversificación de tareas y del uso de las fuerzas armadas para fines distintos a aquéllos para los que se ha formado el Ejército Nacional, es un hecho que tal presencia ha traído consigo en más de una ocasión, situaciones de tensión, conflicto, e incluso agresión a la población civil por parte de miembros de dicha institución.
La tendencia internacional ha sido depositar en manos de civiles las secretarías de la Defensa y a resguardar, más que a exponer, al ejército, evitando colocarlos en contextos protagónicos como sucede en la actualidad en México. En todo caso, es un hecho que resulta necesario y urgente aplicar medidas que abonen a que la participación del Ejército no traiga consigo violaciones a los derechos humanos. El ejército esta para servir y no puede justificarse bajo ningún concepto el abuso de su fuerza o que la misma sirva como medio de intimidación en aquellas zonas en que se encuentren destacamentados.
Más aún, es indispensable aportar los mecanismos necesarios para que los elementos del ejército dejen de comportarse como si estuviesen en guerra y reproduzcan, incluso en tiempos de paz, las deleznables conductas históricas mediante las cuales el ejército hace de las mujeres, botín de guerra.
Está debidamente documentado que durante la última década, elementos del Ejército han aprovechado su condición de destacamento en zonas localizadas del país, para agredir física, verbal y sexualmente a las mujeres.
Se exponen a continuación algunas denuncias de lo anterior en orden cronológico:
El 4 de junio de 1994 militares violan a tres indígenas tzetzales. En julio la Sedena "rechaza enérgicamente las falsas imputaciones" en un boletín. A 13 años de los acontecimientos, no se ha hecho justicia, no se sabe en dónde están los responsables. Los hechos sucedieron cerca de Altamirano, Chiapas, cuando las tzetzales fueron atacadas, tenían 12, 15 y 17 años de edad. Se produjeron al menos 2 recomendaciones para que los militares fueran juzgados en los tribunales civiles. No se ha hecho. El caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le da seguimiento la abogada Martha Figueroa.
El 3 de diciembre de 1997, Delfina Flores Aguilar, de 28 años, y Aurelia Méndez Ramírez, de 31, indígenas tlapanecas, de Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez Guerrero, denunciaron haber sido violadas por cinco soldados. Le da seguimiento, sin respuesta de las autoridades el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan.
En 1997, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) en Oaxaca recibió la denuncia de 12 mujeres que habían sido violadas por soldados del Ejército Mexicano en la zona Loxicha. El caso no prosperó por intimidación de la Comisión Estatal de los Derechos humanos (CEDH), quién advirtió que las mujeres tendrían que demostrar los hechos o de lo contrario irían a la cárcel.
El 21 de abril de 1999, Victoriana Vázquez Sánchez de 50 años y Francisca Santos Pablo, de 33 años del barrio Nuevo San José, Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, fueron interceptadas y violadas en casa abandonadas. No se abrió expediente. Le da seguimiento el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan.
El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú también fue agredida sexualmente por ocho soldados del 41 Batallón en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero. El caso está en espera de un dictamen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 22 de marzo de 2002, en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero, Inés Fernández Ortega, de 27 años, fue violada en su casa por 11 soldados.
El 11 de julio de 2006, más de 20 soldados asaltaron la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, violando a 13 mujeres.
El 3 de mayo 4 menores y una adulta fueron abusadas sexualmente por un operativo militar en Nocupétaro, Michoacán. La denuncia fue levantada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quién el 15 de mayo informó a la opinión pública contar con pruebas científicas de los abusos. Sugirió que el caso fuera atendido, investigado y sancionado por Justicia Militar. No ha emitido una recomendación.
A excepción del caso de Castaños, en el que el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata ha dado seguimiento y ha informado puntualmente a la sociedad, en todas las denuncias la justicia militar es quien juzga a los soldados-delincuentes y, en la mayoría de los casos, los agresores no son llevados a juicio.
Si bien el citado caso Castaños ha sido el primero en la aplicación del fuero civil en casos de delitos cometidos por miembros del Ejército, la sentencia, emitida el pasado 10 de octubre del presente año sólo condenó a cuatro de los ocho militares y, aun en algunos de estos casos, tales sentencias distan de ser justas. Esto nos debe llevar a reformas legales que permitan regular el fuero militar que permita ampliar la capacidad de la autoridad civil en casos como los arriba citados.
Sin embargo, sabemos que las medidas más eficaces son las que se destinan no a la reparación y el castigo, sino a la prevención. Es por ello que queremos acompañar tales acciones legislativas con medidas de orden preventivo.
Con fecha 7 de marzo del presente año, la que suscribe, sostuve una entrevista con el general Guillermo Galván Galván secretario de la Defensa Nacional. Hice de su conocimiento la preocupación, lo mismo de Alternativa Socialdemócrata, que de mujeres feministas, organizaciones no gubernamentales y sociedad en general, ante el cada vez más alarmante aumento de delitos cometidos por miembros del Ejército Nacional contra mujeres e insistí en que es necesario sensibilizar, mediante la capacitación y el seguimiento, a todos y cada uno de los integrantes del Ejército Mexicano. La perspectiva de género ha demostrado su vigencia y ha traído consigo la toma de conciencia por parte de individuos, grupos e instituciones de que, en la medida en que ha permeado, se han generado cambios en conductas discriminatorias que culturalmente se han reproducido durante décadas pero que es posible revertir.
Así pues, en dicha reunión el secretario hizo un compromiso con su servidora, mismo que hicimos del conocimiento de la sociedad mediante comunicados y conferencias de prensa, de que integraría en la formación curricular del Ejército Mexicano la sensibilización en perspectiva de género. A la par, en Alternativa nos comprometimos a solicitar el presupuesto etiquetado necesario y suficiente que permita incluir en la formación de todos los integrantes del ejército, tal capacitación.
Éste sería un hito más en la historia del país y sentaría las bases para que otros países sigan un ejemplo de civilidad tan contundente como el que el señor secretario de la Defensa Nacional ha manifestado.
Es indispensable dotar a la Sedena de los recursos económicos necesarios para llevar a los hechos la aplicación de un programa de educación para la equidad de género y la cultura de la paz al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Es este el momento de demostrar que es posible la estrecha colaboración entre el Poder Legislativo y la Secretaría de la Defensa Nacional. Destinar una partida para los efectos que se han expuesto, es una muestra de la disposición de éste poder de colaborar con tal secretaría pero, aún más, es una muestra de la sensibilidad de la. Cámara de contribuir a que en todas las instituciones del país la perspectiva de género sea un eje transversal y, por lo tanto, del serio compromiso que tiene con las mujeres del país.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se destinen de manera adicional un monto de $200 000 000.00 (doscientos millones de pesos 00/100) al Ramo 07, Secretaría de la Defensa Nacional, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, recursos suficientes y etiquetados para que la Secretaría de la Defensa Nacional desarrolle un programa de capacitación con perspectiva de género y de la cultura de la paz para todos sus efectivos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2007.
Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS Y AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A INSTRUIR A SUS COMISIONES DEL AGUA PARA QUE EN LAS LICITACIONES DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN SE ESPECIFIQUE EL USO DE TUBERÍAS DE ACERO DE FABRICACIÓN NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO OBDULIO ÁVILA MAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores de los estados y al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, instruyan a las comisiones de aguas de sus correspondientes entidades federativas, se especifique el uso de tuberías de acero de fabricación nacional en las licitaciones referentes a líneas de conducción de agua, al tenor de los siguientes.
Antecedentes
1. La industria siderúrgica en América Latina resulta ser totalmente diferente a la que han venido desarrollado los países industrializados1 debido a la aplicación de políticas industriales de corte sustitucionista, conocido como el Modelo Industrial de Sustitución de Importaciones, que fueron impulsadas por Raúl Prebisch desde la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, con el objetivo de generar altas tasas de crecimiento económico y resarcir los rezagos sociales, gestionados por la concentración del ingreso,2 que ocasionaron la pobreza alimentaría, patrimonial y de capacidades.3
La política industrial implementada por los gobiernos latinoamericanos permitió la generación de grandes complejos siderúrgicos que se acentuaron principalmente en Argentina, Brasil, México y Venezuela. Cabe resaltar que las crisis económicas gestionadas a nivel internacional crisis bancarias, cambiarias y de deuda externa4 provocaron un impacto negativo en la industria siderúrgica, debido a un bajo y lento crecimiento económico, una tendencia pronunciada al sector servicios, una baja demanda en el consumo de acero en las ramas de punta ocasionada por la sustitución de éste material por otros insumos de bajo costo. Además por una competencia desleal competencia imperfecta- por los países industrializados, en donde la rama se encontraba en una fase internacionalizada pero gestionando su desarrollo en el ámbito nacional.
2. Bajo este tenor, la industria siderúrgica se encuentra muy sensible a los cambios económicos que se gestionen en el ámbito nacional e internacional, es decir, muestra una explicación a los efectos positivos y negativos externalidades negativas y positivas- para su desenvolvimiento económico, ya sea por medio de un crecimiento económico hacia la alza o hacia la baja.
3.- De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática a través de la publicación: La industria siderúrgica en México,5 la importancia económica de esta industria hacia el país es trascendental.
Ocupa el cuarto lugar en la producción total del sector industrial,6 manufacturera, construcción, electricidad, gas y agua y, siderúrgica en donde al cierre del 2004 representó el 3.41 por ciento y, que en términos monetarios, ascendió a los 175 mil 725 millones 716 mil pesos.
En los últimos cuatro años, esta industria ha mostrado un crecimiento económico pero con tendencia inestable:
4. Las principales entidades federativas que participan en la industria siderúrgica son: Michoacán de Ocampo, San Luis Potosí, Coahuila de Zaragoza, Veracruz de Ignacio de la Llave, entre otros.
5. Al cierre del ejercicio fiscal 2004 registraba 30 mil 947 personas ocupadas de las cuales el 71.36 por ciento eran obreros 22 mil 84 y, el restante 28.63 por ciento eran empleados.
Es de resaltar que en los últimos cuatro años, el personal ocupado se ha reducido, en donde al 2000 ocupaba 34 mil 335 personas y al finalizar el 2003 únicamente ocupaba 30 mil 802 personas. Por lo tanto, existe un reducción de 3 mil 388 personas.
Por medio del siguiente gráfico se demuestra lo anteriormente señalado:
6. La productividad de la industria se ha incrementado en 31.6 puntos respecto al período del 2000 al 2004.
Además, ha sido superior en 21.3 puntos respecto a la industria manufacturera en el 2004, y ha sido mayor por 91.8 por ciento en relación a la productividad del sector al 2004.
7. La venta de productos siderúrgicos al cierre del 2005 ha sido mayor por 617 toneladas respecto al 2004, en donde la venta final al 2005 ascendieron a los 12 millones 986 mil 646 toneladas y, en el 2004 fueron de 12 mil 986 millones 29 toneladas.
8. En el 2005 la balanza comercial de los productos siderúrgicos fue deficitaria por 607 mil 764 toneladas, en donde las exportaciones ascendieron a los 6 millones 707 mil 307 toneladas y las importaciones fueron de 6 millones 99 mil 543 toneladas.
Asimismo, la balanza comercial fue deficitaria en términos monetarios por 14 mil 304 millones 128 mil pesos; donde las exportaciones ascendieron a los 45 mil 159 millones 739 mil pesos y las importaciones fueron de 59 mil 463 millones 867 mil pesos.
Es de resaltar que la industria siderúrgica exporta a 106 países y recibe importaciones de 101 países.
9. Al cierre del año 2005, la producción de acero fue menor por 534 mil 587 toneladas respecto a la producción generada en el 2004, lo cual generó una variación negativa en la producción por 3.2 por ciento anual. Respectivamente, la producción al cierre del 2004 ascendió a los 16 millones 737 mil 37 toneladas y, en el 2005 fue de 16 millones 202 mil 450 toneladas.
Hay que mencionar que en los últimos cinco años la tendencia en la producción ha sido alta pero muy volátil; en la siguiente gráfica sostengo la oración anterior:
10. Durante el 2005, el consumo nacional aparente del acero cayó en 534 mil 587 toneladas lo que genero una variación negativa del 3.2 por ciento respecto al consumo nacional aparente de 2004.
El consumo nacional aparente en el 2005 ascendió a los 16 millones 202 mil 450 toneladas y al cierre del 2004 fue de 16 millones 737 mil 37 toneladas.
11.- Para la fabricación de tubos y postes de acero se emplearon al cierre del 2005, 19 millones 547 mil horas, en donde resultaron ser superiores por 960 mil horas respecto al 2004 que fue de 18 millones 587 mil horas lo que provoco un incremento del 5.2 por ciento anual.
12. El principal líder en la producción de acero por entidad federativa en los últimos cinco años ha sido Michoacán seguido por Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Guanajuato, entre otros.
Por medio de la siguiente tabla se muestra el porcentaje de la producción en los últimos años:
13. Al cierre del 2005, la producción total de acero a nivel mundial ascendió a los 1 mil 239 millones 900 mil toneladas, en donde la República Popular de China registró una producción de 355 millones 800 mil toneladas seguida por Japón por 112 millones 500 mil toneladas.
