Gaceta Parlamentaria, jueves 26 de julio de 2007, Año X, Número 2305

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De la Comisión de Cultura.

De la Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, de trabajo.

De la Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, atinente a su quinta reunión ordinaria, efectuada el jueves 28 de junio de 2007.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a la reunión de trabajo con funcionarios adscritos a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública, así como con representantes del Consejo Nacional de Autoridades Educativas de la SEP y de la Comisión Nacional de Funcionarios Fiscales, el jueves 26 de julio, a las 9 horas.

De la Comisión de Seguridad Social, a la reunión de su mesa directiva, que se llevará a cabo el jueves 26 de julio, a las 9 horas.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, a su séptima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 26 de julio, a las 10 horas.

De la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, y Educación Pública– de la Comisión Permanente, a la reunión de trabajo que se llevará a cabo el jueves 26 de julio, a las 10 horas.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a su reunión de trabajo para analizar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos en materia de hidrocarburos; eficiencia recaudatoria y simplificación tributaria; y el plan estratégico del SAT, que se llevará a cabo el jueves 26 de julio, a las 11 horas (cambió de horario).

De la Comisión Especial para la Reforma del Estado, a la sexta reunión ordinaria de trabajo, que se efectuará el jueves 26 de julio, de las 11 a las 12:30 horas.

De la Comisión de Seguridad Social, a su reunión ordinaria, que se realizará el jueves 26 de julio, a las 12 horas.

De la Comisión de Vivienda, a la octava reunión de mesa directiva, que se verificará el martes 31 de julio, a las 9:30 horas.

De la Comisión de Marina, a la reunión de mesa directiva que se llevará a cabo el martes 31 de julio, a las 10 horas.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la reunión ordinaria que se efectuará el martes 31 de julio, a las 10 horas.

De la Comisión de Marina, a la séptima reunión ordinaria, que se realizará el martes 31 de julio, a las 11 horas.

De la Comisión de Vivienda, a su séptima reunión ordinaria, que se llevará a cabo el martes 31 de julio, a las 11 horas.

De la Comisión de Energía, a la reunión de trabajo que se llevará a acabo el martes 31 de julio, a las 12:30 horas.

De la Comisión de Marina, a la reunión de trabajo con directivos de astilleros de Sinaloa y de Sonora, que se efectuará el martes 31 de julio, a las 12:30 horas.

De la Comisión de Marina, a la reunión de trabajo en comisiones unidas con la de Transportes, y la de Gobernación, que tendrá lugar el martes 31 de julio, a las 13:30 horas.

De la Comisión Especial de Citricultura, a su reunión de trabajo que se llevará a cabo el jueves 2 de agosto, a las 10 horas.

De la Comisión de Salud, a la duodécima reunión de mesa directiva, que se llevará a cabo el martes 7 de agosto, a las 12 horas.

De la Comisión de Salud, a la duodécima reunión plenaria, que se llevará a cabo el martes 14 de agosto, a las 14 horas.

Del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, a la plática relacionada con el tema Perspectivas de la economía mexicana 2007-2008 que, dentro de sus actividades financieras permanentes en temas fiscales, se llevará a cabo el jueves 26 de julio, a las 11 horas.

Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, al evento Reflexiones sobre bioética jurídica: la eutanasia, que se llevará a cabo el martes 31 de julio, a las 11:30 horas.

Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, a la presentación del Reporte CESOP número 3, que se llevará a cabo el martes 31 de julio, a las 17:30 horas.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, A las diputadas, diputados, senadoras y senadores, asesores, funcionarios de gobierno, instituciones educativas, asociaciones civiles y público en general al Seminario internacional de alto nivel en educación, que se realizará el miércoles 8 y el jueves 9 de agosto.

De la Comisión Especial para la Reforma del Estado, al diplomado Análisis y diseño de la reforma del Estado en México, que –en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México– ese órgano legislativo llevará a cabo hasta el lunes 12 de noviembre, de las 8 a las 10 horas.

