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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno federal que implante un plan urgente para reducir las tarifas eléctricas en todo el país, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, a través de la Semarnat, los estudios y trámites correspondientes para decretar área natural protegida 300 hectáreas situadas en Uruapan, Michoacán, a cargo del diputado Antonio Berber Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se constituye el grupo de amistad México-Oceanía de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, en relación con los trastornos alimenticios entre la juventud mexicana, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, relativo al daño ecológico causado por la actividad petrolera en Tamaulipas, a cargo del diputado Jesús González Macías, del Grupo Parlamentario del PVEM.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para investigar el rescate carretero y el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a impulsar el microfinanciamiento para jóvenes emprendedores mexicanos, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal que establezca los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Competencia a investigar la concentración de empresas concesionarias de televisión por cable que realiza el grupo Televisa, a cargo del diputado Raymundo Cárdenas Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a diversas dependencias del Ejecutivo federal que informen acerca de los programas y acciones emprendidos para el desarrollo de pueblos que viven en el bosque, a cargo del diputado Joel Guerrero Juárez, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a cumplir lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Antonio Xavier López Adame, del Grupo Parlamentario del PVEM.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a realizar inspecciones para verificar que las empresas de gas licuado de petróleo cumplan las normas en materia de seguridad e higiene, a cargo del diputado Enrique Rodríguez Uresti, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer un llamado al gobierno de Estados Unidos de América para que frene los abusos contra los derechos humanos de connacionales, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, relativo a las políticas de salud del Estado mexicano dirigidas a adolescentes, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, para que esta soberanía presente ante la PGR una denuncia de hechos en contra de servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las secretarías de Gobernación, de Educación Pública, y de Salud a aplicar medidas para prevenir la anorexia y la bulimia, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar un programa para dotar a las mujeres de México de la vacuna contra el virus del papiloma humano, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las áreas de comunicación social de las Cámaras de Diputados y de Senadores a difundir los acuerdos que se logran, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos a integrar una subcomisión para investigar y dar seguimiento a todo lo relativo con el programa Enciclomedia, a cargo de la Secretaría de Educación Pública, desde la creación de éste hasta su estado actual, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Grupo Parlamentario del PRD.
- A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Al Senado de la República, a solicitud del diputado Humberto López Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO FEDERAL QUE IMPLANTE UN PLAN URGENTE PARA REDUCIR LAS TARIFAS ELÉCTRICAS EN TODO EL PAÍS, SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
La suscrita, diputada federal Sara I. Castellanos Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
1. De manera reiterada, año con año, en los meses previos al inicio de la época de calor, que para este 2007 por diversos factores, como el cambio climático, se anuncia especialmente intenso, se presenta un fenómeno casi único en nuestra vida política y social: la unanimidad de opiniones en torno de un tema por demás sensible como es el alto costo de la energía eléctrica y la consecuente demanda de revisión de tarifas, tanto residenciales como de uso industrial. En dicha demanda convergen de manera unánime legisladores, grupos parlamentarios, partidos políticos, organizaciones empresariales, de productores agropecuarios y del mar, sindicatos y organizaciones sociales, así como gobiernos estatales y municipales.
2. Igualmente de manera reiterada, frente a propuestas de diversa índole, las Cámaras del Congreso de la Unión y los congresos locales casi sin excepción realizan cada año exhortos y solicitudes para la baja de tarifas eléctricas en beneficio de la población en general o de distintos sectores productivos en todas las regiones del país.
3. No obstante lo anterior y que la referida demanda se ha venido expresando de muy diversas maneras, argumentos y tonos, la realidad es que el gobierno federal, como regulador responsable de la gestión de tarifas de servicios públicos, privilegia sus necesidades financieras por sobre las condiciones objetivas del mercado y las necesidades sociales. En ese contexto, no se ha propuesto sacar adelante una solución de largo plazo para la problemática del alto costo de las tarifas eléctricas; tampoco se ha ocupado de fondo en resolver la ineficiencia y carencias de las empresas públicas responsables de otorgar el servicio, especialmente en el valle de México.
4. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el mecanismo para la fijación de las tarifas de energía eléctrica compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a partir de la propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, con la participación de las secretarías de Economía, y de Energía, de lo que corresponde a tales dependencias y organismo diseñar una estrategia de largo aliento para promover una reducción real y significativa de las tarifas eléctricas, especialmente a las de uso residencial.
5. En todo caso, la ya larga discusión sobre las políticas de Estado en materia energética y las tan debatidas visiones partidistas en materia de generación de energía eléctrica en sus posibles modalidades ha derivado en que las decisiones sobre el manejo de las tarifas eléctricas se hayan constituido igualmente en parte del debate político, olvidando una vez más las demandas más sentidas del pueblo mexicano, que sólo reclama al derecho a la energía y a tarifas justas y asequibles. Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México, más allá de las estrechas visiones políticas, ha expresado como su preocupación fundamental garantizar el abasto de energía eléctrica a los hogares mexicanos a precios razonables, tomando en cuenta la protección del ambiente y el desarrollo sustentable, incrementando la utilización de energías renovables.
6. En el pasado gobierno federal, si bien se utilizó la disminución de tarifas eléctricas como moneda de cambio en el mercado electoral por parte del presidente Vicente Fox, lo cierto es que la disminución de tarifas eléctricas en 2006 influyó de manera clara para que el índice nacional de precios al consumidor registrara una variación de 0.15 por ciento en abril de ese año, el menor porcentaje inflacionario en muchos años, según reporte del Banco de México.
7. No obstante que como estrategia mediática, más efectista que eficaz, durante el sexenio pasado se intentó reestructurar el esquema tarifario de energía eléctrica de uso residencial, lo cierto es que en la práctica los consumidores no han visto reflejados los supuestos beneficios y se enfrentan a un mecanismo por demás complicado que sólo confunde y molesta, ya que a la larga, por los factores de ajuste, se ha venido terminando por pagar lo mismo o más que antes de las supuestas medidas en su beneficio. Especialmente en los sectores medios de la población la medida se resiente más, ya que en esa franja dejan de aplicarse los pretendidos subsidios y la que resiente de mayor manera los efectos inflacionarios, especialmente en temporadas y regiones de alto consumo energético.
8. En esa razón, resulta oportuno que la Cámara de Diputados, con la anticipación debida, exhorte al gobierno federal a realizar las acciones y programas conducentes para evitar que nuevamente el alto costo de las tarifas de energía eléctrica se constituya en otro factor de presión inflacionaria y en una carga más a la ya deteriorada economía de los mexicanos, máxime cuando recién se acaba de sufrir el embate del alza generalizada de precios a raíz de la especulación e incremento del precio de la tortilla. Aún más, como antes se comentó incluso una baja en las tarifas puede constituirse en un buen mecanismo para ayudar a "despresionar" la inflación y coadyuvar a la baja de precios de los satisfactores más elementales.
Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de la Cámara de Diputados, conforme a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno federal a que, en previsión de la próxima temporada de calor, establezca un programa contingente para la revisión a fondo de la política tarifaria en materia de energía eléctrica y se establezcan para todo el país nuevas modalidades de cobro y subsidios según área geográfica, uso y tasas de consumo de energía eléctrica.
Segundo. Independientemente de lo anterior, se solicita la implantación de un programa inmediato de revisión de las condiciones de administración y operación de las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica, a efecto de promover medidas correctivas de mediano y largo plazos tanto en el orden legal como en el financiero y operativo.
Tercero. Se solicita a las dependencias involucradas en la determinación del esquema tarifario en el sector eléctrico que presenten a esta soberanía, a más tardar en mayo próximo, un informe detallado sobre los programas y las políticas públicos en la materia, a la vez que las medidas previstas o adoptadas en función del presente acuerdo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2007.
Diputada Sara I. Castellanos Cortés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR, A TRAVÉS DE LA SEMARNAT, LOS ESTUDIOS Y TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA DECRETAR ÁREA NATURAL PROTEGIDA 300 HECTÁREAS SITUADAS EN URUAPAN, MICHOACÁN, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO BERBER MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, el que suscribe, diputado federal Antonio Berber Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La subcuenca del Río Cupatitzio forma parte de la cuenca Hidrológica del Río Balsas que es la cuenca más importante del Pacifico mexicano. Esta cuenca está conformada por los municipios de Paracho, Nahuatzen, Tingambato, Salvador Escalante, Tacámbaro, Turicato, Ario de Rosales, La Huacana, Nuevo Hurecho, Taretan, Uruapan, Ziracuaretiro, Gabriel Zamora, Múgica, Parácuaro y Nuevo Parangaricutiro en el estado de Michoacán.
En el manantial Rodilla del Diablo nace el río más importante de la región: el Río Cupatitzio. Este río se alimenta de otras corrientes y manantiales como el Gólgota, la Yerbabuena, el Revelero y Gandarillas. El Cupatitzio es un recurso natural básico para las actividades de la región y destaca en importancia por el desarrollo económico que genera. Gracias a los abundantes recursos naturales que de dicho río se obtienen, se potencia el motor de la actividad económica de la comarca. Esta situación se ha dado así desde años atrás y precisamente considerando todas las externalidades positivas para la región, la cuenca fue decretada Parque Nacional.
Por el valor que reviste el Río Cupatitzio en la región, sus aguas son el origen de importantes beneficios para la comunidad. A partir de ellas se produce energía eléctrica y también se utilizan intensivamente en las actividades industriales, asimismo, son fuente de irrigación en las plantaciones y campos e igualmente se usan en actividades piscícolas. Adicionalmente provee de agua para el consumo de los habitantes de la ciudad de Uruapan y poblaciones aledañas.
Debido a la belleza del lugar, la cuenca del Río Cupatitzio también es motivo de importante recepción turística nacional e internacional que representa uno de los más importantes ingresos a la economía de la región.
Por decreto del Presidente Lázaro Cárdenas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de noviembre de 1938, se establecieron como Parque Nacional con el nombre de Barranca de Cupatitzio (los terrenos de: Casanapitrio, Portero de Mendoza, los Jazmines, Encino Gacho, el Guayabo, Palo Alto, Rancho La Mora, Rodilla del Diablo, y Huerta Quinta Cruz. Adicionalmente en este parque está comprendida la zona federal del Río Cupatitzio.1 Dicho parque cuenta con una extensión de 362 hectáreas de superficie).
El objetivo del decreto fue, desde luego, tomar las medidas tendientes a asegurar la preservación, conservación y en su caso restauración del ecosistema que se deriva de la cuenca del Río Cupatitzio.
Los asentamientos humanos irregulares siguen presentes y en la actualidad, en la zona aledaña de la cuenca se ubican 11 colonias con una población aproximada de 199 mil habitantes. Lo anterior provoca en la cuenca una situación de degradación ambiental por la presencia de contaminantes como detergentes y desechos humanos que se vierten al caudal de las aguas y, que por efecto de la filtración, también contaminan los suelos del área.
Hoy en día, se presenta un riesgo latente en la preservación de la cuenca del Río Cupatitzio debido a la posibilidad de la entrada en marcha de un proyecto de desarrollo urbano ubicado en las demarcaciones de esta región. Estoy hablando de la solicitud de cambio de uso de suelo que se presentó ante la autoridad municipal por parte del predio denominado Aurora Boreal.
Dicho predio consta de una extensión de siete hectáreas y forma parte de las 300 hectáreas del predio denominado El Zapien. El proyecto de desarrollo urbano en comento, representa un grave riesgo para el manantial que da vida al Río Cupatitzio por tratarse ésta, de una zona de filtración y escurrimiento alimentador de dicho manantial. Asimismo, en caso de verse establecida esa zona urbana, las capas del suelo se compactarían provocando que el agua se orientara hacia otro lado con la amenaza de poner en riesgo la vida del Río Cupatitzio. Lo anterior provocaría, igualmente, una situación de peligro para el abasto de agua de todas las poblaciones que subsisten gracias a este manantial.
Ante este inminente colapso ambiental, desafortunadamente quiere continuarse privilegiando el desarrollo urbano en la zona, basando el análisis de viabilidad del proyecto, en un estudio de impacto ambiental presentado por los interesados en el plan de desarrollo urbano y, que ha sido manejado como positivo aún cuando establece claramente que "el predio urbano denominado El Zapien o Taximácuaro, ubicado al noroeste de la ciudad de Uruapan, Michoacán, se identifica como no apto para el cambio de uso de suelo". Adicionalmente, dicho estudio menciona que "el análisis de aptitud por pozos de agua, así como por pendientes topográficas es no apto".
De acuerdo a lo contemplado en el programa vigente de desarrollo urbano del centro de población de Uruapan Michoacán, el predio en el que quiere desarrollarse este centro urbano se localiza en una Zona de Conservación Ecológica. Por lo cual resulta muy delicado que se autorice el establecimiento de este fraccionamiento, ya que podría representar una punta de lanza para que una vez autorizada dicha obra en siete hectáreas se continúe con la construcción desmedida en las trescientas hectáreas restantes que se encuentran en el mismo lugar.
Reconocemos y apoyamos el absoluto derecho de todos los mexicanos a tener acceso a vivienda digna y decorosa, sin embargo, también es cierto que todas las autoridades tienen la obligación de velar por el pleno respeto al entorno ambiental y a la naturaleza. (Sin duda se requieren inversiones en la zona, pero no para fomentar el fraccionamiento y desarrollo urbano, sino, inversiones tendientes a subsanar la demanda por la preservación y recuperación ambiental de las aguas de la cuenca del Río Cupatitzio). Es por lo anterior que resulta necesaria la participación coordinada de las tres esferas de gobierno para detener la destrucción paulatina de la citada cuenca.
Recuérdese que es nuestra responsabilidad como legisladores, velar por impedir la decadencia y degradación de los ecosistemas, sobre todo en estos momentos en que la naturaleza nos está haciendo un fuerte llamado de atención para que no la ataquemos más. Así, la preservación, cuidado y aprovechamiento sostenible de los recursos constituye una condición incuestionable para todas las autoridades por tratarse un tema de interés nacional.
Por todo lo anteriormente vertido, me permito presentar ante esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales haga los estudios y trámites correspondientes para decretar como Área Natural Protegida las 300 hectáreas ubicadas al norponiente de la ciudad de Uruapan en la extensión denominada El Zapién.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del estado de Michoacán a realizar por cuenta propia y con el visto bueno de la universidad del estado un estudio de impacto ambiental del proyecto de desarrollo urbano que pretende efectuarse en la subcuenca del Río Cupatitzio;
Tercero. Se exhorta al honorable ayuntamiento de Uruapan a no autorizar el cambio de uso de suelo para efectos del proyecto de desarrollo urbano en Aurora Boreal.
Notas:
1) 02-11-1938 Decreto que declara Parque Nacional "Barranca del Cupatitzio", los terrenos que el mismo menciona. DOF. 1938.
Palacio Legislativo, a 15 de febrero de 2007
Diputado Antonio Berber Martínez
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CONSTITUYE EL GRUPO DE AMISTAD MÉXICO-OCEANÍA DE LA LX LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Érick López Barriga, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se someta a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes antecedentes y consideraciones:
Introducción
Durante los últimos años, México y los países de la región de Oceanía han incrementado de manera importante los mecanismos de cooperación mediante los cuales se relacionan. La creación de un grupo de amistad entre México y dicha región representa la oportunidad de estrechar lazos y contribuir al fomento de una mayor colaboración entre los países que forman parte de dicha región y nuestro país.
La región del Pacífico se ha convertido en clave para la economía y el comercio internacional por la creciente importancia que están adquiriendo naciones como Australia, Nueva Zelanda, Corea, China, entre otros. La necesidad de México por diversificar sus relaciones políticas y económicas debería ser un motivo para enfocar más los ojos hacia el sudeste asiático, pues los beneficios económicos que se pueden lograr a través de una mayor interacción pueden ser muy positivos. De manera particular, la región de Oceanía representa grandes oportunidades para nuestro país en materia de comercio, inversión y turismo.
Durante los últimos años, México ha incrementado su participación en los diversos mecanismos de cooperación existentes en la región del este asiático. Nuestro país es parte del Mecanismo de Cooperación Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) desde 1993. Esta asociación le ha permitido obtener importantes beneficios. Se han fortalecido así las relaciones comerciales y de inversión en una de las regiones más importantes y dinámicas del mundo, la cual concentra más de 50 por ciento de la producción y 46 por ciento del comercio mundial. De manera similar, la participación de México en este mecanismo de concertación ha promovido las exportaciones y la inversión extranjera en nuestro país, permitiendo la concreción de una serie de proyectos de cooperación económica y tecnológica.