En el caso específico de nuestro país la producción para ese año se ubicó en 16 millones 200 mil toneladas, en donde nos ubicamos a nivel internacional como el productor número 15.
Además la producción de acero en América Latina en el 2005 fue de 62 millones 900 mil toneladas, en donde México participo con el 25.9 por ciento y lo ubicó en el segundo lugar.
Por lo anteriormente expuesto, someto la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de los siguientes
Considerandos
Primero. Que esta honorable representación nacional está facultada para dirigir peticiones y recomendaciones a las autoridades federales y locales competentes, tendientes a satisfacer los derechos e intereses legítimos de los habitantes de la República, y a mejorar la utilización y aplicación de los recursos disponibles.
Segundo. Que la industria siderúrgica es uno de los pilares de la industria nacional, con una producción de 196, 812 millones de pesos, correspondientes al 2.1 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país; al 9.1 por ciento del PIB Industrial, y al 13.4 por ciento del PIB manufacturero.
Tercero. Que ésta industria también genera 53 mil 700 empleos de forma directa y 550 mil en forma indirecta.
Cuarto. Que constituye el primer consumidor de electricidad con el 7.4 por ciento del total nacional; el segundo de gas natural después de Comisión Federal de Electricidad con el 30.5 por ciento del total en el país, y es uno de los principales usuarios del transporte de carga en sus diversas modalidades.
Quinto. Que es una industria que determina diversas cadenas productivas, destacando la de la construcción y la automotriz.
Es el décimo quinto productor de acero en el mundo con 22.4 millones de toneladas de capacidad instalada, y en los últimos 5 años ha invertido en programas de modernización más de 2 mil 500 millones de dólares.
Sexto. Que no obstante, en los últimos años se ha presentado reiteradamente una situación que impacta negativamente a esta importante industria. En diversas licitaciones para el suministro de tuberías de conducción de agua que han tenido lugar en distintas entidades federativas a través de sus Comisiones de Aguas, seguramente por falta de información, se ha privilegiado indebidamente a la tubería de hierro fundido dúctil de fabricación extranjera respecto de la tubería de acero de fabricación nacional.
Séptimo. Que en este sentido, cabe señalar que la tubería de hierro fundido dúctil no se fabrica en México, y en cambio, existen varios fabricantes nacionales de tubería de acero, la cual es de igual o superior calidad a la de hierro fundido dúctil y de similar o menor precio, por lo que la tubería de hierro fundido dúctil es completamente sustituible por tubería de acero, máxime que al comprar productos nacionales se devuelve al Estado un porcentaje importante de lo erogado vía impuestos y se fomenta la creación y mantenimiento de empleos en nuestro país.
Octavo. Que no es entendible que existiendo oferta suficiente de tubería de acero nacional, la que como se dijo resulta más adecuada tanto por razones de orden técnico como económico, todavía se realicen licitaciones en las que se especifica la opción de la tubería de hierro fundido dúctil, cuando ésta no se fabrica en México.
Noveno. Que así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y las disposiciones reglamentarias aplicables, toda vez que en nuestro país existen fabricantes de tubería de acero y que el citado producto es sustituto de la tubería de hierro fundido dúctil por razones técnicas, de durabilidad, calidad y precio, resulta indebido que se convoque la adquisición de tubería de hierro fundido dúctil excluyendo claramente a la tubería de acero nacional.
En este orden de ideas, y con la intención de privilegiar la correcta aplicación de la Ley en beneficio de una industria esencial para el desarrollo económico del país, particularmente en lo que respecta a la conservación y generación de empleos, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los gobernadores de los estados y al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, instruyan a las comisiones de aguas de sus correspondientes entidades federativas, se especifique el uso de tuberías de acero de fabricación nacional en las licitaciones referentes a líneas de conducción de agua.
Notas:
1 Actualmente integran el denominado G-8 Alemania, Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japón, Reino Unidos y Rusia.
2 Esta variable económica se encuentra explicada por el coeficiente de Gini y la curva de Lorenz.
3 Cfr. Julio Boltvinik Kalinka.
4 IMF, Tipos de crisis financieras, International Monetary Fund, 1998.
5 INEGI, La industria siderúrgica en México, México, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, edición 2006.
6 Hay que recordar que existen tres sectores de la economía: sector agropecuario, sector industrial y el sector de servicios.
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de octubre del año dos mil siete.
Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBERNADOR DE QUERÉTARO QUE CESE LA REPRESIÓN CONTRA LOS DIRIGENTES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, José Antonio Almazán González, diputado federal de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 44, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición de punto de acuerdo, con el carácter de urgente y obvia resolución, con el objeto de solicitar al gobernador del estado de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, cesen los actos de represión a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como es del conocimiento de esta soberanía, desde el mes de agosto de 2006, el comité ejecutivo electo democráticamente, del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro, ha venido enfrentando una serie de agresiones por parte del gobierno estatal y del presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, licenciado Jesús Lomelí Rojas, violentando la autonomía de este gremio, sin que hasta la fecha este les haya otorgado su toma de nota.
Además, haciendo caso omiso, a la propuesta sindical de se lleve a cabo un recuento entre los trabajadores, planteada por los dirigentes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro, con el objeto de destrabar este conflicto, para que sean los trabajadores sindicalizados los que ratifiquen o rectifiquen a sus actuales dirigentes, el presidente del Tribunal del Estado de Querétaro, Lomelí Rojas, ha dado largas al asunto, profundizando su intervención en el régimen interno de este sindicato, violentando lo establecido en la fracción V, del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, otorgándole facultades extraordinarias a Elena Lara, para que administre los recursos sindicales.
Con fecha 26 de Junio del presente, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, aprobó en votación económica, punto de acuerdo, exhortando al "ciudadano gobernador del estado de Querétaro y al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, a efecto de que con absoluto respeto a la ley y a la autonomía sindical, atendiendo los principios de administración de justicia pronta, expedita e imparcial, resuelvan lo que en derecho proceda, en relación a la toma de nota del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro".
Sin embargo, lejos de atender este exhorto del poder legislativo, los actos de represión, no sólo en materia laboral, sino incluso en materia penal, han venido agravándose.
El gobierno del estado de Querétaro ha despedido injustificadamente, a varios miembros del Comité Ejecutivo, particularmente a los compañeros María del Carmen Gómez Ortega, secretaria general de este sindicato; Luis Guerrero Dávila, secretario del Interior; Raúl Silva Menéndez, secretario de Acción Política, etcétera, sin acreditar causal legal alguna, sino solamente como una medida de represión político-laboral.
Además, el 5 de Julio del presente al mas puro estilo de la delincuencia organizada, con la presencia de notarios públicos, con policías y cerrajeros se llevo a cabo un asalto a las instalaciones del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, teniendo como móvil, una vez más, un acuerdo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado dictado totalmente de manera irregular y fuera de toda ley, ya que no existe antecedente de notificación alguna a los Dirigentes Sindicales de dicho acuerdo. Aprovechado el acuerdo ilegal del TCAE para permanecer dentro de las instalaciones, un grupo de personas sin facultades estatutarias para ocupar este edificio sindical, cambiaron cerraduras de este local sindical, impidiendo la entrada con apoyo de policías del Estado, a los miembros del Comité Ejecutivo electo que había sido hasta entonces responsable del patrimonio de los trabajadores.
Asimismo, con fecha 18 de agosto de 2007, la compañera Secretaria General del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro, María del Carmen Gómez Ortega, recibió en su domicilio particular un citatorio de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, para comparecer en calidad de probable responsable ente esa autoridad, para declarar en relación a hechos que se investigan y que son posiblemente constitutivos de delito en agravio de carmen mancha prado y otros. En dicha averiguación previa se requiere también la comparecencia de compañeros que fueron miembros del Comité Ejecutivo anterior.
El 9 de septiembre del presente año, María del Carmen Gómez Ortega, secretaria general de este sindicato promovió un juicio de incidente de previo y especial pronunciamiento de falta de personalidad y en consecuencia la falta de legitimación activa en la causa en contra de las siguientes personas: María del Carmen Mancha Prado; Jaime Armando Rojas Espinosa; Pastor Ramírez Velásquez y Mario Vázquez Rodríguez, con el objeto de demostrar que estas personas que impugnaron el proceso electoral del Sindicato, no tienen personalidad jurídica, en virtud de que ningún trabajador de este sindicato, les otorgó algún poder para promover impugnación alguna al proceso electoral. Como es evidente que este recurso le da la razón a la compañera María del Carmen Gómez Ortega, el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, Jesús Lomelí Rojas, incumpliendo su obligación no ha resuelto al respecto, cuando de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, tenía tres días para resolver este conflicto.
Todos estos hechos al margen de la legalidad, lejos de resolver este conflicto "con absoluto respeto a la ley y a la autonomía sindical, atendiendo los principios de justicia pronta y expedita", lo que han provocado es un estado de irritación en los trabajadores de este gremio, así como un ambiente de terror y miedo, en la población de este Estado, además de convertir en letra muerta el estado de derecho del que tanto hablan las autoridades de este país.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Con carácter de urgente y obvia resolución
Primero. Solicitar al gobernador del estado de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, así como al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la entidad, licenciado Jesús Lomelí Rojas, para que no intervengan en el régimen interno del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 359 de la Ley Federal del Trabajo.
Segundo. Solicitar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, licenciado Jesús Lomelí Rojas, resuelva de manera inmediata el juicio de incidente de falta de personalidad jurídica, promovido por la compañera María del Carmen Gómez Ortega.
Tercero. Exhortar al gobernador de esta entidad para que solicite a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro que se retiren las órdenes de presentación de los dirigentes del Sindicato al Servicio de los Poderes del Estado, y cesen los actos de represión en contra de estos compañeros.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2007.
Diputado José Antonio Almazán González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RETIRAR EL ANUNCIO CON SESGO ELECTORAL RESPECTO A LA REFORMA FISCAL QUE ÉL PROPUSO, Y A EVITAR LA INTERVENCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES EN EL PROCESO COMICIAL DE PUEBLA, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I del artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los procesos electorales para la renovación de los ayuntamientos y de los Congresos de los Estados, se han visto afectados por dos factores negativos: la propaganda negra y la emisión sesgada de información sobre la Reforma Fiscal por parte del Presidente de la República, situación en si misma grave que lo aleja de su condición de jefe de Estado.
I. En el primer caso, algunos dirigentes, legisladores y candidatos del PAN han reincidido en la práctica de utilizar la violencia verbal y el ataque personal como ejes de su estrategia electoral. Lo anterior es doblemente contradictorio: por un lado denota que no se asimiló la experiencia de la elección federal del 2006, en la que una actitud igualmente reprobable, estuvo cerca de propiciar la ruptura del orden constitucional y la unidad misma de los mexicanos.
Por otro lado, se aleja por completo de la letra y el espíritu de las reformas recién aprobadas a la Constitución por el Congreso de la Unión y 29 legislaturas locales, que prohíbe a los partidos denigrar i calumniar a las instituciones y a las personas. Además de que contraviene lo estipulado en la mayoría de las legislaciones electorales locales, como es el caso del estado de Puebla, que en su Código de Instituciones y Procesos Electorales, en la fracción II del artículo 228, relativo a la normatividad para la elaboración de propaganda por parte de los partidos y de sus candidatos establece: "no deberá contener expresiones verbales o alusiones ofensivas a las personas, partidos políticos, coaliciones, en su caso, candidatos, autoridades electorales o terceros, ni las que sean contrarias a las buenas costumbres o inciten al desorden".
Asimismo, se violenta el precepto de la fracción VII del artículo 232, que a la letra formal expresa: "la propaganda electoral deberá evitar cualquier ofensa, difamación o calumnia que denueste a la nación, al estado, candidatos, partidos políticos, instituciones o terceros".
Se trata de una definición de fondo que esta siendo seriamente meditada por la ciudadanía. ¿Qué contienda política es la que se pretende? ¿La de la difamación y la calumnia, la de la injuria y el encono, la de la provocación y la violencia? Es claro que estas concepciones y actitudes no son democráticas ni contribuyen a la armonía y al progreso de la sociedad.
Por ello apoyamos la determinación de nuestro partido y de los candidatos a presidentes municipales y a diputados locales, de hacer valer principios y valores por encima de la descalificación y la desaforada búsqueda del poder por el poder. Así como de sostener su proyecto en las propuestas de la gente, en ideas, en razones y en la práctica de una ética política, que permita crear las condiciones para un nuevo pacto social.
II. Por cuanto a la posición del presidente Calderón, sobre su papel en la reforma fiscal, preocupa la cadena de errores e inconsistencias, que anuncian una posible crisis de gabinete, así como el desapego respecto de la visión de Estado que debe mantener, por su propia investidura, el titular del Poder Ejecutivo federal.
En primer lugar cabe recordar la iniciativa de la reforma fiscal presentada por el presidente de la república, el 20 de junio del presente año. Tal iniciativa incluyó la transferencia a los estados de la facultad para imponer impuestos adicionales a la producción y al consumo, específicamente dirigido a la gasolina, el diesel y el gas combustible. Ante la negativa del PRI de hacer de éste un impuesto local, el diputado del PAN Christian Martín Lujano Nicolás presentó la iniciativa para imponer un 5.5 por ciento de impuesto adicional al consumo de estos productos (Gaceta Parlamentaria del 3 de septiembre de 2007).
