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Dictámenes a discusión
- De la Comisión de Desarrollo Rural, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
- De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud.
- De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Karla Negrete Aranda, Andrea Karla Gómez de la Casa Rivera, Ayesha Karina Dávalos Sánchez, Mónica Madera Reveles, María del Rosario Rueda Castro y Mario Priego Álvarez para prestar servicios en las Embajadas de Francia, de Australia y de Estados Unidos de América en México, y en el Consulado de éste en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
- De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Liliana Monroy Flores, Araceli Romero Romero, Enrique Vidal Morales, César Acosta Gámez, Martha Paola Sánchez González, Míriam Citlalic Villegas Tenorio, Eduardo Régules Bukantz y Arturo Muradas Ruiz para prestar servicios en la Embajada de Corea y en el Centro de Comercio e Inversión de Corea de esa representación diplomática en México, respectivamente.
- De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a declarar el 17 de mayo de cada año como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia; y a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, a fortalecer sus tareas de las campañas nacionales de educación que promuevan el respeto y la tolerancia de la diversidad sexual.
- De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo para exhortar al Instituto Electoral de Michoacán a redoblar esfuerzos, en el ámbito de su competencia, a fin de promover y asegurar mayor participación de la ciudadanía, especialmente de los pueblos y las comunidades indígenas del estado, en las elecciones por celebrarse el 11 de noviembre del presente año.
- De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a convocar mediante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a una amplia consulta con los sectores de la producción, con académicos y con especialistas para la revisión y adecuación del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.
- De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo con relación a la Isla de Sacrificios, Veracruz de Ignacio de la Llave.
- De la Comisión de Medio Ambiente, con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Semarnat a realizar –en coordinación con los gobiernos de los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca– trabajos para el rescate de la región mixteca, considerada desastre ecológico por la falta de agua.
- De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar al titular de la Semarnat a cesar al actual director general de Impacto y Riesgo Ambiental.
- De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a decretar como área natural protegida el estero Balandra, en La Paz, Baja California Sur.
- De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a programar y coordinar la inversión de recursos del Proyecto Integral de Saneamiento Ambiental en la Zona del Depósito de Residuos Industriales que ocupa Cromatos de México, en Tultitlán, México.
- De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a no autorizar prórrogas de las concesiones para la extracción de materiales pétreos en Baja California.
- De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Relaciones Exteriores, con opinión de las Comisiones de Desarrollo Rural y Especial para la defensa de los derechos sociales y de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a la Semarnat, a la SRE y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a instaurar un grupo de trabajo interinstitucional que aplique acciones de protección del desarrollo rural del valle de Mexicali, y de la región del delta del río Colorado y alto golfo de California.
- De las Comisiones Unidas de Gobernación, de Seguridad Pública, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal; General de Protección Civil; de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares; y General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
- De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 46 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
- De la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que expide la Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública; y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
- De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona las fracciones IV y X al artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
- De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que deroga y adiciona el artículo 2, fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
- De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 2, fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
- De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un artículo 59 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
- De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 162 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Dictámenes
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Desarrollo Rural de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3, 15, 20 y 22 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable presentada por el diputado Carlos Ernesto Navarro López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Comisión de Desarrollo Rural, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Dictamen
Antecedentes
2. En la misma fecha, el Presidente de la Cámara de Diputados, turnó dicha iniciativa para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Rural.
Con el propósito de abordar el tema que motivo la presente iniciativa, la comisión dictaminadora procedió a realizar un minucioso estudio de la propuesta así como un análisis detallado, que incluyó además de los antecedentes enunciados anteriormente, considerar el contenido de la misma así como una serie de argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución final en torno a la iniciativa.
Finalmente, se concluye con el sentido del dictamen correspondiente.
1. El punto de partida de la exposición de motivos, es el reconocimiento de la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) como un avance encuentra inmerso el campo mexicana, desde hace ya casi tres décadas.
Se enfatiza en el texto de la iniciativa en comento, el hecho de que las disposiciones de esta ley "son de orden público y están dirigidas a promover el desarrollo rural sustentable del país, propiciar un medio ambiente adecuado, en los términos del párrafo cuarto del artículo 4o.; y garantizar la rectoría del Estado y su papel en la promoción de la equidad, en los términos del artículo 25 de la Constitución".
2. Señala además que en el contexto de la LDRS "se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones enfocadas a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que se determina en el ordenamiento en comento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece la Constitución".
3. En este sentido, continúa diciendo la exposición de motivos, una de las principales aportaciones de la legislación en esta materia, en la perspectiva de revertir la pobreza y la marginación que padecen millones de mexicanos tanto en las áreas rurales como urbanas, es el programa especial concurrente (PEC) "que incluye el conjunto de programas sectoriales relacionados con las materias motivo de esta ley", mismo que contiene un amplio sustento legal en su artículo 14.
El PEC "comprenderá las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles".
En resumen, el PEC es la suma de esfuerzos de las diversas entidades con que cuenta el Estado, para detonar e impulsar el desarrollo rural sustentable.
4. No obstante la existencia de estos preceptos fundamentales plasmados en la LDRS y los instrumentos provistos en la misma, se considera que por más esfuerzos que haga el Poder Legislativo por asignar mayores recursos presupuestales a favor del sector rural, tal como sucedió en el año 2007 cuando se impulsó y logró la aprobación de un PEC del orden de 176 mil 794.3 millones de pesos, la que constituye la cifra histórica jamás lograda, estos no son suficientes.
El punto central que da origen a la presente iniciativa es el desconocimiento del PEC que una inmensa mayoría de la población, particularmente rural, tiene de la existencia de los programas contemplados en el mismo, de los montos por programa y de las reglas de operación que les permiten acceder a estos importantes recursos presupuestales, pensados originalmente para dar cumplimiento del PEC que es apoyar a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles.
5. La propuesta para subsanar esta seria deficiencia, es reformar y adicionar el texto de la LDRS vigente con el propósito de incorporar en la misma una tarea de difusión de largo alcance, con todos los medios de comunicación disponibles actualmente, a fin de hacer extensivo el PEC, haciéndolo del conocimiento al mayor número posible de productores rurales de la existencia de los programas incluidos en el PEC, de sus montos y reglas de operación.
En consecuencia, la iniciativa propone establecer en el texto de esta ley la obligatoriedad de la difusión de los aspectos enunciados al final del párrafo anterior.
6. Con la propuesta de iniciativa, se propone evitar como ha estado sucediendo en los últimos años, que al no ser demandados estos recursos presupuestales, el Ejecutivo Federal los reetiquete y aplique en otros rubros, lejanos a los objetivos previstos por el Poder Legislativo.
Esto último aunado a trabas burocráticas las cuales, tal como se menciona en el texto de la iniciativa, ni los propios funcionarios entienden el funcionamiento de las reglas de operación, las cuales son por cierto cada vez más complejas y excesivas.
Otro problema que ha dado origen el subejercicio del presupuesto rural y la eficaz y oportuna observancia de las reglas de operación de los programas del PEC sujetos a reglas de operación, es la discrecionalidad con que normalmente el Poder Ejecutivo difunde la información.
Para evitar en lo subsecuente todo ello, se propone adicionar en el artículo 3o. de la LDRS el párrafo XVI para definir claramente el término difusión en el contexto del propio texto de ley y en consecuencia recorriendo todos los demás.
De la misma manera, se propone adicionar la fracción XVIII al artículo 15 para dejar establecido que el PEC fomentará acciones en materia de difusión nacional sobre su contenido, y en consecuencia se recorre el último párrafo.
Asimismo, se propone reformar el texto del artículo 20 de la LDRS con el propósito de, además de las responsabilidades asignadas originalmente a la Comisión Intersecretarial, otorgarle la responsabilidad de realizar su difusión.
Finalmente, se propone adicionar la fracción XVI de la LDRS, con el propósito de crear el servicio nacional de difusión, considerado esto último como una parte fundamental de la iniciativa en comento.
Teniendo en cuenta los argumentos vertidos anteriormente, la comisión dictaminadora considera que el tema es muy importante en la perspectiva de contribuir como legisladores en la tarea de apoyar fuertemente el desarrollo rural.
De acuerdo a la experiencia de algunos legisladores en múltiples giras y reuniones de trabajo, uno de los más sentidos reclamos de los productores rurales a lo largo y ancho del país, ha sido que normalmente han teniendo y tienen noticias de las cantidades de recursos financieros que existen para apoyar el campo, pero que estos casi nunca les llegan.
7. Siendo sensibles a esta recurrente y sensible demanda de los campesinos, los productores rurales y de la sociedad en general la Comisión de Desarrollo Rural en la presente legislatura, se ha dado a la tarea de coadyuvar a esta actividad de difusión. Sin embargo, esta ha resultado insuficiente dados la inmensa superficie del territorio nacional y el número de productores rurales por atender.
Por ello, se considera que para que el campo mexicano tenga futuro y los pequeños, medianos y grandes productores sean eficientes, competitivos y podamos aspirar como nación a lograr la autosuficiencia, es necesario que se continúen incrementando los recursos presupuestales para apoyar el desarrollo rural sustentable. Pero esto no es suficiente.
De manera complementaria, se requiere hacer una amplia difusión nacional sobre el contenido del PEC, de sus programas y de sus montos, así como de sus reglas de operación, lo que implica contar con un sólido servicio nacional de difusión cuya responsabilidad expresa sea realizar esta tarea.
8. Por lo anterior, las reformas y adiciones contenidas en la iniciativa que se dictamina fortalecen y amplían el actual contenido de la LDRS, y sin duda, tendrán un impacto significativo en el sector rural.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Desarrollo Rural, somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Artículo Único. Se reforma el artículo 20; y se adicionan los artículos 3o, con una fracción XVI, recorriéndose en su orden las demás fracciones; 15, con una fracción XVIII, recorriéndose en su orden las demás fracciones y, 22, con una fracción XVI, a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
I. a XV. …
XVI. Difusión. La promoción nacional mediante los medios de información masiva escritos y electrónicos, libros, folletos y cualquier otro material idóneo que permitan dar a conocer los diversos programas y beneficios económicos que se deriven de la aplicación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.
XVII. Entidades federativas. Los estados de la federación y el Distrito Federal;
XVIII. Estado. Los Poderes de la Unión, de las entidades federativas y de los municipios;
XIX. Estímulos Fiscales. Los incentivos otorgados por el Estado a través de beneficios preferentes en el ejercicio de la tributación;
XX. Marginalidad. La definida de acuerdo con los criterios dictados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática;
XXI. Órdenes de Gobierno. Los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios;
XXII. Organismos genéticamente modificados. Cualquier organismo que posea una combinación de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de biotecnología moderna;
XXIII. Productos básicos y estratégicos. Aquellos alimentos que son parte de la dieta de la mayoría de la población en general o diferenciada por regiones, y los productos agropecuarios cuyo proceso productivo se relaciona con segmentos significativos de la población rural u objetivos estratégicos nacionales;
XXIV. Programa especial concurrente. El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que incluye el conjunto de programas sectoriales relacionados con las materias motivo de esta ley;
XXV. Programas sectoriales. Los programas específicos del Gobierno federal que establecen las políticas, objetivos, presupuestos e instrumentos para cada uno de los ámbitos del Desarrollo Rural Sustentable;
XXVI. Recursos Naturales. Todos aquellos bienes naturales renovables y no renovables susceptibles de aprovechamiento a través de los procesos productivos rurales y proveedores de servicios ambientales: tierras, bosques, recursos minerales, agua, comunidades vegetativas y animales y recursos genéticos;
XXVII. Secretaría. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
XXVIII. Seguridad alimentaria. El abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población;
XXIX. Servicio. Institución pública responsable de la ejecución de programas y acciones específicas en una materia;
XXX. Servicios ambientales (sinónimo: beneficios ambientales). Los beneficios que obtiene la sociedad de los recursos naturales, tales como la provisión y calidad del agua, la captura de contaminantes, la mitigación del efecto de los fenómenos naturales adversos, el paisaje y la recreación, entre otros;
XXXI. Sistema. Mecanismo de concurrencia y coordinación de las funciones de las diversas dependencias e instancias públicas y privadas, en donde cada una de ellas participa de acuerdo con sus atribuciones y competencia para lograr un determinado propósito;
XXXII. Sistema-producto. El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización, y
XXXIII. Soberanía alimentaria. La libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional.
Artículo 15. …
I. a XVI. ...
XVII. Impulso a los programas orientados a la paz social;
XVIII. Difusión nacional sobre su contenido, y
XIX. Las demás que determine el Ejecutivo federal.
Artículo 20. La Comisión Intersecretarial será responsable de atender, difundir, coordinar y dar el seguimiento correspondiente a los programas sectoriales y especiales que tengan como propósito impulsar el desarrollo rural sustentable. Asimismo, será la responsable de promover y coordinar las acciones y la concertación de la asignación de responsabilidades a las dependencias y entidades federales competentes en las materias de la presente ley.
Artículo 22. …
…
I. a XIII. …
XIV. Servicio Nacional de Arbitraje del Sector Rural;
XV. Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, y
XVI. Servicio Nacional de Difusión.
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a 20 septiembre de 2007.
La Comisión de Desarrollo Rural
Diputados: Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica), presidente; Gerardo Amezola Fonceca (rúbrica), José Víctor Sánchez Trujillo (rúbrica), César Augusto Verástegui Ostos (rúbrica), Modesto Brito González (rúbrica), Irineo Mendoza Mendoza (rúbrica), Israel Beltrán Montes, Víctor Ortiz del Carpio, secretarios; Juan Abad de Jesús, Ramón Barajas López (rúbrica), Osiel Castro de la Rosa, Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Francisco Domínguez Servién, Antonio Escaroz Soler, María Guadalupe García Noriega (rúbrica), Elda Gómez Lugo (rúbrica), Joel Guerrero Juárez, Gustavo Macías Zambrano, Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Antonio Medellín Varela (rúbrica), Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán, Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica), Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés, Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Francisco Rueda Gómez, Francisco Sánchez Ramos, María Gloria Guadalupe Valenzuela García, Juan Victoria Alva (rúbrica), José Amado Orihuela Trejo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE SALUD, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la LX Legislatura fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción I Bis al artículo 389, y los artículos 389 Bis y 389 Bis 1 a la Ley General de Salud, presentada por el diputado Ector Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y signada por diputados de diversos grupos parlamentarios.
La Comisión de Salud con fundamento en las atribuciones que le otorga los artículos 39, numerales 1º y 3º, 43, 44, 45 y de los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable Asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente:
Metodología
La Comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:
I. En el capítulo de "Antecedentes" se da constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión dictaminadora.
II. En el capítulo correspondiente a "Contenido", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.
III. En el capítulo de "Consideraciones", la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.
I. Antecedentes
En sesión celebrada con fecha 26 de abril de 2007, por el pleno de la H. Cámara de Diputados, el diputado Ector Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción I Bis al artículo 389, y los artículos 389 Bis y 389 Bis 1 a la Ley General de Salud.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.
II. Contenido
En su exposición de motivos, el promovente manifiesta que la falta del registro de nacimiento expone a la población infantil a diversos riesgos, como el traslado ilícito o robo de infantes y la falta de garantías y derechos de los propios niños. Además, afecta el sistema de información, ya que al no constar el hecho del nacimiento, disminuye la confiabilidad en el cálculo de indicadores tan relevantes como la tasa de mortalidad infantil, la de natalidad y la de fecundidad. También se ven afectados los programas dirigidos a esta población.
Propone que, para fines de salud pública, se utilice el certificado de nacimiento, al igual que los certificados de defunción y de muerte fetal; con el propósito de realizar el registro oportuno, veraz e íntegro de los nacidos vivos ocurridos en el territorio nacional, a fin de contar con información estadística confiable y homogénea para fines legales, y que apoye la toma de decisiones en acciones de salud pública.
Por estos motivos propone reformar el artículo 389 de la Ley General de Salud para incorporar al certificado de nacimiento; así como la adición de los artículos 389 bis y 389 Bis 1 para establecer la vinculación del certificado de nacimiento con el acta respectiva que expidan las autoridades del Registro Civil, así como, las personas autorizadas para expedirlo.
III. Consideraciones
Según lo que establece la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso tiene la facultad de dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.
En este orden de ideas, la iniciativa en comento cumple con el requisito constitucional expuesto, ya que se refiere, a la Ley General de Salud, reglamentaría del párrafo tercero del artículo 4° de la propia Constitución.
Como se señala en la exposición de motivos, la materia civil constituye una facultad de las legislaturas de los estados, con base en lo estipulado por el artículo 124 constitucional que señala que las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.
Es en este contexto que cada entidad federativa cuenta con una legislación en materia civil, y a pesar de que el Código Civil Federal señala los lineamientos generales de las Actas de Nacimiento, es un hecho que no existe una uniformidad en el formato de las mismas, aunque se deben apegar al principio que se establece en la fracción IV del artículo 121 de la Constitución que estipula que los actos del estado civil ajustados a las leyes de un estado, tendrán validez en los otros.
Como lo señalamos con antelación, el Código Civil Federal establece los lineamientos que regulan las actas de nacimiento, en el Capitulo II del Título Cuarto, referente al Registro Civil y cuyo artículo 55 dice:
Los médicos cirujanos o matronas que hubieren asistido al parto, tienen obligación de dar aviso del nacimiento al Juez del Registro Civil, dentro de las veinticuatro horas siguientes. La misma obligación tiene el jefe de familia en cuya casa haya tenido lugar el alumbramiento, si éste ocurrió fuera de la casa paterna.
Si el nacimiento tuviere lugar en un sanatorio particular o del Estado, la obligación a que se refiere el párrafo anterior, estará a cargo del Director o de la persona encargada de la administración.
Recibido el aviso, el Juez del Registro Civil tomará las medidas legales que sean necesarias a fin de que se levante el acta de nacimiento conforme a las disposiciones relativas."
Es por lo anterior que, como lo señala el promovente, existen entidades federativas que presentan un enorme porcentaje de registro extemporáneo, o de sub registro.
La iniciativa en comento, no sólo busca poner fin a estos problemas, sino que propone una definición de lo que se debe entender por "nacido vivo" para efectos del certificado, lo cual contribuirá no sólo a una unificación de criterios, sino a un mejor registro no sólo estadístico sino epidemiológico, contribuyendo a una mejor cobertura de los servicios de salud.
Aunado a lo anterior es importante señalar que el 8 de enero de 2007, se puso en funcionamiento el Seguro Médico para una Nueva Generación, el cual, según la Secretaría de Salud ofrecerá cobertura médica (consultas, tratamientos y medicinas) a todos los niños mexicanos nacidos en territorio nacional a partir del 1° de diciembre de 2006, y que no se encuentran adscritos en ningún esquema de seguridad social tradicional como el IMSS o el ISSSTE; la creación de un certificado de nacimiento obligatorio y con un formato único para todo el país, contribuirá enormemente a la cobertura, no sólo de este seguro, sino de la atención en salud de las poblaciones más marginadas.
Por otra parte, la iniciativa nos e contrapone con las disposiciones constitucionales y civiles referidas con antelación ya que se refiere únicamente al certificado que emitirán los profesionales de la medicina o las personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria competente, siendo complementario para las labores de las autoridades del Registro Civil, y coadyuvando a un mejor ejercicio de sus funciones.
Para lo anterior consideramos indispensable, sin embargo, mejorar la propuesta presentada para que se efectué una coordinación entre la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas fin de que la captura de los datos de los certificados sea uniforme, por lo que proponemos la adición de un tercer párrafo al artículo 392 de la Ley que sustente dicha coordinación.
Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:
Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud.
Único. Se adicionan una fracción I Bis al artículo 389 y los artículos 389 bis y 389 bis 1 y un tercer párrafo al artículo 392 a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 389. ...
I. ...
I Bis. De nacimiento.
II. a V. ...
Artículo 389 bis. El certificado de nacimiento se expedirá para cada nacido vivo una vez comprobado el hecho. Para tales efectos, se entenderá por nacido vivo, al producto de la concepción expulsado o extraído de forma completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, que después de dicha separación respire o dé cualquier otra señal de vida como frecuencia cardiaca, pulsaciones de cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta.
El certificado de nacimiento será expedido por profesionales de la medicina o personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria competente.
Artículo 389 bis 1. El certificado de nacimiento será requerido por las autoridades del Registro Civil a quienes pretendan declarar el nacimiento de una persona, con las excepciones que establezcan las disposiciones generales aplicables.
Artículo 392. ...
...
La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y los Servicios Estatales de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la normatividad que se expida para tal efecto, llevarán a cabo acciones necesarias para la implementación de los certificados a que se refiere este Título, incluyendo las relacionadas con la captura, generación e intercambio de la información relacionada con la expedición de dichos certificados y de acuerdo a lo dispuesto por el Título Sexto.
Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente el de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. La Secretaría de Salud expedirá el modelo de certificado de nacimiento, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para su conocimiento general y observancia en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Tercero. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las autoridades sanitarias y del Registro Civil de las entidades federativas, promoverá la utilización del certificado de nacimiento.
Artículo Cuarto. La Secretaría de Salud contará con un plazo de 90 días hábiles, a partir de la publicación del presente decreto, para establecer el reglamento correspondiente a la expedición de los certificados de nacimiento.
La Comisión de Salud
Diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez, María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe, Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Maricela Contreras Julián, María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina, Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Beatriz Eugenia García Reyes, Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena, Lorena Martínez Rodríguez, Holly Matus Toledo, Fernando Enrique Mayans Canabal, Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Elizabeth Morales García, Miguel Ángel Navarro Quintero, Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica), Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján.
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS KARLA NEGRETE ARANDA, ANDREA KARLA GÓMEZ DE LA CASA RIVERA, AYESHA KARINA DÁVALOS SÁNCHEZ, MÓNICA MADERA REVELES, MARÍA DEL ROSARIO RUEDA CASTRO Y MARIO PRIEGO ÁLVAREZ PARA PRESTAR SERVICIOS EN LAS EMBAJADAS DE FRANCIA, DE AUSTRALIA Y DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO, Y EN EL CONSULADO DE ÉSTE EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, RESPECTIVAMENTE
Honorable asamblea:
En oficios fechados el 2, 3 y 9 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicitó el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Karla Negrete Aranda, Andrea Karla Gómez de la Casa Rivera, Ayesha Karina Dávalos Sánchez, Mónica Madera Reveles, María del Rosario Rueda Castro y Mario Priego Álvarez, puedan prestar servicios en las Embajadas de Francia, Australia y Estados Unidos de América en México, y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 18 de octubre de 2007, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán al gobierno extranjero serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado c), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al segundo párrafo, del artículo 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proyecto de Decreto
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Karla Negrete Aranda para prestar servicios como directora de Campusfrance Mexique en la Embajada de Francia en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Andrea Karla Gómez de la Casa Rivera para prestar servicios como asistente de desarrollo de negocios en la Embajada de Australia en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Ayesha Karina Dávalos Sánchez para prestar servicios como ayudante de visas en la sección de visas de la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Mónica Madera Reveles para prestar servicios como investigadora asistente en fraudes, en la oficina de prevención de fraude de la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Artículo quinto. Se concede permiso a la ciudadana María del Rosario Rueda Castro para prestar servicios como cajera clase B en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano Mario Priego Álvarez para prestar servicios como auxiliar de limpieza en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a 19 de octubre de 2007.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, Manuel Portilla Diéguez, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Raciel Pérez Cruz, Salvador Ruiz Sánchez, Rosa Elva Soriano Sánchez, Gerardo Villanueva Albarrán, Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS LILIANA MONROY FLORES, ARACELI ROMERO ROMERO, ENRIQUE VIDAL MORALES, CÉSAR ACOSTA GÁMEZ, MARTHA PAOLA SÁNCHEZ GONZÁLEZ, MÍRIAM CITLALIC VILLEGAS TENORIO, EDUARDO RÉGULES BUKANTZ Y ARTURO MURADAS RUIZ PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE COREA Y EN EL CENTRO DE COMERCIO E INVERSIÓN DE COREA DE ESA REPRESENTACIÓN DIPLOMÁTICA EN MÉXICO, RESPECTIVAMENTE
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Liliana Monroy Flores, Araceli Romero Romero, Enrique Vidal Morales, César Acosta Gámez, Martha Paola Sánchez González, Miriam Citlalic Villegas Tenorio, Eduardo Régules Bukantz y Arturo Muradas Ruiz puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Corea y en el Centro de Comercio e Inversión de ésta en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 25 de abril del año en curso se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
Considerando
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de Corea en México y en el Centro de Comercio e Inversión de Corea de la Embajada de Corea en México serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y en el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Liliana Monroy Flores para prestar servicios como asistente del embajador en la representación diplomática de Corea en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Araceli Romero Romero para prestar servicios como personal de mantenimiento en la Embajada de Corea en México.
Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Enrique Vidal Morales para prestar servicios como chofer en el Centro de Comercio e Inversión de Corea de la Embajada de ese país en México.
Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano César Acosta Gámez para prestar servicios como trade specialist en el Centro de Comercio e Inversión de Corea de la Embajada de ese país en México.
Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Martha Paola Sánchez González para prestar servicios como recepcionista en el Centro de Comercio e Inversión de Corea de la Embajada de ese país en México.
Articulo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana Miriam Citlalic Villegas Tenorio, para prestar servicios como Trade Specialist en el Centro de Comercio e Inversión de Corea de la Embajada de ese país en México.
Artículo Séptimo. Se concede permiso al ciudadano Eduardo Régules Bukantz para prestar servicios como trade specialist en el Centro de Comercio e Inversión de Corea de la Embajada de ese país en México.
Artículo Octavo. Se concede permiso al ciudadano Arturo Muradas Ruiz para prestar servicios como Trade trade specialist en el Centro de Comercio e Inversión de Corea de la Embajada de ese país en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 26 de octubre de 2007.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama, Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Gerardo Villanueva Albarrán, Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola, Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A DECLARAR EL 17 DE MAYO DE CADA AÑO COMO DÍA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA; Y A LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, A FORTALECER SUS TAREAS DE LAS CAMPAÑAS NACIONALES DE EDUCACIÓN QUE PROMUEVAN EL RESPETO Y LA TOLERANCIA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo relativo al decreto que instituye el 17 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia.
Esta Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en sentido positivo, basándose en los siguientes:
Antecedentes
I. Con fecha veintiséis de abril de dos mil siete, el diputado Delio Hernández Valadés, integrante del grupo parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó a la consideración de esta Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a emitir el decreto por el cual se instituye el 17 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia; de la misma forma, dirige un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que desarrolle e implemente una campaña nacional de educación que promueva el respeto y la tolerancia a la diversidad sexual.
II. En la misma fecha, veintiséis de abril de dos mil siete, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada, por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.
III. Con fecha nueve de octubre de dos mil siete, se presentó al Pleno de la Comisión de Gobernación, el proyecto de dictamen correspondiente, siendo aprobado.
Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, exponemos las siguientes:
Consideraciones
1. El proponente manifiesta que en nuestro país la tolerancia no es una práctica ordinaria debido a que la discriminación y la homofobia continúan haciendo estragos en la sociedad ya que, sólo entre 1995 y 2003, se han cometido más de 290 asesinatos de homosexuales en México.
2. Si bien en la Cámara de Diputado del H. Congreso de la Unión se aprobó en votación económica un punto de acuerdo relativo a la celebración de un día nacional contra la homofobia, propuesto por el diputado David Hernández Sánchez, el 31 de octubre de 2006, el diputado Hernández Valadés señala que la respuesta de las autoridades a las que fue dirigido el exhorto ha sido escueta y poco efectiva, por lo que no se refleja el genuino interés para llevar a cabo un día de acciones y actividades que promuevan el respeto a la diversidad y a la tolerancia.
3. En este sentido, el objetivo de la proposición con punto de acuerdo, materia del presente dictamen, es dirigir un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal para que publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se instituye el día 17 de mayo de cada año como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia; asimismo, se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que implemente una campaña nacional de educación que promueva el respeto y la tolerancia a la diversidad sexual.
4. La celebración del Día Nacional de Lucha contra la Homofobia tiene su antecedente en 1990 cuando el 17 de mayo de ese año, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud suprimió definitivamente a la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales.
5. Posteriormente, el Parlamento Europeo realizó una serie de pronunciamientos a favor de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB), especialmente la resolución del 8 de febrero de 1994, la cual recogió totalmente las reivindicaciones de los derechos de las colectivos LGTB.
6. Igualmente, en resoluciones del 18 de enero, del 14 de junio de 2006 y del 26 de abril de 2007, el Parlamento Europeo se pronunció contra todo tipo de violencia homofóbica y se rechazaron las propuestas legislativas de algunos gobiernos europeos que restringían los derechos de las personas pertenecientes a estos grupos.
7. Por otro lado, la movilización civil ha propiciado que en distintas naciones se haya reconocido el 17 de mayo como día internacional contra la homofobia. Efectivamente, el 29 de julio de 2006, el movimiento mundial de personas pertenecientes a grupos homosexuales emitieron el documento conocido como la Declaración de Montreal, en el marco de la Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos de los grupos LGTB.
8. Dicha Declaración de Montreal hace un llamado a todos los países del mundo y a las Naciones Unidas para que reconozcan y promuevan la fecha del 17 de mayo de cada año como Día Internacional de Lucha contra la Homofobia.
9. En nuestro país, el artículo 1o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe cualquier forma de discriminación que anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas:
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
12. El 25 de abril de 2005, en el marco de la ceremonia del inicio de la Campaña Antihomofóbica realizada para impulsar una nueva cultura de respeto y tolerancia hacia las personas con distintas preferencias sexuales a las de la mayoría, el Lic. Gilberto Rincón Gallardo, Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, declaró que:
La homofobia es una forma de discriminación por razón de preferencia sexual. Se trata del rechazo, prejuicio y estigmatización contra quien ha decidido conducir su vida sobre la base de una preferencia sexual distinta de le heterosexualidad mayoritaria. Y es una forma de discriminación porque se expresa mediante una limitación de derechos, libertades y oportunidades de quienes han hecho suya esta opción sexual. Es además, una forma particularmente peligrosa de discriminación, pues con frecuencia conduce a la violencia contra quienes se atreven a vivir su sexualidad de manera diferente.
Nuestra Constitución, en su artículo 1°, es decir, en la primera parte de las garantías individuales para toda persona en México, prohíbe la discriminación por preferencias. Y aunque no lo especifica como "sexuales" estas preferencias, es lógico que entendamos que la Carta Magna no pone el acento en la defensa de preferencias gastronómicas o musicales (que, aunque siempre defendibles, no están amenazadas), sino en la de preferencias que pueden definir la idea de una persona, como las sexuales, que son esenciales en la construcción de un proyecto de vida y que, en efecto, exigen protección porque están con frecuencia amenazadas.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, promulgada en 2003, y que fue aprobada por consenso tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, agrega el adjetivo "se negaba a pronunciar su nombre", y prohíbe de manera expresa la discriminación por preferencias sexuales; además establece protecciones especiales para toda persona frente a la exclusión y la burla por la manera de hablar, expresarse o manifestar la opción sexual propia. Esta ley crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y le ordena que, entre otras tareas, difunda y defienda esta cultura y derechos de la no discriminación.
Por ello, cuando se nos pregunta porqué instituciones públicas como la Secretaría de Salud y Conapred encabezan esta campaña de información y sensibilización contra la homofobia, la única respuesta que podemos dar es: "Porque estamos cumpliendo con la Ley". No hacerlo así sería incumplir con nuestra obligación legal..."
13. El 31 de octubre de 2006, el diputado David Sánchez Camacho, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo con el fin de instituir el 17 de mayo como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, siendo aprobado en votación económica. Los acuerdos aprobados fueron los siguientes:
Segundo. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte respetuosamente al Poder Ejecutivo en sus respectivos ámbitos federal, estatal y municipal, a instituir y celebrar el 17 de mayo de cada año como el Día Nacional de Lucha Contra la Homofobia.
Tercero. Se exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal a que en uso de sus atribuciones adopten las medidas conducentes para promocionar el Día Nacional de Lucha Contra la Homofobia.
15. Esta Comisión considera valioso cualquier esfuerzo de las instituciones y de la sociedad civil para lograr una convivencia armónica y de respeto, por lo que considera viable el exhorto dirigido al titular del Poder Ejecutivo Federal para que el día 17 de mayo de cada año se considere como Nacional de Lucha contra la Homofobia.
16. Por otro lado, el artículo 17 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene como objeto la formulación y promoción de políticas públicas , a través de programas, proyectos y acciones para prevenir y erradicar la discriminación:
I. Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país;
II. Llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación;
III. Formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio nacional, y
IV. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el siguiente:
Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de la Unión a declarar el 17 de mayo de cada año como el "Día Nacional de Lucha contra la Homofobia" , a través de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, organismo descentralizado sectorizado de la Secretaría de Gobernación, a fortalecer sus tareas de implementación y desarrollo de las campañas nacionales de educación a nivel nacional que promuevan el respeto y la tolerancia de la diversidad sexual.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México Distrito Federal, a los nueve días del mes de octubre de dos mil siete.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Camacho Quiroz, Ricardo Cantú Garza, Ariel Castillo Nájera, Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Mario Eduardo Moreno Álvarez, Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez, Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia, Manuel Portilla Diéguez (rúbrica en abstención), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN A REDOBLAR ESFUERZOS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, A FIN DE PROMOVER Y ASEGURAR MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA, ESPECIALMENTE DE LOS PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO, EN LAS ELECCIONES POR CELEBRARSE EL 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Instituto Electoral de Michoacán para que instrumente una campaña de información y concientización a fin de promover la participación electoral de los pueblos y comunidades indígenas del estado en las próximas elecciones de noviembre.
Esta Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente dictamen en sentido positivo, basándose en los siguientes:
Antecedentes
I. Con fecha once de octubre de dos mil siete, el diputado Jorge Quintero Bello, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó a la consideración de esta Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Instituto Electoral de Michoacán para que instrumente una campaña de información y concientización a fin de promover la participación electoral de los pueblos y comunidades indígenas del estado en las próximas elecciones de noviembre.
II. En la misma fecha, once de octubre de dos mil siete, la proposición con punto de acuerdo mencionada fue turnada, por disposición de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.
Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, exponemos las siguientes:
Consideraciones
1. El propósito del punto de acuerdo materia del presente dictamen es realizar un atento exhorto al Instituto Electoral del Estado de Michoacán, para que instrumente una campaña de información y concientización con miras a promover la participación electoral de los pueblos y comunidades indígenas del Estado en la próxima jornada electoral.
2. A consideración del diputado proponente, este derecho político se encuentra en ocasiones condicionado o bien es muchas veces ignorado y desestimado por los pueblos indígenas, toda vez que existe un rezago, respecto al empadronamiento y concientización de la importancia de las elecciones y participación política.
3. Los indígenas de Michoacán se encuentran en una situación de desigualdad frente al resto de la población en el estado; el proponente considera que el goce y disfrute de sus derechos fundamentales se encuentra condicionado por distintos aspectos, heredados por la política de integración utilizada en el pasado.
4. El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, reconoce que la nación mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son los que descienden de las poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.
5. De acuerdo con datos proporcionados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la población indígena de nuestro país es de 12,707,000 personas, lo que representa un 10.5% de la población total de nuestro país.
6. El estado de Michoacán es un reflejo del componente pluricultural de la nación mexicana, su población indígena asciende a 199,245, es decir, un total del 5% del total de los habitantes de la entidad. Un ejemplo de ello es el pueblo purépecha que es el grupo indígena dominante del Estado; geográficamente se encuentran en la región norcentral, extendiéndose en un área de 6000 km2 de los 60,000 que conforman el territorio michoacano.
7. El once de noviembre de dos mil siete, se celebrarán elecciones en el estado de Michoacán para elegir gobernador, congreso local y ayuntamientos, durante las cuales es necesario garantizar los derechos político-electorales de los ciudadanos.
8. El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que votar en las elecciones populares es una prerrogativa de los ciudadanos mexicanos, con el fin de elegir a sus representantes para los cargos que la misma Constitución establece.
9. El artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, señala que el Instituto Electoral del Estado de Michoacán, es el encargado de organizar y preparar el desarrollo y promoción de las elecciones en esa Entidad Federativa.
Asimismo, el artículo 102 del Código Electoral para el Estado de Michoacán señala que dentro de los fines del Instituto se encuentra los de coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política y asegurar el derecho de participación política y electoral de los ciudadanos.
10. Esta Comisión reconoce el trabajo que ha venido realizando el Instituto Electoral del Estado de Michoacán en el proceso electoral; sin embargo, se considera viable exhortar a la autoridad electoral para que redoble sus esfuerzos con el fin de promover y asegurar una mayor participación de la ciudadanía en dicho proceso, especialmente de los pueblos y comunidades indígenas del estado.
Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente:
Acuerdo
Único. Se exhorta, respetuosamente, al Instituto Electoral de Michoacán para que en el ámbito de su competencia, redoble sus esfuerzos con el fin de promover y asegurar una mayor participación de la ciudadanía, especialmente de los pueblos y comunidades indígenas del estado, en las próximas elecciones a celebrarse el once de noviembre del presente año.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil siete.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello, María del Carmen Fernández Ugarte, Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Mario Eduardo Moreno Álvarez, Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega(rúbrica), Raciel Pérez Cruz (rúbrica), Gerardo Priego Tapia, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez, Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SEGURIDAD SOCIAL, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A CONVOCAR MEDIANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A UNA AMPLIA CONSULTA CON LOS SECTORES DE LA PRODUCCIÓN, CON ACADÉMICOS Y CON ESPECIALISTAS PARA LA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Honorable Asamblea:
En la sesión celebrada el 24 de octubre del 2006 fue turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la LX Legislatura, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a convocar, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a una amplia consulta con los sectores de la producción, así como con académicos y especialistas, para la revisión y adecuación del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.
La Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y la de Seguridad Social, con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente:
Metodología
Las comisiones encargadas del análisis y dictamen del Punto de Acuerdo mencionado anteriormente, desarrollaron su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:
I. En el capítulo de "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión.
II. En el capítulo correspondiente a "Contenido de la Iniciativa", se exponen los motivos y alcance del Punto de Acuerdo en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
III. En el capítulo de "Consideraciones", las comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen al punto de acuerdo en análisis.
I. Antecedentes
El 24 de octubre del 2006, la diputada Rosario Ortiz Magallón, del Grupo Parlamentario Del PRD, presentó ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a convocar, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a una amplia consulta con los sectores de la producción, así como con académicos y especialistas, para la revisión y adecuación del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, misma que fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
II. Contenido de la iniciativa
La diputada expone en la proposición con punto de acuerdo que las autoridades y los patrones son omisos ante sus atribuciones y obligaciones hacia la seguridad y la salud de los trabajadores. Comenta que tan sólo en Petróleos Mexicanos (Pemex) el número de siniestros se ha incrementado en 37 por ciento durante la administración pública federal anterior, el avance de la tecnología y de la previsión social debiera reflejarse en la reducción de estos riesgos y en el cuidado de la integridad física del trabajador, por encima del principio de la obtención de la máxima ganancia.
Manifiesta que un factor que debe atenderse es el normativo. El Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, vigente desde enero de 1997, buscó "simplificar" el contenido reglamentario para "evitar regulaciones excesivas". El problema es que parte de esta desregulación hizo que las empresas dejaran de realizar acciones obligatorias conforme a la Ley Federal del Trabajo.
Asimismo ilustra al mencionar que el artículo 130 del reglamento establece que las empresas con menos de cien trabajadores no tengan que elaborar un diagnóstico y un programa de seguridad e higiene, bastando sólo hacer una relación de medidas preventivas en la materia, de acuerdo con la peligrosidad de las actividades que desarrollen. Esto constituye una excepción a lo establecido en el artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo y un riesgo para 38 millones de trabajadores que no laboran en empresas grandes.
La diputada considera que la revisión a este reglamento debe ser prioritaria; que ésta debe ser consensuada y objeto de una amplia consulta con los sectores de la producción así como con académicos y especialistas en el menor plazo posible.
III. Consideraciones
Las condiciones de seguridad e higiene dentro de los centros de trabajo se encuentran reguladas principalmente por un conjunto de elementos de participación federal, estatal e industrial, conformado por:
• Las Comisiones Consultivas Estatales y del Distrito Federal.
• Las Comisiones de Seguridad e Higiene de los Centros de Trabajo.
Las funciones básicas de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene son:
• Proponer los anteproyectos de normas que juzgue convenientes, así como la modificación o cancelación de las que estén en vigor.
• Practicar estudios en materia de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente laboral y someterlos a consideración de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
• Coordinar, evaluar y presentar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las propuestas de anteproyectos de normas formuladas por las comisiones consultivas estatales o del Distrito Federal de seguridad e higiene en el trabajo.
• Estudiar y proponer medidas preventivas de riesgos de trabajo y contribuir a su difusión.
Las comisiones consultivas estatales y del Distrito Federal tienen como atribuciones:
• Promover estudios en la materia y someterlos a consideración de la Comisión Consultiva Nacional.
• Proponer a la Comisión Consultiva Nacional las reformas y adiciones reglamentarias en la materia, para que a su vez ésta las presente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
• Estudiar y proponer medidas preventivas de riesgos de trabajo y contribuir a su difusión.
Para fines de que se dé un debido cumplimiento al Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo dentro de un centro de trabajo, es necesario crear obligaciones por parte tanto del patrón como de los trabajadores, así mismo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su posición de departamento verificador del cumplimiento de las medidas sugeridas durante las visitas. La importancia de tener un Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral es, entonces, de capital importancia que la que dictamina considera que la revisión y actualización de este reglamento debe ser prioritaria; que ésta debe ser consensuada y objeto de una amplia consulta con los sectores de la producción, así como con académicos y especialistas en el menor plazo posible.
Por lo anteriormente expuesto, estas comisiones dictaminadoras someten a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente dictamen:
Es de aprobarse la propuesta con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a convocar, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a una amplia consulta con los sectores de la producción, así como con académicos y especialistas, para la revisión y adecuación del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, por lo que proponen el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a convocar, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a una amplia consulta con los sectores de la producción, así como con académicos y especialistas, para la revisión y adecuación del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de mayo de 2007.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), José Antonio Almazán González, Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Ramón Almonte Borja, Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), José Antonio Arévalo González (rúbrica), Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes, Ricardo Cantú Garza, Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Alfredo Barba Hernández, Adrián Pedrozo Castillo, Sonia Noelia Ibarra Franquez, Rosario Ignacia Ortiz Magallón, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Diego Aguilar (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica).
La Comisión de Seguridad Social
Diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Efraín Arizméndi Uribe (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Joel Arellano Arellano, Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez, Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro, Addy Cecilia Joaquín Coldwell, Agustín Leura González, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Ramón Almonte Borja (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla, Adrián Pedrozo Castillo, Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), Joel Ayala Almeida, Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Jesús González Macías, Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN A LA ISLA DE SACRIFICIOS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente N°. 796, que contiene la propuesta con punto de acuerdo con relación a la Isla de Sacrificios en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentado por el diputado Jesús González Macías, a nombre propio y de los diputados Guadalupe García Noriega, Francisco Elizondo Garrido, Diego Cobo Terrazas y del senador Javier Orozco Gómez, todos ellos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta Comisión ordinaria, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2 fracción XXIV; y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:
Antecedentes
Primero. El 25 de julio de 2007, el diputado Jesús González Macías, a nombre propio y de los diputados Guadalupe García Noriega, Francisco Elizondo Garrido, Diego Cobo Terrazas y del senador Javier Orozco Gómez, todos ellos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una propuesta con punto de acuerdo con relación a la Isla de Sacrificios en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
Segundo. En esa misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
El Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) fue decretado área natural protegida (ANP) con carácter de parque nacional el 24 de agosto de 1992, cuenta con una superficie de 52,284 hectáreas y como su nombre lo indica, se localiza en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Esta ANP se estableció con el objeto de asegurar tanto el equilibrio como la continuidad de los procesos ecológicos que en esa zona tienen lugar; proteger la diversidad biológica de las especies existentes, asegurar el aprovechamiento sustentable de los recursos, y proporcionar un campo propicio para la investigación científica.
El SAV está constituido por un conjunto de 23 arrecifes coralinos, entre los que se incluye el denominado "Sacrificios", ubicado en el municipio de Boca del Río. Este arrecife, junto con el de "Pájaros" tienen una superficie de 489 hectáreas y revisten una gran importancia científica, educativa, histórica y cultural.1 El arrecife "Sacrificios" presenta "formas ovaladas orientadas de noroeste a suroeste, con lomas elevadas y lagunas someras, construidas en bancos de fragmentos calcáreos bioclásticos. Estas plataformas o arrecifes tipo mesa, poseen hacia barlovento, cordillera de pedruscos y rocas calcáreas diseminadas sin ningún orden, las cuales, en forma esporádica, son removidas naturalmente, formando en su interior lagunas de bajo nivel que van desde 0.5 a 1.5 metros de profundidad."2
La Comisión dictaminadora se permite destacar que los arrecifes coralinos, son uno de los ecosistemas más ricos, complejos y productivos, pues pueden llegar a albergar hasta un millón de especies entre las que figuran los corales, los moluscos, los crustáceos, las algas, los equinodermos y los peces. Los servicios ambientales que este ecosistema provee son muy importantes ya que resguarda a la zona costera de los daños que pueden ocasionar las tormentas tropicales y los huracanes.
El arrecife "Sacrificios" es sitio idóneo para la alimentación, la reproducción y la crianza de especies comerciales de peces, por lo que para la comunidad de Boca del Río, el arrecife representa una fuente importante de ingresos debido a que una parte de la población se dedica a la pesca. A lo anterior, hay que sumar, como ya se dijo, el importante valor científico y estético que tiene el conjunto arrecifal.
El arrecife forma parte del ecosistema de la isla de Sacrificios, que tiene una extensión de 450 metros de largo por 198 metros de ancho. Al respecto cabe recordar que desde tiempos inmemorables la isla de Sacrificios ha sufrido el impacto de diferentes actividades: desde el saqueo de corales para ser utilizados en la industria de la construcción o con fines artesanales; hasta los efectos derivados del crecimiento urbano del Puerto de Veracruz y su desarrollo que, entre otras cosas, cambió la configuración de la línea costera. Por ello desde hace 24 años se decidió cerrar la isla al público.
Los legisladores integrantes de esta Comisión dictaminadora tienen conocimiento de los planes municipales para reabrir este importante lugar con el objeto de promover las actividades turística, educativa y de investigación; lo que sin duda alguna pondrá en inminente riesgo el frágil equilibrio ecológico, ya de por sí perturbado, toda vez que se pretende construir un centro turístico y un muelle de embarque, además de dos museos en el sitio. Al aumentar el tráfico de embarcaciones y de personas hacia la isla, es muy probable que se produzcan alteraciones tanto en el volumen de sedimento arrastrado hacia el arrecife como en la distribución de las especies, dañándolo irreversiblemente.
Por todo lo anterior no es de sorprender que la Dirección General de Impacto Ambiental, después de haber recibido y analizado la Manifestación de Impacto Ambiental para el desarrollo del proyecto "Centro de Educación para la conservación Isla de Sacrificios", haya decidido solicitar información adicional al respecto. De acuerdo a una entrevista concedida a los medios masivos de comunicación, el delegado Estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Manuel Molina Martínez, comentó que: "la iniciativa explica a detalle la mecánica para el manejo de la isla con el acceso de turistas, control interno, infraestructura para los traslados, pero faltan algunos detalles sobre la conservación que deben corregirse."3
El número de visitantes que se permitirá acceder a la isla no parece estar sustentado en ningún tipo de estudio o metodología que justifique esa capacidad de carga. No se debe olvidar que el turismo en esa isla inevitablemente producirá alteraciones en el ecosistema toda vez que: "La gente pisa, arranca, se lleva lo que encuentra a su paso y le parece ‘novedoso’, ensucia, y sin la infraestructura, vigilancia y reglamentación requerida, no va a respetar ninguna parte de la isla."4
Los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran oportuno recordar que la isla de Sacrificios es sitio de anidación y desove de la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), catalogada en peligro de extinción por la normatividad ambiental vigente. De abrirse al turismo la isla, inevitablemente habrá un impacto negativo en la población de esta especie, con lo que se estarían violentando los compromisos adquiridos por nuestro país ante la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, cuyo objeto, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1 es "promover la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de los hábitats de los cuales dependen..." Recordemos que uno de esos hábitat es el arrecife "Sacrificios".
Más aún, el numeral 2 del artículo VI de dicha Convención establece ciertas medidas que los Estados Parte deberán adoptar para cumplir con el objetivo de la misma, entre las que se encuentran: "c. En la medida de lo posible, la restricción de las actividades humanas que puedan afectar gravemente a las tortugas marinas, sobre todo durante los periodos de reproducción, incubación y migración;
d. La protección, conservación y, según proceda, la restauración del hábitat y de los lugares de desove de las tortugas marinas, así como el establecimiento de las limitaciones que sean necesarias en cuanto a la utilización de esas zonas mediante, entre otras cosas, la designación de áreas protegidas, tal como está previsto en el Anexo II."
Entre otras cosas, el Anexo II de la referida Convención obliga a los Estados parte a: "1. Requerir estudios de impacto ambiental de las actividades relativas a desarrollos costeros y marinos que pueden afectar los hábitats de las tortugas marinas, incluyendo: dragado de canales y estuarios; construcción de muros de contención, muelles y marinas; extracción de materiales; instalaciones acuícolas; establecimiento de instalaciones industriales; utilización de arrecifes; depósitos de materiales de dragados y de desechos, así como otras actividades relacionadas.
2. Ordenar y, de ser necesario, regular el uso de las playas y de las dunas costeras respecto a la localización y características de edificaciones, al uso de iluminación artificial y al tránsito de vehículos en áreas de anidación.
