Programas
Presentación
La Comisión de Participación Ciudadana de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados presenta el programa de trabajo 2006-2009. Los legisladores integrados en esta comisión parten de la concepción fundamental de que la democracia entraña, conlleva, como condición necesaria, la participación ciudadana.
Esta convicción compartida trata de que las tareas de la comisión se inscriban en el marco de la construcción de una democracia participativa, deliberativa y ciudadana. El significado pleno de las acciones de la comisión se materializa cuando se construyen consensos hacia el fortalecimiento del poder público y de la sociedad civil, binomio, por definición, indisoluble. Representación política y participación ciudadana son también dos ejes necesarios y cuya dirección debe ser inequívoca: sociedad civil y Estado poderosos.
La Comisión de Participación Ciudadana tiene una responsabilidad y un compromiso que ha sido asumido por sus integrantes. La comisión debe ser espacio y canal de expresión de las voces plurales y las demandas de la sociedad mexicana que son de indudable interés público.
El programa de trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana se construyó con la amplia participación de las diputadas y los diputados que la integran, y tiene una composición plural en la que están representados todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.
La agenda de trabajo del aludido programa recoge las propuestas y planteamientos de organizaciones de la sociedad civil a las que se les ha consultado. Es producto también, pues, de los planteamientos y demandas que acusan un contenido propositivo plural de la ciudadanía que le confiere legitimidad al ser producto de la participación ciudadana, de la consulta popular. Es un documento congruente con el carácter participativo y ciudadano de la comisión.
La estructura del documento parte de los antecedentes relevantes en la trayectoria de la comisión, desde sus orígenes mediatos hasta la actual, que corresponde al inicio de las labores de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados.
La situación actual es, propiamente dicho, un marco de referencia de temas sujetos al debate y la discusión sobre asuntos públicos.
Se prosigue con el planteamiento de objetivos que tienen una estructura que se desprende de cuestiones generales, los propósitos, las finalidades, los objetivos concretos de la Comisión de Participación Ciudadana.
El programa de trabajo aborda, en otro apartado, los ejes rectores, que son los engranes fundamentales que le dan plataforma al programa y capacidad de dirección. Naturalmente, entre los objetivos y los ejes rectores se advierten las redes, los canales que los vinculan.
Finalmente, la agenda de trabajo, que cuenta con criterios de asignación de responsables de ejecución de sus actividades, describe, de manera sucinta, claramente el qué hacer para que los compromisos y propuestas de la sociedad y los diputados se inscriban en el terreno de lo materializable y que tengan correspondencia con los objetivos consensuados vía el espacio que los vincula: los ejes rectores.
El trabajo legislativo de la comisión deberá ser producto de una intensa consulta, una participación de la sociedad con los legisladores y, en la esfera y ámbito de competencia correspondiente, con el gobierno federal, gobiernos estatales, municipales y también con autoridades electas mediante el régimen de usos y costumbres.
1. Antecedentes
En las actividades de las Legislaturas LVI y LVII funcionó una Comisión Especial de Participación Ciudadana en la Cámara de Diputados. Debe tenerse presente que, en su carácter de comisión especial, un propósito fundamental asignado fue elaborar planes de acción que permitan al Poder Legislativo contribuir con el desarrollo de organizaciones de la sociedad civil e impulsen iniciativas legislativas orientadas a incentivar la creación de mecanismos de coordinación y corresponsabilidad entre la ciudadanía y el Estado.
El Pleno de la Cámara de Diputados acordó, el 4 de octubre de 2000, la creación de la Comisión de Participación Ciudadana, con el carácter de ordinaria, y un mandato fundamental asignado es el estudio de la factibilidad de incluir en el sistema político mexicano figuras de democracia semidirecta como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular.
