Gaceta Parlamentaria, año X, número 2189-III, jueves 8 de febrero de 2007

Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2189-III, jueves 8 de febrero de 2007.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de liberar recursos del Fonden para atender contingencias climáticas en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Adolfo Mota Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, para que los diputados de la LX Legislatura participen y se incorporen en sus distritos o circunscripciones a las actividades que se realicen en el marco del V Parlamento de las Niñas y los Niños de México, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Segob a fin de que informe sobre los mecanismos para garantizar los derechos de la libertad de expresión de los partidos políticos, a cargo del Grupo Parlamentario de Alternativa.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales a integrar una comisión de turismo, a cargo del diputado Francisco Dávila García, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tabasco a instruir la investigación relacionada con el paradero del periodista Rodolfo Rincón Taracena, del diario Tabasco Hoy, desaparecido el 20 de enero de 2007, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, respecto a la problemática del maíz, la tortilla y los incrementos de los precios de los productos básicos, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un programa de incentivos que compensen el pago de cuotas al IMSS e Infonavit para el sector empresarial afectado por el conflicto en el estado de Oaxaca, suscrita por los diputados Jorge Toledo Luis y Patricia Villanueva Abraján, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, a fin de que se realice el parlamento de la juventud de México, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tabasco a acatar la recomendación emitida por la CNDH el 27 de diciembre de 2006, a cargo del diputado Pedro Landero López, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía verifique mediante la Comisión de Trabajo y Previsión Social que el IMSS esté cumpliendo sus obligaciones patronales en la contratación de personal, a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir un decreto en el que otorgue beneficios fiscales a los contribuyentes de las regiones afectadas en el estado de Oaxaca y prorrogue la vigencia del decreto publicado en el DOF el 28 de noviembre de 2006, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INEGI a modificar el contenido de las encuestas que lleva a cabo, a cargo del diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a destinar mediante la Sagarpa y la Conapesca recursos para el Programa de Sustitución de Motores, en beneficio de los pescadores ribereños, a cargo del diputado Juan Adolfo Orcí Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que implante acciones modernizadoras de los puntos de revisión carreteros, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las diversas dependencias del gobierno federal a tomar las medidas necesarias para que el estado de Tlaxcala acceda a los mismos programas, proyectos, planes de desarrollo y asignaciones de recursos que los estados de la región sur-sureste del país, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del PAN.

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de formalización y supervisión del acuerdo político nacional para la transparencia y equidad de los procesos electorales locales, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Pleno de esta soberanía que homologue los recursos materiales, financieros y humanos de las comisiones especiales con los dispuestos para las ordinarias, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, relativo al recorte de recursos presupuestales a diversos municipios de Veracruz, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SSP que informe a esta soberanía sobre las bases legales que sustentan la unificación de la PFP y la AFI, con la consiguiente creación de un nuevo cuerpo federal de policía, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de la secretaria de Relaciones Exteriores, a cargo del diputado José Murat, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que audite el gobierno del estado de Oaxaca respecto a los recursos destinados para celebrar el bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García en el ejercicio fiscal de 2006, a cargo del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de la secretaria de Energía, a cargo del diputado José Murat, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con punto de acuerdo, para que se establezca la instalación de dispositivos de seguridad en las unidades de autotransporte de carga, pasaje y turismo, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, para que se atienda el conflicto de desabasto de diesel y de gasolina en Baja California Sur, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que manifieste ante la OMC su interés en la solicitud de consultas presentadas por Canadá al gobierno de Estados Unidos de América sobre los apoyos a los productores de maíz, a cargo del diputado Rutilio Escandón Cadenas, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que reforme el Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de prestación de servicios de atención médica, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva, al Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, y a los presidentes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social de esta soberanía a remitir a la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de Pasta de Conchos todas las documentales obtenidas por el grupo de trabajo creado sobre el particular en la LIX Legislatura, a cargo de la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a no expedir ningún permiso para la instalación y operación de salas de juego en el país, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que dé a conocer las revisiones que realiza en las aduanas de los embarques, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD.

Con punto de acuerdo, relativo a la situación que viven los trabajadores mexicanos migrantes en Canadá, a cargo del diputado Andrés Bermúdez Viramontes, del Grupo Parlamentario del PAN.

Excitativas

A la Cámara de Senadores, a solicitud del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD.

Proposiciones

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE LIBERAR RECURSOS DEL FONDEN PARA ATENDER CONTINGENCIAS CLIMÁTICAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO ADOLFO MOTA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos, diputados federales por el estado de Veracruz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten formular ante este honorable Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Considerandos

En diversos oficios de fechas 10 y 15 de enero del año en curso el gobierno del estado de Veracruz solicitó a la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Coordinación General de Protección Civil, que emitiera declaración de emergencia y utilizara el fondo revolvente del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para salvaguardar las necesidades inmediatas y prioritarias de la población afectada en 141 municipios del estado. Lo anterior, resultado de los frentes fríos números 30 y 31 que azotaron a gran parte de la entidad.

Los frentes fríos se extendieron sobre el Golfo de México hasta el centro de Veracruz; generaron un drástico descenso de temperatura, nublados y lluvias muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país.

En esta temporada, la Secretaría de Salud ha reportado 59 casos de defunciones como consecuencia del frío. Del 18 de octubre a la fecha, 24 personas han muerto en el estado de Chihuahua, 14 en Sonora, 6 en Coahuila, 5 en Hidalgo, 4 en Puebla, 3 en Durango,2 en Tlaxcala y 1en Veracruz.

Los efectos de este tipo de fenómenos naturales han generado, lamentablemente, lesiones a la integridad física y salud de las personas, así como daños en ocasiones irreparables al patrimonio de éstas, también problemas de comunicaciones y en la prestación de servicios básicos que se brindan en los municipios afectados.

En este sentido, el gobierno de Veracruz ha observado y cumplido con los lineamientos y demás disposiciones aplicables. Asimismo, fue comunicado a la Secretaria de gobernación que se ha visto rebasada la capacidad operativa y financiera del Estado y de los municipios afectados, en virtud de la magnitud de los fenómenos naturales que nos ocupan.

Sin embargo, la Coordinación de Protección Civil, aun contando con los elementos necesarios para la emisión de la declaratoria de emergencia respectiva la ha negado; se ha basado exclusivamente en el reporte de parámetros meteorológicos emitidos por sus estaciones meteorológicas, lo que es limitado, pues no tienen la suficiente información y toman exclusivamente criterios de la Comisión Nacional del Agua (CNA), que no cuenta con los criterios sociales para decidir en la aplicación de estos recursos, considerando que anteriormente esta decisión recaía directamente en el Centro de Prevención de Desastres Naturales (Cenapred).

La CNA, instancia técnica facultada para la corroboración de una declaratoria de emergencia hidrometeorológica, no cuenta con los criterios para evaluar estas peticiones y desconoce el concepto fundamental de la teoría de desastres, el cual interacciona los componentes "peligros, exposición y vulnerabilidad", ingredientes que determinan el riesgo en la población, siendo éste un principio básico para evaluar cualquier situación de emergencia o desastre, ya que ellos únicamente cuentan con el componente de "peligro" que se traduce en el fenómeno perturbador que para este caso puede ser frente frío, surada, masa de aire gélida, etcétera. Por ello, al faltarles los otros dos componentes que serían la exposición de la población ante estos fenómenos y su vulnerabilidad para enfrentarlos, no pueden emitir un criterio final de autorización o negación de estas declaratorias.

En la normatividad anterior el criterio de autorización de declaratorias de emergencia recaía en el Cenapred, institución coyuntural en la investigación de la protección civil en México, situación que le daba a esta institución facultades con conocimiento de causa para tomar un criterio basado en el conocimiento del riesgo a que está expuesta la población del país.

Compañeros legisladores, el objetivo de la creación de la declaratoria de emergencia es dar respuesta de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección a la vida y salud de la población afectada por un fenómeno perturbador; con este cambio de reglas se ha alargado el tiempo de respuesta por parte de la federación a la petición de las entidades federativas, ya que las instancias técnicas únicamente analizan las solicitudes de emergencia en días hábiles, lo que burocratiza la respuesta inmediata de la emergencia si ésta se presenta durante un puente o fin de semana.

El Fonden tiene situaciones difíciles de funcionamiento. La burocracia es enorme. La lentitud para declarar zona de emergencia, de desastre o cualquier otra que la ley disponga, siempre es tardada y los apoyos llegan meses después, años después o, curiosamente, cuando se celebran elecciones, previas a la votación.

Por lo anterior, nos permitimos someter ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De obvia y urgente resolución.

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que emita la declaratoria de desastre natural para los efectos de las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, vigentes en virtud de los daños provocados por los frentes fríos recientes en los municipios del estado de Veracruz.

Segundo. La Cámara de Diputados se pronuncia porque se modifiquen las reglas o lineamientos para la emisión de las declaratorias de emergencia para efectos de las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales emitidas por la Secretaría de Gobernación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 8 días del mes de febrero de 2007.

Diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), Adolfo Mota Hernández.

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LOS DIPUTADOS DE LA LX LEGISLATURA PARTICIPEN Y SE INCORPOREN EN SUS DISTRITOS O CIRCUNSCRIPCIONES A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN EN EL MARCO DEL V PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO ESTEVA SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito, diputado federal Alberto Esteva Salinas, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Parlamento de las Niñas y los Niños de México contribuye a que la niñez mexicana se exprese libremente y sea tomada en cuenta a través de una experiencia de participación democrática que favorezca la promoción, la defensa y el ejercicio pleno de sus derechos.

Dicho parlamento se fundamenta en los puntos de acuerdo aprobados por las Cámaras de Diputados y de Senadores de la LVIII Legislatura del 30 de abril de 2002, donde se estableció su realización con una periodicidad anual y como sede en forma alterna cada una de las Cámaras del honorable Congreso de la Unión.

En este año, el V Parlamento de las Niñas y los Niños de México tendrá como sede la Cámara de Diputados y se celebrará del 27 de mayo al 2 de junio, coordinadamente a través de las Cámaras de Senadores y de Diputados que componen el Congreso de la Unión, a través de las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y de Participación Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

En el V Parlamento de las Niñas y los Niños de México, alumnos de quinto año de primaria podrán participar en un concurso que se realizará en cada uno de los 300 distritos electorales federales, para que así se pueda determinar quién viene a representar cada uno de ellos a la Ciudad de México, y exponer y debatir temas que en su comunidad sean de interés, para que la niñez mexicana se haga escuchar.

Es de vital importancia construir en la niñez mexicana un espíritu democrático y fomentarles un conocimiento de sus libertades, derechos y obligaciones, con la finalidad de que expresen libremente sus inquietudes y que favorezca la promoción, la defensa y el ejercicio pleno de sus derechos.

El parlamento busca la construcción y el fortalecimiento de una cultura democrática que propicie el desarrollo de una ciudadanía más participativa, capaz de poner en práctica los valores de la democracia, el respeto y la tolerancia para incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de sus comunidades.

Las niñas y los niños de México tienen el derecho incuestionable de estar informados y prepararse en la toma de decisiones futuras. A su vez, toda institución pública debe respetar esa prerrogativa, además de crear en los estudiantes un sentido de pertenencia a su comunidad, a fin de que asimilen los principios de diálogo, participación, horizontalidad, comunicación, justicia, equidad, tolerancia, honestidad, respeto, libertad, compromiso, responsabilidad ciudadana, identidad nacional, respeto de los símbolos patrios, conocimiento y respeto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocimiento y respeto de las diferentes culturas y formas de gobierno en nuestros límites geopolíticos y más allá de ellos.

Todo ejercicio que promueva y fortalezca los valores universales, así como los democráticos desde la escuela, reflejará mayor participación ciudadana, más informada y responsable en los espacios familiares, escolares, laborales y comunitarios.

Por esto, como representantes de la nación, estamos comprometidos con la sociedad, y aún más con la niñez mexicana, tenemos la obligación de brindar una buena estancia a las niñas y a los niños que nos visitarán en este recinto legislativo, además de otorgarles todas las facilidades para que realicen adecuadamente sus actividades. No es una tarea menor porque en la medida en que cada legislador invierta en actividades de esa índole, mayores serán su acercamiento, conocimiento, compromiso y consolidación con el distrito electoral que representa.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, y para que sea considerado de urgente y obvia resolución, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que todos y cada uno de los 500 diputados que integramos la LX Legislatura nos comprometamos a participar, acompañar e incorporarnos a las actividades que las niñas y los niños de nuestro distrito electoral uninominal, así como de las circunscripciones a que pertenezcan los diputados que accedieron a la legislatura por la vía de representación proporcional correspondiente, se realicen en el marco del V Parlamento de las Niñas y Niños de México, por celebrarse del 27 de mayo al 2 de junio de 2007.

Segundo. Difundir la convocatoria, la misión, la visión, los objetivos generales, los objetivos específicos y los lineamientos para el desarrollo del V Parlamento ante las autoridades locales, así como ante medios de comunicación regionales.

Tercero. Apoyar la gestión ante gobiernos locales, tanto estatales como municipales, para solventar con gastos de traslado vía aérea o terrestre, así como uniformes de los infantes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.

Diputado Alberto Esteva Salinas (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SEGOB A FIN DE QUE INFORME SOBRE LOS MECANISMOS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA

La suscrita, diputada federal en la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Entre agosto y diciembre de 2006, las autoridades del Instituto Federal Electoral remitieron diversos oficios a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación a efecto de que transmitiera diversos programas, durante sus tiempos permanentes, del Partido de la Revolución Democrática.

2. Frente a tales solicitudes, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía ha dado respuestas tales como solicitar un pronunciamiento del Consejo General del IFE sobre el contenido de dicho programa, por presumir una supuesta violación del artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (oficio DG/4900/06, de fecha 22 de diciembre), o bien, se presume que dichos programas violentan diversas disposiciones constitucionales y legales (oficio GD/067/2007, de fecha 31 de enero de 2007).

3. La negativa de transmisión del referido programa por parte de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación atenta contra diversos artículos constitucionales y legales que garantizan derechos, atribuciones y prerrogativas de los ciudadanos, del Instituto Federal Electoral y de los partidos políticos nacionales, en virtud de lo siguiente:

4. Es atentatorio del artículo 6o. de la Constitución en tanto que se viola el derecho a la libertad de expresión, así como de lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte y que, por tanto, asume como legislación en términos del artículo 133 constitucional, resultando vinculantes para él mismo y para las instituciones que lo integran.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981 establece en el artículo 13 (sobre la libertad de pensamiento y de expresión) que el derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa y no se puede restringir por vías o medios indirectos, como el abuso de controles oficiales de frecuencias radioeléctricas y aparatos usados en la difusión de información, o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, pero sí está sujeto a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas en la ley y ser necesarias para asegurar a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; y b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública.

5. Es atentatorio de la Base II del artículo 41 constitucional que garantiza el derecho de los partidos al acceso permanente a los medios de comunicación social. Lo es también de la Base III del referido artículo que establece que el Instituto Federal Electoral es autoridad en materia electoral y tiene a su cargo, de manera integral y directa, las relativas a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos, y por tanto es su facultad exclusiva.

De tal suerte e incluso en el supuesto, sin conceder, de que el citado programa tuviera contenidos indebidos o con visos de ilegalidad, corresponde al Instituto Federal Electoral tomar las medidas correctivas, mediante el procedimiento establecido en la ley aplicable, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Efectivamente, el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece como obligaciones de los partidos políticos nacionales, entre otras, las de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del estado democrático, así como abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria o difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos, particular ente durante sus campañas electorales y en la propaganda política que se utilice durante éstas.

Por ende, y de conformidad con los artículos 85, párrafo 1, 86, párrafo 1, incisos d) y l), y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Federal Electoral conocerá de las irregularidades en que haya incurrido un partido político o agrupación política mediante un procedimiento regulado en la ley electoral, tendente a determinar y, en su caso, sancionar el incumplimiento de las obligaciones previstas en las disposiciones del propio código electoral –incluidas las obligaciones a que se refiere a que refiere el artículo 38–, así como los acuerdos, las resoluciones y demás ordenamientos aplicables.

Por consiguiente, existe un procedimiento jurídico establecido para regular la conducta de los partidos políticos, sin que en el mismo esté contemplada intervención de ningún tipo por parte de Secretaría de Gobernación.

6. De hecho, y contra lo sostenido por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, según la cual "dentro de sus obligaciones conferidas a esta dirección […] no se encuentra la de rendir informes a autoridades electorales", el artículo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales expresamente indica que, para el desempeño de sus funciones, las autoridades electorales establecidas en la Constitución y en el código electoral contarán con el apoyo y la colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales, entre las que se encuentra la referida dirección, así como la propia Secretaría de Gobernación.

7. En los hechos, la Secretaría de Gobernación, a través de la referida dirección general, impide el ejercicio de derechos y prerrogativas establecidas por la Constitución y le ley electoral federal, sin que tenga atribuciones y competencias, y violando el marco jurídico que para tales efectos establece la Constitución y la ley.

8. Resulta preocupante que la referida secretaría insista en coartar por la vía administrativa el ejercicio de tales derechos, no obstante que la Cámara de Diputados ya se ha manifestado al respecto. Concretamente, este órgano legislativo, mediante acuerdo de fecha 13 de noviembre de 2006, exhortó al titular de dicha secretaría para que, en el marco de la ley, garanticen y respeten la libertad de expresión de los partidos políticos en la difusión de sus ideas y mensajes contenidos en los programas que, en ejercicio de sus prerrogativas, tienen derecho a que se transmitan en los tiempos oficiales del Estado.

No obstante, la persistencia de la secretaría en cuestión para impedir el ejercicio de los derechos y prerrogativas ya referidos queda de manifiesto no sólo en la actuación de la dirección de mérito, sino que incluso ha sido respaldada por el propio secretario de Gobernación mediante entrevistas concedidas a diversos medios nacionales, por lo que se hace necesario que la Cámara de Diputados tome medidas de mayor contundencia para garantizar el imperio de un estado democrático de derecho.

9. Asimismo, y en vista de la actuación de la referida secretaría, es preciso que la Cámara de Diputados sea informada directamente por el titular de aquélla de los procedimientos y mecanismos mediante los cuales habrá de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y las prerrogativas de los partidos políticos nacionales, así como los medios de coordinación con la autoridad electoral competente para que tales situaciones no se presenten en lo futuro.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Gobernación a garantizar y respetar la libertad de expresión y las prerrogativas con que cuentan los partidos políticos nacionales y, en consecuencia, tramite la inmediata transmisión de los programas del Partido de la Revolución Democrática motivo del presente punto de acuerdo.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados solicita la comparecencia del secretario de Gobernación a efecto de que informe de los procedimientos y mecanismos mediante los cuales habrá de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y las prerrogativas de los partidos políticos nacionales, así como los medios de coordinación con la autoridad electoral competente para que tales situaciones no se presenten en lo futuro, conforme a lo señalado en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.

Diputada Marina Arvizu Rivas (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS ESTATALES A INTEGRAR UNA COMISIÓN DE TURISMO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO DÁVILA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El de la voz, Francisco Dávila García, a nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó una proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, para exhortar a los congresos estatales a la creación e integración de una comisión de turismo.

Consideraciones

La atención en lo particular, al tema del turismo, implica una gran diversidad de estudios, acciones, programas y estrategias, teniendo como única finalidad, el desarrollo de la actividad en los destinos con oportunidad para su potencialización generándoles un crecimiento económico, y por tanto, un beneficio social a sus habitantes, ejemplo de ello lo encontramos en los cinco centros integralmente planeados por el Fondo Nacional para el Turismo (Fonatur) en los destinos, Los Cabos, Loreto, Ixtapa, Cancún y Huatulco, éstos se iniciaron a finales de los años setenta, con una política de visión a futuro, que tuvo como objetivo la creación de fuentes de empleo que permitieran urbanizar y dotar de infraestructura básica a nuevas poblaciones para elevarlas a rango de ciudades con todos los servicios públicos. Como resultado exitoso de estas acciones y conocido a nivel mundial es el municipio de Benito Juárez en el cual se encuentra Cancún, siendo éste el polo turístico más importante del país y el mayor captador de ingresos en sus tres órdenes de gobierno, y ejemplo como modelo turístico para otros lugares, actualmente el Aeropuerto Internacional de Benito Juárez, Cancún, ocupa el 2o lugar en vuelos internacionales, siendo puerta de entrada para el turismo internacional, y en la búsqueda de estrategias para un mayor crecimiento y desarrollo, a principios de los noventa, se conformó una organización tripartita integrada por los gobiernos federal, estatal y los prestadores de servicios turísticos de Cancún para promocionar el destino a nivel mundial denominado Coprotur, Consejo de Promoción Turística, así se sentaron las bases para que a finales de la década anterior se constituyera a nivel nacional el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).