En este proceso el Banco de México mantuvo una posición ambigua respecto al impacto inflacionario, en tanto que la Secretaría de Hacienda insistió en que los efectos serían marginales.
Finalmente, el anuncio del aumento y otros factores provocaron el alza casi generalizada de precios y la inconformidad de la población. El Ejecutivo federal, pospuso entonces la entrada en vigor del aumento a la gasolina magna, al diesel y al gas combustible. Simultáneamente y de manera inconcebible el presidente de la república insertó en los medios un spot, con énfasis en los estados donde existen procesos electorales en curso, en la que niega la iniciativa y aún declara estar en contra de la misma. En su conjunto los hechos son un signo de la alerta respecto la ineficacia del gabinete y el alejamiento del gobierno de una política con visión de Estado.
III. En consecuencia de lo anterior proponemos al pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta al presidente de la república a retirar el spot con sesgo electoral respecto de la reforma fiscal que él mismo propuso, y para que evite la intervención de las dependencias federales en el proceso electoral del estado de Puebla.
Segundo. Se exhorta al Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla para que en términos de los artículos 228, fracción II, y 232, fracción VII, del Código de Instituciones y Procesos Electorales para el Estado de Puebla, solicite al Partido Acción Nacional que retire la propaganda negra y las actitudes violentas de las campañas electorales locales.
Tercero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal ponderar el cambio de los miembros del gabinete que han mostrado ineficiencia en la asignación del gasto, improvisación y soberbia en el desempeño de sus funciones y sobretodo que han manipulado los programas sociales y productivos.
Cuarto. Se exhorta al presidente de la república para que presente la definición clara y precisa de su gobierno respecto de los términos de referencia de la agenda para recuperar el crecimiento y el empleo y promover la igualdad y el bienestar, de modo que se dé certidumbre a la sociedad y estabilidad económica y política a la nación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2007.
Diputados: Alberto Amador Leal, Jorge Estefan Chidiac, Guillermina López Balbuena, Wenceslao Herrera Coyac (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE SE REALICE UN ACUERDO PEMEX-GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Y MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON INSTALACIONES DE LA PARAESTATAL, PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL, A CARGO DEL DIPUTADO ROBINSON USCANGA CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado Robinson Uscanga Cruz, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo para la realización de un acuerdo entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y el gobierno del estado de Veracruz y municipios que cobijan ese tipo de instalaciones, para el desarrollo económico, social y ambiental, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El estado de Veracruz es pieza fundamental en el desarrollo energético del país; actualmente, la entidad es la principal productora de petroquímicos básicos, el segundo en extracción de petróleo y gas.
Asimismo, tiene liderazgo en la construcción de plataformas petroleras e instalaciones portuarias especializadas para la importación de gasolinas.
Por su más de 14 mil kilómetros de ductos de gas, gasolina y otros productos, se abastecen refinerías, centros procesadores de gas, centros de venta localizados en otras regiones del país, además de fortalecerse día a día como mercado final de estos productos.
La importancia de Veracruz en este rubro es evidente si consideramos que en este territorio, Pemex cuenta con más de 350 instalaciones en 72 municipios y brinda ocupación directa a 50 mil trabajadores.
Sin embargo, a pesar de esta notoria contribución, el Estado de Veracruz no ha logrado construir una relación equilibrada que permita traducir la riqueza energética en desarrollo social y calidad de vida, en armonía con nuestro entorno natural.
En los últimos años, en territorio veracruzano se han acentuado accidentes y actos que han incrementado los pasivos ambientales de Pemex con la entidad y genera descontento de las comunidades que conviven con esta actividad.
Tan sólo durante 2007, en el estado de Veracruz se han registrado 12 siniestros, considerando derrames de gasolinas, petróleo, fugas de gas, combustóleo y las explosiones por actos de sabotaje ocurridas el 10 de septiembre; los municipios de Xalapa, Álamo, Cotaxtla, Alvarado, Minatitlán, Coatzacoalcos, Naranjos, Orizaba, Santiago Tuxtla, La Antigua, Actopan, Omealca, Nogales, Tihuatlán, entre otros, han sido testigos de esta realidad.
En este momento, México tiene la oportunidad histórica de revertir esta relación injusta, garantizar la seguridad e integridad de la población, y aprovechar la palanca del desarrollo energético en progreso y bienestar.
El futuro del país tiene en Veracruz a su principal aliado; los proyectos prioritarios en materia energética para los próximos años se encuentran en este territorio:
En explotación de gas: Lankahuasa, Playuela, Vistoso, Madera, Apertura.
En explotación de crudo: Paleocanal de Chicontepec
En petroquímica: la reconfiguración de la refinería Lázaro Cárdenas, en Minatitlán, y la ampliación de los crackers de los complejos La Cangrejera y Morelos, así como la nueva refinería en Tuxpan.
Estos proyectos permitirán canalizar varios miles de millones de dólares y generar efectos positivos en la actividad económica.
Para garantizar que esta inversión contribuya al desarrollo del país, resulta indispensable construir desde ahora un "Acuerdo" que refleje la agenda institucional de trabajo entre Pemex, el Gobierno del Estado de Veracruz y los municipios que cobijan este tipo de instalaciones, con compromisos reales y acorde a la contribución nacional.
El acuerdo que exhorto al honorable Pleno requiere incluir de manera expresa lo siguiente:
1. Recursos anuales para resarcir los pasivos ambientales y atender con urgencia el saneamiento de ríos y suelo en las zonas donde se han suscitado derrames y accidentes.
2. La auditoría ambiental y sustitución de ductos que pongan en riesgo la seguridad de las personas.
3. El financiamiento a la infraestructura carretera y social en los municipios que comprenden el Paleocanal de Chicontepec, región que registrará un incremento muy notorio en inversiones y actividad, y que paradójicamente es una de las más marginadas.
4. La reactivación de los llamados pozos cerrados y de explotación marginal bajo un esquema que permita al gobierno del estado y municipios participar y obtener ingresos para el desarrollo social.
5. La sinergia en la construcción de nuevas instalaciones estratégicas, tales como la nueva refinería posiblemente proyectada en Tuxpan y el desarrollo de instalaciones portuarias especializadas para la descarga de gasolinas que eleven la seguridad industrial y su eficiencia.
6. El pago de predial a municipios por concepto de instalaciones y traslado de dominio y otros impuestos como lo es el impuesto sobre nóminas.
Este acuerdo es posible y será positivo para el país; es el inicio de una relación y sinergia duradera, que promueva la inversión y modernidad, y que atienda los justos reclamos de la población.
Por las consideraciones expuestas, pongo a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Petróleos Mexicanos a suscribir acuerdo con el gobierno del estado de Veracruz y municipios que cobijan este tipo de instalaciones para el desarrollo económico, social y ambiental, en congruencia con los proyectos estratégicos e inversiones estipulados en dicho territorio.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 11 de octubre de 2007.
Diputado Robinson Uscanga Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 SE CONSIDERE UN AUMENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROÁRBOL, OPERADO POR LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, SUSCRITA POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ATENCIÓN A PUEBLOS QUE VIVEN EN EL BOSQUE
El suscrito, diputado Joel Guerrero Juárez, presidente de la Comisión Especial de Atención a Pueblos que Viven en el Bosque, de la LX Legislatura, a nombre de los integrantes de esta comisión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a las comisiones responsables de elaborar el dictamen del decreto de Presupuesto de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, para que incluyan dentro del Programa Proárbol operado por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), una bolsa de recursos exclusiva para apoyar a pequeños productores forestales con superficies de 0.5 a 3 hectáreas; que se incremente el presupuesto del Proárbol, cuando menos en un 30 por ciento más, para estar en condiciones de atender las solicitudes que quedaron pendientes este año; las reglas de operación de Proárbol incluyan conceptos de apoyo para la atención de restauración de las áreas forestales que resulten dañadas por fenómenos meteorológicos; se incluya un Programa Integral de Atención a Pueblos y Comunidades que Viven en el Bosque para el 2008 y se destinen mayores recursos para el manejo forestal comunitario, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
El pasado 20 de febrero del año en curso el presidente de la república presentó el Programa Proárbol, en Huimanguillo, Tabasco. Mediante este programa se pretenden plantar 250 millones de árboles durante 2007. Se entregarán subsidios a los pobladores de zonas boscosas y selvas, a fin de que se comprometan a reforestar sus comunidades y ejidos.
En la presentación de este programa y en otras ocasiones, el presidente de la república ha señalado que el "deterioro ambiental está directamente asociado a la miseria, a la falta de ingreso digno, especialmente en las comunidades indígenas y campesinas". Esto es correcto, pero sólo en un sentido: el daño ambiental si bien es generalizado, afecta más a los pobres dado que ellos dependen de manera más directa de los recursos naturales. Son ellos quienes viven en los bosques, en el campo, en zonas vulnerables y en las costas. Si los ecosistemas se degradan, ellos pasan de pobres a más pobres y damnificados ambientales. Pero en realidad el deterioro ambiental está directamente asociado al modelo de desarrollo industrial y al abandono en que se mantiene a las comunidades, legítimas dueñas de los recursos naturales del país.
Se dijo también que se invertirían en nuestros bosques y selvas de México más de seis mil millones de pesos tan sólo este año 2007 y que se iba a destinar a las zonas más pobres, para apoyar a cerca de 400 mil habitantes de ejidos y comunidades, pequeñas propiedades en la zonas de más alta marginación.
En este sentido el Programa Proárbol, a cargo de la Conafor, se ha constituido en el eje principal para impulsar el desarrollo forestal, incrementar la producción y productividad, elevar la competitividad del sector y promover el pago de servicios ambientales.
Para este año a través del Programa Proárbol, se estableció una meta de reforestación de 285 mil hectáreas, para lo cual al informe más reciente se han entregado a los beneficiarios más de 120 millones de árboles, en los 31 estados de la república y el Distrito Federal.
El Proárbol, a prácticamente un año de su operación, debe reorientar su estrategia y su enfoque. Es un acierto sin duda destinar más recursos para la conservación de los bosques a fin de contrarrestar los apoyos que promueven su conversión en potreros y tierras de cultivo, principal causa de la deforestación en México. Sin embargo, la operación de este programa debe reorientarse, particularmente en la categoría de reforestación, en la cual actualmente sus reglas de operación restringen el acceso a dueños y poseedores que no cubren una superficie mínima de 3 hectáreas, interpretando erróneamente que la reforestación en menos de esta superficie "no es reforestación".
En promedio, a nivel nacional los ejidatarios tienen 8.8 hectáreas. Sin embargo, en 12 entidades de la república (México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Aguascalientes, San Luis Potosí y Durango), la superficie promedio es mucho menor y, en consecuencia, la dificultad para acceder a los apoyos otorgados por el Proárbol se agudiza al tomar en cuenta que los predios están además fraccionados en varias parcelas.
En diversos espacios los diputados hemos recibido reiteradamente inconformidades de pequeños productores forestales, en el sentido de que las reglas de operación de Proárbol no les permite acceder a los apoyos que contempla ya que sólo considera a aquéllos productores con superficies superiores a las tres hectáreas. Cabe destacar que la propia Conafor admite la inoperancia y los problemas que plantean las reglas de operación de Proárbol.
Por otro lado es necesario prever una estrategia concreta para atender los daños que año con año se presentan en los recursos forestales debido a los fenómenos meteorológicos, como los huracanes, y que seguiremos teniendo. En este sentido, también Proárbol debe evolucionar y en la medida de sus alcances y objetivos, prever conceptos de apoyo y por tanto recursos que permitan atender de manera eficiente estas contingencias y realizar la restauración respectiva, en beneficios de las familias que viven del aprovechamiento forestal y en beneficio de los propios recursos naturales.
En esta comisión hemos trabajado en la búsqueda de mejorar las condiciones en que viven los pueblos del bosque así como aspectos relacionados con el medio ambiente, por ello el año anterior solicitamos que en el decreto de presupuesto de la federación se ampliaran los recursos destinados al sector forestal.
Asimismo hemos solicitado la modificación de las reglas de operación de los programas destinados a la atención del sector forestal así como la elaboración de un programa especial de atención a pueblos y comunidades que viven en el bosque lo que ya ha sido considerado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) quien ya está trabajando en el asunto, creemos que es necesario que se ponga en marcha para 2008.
En efecto, esta Cámara de Diputados aprobó para este año el mayor presupuesto para el cuidado y la preservación de nuestros recursos forestales, pero en esta comisión que presido estamos comprometidos con la evaluación de los resultados de Proárbol, por lo que hemos estado atentos a la operación de éste y creemos que los recursos aprobados deben llegar a todos aquellos ejidos y comunidades que tienen en sus manos 45 millones 500 mil hectáreas de bosques y selvas de nuestro país, que son los que realmente tienen la posibilidad de detener la deforestación y realizar una explotación sustentable de los recursos forestales.