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Diputados federales de la LX Legislatura:

Compañeros legisladores, la comisión que presido, en su afán de apoyar, como ustedes, de manera abierta a los artistas y a los artesanos nacionales, cuyos trabajos representan y promueven las diversas expresiones culturales del pueblo mexicano, a través de nuestra intervención buscan la oportunidad de exponer sus obras y productos en este recinto, lo cual considero justo y necesario.

Sin embargo, últimamente, el área a mi cargo ha detectado anomalías cometidas por algunos representantes y organizadores de las muestras artesanales que se llevan a cabo en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Me preocupa e indigna sobremanera que falten al respeto a esta soberanía y a los ciudadanos que depositan su confianza en ellos para que sean intermediarios en los trámites para tal fin, ya que aprovechan la gratuidad en la planeación, la promoción, el otorgamiento de la sede y la realización de tales eventos –que la honorable Cámara de Diputados proporciona– para satisfacer sus intereses económicos personales.

De tal modo, me permito hacerles una atenta invitación para que, en lo sucesivo, al momento que les soliciten que sean promotores de una exposición artística o artesanal verifiquen la honorabilidad y el sentido altruista, sin fines lucrativos de quien les realiza la petición, a fin de evitar ser sorprendidos por vívales que se aprovechan de nuestra noble actitud y que traicionan la buena fe con que debemos corresponder a la ciudadanía, traduciéndose ello en un insulto a nuestra calidad moral y humana.

1. Introducción

La presente comisión es resultado de la apremiante necesidad por coadyuvar en la solución de la problemática de un tema estratégico en el devenir nacional: el acceso al agua, un reclamo social que requiere respuesta al legítimo derecho de un desarrollo humano integral. El acceso al agua potable y servicios de alcantarillado es un factor esencial para la vida digna de una población ávida de soluciones a las demandas del vital líquido, en cantidad y calidad adecuadas para potenciar el crecimiento cualitativo en los niveles de vida de la población.

Además de garantizar el acceso al agua y su distribución, se pone énfasis en el uso sustentable del recurso, apelando a su preservación, mediante esquemas de reutilización y tratamiento de aguas residuales, adecuando el uso de tecnologías alternativas que, en su aplicación, generen beneficios a la sociedad.

La justa demanda del recurso hídrico implica un trabajo legislativo que atienda el tema del agua, pugnando por el reconocimiento del derecho social de acceso al agua.

Defender el uso social del recurso hídrico implica incentivar su uso y conservación como motor y factor de desarrollo, de ahí su carácter temático de seguridad nacional. Enfatizar la gestión pública de las aguas nacionales, limitando el creciente acceso del sector privado, refiere la defensa de su uso social sin distinciones ni privilegios. El agua no es una mercancía con la cual lucrar, es un derecho para la supervivencia humana; asegurar su acceso es garantizar el derecho a la vida misma. Su carácter público no es asequible al interés privado, es tema de estratégico interés nacional.

2. Antecedentes

La Comisión Nacional del Agua surge como resultado de un largo y complejo proceso histórico, derivado de la Constitución Política de 1917. En ese contexto, la evolución institucional gubernamental federal en materia de recursos hídricos se inicia con la Dirección de Aguas, Tierra y Colonización, creada en 1917, y con mayor ahínco a partir de 1925, con la creación de la Comisión Nacional de Irrigación, continuada a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos a partir de 1946, y posteriormente por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, que surgió en 1976, para finalmente desembocar en la creación, en 1989, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por decreto presidencial.

En sus orígenes, la Conagua fue heredera de la gran tradición hidráulica mexicana. Sus logros fueron destacados en materia de administración de las aguas nacionales y en el desarrollo de importantes obras de infraestructura hídrica para beneficio del país. Empero, a partir de la mitad de la década de los noventa, la misión y mística de la Conagua ha evolucionado desfavorablemente en el tiempo y gradualmente en las aguas nacionales, con genuina participación y corresponsabilidad de la sociedad, especialmente a nivel de las cuencas y acuíferos del país.

Por lo anterior, y en consonancia con el artículo 27 constitucional, la nación es propietaria de sus recursos hídricos. La gestión de estos recursos implica su aprovechamiento para abastecer las necesidades de la población. En este sentido, la Ley de Aguas Nacionales establece el marco jurídico pertinente.