En efecto, cabe señalar que le propuesta de punto de acuerdo que se ha aludido plantea, con toda precisión, en su considerando octavo: "Se crea la Comisión de Participación Ciudadana, que deberá atender rubros tan importantes como el análisis de la conveniencia de incorporar al sistema político mexicano formas de democracia semidirecta como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular. La democracia participativa es un tema de obligada referencia en los momentos actuales de la sociedad contemporánea, que ante la irrupción democratizadora de ciudadanos mejor informados y más activos en el ejercicio de sus prerrogativas, exigen ampliar los horizontes de la democracia representativa, la cual se ciñe a los procesos electorales, insuficientes para colmar la aspiración de la ciudadanía en el cuidado y perfeccionamiento de las cuestiones públicas".
Se debe destacar también que el 19 de noviembre de 2003 el Pleno de la Asamblea General aprobó un punto de acuerdo que aumenta la esfera de competencia de la Comisión de Participación Ciudadana; le atribuyó facultades para que pudiera intervenir, de manera decisiva, en el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.
2. Situación actual
Los términos de referencia del programa de trabajo 2006-2009 deben inscribirse en el marco de la democracia participativa, tema de obligada referencia en la sociedad contemporánea que, ante una sociedad más informada y activa, demanda ampliar su quehacer no solamente en los procesos electorales sino en el horizonte de su contribución en las decisiones públicas.
Visión del legislador que se traduce, también, en el acuerdo del 19 de noviembre de 2003, del Pleno de la Asamblea General de la Cámara de Diputados, que amplía la esfera de competencia de la Comisión de Participación Ciudadana al incluir de manera clara el mandato de que pueda intervenir de manera más decisiva en el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.
Los representantes populares son depositarios del voto de confianza de los ciudadanos y una tarea central es la de contribuir al cumplimiento de dos condiciones necesarias que deben ser no sólo conciliables y complementarias, sino articuladas, integrales y con efectos sinergéticos: representación política y participación ciudadana.
La sociedad mexicana espera que la Comisión de Participación Ciudadana contribuya con talento, capacidad, responsabilidad y compromiso a que la ciudadanía sea tomada en cuenta, de manera efectiva, en las actividades legislativas, y que la acción conjunta de los tres Poderes de la Unión conduzca al diseño e instrumentación de verdaderas políticas públicas y a la transparencia en el ejercicio de las funciones y en la rendición de cuentas.
Esto se inscribe en las tareas de Reforma del Estado, a fin de articular la participación ciudadana a la representación y a las tareas republicanas.
¿Cómo lograrlo? Es precisamente una de las tareas fundamentales que deben diseñarse mediante el debate, el análisis, la ponderación de las alternativas y el pronunciamiento, en su caso, en dictámenes concretos.
No se debe olvidar que lo concerniente a lo gubernamental es público, pero que lo público trasciende lo gubernamental. Democracia que sea garante de los derechos civiles, políticos y sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Políticas públicas que rebasen el marco estrecho que conduce, en su extremo, a conductas autoritarias si se circunscriben a la esfera limitada de las políticas gubernamentales.
Comisión, por ende, que sea participe, sea fuente en la que fructifique un ámbito favorable para el debate, la discusión en los temas de la agenda nacional. Políticas públicas en el más amplio sentido de la palabra; es decir, acciones derivadas de la participación conjunta, corresponsable y emprendedora del gobierno y la sociedad.
3. Fundamentos legales
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina, en su artículo 26, párrafo quinto, que "en el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley". Se debe tener presente también que este mismo artículo establece, claramente, que la planeación será democrática.
Específicamente, en la materia aludida, la Ley de Planeación, en su artículo 1o., fracción cuarta, precisa que se debe "promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley". Cabe subrayar también que esta ley, en su artículo segundo, fracción cuarta, y en relación con los principios y criterios rectores que guían, ordena que se debe garantizar "el respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales y políticos".
La Ley de Planeación, en su Capítulo Tercero, que preceptúa la participación social en la planeación, artículo 20, dice: "En el ámbito del sistema nacional de planeación democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del plan y los programas a que se refiere esta ley". Y que las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Asimismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de la Unión.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina, por su parte, en su artículo 6, que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa; el derecho a la información... será garantizado por el Estado". Por su parte, el artículo 8 de la Carta Magna obliga a que los funcionarios y empleados públicos respeten el ejercicio del derecho de petición y que, en la esfera política, sólo puedan hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república.
