Iniciativas
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 9 DE MAYO DE 2007
Diego Cobo Terrazas y Francisco Agundis Arias, Legisladores a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4o., párrafos tercero, cuarto, sexto, séptimo y octavo; 71, fracción II, 72 y 73, fracciones VII, XVI y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 60, 62, 63, 64, 94, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicitamos que se turne a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ambas de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente:
Exposición de motivos
En los umbrales del siglo XXI, junto con los grandes logros de la humanidad persisten enormes problemas en los ámbitos social, político, económico, cultural y ambiental que afectan el desarrollo de las naciones.
En las últimas décadas los ciudadanos se han organizado de forma autónoma para colaborar voluntaria, activa y solidariamente, en la atención de los que menos tienen, promoviendo acciones y proyectos orientados a superar carencias sociales y a procurar bienes y servicios socialmente necesarios. El surgimiento de estas nuevas fuerzas sociales ha transformado la relación gobierno-sociedad.
Actualmente México cuenta con un vigoroso y creciente número de personas y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el bienestar social, cuyas acciones deben ser fomentadas por el Estado, reconociendo la experiencia y capacidad filantrópica que dichas organizaciones han adquirido durante años de trabajo.
Es por eso que se hace necesario fortalecer el papel de dichas personas físicas y organizaciones de la sociedad civil en el bienestar colectivo mediante incentivos fiscales, que permitan el despliegue de las actividades sociales, cívicas y humanitarias de las organizaciones civiles en el marco de la planeación democrática para el desarrollo sustentable del país.
Por otra parte, es importante reconocer que una de las prioridades de la política nacional es promover la participación de los ciudadanos en la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y los servicios ambientales que éstos proveen, tales como la captura de carbono, la recarga de acuíferos, la conservación de la biodiversidad, la regulación climática y la belleza paisajística.
Para ello se han promovido distintos instrumentos de política ambiental, como el establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que permite proteger ecosistemas representativos de la biodiversidad nacional; el ordenamiento ecológico del territorio que permita controlar el uso de la tierra reconociendo su vocación natural; la implantación de evaluaciones de impacto ambiental que limita el otorgamiento de autorizaciones para la construcción de infraestructura, así como el uso de instrumentos económicos que impulsen actividades que, por una parte, promuevan la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y, por otra, desincentiven acciones que atenten contra el equilibrio ecológico de una región.
Mediante la presente iniciativa se trata de impulsar las actividades de conservación, protección o restauración de las áreas naturales protegidas; de áreas o regiones prioritarias y de zonas de recarga de acuíferos, que sean promovidas por personas físicas u organizaciones de la sociedad civil; asimismo, se busca el mantenimiento de la morfología costera del país, fundamental para el sostenimiento de los ecosistemas de esa zona y su productividad.
Con el propósito de señalar claramente los artículos que se reforman y adicionan de la Ley Federal de Derechos mediante esta iniciativa, se presenta lo siguiente:
Por lo expuesto, los legisladores que suscriben, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para garantizar lo dispuesto en el artículo 4o., párrafos tercero, cuarto, sexto, séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicitamos que se turne a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, en los términos que establece el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
Artículo Único. Se reforman los artículos 232-C, último párrafo; 233, fracción IV, primer párrafo; y se adicionan los artículos 194-D, con los párrafos cuarto y quinto; y 233, fracción IV, con los párrafos segundo y tercero, de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
Artículo 194-D. …
…
…
No pagarán los derechos que establece este artículo las personas físicas, asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre, y los terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas marítimas, con fines no consuntivos, para la conservación, protección o restauración de los ecosistemas naturales y la biodiversidad, siempre que cuenten con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En ningún caso se otorgarán permisos, autorizaciones, concesiones, acuerdos de destino, desincorporaciones, prórrogas de concesiones o permisos, cesión de derechos o autorización de modificaciones a las condiciones y bases del título de concesión o permisos para el uso, goce o aprovechamiento de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas cuando, derivado de cualquier obra o actividad, se cambie o modifique la morfología costera.
Artículo 232-C. …
…
…
…
…
…
No pagarán los derechos que establece este artículo las personas físicas, asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo-terrestre, y los terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas marítimas con fines no consuntivos para la conservación, protección o restauración de los ecosistemas naturales y la biodiversidad, siempre que cuenten con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Artículo 233. …
I.- a III. …
IV. No pagarán las personas físicas, asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro que tengan concesión o permiso para el uso de las playas, la zona federal marítimo-terrestre o cualquier otro depósito de aguas marítimas, así como la zona federal administrada por la Comisión Nacional del Agua y que realicen acciones encaminadas a conservar y restaurar el medio ambiente a través de la reforestación con especies nativas o la cobertura vegetal, como manglares, vegetación de marismas, bosques de coníferas, selvas, arbustos y matorrales xerófilos inundables, pantanos salobres, riparios, mesófilos y vegetación hidrófila.
Tampoco pagarán las personas físicas, asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro que realicen acciones de conservación, protección o restauración de áreas naturales protegidas, de áreas o regiones prioritarias para la conservación, o de zonas de recarga de acuíferos.
Las personas físicas, asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro que se señalan en esta fracción deberán contar con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
V. a X. …
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2008.
Segundo. Se derogan y, en su caso, se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto y se dejan sin efecto cualquier disposición administrativa, reglamentaria, acuerdo, circular, convenio y todos los actos administrativos que contravengan este decreto.
Dado en la Cámara de Senadores, sede la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil siete.
Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica)
Senador Francisco Agundis Arias (rúbrica)
(Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Mayo 9 de 2007.)
QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-N AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CRUZ PÉREZ CUÉLLAR –EN NOMBRE DE LOS DIPUTADOS HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN; EMILIO GAMBOA PATRÓN, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI; MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, CLAUDIA SÁNCHEZ JUÁREZ, DORA ALICIA MARTÍNEZ VALERO Y ROGELIO CARBAJAL TEJADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN; RAÚL CERVANTES ANDRADE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI; Y PATRICIA OBDULIA DE JESÚS CASTILLO ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA–, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 9 DE MAYO DE 2007
El suscrito, diputado Cruz Pérez Cuéllar, en nombre de los diputados Héctor Larios Córdova, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; María del Pilar Ortega Martínez, Claudia Sánchez Juárez, Dora Alicia Martínez Valero y Rogelio Carbajal Tejada, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero, del Grupo Parlamentario de Convergencia, todos pertenecientes a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, viene a someter a la consideración de esta soberanía iniciativa de decreto que busca la consolidación, actualización, simplificación y homologación de la actividad registral, a través de otorgar la facultad al Congreso de la Unión para expedir una norma de carácter general y de observancia federal para todo el territorio, ley que se plantea que en todo momento sea respetuosa de la autonomía y soberanía de los estados, así como el ámbito de la federación. Lo anterior se promueve con fundamento en lo dispuesto en la fracción II de artículos 71 y en las fracciones I y IV del apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Sin duda, el registro público de la propiedad es una herramienta fundamental para el funcionamiento de un sistema económico, ya que contribuye a mejorar la seguridad de la titularidad y tenencia de los bienes y disminuye los costos de intercambio de éstos. Un sistema registral eficiente promueve la inversión, incrementa las expectativas de recuperación de las inversiones de capital y disminuye el riesgo para los acreedores hipotecarios.