3. Establecer áreas protegidas y otras medidas para regular el uso de áreas de anidación o distribución frecuente de tortugas marinas, incluidas las vedas permanentes o temporales, adecuación de las artes de pesca y, en la medida de lo posible, restricciones al transito de embarcaciones."
A lo anterior se suma el peligro de que el patrimonio histórico que se localiza en la isla y que data de más de 700 años sea destruido o bien hurtado. De acuerdo con investigadores del INAH la isla de Sacrificios, como su nombre lo indica fue utilizada para hacer sacrificios humanos en honor al dios Quetzalcóatl, además de que los antiguos pobladores acostumbraban enterrar a sus muertos en ese lugar.
De acuerdo a los datos históricos se sabe que en la isla existió un altar que no ha sido encontrado. Siglos después la isla albergó un hospital para pacientes terminales y aunque ya no quedan restos importantes de esa edificación aún se puede ver un fragmento de muro. En la época de la intervención francesa se construyó un obelisco en honor a los franceses y que actualmente contiene una explicación de las invasiones que sufrió el puerto así como del parque nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.
Finalmente es importante destacar que los integrantes de la Comisión que dictamina no se oponen al desarrollo turístico y el progreso social, sin embargo no conciben que este desarrollo de un sector y el progreso se lleven a cabo a costa de deterioro ambiental alguno, pues como dijo el Presidente Felipe Calderón en ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente la conservación de la riqueza biológica de México es una herramienta indispensable para posicionarnos en un lugar destacado a nivel internacional.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión que suscriben el presente dictamen se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por medio de su Delegación en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a que considere dictaminar en contra de la apertura al turismo de la Isla de Sacrificios; que forma parte del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, frente a la costa del Municipio de Boca del Río, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave toda vez que esta acción no beneficia de manera significativa la economía del Estado, sino que pone en gran riesgo el equilibrio ecológico y la conservación de dicha área natural protegida.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a que emita y envíe a esta soberanía, opinión respecto del impacto que puede representar para el área natural protegida, el proyecto de apertura al turismo de la isla de Sacrificios que forma parte del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, frente a la costa del municipio de Boca del Río, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a que emita y envíe a esta Soberanía, opinión respecto del impacto sobre el patrimonio histórico de la nación que puede representar el proyecto de apertura al turismo de la isla de Sacrificios, frente a la costa del municipio de Boca del Río, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Notas:
1 Los otros arrecifes que forman parte del conjunto del SAV son: "Anegada de Afuera", "Topatillo", "Santiaguillo", "Anegadilla", "Cabezo", "De En medio", "Rizo", "Chopas", "Polo", "Blanca", "Giote", "Punta Coyo", "Ingeniero", "Pájaros", "Verde", "Bajo Paducah", "Anegada de Adentro", "Blanquilla", "Galleguilla", "Gallega", "Punta Gorda" y "Hornos".
2 Sedesol. "Decreto por el que se declara área natural protegida con el carácter de Parque Marino Nacional, la zona conocida como Sistema Arrecifal Veracruzano, ubicada frente a las Costas de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado del estado de Veracruz Llave, con superficie de 52,238-91-50 hectáreas." Diario Oficial de la Federación, 24 de agosto de 1992. En:
http://www.conanp.gob.mx/sig/?id=tw_redireccion.
Página consultada el 24 de julio de 2007.
3 AVC Noticias. "Rechaza Semarnat proyecto de apertura de la Isla Sacrificios". En:
http://www.milenio.com/xalapa/milenio/notaanterior.asp?id=763283.
Página consultada el 24 de julio de 2007.
4 Cortés Delgado G. "La Isla en disputa". Jornada Ecológica. Número Especial 31 de octubre de 2005. en:
http://www.jornada.unam.mx/2005/10/31/eco-d.html.
Página consultada el 24 de julio de 2007.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados el día 16 de octubre 2007.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández, José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González, Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González, Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas, Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LA SEMARNAT A REALIZAR –EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, GUERRERO Y OAXACA– TRABAJOS PARA EL RESCATE DE LA REGIÓN MIXTECA, CONSIDERADA DESASTRE ECOLÓGICO POR LA FALTA DE AGUA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente N°. 1956, que contiene la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, que en coordinación con los gobiernos de los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca, realicen trabajos para el rescate de la Región Mixteca, considerada como desastre ecológico por la falta de agua, presentado por el diputado Luis Contreras Coeto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2 fracción XXIV; y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:
Antecedentes
Primero. El 26 de abril de 2007, el diputado Luis Contreras Coeto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, que en coordinación con los gobiernos de los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca, realicen trabajos para el rescate de la región Mixteca, considerada como desastre ecológico por la falta de agua, y
Segundo. En esa misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
La Región Mixteca cubre una superficie de 37,229 km2 y se conforma por 1,752 localidades que pertenecen a 194 Municipios del Estado de Oaxaca, 7 municipios del estado de Puebla y 16 municipios del estado de Guerrero.1 Sin embargo, de acuerdo con el estudio Regiones Indígenas de México: "si bien se ubica a los mixtecos tradicionalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla, por motivos de migración su población se dispersó por todo el país."2 De hecho es importante señalar que este estudio cita los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática destacando que: "aproximadamente 10 por ciento de la población mixteca registrada... vive en el Distrito Federal y el Estado de México, e incluso cerca del 7 por ciento en los estados de Baja California, Sinaloa y Sonora."3
La Región Mixteca es una de las más pobres del país en términos económicos y de marginación, no así en términos culturales o en biodiversidad. En esa región "los niveles de marginación se ven reflejados en las altas y muy altas tasas de mortalidad infantil y tasa global de fecundidad, con 107 y 108 municipios, respectivamente, lo que significa más del 90.8 por ciento de los municipios de la región."4
Aún cuando el clima de la región Mixteca es muy diverso, predominan los climas templado y semi cálido con una temperatura media anual que entre los 12°C y 18°C, pudiendo registrar una temperatura mínima de -3°C y una máxima de 22°C. La precipitación también es muy variada, pero la media oscila entre los 200 mm y 1,800 mm al año, siendo la mínima entre 0 mm y la máxima de hasta 2,500 mm. Como se puede apreciar, se trata de una zona donde el agua no es muy abundante.
La Región Mixteca presenta una importante biodiversidad, pues en ella se localiza la provincia florística "Tehuacán - Cuicatlán", de la región xerofítica mexicana. Aunque perturbada, la vegetación de la Mixteca presenta bosque mesófilo de montaña, bosque de pino y bosque de pino-encino. En esta región también se encuentra la única localidad de liquidámbar en la vertiente pacífica. Más aún, "la región es rica en diversidad de plantas de importancia global y endemismos, representada por 2,703 especies, incluidas en 189 familias de Cactaceae, Compositae, Gramineae, Orchidaceae y helechos. Muchas de estas plantas son usadas como alimento (127 especies), forraje (122), uso medicinal (60), combustible (92) y otros usos."5 De hecho se piensa que la Mixteca es el centro de origen de cultivos de maíz, frijol, amaranto, calabaza, entre otros. Además en esta región se encuentran el Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán y la Región Terrestre Prioritaria RTP-126 "Sierras Triqui-Mixteca."
Por lo que se refiere a la hidrología, de acuerdo a la clasificación de la Comisión Nacional del Agua (CNA), la región Mixteca se ubica en dos cuencas hidrológico-administrativas: "V Pacífico Sur" y "VI Balsas". La región "V Pacífico Sur" tiene una extensión territorial de 77.1 km2 que alberga a una población de 4.2 millones de personas asentadas en 358 municipios. En el año 2004, la disponibilidad natural media total fue de 32,508 hm3, mientras que el escurrimiento natural medio superficial total fue de 30,799 hm3 y la recarga media total de acuíferos fue de 1,709 hm3.6 En el año 2005 el volumen total de agua concesionado fue de 1,268 hm3, que representa el 4% del total, con un grado de presión escaso. Por lo que se refiere a la calidad del agua de esta región hidrológico-administrativa sorprende que la CNA aún no cuente con información al respecto y que a la fecha no muestre interés por llevarla a cabo.
Los datos más recientes de la Comisión Nacional del Agua indican que hasta el año 2004, en la región "V Pacífico Sur" se habían concesionado 983 hm3 de agua para uso agropecuario, 140 hm3 para abastecimiento público y 14 hm3 para la industria autoabastecida. Fuera del cuerpo de agua, hasta diciembre de 2005 se habían concesionado 982.3 hm3 para uso agropecuario, 270 hm3 para abastecimiento público y 15.5 hm3 para la industria autoabastecida. En cuanto al volumen de agua empleado para la generación de energía hidroeléctrica en el año 2003 (datos más recientes) se utilizaron 1,705 hm3. Ahora bien, se encontró que en el año 2003 el volumen de agua residual no municipal reutilizada en la región en comento fue de 0.4 m3/s.8
La región "VI Balsas" tiene una extensión territorial de 119.2 km2 que alberga a 10.85 millones de personas asentadas en 422 municipios. En el año 2005, la disponibilidad natural media total fue de 28,924 hm3, mientras que el escurrimiento natural medio superficial total fue de 24,944 hm3 y la recarga media total de acuíferos fue de 3,980 hm3.9 En el año 2005 dos de los 47 acuíferos estaban sobre explotados, el volumen total de agua concesionado fue de 10,474 hm3, que representa el 37% del total, con un grado de presión media - fuerte.10
Por lo que se refiere a la calidad del agua, utilizando el parámetro Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días, en esta región hidrológico - administrativa el 21.4% de las estaciones de monitoreo detectaron agua contaminada y el 7.1% detectaron agua fuertemente contaminada. En cuanto a la calidad del agua bajo el criterio Demanda Química de Oxígeno, el 35% de las estaciones de monitoreo en cuerpos de agua superficial detectaron agua contaminada y el 12.5% agua fuertemente contaminada.11
En la región "VI Balsas", hasta el año 2004 se habían concesionado 6,179 hm3 de agua para uso agropecuario, 576 hm3 de agua para abastecimiento público y 3,401 hm3 para la industria autoabastecida. Fuera del cuerpo de agua, hasta diciembre de 2005 se habían concesionado 7,539.9 hm3 para uso agropecuario, 1,181.2 hm3 para abastecimiento público y 316.6 hm3 para la industria autoabastecida. En cuanto al volumen de agua empleado para la generación de energía hidroeléctrica en el año 2003 (datos más recientes) se utilizaron 45,588 hm3. En el año 2003 el volumen de agua residual no municipal en la región fue de 1.3 m3/s.12
Un dato que resulta alarmante es el de la disponibilidad de agua, porque de acuerdo al estándar de la Organización Mundial de la Salud, una persona requiere 150 litros de agua al día para cubrir necesidades básicas. Sin embargo, en la Región Mixteca muchas de las familias sobreviven con solo 7 litros de agua al día.
Los estudios antropológicos demuestran que en la Mixteca existe una historia de manejo y uso eficiente del agua, sin embargo las políticas impuestas desde la capital del país trastocaron profundamente este conocimiento. De hecho, en el estudio financiado por el Banco Mundial y por el Banco de Holanda se reconoce que: "la opción tecnológica que el mundo moderno ofrece para obtener agua es perforar pozos profundos, lo que es muy caro y presenta serias limitaciones ecológicas dada la naturaleza del substrato geológico (por ejemplo, rocas metamórficas o volcánicas) en muchas partes de la región Mixteca, con un bajo potencial de humedad subterránea acumulada."13
El suelo de la Mixteca tiene un pH de 6.8 a 8.7 por lo que se cataloga como básico y se caracteriza por carecer de materia orgánica y ser deficiente en nutrientes inorgánicos. De acuerdo con la clasificación de suelos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), tres cuartas partes del suelo son de tipo Leptosol lítico, es decir que está limitado en profundidad por roca dura o por una capa continua cementada; mientras que un cuarto del suelo es del tipo Regosol éutrico, es decir aquel que procede de materiales no consolidados con una susceptibilidad a la erosión de moderada a alta con un grado de saturación mayor al 50% entre los 25 cm - 50 cm superficiales y sin presencia significativa de carbonato de calcio.14
El 83% del suelo de la Mixteca se encuentra de ligera a moderadamente degradado y el 17% presenta signos de erosión severa. Por lo que se refiere a la erosión hídrica, a nivel nacional el estado de Oaxaca ocupaba el cuarto lugar en terreno deformado con 232,105 hectáreas, el sexto lugar por pérdida de suelo superficial con 1,443,216 hectáreas y el sexto lugar por superficie estatal afectada con 1,675,321 hectáreas. Por su parte, el estado de Guerrero ocupaba el primer lugar en terreno deformado con 351,919 hectáreas, el quinto lugar por pérdida de suelo superficial con 1,652,607 hectáreas y el cuarto lugar por superficie estatal afectada con 2,004,257 hectáreas.15 Por erosión eólica Puebla ocupaba el primer lugar por deformación del terreno con 43,805 hectáreas.16
Al evaluarse el potencial de la erosión en el país, los estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero presentaron riesgo potencial de erosión hídrica en más del 50% de sus territorios. Más aún, el 13.3% del territorio de Puebla registró un potencial muy severo de este tipo de erosión; mientras que el 20.7% del territorio de Oaxaca y el 22.1% del de Guerrero registraron un potencial severo. Asimismo de acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los suelos agrícolas en los estados de Puebla y Oaxaca tienen una fertilidad baja, mientras que en Guerrero la fertilidad es media.
Si además de los factores suelo y agua ya señalados se toma en cuenta que desde tiempos remotos en la Mixteca se han aplicado una serie de políticas agrícolas y silvícolas erróneas que, lejos de propiciar la conservación de los recursos naturales han promovido la deforestación, el sobrepastoreo y el cambio de uso de suelo, se entenderá por qué se ha considerado a ésta región como "Área de Desastre Ecológico".
Sin embargo, se debe reconocer que muchas comunidades de la región han trabajado por más de 20 años en la recarga de los mantos acuíferos y en la recuperación del suelo. Muchos de los proyectos implementados se han enfocado en: "la reforestación, el uso eficiente del agua, el incremento de las reservas de agua y flujo de los ríos y arroyos a través de la construcción de nuevos diques de contorno que captan hasta el 80% de la lluvia."17 Para incrementar las reservas de agua se han construido zanjas que permiten captar desde 360 hasta 36,000 litros de agua en cada evento de lluvia, dependiendo del tamaño de la zanja.
Algunos ejemplos de manejo eficiente para captación de agua y recuperación del suelo son los siguientes. En la comunidad de Los Peñascos, en el Municipio de Tlaxiaco, Oaxaca se ha logrado reforestar 600 hectáreas de bosque con las especies Pinus oaxacana, Pinus michoacana y Acacia retinoides. Además la comunidad tiene 80 hectáreas bajo manejo a través de bordos y zanjas trinchera para captación de agua. Los distritos de Coixtlahuaca, Teposcolula y Nochixtlán en Oaxaca conformaron la Unión de pueblos Chocho Mixtecos y han logrado reforestar una importante área, además de construir bordos y pretiles que han combinado con árboles forestales y frutales. Diecisiete comunidades de los Municipios de Nochixtlán y Tilantongo, Oaxaca, constituyeron el Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca y han logrado tener un uso eficiente del agua así como incrementar su disponibilidad mediante la construcción de cisternas que tienen una capacidad para almacenar hasta 15,000 litros; también se ha reforestado con un millón de árboles nativos y el uso de agroquímicos ha sido substituido por el de vermicomposta. La organización Alternativas A. C. ha trabajado con diferentes comunidades de la Mixteca en proyectos que han permitido llevar a cabo más de mil obras para la regeneración de cuencas.
Estos resultados han merecido el reconocimiento nacional e internacional. Por ejemplo, a la comunidad de Los Peñascos, Municipio de Tlaxiaco, la Comisión Nacional Forestal le otorgó la mención honorífica al Premio Nacional Forestal en el año 2000. La organización Alternativas A. C. se ha hecho acreedora al Premio al Mérito Ecológico 2005, Premio Nacional Agroalimentario 2005, Premio México Calidad Suprema 2005, el Premio Slow Food por la Defensa de la Biodiversidad 2003 y el Premio por Tecnologías contra la Desertificación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 1998.18
No obstante lo anterior, y dada la extensión de la región Mixteca, el estudio financiado por el Banco Mundial y el Banco de Holanda reconoce que: "desafortunadamente muchas acciones de reforestación y de conservación de suelo no responden a un plan estratégico que perciba a la cuenca como unidad y los trabajos se realizan en áreas que no son necesariamente claves en relación con la dinámica de flujos de agua y erosión a nivel de cuenca."19 Además se observa que los ejemplos que han demostrado ser exitosos en gran medida deben este triunfo a la participación activa de las comunidades pues son éstas las que conocen el entorno y cuentan con conocimiento ancestral de manejo de recursos naturales. Lamentablemente estos ejemplos no se han replicado en otras comunidades de la Mixteca, por lo que no se puede hablar de un éxito total en la recuperación de suelo y cuencas hidrológicas. Por lo anterior, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran inaplazable la coordinación de las autoridades federales encargadas de la agenda ambiental y locales para instrumentar políticas que repliquen los ejemplos que han demostrado ser exitosos y se resuelva la situación crítica que impera en la Región Mixteca.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión ordinaria que suscriben el presente dictamen se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que por medio de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y, de Hacienda y Crédito Público; para que en coordinación con los gobiernos de los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca implementen las medidas urgentes que permitan el rescate de la Región Mixteca considerada por esta soberanía como zona de desastre ecológico debido a la escasez de agua, la erosión y el avance de la desertificación.
Notas
1 Martínez J. Coord. 2006. "Antecedentes y Descripción de la Región Mixteca". Manejo del Agua y Restauración Productiva en la Región Indígena Mixteca de Puebla y Oaxaca. Banco Mundial- Programa de Cooperación sobre Agua, Banco de Holanda. p 13.
2 Serrano Carreto E. Coord. 2006. "4.13 Mixteca" Regiones Indígenas de México. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. México, p. 82.
3 Idem. p. 82.
4 Idem. p. 85.
5 Martínez J. Coord. 2006. Op. Cit. p 14.
6 CNA. "Región V Pacífico Sur". Sistema Nacional de Información sobre Cantidad, Calidad, Usos y Conservación del Agua. En: http://www.cna.gob.mx/SINA/. Página consultada el 16 de julio de 2007.
7 CNA. 2006. "Situación de los Recursos Hídricos". Estadísticas del Agua en México 2006. México, p. 41.
8 CNA. "Región V Pacífico Sur". Sistema Nacional de Información sobre Cantidad, Calidad, Usos y Conservación del Agua. En: http://www.cna.gob.mx/SINA/. Página consultada el 16 de julio de 2007. CNA. 2006 "Usos del Agua e Infraestructura". Estadísticas del Agua en México 2006. México, p. 77.
9 CNA. "Región VI Balsas". Sistema Nacional de Información sobre Cantidad, Calidad, Usos y Conservación del Agua. En: http://www.cna.gob.mx/SINA/.
Página consultada el 16 de julio de 2007.
10 CNA. 2006. "Situación de los Recursos Hídricos". Estadísticas del Agua en México 2006. México, p. 41.
11 Idem. pp. 60 y 62.
12 CNA. "Región VI Balsas". Sistema Nacional de Información sobre Cantidad, Calidad, Usos y Conservación del Agua. En:
http://www.cna.gob.mx/SINA/.
Página consultada el 16 de julio de 2007. CNA. 2006. "Usos del Agua e Infraestructura". Estadísticas del Agua en México 2006. México, p. 77.
13 Altieri, Miguel Angel. 2006. "Discusión de Hallazgos y Conclusiones". En: Martínez J. Coord. Manejo del Agua y Restauración Productiva en la Región Indígena Mixteca de Puebla y Oaxaca. Banco Mundial- Programa de Cooperación sobre Agua, Banco de Holanda. p 23.
14 Ver. CONABIO. "RTP- 126 Sierras Triqui-Mixteca". Regiones Terrestres Prioritarias. México. p. 490. En:
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/Tlistado.html.
Página consultada el 13 de julio de 2007.
15 La erosión hídrica se refiere al desprendimiento de las partículas del suelo bajo la acción del agua, dejándolo desprotegido y alterando su capacidad de infiltración, lo que propicia el escurrimiento superficial. SEMARNAT. 2005. "Tabla 3.1 Erosión hídrica actual por entidad federativa, 2002" Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2005. Capítulo 3 Suelos. México, p. 111.
16 Semarnat. 2005. "Tabla 3.1 Erosión eólica actual por entidad federativa, 2002" Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2005. Capítulo 3 Suelos. México, p. 113.
17 Altieri, Miguel Angel. 2006. Op. Cit. p 24.
18 Alta Fonseca, Salvador. 2006. "Análisis Institucional de Organismos Gubernamentales y de la Sociedad Civil en Proyectos de Conservación y Restauración de Suelos y Agua en la Región de la Mixteca". En: Martínez J. Coord. Manejo del Agua y Restauración Productiva en la Región Indígena Mixteca de Puebla y Oaxaca. Banco Mundial- Programa de Cooperación sobre Agua, Banco de Holanda. pp. 47 y 48.
19 Martínez J. Coord. 2006. "Conclusiones y Recomendaciones". Manejo del Agua y Restauración Productiva en la Región Indígena Mixteca de Puebla y Oaxaca. Banco Mundial- Programa de Cooperación sobre Agua, Banco de Holanda. p 71.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados el día 31 de octubre de 2007.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández, José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González, Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas, Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA SEMARNAT A CESAR AL ACTUAL DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
Honorable Asamblea
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente N°. 1828, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Semarnat, cese de sus funciones al actual director general de Impacto y Riesgo Ambiental, presentado por el diputado Diego Cobo Terrazas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, los integrantes de esta comisión ordinaria, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XXIV, y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2006, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Diego Cobo Terrazas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el pleno una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Semarnat, cese de sus funciones al actual director general de Impacto y Riesgo Ambiental.
Segundo. Con esta misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo, fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y estudio.
Tercero. Que el día 22 de mayo de 2007 la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados remitió a esta Comisión Ordinaria, Acuerdo por el cual la LVII Legislatura del estado de Coahuila se adhiere al punto de acuerdo en estudio; por lo cual nos permitimos elaborar el dictamen correspondiente de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
Lo que actualmente muchos llaman crisis ambiental, no es más que una consecuencia de las políticas de desarrollo promovidas por las sociedades modernas que fomentan prácticas productivas insustentables.
Por lo cual la comunidad internacional considera la necesidad de crear y fomentar criterios y principios comunes para preservar y mejorar el ambiente; por ello los representantes de diversas naciones reunidos en Estocolmo durante el mes de junio de 1972, suscribieron la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, cuya principal consecuencia fue el cumplimiento de 24 principios convenidos en dicha declaración, dentro de los cuales se establecieron consideraciones como la planificación del desarrollo urbano y económico para evitar repercusiones perjudiciales al ambiente.
Posteriormente en 1982, durante el marco de la Conferencia de Nairobi se declaró la necesidad de prevenir los daños ambientales provocados por las actividades humanas antes que atacar con posterioridad la difícil y costosa tarea de repararlos.
Años mas tarde y en el marco de La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, Brasil, se suscribió la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la cual dentro de su principio número 17 establece:
No obstante lo anterior también en México ya venía operando dicha figura desde finales de los 70, para la evaluación preliminar de proyectos de infraestructura hidráulica, aunque se tiene noticia de estudios realizados previamente, sobre todo para tesis profesionales y estudios de investigación. Sin embargo dicha figura fue contemplada jurídicamente por primera vez en la Ley Federal de Protección al Ambiente1, pero fue sino hasta 1988 que arrancó formalmente el procedimiento de evaluación del impacto ambiental en México, año en el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como su Reglamento en Materia de Impacto Ambiental2.
Actualmente han pasado ya casi 20 años desde que empezó a operar el procedimiento de la evaluación de impacto ambiental dentro de la administración pública de nuestro país aún cuando la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente publicada en 1988 ha sufrido una gran cantidad de reformas, siendo la mas importante en 1996. Cabe destacar que el legislador siempre ha respetado el carácter preventivo de la evaluación de impacto ambiental, tratando en todo momento de reforzar dicho instrumento para así, hacer más efectiva su aplicación.
La vigente Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ubica a la evaluación de impacto ambiental en lo sucesivo EIA, dentro de sus instrumentos de política ambiental y la define dentro de su artículo 28 como:
Cabe señalar que la importancia que se ha dado a este instrumento no ha sido únicamente desde el punto de vista jurídico, sino también institucional, lo cual se refleja en la estructura de los organismos que han sido responsables de aplicarlo. En un principio, su ejercicio correspondía a una Dirección de Impacto Ambiental adscrita a la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, del Instituto Nacional de Ecología; en la actualidad dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales existe una Dirección General, la cual se especializa en llevar a cabo los procedimientos de evaluación de las manifestaciones de impacto ambiental que los interesados en realizar obras o actividades que pudieran generar un riesgo para el ambiente someten a su consideración.