Con este antecedente, del diseño, creación y desarrollo de un destino turístico, es posible asegurar que la atención integral para la actividad turística puede acrecentar de manera sustantiva el crecimiento económico de un municipio, región o estado, por ello propongo que los congresos estatales que aun no cuenten con una comisión que atienda únicamente este tema, analicen las oportunidades, ventajas y beneficios que el turismo generará en sus estados, con la implementación de políticas propias para el tipo o modalidad de turismo que se pueda aprovechar en cada una de estas entidades con un ordenamiento jurídico, que tenga como base de referencia el desarrollo e incremento de la actividad turística y particularizando, lo relativo a las necesidades propias del estado, lo anterior deberá ser en cumplimiento en la disposición constitucional estipulada en el inciso k), fracción 29, del articulo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece la facultad que tiene el Congreso de la Unión para legislar en materia de turismo y la concurrencia con las entidades de la federación para establecer las bases en esta materia. Al contar con una comisión para esta actividad, los congresos estatales podrán estudiar, analizar y legislar lo relativo en materia de turismo para su estado y coparticipar en la planeación y creación de las políticas que se formulen para potencializar las oportunidades que el turismo otorgue al estado.

Por ello, me permito realizar dicho exhorto de manera respetuosa a mis compañeros legisladores de los estados, ya que, en estos momentos, nuestro país está afrontando la urgente necesidad de crear empleos, y estos a su vez, deben generar salarios que permitan satisfacer las necesidades básicas de las personas. La actividad turística, compañeros diputados, es promotora de un mayor número de empleos directos e indirectos y esta actividad económica genera a sus trabajadores una remuneración que se encuentra en un 30 por ciento por encima de la media nacional, de esta manera se confirma la importancia de impulsar y llevar a cabo acciones en las que se propicie la participación de los sectores involucrados en torno al turismo. De tal forma que nuestra función como legisladores se manifieste a favor de dar soluciones concretas y prontas, en pro del bienestar común de los representados de nuestro país, cumpliendo con el encargo para el que fuimos electos.

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento la proposición con punto de acuerdo de urgente resolución.

Único. Por el que se exhorta a los congresos estatales a formar una comisión de turismo de pronta creación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 8 días del mes de febrero de 2007.

Diputado Francisco Dávila García (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE TABASCO A INSTRUIR LA INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON EL PARADERO DEL PERIODISTA RODOLFO RINCÓN TARACENA, DEL DIARIO TABASCO HOY, DESAPARECIDO EL 20 DE ENERO DE 2007, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO PRIEGO TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, Gerardo Priego Tapia, diputado federal de la LX Legisladora del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1, y 43, párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado martes 29 de enero del 2007 se realizó en Tabasco una marcha encabezada por más de 70 periodistas de la entidad, en la que demandaron que se aceleren las investigaciones en torno a la reciente desaparición del periodista Rodolfo Rincón Taracena. También pidieron que se garantice la integridad física del gremio en el ejercicio de su profesión.

La presencia de periodistas y de diversas organizaciones civiles en las calles de Villahermosa respondió a la necesidad de que las autoridades encargadas de impartir justicia y garantizar la seguridad en la entidad cumplan a cabalidad con su obligación, especialmente en lo que respecta a la prevención y defensa de agresiones en contra de comunicadores.

Los comunicadores señalaron que con la desaparición de Rodolfo Rincón Taracena se pretende acallar el ejercicio de la libertad de expresión. Esta manifestación representa un duro señalamiento y una denuncia por todos los años en que los comunicadores han visto amenazada su actividad, sin tener la garantía de ser protegidos en su integridad por parte de las autoridades encargadas de hacerlo.

El sábado 20 de enero del 2007, Rodolfo Rincón Taracena, periodista del diario Tabasco Hoy, le avisó a su compañero de labores, Roberto Cuitláhuac, coordinador de la sección policiaca, que saldría a comer. Después de esto, que aconteció alrededor de las ocho de la noche, no se volvió a saber nada de Rodolfo Rincón.

Rosalinda Pedrero, esposa del reportero desaparecido, confirmó que la última vez que supo de Rodolfo fue el pasado 20 de enero, luego de que la llamara por teléfono. La falta de noticias del periodista la condujo a solicitar a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que se abriera la averiguación para iniciar su búsqueda. La averiguación previa es la AMI/AMPERC/90/2007.

A varios días de desaparecido el periodista, los comunicadores señalan que no ha habido resultados satisfactorios ni avances palpables en las indagatorias para esclarecer tan lamentables acontecimientos. (Fuente: Tabasco Hoy, 30 de enero 2007).

Se sabe que la desaparición del periodista coincide con el tiempo en que debía entregar un artículo relativo a una banda de atracadores de bancos y a una investigación sobre los puntos de venta de droga en los barrios de Atasta y Tamulté, en la ciudad de Villahermosa. Según declaraciones hechas por compañeros del diario, el periodista ya había dado los nombres de algunos traficantes.

Los comunicadores temen represalias y que se continúen los ataques. Por ello, y en defensa de su ejercicio profesional, le han exigido al procurador estatal de Justicia de Tabasco, Gustavo Rosario Torres, que las distintas corporaciones policíacas garanticen la integridad física de los periodistas y comunicadores, y al gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, para que se investigue a la brevedad la desaparición del periodista.

Por su parte, aún cuando el gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, se comprometió ante los periodistas a esclarecer el caso hasta las últimas consecuencias, el señalamiento de que "en Tabasco se acabaron los privilegios para algunos" y que "no habrá apellidos que tengan la protección del gobierno…" (Fuente: Tabasco Hoy, 30 de enero de 2007), conduce a la sospecha de irregularidades conocidas y cometidas en anteriores administraciones por autoridades judiciales, así como de actos de impunidad solapados por altos funcionarios de la entidad. Este hecho confirma el temor y la molestia manifestadas por los periodistas en esta última marcha, en la que se pide el esclarecimiento inmediato del paradero de Rodolfo Rincón Taracena y que se detenga la ola de violencia en su contra.

En este último mes la sociedad ha visto aumentar sus temores por la desaparición del periodista; sin embargo, existe la amenaza latente de posteriores represalias en contra de comunicadores de otros diarios de la entidad. Por lo pronto, el reportero Antonio Hernández, del diario El Sol de Tabasco, interpuso una queja por haber recibido amenazas de unos atracadores de bancos que, según parece, operan de la misma manera que los investigados por Rodolfo Rincón Taracena.

Por estas razones, el suscrito diputado, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que se exhorta al gobernador del estado de Tabasco, Andrés Granier Melo, para que tome las medidas conducentes para que se investigue con celeridad y profundidad el paradero del periodista Rodolfo Rincón Taracena, reportero del diario Tabasco Hoy, quien desapareció el pasado 20 de enero del 2007.

Segundo. Que se exhorte a la Procuraduría General de Justicia de Tabasco para que a la brevedad, y en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo conforme a lo establecido por la ley las investigaciones ministeriales relacionadas con la desaparición del periodista.

Tercero. Que se exhorta al gobierno de Tabasco para que garantice la seguridad de los periodistas al realizar su ejercicio profesional.

Cuarto. Que se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, adscrita a la PGR, para que atraiga el caso y le dé el debido seguimiento.

Palacio Legislativo, a 8 de febrero de 2007.

Diputado Gerardo Priego Tapia (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA DEL MAÍZ, LA TORTILLA Y LOS INCREMENTOS DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los diputados federales de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión abajo firmantes, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el carácter de urgente resolución nos permitimos presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo sobre el maíz, la tortilla y el incremento de los productos básicos.

Adicional a la despedida del foxismo con incrementos en los combustibles, durante las últimas semanas vivimos una tendencia alcista de los precios de los productos básicos, principalmente la tortilla, la harina de maíz, el huevo, la leche, el gas, las autopistas, por señalar sólo los casos más conocidos. El ingreso de quienes ganan menos de dos salarios mínimos, o sea 50 por ciento de los mexicanos, ha sido insuficiente para compensar estos incrementos. El gasto familiar está fuertemente deteriorado, quien gana un salario mínimo destina ahora 25 por ciento de su ingreso para comprar un kilogramo de tortilla.

Los precios se incrementaron como efecto del aumento en la tortilla, y éste se debió, según la información oficial, al incremento en el precio internacional del maíz y la falta de reservas técnicas en el país; con ello gobierno federal y algunas cúpulas firmaron un convenio para establecer un precio de 8.50 pesos por kilogramo de tortilla y duplicar las utilidades de quienes compraron o importaron maíz en México. La historia reciente la conocemos, por ello sólo quisiera hacer algunas reflexiones y aseveraciones al respecto:

1. El acuerdo para fijar el precio de la tortilla en 8.50 pesos el kilogramo fue un fracaso, sólo se estableció parcialmente en 11 estados y en la mayoría del país se sigue vendiendo al libre acuerdo de las grandes empresas y tortilleros.

2. En conclusión, el acuerdo sólo sirvió para incrementar las utilidades de quienes especularon y acapararon el maíz; algunos estiman que el beneficio por esta operación les dio una utilidad de más de 6 mil millones de pesos, esto es un monto mayor al presupuesto destinando a la Alianza para el Campo.

3. La prueba de la especulación está a la vista: a casi un mes de emitido un acuerdo de importación el producto no ha llegado, y no se presenta escasez de maíz; por ello, con el aumento de precio sólo se sobrevaloraron las existencias de los acaparadores.

4. En 2006 producimos 21.3 millones de toneladas de maíz, cifra récord en la historia de nuestro país, y mayor en 2.5 millones de toneladas que el año anterior. También en 2006 rompimos récord en importaciones, llegando a 10.7 millones de toneladas de maíz, entre blanco, amarillo y quebrado. En total, nuestra disponibilidad anual fue de más de 32 millones de toneladas, de las cuales, según datos oficiales, sólo destinamos 11.4 millones de toneladas para consumo humano, principalmente en tortilla. Cabe destacar que tan sólo en el último trimestre de 2006 se importaron 3.7 millones de toneladas. ¿Quiénes lo hicieron? Las mismas compañías transnacionales que lo tenían en Estados Unidos: Cargill, Maseca, Minsa, Monsanto, las mismas que el secretario de Hacienda les encargó ordenar el mercado ante la desaparición de Conasupo, las mismas que sabían en sus oficinas matrices en Estados Unidos de la eminente alza en el precio internacional.

5. Contrario a fomentar la producción y la soberanía alimentaria, el Ejecutivo instruyó "que traigan el maíz de donde haya", ordenando traer maíz de Sudáfrica, con lo cual se contraviene la aspiración de los mexicanos para producir nuestros propios alimentos, y se disfraza con ello decisión de legalizar el incremento de 40 por ciento en la tortilla, contraviniendo también el artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que señala: "El Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional".

7. Sí el secretario de Economía supiera de economía, sabría que al avisar una autorización de 1 millón 300 mil toneladas de maíz presiona al alza los precios internacionales, y así lo documentan las citas y los despachos que atienden la bolsa de granos, que la propia ASERCA menciona en sus análisis, donde se señala que la excesiva demanda de exportación en Estados Unidos incrementó en 17 dólares el precio en los últimos días.

8. Que es una gran injusticia especular, traficar y encarecer los productos básicos y estratégicos para el consumo popular, que estos hechos están considerados como un delito contra la economía pública, según el Código Penal, en su artículo 253 expresa claramente los delitos contra el consumo y textualmente dicta: "Son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se sancionan con prisión de tres a diez años y con doscientos a mil días de multa, los siguientes:

I. Los relacionados con artículos de consumo necesario o generalizado o con las materias primas necesarias para elaborarlos, así como las materias primas esenciales para la industria nacional, que consista en:

a) Acaparamiento, ocultación o injustificada negativa para la venta, con objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto de los consumidores.

…

d) Todo acuerdo o combinación, de cualquier manera que se haga, de productores, industriales, comerciantes o transportistas, para evitar la competencia entre sí y que traiga como consecuencia que los consumidores o usuarios paguen precios exagerados.

e) La suspensión de la… distribución, oferta o venta de mercancías… con objeto de obtener un alza en los precios o se afecte el abasto de los consumidores.

…

g) La venta con inmoderado lucro…

h). Distraer, para usos distintos, mercancías que han sido surtidas para un fin determinado…"

Por lo anterior, tenemos los elementos legales suficientes para que la autoridad ejerza las sanciones establecidas sobre este punto que ha causado una oleada de incrementos de precios de los productos básicos e incremento del costo de la vida y, como dice la ley, es en contra de la economía pública.

Por todo ello, proponemos a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal que se aplique en forma urgente un programa emergente para la producción nacional de maíz, sustentado en el concepto de seguridad y soberanía alimentaria que mandata la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Segundo. Se mandata a las comisiones de Desarrollo Rural, de Agricultura y Ganadería, de Reforma Agraria, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Asuntos Indígenas, en su carácter de comisiones unidas, junto con la Comisión de Vigilancia y con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación, para que realicen una investigación que esclarezca la posible especulación con el precio del maíz y la tortilla.

Tercero. Se requiere al Ejecutivo federal para que mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores se establezca la mesa de negociaciones para la revisión del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Cuarto. Que esta Cámara de Diputados dé seguimiento puntual a la denuncia por acaparamiento y especulación presentada por el senador Ricardo Monreal. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que atienda en forma puntual dicha denuncia y proceda inmediatamente a establecer los castigos correspondientes.

Diputado Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR UN PROGRAMA DE INCENTIVOS QUE COMPENSEN EL PAGO DE CUOTAS AL IMSS E INFONAVIT PARA EL SECTOR EMPRESARIAL AFECTADO POR EL CONFLICTO EN EL ESTADO DE OAXACA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JORGE TOLEDO LUIS Y PATRICIA VILLANUEVA ABRAJÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La ciudad de Oaxaca ésta recuperando su esplendor y su grandiosidad y mostrando a la mirada de todos que cuenta con infinidad de virtudes, entre ellas, que es patrimonio cultural de la humanidad. Sin embargo, los ciudadanos están realizando un trabajo loable para devolverle algo de lo que es suyo y le fue arrebatado.

La crisis económica que ahora vive, viene antecedida por un conflicto que paró de golpe el cauce económico de la entidad por más de 6 meses, tiempo que resulta imposible recuperar, tanto en el rubro económico como en todos los aspectos de la vida de sus habitantes.

Es importante reactivar al 100 por ciento la economía de los artesanos, de quienes integran la industria restaurantera, la industria hotelera, los pequeños comerciantes, los locatarios de los mercados, los transportistas y todos los sectores de la vida productiva, a efecto de que puedan contar con las facilidades y el mayor apoyo por parte del gobierno federal para contribuir a fortalecer la economía de esta entidad federativa.

Oaxaca es uno de los estados más pobres del país, su producto interno bruto es cercano a los 52 mil millones de pesos. El comercio, el turismo y la producción artesanal son los bastiones de su economía.

Sin embargo, se tiene el reporte de que en el Centro Histórico, así como en municipios circunvecinos, al menos 120 establecimientos han sido cerrados y durante el clímax del conflicto 240 locales no abrieron al público. Es por eso que en la actualidad, un poco más de 160 comercios presentan pasivos por más de 1.5 millones de pesos. Esto sólo en la capital, sin contabilizar a la zona conurbada.

Los cierres totales y parciales de dichos comercios implicaron el despido masivo y el recorte de trabajadores que son el sustento de sus familias, porque los comerciantes oaxaqueños no pudieron seguir cubriendo sus honorarios y los pagos de las cuotas al Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda (Infonavit) así como del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El pago de las cuotas obrero–patronales resulta difícil de cubrir, si no existe la derrama turística habitual, por lo cual, los negocios que no puedan cumplir con esos pagos se verán imposibilitados para continuar brindando sus servicios, resultando que pueden ser más las personas que pierdan sus empleos.

En este marco, el gobierno federal anterior, se comprometió con empresarios y comerciantes a brindar todo su apoyo. El compromiso contraído por dicha administración fue por un monto de 500 millones de pesos consistentes en créditos a una tasa cero para rescatar el empleo, no obstante no hubo recuperación y los apoyos nunca llegaron. Este hecho acicateó la crisis que padecen en la entidad.

Es impostergable que los comercios que cerraron se vuelvan a abrir, que los empleos perdidos se recuperen, que el turismo regrese para apreciar lo magnánimo del pueblo oaxaqueño y que la crisis económica continué marchando por el camino de la recuperación.

No debemos permitir que Oaxaca se frene, es necesario que continué andando por el camino que reclaman los tiempos actuales, con firmeza y decisión, con mejores perspectivas para sus hombres y mujeres, con niñas y niños que vislumbren un mejor futuro y con una economía que paso a paso vaya en ascenso. En Oaxaca no hay vencedores ni vencidos, ni castigados ni verdugos, sólo un pueblo que desea la superación de la crisis que está viviendo.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal, para que implante un programa de estímulos económicos que compense el pago de las cutas obrero-patronales correspondientes al Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda (Infonavit) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dirigido a los establecimientos agrupados en las cámaras y asociaciones empresariales y de Servicios, ubicadas en la ciudad de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados con dicha ciudad, que resultaron directamente afectados en sus labores por el conflicto suscitado en el segundo semestre del año 2006.

El objetivo de este programa sería estimular la recuperación de la economía y el desarrollo de Oaxaca, proveyendo el bienestar que, con justicia, requieren sus habitantes.

Palacio Legislativo, a 6 de febrero de 2007

Diputados: Jorge Toledo Luis (rúbrica), Patricia Villanueva Abraján

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE SE REALICE EL PARLAMENTO DE LA JUVENTUD DE MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA CABALLERO CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura, Claudia Gabriela Caballero Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de establecer anualmente la realización del parlamento de la juventud, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

En estos momentos me permito externarles una propuesta que considero de suma trascendencia para la edificación de una juventud mexicana más comprometida con los aspectos políticos de nuestro país, con lo cual construiremos los cimientos para que las futuras generaciones sean más activas y participativas. Dicha inquietud consiste en la organización del primer parlamento de jóvenes mexicanos en la Cámara de Diputados y surgió como parte de mis experiencias, al ser actualmente la diputada más joven de la bancada de Acción Nacional.

Hay que considerar que en los últimos años la Cámara de Diputados ha sido la sede del Parlamento de Mujeres y del Parlamento de las Niñas y los Niños de México, ambos con excelentes resultados y que sin duda han beneficiado a muchas familias, pero considero que ha faltado escuchar las ideas e inquietudes de los jóvenes. Por ende, pienso en la necesidad de establecer el parlamento de la juventud de México.

Como legisladores debemos tener muy claro que lo más valioso que tiene una nación es su gente, y por lo mismo, tenemos la obligación de implantar las medidas necesarias con el único objetivo de garantizar una mejor calidad de vida para todos, especialmente de los jóvenes mexicanos en este mundo globalizado.

Entre 1995 y 2005, la juventud mundial, integrada por las personas entre los 15 y los 24 años de edad, aumentó de 1025 millones a 1153 millones. En 2005 la juventud representaba 18 por ciento de la población mundial, y 85 por ciento de todos los jóvenes del mundo vivían en los países en desarrollo.

En México, uno de cada tres somos jóvenes de entre 14 y 29 años de edad, ansiosos de expresar ideas, inquietudes y necesidades y de llevar a cabo sueños y proyectos, por lo que considero que dicho parlamento servirá ante todo para crear mejores seres humanos, además de analizar y establecer las condiciones necesarias para crear generaciones de mexicanos capacitados para hacer frente a un futuro incierto, en donde exista equidad y una sana competencia.

Las Naciones Unidas han reconocido desde hace tiempo que la imaginación, los ideales y la energía de las y los jóvenes son vitales para el desarrollo continuo de las sociedades en las que viven. Los Estados miembros de Naciones Unidas han reconocido esto desde 1965 cuando respaldaron la declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión entre los pueblos.

Dos décadas más tarde, el llamado de la Asamblea General para declarar 1985 Año Internacional de la Juventud: participación, desarrollo, paz; logró que en el ámbito internacional se preste mayor atención al importante papel que desempeña la juventud en el mundo y resaltó particularmente su contribución potencial en el cumplimiento de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Ese año, la Asamblea General también respaldó las directrices para la planificación de medidas y para el seguimiento adecuado en materia de juventud, que fueron significativas por el enfoque dado a los jóvenes como una categoría amplia, integrada por diversos subgrupos, en lugar de considerarlos una entidad demográfica única.