El Registro Público de la Propiedad es la institución mediante la cual la administración pública estatal (gobierno estatal) publicita los actos jurídicos que, conforme a la ley, precisan de este requisito para surtir efectos frente a terceros.1
En términos generales, los actos jurídicos sujetos a inscripción en el registro de la propiedad son los relativos a la propiedad y posesión de bienes inmuebles; algunos actos sobre bienes muebles; a las limitaciones y gravámenes sobre bienes inmuebles o muebles; y la existencia y constitución de personas morales y sociedades civiles. Estos actos jurídicos deben quedar materializados en documentos o títulos en los términos señalados en las legislaciones locales, pero que por lo general son testimonios de escrituras o actas notariales u otros documentos auténticos; las resoluciones y providencias judiciales que consten de manera auténtica; y los documentos privados que, en esa forma, fueren válidos con arreglo a la ley.
Con ello, el registro de la propiedad facilita las transacciones, protege la seguridad de los derechos a que se refieren dichos títulos, garantiza la certeza jurídica de la titularidad de los inmuebles registrados, es garante de legalidad en las transacciones del mercado inmobiliario y contribuye a reducir los costos de averiguación, seguro, litigiosidad e incertidumbre. La figura del "registro de la propiedad" es nodal para la definición y la eficiente asignación de los derechos de propiedad.
Como se estableció, el registro de la propiedad es manejado por cada una de las entidades federativas.
Según nuestro marco jurídico actual, la administración de los registros públicos de la propiedad es una atribución que corresponde a los estados y al Distrito Federal, por lo que los criterios, pagos, procedimientos, tiempos de respuesta, eficiencia y confiabilidad y agilidad varían en las entidades federativas. El funcionamiento del registro está regulado, en la mayoría de los casos, por los códigos civiles locales, y en un número reducido de estados por leyes especiales locales, así como los reglamentos expedidos al efecto.
Sin embargo, esa diversidad, aunada a una serie de problemas que se repiten en la mayoría de los estados, ha generado que esta institución no responda a las demandas de seguridad jurídica en la protección de los derechos de propiedad ni a los retos que enfrenta una sociedad en evolución, que demanda instituciones ágiles y modernas que contribuyan a fortalecer la inversión y que fomenten el crecimiento económico.
En términos generales, los principales problemas que se identifican en el sistema de registro público de la propiedad del país son los siguientes:
Sistema de registro ineficiente. En la mayoría de las entidades federativas, las diversas legislaciones y reglamentos aun establecen como sistema registral el sistema de libros. Es muy importante realizar el cambio del sistema de libros a un método ágil y moderno, como el folio electrónico. Con ello se tornaría óptima la función registral y se generaría mayor seguridad y confiabilidad en ello, en virtud de que un solo archivo contendría toda la información registral de una propiedad con todos sus movimientos y afectaciones. Asimismo, el cambio del sistema de libros al folio electrónico evitaría, entre otras cosas, los focos de corrupción que se generan por el desorden que implica llevar archivos registrales con métodos anacrónicos.
Tecnología inadecuada. La mayoría de los registros públicos continúa teniendo como sustento legal de inscripción el asiento en libros. Este sistema es inseguro, genera retrasos, corrupción e ineficiencia. Algunos estados han implantado sistemas de información que pretenden mejorar los registros, pero aun en estos casos hay gran disparidad en los sistemas utilizados.
En algunos estados, los sistemas electrónicos empleados por los registros carecen de fundamento jurídico y, por ello, no constituyen prueba plena de la inscripción efectuada.
El tiempo de respuesta de una inscripción puede oscilar actualmente entre dos o tres días hasta seis meses, dependiendo de la entidad en que se encuentre la oficina registral.
Capacitación inadecuada del personal directivo y operativo. Los salarios de los registradores son muy bajos y no corresponden a la importancia de su encargo. En la mayoría de las entidades no se regula con precisión el perfil que estos funcionarios deben tener, llegándose a designar registradores que no cuentan con el perfil adecuado.
El sistema registral está desvinculado de los sistemas catastrales. Los sistemas de registro de la propiedad documentan la propiedad legal, mientras que el catastro registra las características físicas e identifica los límites. Además, los registros son administrados por los gobiernos estatales y los catastros son del orden municipal. Su desvinculación genera frecuentemente diferencias en la delimitación de propiedades y contradicciones entre ambos registros.
Falta de coordinación. En los últimos años ha habido esfuerzos institucionales por promover la modernización de los registros de la propiedad. Por ejemplo, asociaciones de notarios, titulares de organismos nacionales de vivienda (Onavi) y la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (Conafovi) acordaron un modelo de modernización de los RPP a través del cual las autoridades estatales podrían instaurar procesos de mejora, modernización y actualización de los registros. Desafortunadamente, no todos los gobiernos estatales han suscrito el convenio. Otros programas que intentan modernizar los registros incluyen, por ejemplo, los convenios de colaboración entre los estados y la federación, a través de la Secretaría de Economía; convenios de colaboración entre la ésta y el Colegio Nacional de Correduría Pública y la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, AC; instauración del Sistema Integral de Información Registral de la Secretaría de Economía respecto a los RPP. Sin embargo, esos esfuerzos han sido dispersos y aunque en general han comenzado a dar algunos resultados, que se traducen en acciones de modernización, éstos no se han dado de manera uniforme y se continúa operando con sistemas muy diversos.
Falta de uniformidad en el acceso a la información registral. Una de las razones que pueden contribuir a inhibir la inversión es la forma tan diversa de administrar los registros de propiedad y que no se tiene un sistema único de acceso a la información registral en el país debido a la regulación jurídica actual.
Es importante mencionar los esfuerzos del gobierno federal que, a través de la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Vivienda, promueven el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Vinculación con el Catastro. En 2003, asociaciones de notarios, titulares de Onavi y la Conafovi acordaron un modelo de modernización de los registros públicos de la propiedad a través del cual las autoridades locales podrían instaurar procesos de mejora, modernización y actualización de los registros.
En efecto, la diversidad nacional en materia de registros públicos de la propiedad ha presentado problemas que han impedido, en la mayoría de los casos, contar con registros públicos eficaces y eficientes, que garanticen la certeza jurídica a través de inscripciones.
Entre esas causas se encuentra la gran diversidad de leyes y disposiciones que norman la actividad registral, tanto local como federal; la falta de autonomía jurídica, presupuestal u operativa, lo que ocasiona en muchos casos una desvinculación con el proceso de desarrollo económico del Estado; la falta de programas de modernización; la falta de infraestructura, lo que propicia procesos registrales lentos, obsoletos, inseguros y, en algunos casos, con operaciones discrecionales, presupuestos reducidos, falta de programas constantes de profesionalización para registradores; legislación inoperante para el uso de sistemas electrónicos, firma digital y trámites en línea y desvinculación de otros registros; presencia de una evolución desigual de la actividad registral, tanto humana como tecnológica; y partir de una simple concepción de las oficinas registrales, como simples archivos, y meros datos, mermando el fin para el que fueron creados.
Resolver los problemas en materia de registro inmobiliario es causa impulsiva principal de esta iniciativa. Estamos convencidos de que México requiere modernizar las instituciones registrales, que le permitan estar a la vanguardia. Existe la necesidad de crear políticas de desarrollo en materia registral, en los ámbitos local y federal, con el propósito de lograr mayor seguridad jurídica en la tenencia de la propiedad y en las operaciones inmobiliarias a fin de impulsar la economía en los diversos sectores.
La presente iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la federación, los estados y el Distrito Federal para la operación de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales, mediante la adición de la fracción XXIX-N al artículo 73 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.