El principal objetivo de los legisladores al incorporar a nuestro sistema normativo la figura de la manifestación de impacto ambiental y su evaluación, fue plasmar en la legislación las orientaciones y los principios de la nueva política ambiental, fundada en el principio de prevención asociado a la sustentabilidad, como resultado de una comprensión lógica acerca de que es que es mejor prevenir que corregir, ya que con frecuencia, los costos asociados a medidas correctivas son mayores que los costos asociados a medidas preventivas.
Desafortunadamente, y tal y como lo señala el Diputado promovente esta figura ha perdido la importancia de su carácter preventivo, como instrumento de política ambiental con aplicación específica e incidencia directa en las actividades productivas, ya que en los últimos años son cada vez más constantes y notorias las irregularidades jurídicas y procedimentales que se han presentado durante los procesos de evaluación y autorización de manifestaciones de impacto ambiental sobre distintos proyectos en todo el país, ya que no obstante que muchos de ellos no cumplen con los requisitos que la Ley exige, son autorizados ya sea en su totalidad o de manera condicionada.
Argumentando que resulta evidente la ineficacia de la autoridad ambiental, en el momento de realizar la evaluación de las manifestaciones de impacto ambiental que son puestas a su consideración, ya que cada vez es más frecuente la problemática relacionada con autorizaciones emitidas sobre una base estrictamente intuitiva, aplicando medidas de mitigación sin conocerse si quiera los impactos ambientales reales, careciendo en muchas ocasiones de criterios técnicos, regulación y procedimientos coherentes, supeditándose en la mayoría de las veces a un mero trámite administrativo a cumplir, que será autorizado sin ninguna consideración preventiva hacia los impactos ambientales que pueda ocasionar.
Dentro la exposición de motivos de la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio se incorporan aproximadamente 73 asuntos con irregularidades aparentes y en algunos casos manifiestas, y son:
Clave: DGIRA/SEMARNAT:14JA2006T0018
Municipio: La Huerta, Jalisco.
Nombre del proyecto: Proyecto "Tambora"
Clave: DGIRA/SEMARNAT:14JA2006T0011
Municipio: La Huerta, Jalisco.
Nombre del proyecto: "Proyecto Hidroeléctrico La Yesca"
Clave: DGIRA/SEMARNAT:14JA2006HY0003
Municipios de "La Yesca", Nayarit y "Hostotipaquillo", Jalisco.
Nombre del proyecto: Construcción de la Carretera Salamanca-Morelia, Tramo Cuitzeo- Salamanca en el Estado de Guanajuato
Números de referencia: 11/MG-2536/02/04; 11GU2004VD001
Estados: Michoacán y Guanajuato.
Nombre del proyecto: Planta de Suministro de Gas LP Zeta Gas del Pacifico.
Números de referencia: 09/MG-4273/02/04; 06CL2004G0001
Municipio: Manzanillo, Colima.
Nombre del proyecto: ‘’Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales del Ejido Nuevo Cuyutlán’’
Números de referencia: 06/MP-3366/07/03; 06CL2003MD065
Municipio: Manzanillo, Colima.
Nombre del proyecto: Terminal GNL de Sonora.
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2006G0007
Localidad: Puerto Libertad, Municipio Pitiquito, Sonora.
Nombre del proyecto: Gasoductos de Sonora
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2006G0008
Localidad: Puerto Libertad, Municipio Pitiquito, Sonora.
Nombre del proyecto: Servicios Ambientales La Choya
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005I0008
Municipio: Puerto Peñasco, Sonora (se registró como si fuera de este Municipio, pero en realidad está ubicado en el municipio de Plutarco Elías Calles, Sonora).
Nombre del proyecto: GASODUCTOS DE SONORA
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2006G0008
Municipio: Pitiquito, Sonora.
Nombre del proyecto: TERMINAL DE RECIBO, ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACION DE GAS NATURAL LICUADO ‘’ENERGIA COSTA AZUL’
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 02BC2002G0028
Municipio: Ensenada, Baja California.
Nombre del proyecto: DESARROLLO TURÍSTICO THE POINT LAS CONCHAS
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2006TD023
Municipio: Puerto Peñasco, Sonora.
Nombre del proyecto: MARINA TURÍSTICA SANDY BEACH
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2006TD050
Municipio: Puerto Peñasco, Sonora.
Nombre del proyecto: Banco de Materiales Pétreos "Sierra Pinta"
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2006TD056
Promovente: Materiales Pétreos para la Construcción.
Nombre del proyecto: Aeropuerto del Mar de Cortés
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2006V0014
Promovente: Aeropuerto del Mar de Cortés, SA de CV.
Nombre del proyecto: Plaza Náutica Comercial "Los Marineros"
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2006TD057
Promovente: Sociedad Turística Caballito de Mar S de RL de CV.
Nombre del proyecto: Las Misiones
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2006TD063
Promovente: Marina Vallarta SA de CV.
Nombre del proyecto: Muelle Flotante Marina Legada
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2006HD051
Promovente: Pesquera Legada S. A. de C. V.
Nombre del proyecto: Marina Sandy Beach Resorts
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2006TD050
Promovente: Inmobiliaria Playa Ensueño, S.A. de C. V.
Nombre del proyecto: Condominios -Y22
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2006TD049
Promovente: Primestone de México S. de R. L. de C. V.
Nombre del proyecto: Brazo Náutico Los Veleros
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2006TD028
Promovente: Boca del Lobo S de RL de CV.
Nombre del proyecto: Playa Marbella
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2006TD029
Promovente: Mardonio Talavera.
Nombre del proyecto: Playa Maravilla
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2006TD030
Promovente: Wadell Playas SA de CV.
Nombre del proyecto: Residencial Las Perlas
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2006TD026
Promovente: Pedro Villagrán.
Nombre del proyecto: Marbella
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2006TD025
Promovente: Desarrollos Procasa SA de CV.
Nombre del proyecto: Playas Paraíso
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2006TD024
Promovente: Malibu Beach S de RL de CV.
Nombre del proyecto: The Point - Las Conchas
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2006TD023
Promovente: The Point at Las Conchas S de RL de CV.
Nombre del proyecto: Condominios Linda Vista
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2006TD014
Promovente: Reservas Territoriales SA de CV.
Nombre del proyecto: Playa Mia Venture
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2006TD002
Promovente: Playa Mia Venture SA de CV.
Nombre del proyecto: Marina Sandy Beach Resorts
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD095
Promovente: Inmobiliaria Playa Ensueño, SA de CV.
Nombre del proyecto: Planta de Tratamiento y Desaladora/Fraccionamiento Riviera
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005HD093
Promovente: North Beach Agua Potable y Saneamiento SA de CV.
Nombre del proyecto: La Perla del Mar
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD094
Promovente: CM La Perla de Peñasco, SRL de CV.
Nombre del proyecto: La Perla del Mar
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005T0020
Promovente: Banca Mifel, S. A. (Fideicomiso 568/2005).
Nombre del proyecto: Premier Vacation Club at PP
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD087
Promovente: Puerto Peñasco Vacation Destinations, SRL de CV.
Nombre del proyecto: Portal del Lago
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 29TC2005TD005
Promovente: Portal del Lago SA de CV.
Nombre del proyecto: Los Portales
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD089
Promovente: Portal del Lago, SA de CV.
Nombre del proyecto: Riviera Real
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD090
Promovente: Khelo International Developers SRL de CV.
Nombre del proyecto: Condominios Estrella Las Dunas
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD088
Promovente: Grupo Desarrollos Santo Tomas, SA de CV.
Nombre del proyecto: Desaladora "Las Conchas"
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005UD079
Promovente: Asociación de Vecinos Las Conchas.
Nombre del proyecto: Concesión ZOFEMAT La Bajada
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005UD013
Promovente: Ayuntamiento.
Nombre del proyecto: Las Fuentes del Mar
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD042
Promovente: NGC Las Fuentes del Mar.
Nombre del proyecto: Condominio del Sol
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD073
Promovente: SEAPORT GROUP, SA DE CV.
Nombre del proyecto: Holyday Inn Express
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD06
Promovente: Pelican Harbor Yatch Club SRL de CV.
Nombre del proyecto: Harbor View Yatch Club
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD064
Promovente: Peñasco Partners SRL de CV.
Nombre del proyecto: Playa Azul
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD030
Promovente: SEYPET RESORTS.
Nombre del proyecto: Sunset Village
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD036
Promovente: Sunset Village SA. de CV.
Nombre del proyecto: Playa Encantame
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD029
Promovente: Nine East Properties SA. de CV.
Nombre del proyecto: Muelle en Espigón Principal
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD025
Promovente: Vista Marbella Inn and Suites.
Nombre del proyecto: Marina Seca con muelle flotante
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005VD028
Promovente: Laguna de Juan SRL de CV.
Nombre del proyecto: Muelle en espigón 1 del Malecón
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005VD024
Promovente: Nui Properties SRL de CV.
Nombre del proyecto: Hotel El Mirador
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD040
Promovente: Desarrollos el Mirador.
Nombre del proyecto: Casa Blanca
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD005
Promovente: Desarrolladora Playa Vista SRL de CV.
Nombre del proyecto: Muelle Flotante y pasarela
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005T0017
Promovente: Unión de Servicios turísticos y anexos Isla San Jorge de Puerto Peñasco A. C.
Nombre del proyecto: Ocean View Condominios
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD009
Promovente: Ocean View Development SRL de CV.
Nombre del proyecto: Marina Seca con muelle flotante
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005VD012
Promovente: Puerto Compañero MX SRL de CV.
Nombre del proyecto: Escala Náutica Puerto Peñasco
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD007
Promovente: FONATUR.
Nombre del proyecto: El Dorado Estates
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD022
Promovente: Playa Dorada Development.
Nombre del proyecto: Carretera Costera PP-GSC
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005VD002
Promovente: Junta de Caminos de Sonora.
Nombre del proyecto: Muro de contención parcela 71-Z-2P1/1 ZOFEMAT
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD016
Promovente: Inmobiliaria J & B Empresas SA de CV.
Nombre del proyecto: Muro de contención parcela 72-Z-2P1/1 ZOFEMAT
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD017
Promovente: Inmobiliaria J & B Empresas SA de CV.
Nombre del proyecto: Condominios Peñasco
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD014
Promovente: Condominio Peñasco SRL de CV.
Nombre del proyecto: Condominio Torre Playa Mayan Island Tee 14
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD002
Promovente: Marina Vallarta SA de CV.
Nombre del proyecto: La Jolla Village
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2004TD044
Promovente: La Jolla Village SRL.
Nombre del proyecto: Village in Las Conchas
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD001
Promovente: Desarrolladora Regional del Noroeste SRL de CV.
Nombre del proyecto: Ejido Estero La Pinta
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2005TD004
Promovente: Elmer García Acosta.
Nombre del proyecto: Condominio Encanto
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2004TD040
Promovente: Habitat Real State.
Nombre del proyecto: Muelles Flotantes
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2004HD047
Promovente: Servicios Marinos de Peñasco.
Nombre del proyecto: Casa Blanca
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2004TD042
Promovente: Desarrolladora Playa Vista SRL de CV.
Nombre del proyecto: Luna Blanca
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2004TD041
Promovente: Seven Ocean Real Estate SA de CV.
Nombre del proyecto: Portal del Mar
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2004TD043
Promovente: Fraccionamiento Playa Encanto SRL de CV.
Nombre del proyecto: Construcción de muelle de atraque
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2004HD048
Promovente: Salvador Cabrales Noriega.
Nombre del proyecto: Sandy Beach Resort 2da etapa
Clave: DGIRA/SEMARNAT: 26SO2004D0006
Promovente: Inmobiliaria Playa Ensueño, SA de CV.
Nombre del proyecto: Megacolector Sur 2006, Constructora Ingeniería Oso S. A. el cual es eximido de la presentación de manifestación de impacto ambiental mediante oficio SGPA/DGIRA/DDT/2494/06, firmado por el del Biol. J Ricardo Juárez Palacios.
Aunado a lo anterior y tal como se estableció dentro de los antecedentes del presente dictamen, el día 22 de mayo de 2007, la LVII Legislatura del estado de Coahuila remitió a esta soberanía acuerdo por el cual se adhieren al presentado por el promovente y materia del presente dictamen, señalando dentro de su exposición de motivos presuntas irregularidades manifiestas en el otorgamiento de la autorización en materia de impacto ambiental a una inmobiliaria para la construcción de un fraccionamiento dentro de un área natural protegida.
Esta soberanía considera a todas luces es "inconsistente" el actuar de la Dirección General, que en algunos casos los proyectos son ingresados y rechazados por la misma, debido a su inviabilidad e inexplicablemente después son vueltos a presentar con las mismas características pero bajo otra denominación derivando en su aprobación. No resulta extraño entonces que una gran cantidad de las Proposiciones con Punto de Acuerdo que son presentadas por los ciudadanos diputados y que son turnadas a esta Comisión Legislativa, versen sobre asuntos relacionados con autorizaciones en materia de impacto ambiental otorgadas de manera irregular.
De acuerdo con las estadísticas con que cuenta esta Comisión, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental durante el año 2006 recibió 196 asuntos de los cuales 191 fueron atendidos, en el acuerdo en estudio se señalan irregularidades a por lo menos 74 asuntos que fueron autorizados, deduciendo que de los 1913 asuntos atendidos, algunos de estos no fueron autorizados, pudiendo afirmar que por lo menos 50% de los asuntos autorizados cuentan con irregularidades.
También esta soberanía tiene conocimiento de que una gran cantidad de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil de todo el país, han presentado ante la Secretaría de la Función Pública, sendas denuncias en contra del Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, por las presuntas irregularidades en el ejercicio de su función pública.
Resulta evidente que durante que durante el periodo en el cual la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, estuvo a cargo del biólogo J. Ricardo Juárez Palacios, este incumplió de manera reiterada sus obligaciones jurídicas en la materia, contraviniendo las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan el procedimiento de evaluación de impacto ambiental; desvirtuando el objetivo principal por el que fue creada la manifestación de impacto ambiental y su evaluación.
Finalmente, debemos entender que la manifestación de impacto ambiental y su evaluación, son un instrumento de política ambiental que desde su concepción fueron creadas con un carácter eminentemente preventivo y no justificativo.
Por lo anteriormente expuesto los Diputados integrantes de esta Comisión Ordinaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al titular de la Secretaría de la Función Pública, para que por medio del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se sirva investigar las presuntas irregularidades cometidas por el biólogo J. Ricardo Juárez Palacios, en cuanto a su gestión como Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de quien o quienes resulten responsables, así como aplicar las sanciones y medidas cautelares a que haya lugar, por el otorgamiento de las autorizaciones de impacto ambiental del los proyectos señalados en las consideraciones del presente dictamen.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que por medio del Instituto Nacional de Ecología, realice y remita a esta soberanía un estudio para determinar la efectividad y utilidad actual de la Evaluación de Impacto Ambiental como instrumento de política ambiental de carácter preventivo.
Notas:
1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1982.
2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988.
3 Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados el día 16 de octubre 2007.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández, José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González, Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González, Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas, Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A DECRETAR COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA EL ESTERO BALANDRA, EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente N°. 2170 que contiene la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a decretar como área natural protegida al estero Balandra en La Paz, Baja California Sur, presentado por el diputado Diego Cobo Terrazas y suscrita por el diputado Jesús González Macías, ambos del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2 fracción XXIV; y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:
Antecedentes
Primero. El 31 de julio de 2007, el diputado Diego Cobo Terrazas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una propuesta con punto de acuerdo que fue suscrita por el diputado Jesús González Macías del mismo Grupo Parlamentario, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a decretar como área natural protegida al estero Balandra en La Paz, Baja California Sur, y
Segundo. En esa misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, y
Tercero. El 6 de agosto del presente, la Comisión dictaminadora recibió un oficio signado por el diputado Diego Cobo Terrazas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, mediante el que solicita incorporar al presente dictamen un segundo punto resolutivo por el que se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que por medio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), promueva los trabajos técnicos justificativos que permitan lograr en el corto plazo, la inscripción del estero costero de "Balandra" localizado en el municipio de La Paz, Baja California Sur; en la lista de la Convención Relativa los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, conocida como Convención de Ramsar.
Consideraciones
Con 57 sitios inscritos que cubren una superficie de 5,317,857 hectáreas, México ostenta el segundo lugar a nivel mundial en la lista de la Convención Relativa los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. Sin embargo, a los legisladores integrantes de esta Comisión dictaminadora les preocupa la inminente destrucción de una de las últimas zonas de humedal costero que existen en el norte del país y que además tiene una de las poblaciones de manglar en mejor estado de conservación del Golfo de California, nos referimos al estero costero de Balandra, en el municipio de La Paz, Baja California Sur. De hecho, en este Estado el bosque de mangle encuentra el límite biogeográfico septentrional de su distribución continental.
Balandra se localiza a 22 kilómetros de la ciudad de La Paz, en el municipio del mismo nombre. Su clima es seco-desértico y cálido con lluvias en verano. Es un humedal de zona árida, es decir, cuenta con una laguna interior. El cuerpo de agua mide 30 hectáreas, la boca del estero mide 140 metros y su sedimento está conformado por arenas medias y limo grueso.1
La cercanía y accesibilidad del estero de Balandra a la ciudad de La Paz lo han hecho, desde tiempos inmemorables, uno de los sitios más visitados por los paceños y los turistas tanto nacionales como extranjeros. En cuanto al carácter cultural, basta recordar que la formación rocosa denominada "El Hongo de Balandra" es el símbolo emblemático de la región.
En Balandra predominan las especies de mangle negro (Avicennia germinans), blanco (Laguncunaria racemosa) y rojo (Rizophora mangle), ésta última sujeta a protección especial por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001. El manglar de Balandra cubre un área de aproximadamente 30 hectáreas; se trata de pequeños bosques maduros que presentan valores altos de área basal de 24 m2 ha-1, alta densidad con una máxima de 2,835 individuos por hectárea-1 para mangle blanco y con medinas alturas.2 En el año 1994 se llevó a cabo la reforestación de una superficie importante de manglar, lo que permitió evaluar en campo las técnicas de restauración aplicadas, actividad que resulta de la mayor trascendencia si se toma en cuenta que en los últimos 20 años el país ha perdido el 65% de la superficie cubierta por manglares y se estima que cada año se deforestan 9,913 hectáreas de manglar.
Además en Balandra se han identificado 72 especies de microalgas, de las cuales 46 pertenecen a la división Rhodophyta, 14 a la división Chlorophyta y 12 a la división Phaeophyta, destacando las siguientes: Caulerpa sertularioides (verano), Cladophora stimpsonii (verano), Acetabularia calacyculus (verano) y "Morfología Funcional de mantos de rodolitos en Baja California Sur". Enteromorpha clathrata (invierno).3
De igual forma, dentro y en las inmediaciones del estero de Balandra se encuentra un importante número de especies de flora y fauna silvestre protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001. Entre los mamíferos marinos destacan: el delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) sujeto a protección especial; el león marino de California (Zalophus californianus); las ballenas: de Bryde (Balaenoptera edén), Azul (Balaenoptera musculus), de Aleta (Balaenoptera physalus), Jorobada (Megaptera novaeangliae), Gris (Eschrichtius robustus), todas ellas sujetas a protección especial; la Orca (Orcinus orca), sujeta a protección especial; el tiburón ballena (Rhincodon typus), amenazado. También se han detectado colonias de tortuga laúd (Dermochelys coriacea) y tortuga carey (Eretmochelys imbricata), ambas en peligro de extinción.
Por lo que se refiere a las aves destacan el bobo patas azules (Saula nebouxii), el bobo café (Saula leucogaster), la gaviota ploma (Larus heermanni), sujeta a protección especial; la gaviota parda (Larus livens) sujeta a protección especial; el pelícano café (Pelecanus occidentales), que en esta zona y sus inmediaciones tiene colonias de reproducción; la garza gris (Egretta rufescens), sujeta a protección especial; la garza rufa (Larus heemanni), sujeta a protección especial, entre otras.
En cuanto a la ictiofauna, un estudio revela que en el estero de Balandra, así como en los de Enfermería y Zacatecas, ubicados también en La Paz, ésta: "...estuvo compuesta por 53 especies, de las cuales cerca del 40 % fueron visitantes excepcionales, indicando la existencia de una elevada dinámica en estos sistemas. La mayor diversidad se registró en Balandra posiblemente por la influencia oceánica a que está sometida en contraste con los otros dos sitios estudiados."4 Pero no sólo eso, sino que en dicho estudio quedó científicamente comprobado que el estero de Balandra: "sirve[n] como área[s] de reclutamiento y crecimiento de juveniles de especies de alto valor ecológico y comercial, incluyendo pargos, cabrillas, lisas y mojarras.5
El reconocimiento a la riqueza biológica y singularidad del estero de Balandra ha trascendido fronteras toda vez que se ha incluido a las Áreas Prioritarias Marinas para la Conservación de América del Norte, concretamente al área APC-24 "Corredor Los Cabos/Loreto". Asimismo el estero está comprendido dentro de la región marina prioritaria RMP-10 "Complejo Insular Baja California Sur". Aunado a lo anterior, en el año de 2004, el H. Ayuntamiento de La Paz lo decretó como área natural protegida con categoría de zona de conservación ecológica y de interés de la comunidad, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente del Estado de Baja California Sur.
Además de su importancia biológica, la Bahía de Balandra tiene una importancia cultural nada despreciable, toda vez que en la zona hay evidencia de restos de "concheros" de origen prehispánico. Cabe mencionar que el nombre "conchero" debe su origen a los restos de conchas dejadas por antiguos pobladores nómadas que consumían distintas especies moluscos, antes abundantes en la zona.
Lamentablemente, como resultado de un amparo promovido por Fraccionadora Balandro S. A. de C. V., el 2 de junio de 2005, un juez de distrito determinó que el H. Ayuntamiento tenía que revocar el decreto de reserva ecológica municipal. Dicha sentencia causó ejecutoria cinco días después. Al respecto, se presume que la citada compañía inmobiliaria pretende llevar a cabo un desarrollo turístico en Balandra, una zona potencialmente vulnerable a cualquier disturbio ocasionado por el ser humano. Dicha empresa "demostró" no haber tenido oportunidad de aportar pruebas ni defenderse adecuadamente cuando estaba por aprobarse la declaratoria de Área Natural Protegida. Esta situación generó polémica entre la sociedad, grupos de investigadores, organizaciones no gubernamentales y los funcionarios del H. Ayuntamiento de La Paz, quienes se han manifestado abiertamente por que el estero de Balandra sea decretado como Área Natural Protegida (ANP). De hecho, el 13 de junio del presente año se llevó a cabo una movilización en la que participaron integrantes del colectivo Balandra, quienes apoyados por el Alcalde de La Paz, Lic. Víctor Cosío, entregaron al Congreso del Estado un documento con más de ocho mil firmas en el que reiteran su voluntad de que el estero sea decretado ANP.
Esta Comisión dictaminadora considera pertinente mencionar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las Áreas Naturales Protegidas son: "las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que requieren ser preservados y restaurados..."
Esta Comisión dictaminadora considera que la categoría idónea para el estero de Balandra sería la de Área de Protección de Flora y Fauna, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 de la ley en comento: "se constituirá[n] de conformidad con las disposiciones de esta Ley, de las Leyes Federal de Caza, de Pesca y de las demás leyes aplicables, en los lugares que contienen los hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres.
En dichas áreas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación, repoblación, propagación, aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento sustentable de las especies mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la materia.
Asimismo, podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales a las comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva, o que resulte posible según los estudios que se realicen, el que deberá sujetarse a las normas oficiales mexicanas y usos del suelo que al efecto se establezcan en la propia declaratoria."
Esta Comisión dictaminadora considera oportuno recordar que no es la primera vez que el Congreso Mexicano se manifiesta a favor de la protección del estero de Balandra mediante la declaratoria de ANP de competencia Federal. Tampoco es un tema ajeno a las autoridades ambientales del país, pues el propio Comisionado Nacional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Dr. Ernesto Enkerlin declaró que: "a nosotros nos gustaría mucho establecer un régimen de protección en Balandra, porque es un sitio de valor y complemento para esta región."6 Además al referirse a un exhorto previo del Congreso de la Unión sobre el tema, el Dr. Enkerlin menciono: "con frecuencia recibimos exhortos y peticiones para la conservación de distintas áreas en el país, pero viniendo del Legislativo les damos un valor y peso específico importante."7
Los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos que si el exhorto aludido tenía un valor importante para el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el que ahora se dictamina también lo tendrá, pues ante el pretendido desarrollo turístico resulta indispensable e inaplazable que el estero de Balandra sea decretado área natural protegida federal.
Por otra parte, la Comisión dictaminadora recibió un oficio del diputado Diego Cobo Terrazas, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México fechado el 6 de agosto pasado, mediante el cual solicita incluir un segundo punto resolutivo por el que se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que por medio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), promueva los trabajos técnicos justificativos que permitan lograr en el corto plazo, la inscripción del estero costero de "Balandra" localizado en el municipio de La Paz, Baja California Sur, en la lista de la Convención Relativa los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, conocida como Convención de Ramsar.