La presente comisión está integrada por un grupo pluripartidista, que reconoce la necesidad de trascender los intereses partidarios en pos de un derecho vital que concierne a todos los mexicanos. En este sentido, la agenda legislativa mínima de ésta comisión especial debe retomar una tesis compartida: la necesidad de elevar a rango constitucional el derecho humano y social del acceso al agua para garantizar su uso social, acceso y subsidiariedad en el costo de los servicios públicos.

Aunado a esta tesis, se rescata un proyecto de agenda legislativa que indica: exigir la plena observancia de las disposiciones constitucionales en cuanto al dominio de la nación, sobre todo en lo que se refiere a sus recursos naturales, y evitar su privatización; incorporar, en el artículo cuarto de la Constitución Política, el derecho de los mexicanos a tener acceso al agua y reconocerlo como derecho humano fundamental; promover la revisión de la Ley de Aguas Nacionales para evitar que este recurso continúe convirtiéndose en un patrimonio privado.

En este sentido, la necesidad de resolver la problemática del agua es parte esencial de la agenda legislativa, convirtiéndose en un referente insoslayable en la lucha por un derecho social de suma importancia. La problemática es manifiesta, atender el desabasto de agua potable que sufren cerca de 12 de millones de mexicanos, distribuidos en 12 mil 536 comunidades rurales y amplias zonas urbanas y suburbanas. De acuerdo con datos de la Conagua, en 2005, 89.2 por ciento de los habitantes del país contaban con agua potable y 85.6 por ciento con alcantarillado; 71.3 por ciento de los habitantes del medio rural contaban con servicio de agua potable. De ahí la necesidad de garantizar el acceso al agua hacia los sectores poblacionales que aún carecen de ella.

El uso del agua se divide en tres ámbitos: para uso agropecuario 76.75 por ciento, abastecimiento público 13.99 por ciento e industria autoabastecida 9.26 por ciento. La necesidad de un uso sustentable de los recursos hídricos es observable ante el aumento sustancial de acuíferos sobreexplotados, 104 para 2005, de los cuales se extrae casi 60 por ciento del agua subterránea para todos los usos. Las políticas públicas deben dirigirse al manejo prudente de las aguas, que garanticen la recarga y su uso para generaciones futuras.

Otro aspecto de la problemática es el crecimiento poblacional. Con datos del Conteo 2005 del INEGI y estimaciones del Conapo, entre 2005 y 2030 el incremento poblacional será de aproximadamente 24.2 millones de personas, de las cuales 79 por ciento estarán en zonas urbanas. De acuerdo con la Conagua, la disponibilidad natural media de agua por habitante a nivel nacional disminuirá de 4 mil 573 m³/hab/año en 2005 a 3 mil 705 m³/hab/año en 2030. Legislar para adecuar el acceso al agua implica dar solución a estas problemáticas de abastecimiento y aprovechamiento sustentable, atendiendo los requerimientos del vital liquido para una vida digna.

3. Visión

Una comisión gestora y propositiva en la lucha por el acceso social al agua, mediante el trabajo legislativo que impulse y coadyuve a resolver la problemática del aprovechamiento sustentable de las aguas nacionales.

4. Misión

Consolidar el derecho al acceso al agua, incentivando su reconocimiento como derecho humano y social en México, en defensa del interés público y del medio ambiente.

5. Meta

Generar instrumentos legales, sociales, económicos, técnico-científicos y políticos tendentes a consolidar un nuevo orden jurídico que garantice el acceso al agua potable.

6. Objetivo I

Integrar un equipo de trabajo legislativo y de investigadores especializados que identifiquen, analicen, debatan y propongan esquemas de solución de los problemas de acceso al agua, reconociendo la utilidad pública del recurso hídrico y planteando adecuaciones constitucionales que permitan garantizar el acceso al vital líquido.

Objetivo II

Incorporar en el artículo cuarto de la Constitución el derecho al acceso al agua, reconociendo su utilidad pública y adecuando este derecho, dentro del entramado de las garantías individuales, como un derecho humano.

Objetivo III

Gestionar desde el ámbito legislativo las acciones pertinentes, jurídicas y políticas tendentes a proteger los ecosistemas acuáticos mediante la adecuación de las normas federales y locales respectivas.