La redacción sugerida de ninguna manera significa federalizar los registros públicos de la propiedad, ya que estamos convencidos de que ése no es el mejor camino, dado que ello podría limitar la competencia y la búsqueda de soluciones locales. Por el contrario, la redacción propuesta permite la expedición de una base jurídica que establezca las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre los órdenes de gobierno federal y local, a fin de obtener mejores resultados, mediante la potencialización de esfuerzos de los diversos órdenes de gobierno en materia registral inmobiliaria, más cuando actualmente se encuentra una dispersión de leyes, acuerdos y demás dispositivos en materia de registro inmobiliario, que ha provocado políticas encontradas o dispares.
Por tanto, se pretende que el Congreso emita una ley en materia de operación de los registros públicos inmobiliarios, pero que implicará un desarrollo conjunto de las conductas y de las actividades de los gobiernos, en los ámbitos federal y local; que el reconocimiento de la concurrencia impone la distribución combinada, segmentaria y hasta compartida que efectúa el constituyente en favor de los distintos órdenes de gobierno federal y local, en relación con la materia, como ha sido en los casos más típicos en nuestra experiencia constitucional, como salud, educación, protección del ambiente, turismo, pesca y acuacultura.
Por ello, la iniciativa es respetuosa de la soberanía y de la autonomía de los estados, ya que se seguirían conservando en favor de las entidades federativas diversas facultades en la materia, como el aspecto tributario que sobre los ingresos de registro perciben éstas, o la designación de los funcionarios de dichos registros, la administración de las instalaciones, entre otras atribuciones, dejando prácticamente sólo al Congreso legislar los aspectos relativos a la forma y los términos del procedimiento de registro, mecanismos de coordinación para la capacitación y modernización de éstos, y otras bases generales más.
La iniciativa tiene como objetivo que mediante la expedición de un marco jurídico por el Congreso se unifiquen u homologuen los sistemas registrales en todo el país, lo que se traduciría en los siguientes beneficios:
Simplificar procedimientos y agilizar trámites, lo que traerá como resultado la reducción considerable de los tiempos y costos de operación.
Se lograría mayor seguridad para el patrimonio inmobiliario de los mexicanos; para el régimen jurídico de las personas morales, civiles y mercantiles; y para el comercio, nacional e internacional.
Se podría lograr la reducción de conflictos jurídicos que, a su vez, impacten en la disminución de costos que por impartición de justicia y solución de conflictos de esta índole.
Especial mención merecen los beneficios que la simplificación, mediante la unificación que se propone, traerá para los programas inmobiliarios, principalmente de vivienda, estatales y federal, en favor de los mexicanos con menos oportunidades y de las operaciones crediticias con garantía, tanto civil como mercantil, nacionales e internacionales.
La unificación registral, aunada al programa de modernización, permitirá reunir en un solo sistema el registro del Distrito Federal, estatal o municipal, y –por ende– todos los referidos a una misma propiedad, independientemente de la operación unificada del Registro Público de Comercio, que ya se realiza en esas oficinas registrales.
Se podría ofrecer al usuario realizar consultas a través de medios electrónicos en cualquier parte del país, ya que las bases generales normativas para el registro permiten una homologación, que darían al usuario la confianza de que el trámite registral se aplica de manera uniforme en todo el territorio nacional.
Singularmente se señala la necesidad de reunir en las oficinas registrales de la propiedad los registros catastrales y de uso de suelo, con la consiguiente simplificación de trámites y la reducción de costos para los gobernados.
Se generaría la posibilidad de una base de datos para la planeación local y regional. Se incentivaría la inversión y atracción de capitales, ya que se tendría mayor transparencia en las actividades y los actos que se inscriben en el Registro Público de la Propiedad.
En el supuesto especial de los registros catastrales, la reforma que se propone es base necesaria a efecto de privilegiar la recaudación de impuestos locales, la cual en general se encuentra muy por debajo de los promedios internacionales.
En materia registral, la reforma que se presenta es fundamento formal de otras acciones de gobierno. En efecto, el 6 de marzo de 2007 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la modernización de los registros públicos de la propiedad, en los que se establecen las reglas para que las entidades federativas accedan a recursos federales destinados por la Cámara de Diputados a ese fin. Para la elaboración de los lineamientos y del modelo de modernización referidos, por primera vez se logró un consenso nacional de todos los agentes, públicos y privados, involucrados en las operaciones inmobiliarias. La partida presupuestal mencionada es 10 veces superior a cualquier otra asignada a tal fin. Actualmente, 19 entidades federativas han aceptado el Programa de Modernización de Registros Públicos de la Propiedad y se encuentran en diversas fases de operación.
Por las consideraciones expuestas, los abajo firmantes someten a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-N al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se adiciona una fracción XXIX-N al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 73. …
I. a XXIX-M. …
XXIX-N. Para expedir leyes que establezcan las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la federación, los estados y el Distrito Federal para la operación de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota:
1 La materia de los registros públicos de la propiedad es de competencia local, en términos del artículo 121 constitucional.
Comisión Permanente.- México, Distrito Federal, a 9 de mayo de 2007.
Diputados: Héctor Larios Córdova, Emilio Gamboa Patrón, María del Pilar Ortega Martínez, Claudia Sánchez Juárez, Dora Alicia Martínez Valero, Rogelio Carbajal Tejada, Raúl Cervantes Andrade, Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero, Cruz Pérez Cuéllar (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Mayo 9 de 2007.)
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 40 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALFONSO IZQUIERDO BUSTAMANTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 9 DE MAYO DE 2007
El suscrito, diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que le confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 37, inciso a), del Reglamento Interior del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a la LX Legislatura, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículo 40 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que las formas de Estado y de gobierno sean laicas y con ello se garantice el respeto y el libre ejercicio de los valores democráticos, los derechos sociales y los derechos humanos, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
El Estado moderno se construye a través del fortalecimiento de un marco jurídico que garantice el establecimiento de una cultura democrática y de respeto a los derechos humanos.
Es por ello que, al incorporar a la Constitución Política principios laicos para que se respeten las libertades religiosas y de pensamiento, a fin de que el Estado tome decisiones de acuerdo con el mandato constitucional, avanzamos hacia una sociedad de pleno ejercicio de la democracia, reconociendo los valores de la misma, como son la pluralidad, la tolerancia y la inclusión.
La independencia del Estado de cualquier influencia religiosa se debe entender en el contexto del derecho a la libertad que los individuos tienen de elegir su creencia o no creencia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en su artículo 2o., fracción I, establece:
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El artículo 18 de esta declaración establece también lo siguiente:
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1o., establece:
En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
La democracia supone la existencia de valores democráticos y, por tanto, de tolerancia en las opiniones plurales que permiten viabilizar en conjunto un proyecto de país que se soporte en el respeto a los derechos humanos, a la Constitución y a la libre expresión popular de decidir sobre la realización de su vida en una sociedad igualitaria, fortaleciendo la equidad.
En el sistema democrático imperante se posibilita de acuerdo con las normas jurídicas constitucionales, la reforma y el perfeccionamiento de éstas por la vía pacifica y racional.
La reforma que proponemos a los artículos 40 y ll5 de la Carta Magna permite avanzar hacia la consolidación democrática y al fortalecimiento de las libertades de las personas.
Si bien es cierto que en la Constitución Política se han plasmado artículos como el 3o., el 24 y el 130, que tienen la intencionalidad de fortalecer el Estado laico, también a sido evidente que, ante la falta de precisión por parte del mandato constitucional de que los jefes del gobierno mexicano deben fortalecer y hacer que se respete la laicidad, en la administración pasada el representante del Poder Ejecutivo se atribuyó funciones de promoción y divulgación religiosa; por tanto, es deber del legislador definir con claridad el mandato de un Estado laico y el ejercicio de gobierno.