Después de analizar dicha solicitud, esta Comisión dictaminadora decidió incorporar un segundo punto resolutivo que atiende la solicitud del diputado Cobo Terrazas. Ello en razón de que en la bahía de Balandra, como ya se ha mencionado se localiza un humedal costero así como un estero, ambos de gran importancia toda vez que son sitio de anidación de diversas aves, algunas de ellas migratorias como el pelícano café (Pelecanus occidentales), que viaja desde el río Columbia, localizado entre los Estados de Washington y Oregon, en los Estados Unidos de Norteamérica.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión que suscriben el presente dictamen se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas, y de su reglamento, promueva los trabajos técnicos justificativos que permitan lograr en el corto plazo el decreto para la creación del área natural protegida con categoría de área de protección de flora y fauna "Balandra", misma que deberá comprender además la porción terrestre de manglar y zona desértica adyacente, localizada en el municipio de La Paz, Baja California Sur.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que por medio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), promueva los trabajos técnicos justificativos que permitan lograr en el corto plazo, la inscripción de la Bahía de "Balandra" localizada en el municipio de La Paz, Baja California Sur en la lista de la Convención Relativa los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas conocida como Convención de Ramsar.
Notas:
1 Ver. Bustillos Guzmán l. y Olivares González E. "Fitoplancton en tres ecosistemas de manglar de la Bahía de La Paz B.C.S. México II. Producción primaria neta, bruta y respiración". Anales del Centro de Ciencias del Mar y Limnología. 1986 No. 3. En: http://biblioweb.dgsca.unam.mx/cienciasdelmar/instituto/1986-3/articulo255.html. Página consultada el 25 de junio de 2007.
2 Ver. Félix Pico E. et.al. "Estructura de las Comunidades de Mangles de Bahía Loreto, Isla San José, Isla espíritu Santo y Costa Oriental de la Bahía de La Paz". Resúmenes del I Taller de Manglares de la Península de Baja California, Diagnóstico y Perspectivas de Investigación. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S. C. La Paz, Baja California Sur, 3-4 noviembre 2005. p. 7.
3 Ver. Riosmena Rodríguez Rafael. 1996. "Morfología funcional de mantos de rodolitos en el Golfo de California, México". Universidad Autónoma de Baja California Sur, Área Interdisciplinaria de Ciencias del Mar, Departamento de Biología Marina, Proyecto de investigación CONABIO B086. En:
http://www.conabio.gob.mx/institucion/cgi-bin/consulta_proy.cgi. Página consultada el 27 de junio de 2007.
4 Madea Martínez A. "Evolución de la composición, diversidad, abundancia y alimentación de la ictiofauna en tres manglares de la bahía de la Paz: una propuesta". Resúmenes del I Taller de Manglares de la Península de Baja California, Diagnóstico y Perspectivas de Investigación. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. La Paz, Baja California Sur, 3-4 noviembre 2005. p. 11.
5 Idem.
6 Enciso A. y León R. "Buscará la Conanp proteger el estero de Balandra". La Jornada. Sábado 27 de agosto de 2005. En:
http://www.jornada.unam.mx/2005/08/27/041n2soc.php.
Página consultada el 27 de junio de 2007.
7 Idem.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados el día 31 de octubre 2007.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández, José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González, Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas, Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A PROGRAMAR Y COORDINAR LA INVERSIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA ZONA DEL DEPÓSITO DE RESIDUOS INDUSTRIALES QUE OCUPA CROMATOS DE MÉXICO, EN TULTITLÁN, MÉXICO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente No. 1941, que contiene la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales programen y coordinen la inversión de recursos para el proyecto integral de saneamiento ambiental en la zona del depósito de residuos industriales que ocupaba la empresa Cromatos de México, en Tultitlán, estado de México, presentado por la diputada Martha Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta Comisión Ordinaria, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 numerales 1 y 2, fracción XXIV; y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:
Antecedentes
Primero. El 26 de abril de 2007, la diputada Martha Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales programen y coordinen la inversión de recursos para el proyecto integral de saneamiento ambiental en la zona del depósito de residuos industriales que ocupaba la empresa Cromatos de México, en Tultitlán, estado de México, y
Segundo. En esa misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
El Cromo (Cr) es un elemento químico de transición que generalmente se obtiene de la cromita (FeCr2O4). Es un metal duro y quebradizo con un color blanco azuloso que se utiliza en aleaciones, como protector para evitar la corrosión en la manufactura de acero inoxidable y como compuesto en pigmentos. "El metal de cromo existe de manera iónica en dos formas: trivalente (+3) y hexavalente (+6). La forma hexavalente es muy soluble en todos los valores de pH y es absolutamente tóxica al crecimiento microbiano."1
El Cromo hexavalente no se encuentra de forma natural, sino que es obtenido a partir de procesos industriales: "El Cromo hexavalente se utiliza en el cromado, la fabricación de colorantes y pigmentos, el curtido del cuero y la conservación de la madera. El Cromo hexavalente también se puede encontrar en algunos componentes de equipos eléctricos, como piezas recubiertas de Zinc, placas de circuitos y tubos de rayos catódicos."2
El contacto prolongado con los derivados de Cromo, particularmente con el hexavalente produce inicialmente irritación en las mucosas y en la piel. Posteriormente pueden presentarse afecciones respiratorias y visuales. En los casos extremos, se presentan perforaciones en el paladar y el tabique nasal, cáncer de piel o pulmonar, leucemia, ceguera, padecimientos renales, tumores cerebrales, entre otros.
En 1958 la empresa Cromatos de México SA, se estableció en la localidad de Lechería, municipio de Tultitlán, estado de México. Esta empresa se dedicó a producir, como su nombre indica, diversos compuestos de cromo. La empresa en comento operó por veinte años, durante los cuales manejó y dispuso inadecuadamente una importante cantidad de residuos peligrosos: 12 toneladas de cromato de Sodio, 1 tonelada de cromato de potasio, 8 toneladas de sulfato de Sodio y 6 toneladas de hidróxido de aluminio. Se sabe que en muchas ocasiones los residuos de cromo hexavalente fueron enviados al Municipio para ser utilizados como material de relleno o para pavimentar calles. Por ello, no es de sorprender que la diputada promovente asegure que Cromatos de México es uno de los pasivos ambientales más importantes del país.3
Esta Comisión dictaminadora considera importante recordar que fue en el año de 1972 cuando los vecinos de la zona acudieron a las autoridades ambientales en ese entonces a cargo de la Secretaría de Salud, para denunciar la contaminación en aire y agua. Tres años más tarde, la señora Manuela Ríos, acudió a las autoridades ambientales, para reclamar justicia ante el deceso de su pequeña hija, quién asistía a la escuela primaria La Reforma, ubicada a un costado de la empresa Cromatos de México SA y que fue cerrada por la contaminación con cromo hexavalente que se detectó en su estructura.
En 1975, como señala la diputada promovente, los obreros y vecinos de la zona elevaron sus voces para denunciar los daños a la salud que esta empresa estaba provocando como resultado del la inadecuada disposición de los residuos y las emisiones incontroladas a la atmósfera. Se considera oportuno mencionar que muchas de estas personas murieron porque no recibieron la atención oportuna a sus padecimientos. Un año después la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos confirmó haber encontrado 5mg/L de cromo hexavalente en las muestras tomadas de los mantos acuíferos de la zona. Estas cantidades superan la normatividad ambiental aplicable.
En 1978 las autoridades decidieron clausurar Cromatos de México SA y un año después fue desmantelada, por lo que los residuos quedaron expuestos a la intemperie. Posteriormente las autoridades decidieron construir un sitio de disposición final en el mismo predio. La construcción concluyó en 1983 y en ella se "almacenaron" 75 mil toneladas de residuos peligrosos. Sin embargo, como bien indica la diputada promovente, no cumplió en lo mínimo con los requerimientos para un sitio de esta naturaleza.
Al respecto esta Comisión dictaminadora se permite comentar que el sitio no estaba sellado en su base, por lo que fue inevitable que el Cromo reaccionara con el agua de lluvia que se infiltraba disolviéndose en los cuerpos de agua subterránea; no hubo una inspección periódica del confinamiento por lo que no se pudo evitar el lixiviado ni la fuga del cromo hexavalente a las colonias aledañas al predio; el material utilizado para su construcción fue de muy baja calidad, por lo que al paso del tiempo presentó cuarteaduras, entre otros.
Sobre este último punto esta Comisión dictaminadora estima pertinente mencionar que en el año de 2002 los vecinos del lugar denunciaron que el cromo hexavalente del confinamiento se estaba escapando por las grietas de las paredes y de la lápida que "sellaba" la superficie del mismo. En ese año los vecinos giraron sendos oficios a las autoridades ambientales y de salubridad para que a la brevedad se atendiera el problema.
Por lo anterior y tal como menciona la diputada promovente, el 7 de mayo del año 2002 se creó la Mesa de Coordinación para la Restauración Ambiental del predio donde se ubicaba la empresa Cromatos de México SA. Ésta estuvo conformada por representantes de los gobiernos federal, del Estado de México y municipal de Tultitlán. Además se contó con la participación de técnicos expertos de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y del Colegio Mexicano de Ingenieros en Geología.
La diputada promovente menciona que desde el año 2003, el gobierno de Baviera, Alemania, comenzó a apoyar las acciones del proyecto con asesoría técnica y una aportación económica de 200 mil euros, que hicieron posible realizar estudios de caracterización del sitio y determinar con ello los niveles de contaminación del suelo, subsuelo y mantos freáticos, así como la definición de posibles estrategias de saneamiento y tratamiento de los residuos peligrosos. Un año más tarde, el gobierno del Estado de México, en coordinación y con apoyo del ayuntamiento de Tultitlán y de los industriales de la zona realizaron trabajos de resguardo de la zona cercando el perímetro del predio con malla ciclónica y recubriendo la agrietada superficie de la plataforma del confinamiento.
El 30 de noviembre de 2006 mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se llevó a cabo la expropiación del predio bajo la figura de "Ocupación temporal para su saneamiento".
A principios de febrero del año 2007, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con apoyo del área jurídica de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, tomó posesión formal del predio y actualmente está por iniciarse la primera fase del saneamiento. Esta consiste en la demolición de la infraestructura en ruinas y su confinamiento seguro fuera de la zona. Sobre la fase de saneamiento, la diputada promovente destaca que se requiere una inversión de entre 20 y 25 millones de pesos, que serán aportados por Semarnat (14 millones de pesos) y el gobierno del Estado de México (11 millones de pesos).
Al concluir esta etapa y tomando en cuenta los estudios técnicos llevados a cabo a lo largo de tres décadas, las opciones para llevar a cabo el saneamiento son dos: la primera es llevar a cabo el saneamiento in situ, es decir encapsular, de acuerdo a lo previsto por la normatividad vigente, las 75 mil toneladas de cromo hexavalente. La segunda opción consiste en retirar esa cantidad y llevarla a un sitio donde pueda ser reducido a cromo trivalente mediante la conversión del ácido crómico en sulfato crómico y así ser reutilizado, por ejemplo en la fabricación de ladrillos refractarios.
De acuerdo con la promovente para implementar la segunda etapa se requiere una inversión que oscila entre los 300 y 350 millones de pesos. No obstante, de conformidad con las últimas declaraciones concedidas a los medios masivos de comunicación por parte del secretario de Medio Ambiente del Estado de México y del subsecretario de Gestión y Protección al Ambiente de la Semarnat, la remediación del sitio podría tener un costo que oscila entre los 500 y 530 millones de pesos.
Esta Comisión dictaminadora coincide con la diputada promovente en que el saneamiento del sitio es prioritario, por lo que la obtención de financiamiento no debe impedir el cumplimiento irrestricto de lo dispuesto por el artículo 4° constitucional relativo al derecho que toda persona tiene a la protección de la salud y a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Por ello, los integrantes de la Comisión que suscriben el presente dictamen se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo federal, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, y en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, asigne los recursos presupuestarios federales necesarios para sanear de manera integral la zona donde se ubicara la empresa Cromatos de México SA, en el municipio de Tultitlán, estado de México, considerada como uno de los sitios con mayor grado de contaminación por residuos peligrosos en el país.
Segundo. La Cámara de Diputados hace un respetuoso exhorto para que la Comisión Nacional del Agua, teniendo como base las atribuciones que la ley le confiere, proceda a sanear, con carácter prioritario, los mantos freáticos de la zona donde se ubicó la empresa Cromatos de México SA, en Tultitlán, Estado de México, de acuerdo con los lineamientos técnicos y presupuestarios que esa misma entidad determine.
Notas
1 "Reducción de Cromo" En: http://www.acsmedioambiente.com/equipos/reduccion_de_cromo.htm. Página consultada el 7 de junio de 2007.
2 "Cromo Hexavalente". En: http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?pq-path=7828&pq-locale=pt_ES. Página consultada el 7 de junio de 2007.
3 De acuerdo con Semarnat se considera pasivo ambiental a aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o residuos peligrosos, que no fueron remediados oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican una obligación de remediación. En esta definición se incluye la contaminación generada por una emergencia que tenga efectos a largo plazo sobre el medio ambiente.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados el día 31 de octubre 2007.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández, José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González, Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas, Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A NO AUTORIZAR PRÓRROGAS DE LAS CONCESIONES PARA LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES PÉTREOS EN BAJA CALIFORNIA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, para que no se autoricen prorrogas sobre las concesiones para la extracción de materiales pétreos en el estado de Baja California, hasta que se realice un estudio de impacto ambiental particular y acumulativo que determine con precisión las afectaciones que se generan por esta actividad.
En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, los integrantes de esta Comisión Ordinaria, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XXIV, y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:
Antecedentes
1. En sesión celebrada el día 31 de julio de 2007, por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno una propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, para que no se autoricen prorrogas sobre las concesiones para la extracción de materiales pétreos en el estado de Baja California, hasta que se realice un estudio de impacto ambiental particular y acumulativo que determine con precisión las afectaciones que se generan por esta actividad.
2. Con esta misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo, fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin número de expediente, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
La riqueza de recursos naturales de nuestro país ha constituido un importante motor para el funcionamiento y operación de la industria mexicana, ya que gracias a estos se puede contar con la materia prima necesaria para la realización de sus actividades; el uso y aprovechamiento de estos recursos naturales esta jurídicamente regulado dentro de nuestra legislación, es así como la Ley General de Vida Silvestre se encarga de reglamentar todo lo relacionado con el aprovechamiento de la flora y fauna silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable regula lo relativo a los recursos forestales sean estos maderables o no maderables, y la Ley de Aguas Nacionales norma lo relativo al aprovechamiento y uso de las aguas federales y sus cauces.
Dentro de la proposición con punto de acuerdo en estudio, el promovente expone que el desarrollo de la industria de la construcción ha traído consigo una grave afectación a los ecosistemas del país, ya que demanda enormes cantidades de materia prima para la ejecución, en su mayoría de infraestructura urbana, siendo parte fundamental de esta materia prima, la obtención de materiales pétreos como cantos rodados, gravas, arenas, limos y arcillas.
La mayor parte de estos materiales son obtenidos de los lechos marinos, causes de ríos, arroyos, los lagos e incluso de los desiertos, asimismo debido a la importancia que reviste la protección de los ecosistemas donde se realizan estas actividades extractivas, su aprovechamiento se encuentra regulado jurídicamente por la Ley de Aguas Nacionales la cual según la fracción XXXVII del Artículo 3 los define como arena, grava, piedra y/o cualquier otro tipo de material utilizado en la construcción, que sea extraído de un vaso, cauce, playa, lecho marino entre otros. Asimismo esta actividad se encuentra sujeta al otorgamiento de permisos denominados de extracción de materiales pétreos los cuales son otorgados por la Comisión Nacional del Agua.
Actualmente y según datos reportados por la propia Comisión Nacional del Agua, en todo el territorio nacional se encuentran vigentes un total de 2,754 permisos, desafortunadamente la desmesurada extracción de estos materiales causa una gran variedad de efectos adversos a los ecosistemas; por mencionar algunos, podemos señalar la degradación de los lechos marinos, rebaja de los lechos de los arroyos, profundización de cauces y estuarios, interrupción de flujos en los mantos acuíferos, disminución de recarga de mantos freáticos, desestabilización de taludes y desvió de afluentes. Cabe destacar que dentro de las estadísticas no podemos cuantificar la cantidad de materiales que son extraídos sin contar con los permisos correspondientes hecho que agrava aun más la situación. No obstante lo anterior se considera que un factor muy importante en el aumento de los niveles de extracción en materiales pétreos, ha sido a consecuencia del cambio en la legislación de Estados Unidos sobre el tema, la cual al ser mas restrictiva ha inhibido el desarrollo de estas prácticas en aquel país, por lo que considerando que la industria de la construcción estadounidense representa al igual que en México un sector de la economía muy importante, esta se ha visto en la necesidad de conseguir su materia prima en nuestro país.
La Comisión Nacional del Agua reconoce que al menos 13 entidades son afectadas por la extracción ilegal de grandes volúmenes de piedras, grava y arena de los cauces, una de estas entidades federativas y sin lugar a dudas de las más afectadas es Baja California, lugar donde la Secretaría de Protección al Ambiente estatal identifica a la explotación ilegal de los lechos de los ríos como uno de los principales problemas ecológicos, la cercanía de esta entidad con la ciudad de San Diego ha provocado que aproximadamente el 50% de la extracción de arena en el país se realice en este estado en el cual se han otorgado 91 permisos extractivos, particularmente en los municipios de Ensenada y Tecate.
El impacto ambiental que este tipo de actividades genera en los ecosistemas mexicanos ha sido tal, que actualmente este problema es considerado como prioritario dentro del sector hidráulico mexicano, tal es el caso que el pasado mes de junio en el marco de la Reunión Nacional de Directores Generales de Organismos de Cuenca y Locales, que se llevo a cabo en Bahía de Banderas, Nayarit, José Luis Luegue Tamargo, director general de la Comisión Nacional del Agua, reconoció que las irregularidades que se presentan en las actividades relacionadas con la extracción de materiales pétreos es ya un problema que preocupa a nivel nacional, ya que se repite en muchas áreas del país.
"Nos enfrentamos a los siguientes problemas: algunas de las concesiones otorgadas ya no están vigentes, ya caducaron; otros que realizan dicha actividad no tienen concesión, es decir, son explotaciones ilegales, y esto es un delito federal; y otro problema más, es que las extracciones están por encima del volumen autorizado", derivado de estas declaraciones el Director General se comprometió a girar instrucciones a los Directores Generales y Locales de la Comisión para que realizaran una revisión de cada uno de los permisos para la extracción de materiales pétreos en el país a fin de verificar que los mismos se encuentren vigentes y sus beneficiarios cumplan con todas y cada una de las disposiciones jurídicas que para el caso son aplicables, así como realizar visitas de inspección en los lugares dentro de los cuales se presume se encuentran realizando actividades ilegales de extracción de estos recursos.
Esta Comisión dictaminadora se encuentra preocupada ya que durante el estudio y análisis del presente asunto, nos pudimos percatar que este es un problema que ha ido en aumento los últimos años y que pese a que como se ha señalado la actividad se encuentra normada e incluso la obtención de los permisos se encuentra supeditada a la presentación de una manifestación de impacto ambiental de conformidad con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que dentro de la fracción X de su artículo 28 señala que todas las obras o actividades que se realicen en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales, requerirán una autorización en materia de impacto ambiental, lo cual queda reforzado con su reglamento en la materia el cual dentro de su fracción II del inciso R del artículo 5 establece que:
"Artículo 5. Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental:
...
R) ...
...
II. Cualquier actividad que tenga fines u objetivos comerciales, con excepción de las actividades pesqueras que no se encuentran previstas en la fracción XII del artículo 28 de la Ley y que de acuerdo con la Ley de Pesca y su reglamento no requieren de la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como de las de navegación, autoconsumo o subsistencia de las comunidades asentadas en estos ecosistemas."
No obstante, se tiene conocimiento que en algunas entrevistas hechas por medios de comunicación al respeto el Gerente de Servicios al Usuario de la Comisión Nacional del Agua, Hugo Gutiérrez Dávila, ha dicho que "las manifestaciones de impacto ambiental que deben presentarse para la autorización de la extracción de materiales son una garantía de que no se afectará el entorno."
Cabe mencionar que este tipo de autorizaciones no son una garantía de que quien realice las actividades en ella contenidas, no provocará afectación alguna al ambiente, ya que la autoridad debe llevar a cabo las correspondientes visitas de inspección a fin de verificar el cumplimiento de lo contenido dentro de estas autorizaciones, además de que en tal aseveración no se considera a aquellos que se encuentran operando en el marco de la ilegalidad.
Finalmente los que suscriben el presente documento, en cuanto diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, consideramos procedente el aprobar el punto de acuerdo que ha sido puesto a nuestra consideración, ya que el diputado promovente expone una problemática ambiental que no debe dejarse de lado, por lo cual es necesario que esta Cámara exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de que verifique el cabal cumplimiento de la legislación ambiental en el desarrollo de las actividades de extracción de materiales pétreos dentro de los cauces de ríos sean o no continuos, así como de los lagos, lagunas, esteros, y demás zonas dentro de las cuales la federación tenga jurisdicción y competencia.
Por lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes, nos permitimos poner a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que por medio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, realice un estudio que permita determinar el impacto ambiental que provocan los actuales volúmenes de extracción de materiales pétreos en zonas federales, principalmente lagos, lagunas, esteros, humedales, los ríos y sus cauces sean o no continuos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que por medio del Director General de la Comisión Nacional del Agua, realice e implemente operativos de inspección a fin de evitar la práctica ilegal de actividades extractivas de materiales pétreos, así como verificar el cabal cumplimiento de la ley por parte de los permisionarios para la extracción de estos materiales.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados el día 16 de octubre 2007.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández, José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González, Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González, Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas, Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y DE RELACIONES EXTERIORES, CON OPINIÓN DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO RURAL Y ESPECIAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES Y DE ACCESO AL AGUA Y LA PROTECCIÓN DE AMBIENTES ACUÁTICOS, CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR A LA SEMARNAT, A LA SRE Y A LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A INSTAURAR UN GRUPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL QUE APLIQUE ACCIONES DE PROTECCIÓN DEL DESARROLLO RURAL DEL VALLE DE MEXICALI, Y DE LA REGIÓN DEL DELTA DEL RÍO COLORADO Y ALTO GOLFO DE CALIFORNIA
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Relaciones Exteriores, con opinión de las Comisiones de Desarrollo Rural y Especial para la Defensa de los Derechos Sociales de Acceso al Agua y la Protección de Ambientes Acuáticos de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, les fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente N°. 1260 que contiene la propuesta con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, SAGARPA y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, instauren un grupo de trabajo interinstitucional a fin de aplicar acciones para proteger el desarrollo rural del Valle de Mexicali, la Región del Delta del Río Colorado y Alto Golfo de California, presentado por la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, estas Comisiones Legislativas, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 fracción XXIV y XXXI, 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:
Antecedentes
Primero. El 13 de marzo de 2007, la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una propuesta con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, Sagarpa y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, instauren un grupo de trabajo interinstitucional a fin de aplicar acciones para proteger el desarrollo rural del Valle de Mexicali, la Región del Delta del río Colorado y Alto Golfo de California, y
Segundo. En esa misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Relaciones Exteriores, con opinión de las Comisiones de Desarrollo Rural y Especial para la Defensa de los Derechos Sociales de Acceso al Agua y la Protección de Ambientes Acuáticos de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
El agua dulce es uno de los recursos naturales más importantes para el desarrollo de las actividades industrial, agrícola y pecuaria en la región fronteriza México-Estados Unidos. Como menciona la diputada promovente, en esta zona confluyen seis estados de la República Mexicana (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nuevo León y Tamaulipas) y cuatro estados norteamericanos (Arizona, Texas, Nuevo México y California). Por ello, tanto el uso como la distribución de este recurso han sido objeto de una serie de negociaciones y planes de manejo no sólo a nivel nacional sino también bilateral.
Las principales cuencas hidrológicas superficiales en la región son las de los ríos Bravo y Colorado, que a su vez conforman una parte importante de la línea fronteriza con 2,019 km y 38 km, respectivamente. Estas cuencas, junto con la del río Tijuana son compartidas con los Estados Unidos de América.
El Río Colorado, que tiene una longitud de 2,730 km y una superficie de 5,923.16 km2 drena a siete Estados de la Unión Americana (Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming), y a dos Estados en la República Mexicana (Sonora y Baja California).
El Río Colorado pertenece a la región hidrológica No. 7, sub-región No. 1, ambas del mismo nombre y se localiza en el distrito de riego 014 "Río Colorado" y la ciudad de Mexicali, Baja California.1 La región hidrológica tiene una extensión territorial continental de 6,911 km2, una precipitación media anual de 127 mm (que es comparativamente inferior a la media nacional), y recibe 1,850 hm3 de los Estados Unidos de América, volumen que representa aproximadamente el 160% del escurrimiento superficial medio anual de la región y la mayor fuente del recurso para las poblaciones fronterizas.2 Más del 50% del agua es utilizada por el sector agrícola, particularmente en el Valle de Mexicali (que utiliza 1,681.5 millones de m3).