Estos mandatos constitucionales tienen la finalidad de preservar el estado de derecho en la búsqueda hacia la construcción de un régimen plenamente democrático, y establecer una de las vertientes del derecho a la información: la del acceso a la información del Estado. En efecto, el precepto final del artículo sexto constitucional establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información.
Estos artículos de la Constitución son sustento, entre otras disposiciones del marco jurídico, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental -cuyo fundamento constitucional se tiene en el artículo sexto, parte final, donde se dicta que "el derecho a la información será garantizado por el Estado"- establece esta obligación y compromiso del Estado mexicano y de sus órganos frente a la sociedad.
Esta ley federal dispone, en efecto, en su artículo primero, que tiene la finalidad de garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra actividad federal. La ley precisa, entre otros objetivos relevantes, en el artículo 4, fracción IV: "Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados"; fundamentos que se debe tener presente que son aplicables al Poder Legislativo y, por ende, a la Comisión de Participación Ciudadana.
Otro referente del marco jurídico de la Comisión de Participación Ciudadana se tiene en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil puesto que, de entrada, las actividades derivadas de la ley son de interés fundamental de la Comisión de Participación Ciudadana amén de que contiene en su articulado diversas disposiciones vinculadas a favorecer la coordinación entre las dependencias y entidades del gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil; enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público; y, el impulso de la participación ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, operación y evaluación de las políticas del Estado mexicano.
Con este marco de referencia del marco jurídico debe considerarse la especificidad relativa a la organicidad del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 39, fracción primera, que "las comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales".
Asimismo, este artículo 39, en su fracción tercera, determina que las comisiones ordinarias tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control mediante evaluaciones.
4. Objetivos
La sociedad mexicana transita hacia estadios de desarrollo democrático que deben involucrar, necesariamente, la participación creciente del Estado que se concibe como la acción articuladora, integradora del gobierno, el pueblo, las instituciones republicanas, las organizaciones no gubernamentales.
Reforma del Estado que significa modificar lo necesario, fortalecer lo indispensable, propiciar la transparencia y la rendición de cuentas en el diseño e instrumentación de políticas públicas, visión estratégica que ubique de manera articulada a México en los intensos, que no nuevos, procesos de globalización. El reto es mayúsculo: asegurar el futuro del Estado mexicano en su concepción que engloba al gobierno pero lo trasciende.
Se trata de avanzar, de manera decisiva, en la construcción de un Estado con soporte en los principios de pluralidad, democracia participativa, gobernabilidad democrática y autonomía de las instituciones públicas.
Estado fortalecido que privilegie, como condición, aunque no suficiente, la protección, la defensa y el ejercicio de los derechos individuales, económicos, políticos y sociales de los mexicanos. Nada fácil preservar tradiciones, diversidad de culturas, pluralidad de ideologías y proyectar a la sociedad mexicana hacia horizontes amplios y visiones estratégicas de mediano y largo plazos. La coyuntura inserta en el marco de incertidumbre del futuro, la perspectiva del tiempo hacia el futuro de mediano y largo plazo y también las fronteras políticas de la República Mexicana.
Legislar en materia de participación ciudadana es participar en la tarea fundamental de la reforma del Estado mexicano. Es así como adquiere sentido pensar en el principio de la participación ciudadana, que rebasa el concepto simple de la mera acción coincidente con la acción gubernamental, al inscribirse en el contexto de la tarea vertebradora de la acción del Estado.
Participación ciudadana que adquiere pleno significado cuando se advierte la imposibilidad de que la sola representación vía electoral sea el conducto único de las voces e ideas diversas de los ciudadanos que se producen y se reproducen, de manera dinámica, en el seno de una sociedad múltiple, numerosa, plural e interesada. Es necesario, pues, establecer los ejes vinculatorios entre representación y participación.
No se trata de un juego de suma cero entre la representación y la participación. No se trata de favorecer la representación en detrimento de la participación o de abrir los cauces de expresión y de la participación disminuyendo el papel fundamental que tiene y debe tener la representación.