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en todos sus niveles de gobierno, deben ser los garantes de la preservación del Estado laico.
El Estado laico democrático de la sociedad no puede asumir la defensa del laicismo de la sociedad como fin objetivo, ni en nombre de ello se puede reprimir el ejercicio de la religión, ni mucho menos exigir que se crea en una o en otra, sino que su responsabilidad es ser el garante de las libertades religiosas.
Las reformas a los artículos constitucionales que estamos proponiendo dan precisión al mandato constitucional para que en el sistema democrático el Estado se defina con claridad como laico.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículo 40 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de que las formas de Estado y de gobierno sean laicas y con ello se garantice el respeto y el libre ejercicio de los valores democráticos, los derechos sociales y los derechos humanos.
Artículo Único. Se reforman los artículos 40 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, laico, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
…
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2007.
Diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Mayo 9 de 2007.)
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 93, 115, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y 8 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JACINTO GÓMEZ PASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 9 DE MAYO DE 2007
Jacinto Gómez Pasillas, diputado de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que se turne a la Comisión de Gobernación, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 93, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En los tres Poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno del Estado mexicano hay un área de comunicación social, que tiene la encomienda de dar a conocer la información oficial a través de los medios adecuados para ello.
La información y publicidad oficial se explica en la medida en que los ciudadanos no siempre se informan de manera total a través de la fuente informativa convencional, y requieren de medios para allegarse datos y hechos de interés público.
Es una actividad fundamental y necesaria de cualquier gobierno democrático, ya que la sociedad debe conocer el destino de los recursos del erario público y la eficacia de su gobierno; sin embargo, al no existir una reglamentación adecuada de la publicidad gubernamental ni de la información oficial, en los tres Poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno hay excesos por parte de las autoridades, que aprovechan la difusión oficial para promover su imagen o la de algún partido político con recursos públicos.
La transparencia y la rendición de cuentas no son un lujo de la democracia; por el contrario, son obligaciones que tienen todos los funcionarios y los gobernantes con sus gobernados; por ello, la comunicación y la publicidad oficial deben tener un enfoque institucional y no servir de plataforma para proyectos políticos personales o de partido.
El proselitismo político o electoral tiene sus propias reglas y tiempos, que no deben ser confundidos o mezclados con el objetivo de la comunicación gubernamental a la ciudadanía. No podemos utilizar las instituciones ni los recursos públicos destinados a la publicidad y la comunicación oficiales para promover una imagen personal de los funcionarios en los tres niveles de gobierno o de servidores públicos de los tres Poderes de la Unión.
Usar la imagen u otros elementos de identidad de servidores públicos o de gobernantes distorsiona y debilita las instituciones, reduciéndolas a la actuación de los individuos en lo particular y el culto a la personalidad.
Esta iniciativa tiene la finalidad de atender la demanda ciudadana generalizada de que el gasto en publicidad oficial de los tres niveles de gobierno y sus respectivas dependencias administrativas, así como la de los tres Poderes de la Unión sea utilizado únicamente en la difusión de las actividades gubernamentales, estableciendo las prohibiciones necesarias para evitar que estos recursos sean empleados la promoción personal o partidista.
Por ello se propone que la comunicación y la publicidad oficiales presenten un mensaje estrictamente institucional y socialmente útil, para evitar no solamente la promoción personal, sino también que se aproveche para demeritar o acusar las acciones de administraciones pasadas o de otros niveles de gobierno.
En una democracia las instituciones no pertenecen a ningún partido político y, mucho menos, a una persona. Por ello es indispensable legislar para evitar que se sigan cometiendo abusos en materia de comunicación, publicidad y propaganda oficiales en los tres niveles de gobiernos y en los tres Poderes de la Unión.
La política en México pasa necesariamente por los medios de comunicación y los actores políticos necesitan tener presencia en ellos, pero los tiempos tienen que estar determinados muy claramente para que los recursos públicos se apliquen únicamente en gastos de propaganda e imagen institucional y no en la individual o en la promoción del algún partido político; menos aún en tiempos electorales críticos, como los previos al día de elección. La publicidad oficial no debe confundirse con la de los tiempos de elección, para ello hay un lapso y un presupuesto específicos.
La promoción personal, estando en funciones dentro del servicio público, es una forma de corrupción y un acto ventajoso, ya que hace una permanente inducción propagandística, personal y partidista hacia los ciudadanos. Por otra parte, la promoción de imagen personal es, por un lado, innecesaria, ya que, como se mencionó anteriormente, las campañas políticas tienen un tiempo determinado y recursos específicos para promover la imagen de los candidatos y los partidos políticos, suponiéndose que el funcionario electo ya realizó como candidato la necesaria difusión de su imagen personal y la de su partido; y, por otro lado, también es indebida, porque es contraria al principio fundamental de cualquier democracia, y es que los recursos públicos tienen que estar destinados a los fines propuestos y siempre estar sujetos a una estricta transparencia y rendición de cuentas.
A lo largo de los últimos años se han dado algunos avances para la regulación de la publicidad oficial, sin embargo las determinaciones tomadas en el Poder Legislativo no han sido respetadas por las autoridades competentes. Ejemplo de estos esfuerzos están en el artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, o en el artículo 32 del correspondiente a 2006, que prohibían expresamente utilizar recursos presupuestarios con fines de promoción de imagen personal de funcionarios o titulares de las dependencias o entidades.
Sin embargo, en el articulado del Presupuesto de Egresos para el presente año no se ha previsto esa medida para evitar que se utilicen recursos presupuestarios de la comunicación social de las dependencias y entidades en la promoción personal de los funcionarios.
La única mención al respecto está en el artículo 18, fracción V, que a la letra dice:
V. La publicidad que adquieran las dependencias y entidades para la difusión de programas gubernamentales deberá incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal". Sólo en el caso del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades deberá incluirse la leyenda establecida en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social. Para lo anterior, deberán considerarse las características de cada medio.
Consideramos que ésta no es una acción suficiente para evitar que los servidores públicos utilicen su imagen en la comunicación social de las dependencias y entidades para sus objetivos personales.
La ley tiene que ser explicita y regular, desde la asignación de los recursos presupuestarios, la prohibición de que sean utilizados para la promoción de la imagen personal de funcionarios o titulares de las dependencias o entidades; porque de lo contrario se seguirá lesionando el espíritu de transparencia y equidad que debe privar en el ámbito de la acción pública en un sistema verdaderamente democrático.
Durante la pasada administración federal fue evidente que se cometieron excesos en la comunicación y la publicidad oficiales; esto fue posible por la falta de legislación en la materia y porque a muchos se les olvida que México es un país de instituciones y no de personajes.
Es importante reiterar que la publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y, en general, las relacionadas con actividades de comunicación oficial, incluyendo el uso de tiempos oficiales, debe tener un mensaje estrictamente institucional y socialmente útil, y limitarse exclusivamente al desarrollo de las actividades de difusión e información, así como de la promoción de los programas de las dependencias o entidades.
Es por lo anteriormente expuesto que el suscrito, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, somete a la aprobación de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 93, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos.