En 1995, en el décimo aniversario del Año Internacional de la Juventud, las Naciones Unidas fortalecieron su compromiso con los jóvenes proporcionando dirección a la respuesta de la comunidad internacional ante los retos que enfrentaría la juventud en el siguiente milenio. Para ello se adoptó una estrategia internacional: el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta 2000 y años subsiguientes.

Además, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General hizo suya la recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros encargados de la Juventud de que se declarara el 12 de agosto Día Internacional de la Juventud. La asamblea recomendó que se organizaran actividades de información pública en apoyo del día como medio para promover una mayor toma de conciencia del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta 2000 y años subsiguientes.

En nuestro país, cada año, en el marco del Día Internacional de la Juventud, el Instituto Mexicano de la Juventud y los Institutos Estatales llevan a cabo diferentes encuentros y foros para mostrar lo mejor del talento, la creatividad y el trabajo de las y los jóvenes. Por otro lado, entre los objetivos del plan de trabajo de la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados se considera "establecer una agenda mínima de foros y encuentros de trabajo con los jóvenes para recoger sus demandas y necesidades; y generar propuestas de políticas que promuevan la participación de los jóvenes en los diferentes ámbitos de la sociedad, impulsando la creación de organizaciones juveniles y estudiantiles, el protagonismo juvenil en los asuntos de carácter social, cultural, académico, político, deportivo y recreativo".

Compañeras y compañeros legisladores, vengo a plantear a este Pleno la realización de un parlamento de la juventud de México, con periodicidad anual, que tendría como sede la Cámara de Diputados y la de Senadores de manera alterna y al que acudirían jóvenes de entre 12 y 29 años de acuerdo con lo establecido en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

El parlamento de jóvenes será plural, asistiendo participantes de todos los estados y de todas las condiciones sociales, económicas e ideológicas lo que demostrará que, a pesar de existir ciertas diferencias, se pueden obtener acuerdos y trabajar en conjunto, démosles ese espacio para exponer y recoger sus demandas y necesidades, tienen el derecho a la libertad de expresión a que se les tome su parecer respecto de los asuntos que los afecten y el contenido de las resoluciones que les conciernen, y a que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones y propuestas respecto a los asuntos de su familia o comunidad, como indica la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En el Informe sobre la Juventud Mundial 2005 de Naciones Unidas se establece: "Las estrategias efectivas para la participación de los jóvenes deben dejar de ser casuísticas y para una actividad concreta y ser incluidas en aspectos básicos de las estructuras, las instituciones y los procesos sociales. Hay que tomar medidas para fomentar las relaciones entre las distintas generaciones y poner a los jóvenes en condiciones de participar en forma significativa en los programas y las actividades que los afectan. Hay que tratar de que el mayor número posible de jóvenes tenga la oportunidad de representar a su grupo de edad. Las niñas y las jóvenes, en particular, pueden necesitar apoyo adicional para superar obstáculos sociales, culturales y económicos a su plena participación".

Empecemos por involucrarlos en el parlamento de la juventud. En dicho parlamento, los jóvenes desempeñarán funciones de legisladores con el objetivo de conocer las inquietudes que cada uno de ellos tiene y, a su vez, escuchar las ideas de solución que los mismos jóvenes establezcan, ya que en ocasiones nosotros queremos hacer propuestas que beneficien a este sector pero muchas veces no los tomamos en cuenta, no los consultamos, no les inquirimos.

Una de las prioridades del Partido Acción Nacional siempre ha sido y será el apoyo a la juventud mexicana, viendo en ellos el futuro de nuestro México. Como muestra de este compromiso podríamos mencionar varias intervenciones en tribuna y actos concretos. De hecho, como antecedente a mi propuesta está el punto de acuerdo que presentó mi compañero de partido, el diputado federal de la LIX Legislatura José Erandi Bermúdez Méndez, quien formuló una propuesta parecida, pero que por diversas razones no se ha llevado a cabo.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se aprueba la realización del parlamento de la juventud de México, que se llevará coordinadamente por el Poder Legislativo a través de las Cámaras de Diputados y de Senadores, con el Ejecutivo federal a través del Instituto Mexicano de la Juventud.

Segundo. Este encuentro se realizará con una periodicidad anual y tendrá como sede, en forma alterna, cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Tercero. Se establece como sede del primer parlamento la Cámara de Diputados, por celebrarse en agosto de 2007.

Cuarto. Se instruye a las comisiones de Juventud y Deporte, y de Participación Ciudadana de la LX Legislatura de esta Cámara para que, en coordinación con la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores y con las instancias del gobierno federal, establezca en un plazo no mayor de 120 días las bases y los lineamientos de funcionamiento, organización, convocatoria y realización de acciones necesarias para el desarrollo del primer parlamento de la juventud de México.

Palacio legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.

Diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE TABASCO A ACATAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA CNDH EL 27 DE DICIEMBRE DE 2006, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO LANDERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, Pedro Landero López diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia política es el peor lastre para las democracias modernas, el uso de la agresión física a través de los instrumentos del Estado significa represión y autoritarismo, la omisión y la falta de denuncia de la misma nos convierte en cómplices de regimenes corruptos.

Compañeros legisladores, el pasado 17 de octubre la compañera diputada Sonia Ibarra presentó ante esta tribuna una denuncia publica en contra del hasta ese momento gobernador tabasqueño Manuel Andrade, el cual a través de elementos de diversas corporaciones policíacas violento el fuero constitucional.

Asimismo se denunciaron las vejaciones que sufrieron nuestros compañeros de partido Lucano Herrera, Antonio Guerrero García, Alejandro Robles Gómez, Gilberto García Hermosillo, Raudal Mitre Ayala y Guadalupe Alberto Cristerna, los cuales fueron secuestrados y obligados a declarar a través de golpes hechos que a la luz de la verdad resultaron totalmente falsos, sin embargo hoy día en un acto de necedad y represión todos estos compañeros siguen siendo procesados lo cual les representa un gasto físico, moral y económicos.

El Partido de la Revolución Democrática ha prestado en todo momento la solidaridad y asesoría para la defensa de los militantes agredidos, ellos han tomado acciones legales ante diversas instancias para defender sus derechos, entre estas acciones se encuentra la queja presentada el 13 de octubre de 2006 por el compañero Horacio Duarte misma que consta en el expediente 2006/4808/5/Q.

Es así que del análisis realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a estos hechos esta instancia determinó el pasado 27 de diciembre de 2006 la siguiente recomendación para el gobernador del estado de Tabasco:

Primera. Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de dar vista a la Secretaría de Contraloría del estado de Tabasco, a fin de que se inicie y resuelva conforme a derecho un procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad en que hayan incurrido los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad federativa, con motivo de la violencia física, verbal y psicológica que infligieron a los agraviados al momento de su detención y durante el tiempo en que los retuvieron, hasta su puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público del fuero común.

Segunda. Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de dar vista a la Secretaría de Contraloría del estado de Tabasco, a fin de que se inicie y resuelva conforme a derecho un procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad en que hayan incurrido los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad federativa, que video grabaron y presentaron ante los medios de comunicación a los agraviados.

Tercera. Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de dar vista a la Secretaría de Contraloría del estado de Tabasco, a fin de que se inicie y resuelva conforme a derecho un procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad en que hayan incurrido los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad federativa, por la dilación en la puesta a disposición de los agraviados ante el agente del Ministerio Público del fuero común.

Cuarta. Se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que la presente Recomendación se aporte a la averiguación previa AMI-DAPC-141/06, iniciada, entre otros delitos, por tortura, para que las consideraciones vertidas en ella sean valoradas por el representante social del fueron común, al momento de emitir su determinación.

Quinta. Se emitan las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen los trámites necesarios y de inmediato se reparé del daño psicológico que sufrieron los agraviados, mediante tratamientos especializados.

Sexta. Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de dar vista a la Secretaría de Contraloría del estado de Tabasco, a fin de que se inicie y resuelva conforme a derecho un procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad en que hayan incurrido los médicos legistas Carlos Fernández Enríquez y Luís Martín Romero Jesús, adscritos a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad federativa, por la omisión en que incurrieron al momento de certificar médicamente a los señores Gilberto Daniel García Hermosillo y Jesús Antonio Ramírez Arias. Asimismo, a los servidores públicos de esa procuraduría, responsables de las condiciones indignas de la celda en que cursaron su detención los agraviados que estuvieron a disposición del agente del Ministerio Público investigador del tercer turno, adscrito a la Sexta delegación.

Séptima. Se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones establezca ejes y acciones para la adecuada prevención de la tortura, a través de la capacitación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tabasco.

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular por parte de servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualesquiera otras autoridades competentes, para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad cometida.

De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación de esta Recomendación, en su caso, nos sea informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes a esta notificación.

Con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la Recomendación que se les dirige se envíen a esta Comisión Nacional dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la misma.

La falta de presentación de las pruebas dará lugar a que se interprete que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública esta circunstancia.

Compañeros diputados, al día de hoy el presunto gobernador del estado de Tabasco esta más preocupado en pagar deudas políticas a sus cómplices del fraude del 15 de octubre, tal y como lo ha hecho al otorgar una notaria pública a José del Carmen Domínguez Narez, el mismo que todos escuchamos y vimos acosando a taxistas tabasqueños.

Con todo respeto señor Andrés Granier deje de hacerse al tonto, y empiece a cumplir con las normas.

Por lo antes expuesto, diputadas y diputados, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Tabasco a que acate la recomendación emitida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el pasado 27 de diciembre de 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero del año dos mil siete.

Diputado Pedro Landero López (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE ESTA SOBERANÍA VERIFIQUE MEDIANTE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL QUE EL IMSS ESTÉ CUMPLIENDO SUS OBLIGACIONES PATRONALES EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, A CARGO DEL DIPUTADO ALFREDO BARBA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El Instituto Mexicano del Seguro Social opera entre otros, un Programa permanente de vacunación, para su desarrollo tiene laborando un gran número de personal que no tiene contrato o prestación alguna, de hecho firman en un libro y no se les expide ningún comprobante.

Este personal muchos de nosotros lo hemos visto, son quienes recorren las comunidades casa por casa vacunando, con un supuesto horario de las 8 a las 15 horas, de lunes a viernes, pero cuando no hay personal suficiente en medicina preventiva de la clínica a la que están asignadas, se deben quedar haciendo las actividades en consultorios sin recibir compensación alguna.

Hay quienes tienen hasta 12 años de antigüedad, y actualmente les pagan 2 mil 850 pesos y en los últimos dos años no han recibido ningún incremento.

El riesgo que enfrentan al trasladarse a las comunidades y caminar por las calles, a las agujas infectadas, cuando tienen que realizar un cordón sanitario cuando se presenta una enfermedad contagiosa en alguna comunidad, o cuando son mensajeros para citas de pacientes de alto riesgo (vih, tuberculosis, entre otras) no es suficiente para que tengan contrato y sobre todo los derechos laborales que les garantiza la ley.

Es contradictorio que laborando en una institución de salud, no tengan derecho ni a la atención ni al apoyo de medicamentos, claro menos incapacidades, y su familia se encuentra de la misma forma desprotegida.

Es vergonzoso que quienes obligan a los patrones a dar seguridad social a los trabajadores no cumplan y violen tanto la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, y la misma ley que los rige; la del Seguro Social entre otras.

¿Que haría el IMSS, si un patrón empleara a sus trabajadores en términos de los voluntarios?, que no los registre ante el instituto, que no lleve control alguno, claro que ni soñar con Infonavit, o la posibilidad de una pensión o jubilación, seguro le fincaría un capital constitutivo que cualquier empresa se asustaría.

Es importante señalar que hay otras contrataciones de personal administrativo que se encuentra en términos similares, y que se debe aclarar para no permitir injusticias o manejos discrecionales que dañen a la institución que pertenece a los trabajadores de México.

El IMSS esta incumpliendo diversas leyes, a continuación mencionamos algunas:

Consideraciones de carácter legal:

La Constitución Política en el párrafo tercero del artículo 5o. dice:

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

Así como el artículo 123 en sus fracciones XIV, XV y XXIX dice:

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario;

XV. El patrono estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso;

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

Que la Ley Federal del Trabajo dice: Artículo 5o. Las disposiciones de esta ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

…

V. Un salario inferior al mínimo;

VI. Un salario que no sea remunerador, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje;

VII. Un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros;

XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad;

Artículo 8o. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado.

Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.

Artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.

Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquél, lo será también de éstos.

Que la Ley del Seguro Social dice:

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones;

Artículo 15. Los patrones están obligados a:

I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles;

II. Llevar registros, tales como nóminas y listas de raya en las que se asiente invariablemente el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores, además de otros datos que exijan la presente ley y sus reglamentos. Es obligatorio conservar estos registros durante los cinco años siguientes al de su fecha;

III. Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al instituto;

…

VII. Cumplir con las obligaciones que les impone el capítulo sexto del Título II de esta ley, en relación con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;

VIII. Cumplir con las demás disposiciones de esta ley y sus reglamentos, y

IX. Expedir y entregar, tratándose de trabajadores eventuales de la ciudad o del campo, constancia de los días laborados de acuerdo a lo que establezcan los reglamentos respectivos.

Consideraciones

Que la actuación del Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la obligación de ser ejemplo como patrón, en cumplir con la aplicación de las leyes que dan seguridad social a los trabajadores.

Que como diputados tenemos el compromiso de velar por los intereses de quienes con su esfuerzo hacen posible que hoy tengamos una sociedad más sana, con una mejor expectativa de vida.

Que incumplir con las obligaciones patronales tras un concepto de prestadores de servicios o empleados voluntarios, que en la ley no existe.

Que esto puede sentar un precedente para que empresas operen bajo situaciones similares.

Tengo la seguridad de que quienes actualmente están al frente del Seguro Social, tienen un compromiso para mejorar el funcionamiento y que vuelva a ser ejemplo a seguir por otros países la mejor y más grande institución de seguridad social.

Por lo anterior expuesto y fundado, solicitamos la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que esta soberanía a través de la Comisión de Trabajo y Previsión Social verifique que el Instituto Mexicano del Seguro Social ESTE cumpliendo con sus obligaciones patronales en la contratación de personal para la operación de diversos programas, y que estos gocen de las garantías y prestaciones de ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007

Diputado Alfredo Barba Hernández (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EXPEDIR UN DECRETO EN EL QUE OTORGUE BENEFICIOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DE LAS REGIONES AFECTADAS EN EL ESTADO DE OAXACA Y PRORROGUE LA VIGENCIA DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS VARELA LAGUNAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El suscrito, José Luis Varela Lagunas, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el Carácter De Urgente Resolución me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que expida un nuevo decreto por el que se otorguen beneficios fiscales a los contribuyentes de las regiones afectadas del estado de Oaxaca, a los contribuyentes a los que se haya autorizado la aplicación del estímulo fiscal a los gastos e inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, así como para el rescate de zonas de monumentos históricos en los estados de Oaxaca y Puebla, prorrogando la vigencia del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 28 de noviembre de 2006, a efecto de que los beneficios y estímulos fiscales relativos continúen aplicándose durante el año 2007, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha 26 julio de 2006 la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a condonar las contribuciones federales a que están sujetas las personas físicas y morales establecidas en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.

2. Con fecha 28 de noviembre de 2006, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el que el titular del Poder Ejecutivo otorgó beneficios fiscales a los contribuyentes de las regiones afectadas del estado de Oaxaca, a los contribuyentes a los que se haya autorizado la aplicación del estímulo fiscal a los gastos e inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, así como para el rescate de zonas de monumentos históricos en los estados de Oaxaca y Puebla. En los considerandos de dicho decreto se establece, en lo conducente:

Que la ciudad de Oaxaca es un importante destino del turismo nacional e internacional que genera una importante derrama económica al estado, en virtud de la venta de productos artesanales, la prestación de servicios de hotelería, restaurantes, industrias y de comercios en general.

Que desde el pasado mes de mayo se han visto afectadas gravemente las actividades económicas de la ciudad de Oaxaca y sus municipios conurbados, derivado de plantones permanentes y bloqueos que han impedido que las actividades productivas de dichos lugares, se realicen con normalidad, situación que se ha agravado por la suspensión del festejo anual de la Guelaguetza, cuya derrama económica representa aproximadamente 300 millones de pesos.

Que con objeto de evitar que se dañe gravemente la actividad económica de dichas regiones, así como impedir la pérdida de empleos y la afectación a las cadenas productivas, se estima conveniente otorgar diversos beneficios fiscales para aminorar el impacto generado por la situación que atraviesan la ciudad de Oaxaca y sus municipios conurbados.

En virtud de lo anterior, el Poder Ejecutivo federal otorgó los siguientes beneficios:

– Exención total del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio fiscal 2006.

– Aplazamiento del entero de las retenciones del impuesto sobre la renta efectuadas a sus trabajadores, por los contribuyentes que tributen el impuesto sobre la renta, que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las regiones afectadas del estado de Oaxaca, que efectúen pagos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2006.

– Exención de efectuar los pagos provisionales del impuesto sobre la renta correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2006.

– A los contribuyentes personas físicas que tengan su domicilio fiscal, sucursal o cualquier otro establecimiento en las regiones afectadas del estado de Oaxaca, que tributen en los términos del Título Cuarto, Capítulo 2o., Sección Tercera, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del artículo 2 C. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, podrán realizar el pago de las cuotas a su cargo correspondientes a los bimestres tercero, cuarto, quinto y sexto de 2006, en cuatro parcialidades mensuales, iguales y sucesivas.

– Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las regiones afectadas del estado de Oaxaca, consistente en deducir de forma inmediata las inversiones efectuadas en bienes nuevos de activo fijo respecto de los cuales se pueda aplicar el artículo 220 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Los beneficios anteriores se hicieron extensivos a los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal fuera de las regiones afectadas del estado de Oaxaca pero cuenten con agencias, sucursales o cualquier otro establecimiento dentro de dichas regiones, o que tengan su domicilio fiscal en las regiones mencionadas, pero cuenten con agencias, sucursales o cualquier otro establecimiento fuera de ellas.

Se exime de la obligación a garantizar el interés fiscal a los contribuyentes que efectúen el pago diferido o en parcialidades, conforme a los incisos anteriores.

Para los efectos del decreto en análisis, se consideraron las regiones afectadas del estado de Oaxaca, los municipios de Ánimas Trujano, Huilapan de Guerrero, Magdalena Apasco Etla, Oaxaca de Juárez, Reyes Etla, Rojas de Cuauhtémoc, San Agustín de las Juntas, San Agustín Etla, San Andrés Huayapan, San Antonio de la Cal, San Bartolo Coyotepec, San Francisco Lachigoló, San Francisco Telixtlahuaca, San Jacinto Amilpas, San Juan Guelavia, San Lorenzo Cacaotepec, San Pablo Etla, San Raymundo Jalpan, San Sebastián Abasolo, San Sebastián Tutla, Santa Ana del Valle, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, Santa María Atzompa, Santa María Coyotepec, Santa María del Tule, Santa María Guelacé, Santa María Yatareni, Santiago Matatlán, Teotitlán del Valle, Tlacochahuaya de Morelos, Tlacolula de Matamoros, Tlalixtac de Cabrera, Villa de Mitla, Villa Díaz Ordaz, Zaachila y Zimatlán de Álvarez.

Se establecieron algunas modalidades y reglas para la aplicación del Decreto en cuestión.

Consideraciones

I. En la actualidad en el estado de Oaxaca hay una relativa paz, pero las actividades económicas se encuentran paralizadas, pues el conflicto político magisterial ha ocasionado que hasta la fecha exista el veto de diversos países para que sus turistas visiten dicho estado.

II. Que es necesario evitar que se siga dañando gravemente la actividad económica del estado de Oaxaca, impedir la pérdida de empleos y la afectación de cadenas productivas, por lo que resulta necesario y conveniente que se continúen otorgando los beneficios y estímulos fiscales materia del decreto del titular del Poder Ejecutivo federal de 28 de noviembre de 2006, para atenuar los efectos y aminorar el impacto generado por el movimiento magisterial y apoyar la recuperación de la ciudad de Oaxaca y sus municipios conurbados, durante el año de 2007.

III. Se toma en consideración que la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca ha tenido una creciente participación de generación de riqueza de 18.7 por ciento en el total estatal en 1989, pasa a 18.9 por ciento en 1994 y 28.6 por ciento en 1998. Se podría inferir que en 2004 esta zona rebasa el 30 por ciento.