Tampoco es una opción válida escoger entre la anarquía que antecede a la parálisis gubernamental y la ingobernabilidad o el absolutismo que deviene impunidad gubernamental. El modelo no es otro que el que sea fuente de la participación democrática de la sociedad que funja, en el sistema de equilibrios de los poderes de la república, como ente que conduzca a la gobernabilidad, vía la responsabilidad en el ejercicio de las funciones públicas.
Se requiere, pues, el ejercicio de la contraloría social. Contraloría social que no solamente debe incidir en el campo de lo gubernamental, sino en la esfera de competencia, en el ámbito de acción de la sociedad civil en su conjunto. Un círculo virtuoso de vigilancia en los asuntos de interés general, de interés público; en consecuencia, contraloría social en los asuntos gubernamentales pero también los que se generan dentro de la sociedad y los derivados de la interrelación entre sociedad y gobierno.
Tampoco debe ser el dilema entre mayor Estado o mayor sociedad. La construcción del México moderno con base en un proyecto nacional demanda la participación decidida de la sociedad, al reconocer que, en su seno, radican las potencialidades de desarrollo y de liberación de las fuerzas productivas.
También se debe partir de la certidumbre que la dinámica de las demandas de la sociedad es tal que su cantidad, complejidad, diversidad, velocidad y dirección son de tal naturaleza que superan, ampliamente, la capacidad de respuesta de 105 recursos financieros, tecnológicos y humanos de que pueda disponer el gobierno.
Por ende, el Estado intervensionista a ultranza es un error, pero no lo es menos el libre mercado absoluto que se impone, que subordina a la sociedad y la sujeta a los intereses de grupos oligopólicos.
En este marco la Comisión de Participación Ciudadana debe inscribirse en los horizontes de gran visión y las perspectivas de largo plazo:
Un país democrático, con un régimen político que garantice la gobernabilidad con base en la cultura de la participación.
Una nación incluyente que garantice los derechos individuales y los derechos sociales.
Una soberanía que brinde oportunidades dignas de progreso para todos.
Un Estado en que el que los primeros beneficiarios del aprovechamiento de sus recursos sean sus ciudadanos.
Un México con un desarrollo regional más equilibrado que impulse a las regiones más marginadas.
Una democracia en que la naturaleza sea considerada como sujeto de derecho y en la cual se preserven nuestras riquezas naturales en beneficio de las generaciones venideras y de todos los sectores de la población.
Una población más fuerte y con mayor presencia internacional.
Un país en el que se promuevan principios y valores universales que nos permitan ser una mejor sociedad.
Rebasar el nivel de consulta al que se reduce la participación ciudadana para establecer mecanismos que incidan, en que la sociedad participe de manera efectiva en el proceso de toma de decisiones fundamentales de la agenda nacional, estatal o local.
Promover, fortalecer y estimular la participación ciudadana en todos los grupos sociales, las organizaciones representativas y los ciudadanos en general.
Ampliar la capacidad de convocatoria de la Comisión de Participación Ciudadana mediante la instrumentación de un foro permanente de consulta ciudadana.
Ser eje de vinculación entre la sociedad y las autoridades gubernamentales.
Ser eje de comunicación y de enlace a las instancias respectivas de los Poderes de la Unión, las demandas, solicitudes, propuestas y reclamos de la población.
Difundir los beneficios de la participación ciudadana y sus fundamentos jurídicos.
Cumplir el mandato de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece, en su artículo 39, fracción primera, que "las comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales".
Los ejes rectores del programa de trabajo son:
5.2 Participación Ciudadana Directa: Referéndum, Plebiscito, Revocación del Mandato y Consulta Ciudadana.
5.3 Participación Ciudadana en los Sistemas y Organizaciones de la Sociedad Civil.
5.4 La Legislación en materia de Participación Ciudadana.
5.5 Promoción de Principios y Valores Universales.
5.1 Ciudadanía y rendición de cuentas
Con temas tales como:
Procesos de instrumentación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Desincorporar al Instituto Federal de Acceso a la Información de la Secretaría de Gobernación; conformarlo como un órgano autónomo.