Primero. Se reforman los artículos 93, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 93. …
…
…
Los servidores de la administración pública federal se abstendrán de usar o prestar su imagen, nombre o voz en la publicidad, propaganda y en general en toda la información relacionada con las actividades de comunicación social de dependencias y entidades, ya sea publicada o transmitida en los medios impresos y electrónicos.
Artículo 115. …
I. a VIII. …
IX. Los servidores públicos municipales se abstendrán de usar o prestar su imagen, nombre o voz en la publicidad, propaganda y, en general, en toda la información relacionada con las actividades de comunicación social de dependencias y entidades ya sea publicada o transmitida en los medios impresos y electrónicos.
X. Derogada.
Artículo 116. …
I. a VII. …
VIII. Los servidores públicos estatales se abstendrán de usar o prestar su imagen, nombre o voz en la publicidad, propaganda y, en general, en toda la información relacionada con las actividades de comunicación social de dependencias y entidades ya sea publicada o transmitida en los medios impresos y electrónicos.
Artículo 122. …
…
Los servidores públicos del Distrito Federal se abstendrán de usar o prestar su imagen, nombre o voz en la publicidad, propaganda y, en general, en toda la información relacionada con las actividades de comunicación social de dependencias y entidades, ya sea publicada o transmitida en los medios impresos y electrónicos.
Segundo. Se reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
I. a XXIV. …
XXV. Abstenerse de usar o prestar su imagen, nombre o voz en la publicidad, propaganda y, en general, en toda la información relacionada con las actividades de comunicación social de dependencias y entidades, ya sea publicada o transmitida en los medios impresos y electrónicos.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 7 de mayo de 2007.
Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Mayo 9 de 2007.)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAMÓN VALDÉS CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 9 DE MAYO DE 2007
De conformidad con los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Ramón Valdés Chávez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presenta a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se propone reformar los artículos 127, 198 y 201, y adicionar un numeral al artículo 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sobre la representación de los partidos políticos, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
El Grupo Parlamentario de Convergencia considera que la jornada electoral constituye, sin duda, la etapa crucial del proceso, pues es cuando ocurre la emisión del sufragio ciudadano, cuya preferencia determina la composición de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales.
El Instituto Federal Electoral, conforme al artículo 69, numerales 1 y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, deberá regir todas sus actividades por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, siendo el órgano democrático que vigila, promueve y estimula la participación ciudadana en todos los aspectos de un proceso electoral, depositario de la autoridad electoral, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones. Por ello, el Grupo Parlamentario de Convergencia considera que la cuestión de los representantes partidarios ante los órganos electorales, en todos sus niveles, es uno de los elementos esenciales para consolidar la certidumbre en los resultados de una elección, por lo que propone, por mi conducto, modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque la situación actual de la normatividad para el registro de dichos representantes, pero sobre todo para sustituirlos, constituye un obstáculo para el cumplimiento puntual de los fines referidos.
Al observar los datos que proporciona el Instituto Federal Electoral sobre la jornada del 2 de julio de 2006, documento recientemente publicado, sobre el registro y presencia de representantes de casilla de los partidos políticos y coaliciones, en las 130 mil 488 casillas aprobadas se acreditaron un millón 240 mil 860 representantes propietarios y suplentes de partidos políticos, dentro del plazo establecido en el artículo 198, numeral 1, del propio ordenamiento federal electoral, de los cuales sólo asistieron 393 mil 126 ciudadanos acreditados, que avalaron con su firma las actas de la jornada respectiva, lo que representa el 31.68 por ciento del total de los acreditados .
La cobertura final por partido político, conforme a la asistencia de sus representantes ante 130 mil 477 casillas instaladas el 2 de julio de 2006 fue la siguiente:
Lo anterior significa que poco más de las dos terceras partes de los representantes acreditados originalmente no estuvieron presentes en las casillas en que fueron registrados para cubrir la jornada electoral.
Es alarmante la ausencia de los representantes partidarios en las casillas, porque esa anomalía se tradujo en la falta de presencia de los partidos políticos y coaliciones, ante la ausencia del 68.32 por ciento del total de los representantes acreditados.
Ahí radica el objetivo esta iniciativa, en modificar el procedimiento de acreditación y sustitución de los representantes de los partidos políticos ante mesa directiva de casilla, para dar mayor certidumbre y legitimidad a los resultados electorales, al permitir a los partidos políticos, tal como sucede en los otros niveles de representación electoral, la acreditación, el cambio y la sustitución en cualquier momento, inclusive durante la jornada electoral, de los representantes ante la mesa directiva de casilla, que sea útil para unificar los criterios que se utilizan hasta hoy en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el cual, respecto al Consejo General sí prevé, en su artículo 74, fracción décima, que los partidos políticos podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes; al igual que en los consejos locales, distritales y municipales, conforme al artículo 126, numeral 3.
Aprobar las modificaciones específicas a los artículos señalados líneas arriba y, más concretamente, al artículo 198, fracción I, beneficiaría directamente a todos los partidos políticos representados en esta soberanía y, desde luego, garantizaría la participación democrática de los ciudadanos.
Por ello, Convergencia propone esencialmente que los representantes partidarios de casilla, siguiendo el espíritu respecto del Consejo General, así como de los consejos locales, distritales y municipales puedan ser sustituidos inclusive durante la jornada electoral.
Estas modificaciones benefician a todos los partidos políticos con problema de falta de representación en determinadas casillas, por la ausencia o inasistencia de los ciudadanos acreditados con anterioridad conforme a los plazos que exige actualmente la ley electoral. Esto nos impulsa a proponer a esta soberanía que resolvamos ese problema que afecta la credibilidad.
Esto evitará conflictos postelectorales y redundará en mejores condiciones para la credibilidad en los resultados y la organización de los procesos por parte del Instituto Federal Electoral, en la búsqueda de mayor certeza y equidad para los partidos políticos y candidatos contendientes. Alcanzaremos así resultados verificables, fidedignos y confiables, que nos permitan eliminar prácticas inadecuadas.
La presencia efectiva de los representantes partidarios acreditados y su sustitución evitará violaciones o irregularidades que demeriten la credibilidad de los procesos electorales. Ampliar los plazos y modificar las condiciones de su acreditación, inclusive el día de la jornada electoral, beneficiará a todos los partidos políticos.
En este mismo sentido es importante también considerar la modificación del artículo 127 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra dice: "cuando el representante propietario de un partido, y en su caso el suplente, no asistan sin causa justificada por tres veces consecutivas a las sesiones del Consejo del Instituto ante el cual se encuentren acreditados, el partido político dejará de formar parte del mismo durante el proceso electoral de que se trate. A la primera falta se requerirá al representante para que concurra a la sesión y se dará aviso al partido político a fin de que compela a asistir a su representante", toda vez que la aplicación de éste deja en estado de indefensión total a los partidos políticos, al no contar con un representante que defienda los intereses de sus candidatos en el órgano electoral en donde estuviese acreditado. Por lo que se propone que al presentarse la falta del representante de un partido político ante el consejo que se trate, se requiera al partido político a sustituir a sus representantes, sin que por estas inasistencias deje entonces de formar parte del mismo durante el proceso electoral. Por lo tanto debe darse el derecho de que los partidos políticos puedan sustituir a sus representantes en cualquier momento inclusive durante el desarrollo de la jornada electoral.
La perfectibilidad de nuestros procesos democráticos exige nuestra tolerancia. Allanar todos los obstáculos a los ciudadanos para su participación, es uno de los deberes primordiales de los legisladores.