A nivel parlamentario también se ha logrado avanzar en la concertación entre los representantes populares de México y la región de Oceanía, sobre todo a partir de las reuniones llevadas a cabo en el marco del Foro Parlamentario Asia-Pacífico (FPAP). En dicho mecanismo participan varias de las naciones de la región de Oceanía, entre las que destacan las siguientes: Australia, Nueva Zelanda, Islas Fiji, Papua Nueva Guinea, Micronesia e Islas Marshall.
El foro consiste en un espacio de concertación entre parlamentarios nacionales, quienes participan tanto en su calidad de delegados de sus respectivos parlamentos como mediante sus capacidades personales. El mecanismo ha logrado proporcionar oportunidades a los representantes populares de los distintos países de la región de Asia-Pacífico para identificar y discutir cuestiones de preocupación e interés común y otorgarles visibilidad en un contexto global. Ha ayudado también para profundizar sus conocimientos sobre las políticas públicas que son desarrolladas por los países de la región y para estimular y promover la cooperación regional en todos los niveles sobre cuestiones de preocupación común. Gracias a este foro regional, los parlamentarios nacionales desarrollan un papel de promotores de sus respectivas naciones para otorgar un sentido de cohesión regional, entendimiento y cooperación.
México forma parte también de dos organismos importantes para la región de Oceanía: el Consejo para la Cooperación Económica del Pacífico (PECC, por sus siglas en inglés), el cual es una organización tripartita e independiente del sector privado y de la industria, del gobierno y de los círculos académicos, cuenta con 25 miembros y busca mejorar la cooperación y la coordinación de políticas en áreas como el comercio, la inversión, las finanzas y los diversos sectores industriales; el segundo organismo regional del que México forma parte es el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC, por sus siglas en inglés), éste es un mecanismo de cooperación de carácter privado integrado por empresas e instituciones que mantienen diversos niveles de asociación, negocios, intercambio, turismo, con los países que conforman la Cuenca del Pacífico.
Adicionalmente, la economía mexicana se ha convertido en una de las más abiertas del mundo. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, nuestro país ha suscrito a la fecha un total de 42 tratados de libre comercio en tres continentes, por lo que nuestro comercio ha sido uno de los más dinámicos a escala mundial.
Por tanto, para México en su conjunto, y especialmente para algunos de los estados de nuestra república, la mayor vinculación con la región de Oceanía facilitará las oportunidades para incrementar los negocios que en algunos casos ya representan fragmentos importantes de sus respectivas relaciones económicas y comerciales.
La región de Oceanía
México y los países que forman la región de Oceanía (Australia, Nueva Zelanda, Nauru, Samoa, Fiji, Tavalu, Kiribati, Palau, Islas Marshall, Papua Nueva Guinea, Vanuatu, Micronesia, Islas Salomón) han desarrollado durante los últimos años crecientes lazos culturales, sociales, políticos y económicos.
Particularmente con Australia y Nueva Zelanda, mayores economías de la región, los vínculos con nuestro país se han fortalecido, caracterizándose por un importante diálogo político al más alto nivel, así como por las amplias coincidencias que México comparte con dichos países en temas de la agenda internacional.
El resto los estados independientes que forman parte de la región de Oceanía, son territorios pequeños distribuidos en una serie de islas situadas en el Pacífico Central. Son en su mayoría monarquías constitucionales que cuentan con sistemas parlamentarios siguiendo el modelo británico de gobierno. Algunos de los estados de esta región tienen la característica de estar entre las naciones independientes más pequeñas del mundo y también las menos pobladas.
Seguramente recordamos, por ejemplo, a las Islas Marshall, Estado que mantiene una libre asociación con Estados Unidos, y que fue el lugar adonde fueron llevados los tres pescadores mexicanos rescatados el pasado 9 de agosto en aguas del Océano Pacífico, para posteriormente ser retornados a México.
La relación bilateral con Australia es la más grande que sostenemos en la región. Este país cuenta con una extensión territorial de 7.68 millones de kilómetros cuadrados y una población de 20 millones 436 mil 443 habitantes. Su régimen político es una monarquía constitucional de corte federal, conformado por seis estados y dos territorios. El sistema político es parlamentario, siguiendo el modelo británico. El Poder Ejecutivo está constituido por los ministros que forman parte del gabinete de gobierno, encabezados por el primer ministro y asistidos por los ministros y los secretarios parlamentarios.
Pensamos que para nuestro país la relación con Australia debe convertirse en una colaboración de carácter estratégica, pues dicha nación es uno de los puntos a través de los cuales podemos ingresar a la región de Asia-Pacífico. Australia es altamente desarrollada, siendo el sector servicios el motor de su economía, aunque cuenta también con un importante sector manufacturero.
En los últimos años hemos visto un gran crecimiento en la relación comercial de México con Australia. De acuerdo con información del Banco de México, las exportaciones mexicanas a aquella nación han aumentado de manera importante, pasando de 35 millones de dólares (md) en 1990 a 231 md en 2005. No obstante, las importaciones mexicanas provenientes de dicha nación son las que se han incrementado de forma más dramática, al pasar de 35 md en 1990 a 802 md durante 2005. Así, la balanza comercial de nuestro país con Australia fue deficitaria en 2005 en 570 md. Será necesario, por tanto, un gran esfuerzo de promoción de los productos mexicanos en dicho país, a fin de lograr un balance entre lo que compramos y vendemos.
En lo que se refiere a los principales productos que vendemos a Australia podemos ubicar las cajas de velocidades mecánicas, la cerveza de malta y el gas. El principal producto que compramos de Australia es la hulla bituminosa, que sirve para la fabricación del carbón. Más de la mitad de todo lo que importamos durante 2005 de ese país (467 md) fue de este producto.
En lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa (IED) de Australia en nuestro país, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía de México, a junio de 2006 se cuenta con el registro de 65 sociedades con participación australiana en su capital social. Las empresas con inversión australiana se dedican a las actividades del sector servicios, el comercio, la industria manufacturera, minería y extracción y el sector agropecuario. Dichas empresas se localizan en mayor medida en el Distrito Federal, Jalisco, Quintana Roo y en el Estado de México.
Entre enero de 1999 y junio de 2006 las empresas con capital australiano realizaron inversiones por 59.0 md, monto que representa 1.6 por ciento de la inversión aportada por los países asiáticos de la Cuenca del Pacífico (3 mil 670.9 md). Como vemos, dicho monto es todavía muy bajo, por lo que será necesario avanzar en la concertación entre los dos países, con el fin de materializar mayores inversiones en nuestro país.
Incluso en los últimos años se ha puesto a discusión la idea entre ambos gobiernos de negociar un tratado de libre comercio. No obstante, hasta este momento sólo se ha hablado de cuáles podrían ser sectores susceptibles, cuáles serían los temas, etcétera, pero no hay aún calendario definido. Por lo mismo, la creación de este grupo de amistad podrá contribuir a estudiar cuáles podrían ser los aspectos positivos de una negociación de este tipo.
Este año se está celebrando el 40 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, lo que ha permitido construir una relación positiva, tanto en lo comercial y cultural como en las posiciones que los dos países tienen en foros multilaterales. Los desafíos que enfrentan ambas naciones en cuestiones relativas a la paz mundial, la seguridad, los derechos humanos, entre otros, deben ser manejados en forma efectiva entre países. México y Australia pertenecen al Grupo de Amigos de la Reforma de las Naciones Unidas, en donde han logrado compartir posiciones sobre una reforma democrática e incluyente a la organización internacional por excelencia.
La cooperación en materia educativa y cultural también se ha incrementado en los últimos años. De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los últimos cinco años ha crecido la población estudiantil mexicana en Australia, alcanzando a la fecha más de mil estudiantes. No obstante, es necesario continuar la búsqueda de otras fórmulas que permitan acrecentar el número de intercambios en este sector.
Finalmente, de acuerdo con información del gobierno de Australia, existe en dicho país una escasez de trabajadores con habilidades, por lo que se ha dado un fuerte incremento de migración de México hacia esa nación. Lo anterior permite pensar en las posibilidades que se presentan en este ámbito a fin de alcanzar una mayor colaboración en este tema entre ambas naciones.
Por su parte, Nueva Zelanda tiene una extensión territorial de 268 mil 680 kilómetros cuadrados. Cuenta con una población aproximada de 4 millones de habitantes. La mayoría es de origen europeo. Alrededor de 15 por ciento son nativos maoríes; otro 5 por ciento proviene del Pacífico Sur, y hay una pequeña, aunque creciente, población asiática.
Las relaciones entre México y Nueva Zelanda se iniciaron en 1973; actualmente han cobrado un mayor dinamismo. Prueba de ello es la visita oficial que la primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, realizó a México del 12 al 14 de noviembre de 2001, para analizar el estado de las relaciones bilaterales y para coordinar acciones que permitieran impulsar los vínculos de amistad y diálogo político, además de intercambiar puntos de vista sobre diversos asuntos internacionales de interés común.
En el mismo sentido, durante los últimos años se han intensificado los esfuerzos para traducir el importante nivel de diálogo político en acciones concretas de cooperación, y en mayores intercambios comerciales y de inversión.
Para Nueva Zelanda, México es su mayor socio económico en América Latina. Casi la mitad de su comercio con la región se realiza con México. Éste ha logrado buena parte de su desarrollo en base a una estrategia coherente de comercio de productos agrícolas.
En los últimos años las exportaciones de México a Nueva Zelanda han aumentado pero siguen representando una cantidad marginal, de alrededor de 12 md anuales. En cambio, las importaciones mexicanas de dicho país han aumentado considerablemente, pasando de 184 md en 1990 a 385 md en 2005. También con esta nación mantenemos un gran déficit comercial, el cual llegó el año pasado a 373 md.
Los productos que más compramos a Nueva Zelanda son la grasa butírica deshidratada, la leche en polvo y diversos productos ganaderos.
A junio de 2006 se contaba con el registro de 28 sociedades con participación de Nueva Zelanda en su capital social. Las empresas con inversión neozelandesa se dedican a las actividades de servicios, comercio, industria manufacturera, construcción, y transportes y comunicaciones, y se localizan principalmente en Distrito Federal, Baja California y Jalisco. Gran parte de la inversión se dirige a la elaboración de productos lácteos.
Entre enero de 1999 y junio de 2006 las empresas con capital neozelandés registran inversiones por 74.7 md, cantidad que representa 2.0 por ciento de la inversión efectuada por países de la Cuenca del Pacífico (3 mil 670.9 md). Con ello, Nueva Zelanda ocupó la quinta posición entre los países asiáticos de la Cuenca del Pacífico que en ese lapso realizaron inversiones en México.
El multilateralismo también es un tema importante para la relación entre México y Nueva Zelanda. Ambos países han sido fuertes promotores de la ONU. De igual manera, en el tema del desarme hemos cooperado muy estrechamente desde hace muchos años. Cabe destacar que las dos naciones forman parte del Grupo de Países de la Nueva Agenda, integrado además por Brasil, Egipto, Irlanda, Sudáfrica y Suecia, el cual promueve la eliminación de las armas nucleares.
Entre enero de 1999 y junio de 2003 las empresas con capital neozelandés registraron inversiones por 27.1 millones de dólares. Con ello, Nueva Zelanda ocupó la quinta posición entre los países asiáticos de la Cuenca del Pacífico que en ese lapso materializaron inversiones en México.
El producto principal de comercio entre México y Nueva Zelanda es la leche en polvo. Se ha comercializado este producto por más de 30 años. Nosotros vendemos maquinaria y repuestos para automóviles. La gran oportunidad está en el sector de las artesanías, donde hay un muy buen mercado para los productos mexicanos en aquella nación.
Hasta junio de 2003 se contaba con el registro de 20 sociedades con participación de Nueva Zelanda en su capital social. Las empresas con inversión neozelandesa se dedican a las actividades de servicios, comercio, industria y construcción. Se localizan principalmente en el Distrito Federal, Baja California y Guanajuato.
En la agenda de mediano plazo se ha planteado también la necesidad de avanzar en la construcción de una sociedad económica, en donde se incluyan cuestiones no sólo de aranceles o de comercio, sino también con inversión, comercio de servicios, intercambio cultural, etcétera.
El turismo ha sido otro de los sectores que ha logrado aumentar de manera significativa entre México y los países de la región de Oceanía, no obstante todavía existen muchas oportunidades para hacer de esta actividad una oportunidad para el desarrollo de nuestro país.
Finalmente, México mantiene representaciones diplomáticas fundamentalmente en dos de las naciones más importantes de la región de Oceanía: Australia y Nueva Zelanda. Dichas misiones diplomáticas tiene responsabilidades específicas en asuntos económicos y comerciales, multilaterales y de cooperación, educativos y de promoción del turismo. Al mismo tiempo, sirven como representaciones concurrentes para atender los asuntos con las demás naciones de la región. En el mismo sentido, existen en nuestro país representaciones diplomáticas de Australia y Nueva Zelanda.
Otras consideraciones
Es oportuno reconocer la posición central de la institución parlamentaria como representante de la soberanía popular y expresión del pluralismo político. Pensamos que el seguimiento e impulso al trabajo desarrollado por la diplomacia tradicional, la desarrollada entre poderes ejecutivos, debe ser reforzado por los lazos entre los legisladores como representantes directos de los pueblos de México y de Oceanía, en el marco de la diplomacia parlamentaria, a través de la aprobación de la conformación de un grupo de amistad entre nuestro país y la región de Oceanía.
Es necesario reconocer que la función de la diplomacia parlamentaria debe ser de gran importancia para el ejercicio de la política internacional, al mismo tiempo que debe contribuir para que el legislador cuente con herramientas adicionales para el intercambio de información y de experiencias.
La diplomacia parlamentaria debe ser, además, un instrumento valioso de los parlamentarios para fomentar las relaciones de amistad y cooperación, que son de gran utilidad para nuestro país.
Así, los legisladores tienen las posibilidades de contribuir de manera importante para que la relación con Oceanía se robustezca y se tengan cada día mejores y más fuertes lazos entre nuestras naciones para el beneficio de nuestros ciudadanos.
Los parlamentarios pueden contribuir también a profundizar los compromisos que unen al México y Oceanía con la idea de avanzar en la construcción de posiciones comunes en los escenarios regional e internacional y en particular en las múltiples negociaciones comerciales en las que se hallan involucradas.
Asimismo, el intercambio y la cooperación parlamentarias pueden ayudar a afianzar la amistad, la comprensión y la cooperación entre los pueblos de México y los países de Oceanía, y afianzar el proceso de vinculación bilateral, en especial en lo que se refiere a los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales del mismo.
Algunos objetivos adicionales que la constitución del grupo de amistad puede arrojar a la relación entre ambas regiones son llevar a conocimiento de los gobiernos los asuntos de interés del grupo de amistad; fortalecer el diálogo y promover el intercambio de informaciones y experiencias, en especial mediante el desarrollo de la cooperación entre ambas partes; fomentar el análisis y estudio de temas de interés común, como los relativos a la legislación sobre integración y perfeccionamiento institucional; incrementar la mutua colaboración entre los servicios de documentación de ambas partes, así como promover la comunicación de las informaciones relativas a las actividades parlamentarias de interés recíproco; y organizar eventos académicos y científicos y manifestaciones culturales conjuntas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se constituye el Grupo de Amistad México-Oceanía de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, para la atención, intercambio legislativo, estudios y seguimiento de los vínculos bilaterales con esta región.
Segundo. El Grupo de Amistad México-Oceanía se formará con 10 legisladores; quedará integrado por las diputadas o diputados que al efecto designen los coordinadores de los grupos parlamentarios.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 15 días de febrero de 2007.
Diputados: Érick López Barriga, Rubén Aguilar Jiménez, Antonio Soto Sánchez, Miguel Ángel Arellano Pulido, Jesús Manuel Patrón Montalvo, Raúl Alejandro Padilla Orozco, Raúl Ríos Gamboa, Antonio Ortega Martínez, Rafael Villicaña García, Daniel Chávez García, Víctor Gabriel Varela López, Juan Carlos Velasco, César Horacio Duarte Jáquez, Alberto Amaro Corona, Alejandro Martínez Hernández, Alfredo Adolfo Ríos Camarena, Héctor Padilla Gutiérrez, Israel Beltrán Montes, José Rubén Escajeda Jiménez, José Rosas Aispuro Torres, Francisco Javier Santos Arreola, Juan Manuel San Martín Hernández, Martín Zepeda Hernández, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Juan Adolfo Orcí Martínez, Mario Enrique del Toro, Rosa Elva Soriano Sánchez, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, Concepción Ojeda Hernández, Francisco Márquez Tinoco, Mario Vallejo Estévez, Javier González Garza, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Alliet Marina Bautista Bravo, José Jacques y Medina, Jesús Humberto Zazueta Aguilar, Juan Darío Lemarroy Martínez, Érika Larregui Ángel, María Eugenia Campos Galván, José Manuel Minjares Jiménez, Felipe Díaz Garibay, Laura Angélica Rojas Hernández, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACIÓN CON LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS ENTRE LA JUVENTUD MEXICANA, A CARGO DE LA DIPUTADA ELIZABETH MORALES GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El miedo a ganar peso, la presión social y familiar, la influencia de la publicidad y la obsesión por tener un cuerpo perfecto pueden resultar fatales.