Objetivo IV

Coadyuvar a la integración de un nuevo marco jurídico para la Conagua, así como su Reglamento Nacional de Aguas con sentido social, que refrende la tesis general del acceso al agua como recurso de interés público, cuya gestión a cargo de este sector garantice el acceso a todos los mexicanos.

Objetivo V

Realizar una revisión a fondo de la Conagua a la luz del cambio de los Poderes de la Unión para poder orientarla con sentido social, bajo una profunda y honesta auscultación, de tal manera que esté en condiciones apropiadas para atender las grandes demandas del país, en un contexto de verdadera descentralización de la gestión del agua y de corresponsabilidad política y social.

7. Estrategia

Trabajo legislativo multipartidista y plural que reconozca la necesidad de anteponer los supremos intereses nacionales en un tema estratégico, el acceso al agua como derecho social y humano, por sobre otros intereses políticos y económicos. Labor legislativa tendente a proponer, atender y consensuar las iniciativas, proposiciones y proyectos que sean turnadas a la comisión.

8. Acciones (2007)

Derechos sociales:

Para marzo y abril de 2007

Protección de ecosistemas acuáticos

Casos de Cuatrociénegas y del delta del río Colorado.

Julio y agosto de 2007

Compilación documental sobre la situación de los humedales en México.

Septiembre 2007

Otras

9. Ejes de trabajo de la comisión

Planificación —- Ejecución —- Supervisión —- Evaluación

Siendo las 9:45 horas del 28 de junio de 2007, en la salón de eventos del Museo del Agua, municipio de San Gabriel Chilac, Puebla, se reunieron los diputados integrantes de la Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, de conformidad con la convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 21, 22 y 26 de junio del presente año, para el desahogo del siguiente orden del día

1. Comprobación de asistencia y declaratoria de quórum

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los diputados y las diputadas:

María Soledad López Torres presidenta, (ausente con justificación por comisión); René Lezama Aradillas, Gerardo Octavio Vargas Landeros, secretarios; Aleida Alavez Ruiz, Lourdes Alonso Flores, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Francisco Javier Paredes Rodríguez, Raciel Pérez Cruz.

En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, el secretario de la comisión especial René Lezama Aradillas, dio por iniciada la reunión.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día

Acto seguido, el secretario de la comisión especial, René Lezama Aradillas, puso a consideración de los miembros presentes de la comisión el orden del día. No habiendo quien hiciere uso de la palabra, la presidencia lo sometió a votación, pidiendo que quienes estuvieran de acuerdo levantaran la mano. A continuación, fue aprobado por unanimidad.

3. Lectura, aprobación y, en su caso, dispensa del acta de la sesión anterior

El diputado René Lezama Aradillas, en su carácter de secretario de la comisión sometió a consideración de los integrantes de la misma, el punto en referencia, solicitándo que levantaran la mano quienes estuvieran de acuerdo con la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, en mérito de que dicha acta fue distribuida con toda oportunidad a las y los diputados. Fue aprobada por unanimidad.

4. Análisis y discusión de los alcances del foro El Agua como un Derecho Social y su Marco Jurídico

A continuación la mesa técnica de la comisión especial presentó la propuesta para integrar un documento que sirviera de marco de referencia sobre el posicionamiento de esta comisión ante el foro sobre derechos sociales para la reforma del Estado, a celebrarse el 2 de julio en Acapulco, se distribuyeron copias del citado documento de trabajo a efecto de que los diputados hicieran las observaciones que fueren oportunas.

5. Asuntos generales

No habiendo comentario alguno al respecto se procedió a clausurar la reunión.

6. Clausura

Siendo las 11:45 horas del día 28 de junio de 2007, el diputado secretario René Lezama Aradillas, da por clausurada la reunión ordinaria de trabajo de la Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos.

La inclusión del derecho social al agua en el marco de la discusión de la reforma del Estado mexicano

Los suscritos diputados de la LX Legislatura, integrantes de los distintos grupos parlamentarios sostenemos que la inclusión del derecho constitucional al agua para consumo humano es un tema de la mayor relevancia y que, en el marco de la discusión de la reforma del Estado, debe tener la más alta prioridad para su aprobación.