Es indispensable proporcionar los medios que sirvan para encauzar la eficiencia de nuestro sistema electoral. Por eso mismo consideramos que es un deber impostergable de las y los diputados de esta honorable Cámara dar respuesta positiva a esta iniciativa de reformas para dar auténtica certeza al cumplimiento de los principios rectores de la materia electoral, por lo cual me permito someter a esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 127, 198, 201 y 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Único. Se reforman y adicionan los artículos 127, 198, 201 y 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
Artículo 127
1. Cuando el representante propietario de un partido y, en su caso, el suplente no asistan sin causa justificada a las sesiones del consejo del instituto ante el cual se encuentren acreditados, se requerirá al partido político al cual pertenezcan, para que compela a asistir a sus representantes. El partido político podrá sustituir a sus representantes en cualquier momento inclusive durante el desarrollo del proceso de la jornada electoral.
2. …
3. …
Artículo 198
1. Los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos, fórmulas y listas, y hasta ocho días antes del día de la elección, tienen derecho a nombrar dos representantes propietarios y un suplente ante cada mesa directiva de casilla, y representantes generales propietarios, los cuales podrán ser sustituidos en cualquier momento, inclusive durante el desarrollo de la jornada electoral.
2. Los partidos políticos podrán acreditar en cada uno de los distritos electorales uninominales un representante general por cada diez casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada cinco casillas rurales, los cuales podrán ser sustituidos en cualquier momento, inclusive durante el desarrollo de la jornada electoral.
3. …
4. …
Artículo 201
1. …
c) Los partidos políticos podrán sustituir a sus representantes en cualquier momento, inclusive durante el desarrollo de la jornada electoral, devolviendo con el nuevo nombramiento el original del anterior.
Artículo 212
Se añade el numeral 8.
1…
7…
8. Recibir en cualquier momento del desarrollo de la jornada electoral la sustitución de los representantes que los partidos políticos acrediten, tomando solamente como válido el último nombramiento recibido.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se emita un exhorto a las legislaturas locales con el fin de que con la mayor brevedad modifiquen las condiciones de los representantes políticos, teniendo como base la presente iniciativa de ley.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2007.
Diputado Ramón Valdés Chávez
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Mayo 9 de 2007.)
Actas
DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, ATINENTE A LA QUINTA REUNIÓN DE SU MESA DIRECTIVA, QUE TUVO LUGAR EL MARTES 20 DE FEBRERO DE 2007
En las instalaciones del Congreso de la Unión, situadas en la avenida Congreso de la Unión 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, Distrito Federal, se reunieron los integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LX Legislatura para llevar a cabo la quinta reunión mensual de mesa directiva, con objeto de abordar el orden del día propuesto. A las doce horas del 20 de febrero de 2007 estuvieron presentes los diputados Tomás del Toro del Villar, presidente; Carlos René Sánchez Gil, Juan Manuel Sandoval Munguía, Humberto Dávila Esquivel, Juan Carlos Velasco Pérez, Ramón Almonte Borja, secretarios.
Esa presencia se acredita con la lista de asistencia anexa a la presente acta, en la que se aborda el siguiente orden del día:
1. Lista de asistencia.
2. Quórum.
3. Acuerdo por el que se solicita atender y resolver los puntos de acuerdo que se encuentran en estudio para definir
a) Metodología para su atención y solución.
4. Propuestas de los miembros de la mesa directiva que se adicionaron al punto de acuerdo pactado en la reunión plenaria de enero.
5. Estado que guarda el dictamen que resuelve la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 16 transitorio a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
6. Asuntos generales.
7. Clausura.
Una vez atendida la lista de asistencia y verificado el quórum, se declaró la apertura de la reunión de mesa directiva y se procedió a determinar la metodología para la atención de los puntos de acuerdo de la LIX Legislatura.
Acto seguido, se revisaron las propuestas de los diputados para añadir al punto de acuerdo acordado en la reunión plenaria de enero y se revisó la propuesta de dictamen en sentido negativo para someter a consideración del pleno de la comisión que ha sido convocado para el 21 de febrero.
Por no haber más oradores ni asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión a las trece horas con diez minutos del día de inicio.
Diputados: Tomás del Toro del Villar, presidente; Juan Manuel Sandoval Munguía, Carlos René Sánchez Gil, Juan Carlos Velasco Pérez, José Antonio Almazán González, Humberto Dávila Esquivel, Ramón Almonte Borja, secretarios (rúbricas).
DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, REFERIDA A SU QUINTA REUNIÓN PLENARIA, REALIZADA EL MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO DE 2007
A las 9:00 horas del día veintiuno de febrero de dos mil siete, con fundamento en las facultades que otorgan la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con el propósito de cumplir la convocatoria para la celebración de la plenaria, se reunió la Comisión del Trabajo y Previsión Social, con la asistencia de los siguientes
Diputados: Tomás del Toro del Villar, Carlos René Sánchez Gil, Juan Manuel Sandoval Munguía, José Antonio Almazán González, Juan Carlos Velasco Pérez, Humberto Dávila Esquivel, Ramón Almonte Borja, Diego Aguilar Acuña, Luis Ricardo Aldana Prieto, Alfonso Othón Bello Pérez, Antonio Berber Martínez, Beatriz Collado Lara, Patricio Flores Sandoval, Omar Antonio Borboa Becerra, Leonardo Magallón Arceo, Francisco Antonio Fraile García, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Ana Yurixi Leyva Piñón, Ramón Félix Pacheco Llanes, Adrián Pedrozo Castillo, Jesús Ramírez Stabros, Carlos Armando Reyes López, Demetrio Román Isidoro.
Se procedió para atender el orden del día, con los siguientes asuntos:
1. Lista de asistencia.
2. Fecha para la reunión de trabajo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
3. Estatus de los trabajos para dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 16 transitorio a la ley del Infonavit.
4. Votación del dictamen sobre el proyecto a que atañe el punto anterior.
5. Asuntos generales.
6. Clausura.
El presidente, diputado Tomás del Toro del Villar, planteó el antecedente respecto del acuerdo de la plenaria que fundamenta la invitación al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para celebrar una reunión con el pleno de la comisión, que se celebrará el próximo 7 de marzo, a las 9:00 horas, en el salón F del edificio G, justamente en la sexta reunión ordinaria mensual de la comisión.
Formuló una relatoría de los trabajos que se han impulsado para atender los elementos planteados en la pasada reunión plenaria respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 16 transitorio a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
El diputado Tomás del Toro del Villar impulsó el trabajo con la Comisión de Seguridad Social y, en virtud del turno otorgado a la Comisión de Vivienda para opinar respecto al dictamen, se atendió con arreglo a los lineamientos del propio acuerdo de la Mesa Directiva de esta soberanía.
El diputado Tomás del Toro del Villar citó que precisamente el viernes 16 de febrero se reunieron las directivas de las comisiones de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, y el presidente de la de Vivienda a fin de buscar un acuerdo que promueva la atención del referido proyecto de decreto mediante un dictamen que atienda la posición de la mayoría.
Una vez aclarado que se celebró una serie de reuniones y actividades compatibles con la petición de algunos diputados en la sesión anterior respecto a un acercamiento con la Comisión de Seguridad Social, se procedió a someter a votación, de conformidad con el punto cuatro del orden del día aprobado, por lo que se sometió a votación el dictamen en sentido negativo para resolver la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 16 transitorio a la Ley del Infonavit.
El presidente solicitó al secretario Juan Manuel Sandoval Murguía que sometiese a votación el dictamen en sentido negativo –presentado desde la reunión plenaria del 31 de enero de 2007–, por lo que el diputado tomó la votación.