A raíz de la muerte de una modelo brasileña por anorexia ocurrida hace unas semanas, diversos medios de comunicación han venido presentando reportajes y entrevistas sobre el grave problema que representan los trastornos alimenticios.
En México, un caso reciente es el de Laura Guadalupe Morales, una oaxaqueña que en su obsesión por lucir bien en su boda, hoy se encuentra al borde de la muerte por la anorexia que padece; no ha podido ser atendida adecuadamente en su estado natal, por lo que ha tenido que ser trasladada al Distrito Federal.
Según especialistas, la anorexia y la bulimia son los trastornos que se presentan con mayor frecuencia, principalmente entre jóvenes de entre 13 y 20 años; sin embargo, cada vez son más las niñas y los niños que desde los 9 años de edad manifiestan su preocupación por aumentar de peso, o bien, que no están satisfechos con su imagen, lo cual indica que este problema podría alcanzar dimensiones mayores en un futuro cercano.
Se estima que la anorexia ataca a nueve mujeres por cada hombre, mientras que la bulimia se presenta en siete de ellas por cada tres varones.
Estos padecimientos, que de acuerdo con la Secretaría de Salud afectan a alrededor de 3 millones de mexicanos, presentan una serie de consecuencias que van desde problemas gastrointestinales y cardiacos, desnutrición, pérdida de cabello, palidez extrema, falta de energía, cambios en el estado de ánimo y en las relaciones interpersonales, hipertensión arterial, diabetes y hasta la muerte.
Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, 3.2 por ciento de los jóvenes encuestados aceptó haber practicado alguna conducta alimentaria de riesgo, como dietas, ayunos y exceso de ejercicio con el objetivo de bajar de peso; mientras, 18.3 por ciento reconoció que en los tres meses previos a la encuesta les preocupó engordar o consumir demasiado, o bien, perdieron el control para comer.
Pero no sólo quienes padecen esas enfermedades sufren: sus familias también resultan severamente afectadas. Lo más grave es que, en la mayoría de los casos, no cuentan con información y orientación adecuadas, con recursos económicos suficientes ni adónde acudir para solicitar ayuda.
Por ello es fundamental que el Estado mexicano considere este tema problema de salud pública que requiere atención inmediata.
Nuestra responsabilidad como legisladores es velar por el bienestar de nuestros representados; y desde la Cámara de Diputados podemos actuar en consecuencia.
No permitamos que nuestros jóvenes sigan siendo víctimas de estos padecimientos; estamos a tiempo de evitar muchas muertes.
Todos esos problemas tienen solución y quienes padecen estas enfermedades tienen derecho a vivir, a ser felices, a dejar de sufrir. Por eso hoy someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a implantar de inmediato, a través de la Secretaría de Salud y en los tres ámbitos de gobierno, programas específicos de atención integral, personalizada y profesional de personas que padezcan algún trastorno alimenticio.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a incluir en los planes de estudio del sistema educativo nacional información básica que permita a los niños, a los adolescentes y a los padres de familia detectar de manera oportuna y prevenir eficazmente cualquier tipo de trastorno alimenticio.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 15 de febrero de 2007.
Diputada Elizabeth Morales García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL DAÑO ECOLÓGICO CAUSADO POR LA ACTIVIDAD PETROLERA EN TAMAULIPAS, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS GONZÁLEZ MACÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Jesús González Macías, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicita se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El descubrimiento y la utilización del petróleo han transformado la vida de personas y la economía de las naciones, creando riqueza y generando empleos en los países.
Sin embargo, también enfrentamos una grave contaminación en los lugares donde se explota, refina, conduce y consume este hidrocarburo.
Se sabe que la formación del petróleo está asociada al desarrollo de rocas sedimentarias, depositadas en ambientes marinos o próximos al mar, y que es el resultado de procesos de descomposición de organismos de origen vegetal y animal que en tiempos remotos quedaron incorporados en esos depósitos.
Las exploraciones petroleras iniciaron hace más de 100 años, cuando las perforaciones se efectuaban cerca de filtraciones de petróleo, las cuales indicaban que el petróleo se encontraba bajo la superficie.
Hoy día, se utilizan técnicas sofisticadas, como mediciones sísmicas, de microorganismos e imágenes de satélite. Potentes computadoras asisten a los geólogos para interpretar sus descubrimientos. Pero, finalmente, sólo la perforadora puede determinar si existe o no petróleo bajo la superficie.
Con lo que respecta a México, la industria del petróleo inició su crecimiento real a partir de 1938, resultado de una cadena de hechos que habían puesto en entredicho la soberanía del país; por ello, el entonces Presidente Lázaro Cárdenas anunció que esta industria era totalmente mexicana, y es el 7 de junio de 1938, cuando se publicó el decreto de creación de Petróleos Mexicanos.
Actualmente, el procesamiento del petróleo crudo y del gas asociado se ha incrementado a nivel mundial en los últimos años, como resultado del crecimiento de la población que demanda mayor cantidad de combustibles y lubricantes, y del desarrollo de tecnologías que permiten el procesamiento de los hidrocarburos para la generación de productos de alto valor agregado de origen petroquímico.
Referente a Tamaulipas, su economía ocupa un lugar importante a nivel nacional, ya que contribuye significativamente a la producción nacional de hidrocarburos y a la producción agropecuaria.
Tampico es considerado el segundo puerto más importante del Golfo de México; además, de que se ha convertido en uno de los lugares más prósperos y atractivos para los turistas e inversionistas debido a sus múltiples ventajas: situación geográfica privilegiada, agua, clima adecuado, gran actividad comercial, buena calidad de vida para sus habitantes, entre otros.
Aunque en la zona conurbada del sur del estado de Tamaulipas, que incluye a los municipios de Tampico, Madero y Altamira, destacan los sectores comercial y de servicios, también es de señalarse que la actividad petrolera y la industria petroquímica contribuyen de forma importante en la expansión económica.
Estos beneficios vienen acompañados también de un serio problema de contaminación causado por la actividad de la industria petroquímica.
Por ejemplo, podemos citar lo ocurrido el día 4 de junio del año 2006, aproximadamente a las 9 horas, en el kilómetro 55.5 de la carretera Tampico-Mante, cuando se presentó una contingencia ambiental consistente en derrame de hidrocarburos (Gasoleo de vacío) de la línea 1 del oleoducto Madero-Cadereyta, por lo que a petición del gerente de Seguridad y Medio Ambiente del sector Ductos Madero perteneciente a Pemex-Refinación, a través del biólogo Daniel Horsman Paz, se decretó emergencia nacional, asistiendo personal de las direcciones de Protección Civil, Seguridad Pública y Bomberos del municipio de Altamira, Tamaulipas, quienes realizaron labores de búsqueda, salvamento y posterior evacuación de 26 personas, delimitando el área de seguridad, así como señalización y abanderamiento de la carretera federal en colaboración con la Policía Federal Preventiva, división Caminos Comandancia Altamira.
Conforme a la denuncia presentada por el doctor David Armando Valenzuela Arroyo, director de Ecología del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, quien compareció ante el agente del Ministerio Público de la Federación Especializado en Delitos Ambientales, el 24 de octubre del año 2006, podemos señalar lo siguiente:
Se afirma que se suspendió el bombeo de la línea 1 Madero-Cadereyta, iniciándose la recuperación de producto libre por compañías contratadas por Petróleos Mexicanos, procediendo además con la identificación de la falla y reparación de la misma y que durante 7 días se mantuvo el estado de emergencia, levantándose éste el día 12 del mismo mes y año, retirándose el personal del Ejército y continuando el estado de contingencia ambiental.
Después, se manifestó que se iniciaron pláticas con funcionarios de Pemex, firmándose el día 16 de junio de dicho año un convenio en el que se estableció la urgente remediación del derrame de gasoleo.
Se indica también que posterior a la reunión celebrada en la Ciudad de México, el día 21 de septiembre del 2006, convocada por el ingeniero Constantino Fernández Cabrera, subdirector de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental (DOSPA) de la Dirección Corporativa de Operaciones de Pemex y ante el temor de que la contaminación se extendiera hacia cuerpos de agua (estero La Tuna que es la fuente de captación de agua potable para la zona norte del municipio de Altamira), se reiteró el compromiso de remediar las consecuencias de la contingencia ambiental.
Sin embargo, según señala el documento legal, a finales del mes de octubre del año 2006, es decir, 4 meses después de ocurrida la contingencia, Pemex-Refinación no ha cumplido con lo convenido, situación que se ha agravado en virtud de las precipitaciones pluviales ocurridas durante el mes de octubre.
Esto ha generado escurrimientos de residuos del hidrocarburo derramado hacia los afluentes naturales del estero La Tuna, lo que pone en riesgo a la región norte del municipio (alrededor de 12 mil habitantes).
Lo anterior quedó confirmado con el resultado del análisis de agua del estero que realizó el laboratorio Index-Lab el 17 de octubre de 2006 (a cargo de la QFB Martha Izaguirre Villanueva con acreditamiento EMA número AG-143-022/04) a solicitud de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira Tamaulipas.
El laboratorio reportó el 19 de ese mismo mes y año, que se encontraban manchas de hidrocarburo aguas arriba del estero antes mencionado y que la concentración del hidrocarburo era de 32 miligramos por litro.
Aunado a lo anterior se presentaron pruebas que avalan lo antes mencionado como son los informes de la Comisión Nacional del Agua, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa-Altamira), así como 88 fotografías tomadas de los sitios que resultaron afectados por la precipitaciones pluviales.
Consecuencia del derrame, se firmó un convenio de colaboración entre Pemex, el gobierno de Tamaulipas, y el municipio de Altamira para dar seguimiento y solución a las demandas planteadas en materia de Seguridad Industrial, Protección Civil y Ambiental.
En este convenio se determina que el licenciado Pedro Carlos Gómez Flores, subdirector de Almacenamiento y Distribución de Pemex-Refinación, sería el funcionario que a nombre de Pemex informaría al gobierno de Tamaulipas (secretario general de Gobierno y director estatal de Protección Civil) de las contingencias que por su naturaleza pusieran en riesgo a la población y al entorno ecológico.
También se acordó que el ayuntamiento de Altamira acreditaría a través de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al personal calificado que participaría en el proceso de ejecución y supervisión de los trabajos de remediación de los suelos afectados, particularmente para tener información sobre la validación de carácter técnico.
Por otro lado, Pemex se comprometió a realizar el pago por afectaciones generados por el derrame, por lo que mantendrá la comunicación constante con el ayuntamiento de Altamira, así como:
2. Rehabilitación de caminos y calles dentro del municipio que utiliza Pemex (se indicaron 3 calles).
3. Rehabilitación de los accesos a las instalaciones de Pemex en el municipio de Altamira informándole a la Dirección de Desarrollo Urbano y Protección Civil, marcando las rutas de acceso para su verificación.
4. Notificación de todas las actividades que lleve a cabo Pemex dentro del municipio de Altamira, Tamaulipas (mantenimiento y construcción).
5. Implementación de un programa permanente de limpieza en los patios de los pozos de Pemex.
6. Saneamiento de presas con producto pasivo localizados dentro del municipio.
7. Localización de las líneas instaladas en el municipio indicando el producto que conducen.
Es necesario remarcar que existen también denuncias de particulares que se vieron afectados por el derrame; ellos son:
2. Fabiola Jeffries Martínez, propietaria de un inmueble con superficie de 25-35-46 hectáreas ubicado a la altura del kilómetro 55 de la carretera Tampico-Mante. La demandante expresa que, al igual que la anterior afectada, había solicitado en repetidas ocasiones la suspensión del ducto en comento, y que consecuencia a la evidente falta de mantenimiento, el 4 de junio se registró el derrame, introduciéndose el material a la casa habitación, provocando el deterioro y destrucción del mobiliario y de todos los artículos que se encontraban en el inmueble. Manifiesta también que el aviso fue inmediato, pero los encargados de la paraestatal respondieron de manera tardía, incrementándose con ello el daño.
También señalan que con respecto a los pasivos ambientales que ha dejado Pemex, y que ahora está tratando de manera que contraviene a lo estipulado en la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, ya que de igual manera, sólo se está recuperando la capa de hidrocarburo intemperizado el cual es retirado con maquinaria y transportado también a las instalaciones de la paraestatal.
Las emergencias ambientales generadas por la paraestatal Petróleos Mexicanos reportadas por la Profepa suman un total de mil 479 para el periodo 1997-2001 y se reporta que el 88 por ciento de estos eventos ocurren en los estados de Veracruz (502), Campeche (419) y Tabasco (391). Con respecto a Tamaulipas, para el año 2001, ocupaba el octavo lugar con 35 derrames.
Los derrames en ductos de Pemex-Refinación, se deben a tomas clandestinas, daños o averías, corrosión y fallas de material (reportadas por la Profepa, en orden de importancia) y principalmente por problemas de corrosión.
Los eventos de Pemex afectan especialmente al suelo, seguido del agua y por último del aire. Se reporta que una de las principales causas de los accidentes derivan por fallas de material; así como consecuencia de las tomas clandestinas, fallas de equipo y fallas humanas. No está demás manifestar que en el 11 por ciento de las contingencias se desconoce el origen.
Las principales sustancias involucradas son petróleo crudo, combustóleo, diesel, gasolina, turbosina, gas natural y amoníaco.
Para evitar futuras afectaciones tan graves al ambiente, Petróleos Mexicanos debería reforzar las tareas de mantenimiento, sobre todo de ductos en mal estado.
La autoridad competente para vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, quien cuenta con las facultades genéricas de representar los intereses de la sociedad y brindarle asesoría en asuntos competencia de las unidades administrativas, y solicitar ante las autoridades competentes, en lo que corresponda a las unidades administrativas de su adscripción, la revocación, modificación, suspensión o cancelación de autorizaciones, permisos, asignaciones, licencias o concesiones cuando las actividades autorizadas se conviertan en un riesgo para el equilibrio ecológico, lo perturben significativamente o contravengan las disposiciones jurídicas aplicables.
Por su parte, la Profepa actualmente cuenta con un Programa de Inspección y Vigilancia que tiene como objetivo principal, prevenir y controlar la contaminación ambiental, para evitar el deterioro de nuestro entorno y conocer la eficiencia de los procesos productivos y las actividades económicas, así como los costos asociados al control de los efectos negativos al ambiente, así como fomentar que las fuentes de contaminación de jurisdicción federal prevengan y controlen la contaminación, y restauren el medio ambiente y eviten impactos ambientales adversos derivados de la realización de sus actividades económicas, mediante la aplicación estricta de la ley.
Es así como mediante la presente proposición con punto de acuerdo, se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente i) vigile y evalúe que Petróleos Mexicanos cumpla las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental; la restauración de los recursos naturales, y la protección al ambiente, y ii) determine el monto del daño que Petróleos Mexicanos ha causado a los ecosistemas, y que exija a dicha paraestatal resarcir el daño causado al ambiente por la actividad petrolera en el estado de Tamaulipas.
Por lo expuesto, el legislador que suscribe, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente:
II. Determine el monto del daño que Petróleos Mexicanos ha causado a los ecosistemas, y que exija a dicha paraestatal resarcir el daño causado al ambiente por la actividad petrolera en el estado de Tamaulipas.
Diputado Jesús González Macías (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA INVESTIGAR EL RESCATE CARRETERO Y EL FIDEICOMISO DE APOYO AL RESCATE DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Los suscritos, diputados federales del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica y 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos la integración de una comisión especial para investigar el rescate carretero y el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), de conformidad con los siguientes
Antecedentes
1. El 27 de agosto de 1997 el rescate de las carreteras concesionadas, mediante el pago de pagarés de indemnización de carreteras (PIC) y de la asunción de una deuda de los concesionarios por 58 mil 123 millones de pesos (mdp).
2. Durante los últimos años el gobierno federal ha recurrido a la creación de múltiples fideicomisos, ya que la existencia del llamado "secreto fiduciario" le ha permitido operar de manera discrecional y al margen del control presupuestario que tiene la cámara de diputados.
3. El instrumento para llevar a cabo el rescate fue la constitución de un fideicomiso en Banobras denominado FARAC, dónde la institución actúa como fideicomitente y fiduciario.
Considerando
1. Que un fideicomiso es un contrato mercantil por virtud del cual una persona que se denominará fideicomitente, entrega bienes o derechos a otra que se denominará fiduciaria, para que ésta los administre y realice con ellos el cumplimiento de finalidades lícitas, determinadas y posibles; una vez que éstos sean cumplidos, destine los bienes, derechos y provechos aportados y los que se hayan generado a favor de otra persona que se denomina fideicomisario, que puede ser el propio fideicomitente.