La razón de esta importancia y este orden jerárquico es absolutamente clara ya que por un lado, a partir del 23 de junio de 1981, entró en vigor el Pacto Internacional del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU que define el derecho al agua como:

En consecuencia, como representantes del pueblo mexicano estamos obligados a velar porque se garantice el derecho social al recurso agua, el cual debe ser entendido como el derecho de todas las personas “a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.

Por el otro, porque a pesar de que ya han transcurrido más de 25 años desde que se firmó dicho pacto, actualmente en México, poco más de 12 millones de personas no cuentan con suministro alguno de agua potable. Peor aún, 24 millones de mexicanos carecen de la infraestructura para saneamiento y drenaje; lo que trae consigo problemas socio-económicos y no hay una política pública que por mandato de ley se implante para resolver esta situación.

Por el contrario, la política de gestión del agua que desde hace poco más de una década se aplica en nuestro país, tiende a agravar esta situación y ampliar la injusta brecha entre quienes gozan del acceso al recurso e incluso lucran con el y quienes no tienen acceso y tienen que acarrear en pipas o por garrafones, pagando más por el agua para cubrir sus necesidades más elementales, lo que va en detrimento de su magra economía familiar.

En el México de hoy mujeres y niñas de comunidades rurales, fundamentalmente indígenas, caminan decenas de kilómetros para acceder a una cubeta de agua y poder acarrearla a sus casas y muchas veces esa agua no está lo suficientemente limpia como para ser consumida, razón por la cual el índice de mortalidad infantil, sigue siendo preponderantemente notorio en los sectores más empobrecidos del país. Resulta entonces claro que, en primer término, el problema del agua es un problema de justicia social en la distribución, un problema de equidad y un problema de accesibilidad.

En nuestro país, poco más del 75 por ciento de los cuerpos de agua están contaminados, por si fuera poco y agravando el problema, México ocupa el cuarto lugar en el índice mundial de deforestación de bosques y selvas.

En México las actividades agrícolas y agroindustriales consumen el 75 por ciento del agua disponible y en ese consumo se desperdicia el 54 por ciento. Un 15 por ciento adicional se destina a las actividades de carácter industrial, por lo que el incremento del consumo humano individual no ejerce una presión significativa sobre la disponibilidad del recurso, como falsamente se afirma.

No podemos negar que el agua también tiene una función en el desarrollo, tanto en las actividades agrícolas, en la generación de energía eléctrica, como en la producción industrial, empero, estas actividades están consumiendo la mayoría del recurso y generando las principales descargas de contaminantes, por lo que son los principales responsables del uso no sustentable y la contaminación del agua en el país.

Este uso no sustentable y la contaminación en los mantos acuáticos ha permitido introducir la idea de que estamos en medio de una “crisis del agua” generada y producida fundamentalmente por los usuarios domésticos, por lo que en el segundo Foro Mundial del Agua, realizado en La Haya, se concibió la necesidad de que el agua sea considerado un bien económico y como tal debía ser tratado como una mercancía y sujeta a las caprichosas leyes del mercado donde –teóricamente– el alza de los precios conduciría, de manera automática hacia su cuidado, bajo el falso supuesto que cuando los precios son más elevados, tendemos a consumir menos cantidad, así sea aquella que sustenta nuestra vida como lo es el agua.

Quienes signamos este manifiesto, concebimos el problema del agua como la falta de voluntad política para facilitar el acceso y la distribución del recurso, tomando en cuenta que el crecimiento económico debe estar acompañado de una equidad social, y de la sustentabilidad ecológica, a fin de combatir la pobreza, la opresión, el desequilibrio entre la concentración de riqueza y la creciente proliferación de pobres en el país, entendiendo que la actual crisis socio económica hace que el acceso y la distribución del agua sea un elemento fundamental en el planeta y en el país para que un gran número de personas se ubiquen o no en una situación de pobreza y vulnerabilidad, ya que a pesar de que existe agua suficiente para el consumo doméstico, la agricultura y la propia industria, prevalece la desigualdad en su reparto, quedando en un círculo perverso la población más pobre excluida de su acceso.