En su límite oeste, localizado en la sierra de Cucapah se forma una planicie que llega hasta la desembocadura del río formando el Delta del río Colorado, que tiene una extensión de 7,971.09 Km2. De conformidad con información de la organización Pro Esteros: "El Delta del río está rodeado por el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado. En el presente, el delta abarca aproximadamente 60,000 ha (150,000 acres) de terrenos agrícolas de irrigación. Dos ríos forman su núcleo: el Colorado y el Hardy, un afluente en el Noroeste. Además del agua del canal Wellton Mohawk desemboca en el área Este. El delta está limitado ampliamente por las montañas Cucapá al Oeste, y la Mesa de Sonora al Este. Las islas Montague y Pelícano, marcan el lugar donde el delta llega al Golfo de California al Sur. Otro elemento es la Laguna Salada, una depresión seca al Oeste del delta a la cual llega el agua del río Colorado cuando la corriente es alta."3
Al respecto, estas Comisiones Unidas dictaminadoras consideran oportuno recordar que el Delta del río Colorado es una zona rica en biodiversidad terrestre y costera con importantes endemismos. Es por ello que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la ha catalogado como la Región Hidrológica Prioritaria No. 011 "Delta del Río Colorado", Región Terrestre Prioritaria No. 13 "Delta del Río Colorado", Región Marina Prioritaria No.14 "Alto Golfo", Área de Importancia para la Conservación de las Aves No. NO-17 "Delta del Río Colorado". También ha sido decretada Área Natural Protegida con carácter de Reserva de la Biosfera "Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado".
A nivel internacional, los humedales que se encuentran en el Delta del Río Colorado, entre ellos el de Santa Clara, cuentan con una superficie de 250,000 hectáreas y forman parte de la lista de la Convención Ramsar, de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO y de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras.
En la zona del Delta se han identificado 400 especies de plantas acuáticas y terrestres. Los tipos de vegetación en la zona son: "matorral desértico micrófilo, vegetación de desiertos arenosos, vegetación de dunas costeras, vegetación acuática y halófila y relictos de galería riparia."4 La flora en los pantanos del Delta es dominada por tule (Typha spp.) y carrizal; alrededor de las islas se encuentran plantas halófilas como chamizo (Allenrolfea occidentalis), zacate salado (Distichlis spicata), vidriera (Salicornia sp.); y en la región ribereña dominan el álamo (Populus spp.), el mezquite (Prosopis glandulosa) y el sauce (Salix spp.)5
Entre los reptiles y anfibios la Conabio identifica a la lagartija cachora (Callisaurus draconoides), la iguana del desierto sonorense (Dipsosaurus dorsalis sonoriensis), el monstruo de Gila (Heloderma suspectum) y la lagartija-cornuda real (Phrynosoma solare). Por lo que se refiere a los mamíferos se encuentran el coyote (Canis latrans), el castor americano (Castor canadensis), el lince americano (Lynx rufus), el venado bura (Odocoileus hemionus), la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) y la zorra desértica (Vulpes macrotis).6
De los endemismos destacan:
• Moluscos: un molusco restringido a las aguas del Golfo (Maulinia coloradoensis).
• Peces: matalote de Sonora (Catostomus insignis), totoaba (Totoaba macdonaldi), perrito del desierto (Cyprinodon macularis), carpa de Gila (Gila intermedia), carpita cola redonda (G. robusta).
• Aves: el palmoteador de yuma (Rallus longirostris yumanensis).
Tal como indica la diputada promovente, la historia en torno al acceso y al manejo del agua en la región fronteriza ha sido motivo de conflicto, pero también de cooperación entre nuestro país y los Estados Unidos de América. Diversos son los instrumentos jurídicos y órganos administrativos que se han establecido no sólo con objeto de garantizar el acceso y uso del agua por parte de los Estados de la región fronteriza en ambos países, sino también para la conservación de la ecología ribereña del Delta del río Colorado.
Por su importancia destacan:
• Convenio para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Región Fronteriza entre México y los Estados Unidos–Convenio de La Paz (1983),
• Convención para el establecimiento de una Comisión Internacional de Límites y Aguas que decida las cuestiones que se susciten en el cauce de los ríos Bravo del Norte y Colorado (1989),
• Acta 241. Recomendaciones para mejorar inmediatamente la calidad de las aguas del Río Colorado que llegan a México (1972),
• Acta 279. Medidas conjuntas para mejorar la calidad de las aguas del Río Bravo en Nuevo Laredo, Tamaulipas - Laredo, Texas (1989),
• Acta 289. Observación de la calidad de las aguas a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos de América(1992),
• Acta 306. Marco conceptual entre México y Estados Unidos para el desarrollo de estudios que permitan emitir recomendaciones respecto a la ecología ribereña y del estuario del tramo limítrofe del Río Colorado y su Delta (2000),
• Plan Integral Ambiental Fronterizo (1992),
• Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (1993),
• Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre el establecimiento de la Comisión Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte (1994),
• Programa Frontera XXI, Grupo de Trabajo sobre Agua. (1996),
• Programa Frontera 2012 (2000).
Más aún, desde los ámbitos hidrológico y biológico, tanto la Comisión Nacional del Agua (CNA) como la Conabio han identificado los siguientes factores como principales amenazas para la conservación de la zona: sobreexplotación de acuíferos, modificación del entorno, deficiencia en los sistemas de riego, contaminación por el uso de agroquímicos, tratamiento deficiente del agua, contaminación por descarga de agua residual industrial y urbana; introducción de especies exóticas, pesca ilegal y pesca incidental.
Otro factor que afecta la calidad del recurso hídrico, sobre todo en la parte final del Delta es la salinidad del río Colorado. De acuerdo con algunos estudios, la salinidad promedio del río es de 750 partes por millón de sales solubles, lo que significa que el agua contiene 0.75 gramos de sal por litro de agua.9 Por eso, como señala la diputada promovente, cualquier reducción en el flujo de agua hacia el Delta tiene un impacto significativo no sólo para las actividades agrícolas, las comunidades indígenas, sino también para el ecosistema ya que las especies de flora y fauna que lo habitan son afectadas
Dado que la mayor parte del caudal del Río Colorado es utilizado para actividades de riego tanto en Estados Unidos de América como en México, muy poca agua llega al Delta. La que sí llega, proviene de eventos aislados de fuerte precipitación, agua de represas o de las descargas de aguas residuales de los usuarios de la cuenca alta. Aunado a lo anterior, el Instituto del Pacífico señala que las condiciones de sequía recurrente en la zona contribuirán sin duda alguna a agravar la situación dado que, en el marco del Tratado de Distribución de Aguas Internacionales de 1944, los Estados de la Unión Americana podrían reducir sus entregas a México: "En la actualidad México bombea agua del subsuelo para complementar la asignación insuficiente de agua del río Colorado y una mayor disminución en las aguas superficiales impondrá más presión sobre los limitados recursos de agua subterránea."10
A lo anterior hay que añadir el inminente revestimiento del Canal Todo Americano que afectará el escurrimiento de 82.4 hm3/año de agua en nuestro territorio, afectando la amplia zona de humedales del Delta.
En el año 2005 seis organizaciones no gubernamentales y académicas defensoras del Delta del río Colorado llevaron a cabo un taller que tuvo por objeto identificar las prioridades de conservación del área. En este taller el Delta se dividió en cuatro zonas ecológicas, a saber: a) corredor ripario, b) río Hardy, c) humedales alejados del canal, y d) costera, marina e intermareal. En éstas se identificaron un total de 16 "zonas de protección" y "zonas de restauración". Las primeras cubren una superficie de 107,015 hectáreas y se encuentran en buen estado de conservación y son hábitat de muchas de las especies aquí mencionadas, por lo que deben ser protegidas. Las segundas cubren una superficie de 236, 725 hectáreas y dado que han perdido algunas de sus funciones ecológicas es necesario intervenir.
Tomando en consideración que la amenaza a la conservación del Delta del Río Colorado persiste y que cualquier alteración futura en la disponibilidad de agua tendrá repercusiones negativas tanto para la población como para el ecosistema, las Comisiones Unidas dictaminadoras coinciden ampliamente con la diputada promovente sobre la urgente necesidad de llevar a cabo un acuerdo bilateral específicamente dedicado a los flujos de las corrientes internas del Delta, así como el establecimiento de lineamientos de tipo jurídico para proteger y mejorar el uso de recursos y propiedad de tierras indígenas, toda vez que muchas de éstas se ven obligadas a abandonar sus tierras dada la escasez del recurso hídrico.
Por las razones antes señaladas, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Relaciones Exteriores y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que en el marco de sus respectivas competencias instauren un grupo de trabajo interinstitucional con la finalidad de aplicar acciones urgentes e inmediatas para proteger el desarrollo rural del Valle de Mexicali y la región del Delta del Río Colorado y Alto Golfo de California.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que inicie los contactos diplomáticos necesarios con el gobierno de los Estados Unidos de América para establecer compromisos conjuntos que devengan en la protección y desarrollo sustentable de las aguas que alimentan la región del Valle de Mexicali y el Delta del Río Colorado.
Tercero. Que la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos Sociales de Acceso al Agua y Protección de Ambientes Acuáticos de la Cámara de Diputados se aboque a realizar un diagnóstico social, económico y ambiental de la región del Valle de Mexicali, del Delta del Río Colorado y Alto Golfo de California, cuya finalidad tenga como función primordial contribuir a los trabajos del grupo interinstitucional al que se refiere el primer punto de este acuerdo, así como para definir las reformas legales que sobre este respecto deban realizarse.
Notas:
1 Sánchez Mungía, V. (Coord.) 2004. "El Río Colorado" El Revestimiento del Canal Todo Americano. El Colegio de la Frontera Norte-Plaza y Valdéz Eds, México, pp. 36 y 37.
2 Ver CNA. 2006. "Contexto geográfico y socioeconómico", Estadísticas del Agua en México 2006. México, p. 29. y CNA. 2000. "El agua: un recurso estratégico y de seguridad nacional". Programa Nacional Hidráulico 2001-2006, México, p. 47.
3 Pro Esteros. s/f. "Agua es Vida en el Delta". En: http://proesteros.cicese.mx/. Página consultada el 25 de abril de 2007.
4 Conabio. "11 Delta del Río Colorado" Regiones Hidrológicas Prioritarias para la Conservación. México, En: www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalización/doctos/rhp_011.html. Página consultada el 20 de abril de 2007.
5 Idem.
6 Idem.
7 Idem.
8 Pro Esteros. s/f. "Agua es Vida en el Delta". En: http://proesteros.cicese.mx/. Página consultada el 25 de abril de 2007.
9 Sánchez Mungía, V. (Coord.) Op. Cit, p. 31.
10 Cohen, M. "Entendiendo los Flujos de Agua en el Delta del Río Colorado". Pacific Institute. Boulder Colorado, 5 de diciembre de 2005, p. 3.
Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados el día 16 de octubre 2007.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández, José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González, Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zatarain González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas, Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitin (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís, Alliet Mariana Bautista Bravo, César Camacho Quiroz, María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Alejandro Chanona Burguete, Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez, José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Murat, José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar.
Dictámenes negativos
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Gobernación, de Seguridad Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LIX Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Protección Civil, de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Estas Comisiones con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 90, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen en sentido negativo, basándonos en los siguientes:
Antecedentes
2. En esa misma sesión, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Seguridad Pública y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.
3. El día 20 de enero de 2007, se sometió a consideración de los diputados y diputadas integrantes la Comisión de Seguridad Pública el proyecto de dictamen respectivo, siendo aprobado.
4. En reunión de trabajo de fecha 19 de abril de 2007, se sometió a consideración de los diputados y diputadas integrantes la Comisión de Gobernación, el proyecto de dictamen respectivo, siendo aprobado.
5. El día de 16 de octubre de 2007, se sometió a la consideración de los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales el proyecto de dictamen respectivo, siendo aprobado.
De la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el diputado Arturo Nahle García se desprende que tiene por objeto:
2. Que la Coordinación General de Protección Civil, la Dirección General de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, y Unidades Administrativas que tengan a su cargo el ejercicio directo de tal actividad sean adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública.
3, Trasladar la responsabilidad de coordinar la operación de los montos señalados para el Fondo de Desastres y el Fondo para la Prevención de Desastres en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad Pública.
4. Que la Secretaría de Seguridad Pública coordine las actividades para el auxilio, evacuación y medidas de seguridad, en zonas en que se prevea u ocurra accidentes de tipo nuclear.
Consideraciones
2. Que la seguridad pública se vincula con una actividad rectora del Estado, circunscrita a la relación gobernante- gobernado cuyo objetivo consiste en mantener el justo equilibrio entre el orden social y la libertad individual, con respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales consagradas en la Constitución.
3. Que la seguridad pública se ejerce a través de mecanismos, instrumentos y órganos específicos, con los siguientes fines: vigilar a través de policías preventivas; investigar y perseguir los delitos competencia para el Ministerio Público y con auxilio de la policía judicial; para impartir justicia a través de los tribunales establecidos; y para la readaptación social a través de reclusorios y cárceles e instituciones para el tratamiento de menores infractores.
4. Que la Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada que tiene por objeto prevenir la comisión del delito, mediante el desarrollo de la política criminal del Poder Ejecutivo Federal y ser auxiliar del Ministerio Público.
5. Que en razón a que el bien jurídico tutelado por la seguridad pública del Estado es la vida, integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece su competencia en el artículo 21, que a continuación se transcribe:
Artículo 21. ...
...
...
...
...
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se coordinarán en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública.
6. Que el artículo tercero de la Ley General de Protección Civil, en su fracción IV, define la protección civil de la siguiente forma:
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por:
I a III. ...
IV. Protección Civil: Conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre.
V. a XXII. ...
7. Que por lo anterior, podemos decir que la protección civil, es el conjunto de medidas encaminadas a salvaguardar la vida de la población y sus bienes, mediante el concurso de su participación, ante cualquier evento destructivo de la naturaleza que se presente, a través de la prevención, el auxilio y la recuperación, en el marco de los objetivos nacionales y de acuerdo al interés general del Estado.
8. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una competencia federal para legislar sobre las materias de seguridad pública, de protección a ambiente y la de protección civil en los términos señalados en las fracciones XXIII, XXIX-G y XXIX-I del artículo 73, que se transcriben a continuación:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I a XXII. ...
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en materia de seguridad pública; así como para la organización y funcionamiento, el ingreso, selección, promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal;
XXIV a XXIX ...
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
XXIX-H ...
XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, coordinarán sus acciones en materia de protección civil, y
XXIX-J a XXX ...
9. Que de la lectura anterior se desprende que las tareas de protección civil y de protección al ambiente facultades concurrentes, que implican que las entidades federativas, el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero es el Congreso de la Unión el que determina la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general que define la división de tareas y responsabilidades entre ellos.
10. Que por su parte a la materia de seguridad pública corresponde una competencia de coordinación lo que significa que las tres instancias del gobierno –Federación, Estados y Municipios– les corresponden las mismas tareas en un marco de comunicación permanente y control ordenado de acciones.
11. Que a diferencia de la seguridad pública en que hay las reservas de competencia, en la protección civil la autoridad establece lineamientos generales, coordina y articula acciones, pudiendo los mismos gobernados participar sin limitación competencial.
12. Que asimismo por las razones expuestas, no se considera viable trasladar de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad Pública en materia de protección ambiental la facultad concurrente para el auxilio, evacuación y medidas de seguridad en zonas en que se prevea u ocurra un accidente nuclear.
13. Que el ámbito de competencia y vinculación entre la seguridad pública y la protección civil, establece que la primera protege vida y derechos de las personas, en una de relación de gobernante – gobernado. La seguridad pública busca mantener el justo equilibrio entre el orden social y la libertad individual con respeto a los derechos humanos y garantías individuales, su participación social reside en la queja, denuncia, supervisión, etcétera, y las demás competencias quedan reservadas exclusivamente a las autoridades quienes tienen por ley las mismas. A diferencia de la protección civil donde se protege la vida, los bienes y el entorno, la relación imperante entre las autoridades y población entre los sectores público, privado y social. Se busca contribuir a mantener el orden, la estabilidad y la tranquilidad social; la participación social consistente en tareas y acciones muy similares a las que realizan los sectores públicos ya sea en el ámbito federal, estatal o municipal.
14. Que si bien tanto el ámbito de la seguridad pública como en el de la protección civil participan cuerpos de emergencia, cada uno tiene su propio espacio, su propio ámbito de actuación conforme lo marca la ley y así también debieran tener su propio desarrollo, sin que ello cancele la posibilidad de que cuando la ley lo permita, realicen labores de coadyuvancia.
15. Que por tanto, las tareas de prevención, auxilio, recuperación y apoyo tienen mayor relación con otras orquestadas por la Secretaría de Gobernación que es quien dentro de sus atribuciones conduce la relación entre el Ejecutivo y los demás poderes de la Unión, con los Estados, Municipios, así como con las diversas autoridades federales y locales.
16. Que de aceptarse que las tareas de protección civil sean asumidas por la Secretaría de Seguridad Pública el traslado impactaría negativamente a las finanzas públicas ya que el modificar la adscripción de las áreas operativas significan grandes costos y no se percibe una justificación práctica.
17. Que en función a una competencia concurrente y que la materia de protección civil guarda mayor relación con la naturaleza de otras atribuciones dadas a la Secretaría de Gobernación concluimos que esa Dependencia debe ser quien siga conduciendo y ejecutando, en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno y con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las políticas y programas de protección civil enfocadas a la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre.
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Protección Civil, de la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el diputado Arturo Nahle García, el día dos de septiembre de dos mil cuatro.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México Distrito Federal a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil siete.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez, Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Narcizo Alberto Amador Leal, Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres, César Camacho Quiroz (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contrera Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández, María del Pilar Ortega Martínez, Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Javier Martín Zambrano Elizondo.
La Comisión de Seguridad Pública
Diputados: Rodrigo Medina de la Cruz (rúbrica), presidente; Víctor Hugo García Rodríguez (rúbrica), Edgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell, Patricia Villanueva Abraján, Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Juan de Dios Castro Muñoz, Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), María de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Agustín Leura González, Carlos Madrazo Limón (rúbrica), José Luis Murillo Torres (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), María Sofía Castro Romero (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid, Efraín Morales Sánchez (rúbrica), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza, Víctor Leopoldo Valencia de los Santos, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica).
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández, José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González, Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz, José Ascención Orihuela Bárcenas, Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE VIVIENDA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado a la LVIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, Eugenio Javier Hernández Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa de reformas al artículo 46 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), misma que fue turnada el 26 de abril de 2001, a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda.
Estas comisiones procedieron al análisis y estudio de dicha iniciativa de proyecto de reformas al artículo 46 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y con base en las facultades que les confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados integrantes de estas dictaminadoras realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de la misma, tendiendo como resultado el presente dictamen que se somete a consideración de esta honorable Asamblea con base en los siguientes:
I. Antecedentes
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados dio el turno a estas dictaminadoras a efecto de instrumentar el dictamen que permitirá su discusión, y en su caso su aprobación por el mismo Pleno, lo cual se hace después de una serie de estudios y análisis a la propuesta del entonces diputado Eugenio Javier Hernández Flores.
3. Que el proponente hizo, en el cuerpo de su iniciativa, las siguientes consideraciones:
a) La iniciativa tiene la finalidad de corregir las condiciones de inequidad que impiden a un amplio sector de trabajadores afiliados al Infonavit el acceso a los créditos que dicho organismo otorga.
b) Refiere que los créditos distribuidos entre los trabajadores con ingresos mensuales de hasta 2 salarios mínimos decrecieron 44.5% y los destinados a trabajadores con ingresos entre 2 y 3 salarios mínimos se redujeron 24%. Asimismo, señala el iniciador, durante el mismo periodo, el número de créditos que se asignaron a los trabajadores con ingresos superiores a 4 salarios mínimos se elevó en un 88%.
c) Menciona que, en la fracción I del artículo 46 de la Ley del INFONAVIT se señala que para el otorgamiento de créditos se dará preferencia a los trabajadores de menores ingresos, lo cual no se ha cumplido, afectando a de miles de familias de trabajadores derechohabientes.
d) Apunta que bajo el esquema actual, las aportaciones propiedad de los trabajadores de menores ingresos son utilizadas para financiar los créditos de vivienda para los trabajadores de mayores ingresos.
e) Afirma que la solución del problema habitacional constituye una condición indispensable para la elevación del nivel de vida de la clase trabajadora y que recibir créditos baratos y suficientes para satisfacer sus necesidades de vivienda es una aspiración legítima de los trabajadores derechohabientes del Infonavit.
f) Afirma que esta prestación social no puede estar supeditada a marcos rígidos y reglas inequitativas que benefician sólo a los mejores postores, por lo que, señala, resulta injusto hacer competir por un crédito a trabajadores con distintos niveles de ingreso.
g) Propone que el Infonavit debe adecuar sus políticas a las condiciones socioeconómicas reales de los asalariados mexicanos, ya que el 70% de la población económicamente activa obtiene ingresos inferiores a 4 salarios mínimos, mientras que sólo el 30% gana más de 4 salarios mínimos mensuales.
h) Sostiene que el artículo 46 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores establece que para la aplicación de recursos en las diversas regiones y localidades del país se considerarán, entre otras, las siguientes circunstancias:
• La factibilidad y posibilidad reales de llevar a cabo construcciones habitacionales;
• El monto de las aportaciones al Fondo provenientes de las diversas regiones y localidades del país; y
• El número de trabajadores en las diferentes regiones o localidades del territorio nacional.
II. La Comisión que dictamina consideró que la propuesta representa una falta de adecuación con la realidad, ya que el artículo 45 de la ley del Infonavit establece expresamente que las convocatorias para las subastas de financiamiento se formularán por el Consejo de Administración conforme a criterios que tomen debidamente en cuenta la equidad y su adecuada distribución entre las distintas regiones y localidades del país, procurando la desconcentración de las zonas urbanas más densamente pobladas, además de que obliga a tomar en cuenta, las promociones del sector obrero, de los trabajadores en lo individual y del sector patronal.
Artículo Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto de reformas al artículo 46 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada por el diputado Eugenio Javier Hernández Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, misma que fue turnada el 26 de abril de 2001, a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda para su estudio y dictamen.
Artículo Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de noviembre del 2006.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), presidente; Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), José Antonio Almazán González, Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), secretarios; Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), Francisco Antonio Fraile García (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Diego Aguilar (rúbrica), Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Alfredo Barba Hernández, Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros (rúbrica), Ramón Almonte Borja, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Sonia Noelia Ibarra Franquez, Ana Yurixi Leyva Piñón, Rosario Ignacia Ortiz Magallón, Ramón Félix Pacheco Llanes, Adrián Pedrozo Castillo, José Antonio Arévalo González (rúbrica), Ricardo Cantú Garza.
La Comisión de Vivienda
Diputados: Diego Aguilar Acuña (rúbrica), presidente; Joel Arellano Arellano (rúbrica), Raúl García Vivián (rúbrica), Aracely Escalante Jasso (rúbrica), Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica), María Elena Torres Baltazar, secretarios; Tomás Gloria Requena (rúbrica), Elmar Darinel Díaz Solórzano (rúbrica), Alfredo Barba Hernández (rúbrica), Lourdes Eulalia Quiñones Canales (rúbrica), Joel Ayala Almeida, Daniel Chávez García (rúbrica), Luis Rodolfo Enríquez Martínez (rúbrica), Martha Margarita García Müller (rúbrica), Óscar González Morán (rúbrica), José Luis Murillo Torres, Alejandro Sánchez Domínguez (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell, José de Jesús Solano Muñoz (rúbrica), Alberto López Rojas, Mario Vallejo Estévez, María Soledad López Torres, David Mendoza Arellano, Juan Manuel San Martín Hernández, Gerardo Villanueva Albarrán, Martín Zepeda Hernández, Jaime Cervantes Rivera (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz (rúbrica), Sergio Augusto López Ramírez.
DE LA COMISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE EXPIDE LA LEY DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; Y REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Honorable Asamblea:
La Comisión de la Función Pública de esta H. Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f); y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a su consideración "Dictamen sobre la iniciativa que expide la Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos".
Antecedentes
La Iniciativa que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2134-I del jueves 16 de noviembre de 2006, presentada al Pleno de esta Cámara el mismo día, por la diputada Erika Larregui Nagel, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
En esa misma fecha la Mesa Directiva de esta Cámara, la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública.
Una vez recibida y previo estudio de la misma, se preparó un proyecto de dictamen por la negativa, el cual fue presentado a la consideración y discusión de esta Comisión, la que lo aprobó en sesión de fecha 19 de septiembre de 2007, con 21 votos a favor, ninguno en contra, sin abstenciones ni votos particulares.