A través del manejo forestal comunitario, las comunidades forestales han demostrado que cuando cuentan con los apoyos necesarios para hacer un buen manejo de sus recursos forestales, son una excelente opción para conservar los bosques y selvas de nuestro país, así como para incrementar posibilidades de empleo, hace crecer a las economías locales, aumentar la productividad, mejorar salarios, aprovechar racionalmente los recursos maderables y no maderables y evitar la migración. Por lo que es necesaria la ampliación de los recursos destinados a fomentar este tipo de manejo de nuestros recursos forestales.
Estamos convencidos de que sólo apoyando a las comunidades y ejidos que hacen un buen manejo forestal y extendiendo estas prácticas a todos los ejidos y comunidades forestales se podrá evitar la desaparición de nuestros bosques y selvas.
Es prioritario voltear la mirada a las áreas forestales de México que están habitadas por 13 millones 500 mil personas que incluyen 23 mil 111 ejidos y comunidades, con presencia de 43 etnias que se caracterizan por sus altos índices de marginación y pobreza. Para esta población, el desarrollo de las ocupaciones rurales no agrícolas, puede ser un factor importante para incrementar sus ingresos.
En este sentido, somos portadores del reclamo y la exigencia de aquellos productores que no han podido acceder a los recursos de Proárbol debido a que no cumplen con las restrictivas reglas de operación del programa y que se quejan fundadamente de que sólo se ha favorecido a productores con grandes superficies forestales, dejando fuera a aquellos productores que se mencionaron en el discurso presidencial de las zonas de alta y muy alta marginación.
Y por eso acudimos a esta tribuna para solicitar su apoyo y respaldar la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Uno. Se exhorta a las comisiones responsables de elaborar el dictamen del decreto de Presupuesto de Egresos la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, para que incluyan dentro del Programa Proárbol operado por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), una bolsa de recursos exclusiva para apoyar a pequeños productores forestales con superficies de 0.5 a 3 hectáreas.
Dos. Que se incremente el presupuesto del Proárbol, cuando menos en un 30 por ciento más, para estar en condiciones de atender las solicitudes que quedaron pendientes este año.
Tres. Que las reglas de operación de Proárbol incluyan conceptos de apoyo para la atención de la restauración de las áreas forestales que resulten dañadas por fenómenos meteorológicos.
Cuatro. Se incluya un Programa Integral de Atención a Pueblos y Comunidades que Viven en el Bosque para el 2008.
Cinco. Se destinen mayores recursos para el Manejo Forestal Comunitario.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2007.
Diputados: Joel Guerrero Juárez (rúbrica), presidente; Juan Victoria Alva (rúbrica), Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), secretarios; Othón Cuevas Córdova (rúbrica), María Dolores González Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Luis Xavier Maawad Robert (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), José Guadalupe Rivera Rivera (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez, Isael Villa Villa (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA QUE CREE UN GRUPO DE TRABAJO PARA INVESTIGAR EL FIDEICOMISO 5012-6, FERRONALESJUB, Y LA DESINCORPORACIÓN, EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSARIO IGNACIA ORTIZ MAGALLÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 44, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo para solicitar la integración de un grupo de trabajo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Con la reforma del artículo 28 constitucional y la publicación de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario en 1995, la empresa Ferrocarriles Nacionales de México dio inicio a su proceso de desincorporación y asumió la responsabilidad de preservar los derechos de los trabajadores que resultasen afectados con tal evento, resguardando la prestación vitalicia del pago por jubilaciones y pensiones.
2. El 19 de diciembre de 1997, con los recursos originados por la venta del Ferrocarril del Noreste, se constituyó entre Ferronales y Nacional Financiera el fideicomiso 5012-6, Ferronalesjub, el cual tiene como objeto fundamental: asegurar el uso de los recursos, exclusivamente para el pago de jubilaciones a los trabajadores de la extinta empresa Ferronales.
3. El 17 de diciembre de 1998 se realizó un primer convenio modificatorio del contrato de este fideicomiso afectándose a la cláusula cuarta, para establecer que "los recursos materia del fideicomiso
podrán destinarse al otorgamiento de créditos al gobierno federal".
4. El 30 de diciembre de 1998, Nacional Financiera y el gobierno federal celebraron contrato de crédito por el monto de 5 mil 720 millones 455 mil 331 Udi, equivalentes a 13 mil 500 millones de pesos, condicionado a 30 años y tasa de interés anual de 6.5 por ciento.
5. El 30 de diciembre de 1999 se realizó el primer estudio actuarial de este fideicomiso, resultando que el valor de las obligaciones de Ferronales ascendió a 16 mil 425 millones 114 mil 516 pesos, de lo cual se desprende una diferencia de 2 mil 895 millones 414 pesos que no se aportó al capital social.
6. El 9 de mayo de 2000 se llevó a cabo el segundo convenio modificatorio del contrato de fideicomiso, afectándose nuevamente la cláusula cuarta, para sustraer del capital social 345 millones 900 mil pesos para aportarlos a título gratuito al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana.
7. El 14 de julio de 2000, el Sindicato Ferrocarrilero y Nacional Financiera constituyeron el fideicomiso Stfrmjub 1181-7, para el pago por fallecimiento de los jubilados de Ferronales, constituido a costa de los recursos de Ferronalesjub. Mediante este nuevo fideicomiso, y de manera indebida, se deslindó a Ferronales a cuyo cargo estaba el pago del seguro de vida a los jubilados.
8. El 24 de agosto de 2000, el Consejo de Administración de Ferronales acordó la inclusión en el fideicomiso Ferronalesjub de 731 nuevos jubilados, personas no trabajadoras del organismo.
9. El 14 de septiembre de 2000, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para restablecer parcialmente el capital social del fideicomiso, se comprometió a entregar 498 millones de pesos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha dado cumplimiento.
10. El 26 de septiembre de 2000 se realizó el tercer acuerdo modificatorio del fideicomiso Ferronalesjub al que se integraron 16 anexos; en el cual se acreditaron órganos administrativos, gestión y enlace, prestaciones y descuentos sin el debido respaldo económico, desangrándose más a este fideicomiso.
11. El 5 de abril de 2001, Ferronales transmitió a título gratuito al fideicomiso Ferronalesjub 801 mil 536 acciones de Transportación Ferroviaria Mexicana, las que sin embargo carecen de dividendos preferentes y liquidez económica, por lo que no causan efectos económicos favorables al fideicomiso.
12. El 4 de junio de 2001 se publicó el decreto de extinción de Ferronales, en cuyo artículo 4o. se señala: "En toda época, el gobierno federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados de los Ferrocarriles Nacionales de México. En caso de que el fondo de jubilaciones sea insuficiente".
13. En 2002, el Órgano Interno de Control de Nacional Financiera realizó una auditoría al fideicomiso Ferronalesjub, para verificar las funciones de la Coordinación Ejecutiva del fideicomiso. De ahí se desprendieron 21 observaciones sobre irregularidades de carácter financiero.
14. En 2002 se realizó el segundo estudio actuarial de Ferronalesjub, que determinó un faltante en el capital social de 5 mil 742 millones de pesos, observando que tampoco se han realizado aportaciones al capital social.
15. El 5 de julio de 2005, la Auditoría Superior de la Federación realizó la evaluación de la gestión presupuestaria y financiera del fideicomiso 5012-6 Ferronalesjub, citando en su página 454: "De la proyección realizada se desprende que, al ritmo actual, para 2012 se habrá agotado el patrimonio del fideicomiso".
16. En diciembre de 2005 se elaboró el tercer estudio actuarial de Ferronalesjub, donde se especifica que se requieren recursos adicionales por 13 mil 428 millones de pesos, para cubrir el déficit del capital social del fideicomiso.
17. El 30 de junio de 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo relativo a los fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades con registro vigente, informó respecto a Ferronalesjub que tiene un padrón de 44 mil 641 jubilados, ingresos por 74 millones de pesos y egresos por mil 298 millones de pesos.
18. Se anexan documentos que detallan y apoyan el contenido de la presente proposición con punto de acuerdo.
Desde hace varias legislaturas, en ambas Cámaras del Congreso de la Unión se han formulado proposiciones que se dirigen a buscar la solución de la problemática por la que atraviesan los trabajadores jubilados y pensionados de Ferronales, que ha quedado expuesta en las demandas interpuestas y, resoluciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que exigen la reestructuración del fideicomiso referido para que atienda de manera exclusiva el pago de jubilaciones y pensiones y se terminen las erogaciones por otros conceptos que afecten el patrimonio de Ferronalesjub.
Asimismo, se requiere conocer con amplitud el avance del proceso de liquidación de Ferronales, otorgándole la debida transparencia al proceso de desincorporación y liquidación de los activos y remanentes.
Por lo expuesto, someto a consideración de la honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a crear un grupo de trabajo plural encargado de investigar el fideicomiso 5012-6 Ferronalesjub (los tres convenios modificatorios, las aportaciones al capital social, faltantes al mismo con respaldo en diversos estudios actuariales, préstamos, donaciones, intereses, inversiones y pérdidas en unidades de inversión, Udi y moneda nacional, aportaciones, entre otros), así como el proceso de desincorporación, extinción y liquidación del organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México en la medida que sea necesario para la investigación del fideicomiso en cuestión.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados a instruir al órgano técnico de fiscalización para dar continuidad a los procedimientos para la realización de una auditoría especial para determinar la existencia de presuntos actos de violación a las disposiciones legales que normen la actuación del fideicomiso 5012-6, denominado "Ferronalesjub", y en su caso informar a la Junta de Coordinación Política sobre las acciones que se ha motivado de las observaciones o de las responsabilidades fincadas.
Palacio Legislativo, a 11 de octubre de 2007.
Diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR AL TITULAR DE LA SEGOB PARA QUE ACTUALICE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDEN, A CARGO DE LA DIPUTADA SARA LATIFE RUIZ CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite formular ante este honorable Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Considerandos
Es de todos conocido que México es un territorio sísmico, ubicado entre las cuatro de las seis regiones generadoras de huracanes del mundo, lo cual ha su vez genera que se padezcan grandes inundaciones, así mismo, cuenta con 16 volcanes activos, además de ser proclive a los incendios forestales.
Los diversos desastres de tipo meteorológico que han afectado a México son predominantemente: huracanes, lluvias torrenciales, granizadas, heladas y sequías.
De acuerdo con investigadores de la UNAM, en los últimos 20 años el país ha enfrentado gravísimos desastres como son: el terremoto de 1985, el huracán Gilberto, en 1988; los incendios forestales en 1988; el huracán Paulina, en 1999; el huracán Keith, en 2000 y las inundaciones en diversos estados del centro y sur del país en 2003. En consecuencia, las entidades más afectadas en los últimos años por los desastres naturales son, entre otras: Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Nayarit, Quintana Roo y Chihuahua.
Los huracanes que afectaron territorio mexicano durante el periodo de 1990-2006 fueron los siguientes: Lidia, en 1993; Roxana, en 1995; Paulina, en 1997; Isidoro, en 2002; Kenna, en 2002, Emily, en 2005; Stan y Wilma, en 2006; y, el más reciente, Dean, en 2007. En cuanto a los volcanes, de acuerdo con el Cenapred, los que están en actividad son: Tres Vírgenes, en Baja California Sur; Bárcena y Everman, en las islas Revillagigedo; Ceboruco y Sangangüey, en Nayarit; La Primavera, en Jalisco; el volcán de Colima, en la frontera de Jalisco y Colima; Paricutín y Jorullo, en Michoacán; el Xitle, en el DF; el Popocatépetl, en Puebla; Los Humeros y Pico de Orizaba, en Puebla y Veracruz; San Martín Tuxtla, en Veracruz, y Chichonal y Tacaná, en Chiapas.
Asimismo, se estima que en México durante los últimos 20 años, los fenómenos hidrometeorológicos, geológicos e incendios han arrojado aproximadamente 10 mil 100 personas fallecidas, con un costo económico que alcanza la suma de 10.3 mil millones de dólares, es decir, en promedio 500 personas fallecidas anualmente y un monto de pérdidas de alrededor de 500 millones de dólares.1
Por otra parte, de acuerdo con cifras proporcionadas por la organismos especializados en la materia y aseguradoras internacionales, los desastres naturales se han multiplicado considerablemente en el mundo durante los últimos años, en este sentido es importante señalar que México es considerado como zona de alto riesgo debido a los constantes fenómenos hidrometeorológicos que atraviesan por sus costas así como por el peligro latente que representan los sismos en nuestro territorio.
A pesar de que México es considerado como uno de los países que más ha avanzado institucionalmente en la forma de afrontar los efectos económicos y sociales que dejan a su paso los diferentes fenómenos naturales, al constituir hace ya más de 5 años el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), el cual tiene como finalidad, atender los efectos de Desastres Naturales, imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de la dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas, sin embargo a pesar de que las reglas de operación del Fonden han mostrado avances significativos, también estas muestran claras carencias y deficiencias, por lo que deberán de fortalecerse en beneficio de las mexicanas y los mexicanos.
Cabe mencionar que el Fonden no financia totalmente el costo de las catástrofes, es un mecanismo complementario de los recursos que deben aportar los gobiernos estatales y municipales para completar el costo de los rescates, sin embargo es importante señalar que los recursos obtenidos de este fondo son esenciales en la reconstrucción y recuperación económica de las entidades afectadas por algún fenómeno natural.