Es por ello que al irse polarizando las posiciones entre gobierno estatal, por un lado, y por la otra el magisterio y la APPO se han provocado fenómenos importantes. Los costos privados y sociales se han ido incrementando y se ha producido una caída de la producción de los bienes y servicios relacionados con el comercio, servicios privados bancarios y no bancarios, servicios sociales y gubernamentales. Lo anterior deriva en el corto plazo, mediano y largo plazo, en efectos que son de atonía en toda la actividad económica, con la disminución en la producción de bienes y servicios, la caída de la inversión privada y finalmente la caída del empleo y su ingreso asociado cuya territorialidad es la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca.

Un efecto colateral ha sido el ambiente negativo para invertir, consumir y producir, mientras no haya posibilidades firmes de solución al conflicto.

Por otra parte, la actividad gubernamental en materia de promoción turística y económica es prácticamente nula.

A lo anterior hay que agregar un estado de derecho débil y un ambiente de desconfianza en relación a la solución real e irreversible del conflicto, por lo que la sociedad oaxaqueña insiste en que lo peor de la recesión económica está por venir desplegándose en una espiral de baja inversión, bajo nivel del producto, bajo nivel de empleo, bajo nivel de ingreso y bajo nivel de potencial de mercado, que a su vez repercutirá en menores niveles de inversión pública y privada.

IV. Que los beneficios, exenciones y estímulos otorgados por el Poder Ejecutivo mediante el acuerdo de 28 de noviembre de 2006, han resultado ineficientes e insuficientes para cumplir los objetivos pretendidos de resolver la crisis económica y social que dejaron como estela los movimientos magisterial y de la APPO en el estado de Oaxaca, pues continúa el estancamiento económico; el turismo permanece deprimido con recuperación muy precaria; el comercio no ha podido recuperarse y los servicios, principalmente restaurantes, hoteles y sitios históricos, culturales y de entretenimiento, continúan prácticamente desiertos; empresarios y trabajadores como taxistas, artesanos y comercio informal están agobiados por los gastos, las deudas acumuladas y la descapitalización que sufrieron durante los meses de conflicto y, en general, la población de los municipios afectados se encuentra resentida y temerosa de que en un futuro inmediato se puedan repetir los funestos acontecimientos de referencia, como sucede cíclicamente cada mes de mayo en que se plantea la revisión de los salarios y condiciones de trabajo de los maestros.

Consecuentemente, es necesario y procedente no sólo prorrogar los beneficios otorgados por el decreto del Ejecutivo de 28 de noviembre de 2006, sino que tales beneficios y estímulos deben ampliarse a fin de que se pueda recuperar efectiva y oportunamente la economía de las áreas y la población afectada en el estado de Oaxaca. Para este efecto, se considera indispensable que en el decreto que prorrogue dichos beneficios para el año de 2007, se incluya lo siguiente:

Exención del 100 por ciento del impuesto sobre la renta para personas morales y físicas previsto en los artículos 10 y 106 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Diferimento del pago del impuesto al valor agregado (IVA), a efecto de que los contribuyentes puedan realizar el pago en parcialidades durante el ejercicio fiscal de 2008.

Reducción en el pago del 50 por ciento de las cuotas del Seguro Social, a que se refiere la fracción XV del artículo 5o. de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Diferimento de las aportaciones que corresponden al patrón y a los trabajadores, en los términos de la fracción II del artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, a efecto de que se paguen en parcialidades durante el ejercicio fiscal de 2008.

Se promuevan mayores fuentes de financiamiento a los empresarios oaxaqueños, incluyendo a la mediana y pequeña empresa, con instituciones públicas y privadas, para impulsar las actividades productivas, comerciales y prestadoras de servicios.

Se concierte con las instituciones financieras correspondientes una prórroga de 18 meses, a efecto de que los deudores hipotecarios de las Sofoles puedan regularizar sus pagos mensuales relativos a la adquisición de casas-habitación.

Se deberá conceder un plazo de gracia de 18 meses, contados a partir de la expedición del decreto correspondiente, en el que se suspendan todos los trámites de cobranza o procesos de ejecución relacionados con las contribuciones o pagos a que se refieren los incisos anteriores.

Durante este plazo de gracia, se aplicará un sistema general de condonación del 100 por ciento de multas, recargos y gastos de ejecución.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a expedir, en el ámbito de colaboración entre los poderes, un nuevo decreto por el que se otorguen beneficios fiscales a los contribuyentes de las regiones afectadas del estado de Oaxaca, a los contribuyentes a los que se haya autorizado la aplicación del estímulo fiscal a los gastos e inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, así como para el rescate de zonas de monumentos históricos en los estados de Oaxaca y Puebla, prorrogando la vigencia del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 28 de noviembre de 2006, a efecto de que los beneficios y estímulos fiscales relativos continúen aplicándose durante el año 2007.

Segundo. Se amplíen los beneficios y estímulos considerados en el decreto que prorroga la vigencia del expedido el 28 de noviembre de 2006 por el Ejecutivo federal, con los siguientes:

1. Exención del 100 por ciento del impuesto sobre la renta, para personas morales y físicas, previsto en los artículos 10 y 106 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

2. Diferimento del pago del impuesto al valor agregado (IVA), a efecto de que los contribuyentes puedan realizar el pago en parcialidades durante el ejercicio fiscal de 2008.

3. Reducción en el pago del 50 por ciento de las cuotas del Seguro Social, a que se refiere la fracción XV del artículo 5o. de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.

4. Diferimento de las aportaciones que corresponden al patrón y a los trabajadores, en los términos de la fracción II del artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, a efecto de que se paguen en parcialidades durante el ejercicio fiscal de 2008.

5. Se promuevan mayores fuentes de financiamiento a los empresarios oaxaqueños, incluyendo la mediana y pequeña empresa, con instituciones públicas y privadas, para impulsar las actividades productivas, comerciales y prestadoras de servicios.

6. Se concierte con las instituciones financieras correspondientes una prórroga de 18 meses, a efecto de que los deudores hipotecarios de las Sofoles puedan regularizar sus pagos mensuales relativos a la adquisición de casas-habitación.

7. Se deberá conceder un plazo de gracia de 18 meses, contados a partir de la expedición del decreto correspondiente, en el que se suspendan todos los trámites de cobranza o procesos de ejecución relacionados con las contribuciones o pagos a que se refieren los incisos anteriores.

Durante este plazo de gracia, se aplicará un sistema general de condonación del 100 por ciento de multas, recargos y gastos de ejecución.

Los beneficios que se determinan en los incisos 1, 2, 3 y 4 se otorgarán en favor de los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento, en las regiones afectadas del estado de Oaxaca; o que tengan su domicilio fiscal fuera de las regiones afectadas del estado de Oaxaca, pero cuenten con agencias, sucursales o cualquier otro establecimiento dentro de dichas regiones; o que tengan su domicilio fiscal en las regiones mencionadas, pero cuenten con agencias, sucursales o cualquier otro establecimiento fuera de ellas, quienes gozarán de los beneficios establecidos correspondientes a las agencias, sucursales o cualquier otro establecimiento o bien a los atribuibles al domicilio fiscal, ubicados en las regiones afectadas del estado de Oaxaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de febrero de 2007.

Diputado José Luis Varela Lagunas (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INEGI A MODIFICAR EL CONTENIDO DE LAS ENCUESTAS QUE LLEVA A CABO, A CARGO DEL DIPUTADO ALONSO MANUEL LIZAOLA DE LA TORRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal Alonso Manuel Lizaola de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable soberanía el siguiente punto de acuerdo que tiene como finalidad hacer un exhorto al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, para que sean modificadas, de las encuestas que realiza, las opciones de respuesta ala pregunta, ¿A qué religión pertenece?, la cual consta de dos opciones establecidas de respuesta 1. Católico y 2. Otros, lo anterior por considerar que dichas opciones son restrictivas y discriminatorias para los demás grupos religiosos al no mencionarlos por su nombre o denominación, otorgando así cierto privilegio a la religión católica sobre las demás, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Considerando que la libertad, la igualdad, el respeto, la tolerancia, la armonía, la justicia, la no discriminación y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales de todos los miembros de la familia humana.

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero, primer párrafo, que todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

El tercer párrafo establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objetivo anular o menoscabar los derechos y las libertades de personas.

Asimismo, el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, menciona que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

El artículo 130, en su inciso a), menciona que las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas.

Por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 2o, fracción 1a, que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 18, indica que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión; este derecho incluye la liberad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en publico como en privado, por la enseñanza, la practica, el culto y la observancia.

Así también, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece en su artículo primero que las disposiciones de esta ley son de orden público y de interés social. El objetivo de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Asimismo, en su artículo 2o menciona que corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país, además de que promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.

También, en su artículo 4o menciona que, para los efectos de esta ley, se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Es por todo lo anterior que considero que la dignidad y la igualdad es uno de los principios fundamentales de todos los seres humanos, por lo que es importante que exista el compromiso de los estados para promover y alentar el respeto universal sin distinciones por motivos de raza, sexo, idioma o religión intensificando las actividades de promoción y de información.

Por lo anterior, el suscrito propone el siguiente

Punto de Acuerdo

1. Se exhorta al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para que modifique el cuestionario que realiza para el Censo General de Población y Vivienda, en específico, las opciones 1. Católico, 2. Otros, de la pregunta ¿A qué religión perteneces? Toda vez que al igual que la Iglesia Católica, existen otras religiones que tienen personalidad jurídica por haber obtenido su registro ante la Secretaría de Gobernación.

2. Se solicita que la respuesta de la pregunta ¿A qué religión perteneces?, se deje abierta sin opciones establecidas que limiten la libertad en los encuestados, asimismo, se solicita que ese cambio se aplique en todos los censos que se lleven a cabo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Información, Estadística y Geográfica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.

Diputado Alonso Manuel Lizaola de la Torre (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DESTINAR MEDIANTE LA SAGARPA Y LA CONAPESCA RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE MOTORES, EN BENEFICIO DE LOS PESCADORES RIBEREÑOS, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN ADOLFO ORCÍ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado federal, secretario de la Comisión de Pesca de la LX Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, más del 90 por ciento de estos pescadores se dedican a la pesca ribereña, la mayoría de ellos en condiciones económicas, técnicas y de seguridad adversas, en embarcaciones ribereñas las cuales en el mejor de los casos están equipadas con un motor fuera de borda con varios años de uso.

Por años y por ser la única alternativa que los distintos fabricantes ofrecían, los motores utilizados por los pescadores ribereños fueron motores de dos tiempos, también denominado motor de dos ciclos, los cuales son motores de combustión interna que realiza las cuatro etapas del ciclo termodinámico (admisión, compresión, expansión y escape) en dos movimientos lineales del pistón (una vuelta del cigüeñal). Se diferencia del motor de cuatro tiempos de ciclo de Otto, en que este último realiza las cuatro etapas en dos revoluciones del cigüeñal.

Respecto al impacto que generan los motores de dos tiempos en el medio ambiente, se tiene que éste es por mucho superior al de los motores de cuatro tiempos, ya que durante la fase de escape de los primeros, parte del volumen de mezcla sin quemar (mezcla de aceite y gasolina), se pierde junto a los gases resultantes de la combustión, provocando no solo una pérdida de rendimiento, sino más emisiones contaminantes, o sea, no tan sólo arroja al medio marino gases contaminantes, sino también gasolina con aceite. Además, por su diseño, el motor de dos tiempos consume un 35 por ciento más de combustible.

Otro aspecto a considerar es el de que la pesca ha sido y sigue siendo una ocupación peligrosa. Aunque el riesgo será siempre parte inherente de la actividad pesquera, las medidas para reducir los riesgos en la mar han resultado eficaces, especialmente en las zonas tecnológicamente avanzadas del mundo. No obstante, la pesca según documentos de organismos especializados como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sigue siendo la ocupación humana más peligrosa.

Para los legisladores, sobre todo los que provenimos de estados costeros, la problemática que aqueja a la pesca tiene dos facetas: una, los problemas relativos a la eficiencia sustentable de las actividades pesqueras y dos, la seguridad de la vida humana en el mar. Es por lo mismo que vemos al programa de sustitución de motores fuera de borda, no como un capricho, ni un experimento tratando de copiar modelos de producción que han mostrado ser eficientes en países del primer mundo, pero que son inadecuados para nuestra realidad. Sino como un programa para dar seguridad a nuestros pescadores ribereños en la mar, para que las actividades pesqueras se realicen con respeto al medio ambiente marino y para que nuestros pescadores produzcan con menores gastos de operación.

Cabe mencionar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 se etiquetaron recursos para el programa de sustitución de motores, sin embargo, los mecanismos que se implementaron para acceder a estos recursos dificultaron que los productores accedieran a ellos y fueron pocos los que pudieron beneficiarse con el programa.

En cuanto al Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, anexo 7, se tienen contempladas las partidas etiquetada bajo los rubros de "Dar continuidad a los apoyos al sector pesquero" y "Programas pesqueros", dentro de los cuales se puede incluir un programa de sustitución de motores fuera de borda de dos tiempos, por motores de cuatro tiempos.

En este contexto, sí consideramos que el ordenamiento pesquero, es el conjunto de políticas, estrategias y acciones para administrar los recursos pesqueros y acuícolas y tiene por objetivo alcanzar el aprovechamiento sustentable a largo plazo, preservando la biodiversidad, los ecosistemas marinos, acuáticos costeros y continentales; de manera tal que sea posible desarrollar una pesca responsable con beneficio socioeconómico. En razón de lo anterior, como parte del Programa de Ordenamiento Pesquero y Acuícola que ya existe es razonable promover el desarrollo de la pesca ribereña mediante la sustitución de motores de cuatro tiempos o de dos tiempos, a fin de lograr la estabilidad económica de las familias que se dedican a la actividad, presentando un esquema de mejora tecnológica y ecológica y un ahorro significativo en los gastos de operación y la prevención del medio ambiente.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter ante el Pleno de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), órgano administrativo desconcentrado de la Sagarpa, para que se destinen recursos económicos suficientes para el Programa de Sustitución de Motores y se instrumenten mecanismos eficientes para que los pescadores ribereños puedan beneficiarse con esos recursos.

Diputado Juan Adolfo Orcí Martínez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE IMPLANTE ACCIONES MODERNIZADORAS DE LOS PUNTOS DE REVISIÓN CARRETEROS, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para solicitar al titular del Poder Ejecutivo federal la implantación de acciones inmediatas que modernicen los Puntos de Revisión Carreteros, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a nombre de diversos legisladores.

Gerardo Octavio Vargas Landeros, diputado federal por el segundo distrito de Ahome, Sinaloa, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El problema de la inseguridad que vive nuestro país ha llevado a las autoridades a la ejecución de diversos programas tendientes a combatir la delincuencia en todos sus ámbitos y modalidades. Uno de estos programas es el denominado "Precos" o Puntos de Revisión Carreteros, el cual consiste en las revisiones que realiza el gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y otras dependencias, a quienes transitan por la red carretera nacional para detectar personas o mercancías que pretendan ingresar o salir ilegalmente del territorio nacional, así como interceptar el tráfico de sustancias y bienes, tales como narcóticos, armas u otros objetos cuya posesión, transportación y comercialización están prohibidos.

Desde hace más de una década, los Precos han buscado elevar los niveles de seguridad de las personas para que su tránsito se aleje de cualquier hecho o acto ilícito. Sin embargo, la preocupación que hoy presento en esta alta tribuna, deriva de una exigencia que comparte la sociedad en su conjunto en sus diversas actividades como son: comerciantes, productores hortofrutícolas, transportistas de carga y usuarios del transporte público de pasaje, que transitan por aquellas carreteras de los estados de: Sinaloa, Sonora, Jalisco y Nayarit, que nos conectan con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos de América.

El malestar es producto de los métodos arcaicos que utiliza la autoridad para efectuar las revisiones, las cuales dañan la mercancía, retrazan su tiempo de entrega y generan gastos adicionales en viáticos y combustibles, dando como resultado final, pérdidas millonarias a la economía nacional.

Algunos datos que quiero compartir con ustedes los tomo de la preocupación y el malestar que existe entre productores hortofrutícolas, que como ustedes saben, por las exigencias del mercado internacional, requieren de un cuidado extremo en su manejo. Este reclamo social está siendo cuestionado en los Congresos estatales, como en el honorable Congreso del estado de Sinaloa en donde los diputados Rolando Zubía Rivera del Partido Revolucionario Institucional y Wilfrido Ruíz Cota del Partido Acción Nacional solicitaron la intervención del Ejecutivo federal para que estos puestos de revisión sean modernizados.

Consideramos que esta honorable Cámara de Diputados debe atender la demanda social de los productores hortofrutícolas y transportistas, quienes comparten las acciones que viene realizando el gobierno federal, pero no coinciden con los procedimientos obsoletos que se utilizan en los Puntos de Revisión Carreteros.

Pongo un ejemplo de los muchos que encontramos al norte del país, la carretera internacional México 15, en la que hallamos diversos Puntos de Revisión Carreteros operados por personal del Ejército Mexicano en colaboración con otras dependencias. Aquí se puede apreciar que el personal encargado de realizar las revisiones no cuenta ni con el equipo ni con las instalaciones adecuadas para cumplir con sus labores, siendo común que las mercancías, como hortalizas y frutas, se deterioren al momento en que las autoridades abren los cuartos fríos de los semiremolques y cajas de los tractocamiones. Esta acción rompe el ciclo de frío y trae como consecuencia una disminución sensible en la calidad de los productos en anaquel.

Existen cifras que cualquier persona puede consultar en los medios escritos y electrónicos sobre el costo estimado de las pérdidas económicas por temporada de cosecha que oscilan entre los 50 y 60 millones de dólares. Ello sin contar el costo por rechazos y pérdida de calidad que llega a los 100 millones de dólares y las pérdidas por la reducción de embarques en 60 millones de dólares.

Sabemos que el gobierno federal, en el sexenio que concluyó, efectuó diversos diagnósticos sobre los Precos con el objeto de mejorar la coordinación entre dependencias y evitar afectaciones a las mercancías. Sabemos también que existen estrategias de inspección conjunta entre la Sedena y otras dependencias para agilizar el trámite, como los aparatos de rayos gamma que se encuentran en algunas aduanas. Sin embargo, los Precos no han sido modernizados. Las afectaciones a la productividad y al comercio siguen vigentes a pesar del compromiso hecho por la anterior administración federal de eliminar los retenes carreteros tradicionales para transformarlos en un modelo de revisión basado en los avances tecnológicos.

Empresarios, organismos productivos del sector social y privado, gobiernos estatales y legisladores hemos expresado nuestro beneplácito por que el actual gobierno federal combata frontalmente al crimen organizado. Para ello, es necesario contar con los recursos materiales y humanos que propicien el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez que marca la Constitución.

Para evitar retrasos y pérdidas millonarias en los retenes de la entidad, productores y distribuidores de hortalizas proponen una inversión conjunta con el gobierno y estatal para dotar de equipo electrónico de precisión a los Precos, adicionalmente se han planteado alternativas para que se subsane esta problemática, de las que se resumen las siguientes:

"Que en las empresas se asigne personal de la Sedena para supervisar el contenido de la carga y así dichos elementos puedan sellar los semiremolques desde su origen y dichos camiones tengan mayor facilidad de tránsito"

"Que las autoridades de los estados donen terrenos paralelos a los puntos carreteros de revisión, para que las acciones se realicen en instalaciones adecuadas para el manejo de productos perecederos y de cualquier índole, y no sobre los carriles de circulación de la carretera internacional como se hace actualmente."

"Que se instalen en los puntos de revisión arcos equipados con rayos Gama, con lo que se harían más ágiles las inspecciones, en lugar de tener que revisar cada camión de manera manual."

"Que se aplique el sistema aleatorio de semáforo fiscal a los tractocamiones en tránsito."

Modernizar los Precos es parte de esas acciones que la sociedad reclama, por ello comparto con esta honorable asamblea la problemática que viven diversos comerciantes, ganaderos, productores hortofrutícolas y transportistas que transitan por las carreteras. Coadyuvemos, en nuestro carácter de catalizadores de las demandas sociales y, de manera responsable, pero también respetuosa, solicitemos la modernización inmediata de todos los Puntos de Revisión Carreteros que existen en el país, que se analice el número existente y que se mejore su servicio, en particular, los ubicados en la Carretera Internacional México 15, los cuales no cuentan con las instalaciones ni el equipo adecuado para realizar las inspecciones y el manejo cuidadoso de los productos que se exportan bajo las normas de calidad que impone nuestro principal socio comercial en el extranjero.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, que en ejercicio del mandato que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordene la revisión inmediata de toda la infraestructura y ubicación de los Puntos de Revisión Carreteros e implante acciones para su modernización con el fin de cuidar que la calidad de las mercancías perecederas y carga en general, no se vean afectadas, en particular, los ubicados en la Carretera Internacional México 15 que conecta con la frontera norte del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.