El debate entre rendición de cuentas y participación ciudadana.
La importancia de la contraloría social en la rendición de cuentas.
Los criterios tipológicos en rendición de cuentas.
Contraloría social y las organizaciones de la sociedad civil.
Rendición de cuentas públicas en un sistema integrado administrativo, parlamentario y judicial, así como los órganos autónomos: Instituto Federal Electoral y Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Auditoría ciudadana. Darle facultades a la sociedad de control, vigilancia y denuncia sobre la función pública.
Crear mecanismos para proteger derechos colectivos frente al sistema judicial.
Referéndum, plebiscito, revocación del mandato y consulta ciudadana
Con temas tales como:
Elementos conceptuales en materia de participación ciudadana directa.
Rendición de cuentas de ayuntamientos, gobiernos estatales, gobierno federal y Poder Legislativo, y contraloría social para evaluar a las autoridades y proponer mejoras.
Auténticos consejos de participación social en todos los municipios, las entidades federativas y las dependencias del gobierno federal.
Análisis comparativo a nivel internacional de los mecanismos de participación ciudadana directa.
Iniciativa popular. Que los ciudadanos puedan promover leyes y referéndum para que la ciudadanía vote en reformas fundamentales.
Con temas tales como:
Juntas de asistencia privada a nivel estatal.
El sistema cooperativo de ahorro y préstamo.
Con temas tales como:
Análisis comparativo de la legislación de las entidades federativas en materia de participación ciudadana.
Con temas tales como:
La Comisión de Participación Ciudadana establece a partir de los ejes rectores construidos, como ciudadanía y rendición de cuentas; participación ciudadana directa: referéndum, plebiscito, revocación del mandato y consulta ciudadana; participación ciudadana en los sistemas y organizaciones de la sociedad civil; la legislación en materia de participación ciudadana; y la promoción de los principios y valores universales, la siguiente agenda de trabajo en materia:
6.2 De Participación de la Sociedad, con la Sociedad y para la Sociedad
6.3 De la Relación con el Poder Ejecutivo
6.4 De la Relación con los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas
6.5 De la Información, el Análisis y la Investigación
6.6 De la Comunicación Social
6.7 De los Temas Centrales como la Transparencia y la Rendición de Cuentas
6.8 Educativa
Analizar las minutas turnadas por el Congreso, y someter a debate las proposiciones de los integrantes de la comisión con la finalidad de emitir un dictamen al Pleno de la Cámara de Diputados que pueda ser votado para perfeccionar la legislación en materia de participación ciudadana.
Analizar en el pleno de esta comisión la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Elaborar iniciativas y puntos de acuerdo, con el propósito de impulsar la participación ciudadana en el desarrollo democrático, la cultura de la legalidad y la gobernabilidad, a partir de la efectiva corresponsabilidad entre los poderes y la sociedad.
Turnar a las comisiones correspondientes, las ponencias que contengan propuestas legislativas, presentadas por ciudadanos y organizaciones, durante las sesiones del Foro Permanente de Consulta Ciudadana.
Promover ante las demás comisiones de la Cámara de Diputados, que todas las iniciativas de ley que se presenten, en especial las que tiendan a crear un nuevo marco jurídico en cualquier área del sector público o privado, contengan un capítulo de participación ciudadana.
Insistir en la reforma de leyes vigentes, para fortalecer los comités de participación ciudadana.
Mantener la promoción ante las legislaturas de las entidades federativas, así como ante ayuntamientos y autoridades electas por el régimen de usos y costumbres, con vistas a que aprueben, amplíen o profundicen sus respectivas leyes de participación ciudadana.
Mantener y mejorar los encuentros nacionales o, en su caso, internacionales de legisladores federales y locales, para hacer lo que corresponda en materia de participación ciudadana.
Promover la vigencia del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para dar mayor impulso a las partidas presupuestales para fomentar la participación ciudadana en todas las entidades del país.
Trabajar coordinadamente con las organizaciones no gubernamentales para promover reformas legislativas e impulsar su trabajo en la sociedad.