En este sentido, es preciso citar, que si bien el Fonden ha sido un instrumento importante en la recuperación de los estados que han sido afectados por algún fenómeno natural, también ha presentado constantes irregularidades tanto en la aplicación como en la asignación de recursos, ya que como es de todos conocido, cada vez que es necesario hacer uso de los recursos del Fonden para asistir a las entidades afectadas, estos, no llegan a tiempo o simplemente no llegan, lo cual sólo refleja graves problemas estructurales y operacionales en las reglas de operación del programa, como en la incapacidad y deshonestidad mostrada por autoridades encargadas de aplicarlo.
Para sustentar lo anteriormente mencionado, me permitiré mencionar de forma breve algunos acontecimientos que dejan en claro estas afirmaciones:
Durante el 2003 varias entidades se quejaron de la entrega ineficiente de recursos por parte del Gobierno Federal, de los cuales destacaron, de Baja California, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Veracruz y Zacatecas, entidades afectadas por desastres naturales a los que los recursos les llegaron con meses de demora y en algunos casos los obtenidos fueron insuficientes debido al desvío.
Otro ejemplo contundente, que deja en claro las irregularidades del Fonden, fueron las suscitadas en el estado de Colima, donde los recursos de urgencia para atender las necesidades sociales que dejó el sismo que cimbró a Colima en enero de 2003, llegaron un año después.
Sin dejar de mencionar los recientes acontecimientos en los estados de Veracruz, Yucatán e Hidalgo, los cuales han presentado problemas en los mecanismos de evaluación de daños para la entrega de los recursos del Fonden.
Sin duda alguna, resulta alarmante que un fondo creado para ayudar de forma oportuna y expedita a resarcir los daños ocasionados en las diferentes entidades federales por un fenómeno natural sea manejado de forma tan ineficiente y con tintes partidistas, ya que los únicos afectados, como siempre, son los habitantes de las regiones dañadas.
En este sentido, el Grupo Parlamentario del PRI se manifiesta enérgicamente, por que se vigile que la implementación de las reglas de operación del Fonden, no se conviertan en un laberinto lleno de enredos burocráticos, como lo han sido hasta el día de hoy, ya que ante situaciones de catástrofe actúa con lentitud, retrasando la fluidez de los recursos, agravándose así el problema, que de por sí, por su carácter ya es serio y en algunos casos de fatales consecuencias.
En virtud de lo anteriormente expuesto, hago un llamado a las autoridades correspondientes, a no actuar con negligencia, para evitar agravar más la deteriorada calidad de vida de los afectados, eficientando los mecanismos de operación del Fonden, con la finalidad de que los recursos proporcionados por este lleguen a su destino a la brevedad.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que se adopten las medidas conducentes a fin de que instruya al titular de la Secretaría de Gobernación con objeto de que con la mayor brevedad se revisen con detenimiento las reglas de operación del Fonden, en lo que respecta al numeral 3 fracción XXII, con la finalidad de que en todo momento el dictamen de la entidad federativa afectada, sea considerada por los comités de evaluación de daños, así como la inclusión de las mismas en dichos comités.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que instruya al titular de la Secretaría de Gobernación, con la finalidad de que se realice el estudio pertinente para la modificación de los tiempos de solicitud de declaratoria de emergencia o de desastre, así como de la entrega de los dictámenes de evaluación.
Nota:
1 Entrevista con el doctor Daniel Bitrán Bitrán, investigador UNAM, autor de "Características del impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México en el periodo 1980-1999", El Heraldo, 3 de octubre, 2005.
Diputada Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA ATENDER LAS ZONAS DE MAYOR MARGINACIÓN DE GUERRERO, OAXACA Y CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO MODESTO BRITO GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los que suscribimos, diputados federales del Grupo Parlamentario del PRD, integrantes de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante el Pleno de esta soberanía al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Que históricamente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se han concentrado los más altos niveles de pobreza y marginación. Teniendo como consecuencia la exclusión de millones de mexicanos como producto de la aplicación de políticas erróneas y fracasadas en sus intenciones. Impidiendo que el progreso social y económico se manifieste de manera permanente. Situación que se refleja, entre otras cosas, al vivir en la zona rural de estos estados la mayoría de sus habitantes.
Siendo la montaña de Guerrero, la región en la cual aún se encuentran los municipios más pobres de América Latina, como el caso de Metlatonoc y Malinaltepec.
Segunda. Que hoy es imperativo construir las condiciones para el desarrollo con beneficio social, propiciando con su aplicación el crecimiento económico equitativo entre los estados de la federación. Reconocemos, que uno de los instrumentos para construir las nuevas condiciones, es la revisión estructural de las denominadas políticas públicas hacia los estados en comento.
Tercera. Es sabido por todos, que para elevar de manera sostenida el nivel de alimentación e impactar en el nivel de vida de la población rural y pobre, requieren de acciones contundentes y racionales, basadas en la definición por objetivos, concretando el buen uso de los recursos públicos. Guiados por el proceso de planeación, por la organización de las comunidades, el fomento de la economía rural y de la capacitación de sus integrantes y la asistencia técnica permanente, el auxilio para la comercialización de los productos y su abasto micro regional y regional. En suma, la revisión de la política rural, deberá redundar en la transformación productiva de estas entidades.
Asimismo, se reconoce que es de importancia fundamental la incorporación de tecnologías sustentables, para la producción de alimentos, que garanticen la seguridad alimentaria y la soberanía, preservando nuestros recursos naturales, para las actuales y próximas generaciones. Entendiendo que este objetivo no se podrá lograr sin la participación conciente de los habitantes de las comunidades rurales.
Omitir esta responsabilidad tiene implicaciones históricas sobre el futuro nacional.
Cuarta. Que el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, en el apartado del programa especial concurrente para el desarrollo rural, esta honorable asamblea, en uso de sus facultades plenas, estableció recursos extraordinarios e indispensables e insuficientes, por el orden de 600 millones de pesos, para aplicarse por medio del subprograma de desarrollo rural de la Alianza para el Campo, siendo la responsable administrativa de su ejecución la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. El ejercicio íntegro de estos recursos se turnaron al programa especial de seguridad alimentaria.
Asimismo, se asignaron 450 millones de pesos de manera extraordinaria, al programa de conservación y restauración de los ecosistemas forestales, a cargo de la Comisión Nacional Forestal, y 300 millones de pesos adicionales para la instalación y operación de viveros, así como para producción de plantas.
Quinta. Es importante reconocer, que este gasto de recursos públicos en su aplicación durante el Ejercicio Fiscal de 2007, ha permitido diseñar una estrategia regional e integral, para impactar directamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de las zonas rurales. Estableciéndose como una atinada idea que propició resultados positivos de diverso tipo.
Sin embargo, para el Ejercicio Fiscal de 2008, es indispensable establecer la asignación de recursos públicos a esta iniciativa de gasto regional, que siente las bases para una asignación multianual de desarrollo estratégico de carácter regional, impactando positivamente en las condiciones de vida de alimentación producción y sustentabilidad ambiental. El sur, no puede y no debe seguir estando en rezago recurrente. No se plantea una dádiva, se exige un derecho a la federación.
Sexta. Que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar, anualmente, el Presupuesto Egresos de la Federación, previo examen, discusión y en su caso modificación, del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones.
Y que en el Senado de la República, los legisladores de diversos partidos, por diversos medios, han solicitado asignar una partida especial a los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Solicitud que puede ser atendible por esa soberanía.
Que la Hacienda Pública Nacional, contará con más de 100 mil millones de pesos por ingresos adicionales por las recientes materias hacendarias aprobadas.
Que la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece: "Que a toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto".
Por los anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Que es indispensable continuar con la asignación de recursos públicos para los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, por medio de un programa especial. Que determine como uno de sus objetivos la soberanía y seguridad alimentaría y el desarrollo sustentable de la región.
Segundo. Con el fin de atender de manera integral a las zonas de mayor marginación en las entidades federativas del sur del país y continuar con esta política, iniciada en el año 2007, se propone destinar para Guerrero, Oaxaca y Chiapas, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, recursos públicos por el orden de 1 mil 200 millones de pesos, dentro del subprograma de desarrollo rural de Alianza para el Campo, a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para ser ejercido por medio del programa especial para la seguridad alimentaria.
Tercero. Con el fin de recuperar el macizo boscoso, en las zonas de mayor marginación de las entidades federativas del sur del país se asignará, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, para el desarrollo regional, en los estados de Guerrero, Oaxaca, y Chiapas 900 millones de pesos al programa pro árbol, a cargo de la Comisión Nacional Forestal, cuyo objetivo es apoyar la reestructuración de los ecosistema, incluyendo la producción de germoplasma y la producción de plantas, con fines de restauración y producción forestal, así como el apoyo al establecimiento de plantaciones forestales y rehabilitación de caminos.
Cuarto. Derivado de las condiciones de restricción presupuestal que enfrentan estos estados, dichos recursos de ejecución federalizada se asignarían en partes iguales, sin necesidad de aportación estatal contrapartida; asimismo, los recursos se obtendrán de la nueva recaudación provocada por las recientes reformas tributarias al marco de la hacienda pública.
Se solicita respetuosamente se turne a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y Desarrollo Rural.
Dado en el Palacio Legislativo, a 11 de octubre de 2007.
Diputados: Modesto Brito González (rúbrica), Víctor Aguirre Alcalde, Amador Campos Aburto, Cuahutémoc Sandoval Ramírez, Evodio Velázquez Aguirre, Marcos Matías Alonso, César Flores Maldonado, Ramón Almonte Borja (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez, Daniel Torres García, Carlos Sánchez Barrios, Humberto Zazueta Aguilar.
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR EN MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA YOLANDA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada Yolanda Rodríguez Ramírez, a nombre de los diputados Patricio Flores Sandoval, Juan Carlos Velasco Pérez y de las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
1. En los últimos años, se han aprobado diversas leyes y se han implantado programas y acciones afirmativas para favorecer la igualdad entre las mujeres y los hombres y evitar la violencia y la discriminación entre los géneros. En este sentido, el ámbito laboral ha jugado un papel preponderante en el avance de la equidad de género. La incorporación masiva de las mujeres a la fuerza de trabajo es un fenómeno que se ha generalizado en el contexto mundial. Sin embargo, el protagonismo adquirido por las mujeres en el ámbito público no ha tenido su contraparte, en la esfera doméstica y familiar el hombre no ha participado de igual manera, se encuentra alejado de un compromiso que debería entenderse como fruto de una evolución natural y en consonancia con los tiempos. Esto ha traído como consecuencia una sobrecarga de trabajo para las mujeres, que está pasando incluso factura a su salud.
2. Históricamente, es inexacto el estereotipo que tenemos de que las mujeres se dedicaban en años anteriores, fundamentalmente, al trabajo del hogar. Las primeras investigaciones sobre trabajo femenino en Latinoamérica, de investigadoras como Hellen Safa, María Mies en Latinoamérica y la India y Lourdes Arizpe en México, indican que las mujeres siempre han contribuido también, de manera muy importante, sobre todo en los países subdesarrollados, a la actividad económica. Las mujeres pobres urbanas, no podían darse el lujo de dedicarse únicamente al trabajo doméstico, participaban arduamente en las actividades agrícolas, eran bordadoras, artesanas, inclusive recolectoras y comerciantes.
No obstante lo anterior e independientemente de la variación de las actividades domésticas en cada cultura; la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo es a través de actividades que parecieran ser extensiones de los trabajos domésticos. Pues en la mayoría de los casos se les contrata para puestos de enfermeras, cocineras, sirvientas, limpieza de casas, establecimientos u hoteles.
3. En la actualidad, la participación económica de las mujeres mayores de 25 años es cada vez más relevante. Las mujeres ya no abandonan sus empleos cuando se unen conyugalmente o tienen sus primeros hijos, como ocurría décadas atrás. Sin embargo, la actividad económica de las mujeres casadas es todavía inferior a la de mujeres solteras, separadas y divorciadas. En las últimas dos décadas, las mujeres han aumentado de manera significativa su presencia en la actividad económica.
En el año 2000, aproximadamente 36 por ciento de las mujeres mayores de 12 años participaban en el mercado de trabajo en el país y 42 por ciento en el Distrito Federal; pero la participación laboral de las mujeres se seguía concentrando en unas cuantas actividades. Según las encuestas de empleo llevadas a cabo recientemente, el 9 por ciento de las trabajadoras mexicanas son comerciantes y vendedoras, 15 por ciento artesanas y obreras, 13 por ciento oficinistas y 12 por ciento trabajadoras domésticas.
A pesar de esto, en México aún se percibe que la relación mujer-trabajo se construye en función de las necesidades familiares y pocas veces está presente un proyecto personal, pero es una realidad que el trabajo femenino tiene carácter cada vez más permanente y creciente y se percibe un alto grado de compromiso con la actividad económica, superando este compromiso en muchas ocasiones al trabajo de los varones.