Contenido de la iniciativa
La iniciativa que se somete a estudio y dictamen, tiene como finalidad primordial abrogar la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002; y expedir una nueva ley, que se denominaría: "Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública"; con la que, de acuerdo con la iniciativa: "básicamente se deberá garantizar la información en posesión de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los órganos constitucionales autónomos, con autonomía legal o cualquier otro federal; de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito federal, y aquella relacionada con los recursos públicos que cualquier persona, física o moral, nacional o extranjera, que por cualquier motivo o título, por sí o a través de interpósita persona, haya administrado, aplicado, dispuesto, ejercido, manejado, recaudado, recibido, transferido o utilizado dichos recursos".
Es de hacer notar que la propia iniciativa menciona que: "...(se) toma como base la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo cual únicamente se adecua para que en nuestro país exista una ley marco en la materia que nos ocupa, ley que tomarán como base las entidades federativas y así evitar que en los diversos estados del país o en el Distrito federal existan diferencias en torno al acceso de la información pública".
También propone que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, deje de ser un organismo descentralizado y pase a ser un organismo autónomo.
Además, esta iniciativa pretende establecer: "Que toda persona tiene derecho a solicitar y que le sean entregadas por el Instituto Federal Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todas y cada una de las boletas electorales que contengan las votaciones en los que ese Instituto o Tribunal haya participado en su organización o calificación. Ésta información –las boletas electorales- será pública y debe ser puesta a disposición de las personas, por cualquier medio, dentro de los diez días hábiles de cuando se haya realizado la elección o calificación correspondiente."
Igualmente, plantea que "será información pública obligatoria el nombre, razón o denominación social de las personas físicas o morales que realicen acciones de cabildeo ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales; aquellos de las entidades federativas , así como en los municipios y demarcaciones territoriales, tendientes a promover o influir sobre reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución; las leyes que emanen de ella; a decretos, reglamentos, reglas de operación, acuerdos, convenios o cualquier otro acto administrativo, así como, según se trate, en la firma, ratificación o denuncia de tratados internacionales".
Además de lo anterior plantea reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para establecer que "ningún legislador podrá ser parte de aquellos entes que se establezcan en la Constitución o por medio de ley, que intervinieron en su formulación".
Consideraciones
Primera. Que, en razón de la importancia que reviste para el presente análisis, es menester referirnos a la última reforma que se realizó al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007.
• En el dictamen aprobado por el Pleno de la Cámara de diputados, elaborado por las comisiones antes señaladas, se tomó en cuenta la iniciativa (que pretende reformar los artículos 6, 26, 71, 72, 73, 108, 110, 111, 115, 116 y 122 de la Constitución), presentada por la misma promovente de la iniciativa en estudio, de forma paralela a la que se dictamina, en lo relativo al artículo 6º constitucional.
• La reforma constitucional al artículo 6º establece las condiciones mínimas que aseguran el derecho de toda persona de tener acceso a la información pública, como un derecho fundamental; además, atiende el problema de la heterogeneidad de las diferentes leyes de transparencia en las diferentes entidades federales y el Distrito Federal. De esta manera se establecieron en la Constitución los estándares mínimos que deben organizar la materia.
Segunda. Que, en lo que se refiere a la propuesta de que los sujetos obligados deberán designar un enlace que se encargará de los requerimientos de información de los demás sujetos obligados para satisfacer las solicitudes de acceso que se les realicen. La iniciativa al momento de establecer que "las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que por cualquier motivo o título, ya sea por sí o por interpósita persona, hayan administrado, aplicado, dispuesto, ejercido, manejado, recaudado, recibido, transferido o utilizado recursos públicos" son sujetos obligados por esta Ley, exige (con esta redacción) que, por ejemplo, las personas que son beneficiarías en un programa social, nombren obligatoriamente un enlace para que esté atento a los requerimientos de información de los demás sujetos obligados, resulta materialmente inviable y excede al ámbito público.
Tercera. Que la iniciativa no establece la forma en que va a: "favorecer la rendición de cuentas a las personas para que éstas puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados, y se amplíe la participación de los ciudadanos en el sistema de planeación democrática".
Es cierto que, tanto la materia de la transparencia como la de la rendición de cuentas, se encuentran estrechamente ligadas; sin embargo, en nuestro sistema jurídico lo relativo a la rendición de cuentas, se regula en ordenamientos jurídicos específicos: Ley de Fiscalización Superior de la Federación; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otras; Contexto que no se toma en cuenta en la iniciativa.
Cuarta. Que, respecto al planteamiento de que será información pública obligatoria el nombre, razón o denominación social de las personas físicas o morales que realicen acciones de cabildeo, no se encuentra jurídicamente justificado; además de que no existe la figura jurídica del denominado "cabildeo"; es verdad que actualmente existen diferentes iniciativas que pretenden regular esta actividad, pero éstas se encuentran aún en etapa de análisis y estudio a efecto de quedar regulada en un ordenamiento específico.
Quinta. En cuanto a la disposición que se refiere a la obligatoriedad de establecer que las boletas electorales que contengan las votaciones en los que el Instituto Federal Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hayan participado o tomado conocimiento, deban ser puestas a disposición de las personas, es necesario precisar que en los términos de la legislación vigente, esto es debe ser materia de la Ley Electoral, en este caso del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, más que de una regulación en materia de transparencia.
Sexta. En lo relativo al capítulo de la iniciativa referente a los Institutos de Información en las Entidades Federativas, es necesario resaltar que es improcedente establecer la regulación específica respecto de los institutos de las diferentes entidades federativas, debido a que es facultad propia de los Congresos locales, y que en los términos de la propuesta, esto resultaría violatorio del pacto federal y de la autonomía de los estados.
Séptima. Coincidimos con la proponente, en la necesidad de regular lo referente a la protección de datos personales que obran en poder de particulares, pero como objeto de una legislación específica de tal tema.
Conclusión.
En virtud de lo anterior, esta Comisión considera que no es de aceptarse la iniciativa, y somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Dictamen
Primero. Se desecha la "iniciativa que expide la Ley de Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos", con número de expediente 525, presentada el 16 de noviembre de 2006, por la diputada Erika Larregui Nagel, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 19 de septiembre de 2007.
La Comisión de la Función Pública
Diputados: Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), presidente; José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), secretarios; Moisés Alcalde Virgen (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Alma Edwviges Alcaraz Hernández (rúbrica), Jesús Arredondo Velázquez (rúbrica), Carlos Armando Biebrich Torres, María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Andrés Carballo Bustamante (rúbrica), María de Jesús Martínez Díaz (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Arturo Flores Grande (rúbrica), Javier Guerrero García, René Lezama Aradillas (rúbrica), Apolonio Méndez Meneses (rúbrica), Mario Mendoza Cortés, Carlos Orsoe Morales Vázquez (rúbrica), Alan Notholt Guerrero (rúbrica en contra), Héctor Padilla Gutiérrez, Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Marcos Salas Contreras, María Elena Torres Baltazar, Ramón Valdés Chávez (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA LAS FRACCIONES IV Y X AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LIX Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, presentada por el diputado de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Jorge A. Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2005.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1° y 3°, 43, 44, 45 numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron a elaborar el presente dictamen para la LX Legislatura, de acuerdo con los siguientes:
Antecedentes
I. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 25 de octubre de 2005, el diputado Jorge A. Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
II. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva le asignó el siguiente turno: "Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables", bajo el expediente con índice "D", foja 181, libro XII, del año tercero, sección tercera, asignándosele el número 4170.
III. En sesión del 20 de abril de 2006, el pleno de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LIX Legislatura, aprobó el proyecto de dictamen correspondiente.
IV. En Gaceta Parlamentaria de esta soberanía, de 31 de agosto de 2006, se publicó, por parte de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, el Informe con relación de dictámenes que quedaron de primera lectura en la sesión del 27 de abril de 2006, así como de aquellos que quedaron pendientes de conocimiento del pleno.
V. El dictamen correspondiente a la iniciativa en cuestión, apareció en el Informe mencionado en el antecedente IV, como dictámenes que quedaron de primera lectura, en la sesión del 27 de abril de 2006, bajo el número 35, mesa tercera, expediente 3900.
VI. Con fecha 7 de septiembre de 2006, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, el Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados relativo a los dictámenes de proyectos de ley o de decreto y puntos de acuerdo que quedaron pendientes de conocerse por el Pleno de la LIX Legislatura, el cual dispone que los dictámenes con proyecto de ley o de decreto y de puntos de acuerdo de los expedientes legislativos relacionados en el Informe con relación de dictámenes que son de primera lectura en la sesión de 27 de abril de 2006, así como de aquellos que quedaron pendientes de conocimiento del pleno, corresponden a la LX Legislatura con el carácter de proyectos, de conformidad con el último párrafo del artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; devolviéndose los originales de los referidos dictámenes para su incorporación al expediente original, dándose cuenta de ellos a las Comisiones competentes de la LX Legislatura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 in fine del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
VII. El día 8 de septiembre de 2006, la Directora General de Proceso Legislativo hizo llegar a esta Comisión, mediante oficio D.G.P.L. 60-II-5-35, con el propósito de dar cumplimiento al punto segundo del Acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados relativo a los dictámenes de proyectos de ley o de decreto y puntos de acuerdo que quedaron pendientes de conocerse por el Pleno de la LIX Legislatura
VIII. Para efectos del archivo de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, se le asignó el expediente 71 de la LIX Legislatura correspondiendo el número 21 de la LX Legislatura.
Contenido de la iniciativa
Primero. La iniciativa que presenta el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari pretende adicionar una fracción IV y una fracción X al artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, para que los actuales se recorran sucesivamente y quede con quince fracciones. También sugiere adicionar una fracción VI al artículo 6 de la mencionada ley, modificando ambos artículos de la siguiente manera:
I. a III. ...
IV. Discriminación contra las personas con discapacidad.- Toda distinción exclusiva o restricción basada en una condición de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular en reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
V. Educación especial. Conjunto de servicios, programas, orientación y recursos educativos especializados, puestos a disposición de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, que favorezcan su desarrollo integral, y faciliten la adquisición de habilidades y destrezas que les capaciten para lograr los fines de la educación.
VI. Equiparación de oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad una integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades y posibilidades con el resto de la población.
VII. Estenografía proyectada. Es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y, a la vez, proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales o en Sistema de Escritura Braille.
VIII. Estimulación temprana. Atención brindada al niño de entre 0 y 6 años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarquen todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso natural de su maduración.
IX. Consejo. Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.
X. Integración. Es el resultado de las acciones que realizan las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, las familias y la sociedad organizada, orientadas a modificar y superar las condiciones que impidan a las personas con discapacidad su desarrollo integral.
XI. Lengua de señas. Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral.
XII. Organizaciones. Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo e integración social.
XIII. Persona con discapacidad. Toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.
XIV. Prevención. La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, mentales y sensoriales.
XV. Rehabilitación. Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden médico, social y educativo entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida de una función, así como proporcionarle una mejor integración social.
XVI. Sistema de escritura Braille. Sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil, por los ciegos.
Artículo 6.
Son facultades del Ejecutivo Federal en materia de esta Ley, las siguientes:
I. a V. ...
V. Promover el otorgamiento de estímulos fiscales a personas físicas o morales que realicen acciones en favor de las personas con discapacidad;
VI. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.
Consideraciones
2. Que la propuesta presentada por el legislador para adicionar algunas fracciones a los artículos 2 y 6 de la Ley General de las Personas con Discapacidad,. no hace una investigación sobre la legislación vigente en materia de discapacidad y la no discriminación en nuestro país, toda vez que pretende realizar modificaciones que la ley ya considera en forma positiva referente a la no discriminación, tal como lo refiere el articulo 5° que establece los principios que deben observar las políticas públicas, como la equidad, la justicia social, la equiparación de oportunidades, el reconocimiento de las diferencias, la dignidad, la integración, el respeto y la accesibilidad. Igualmente el articulo 7° establece el derecho de las personas con discapacidad a los servicios públicos para la atención a la salud y rehabilitación integral. En el artículo 9 de la propia ley se establece el derecho de las personas con discapacidad al trabajo y capacitación. En el articulo 10° queda estipulado el desarrollo integral en el ámbito educativo para potenciar y ejercer plenamente sus capacidades, habilidades y aptitudes. Los artículos 13, 14, 15 y 16 se refieren a las facilidades arquitectónicas de desarrollo urbano y de vivienda, al transporte público y comunicaciones, así como al desarrollo y asistencia social para las personas con discapacidad.
En el artículo21 de la ley queda establecido la Seguridad Jurídica.
3. Que en lo referente a la adición de una fracción IV al artículo 2º. de la Ley de las Personas con Discapacidad, existe una legislación completa y especifica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que en su artículo 1º. Señala que su objeto es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación, en su artículo 4º establece lo que se entiende por discriminación. en estos artículos, ya se establece lo relacionado a la discriminación y sus formas de prevención y erradicación en México. El contenido de éstos es el siguiente:
Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.
Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.
4. Que en la iniciativa presentada por el legislador, se sugiere una adición de la fracción VI al artículo 6º de la Ley General de las Personas con Discapacidad, soslayando que su contenido ya se encuentra contemplado en el artículo 15 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el cual a la letra dice:
Artículo 15. Los órganos públicos y las autoridades federales adoptarán las medidas que tiendan a favorecer la igualdad real de oportunidades y a prevenir y eliminar las formas de discriminación de las personas a que se refiere el artículo 4 de esta Ley.
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV y una fracción X al artículo 2º. de la Ley General de las Personas con Discapacidad, presentada el día 25 de octubre de 2005, por el diputado Jorge A. Kahwagi Macari.
Segundo. Archívese el expediente como un asunto total y definitivamente concluido.
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables
Diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho, Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Humberto Wilfredo Alonso Razo, Irene Aragón Castillo, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonso (rúbrica), Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunas (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale, María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas, Fernando Moctezuma Pereda (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Jorge Quintero Bello, Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel, Marta Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mario Vallejo Estevez (rúbrica), Martín Zepeda Hernández (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE DEROGA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Relaciones Exteriores fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga y adiciona el artículo 2o., fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Esta comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, fracciones I y III, y 45, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 60, 65, 87, 88, 93 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto que deroga y adiciona el artículo 2o., fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente
Dictamen
Antecedentes
1. Con fecha 21 de diciembre de 2006, la diputada María Dolores González Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga y adiciona el artículo 2o., fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
2. En esa misma fecha, dicha iniciativa le fue turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, iniciándose el proceso de análisis y consulta a efecto de elaborar el presente dictamen, de conformidad con las siguientes consideraciones:
Contenido de la iniciativa
La iniciativa con proyecto de decreto que se dictamina pretende derogar y adicionar el artículo 2o., fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:
Capítulo I
Del Servicio Exterior Mexicano
Artículo 2. Corresponde al Servicio Exterior Mexicano:
XI. Destinar los ingresos recibidos por los servicios establecidos en los artículos 20, 22 y 23 de la Ley Federal de Derechos, prestados por cualquier representación consular en el extranjero para integrar un fondo cuyo objeto sea cubrir, adicionalmente al presupuesto general de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en términos del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, los gastos relativos a las actividades y programas que a continuación se mencionan:
a) Programa de repatriación de personas vulnerables;
b) Atención y asesoría jurídica y protección consular;
c) Atención a migrantes recluidos en centros penitenciarios y centros de detención;
d) Atención telefónica;
e) Campañas de seguridad al migrante;
f) Servicios de consulados móviles; y
g) Prestación de servicios consulares y atención al público.
Los gastos por sufragar de conformidad con el primer párrafo de esta fracción, se realizarán de acuerdo con las reglas generales de operación que al efecto establezca la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, contando con la aprobación de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
La iniciativa presentada por la diputada María Dolores González Sánchez propone derogar y adicionar el artículo 2o., fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con el objetivo de cubrir la demanda de servicios consulares, misma que actualmente rebasa por mucho la capacidad ya instalada, y sitúa a los mexicanos migrantes en un alto grado de vulnerabilidad.
Dentro de los argumentos utilizados en la exposición de motivos de la iniciativa se señala que la primera obligación del gobierno mexicano es la protección de cualquier persona nacida en territorio nacional o fuera de él en los términos constitucionales.
En este sentido, es necesario mencionar que el artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano (SEM) establece que corresponde a éste "proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones".
Sin embargo, la promovente considera que la petición del gobierno mexicano al exigir, vía diplomática, el respeto de los derechos humanos y de una vida digna de los mexicanos en el extranjero a los gobiernos de otras naciones, implica el compromiso irrestricto de respetar y defender sin condiciones ni límites éstos, pero ello no sucederá si no se construye la estructura jurídica y económica que sustente en los hechos la obligación legal y moral del gobierno mexicano; de ahí el compromiso de reformar las leyes necesarias, a fin que con esto se modifique ostensiblemente el presupuesto para atención y servicios consulares a todo mexicano, puesto que los servicios consulares que se ofrecen actualmente no se resuelven con la cantidad y calidad que los mexicanos en el exterior solicitan.
La Comisión de Relaciones Exteriores coincide con los argumentos presentados por la promovente, así como con el espíritu general de la propuesta, que es dotar de mayores recursos a los consulados mexicanos en el exterior, y en especial los programas y acciones de protección y asistencia a los mexicanos que residen en el extranjero.
En este sentido, pueden resultar oportunas, en lo general, las adiciones propuestas para el artículo 2o., fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano:
Los gastos por sufragar de conformidad con el primer párrafo de esta fracción, se realizarán de acuerdo con las reglas generales de operación que al efecto establezca la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, contando con la aprobación de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Título Tercero
Capítulo II
Del Poder Legislativo
Sección III
De las Facultades del Congreso
I. a III. ...
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior. …
V. a VII. ...
Prevenciones Generales
Ley Federal de Derechos
Texto Vigente
Todas las cantidades de esta ley que aparecen en negritas han sido actualizadas para el año 2007, de conformidad con la "cuota con ajuste" de la "Décima primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2006 y sus anexos 7, 8, 9, 15 y 19", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006.
Sección Primera
Pasaportes y Documentos de Identidad y Viaje
II. Pasaportes ordinarios y documentos de identidad y viaje con validez hasta por un año, no comprendidos en la fracción anterior $385.00
III. Pasaportes ordinarios y documentos de identidad y viaje con validez hasta por cinco años $1,010.00
IV. Pasaportes ordinarios con validez hasta por diez años $1,630.00
V. Pasaportes oficiales con validez hasta por un año $305.00
VI. Pasaportes oficiales con validez hasta por dos años $305.00
VII. Por el refrendo de pasaportes oficiales $185.00
Los derechos que se obtengan por concepto de las fracciones anteriores se destinarán a la integración del fondo a que se refiere la fracción XI del artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con excepción de los servicios que sean prestados en el territorio nacional.
Para los efectos de este artículo, las personas mayores de sesenta años, así como los que padezcan cualquier tipo de discapacidad comprobada, pagarán 50 por ciento de las cuotas establecidas en las fracciones I a IV a que se refiere el mismo. Tratándose de la expedición de pasaportes ordinarios con validez hasta por cinco años para trabajadores agrícolas que, con base en memorándum de entendimiento firmados por el Gobierno Mexicano con otros países, presten servicios en el exterior, se pagará 50 por ciento de las cuotas establecidas en las fracciones II y III de este artículo, según corresponda.
Servicios Consulares
Artículo 22. Los derechos por la prestación de servicios consulares se pagarán como sigue:
II. Legalización de firmas o sellos $435.00
III. Visas de:
a) Certificados de análisis, de libre venta, de origen y médicos, por cada uno $520.00
b) (Se deroga).
c) (Se deroga).
d) Ordinarias en pasaportes extranjeros $435.00
e) (Se deroga).
Los derechos por la expedición de las visas ordinarias en pasaportes extranjeros a que se refiere el inciso d) de esta fracción, podrán exentarse cuando por acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en consideración a aspectos de reciprocidad internacional o en forma unilateral con el fin de estimular el turismo y los intercambios comerciales o culturales, lo estime conveniente.
IV. Expedición de certificados de
a) Constitución de sociedades extranjeras, importación de armas, municiones, detonantes, explosivos y artificios químicos y de pasavantes o patentes provisionales de navegación, por cada uno $2,175.00
b) Matrícula consular a mexicanos, por cada una $325.00
c) Importación de psicotrópicos y estupefacientes $740.00
d) Copia certificada de actas del registro civil, por cada una $155.00
e) De los que se expiden a petición de parte, por cada uno $740.00
f) Lista de menaje de casa a mexicanos $1,135.00
g) Lista de menaje de casa a extranjeros $1,520.00
Los derechos por la expedición de menajes de casa a extranjeros, podrán exentarse o reducirse por acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en consideración a aspectos de reciprocidad internacional. Cuando los servicios a que se refiere este artículo, sean prestados en territorio nacional, se pagará 50 por ciento de los derechos correspondientes.
Los derechos que se obtengan por concepto de las fracciones anteriores se destinarán a la integración del fondo a que se refiere la fracción XI del artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con excepción de los que sean prestados en territorio nacional.
Artículo 23. Los derechos por la prestación de servicios notariales en las oficinas consulares mexicanas, se pagarán conforme a las siguientes cuotas:
I. Por la renuncia de derechos hereditarios $1,375.00
II. Por los mandatos o poderes, así como la revocación de los mismos:
a) Generales o especiales otorgados por personas físicas $1,375.00
b) Generales o especiales otorgados por personas morales $2,070.00
III. Por cada testamento público abierto $3,525.00
IV. Por la expedición de subsecuentes Testimonios, por hoja $85.00
V. Por la recepción de cada testamento ológrafo $1,765.00
VI. Por cada testamento público cerrado $480.00
VII. Por las autorizaciones que otorguen las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela sobre menores o incapaces. $530.00
VIII. Por otras certificaciones distintas a las señaladas en el artículo 22 de esta Ley $136.00
Siempre que una escritura notarial contenga diversos contratos o actos, los derechos se fijarán por cada uno de los contratos o actos principales y en un 50 por ciento por los accesorios y complementarios. En los casos en que de conformidad con la Ley del Notariado para el Distrito Federal, el cónsul tenga que poner en las escrituras la anotación de "No pasó", se pagará íntegramente el valor de los derechos; pero si esa escritura se repite ante el mismo Cónsul, por la nueva escritura se pagará únicamente el 50 por ciento de los mismos.
Los derechos que se obtengan por concepto de las fracciones anteriores se destinarán a la integración del fondo a que se refiere la fracción XI del artículo 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Adicionalmente, es preciso también considerar que la inclusión de la Secretaría de Gobernación en el último párrafo del artículo 2o., fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en lo concerniente a la aprobación de las reglas generales de operación no es pertinente, puesto que se contrapone a lo establecido en el artículo 1o. de la misma ley:
Capítulo I
Del Servicio Exterior Mexicano
El Servicio Exterior depende del Ejecutivo federal. Su dirección y administración están a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en lo sucesivo denominada la Secretaría, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a los lineamientos de política exterior que señale el Presidente de la República, de conformidad con las facultades que le confiere la propia Constitución.
Las dependencias y entidades de la administración pública federal, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mantendrán coordinación con la secretaría para el ejercicio de acciones en el exterior.
Por lo expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores reconoce y concuerda con el espíritu de la propuesta en el sentido de que la labor de servicios consulares es indispensable para mejorar la calidad de vida de los mexicanos en el exterior, para salvaguardar, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional y en apego a las leyes y reglamentos de cada país, los derechos e intereses de nuestros connacionales en el extranjero y atender sus demandas.
No obstante, dados los argumentos jurídicos, los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores estimamos que las modificaciones que se pretenden realizar a la Ley del Servicio Exterior Mexicano son improcedentes, al intentar regular recursos de materia fiscal y presupuestaria.
Por esa razón, la Comisión de Relaciones Exteriores somete a consideración de esta soberanía el siguiente
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2o., fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentada por la diputada María Dolores González Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 21 de diciembre de 2006.
Segundo. Archívese como asunto totalmente concluido.
Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, a 17 de octubre de 2007.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitin (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís, Alliet Mariana Bautista Bravo, César Camacho Quiroz (rúbrica), María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Alejandro Chanona Burguete, Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez (rúbrica en contra), José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica en contra), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Murat, José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar.
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO
Honorable asamblea
A la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnada para su análisis y elaboración el dictamen respectivo a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2, fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Esta comisión, con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 71, fracción II, y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, fracciones I y III, y 45, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiendo analizado el contenido de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2, fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente:
Dictamen
Antecedentes
1. Con fecha 14 de diciembre de 2006, el diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2, fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
2. En esa misma fecha, dicha iniciativa le fue turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, iniciándose el proceso de análisis y consulta a efecto de elaborar el presente dictamen, de conformidad con las siguientes consideraciones:
Contenido de la iniciativa
La iniciativa con proyecto de decreto que se dictamina pretende derogar y adicionar el artículo 2, fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano para quedar como sigue:
Capítulo I
Del servicio exterior mexicano
Artículo 2.- Corresponde al servicio exterior mexicano:
I. …
II. …
III. …
IV. …
V. …
VI. …
VII. …
VIII. …
IX. …
X. …
Destinar los ingresos recibidos por los servicios establecidos en los artículos 20, 22 y 23 de la Ley Federal de Derechos, prestados por cualquier representación consular en el extranjero para integrar un fondo que sea formado con la totalidad de los recursos que se cobren por los servicios y derechos de la red consular mexicana, cuyo objeto sea cubrir, fortalecer, desarrollar y ampliar, previa autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los gastos relativos a las actividades y programas que a continuación se mencionan, en términos del reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano: Programa de repatriación de personas vulnerables; atención y asesoría jurídica y de protección consular; visitas a cárceles y centros de detención; atención telefónica; campaña de seguridad al migrante; servicios de consulados móviles; prestación de servicios consulares en general, y atención al público.