Legislar mecanismos de participación ciudadana, dentro de la toma de decisiones de los tres poderes, como consejos ciudadanos, comisiones, e institutos, entre otros.
Legislar sobre la creación de un consejo plural y representativo de la sociedad, para elegir a los funcionarios de las instituciones ciudadanas descentralizadas como el Instituto Federal de Acceso a la Información, el Instituto Federal Electoral, institutos electorales estatales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales de derechos humanos.
Analizar y legislar sobre cuales instituciones deben ser descentralizadas.
Legislar el impulso y la promoción de cultura cívica y de participación ciudadana en los programas y planes de estudio y en las políticas públicas, sobre la obligatoriedad de incluir en los programas de estudio cultura cívica, política y participación ciudadana.
Legislar sobre transparencia y rendición de cuentas en el reparto equitativo a los municipios sobre los recursos fiscales y los excedentes de petróleo.
Homologación de criterios en la presentación de la cuenta pública.
Revisar y en su caso proponer reformas a la nueva Ley de las Organizaciones Civiles, analizando los aciertos y errores de esta nueva ley.
Impulsar la creación de una Ley de Participación Ciudadana.
Trabajar coordinadamente con las organizaciones civiles para promover reformas legislativas e impulsar su trabajo en la sociedad.
Analizar y promover en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las figuras de democracia participativa: iniciativa popular, referéndum y plebiscito.
Revisar y adecuar la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil a fin de lograr una ley que responda al trabajo de las organizaciones y a las necesidades y demandas de la sociedad.
Revisar el rezago legislativo de la comisión en las legislaturas anteriores a fin de identificar y consensuar las iniciativas que deberán promoverse para su dictamen.
Realizar foros de análisis y discusión para la elaboración de la Ley de Participación Ciudadana convocando a nivel nacional, la participación de académicos, organizaciones de la sociedad civil, legisladores, servidores públicos y la ciudadanía.
Mantener y mejorar la asistencia participativa de los legisladores y de las legisladoras en los foros que organice la sociedad civil.
Fortalecer el Parlamento de las Niñas y los Niños de México.
Mantener la celebración de convenios con organizaciones nacionales e internacionales, instituciones académicas y órganos de gobierno, para lograr su participación en las actividades de este programa de trabajo.
Celebrar foros de participación ciudadana en las entidades federativas.
Construcción de políticas públicas en materia de organizaciones de la sociedad civil y participación ciudadana.
A partir de que a las sociedades cooperativas el marco jurídico las define como una forma de organización social integrada por personas que persiguen intereses comunes con base a los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, mediante la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios abordar el análisis de los siguientes temas fundamentales: que no se distorsione el carácter social y la naturaleza de las cooperativas de ahorro y préstamo al convertirlas en intermediarios financieros; y, que las cooperativas de ahorro y préstamo estén sujetas a regulaciones incorporadas en un marco jurídico que sea pertinente a su naturaleza, que no las distorsione en su estructura y, sobre todo, en su misión, visión y espíritu.
Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil.
Organizar foros, seminarios, congresos y mesas de trabajo, para escuchar la propuesta ciudadana en los temas de democracia y en los asuntos turnados a la comisión.
Analizar los patrones exitosos de democracia participativa de otros países, con el fin de definir el rumbo que queremos para México.
Impulsar la creación de un consejo plural a nivel nacional, para darle continuidad a la cultura de la vida democrática y a los derechos humanos de nuestro país.
Impulsar mecanismos de participación ciudadana en la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.
Prevención contra el delito, la violencia, la oferta y el consumo de drogas y un sistema nacional de denuncia ciudadana contra servidores públicos que apoyan delincuentes.
Juicio abreviado y juicio oral.
Nuevo Acuerdo Nacional para el Desarrollo Rural que procure reorientar a las organizaciones campesinas a la producción y comercialización con apoyos más equitativos.
Promover la economía social a través de cooperativas, cajas de ahorro, micro y pequeñas empresas, así como mecanismos de solidaridad económica.
Dignificación de la política, como evitar el enfrentamiento entre partidos, promover el debate y la consulta ciudadana efectiva.