4. La necesidad de mejores condiciones de vida implica el incremento de las jornadas laborales, lo que trae como consecuencia la incompatibilidad de la vida laboral y la vida familiar. La realidad del trabajo de la mujer hace necesario configurar nuevos sistemas que contemplen las nuevas relaciones sociales surgidas y un nuevo modo de cooperación y compromiso entre géneros, que permita un reparto equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y en la privada.
Las estadísticas muestran una realidad injusta y discriminatoria, donde las mujeres además de su trabajo remunerado, realizan la mayoría de los trabajos domésticos, incluida la educación de los hijos y el cuidado de adultos dependientes. Según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, realizada en el 2002, por el INEGI y el Inmujeres, revela que los hogares mexicanos destinan 68 horas a la semana al trabajo doméstico. Las mujeres aportan 85 por ciento del tiempo total de trabajo doméstico y los hombres un 15 por ciento. Las mujeres destinan en promedio 14 horas a la semana exclusivamente al cuidado de niños y otros miembros del hogar, en cambio los varones contribuyen con 7.6 horas. Los hombres dedican en promedio 22 horas a la semana al esparcimiento y convivencia social y las mujeres 20 horas.
5. La necesidad de conciliar las actividades laborales y el contexto familiar, es un tema que ha comenzado a considerarse en las prioridades de la sociedad, reflejo de ello son los textos normativos elaborados por la Unión Europea. España cuenta con una ley concreta para abordar este tema. Sin embargo, la legislación no es suficiente. Es necesario un cambio de mentalidad en la población, porque la conciliación no es una cuestión exclusiva de las mujeres. Ejemplo de esto fue la IV Conferencia Mundial, celebrada en Pekín en la que se consideró como objetivo estratégico, fomentar una armonización de responsabilidades laborales y familiares entre hombres y mujeres.
6. La organización del tiempo de los hombres está supeditado a su horario laboral. Mientras, las mujeres, tengan o no empleo, deben adaptar su tiempo al de los demás miembros de la familia. En el ámbito doméstico el tiempo está organizado en función de las necesidades resto de los miembros de la familia, es regalado y, por tanto, no está puesto a la venta. Por el contrario, el tiempo en la esfera laboral se vende a cambio de un salario, hay una clara diferenciación entre el tiempo dedicado al empleo y al ocio, y es la persona la que organiza su propio tiempo.
7. Conciliar la vida laboral y familiar no es problema privado, es un tema de la sociedad. La conciliación requiere medidas de mayor conciencia y sensibilización, de destino de recursos; esto hace necesaria la participación del gobierno con la sociedad, mediante creación de convenios de colaboración, programas, recomendaciones, medidas y directrices que permitan a mujeres y hombres conciliar sus obligaciones profesionales y familiares. Un modelo de vida donde mujeres y hombres se relacionan desde la igualdad es beneficioso para la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través del Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, y de manera conjunta con la Cámara de Diputados, se implanten acciones y convenios de colaboración a nivel nacional para desarrollar la conciencia y sensibilizar a la población, sobre la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las familias mexicanas. Además de la aplicación de medidas concretas que lleven al logro de este objetivo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2007.
Diputados: Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), Alfredo Barba Hernández (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), María de Carmen Pinete Vargas (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), Aracely Escalante Jasso (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), Elda Gómez Lugo (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale (rúbrica), Arely Madrid Tovilla, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Elizabeth Morales García (rúbrica), María Beatriz Pagés Llergo Rebollar (rúbrica), Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz, Patricia Villanueva Abraján (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2008 SE CONSIDEREN RECURSOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO A SAN MATEO TENUCHI, EN SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAXACA, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE SOCORRO FLORES SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada federal Guadalupe Socorro Flores Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, en razón de la siguiente
Exposición de Motivos
El municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Oaxaca, fue fundado, según sus tradiciones, en el siglo XIV, en el lugar que hasta la fecha existe, nombrado Tecomaxtlahuaca El Viejo, pueblo sumamente antiguo; se considera que fue el más grande por su número de habitantes y aún en la actualidad se hallan vestigios de muchos edificios llamados momoxtles y tetales. Sus poblados se encuentran fundados desde el siglo XV, por lo que reviste una importancia histórica en el estado.
Se localiza en la parte noreste del estado, contando con una extensión total de 369.99 kilómetros cuadrados. La orografía de sus montañas llega a tener una elevación máxima de 2 mil 500 metros sobre nivel del mar. Sus recursos naturales permiten la explotación de madera y explotación minera ya que la región es montañosa. La población que habita la zona es del grupo étnico mixteco, y de acuerdo con los resultados del segundo Conteo de Población y Vivienda de 2005, la población en el municipio es de 6 mil 916 habitantes.
Las condiciones de educación, salud, abasto, deporte, vivienda y servicios públicos son realmente precarias, ya que la región se encuentra en límites con el estado de Guerrero, donde se localizan los municipios más pobres del país. La infraestructura en comunicación es escasa y muy precaria en el municipio.
Ochenta por ciento de la población se dedica a la agricultura, se produce maíz, chile, frijol, papa, alfalfa, hortalizas y frutales. La ganadería se da a muy poca escala, sólo de 5 por ciento, ya que en esta actividad solamente es de traspatio. El restante 15 por ciento de la población se dedica a la tala de montes con técnicas muy rudimentarias, de la cual en su mayoría extraen tablas, polines, vigas, duelas y otras más y el comercio de productos de primera necesidad es en pequeña escala.
La configuración topográfica de San Sebastián Tecomaxtlahuaca determina que las comunicaciones se limiten en la mayor parte a caminos de terracería y veredas que enlazan a la cabecera municipal con sus comunidades y rancherías. Tanto el municipio de San Sebastián en su conjunto como la comunidad de San Mateo Tunuchi presentan elevados índices de marginación y bajos índices de desarrollo humano, que ameritan urgentemente inversiones en educación, en salud y en infraestructura de comunicaciones y transportes para romper el círculo vicioso de pobreza en el que viven sus habitantes. Una estrecha carretera de dos carriles une a San Sebastián Tecomaxtlahuaca y a San Mateo Tunuchi con puntos importantes de la mixteca oaxaqueña: Santiago Juxtlahuaca (cabecera de distrito) y Huajuapan de León. A partir de dichos puntos es posible acceder a Oaxaca (vía Huajuapan o Tlaxiaco) y a la Ciudad de México (vía Cuautla o Tehuacán).
El Consejo Nacional de Población define de la siguiente manera el índice de marginación: de la que destacan cuatro dimensiones: educación, viviendas, ingresos y distribución de la población y nueve indicadores: analfabetismo, población sin primaria completa, ocupantes en viviendas sin agua entubada, ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario, ocupantes en viviendas con piso de tierra, ocupantes en viviendas sin energía eléctrica, ocupantes en viviendas con hacinamiento, población ocupada que gana hasta dos salarios mínimos y población en localidades con menos de 5 mil habitantes.
En claro contraste con otros municipios, por ejemplo, el municipio de la ciudad de Oaxaca de Juárez, se concluye con base en datos oficiales que San Sebastián Tecomaxtlahuaca es un municipio de alta marginación: la población analfabeta de 15 años o más es de 39.14 por ciento, cuando en la ciudad de Oaxaca es de únicamente 5.31 por ciento; la población sin primaria completa de 15 años o más es del 36.21 por ciento; los ocupantes en viviendas sin drenaje es de 71.85 por ciento; los ocupantes de viviendas sin servicio sanitario exclusivo es de 24.33 por ciento; el porcentaje de ocupantes en viviendas sin electricidad es de 12.97 por ciento; las viviendas sin agua entubada es de 27.39 por ciento.
La marginación en San Mateo Tunuchi es más aguda y pronunciada que en San Sebastián Tecomaxtlahuaca en su conjunto: el porcentaje de población analfabeta de 6 a 14 años es de 20.57 por ciento; población analfabeta de 15 años o más es de 46.04 por ciento; población sin instrucción de 15 años o más es de 44.55 por ciento; ocupantes en viviendas sin drenaje es de 99.5 por ciento; ocupantes en viviendas sin baño exclusivo es de 100 por ciento; ocupantes en viviendas con piso de tierra es de 83.95 por ciento y, por último, 86.77 por ciento de la población ocupada percibe hasta dos salarios mínimos. En suma, San Mateo Tunuchi es una comunidad de alta marginación, igual que el municipio a que pertenece, e incluso la marginación es todavía más elevada.
Dado el alto índice de marginación y el bajo índice de desarrollo humano de San Sebastián Tecomaxtlahuaca y sobre todo de San Mateo Tunuchi, la inversión por parte de las instancias oficiales correspondientes a educación y a salud es indispensable para romper el círculo vicioso de pobreza y marginación en el que viven sus habitantes. Asimismo, la inversión en infraestructura de comunicaciones y transportes es indispensable para comercializar la producción agrícola de las comunidades del municipio en cuestión, ya que muchas familias que habitan en las rancherías de San Mateo Tunuchi se dedican al cultivo del maíz para la venta, y desafortunadamente no pueden transportarla a los mercados de Huajuapan o de Juxtlahuaca por lo accidentado de los caminos de terracería de que disponen.
San Mateo Tunuchi, como la mixteca oaxaqueña en general, se ve sumergido en un círculo vicioso y complejo de pobreza y marginación, tanto por aspectos culturales como por aspectos demográficos y económicos que se entrelazan y refuerzan entre sí. En igual sentido, destaca un "círculo vicioso demográfico" por lo elevado de la tasa de natalidad. En San Mateo Tunuchi, la mayoría de las parejas llegan a tener entre 5 y 7 hijos; esta alta tasa de natalidad genera falta de oportunidades en el desarrollo comunitario y a su vez esta problemática impide el control de la natalidad. Por otra parte, se genera el "círculo vicioso económico" que se explica por la escasa producción laboral, resultado de la falta de formación personal, que se traduce en bajos salarios.
Los bajos niveles de escolaridad, la deficiente atención de la salud y la mala alimentación que prevalecen en San Sebastián Tecomaxtlahuaca y de manera particular en San Mateo Tunuchi, se expresan en baja productividad laboral y en bajas remuneraciones salariales que impiden a las familias invertir en educación, en atención a la salud y en una buena alimentación, esta situación provoca a su vez baja productividad laboral encerrando a la economía en un círculo vicioso de pobreza que se retroalimenta y acrecienta.
La construcción de un tramo carretero de 18 kilómetros de distancia entre los poblados de la comunidad de Arroyo Seco a San Mateo Tunuchi permitirá unir a diversas comunidades, de las cuales se beneficiaran a más de 4 mil habitantes de 15 poblados y rancherías.
La propuesta busca impulsar el desarrollo de esa región a través de políticas públicas que incidan en la educación y en la salud, y sobre todo con una infraestructura adecuada y eficiente de comunicaciones y transportes, por medio de caminos y accesos que permitan a estas comunidades salir del atraso ancestral en que por años han vivido. Aunado a ello, uno de los pendientes que como país tenemos es el progreso y bienestar de las mujeres y de los hombres que viven en el campo.
En razón de lo expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita respetuosamente a las Comisiones de Comunicaciones, de Presupuesto y Cuenta Publica, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a que en el marco del análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, se consideren y se etiqueten 30 millones de pesos para la construcción de un tramo carretero de la comunidad de Arroyo Seco a San Mateo Tunuchi, en San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Oaxaca.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2007.
Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES A DESTINAR DE MANERA PRIORITARIA A LOS MUNICIPIOS MÁS REZAGADOS DE SUS ESTADOS LOS RECURSOS EXCEDENTES POR CONCEPTO DE GASOLINA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CÉSAR DUARTE JÁQUEZ E ISMAEL ORDAZ JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, César Duarte Jáquez e Ismael Ordaz Jiménez, diputados federales de la LX Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los pasados 13 y 14 de septiembre los diputados y senadores aprobamos la denominada reforma fiscal que buscan impulsar un sistema fiscal más justo y equitativo, buscando un fortalecimiento de las haciendas públicas estatales con nuevos ingresos.
Dentro de las reformas realizadas se encuentra la que tiene que ver con el fortalecimiento del federalismo fiscal. En las consideraciones del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que tiene como origen una propuesta del Ejecutivo federal, derivada de una amplia consulta realizada con gobernadores, legisladores y servidores públicos de las diversas haciendas públicas, se plantean modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, referente a las conformaciones de las recaudaciones federales participables, a la recaudación sobre la aplicación de cuotas del impuesto especial sobre producción y servicios, el establecimiento de dos nuevos fondos de compensación que buscan promover un desarrollo mas balanceado entre los estados, expresados en el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, para los estados donde se extrae petróleo, así como en el Fondo de Compensación para las entidades con menor producto interno bruto per cápita no minero y no petrolero, al cual se les asignarán recursos del nuevo impuesto a la gasolina. La distribución de este impuesto será en casi un 80 por ciento con base en el consumo de los estados y el resto serán canalizados a un Fondo de Compensación para los menos desarrollados.
Por otro lado, se destaca la abrogación, para el 1 de enero de 2012, de la Ley de Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
En este sentido, dentro de los asuntos más relevantes aprobados en la reforma se plantea el otorgamiento de nuevas potestades tributarias a las entidades. En general, el paquete que conforma la reforma de la hacienda pública, se estima, que a finales de sexenio, contribuya al crecimiento del producto interno bruto nacional de 3 por ciento, de los cuales 1 por ciento irían a las arcas estatales y 2 por ciento a las federales.