El resultado fue de 17 votos a favor y 6 en contra del dictamen.
En asuntos generales, el diputado presidente, Tomás del Toro del Villar, solicitó incorporar en los asuntos generales el relativo al acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se establecen los lineamientos del programa de resolución de las propuestas con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura y pendientes de aprobación.
"Aquí –señaló el diputado Tomás del Toro del Villar–, quisiera hacer hincapié respecto al rezago legislativo que estamos viviendo, transitando: no data de la anterior legislatura únicamente."
Dijo que el rezago en puntos de acuerdo, exhortos, excitativas y demás instrumentos legislativos se ha estado depurando a fin de contar con una relación confiable, solicitando a los órganos de la Cámara de Diputados competentes el apoyo parlamentario que impulse la absoluta confiabilidad de la información, y los dictámenes que se estarán sometiendo a consideración.
"En este punto –continuó el diputado Tomás del Toro del Villar–, ustedes recordarán que desde el 14 de diciembre pasado se informó de esta actividad conjunta con la Dirección General de Apoyo Parlamentario. Por tanto, se presenta este dictamen en sentido negativo, para resolver el rezago legislativo de los puntos de acuerdo que cuentan con las características de aplicabilidad para su dictaminación en sentido negativo."
El diputado Tomás del Toro del Villar sometió a consideración de la plenaria los 42 puntos de acuerdo, "de los cuales únicamente 36 nos corresponde atender, dado que en 6 de ellos, alude Apoyo Parlamentario, corresponde a otra comisión, en virtud de que, al ser atendidas en comisiones unidas, la otra comisión es mano en la dictaminación de acuerdo con la práctica parlamentaria".
En virtud de la propuesta del presidente, la plenaria considera pertinente, tras una serie de aportaciones y consideraciones de miembros del pleno de la comisión someter a consideración el dictamen para la siguiente reunión, del 7 de marzo, a fin de que se pueda valorar la pertinencia de mantener en reserva algunos de los puntos y elaborar así un nuevo dictamen para su votación y eventual aprobación.
Por no haber más oradores ni asuntos que tratar, se clausura la reunión plenaria a las diez horas con doce minutos.
Diputados: Tomás del Toro del Villar, presidente; Juan Manuel Sandoval Munguía, Carlos René Sánchez Gil, Juan Carlos Velasco Pérez, José Antonio Almazán González, Humberto Dávila Esquivel, Ramón Almonte Borja, secretarios (rúbricas).
DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, CONCERNIENTE A LA SEXTA REUNIÓN DE SU MESA DIRECTIVA, LLEVADA A CABO EL MARTES 6 DE MARZO DE 2007
En las instalaciones del Congreso de la Unión, situadas en avenida Congreso de la Unión 66, colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, Distrito Federal, se reunieron los integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LX Legislatura para llevar a cabo la sexta reunión mensual de mesa directiva, con objeto de abordar el orden del día propuesto. A las doce horas del 6 de marzo de 2007 estuvieron presentes los diputados Tomás del Toro del Villar, presidente; Carlos René Sánchez Gil, Juan Manuel Sandoval Munguía, Humberto Dávila Esquivel, Juan Carlos Velasco Pérez, Ramón Almonte Borja, secretarios.
Esa presencia que se acredita con la lista de asistencia anexa a la presente acta. En la reunión se abordó el siguiente orden del día:
1. Lista de asistencia.
2. Quórum.
3. Seguimiento al acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por medio del cual se exhorta a dictaminar los puntos de acuerdo de la LIX Legislatura.
4. Asuntos generales.
5. Clausura.
Una vez atendida la lista de asistencia y verificado el quórum, se revisó la propuesta de dictamen para someter a consideración en la reunión del pleno de la comisión del 7 de marzo de 2007. Se revisaron el dictamen y su contenido.
Los miembros de la mesa directiva acordaron reservar algunos de los puntos de acuerdo que se valora dictaminar en sentido negativo, a fin de dictaminarlos en sentido positivo en la reunión plenaria de abril y, por tanto, resulta pertinente someter a consideración del pleno de la comisión el 7 de marzo un nuevo dictamen que haya descargado esos puntos a los que se hace referencia.
Por no haber más oradores ni asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión de mesa directiva de marzo a las trece horas con treinta minutos del día de inicio.
Diputados: Tomás del Toro del Villar, presidente; Juan Manuel Sandoval Munguía, Carlos René Sánchez Gil, Juan Carlos Velasco Pérez, José Antonio Almazán González, Humberto Dávila Esquivel, Ramón Almonte Borja, secretarios (rúbricas).
DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, REFERENTE A SU SEXTA REUNIÓN PLENARIA, EFECTUADA EL MIÉRCOLES 7 DE MARZO DE 2007
A las 9:00 horas del siete de marzo del dos mil siete, con fundamento en las facultades que otorgan la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con el propósito de cumplir la convocatoria para la celebración de la plenaria, se reunió la Comisión del Trabajo y Previsión Social, con los siguientes
Diputados: Tomás del Toro del Villar, Carlos René Sánchez Gil, Juan Manuel Sandoval Munguía, José Antonio Almazán González, Juan Carlos Velasco Pérez, Humberto Dávila Esquivel, Ramón Almonte Borja, Diego Aguilar Acuña, Alfredo Barba Hernández, Alfonso Othón Bello Pérez, Antonio Berber Martínez, Omar Antonio Borboa Becerra, Ricardo Cantú Garza, Beatriz Collado Lara, Patricio Flores Sandoval, Francisco Fraile García, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Rolando Rivero Rivero, Ramón Félix Pacheco Llanes, Adrián Pedrozo Castillo, Jesús Ramírez Stabros, Gustavo Ramírez Villarreal, Carlos Armando Reyes López, Demetrio Román Isidoro.
Se procedió a atender el orden del día de la sexta reunión ordinaria, con los siguientes puntos:
1. Lista de asistencia.
2. Reunión de trabajo con el licenciado Basilio González Núñez, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
• Receso
3. Proyecto de dictamen negativo sobre diversas proposiciones con punto de acuerdo presentadas ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en cumplimiento del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el cual se exhorta a dictaminar los puntos de acuerdo de la LIX Legislatura.
4. Votación del dictamen sobre el punto anterior.
5. Asuntos generales.
6. Clausura.
El presidente, diputado Tomás del Toro del Villar, aclaró que la se celebraba en cumplimento de los acuerdos del pleno de la comisión en que se establecen, entre otras cosas, la invitación a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a fin de celebrar una reunión de trabajo en el marco del pleno de la propia comisión.
El presidente agradeció en nombre de ese órgano legislativo a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y planteó una metodología para la reunión.
El presidente de la Comisión de Nacional de los Salarios Mínimos expuso algunas consideraciones respecto a los planteamientos de los diputados y, tras una serie de rondas de intervenciones, la plenaria consideró pertinente valorar el tiempo de intervenciones y se acordó concluir la participación para pasar al punto tres del orden del día.
Una vez que se dio la despedida a los funcionarios de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y tras el receso, se plantearon los antecedentes y fundamentos respecto al proyecto de dictamen negativo sobre diversas proposiciones con punto de acuerdo a fin de dar cumplimiento al acuerdo de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos por el cual se exhorta a dictaminar los puntos de acuerdo de la LIX legislatura.