Diputados: Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), Alcaraz Hernández Alma Edwvige (PAN), Felton González Carlos Eduardo (rúbrica), PAN, Ortiz Hernández Eduardo (rúbrica), PAN, Valenzuela García María Gloria Guadalupe (rúbrica), PAN, Aguilar Diego (rúbrica), PRI, Amador Gaxiola Daniel (rúbrica), PRI, Barajas López Ramón (rúbrica), PRI, Ojeda Camacho Gilberto (rúbrica), PRI, Patrón Montalvo Jesús Manuel (rúbrica), PRI, Peñuelas Acuña Mayra Gisela (rúbrica), PRI, Vargas Landeros Gerardo Octavio (rúbrica), PRI, Guerra Ochoa Juan N. (rúbrica), PRD, Larregui Ángel Érika (rúbrica), PVEM, Cárdenas Fonseca Manuel (Nueva Alianza).

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE EL ESTADO DE TLAXCALA ACCEDA A LOS MISMOS PROGRAMAS, PROYECTOS, PLANES DE DESARROLLO Y ASIGNACIONES DE RECURSOS QUE LOS ESTADOS DE LA REGIÓN SUR-SURESTE DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58. del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal José Alejandro Aguilar López, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, presenta ante esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo, que exhorta a todas las dependencias del Gobierno federal, en particular a las Secretarías de Desarrollo Social, Salud, Comunicaciones y Transportes y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que adopten las medidas conducentes para que el estado de Tlaxcala pueda acceder a los mismos beneficios que los estados de la Región Sur-Sureste de nuestro país, en términos de los proyectos, programas, planes de desarrollo y asignaciones presupuestales, basado en los siguientes:

Considerandos

1. En la actualidad Tlaxcala se perfila entre los estados más rezagados de nuestro país. De acuerdo a los últimos informes publicados por centros de estudios económicos del sector privado¹, el ingreso per cápita de dicha entidad, es el número 30 entre los 31 estados y el Distrito Federal, con tan sólo 3 mil 490 pesos mensuales (o 41 mil 880 pesos anuales), lo que representa un 52 por ciento de la media observada a nivel nacional. Asimismo, de acuerdo a la información publicada por el Consejo Nacional de Población, en 2005, 62.5 por ciento de la población tlaxcalteca ocupada ganaba dos salarios mínimos o menos.

2. Lo anterior coincide con la situación que vive la población más rezagada de la entidad, pues en las áreas de educación y salud también es enorme el camino que todavía tenemos por recorrer. De acuerdo a cifras de la Secretaría de Educación Pública, la tasa bruta de matriculación de educación primaria hasta licenciatura, en años recientes, apenas supera el 63 por ciento de la población elegible.

3. De acuerdo a estudios recientes², la eficiencia terminal a nivel secundaria y la de la penetración informática de la entidad, son áreas de políticas públicas, en las que tenemos que avanzar de manera urgente. Asimismo, es necesario que se resalten los elementos precursores de la competitividad y la generación del empleo, como son la disponibilidad de líneas telefónicas y de telefonía móvil, así como obras de infraestructura básica en comunicaciones y transportes, como los aeropuertos, constituyen fuertes debilidades de nuestro estado.

4. Tenemos ante nosotros la oportunidad de promover el desarrollo en un estado que presenta excelentes oportunidades de desarrollo económico y social. Sin embargo, de no revertirse de manera expedita las tendencias aquí explicadas, en un futuro no muy lejano, Tlaxcala contará, junto con otras entidades de la región sur-sureste, entre las que enfrenten una mayor problemática socio-económica a nivel nacional.

En virtud de lo anterior, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los encargados de todas la dependencias del gobierno federal, en particular a las secretarías de Desarrollo Social, Salud, Comunicaciones y Transportes y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que apliquen las medidas necesarias para que Tlaxcala pueda acceder a los mismos programas, proyectos, planes de desarrollo y asignaciones de recursos, que los estados de la región sur-sureste de nuestro país.

Notas
1 "Indicadores Regionales de Actividad Económica", División de Estudios Económicos y Sociales Banamex, 2005.
2 "Preparando a las entidades federativas para la competitividad: 10 mejores prácticas, Competitividad Estatal de México 2006", Instituto Mexicano para la Competitividad y Escuela de Graduados de Administración Pública y Política Pública, 2006.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de enero de 2007.

Diputado José Alejandro Aguilar López (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE FORMALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ACUERDO POLÍTICO NACIONAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EQUIDAD DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en lo establecido en los artículos 34, 42, 43 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que suscribe, diputada Mónica Fernández Balboa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se propone crear la comisión especial de formalización y supervisión del acuerdo político nacional para la transparencia y equidad en los procesos electorales locales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La situación del país exige que se dé paso a un acuerdo político nacional, que garantice que los próximos procesos electorales locales tengan un avance democrático real y se evite que la legitimidad de las elecciones quede en entredicho.

Para ello, es necesario que los partidos políticos, los integrantes de las fracciones parlamentarias y demás organismos involucrados en los procesos electorales por celebrarse en 2007 asuman el compromiso con la democracia, razón por la que se exhorta a un gran acuerdo político nacional para la transparencia y equidad, toda vez que en el año 2007 se realizarán elecciones locales en 14 estados de la república, donde se elegirán 3 gobernadores, mil 219 alcaldías, 297 diputados de mayoría relativa y 190 diputados de representación proporcional; en los estados de Yucatán, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Baja California, Aguascalientes, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Michoacán y Puebla.

A pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a los organismos electorales a regirse por los principios de certeza, legalidad, objetividad, independencia e imparcialidad, y aún cuando el espíritu de estos principios constitucionales es garantizar competencias electorales justas, consideramos que es importante retomar de manera explícita y concreta los principios de equidad y transparencia.

En la actual etapa de nuestra transición democrática, hemos sido testigos de que nuestra democracia electoral se ha visto afectada por los siguientes problemas:

La inequidad en los medios de comunicación electrónica y sus costos.
El excesivo costo electoral.

Las limitadas facultades del IFE para fiscalizar adecuadamente a los partidos políticos en precampañas y campañas.
Las prácticas de compra y coacción del voto sin censura.

La necesidad de tipificar los nuevos delitos y sanciones administrativas en materia electoral.
La relación entre empresarios, candidatos y partidos.

El desencanto de la ciudadanía hacía la política.
La imposibilidad de candidaturas ciudadanas.

La banalidad de la oferta y propaganda política, en especial la propaganda negra.

La desconfianza de la ciudadana hacía los órganos electorales, lo que conlleva a la apatía de los ciudadanos en participar como funcionarios de casilla en los procesos electorales.

La ausencia de democracia interna en los partidos políticos.

Es escandaloso, ilegal e ilegítimo lo que ha ocurrido recientemente en nuestra nación, donde el gasto electoral ha rebasado los topes y parámetros establecidos.

No queremos que esta experiencia antidemocrática siente un precedente en la conducta de los que creen que el dinero decide las elecciones por encima de la voluntad de los ciudadanos.

En este sentido, la suscrita integrante del Partido de la Revolución Democrática propone a esta honorable Cámara de Diputados que convoque de manera inmediata a un diálogo político nacional con todos los actores y organismos involucrados en los procesos electorales del 2007, a asumir un gran acuerdo nacional a favor de la transparencia, equidad y justicia en los comicios locales de nuestro país.

Se considera que este acuerdo político nacional para la transparencia y equidad en materia electoral, debe contemplar los siguientes puntos:

Primero. Es fundamental que el financiamiento privado en las precampañas y las campañas electorales quede plenamente transparentado, tanto en el origen del dinero, como en los montos que reciben candidatos y partidos políticos. Para lo cual proponemos que la función de fiscalización de los organismos electorales sea reforzada con la creación de una comisión especial del Congreso de la Unión que dé seguimiento a los gastos electorales y prevenga oportunamente el rebase de los topes de gastos de campaña.

Segundo. Que los tiempos en los medios de comunicación sean negociados por conducto de los organismos electorales locales, y que los partidos políticos aporten de sus prerrogativas un fondo para tales efectos, a manera de dar la certeza de que prevalecerá la equidad. De imponerse la fortaleza financiera de un partido o un candidato se terminaría por distorsionar el proceso mismo.

Tercero. Las empresas televisoras y radiodifusoras deben asumir su corresponsabilidad en el proceso cívico del país, aceptando que más que promover compras masivas de tiempo aire en los medios, es indispensable que asuman el compromiso de contribuir a la consolidación de la democracia como una forma de vida, tal como lo establece la Constitución de la República.

Cuarto. Que el titular del Ejecutivo federal y los titulares de los Ejecutivos locales en turno se abstengan de seguir hablando en actos de gobierno a favor del partido político al que pertenecen. Por el contrario, es indispensable que asuman y respeten el compromiso de neutralidad, para dar certeza de que se gobierna para todos.

Quinto. El Poder Ejecutivo federal, los gobiernos estatales y municipales, deberán ser los primeros en comprometerse a que no se desvíen recursos públicos hacia las campañas electorales, para lo cuál serán supervisados por una comisión plural de la Cámara de Diputados y por la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 36 y correlativos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Sexto. Que los programas sociales, federales y estatales, a partir de tres meses antes de los procesos electorales sean supervisados por la misma comisión plural de la honorable Cámara de Diputados, con el fin de evitar que se utilicen de manera facciosa.

Séptimo. Que tres meses antes de la elección se suspenda la promoción de los gobiernos estatales y municipales en los medios de comunicación, a fin de que esos tiempos oficiales se transfieran a los organismos electorales locales para promover una intensiva campaña de fomento a la participación ciudadana.

Octavo. Que se instrumente una supervisión, contabilización y fiscalización especial para la propaganda en especie que se entrega a los ciudadanos en las campañas políticas, tales como las despensas, materiales de construcción, utilitarios y bicicletas entre otros rubros.

Por otra parte, es notable que todas las agendas legislativas presentadas en esta LX legislatura coinciden en una reforma integral en materia electoral, pero el tiempo apremia, por lo que se propone que los puntos antes mencionados, deben tratarse de manera urgente y no esperar a que el tiempo decida las reformas en materia electoral, dado que en el año 2007 se elegirán un total de 1,709 representantes en 14 estados.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. En virtud de las coincidencias en las agendas legislativas de la Sexagésima Legislatura a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se exhorta a los integrantes de todas las fracciones parlamentarias y a los partidos políticos a asumir un gran acuerdo político nacional para la transparencia y equidad en los procesos electorales locales.

Segundo. Se crea la comisión especial de formalización y supervisión del acuerdo político nacional para la transparencia y equidad de los procesos electorales locales del año 2007.

Tercero. El objeto de la comisión especial está contenido en la denominación de la misma. Para el cumplimiento de su objetivo podrá allegarse de la información que considere pertinente. Asimismo, podrá reunirse, cuando lo considere necesario, con las autoridades federales, estatales y municipales, así como con los organismos electorales responsables de la organización de las elecciones en cada una de las entidades federativas antes mencionadas, además de desempeñar cualquier otra acción que la conlleve al cumplimiento de su objetivo.

Cuarto. La comisión especial estará integrada por 15 miembros propuestos por los grupos parlamentarios de acuerdo al porcentaje de representación en la honorable Cámara de Diputados.

Quinto. La comisión especial contará con una mesa directiva que se conformará con un presidente y tres secretarios designados por los grupos parlamentarios.

Sexto. La comisión especial estará vigente hasta el fin de esta legislatura. Para estos efectos deberá rendir de manera periódica un informe ante el pleno de la Cámara de Diputados, o en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General.

Séptimo. La comisión especial presentará también un informe final, así como las recomendaciones que se desprendan del mismo, al pleno de esta Honorable Cámara de Diputados.

Octavo. Asimismo, contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, mismos que les serán asignados del Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo federal.

Noveno. El acuerdo por el que se crea esta comisión especial entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL PLENO DE ESTA SOBERANÍA QUE HOMOLOGUE LOS RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS DE LAS COMISIONES ESPECIALES CON LOS DISPUESTOS PARA LAS ORDINARIAS, A CARGO DEL DIPUTADO MARTÍN RAMOS CASTELLANOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado Martín Ramos Castellanos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en mi calidad de presidente de la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los proyectos y programas de desarrollo regional del sur-sureste de México, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea un punto de acuerdo para que los recursos materiales, financieros y humanos a disposición de las comisiones especiales sean homologados con los que están a disposición de las comisiones ordinarias, lo anterior con base en las siguientes

Consideraciones

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consignan en su capítulo sexto y en su apartado De las Comisiones, respectivamente, todo lo referente a las competencias, obligaciones y atribuciones de las comisiones y comités del Congreso. Si acudimos a ellos, en ninguno de sus artículos o incisos se hace distinción respecto de la importancia o jerarquía de una comisión respecto de otra. El inciso 1 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso señala que "…las comisiones (en general) son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales", es decir, las comisiones, en conjunto, posibilitamos, o al menos facilitamos, la labor legislativa del Congreso y nos debemos al Pleno de la Cámara.

En el artículo 42 de la misma ley se señala como única diferencia de las comisiones especiales frente a las comisiones ordinarias, que las especiales tienen un plazo perentorio, al término del cual entregan el objeto de su trabajo y se le informa a las instancias pertinentes de este hecho. En suma pues, el término especial no significa en modo alguno, que seamos comisiones sin importancia, sin derecho de acceso a los recursos que posibiliten nuestra labor de estudio, análisis, generación de consensos en torno a iniciativas legales, articulación con otras instancias de la Cámara o de los otros poderes o sin posibilidades de suministrar insumos de información para la toma de decisiones de este Pleno. Especial no es sinónimo de pequeña, menor y mucho menos, inexistente. Más aún, el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso señala que: "…cada una de las Cámaras nombrará las comisiones especiales que crea convenientes, cuando la exija la urgencia y calidad de los negocios", con lo cual se asume que los asuntos que cada Comisión Especial atiende, han sido juzgados de atención urgente o importante por esta honorable asamblea.

Es en este espíritu en el que se circunscribe la petición para homologar los recursos materiales, financieros y humanos a disposición de las comisiones especiales con los dispuestos para las comisiones ordinarias. Pedimos que la Cámara encuentre los mecanismos y las fuentes para que esta petición sea atendida.

¿Quién pone en tela de juicio que el impulso al desarrollo de la región sur-sureste del país, aquella en dónde viven los mexicanos más pobres entre los pobres, es de vital importancia para el Estado mexicano; o que la reforma de éste, discutida e impulsada desde el máximo espacio de debate del país, es un tema que debe convocar nuestros mejores esfuerzos y talentos para sentar las bases de una nación fuerte, próspera y justa; o que la consolidación de nuestra democracia requiere de una opinión pública madura e informada y que por tal razón resultan inaceptables las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación en el ejercicio de su labor de informar, y que era obligación de esta soberanía tomar cartas en el asunto; o que la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, que es la arteria vital del agua para el centro-occidente del país, es un tema muy importante y complejo que merece atención desde éste cuerpo legislativo; o que el seguimiento, para evitar abusos de las empresas intermediarias, de los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros a la economía nacional (que es nuestra segunda fuente de divisas y representan la manutención de miles de familias que han tenido que afrontar el drama de la separación para tener acceso a mejores opciones de vida) es un tema de capital importancia para todos los mexicanos; o que la opinión y contribución de esta Cámara en la investigación para el esclarecimiento de lo ocurrido y el deslinde de responsabilidades en la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos es una exigencia moral ineludible; o que los temas del café, la citricultura, la ganadería, el acuerdo nacional para el campo y el capítulo agropecuario del TLC requieren del estudio y atención minuciosa por parte de los representantes populares; mas aún, quien puede negar que resulta indispensable discutir el futuro del país y que hacer uso de la prospectiva aportará mucho a este debate; o que promover el que los mexicanos tengan acceso a la información en formatos y canales digitales es un imperativo para aumentar la calidad del capital humano que es nuestra más generosa y prometedora riqueza?

A estos asuntos y temas, y a algunos otros igualmente importantes, nos avocamos las comisiones especiales. No pedimos privilegio alguno, ni régimen de excepción para quienes con nuestro mejor esfuerzo servimos a esta honorable asamblea. Pero tampoco estamos dispuestos a permitir que un acuerdo, como el tomado por la Junta de Coordinación Política el 21 de diciembre de 2006 y que elimina los fondos fijo y de gastos de operación (llamado coloquialmente techo presupuestal) y que también limita la plantilla de personal que labora en las comisiones especiales, respecto de las ordinarias, generen diputados de primera y de segunda o peor aún comisiones privilegiadas y comisiones sin condiciones mínimas de operatividad.

Si el asunto de primordial índole es el ahorro de recursos dados los recortes, reasignaciones o escasez, creo que está entre los talentos de este Pleno encontrar una salida sabia y justa para que las comisiones especiales podamos cumplir con nuestros encargos. Lo único que deseamos es servir en la labor legislativa, trabajar por los mexicanos y fortalecer la institucionalidad de este poder de la Unión.

Por lo antes expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Para que sean homologados los recursos materiales, financieros y humanos a disposición de las comisiones especiales con aquellos recursos a disposición de las comisiones ordinarias.

Diputado Martín Ramos Castellanos (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL RECORTE DE RECURSOS PRESUPUESTALES A DIVERSOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO MONTALVO GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hago uso de esta alta tribuna de la nación para plantear ante ustedes una solicitud de apoyo solidario con el estado que tengo el honor de representar en ésta Cámara de Diputados, en virtud de que la autoridad hacendaria está recortando las participaciones federales que corresponden a dicha entidad y que están afectando la capacidad de trabajo para la población, de los municipios del estado.

Efectivamente, por causas imputables al gobierno federal, las participaciones que se están entregando a los municipios del estado son menores en casi 20 por ciento a las pagadas en el mismo periodo del año anterior, representando una disminución de casi 28 millones de pesos.

El gobierno del estado, encabezado por el licenciado Fidel Herrera Beltrán ha venido desarrollando gestiones oportunas y directas para lograr regularizar esta situación, ante la falta de respuesta de las autoridades federales.

Sin embargo, la lucha emprendida para que se entreguen en tiempo y forma las participaciones federales, no ha rendido los frutos deseados y esta situación está comprometiendo seriamente los programas y servicios públicos que los ayuntamientos producen para la gente.

Es de señalarse que la disminución de las participaciones no es imputable al estado de Veracruz, sino que tienen una aparente razón en un posible decremento en la recaudación federal. Valga señalar que, a pesar de que los diputados autorizamos recursos suficientes y etiquetados para los programas registrados por los estados y por los municipios, a través de ellos, consideramos que hay ineficiencia en la autoridad recaudadora y le está cargando el costo de ello a la parte más sensible de la estructura federal, que son los ayuntamientos.

Es sumamente importante atender esta situación, en virtud de que si continua esta tendencia, la situación será insostenible en los próximos meses y habrá crisis en muchos programas públicos. Como tradicionalmente ocurre, los más afectados serán las comunidades más pobres.

El que suscribe, puede dar testimonio de que los altos índices de marginalidad que padecen algunas regiones de Veracruz, como es Zongolica, a quien represento en esta Cámara no resisten una menor cantidad de recursos. Hay muchas comunidades con unos cuantos establecimientos económicos y con raquíticos ingresos, que apenas sirven para los gastos mínimos de operación y para proveer lo esencial para los ciudadanos. Es imposible dar pasos atrás en la miseria que viven muchos de los ayuntamientos, por lo que la lamentable situación que están enfrentando es injustificable. Esta representación popular no puede permanecer ajena ni impasible.

Existe coincidencia entre los diputados de todos los partidos de que es necesario fortalecer el sistema federal, a la luz de la equidad y la justicia. Precisamente este es uno de los criterios más importantes para avanzar en una posible reforma fiscal y en una reforma política. El federalismo tiene que tomarse en serio y con verdadero compromiso.

Las condiciones del sureste mexicano, entre los que se encuentra Veracruz es de atraso y pobreza predominante. Por ello, un federalismo reformado deberá permitir tratar desigual a los desiguales.