Ésta, desde nuestro punto de vista, es una de las principales contribuciones de la reforma, la búsqueda responsable de recursos y la fiscalización de estos, para destinarlos, fundamentalmente, a cubrir las necesidades de las zonas más pobres del país.
La posibilidad de que, a través de la aprobación de los congresos locales, los gobiernos estatales cuenten con recursos adicionales para combatir los rezagos mas profundos expresados en las comunidades mas pobres y olvidadas de nuestro país, contribuye a la descentralización y reconoce que los legislativos y ejecutivos estatales cuentan con una perspectiva mas real de las problemáticas que mas aquejan a sus comunidades.
Establecer contrapesos efectivos y funcionales, entre estados y gobierno central, que se reflejen, primordialmente en obras públicas y programas que, concebidos, planeados y ejecutados desde su lugar de origen, ofrezcan alternativas viables para la población más vulnerable, aquella que necesariamente necesita del apoyo del Estado para equilibrar su sobrevivencia, aquella con la cual los partidos políticos, los gobiernos y los congresos debemos estar más comprometidos.
Como diputados tenemos el gran privilegio y le enorme responsabilidad de discutir, aprobar y en su caso adecuar, la manera en que el Estado mexicano gastara el Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio que se determine, esa misma facultad la ostentan nuestras contrapartes de las legislaturas locales, es por ello que nos pronunciamos porque esta soberanía emita un respetuoso exhorto a los congresos estatales para que seamos solidarios con la gente que menos tiene y aprueben y supervisen que los recursos excedentes por el impuesto federal a la gasolina y el diesel se aplique de manera puntual y responsable por los ejecutivos locales, a la solución de las necesidades más apremiantes de los municipios con indudable pobreza y marginación relativas a infraestructura hidráulica, drenaje, electricidad, calles alumbradas y pavimentadas, vivienda, caminos rurales etcétera. Por esta razón nos permitimos proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución, de la siguiente forma
Artículo Único. Se exhorta respetuosamente a los congresos estatales a que durante la aprobación de sus respectivos presupuestos prioricen y supervisen que los recursos excedentes por el impuesto federal a la gasolina y el diesel se apliquen de manera puntual, solidaria, responsable y transparente por los Ejecutivos locales a la solución de las necesidades indudablemente apremiantes de los municipios más pobres, relativas a infraestructura hidráulica, drenaje, electricidad, calles alumbradas y pavimentadas, vivienda, caminos rurales etcétera.
Palacio Legislativo, a 11 de octubre de 2007.
Diputados: César Duarte Jáquez, Ismael Ordaz Jiménez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ESTA SOBERANÍA A INTEGRAR UN GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE REVISAR LAS ACTIVIDADES DEL IMPI, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 44 párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, para solicitar la integración de un grupo de trabajo que investigue al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Asociación Nacional de Inventores Industriales e Innovadores, ha hecho del conocimiento público una serie de hechos violatorios de los derechos de inventores miembros de su agrupación, por lo que acude a este honorable cuerpo legislativo para reinstaurar la debida protección de los legítimos intereses de sus agremiados.
El artículo 28 constitucional dispone que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se otorguen, para el uso exclusivo de sus inventos, a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.
De esta manera, y derivada del ejercicio de la facultad constitucional del Congreso de la Unión para expedir leyes tendientes a la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional, la Ley de la Propiedad Industrial establece que la aplicación administrativa de estas funciones compete al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Dicho instituto es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, entre otras; autorizar el uso de las mismas, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial.
Así, el IMPI, de conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial y previa solicitud, determina que son patentables las invenciones nuevas resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial; así como son objeto de registro las marcas utilizadas como signos distintivos que permiten diferenciar un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie.
En este contexto, la propuesta que se somete a consideración se sustenta en la necesidad de dar continuidad a los trabajos realizados por la comisión de investigación encargada de revisar las actividades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, del 1 de febrero de 2006, se constituyó en la LIX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Conviene precisar que el mencionado acuerdo de la Junta de Coordinación se deriva de la proposición con punto de acuerdo para que se integre una comisión que investigue las irregularidades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, presentada en la sesión de la Cámara de Diputados del 8 de diciembre de 2005.
Asimismo, se debe señalar que a la fecha las condiciones que dieron lugar a la creación de la referida comisión, en la Legislatura LIX, no han sido superadas. Prevalecen aún inconformidades de inventores, creadores así como de integrantes de la Asociación Nacional de Inventores Industriales e Innovadores, por la toma de diversas resoluciones por parte del IMPI que han afectado sus derechos de propiedad intelectual. Esto último se expresa en actos tales que presumen el despojo de los derechos de patentes, marcas y demás figuras susceptibles de registro con asignación a otros que de manera inexplicable han obtenido los certificados o registros correspondientes.
En consecuencia, es procedente la formulación de la presente proposición, toda vez que el investigar las actividades del IMPI y, en su caso, resolver la problemática, representa un amplio aliciente a los inventores y creadores que por sus actividades contribuyen al desarrollo del país, en particular al científico y tecnológico, por lo que se requiere otorgarles la debida certeza y seguridad jurídica, así como la transparencia en la realización de todo trámite ante el IMPI.
Por lo anteriormente expuesto someto el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la honorable Cámara de Diputados a integrar un grupo de trabajo encargado de revisar las actividades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Segundo. Que el pleno de la Cámara de Diputados mandate a la Auditoria Superior de la Federación a realizar una auditoria especial al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de los ejercicios fiscales 2005 y 2006.
Palacio Legislativo, a 11 de octubre de 2007.
Diputado José Alfonso Suárez del Real (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE PUBLIQUE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Gerardo Octavio Vargas Landeros, diputado federal por el segundo distrito de Ahome, Los Mochis, Sinaloa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de las Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:
Consideraciones
El 31 de enero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Nacional, con el objeto de sentar las bases de integración y de coordinación de las instituciones y autoridades encargadas de la preservación de la seguridad nacional, así como los mecanismos de competencia a través de los cuales las autoridades de las entidades federativas y de los municipios colaborarán con la federación en dicha tarea.
La propia Ley de Seguridad Nacional en sus artículos transitorios concedió al presidente de la república un plazo de nueve meses para la expedición de su reglamento, mismo que no fue respetado. Es decir, el titular del Poder Ejecutivo debió publicar dicho texto normativo desde el mes de octubre de 2005, situación que a la fecha no ha sido subsanada.
Nos encontramos aquí ante un incumplimiento del mandato constitucional que expresamente obliga al presidente de la república a publicar inmediatamente las normas, salvo en los casos que existan observaciones.
Debemos mencionar que esta soberanía ha tratado en múltiples ocasiones el tema de la publicación de reglamentos por parte de Poder Ejecutivo. Tan sólo en este caso es la tercera vez que se exhorta al gobierno federal para que cumpla con la publicación de las normas secundarias, sin que a la fecha se tenga respuesta.
El primer exhorto lo hizo la Cámara de Senadores el mes de diciembre de 2005, posteriormente, el que suscribe la presente subió a tribuna el 26 de octubre de 2006. Hoy, con esta fecha, de nuevo expresamos nuestra preocupación por el incumplimiento y la falta de atención al Legislativo, que impide una efectiva coordinación y colaboración entre poderes.
Lo preocupante es que en el tema de la seguridad no se pueden dejar vacíos legales, ya que por un lado las autoridades se ven imposibilitadas para cumplir sus funciones y, por el otro, los gobernados se convierten en sujetos expuestos a la violación de sus derechos.
A dos años de retraso de la publicación del reglamento, y a siete meses de que esta legislatura exhortó por última vez al titular del Poder Ejecutivo para que efectuara la referida publicación, nos seguimos preguntando ¿Qué es lo que sigue impidiendo su publicación? ¿Por qué no se ha informado a esta Cámara de Diputados las razones por las cuales no se cumple la publicación inmediata que marca la Constitución?
Consideramos prudente hacer un nuevo exhorto y, sobre todo, solicitar al secretario de Gobernación que informe por escrito a esta soberanía las razones por las cuales desde hace dos años no ha llevado a cabo la publicación del reglamento de la Ley de Seguridad Nacional.
Las fallas en nuestro sistema de seguridad y de inteligencia provienen en parte de la ausencia de preceptos que regulen y obliguen a los servidores públicos a su cumplimiento. Muestra de ello es que el CISEN no está funcionando; ha sido superado y rebasado en sus acciones, cuenta con una ley pero no con las normas secundarias que desarrollen de manera más específica las actividades a realizar, para ser una instancia pro activa y preventiva de los actos que vulneren al estado mexicano.
Las explosiones de los ductos de PEMEX son sólo una muestra clara y reciente de que el gobierno federal no puede pasar desapercibida la publicación de normas de tal importancia.
Por lo anteriormente expuesto, someto la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal para que de manera inmediata atienda el exhorto hecho por el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, desde el pasado 8 de marzo de 2007, y publique el reglamento de la Ley de Seguridad Nacional.
Segundo. Se solicita al secretario de Gobernación que entregue un informe por escrito a esta Cámara de Diputados en el que explique las razones por las cuales no se cumplió con la publicación del reglamento de la Ley de Seguridad Nacional en el plazo estipulado por la misma.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de octubre de 2007.
Diputado Gerardo Vargas Landeros (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEP A CONSTRUIR COMEDORES EN LAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ARMANDO BARREIRO PÉREZ E ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los que suscriben diputados Armando Barreiro Pérez e Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El grado desarrollo de una sociedad se mide por su grado desarrollo social, lo cual implica garantizar a sus integrantes niveles óptimos en materia de empleo, alimentación, vivienda, salud, educación, recreación y cultura; así mismo el desarrollo social, debe ser considerado como palanca fundamental del desarrollo económico, político y social.
Es fundamental señalar lo anterior debido a que el punto que nos ocupa tiene que ver con uno de esos factores del desarrollo: la educación integral; la cual requiere, además de otros elementos, la infraestructura mínima necesaria para su realización y en particular para las escuelas de tiempo completo, dependientes de la Secretaría de Educación Pública que operan en el territorio nacional.
Estas escuelas se constituyeron en nuestro país desde la década de los setenta del siglo pasado, por lo que cuentan con un periodo de existencia de poco más de tres décadas, estableciéndose, entre otros propósitos, con el fin de apoyar a las madres trabajadoras.
A más de treinta años de distancia, la sociedad y el país se han transformado, cada vez son más las mujeres trabajadoras y madres cabeza de familia que requieren de este tipo de escuelas, que brinden a nuestra niñez más y mejores servicios y estén en condiciones óptimas para su educación.
En este tipo de escuelas, dependientes de la Secretaría de Educación Pública, el trabajo se desarrolla con los niños en un horario de 8 a las 16 horas y en algunas hasta las 17 horas. En la jornada escolar, los alumnos, además de trabajar en las asignaturas del plan de estudios, realizan actividades educativas, lúdicas y las que debieran dirigirse hacia una cultura nutricional.
El Programa de Escuelas de Tiempo Completo impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el presente ciclo escolar 2007-2008, se plantea entre otros objetivos que durante la comida, las autoridades y maestros impulsen la formación de hábitos relacionados con el cuidado de la salud, lo cual desde luego redundará en beneficio de la población escolar.
Sin embargo, para lograr este objetivo, es necesario contar con los espacios adecuados, es decir, con los comedores escolares que estas escuelas requieren.
Es necesario reiterar que la educación debe ser integral y considerarse como una prioridad para el desarrollo de nuestro país e impartirse con una visión social, que considere la convivencia armónica de los seres humanos desde los primeros años en la educación básica.
Si ha este concepto de educación, directo y sencillo, es al que aspiramos, en congruencia debiera dotársele de la infraestructura necesaria para su realización, en donde además de las aulas y los espacios recreativos, cuente con los comedores dignos y decorosos, que permitan llevar a cabo la importantísima tarea de la cultura nutricional.
En nuestro país, existen ya un número importante de escuelas de tiempo completo que no cuentan con un comedor escolar, lo que obliga a improvisar, para la realización de esta actividad, los salones destinados a los usos múltiples, el intercambio de salones o bien, como sucede en la mayoría de los casos, en que los niños toman sus alimentos en el mismo pupitre donde realizan su trabajo escolar.
Esta situación no sólo afecta los hábitos alimenticios y desde luego la salud de los niños, sino que además no cumple con los propósitos que el propio programa de la SEP establece para este tipo de escuelas, denigrando a la educación que se imparte y negando los objetivos de construir hábitos nutricionales y de salud alimenticia desde la niñez.
Cabe mencionar que la propia SEP señala que en México, uno de cada cuatro niños de entre los cinco y once años de edad presenta sobrepeso, lo que equivale actualmente a más de 4 millones de niños; entre los adolescentes, uno de cada tres, hombres o mujeres, se encuentran en sobrepeso u obesidad.
Ante esa situación se ha impulsado un programa llamado Vida Saludable, en el que se pretende infundir entre niños y jóvenes los principios para tener una vida saludable, planteando apoyar la enseñanza de una alimentación correcta y la necesidad de realizar actividad física regularmente.