En consecuencia, es necesario mandatar por ley suprema, desde la Constitución, el diseño de políticas publicas que garanticen el derecho social al agua y que a su vez se garantice la calidad y cantidad para el consumo humano y el aprovechamiento sustentable del recurso.

Cabe recordar que México ha firmado su adhesión al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en ese sentido, las observaciones y los criterios expresados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales representan los lineamientos centrales para hacer este derecho exigible por los pueblos signatarios del pacto.

Es en este sentido, que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales produjo una Observación General –la número 15– en 2002, relativa a la aplicación del derecho al agua, las obligaciones que se establecen en la observación son: garantizar la cantidad de agua esencial mínima, suficiente y apta para el consumo personal y doméstico; asegurar el derecho de acceso al agua sin discriminación; garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua; velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando se acuda en busca de agua; adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre el agua para toda la población; adoptar programas de agua orientados a fines concretos y de relativo bajo costo para proteger a grupos vulnerables o marginados.

La Constitución considera a los tratados internacionales como ley suprema de la nación, es decir superiores a las leyes secundarias emanadas de la misma Constitución, por lo que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es de aplicación en el territorio nacional y como tal, debe garantizar el abasto de agua no sólo de las actuales generaciones, sino también para las generaciones futuras, para lo cual debemos cumplir con las obligaciones a las que nos comprometimos, ya que cualquier violación, de una de estas obligaciones básicas, arrojaría una presunción prácticamente irrefutable en el sentido de que como Estado estaríamos violando el pacto.

Es por todo lo anterior, que resulta necesario, imprescindible e impostergable garantizar el derecho al agua como parte de las garantías y derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución.

Garantizar el derecho al agua, significa otorgar una mayor oportunidad a nuestra gente para superar la pobreza. De lo contrario, la ausencia de derechos fundamentales deja a éstos sin futuro alguno. No garantizar el acceso al agua amenaza la propia vida, destruye cualquier oportunidad de progreso y quebranta la propia dignidad humana.

En consecuencia, los abajo firmantes pugnamos por que el derecho al agua, el cual debe ser concebido como un derecho humano básico, cumpliendo de ese modo con los principio de igualdad, universalidad y no discriminación.

Consideramos también que el reconocimiento del agua como derecho humano es uno de los pasos más importantes para abordar el desafío de brindar a la gente el elemento básico de la vida. Garantizar el derecho al acceso al agua es precondición necesaria para el cumplimiento de todos los derechos humanos ya que sin el derecho de acceder y utilizar en cantidades suficientes y bajo condiciones sanitarias adecuadas la cantidad de agua que necesitamos para llevar una vida digna, serían inalcanzables otros derechos establecidos como el derecho a la alimentación, a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como los derechos civiles y políticos.

Los suscritos, diputadas y diputados federales de la LX Legislatura, integrantes de los distintos grupos parlamentarios, afirmamos y reiteramos que el problema del agua no es de escasez, sino de distribución y accesibilidad. Convocamos a todas las fuerzas políticas y a la sociedad en su conjunto a abrir la discusión, con toda seriedad y sensatez, a paradigmas como el de la equidad y accesibilidad. Estamos seguros que bajo el análisis y conclusiones de este enfoque podremos implantar nuevos patrones tecnológicos, y sobre todo, políticas de gestión más justas en las cuales la exclusión no sea una constante y en plena concordancia con la firma del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, lograr que el Estado mexicano reconozca y proteja al fin el derecho humano de acceso al agua de todos los ciudadanos.

A la reunión de trabajo con funcionarios adscritos a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de Educación Pública, así como con representantes del Consejo Nacional de Autoridades Educativas de la SEP y de la Comisión Nacional de Funcionarios Fiscales, el jueves 26 de julio, a las 9 horas, en la zona C del edificio G.

La sesión tiene por objetivo conocer e intercambiar puntos de vista con esos organismos sobre el funcionamiento y la operación del FAEB, en el marco del análisis de la reforma fiscal propuesta por el Poder Ejecutivo federal.