Algunos diputados plantearon la necesidad de reservar nueve puntos de acuerdo para dictaminarlos en sentido positivo, lo que fue aceptado por el pleno. El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular por mayoría, y se mantuvieron en reserva nueve puntos de acuerdo que tratan la temática del INEGI, Avon, Pemex y la recomendación 190, sobre peores prácticas de trabajos infantiles, de la OIT, entre otros, que serán dictaminados en sentido positivo para la próxima reunión plenaria.
Por no haber más oradores ni asuntos que tratar, se clausuró a las trece horas con cinco minutos del día de inicio.
Diputados: Tomás del Toro del Villar, presidente; Juan Manuel Sandoval Munguía, Carlos René Sánchez Gil, Juan Carlos Velasco Pérez, José Antonio Almazán González, Humberto Dávila Esquivel, Ramón Almonte Borja, secretarios (rúbricas).
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA DE BURGOS, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA REUNIÓN DE SU MESA DIRECTIVA, REALIZADA EL MARTES 17 DE ABRIL DE 2007
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:30 horas del 17 de abril de 2007, en la sala de juntas de la Coordinación Tamaulipas, situada en el edificio H, primer nivel, del Palacio Legislativo de San Lázaro, se reunieron los integrantes de la mesa directiva de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, de conformidad con la convocatoria emitida el 16 de Abril del presente año, para el desahogo del siguiente orden del día:
1. Próxima reunión plenaria
El diputado presidente Miguel Ángel González Salum (PRI): dio la bienvenida a los integrantes de la mesa directiva e informó acerca de la próxima reunión plenaria de la comisión, que se realizará el día 25 de abril del año en curso y del orden del día que se tratará en dicha reunión.
La mesa directiva aprobó el punto.
2. Visita al estado de Coahuila
Al pasar al segundo punto del orden del día, hablaron acerca de la gira al estado de Coahuila, donde el diputado Presidente informó sobre la logística y el programa que se llevará a cabo. Agregó que los organismos Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Fideicomiso Federal para el Desarrollo Regional del Noreste y Petróleos Mexicanos, invitados para realizar las exposiciones durante los trabajos que la comisión realizará en el estado de Coahuila, aceptaron participar en los mismos.
Añadió que el gobernador invitó a los integrantes de la comisión que irán a la gira a una cena durante la visita al estado, con la intención de intercambiar inquietudes, propuestas y posibles soluciones a la problemática que enfrentan el estado y la sociedad Coahuilense.
El diputado Rolando Rivero Rivero (PAN), secretario, informó de la logística que él ha venido realizando para llevar a cabo la gira al estado de Coahuila, donde se han invitado a 50 organizaciones empresariales y de la sociedad civil de la zona a un desayuno de trabajo en el municipio de Monclova, para que expongan las propuestas y la problemática que enfrentan por los trabajos que Petróleos Mexicanos realiza en la región cuenca de Burgos; Agregó que también está lista la comida de trabajo con los alcaldes de los municipios de la región, con el mismo fin de escuchar sus planteamientos, y se realizará en Sabinas, Coahuila.
La mesa directiva aprobó la logística y el programa de trabajo de la comisión para la gira al estado de Coahuila y coincidió en la necesidad de que el recorrido que los integrantes de la comisión realizarán por la cuenca de Burgos debería incluir los diversos tópicos objeto de creación de esta comisión, tales como el ambiental, el social, el económico y el sustentable.
Fue aprobada la agenda de trabajo de la gira al estado de Coahuila.
3. Proposiciones con punto de acuerdo
El diputado presidente Miguel Ángel González Salum (PRI), al pasar al tercer punto del orden del día, informó de las dos propuestas de punto de acuerdo que se plantearán al pleno de la comisión; agregó que dichos puntos de acuerdo fueron entregados a los integrantes de las misma con antelación, para que hicieran llegar sus comentarios, modificaciones y propuestas, con la intención de que en la reunión plenaria se pudieran analizar y, en su caso, aprobarlos; agregó que estas proposiciones fueron resultado de la primera gira que realizó la comisión al estado de Nuevo León.
El diputado presidente explicó los puntos de acuerdo:
El primero, señaló es exhortar al Ejecutivo federal, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaria de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía a adecuar la fórmula para determinar el precio de venta de gas natural producido en México a un precio más competitivo, en un marco que reconozca el volumen de producción nacional, incentive el consumo del energético e impulse la inversión productiva privada mexicana y extranjera en el desarrollo de esta industria.
El segundo punto de acuerdo, dijo, es para exhorta al Ejecutivo federal a decretar como zona estratégica la región cuenca de Burgos, a fin de consolidar el desarrollo regional, económico, social y ambiental, en beneficio de los habitantes de la región y del país en general.
El diputado Pedro Landero López (PRD), secretario, señaló que una de las políticas de su grupo parlamentario es no aceptar la inversión privada extranjera en los contratos de obra pública financiada que licita Petróleos Mexicanos para la exploración y explotación del gas, por lo que indicó que solicitará en la reunión plenaria de la comisión que se modifique la redacción del primer punto de acuerdo para que los diputados del PRD puedan votar a favor; en lo que respecta al segundo punto de acuerdo manifestó su aprobación.
El diputado Rolando Rivero Rivero (PAN), secretario, indicó la importancia de las dos proposiciones y estuvo de acuerdo en ambas; agregó que comentará con los diputados de Acción Nacional integrantes de la comisión las propuestas para llevar el consenso a la reunión plenaria y votarlos a favor.
El diputado Jesús González Macías (PVEM), secretario, señaló que estaba de acuerdo en las proposiciones que la comisión pretende llevar a la reunión plenaria de la comisión y posteriormente, en caso de ser aprobados, proponerlos en el Pleno de la honorable Cámara de Diputados.
4. Asuntos generales
En este cuarto punto del orden del día se volvió a plantear por parte de toda la mesa directiva la imperiosa necesidad de solicitar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la urgente aprobación por parte de ésta última del techo financiero que dé soporte a los trabajos de la comisión especial, debido al trabajó extremadamente técnico y local que representa el cumplimiento del objeto legal de la misma, pues cuanto antes es primordial recorrer la región y focalizar los puntos de mayor daño ecológico y ponderar los de desarrollo sustentable, para lo cual es necesario ir con frecuencia a la zona.
Acuerdos
1. Se determinó que la reunión plenaria de la comisión se llevará a cabo el día 25 de abril del presente año.
2. Se establecieron la agenda y el programa de trabajo de la comisión en el estado de Coahuila los días 25, 26 y 27 de abril de 2007.
3. Se acordó llevar al pleno de la comisión las dos proposiciones con punto de acuerdo, con la solicitud del diputado Pedro Landero López (PRD), secretario, de modificar la redacción del primer punto de acuerdo, para someterlos a votación y, en su caso, aprobación en la plenaria de la comisión.
5. Se solicitará a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la asignación, cuanto antes, del techo financiero que sustente los trabajos, sobre todo los técnicos, de la comisión.
6. Se solicitará a Petróleos Mexicanos la realización del recorrido por sus instalaciones, a efecto de que la paraestatal designe un representante que coordine la visita y brinde la seguridad necesaria.
Asistieron a esta reunión el diputado Miguel Ángel González Salum (PRI), presidente; Rolando Rivero Rivero (PAN), Pedro Landero López (PRD), y Jesús González Macías (PVEM), secretarios.
El presidente de la comisión especial, diputado Miguel Ángel González Salum, dio por terminada la reunión a las 13:30 horas del 17 de abril de 2007.
Diputados: Miguel Ángel González Salum, presidente; Rolando Rivero Rivero, Jesús González Macías, Pedro Landero López, secretarios (rúbricas).