Programas como éste debería llevarnos a establecer una política de corresponsabilidad permanente gobierno-sociedad, en la construcción de una agenda que impulse el consumo de productos con mayor calidad nutricional, combatiendo los alimentos de bajo o nulo contenido nutricional, conocidos como "alimentos chatarra".
En este marco, es como se espera que los niños y los jóvenes tengan una alimentación cada vez más balanceada y los comedores escolares ser considerados como uno de los elementos clave en las estrategias para dar solución a los problemas de salud que se presentan entre la comunidad escolar y en la mejora de sus hábitos alimenticios.
Por lo anterior, ponemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Ünico. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que destine los recursos suficientes y se garantice la construcción de comedores escolares en cada una de las escuelas de tiempo completo del Sistema Educativo Nacional dependientes de la misma que operan en el territorio nacional.
Palacio Legislativo a 11 de octubre de 2007.
Diputados: Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LOS CRITERIOS Y A LAS FÓRMULAS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Gerardo Octavio Vargas Landeros, diputado federal por el segundo distrito de Ahome, Los Mochis, Sinaloa integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de las Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Con la reforma a los artículos 21 y 73 fracción XXIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, se elevaron a rango constitucional los principios que dan cause y sustento jurídico a la coordinación en materia de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, creándose el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Con el fin de regular dicha reforma constitucional, el 11 de diciembre de 1995, se expide la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ordenamiento que define y constituye el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Dicho consejo es integrado por el secretario de Seguridad Pública Federal, quien lo preside, los gobernadores de los estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el procurador general de la República, entre otros.
Las funciones que le confiere la Ley al secretario de Seguridad Pública Federal son de trascendencia, ya que es el facultado para suscribir los convenios de coordinación y de transferencia de recursos para el ejercicio y la ejecución de acciones o programas derivados de las sesiones que celebre dicho órgano colegiado entre la federación y los estados y el Distrito Federal.
La distribución, participación y coordinación de los recursos que se asignan a las entidades federativas es regulada por la Ley de Coordinación Fiscal, en sus artículos 25 fracción VII, 44 y 45.
Los artículos que hemos mencionados establecen el denominado "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal", mismo que se compone con recursos federales que año con año se entregan las entidades federativas con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, Ramo General 33.
Por ley la distribución de estos recursos corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con los criterios establecidos previamente por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
En la práctica el secretario de Seguridad Pública Federal, conjuntamente con el secretario ejecutivo del sistema, elaboran los criterios de distribución y demás fórmulas que deberán ser aprobados por los demás integrantes del consejo, utilizando los indicadores que se describen en el artículo 44 del propio ordenamiento, pero con la posibilidad, por ley, de adicionar cualquier criterio adicional a los mencionados por la Ley de Coordinación Fiscal.
A partir de 2003, la fórmula de distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) Ramo 33, ha sido elaborada con cinco criterios estadísticos de asignación: I) Número de habitantes en los estados y el Distrito Federal; II) Índice delictivo; III) Índice de ocupación penitenciaria; IV) Avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública; y, V) Los proyectos nacionales convenidos.
El peso o porcentaje de recursos del presupuesto federal que el Sistema Nacional de Seguridad Pública asigna a cada uno de estos cinco criterios refleja las prioridades que en materia de seguridad tienen en teoría los estados y el Distrito Federal: 35 por ciento de los recursos corresponden al número de habitantes, 15 por ciento al índice delictivo, 20 por ciento a la ocupación penitenciaria, 10 por ciento al avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública y, 20 por ciento, a la inversión en proyectos convenidos.
El problema radica en el segundo indicador, es decir, en el relativo a la incidencia delictiva, el cual fue incorporado por el consejo desde el año 2003 con la creencia de que esto favorecería a aquellas entidades con mayor delincuencia, definida ésta por el número de denuncias registradas ante las diversas agencias del Ministerio Público.
Durante estos últimos cinco años, se ha comprobado en la práctica que el criterio no es eficaz ni eficiente, por el contrario genera incentivos perversos para que los estados manipulen sus índices delictivos aumentando en muchos casos los mismos para conseguir que el Sistema Nacional de Seguridad Pública incremente las asignaciones federales en la entidad.
En vez de fomentar la reducción y el combate a los ilícitos, crea un mecanismo que incentiva la manipulación de cifras y, lo peor de todo, subejercicios y escaso control.
Adicionalmente, está comprobado en el nivel nacional e internacional, que la información sobre la incidencia delictiva es totalmente parcial, inexacta e imprecisa. Las cifras que tiene el gobierno federal contrastan con las de los gobiernos estatales y ambas contrastan con las realizadas por académicos e investigadores.
Los registros con que cuentan las agencias gubernamentales de seguridad pública siempre han reportado un número menor de delitos, en comparación con las cifras que socialmente se comentan.
Investigaciones recientes han atendido este tema y comprobado que las "cifras negras" de los delitos son por mucho superiores a las declaradas por las autoridades federales y locales. Por ejemplo, se estima que sólo uno de cada siete delitos cometidos es denunciado ante el Ministerio Público.
Por estas razones, consideramos de gran trascendencia que esta soberanía apruebe un exhorto al secretario de Seguridad Pública Federal, en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública y a sus demás integrantes, para que en el próximo acuerdo que se emita para el establecimiento de los criterios de asignación, fórmulas y variables para el cálculo de la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, se suprima dicho criterio de asignación ya que ha sido totalmente ineficiente y, sobre todo, altamente manipulable.
Creemos que el próximo acuerdo que emita el Consejo Nacional de Seguridad Pública que derivará del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, Ramo 33, debe considerar exclusivamente: I) el número de habitantes de los estados y el Distrito Federal tomando en cuenta la última información oficial dada a conocer por el INEGI y no la cifra del año 2000; II) el índice de ocupación penitenciaria reportado a diciembre de 2006, es decir, la última del sexenio anterior, y no la del 2004 que hoy rige; III) el avance en la implantación de programas de prevención del delito, más aquellos que se están implantando para combatir las adicciones; IV) el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública 2006-2012, que por cierto, no ha sido publicado por el titular del Poder Ejecutivo; V) el cumplimiento de los 10 ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública acordados en su XXI sesión, del 22 de enero de 2007, ya que no han sido concluidos; y, V) el número de policías, jueces y Ministerios Públicos que en sus diversos ámbitos de competencia realizan la función conferida el artículo 3o. de la Ley General que Establece las Bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Quiero mencionar que en caso de que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en su carácter de presidente, y demás integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, no modifiquen el criterio del índice delictivo, sí deberán reflexionar sobre los elementos para el cálculo de esta variable ya que no es posible que la misma contabilice los "delitos de alto impacto social ocurridos", entendiendo exclusivamente por estos a los robos, las lesiones y los homicidios denunciados. Todos en su conjunto no permiten hacer más eficiente el manejo de los recursos ni mucho menos atender las demandas que la sociedad exige en materia de seguridad pública.
Para finalizar y como un argumento adicional, tampoco puede mantenerse el criterio de medir la "incidencia de delitos del crimen organizado" considerando únicamente a los delitos de "secuestro y asaltos bancarios", ya que es un método de cálculo parcial e incompleto que no permite eficientar el uso de los recursos a las necesidades que demanda la población.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita al secretario de Seguridad Pública Federal, en su carácter de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y a las demás autoridades que lo integran, que en el próximo acuerdo que emitan para la asignación y el cálculo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal derivado del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, Ramo 33, modifiquen los criterios de asignación, en particular, el relativo a la incidencia delictiva.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2007.
Diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS EN LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS Y LAS DELEGACIONES POLÍTICAS DEL DISTRITO FEDERAL QUE PRESENTAN MAYOR CRECIMIENTO POBLACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER CALZADA VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, en relación con el Fondo para la Promoción del Deporte Popular, con base en las siguientes
Consideraciones
Una de las actividades recreativas que mayores beneficios sociales e individuales generan es el deporte popular. Al practicarlo, las familias tienden hacia una mayor integración, las personas de todas las edades mejoran sus condiciones de salud tanto por los beneficios directos como por el hecho de que es una de las vías más efectivas para prevenir y erradicar las adicciones, en particular entre los niños y los jóvenes.
Una cultura deportiva sólida y extendida entre la población debe ser un objetivo de política pública por todas las externalidades positivas que genera. Lograrla, sin embargo, requiere de líneas de acción específicas que necesariamente se diferencian de los programas de gobierno encaminados a fortalecer el deporte de alto rendimiento.
Desde luego el deporte popular y el de alto rendimiento están relacionados, puesto que el primero constituye una de las fuentes o canteras naturales de este último. Mientras más deportistas populares haya, más prospectos habrá para la práctica profesional de los deportes. Pero la causalidad no va en sentido inverso: los apoyos al deporte de alto nivel, importantes como son, no incentivan su práctica generalizada entre la población.
Para ello se requieren apoyos específicos, por ejemplo, generar la infraestructura necesaria para la práctica de los deportes, tanto en el ámbito de las escuelas como en el comunitario, además de brindar apoyos como talleres y clínicas deportivas.
Como una forma de incentivar el deporte popular entre todos los grupo de población en México y por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración ante esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se cree el Fondo para la Promoción del Deporte Popular, con un monto de 160 millones de pesos, a repartirse a razón de cinco millones a cada una de las entidades federativas, incluido el Distrito Federal.
Segundo. Dichos recursos deberán transferirse a través de los institutos estatales del deporte y se canalizarán hacia la construcción, ampliación y mantenimiento de la infraestructura deportiva en la que las familias y las comunidades practiquen alguna de actividad física, así como para la promoción de algún deporte.
Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008 SE CREE EL FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE POPULAR, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER CALZADA VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Francisco Javier Calzada, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 y 34, incisos a), b) y c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permito someter a consideración del Pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se consideren recursos para atender las necesidades de infraestructura y servicios públicos en los municipios con mayor crecimiento poblacional en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, conforme a las siguientes
Consideraciones
El municipio constituye la base de la división territorial, de la organización política, económica y social de la población mexicana. Las mejoras de los servicios públicos que le son propios constituyen una condición imprescindible para el fortalecimiento del federalismo y para la consecución de un desarrollo regional más equilibrado, igualitario y justo.
La tasa de crecimiento de la población a nivel nacional se ha podido estabilizar en menos de 1% al año. Sin embargo, algunos municipios de diversas Entidades Federativas han experimentado un crecimiento de su población muy por encima de esa tasa, ubicándose incluso en niveles superiores al 10% promedio anual, esto con base en los datos del Conteo de Población 2005 y las proyecciones de población para 2008 del Consejo Nacional de Población.
Este crecimiento atípico de la población de ciertos municipios presiona la demanda de servicios públicos e infraestructura de todo tipo, principalmente agua, drenaje, pavimentación, alumbrado, escuelas, caminos, entre otros, así como la necesidad de una mejor administración de los asuntos públicos de estas comunidades los cuales se vuelven más complejos por la concentración de población.
Además, el crecimiento acelerado de la población genera concentraciones en zonas en donde las autoridades municipales difícilmente pueden planear la prestación de servicios públicos, debido en gran parte a que la demanda de los mismos supera con mucho su capacidad financiera. Estas concentraciones, a menudo conformadas por cinturones de miseria enfrentan problemas sociales y de salud pública severos, y constituyen un enclave de atraso dentro de los municipios señalados. El crecimiento de los índices delictivos, la expansión de las adicciones entre niños y jóvenes, el hacinamiento de las viviendas, constituyen sólo algunos de los problemas más evidentes que enfrenta la población que ahí se concentra.
Si bien es cierto que en el esquema actual de las transferencias federales se toman en cuenta criterios de población, marginación y/o pobreza para asignación de los recursos a las entidades federativas y a los municipios, debemos reconocer que el impacto del crecimiento explosivo que se observa en muchos de estos últimos no es capturado por las diversas fórmulas de distribución.
Con base en estos razonamientos, se propone a esta Soberanía la creación de un Fondo con recursos federales que se denomine Fondo para la Atención a Municipios con Alto Crecimiento Poblacional, constituido por un monto de mil 600 millones de pesos, del cual corresponderán 50 millones de pesos a cada una de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal.
Se propone que estos recursos se entreguen a las Entidades Federativas y que puedan incrementarse o combinarse con recursos propios de los Estados y de los municipios para crear una bolsa mayor que se destine a obras exclusivas de infraestructura que atiendan los servicios públicos de los municipios con mayor crecimiento poblacional.
Por lo anterior, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea el Fondo para la Atención de Municipios con Alto Crecimiento Poblacional, consistente en un mil 600 millones de pesos.
Segundo. Los recursos de este fondo se distribuirán a razón de 50 millones de pesos para cada una de las 31 Entidades Federativas y el Distrito Federal y se destinarán a atender las necesidades más urgentes en materia de infraestructura y servicios públicos en las zonas marginadas de los municipios con mayor tasa de crecimiento poblacional.
Tercero. Los gobiernos estatales recibirán de la Federación los recursos señalados en el artículo anterior y podrán aportar los recursos pertinentes para incrementar los alcances de este Fondo en concurrencia con los gobiernos municipales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2007.
Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica)