Los gastos a sufragar, de conformidad con el párrafo anterior, se realizarán de acuerdo con las reglas generales de operación que al efecto establezca la Secretaría de Relaciones Exteriores, contando con la aprobación de la Secretaría de la Función Pública.
Análisis de la iniciativa
La iniciativa presentada por el diputado Edmundo Ramírez Martínez propone adicionar el artículo 2, fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con el objetivo de aumentar los recursos destinados a la red consular para su fortalecimiento, mejora y ampliación permanente, siendo esta quien atiende, protege y garantiza diariamente los servicios más importantes para la integridad de los mexicanos en el extranjero.
Asimismo, el promovente señala que debería existir una congruencia entre la magnitud del fenómeno migratorio actual y el aumento de los recursos destinados a la red consular mexicana en el extranjero, a efecto de dar una mayor cobertura de servicios, eficiencia administrativa, programas de protección e infraestructura de la red consular, a los millones de mexicanos que viven fuera de México y quienes representan un sector de la población estratégico para el desarrollo regional de nuestro país, y a quienes el Estado mexicano les debe la mayor de las atenciones.
De igual forma, señala que el pasado histórico-jurídico demuestra que el arreglo institucional de nuestra política exterior, ha pasado por un proceso de reformas de más de un siglo, que denotan el interés del Estado mexicano por lograr una política exterior basada en un cuerpo de diplomáticos profesional, sólido y leal a la nación, así como de una red consular eficiente y cada vez mas amplia y articulada.
La institución consular, a lo largo de la historia, siempre ha estado ligada inexorablemente al fenómeno migratorio. Las migraciones constituyen un fenómeno natural desde el inicio de la historia de la humanidad y son en la actualidad parte del mundo globalizado, donde la lógica del costo en beneficio individual abarca también la movilidad de las personas.
En este sentido, la Comisión de Relaciones Exteriores coincide con el objetivo de dotar de mayores recursos a las representaciones consulares. La red consular mexicana es una pieza fundamental para la política de protección a los connacionales que se encuentran en el extranjero, cuyas funciones están reguladas tanto por el derecho internacional como por el derecho interno. No obstante, considera que la Ley del Servicio Exterior Mexicano no es el instrumento jurídico idóneo a reformar para establecer el cambio del destino de ingresos de tal importancia. Lo anterior obedece a que de conformidad con el artículo 18, párrafo tercero, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se establece que:
Tomando en cuenta lo anterior, no se considera necesaria la reforma planteada, toda vez que el referido artículo 2, fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, es claro al prever de manera expresa el destino que se le da a los recursos del fondo, en todo caso es pertinente que los recursos con los que opera el fondo cuenten con el debido seguimiento, a efecto de evitar discrepancias en cuanto a su aplicación.
La Comisión de Relaciones Exteriores reconoce y concuerda con el espíritu de la propuesta en el sentido de que la labor de servicios consulares es indispensable para mejorar la calidad de vida de los mexicanos en el exterior, para salvaguardar, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional y en apego a las leyes y reglamentos de cada país, los derechos e intereses de nuestros connacionales en el extranjero y atender sus demandas.
No obstante, dados los argumentos jurídicos, los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores estimamos que las modificaciones que se pretenden realizar a la Ley del Servicio Exterior Mexicano son improcedentes al intentar regular recursos de materia fiscal y presupuestaria.
Por esta razón, la Comisión de Relaciones Exteriores somete a consideración de esta soberanía el siguiente:
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga y adiciona el artículo 2, fracción XI, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Segundo. Archívese como asunto totalmente concluido.
Honorable Cámara de Diputados, Comisión de Relaciones Exteriores, 17 de octubre de 2007
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitin (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís, Alliet Mariana Bautista Bravo, César Camacho Quiroz (rúbrica), María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Alejandro Chanona Burguete, Felipe Díaz Garibay (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), María Dolores González Sánchez (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Murat, José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Lourdes Quiñones Canales (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Antonio Soto Sánchez, Artemio Torres Gómez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar.
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 59 BIS A LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente N°. 1740, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adiciona un artículo 59-BIS a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el diputado Jorge Godoy Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta Comisión Ordinaria, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XXIV, y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:
Antecedentes
Primero. El 26 de abril 2007, el diputado Jorge Godoy Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un artículo 59-BIS a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y
Segundo. En esa misma fecha, la iniciativa en comento fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
En nuestro país habitan 10 millones 253 mil 207 indígenas, es decir más del 10% de la población.1 Asimismo, de conformidad con los datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 6 millones 11 mil 202 indígenas, de los cuales 2.9 millones son hombres y 3.05 millones son mujeres hablan alguna lengua indígena. De estos, el 62.3% vive en localidades de menos de 2,500 habitantes, mientras que el 11.2% habita en localidades de cien mil y más habitantes.2
Una característica de las regiones indígenas en México que persiste hasta nuestros días es la desigualdad: "82 por ciento de los municipios indígenas presenta grados de alta y muy alta marginación (749), frente al 52.9 por ciento del total nacional de los municipios en la misma situación."3 A lo anterior se añade la situación de pobreza alimentaría que prevalece en estas regiones. Cabe mencionar que una familia se encuentra en situación de pobreza alimentaría cuando "el ingreso per cápita [es] insuficiente como para adquirir una alimentación mínimamente aceptable: $740 y $548 pesos mensuales persona para zonas urbanas y rurales, respectivamente."4
Hasta cierto punto, lo anterior explica por qué la mayoría de los municipios marginados donde habita la población indígena son los principales expulsores de migrantes.
La migración indígena tiene serias repercusiones para el desarrollo nacional toda vez que las actividades del sector primario quedan desprotegidas, además de que se propician otro tipo de problemas como el crecimiento de zonas conurbadas donde los servicios de agua potable y saneamiento son insuficientes o bien, el crecimiento de asentamientos irregulares en zonas no aptas como barrancas.
El diputado promovente menciona que en el caso de las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) "existe un factor de orden conceptual, de extrema relevancia, que se refiere a la omisión de los intereses, conocimientos, capacidades y conflictos de las comunidades indígenas." y añade que "en las ANPs a menudo se viven conflictos entre los objetivos de conservación de los recursos naturales y los de desarrollo de los pobladores que habitan en o en ellas o en torno a ellas."
Al respecto, esta Comisión dictaminadora se permite recordar que la situación de los pueblos y comunidades indígenas en el país se ha caracterizado por la desigualdad, la marginación, e incluso por la violación sistemática de sus garantías individuales. Si bien es cierto que con objeto de atender a la población indígena se creó el Instituto Nacional Indigenista, algunos autores han señalado que ese Instituto: "era también responsable de la permanencia del indígena concebida como problema."5
Con el objeto de otorgar el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas, a sus estructuras sociales, económicas, políticas, a su autodeterminación (conservando la unidad nacional), el 14 de agosto del año 2001 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas al Artículo 2 Constitucional. Así el máximo ordenamiento jurídico incorporó la protección de las comunidades y pueblos indígenas como parte de la Nación. A esta reforma le siguen muchas otras a leyes sectoriales con el mismo fin. También se creó una dependencia que dependía directamente de la presidencia de la república, la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que más tarde se convirtió en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
En cuanto al tema que nos ocupa en el presente dictamen, esta Comisión dictaminadora se permite destacar que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 inciso A fracciones V y VI reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia a la autonomía para conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos que la propia Carta Magna establece; así como para acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan, salvo los que corresponden a áreas restringidas, en términos de la Constitución, con respecto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad.
Esta Comisión dictaminadora reconoce que en un principio, la política de creación de parques, reservas o áreas, adolecía de un elemento fundamental: la integración de la gente que allí habitaba. Sin embargo, es preciso destacar que esta tendencia no fue exclusiva de México, sino de todos los países que establecieron este tipo de lugares para conservar la biodiversidad o bien para conservar algunas especies valiosas para el desarrollo de ciertas actividades como la caza recreativa. Sin embargo, a partir de la década de los años 50 se comenzaron a desarrollar nuevas teorías y conceptos de la relación de las ANPs y la gente. Estas nuevas ideas ya no enfatizan la "amenaza" que imponen las comunidades locales a la naturaleza, sino la necesidad de desarrollar relaciones mutuamente benéficas entre las ANPs y las comunidades, lo que dio como resultado lo que se conoce como "conservación comunitaria".6
El diputado promovente señala que la adición del artículo 59-BIS a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente tiene por objeto "fortalecer y favorecer la capacidad de las comunidades, las organizaciones civiles y sociales, y los gobiernos locales para participar en la concepción, gestión, toma de decisiones e instrumentación de acciones y vigilancia en la propia reserva [ANP]. Con ello, en un futuro se podrían gestar acciones concretas como la creación de una instancia complementaria a la dirección de la reserva, materializada en un consejo colegiado de dirección con representación comunitaria y regional, para acceder e instrumentar directrices, lineamientos y proyectos dentro del las ANPs."
Sobre el particular, esta Comisión dictaminadora considera que dicha propuesta de adición queda sin materia toda vez que, esto ya está contemplado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambienten su Artículo 59 que a la letra dice:
Asimismo, los sujetos señalados en el párrafo anterior, podrán destinar voluntariamente los predios que les pertenezcan a acciones de preservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Para tal efecto, podrán solicitar a la Secretaría el reconocimiento respectivo. El certificado que emita dicha autoridad, deberá contener, por lo menos, el nombre del promovente, la denominación del área respectiva, su ubicación, superficie y colindancias, el régimen de manejo a que se sujetará y, en su caso, el plazo de vigencia. Dichos predios se considerarán como áreas productivas dedicadas a una función de interés público."
Quienes en virtud de lo dispuesto en este artículo adquieran la responsabilidad de administrar las áreas naturales protegidas, estarán obligados a sujetarse a las previsiones contenidas en la presente Ley, los reglamentos, normas oficiales mexicanas que se expidan en la materia, así como a cumplir los decretos por los que se establezcan dichas áreas y los programas de manejo respectivos.
La Secretaría deberá supervisar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos y convenios a que se refiere este precepto. Asimismo, deberá asegurarse que en las autorizaciones para la realización de actividades en áreas naturales protegidas de su competencia, se observen las previsiones anteriormente señaladas."
La Comisión dictaminadora considera que el tema planteado por el Diputado promovente es de gran relevancia, sin embargo se considera que no es por medio de la reforma propuesta como se puede solucionar. Esto se afirma porque en el caso del sector ambiental, que por cierto no es el único, existe evidencia de que los propios servidores públicos han tenido dificultades no sólo para reconocer los derechos indígenas con respecto al manejo de los recursos naturales, sino también para darles el lugar que les corresponde en la gestión ambiental.7
Esta Comisión Ordinaria considera que es por medio del diseño e instrumentación de una efectiva política de Estado, que vaya acompañada necesariamente de un cambio de actitud tanto de los servidores públicos como de los mexicanos no indígenas hacia los pueblos y comunidades indígenas. Recordemos que si la meta es el reconocimiento jurídico de sus derechos colectivos e individuales, la dignificación de sus formas de ser, para dejar de verlos como inferiores por ser diferentes, entonces no habrá necesidad de crear leyes específicas para sectores de la población diferentes.8
Por las razones señaladas en los párrafos anteriores, los integrantes de la comisión ordinaria que suscribe, se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente:
Dictamen
Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un artículo 59-BIS a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el Diputado Jorge Godoy Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, el 26 de abril de 2007.
Notas
1 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas. 2005 "Indicadores socio económicos. Los números". En: http://www.cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=399. página consultada el 9 de agosto de 2007.
2 INEGI. "Distribución porcentual de la población hablante de lengua indígena de 5 y más años por tamaño de la localidad de residencia para cada sexo, 2000 y 2005". II Conteo de Población y Vivienda 2005. En: http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=mlen06&c=3332. Página consultada el 9 de agosto de 2007.
3 Cabe destacar que esta cifra se refiere a 25 regiones que concentran aproximadamente el 77% de la población indígena nacional. Serrano Carreto E. Coord. 2006. "Regiones Indígenas" Regiones Indígenas de México. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. México, p. 17.
4 Székely Miguel. 2005. "Pobreza y Desigualdad en México". SEDESOL, p. 8. En: www.rolandocordera.org.mx/seminario/presentaciones/pobreza.pdf. Página consultada el 9 de agosto de 2007.
5 Garibay Velasco Ricardo María. 2006. "Los cimientos pendientes". En Política Indígena. Del reconocimiento de la diferencia al fin de la desigualdad. CESOP-Cámara de Diputados, Colección Legislando la Agenda Social, Vol. 14, p. 49.
6 Adams, W. 2006. "Poachers to Partners" Against Extinction. The Story of Conservation. Earthscan, Londres, p. 117.
7 Ver Garibay Velasco Ricardo María. 2006. Op. Cit., pp. 50 y 51.
8 Idem, p. 56.
Dado en el Salón de Plenos de la honorable Cámara de Diputados el día 16 de octubre de 2007.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández, José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González, Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas, Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 162 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnado por el Pleno para su estudio y dictamen, el expediente N°. 1087, que contiene la iniciativa que reforma el artículo 162 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el diputado Humberto Dávila Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Esta comisión ordinaria, con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1 y 2, fracción XXIV, 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:
Antecedentes
Primero. En sesión de pleno celebrada el día 26 de abril de 2007, el diputado Humberto Dávila Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó iniciativa de decreto que reforma el artículo 162 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Segundo. Con esta misma fecha por mandato de la Mesa Directiva, dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
Consideraciones
Nuestro país al igual que muchas otras naciones, se encuentra inmerso en una grave problemática de deterioro ambiental, la cual en su mayor parte ha sido provocada por actividades antrópicas, ésto ha derivado en que la protección del ambiente y sus recursos se haya vuelto un asunto de orden público e interés social, razón por la cual el Estado mexicano ha creado los mecanismos jurídicos y organismos públicos necesarios para la protección de estos recursos.
Esta procuración de justicia ambiental, es ejercida por diversas dependencias y órganos del Estado; en lo que a la materia administrativa corresponde, ésta la ejerce la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la cual sustenta su funcionamiento en las atribuciones que le son delegadas por diversos ordenamientos jurídicos como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, entre otras. Su principal objetivo es prevenir y controlar la contaminación ambiental para evitar el deterioro de nuestro entorno.
El cumplimiento de estas responsabilidades ha implicado que la Procuraduría, realice actos de inspección y vigilancia para verificar el correcto cumplimiento de la normatividad ambiental.
Estos actos de inspección administrativa formalmente se encuentran definidos como la actividad ejercitada por los órganos competentes de la administración pública, consistentes, básicamente en: "unas actuaciones de investigación y de contraste o evaluación del grado de conformidad de las actividades objeto de control con la norma de carácter predominantemente técnico-condiciones, requisitos, estándares, especificaciones etc."1 De tal manera que cuando la administración pública procede a desplegar esta actividad sobre la esfera privada de los particulares, lo ha de hacer necesariamente al amparo de un poder previsto y definido en la norma jurídica que le dice cómo, dónde y en qué condiciones debe ser ejercitado tal acto, evitándose de esta manera situaciones caprichosas y arbitrarias que supondría de plano una vulneración, en toda regla, de los principios de igualdad y legalidad consagrados en nuestro texto constitucional, encontrando, precisamente, en esta afirmación, la causa o razón por la cual se atribuye a la actividad inspectora la naturaleza de " Potestad Administrativa"2 destacándose que sus elementos de identidad vienen determinados no solo por tener ese poder su origen en la norma jurídica, sino también y resultando ser una consecuencia de ello, por implicar un deber inexcusable de sujeción o colaboración del sujeto sobre el que se ejerce3.
La iniciativa de reforma planteada por el diputado promovente versa sobre estos actos de inspección y vigilancia que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, exponiendo al respecto que durante la realización de dichos actos frecuentemente existen irregularidades graves "cuando el almacenamiento de residuos peligrosos se realiza en cielo abierto y/o sobre terreno natural; cuando la emisión de contaminantes a la atmósfera es ostensible, con concentraciones por arriba del límite establecido en las normas; cuando se tiene emisiones fugitivas a la atmósfera de materiales o residuos tóxicos; cuando se realizan actividades altamente riesgosas sin medidas de seguridad; y, cuando el inicio de una actividad o proyecto no cuenta con la autorización en materia de impacto ambiental o su ejecución no cumple con las condiciones establecidas. Considerando además que la regulación jurídica que existe para los actos de inspección y vigilancia y que se encuentra plasmada dentro del artículo 162 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece que al realizarse estas visitas se deberá exhibir entre otros una"...orden escrita. Lo cual trae como consecuencia, que aquellos casos en los que debido a la naturaleza del acto no se puede tener acceso a una orden de inspección escrita, sencillamente escapan de esta regulación lo cual limita a las autoridades, ya que no pueden llevar a cabo visita respectiva aún y cuando la naturaleza de la acción en contra del ambiente se da con la presencia del infractor en el lugar de la violación y en el instante mismo de la Comisión; por ende, la autoridad se encuentra impedida para aplicar la ley por la falta de regulación de las visitas sorpresivas en la misma, proponiendo que en caso de flagrancia no sea necesario presentar orden escrita para realizar la visita de inspección."
Es así como en la iniciativa en comento, propone adicionar un párrafo tercero al Artículo 162 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:
...
Cuando los presuntos infractores sean sorprendidos en flagrante ejecución de hechos contrarios a esta Ley o a las disposiciones que deriven de la misma, no será necesario presentar la orden escrita señalada en el párrafo anterior, debiendo la autoridad levantar el acta administrativa de inspección correspondiente y asentar en ella, en forma detallada, esta circunstancia sin que ello afecte la validez de la misma, debiendo continuar con el procedimiento que la presente Ley señale en cuanto a la realización de las visitas de inspección."
Como lo hemos explicado, la finalidad de la diligencia de inspección y vigilancia ambiental es verificar y evaluar el cumplimiento de las diversas disposiciones legales en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, por parte de los destinatarios o sujetos pasivos de estas normas; entendiendo a la inspección y vigilancia como un conjunto complejo de actos donde interviene la autoridad administrativa como soberana, el sujeto visitado, quien puede ser persona moral o física, privada o pública y los testigos de asistencia, a efecto de que la autoridad determine las medidas preventivas y correctivas pertinentes, así como las sanciones que se ameriten en caso de infracciones, todo ello con el propósito de revertir e inhibir las conductas que atenten contra los ecosistemas y la salud humana4.
Por lo anterior, en la diligencia de inspección encontramos tres actores y un objetivo: el sujeto activo, el sujeto pasivo y los testigos, agentes que intervienen para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental, y en su caso registrar las irregularidades que se presenten en los establecimientos.
El artículo que se pretende reformar trata de regular las visitas de inspección que habrán de realizar las autoridades competentes para la Ley en comento, y no solo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Dentro de su texto establece que dichas visitas deberán realizarse únicamente por personal autorizado para tal efecto, requiriendo para esto una orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente, en la que se deberá precisar el lugar, zona objeto de la diligencia, de esto se desprenden cinco elementos primordiales que la autoridad deberá cubrir para la práctica de tales actos que son:
2. El nombre de la persona física o moral cuyo domicilio o negación debe ser inspeccionado. En el oficio comisión debe señalarse el nombre completo del sujeto pasivo, debiendo evitar confundir o hacer una mala trascripción de dicho nombre.
3. Objeto de la visita de inspección. Entendemos por objeto, el fin que persigue la visita, debiendo ser lo más claro posible en cuanto a los rubros que en materia ecológica han de verificarse, ya sea en materia de aire, agua, residuos, etc., debiendo evitar hacer señalamientos genéricos del objeto de la visita.
4. El fundamento y motivación del procedimiento. El oficio de comisión deberá contener los preceptos legales aplicables contenidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que permiten a la autoridad realizar la visita, así como las circunstancias debidamente detalladas que delimiten los lugares a inspeccionar, las consideraciones y razonamientos que tomaron en cuenta para inspeccionar tales lugares, así como los motivos y circunstancias especiales por las cuales se determina la verificación de ciertos espacios o maquinaria. Esto implica que la autoridad debe tener un conocimiento preliminar de los establecimientos a inspeccionar para que pueda estar en condiciones de precisar tanto los espacios como los rubros a inspeccionar.
5. Competencia entendiéndose por esta la órbita de atribuciones que una autoridad tiene otorgadas por la ley, que la obliga a ejercer las atribuciones que expresamente tiene conferidas por la legislación. La competencia implica la legitimación de la autoridad para actuar, legitimación que necesariamente deberá de estar sustentada en una norma.
El artículo 16 constitucional consagra la obligación de toda autoridad de ajustar sus actuaciones a las disposiciones legales aplicables; en particular, dispone que todo acto de molestia sólo puede realizarlo la autoridad competente, siempre que funde la causa legal del procedimiento. De igual manera, dispone los principios a los que se debe sujetar la autoridad en toda visita domiciliaria expresando que:
...
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.
...
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.
…"
• Que el propio acto se prevea en dicha norma;
• Que su sentido y alcance se ajusten a las disposiciones normativas que lo rijan;
• Que el citado acto se contenga o derive de un mandamiento escrito, en cuyo texto se expresen los preceptos específicos que lo fundamenten.
Además de que debemos tomar en cuenta que su aprobación derivaría en que los actos que realizará la autoridad amparándose en este párrafo, fácilmente serían objeto de acciones de nulidad o revocación por parte de los afectados siendo viable su procedencia, provocando la pérdida de recursos materiales, humanos y económicos, pues al dejarse sin efecto lo diligenciado en una visita de inspección, los recursos antes mencionados se habrían invertido inútilmente, sin cumplirse finalmente el objetivo de la visita de inspección.
Además de esto debemos considerar que existen tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este asunto y que refuerza el razonamiento hecho por esta Comisión Dictaminadora, y que establecen:
"Visita domiciliaria, orden de, requisitos que deben satisfacer. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16 constitucional la orden de visita domiciliaria expedida por autoridad administrativa debe satisfacer los siguientes requisitos: 1. Constar en mandamiento escrito; 2. Ser emitida por autoridad competente; 3. Expresar el nombre de la persona respecto de la cual se ordena la visita y el lugar que debe inspeccionar; 4. El objeto que persiga la visita; 5. Llenar los demás requisitos que fijan las leyes de la materia. No es óbice a lo anterior, lo manifestado en el sentido de que las formalidades que el precepto constitucional de mérito establece se refieren únicamente a las órdenes de visita expedidas para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales pero no para las emitidas por la autoridad administrativa, ya que en la parte final del párrafo segundo de dicho artículo se establece en plural: ‘Sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos’ y evidentemente se está refiriendo tanto a las órdenes de visitas administrativas en lo general, las específicamente fiscales, pues, de no ser así, la expresión se habría producido en singular". Séptima época, tercera parte, vols. 193-188, R. F. 37/38, Regalos Encanto, S. A., unanimidad de 4 votos. Vols. 193-198, R. F. 76/84, Juan Ley Zazueta, unanimidad de 4 votos. Vols. 193-198, R. F. 65/83, Leopoldo González Orejas, unanimidad de 4 votos. Vols. 193-198, R. F. 29/84, Pedro Espina Cruz, 5 votos. Vols. 193-198, R. F. 18/84, K. Jorge Matuk Rady, unanimidad de 4 votos."
Acuerdo
Único. Se desecha la iniciativa de decreto que reforma el artículo 162 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el diputado Humberto Dávila Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el día 26 de abril de 2007.
Notas
1 FERNÁNDEZ RAMOS, "La actividad Administrativa de Inspección", Comares, Granada, 2002, p. 54 y 55.
2 BERMEJO VERA J., "La Administración Inspectora" RAP, nº 147, 1998, p. 42.
3 RIVERO ORTEGA R., "El Estado Vigilante", pág. 76
4 ROQUE ÁLVAREZ Artemio, Bases Constitucionales de las Visitas de Inspección y Vigilancia en Materia Ambiental.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la honorable Cámara de Diputados a los 16 días del mes de octubre de 2007.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Diputados: Diego Cobo Terrazas (rúbrica), presidente; Jesús de León Tello (rúbrica), José Luis Espinosa Piña (rúbrica), Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica), Benjamín Hernández Silva (rúbrica), María Mercedes Colín Guadarrama (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Adriana Dávila Fernández, José Antonio Díaz García (rúbrica), Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), José Guillermo Fuentes Ortiz (rúbrica), Jorge Rubén Nordhausen González, Christian Martín Lujano Nicolás (rúbrica), Martha Angélica Romo Jiménez (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), José Ascención Orihuela Bárcenas, Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Humberto López Lena Cruz.
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