2. Que conforme a lo anterior sólo un fideicomiso es un contrato mercantil, mediante el cual una persona (física o moral) destina ciertos bienes a un fin determinado, y cuya realización encarga a una institución fiduciaria.
3. Que la persona que hace el encargo, es decir, que destina los bienes, recibe el nombre de "fideicomitente"; que en el caso del FARAC fue el Banobras, quien recibió las carreteras que el gobierno federal prácticamente nacionalizó en 1997.
4. Que la institución que realiza el encargo, recibe el nombre de "fiduciario", es en el caso del rescate carretero el propio Banobras.
5. Que la persona que recibe los beneficios de ese encargo, es denominada "fideicomisaria", y en términos del rescate carretero es el propio gobierno federal quien recibe los recursos para indemnizar a los ex accionistas de las carreteras rescatadas.
6. Que en la constitución y operación del FARAC, el Banobras esta actuando con absoluta discrecionalidad y sin rendirle cuentas de sus acciones a ninguna autoridad, debido a que de acuerdo a la figura jurídica del fideicomiso, el banco es juez y parte, en otras palabras el propio Banobras se asignó recursos para manejarlos él mismo, por lo anterior el manejo que le puede dar a ellos, es absolutamente discrecional.
7. Que la ilegalidad del fideicomiso del rescate carretero se confirma si revisamos el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que establece en su segundo párrafo que en los fideicomisos constituidos por el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fungirá como fideicomitente único de la administración pública.
8. Por lo anterior en el caso del FARAC se está violando abiertamente esta disposición en virtud de que Banobras es el fiduciario y fideicomitente, tal y como lo señala la Auditoría Superior de la Federación en su informe sobre la revisión de la Cuenta Pública del 2002, a quién se le ha negado información argumentando el secreto fiduciario.
9. Que entre 1997 y 2006 este Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas emitió pagarés de indemnización carretera y asumió pasivos bancarios avalados por el gobierno federal, que a junio de 2006 sumaban aproximadamente 150 mil mdp.
10. Que en los informe sobre la revisión de la Cuenta Pública de los años 2001 y 2002 se señala que durante la construcción de diversas autopistas de cuota los concesionarios de ellas enfrentaron importantes incrementos en los costos de construcción que se combinaron con las sobrestimaciones de aforo vehicular que habían proyectado inicialmente, dando como consecuencia problemas en la operación, mantenimiento, y amortización en los créditos contratados con la banca.
11. Que al generar este fideicomiso una deuda para los contribuyentes de poco más de 150 mil millones de pesos se convierte en un asunto de interés público y, dado el impacto presupuestario, de esta deuda lo convierte también en materia de estudio y análisis de esta cámara de diputados.
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores suscritos proponemos ante esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores suscritos presentamos pedido para la integración de la comisión especial para investigar el rescate carretero y el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas.
Segundo. La comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. Esta comisión de investigación contará con los recursos materiales y financieros necesarios para el desempeño de sus funciones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2007.
(Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A IMPULSAR EL MICROFINANCIAMIENTOS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA ARRIOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
La suscrita, diputada federal Mónica T. Arriola Gordillo, en nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza y de los diputados firmantes, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante el que se exhorta al gobierno federal a incentivar la creación de microfinanciamientos para jóvenes emprendedores mexicanos, con base en las siguientes
Consideraciones
Conocido mundialmente por su invención del sistema de microcréditos, el llamado "banquero de los pobres", Muhammad Yunus, premio Nobel de la Paz, en su esfuerzo por "crear desarrollo económico y social desde abajo", defiende el crédito Grameen, el cual se otorga sólo a personas que carecen de propiedad de bienes inmuebles. Casi todos los préstamos se hacen a mujeres debido a que, en palabras del premio Nobel, "cuando una mujer consigue rendimientos por su actividad, los que se benefician en primer lugar son sus propios hijos". Los préstamos se hacen a grupos de al menos cinco personas de forma que haya entre ellas una posibilidad de ayuda mutua y cierta presión social que impulse a la devolución. Más de 90 por ciento de los créditos son devueltos satisfactoriamente. Sin embargo, los microcréditos se han venido extendiendo alrededor del mundo en diferentes modalidades. Cabe mencionar que en nuestro país, aunque ya se han dado diversas líneas en este sentido, sobre todo para mujeres, los microcréditos para los jóvenes son relativamente pocos.
En sustancia, las políticas de microcréditos buscan combatir la pobreza con base en las oportunidades que ofrece el mercado, a la vez que incentivan el desarrollo de habilidades emprendedoras, mediante el uso de vínculos solidarios comunales y de las nuevas tecnologías.
En América Latina no es nueva la implantación de políticas de microcréditos. Entre los casos más conocidos se encuentran las microfinancieras BancoSol, Prodem y Caja los Andes, en Bolivia; la Cooperativa Emprender y Fidamérica, en Colombia; el Banco de Desarrollo, en Chile; Chispa, en Nicaragua; Fed, en Ecuador; y Mibanco en Perú.
En el caso mexicano, desde hace ya varios años la sociedad civil ha experimentado, con logros significativos, diversas modalidades de políticas financieras. Ejemplos son los casos de la Federación Mexicana de Asociaciones Privadas para el Desarrollo de la Salud y las Comunidades; el de las del Centro de Apoyo al Microempresario, y las de Compartamos, organización fundada en 1991, que sirve a las mujeres rurales y que se ha convertido en una de las más grandes microfinancieras de América Latina.
México cuenta con un enorme sector informal y de pequeña empresa. Se calcula que aproximadamente dos tercios del empleo total en México es generado por ellas. La importancia de las micro y pequeñas empresas como el sector que genera más empleo impulsó para el periodo 1991-1994 la puesta en marcha del Programa para la Modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana. A través de dicho programa, Nafin adquirió un papel protagónico como promotor del sector microempresarial por medio de las llamadas organizaciones "de segundo piso". Empero, la falta de un marco legal apropiado, combinada con la escasa capacidad de supervisión por las entidades responsables, provocó diversas irregularidades como fraudes.
Durante la administración del Presidente Fox, la estrategia microcrediticia mexicana pretendía ser integrada como uno de los pilares de política pública para el combate de la pobreza. En este tenor, en 2001 el gobierno mexicano anunció oficialmente la puesta en marcha del programa de microcréditos. Las acciones implantadas por el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales, o Fonaes, y el Crédito a la Palabra son los más destacados.
Algunas ONG han tenido un éxito considerable en la prestación de servicios de microfinanciamiento. Muchas ONG surgieron tras el terremoto de 1985, y comenzaron a ofrecer programas de generación de empleo y pequeños préstamos para la población afectada. En el caso de Emprendedores, la mecánica de asignación de microcréditos en esas organizaciones se ha basado en el apoyo de negocios estables existentes.
Explotar y fortalecer lazos comunitarios, incentivar las capacidades emprendedoras en los más necesitados, aprovechar los medios que proporciona el avance tecnológico, y ampliar su uso, disposición y beneficio hacia colectivos más amplios son, entre muchas más, estrategias que se orientan a los objetivos de ampliar el espectro de oportunidades económicas, mejorar las condiciones de vida y aliviar la pobreza extrema en nuestro país.
Podemos sugerir que como ningún otro mecanismo de combate de la pobreza, las políticas de microcréditos pretenden fusionar las estrategias antes citadas, para la efectiva inserción en la economía de los sectores más pobres, pero también de todos los grupos o individuos emprendedores, ya que con ellas se busca ofrecer al individuo una base material mínima inicial que le facilite el inicio de una actividad económica y su inserción en el mercado.
En materia de jóvenes, muchas de las iniciativas en nuestro país son implantadas por parte de las mencionadas ONG, o por bancos privados. Las ONG han proveído a la juventud de programas de entrenamiento que buscan desarrollar sus habilidades en torno del propio trabajo, y en cuanto a aptitudes emprendedoras. Sin embargo, la mayoría de estas iniciativas no son tomadas con seriedad y son concebidas como demasiado pequeñas en escala, y con fuertes carencias en materia de recursos para atacar certeramente el problema relacionado con la falta de empleo entre la juventud mexicana.
Por consiguiente, para generar un impacto real en la reducción de la pobreza, el reto consiste en subir de escala los diversos aspectos de las iniciativas de jóvenes emprendedores.
Resulta indispensable incrementar el compromiso financiero y crediticio hacia las iniciativas de empleo de la juventud en nuestro país.
No obstante, cabe mencionar que en nuestro país sin duda subsisten impedimentos y limitaciones que obstaculizan el acceso de los jóvenes al respaldo empresarial en materia de financiamiento, capacitación, información, asesoría técnica y promoción comercial, entre otros. Sin acceso a una información adecuada y oportuna no se pueden alcanzar niveles de competitividad adecuados para sobrevivir en un contexto de globalización.
Cuando un joven emprendedor está dispuesto a poner en riesgo su esfuerzo, su talento y su patrimonio para incursionar en el mundo empresarial sin mayor protección que su propia capacidad, destreza y habilidades, las instituciones de fomento públicas y privadas se deben ver obligadas a contribuir a que éste reciba un respaldo adecuado, oportuno, accesible y competitivo. Deben entender también que los jóvenes presentan una reducida capacidad de negociación individual, así como carencia de técnicas elementales de comercialización, y de políticas y procedimientos adecuados de adquisición.
Esperando siempre una respuesta positiva, y tomando en cuenta las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y para que sea considerado de urgente y obvia resolución, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal a incentivar la creación de microfinanciamientos para jóvenes emprendedores mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 15 de febrero de 2007.
Diputada Mónica Arriola (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE ESTABLEZCA LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo para solicitar respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal que, en el ámbito de sus facultades, instrumente los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, bajo los siguientes
Antecedentes
Los resultados de la investigación científica y sus aplicaciones tecnológicas intervienen en todos los aspectos de la sociedad moderna.
En materia de Ciencia y Tecnología, México se encuentra extraordinariamente rezagado con un aparato científico y tecnológico pequeño, mal distribuido y poco vinculado al apoyo de las actividades económicas en el país.
La inserción de los países latinoamericanos en la globalización los ubica en una situación de mayor competencia en todos los niveles, la cual se apoya fuertemente en los nuevos descubrimientos científicos y en la generación de nuevas y mejores tecnologías.
Nuestro país cuenta con la comunidad científica más pequeña con respecto de su población, la diferencia en los tamaños de las comunidades científicas es significativa, incluso en comparación con economías similares a la de México.
El promedio de productividad científica por investigador en México está muy cerca de los niveles de Estados Unidos y por encima de naciones como Brasil y Corea del Sur; sin embargo, la tasa de crecimiento es menor a la del resto de las naciones en vías de desarrollo.
Según cifras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el gasto por investigador es equiparable al de otras naciones, de hecho muy por encima de otras naciones que invierten más en ciencia y tecnología. Entre 1993 y 1999 este indicador mostró un crecimiento importante, pero desde 1999 ha experimentado una caída drástica, contrayéndose 3.8 por ciento cada año.
Por la realidad antes descrita, el gobierno federal impulsó en la administración pasada iniciativas de reformas a la Ley Federal de Ciencia y Tecnología, en la cual se mandató un gasto anual de 1 por ciento del producto interno bruto para este rubro.
El Distrito Federal es, sin duda, una región importante en el avance de la ciencia y la tecnología del país, toda vez que su territorio alberga una gran cantidad de centros académicos, de estudio e investigación, que fortalecen en gran medida la producción de investigadores y personas dedicadas a la Ciencia, que coadyuvan al desarrollo de este rubro en el país.
En la Ciudad de México se ha excluido la inversión en investigación científica y tecnológica, toda vez que en el presupuesto de egresos de 2003, únicamente se destinó 5 millones 490 mil 219 pesos como apoyo y fomento a la inversión y desarrollo tecnológico.
Con fecha 28 de marzo de 2000 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Ley del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, con la cual se creaba el instituto como un órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es asesorar y auxiliar al jefe de Gobierno del Distrito Federal en la fijación, instrumentación y evaluación de la política de ciencia y tecnología en la ciudad, así como ser medio de vinculación con los centros e institutos de investigación públicos y privados.
El proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal respondía a la necesidad de contar con un centro de investigación que atendiera las diferentes problemáticas de la Ciudad de México, como son el hundimiento, la contaminación, el uso del agua, transporte, flujo vehicular; de ahí la importancia de crear este instituto en el Distrito Federal, que funcione como órgano asesor del jefe de Gobierno y de las diferentes secretarías para llevar a cabo los programas de investigación que tienen que ver con la Ciudad de México.
De conformidad con el artículo primero transitorio de dicha ley, el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal debió iniciar operaciones el 2 de enero de 2001, para lo cual las autoridades competentes debieron realizar todos los actos y trámites necesarios para iniciar su operación.
En abril del 2003 y en junio pasado se hicieron algunas reformas a la ley de creación del Instituto. La primera, a propuesta del Partido Acción Nacional, para añadir a las funciones del nuevo organismo la de incentivar a los investigadores que presenten inventos susceptibles de aplicación industrial o de mejoras técnicas. La segunda, otra vez para precisar las funciones del Instituto y el procedimiento para el nombramiento de sus funcionarios, y también para puntualizar, en artículos transitorios, que a más tardar en octubre del año pasado estarían nombrados los funcionarios, se establecerían los recursos en el Presupuesto de Egresos de este año y el 2 de enero de este año estaría en operación.
En el decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2007, al Instituto de Ciencia y Tecnología le fue otorgado un presupuesto de 100 millones de pesos para iniciar su operación, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, designó a la doctora Esther Orozco Orozco como titular del mismo.
Después de casi cinco años para que el Gobierno de la Ciudad dotara de recursos al instituto es de imperiosa necesidad que el Ejecutivo local instrumente los mecanismos necesarios para que dicha entidad inicie sus actividades.
Considerandos
Primero. Que para lograr el avance del país y de la Ciudad de México, es necesario establecer una sólida infraestructura científica y tecnológica, así como contar con una comunidad de investigación que conozca el nivel de desarrollo actual en las esferas científicas y tecnológicas, viendo dichos rubros áreas estratégicas en las cuales debe basarse el desarrollo presente y futuro de la capital del país;
Segundo. Que la ciencia y la tecnología son factores determinantes para incrementar el bienestar de la población, así como elementos indispensables para la solución de problemas esenciales de la sociedad y apoyo en el desarrollo de procesos productivo;
Tercero. Que para que la Ciudad de México forme parte de las grandes urbes económicas debe alcanzar los niveles más altos en tecnología, para que éste funja como factor en el crecimiento económico y que es justamente la inversión en ciencia y tecnología lo que permite generar empleos, evitar la fuga de cerebros y la migración de mano de obra que no encuentra las oportunidades para vivir;
Cuarto. Que se necesita de recursos económicos suficientes que permitan la apertura y primeros pasos del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, para poder contar con un espacio físico, personal, bienes muebles, equipos de cómputo, promoción, bibliografía, etcétera, y así poder iniciar con la realización de los objetivos como lo es ser un organismo de consulta del gobierno local, promotor de relaciones y vínculos, coordinador de los centros de investigación y enseñanza superior, así como asesor de las dependencias y entidades de la administración pública local, entre otras;
Quinto. Que en la administración pasada el gobierno de la ciudad incumplió la Ley del Instituto de Ciencia y Tecnología, que ordena la creación del organismo del mismo nombre, así como la negativa durante este tiempo para otorgar el presupuesto correspondiente;
Sexto. Que una vez creado el Instituto de Ciencia y Tecnología de esta capital, éste colaborará en beneficio de los habitantes del Distrito Federal;
Séptimo. Que a pesar de que es modesto el presupuesto otorgado al instituto para el presente año, deberá éste comenzar a trabajar con los sectores involucrados y cumplir los objetivos planteados;
Octavo. Que en tanto, el naciente Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, que en el Presupuesto enviado por Ejecutivo local contemplaba un presupuesto de 60 millones de pesos, logró un incremento de 40 millones en la Asamblea Legislativa, con lo que ejercerá un total de 100 millones de pesos en este 2007; y
Noveno. Que el presupuesto de 100 millones de pesos para que opere el instituto y la designación de la doctora Esther Orozco Orozco, como directora del instituto, es un paso importante para en el impulso que a la ciencia y tecnología se pretende dar en la ciudad; por eso es necesario que el jefe de Gobierno coadyuve a la pronta instalación de la entidad y comience a laborar en el objeto de su creación.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus facultades, instrumente los mecanismos necesarios para que se instale e inicie sus operaciones el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.