Candidaturas independientes y más candidaturas ciudadanas en los partidos políticos.
Políticas públicas con perspectiva de familia y que atiendan causas y efectos de la desintegración familiar.
Auténticos consejos de participación social en todos los municipios, las entidades federativas y las dependencias del gobierno.
Contribuir a mejorar la difusión y aplicación de los programas federales enfocados al enriquecimiento de la participación ciudadana.
Mejor coordinación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo de manera que se informe y consulte a la sociedad sobre las reformas estructurales y se acrecienten los mecanismos de transparencia en la esfera y el ámbito de competencia de sus funciones.
Contribuir a mejorar la condición y el posicionamiento de los consejos de participación ciudadana en el marco jurídico vigente.
Coadyuvar en la difusión y aplicación de los programas federales enfocados al enriquecimiento de la participación ciudadana.
Establecer vínculos con las dependencias y las entidades gubernamentales así como con organizaciones gubernamentales e internacionales con el objeto de impulsar la participación ciudadana.
Promover en los estados de mayor pobreza, todos los programas sociales y de recursos para creación de empleos y apoyo al campo, con el fin de alcanzar una equidad de oportunidades que se verán reflejadas en una mejor vida democrática.
Rendición de cuentas de ayuntamientos, gobiernos estatales, gobierno federal, Poder Legislativo y contraloría social para evaluar a las autoridades y proponer reformas.
Vinculación de programas de gobierno con las organizaciones de la sociedad civil para garantizar su participación, planeación, ejecución y evaluación.
La comisión mantendrá actividades de apoyo documental orientadas a la instrumentación de un programa editorial sobre asuntos de interés de la comisión.
Coadyuvar con las organizaciones de la sociedad civil mexicana en una Campaña de Incorporación y Regulación Jurídica de las organizaciones no gubernamentales cuyo ámbito de acción sea el de la participación ciudadana.
Efectuar reuniones de trabajo con comunicadores sociales para difundir la trascendencia y alcances de la participación ciudadana.
Solicitar al Canal del Congreso para que se destine un espacio específico e institucional de participación ciudadana, en el que se difundan y promuevan principios y valores universales.
Elaborar boletines informativos sobre las convocatorias, actividades, conclusiones, debates, foros, etcétera, que realice la comisión para que se difunda a las organizaciones de la sociedad civil.
Mantener actualizada la página web, así como alimentar la red nacional de participación ciudadana a través de Internet.
Derogar la Ley de Radio y Televisión.
Transmisión del Canal del Congreso en televisión abierta.
Fomentar la difusión de debates políticos plurales en televisión que toquen temas coyunturales.
Normar la publicidad institucional para que las campañas del Ejecutivo se sometan a un control previo de neutralidad e imparcialidad.
La importancia de la contraloría social en la rendición de cuentas.
Los criterios tipológicos en rendición de cuentas.
Contraloría social y las organizaciones de la sociedad civil.
Evaluación de los resultados de la instrumentación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Proponer la figura de la iniciativa ciudadana (popular), a fin de apoyar la propuesta y participación ciudadanas.
Transparencia y rendición de cuentas en forma equitativa y obligatoria a los gobiernos, instituciones y paraestatales, todos quienes utilicen recursos públicos.
Impulsar la participación ciudadana en la vigilancia, control y transparencia de las acciones y recursos públicos.
Transparencia de las instituciones de seguridad y justicia con acceso a la información por parte de la ciudadanía para un combate más efectivo a la impunidad.
Celebrar un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en el que se establezca que en los libros de texto gratuitos de primaria y secundaria se incorpore un tema didáctico sobre participación ciudadana y se promuevan concursos gráficos y literarios relacionados con la participación ciudadana, así como promover principios y valores universales desde la formación preescolar.
Mejor participación de la sociedad civil y los poderes públicos en la evaluación del sistema educativo nacional.
Fomentar la educación cívica y cultura democrática en coordinación con el sector social, público y privado.
Diputado Alberto Esteva Salinas (rúbrica)
Presidente