Veracruz es una entidad que aún ocupa a una tercera parte de su población en la actividad más importante, pero también la menos remunerada, como es el campo. Tiene altas tasas de analfabetismo, en donde cerca del 15 por ciento de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir. Adicionalmente, el estado tiene el cuarto lugar con índice de marginación más alto.

Casi el 50 por ciento de la población vive en localidades de menos de 5 mil habitantes. Cerca del 70 por ciento gana menos de 2 salarios mínimos. El 29 por ciento de las viviendas no tiene agua entubada, el 30 por ciento tiene piso de tierra, el 11 por ciento no cuenta con energía eléctrica y el 10 por ciento no tiene servicio de drenaje.

En estas condiciones, los miembros de esta Cámara, auténticos luchadores sociales y fieles representantes de las demandas y necesidades regionales y de las comunidades, comprenden con facilidad la injusticia que significa retener un sólo peso de los recursos destinados a los municipios. Cada uno de ellos significa la posibilidad de atender una necesidad básica de quienes menos tienen.

Por lo expuesto solicito el respaldo de esta honorable asamblea para exhortar al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que tome las medidas pertinentes, a fin de resolver esta situación de manera urgente.

En los anteriores términos presento ante ustedes la presente proposición con carácter de urgente y obvia resolución

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que aplique las medidas necesarias, con carácter urgente, para normalizar la entrega de las participaciones federales que corresponden al estado de Veracruz, en los términos aprobados por ésta soberanía en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, en virtud de la disminución que está sufriendo y que afecta, al mismo tiempo, a los municipios de la entidad.

Palacio Legislativo, a 8 de febrero de 2007.

Diputado Pedro Montalvo Gómez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SSP QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS BASES LEGALES QUE SUSTENTAN LA UNIFICACIÓN DE LA PFP Y LA AFI, CON LA CONSIGUIENTE CREACIÓN DE UN NUEVO CUERPO FEDERAL DE POLICÍA, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA OLIVA FRAGOSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, suscribe la presente proposición con punto de acuerdo para solicitar que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, informe a esta soberanía sobre las bases legales que sustentan la unificación de la PFP y la AFI, creando un nuevo cuerpo federal de policía, a través de las siguientes

Consideraciones

En diciembre de 1998, fue creada la Policía Federal Preventiva (PFP), con el objetivo primordial, según la Secretaría de Seguridad Pública federal de prevenir la comisión de los delitos y las faltas administrativas que contemplan las leyes federales, pudiendo actuar para ello, en coadyuvancia con las autoridades competentes.

A diferencia de este cuerpo policiaco, la Agencia Federal de Investigación (AFI), tiene como uno de sus principales objetivos ser auxiliar del Ministerio Público de la Federación, en la investigación y persecución de los delitos federales y de aquellos que no siéndolo sean atraídos por la federación o pongan en riesgo la seguridad nacional.

Este organismo tiene sus orígenes en la Dirección General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal; en la administración pasada, el Ejecutivo Federal consideró reestructurar a la Policía Judicial Federal, justificándolo en el enorme deterioro de dicha institución, dando paso a la creación de la AFI en noviembre del 2001.

En marzo de 2004, el entonces Presidente de la República, Vicente Fox Quesada envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas al sistema de seguridad pública y justicia penal en la que entre otras cosas, planteaba la unificación de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigación (AFI), denominándose una nueva Policía Federal, que tendría a su cargo tareas de investigación.

Esta iniciativa originó una gran discusión entre diversos actores como legisladores, abogados defensores de derechos humanos, académicos, especialistas, entre otros. Aún cuando la iniciativa de Fox no prosperó en nuestra legislación, el actual gobierno federal encabezado por Felipe Calderón Hinojosa ha dado marcha a la formación del Cuerpo Federal de Policía, colocando a los elementos que integran a la AFI y a la PFP bajo un mismo mando, designando para ello a quien fuera jefe del Estado Mayor de la PFP Ardelio Vargas Fosado, como comisionado de esta institución, y al mismo tiempo director de la AFI.

Según una nota periodística de La Jornada del 16 de diciembre de 2006, el Ejecutivo federal pretende reestructurar a todas las corporaciones policíacas federales, unificando los bancos de datos que han conformado las distintas policías, de modo que todos los agentes federales podrán convertirse en auxiliares del Ministerio Público y contarán, en la práctica, con la autorización para realizar investigaciones y detenciones ante la presunción de que se ha cometido un delito.

A este respecto, analistas en la materia, han realizado pronunciamientos en diversos sentidos, tal es el caso del doctor en Ciencias Penales José A. Yáñez Romero, que comentó para El Universal que "la idea de unir a la Policía Federal Preventiva con la Policía Federal de investigadora podría parecer buena para quienes desconocen las formas, tradiciones, fuerzas, grupos y formación de las policías mencionadas". "Esta idea es contraria al objetivo que les otorga su existencia diferente y diferenciada: la especialidad funcional, jurídica, operativa y profesional". Es cuestionable que la actual administración federal, esté creando las bases de nuevos problemas institucionales, dentro de los que podemos observar:

1. La creación o modificación de las atribuciones y adscripciones orgánicas de las policías federales son del trabajo exclusivo de los legisladores federales.

2. Los movimientos que está realizando el Ejecutivo federal parecen ser arbitrarios, pues ninguna ley los faculta para realizar los cambios que violan la normatividad sustantiva que rige la administración pública federal.

3. No se ha demostrado ni probado que la unión de policías sea una respuesta adecuada a la violencia criminal, pues en realidad esta función es básicamente del Ministerio Público. Al crimen común y al crimen organizado solamente se le puede enfrentar sustantivamente con las políticas y facultades jurídico penales propias del MP del fuero común y del fuero federal respectivamente; es decir, con políticas de justicia penal y no con políticas de orden y seguridad exclusivamente.

En resumen, la propuesta carece de razones técnicas, operativas, jurídicas, administrativas y funcionales, pues parece obedecer más a una alternativa de discurso político que a un movimiento serio".

Jorge Nader Kuri, director de la Facultad de Derecho de la Universidad LaSalle, comenta en esa misma nota su postura al decir que "el Cuerpo Federal de Policía, que integrará la PFP, la AFI, la Policía Fiscal Aduanal y Agentes de Migración, y que se convertirá en una policía nacional con facultades de investigación, servicios técnicos, de análisis y de reacción, implica un cambio de paradigma acerca de la policía y sus funciones, en la medida que medie una serie de reformas a la constitución, a las legislaciones orgánicas de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la Procuraduría General de la República, así como a la relacionada con el Sistema Nacional de Seguridad, entre otras.

Sin embargo, nosotros como legisladores, tenemos la obligación, independientemente de los análisis jurídicos, técnicos, operativos o estructurales que puedan realizarse por diversos actores, de cuidar y salvaguardar que los actos emitidos por el gobierno sean siempre apegados al marco de la legalidad. Por tanto, nos extraña, que conforme a una nota publicada el 11 de enero de éste año en El Universal, se manifieste que según lo hizo saber, el gobierno federal se haya basado únicamente en un análisis jurídico que realizó la Secretaría de la Función Pública en el que se concluyó que no había inconveniente para realizar el proceso de unificación de la PFP y la AFI.

Sabemos de la necesidad imperante de establecer políticas y estrategias en todos los ámbitos del gobierno para combatir el problema de la inseguridad, sin embargo debemos ser concientes de la enorme responsabilidad de actuar conforme a la legalidad establecida, para que en su momento sean las instancias facultadas quienes intervengan en este proceso.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

1. Se solicita al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna que informe a este Poder Legislativo las bases y consideraciones legales que fundamentan y sustentan la operatividad del nuevo Cuerpo Federal de Policía.

2. Se informe detalladamente a esta soberanía sobre las particularidades operativas, administrativas y de carácter estructural de este cuerpo policiaco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.

Diputada Silvia Oliva Fragoso (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MURAT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Consideraciones

Hago uso de esta alta tribuna, para señalar la preocupación del que suscribe y del Grupo Parlamentario del PRI, en torno a la falta de rumbo, de prudencia y de visión que arrastra, desde hace varios años, la política exterior del país. Es una percepción que comparte la mayor parte de la sociedad, quien no aprueba que el patrimonio moral que el país construyó durante décadas se trivialice y se tire por la borda, por la falta de sensibilidad, experiencia y madurez del gobierno en el manejo de las relaciones que se tienen con otros países.

Los principios de la política exterior mexicana han gozado del más alto reconocimiento y han permitido que México desempeñe un papel relevante en momentos de la mayor importancia para el mundo. Aportaciones como la Doctrina Carranza y la Doctrina Estrada forman parte del derecho internacional vigente y norman el principio fundamental de la inviolabilidad de la soberanía de los estados como valor jurídico indivisible e inalienable, sustentado en la igualdad jurídica y en la no intervención.

México ha sido un actor constructivo y determinante en importantes procesos, como la edificación del sistema de Naciones Unidas, en la definición precisa de los derechos y deberes económicos de los Estados, en la organización y actuación conjunta de los países no alineados, en la concreción de la importante herramienta para la paz que representó el Tratado de Tlatelolco en materia de proscripción de las armas nucleares en la región latinoamericana.

Quién puede poner en duda la centralidad e importancia de los buenos oficios de México para la pacificación de Centroamérica o para la unificación de todos los pueblos de América Latina y del Caribe.

La reciedumbre de la diplomacia tiene envergadura constitucional. Sus principios se consagran en la fracción X del artículo 89 y deben ser la referencia obligada, guste o no, de quien ostente la jefatura del Estado y la delicada encomienda de conducir las relaciones bilaterales y multilaterales de la nación.

Gracias a su observancia irrestricta, México ha sido distinguido con la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, en la persona del premio nobel de la paz, don Alfonso García Robles y generalmente es elegido como sede de importantes encuentros mundiales, tal como aconteció con la Cumbre Mundial de Financiamiento para el Desarrollo, en donde se intentó reactivar la agenda económica y social del mundo, diferida por el peso de los objetivos de la seguridad global, por la tensión a causa del conflicto en Irak y por la amenaza global del terrorismo.

De manera penosa, los mexicanos vimos con estupefacción la manera en la que la política exterior del sexenio anterior fue convertida en una arena boxística, cargada de un ridículo anecdotario, como fue el trato al Rey de España desde el propio 2 de julio del año 2000, la ruptura del protocolo por las ocurrencias de las botas de charol en España o la de los gigantes de Terracota en China, el famoso "comes y te vas", el frecuente olvido de nombres, fechas, hechos históricos, y otras referencias elementales para cualquier jefe de Estado.

Además, la confrontación con la mayoría de los países de América Latina fue un hecho cotidiano, llegando al extremo de sufrir vergonzosos aislamientos como en el caso de la elección del nuevo secretario general de la OEA y el turbio manejo de diversas recomendaciones en materia de derechos humanos, para aparentar que eran promovidas por otros países, lastimando importantes relaciones geopolíticas para México.

Con el fin del sexenio del ex Presidente Fox se creía superada esta página oscura de la diplomacia. Sin embargo, en sólo dos meses el actual Presidente de la República está reeditando el herradero internacional en que se tiene sometido al país. Su primer grave error fue haber minimizado el problema migratorio en su encuentro con el presidente estadounidense, sin aprender que ésta actitud ha permitido la iniciativa unilateral del muro en la frontera y el endurecimiento de las acciones contra los migrantes mexicanos.

La visita a Davós fue caracterizada por la confrontación abierta con varios países latinoamericanos, con quienes se ha tratado de pontificar posturas ideológicas, sin el más elemental decoro, dignidad y respeto a naciones soberanas.

Adicionalmente, es preciso señalar que cuando no se encuentra en conflicto abierto, el gobierno es incapaz de demostrar una estrategia sensata, como ocurrió en España, en donde nadie supo a que fue el Presidente y su visita pasó prácticamente desapercibida.

Ante la descomposición que presenta la política exterior, por la mala ejecución del gobierno, esta soberanía debe exigir una clara rendición de cuentas y examinar con objetividad cuales son los propósitos, los mecanismos y la idea con que se conduce esta delicada área, en nombre de todos los mexicanos.

Ante esta situación, nos parece urgente, siendo precisamente el carácter de esta proposición, que se llame a comparecer a la titular de la cancillería para precisar la naturaleza y alcances de la diplomacia mexicana llevada a cabo y la que se plantea para los próximos meses y años.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta asamblea, la presente proposición con carácter de urgente y obvia resolución

Punto de Acuerdo

Único. Ante la confusión, carencia de estrategia, inobservancia de los principios constitucionales y conflicto continuo que caracterizan a la política exterior de México, la Cámara de Diputados de la LX Legislatura cita a comparecer a la licenciada Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores, ante la comisión legislativa del ramo, para que informe las razones, objetivos y metas que orientan el trabajo de la dependencia a su cargo.

Los términos y detalles de su presencia serán definidos por la Junta de Coordinación Política.

Palacio Legislativo, a 8 de febrero de 2007.

Diputado José Murat (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA ASF QUE AUDITE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RESPECTO A LOS RECURSOS DESTINADOS PARA CELEBRAR EL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE DON BENITO JUÁREZ GARCÍA EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ROBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal, Carlos Roberto Martínez Martínez, originario de Guelatao de Juárez, Oaxaca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

En el 2006, los mexicanos celebramos el magno acontecimiento del bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, dicha conmemoración radicó en la trascendencia de patentizar que Juárez es el mexicano más universal, impulsor de las Leyes de Reforma, las que consolidaron al poder civil frente a los poderes de facto, las que marcaron la separación del Estado y del clero, las que instauraron las libertades públicas y establecieron el respeto a los distintos credos.

En el marco de dicha celebración, el honorable Congreso de la Unión, decretó el "2006, año del bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el jueves 29 de diciembre de 2005.

La figura y obra de don Benito Juárez, representa para los mexicanos un referente histórico fundamental de valores y principios, así como ejemplo singular para las nuevas generaciones ante los retos de la actualidad para abanderar la lucha del siglo XXI.

Por ello, la LIX Legislatura, creó la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Don Benito Juárez García, misma que fue aprobada en la sesión celebrada el 29 de abril de 2004, estuvo integrada por 6 diputados, uno por cada grupo parlamentario, e instalándose formalmente el 29 de junio de 2004, para que desde el ámbito de competencias del Poder Legislativo federal, participará en todas las actividades conmemorativas y de los festejos, relativos a la conmemoración.

En la sesión celebrada el 13 de octubre de 2005, integrantes de la Comisión para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Don Benito Juárez García, de la LIX Legislatura, presentaron un punto de acuerdo en el que solicitaron la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, para financiar los gastos que se generarían por las diferentes actividades relacionadas con la conmemoración nacional, la que fue turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Desde hace 500 años Oaxaca tiene problemas económicos, sociales y políticos, en esos siglos nunca fue próspero. San Pablo Guelatao, cuna del Benemérito, económicamente sigue igual que cuando nació Benito Juárez; a Ulises Ruiz, le salió mal, muy mal, la celebración del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez, pese a que esta Cámara de Diputados le aprobó 50 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, publicado en la Gaceta Parlamentaria, el día 14 de noviembre de 2005, y en el Diario Oficial de la Federación, el jueves 22 de diciembre del mismo año, para dicha celebración, y que hasta marzo de 2006, los retenía Conaculta.

La aplicación de los recursos, para dicha celebración no refleja los valores que Juárez defendió sin claudicar; recordar que la política no es sólo cuestión de ideas, sino de actos y conductas que coincidan con ellas, para reafirmar y dar vigencia a los principios de nuestra vida republicana, representados en la figura histórica inolvidable de Benito Juárez, héroe de la Reforma y Benemérito de las Américas.

En tal sentido y por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación, que proceda a realizar una auditoria especial, a los 50 millones de pesos, para saber si estos recursos fueron ejercidos con el fin que se asignaron, en el ejercicio fiscal de 2006, al estado de Oaxaca, para la celebración del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de febrero del año 2007.

Diputado Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE ENERGÍA, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MURAT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal José Murat, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días anteriores se publicó en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondiente al cuarto trimestre de 2006, el monto de ingresos excedentes que se obtuvieron durante ese año por concepto de exportación de petróleo y de recaudación tributaria.

El monto ascendió a 309 mil 640 millones de pesos, los cuales permitieron mejorar el balance fiscal, y distribuir 23 mil 800 millones de pesos a los gobiernos estatales y 22 mil 800 millones de pesos al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

Sin embargo, para 2007, aun cuando el precio del petróleo pudiera recuperar los niveles observados durante 2006, la situación en que se encuentran las reservas de hidrocarburos afectará los ingresos excedentes que se pudieran obtener.

Si bien durante 2006 Petróleo Mexicanos produjo en promedio 3 millones 256 mil barriles de crudo, lo cierto es que dicha cifra es inferior en 77 mil barriles diarios respecto a los producidos en 2005 y en 127 mil con relación a 2004.

Dicho comportamiento es el resultado de la caída de producción del principal yacimiento petrolero del país, Cantarell, en el que la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP) prevé que tendrá una caída promedio de 150 mil barriles al día durante los siguientes siete años.

De acuerdo con las estimaciones para el segundo campo productor del mundo, se espera que en este año Cantarell produzca cerca de 1 millón 500 mil barriles al día, volumen inferior en 300 mil barriles respecto a 2006.

Para los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI es importante que el Ejecutivo defina la estrategia y las acciones que seguirá ante una predecible baja en la producción de petróleo, en el que se prevé continuar preservando la soberanía nacional.

Asimismo, que se definan las medidas que se tomarán para que la clase trabajadora no se vea perjudicada por el incremento en electricidad, gas y gasolinas que se deriva de la continua importación de estos productos.

Es importante destacar que dentro del Grupo Parlamentario del PRI es compartida la idea de instancias como el Sindicato Mexicano de Electricistas de proponerse una reforma energética que pugne siempre por la preservación del bienestar de la clase trabajadora y, ante todo, lograr la soberanía energética.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con carácter de urgente y obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único. Ante las previsiones de Pemex de una baja en la producción para los siguientes seis años, el incremento de la electricidad, gas y gasolinas que afectan sustancialmente a la clase trabajadora, la Cámara de Diputados solicita la comparecencia de la secretaria de Energía, a fin de que defina las medidas que el Ejecutivo tomará ante esta problemática.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de febrero de 2007.

Diputado José Murat (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE ESTABLEZCA LA INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LAS UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA, PASAJE Y TURISMO, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL LIZÁRRAGA PERAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del PRD ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter ante esta soberanía el siguiente proyecto de propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1) El pasado 28 de diciembre del año 2006, un autobús de pasajeros de la empresa denominada Autotransportes Águila, SA de CV, sufrió un accidente mientras viajaba de sur a norte por la península de Baja California, quedando un saldo lamentable de 8 muertos y 20 afectados con fracturas y heridas de distinta gravedad.

2) Existen evidencias de que con marcada frecuencia, especialmente en temporadas vacacionales, suceden siniestros semejantes en toda la República Mexicana, que ocurren, lo mismo en vehículos particulares que en unidades de transporte colectivo, sembrando tragedias iguales o peores que las del caso que ejemplifico.

3) Resultados como éstos, donde sucumben víctimas inocentes de la imprevisión, pueden evitarse en buena medida si se atiende a la necesidad de portar en las citadas unidades, los instrumentos de seguridad más indispensables, como botiquines y extinguidores, así como cinturones para choferes y usuarios del servicio.

4) Conforme a lo establecido por las leyes del movimiento, específicamente en la correspondiente a la inercia del movimiento, en todo trayecto los cuerpos llevan la misma velocidad que la unidad que los transporta, y ante algún impacto u otra clase de accidente que interrumpa su tránsito, tales cuerpos, de no estar debidamente sujetos, siguen el curso de la velocidad con la que originalmente iban impulsados.

5) Por razones como la expuesta, y las múltiples experiencias que se viven a diario en calles, caminos y carreteras de la República Mexicana, se considera indispensable que los instrumentos señalados, prioritariamente el cinturón de seguridad, sean instalados y utilizados con carácter obligatorio en todas las unidades de autotransporte de carga, pasaje y turismo que circulan por el territorio nacional.

Por lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta la importancia del asunto, me permito presentar ante este pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que a través de la Comisión de Transportes, y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, se analicen con carácter urgente la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, y las normas oficiales mexicanas respectivas, con la finalidad de que sean incluidas las disposiciones legales referentes a la instalación de instrumentos de seguridad (botiquines, extinguidores y cinturones) en las unidades de autotransporte de carga, pasaje y turismo que transiten por caminos y puentes de jurisdicción federal; así como la obligatoriedad de utilizar el cinturón de seguridad, que deberá ser observada tanto por los choferes como por los usuarios de los citados servicios.