Diputada María Gabriela González Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA A INVESTIGAR LA CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS CONCESIONARIAS DE TELEVISIÓN POR CABLE QUE REALIZA EL GRUPO TELEVISA, A CARGO DEL DIPUTADO RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Raymundo Cárdenas Hernández, diputado federal por Zacatecas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Las condiciones económicas de nuestro país, las relaciones de complicidad entre gobierno y los privilegios empresariales, y la omisión manifiesta de las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón para combatir a los monopolios han traído como consecuencia una profunda desigualdad en la sociedad y el enriquecimiento inmoral y desmedido de empresas y empresarios que gozan de este tipo de privilegios.
El gobernador del Banco de México, a finales del año pasado, señaló la necesidad que tiene nuestro país de combatir a los monopolios y establecer condiciones propicias para el sano desarrollo de las empresas mexicanas. Hizo hincapié en que los sectores regulados, como el transporte, los servicios financieros y las telecomunicaciones, son las áreas de la economía en las con más frecuencia se observa la presencia de agentes dominantes que inhiben el desenvolvimiento de sus competidores.
En lo que a telecomunicaciones respecta, los focos de atención han estado centrados en empresas filiales del Grupo Carso (Telmex y América Móvil), que en el mercado de telefonía sostienen una posición dominante y monopólica, sin que a la fecha alguna autoridad haya tomado acciones para corregir los vicios que distorsionan la sana competencia entre competidores de este mercado.
Sin embargo, en el ámbito de las telecomunicaciones existe otro agente económico, que hace uso y abuso de sus privilegios como concesionario de medios de comunicación para asegurar así su preeminencia sobre sus competidores y ahora también sobre instituciones y personas.
Grupo Televisa concentra una gran cantidad de concesiones de radio y televisión así como otros medios de comunicación a lo largo y ancho del territorio nacional. Hace tiempo que su enorme influencia dejó de circunscribirse exclusivamente al ámbito económico para trasladarse a esferas tan delicadas como la vida institucional y política de nuestro país. Fuimos testigos en el Senado de la República, y directamente participamos de ese debate en el seno de las comisiones dictaminadoras de la forma en que Grupo Televisa logró la aprobación de su ley a pesar de los muchos argumentos que se vertieron en contra de la imposición de su voluntad sobre la de los legítimos intereses del país. Proceso que ha sido calificado como un penoso sometimiento del Congreso a los dictados de esa empresa, y como lo dijera anteayer la periodista Carmen Aristegui, "simple y sencillamente constituyó un atropello".
Tan es así que hoy mismo se publica en algunos periódicos de la capital del país, la recomendación al gobierno mexicano por parte de la OCDE, el llamado club de los países ricos, para que sean realmente revisadas esas reformas legales que, a decir del organismo, aseguraron privilegios a los dos principales empresas televisoras del país. Como estará de grave este esquema legal para que haya suscitado una mención en el informe público anual de este organismo internacional.
Dentro de sus muchas áreas de influencia, Grupo Televisa, a través de su filial Cablevisión ha intentado en diversas ocasiones aumentar su poder en el ámbito de la televisión restringida, donde ya cuenta con una presencia nacional muy importante a través del sistema SKY y de Televisa Networks, empresa comercializadora de canales de televisión de paga con presencia en casi todos los sistemas de televisión por cable que operan en territorio mexicano.
La prensa nacional dio cuenta recientemente de dos operaciones realizadas por este Grupo: por una parte, la adquisición del sistema de televisión por cable que opera en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y por otra, la adquisición del consorcio Cablemás, empresa que opera concesiones de televisión por cable en prácticamente 50 ciudades, con una cobertura de más de 700 mil suscriptores.
Respecto de la adquisición de Cablevisión de Monterrey, la prensa reportó que la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) rechazó en principio esta operación, condicionando a Grupo Televisa a una serie de requisitos que a la fecha no han sido del conocimiento público. Ahora bien, por lo que hace a la adquisición de Cablemás, la prensa reporta que presumiblemente Grupo Televisa prefirió simular una operación financiera que le permite, por una parte, obtener el control de este consorcio y, por la otra, evitar el trámite de la Cofeco, que previsiblemente hubiera sido rechazado en razón de los niveles de concentración y dominancia alcanzados.
Varios agentes de bolsa, a través de boletines informativos, han informado al público inversionista de la consumación de ambas operaciones, lo que deja de manifiesto la simulación que presumiblemente estaría llevando Grupo Televisa al adquirir y controlar sistemas de televisión por cable a través de un complejo andamiaje financiero y al margen de lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de monopolios y concentraciones.
Es previsible que Grupo Televisa continúe adquiriendo sistemas de cable utilizando a Cable más como la empresa adquirente de estos sistemas evadiendo así la acción de la autoridad en materia de competencia.
La Comisión Federal de Competencia (Cofeco), creada en 1993, es un órgano de la Secretaría de Economía con autonomía técnica y operativa encargada de aplicar la Ley Federal de Competencia Económica. El objetivo de esta Ley es promover la eficiencia económica y proteger el proceso de competencia y libre concurrencia. Los principales beneficiados por la competencia son los consumidores. La competencia incrementa la eficiencia de las empresas y tiene un alto impacto en la competitividad internacional de México. La Cofeco ha establecido como política mantener o ampliar sus actividades en materia de prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas, bajo un esquema de mejora continua. Para estos efectos aplica procedimientos acordes a la legislación de competencia, sujetos a plazos, en la investigación de prácticas monopólicas y concentraciones.
El artículo 23 de la Ley Federal de Competencia Económica establece:
I. Investigar la existencia de monopolios, prácticas monopólicas, estancos o concentraciones contrarias, a esta ley para lo cual podrá requerir a los particulares y agentes económicos la información o documentos que estime relevantes y pertinentes."
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta a la Comisión Federal de Competencia para que en al ámbito de su competencia inicie con carácter urgente una investigación respecto de la concentración que grupo Televisa ha venido realizando a través de la adquisición de empresas concesionarias de televisión por cable e informe a esta soberanía de los avances y resultados de dicha investigación a través de los canales institucionales conducentes.
Salón de sesiones de San Lázaro, a 15 de febrero de 2007.
Diputado Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL QUE INFORMEN ACERCA DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES EMPRENDIDOS PARA EL DESARROLLO DE PUEBLOS QUE VIVEN EN EL BOSQUE, A CARGO DEL DIPUTADO JOEL GUERRERO JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Joel Guerrero Juárez, presidente de la Comisión Especial de atención a pueblos que viven en el bosque, en nombre de los integrantes de ésta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo –de urgente y obvia resolución– por el que se solicita a las dependencias del Ejecutivo federal, (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretará de Desarrollo Rural, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Secretaría de la Reforma Agraria), informen a esta Cámara de Diputados, sobre los programas y acciones concretos emprendidos para el desarrollo de los pueblos que viven en el bosque. Así como para que modifique las reglas de operación de los programas forestales y elabore un programa especial de atención a pueblos y comunidades que viven en el bosque.
Exposición de Motivos
Los bosques albergan al aproximadamente al 10 por ciento de la población mundial. En México alrededor 10 millones de habitantes viven en el bosque, de los cuales al menos 5 millones son campesinos e indígenas.
El 80 por ciento de los bosques y las selvas del país pertenecen a ejidos y comunidades y tienen en sus manos gran parte de la diversidad biológica.
Dos terceras partes de la gente que vive en los bosques es pobre y depende de los recursos forestales para subsistir, algunos municipios indígenas presentan grados de subdesarrollo similares a los países más pobres de África, es decir, estamos hablando de uno de los sectores más vulnerables, y marginados del país.
La falta de una política de estado, clara y enfocada a la atención de estas comunidades, ha resultado en un marcado deterioro ambiental, así como de las condiciones de vida de sus habitantes, de ahí que por lo que los niveles de migración han aumentado considerablemente y son dramáticos, debido a la pobreza y marginación, lo que conlleva a la desintegración familiar y de salud.
Por otra parte, estas condiciones han empujado a los habitantes del bosque a caer en las garras de la delincuencia que se aprovecha de sus necesidades para obligarlos a la producción y comercio ilícito de drogas.
Es reiterada la demanda de estas comunidades, de una verdadera política de estado para un desarrollo sustentable en estas regiones, adaptadas a sus condiciones y necesidades.
El presupuesto de los programas destinados al sector forestal no corresponde a la enorme contribución que éste hace a la economía nacional, además las reglas de operación de dichos programas se enfocan prioritariamente a aspectos exclusivamente ambientales, olvidándose de la gente que vive en el bosque.
Está demostrado que los habitantes del bosque son sus mejores guardianes, que básicamente de ellos depende la conservación de estos ecosistemas, lo que hace indispensable establecer una política pública que se focalice concretamente a la atención y apoyo de estas comunidades.
Estas demandas me traen a esta tribuna para solicitar su apoyo y respaldar este punto de acuerdo.
Por lo que someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Con carácter de urgente y obvia resolución.
Primero. Se solicita a las dependencias del Ejecutivo federal, (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretará de Desarrollo Rural, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Secretaría de la Reforma Agraria), informen a esta Cámara de Diputados, sobre los programas y acciones concretas emprendidas para el desarrollo de los pueblos que viven en el bosque.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal para que modifique las reglas de operación de los programas forestales a fin de atender las necesidades de los pueblos que viven en el bosque.
Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de sus dependencias correspondientes, elabore un programa especial de atención a pueblos y comunidades que viven en el bosque, en el cual se incluyan: la de protección y cuidado del bosque, el empleo, la vivienda, la educación y la salud.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero del año 2007.
Diputados: Joel Guerrero Juárez (rúbrica), presidente; Juan Victoria Alva (rúbrica), Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), secretarios.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO XAVIER LÓPEZ ADAME, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Antonio Xavier López Adame, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración del Pleno para su lectura y turno a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que efectúe lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 15 días del mes de febrero del 2007.
Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA STPS A REALIZAR INSPECCIONES PARA VERIFICAR QUE LAS EMPRESAS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO CUMPLAN LAS NORMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE, A CARGO DEL DIPUTADO ENRIQUE RODRÍGUEZ URESTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución.
Consideraciones
El compromiso de la LX Legislatura ha sido muy claro: su interés de intervenir y coadyuvar para resolver los problemas de distinta índole que vulneran los derechos y el bienestar de la población. La sociedad reclama que el Estado proporcione certeza jurídica, social y laboral para el sano desarrollo de las diferentes actividades; sin embargo, parece que no hay acción de la autoridad para cumplir su objetivo y, en este caso, quiero referirme a la industria del gas licuado de petróleo.
Me desperté por el ruidoso motor de un camión y el olor a gas. Junto a la ventana un despachador de auto tanque llenaba cilindros de gas apuradamente… En mis recorridos por el tercer distrito electoral federal, en San Luis Potosí, he recogido una sentida y urgente petición de la población: el cumplimiento de las normas de seguridad en el reparto del gas doméstico. Es inaceptable que el llenado de los tanques de este gas se realice del auto tanque al cilindro, en plena calle frente, al domicilio de quien tiene la necesidad de comprarlo, sin que los repartidores de tengan ninguna medida de seguridad, dejando escapar cantidades de gas que en cualquier momento pueden provocar una explosión y poner en riesgo la integridad de los ciudadanos.
Me han manifestado también (y a simple vista se puede observar) que el equipo de distribución no cumple los requerimientos mínimos de seguridad: autos tanque viejos con partes desgastadas, cilindros de gas con gran deterioro que por más exhortos de la autoridad para sustituirlos las empresas ponen oídos sordos, dejando en la indefensión al ciudadano.
Basta citar que en días pasados por un auto tanque en mal estado se suscitó un accidente en la capital del estado, que por la oportuna intervención de los cuerpos de seguridad y el ejército no pasó a mayores.
Es importante señalar que en la mayoría de los municipios no existe la infraestructura en materia de protección civil para atender de manera oportuna un siniestro de esta naturaleza.
No se debe medrar con la necesidad de la sociedad; no se debe permitir que las empresas del ramo, por maximizar sus ganancias, pongan en riesgo a sus trabajadores y a la población; es muy lamentable que no aprendan de accidentes fatales (Pasta de Conchos) que se pudieron prevenir al sujetarse a la normatividad en la materia. Debemos evitar que nuevamente suceda una tragedia. Los ciudadanos nos lo demandan; el Legislativo debe cumplir.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Cámara de Diputados exhorte de manera urgente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a realizar inspecciones, para verificar que las empresas del gas cumplan en materia de seguridad e higiene, sujetándose a los lineamientos establecidos para su buen funcionamiento, para que se permita garantizar seguridad y no se ponga en riesgo la salud y la vida de sus trabajadores y de los ciudadanos.
Segundo. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Procuraduría Federal del Consumidor a verificar que los cilindros de gas cumplan las normas de calidad, a fin de ser usados sin riesgo para la población, así como a garantizar que se respete el precio oficial de venta.
Salón de sesiones, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2007.
Diputado Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A HACER UN LLAMADO AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA QUE FRENE LOS ABUSOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS DE CONNACIONALES, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ EDMUNDO RAMÍREZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado federal del Grupo Parlamentario del PRI, José Edmundo Ramírez Martínez, integrante de esta LX Legislatura, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Por la magnitud de los volúmenes de población que a nivel mundial implica el fenómeno migratorio, se obliga a los gobiernos de los países a realizar acciones de política pública y de Estado, comprendiendo a la migración como un todo, integrándola en una sola visión, causas y consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales, pero sobre todo, garantizando el respecto irrestricto a los derechos humanos.
La migración es un fenómeno social de enorme trascendencia en la vida nacional de México. Somos un país de origen, tránsito y destino de trabajadores migratorios y sus familias. En otras palabras, este fenómeno afecta a nacionales mexicanos residentes en el exterior, así como también, a los que se encuentran dentro del territorio mexicano.
En este contexto, para el Grupo Parlamentario del PRI en esta LX Legislatura, el tema migratorio es una prioridad nacional y uno de los fenómenos estratégicos que tiene que enfrentar el Estado mexicano, para poder construir relaciones más dinámicas y de corresponsabilidad entre México y Estados Unidos, y que tengan como objetivo primordial el sentar las bases para una política de Estado en materia migratoria viable, permanente e integral.
El papel de esta soberanía entre otras cosas se debe de enfocar en construir, de manera constante y permanentemente, un dialogo abierto y una negociación justa sobre este tema con nuestros vecinos del norte.
Sin embargo, no es posible dejar de pronunciarnos desde esta tribuna, de manera enérgica, para condenar y rechazar los actos de violencia, racismo y xenofobia que reciben los que intentan migrar al país del norte en busca de una forma digna de trabajo, que por desgracia, no pueden encontrar en nuestro territorio.
Como legisladores debemos de ser enérgicos y solidarios con nuestros connacionales y exigir al gobierno estadounidense que garantice el respeto fundamental a lo más valioso de un ser humano, su vida. Los migrantes son gente en busca de esperanza para ellos y sus familias y que sin duda con su trabajo físico e intelectual, contribuyen de manera fundamental al desarrollo de ese país y no es posible que se les trate como delincuentes y en muchos de los casos se les cace como animales. ¡No más violencia en contra de nuestros hermanos migrantes!
Los hechos ocurridos en días recientes, ponen de manifiesto la importancia de lograr un acuerdo migratorio con Estados Unidos, que facilite la migración segura y ordenada de nuestros connacionales, que redunde en beneficio para ambos países.
La muerte de connacionales es una situación inaceptable que atenta en contra de los derechos humanos y la dignidad de la persona. Es un acto indigno que lastima las relaciones diplomáticas de los dos países y genera un entorno de inconformidad, de irritación y de molestia.
De acuerdo a Eduardo Ibarra Aguirre y a un reporte de la American Inmigration Law Fundation se documenta que entre 2 mil y 3 mil cadáveres de hombres, mujeres y niños han sido encontrados en los últimos 12 años a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos.
La cifra más exacta la aporta el profesor Wayne Cornelius, de la Universidad de California en San Diego: 2 mil 798 cuerpos de indocumentados han sido recuperados en territorio de Estados Unidos, entre 1995 y 2004. Éste hace un planteamiento estremecedor para el presente y el futuro de los flujos migratorios. Revelando también que la doble moral del discurso de los arquitectos estadounidenses del modelo unipolar no sólo es inadmisible, sino también imposible de llevar a la práctica, como recordó Vladimir Putin a un George Bush en bancarrota.
El planteamiento es que para poner esta tasa de mortalidad en perspectiva, la frontera fortificada de Estados Unidos con México ha sido 10 veces más mortal para migrantes de México durante los recientes nueve años que lo que fue el muro de Berlín para los alemanes orientales durante sus 28 años de existencia.
El día de hoy tenemos la obligación y la oportunidad de que, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso mexicano, colaboren de manera articulada para generar políticas públicas y de Estado que disminuyan los niveles de migración, además, para el PRI, es una gran preocupación que este tipo de acciones reprobables en todo sentido se han convertido en un asunto cada vez más recurrente.
En el Grupo Parlamentario del PRI lamentamos profundamente estos hechos, ocurridos en días pasados en Tucson, Arizona, en donde tres personas murieron por heridas de arma de fuego y otros resultaron heridos.
Debemos de trabajar desde el ámbito de nuestra competencia para implementar, con carácter de urgente, con los gobernadores de los estados fronterizos de ambos países acuerdos que garanticen la seguridad física y el respeto a los derechos humanos.
Por lo anterior, es necesario solicitar al Poder Ejecutivo y la cancillería hagan un reclamo enérgico a Estados Unidos por estos hechos en los que resultaron tres personas muertas y dos lesionadas.
Por lo anterior, me permito solicitar su solidaridad y apoyo, por lo que pongo a su consideración para que se vote de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Exigir de manera enérgica y respetuosa al Poder Ejecutivo que por la vía diplomática haga el extrañamiento y exigencia del cumplimiento de la ley a Estados Unidos de Norteamérica.
Segundo. Solicitar al Ejecutivo federal que implemente, de manera inmediata, un programa de seguridad fronteriza para prevenir estas situaciones.
Tercero. Que esta Cámara de Diputados se pronuncie en contra del ataque y actos de xenofobia que afectan a los indocumentados mexicanos en Estados Unidos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2007.
Diputado Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LAS POLÍTICAS DE SALUD DEL ESTADO MEXICANO DIRIGIDAS A ADOLESCENTES, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO PRIEGO TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
El tema de la salud sexual y reproductiva ha asumido gran importancia en los programas de salud pública instrumentados en América Latina en los últimos años.
El Estado mexicano se encuentra comprometido con la promoción de políticas de salud que prevengan los dos grandes riesgos de salud a los que se ven expuestos actualmente los adolescentes, como son los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual y VIH/Sida.
Informes presentados por la Conferencia sobre Población y Desarrollo realizada en 1994 señalan la importancia de promover políticas integrales de educación con el fin de asegurar el adecuado ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. En dichos informes se ha visto que muchas políticas de salud reproductiva y sexual han sido basadas únicamente en un enfoque centrado en la prevención de los riesgos, independientemente del contexto socioeconómico y cultural en que viven los adolescentes. Este hecho puede llevar a conclusiones erradas y a políticas no siempre adecuadas a sus necesidades.
Para instrumentar una adecuada política de salud es importante considerar las dualidades que enfrentan cada día los adolescentes. Por un lado, socialmente se crean condiciones que incentivan su actividad sexual, al ser blanco de un bombardeo constante en los medios de comunicación (películas, letras musicales, videos, anuncios televisivos, programas) en donde parece fomentarse la idea de que todo encuentro afectivo debe terminar en la cama, mientras que en la práctica educativa y familiar se establecen restricciones para que esta actividad no se produzca. Por otra parte, se da un tratamiento opuesto a mujeres y a hombres adolescentes, negando a las primeras la sexualidad y, al mismo tiempo, incentivando a estos últimos a una experiencia sexual temprana sin la debida preparación para una sexualidad sana y segura.
Las políticas de salud reproductiva y sexual instrumentadas hasta el momento, sólo han enfatizado una educación sexual basada en la anatomía de los órganos reproductivos y en mecanismos preventivos basados en la promoción del uso de anticonceptivos y preservativos. Sin embargo, hace falta una política de salud sexual más sana, que no se limite a promover tecnología preventiva. Esta política se debe diseñar sobre la base de la importancia que tiene el ejercicio de la sexualidad en el desarrollo emocional de los individuos y en la manera como influye en la proyección de su identidad, su autoestima y su manera de establecer relaciones con sus padres, sus parejas y sus hijos.
Un mito expresado frecuentemente en diversos medios es que la educación sexual contribuye a despertar los intereses por el ejercicio temprano de la sexualidad y promueve la promiscuidad. Esta creencia ha sido refutada por resultados de investigaciones en diversos países en los que se patentiza que los programas de educación sexual integral, no meramente informativos o preventivos, contribuyen a retardar el inicio de las relaciones sexuales y a un ejercicio responsable en aquellos que ya las habían iniciado. ("El conocimiento en salud sexual y reproductiva y la educación sexual", José Miguel Guzmán, Juan Manuel Contreras y Martha Falconier de Moyano, página 121, artículo contenido en Diagnóstico sobre salud sexual y reproductiva de adolescentes en América Latina y el Caribe, UNFPA, 2001)
Un estudio realizado en República Dominicana de un programa de formación en salud sexual y reproductiva y acceso a métodos anticonceptivos en adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años de barrios populares de Santo Domingo y de otras tres ciudades del sur del país, determinó que efectivamente dicho programa no contribuyó ni a la mayor precocidad de inicio de la vida sexual ni a la mayor promiscuidad. En cambio, los jóvenes involucrados en esta actividad retrasaron el inicio de sus relaciones sexuales y disminuyó el número de parejas sexuales durante el período evaluado. (Profamilia/IDDI/FNUAP, 2000, página 121, citado en Diagnóstico sobre salud sexual y reproductiva de adolescentes en América Latina y el Caribe, UNFPA, 2001).
Con respecto a las preocupaciones de los padres, en lo referente a educación sexual, es un mito pensar que los padres de familia se oponen a la educación sexual y al acceso de sus hijos a los servicios de salud sexual y reproductiva. Diversas investigaciones evidencian el interés de los padres de familia de que la escuela se responsabilice de educar a sus hijos en esta materia y de que sus hijos reciban los beneficios de los sistemas de salud. (Pathfinder 1999, citado en "El conocimiento en salud sexual y reproductiva y la educación sexual", José Miguel Guzmán, Juan Manuel Contreras y Martha Falconier de Moyano, artículo contenido en Diagnóstico sobre salud sexual y reproductiva de adolescentes en América Latina y el Caribe, UNFPA, 2001).
Una educación sexual adecuada debería permitir a los adolescentes contar con capacidades para decidir informada y responsablemente sobre cuándo iniciar las relaciones sexuales, cómo negociar el tenerlas o no, cómo reaccionar a la presión social, cómo establecer relaciones equitativas de género, cómo y cuándo hacer uso de los métodos anticonceptivos, cuándo tener hijos, cómo protegerse de los riesgos de VIH/Sida.
Como bien lo indica el Diagnóstico sobre salud sexual y reproductiva de adolescentes en América Latina y el Caribe, realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), si bien la educación no se reduce al sistema educativo, la escuela es la institución con mayor audiencia cautiva cuyas funciones de socialización transmisión de cultura y desarrollo de la personalidad son universalmente conocidas. De ahí la importancia de que una educación integral se inicie en la escuela, especialmente en las etapas escolares que coinciden con el inicio y desarrollo del periodo de adolescencia.
El concepto de educación sexual integral debe entenderse no sólo como el dar información sobre la salud reproductiva, incluida la anticoncepción y la prevención de VIH, sino debe incluir también el educar en los temas de autoestima y acertividad, en la formación de actitudes y de valores como la responsabilidad y la igualdad en la construcción de la identidad de género. Este tipo de educación sexual permite ampliar el discurso sobre la prevención del embarazo no deseado, especialmente en adolescentes, así como de enfermedades de transmisión sexual y VIH/Sida, orientándolo hacia una perspectiva de derechos para la protección de la integridad de los adolescentes, y que debe ser complementaria de la educación formal y comunitaria.
Hasta el momento, los programas de educación sexual que se han orientado sólo a la información sobre embarazos no deseados en adolescentes y la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y VIH/Sida, no han sido suficientes. Estos programas se ha enfocado en el reparto masivo de preservativos, lo cual, como lo han declarado recientemente autoridades de la Secretaría de Salud, no ha sido efectivo. Por esta razón, se buscan alternativas en la instrumentación de políticas de salud, y específicamente en lo que toca a salud sexual y reproductiva, para que lleven a cabo acciones integrales de educación que se enfoquen en el fortalecimiento de otros valores como la responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad y en la propia salud.
Es por ello, que el suscrito diputado, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta a las secretarías de Salud y Educación Pública a la instrumentación de políticas y programas educativos de salud sexual y reproductiva con una perspectiva integral que permita a las y los adolescentes disponer de los conocimientos, capacidades, actitudes y valores necesarios para decidir de manera responsable e informada sobre su vida sexual y desarrollar comportamientos saludables, ateniendo a sus características, necesidades y entorno social en el que se desenvuelven.
Segundo. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta a las secretarías de Salud y Educación Pública a que dichos programas y políticas cuenten con los recursos materiales y humanos necesarios para que puedan tener una adecuada promoción en todo el país y haya una cobertura apropiada y en igualdad de oportunidades tanto en zonas rurales como urbanas.
Palacio Legislativo, a 13 de febrero de 2007.
Diputado Gerardo Priego Tapia (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE ESTA SOBERANÍA PRESENTE ANTE LA PGR UNA DENUNCIA DE HECHOS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS ENRIQUE BENÍTEZ OJEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, perteneciente a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 37, inciso c), del Reglamento Interior del Grupo Parlamentario, presenta ante la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
I. Antecedentes
1. El 11 de abril de 2006 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión.
2. El 9 de mayo de 2006, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con base en las últimas reformas efectuadas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, nombró comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous.
3. El 31 de mayo de 2006, la Tercera Comisión de Trabajo, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió el dictamen con punto de acuerdo por el que se resuelve sobre la designación de los integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, hecha por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, mediante comunicación de fecha 9 de mayo de 2006.
4. En la misma fecha, la Tercera Comisión de la Comisión Permanente aprobó por mayoría de votos el dictamen, objetando el supuesto nombramiento de Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous.
5. El 8 de junio de 2006, Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous promovieron juicio de amparo indirecto con motivo de la objeción aprobada por la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, el cual fue admitido a trámite el 12 de junio de 2006 por el Décimo Segundo Juzgado de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal, asignándosele el número de expediente 619/2006.
6. El 20 de julio de 2006, Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous ampliaron la demanda de garantías con motivo de la designación y no objeción de los suscritos en el cargo de comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, por parte de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.
7. Ante la objeción recaída a la propuesta formulada por el Ejecutivo federal a favor de Gonzalo Martínez Pous y Rafael del Villar Alrich para ocupar los cargos de comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, emitida por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Presidente de la República envió a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión nuevas propuestas, proponiendo al efecto la designación para ocupar el cargo de comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a Héctor Guillermo Osuna Jaime por un periodo de ocho años, Ernesto Gil Elorduy por un periodo de siete años, Eduardo Ruiz Vega por un periodo de seis años y Gerardo Francisco González Abarca por un periodo de cinco años.
8. El 27 de junio de 2006, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión resolvió no objetar las cuatro personas mencionadas en el párrafo anterior para ocupar el cargo de comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, junto con el ingeniero José Luis Peralta Higuera quien había sido propuesto y no objetado con antelación, por un periodo de ocho años.
9. Como consecuencia de lo anterior, el Ejecutivo federal emitió con la vigencia respectiva en que surtió efectos la no objeción por parte del Legislativo federal, a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sendos nombramientos como comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a Héctor Guillermo Osuna Jaime, José Luis Peralta Higuera, Ernesto Gil Elorduy, Eduardo Ruiz Vega y Gerardo Francisco González Abarca.
10. Actualmente, Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous ocupan los cargos de subsecretario de Comunicaciones y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respectivamente, y simultáneamente se ostentan como comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en el juicio de amparo 619/2006, ventilado ante el Décimo Segundo Juzgado de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal.
II. Consideraciones
1. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión vinculó la radiodifusión al marco jurídico de las telecomunicaciones, al tiempo que mantuvo una regulación específica para estas redes y servicios, debido a su carácter de medios masivos de comunicación. Con ello se atendieron recomendaciones internacionales que proponían que la radiodifusión fuera contemplada y formara parte del resto de las telecomunicaciones.
2. Asimismo, por mandato legal se estableció que a partir de la entrada en vigencia del mencionado decreto, las principales atribuciones sustantivas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión serían ejercidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, autoridad que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, creado por mandato de ley, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, con la función principal de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país y dotada de autonomía plena para dictar sus resoluciones.
3. No obstante, el nombramiento realizado por el Presidente de la República como comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, objetado por la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, como ha sido debidamente expuesto en los antecedentes del presente punto de acuerdo, a la fecha Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous ocupan los cargos de subsecretario de Comunicaciones y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respectivamente, y con dicha conducta ponen en riesgo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar los servidores públicos en el desempeño de sus funciones.
4. En abundancia de argumentos, Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous, al desempeñar sus cargos actuales de subsecretario de Comunicaciones y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no garantizan el cumplimiento de los principios de lealtad e imparcialidad, al tener notorio conflicto de intereses entre el puesto que desempeñan en esa secretaría y su intención manifiesta de ejercer el cargo que supuestamente ostentan de comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, este último cargo, según el dicho ante autoridad judicial de los propios funcionarios, conferido legalmente por el Presidente de la República, previa no objeción del Poder Legislativo, realizado a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
5. Cabe mencionar que los puestos que actualmente ocupan Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous como subsecretario de Comunicaciones y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respectivamente, llevan implícita una relación constante y estrecha con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, lo que les impide cumplir a cabalidad los principios a que hace referencia el artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, independientemente del conflicto de intereses que puedan tener los asuntos que conocen y de las responsabilidades penales que dichas conductas realicen.
6. Es decir, la Comisión Federal de Telecomunicaciones es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía plena para dictar sus resoluciones. Dicha autonomía no puede asegurarse si dos personas que se dicen son sus integrantes, a su vez, ocupan actualmente los cargos de subsecretario de Comunicaciones y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con dicha conducta se violan los principios a que hace referencia la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y se ocasiona también un conflicto de intereses en su actuar como servidores públicos de dos dependencias del Ejecutivo federal distintas, pero que las decisiones de una implican o se relacionan con la otra dependencia. Como ejemplo citamos lo siguiente:
b) El Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones tiene la facultad, con fundamento en el artículo 9, fracción IV, del Reglamento Interior de la comisión, de someter a la aprobación de la SCT los programas sobre bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para usos determinados, con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas, o sobre la ocupación de posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales con sus respectivas bandas de frecuencias asociadas y derechos de emisión y recepción de señales, que serán materia de licitación pública; y la mencionada Dirección General de Política de Telecomunicaciones, dependiente de la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT, tiene la facultad, con fundamento en el artículo 23, fracción III, del Reglamento Interior de la SCT, de aprobar y publicar los programas que someta a su consideración la Comisión Federal de Telecomunicaciones sobre las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados, con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas geográficas, que serán materia de licitación pública, así como hacer las publicaciones por las que se establezcan bandas de frecuencias de uso libre, de conformidad con el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.
c) El Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones tiene la facultad, con fundamento en el artículo 9, fracción V, del Reglamento Interior de la comisión, de proponer a la SCT el cambio o rescate de una frecuencia o bandas de frecuencias, y la multicitada Dirección General de Política de Telecomunicaciones tiene la facultad, con fundamento en el artículo 23, fracción VIII, del Reglamento Interior de la SCT, de resolver sobre el cambio o rescate de una frecuencia o bandas de frecuencias conforme a lo previsto en la ley de la materia, previa opinión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
d) Entre otras.
8. Asimismo, las facultades señaladas en el artículo 11 del Reglamento Interior de la SCT respecto a su Unidad de Asuntos Jurídicos, vinculan a ésta de manera directa e indirecta con la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y con cualquier acto en que la Comisión Federal de Telecomunicaciones interactúe con la secretaría, puesto que es su obligación asesorar e intervenir jurídicamente en cualquier asunto de la mencionada secretaría, situación que también puede conllevar a que difícilmente Gonzalo Martínez Pous intervenga en ejercicio de sus ahora facultades de manera eficaz e imparcial en los asuntos donde concurren las atribuciones de la SCT y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en materia de telecomunicaciones.
9. El caso más evidente donde Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous, como subsecretario de Comunicaciones y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respectivamente, pueden actuar en la configuración de intereses en conflicto, contrarios a la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, es el que implica la elaboración de las resoluciones relativas a los recursos administrativos presentados contra las resoluciones emitidas por el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. En efecto, en la práctica administrativa actual, con base en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y ante la ausencia del Reglamento Interior que habrá de emitir el titular del Ejecutivo federal, de conformidad con el quinto transitorio del decreto de reformas de la Ley Federal de Telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006, los recursos de revisión respecto de actos emitidos por el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones son resueltos por la secretaría, comúnmente por el subsecretario de Comunicaciones en ausencia del titular de la dependencia, siempre con la asistencia y el apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT. Con base en lo expuesto y en los artículos 2, fracción XXIX, y 5, fracción XV, del Reglamento Interior de la SCT, se ha interpretado que el secretario del ramo tiene la atribución de resolver los recursos administrativos interpuestos contra los actos emitidos por el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones pudiendo, con arreglo al contenido del artículo 91 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, desechar, confirmar o modificar los acuerdos plenarios de referencia, además de poder declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado, así como revocarlo total o parcialmente.
10. En este orden de ideas, Gonzalo Martínez Pous, como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, difícilmente podrá desempeñar sus funciones de asesoría y participación en la resolución de recursos administrativos interpuestos contra actos del Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, con arreglo a los principios de imparcialidad y eficacia plasmados en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues dicho funcionario considera y manifiesta ante autoridad judicial que las actuaciones de los actuales comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones carecen de legitimidad y están viciadas de origen, haciendo imposible que mantengan un punto de vista objetivo y centrado respecto a las actuaciones de los mismos.
11. Al mismo tiempo en que desempeñan los cargos de subsecretario de Comunicaciones y jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y durante la substanciación del juicio de amparo 619/2006, ventilado ante el Décimo Segundo Juzgado de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal, Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous se ostentan como comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, conducta que puede ser constitutiva de delitos sancionados por las leyes penales en nuestro país, con independencia de las sanciones administrativas correspondientes.
Por todo lo expuesto, el suscrito somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se acuerda instruir al director jurídico de la honorable Cámara de Diputados para que presente una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República contra Rafael del Villar Alrich y Gonzalo Martínez Pous, como subsecretario de Comunicaciones y titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus cargos, en detrimento de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público, así como el conflicto de intereses derivado de los dos cargos con que se ostentan, tanto como funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Segundo. Se exhorta al procurador general de la República para, que en el ámbito de sus facultades, ordene que se inicie de inmediato la investigación y, en su caso, determine ejercer la acción penal correspondiente contra quien o quienes resulten responsables.
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero del año 2007.
Diputado Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Y DE SALUD A APLICAR MEDIDAS PARA PREVENIR LA ANOREXIA Y LA BULIMIA, A CARGO DE LA DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA CABALLERO CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura, Claudia Gabriela Caballero Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta a las secretarías de Gobernación, Educación Pública y Salud para que apliquen las medidas necesarias para prevenir la anorexia y la bulimia, además de atender a las mujeres que padecen dichas enfermedades, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
En estos momentos la vida de muchas mexicanas depende de nosotros, sus representantes en el Congreso, y esto no es una broma, y me refiero al infierno que sufren muchas mujeres que padecen la anorexia y la bulimia.
Hace unos días las televisoras mexicanas trasmitieron unos reportajes sobre la anorexia y otros trastornos alimenticios, y ahí pasaron algunos testimonios de personas que sufren los padecimientos de la anorexia, un mal que puede llevar a la muerte. Y así como hubo mujeres que se atrevieron a dar su testimonio ante las cámaras, así también hay muchísimas más que les cuesta admitir su situación pero que en su interior nos piden a gritos ayuda para poder seguir adelante.
Como ustedes ya saben, la anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que busca la pérdida de peso y que es provocada por el propio enfermo evitando ingerir alimentos; mientras que la bulimia consiste en una necesidad imperiosa de ingerir grandes cantidades de comida y una vez que se termina de comer la persona afectada aplica ciertos mecanismos de autorrepulsa.
Por diversos estudios realizados, se ha observado que el 95 por ciento de los que sufren estas enfermedades son mujeres jóvenes, siendo las más afectadas las que tienen entre 14 y 18 años de edad.
La moda, la belleza y el culto al cuerpo mal entendidos están matando a nuestra juventud mexicana, por lo que debemos hacer algo, y debe ser urgente.
Yo veo con mucha preocupación la tendencia que existe en la juventud de bajar de peso hasta llegar a la talla cero, copiando los prototipos de las edecanes que salen en las pasarelas y en los comerciales; además de que es preocupante la difusión que se le ha dado a los productos cuyo objetivo es pesar menos y reducir tallas, pues contribuyen a la creación de una sociedad dispuesta a hacer todo, incluso poner en riesgo su vida, con tal de verse mejor.
Además de los factores socio-culturales que influyen en la aparición de dichas enfermedades, existen también factores biológicos, psicológicos y familiares; lo que demuestra que hay que tomarse en serio la prevención de la anorexia y la bulimia además de brindar un tratamiento completo a las mujeres que padecen alguno de estos dos padecimientos.
Para que nos demos cuenta de la importancia que le debemos de dar a este tema sólo mencionaré algunas de las consecuencias que producen estas enfermedades: úlceras en estómago o esófago, baja presión arterial, anemia, problemas dentales, sequedad en la piel, baja temperatura corporal, arritmias que pueden derivar en paro cardiaco, caída del cabello así como relaciones afectivas conflictivas, entre otras.
Según los especialistas la hospitalización e internación suele ser ineludible para salvar la vida de las anoréxicas y bulímicas, Y desgraciadamente el tratamiento completo es muy costoso y debido a que dichas enfermedades no respetan clases sociales, considero fundamental que la Secretaría de Salud establezca clínicas especializadas que ofrezcan una atención gratuita a las mujeres de escasos recursos, pues no podemos dejar desprotegidos a nuestros jóvenes por no tener medios para cubrir dichos gastos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Secretaría de Gobernación establezca lineamientos para evitar que las modelos que desfilan en pasarelas y que salen en los anuncios televisivos estén extremadamente bajas de peso.
Segundo. Que la Secretaría de Educación Pública realice un ciclo de conferencias en las escuelas de educación básica, media y media superior instruyendo a los jóvenes sobre las consecuencias de la anorexia y la bulimia.
Tercero. Que la Secretaría de Salud inicie una campaña publicitaria para informar a la población sobre las consecuencias de la anorexia y la bulimia con el fin de prevenirlas.
Cuarto. Que la Secretaría de Salud, en coordinación con los gobiernos estatales, establezca clínicas especializadas para la atención gratuita de las mujeres que padecen las enfermedades de la anorexia y la bulimia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2007.
Diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A IMPLANTAR UN PROGRAMA PARA DOTAR A LAS MUJERES DE MÉXICO DE LA VACUNA CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR ARREDONDO IBARRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Salvador Arredondo Ibarra, presenta ante la Cámara de Diputados punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a implantar un programa para dotar a las mujeres de México de la vacuna contra el virus del papiloma humano, en prevención del cáncer cérvico-uterino y para evitar mayor costo en el tratamiento de esta enfermedad, basado en las siguientes
Consideraciones
El cáncer cérvico-uterino se da por el virus del papiloma humano. Es un virus que se instala en el cuello del útero. Una vez infectado, comienza a multiplicarse en las células epiteliales, como las que cubren la vagina.
Uno o dos años después, la proteína E2, que ha funcionado como regulador para la producción de otras dos proteínas (la E6 y la E7), se destruye dejando que las otras se reproduzcan en grandes cantidades. Entonces comienza a formarse el tumor canceroso, que tarde o temprano llevará a su portadora a la muerte.
El cáncer cérvico-uterino es el más letal de todos los tipos que se conocen. Es la primera causa de muerte de mujeres en el país (la segunda es el cáncer de mama). Cifras de la Secretaría de Salud revelan que cada día mueren 12 mexicanas debido a este mal.
Lo que se sabe escasamente es que se trata de una enfermedad producida por un virus que se contagia sexualmente y que resulta bastante común: 8 de cada 10 mujeres con vida sexual activa padecen alguna lesión relacionada con él.
El papiloma humano es un virus multifacético que portan igual hombres que mujeres, aunque sólo en las mujeres desarrolla cáncer.
Cada dos horas muere una mexicana debido al cáncer cérvico-uterino. Hoy día es posible contar con la primera vacuna del mundo contra el virus del papiloma humano (VPH) que ocasiona la enfermedad.
La vacuna MVAE2 (Oncovac) genera una respuesta inmunológica que los tratamientos actuales no hacen, es decir, genera defensas (anticuerpos y células).
La vacuna ha sido efectiva en las mujeres que sólo presentan lesiones, pero no curan el cáncer cuando éste ya se ha extendido.
Otros países que ahora experimentan con antídotos similares para curar el virus del papiloma humano son España, Brasil y Estados Unidos.
En la experimentación que se hizo del fármaco en humanos MVA E2, se aprobó con una muestra entre 200 y 500 mexicanas infectadas con el virus del papiloma humano de entre 25 y 45 años.
Se han mantenido pláticas con la Secretaría de Salud para que se integre el cuadro básico de la institución.
El VPH se adquiere por contacto sexual y causa el crecimiento de células anormales en el cuello del útero. Cuando se diagnostica en sus primeras etapas, por lo general las lesiones se combaten con diversos métodos, entre ellos la crioterapia, que es la congelación del área afectada.
La conización es otra técnica que involucra la eliminación de un pedazo del cuello del útero, así como la electrofulguración o quema del tejido anormal, y el láser, la cirugía con luz de alta intensidad.
La vacuna se puede aplicar tanto en hombres como en mujeres, siempre que tengan lesiones precancerosas o presencia de virus de papiloma.
La vacuna quita los efectos del virus y las mujeres quedan protegidas, en caso de tener un nuevo contacto con el virus. En 100 por ciento de los casos las pacientes no vuelven a presentar ninguna lesión.
El tratamiento constará de seis dosis, una por semana.
El director del Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública dijo a Crónica que a pesar de que en 1 de cada 10 mujeres se presenta el virus del papiloma humano, en más de 90 por ciento puede desaparecer en un año y sólo entre 5 y 10 por ciento presentan enfermedades infecciosas crónicas.
La vacuna contra el VPH se ha desarrollado por más de 10 años y ha sido objeto de rigurosa investigación en más de 25 mil pacientes de 33 países. La aprobación de esta vacuna representa la culminación de un proceso de investigación revolucionario para la vacuna contra el VPH. Hoy debemos sentirnos orgullosos de que las mexicanas se puedan beneficiar con la vacuna contra el cáncer cérvico-uterino.
Por eso, el objetivo principal es mejorar la salud familiar con la introducción y aplicación de la nueva vacuna contra este gran mal, que genera una enorme tasa de mortalidad; al país le cuesta más mantener a una paciente con cáncer que prevenir con la vacuna, y aunque en este momento puede causar un impacto presupuestario muy fuerte, con el tiempo será menos lo que cueste al país mantener el tratamiento contra el cáncer cérvico-uterino.
Por todo lo anterior, y en el ámbito de la competencia de la institución mencionada, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a implantar un programa para dotar a las mujeres de México de la vacuna contra el virus del papiloma humano, en prevención del cáncer cérvico-uterino y para evitar mayor costo en el tratamiento de esta enfermedad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2007.
Diputado Salvador Arredondo Ibarra (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES A DIFUNDIR LOS ACUERDOS QUE SE LOGRAN, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS EDUARDO FELTON GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Carlos Felton, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se apruebe la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Los medios de Comunicación en nuestro país juegan un papel de suma importancia, injerencia y responsabilidad para la difusión en múltiples ámbitos. Todos estos se encuentran debidamente supervisados por la Secretaría de Gobernación, dando cumplimiento al artículo quinto de la Ley Federal de Radio y Televisión, que señala la función de contribución que tienen los medios procurando, cito textualmente:
II. Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud;
III. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana.
IV. Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales."
En el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se aprobó, en el artículo 18, la designación de los recursos presupuestarios para actividades de comunicación social a través de la radio y la televisión a los Poderes Legislativo, y Judicial, los entes autónomos, las dependencias y entidades.
La sociedad mexicana es consciente del compromiso que tenemos como legisladores y, por ley y obviedad, tienen derecho a estar informados de las actividades que realizamos como sus representantes; ésta es y debe ser la función del área de comunicación social de nuestros respectivos recintos legislativos. De esta forma se encuentra constatado en el mismo artículo 18, del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, indicando que "los tiempos fiscales sólo podrán destinarse a actividades de difusión, información o promoción de los programas de las dependencias o entidades, así como las actividades análogas que prevean las leyes aplicables."
Todo el país ha sido testigo. Tanto ésta honorable Cámara de Diputados, como la honorable Cámara de Senadores han emprendido una campaña de difusión social, dichas campañas carecen de un verdadero sentido en cuanto a difusión de actividades y promoción se refiere.
Sin duda, compañeros y compañeras diputados, es importante que demos a conocer nuestro quehacer legislativo con hechos, con acciones, procurando que la difusión que emprendan las respectivas áreas de comunicación social sean a la vez promotoras de los acuerdos a los que llegamos, que impactan directamente la vida diaria de los millones de mexicanos que están al tanto de los medios de comunicación. De esta forma estaríamos, además, apoyando el artículo quinto de la misma Ley Federal de Radio y Televisión, en su quinto artículo. Así lograremos que se fortalezcan los valores que tenemos los mexicanos y la necesidad de lograr un México más equitativo con una mejor convivencia social, gracias a los acuerdos y acciones concretas que tengamos los legisladores, como podrían ser los derechos de los niños, y acciones tomadas en contra de la violencia infantil y mujeres.
Por todo lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar al área de comunicación social de esta honorable Cámara de Diputados y al área de Comunicación social de la honorable Cámara de Senadores para que, conforme a las bases establecidas en el artículo 18 del decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2007, los programas y campañas, la difusión que realicen sean enfocados a los acuerdos que logramos, que han de reforzar los valores y la justicia social que se buscan en estos recintos legislativos.
Diputado Carlos Eduardo Felton González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS A INTEGRAR UNA SUBCOMISIÓN PARA INVESTIGAR Y DAR SEGUIMIENTO A TODO LO RELATIVO CON EL PROGRAMA ENCICLOMEDIA, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DESDE LA CREACIÓN DE ÉSTE HASTA SU ESTADO ACTUAL, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL LIZÁRRAGA PERAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se propone la integración de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para investigar y dar seguimiento a todo lo relativo al Programa Enciclomedia, a cargo de la Secretaría de Educación Pública, desde la creación de éste hasta su estado actual, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La transparencia en el uso de los recursos públicos ha sido parte medular de un proceso de rendición de cuentas hacia la sociedad por parte de los poderes públicos. De la misma forma, la evaluación en cuanto a que el gobierno haga el mejor uso de los recursos que dispone es un asunto que debe ser tomado con la mayor seriedad para que, en su caso, los medios financieros de que se disponer puedan ser asignados de una mejor forma, en programas para el beneficio social de los habitantes del país.
En este contexto, el programa Enciclomedia inició de manera formal en agosto del año 2003, con la encomienda esencial de incorporar el uso de las tecnologías de la información (TIC´S) al proceso de enseñanza-aprendizaje. En la era de la sociedad del conocimiento, el dotar a los alumnos de nuestras escuelas con tecnologías de la información es indispensable para competir con éxito en las dinámicas de la globalización. En este sentido, estamos plenamente de acuerdo con la esencia del programa Enciclomedia, sin embargo, no tenemos la certeza de que las formas y los procedimientos para su implementación han sido los ideales.
El programa Enciclomedia tiene como meta el promover la generación de un aprendizaje más significativo a través de nuevas rutas de acceso al conocimiento, que conduzcan a docentes y alumnos a la creación de ambientes atractivos, útiles y organizados de temas, conceptos y contenidos, a partir de la inclusión de tecnologías de la información en las aulas. Desafortunadamente, no se cuenta con elementos para saber hasta que punto se han cumplido estos objetivos.
Los propios creadores de Enciclomedia han afirmado que un factor determinante para el logro de las metas del programa es que los docentes lo adopten y se apropien del mismo al convencerse de las bondades que la herramienta les proporciona. Sin embargo, en parte de las escuelas donde el programa Enciclomedia ha sido implementado los profesores reportan falta de conocimiento, información, y guías para el uso efectivo y eficiente del programa. Lo anterior hace pensar que hace falta una evaluación más rigurosa de las necesidades de los docentes, para que estos usen el programa de una manera más eficiente.
El programa Enciclomedia ha ejercido un monto total, al 30 de junio de 2006, de más de 3,064 millones de pesos, de los cuales 3,000 millones fueron erogados con cargo a los presupuestos autorizados al programa durante los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Sin embargo, desde su inicio, este programa ha generado algunas dudas, sobretodo con respecto a los procesos de licitación, implementación y el impacto del programa en el desempeño académico de los estudiantes.
En cuanto al proceso de licitación, existen dudas sobre la transparencia en el mismo. Por ejemplo, existen interrogantes sobre la decisión de las autoridades de haber rentado el equipo, en lugar de comprarlo. Asimismo, se ha cuestionado la conveniencia de que se hayan firmado contratos multianuales con los proveedores. Además, existen dudas sobre el porque no se prefirió el dotar a las escuelas de interconectividad al Internet, para así contar no solo con una base de datos rígida sino promover en los estudiantes el uso de esta herramienta global por excelencia.