Segundo. Se solicita al gobierno federal que a través de la Secretaría de Gobernación emita a los poderes estatales y municipales exhortaciones similares a las expuestas en el punto primero, a efecto de que sean aplicables a las unidades, conductores y pasajeros que transitan por vías de jurisdicción estatal y municipal. Lo anterior, para su correspondiente valoración y, en su caso, para su inclusión en las legislaciones locales competentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de febrero de 2007.

Diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE SE ATIENDA EL CONFLICTO DE DESABASTO DE DIESEL Y DE GASOLINA EN BAJA CALIFORNIA SUR, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL LIZÁRRAGA PERAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del PRD ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter ante esta soberanía, el siguiente proyecto de propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1) Durante el mes de diciembre del año 2006 se suscitaron serios conflictos en los cinco municipios del estado de Baja California Sur, derivados del desabasto de diesel y gasolina; combustibles elementales para el transporte, en sus distintas modalidades, así como para el desarrollo de las diversas actividades que fortalecen la economía de la entidad.

2) Habitantes de las municipalidades afectadas, turistas, transportistas, al igual que organizaciones políticas, sindicales y empresariales, manifestaron su total inconformidad por los hechos de referencia.

3) La causa principal de la citada escasez se debió, según las declaraciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), a las condiciones climáticas, que impidieron la salida oportuna de los buques-tanque del puerto de Salina Cruz, Oaxaca, hacia los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California Sur; no obstante, existe la versión expresada por algunos grupos locales, de que se trató de una acción deliberada de parte de la paraestatal, la cual persigue la finalidad de aplicar nuevos incrementos a los combustibles en mención.

Organizaciones de Baja California Sur, como la CROC del municipio de Los Cabos, han expuesto que se debe autorizar la concesión para instalar tanques de almacenamiento en la entidad, a fin de evitar la reincidencia de estos problemas y la infinidad de repercusiones consecuentes, fundamentalmente por las condiciones de aislamiento que tiene la península y la constante exposición de la misma a los efectos de los fenómenos naturales. Por lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta la importancia del asunto, me permito presentar ante este Pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal a resolver, a través de la Secretaría de Energía y de la empresa Petróleos Mexicanos, en la forma más pertinente, expedita y definitiva posible, los problemas que ocasiona el desabasto de diesel y gasolina en el estado de Baja California Sur, con el propósito de que eviten en lo sucesivo la recurrencia de conflictos de esta magnitud.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil siete.

Diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE MANIFIESTE ANTE LA OMC SU INTERÉS EN LA SOLICITUD DE CONSULTAS PRESENTADAS POR CANADÁ AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE LOS APOYOS A LOS PRODUCTORES DE MAÍZ, A CARGO DEL DIPUTADO RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Los suscritos diputados Rutilio C. Escandón Cadenas y Alejandro Martínez Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados y conforme en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal que ratifique ante el Comité de Agricultura de la Organización Mundial de Comercio, dé seguimiento formal a los diversos posicionamientos que en esta materia ha establecido de manera independiente y como parte del Grupo de los 20, y se manifieste ante la OMC como tercero con interés en el proceso iniciado por Canadá en relación al maíz, con base a las siguientes

Consideraciones

I. El 8 de enero del año en curso, el gobierno de Canadá solicitó formalmente al gobierno de los Estados Unidos de América, el inicio de consultas en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), sobre los subsidios que este país otorga a sus productores y exportadores de maíz y, en general, sobre sus políticas y programas agrícolas que distorsionan el comercio. Lo anterior, de conformidad con el artículo XXII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994), los artículos 4, 7 y 30 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y el artículo 19 del Acuerdo sobre la Agricultura.

Canadá considera que dichas medidas generan ventajas comerciales desleales, deprimen los precios de mercado y dañan y amenazan causar un daño serio a los intereses de Canadá, además de que son inconsistentes con diversas obligaciones que EUA adquirió al suscribir los acuerdos de tal organización.

Canadá espera que dichos cuestionamientos sean tomados en cuenta en estos momentos en los que Estados Unidos de América se encuentra diseñando los nuevos ordenamientos legales que habrán de sustituir a la Ley de Inversión Rural y Seguridad Agrícola 2002, conocida como la Farm Bill, que expira este año. Existe una preocupación generalizada entre la comunidad internacional de que, ante el estancamiento de las negociaciones de la Ronda Doha, Estados Unidos mantenga o incluso, introduzca en su nueva ley agrícola, otro tipo de medidas que distorsionan el comercio.

De acuerdo con el procedimiento establecido por la OMC para la solución de diferencias, la primera etapa la constituye la solicitud de celebración de consultas por parte de un país miembro de la OMC, en este caso Canadá, ante el órgano de Solución de Diferencias. Si no se llega a algún acuerdo, Canadá podrá solicitar, a partir del día 31, esto es, el día 8 de febrero, la constitución de un grupo especial que resolverá el conflicto.

Es por ello importante que México se sume de inmediato como tercero interesado en esta diferencia, para que al momento de su resolución sea beneficiado con las medidas logradas por el país originalmente reclamante.

México dejó pasar ya la oportunidad de sumarse a la postura de Brasil, como hicieron otros países miembros de la OMC, cuando hace apenas unos años interpuso y, de hecho, ganó, la controversia contra Estados Unidos por los subsidios que este país aplica a sus productores de algodón. Esta omisión le cuesta a nuestro país más de 700 millones de pesos en subsidios cada año, para compensar a los agricultores los menores precios de mercado de esta fibra.

Si bien los precios internacionales del maíz han aumentado en los últimos meses, ello no significa que se encuentren en los niveles de precios "correctos", en el sentido en el que lo establece la técnica jurídica del comercio exterior. Menos aún, considerando que uno de los detonadores de los precios fue precisamente el incentivo que Estados Unidos ha otorgado a la adquisición del maíz que es utilizado para la producción de etanol. De esta forma, lo que seguimos apreciando es un mercado distorsionado por los programas y subsidios que Estados Unidos otorga a sus productores, exportadores y, en general, como bien lo señala el pronunciamiento canadiense, a su industria del maíz.

Los productores de maíz mexicanos sufren de los mismos efectos negativos que ha dejado la celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otros acuerdos internacionales con los Estados Unidos de América, por lo que el gobierno mexicano tiene la obligación de entrar en defensa de los intereses nacionales, y en este momento corre el plazo para que las autoridades mexicanas presenten la solicitud ante la OMC, como país miembro con interés en la diferencia.

II. En otro orden de ideas, el 19 de marzo de 2001, México presentó formalmente ante el Comité de Agricultura de la Organización Mundial de Comercio, una propuesta de negociaciones para continuar con el periodo de reforma del sistema de comercio agropecuario, como lo acordaron los países miembros de esta organización en el artículo 20 del Acuerdo sobre la Agricultura, suscrito en el marco de la Ronda Uruguay, en abril de 1994.

En dicha propuesta, México destacó lo siguiente, en relación con los incisos a) y b) del citado artículo 20 del Acuerdo sobre la Agricultura, relativos a su experiencia en cuanto a los efectos de competir con productos de los países desarrollados y al Trato Especial y Diferenciado para los países Miembro, a fin de lograr un sistema de comercio agropecuario equitativo:

a) Que los países desarrollados hacen uso generalmente de toda la gama de subsidios.

b) Que las distorsiones que provocan los subsidios en los mercados han repercutido en precios internacionales artificialmente menores, en detrimento de la rentabilidad de los productores de terceros países.

c) Que las distorsiones en los mercados siguen siendo provocadas por los países desarrollados, ya que la participación de los subsidios de los países en desarrollo es mucho menor, en tanto que el uso real de subsidios depende más de la capacidad financiera de un país que de sus compromisos contractuales.

d) Que como consecuencia se ha frenado el desarrollo de la agricultura en países en desarrollo, y

e) Que en caso de prevalecer la diferencia en la aplicación de los subsidios, se pierde totalmente la equidad en el comercio que se pretende lograr.

Adicionalmente, el Acuerdo de Agricultura prevé, entre otros, que Los países desarrollados al cumplir sus compromisos, deberán considerar las condiciones particulares de los miembros en desarrollo, particularmente la seguridad alimentaria, la necesidad de proteger al medio ambiente, los efectos posibles negativos que provoquen las medidas del proceso de reforma y otras preocupaciones no comerciales;

Los apoyos internos y los subsidios a la exportación deberán respetar los límites establecidos en la Parte IV de la lista de cada miembro;

Los aranceles se deberán consolidar en su acceso a mercado por lo que aceptan no establecer medidas que no sean fundamentalmente derechos de aduana,

Y pese a lo anterior: Una protección para los países que utilizan subvenciones que están en conformidad con el acuerdo, conocida como la "Cláusula de Paz", a efecto de que no puedan ser cuestionados al amparo de otros acuerdos de la OMC (artículo 13); y

Una salvaguardia especial que constituye una excepción a los compromisos en materia de Acceso a Mercados, cuando el volumen de las exportaciones o el precio de las mismas que ingresen a un mercado nacional, excedan el denominado nivel de activación o bien si el precio es inferior al precio de activación (artículo 5).

Ambas disposiciones tenían un carácter temporal, "durante el periodo de reforma", si bien su término no quedó expresamente definido. Respecto a la "Cláusula de Paz", que tentativamente habría fenecido a fines de 2003, México había solicitado en su propuesta del 19 de marzo de 2001, que ésta se transformara en una obligación de tipo permanente para los países desarrollados en relación con las importaciones de los países en desarrollo.

En cuanto a la "Salvaguardia Especial", su postura quedó plasmada en la declaración que, como parte del Grupo de los Veinte (G-20), suscribió en ocasión de la reunión especial del Comité de Agricultura celebrada en diciembre de 2004, en la que, además, dejó en claro su posicionamiento respecto a lo que debiera considerar la continuación del período de reforma en materia de Apoyos Internos, Competencia de las Exportaciones y Acceso a Mercado, a fin de cumplir con el espíritu del Acuerdo de Agricultura.

En particular, sobre la Salvaguardia Especial, se estableció que los países, miembro desarrollados, deberían remover esta medida tan pronto iniciara el período de implantación que se acordara en el marco de la Ronda Doha, para evitar que fuese utilizado, junto con otras formas de protección, para mermar los alcances de los acuerdos de apertura comercial. Exclusivamente para los países en desarrollo, dicha salvaguardia sería sustituida por un "Mecanismo de Salvaguardias Especiales", para un número determinado de "Productos Especiales", que serían reconocidos como parte del principio de Tratamiento Especial y Diferenciado que contempla la Organización Mundial de Comercio.

Habida cuenta de:

a) Que las negociaciones de la Ronda Doha se encuentran suspendidas desde julio de 2006 y que no existe claridad en cuanto a la fecha de terminación de la vigencia de los dos mecanismos de excepción mencionados en los párrafos anteriores;

b) Que la situación que México destacó en su propuesta de marzo de 2001 sobre la distorsión de mercados causada por los subsidios otorgados por los países desarrollados no sólo no ha desaparecido, sino que se agravó con la entrada en vigor de la Ley Agrícola de Estados Unidos en mayo de 2002;

c) Que el panorama internacional se presenta favorable para la renegociación de las condiciones con las cuales compiten los productores nacionales de maíz, en contra de los productores norteamericanos;

d) Que es necesario que México manifieste formalmente su interés en la diferencia entre Canadá y Estados Unidos en materia de subvenciones y otras medidas de ayuda interna para el maíz y otros productos agropecuarios, y

d) Que en estos momentos previos a la apertura comercial prevista en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, México requiere contar con todos los esquemas de protección a que tiene derecho en su calidad de país en desarrollo miembro de la Organización Mundial de Comercio.

Por lo anterior, nos permitimos poner a la consideración de este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a que, por conducto de la Secretaría de Economía y en cumplimiento de sus atribuciones, dé atención inmediata a lo siguiente:

I. Se adhiera formalmente como tercero interesado a la solicitud de consultas que, en el marco de la Organización Mundial de Comercio, Canadá presentó al gobierno de Estados Unidos el día 8 de enero de 2007, con respecto a las subvenciones para el maíz y otras medidas distorsionantes del comercio de éste y otros productos agropecuarios que el gobierno norteamericano otorga a sus productores, exportadores y procesadores, así como con relación al incumplimiento de diversas obligaciones establecidas en los acuerdos suscritos en esta organización.

II. Ratifique y dé seguimiento formal a los diversos posicionamientos que en materia de comercio agropecuario ha establecido de manera independiente en marzo de 2001 y como parte del Grupo de los 20, en diciembre de 2004, particularmente por lo que se refiere a

La ampliación de la vigencia del período de reforma, hasta el momento en el que inicie la implantación de un nuevo acuerdo en esta materia.

La eliminación inmediata de las salvaguardias especiales para los países desarrollados.

La inclusión como productos especiales de las mismas fracciones que fueron consideradas como sujetas de las salvaguardias especiales previstas en el artículo 5 del Acuerdo de Agricultura, y

La transformación de la Cláusula de Paz en una obligación permanente para los países desarrollados en relación con las importaciones de los países en desarrollo.

III. Informe si el Ejecutivo federal ya cumplió la obligación que tiene en defensa de los productores nacionales, en el sentido de adherirse a la solicitud de consultas realizada por el gobierno de Canadá, y en caso contrario, se le solicita que lo haga de inmediato.

Segundo. Se solicita al Ejecutivo federal que, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, en un plazo no mayor de 10 días naturales, sobre el monto de las economías que estima alcanzar durante el presente Ejercicio Fiscal en el Programa de Apoyos al Ingreso Objetivo que administra su órgano desconcentrado denominado Aserca, en tanto que los precios de mercado han superado a los niveles de precio objetivo del maíz y de otros productos agrícolas considerados en este programa.

Dado en el Salón de Sesiones, a los ocho días del mes de febrero de 2007.

Diputados: Rutilio Escandón Cadenas, Alejandro Martínez Hernández (rúbricas).

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE REFORME EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA, A CARGO DEL DIPUTADO EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta al Ejecutivo federal a reformar el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, con base en las siguientes

Consideraciones

Que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada, lo cual queda establecido en la Constitución y en las leyes, con objeto de ser garantizados por el Estado.

Que, coincidiendo con Miguel Carbonell, uno de los momentos más brillantes de lo que se ha llamado la hora inaugural del Estado constitucional, lo representa la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que ha sido calificada como el texto jurídico más importante de la era moderna, en la que, enfáticamente, se reconoce la libertad de las personas como un derecho natural, inalienable y sagrado.

Que en nuestra Constitución Política la libertad de las personas se establece como garantía individual, cuyo espíritu es instituir ese derecho como valor superior del ordenamiento jurídico.

Que en su artículo 14, párrafo 2o., la Constitución Política de los Estados Unidos, establece: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho".

Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9, inciso 1o., establece: "Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta".

Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 7o., inciso 2o.: "Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas".

Que, consecuentemente, el respeto a la libertad de las personas es una materia obligada para todo ser humano. No obstante ello, diversos titulares o administradores de algunas instituciones de salud, públicas, sociales y privadas del país, transgreden este derecho, al momento de retener u obstaculizar el egreso de los pacientes, con el propósito de garantizar el pago del servicio brindado por los establecimientos; acción que indiscutiblemente no sólo viola el derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4o. de nuestra Constitución Política, así como en su ley reglamentaria, sino además viola, indiscutiblemente, el derecho a la libertad de las personas.

Que a esta práctica ilegal de retener a los pacientes por falta de pago antecede el hecho de exigir en algunas instituciones de salud privadas, como requisito de ingreso hospitalario, la expedición de un báucher abierto, con objeto de garantizar al establecimiento el pago del servicio; acto que, de igual forma, y expresamente, viola el derecho a la protección de la salud.

Que no debe permitirse, bajo ninguna circunstancia, comercializar con la salud que representa esa ilegal práctica.

Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 7, numeral 7: "Nadie podrá ser detenido por deudas…"

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, párrafos 1o. y 4., establece: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil."

Que en consecuencia, el Código Penal Federal establece en su artículo 230: "Se impondrá prisión de tres meses a dos años, hasta cien días multas y suspensión de tres meses a un año a juicio del juzgador, a los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud, cuando incurran en alguno de los casos siguientes:

I. Impedir la salida de un paciente, cuando éste o sus familiares lo soliciten, aduciendo adeudos de cualquier índole." Que a fin de evitar expresamente las prácticas ilegales en los establecimientos que prestan servicios de salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica deberá adecuarse conforme a lo establecido en el Código Penal Federal en la misma materia, para lo cual se propone la siguiente reforma al texto del reglamento mencionado: Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica

Artículo 85. El director, encargado o administrador de cualquier establecimiento que preste servicios de salud, que retenga o pretenda retener a cualquier usuario o cadáver para garantizar el pago de la atención médica prestada, o cualquier otra obligación, se hará acreedor a las sanciones previstas por este reglamento y demás disposiciones aplicables sin perjuicio de las penas a que se hagan acreedores de conformidad con lo establecido en la legislación penal.

…

Artículo 244. Se sancionará con multa de cien a quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, y se impondrá prisión de tres meses a dos años y suspensión de tres meses a un año a juicio del juzgador, a los directores, encargados o administradores de cualquier establecimiento que preste servicios de salud, que pretendan retener o retengan al usuario o cadáver, para garantizar el pago de servicios recibidos en dichos establecimientos. Esta sanción podrá duplicarse en caso de reincidencia.

Que no es pretensión de la presente propuesta motivar la práctica irresponsable de los usuarios de los servicios de salud respecto al no pago de dichos servicios que le fueron prestados y recibidos, ya que al respecto son otras las instancias, civiles y mercantiles, las encargadas de solucionar los conflictos que resulten de esta relación.

Por lo anterior, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposicion con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a que instruya la incorporación de la presente propuesta al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de la Prestación de Servicios de Atención Médica, con objeto de incorporar expresamente la prohibición y sanción que conlleva la retención de pacientes en establecimientos que prestan servicios de salud, pretendiendo garantizar el pago del servicio brindado por los mismos, en concordancia con lo establecido en el Código Penal Federal vigente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de febrero de 2007.

Diputado Efraín Morales Sánchez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, A LA MESA DIRECTIVA, AL PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS, Y A LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESTA SOBERANÍA A REMITIR A LA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONOCER LAS RESPONSABILIDADES Y ORIGEN DE LA TRAGEDIA DE LA MINA DE PASTA DE CONCHOS TODAS LAS DOCUMENTALES OBTENIDAS POR EL GRUPO DE TRABAJO CREADO SOBRE EL PARTICULAR EN LA LIX LEGISLATURA, A CARGO DE LA DIPUTADA CLAUDIA LILIA CRUZ SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Las y los legisladores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Convergencia y Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina Pasta de Conchos, con fundamento en los artículos 71, 78, fracción III, y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan al Pleno de esta honorable Cámara, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con objeto de que se exhorte a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva, al presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, y a los presidentes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, todos de esta honorable Cámara de Diputados, para que de inmediato remita a la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina Pasta de Conchos, todas las documentales obtenidas de diversas autoridades y la empresa responsable por el grupo de trabajo creado en la LIX Legislatura con el mismo propósito.

Consideraciones

1. Uno de los derechos humanos centrales es el respeto a la vida e integridad física de los trabajadores en los centros de trabajo.

2. Por tanto, es legal y moralmente indispensable que cuando tengan lugar riesgos de trabajo, se investiguen a fondo sus causas, a fin de evitar en lo futuro su repetición, y deslindar al propio tiempo las responsabilidades laborales, administrativas, civiles y penales que procedan, en virtud de que la impunidad ha sido el mejor impulso que ha provocado que no se invierta en la seguridad e higiene en los centros de trabajo.

3. En este sentido, esta Cámara de Diputados aprobó el 28 de febrero de 2006 la constitución de un grupo de trabajo integrado por diputadas y diputados de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con objeto de investigar las condiciones de trabajo y de seguridad e higiene en la mina Pasta de Conchos después de la terrible explosión del 19 de febrero de todos conocida. En tal sentido, para efecto de dar continuidad a la labor de este grupo de trabajo, el 18 de diciembre de 2006 la LX Legislatura aprobó la creación de una comisión especial.