En cuanto al proceso de implementación, existe evidencia sobre la falta de mecanismos para garantizar la seguridad del equipo, y sobre la falta de capacidad instada en algunas escuelas para que el equipo pueda funcionar. Como lo señala un estudio realizado por la Universidad de Harvard, el cual indica que en algunas de las escuelas donde se implementó Enciclomedia no cuentan con luz eléctrica. Esto nos indica que se justifica una evaluación integral del proceso de implementación, para así corregir los problemas y realizar los ajustes necesarios.
En este sentido, es necesaria la mejora de la capacitación de maestros para operar Enciclomedia, pues se requieren al menos 100 horas de instrucción y no 30, como en la mayor parte de los casos se hace. Además, se debe incrementar y mejorar la infraestructura, el mantenimiento del equipo y el apoyo técnico, así como diseñar métodos de rendición de cuentas ya que actualmente hay pocos mecanismos para tal efecto.
En cuanto al impacto académico, no existe evidencia sólida que permita determinar el efecto que este programa ha tenido en el aprendizaje estudiantil. Por ejemplo, de acuerdo con el "Libro Blanco" del Programa Enciclomedia –resultado de una auditoría efectuada por la Secretaría de la Función Pública– "no se encontraron diferencias significativas en las habilidades de conocimiento, aplicación y evaluación de los contenidos" entre los niños que utilizaron Enciclomedia y los que no contaron con ese equipo.
Asimismo, dicha auditoria a Enciclomedia arrojó tres observaciones:
2. Deficiente desempeño de la operación del programa Enciclomedia en los Estados de Chihuahua y Sonora.
3. Carencia de procedimiento para la recuperación de equipo informático extraviado del Programa Enciclomedia.
Con los resultados de dicha investigación, esta soberanía tendrá los elementos necesarios para determinar las futuras asignaciones presupuestales al programa, así como los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Se coincide plenamente con los propósitos de Enciclomedia, pero se tienen dudas sobre el cómo se ha implementado y a que costos. Por ello, el objetivo de esta proposición es el revisar si existen otras opciones para alcanzar los objetivos planteados por el programa, e ir a la búsqueda de un mejor desarrollo del mismo para así permitir la integración del uso intensivo de las TIC´S en el proceso educativo.
Por lo antes fundado y expuesto, me permitimos someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos a que integre una subcomisión para investigar y dar seguimiento a todo lo relativo al programa Enciclomedia, a cargo de la Secretaría de Educación Pública, desde la creación de éste hasta su estado actual. Lo anterior para determinar las futuras asignaciones presupuestales al programa, así como los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Palacio Legislativo de San Lázaro,México, DF, 14 de febrero de 2007.
Diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica)
Excitativas
El diputado Gerardo Priego Tapia, a nombre de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, solicita respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva formular una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara, con el propósito de que proceda a dictaminar la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 28 de febrero de 2006. La iniciativa reforma el artículo 6o. de la Constitución para hacer explícita en la ley la obligación del Estado de garantizar el secreto profesional. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria con fecha del 28 de marzo del 2006.
Antecedentes
1. El Grupo Parlamentario del PAN presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, con fecha 28 de marzo de 2006, la iniciativa de reforma al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en la Gaceta Parlamentaria con la misma fecha.
2. Se han realizado reformas en leyes secundarias, sin embargo, debe hacerse la reforma desde la Constitución, pues sólo así se asegurarán los instrumentos legales que permitan la protección integral a este derecho.
3. La iniciativa citada en el numeral 1 fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, pero hasta el momento la iniciativa no ha sido dictaminada.
Consideraciones
El derecho de expresarse con libertad, sin correr el riesgo de ser castigado, es uno de los elementos mínimos indispensables de una democracia.
En las sociedades democráticas los principios del derecho internacional y la tradición del periodismo libre e independiente exigen reconocer en las normas jurídicas y en las prácticas ordinarias el derecho o deber de los periodistas a negarse a revelar la identidad de sus fuentes informativas a la empresa, a terceros o a autoridades administrativas y judiciales.
La práctica del periodismo conlleva grandes riesgos; especialmente se ven amenazados quienes divulgan información relativa a asuntos de corrupción y narcotráfico. En muchos de estos casos son llamados a declarar para que revelen la identidad de sus fuentes de información. Con ésta práctica se restringe el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, afectando el ejercicio de la libertad de expresión y lastimando el derecho de la sociedad de acceder libremente a la información.
En el Balance 2000-2006 la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que uno de los agravios más frecuentes cometidos contra periodistas es el envío de citatorios de parte de agentes del Ministerio Público para que periodistas y comunicadores revelen sus fuentes de información. Dicha práctica además es utilizada como un medio de intimidación para inhibirlos y evitar que difundan noticias.
La CNDH hace hincapié en que los órganos de Estado "garanticen el respeto de los derechos que tienen los gobernados en general, y en particular, evitar que se cometan abusos en contra de los periodistas, que tiendan a debilitar o inhibir la libertad de expresión". (CNDH, Balance 2000-2006)
Por ello, y con el fin de modificar ciertas prácticas administrativas existentes en el país, la CNDH recomienda la elaboración de lineamientos legales de actuación para evitar que los agentes del Ministerio Público presionen u obliguen a los periodistas a divulgar sus fuentes de información. (CNDH, Balance 2000-2006)
Además del exhorto emitido por la CNDH en este sentido, diversos grupos de la sociedad civil organizada y legisladores de todos los grupos parlamentarios han insistido durante años en la importancia de establecer no sólo en reglamentos secundarios, sino en el marco legal constitucional, el derecho al secreto profesional.
En lo que respecta al marco legal que protege el derecho al secreto de profesional, en México, sólo la legislación del estado de Morelos regula este derecho. El artículo 2o. de la Constitución de Morelos "...reconoce como extensión de la libertad de pensamiento, el derecho al secreto profesional, particularmente el que se deriva del ejercicio de la actividad periodística a través de los medios masivos de comunicación, garantizándole a los periodistas su derecho a no revelar sus fuentes de información".
En el resto de las entidades federativas este derecho no se encuentra incluido en sus respectivas constituciones. Tampoco existe en la Constitución mexicana ninguna garantía expresa al respecto.
En concordancia con el reconocimiento universal de los derechos humanos, los gobiernos han adecuado sus marcos legales a los principios establecidos en ordenamientos internacionales que refrendan el compromiso por la defensa de un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto a los derechos esenciales del hombre. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, queda bien claro en el artículo 13, párrafo tercero: "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones."
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19 refuerza el derecho a la libertad de expresión: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión."
Actualmente diversos países latinoamericanos han reconocido el derecho al secreto profesional. En la Constitución colombiana se establece, en el artículo 74, que "...el secreto profesional es inviolable". La Constitución Política de la República del Ecuador establece en el artículo 81 que "El Estado garantizará… la cláusula de conciencia y el derecho al secreto profesional de los periodistas y comunicadores sociales o de quienes emiten opiniones formales como colaboradores de los medios de comunicación". La Constitución de la República de Paraguay, en el artículo 29, señala que "…los periodistas de los medios masivos de comunicación social en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información".
En Europa, España ha reconocido la importancia de este derecho, y lo ratifica en el artículo 20.1.d de su Constitución, estableciendo que: "…la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades."
Por ello, la iniciativa de ley que propone la reforma al artículo 6o. de la Constitución, para hacer explícita en la ley la obligación del Estado de garantizar el secreto profesional contiene una reforma sustancial y muy importante en materia de libertad de expresión.
Por lo anterior, y por tratarse de un proyecto que redundará en el fortalecimiento de las garantías individuales, especialmente en lo referente a la libertad de expresión, se pide respetuosamente a la Comisión de Puntos Constitucionales que elabore y presente el dictamen correspondiente.
Consecuentemente, solicito, a la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, a nombre de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, se sirva dar trámite a la siguiente
Excitativa
Único. Para que la Comisión de Puntos Constitucionales presente el dictamen que reforma el artículo sexto de la Constitución Política.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2007.
Diputado Gerardo Priego Tapia (rúbrica)
AL SENADO DE LA REPÚBLICA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ LENA CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, Humberto López Lena Cruz, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia y secretario Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a la cual representa en esta excitativa, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule excitativa al honorable Senado de la República, con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. En sesiones celebradas por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en fechas 23 de febrero y 7 de marzo del 2006 fueron presentadas por los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, y por los miembros integrantes del Grupo de Trabajo de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respectivamente, la iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, todos ellos relativos a los delitos de difamación y calumnias, que en las citadas fechas la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó que fueran turnadas a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su estudio y dictamen.
Segunda. Los integrantes de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura procedieron al estudio de las iniciativas citadas, habiendo efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en el proyecto que se discute, que fue presentado al pleno de la honorable Cámara de Diputados para su discusión y votación el 18 de abril del 2006, emitiéndose trescientos sesenta y un votos en pro, ningún voto en contra y trece abstenciones.
En esa misma fecha fue remitido el dictamen a la honorable Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
Tercera. En sesión celebrada por el Senado de la República, en fecha 20 de abril de 2006, la secretaría informó sobre la recepción por parte de la Cámara de Diputados de la minuta proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y adiciona diversas disposiciones al Código Civil Federal.
Cuarta. En sesión celebrada el 14 de diciembre del 2006 por el Senado de la República se presentó por las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, la primera lectura del dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto que les fue turnada por la Cámara de Diputados.
El Senado de la República, en la primera lectura del dictamen referido, consideró que no era posible derogar de los artículos 350 al 363 del Código Penal Federal, con el propósito de suprimir de dicho ordenamiento las disposiciones relativas a los delitos de injurias, difamación y calumnia, en virtud de que, a su consideración, se tenía que limitar el ejercicio de la libertad de expresión para cuidar el honor de las personas y castigar ejemplarmente a quienes atenten contra el honor, la privacidad y la buena reputación de otro.
Sin embargo esto se aparta del propósito central del dictamen que fue aprobado en la Cámara de Diputados, puesto que lo que se busca es salvaguardar los derechos de los periodistas y comunicadores, pues a decir del Presidente Nacional de los Derechos Humanos, en la misiva que envió al Senado por el mismo asunto la reforma se hace "con el propósito de limitar los actos discrecionales de molestia y arbitrariedades que sufren los profesionales de la información por parte de diversas autoridades, para que declaren sobre sus fuentes o los documentos que les hayan servido para elaborar la información que presentan a la sociedad", y en otras ocasiones se ocupa al sistema de impartición de justicia como un órgano que acalla las voces objetivas de los comunicadores, lo que sucede con más frecuencia en las entidades federativas.
Es necesario eliminar la posibilidad de accionar por la vía penal contra un periodista o comunicador social. En este sentido, cabe citar lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión, la cual se consagra y se defiende, en cualquier caso, no tiene acotaciones subjetivas, no se agota en el espacio de un grupo humano, profesional, socioeconómico, étnico o nacional, de genero, edad, convicción o creencia. Posee un carácter verdaderamente universal, en cuanto atañe a todas las personas. Sin embargo, reviste particularidades especialmente relevantes que imponen matices, cuidados, condiciones específicas en el supuesto de quienes ejercen esa libertad con motivo de la profesión que desempeñan. Es una actividad que supone la libertad de expresión y que se vale directamente de ella, como instrumento para la realización personal y medio para que otros desenvuelvan sus potencialidades individuales y colectivas.
Lo cual implica que la libertad de expresión adquiere un doble valor: el que le corresponde por sí misma, en su calidad de derecho fundamental, aun sin tomar en cuenta la conexión que guarda con los restantes derechos básicos, así como el papel que cumple en el conjunto de la vida social, y el que posee desde una perspectiva funcional, por el servicio que brinda a la existencia, subsistencia, ejercicio, desarrollo y garantía de otros derechos y libertades. Lo que obliga a un Estado democrático a mantenerse en permanente estado de alerta para prevenir y combatir cualquier infracción a la libertad de expresión que pueda traer consigo cualquier género de opresión.
En el concierto internacional, en donde se ha conocido sobre este tema, son coincidentes en sostener que deben buscarse otras alternativas (civiles o administrativas), antes de recurrir a la solución penal para resolver los casos en que se haya trasgredido lo anteriormente referido.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual México ha aceptado su competencia contenciosa, se ha pronunciado en el sentido del denominado derecho penal mínimo, es decir, al empleo moderado, restrictivo, marginal del aparato punitivo, reservado precisamente para aquellos casos en que es imposible o francamente inadecuado optar por soluciones menos abrumadoras. El aparato penal constituye la herramienta más severa con que cuenta el Estado en el despliegue de su monopolio de la fuerza, para enfrentar conductas que atentan gravemente contra la vida de la comunidad y los derechos primordiales de sus integrantes.
Gobernar con el Código penal en la mano representa promover un régimen autoritario; por ello, elevar determinadas conductas al ámbito penal debe ser una vez agotadas todas las posibilidades, recursos e instancias disponibles dentro del marco jurídico.
El hecho de tipificar conductas relacionadas con la libertad de expresión (difamación y calumnias, previstos en los artículos 350 al 359 del Código Penal Federal) y que en el caso del periodismo representa la herramienta fundamental de su trabajo, se traduce para éste ejercicio profesional como un medio de represión que da lugar a ejercer con temor o bien a faltar a los principios que sustentan a dicha profesión, cómo el compromiso social de informar.
Coincidiendo con Sergio García Ramírez, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la despenalización de los delitos relacionados con la libertad de expresión no significa ni autorización ni impunidad, sólo implica reconducir la respuesta jurídica hacia una vía en la que los hechos puedan ser juzgados racionalmente, y su autor sancionado como corresponda. Esta alternativa permite atender en forma pertinente y con el menor costo social, la necesidad de preservar bienes estimables que entran en aparente colisión, sin incurrir en castigos innecesarios que serían, por lo mismo, excesivos. La sentencia civil condenatoria constituye, de suyo, una declaración de ilicitud no menos enfática y eficaz que la condena penal: que bajo un título jurídico diferente, lo mismo que se espera de ésta, a saber, que el demandado incurrió en un comportamiento injusto en agravio del demandante, a quién le asiste el derecho y la razón. De esta suerte, la sentencia civil entraña, por sí misma, una reparación consecuente con la necesidad de satisfacer el honor de quién reclama la tutela jurídica. La misma sentencia civil puede condenar al pago de ciertas prestaciones correspondientes al daño moral y, en su caso, material, causado a la persona a quién se difamó. Así las cosas, una resolución civil provee las dos especies de reparación que revisten mayor interés para el sujeto agraviado. Es evidente que la solución civil no trae consigo los problemas que suscita la solución penal ante las normas nacionales e internacionales, en material de derechos humanos, ni posee el carácter intimidante inherente a la conminación penal y que apareja un factor de inhibición para el ejercicio de la libertad de expresión.
Por lo tanto, en mi carácter de secretario y en representación de la recién creada Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, considero de suma importancia que para un ejercicio libre de tan noble profesión sea aprobada íntegramente la minuta que fue enviada por esta soberanía, para que se trasladen al ámbito civil todo lo referente a las difamaciones y calumnias que se encuentran hasta el momento en el ámbito penal y correlativamente que quienes se sientan ofendidos por algún periodista pueda defender su honor exigiendo la reparación del daño.
Al respecto también se han pronunciado funcionarios de primer nivel como el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien manifestó: "Debemos de transitar en razón de ir mejorando las condiciones jurídicas y garantizar los derechos y el trabajo de los medios de comunicación, de los señores y señoras periodistas…"
Lo antes dicho, sería un buen inicio para sentar el precedente y pensar en una reforma Constitucional, en donde se eleve al rango de la norma fundante el espíritu del dictamen en comento.
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo
Único. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remite a la Mesa Directiva del Senado de la República del honorable Congreso de la Unión la excitativa presentada por el diputado Humberto López Lena Cruz, en representación de los legisladores integrantes Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, de la cual funge como secretario, para que sea aprobada en su totalidad la minuta que envió la Cámara de Diputados al Senado para los efectos constitucionales, misma que deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, relativas a la despenalización de los delitos de difamación y calumnias en el ejercicio periodístico y adiciona diversas disposiciones al código Civil Federal para que sea la vía civil por la que se reclamen los daños que puedan causar las conductas mencionadas.
Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación
Diputados: Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Presidente; Humberto López Lena Cruz (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Israel Beltrán Montes (rúbrica), secretarios; Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Osiel Castro de la Rosa, Leobardo Curiel Preciado, Faustino Javier Estrada González, Daisy Selene Hernández Gaytán, Victorio Rubén Montalvo Rojas, Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), Ector Jaime Ramírez Barba, V. Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (rúbrica).
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