5. Que esta comisión especial ha considerado como uno de los elementos indispensables para su actividad la obtención de todas las documentales recabadas de diversas autoridades así como de la empresa Industrial Minera México, SA de CV, que dieron base al informe del anterior grupo de trabajo publicado el 13 de julio de 2006 en la Gaceta Parlamentaria. Siendo el caso, que el pasado 16 de enero de este año el pleno de esta misma comisión especial determinó presentar una proposición con punto de acuerdo para requerir de manera formal su entrega; esto, sin obviar el previo desahogo de su solicitud por vía administrativa.

6. Que el 30 de enero de los corrientes, en el pleno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social el presidente de ésta informó que ya había entregado a la comisión especial todas los documentos referidos, lo que se contradice con la realidad, ya que tan sólo hizo llegar documentos de los trámites parlamentarios relativos al grupo de trabajo de la LIX Legislatura, y que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria: básicamente se entregó el punto de acuerdo para la constitución de este grupo de trabajo y el informe final de éste, la propuesta del PRD y Convergencia como dictamen alternativo, así como reportes de viáticos y boletos de avión.

7. Sin embargo, esta comisión especial requiere las documentales que formaron el archivo del grupo de trabajo de la legislatura pasada, que pedimos que se entreguen de inmediato a la comisión especial, y que son

a) Informe de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con sus anexos, recibido por el grupo de trabajo el 27 de marzo de 2006, relativos a las inspecciones realizadas a la mina Pasta de Conchos en los últimos dos años (inspección del 12 de julio de 2004, el emplazamiento de julio de 2005, la inspección de verificación del 5 al 7 de febrero de 2006 y la inspección del 6 y 7 de marzo de 2006); informe sobre la investigación del accidente del 19 de febrero de 2004; contrato colectivo de trabajo y reglamento interior de la mina Pasta de Conchos.

b) Información presentada por la empresa Industrial Minera México, SA de CV, programa de trabajo al interior de la mina para la búsqueda de los cuerpos, procedimientos de seguridad para la operación de la mina, actas de la Comisión de Seguridad e Higiene, información relacionada con el contratista General de Hulla, SA de CV, 61 recibos de pago triple de salario a familiares de los mineros fallecidos del 13 al 19 de marzo de 2006, cuatro recibos de pago triple de anticipo quincenal de empleados de confianza fallecidos en el accidente por el lapso del 1 al 15 de marzo de 2006, convenios de pago de ayuda humanitaria otorgada a cada una de las familias de los mineros por 750 mil pesos, cédulas de determinación o pago al IMSS por diciembre de 2005 y primer bimestre de 2006, declaración anual de grado de riesgo de 2002 a 2005, y toda la documentación general de la mina Pasta de Conchos que se enlista en el informe final presentado por el grupo de trabajo a la Mesa Directiva de la LIX Legislatura en las páginas 20 a 27 del mismo.

c) Informe del IMSS en oficio número 0952190500/0362, del 30 de marzo, con sus anexos (formatos ST-1, informe de riesgos de trabajo y altas de los trabajadores).

d) Acta elaborada con motivo de la visita realizada por el grupo de trabajo a la mina Pasta de Conchos el 24 de marzo de 2006.

d) Contrato de concesión a favor de Industrial Minera México, SA de CV.

6. En suma, se requieren las citadas documentales para soportar documentalmente los dichos de los funcionarios y particulares que han comparecido ante esta comisión especial, así como contar con los elementos necesarios que nos permitan resolver en aras de los principios de transparencia, certeza jurídica y legalidad, sin que nuestro trabajo en la comisión especial se vea dificultado por omisiones involuntarias. No olvidemos que la vigencia de esta comisión especial sólo es de tres meses, y hasta el momento no contamos con las documentales descritas, que son vitales para nuestro trabajo.

Que con base en todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de honorable Cámara de Diputados, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que se exhorte a la Junta de Coordinación Política, a la Mesa Directiva, al diputado Jorge Zermeño Infante, en su carácter de presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, a los Presidentes de las comisiones de Trabajo y Previsión, y de Seguridad Social, diputados Tomás del Toro y Miguel Ángel Navarro Quintero, respectivamente, todos de esta honorable Cámara de Diputados, para que en el ámbito de sus respectivas competencias tengan a bien intervenir para la inmediata remisión a la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, de todas las documentales solicitadas y recabadas de diversas autoridades y de la empresa Industrial Minera México, SA de CV, por el grupo de trabajo creado en la LIX Legislatura con el mismo propósito, documentales que ya fueron precisadas en las consideraciones de esta misma proposición con punto de acuerdo, a efecto de que esta comisión especial cumpla con eficiencia su objetivo y, al propio tiempo, los diputados integrantes podamos tener acceso a toda esta información indispensable para el adecuado y oportuno desempeño de nuestra responsabilidad. Esto permitirá el respeto a la ley y a la justicia que reclaman los familiares de los mineros fallecidos y el pueblo de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.

Diputados: Jericó Abramo Masso (rúbrica), presidente; Juan Manuel Sandoval Murguía (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), secretarios; José A. Arévalo González, Enrique Serrano Escobar (rúbrica), Claudia Cruz Santiago (rúbrica), Elías Cárdenas Márquez (rúbrica), José A. Almazán González (rúbrica), Rosario Ortiz Magallón (rúbrica), Óscar M. Mohamar Dainitin, Adolfo Escobar Jardinez, Rolando Rivero Rivero (rúbrica), Jesús Flores Morfín (rúbrica), Carlos A. Bracho González (rúbrica), Javier Guerrero García (rúbrica).

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB A NO EXPEDIR NINGÚN PERMISO PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE SALAS DE JUEGO EN EL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Octavio Martínez Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta al Pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El debate respecto a los juegos y sorteos con apuesta ha estado presente en las últimas tres legislaturas, sin que haya existido una propuesta concreta de una nueva legislación que cubra las expectativas y necesidades que la sociedad mexicana demanda.

Se ha reconocido que el juego con apuestas en México se práctica de manera generalizada y que es parte de la cultura del pueblo mexicano, alrededor del cual existen problemas de corrupción y clandestinidad.

A pesar de los diversos debates y análisis legislativos que se continúan realizando al respecto y cuya facultad para legislar sobre el tema corresponde al Congreso de la Unión, el ex presidente Vicente Fox ignoró todo este proceso de análisis, sobre la conveniencia o no de la instalación de los casinos, y el 17 de septiembre de 2004 publicó el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Dicho reglamento contiene disposiciones que rebasan los términos de la ley, trasgrediendo en consecuencia el artículo 73, fracción X, de nuestra Carta Magna.

El sentido del reglamento no fue regular lo que ya existía, tan sólo respondió a intereses específicos de grupos empresariales, donde destacan los denominados telejuegos. De esta forma, el Ejecutivo buscó legitimar las irregularidades que se daban con la complacencia de la Secretaría de Gobernación, convirtiendo cada casa en un centro de juego con apuesta.

La Cámara de Diputados interpuso una controversia constitucional al respecto, la cual fue resuelta el pasado 15 y 16 de enero a favor del Ejecutivo, lo que dejó ver la sumisión de los distintos poderes ante el mismo.

Por otra parte, el 8 de marzo de 2006 se estableció un convenio con la Secretaría de Gobernación, donde se comprometía a:

Solicitar un estudio a la Universidad Nacional Autónoma de México, a fin de realizar una investigación sobre los efectos de la ludopatía.

No se permitiría la instalación de algún establecimiento que no contara con la autorización de los estados, municipios o delegaciones correspondientes.

Establecer grupos de trabajo con objeto de iniciar la revisión y modificación, en su caso, del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Sin embargo, hasta la fecha se desconocen la metodología, alcances y resultados del supuesto estudio.

Un estudio serio podrá demostrar que con los permisos que ya se han otorgado, nuestro país tendrá una de las mayores industrias de juego intensivo en el mundo.

Con los 709 establecimientos autorizados hasta la fecha se podrían instalar hasta 350 mil máquinas de bingo electrónico, de igual forma, podrían instalarse hasta 17 centros de apuestas en cada una de las 40 ciudades más grandes del país.

Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia se permiten los juegos en ferias regionales en todo el país, lo que resultará en un desbordamiento del juego ilegal de las máquinas tragamonedas disfrazadas en juegos de destreza y habilidad.

Por todo lo anterior es indispensable llevar a cabo un estudio de impacto social que respalde la decisión de detener el indiscriminado otorgamiento de permisos para el cruce de apuestas.

Con relación al combate a los centros de apuestas clandestinos, es necesario destacar que no será una solución válida otorgar permisos a todas las personas o empresas que ya están operando en la ilegalidad. Por el contrario, se debe castigar a quienes sean responsables de defraudar y explotar a los ciudadanos, así como evadir impuestos.

En este entorno, resulta inaceptable y un atentado a la salud pública seguir autorizando permisos para la operación de centros de apuestas en tanto no se revise a fondo la estructura de la misma Secretaría de Gobernación, se destinen los recursos necesarios para enfrentar de manera transparente, así como controlar el gran número de establecimientos que ya están o van a iniciar a operar en todas las ciudades del país.

Por lo anterior, se somete a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que no expida ningún permiso para la instalación y operación de salas de juego en el país en tanto no se tenga un estudio serio de todos los posibles impactos que conlleva su instalación para la sociedad mexicana.

Segundo. Que en el estudio se establezca un análisis sobre el impacto que causaría en la población mexicana la instalación de los casinos en cuanto a

1. Economía, a partir de la inversión que se realizaría en localidades no turísticas.
2. Seguridad pública.
3. Lavado de dinero y narcotráfico.
4. Régimen fiscal.
5. Régimen jurídico. Tercero. Que la Secretaría de Gobernación establezca grupos de trabajo para la revisión y eventual modificación del Reglamento de Juegos y Sorteos, con la finalidad de darle un carácter restrictivo en cuanto al número de establecimientos que se pueden instalar por cada permiso, así como la integración del Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos.

Palacio Legislativo, a 8 de febrero de 2007.

Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SHCP QUE DÉ A CONOCER LAS REVISIONES QUE REALIZA EN LAS ADUANAS DE LOS EMBARQUES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS, A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, diputada federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes

Considerandos

A tan sólo 40 días del arranque del gobierno que encabeza el presidente espurio, los mexicanos enfrentamos un brutal incremento al precio de la tortilla. En tan sólo unos días se multiplicó el precio del principal alimento de los mexicanos hasta en 200 por ciento en algunas regiones del país.

Esta crisis es muy grave y puede tener consecuencias terribles; tal vez falta conocimiento sobre la historia de México a quienes hoy están en el gobierno para saber que crisis agrícolas similares antecedieron los dos últimos movimientos armados de este país. Como legisladores no apostamos a ello; estamos preocupados y queremos encontrar alternativas que fortalezcan al país y beneficien a la mayoría de los mexicanos.

Pero, más allá de soluciones de fondo que analicen las estructuras y lo errores cometidos en los últimos años, nos encontramos con salidas que tienden a profundizar el problema y llevarlo por el mismo sendero.

Por una parte se abrieron de manera anticipada las solicitudes de cupos de importación de maíz, supuestamente esto beneficiaría al sector harinero y nixtamalero. Sin embargo, la subsecretaria de Industria y Comercio, Rocío Ruiz, reconoce que "no es solución de fondo" y que aún quedan por otorgarse 47 mil toneladas entre los nixtamaleros. Es claro que quienes se benefician de los cupos de importación son nuevamente las grandes empresas comercializadoras e industriales.

Por otra parte, el acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla fue signado sólo con algunos de los empresarios más beneficiados. El pasado 4 de febrero, a 15 días de la firma del acuerdo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que en 39 por ciento de mil 133 tortillerías monitoreadas venden el alimento por arriba de los 8.50 pesos anunciados.

La siguiente propuesta que se perfila es la introducción del maíz transgénico. El secretario de Agricultura ha señalado reiteradamente que "él ya optó por abrir la puerta a la tecnología". Ha declarado que "todo lo que vaya en la línea de usar la biotecnología responsablemente va para adelante". Asimismo, ha dicho que "esto se hará siempre y cuando esté listo el marco jurídico y respetando la ley".

El uso de esta tecnología en el próximo ciclo agrícola habrá de discutirse con responsabilidad en este país. Resulta necesario hacer un balance entre las posibles ventajas que esta tecnología ofrece y el peligro de entregar nuestra riqueza genética a las empresas trasnacionales, en un momento donde este cereal se ha convertido en el "oro amarillo". No podemos seguir con falsas soluciones que pongan en peligro nuestra agrobiodiversidad.

En este tema hoy nos encontramos frente al inminente peligro de la importación de grano de manera precipitada para cubrir las necesidades, buena parte de este grano importado se asignó a Diconsa, y una parte es de maíz blanco, que pudo ser importado incluso de Sudáfrica, en donde se hace investigación con maíz blanco modificado. Sabemos que la contaminación con organismos genéticamente modificados que se detectó en 2001 en Oaxaca fue ocasionada por el grano que se importaba y se distribuía por esta institución.

Hoy la pregunta es si se están realizando las pruebas necesarias al grano que se importa para cumplir el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, que México firmó y ratificó por conducto del Senado de la República, entrando en vigor el 11 de septiembre de 2003. Este protocolo se adoptó como un acuerdo suplementario al Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) ante el crecimiento mundial del mercado de los organismos genéticamente modificados y la preocupación sobre su seguridad.

El Protocolo de Cartagena centra su objetivo en la bioseguridad de los movimientos transfronterizos; garantiza un nivel adecuado de protección frente a los efectos adversos que pueda tener la biotecnología moderna para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta la salud humana. Este instrumento del derecho internacional es de observación obligatoria para los países signantes.

En particular, en su artículo 18.2, el Protocolo de Cartagena señala que "cada parte adoptará las medidas para requerir que la documentación que acompaña a:

a) Organismos vivos modificados destinados a uso directo como alimento humano o animal, o para procesamiento, identifica claramente que ‘pueden llegar a contener’ organismos vivos modificados y que no están destinados para su introducción intencional en el medio, así como un punto de contacto para solicitar información adicional…" Hoy resulta fundamental el cumplimiento cabal de estas disposiciones para evitar que se repita la contaminación con transgénicos en zonas tan retiradas como en Oaxaca, gracias a la amplia distribución que realiza Diconsa. No sobra decir que ésta ha sido una estrategia de las empresas trasnacionales para introducir sus productos por la vía de los hechos, sin cumplir las regulaciones. Así sucedió con la soya en Brasil: una vez que se contaminaron los campos y que los agricultores cosecharon esa soya al gobierno no le quedó más que regularizar la situación.

Esto no puede suceder en México, pues por una parte estamos hablando de la base de la alimentación de nuestro país y, además, sería un crimen contra la patria que en el momento en que este cereal creado por nuestros antepasados cobra un auge inaudito a nivel mundial nosotros permitamos su apropiación por parte de intereses trasnacionales.

La responsabilidad sobre los embarques que ingresan a territorio nacional es de la Administración General de Aduanas, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, las autorizaciones para la aceptación de los embarques se dan con base en los criterios de análisis de riesgo establecidos por la Secretaría de Salud, en consulta con el comité respectivo del cual forma parte la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Además, resulta fundamental, como legisladores, conocer el rigor con que se están aplicando los instrumentos legales, máxime cuando la semana pasada la organización ambientalista Greenpeace denunció que las harineras Maseca y Minsa utilizan maíz transgénico para la elaboración de sus productos. Si consideramos que aproximadamente 50 por ciento de la tortilla que se consume en México se fabrica con harina, estaríamos hablando de una amplia difusión de este tipo de productos sin cumplir con el etiquetado estipulado en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Primero. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que a la brevedad de a conocer las revisiones que está realizando en las aduanas de los embarques que están llegando, de acuerdo con el mandato de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Segundo. Asimismo, se exhorta a que la Secretaria de Salud haga públicos los análisis de riesgo desarrollados para dar cumplimiento al Protocolo de Cartagena, e informe a esta soberanía sobre las acciones de vigilancia sanitaria y epidemiológica de los organismos genéticamente modificados de los productos que los contengan y de los productos derivados, de conformidad con la Ley General de Salud y sus disposiciones reglamentarias.

San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.

Diputada Adriana Díaz Contreras (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA SITUACIÓN QUE VIVEN LOS TRABAJADORES MEXICANOS MIGRANTES EN CANADÁ, A CARGO DEL DIPUTADO ANDRÉS BERMÚDEZ VIRAMONTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, Andrés Bermúdez Viramontes, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Que decenas de miles de ciudadanos mexicanos han migrado hacia Canadá para trabajar y estar en condiciones de sostener a sus familias ante la falta de oportunidades y opciones productivas suficientes y bien remuneradas en nuestro país, lo cual está plenamente acreditado, comprobado y reconocido por todos.

Que la gran mayoría de nuestros trabajadores migrantes en Canadá se han ido mediante la operación y el funcionamiento de programas bilaterales y convenios acordados entre las autoridades de Canadá y México, los cuales son administrados en nuestro país por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Que, a raíz de los trabajos de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios que tengo la fortuna de presidir, y sobre todo de la coordinación y el diálogo que hemos sostenido con representantes de organizaciones de trabajadores mexicanos en Canadá, con sindicatos y directamente con trabajadores mexicanos que nos han brindado sus testimonios y evidencias, hemos detectado y concluido lo siguiente:

Que los trabajadores mexicanos migrantes en Canadá viven y trabajan, en la mayoría de los casos, en condiciones que resultan sumamente preocupantes, las cuales han pasado prácticamente inadvertidas en nuestro país. Es momento de que nos demos cuenta de que, en muchas de las granjas en que trabajan hay diversas cláusulas de sus contratos que no se cumplen. Sus horarios de descanso no se respetan; muchos ni siquiera conocen los términos de sus contratos; a menudo se viola también la cláusula que fija su pago mínimo específico por hora de trabajo; con gran frecuencia se les hacen cobros y retenciones de dinero sin una justificación y explicación debida y suficiente; los patrones canadienses no les proporcionan vivienda con todos los servicios, como lo establecen sus obligaciones en los contratos de los programas bilaterales. En síntesis, nuestros trabajadores contratados no están siendo tratados con el respeto y la dignidad que merecen.

Asimismo, los consulados mexicanos en Canadá no han respondido a las denuncias de nuestros connacionales.

Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a las autoridades mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que hagan una revisión seria y exhaustiva de las condiciones de trabajo y de vida de nuestros trabajadores migrantes en Canadá; a que se tomen decisiones de inmediato para asegurar que se respeten los derechos humanos de nuestros connacionales en aquel país; asimismo, se les exhorta a que se tiendan los puentes de comunicación con las autoridades canadienses, y a que se tomen todas las medidas necesarias y conducentes para que los contratos de trabajo por los cuales se encuentran laborando nuestros connacionales en Canadá sean cumplidos a cabalidad en todas sus cláusulas y estipulaciones. Por último, se conmina a los titulares de nuestros consulados en Canadá a que, a la mayor brevedad posible, remitan a esta soberanía informes por escrito en los que nos expliquen y detallen lo que se hará y se está haciendo respecto al contenido de este punto de acuerdo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de febrero de 2007.

Diputado Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica)

Excitativas

A LA CÁMARA DE SENADORES, A SOLICITUD DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL PEÑA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal Miguel Ángel Peña Sánchez, de la LX Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a esta Presidencia que tenga a bien formular excitativa a la Cámara de Senadores, a fin de elaborar el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 26 de abril 2006, la Cámara de Diputados aprobó, con 331 votos en pro y 2 abstenciones, el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social.

2. Con fecha 27 de abril de 2006, mediante oficio número D.G.P.L. 59-II-3-2514 fue remitida a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales la iniciativa de referencia, y turnada a las Comisiones Unidas de Salud, de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.

3. A casi nueve meses de su aprobación, el Senado de la República no ha emitido el dictamen correspondiente.

Consideraciones

La iniciativa propone que se adicione un párrafo al artículo 151 de la Ley del Seguro Social, para que al cumplirse los requisitos de edad y de cotizaciones no sean exigibles para el reconocimiento de derechos los tiempos de espera que establece la ley.

Respondiendo a los reclamos de la sociedad, y con la convicción generalizada de que la colectividad no puede abandonar a su suerte a los miembros más vulnerables o a quienes enfrentan riesgos y accidentes, y que debe asistirlos a través de una responsabilidad asumida ya sea por el Estado o por sus miembros de la sociedad civil.

Se expone que al prevalecer mayor incidencia sobre la naturaleza social de pobreza y la necesidad de su atención por parte de la sociedad en su conjunto, se ha reconocido y se demandado que los Estados asuman la responsabilidad de asistir a quienes por alguna razón no tienen acceso a los mínimos de bienestar.

Por las razones expuestas, resulta imprescindible dictaminar con la mayor brevedad el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2007.

Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica)