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Iniciativas
- Que adiciona los artículos 82, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Muñoz Serrano, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Que adiciona un párrafo tercero al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD.
- Que reforma y adiciona el artículo 28 del decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI.
- Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del PVEM.
- Que reforma el artículo 196 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Que adiciona el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, relativo al nombramiento de la maestra Alicia Bárcena Ibarra como subsecretaria general de Administración de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, en nombre de los integrantes de la Segunda Comisión.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Procuraduría General de la República a iniciar, en cumplimiento de sus atribuciones, una indagatoria en contra del ciudadano Francisco Gil Díaz, por el delito de ejercicio abusivo de funciones, en términos del Código Penal Federal, a cargo del diputado Javier González Garza, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para solicitar al gobierno federal la aplicación de un subsidio de cincuenta centavos al litro de leche que distribuye Liconsa, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, relativo a la extracción de arena en la Isla de Cozumel, Quintana Roo, a cargo del senador Francisco Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del PVEM.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos en el estado de Oaxaca, a cargo del senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y autoridades de los estados y del Distrito Federal, a celebrar convenios con los clubes privados de las diferentes disciplinas, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de la Función Pública que investigue el probable conflicto de intereses por el nuevo empleo del ex secretario de Hacienda, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente condena el alza en el precio de la tortilla, a cargo de los senadores Carlos Aceves del Olmo y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a emitir un decreto de congelamiento del precio del kilo de tortilla de maíz, a cargo del senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al Instituto Federal Electoral a garantizar, en el ajuste a su presupuesto para el ejercicio 2007, el cumplimiento de las metas del proyecto de actualización y depuración del padrón electoral, a cargo del senador Guillermo Anaya Llamas y suscrita por el senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y al Congreso del estado de México a dar solución al problema limítrofe entre los municipios de Tecamac-Ecatepec y Acolman-Ecatepec, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente llame a comparecer al procurador general de la República para que informe sobre la estrategia de seguridad pública que piensa implantar a partir de la explicación pormenorizada de las operaciones que actualmente realiza en Michoacán y Tijuana, a cargo del senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de Puebla y al procurador general de la República a poner en funcionamiento las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo, señaladas en el convenio de colaboración y coordinación celebrado el 23 de septiembre de 2004, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo federal a realizar medidas urgentes para enfrentar el alza en el precio de la tortilla, a cargo de la senadora Claudia Corichi García, en nombre del senador Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, relativo al nombramiento de la maestra Alicia Bárcena Ibarra como subsecretaria General de la ONU, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente se pronuncia por la pronta realización de una reunión interparlamentaria entre el Congreso mexicano y el Congreso de la República de Guatemala, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, para solicitar una auditoría especial en los recursos federales destinados a educación en el estado de Puebla, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para solicitar a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública; y al procurador general de la República que investiguen el flujo de información generado por la operación de la empresa ISOSA en las aduanas de México, a cargo del senador Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para solicitar al secretario de Seguridad Pública Federal que comparezca ante esta soberanía para informar sobre los operativos en Michoacán y Tijuana, a cargo del diputado Juan de Dios Castro Muñoz, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente se une a la petición mundial respecto al cierre de Guantánamo, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, en nombre de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a presentar a la Cámara de Diputados, previo a la publicación de las reglas de operación a que se refiere el artículo décimo transitorio del decreto del Presupuesto de Egresos de 2007, la propuesta de declaratoria de zonas de atención prioritarias a que aluden los artículos 29, 30, 31, 32 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente extiende una cordial felicitación a la representante Nancy Pelosi por su reciente elección como Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, a cargo del senador Humberto Andrade Quezada, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a presentar, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un informe detallado sobre los trabajos técnicos que realiza la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Belice, para la posible suscripción de un tratado de límites con el gobierno de Belice, a cargo del diputado Javier González Garza, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas conducentes para garantizar que no queden impunes los crímenes y amenazas en contra de periodistas y a realizar una condena pública a la ola de crímenes y agresiones que han padecido en años recientes, a cargo del senador Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Gobernación a organizar, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, una campaña de ayuda humanitaria para apoyar a las personas de escasos recursos que padecen las inclemencias de las bajas temperaturas en esta temporada invernal, a cargo de la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, para que la Auditoría Superior de la Federación realice la fiscalización de los recursos públicos transferidos para apoyar el cambio de administración del Ejecutivo federal, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que solicita se realice una auditoría integral respecto de las actividades que realiza el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a cargo del senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para solicitar a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública, de Marina, de la Defensa, y a la Procuraduría General de la República un informe pormenorizado de los operativos en contra del crimen organizado, a cargo de la senadora Claudia Corichi García, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal para que la distribución del fondo regional establecido en el anexo 20, en los términos de lo estipulado en el artículo vigésimo transitorio del decreto, se realice considerando el Conteo de Población 2005, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de Tabasco a dar cumplimiento a la recomendación 46/2006 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, en nombre de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para solicitar que se declare Zona de Desastre el municipio de Calvillo, Aguascalientes, a cargo del senador Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, sobre el ecocidio en el valle de San Luis Potosí cometido por la Minera San Xavier, subsidiaria de la empresa canadiense Metallica Resources Inc., a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, en nombre de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se extiende un sincero reconocimiento a la representante Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América, por sus declaraciones favorables a un entendimiento migratorio entre nuestros países, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para citar a comparecer ante la Comisión Permanente al secretario de la Defensa Nacional, al procurador general de la República y al secretario de Seguridad Pública, a cargo del senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PRD.
Iniciativas
QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 82, 115 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO MUÑOZ SERRANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal José Antonio Muñoz Serrano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, con fundamento en la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Cámara iniciativa de decreto por el que se adicionan los artículos 82, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual presenta la siguiente
Exposición de Motivos
El tema de si una persona puede aspirar a la candidatura para suceder a su cónyuge en el ejercicio de un cargo de elección popular, por ejemplo, una presidencia municipal, una gubernatura o incluso la Presidencia de la República, ha sido asunto de discusión a nivel nacional, sobre todo cuando un caso específico llegó hasta los tribunales cuando se interpuso un recurso por una precandidata del Partido de la Revolución Democrática al Gobierno de Tlaxcala, a quien su Partido le había limitado el derecho a participar por ser la esposa del gobernador Alfonso Sánchez Anaya, caso en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la inconstitucionalidad e ilegalidad del estatuto del PRD, que prohíbe a los cónyuges, concubinos y parientes consanguíneos hasta en segundo grado ser candidatos para el cargo de su familiar en el periodo inmediato posterior.
Luego de una intensa discusión, los magistrados se dividieron por cuatro votos a favor y tres en contra, en torno a los alcances de la garantía constitucional para votar y ser votado, resolviendo que la prohibición para postularse para los familiares de funcionarios públicos en activo es inconstitucional, que los estatutos de un partido político no pueden limitar un derecho universal consagrado en la Constitución, que ya "existen mecanismos en la ley para supervisar, controlar y, eventualmente, sancionar manejos de recursos públicos de funcionarios en el poder que pudieran favorecer a un candidato o candidata".
Esta resolución jurídicamente, en nuestro parecer, fue técnicamente adecuada, toda vez que en el estado de derecho por el que todos pugnamos debe prevalecer la supremacía constitucional; sin embargo, no todo lo que es legal es legítimo, y en las reglas para contender por un puesto de elección popular debe prevalecer no sólo la claridad, sino la transparencia, la equidad y la institucionalidad, en pro de un verdadero sistema democrático, cuya pluralidad y equidad en la participación política sean las características principales.
Amen de lo anterior, no hay que perder de vista que este es un asunto que tiene una dimensión legal y otra ético-política: debemos preguntarnos primero si resulta ético y equitativo que la esposa o el hijo de un alto mandatario busque competir por el cargo que detenta su familiar, toda vez que esto implica, en nuestra consideración, una desventaja desleal para el resto de los competidores; inequidad que resulta inaceptable en la nueva etapa de la vida democrática de nuestro país, después de haber luchado incansablemente por modificar la vieja costumbre de apoyar desde el poder "al candidato del partido". No creemos que sea deseable la posibilidad de perpetuar el poder familiar, por el contrario, debemos pugnar por evitar toda inequidad, debemos evitar que prevalezcan intereses particulares o de grupo sobre el bien de toda la colectividad, lo que debe traducirse en una competencia políticamente sana.
En este orden de ideas, resulta evidentemente legítima la preocupación de que al ser candidato cónyuge o familiar del gobernante en funciones, las condiciones de equidad no se cumplan y, de no llevar a cabo la reforma constitucional correspondiente, esta situación de incertidumbre jurídica prevalecerá.
La resolución emitida por el TEPJF, al día de hoy da luz verde a las esposas o esposos del Presidente o Presidenta de la República y de los gobernadores o gobernadoras que aspiren al cargo de sus respectivos cónyuges.
Quienes al interior del TEPJF opinaron en contra de esta resolución sostuvieron que tan importante es el derecho a votar y ser votado como el derecho a la equidad en la competencia electoral, por lo que no se debe dar prioridad a alguno, destacando la necesidad de armonizar ambos principios democráticos. El propio consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) refirió la necesidad de que este honorable Congreso de la Unión legisle sobre las eventuales candidaturas de cónyuges y parientes para ocupar el mismo cargo que ejercen los gobernantes, y dar así certeza a los comicios electorales, al considerar que "para fines de certeza y de legalidad, si requiere evitar que los cónyuges accedan a candidaturas, es necesario reformar la Constitución".
Es de señalarse que, ante los sucesos y contratiempos históricos acontecidos no sólo en México, sino en diversas latitudes de Latinoamérica en esta materia, varios países cuentan ya con preceptos constitucionales a efecto de prever la inelegibilidad de cónyuges y familiares para ser candidato presidencial para el periodo inmediato al ejercido por su familiar, entre los que podemos citar Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay.
Hay que destacar también que el Congreso de Chiapas ya reformó el artículo 35 de la Constitución del estado, para adicionar una VIII fracción con el objeto de impedir que parientes del o la cónyuge del gobernador en turno puedan postularse como candidatos a sucederlos en el cargo y evitar con ello este tipo de conductas indeseables para la democracia, que aunque no cuentan con impedimento legal alguno es en la esfera ético-política donde encuentran una objeción.
Señoras y señores l egisladores, esta reforma resulta sumamente necesaria, toda vez que más allá de los derechos electorales de una persona, su indiscutible dignidad humana y sus derechos ciudadanos, está el deber ético de no aprovecharse del cargo de su cónyuge o familiar para ejercer inmediatamente ese mismo cargo, pues ello implicaría una posición política que permitirá favorecerlo y darle continuidad más allá del mandato constitucional, lo cual, amén de todo lo antes expuesto, redundaría en perjuicio de la claridad y la eficacia de la rendición de cuentas, fundamental para la democracia de nuestro país.
Finalmente, hay que aclarar que de ninguna manera la presente iniciativa tiene como propósito obstruir la participación política de las mujeres; al contrario, se pretende que la participación, tanto de hombres como de mujeres en la política sea realmente activa, y no producto de una espléndida oportunidad circunstancial. Además, la presente iniciativa aplicaría para cualquier familiar indistintamente de su sexo, por lo que también quedarían inhabilitados los señores esposos o concubinarios o familiares descritos en las hipótesis jurídicas sugeridas.
Por lo anteriormente expuesto, y convencido de la trascendencia de esta reforma, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de
Decreto por el que se adicionan los artículos 82, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Único. Se reforman los artículos 82, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 82. Para ser Presidente se requiere:
Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta, por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualesquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes, sí podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio.
Ningún cónyuge, concubina o concubinario, o familiar en primer grado podrá ser electo para el periodo inmediato, respecto de los funcionarios mencionados en el párrafo anterior.
........
.......
.......
Nunca podrán ser electos para el periodo inmediato:
b) .........
c) El o la cónyuge, concubina o concubinario, ni ningún familiar en primer grado por consanguinidad, por adopción o por afinidad.
Transitorio
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación, salvo en tratándose de procesos electorales iniciados con anterioridad a ese día.
Palacio Legislativo, a 10 de enero de 2007.
Diputado José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica)
QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, senadora por el estado de Tlaxcala, a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Durante el proceso de cambio democrático en que está inmerso nuestro país, mucho se ha mencionado sobre la intención de reorganizar el funcionamiento de los entes de fiscalización y rendición de cuentas, con el propósito de que los individuos tengan acceso a información veraz y recuperen la confianza en las instituciones encargadas de la administración de los recursos públicos; no obstante, con frecuencia se omite precisar lo que sucede cuando la información es falseada o incompleta.
Es innegable que requerimos de un Estado que contribuya a incrementar el bienestar de la sociedad, de un Estado que cueste menos y que cumpla más y mejor con sus responsabilidades. Para ello, resulta necesario contar con mecanismos que permitan controlar la acción gubernamental, que en nuestro sistema presidencialista se caracteriza por un Poder Ejecutivo fortalecido, en detrimento incluso de los otros poderes públicos, donde de manera inherente su equilibrio sigue siendo una aspiración.
La discusión de la reforma del Congreso centra su atención en la posibilidad de impulsar nuevos lineamientos para fortalecerlo, volviendo eficaces los atributos actuales que en gran medida se quedan en lo declarativo, ya que en la opinión pública no permean los resultados, sino las prácticas aletargadas, la improvisación y el desgaste durante el proceso legislativo de asuntos trascendentes para la vida nacional, denotando que la estructura y organización de los trabajos de esta soberanía a veces no están a la altura de los tiempos políticos de México, ni de las exigencias sociales.
El sistema constitucional mexicano en su artículo 93 prevé las investigaciones, así como los informes y preguntas a través de las llamadas comparecencias, como medios de control de gestión. En este sentido, los secretarios de despacho acuden a realizar la glosa del informe que anualmente presenta al titular del Ejecutivo, en un acto republicano necesario en un esquema de división de poderes.
Este artículo 93 ha presentado tres reformas constitucionales, que a la luz de la práctica parlamentaria parecen rebasadas. En 1974, se amplía los funcionarios susceptibles de comparecer (jefes de departamentos administrativos, directores y administradores de organismos descentralizados federales o de empresas de participación estatal mayoritaria). En 1977, mediante adición se establece la posibilidad de crear comisiones para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Y la más reciente en 1994 propone citar a comparecer al procurador general de la República, en su carácter de abogado de la nación.
Es evidente que las relaciones entre los órganos de poder constituyen un relevante aspecto de la democracia, es por ello que el sistema político tiene que basarse en buena medida en mecanismos que permitan un adecuado balance en el ejercicio de poder, particularmente en el control de la gestión sobre las actividades gubernamentales y administrativas que realiza el Ejecutivo.
Los legisladores que participamos en grupos de trabajo para estudiar y enriquecer las propuestas del Ejecutivo federal, observamos un enorme vacío ante la escasa o nula información que nos presenta el Ejecutivo a través sus secretarios de despacho, situación que nos coloca en riesgo de incurrir en decisiones erróneas con altos costos económicos o sociales.
Si quien acude a comparecer no informa, lo hace parcialmente o incluso falsea datos o cifras y no se deriva de éstas acciones ninguna consecuencia, entonces nuestra normatividad no está funcionando. Las comparecencias de los servidores públicos no están produciendo lo que se espera de ellas ni cualitativa ni cuantitativamente, porque los funcionarios acuden con la convicción de que se trata sólo de pasar un "mal rato", durante el cual creen que su tarea es eludir cuestionamientos, evadir respuestas precisas, ignorar críticas y esperar pacientemente que concluya su tiempo para retirarse a sus oficinas y continuar con sus labores, como ha ocurrido en las últimas de ellas.
Vale señalar que la experiencia política demuestra que los gobiernos no funcionan por la buena voluntad de sus actores, sino porque existen equilibrios que acotan el actuar gubernamental, es por eso que la iniciativa que hoy presento ante esta soberanía, plantea adicionar un párrafo al artículo 93 constitucional, pretendiendo primordialmente ejercer las atribuciones de control político, que le corresponden ejercer originalmente al Congreso de la Unión y establecer facultades reales de vigilancia del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo.
Me explico, cuando los funcionarios públicos comparezcan con el objeto de contestar las interpelaciones que se les formulen y las respuestas no reflejen razonablemente la realidad o contengan datos o cifras inciertas, se impondrán las sanciones contempladas de conformidad con el Capítulo II de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que establece sanciones por falta administrativa que van desde una amonestación privada o pública, destitución del cargo, hasta inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público hasta por 10 años.
Con la incorporación de esta disposición se pretende acabar con la práctica del monólogo, donde cada quien informa lo que quiere y no pasa absolutamente nada, resultando grave, ya que las consecuencias que se generan no solo lesionan las relaciones de los poderes, sino que afectan directamente a la esfera jurídica de los gobernados.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto para adicionar un párrafo tercero al artículo 93 para quedar como sigue:
Artículo 93. ...
........
Se adiciona
Teniendo la obligación de presentarse ante cualquiera de las dos Cámaras, con objeto de contestar las interpelaciones que se les formulen. Los funcionarios públicos llamados a comparecer que sin causa justificada se negaran a concurrir, o en el caso de que sus respuestas a las interpelaciones no reflejen razonablemente la realidad, contengan datos o cifras inciertos o falseados, se entenderá que están ocultando información y se procederá en términos del Capítulo II de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
...........
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 10 días del mes de enero de dos mil siete.
Senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica)
QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 28 DEL DECRETO QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71, la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción II de los artículos 55, 62 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de ésta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 28 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, relativo a la operación del programa de desarrollo humano oportunidades.
Exposición de Motivos
La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se significó por el consenso alcanzado entre las diferentes fuerzas políticas que tuvo un amplio reconocimiento dentro y fuera del Congreso.
Sin embargo, es prudente reconocer que la rapidez del proceso de dictamen y la premura de discusión en el pleno, no permitieron un análisis suficientemente ponderado del contenido de los instrumentos puestos a consideración de la asamblea. El paulatino surgimiento de contradicciones nos deja la enseñanza de que no debe sacrificarse el rigor y la profundidad del debate en aras de mostrar consensos y resultados aparentemente eficaces.
Es por ello, que es indispensable abordar nuevamente algunos temas centrales. Tal es el caso de la reglamentación respectiva del programa oportunidades que en el articulado del Decreto, mantiene una estructura centralista lesiva a los municipios.
En diciembre de 1997 esta soberanía, a propuesta del Ejecutivo Federal, tomó decisiones en materia de política social que han trascendido al paso del tiempo y que hoy tiene un impacto decisivo en los afanes de igualdad y justicia que nos animan.
En efecto, fue en esa época que se incorporó a la Ley de Coordinación Fiscal y al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998; al Ramo de Aportaciones Federales, el Fondo para Infraestructura Social destinado en un 80 por ciento a los municipios y en un 20 por ciento a los Estados. Asimismo, inició formalmente, después de una etapa de prueba, el Programa de Educación, Alimentación y Salud (Progresa)
La perspectiva de ese entonces aspiraba a que, con este importante paso dado para fortalecer a los municipios, se desatara un proceso gradual de descentralización de facultades y recursos de la Federación a los estados y de éstos a los municipios. Este propósito, en la realidad de los hechos, no ha podido cumplirse dado que no se mantuvo la decisión federalista y municipalista que dio origen a las reformas.
En cuanto a Progresa cabe mencionar que los principios básicos de operación fueron, inicialmente, establecidos en el cuerpo del Decreto del Presupuesto, manteniendo una estructura y control centralizados, con la idea de que, posteriormente, se procederá a su descentralización.
Es así que, a propuesta de la Cámara de Diputados, el programa fue retomado por la administración del Presidente Fox ampliando sus beneficios a estudiantes de Educación Media Superior. Posteriormente, se modifica el nombre a Oportunidades, pero mantiene exactamente la misma estructura normativa y operativa centralizadas.
Lo anterior, no obstante, que dos de los tres componentes del programa educación y salud están a cargo del gobierno de los estados y de que es en los municipios en donde finalmente concurren los múltiples programas sociales que buscan igualar oportunidades.
En este contexto, el Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, establece en su Artículo 28, como lo ha hecho desde el decreto de 1998, los principios básicos para formular las reglas de operación manteniendo, insisto, una estructura central en la operación del Programa, así como criterios ambivalentes respecto de la neutralidad político-electoral del mismo.
Así, en la última parte del párrafo cuarto del Artículo 28 del Decreto en cuestión se establece que la Coordinación Nacional: .... "realizará acciones de orientación y difusión con los beneficiarios para garantizar la transparencia y evitar cualquier manipulación política del Programa". En otros párrafos establece que ni las dependencias estatales ni las municipales podrán convocar a reunión alguna a los beneficiarios. La cuestión es: ¿No constituye este párrafo una disposición para legitimar acciones contrarias a los principios democráticos en el contexto de las elecciones locales? Más aún: ¿Qué nos garantiza que los funcionarios federales, a diferencia de los municipales y locales, como se asume en el texto de este artículo, no tengan también la presunta debilidad de utilizar el programa para fines distintos al desarrollo social?
Es por ello que proponemos que se suprima la última frase del párrafo citado.
Posteriormente, en el décimo y onceavo párrafos se establece que en cada entidad federativa habrá un Comité Técnico y que los ayuntamientos nombraran un enlace con el programa por acuerdo del Cabildo básicamente para apoyo logístico y de seguridad pública haciendo énfasis que estos funcionarios municipales deberán regirse por principios de apartidismo, transparencia y honestidad. La cuestión es: ¿Cuál es la responsabilidad real de los gobernadores y los presidentes municipales en el programa? ¿Sólo es responsabilidad de los servidores públicos municipales apegarse a los principios de apartidismo de transparencia y honestidad o estos deben extenderse a todos los servidores involucrados, incluyendo los federales?
Es por eso que se propone que en el orden de los Estados se establezca un consejo estatal presidido por el gobernador del estado como responsable del programa cuyo secretario técnico sea nombrado por el gobierno federal. Asimismo que en los municipios el programa esté a cargo de un Consejo Municipal encabezado por el Presidente Municipal y que el enlace operativo sea nombrado por el Cabildo.
Bajo tales circunstancias se somete a su consideración el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único.- Se adiciona y modifica el artículo 28 del Decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, para quedar como sigue:
Artículo 28. (...)
I. (...)
XIV. (...)
(...)
(...)
La Coordinación Nacional del Programa deberá incluir, tanto en el documento de identificación que presentan las beneficiarias para recibir los apoyos, como en las guías y materiales de difusión para las beneficiarias y las vocales de los comités de promoción comunitaria, la leyenda establecida en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, la cual señala: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
Las reglas de operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, dispondrán que en cada entidad federativa, se establezca un Consejo Estatal conformado por las dependencias federales y estatales involucradas en la planeación, programación y operación del Programa que promuevan una mejor ejecución del mismo. El Consejo será presidido por el titular del Poder Ejecutivo de cada entidad federativa y deberá reunirse bimestralmente. El Consejo tendrá la responsabilidad de garantizar la coordinación y concurrencia de las acciones de los tres órdenes de gobierno, así como la complementariedad e integralidad del Programa. El Secretario Técnico del Consejo será nombrado por el Gobierno Federal.
En los municipios se establecerá un Consejo Municipal que será presidido por el Presidente Municipal quien será el responsable de coordinar la ejecución del Programa. El Consejo Municipal contará con un Secretario Técnico, nombrado mediante acuerdo de Cabildo del Ayuntamiento que será el enlace con las instancias estatales y federales. Los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que participen en el Programa deberán regirse por los principios de apartidismo, transparencia y honestidad. No podrán realizarse convocatorias a reuniones ni acciones no previstas en las reglas de operación del Programa.
La Coordinación Nacional, los Consejos Estatales y Municipales, en su caso, notificarán por escrito a la Auditoría Superior de la Federación sobre los problemas u obstáculos que surjan en la ejecución del Programa, para que se apliquen las medidas que correspondan.
Transitorios
Único. Las reformas y adiciones motivo de esta iniciativa entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, San Lázaro, a 10 de enero del 2007.
Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A CARGO DEL SENADOR FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Francisco Agundis Arias, senador de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXIX-G, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La actual Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1996, con el objeto de adecuar la legislación ambiental con los acuerdos internacionales signados por México y para construir un sistema jurídico completo que regulara de manera clara la problemática ambiental, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Uno de los instrumentos más importantes introducidos en esta ley es la evaluación de impacto ambiental como una figura jurídica que intenta mitigar los impactos ambientales producidos por el hombre en el medio que le rodea, ya que anteriormente se llevaban a cabo obras de alto impacto sin ningún control y sin la participación social.
Uno de los logros de la ley vigente consistió en ampliar los derechos de los individuos en relación con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Se crean espacios para la participación ciudadana y la discusión pública de los proyectos sometidos a la consideración de la autoridad ambiental, cuando su realización pudiera acarrear graves daños al medio ambiente o a la salud humana.
Sin embargo, tanto la participación ciudadana como el derecho a la información y a la participación quedaron muy limitados al referir que sólo las personas de la localidad podrían solicitar una consulta pública sobre los proyectos a realizar. Esto contradice derechos fundamentales establecidos internacionalmente, tales como:
La Declaración de Río, en su Principio 10 establece claramente:
"El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos?".
Por otra parte, en nuestra Carta Magna se establecen derechos fundamentales como el derecho a un Medio ambiente sano y ecológicamente adecuado; el derecho a la información por parte del estado; y la facultad para solicitar dicha información pública gubernamental.
El derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado se estableció como tal en el artículo 4° constitucional mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999.
Así, el actual párrafo cuarto de dicho artículo establece que "Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar". De esta manera se ha insertado en la Constitución lo que es un buen ejemplo de los derechos humanos catalogados como de tercera generación o derechos de solidaridad, cuyos destinatarios no son sólo habitantes del territorio de un determinado Estado nacional, sino la humanidad en su conjunto. De esta manera, de la humanidad en su conjunto depende también el cómo este derecho se particularice en los casos concretos.
En el caso del medio ambiente sano, se trata de asegurar el poder disfrutar de una biosfera con las características físicas y biológicas mínimas para una buena calidad de vida. Este propósito sólo se alcanza sumando las acciones y restando las comisiones de cada uno de los estados, pueblos y sociedades del planeta.
El concepto derecho a la información se convirtió en una expresión familiar para la prensa y para la comunidad académica dedicada al estudio de la comunicación en México, a partir de la adición al artículo 6º constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977.
En dicha reforma se planteó el derecho de todo habitante a ser informado; y precisamente informado por el Estado, fuente de esa información que tienen derecho a conocer todas las personas. El Estado archiva, produce o transmite información, dentro de las atribuciones que las diversas disposiciones legales le señalan, por lo cual debe reconocérseles a las personas un derecho para integrar la información o para obtenerla en el caso de que no se haya producido. Si bien en el artículo 8° constitucional establece el derecho de petición, resulta conveniente subrayar el derecho de cualquier persona a pedir una información. Dicho derecho se puede dividir en tres vertientes principalmente:
b) El derecho a informar, que incluye las libertades de expresión y de imprenta y el de constitución de sociedades y empresas informativas.
c) El derecho a ser informado, que incluye las facultades de recibir información objetiva y oportuna, siendo que dicha información deberá ser completa, es decir, el derecho a enterarse de todas las noticias teniendo dicha información el carácter de universal, o sea, que la información es para todas las personas sin exclusión alguna.
Hoy en día las garantías liberales de expresión y de información se enlazan con la positivización del derecho a la información. Mientras el derecho público subjetivo que se genera con las libertades de expresión y de información, demanda un deber de abstención del Estado en el caso del derecho a la información, entendido como derecho de acceso a la información pública, mismo que requiere de un deber de acción del Estado consistente en poner a disposición del público los archivos y datos de sus órganos constitutivos), habida cuenta de que sólo de esa manera el individuo estará en posibilidades de ejercer ese derecho.
En México encontramos claros antecedentes de la adopción del derecho de petición desde los primeros esbozos del constitucionalismo nacional.
El artículo 8º constitucional consagra dos derechos: el de petición y el de respuesta; ambos aparecen concebidos en términos universales, es decir, se reconocen a todos los individuos que habitan en el territorio nacional y consiste en la facultad que tienen en los Estados Unidos Mexicanos, tanto los ciudadanos como cualquier habitante, para elevar ante los órganos o servidores públicos, una petición, solicitud o queja.
Dado el carácter universal que tiene el ejercicio del derecho de petición, no exige un interés jurídico determinado, ni respecto de la petición, ni respecto de la autoridad. Aún en los supuestos de petición en materia política, no es necesario acreditar previamente, para el ejercicio de derecho de petición la calidad de ciudadano, cuestión que deberá ser dilucidada por el órgano competente al comunicar el acuerdo que ha recaído a la petición, determinando en el mismo si se requiere demostrar o no tal calidad.
En este orden de ideas, el 11 de junio del 2002, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que constituye un gran logro en el quehacer democrático en México. Esta Ley se aplica a todos los poderes públicos y establece como principio básico el que toda información gubernamental es pública y que los particulares tendrán acceso a la misma.
Una norma muy importante la constituye el establecido por el artículo 40 de dicha Ley que hace innecesario el interés jurídico de las personas para solicitar información. Esto significa que no será necesario ser originario de ningún Estado, ni siquiera poseer la calidad de ciudadano para solicitar información. Tampoco se requiere justificar para qué se requiere de la información.
Por tanto, se hace necesario adecuar el derecho a la información y la participación de la sociedad en los proceso de toma de decisión de aquellas obras o actividades que pudieran producir impactos ambientales y que están contemplados en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Por ello, esta iniciativa tiene por objeto adecuar la participación social y el derecho a la información de las personas a los Derechos fundamentales establecidos por los artículos 4º, 6º, y 8º, de nuestra Carta Magna, así como a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
En este sentido se propone eliminar el requisito de que se debe ser habitante de la comunidad para tener derecho a solicitar una consulta pública, para cumplir y hacer coherentes los ordenamientos de esta Ley con los principios constitucionales en la materia. De igual forma, se remite a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en lo que se refiere a la reserva de información que pudieran solicitar los promoventes.
De la misma forma, en el Capítulo sobre Derecho a la Información Ambiental, se adecuan los lineamientos anteriores y se elimina el requisito de manifestar por escrito el que el solicitante de cierta información deba especificar los motivos de su petición de información, ya que es contrario a los ordenamientos y derechos mencionados.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con Proyecto de
Decreto de reformas y adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Artículo Único. Se reforman el segundo y tercer párrafos y las fracciones II, III, IV y V, y se adiciona una fracción VI al artículo 34; se reforma el primer y tercer párrafos del artículo 153 Bis 3; y se reforman las fracciones III y IV, y se adiciona la fracción V al Artículo 153 Bis 4, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Artículo 34. ........
Los promoventes de la obra o actividad podrán requerir que se mantenga en reserva la información que haya sido integrada al expediente y que, de hacerse pública, pudiera afectar derechos de propiedad industrial, y la confidencialidad de la información comercial que aporte el interesado, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
La Secretaría, a solicitud de cualquier persona, física o moral, deberá llevar a cabo una consulta pública, conforme a las siguientes bases:
II. Cualquier persona, dentro del plazo de diez días contados a partir de la publicación del extracto del proyecto en los términos antes referidos, podrá solicitar a la Secretaría ponga a disposición del público en la entidad federativa que corresponda, la manifestación de impacto ambiental;
III. Cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas, de conformidad con lo que señale el reglamento de la presente Ley, la Secretaría, en coordinación con las autoridades locales, deberá realizar una reunión pública de información en la que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate;
IV. Cualquier persona dentro del plazo de veinte días contados a partir de que la Secretaría ponga a disposición del público la manifestación de impacto ambiental en los términos de la fracción I, podrá proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las observaciones que considere pertinentes;
V. La Secretaría elaborará por escrito dando cabal respuesta a las observaciones y propuestas planteadas por las personas dentro del proceso de consulta pública. Dicha respuesta deberá entregarse por escrito al o los solicitantes antes de emitir la resolución a que se refiere la fracción VI de este Artículo; y
VI. La Secretaría agregará las observaciones realizadas por los interesados al expediente respectivo y consignará, en la resolución que emita, el proceso de consulta pública realizado y los resultados de las observaciones y propuestas que por escrito se hayan formulado.
........
Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, especificando claramente la información que se solicita. Los solicitantes deberán identificarse indicando su nombre o razón social y domicilio.
Artículo 159 BIS 4. .......
II. ........
III. Se trate de información aportada por terceros cuando los mismos no estén obligados por disposición legal a proporcionarla;
IV. Se trate de información sobre inventarios e insumos y tecnologías de proceso, incluyendo la descripción del mismo; o
V. Todos los casos expuestos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá realizar las adecuaciones y modificaciones pertinentes en el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, en un plazo no mayor de noventa días naturales a partir de la publicación del presente Decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los diez días del mes de enero de 2007.
Senador Francisco Agundis Arias
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA VIOLETA DEL PILAR LAGUNES VIVEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal Violeta del Pilar Lagunes Viveros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 196 del Código Penal Federal, que se fundamenta en la siguiente
Exposición de Motivos
La cultura física y el deporte constituyen un elemento integrante de la sociedad moderna, al tiempo que constituye, para el individuo un medio que contribuye a su salud psicofísica y a la interacción social.
El entrenamiento deportivo y la cultura física actualmente se han consolidado como los grandes soportes de la salud y desarrollo social, pues cada uno tiene como última finalidad transmitir un conjunto de valores, saberes, hábitos, técnicas y usos corporales, en busca de un bienestar físico y mental, al tiempo de fomentar procesos de socialización.
Nuestro país, desde tiempo atrás, ha sido consciente de la importancia de contar con programas deportivos y de cultura física, pues incluso es considerado como uno de los primeros países del mundo que incluyo a la cultura física como una asignatura escolar, continuando en la actualidad en sus tres niveles de gobierno, en la ardua labor de planear, desarrollar, fomentar y coordinar los programas deportivos y de cultura física, auxiliándose de organismos especializados.
Como resultado de dicho fomento deportivo vemos que recientemente las actividades deportivas se han profesionalizado y se ven apoyadas con becas académicas, campamentos de preparación, el uso de nuevas tecnologías del deporte y la colaboración tanto del sector público como privado.
Sin embargo, todos estos incentivos y oportunidades que se les brindan a los deportistas se estructuran en base a ciclos deportivos, ciclos olímpicos y niveles de competencia, ello es así, ya que dentro de las cuatro líneas conceptuales a observar en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, se señala "que la competencia deportiva sea una verdadera expresión de rendimiento".
Es así, como debido a los novedosos y atractivos beneficios o apoyos, que se brindan a los deportistas, ha aumentado la competitividad en dicha área, lo que ha orillado a algunos los deportistas a emplear mecanismos deshonestos como lo es el uso de estupefacientes, con el fin de tener un mejor nivel de competitividad, y en obvio alcanzar el éxito deportivo, dichos estupefacientes, la mayoría de las veces les son ofrecidos por un agente extraño en el lugar donde practican deporte, e inclusive por el personal que participa en su formación deportiva, pues los agentes activos son conocedores de la relevancia que los deportistas le atribuyen al desempeño exitoso en su actividad física.
Si estas circunstancias las entrelazamos con la problemática que vive el país en materia de narcóticos, podremos advertir que en las últimas décadas, el fenómeno de las drogas se ha vislumbrado cada vez más complejo, pues día a día nos enfrentamos a un problema cada vez más complejo, pues se manifiesta a grandes escalas y con una mayor incidencia y violencia, hasta llegar al hecho de convertirse en un problema de seguridad nacional, por atentar en todo momento contra la salud de las personas, la integridad de nuestras instituciones y la conformación del tejido social sobre el cual descansa la estructura y organización del Estado mexicano.
Asimismo, pese a que por mucho tiempo, México figuró únicamente en el mapa delictivo, como un país de paso de drogas, dicha situación se ha transformado al considerársele actualmente en un país activamente consumidor de estupefacientes. Esta situación ha propiciado que las diversas organizaciones delictivas existentes en nuestro país hayan dirigido y reforzado sus acciones hacia la formación de mercados locales a lo largo y ancho de la República Mexicana.
Debiendo en consecuencia centrar la atención a una sociedad heterogénea compuesta por grupos con mayor vulnerabilidad o considerados potencialmente como futuros consumidores y, por ende, protegerlos a fin de evitar su posible victimización, resultando en consecuencia imprescindible incluir en el ámbito penal supuestos típicos que permitan a las autoridades federales prevenir, perseguir y sancionar a todo individuo que pretenda o ejecute actividades ilícitas bajo los supuestos penales que la ley señala, por ello es preciso perfeccionar tipos penales ya existentes que nos permitan proteger a grupos considerados potencialmente como futuras víctimas, ya que debido a su condición o calidad, son susceptibles de consumir estupefacientes con mayor facilidad, pues para el agente activo, sabedor de tal circunstancia, dichas personas se convierten en su centro de atención, hasta convertirse en un objetivo fácil, y por ende en un fructífero mercado de consumo de drogas.
Es por ello que, preocupada no sólo por fomentar en nuestra sociedad la cultura física, el deporte y que la competitividad entre los deportistas sea desempeñada de forma honesta; de forma principal interesa proteger la salud y bienestar de todos los sujetos considerados vulnerables o potencialmente futuros consumidores de drogas como lo son los deportistas, pues debido a que su desempeño siempre es medido y calificado de forma rigurosa, se convierten en un grupo potencialmente consumidor de estupefacientes, los cuales la mayoría de las ocasiones les son ofrecidos en los centros deportivos donde realizan su entrenamiento o acondicionamiento físico, e inclusive lo que resulta aún más grave, les son proporcionados por la persona que tiene a su cargo su entrenamiento o tutoría deportiva, pues es sabido, que el éxito del deportista lleva consigo, de forma paralela el éxito de su equipo de entrenamiento, lo que incluso se torna mas grave, pues dichas personas por su condición de custodia o cuidado que ejercen sobre el agente pasivo, logran con mayor facilidad que el deportista consuma estupefacientes.
Es así como consideramos de gran importancia implementar acciones que permitan proteger un bien jurídico de vital importancia, como es la salud de grupos con mayor vulnerabilidad o considerados potencialmente como futuras víctimas del delito, a través del perfeccionamiento de nuestro marco jurídico penal, estimándose necesario proponer una reforma de índole legal, que de lugar a sancionar con mayor rigor, a aquellos sujetos que trafique, comercie, suministre aún gratuitamente o prescriba narcóticos sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud.
Pretendemos que esta medida se inscriba como una acción importante que contribuya hacia el perfeccionamiento de nuestro marco jurídico penal, tendiente a evitar la problemática que sufren los deportistas por su equipo de entrenamiento o custodia como son los maestros o entrenadores y dentro del lugar de su entrenamiento o acondicionamiento como lo son los centros deportivos.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, preocupados por contar con un marco jurídico adecuado y eficiente en materia de justicia penal, presentamos con todo respeto a consideración de éste Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman adicionan las fracciones IV y V del artículo 196 del Código Penal Federal.
Primero. Se reforman las fracciones IV y V del numeral 196 del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 196. ...
IV. Se cometa en centros educativos, asistenciales, deportivos, policiales o de reclusión, o en sus inmediaciones con quienes a ellos acudan;
V. La conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal relacionado con las disciplinas de la salud en cualesquiera de sus ramas, así como por persona que tenga a su cargo la educación, instrucción o cuidado de la víctima, y se valgan de esa situación para cometerlo. En este caso se impondrá, además, suspensión de derechos o funciones para el ejercicio profesional u oficio hasta por cinco años e inhabilitación hasta por un tiempo equivalente al de la prisión impuesta;
VI. a VII. ...
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de enero de 2007.
Diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica)
QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, senadora por el estado de Tlaxcala a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un penúltimo párrafo al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dar participación a la Conferencia Nacional de Gobernadores en la planeación nacional del desarrollo, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
En términos de lo dispuesto por el artículo 40 de nuestra Constitución ha sido voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal compuesta por estados libres y soberanos (autónomos según la teoría constitucional) en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de nuestra Ley Fundamental.
El pacto federal mexicano data del siglo XIX; el 31 de enero de 1824 se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, a fin de otorgar a la república mexicana la característica de un estado federal y, posteriormente, el 4 de octubre de 1824 se promulgó nuestra primera Constitución, donde México se definió constitucionalmente como un país federal.
Bajo este ideal, inspirado en nuestra herencia española y el modelo de los Estados Unidos de América, se acuerda la distribución política del poder, entre la federación y sus entidades federativas, así como las características del gobierno.
Posteriormente, ante la imposición del centralismo en 1835, la proclama del federalismo fue reivindicada por José María Luis Mora en 1837, así, a la voz de la república se le añadió la palabra "federal", concepto novedoso, en virtud de que las fuerzas de la vieja sociedad, por su naturaleza e intereses intrínsecos, se hallaban centralizadas.
El federalismo es una forma de estado constituida por la voluntad de entidades políticas soberanas que lo conforman, que deciden pactar entre ellas la constitución de un orden superior de gobierno, con el objetivo principal de formar una nación única, en pro del desarrollo de todas y cada una de las entidades.
En este sentido, el federalismo mexicano ha significado una alternativa de cambio gradual, para que la sociedad mexicana se reacomode, sin violentar los principios institucionales, manteniendo la articulación de las entidades federativas y la conducción del país hacia un modelo de desarrollo, basado principalmente, en la compensación entre regiones con recursos y posibilidades hacia las regiones con pocos o nulos recursos.
El federalismo mexicano encuentra en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), uno de sus mecanismos de expresión más importantes para la armonización fiscal, así como para la mejor recaudación y administración de los ingresos públicos, y cuyos antecedentes se encuentran en las convenciones nacionales fiscales de 1927, 1933 y 1947.
A pesar de que el siglo pasado se caracterizó por un fuerte centralismo, y que determinó que la federación monopolizará los ingresos públicos más importantes, en los últimos, con la democratización del país, la lucha por el fortalecimiento del federalismo ha tomado dimensiones y características especiales y surge un movimiento inédito denominado Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), cuyo antecedente inmediato es la Asociación Nacional de Gobernadores (Anago) integrada por los gobernadores de Baja California Sur, Michoacán, Zacatecas, Tlaxcala y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, bajo la idea de revisar las políticas del Ejecutivo federal en relación con las reducciones en las participaciones federales de los estados y el Distrito Federal, así como respecto de los fondos de aportaciones federales señaladas por la Ley de Coordinación Fiscal.
En este contexto, el 13 de julio del año 2002, se creó la Conferencia Nacional de Gobernadores, en un inicio por 20 gobernadores (16 del Partido Revolucionario Institucional y 4 del Partido de la Revolución Democrática integrantes de la Anago).
Esta agrupación sin precedentes, conformada por los gobernadores de la mayoría de las entidades federativas, plantea por primera ocasión en nuestra historia reciente, la posibilidad de cambiar los términos del pacto federal y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y surge como un espacio de interlocución en la transformación de la relación federación-estados, una alternativa para la discusión y negociación en la búsqueda de soluciones a través de la articulación efectiva de políticas locales y federales, con la participación plural de las entidades federativas en las reuniones y el consenso para la toma de decisiones.
Es así que la Conferencia Nacional de Gobernadores se ha convertido en una expresión de la transformación política del país, que impulsa la promoción del desarrollo social en los ámbitos nacional, estatal, regional y municipal, actualizando las relaciones interinstitucionales, con respeto y colaboración entre los órdenes de gobierno, y con el firme propósito de reafirmar el superior compromiso de las entidades federativas con el Pacto Federal e impulsar un proceso político de auténtica descentralización y el fortalecimiento del Federalismo en todos los órdenes y en todas las regiones, proponemos consolidar la Conferencia Nacional de Gobernadores, mediante su incorporación en la planeación nacional del desarrollo, con la adición del artículo 26 constitucional, garantizando su permanencia como un espacio plural que contribuya al fortalecimiento del federalismo con el propósito de atender las necesidades colectivas, equilibrar, armonizar y estimular el crecimiento económico de nuestras entidades federativas, de nuestras regiones y municipios, en el marco de un verdadero diálogo y concertación con los poderes federales.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la presente iniciativa de
Decreto por la que se adiciona un penúltimo párrafo al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 26. ...
En la planeación nacional del desarrollo, se reconoce a la Conferencia Nacional de Gobernadores como el espacio institucional permanente de vinculación, consulta, deliberación, diálogo y concertación de los estados y el Distrito Federal con el Poder Ejecutivo federal, con el propósito de atender las necesidades colectivas, así como estimular, equilibrar y armonizar el crecimiento económico.
Los programas y políticas públicas federales que tengan incidencia en las entidades federativas deberán adoptar los acuerdos de la Conferencia. Para tal efecto, el Ejecutivo federal deberá considerar los acuerdos de la Conferencia en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, proveyendo lo necesario al efecto de su cumplimiento.
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 10 días del mes de enero de dos mil siete.
Senadora Minerva Hernández Ramos (rúbrica)
Proposiciones
Honorable Asamblea:
Los legisladores miembros de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconocemos que la relación entre México y las Naciones Unidas siempre ha sido estrecha, intensa y continua, observando siempre los principios de derecho internacional.
Por ello, proponemos con fundamento en en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Nuestro país ha mantenido en los últimos años un papel activo al ser impulsor de iniciativas en relación con la reforma de la ONU y, en particular, con la democratización del Consejo de Seguridad. México ha sostenido que la reforma permitirá al organismo tener fuerza moral, revitalizarse y consolidar una amplia presencia mundial para superar males como el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico. En el año 2004, a iniciativa del Ejecutivo, se formó el Grupo de Amigos para la Reforma de las Naciones Unidas, con el objeto de contribuir al ejercicio de reflexión en curso sobre la reforma de la ONU e impulsar la toma de decisiones en el tema.
México realmente se siente privilegiado por el nombramiento que hizo el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, el pasado 3 de enero, a la Maestra Alicia Bárcena Ibarra para ocupar el puesto más importante en materia administrativa dentro de ese organismo.
La carrera de Alicia Bárcena se ha orientado, fundamentalmente, a políticas públicas dirigidas al desarrollo sostenible, con particular interés en los temas de medio ambiente, economía ambiental y ciudadanía.
En marzo de 2006, fue nombrada Jefa de Gabinete del entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan; además fue jefa adjunta del gabinete de Annan y Secretaria Ejecutiva adjunta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Ahora como Subsecretaria General de Administración, la Maestra Bárcena Ibarra tendrá bajo su responsabilidad el manejo administrativo de los empleados que trabajan para la ONU en distintas partes del mundo. Asimismo, tendrá a su cargo el proceso de renovación y ampliación de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en los próximos años.
La reforma del sistema de gestión constituye una de las asignaturas pendientes en las Naciones Unidas, por lo que el nombramiento de la Maestra Bárcena es una prueba adicional de la confianza que deposita en ella el Secretario General para llevar a buen término esta reforma.
Consideramos que su desempeño será vital en el diseño y aplicación de políticas sobre transparencia, a través de la apertura de información sobre las finanzas del organismo y las finanzas personales de los funcionarios de más alto nivel.
Reconocemos que este nombramiento, así como su destacada carrera en organismos internacionales, es ejemplo de lo que los mexicanos son capaces de lograr con esfuerzo, disciplina y dedicación.
Nos sentimos satisfechos de que dicha designación haya recaído en tan destacada mexicana; estamos seguros de que la Maestra Alicia Bárcena Ibarra, como resultado de su larga experiencia y trayectoria en el ámbito internacional, asumirá cabalmente la tarea que le ha sido encomendada. Esta designación la convierte, no sólo en la mujer de más alto rango en el organigrama de la Organización de Naciones Unidas, sino también, en la mexicana con el más alto rango en el escalafón de Naciones Unidas.
Por lo antes expuesto se propone un Pronunciamiento de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en los términos del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce el trabajo realizado por la maestra Alicia Bárcena Ibarra y la felicita por su nombramiento como Subsecretaria General de Administración de la ONU. Asimismo, hace votos porque su contribución en el proceso de reforma permita a este organismo tener fuerza moral, revitalizarsarse y consolidar una amplia presencia mundial para superar amenazas como el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico.
Salón de Sesiones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente; México, DF, 9 de enero de 2006.
Por la Segunda Comisión de la Comisión Permanente
Mesa Directiva: senador Ricardo Francisco García Cervantes (rúbrica), senador Mario López Valdez, senador Ricardo Monreal Ávila, senadora Claudia Corichi García (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INICIAR, EN CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES, UNA INDAGATORIA EN CONTRA DEL CIUDADANO FRANCISCO GIL DÍAZ, POR EL DELITO DE EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES, EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER GONZÁLEZ GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Javier González Garza, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 2 de enero del año en curso, la empresa HSBC Holdings, con sede en Londres, Inglaterra, mediante un comunicado informó que el que fuera responsable de la política hacendaria de México durante la administración de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, se integró como director en consejo de esta institución crediticia.
En dicho comunicado también se señaló que Gil Díaz es actualmente miembro del consejo asesor de la empresa JE Roberts, Cos. Inc., relacionada con la compra de cartera vencida, lo que hace sospechar que el ex funcionario público ocupaba ese puesto durante su gestión como secretario de Hacienda, lo que explicaría que esta empresa -como según ella misma informó- recibió en 1999 uno de los contratos de gerencia más grandes de activo concedidos por una entidad del gobierno, para recuperar 4 mil 800 millones de dólares en cartera vencida de BanCrecer, SA.
Como consecuencia, en el año 2000 Gil Díaz fue nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público y, como todos sabemos, entre sus responsabilidades se encontraba el ser presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro (IPAB). Así, el señor Gil Díaz se desempeñaba como presidente de la Junta de Gobierno del IPAB y a su vez presumiblemente se desempeñaría como Consejero Miembro de la Junta de Gobierno de la Empresa JE Roberts, Cos. Inc.
Otra coincidencia que se debe señalar es que de 1997 al 2000, Gil Díaz fue director de Avantel, de la cual Banamex posee 51 por ciento de sus acciones, institución a la que protegió durante su gestión como secretario de Hacienda.
Lo anterior no es un conflicto de intereses; es la práctica corrupta de un servidor público que, aprovechándose de su cargo, favorecía a empresas particulares de las cuales él era parte.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Unidos Mexicanos, el suscrito pone a consideración de este Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al titular de la Procuraduría General de la República para que, en cumplimiento de sus atribuciones, inicie una indagatoria en contra del ciudadano Francisco Gil Díaz por el delito de ejercicio abusivo de funciones, en términos del Código Penal Federal.
Segundo. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de la Función Pública para que, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, inicie un procedimiento administrativo en contra del ciudadano Francisco Gil Díaz y, en su caso, aplique la sanción correspondiente por las violaciones cometidas a la misma.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 10 días del mes de enero de 2007.
Diputado Javier González Garza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL GOBIERNO FEDERAL LA APLICACIÓN DE UN SUBSIDIO DE CINCUENTA CENTAVOS AL LITRO DE LECHE QUE DISTRIBUYE LICONSA, A CARGO DEL DIPUTADO RAÚL CERVANTES ANDRADE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como es del conocimiento de los legisladores de esta Comisión Permanente, a finales del año anterior y a escasos días de que culminara el sexenio, el gobierno federal dio un auténtico golpe de mano en contra de uno de los derechos fundamentales del pueblo, que es el de contar con acceso a los mínimos de alimentación y nutrición, como corresponde al espíritu con el que fue creada la empresa pública distribuidora de leche Liconsa, SA de CV.
Enfatizamos que esta empresa es uno de los pilares de la cada vez más reducida estructura de la política social del Estado y que su carácter es el de buscar el beneficio de los sectores de menores ingresos. Como puede observarse, no se trata de una empresa estrictamente mercantil, que pueda medirse por sus estados contables o por las ganancias que genera. Su eficacia deriva del impacto social de sus tareas, de la lucha contra la desnutrición infantil que aqueja a muchos niños de los sectores sociales pobres, de incentivar el mercado nacional de producción de leche y de otorgar bases mínimas a la estabilidad política que amenaza el creciente empobrecimiento de la mayoría de nuestra población.
En contra de estas consideraciones básicas, que deberían constituir la misión, la visión y la estrategia operativa de una empresa pública como Liconsa, se expidió un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para incrementar un peso al litro de la leche, lo que representó el aumento de su valor de 3.50 pesos a 4.50 pesos.
El incremento se dio después de 5 años de mantenerse inalterado su precio, lo que evidencia que se utilizó una institución social para sostener un gobierno populista y electorero, como consta en el dictamen del Tribunal Federal Electoral que calificó la elección del 2 de julio pasado, en donde enlista la orientación indebida de instituciones como Liconsa.
El incremento impuesto a la población representa un serio golpe a la economía familiar. Para una familia que consume cuatro litros diarios equivale a elevar su gasto en cuatro pesos al día, frente al exiguo incremento salarial otorgado el año pasado, y también éste, de menos de dos pesos diarios. Para las familias pobres equivale a dos viajes diarios en el transporte colectivo metro y a prescindir de otros satisfactores básicos.
Esta medida atenta contra 5.8 millones de personas que están empadronadas en las lecherías de Liconsa y que forman parte del universo del 42 por ciento de la población del país que vive con menos de dos salarios mínimos, de acuerdo a la última estimación censal del INEGI.
Por otro lado, la obsesión por incrementar el precio del lácteo es paradójica, frente al hecho de que México es un importante productor mundial de leche, ya que produce el 2.4 por ciento del total. Sin embargo, la leche se encarece y el sector lechero es arrasado por las compras en el extranjero y la falta de políticas de aliento al mercado nacional, en donde Liconsa debería ser parte estructural de un mercado fuerte.
Durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se aprobaron 350 millones de pesos para que Liconsa subsidie con 50 centavos el litro de la leche que distribuye. Lamentablemente, por carecer de facultades, el Congreso de la Unión no pudo modificar el precio de la leche, pero si previó recursos para absorber 50 centavos de cada litro, logrando una medida viable financieramente, solidaria con quienes menos tienen y plenamente comprometida con los intereses sociales que estamos llamados a defender invariable y firmemente.
Sin embargo, hasta ahora no se ha aplicado el subsidio aprobado e inclusive hay denuncias de que en algunas lecherías se vende la leche en 4.50 y en 5 pesos, lo que es condenable.
Los legisladores no aceptamos esta nueva burla a los intereses sociales y debemos exigir contundentemente que el gobierno responda y ejecute los recursos aprobados para subsidiar la leche de consumo popular.
Por lo anterior, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un enérgico llamado al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Liconsa, SA de CV, para que se apliquen, sin demora, los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 disminuyendo 50 centavos el precio del litro de la leche que se distribuye en sus expendios. Asimismo, reitera su convicción de que el sector social debe fortalecerse y orientarse al cumplimiento de su responsabilidad legal y constitucional.
Palacio Legislativo, a 10 de enero de 2007.
Diputado Raúl Cervantes Andrade (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA EXTRACCIÓN DE ARENA EN LA ISLA DE COZUMEL, QUINTANA ROO, A CARGO DEL SENADOR FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
El suscrito, a nombre de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Antecedentes
La isla de Cozumel en el estado de Quintana Roo es una de las más hermosas de nuestro país. Gran parte de esta isla sufrió daños incalculables debido al huracán Wilma en octubre del año pasado. La zona que menos daño sufrió es la constituida por el norte de la isla que conserva su belleza y naturalidad.
Una de las afectaciones que algunos centros turísticos recibieron con el huracán Wilma fue la pérdida de playas, debido a los fuertes vientos.
Con fecha 3 de mayo del presente año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) exentó a un promovente de la obligación de realizar la Manifestación de Impacto Ambiental para realizar tales actividades. De esta forma se autorizó extraer arena, por un total de un millón 100 mil metros cúbicos, para formar playas artificiales.
La extracción se inició el 2 de noviembre, para lo cual se utilizó una draga con el nombre Teresa III, con la cual se extrajo arena del fondo marino. Sin embargo, dicha autorización se hizo bajo supuestos falsos, ya que la solicitud se realizó para llevar a cabo actividades de modificación de bancos pétreos para luego convertirlos en arena y de esta forma proveer la demanda de arena para playas, cuando en realidad lo que se está haciendo es extracción de arena de un banco marino.
La extracción se esta realizando en el llamado Banco Norte, a una distancia de la línea costera de aproximadamente 200 metros y a menos de 600 metros del arrecife Barracuda. Este arrecife consta de tres cordilleras y debido a las fuertes corrientes se mantiene en condiciones casi intactas, ya que muy pocos buceadores llegan hasta éste, por lo que los corales se encuentran en perfecto estado de conservación.
A menos de mil metros de la zona de extracción se encuentra otro arrecife, con más de diez cabezas de coral. Ambos corales representan una masa coralina viva de más del 60 por ciento, de acuerdo a los investigadores. En los arrecifes coralinos, como se sabe, se encuentran organismos típicos de las aguas tropicales, constituyendo fuente de vida y alimento, así como sitios de reproducción, por lo que la alteración de los arrecifes provocará el daño a los ciclos de vida de muchas de estas especies, como peces, cangrejos, camarones de arrecife, anélidos y poliquetos. Muchas de estas especies, lo mismo que los corales, se encuentran protegidos por estar dentro de alguna categoría de riesgo, por la NOM 059, que se refiere a especies en riesgo.
Además de esta importante función biológica, también constituyen una importante barrera, junto con los manglares, para evitar daños mayores provocados por los oleajes durante los huracanes.
Los corales mantienen un delicado equilibrio que requiere de condiciones naturales para mantenerse y son uno de los sistemas biológicos donde puede encontrarse mayor belleza y riqueza de la biodiversidad marina. Este hecho es el que hace que el mayor atractivo de la isla sean precisamente los arrecifes coralinos, lo que constituye la mayor fuente de ingresos económicos de los isleños, ya que es el único motivo por el cual el turismo proveniente de los cruceros deja derrama económica en el lugar. La destrucción del arrecife significará la ruina económica de los isleños.
Más aún, dicha extracción se está haciendo prácticamente sobre los pastos marinos más importantes y representativos de la isla. Esta zona es refugio de cientos de especies de peces de invertebrados así como de larvas de peces que pasan una parte de su ciclo vital en esta zona para después transitar hacia los arrecifes. Es necesario mencionar que también estos pastos marinos se encuentran en categoría de riesgo por la NOM 059. Por otra parte, los pastos marinos constituyen la zona de alimentación más importante de la tortuga blanca que actualmente se encuentra en peligro de extinción. Otra especie que se afectará será la de las rayas manchadas que, de noviembre a febrero, acuden a alimentarse a esta área que hoy está siendo afectada por la extracción de arena.
De acuerdo a los informes proporcionados por los isleños, así como testigos y medios de comunicación, la arena extraída se está depositando en zona de manglares que fueron talados y cortados para dar espacio a recibir dicha arena. Esto por sí mismo podría constituir un delito ambiental, por lo que se necesitará exhibir los permisos pertinentes. Por otra parte, los manglares también se encuentran en categoría de riesgo dentro de la NOM 059.
En conjunto, el ecosistema formado por playas, manglares, arrecifes y pastos marinos, se verá seriamente afectado, así como la producción de algunas especies comerciales como el caracol rosado y la langosta espinosa.
Para realizar dicha obra se debió presentar una manifestación de impacto ambiental a las autoridades correspondientes, como lo dicta el artículo 28, fracción X, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Sin embargo, al parecer los datos anotados por el promovente no son fidedignos, ya que se asienta que los arrecifes se encuentran a una distancia de 17 kilómetros.
Dicha manifestación debió contemplar la distancia real de los ecosistemas y los efectos que provocará la pluma de dispersión de sedimentos de dicha extracción, que inevitablemente modificará los ciclos biológicos y ecológicos de muchas especies, por lo que una modificación de tal magnitud provocará la migración definitiva de muchas especies, entre ellas de tortuga blanca, por lo que desaparecerán para siempre de la isla.
Por otra parte, la dispersión de arena y sedimentos sobre los corales provocará asfixia de los mismos, además de que el aporte de nutrientes hacia las lagunas cercanas y el lecho marino se verá seriamente modificado, cambiando la relación de aporte de nutrientes tan necesarios para los ecosistemas. Otra consecuencia será la modificación de corrientes submarinas, con la consiguiente incertidumbre sobre la protección de la zona costera ante los huracanes y marejadas.
Es conocido el hecho de que la extracción de arena de un lugar para rellenar playas artificiales necesariamente llevará al desequilibrio ecológico, pudiendo llevar a daños locales irreversibles para los ecosistemas costeros. Pero más aún, existen alternativas viables como la utilización de "sascab" fino, que puede ser llevado desde Calica, donde se extrae actualmente.
No nos oponemos de ninguna manera al desarrollo turístico del estado de Quintana Roo, ya que constituye su ingreso principal, pero debemos aprender las lecciones que la historia nos ha dado, sobre todo los hechos más recientes como han sido los últimos huracanes y fundamentalmente el Wilma, que si bien su intensidad y duración de no era evitable, sí lo eran muchos de sus efectos al golpear la costa, ya que la pérdida de manglar y otras modificaciones de las zonas costeras provocaron que los daños fueran más serios.
No obstante todo lo anterior, resultó el hecho de que el barco-draga que estaba haciendo la extracción de arena del Banco Norte, se hundió alrededor del 22 de noviembre, justo sobre los pastos marinos mencionados, con el inminente riesgo de derrame de combustible y lubricante que representaría una amenaza extra para los ecosistemas marinos.
Consideramos que el desarrollo turístico debe ser planificado, sobre todo en lugares tan sensibles y expuestos como son las islas del Caribe mexicano. Dicha planificación debe ser respetuosa del medio ambiente y de forma preventiva evitar la aparición de próximas catástrofes ecológicas y humanas. Quienes vivimos en zonas tan golpeadas por la naturaleza sabemos bien que es necesario respetarla y encontrar alternativas que nos ayuden a vivir en nuestras costas de manera digna, pero sobre todo segura ante las posibles contingencias.
Por todo lo anterior es que se presenta necesario hacer una revisión de las actividades de extracción de arena que ya se están llevando a cabo en la zona y que pudieran estar en contravención con diversas disposiciones de impacto ambiental dictadas por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como por el Programa de Ordenamiento Territorial de la Región denominada Isla de Cozumel y su Área Marina de Influencia. Asimismo, es necesario escuchar a los pobladores de la isla, ya que son ellos quienes sufrirán las consecuencias más importantes de dichas acciones.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la República y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, lo siguiente:
II. Que ordenen el rescate inmediato de la embarcación draga de nombre Teresa III, para evitar un mayor impacto en el ecosistema marino.
III. Que de acuerdo a la verificación realizada en el área de la costa noroeste de Cozumel, en caso de encontrar irregularidades, ya sea en contravención de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente o del Programa de Ordenamiento Ecológico de Cozumel y su Área Marina de Influencia, procedan conforme a derecho en contra de quien o quienes resulten responsables y, en su caso, se dicte la suspensión definitiva de dicha obra.
II. Que a la brevedad envíe un informe pormenorizado a esta soberanía sobre la inspección realizada al área respectiva, así como de las resoluciones tomadas conforme a derecho en el mismo asunto.
Senador Francisco Agundis Arias
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE OAXACA, A CARGO DEL SENADOR GABINO CUÉ MONTEAGUDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Quien suscribe, senador Gabino Cué Monteagudo, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de derechos humanos en el estado de Oaxaca, salvaguardando lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos y convenciones internacionales sobre derechos humanos ratificados por México.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor José Luis Soberanes Fernández, a vigilar el respeto de los derechos fundamentales en un estado democrático, a fin de que los defensores de derechos humanos del estado de Oaxaca y la representación de la Comisión Civil Internacional de Observadores de los Derechos Humanos puedan realizar libremente sus actividades, ya que dentro del informe preliminar de la propia comisión respecto al caso Oaxaca, se constata la violación a derechos fundamentales de mexicanos y extranjeros en esa entidad.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 10 días del mes de enero de 2007.
Senador Gabino Cué Monteagudo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y AUTORIDADES DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL, A CELEBRAR CONVENIOS CON LOS CLUBES PRIVADOS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS, A CARGO DE LA DIPUTADA VIOLETA DEL PILAR LAGUNES VIVEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la suscrita, diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, perteneciente a la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con objeto de exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que en coordinación con la SEP, las autoridades de las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, celebren convenios con los clubes deportivos privados de diferentes disciplinas y con las instituciones de educación pública y privada de todos los niveles escolares que cuenten con instalaciones deportivas, a efecto de que los integrantes de los clubes mencionados y el público en general interesado en la práctica de algún deporte, puedan utilizar las instalaciones de dichas escuelas en horarios no escolares, y los alumnos de las escuelas de educación básica públicas y privadas reciban instrucción de los miembros de los clubes en lo relativo a las reglas y técnicas del deporte de que se trate y, en su caso, tengan acceso a sus instalaciones deportivas, conforme a las siguientes
Consideraciones
"El deporte, lo sabemos y reconocemos, es una basta fuente de beneficios para la ciudadanía. Lo mismo ayuda a la prevención del delito que a la convivencia social; integra a las familias y estimula en lo colectivo y en lo individual el desarrollo de los mexicanos... Es preciso entender que el deporte no solamente es el que aparece a través de la pantalla de televisión o el que gana medallas, sino se trata de un universo que incluye el movimiento corporal regular y planificado."1
En México, de acuerdo al diagnóstico elaborado en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2001-2006, los hábitos de la población para realizar actividades físicas o deportivas, se reducen a menos de una hora, un día a la semana, considerando a la ejercitación física o a la práctica del deporte como eventos de fin de semana y no como una práctica sistemática que contribuye a mejorar la aptitud física y en consecuencia, a conservar la salud. Aún más preocupante, un análisis realizado por especialistas demostró que el 90 por ciento de los niños y jóvenes estudiantes no realizan actividades físicas suficientes que les permitan desarrollar su óptima capacidad física y como consecuencia, no tienen un adecuado crecimiento y desarrollo físico e intelectual.
Por otro lado, la mayoría de las escuelas del país, especialmente las públicas carece de instalaciones adecuadas para practicar el deporte y sólo el 30 por ciento tiene profesores especializados en disciplinas deportivas, de ahí, un número menor de instituciones públicas y privadas cuentan con instalaciones adecuadas para la práctica de algún deporte, las cuales se mantienen lejos del alcance de la población en general debido a que las mismas permanecen cerradas y con restricciones para su uso, como lo son los horarios y días de uso, peor aún existe una gran cantidad de personas que no cuentan con los recursos para pertenecer a alguna institución educativa o club deportivo. Debido a la importancia del deporte, es necesario fomentar este tipo de actividades entre toda la población, pero además se debe contar con los espacios físicos adecuados para desarrollarlas, y los recursos humanos idóneos para que los educandos reciban una capacitación sobresaliente y potencien sus capacidades en las diferentes disciplinas deportivas.
En este sentido, los niños, jóvenes, adultos mayores y persona con capacidades diferenciadas resultan los más afectados con la carencia de instalaciones deportivas adecuadas, por lo que debemos de tomar acciones encaminadas a disminuir el tiempo que le dedican a otras actividades que no representan beneficios para su desarrollo.
Ante este panorama, es justo reconocer que los avances en la materia durante el sexenio 2000-2006 permiten observar que la cultura por la práctica deportiva ha ido en ascenso, motivada en la tradición ancestral de que el deporte es factor fundamental para el crecimiento y mejor desarrollo de las sociedades. Una de las estrategias que han permitido dichos avances es el Programa Nacional de Activación Física, a través del cual la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte pretenden cambiar la actitud de los mexicanos y mexicanas, hacia el cuidado de la salud, motivándolos para que cada individuo diseñe su propio programa de activación física para realizarlo durante toda su vida. Como parte de dicho programa, el Programa del Sector Escolar busca que todos los alumnos de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, consoliden el hábito de la activación física como una práctica continua y sistematizada.
Asimismo, otra de las acciones positivas que se han llevado a cabo para impulsar el deporte y fortalecer la salud de los alumnos de educación básica en el Distrito Federal, son los convenios que la Secretaría de Educación Pública y algunas delegaciones de la demarcación han signado para que las escuelas de ese nivel aprovechen los centros deportivos y otras instalaciones deportivas y recreativas que son rehabilitadas por la autoridad local.
No obstante los avances presentados, es necesario seguir emprendiendo acciones desde nuestros ámbitos de responsabilidad y competencia para motivar y apoyar la cultura física y la práctica del deporte, difundiendo entre ella sus bondades e impulsando su desarrollo.
En Acción Nacional estamos convencidos que es necesario crear cauces en el ámbito deportivo en los cuales se manifiesten y propongan objetivos de interés público, vinculados a los reconocidos valores asociados al deporte, la cultura física y la recreación, que van más allá de la convivencia sana y el esparcimiento, de por sí valiosos en la preservación de la salud, para convertirse en la actualidad en elementos integradores de la familia, instrumentos de educación, promotores de la salud individual y de la comunidad y como instrumentos para la prevención de conductas delictivas.
Por ello, además de emprender acciones para evitar el deterioro o desaparición de unidades deportivas, debemos fomentar el compromiso y colaboración de los diferentes niveles de gobierno y la iniciativa privada para impulsar la práctica deportiva, fomentando y permitiendo, a través de convenios, el uso de las instalaciones deportivas que se encuentren tanto en clubes privados como en instituciones de educación de todos los niveles, abriendo las puertas a asociaciones, ligas organizadas de algún deporte, deportistas en lo individual y en lo colectivo, a efecto de ampliar el número de mexicanas y mexicanos que practiquen un deporte que tenga como consecuencia, mejorar la calidad de vida y sobretodo enarbolando la dignidad de la propia persona con el cuidado propio.
Compañeras y compañeros legisladores, es un hecho que los clubes privados se han convertido en la única alternativa para aquellos jóvenes que ven en el deporte algo más que una simple diversión, y que no tienen a su alcance instalaciones deportivas adecuadas.
Sin embargo, sólo pagando cuotas en los clubes privados los jóvenes encuentran el apoyo necesario para aprender no sólo las reglas, sino las técnicas y el apoyo para quienes buscan trascender, y desafortunadamente no todos pueden pagar dichas cuotas. Cuantas veces no hemos estado enterados, que las instalaciones de las escuelas públicas solo pueden ser usadas por los propios alumnos en horarios solamente de clases y en situaciones más extremas, y no es el menor de los casos, ni por ellos mismos, por que dichas instalaciones permanecen cerradas para su uso abierto. Cuantas veces no hemos estado enterados, que las ligas organizadas de fútbol, béisbol o cualquier otro deporte individual o colectivo tienen que buscar espacios para la práctica del deporte, cuando bien podrían estar usando las que se encuentran en los clubes privados y las escuelas públicas y privadas de su propia comunidad, con la comodidad de trasladarse con mayor facilidad al recinto deportivo, ya que muchas veces el traslado margina el interés por el mismo. Es en este sentido que presentamos este exhorto, porque necesitamos que respaldados por las instituciones educativas y el convenio que se celebre, el mayor número posible de personas puedan hacer uso de la infraestructura deportiva de los clubes e instituciones y recibir el asesoramiento requerido para un mejor aprendizaje y desempeño deportivo.
Apoyemos a todos aquellos que se aferran al sueño de convertirse en deportistas, permitamos que hagan compatible su preparación escolar con su acondicionamiento físico para competir en diversas disciplinas deportivas. Abramos las puertas de las instalaciones y abriremos las puertas a mejores ciudadanos. Estamos seguros que con la colaboración de las autoridades responsables, los diferentes niveles de gobierno y los clubes deportivos, se contribuirá a formar talentos deportivos y se elevará la calidad del deporte y de los deportistas del país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados exhorte a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que en coordinación con la SEP, las autoridades de las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios celebren convenios con los clubes deportivos privados de las diferentes disciplinas y con instituciones de educación pública y privada que cuenten con instalaciones para la práctica de algún deporte, con el objeto de que los integrantes de los clubes deportivos y el público en general interesado en la práctica de algún deporte, puedan utilizar las instalaciones de las escuelas públicas y privadas en horarios no escolares, y los alumnos de las escuelas de educación básica públicas y privadas reciban instrucción de los miembros de los clubes en lo relativo a las reglas y técnicas del deporte de que se trate, y en su caso, tengan acceso a sus instalaciones deportivas.
Nota:
1 Profesor Nelson Vargas Basáñez.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 10 de enero de 2007.
Diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE INVESTIGUE EL PROBABLE CONFLICTO DE INTERESES POR EL NUEVO EMPLEO DEL EX SECRETARIO DE HACIENDA, A CARGO DEL SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quien suscribe, senador Ricardo Monreal Ávila, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante la semana pasada, diversos medios de prensa nacional publicitaron la incorporación como nuevo miembro del Consejo de Administración del grupo financiero HSBC Holdings Plc. de Francisco Gil Díaz, quien en el sexenio de Vicente Fox fungiera como secretario de Hacienda y Crédito Público y a escasos días del término de su encargo.
Una noticia semejante no tendría mayor relevancia para la Secretaría de la Función Pública, como institución de contraloría gubernamental, si no fuera porque todos los bancos y demás entes financieros del país se encuentran bajo regulación precisamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la supervisión directa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y la financiera inglesa HSBC Holdings Plc. tiene filiales bancarias en nuestro país.
En el primero caso, para un panorama general, podemos acudir a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en cuyo artículo 31, fracción VII, se establece la facultad de la Secretaría para "planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al Banco Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito".
Pero, entrando en mayor detalle, la Ley de Instituciones de Crédito confiere potestades a la Secretaría que van, desde la autorización para la operación de un banco, incluidas las sucursales y las filiales de bancos extranjeros en México, previo conocimiento de sus estatutos, programas financieros y de servicios, bases para su organización y control interno y otra información; pasando por el conocimiento de las intenciones de un grupo financiero para controlar un banco, hasta el detalle de las inversiones en capital de otras empresas, instituciones auxiliares o de entidades financieras en el extranjero.
En suma, dispone expresamente la citada ley, las instituciones de crédito proporcionarán a la Secretaría la información institucional respecto de sus programas operativos y financieros, los presupuestos de ingresos y gastos, e integración de indicadores y demás información financiera, que permita evaluar el comportamiento y desarrollo del Sistema Bancario Mexicano. Toda esa información es estratégica para que el Estado mexicano pueda controlar con mayor eficiencia las actividades crediticias en nuestro país. Pero representa, a la vez, información muy útil para cualquiera de esas empresas, sobre todo si es información relativa a una competidora.
La Secretaría de Hacienda participa también de la integración de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al nombrar a 5 de sus 10 vocales, lo que sin ninguna duda provee al secretario de Hacienda de una posición privilegiada para obtener información relacionada con el control que ejerce la Comisión, por ejemplo: sobre las actividades de reestructuración de créditos que cada banco realiza; sus carteras u otros activos; cuándo se negocia su capital social; o bien el resultado de las auditorías o procedimientos de inspección que realiza la Comisión, así como la información relativa a los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones de que se haga por providencia judicial.
Con toda esa información a su disposición hasta hace pocas semanas, la posición que ahora desempeña el ex secretario de Hacienda en el consejo de administración de unas de las instituciones financieras que antes reguló toma la mayor relevancia para la Secretaría de la Función Pública, sobre todo si atendemos a las disposiciones del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que obligan a todo servidor público a abstenerse, dentro del término de un año después de haberse retirado del cargo, de aceptar empleos o comisiones de cualquier persona física o moral cuyas actividades estuvieran vinculadas, reguladas o supervisadas por él al desempeñar su función pública y que impliquen intereses en conflicto.
El conflicto de intereses puede venir, según el artículo 9 del mismo ordenamiento, de ventajas obtenidas por la función pública que desempeñaba, o bien, de usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio público.
Son tales supuestos los que nos preocupan. La información a la que tuvo acceso hasta hace muy poco tiempo el ex funcionario en cuestión le obliga, creemos, a observar la normatividad que hemos citado para evitar el conflicto de intereses. Pero, si no acata dichas disposiciones, como lo hemos visto, entonces se actualiza una causa de responsabilidad que debe conocer y procesar la Función Pública.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Función Pública realice una investigación respecto de la violación a las disposiciones que en materia de incompatibilidades y conflicto de interés establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2007.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE CONDENA EL ALZA EN EL PRECIO DE LA TORTILLA, A CARGO DE LOS SENADORES CARLOS ACEVES DEL OLMO Y RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, Carlos Aceves del Olmo y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a su consideración para su discusión y, en su caso, aprobación, con carácter de urgente resolución, la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el alza en el precio de la tortilla, al tenor de los siguientes
Considerandos
Hace 6 mil años, nuestros antepasados ya elaboraban y consumían las primeras tortillas, que hasta la fecha son el principal alimento en la dieta de los mexicanos. Según el instituto Nacional de Nutrición, la tortilla suministra el 47 por ciento de las calorías a la población.
La importancia del maíz en la alimentación del pueblo mexicano va más allá de su contribución a la dieta y a la economía familiar, es origen de nuestras tradiciones y costumbres, conforma la cultura ancestral y nos identifica como nación, por lo que la cadena maíz-tortilla debe considerarse como un asunto de Estado. Además, representa una derrama económica de 89 mil 634 millones de pesos al año, siendo la industria del maíz la más grande para el sector agropecuario, ya que el 50 por ciento de la superficie sembrada en México se destina a dicho grano.
En 1999 cuando desaparece CONASUPO, se puso fin a los precios de garantía para los productores de maíz y terminó con las compras gubernamentales, tanto en el país como en el mercado externo, dando como resultado un incremento sostenido en el precio del kilogramo de tortilla, hasta por 62 por ciento durante la pasada administración y en consecuencia de la capacidad de consumo de la población, ya que en 2000 con un salario mínimo se compraban 9.5 kilos de tortilla frente a 7.8 kilos a finales de 2006.
Han sido los últimos años, de un liberalismo a ultranza, en donde una vez mas ha quedado demostrado que el dejar hacer y el dejar pasar en el mercado no es suficiente para asegurar el bienestar de los trabajadores, por el contrario esta visto que solo se ha constituido en la pérdida en la calidad de vida, porque el salario mínimo actual apenas alcanza para comprar el 20 por ciento de la canasta básica.
La obsesión por el control inflacionario y la estabilidad macroeconómica del país se ha basado en gran medida en una política de contención salarial, siendo la clase trabajadora quién absorbe el costo económico, dado que la liberalización generó un crecimiento desordenado de los precios por la ausencia de políticas específicas de apoyos a la comercialización, que junto con el manejo restringido de los cupos de importación han creado un mercado altamente especulativo.
El incremento en el precio de la tortilla se debe principalmente al aumento generalizado de los precios del maíz, del gas y de la energía eléctrica, siendo el primero el que más ha subido, debido a que desde hace tiempo se utiliza no solo como alimento sino también como insumo para la producción de etanol y de sustitutos de azúcar., sobre todo el que consume la industria refresquera.
Esta situación ha permitido que el maíz sea cada vez más apreciado y demandado en el mundo entero, lo que es una buena noticia para los productores de maíz, pero no así para los millones de mexicanos consumidores de tortilla de maíz.
Noviembre, diciembre y enero han sido meses fatales para los trabajadores del país que han visto mermadas sus posibilidades de adquirir productos indispensables. Los incrementos definitivos e irreductibles en leche, huevo, diesel, gas y el consecuente incremento en el transporte privado aunados a los aumentos temporales que se registran en algunos productos agropecuarios como el tomate y la cebolla, tienen como resultado una disminución en el consumo de la población con menos recursos.
Es previsible que en el mediano y largo plazo se mantenga la tendencia alcista de los precios de los insumos de la tortilla, porque el gas y el maíz que son importados en una gran proporción no bajaran de precio, por lo tanto es indispensable que el gobierno asuma su responsabilidad con la gran mayoría de los mexicanos que consumimos tortillas y dejar atrás el gobierno indiferente, insensible y pasivo de estos últimos años, que ha dejado en la pobreza y el olvido a la clase trabajadora, que además participa en el sector formal de la economía, generando la riqueza de este país.
Es decir, si el maíz se va a destinar prioritariamente como insumo industrial o energético, entonces no va a ser atractivo producir maíz para las tortillas y si esto ocurre qué vamos a comer, lo que caiga, no comemos, esperamos a que el mercado se ajuste en automático o hacemos que el gobierno cumpla con su función y actúe de inmediato.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncie en contra del alza al precio de la tortilla.
Segundo. Se solicita al Secretario de Economía establecer un programa emergente de apoyo a productores de tortilla que amortigüe el incremento del gas y del maíz y explicar las acciones que durante la presente administración se llevaran a cabo para resolver los problemas coyunturales, como transporte y cosecha, y estructurales, como que al maíz se le están dando nuevos usos en materia energética.
Tercero. Se solicita al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación instrumentar esquemas de apoyo a los productores de maíz para que incrementen la producción de maíz.
Cuarto. Se solicita al Secretario del Trabajo y Previsión Social establecer un Programa Emergente de Fortalecimiento del Salario, que ayude a compensar el incremento de los precios en leche, tortilla y otros productos de la canasta básica. Así como a presentar un estudio sobre la viabilidad de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues consideramos que no cumple con la finalidad con la que fue creada, pues no observa lo previsto en el artículo 123 de nuestra carta magna en su fracción b).
Senadores: Carlos Aceves del Olmo, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR UN DECRETO DE CONGELAMIENTO DEL PRECIO DEL KILO DE TORTILLA DE MAÍZ, A CARGO DEL SENADOR GABINO CUÉ MONTEAGUDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, Gabino Cué Monteagudo, senador del grupo parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo para exhortar a titular del Poder Ejecutivo federal a emitir un decreto de congelamiento del precio del kilo de tortilla de maíz, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La política económica de los cuatro últimos sexenios, basada en los dictados de los organismos financieros internacionales sólo ha profundizado las desigualdades y generado una pobreza que resulta insultante para todos los mexicanos.
El actual sistema económico de libre comercio, se basa en la supremacía del mercado e impone en el funcionamiento de la economía principios tales como la liberalización, la privatización, la competitividad y la desregularización.
El manejo de la política económica no puede verse desde una posición maniquea, de a favor o en contra; el debate debe estar sustentado en el análisis y en un sólido conocimiento de la ciencia económica. Pero no todos somos especialistas en esta materia, aunque sí todos padecemos sus efectos.
No es posible que en aras de mantener un modelo económico, el Estado se desentienda de aspectos fundamentales del desarrollo social, como es el de tener mecanismos de control sobre los sectores productivos e industriales que inciden de manera directa en la mayoría de la población, sobre todo, en la de menor ingresos.
Es el caso de la liberalización del precio de la tortilla de maíz, que ha propiciado solamente el beneficio de intermediarios Y perjudicado a las clases populares de todo el país. Esto queda demostrado con el abusivo incremento al precio del kilo de tortilla que se ha registrado al inicio de este año.
El precio de la tortilla en México tuvo un incremento de 80 por ciento en el periodo 2000-2006, mientras que la inflación general observó en el mismo lapso un crecimiento promedio de 5.38 por ciento, según datos del Banco de México.
"La tendencia de los precios relativos es muy heterogénea. Algunos convergen con el índice general (de precios al consumidor), pero también se aprecian casos extremos: la tortilla ha subido casi 90 por ciento más que la inflación general, mientras que el pollo ha perdido la mitad de su valor relativo en los últimos 20 años", dice Eduardo Estrada López, de la Dirección de Análisis de Banamex Accival Casa de Bolsa.
Esto representa un duro golpe a la ya de por sí deteriorada situación de millones de mexicanos que basan su dieta diaria en el consumo de este producto; el consumo de tortillas representa entre el 15 y el 17 por ciento del gasto total de la población en el primer decil de ingresos, que es la población de más bajos ingresos. Este incremento es una afrenta a millones de trabajadores que recibieron un magro incremento del 3 por ciento en el salario mínimo, frente a un aumento de más del 50 por ciento en el precio del kilo de la tortilla.
En miles de expendios del país se vende ya a diez pesos el kilo, y pudiera incrementarse hasta quince en los próximos días, sin que las autoridades federales intervengan ante la voracidad de intermediarios que especulan con el precio del maíz; sin que haya acciones de gobierno para controlar los precios de los insumos para los productores.
Ante esto, el secretario de Economía, Eduardo Sojo, únicamente atina a decir que "el alza en el precio del producto obedece a factores coyunturales, como problemas en el transporte y las fechas en que sale la cosecha del maíz." y sentencia que "esta coyuntura terminará los próximos meses, con lo que concluirá el alto precio del maíz."
La Secretaría de Economía es la autoridad responsable de promover y proteger la actividad industrial y comercial del país. No es un agente económico que compita en ningún mercado, ni tampoco es una cámara empresarial o una asociación que haga recomendaciones a sus agremiados. Como autoridad, una de sus responsabilidades es garantizar y regular el abasto.
La Ley Federal de Competencia Económica prohíbe las prácticas monopólicas absolutas y las sanciona con severidad. El artículo 9o. del ordenamiento establece que son prácticas monopólicas absolutas los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea: I. "Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar información con el mismo objeto o efecto".
Las políticas de competencia y de libre mercado deben promover el funcionamiento eficiente de los mercados, al permitir que los agentes económicos competidores puedan determinar, libre e individualmente, los precios de los productos o servicios que ofrecen y asegurar una oferta suficiente y eficiente de éstos. Por el contrario, la colusión entre competidores para aumentar precios ejerce una presión negativa en el mercado. La liberación de los precios de los productos no significa que los oferentes puedan ponerse de acuerdo para fijar precios, hecho que por atentar contra el bienestar de la sociedad está prohibido por ley.
En este sentido, es apremiante que las autoridades enfrenten el problema de manera inmediata, con la participación de los sectores productivo, industrial y comercial; sin embargo, es indispensable que en tanto se logran los acuerdos necesarios, no se siga afectando la precaria economía de millones de mexicanos que basan su dieta diaria en el consumo de tortilla de maíz.
Por todo lo expuesto, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en al ámbito de su competencia, emita un decreto de congelación del precio del kilo de tortilla de maíz, por un periodo de 120 días naturales, con la finalidad de que en ese lapso de tiempo las autoridades correspondientes y los sectores productivo, industrial y comercial definan los mecanismos que permitan establecer un precio que sea justo y accesible para el consumidor en todo el país.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los10 días del mes de enero de 2007.
Senador Gabino Cué Monteagudo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A GARANTIZAR, EN EL AJUSTE A SU PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2007, EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL, A CARGO DEL SENADOR GUILLERMO ANAYA LLAMAS Y SUSCRITA POR EL SENADOR RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Guillermo Anaya Llamas y Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, senadores de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a los siguientes
Considerandos
1. Que durante la revisión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, representantes del Instituto Federal Electoral expusieron a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que en los proyectos institucionales incluidos en su propuesta original de presupuesto se privilegiaba la actualización y depuración del padrón electoral, y que entre los objetivos de éste se encuentran los siguientes:
Revertir las tendencias negativas y los riesgos de la desactualización del padrón electoral mediante medidas adicionales y extraordinarias en los próximos tres años.
El padrón electoral tiene 95.4 por ciento de cobertura, la más alta en su historia.
La dinámica demográfica de los últimos años, así como el envejecimiento físico de una porción considerable de credenciales electorales que se registraron hace tres lustros, hacen necesario afrontar el fenómeno de la desactualización del padrón.
En los últimos tres años el cambio de domicilio dentro del país no reportado creció de 14.7 por ciento a 16.7 por ciento; el cambio de domicilio a otro país se ha incrementado de 3.0 por ciento a 4.5 por ciento; y el número de fallecidos no reportados se ha mantenido en 2.6 por ciento.
Esto representa una oportunidad histórica y un reto a superar mediante la construcción de compromisos conjuntos y escenarios de mediano plazo.
3. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó recursos para el Instituto Federal Electoral para el ejercicio de 2007 por un monto total de 7 mil 434 millones 388 mil 607 pesos.
4. Que en el artículo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se establece que los entes autónomos deberán implantar medidas, en lo conducente, equivalentes a las aplicables en las dependencias y entidades, respecto a la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo y del presupuesto regularizable de servicios personales, para lo cual publicarán en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el último día hábil de febrero, sus respectivos lineamientos y el monto correspondiente a la meta de ahorro; asimismo, reportarán las medidas que hayan adoptado y los montos de ahorros obtenidos en los informes trimestrales.
5. Que el Instituto Federal Electoral realiza ajustes a su presupuesto con base en la cantidades aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que a la brevedad presentará al Consejo General de dicho instituto, para su aprobación, por lo que resulta urgente exhortar al mismo para que garantice los recursos señalados para la primera etapa del proyecto de actualización y depuración del padrón electoral, implantando economías en áreas y proyectos no prioritarios.
Por lo anterior, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta honorable Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. Para exhortar al Consejo General del Instituto Federal Electoral para que en el ajuste de su presupuesto para el ejercicio fiscal de 2007, garantice el cumplimiento de las metas previstas en el proyecto de actualización y depuración del padrón electoral del Registro Federal de Electores de dicho instituto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 10 días del mes de enero de 2007.
Senador Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO Y AL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO A DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA LIMÍTROFE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE TECAMAC-ECATEPEC Y ACOLMAN-ECATEPEC, A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Octavio Martínez Vargas, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El establecimiento del ayuntamiento de Ecatepec data del 9 de febrero 1825, que es cuando se inicia propiamente la delimitación político-territorial moderna de los pueblos, atendiendo a la conformación original al reconocer como delimitaciones "los límites naturales de los pueblos".
Desde 1928 y hasta 1984 no existieron conflictos por los límites del municipio. Sin embargo, durante el gobierno del licenciado Alfredo del Mazo González se emite el Plan de Centro de Población Estratégico de Ecatepec 1982-1984; donde surge el problema al segregar del plano el territorio de la dotación ejidal de Santo Tomás Chiconautla que lo trasladan al municipio de Tecámac. De igual manera, existe el conflicto por límites con el municipio de Acolman, el cual tiene su origen en 1991.
En ambos casos, el municipio de Ecatepec ejerció actos de autoridad, de hecho y de derecho sin ninguna contradicción en el área de conflicto durante más de medio siglo. Según registros, desde 1970, el honorable Ayuntamiento de Ecatepec es el único que realiza actos de autoridad en las comunidades que se encuentran dentro de la Extensión Territorial de 180.90 kilómetros cuadrados, sin que existiera oposición alguna por parte de cualquier otro municipio, reconociéndose la dotación ejidal en ambos casos como "límites naturales de los pueblos", hecho que se confirma en los Bandos de Policía y Buen Gobierno en donde aparece el pueblo de Santo Tomás Chiconautla y su Ejido, conformando el municipio de Ecatepec.
En las últimas dos décadas tanto la Comunidad de Santo Tomás Chiconautla, como las autoridades del municipio de Ecatepec han realizado gestiones ante el gobierno del estado de México, para que se rectifiquen los límites territoriales que se modificaron en el decreto del plan ya mencionado y de esta forma resolver los conflictos tanto con el municipio de Tecámac como de Acolman.
La documentación que prueba que dicho territorio pertenece al municipio de Ecatepec, son de conocimiento y uso del gobierno de la entidad, tal es el caso del decreto de fecha 13 de junio de 1985, en el que el Pueblo de Santo Tomás Chiconautla, celebró un convenio con el gobierno del estado de México, en el cual se acepta la expropiación de terrenos correspondientes al municipio de Ecatepec, para el programa de desarrollo social progresivo.
De igual manera en el conflicto con Acolman, existen pruebas documentales que el terreno que comprende la Colonia de Lázaro Cárdenas pertenece al municipio de Ecatepec, tales son los derechos agrarios emitidos por la Secretaría de la Reforma Agraria y las credenciales del Instituto Federal Electoral, IFE.
De igual forma, es importante mencionar, que el Plan Estratégico de Desarrollo de los Municipios no es el instrumento legal indicado para determinar los límites territoriales de los diferentes municipios que conforman el estado de México.
Conforme al artículo 12 del Reglamento Interior de la Comisión de Límites del Estado de México, sus Dictámenes y recomendaciones no constituyen resoluciones en materia de límites y dejan a salvo los derechos de los municipios para hacerlos valer ante la Legislatura del Estado, en razón, que dicha facultad compete a la Legislatura del Estado la resolución de problemas sobre límites territoriales entre uno o más municipios de la entidad.
El artículo 13 de la Ley para la Creación de Municipios en el Estado de México, establece que compete a la Legislatura de la Entidad, la resolución de las controversias que con motivo de límites territoriales se susciten en los diversos municipios de la Entidad. Dicha facultad se establece en la fracción XXV del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Por su parte, el gobierno del estado de México emitió un dictamen el 9 de junio de 1995, el cual fue impugnado por no ser definitorio de la delimitación.
Por su parte el municipio de Ecatepec, interpuso una Controversia Constitucional por el conflicto de límites entre Ecatepec y Tecámac-Acolman, ante la Suprema Corte de justicia de la Nación en mayo del 2002. El cual, fue desechado por improcedencia, el 12 de junio de 2002, ya que, la instancia facultada, en este caso, la Cámara de Diputados Estatal, no había emitido resolución alguna.
De igual manera, el municipio de Ecatepec promovió un juicio de amparo el 7 de agosto de 2003, que lo favoreció el 29 de julio de 2005, donde se señala que "en consecuencia procede conceder el amparo y protección de la justicia federal al Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos... para que la Legislatura del Estado de México, en un término improrrogable de 30 días hábiles, contados a partir de que cause ejecutoria la sentencia que se dicta, emita la resolución que en derecho corresponda, respecto al conflicto de límites planteados por la parte quejosa".
Ante ello, el 15 de agosto de 2005, la honorable LV Legislatura del estado de México interpuso un recurso de revisión, que aún no se resuelve.
Todo este conflicto se ha traducido en una serie de problemas para los municipios relacionados, pero sobretodo para la población que habita dichas zonas.
Por todo lo anterior, someto a la consideración de este honorable Congreso el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno del estado de México y al Congreso del estado de México, para que se dé pronta y justa solución a los conflictos de límites que existen entre los municipios de Ecatepec-Tecámac y Ecatepec-Acolman.
Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE LLAME A COMPARECER AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE INFORME SOBRE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE PIENSA IMPLANTAR A PARTIR DE LA EXPLICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS OPERACIONES QUE ACTUALMENTE REALIZA EN MICHOACÁN Y TIJUANA, A CARGO DEL SENADOR ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llame a comparecer al procurador general de la República para que informe sobre la estrategia de seguridad pública que piensa implementar a partir de la explicación pormenorizada de las operaciones que actualmente realiza en Michoacán y Tijuana.
Segundo. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicite al titular del Poder Ejecutivo federal que, a través de la Procuraduría General de la República, envíe un informe detallado a esta soberanía sobre la violencia, la inseguridad y la delincuencia en México.
Tercero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión extienda un exhorto al Ejecutivo federal para que se abstenga de utilizar los recursos del Estado y la información privilegiada con que cuenta, con fines político-electorales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 10 de enero de 2007.
Senador Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA Y AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA A PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS UNIDADES MIXTAS DE ATENCIÓN AL NARCOMENUDEO, SEÑALADAS EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CELEBRADO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2004, A CARGO DE LA DIPUTADA VIOLETA DEL PILAR LAGUNES VIVEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la suscrita, diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, perteneciente a la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con objeto de exhortar al gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Procurador General de la República, para que pongan en funcionamiento las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), señaladas en el Convenio de Colaboración y Coordinación celebrado el veintitrés de septiembre de dos mil cuatro, a través de los funcionarios públicos señalados en el propio acuerdo de voluntades, conforme a las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 21, que la investigación y persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público, labor que tiene como propósito primordial el mantener el estado de derecho, garantizando así el respeto de las garantías individuales de los gobernados.
La Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública precisa, en sus artículos 3o., 4o., 10o., 11 y 13 que las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstas en la citada ley, tienden al cumplimiento de objetivos tales como los de una adecuada administración y procuración de justicia y que, las políticas, lineamientos y acciones de coordinación se llevarán a cabo mediante la suscripción de convenios, con base en los acuerdos y resoluciones que se asuman en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Debido a que la delincuencia, en sus diversas manifestaciones, destacadamente la denominada organizada, opera en los ámbitos estatal, nacional e internacional, es imprescindible generar acciones de coordinación y colaboración interinstitucional para el combate eficiente y eficaz contra el tráfico ilícito de drogas, especialmente el narcomenudeo, fenómeno que en lo últimos años se ha incrementado y que afecta a todos los grupos poblacionales, particularmente a la niñez y juventud.
A través de la coordinación entre la Federación y las entidades federativas, con absoluto respeto a su competencia, soberanía y autonomía, deben establecerse las bases que consoliden una eficaz colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, que satisfagan estándares de calidad en el servicio de la seguridad pública, particularmente el que se refiere a la procuración de justicia.
En tal virtud, el Estado Libre y Soberano de Puebla y la Procuraduría General de la República celebraron un convenio general de coordinación y colaboración para hacer más eficientes las acciones de procuración de justicia, que tuvo como uno de sus objetivos establecer los lineamientos y mecanismos idóneos para la optimización de la función de procurar justicia a través de la coordinación y colaboración entre los tres órdenes de gobierno, creando un frente común para el combate a la delincuencia en la entidad.
En la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se desarrollan acciones conjuntas en la materia, con apego a los acuerdos asumidos en las sesiones que periódicamente celebra y en la Reunión del Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se tomó el acuerdo CNPJ/XIV/01/2003, mediante el cual sus integrantes convinieron en la creación de Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN).
Por esa razón, el veintitrés de septiembre de dos mil cuatro la Procuraduría General de la República y el gobernador constitucional del estado de Puebla celebraron un convenio que tiene por objeto establecer las bases y lineamientos de coordinación para la colaboración técnica y operativa que deberán brindarse, en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de coordinar la realización de acciones conjuntas e integrales tendientes a combatir el narcomenudeo en el estado de Puebla, así como para fortalecer la cultura de legalidad, dignidad y salud de las personas, y de respeto a sus derechos humanos, en el propio convenio se estableció que surtiría efectos jurídicos al día siguiente de la fecha de su suscripción, estableciendo un plazo de 90 días para la entrada en funcionamiento de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), es decir, las citadas unidades debieron iniciar operaciones el veintitrés de diciembre del propio año dos mil cuatro, lo que no ocurrió en la especie.
En el citado convenio ambas autoridades determinaron que para el debido cumplimiento de su objeto establecerían los mecanismos de coordinación y las acciones necesarias para la instalación de Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN) en las poblaciones requeridas del estado de Puebla, con la participación de servidores públicos tanto del ámbito federal como del ámbito estatal, concretamente, agentes del ministerio público, peritos y policías correspondientes, generando relaciones de colaboración, estableciendo el gobierno del estado como enlace para la realización de los compromisos adquiridos, al entonces Procurador General de Justicia del estado, para que fuera el encargado de llevar a cabo las acciones tendientes a la materialización e íntegro cumplimiento del mencionado acuerdo de voluntades, quien podía delegar la citada responsabilidad en el servidor público que designara.
Asimismo, el procurador general de la República designó para los efectos referidos al delegado estatal de la propia institución o al servidor público que señalara y para el caso de sustitución o suplencia de los enlaces establecidos se acordó que la formalización correspondiente se haría mediante el adenda respectivo.
Ambos niveles de gobierno se comprometieron a proveer lo necesario para instalar en los locales o edificios que determinaran conjuntamente, a propuesta del gobierno del estado de Puebla, las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), conforme a los lineamientos aprobados en la XIV Reunión del Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, antes mencionada, en la ciudad de Puebla y poblaciones en que resultara pertinente hacerlo, conforme a la valoración de la problemática existente de narcomenudeo y la capacidad institucional de atención y respuesta.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 10 de enero de 2007.
Diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR MEDIDAS URGENTES PARA ENFRENTAR EL ALZA EN EL PRECIO DE LA TORTILLA, A CARGO DE LA SENADORA CLAUDIA CORICHI GARCÍA, EN NOMBRE DEL SENADOR LÁZARO MAZÓN ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quien suscribe, senadora Claudia Corichi García, a nombre del senador Lázaro Mazón Alonso, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución.
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal a realizar las acciones necesarias para evitar la especulación comercial derivada de la reciente alza en el precio de la tortilla y minimizar el impacto que tendrá en los sectores sociales más vulnerables, cuya dieta depende de forma fundamental de este bien, mediante el otorgamiento emergente de subsidios al consumo o medidas semejantes.
Segundo. Esta soberanía exhorta al titular del Ejecutivo federal a implementar una política de estado, de mediano y largo plazo, para incentivar la productividad de la siembra del maíz en México y para ejercer controles antimonopólicos asociados a la producción y venta de ese bien de consumo socialmente necesario.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2007.
Senadora Claudia Corichi García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DE LA MAESTRA ALICIA BÁRCENA IBARRA COMO SUBSECRETARIA GENERAL DE LA ONU, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El nuevo secretario general de la ONU, señor Ban Ki-moon, designó, el pasado 3 de enero, a la distinguida mexicana Alicia Bárcena Ibarra, como subsecretaria general de Administración del Sistema de las Naciones Unidas.
Su nombramiento es motivo de un alto orgullo para México, en virtud de que implica un reconocimiento a su destacada trayectoria en el servicio público y en tareas de carácter internacional, además de que se suma al amplio número de personalidades de nuestro país que han tenido los merecimientos para aportar su talento en diversas instituciones mundiales.
Constituye un hecho de gran relevancia que una ciudadana mexicana sea nominada en esa alta responsabilidad, ya que es un estímulo para que México profundice su tarea en favor de una agenda global que produzca nuevos equilibrios sociales y económicos entre todas las naciones.
Esta posibilidad se sustenta en el prestigio de los principios y propuestas que México ha aportado con éxito a la comunidad mundial, acreditando su vocación pacifista, dialogante y humanitaria. En esta rica tradición internacionalista, destacan las aportaciones de la Doctrina Carranza, la Doctrina Estrada, el impulso al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, la promoción de la paz y el desarrollo económico en Centroamérica y en América Latina, así como el liderazgo mexicano en materia de cooperación económica, al haber sido el primer país en suscribir tratados de libre comercio con todas las regiones del mundo.
Se subraya también, que se trate de una mujer, en virtud de que ello sirve de reconocimiento al empeño de construir una sociedad que supere las barreras de género y que permita que la preparación y el esfuerzo sean la base para el desarrollo equitativo de las personas.
Para la diplomacia mexicana, este nombramiento representa un reconocimiento al alto valor moral y político de los principios de política exterior, que señala el artículo 89 de la Constitución que, redactados en el pasado pero adelantados a su tiempo, constituyen el camino para superar los agravios, el encono y la tensión que vive el mundo, para encauzarse por el camino de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacifica de controversias, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
La maestra Bárcena está convocada a realizar una tarea destacada, en virtud de que la gestión del nuevo liderazgo de la ONU enfrenta una agenda orientada a distender regiones como las de Medio Oriente y de Asia, por el camino del diálogo y el derecho internacional, garantizando que se alejen los riesgos de incurrir de nueva cuenta en episodios de conflicto latente y permanente que, como en el episodio de la Guerra Fría, difirieron el tratamiento de los problemas más importantes de la humanidad como la falta de crecimiento económico, la preservación de los derechos humanos, la consolidación de los regímenes democráticos, la pobreza extendida y la degradación acelerada de los ecosistemas.
Con su experiencia en materia ambiental, la nueva subsecretaria general de la ONU seguramente motivará un tratamiento más puntual y eficaz para un tema de primer orden para el mundo, que implica la pérdida acelerada de bosques y selvas, el rápido calentamiento global, la desaparición de muchas especies de flora y fauna, el crecimiento del agujero en la capa superior de ozono y la creciente emisión de gases tóxicos, como el monóxido de carbono, los azufres y el plomo, entre otros.
Los diversos pueblos del mundo, y México en particular, tenemos fundadas esperanzas en que la nueva gestión de la ONU consolide una agenda eficaz que eleve el bienestar de las naciones, incremente la cooperación y aleje los riesgos contra la seguridad global. Por ello, a los legisladores mexicanos nos congratula el nombramiento de la maestra Alicia Bárcena, deseándole el mayor de los éxitos en su importante responsabilidad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de México expresa su beneplácito por el nombramiento de la maestra Alicia Bárcena Ibarra como subsecretaria general de la ONU, expresando sus votos para que su gestión contribuya al logro de los mejores propósitos conferidos a esa importante organización internacional, subrayando que el mismo mueve al orgullo de todos los mexicanos.
Palacio Legislativo, a 10 de enero de 2007.
Diputado Juan Manuel Parás González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE SE PRONUNCIA POR LA PRONTA REALIZACIÓN DE UNA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA ENTRE EL CONGRESO MEXICANO Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, A CARGO DE LA SENADORA ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quienes suscriben, Adriana González Carrillo, senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, y Alejandro Landero Gutiérrez, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se pronuncia por la pronta realización de una reunión interparlamentaria entre el Congreso Mexicano y el Congreso de la República de Guatemala en virtud de las siguientes:
Consideraciones
El contacto cultural y social de México con Guatemala se remonta a la historia antigua de nuestras sociedades mesoamericanas, empero, las relaciones diplomáticas entre México y Guatemala datan de hace aproximadamente 182 años.
Establecidas el 1 de septiembre de 1824, las relaciones entre mexicanos y guatemaltecos entrañan una importante historia de vecindad y cooperación de la mayor importancia para nuestro país.
México y Guatemala compartimos una frontera de 967 kilómetros a lo largo y ancho de la cual conviven más de un millón de mexicanos y medio millón de guatemaltecos que ahí habitan. Compartimos las oportunidades y los desafíos de nuestra vecindad y compartimos, sin duda, intereses comunes de relevancia para el futuro de la región centroamericana.
Guatemala es la economía más grande de Centroamérica y, al mismo tiempo, nuestra puerta natural de entrada a diversos mecanismos de cooperación con esa región. Gracias a distintas iniciativas puestas en marcha en la anterior administración, México y Guatemala estamos cada vez más cerca. Es el caso de nuestra participación en el Plan Puebla-Panamá (Mecanismo de Tuxtla), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y del establecimiento de diversos mecanismos de cooperación y diálogo tales como la Comisión Binacional México-Guatemala, el Grupo Binacional de Puertos y Servicios Fronterizos, el Grupo Binacional sobre Asuntos Migratorios, el Grupo ad hoc México-Guatemala de Trabajadores Agrícolas Temporales Guatemaltecos (mediante el cual cada año 250 mil migrantes temporales guatemaltecos cruzan la frontera mexicana para trabajar en la cosecha de café, del cacao y del azúcar), el Comité México-Guatemala de Cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia, la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Guatemala, la Comisión de Salud Fronteriza México-Guatemala y la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica.
Con estas acciones, México busca avanzar en el diálogo político y cultural, el desarrollo de la infraestructura física de integración, el seguimiento de los acuerdos comerciales suscritos con dicho país, el fortalecimiento, consolidación e integración de los sistemas financieros y de comunicaciones y, en general, en aportar a la definición de una estrategia común para el desarrollo económico e institucional de la región.
Esta es la intención fundamental del Poder Ejecutivo, que junto con el Legislativo hemos venido identificando en la región centroamericana un espacio importante de cooperación para nuestra política exterior y en Guatemala un país prioritario para México.
Al igual que en materia comercial, Guatemala es un importante destino de la inversión mexicana. Lo anterior, toda vez que importantes empresas mexicanas están establecidas en Guatemala con recursos por un monto de alrededor de mil 800 millones de dólares.
Ahora bien, una prioridad de la política exterior de México es el fortalecimiento del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, cuyos objetivos se dirigen a consolidar una asociación privilegiada entre los ocho países del área. Guatemala desempeña un papel fundamental en este proceso y es necesario multiplicar nuestros encuentros con esta nación.
Desde luego, la frontera sur de México es un espacio de vecindad económica, cultural, física y comercial entre pueblos, comunidades y regiones que tiene una enorme importancia para la seguridad y el bien común de la región mesoamericana. Desde el río Suchiate que separa a Guatemala y a Chiapas, hasta el río Bravo que separa a México de Estados Unidos, se ha vuelto más frecuente el paso de migrantes documentados o indocumentados provenientes de otras naciones que intentan llegar a territorio estadounidense. Se calcula que cada día un promedio de 200 guatemaltecos cruzan la frontera sur de México buscando mejores oportunidades en aquel país.
En este contexto, el tema de la seguridad fronteriza es también primordial. Las Maras, la trata de personas, el tráfico de drogas, de armas y de automóviles robados, así como el lavado de dinero son desafortunadamente fenómenos constantes en nuestra región fronteriza. Por ello hoy más que nunca se requiere de una agenda de seguridad regional específica y una estrategia de cooperación transfronteriza que reconozca la responsabilidad compartida entre México y Guatemala.
Necesitamos una frontera sur segura, humana y próspera. Es preciso garantizar un trato digno a quienes transitan por nuestro país, puesto que la migración en sí misma es una oportunidad para el desarrollo nacional. No obstante, requerimos una estrategia integral de cooperación bilateral en materia migratoria que garantice la seguridad humana y el bienestar de las personas.
Para discutir todos los temas antes mencionados y aportar al diseño de un esquema de cooperación parlamentaria en estas materias con nuestros vecinos de la frontera sur es que resulta indispensable recuperar las reuniones interparlamentarias periódicas con Guatemala que hace varios años no se celebran.
Lo anterior, toda vez que existen comisiones en ambas Cámaras del Congreso mexicano que abordan este tema, y una reunión interparlamentaria con sus pares del Congreso guatemalteco podría significar un importante cúmulo de información y de intercambio de experiencias para sus labores legislativas.
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución.
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia por una pronta realización de una reunión interparlamentaria entre el Congreso Mexicano y el Congreso de la República de Guatemala.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la República que emprenda los contactos necesarios con el Congreso guatemalteco para acordar, a la brevedad posible, el relanzamiento de la reunión interparlamentaria México-Guatemala.
Comisión Permanente, a 10 de enero de 2007
Senadora Adriana González Carrillo (rúbrica)
Diputado Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR UNA AUDITORÍA ESPECIAL EN LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las y los suscritos diputadas y diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten poner a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. De acuerdo con el Anexo del Sexto Informe de Gobierno, durante 2006 el gasto en educación representará el 7.07 por ciento como porcentaje del producto interno bruto (PIB); la estructura de dicho gasto esta conformada por 5.41 por ciento de erogaciones públicas y 1.66 por ciento de gasto privado. De manera que el gasto en educación a nivel federal representará 4.23 por ciento, el estatal alcanzará 1.17 por ciento y el municipal apenas el 0.011 por ciento.
Es en ese contexto que deseamos destacar que el estado de Puebla para el ciclo escolar 2006-2007 cuenta con una matrícula en educación básica, que incluye los niveles de preescolar, primaria y secundaria, de un millón 396 mil alumnos, distribuidos en 11 mil 122 escuelas. Mientras que para el mismo periodo la matrícula en educación media superior, que incluye los niveles profesional técnica y bachillerato, es de 207 mil alumnos distribuidos en mil 229 planteles. Mientras que en educación superior el numero de alumnos con que cuenta la entidad ascenderá a 146 mil distribuidos en 438 planteles.
2. Que de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se establece que la educación promedio en el país es de 7.3 años, equivalente al primer grado de secundaria. Sin embargo México tiene los más bajos desempeños en materia educativa entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De acuerdo con ese organismo, de 1995 a 2000 el gasto por estudiante de primaria representa una cuarta parte del promedio que erogan las otras naciones que son parte de dicho organismo; es decir, mil 291 dólares contra 4 mil 381 dólares. En secundaria, el gasto equivale a un tercio (2 mil 317 dólares, contra 6 mil 63) y en nivel superior casi la mitad (4 mil 688 contra 6 mil 571 dólares).
Pero no sólo en los resultados de la OCDE, en los que participan países de diversas partes del mundo, sino también en el Primer Estudio Internacional Comparativo, elaborado por la UNESCO en naciones de América Latina. De acuerdo con el reporte del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de la UNESCO, dado a conocer en julio de 2003, los estudiantes de primaria mexicanos no asimilan los conocimientos ni desarrollan competencias en matemáticas y lectura.
El análisis comparativo, aplicado a once naciones de la región, ubicaba a México en sexto lugar en comprensión de lectura y quinto en aprendizaje de matemáticas. El lenguaje o comprensión de la lectura y las matemáticas, son las dos disciplinas básicas indicadoras de la calidad de la educación en cada país, y es precisamente en éstas en las que México ha salido reprobado.
Según el informe Panorama de la Educación 2006, dado a conocer por la OCDE, México se ubica en el último lugar de los 29 países evaluados en un estudio sobre capacidad de razonamiento matemático. Además el informe revela que los mexicanos sólo obtuvieron 385 puntos, de 668 posibles, es decir, el equivalente a 5.76 en escala del uno al diez.
3. De acuerdo con el informe de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante el ejercicio fiscal 2003, los resultados de las auditorías de los recursos transferidos a las entidades federativas revelaron numerosas e importantes irregularidades, sin embargo es evidente la diferencia de criterios metodológicos aplicados por la ASF y los órganos de fiscalización superior de las legislaturas locales, de manera que los resultados y argumentos no son homogéneos.
De manera que las transferencias vía Ramo 33, el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), fue el fondo que más observaciones recibió, debido a que personal docente realizaba labores administrativas; plazas y horas plaza autorizadas no utilizadas; categorías autorizadas no utilizadas; categorías y plazas utilizadas no incluidas en el analítico de plazas; falta de control de los recursos del Fondo destinados al pago del magisterio.
Asimismo omisión en la transferencia de rendimientos financieros; pagos superiores a los establecidos en los contratos de honorarios; pagos indebidos a personal docente; transferencias indebidas de recursos del fondo a otros fines; falta de una cuenta especifica para el manejo de los recursos del fondo; carencia de control sobre el personal comisionado.
Se determinaron diferencias en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), entre lo pagado y los registros contables; duplicidad de pagos; retrasos en la transferencia de recursos del fondo; deficiencias de control como cheques en tránsito con antigüedad mayor a un año; inconsistencia en los saldos de las cuentas de impuestos por pagar, deudores y acreedores diversos; deficiencias en los registros de contabilidad e ingresos por colegiaturas y pólizas de gasto sin documentación soporte; y mobiliario y equipo de oficina sin reclasificarse. Cabe señalar que las auditorías realizadas por el ente Superior de Fiscalización han exhibido fallas en el manejo de los recursos públicos, pese a lo anterior, durante los últimos años no se cuenta con información sobre la rendición de cuentas en educación para el estado de Puebla.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que proceda a realizar una auditoria especial al sector educativo del estado de Puebla. Asimismo se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes del Estado de Puebla para que se apoye en la realización de las auditorias, con lo cual se estaría apoyando en la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos federales que recibe la entidad, al mismo tiempo que se da respuesta a las demandas de la comunidad en el manejo eficiente de los recursos públicos.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2007.
Diputado Neftalí Garzón Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LOS SECRETARIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; Y AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE INVESTIGUEN EL FLUJO DE INFORMACIÓN GENERADO POR LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA ISOSA EN LAS ADUANAS DE MÉXICO, A CARGO DEL SENADOR CARLOS LOZANO DE LA TORRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, senador Carlos Lozano de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El procesamiento electrónico de datos es un ciclo que se realiza dentro de una computadora, para lo cual es necesario introducir diversos datos al interior de la misma, a fin de que sean comunicados al exterior de la máquina. Este ciclo se aplica en los despachos aduaneros, es decir, con relación a los actos y formalidades relativos a la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, así como en las demás operaciones que la propia Secretaría decida autorizar, inclusive las relacionadas con otras contribuciones, ya sea que se causen con motivo de los trámites aduaneros o por cualquier otra causa.
Cabe señalar que el artículo 16 de la Ley Aduanera vigente establece que la Secretaría de Hacienda podrá autorizar a los particulares para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados, necesarios para llevar a cabo el despacho aduanero; así como para las demás operaciones que la propia Secretaría decida autorizar, inclusive las relacionadas con otras contribuciones, ya sea que se causen con motivo de los trámites aduaneros o por cualquier otra causa. La propia Secretaría podrá facultar a los particulares a prestar otros servicios que faciliten el reconocimiento aduanero de las mercancías.
Ahora bien, a mediados de 1992, José Francisco Gil Díaz, entonces Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, convocó a una licitación pública para autorizar la prestación de servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados con el despacho aduanero. En julio de ese año se otorgó el fallo a favor de una sociedad llamada Integradora de Servicios, S.A. de C.V. (ISSA) de la compañía canadiense Shl System House y la empresa Gervassi Clark, S.A. de C.V., concesionaria de la transnacional Internacional Business Machines (IBM) y propiedad de Ángel Rolando Gervassi Santiago, misma que se presume fue creada ex profeso para concursar en la licitación.
El 31 de julio de 1992, el propio Gil Díaz, en representación de la SHCP y Rolando Gervassi Santiago, en su calidad de propietario de la empresa privada ISSA, firmaron un contrato para realizar la operación y procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados. Este convenio tuvo por objetivo extender la red de servicio computarizado de la Subsecretaría de Ingresos a 3 mil terminales en trescientos cincuenta centros de cómputo, así como asistir y asesorar al personal técnicamente calificado para operar el despacho aduanero con las más altas calificaciones de calidad y de mercado.
Como consecuencia de lo suscrito, la Subsecretaría de Ingresos acordó pagar a ISSA 23 mil 280 millones de viejos pesos anuales, cantidad que se actualizaba semestralmente de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Después de una serie de graves conflictos entre Gil Díaz y Geervassi Santiago, el 28 de mayo de 1993 la Secretaría de Hacienda rescindió el contrato de servicios a ISSA y, para continuar temporalmente con las funciones desempeñadas por ésta empresa, designó a la Administración General de Recaudación y a la Dirección General de Interventoría, no sin antes haber amedrentado al dueño de esta empresa a reconocer la existencia de diversos adeudos fiscales, so pena de proceder penalmente en su contra por el delito de evasión fiscal.
El 15 de junio de 1993, y a fin de continuar prestando el servicio de procesamiento electrónico de datos, fue creada la empresa ISOSA, según consta en la escritura pública número 64882 otorgada ante la fe del Notario Público número 16 del Distrito Federal, Francisco Hernández Cueto Barros.
Como ya es del conocimiento general, la operación de esta empresa ha sido abiertamente impugnada con motivo de la revisión de las Cuentas Públicas correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003, efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, al encontrar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no entera a la Tesorería de la Federación ingresos por Derecho de Trámite Aduanero. Esos recursos, presumiblemente, han sido destinados a ISOSA.
Como consecuencia de los escándalos suscitados a partir de la revisión efectuada por la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno federal procedió a la liquidación de Integradora de Servicios Operativos, SA, Isosa, más como medio de obstruir cualquier investigación sobre la ilicitud de sus actividades que como remedio para sancionar una serie de latrocinios cometidos en contra del erario de la nación.
Sin embargo, a las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador debemos sumar otras cometidas a raíz de la operación de esta controvertida empresa en las aduanas de nuestro país.
Entre los múltiples contratos obtenidos por la empresa Hildebrando S.A. de C.V., cuyo socio principal es el Sr. Diego Hildebrando Zavala, cuñado del actual Presidente de la República, relacionados con áreas medulares del gobierno federal, sobresalen tres de software y servicios informáticos para el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al amparo del fideicomiso Aduanas I y de la compañía Integradora de Servicios Operativos SA (ISOSA). En conjunto, el importe de los contratos otorgados es de 12 millones 466 mil 747 pesos con 53 centavos. Pero uno, el SL-171/01, tuvo como objeto la prestación de servicios de mantenimiento y desarrollo del sistema denominado Júpiter.
Según versiones periodísticas que citan documentos oficiales del SAT, el sistema Júpiter integra desde 1998 "todos los procesos legales y administrativos de la administración general jurídica en un sistema de información que apoya la toma de decisiones y a la operación diaria. A través de este sistema, las administraciones locales y centrales jurídicas realizan el inventariado, control y seguimiento de los juicios de nulidad, consultas, autorizaciones, recursos administrativos, asuntos penales, amparo contra actos y asistencias legales, entre otros".
De acuerdo con el contrato SL-171/01, entre los trabajos encomendados a la empresa del cuñado del titular del ejecutivo federal, figuran algunos que muestran la capacidad de Hildebrando, SA de CV, para introducir datos clave para eliminar "secciones de aplicación", o agregar variables en los sistemas de captura de un software.
De resultar cierta la información publicada en los medios de comunicación, el sistema instaurado por Hildebrando tendría acceso abierto a toda la información relacionada con los amparos contra actos, asuntos penales, asistencia legal, mesa de trámites, agenda del abogado, catálogo de contribuyentes, donativos deducibles, reportes de requerimientos generales y reportes de servicios al contribuyente, así como de juicios de nulidad, situación que resulta a todas luces contraria al interés general, toda vez que la información que obra en los registros de autoridades federales debe quedar a resguardo de éstas y no de particulares.
Sin embargo, éste no es el único caso en el que información pública se encuentra de manera ilícita en manos privadas. Cabe recordar que un tribunal federal resolvió que el Instituto Federal Electoral (IFE) sufrió un daño superior a los mil 600 millones de pesos, ante la venta ilegal del padrón electoral mexicano a la empresa estadounidense Choice Point en 2003, por lo que sentenció a una mujer a pagar esta cantidad al organismo, por concepto de reparación del daño, ante la comisión del delito de revelación de secreto. No obstante el fallo emitido por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en contra de Irma Ruiz Suárez, una empleada de la empresa Soluciones Mercadológicas en Base de Datos, la mujer está libre desde enero de 2004 mediante el pago de una fianza de 96 mil pesos, pues el delito que se le imputa no es considerado grave. En las pesquisas realizadas se determinó que empleados de la empresa Soluciones Mercadológicas en Base de Datos, que prestaba sus servicios al IFE, sustrajeron del Registro Nacional de Población (Renapo) la información del padrón electoral, que contiene los datos de 60 millones de mexicanos que cuentan con credencial de elector.
También es importante recordar que con fecha 14 de septiembre de 2004, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo por el que le fue solicitado al Servicio de Administración Tributaria se abstuviera de proporcionar información de los contribuyentes morosos al Buró de Crédito, así como para que se para que retire la información que había proporcionado al Buró de Crédito, esto en virtud de que el Servicio de Administración Tributaria anunció que los adeudos fiscales exigibles formarán parte del historial crediticio de las personas, por lo que hace énfasis en la importancia de cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales.
Aunado a lo anterior, también es válido recordar la experiencia del Registro Nacional de Vehículos, cuya operación era un servicio público a cargo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el cual tenía como fin la identificación de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio nacional, así como la de brindar el servicio de información al público. Dicho registro debía contar con una base de datos, propiedad exclusiva del gobierno federal, la cual estaría integrada por la información que de cada vehículo proporcionen las autoridades, fabricantes y ensambladoras, comercializadoras, aseguradoras, particulares o de cualquier otra fuente.
Si bien es cierto la iniciativa de Ley del Registro Nacional de Vehículos buscaba llenar el hueco que dejó la derogación de la antigua ley que regulaba el llamado Registro Federal de Automóviles; ayudando a combatir el robo y tráfico de vehículos de manera más eficaz, ya que permitirá establecer un control nacional por parte de la autoridad y esto va a desalentar, reitero, el comercio de vehículos robados, no lo es menos que tal institución devino en fracaso cuando fue licitada a favor de una empresa propiedad de Ricardo Miguel Cavallo, oscuro personaje ligado con la comisión de delitos de lesa humanidad en su natal Argentina y, lo que es peor, con el robo de automotores en El Salvador.
Con base en los antecedentes antes expresados, manifestamos nuestra preocupación por el hecho de que datos tan importantes como los relacionados con los despachos aduaneros se encuentren en poder de empresas privadas cuya operación, presumiblemente, ha derivado en quebrantos al erario público y tráfico de influencias.
Consideramos que los datos procesados electrónicamente en las Aduanas de México deben ser resguardados por el gobierno federal y, específicamente, por el Sistema de Administración Tributaria.
Expresamos nuestra inconformidad con tales formas de operación, pues en el fondo, lo que subyace es la pretensión de seguir privatizando irresponsablemente los servicios relacionados con el despacho aduanero, dejando de lado que las aduanas son un punto sensible de nuestra seguridad nacional, máxime si, como insistimos, esto se deja al recaudo de empresas señaladas que, como ISOSA, han obrado con una rapacidad intolerable.
De seguir adelante esta clase de prácticas voraces, no sería de extrañar que en un futuro cercanísimo los servicios del registro civil, las licencias de manejo o el Registro Federal de Electores cayeran en manos de Diego Hildebrando Zavala.
Por todo lo antes expresado, es necesario que los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública dediquen sus esfuerzos a investigar la posible fuga de información cometida por la empresa ISOSA, durante su larga operación en las aduanas mexicanas, al mismo tiempo que la Procuraduría General de la República asigna a personal especializado en delitos cometidos por servidores públicos, a fin de que investiguen cuidadosamente la posible comisión de ilícitos derivados de los desfalcos cometidos por esta empresa en contra del fisco federal y de aquellos particulares que tienen en su poder datos derivados de los despachos aduaneros.
Por las razones y fundamentos antes planteados, solicito a esta soberanía sea aprobado con el carácter de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. se insta a los ciudadanos secretario de Hacienda y Crédito Público, secretario de la Función Pública y procurador general de la República, a efecto de que investiguen el flujo de información generado por la operación de la empresa ISOSA en las aduanas de México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de enero de 2007.
Senador Carlos Lozano de la Torre (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL QUE COMPAREZCA ANTE ESTA SOBERANÍA PARA INFORMAR SOBRE LOS OPERATIVOS EN MICHOACÁN Y TIJUANA, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, licenciado Juan de Dios Castro Muñoz, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo para solicitar al secretario de Seguridad Pública que se sirva comparecer ante esta soberanía para informar sobre las acciones de seguridad emprendidas en los estados de Baja California y Michoacán, al tenor de la siguientes:
Consideraciones
Primera. Uno de los principales problemas sociales que aquejan a la sociedad mexicana es, sin duda, la inseguridad pública, provocada ésta por el crimen organizado y el crecimiento del narcotráfico en todas sus modalidades, prueba de ello son el aumento de las ejecuciones en varios estados de nuestra República, como son Michoacán, Baja California, Guerrero y Nuevo León entre otras.
Segunda. Si bien es cierto que estadísticamente el noventa y cinco por ciento de los delitos cometidos en el territorio nacional corresponden al fuero común, el incremento en la comisión de delitos del fuero federal se demuestra no sólo cuantitativamente sino cualitativamente, como son la decapitación de elementos de agentes policíacos y los homicidios con violencia, lo que demuestra una aumento alarmante del poder de los cárteles y células criminales que actúan de manera organizada en nuestro país.
Tercera. Que el Ejecutivo federal desde el arranque de su sexenio advirtió el compromiso del Estado de combatir y enfrentar a la inseguridad pública como una de sus principales prioridades de gobierno, prueba de ello fueron las operaciones Michoacán, en el mes de diciembre, y la operación Tijuana, en el estado de Baja California, llevada a cabo en el mes de enero con elementos de la Armada, Marina, Policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigación, lo que demostró contundencia en las acciones de este gobierno.
Cuarta. Que esta soberanía aprobó por mayoría el Presupuesto de Egresos de la Federación, atendiendo no sólo las prioridades del Ejecutivo sino las inquietudes que las diferentes fracciones parlamentarias impulsaron en diversos sectores sociales, siendo una de las mismas la seguridad pública, el combate al narcotráfico y al crimen organizado; lo que se reflejó en un incremento presupuestal sin precedentes en la historia legislativa de este Congreso.
Quinta. Que no podemos omitir que las comparecencias de funcionarios federales de primer nivel ante el Poder Legislativo, por costumbre, son solicitadas por legisladores de un partido distinto al que pertenece el Presidente de la República, y en muchos de los casos son empleadas como caja de resonancia a la critica y en ocasiones lamentablemente al vituperio, no siendo éste el propósito auténtico de dichas asambleas.
Sexta. Que es de importancia para nosotros como legisladores, ya que somos representantes populares, conocer los alcances, procedimientos, recursos, resultados y la situación actual que guardan los estados de Baja California y Michoacán en cuanto a la seguridad pública respecto a los operativos implementados por el Gobierno federal a solicitud de los respectivos gobiernos estatales, así como conocer también el grado de colaboración de los mismos y el comportamiento de los índices delictivos durante dichos operativos.
Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales ya citadas, me permito someter a la consideración de ésta Comisión Permanente del primer periodo de la LX Legislatura la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita la comparecencia del secretario de Seguridad Pública para el miércoles treinta de enero del presente año para que informe sobre los operativos Michoacán y Tijuana, llevado a cabo en días pasados.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 10 días del mes de enero del año dos mil siete.
Diputado Juan de Dios Castro Muñoz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE SE UNE A LA PETICIÓN MUNDIAL RESPECTO AL CIERRE DE GUANTÁNAMO, A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS, EN NOMBRE DE LA DIPUTADA ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos diputados integrantes de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
Guantánamo se ha convertido en el símbolo de ausencia de ley. El día de mañana se conmemora el Día Internacional para cerrar Guantánamo, con lo cual se marca el quinto aniversario de la detención del primer prisionero acusado de terrorismo por Estados Unidos. Centenares de personas de 30 nacionalidades permanecen recluidas en ese agujero ilegal, muchas sin acceso a tribunal de ningún tipo, o asistencia jurídica.
Muchos de los detenidos afirman haber sido objeto de tortura u otro trato cruel, inhumano y degradante. Tres detenidos han muerto, al parecer después de suicidarse. Otros han iniciado prolongadas huelgas de hambre, y siguen vivos porque les están aplicando dolorosos métodos de alimentación forzada.
A finales de 2006, alrededor de 430 detenidos de más de 35 nacionalidades seguían recluidos en la base de Guantánamo.
Los detenidos fueron aprehendidos en al menos 10 países antes de ser trasladados a la base de Guantánamo, sin ningún proceso judicial. Entre estos países se encuentran Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gambia, Indonesia, Mauritania, Pakistán, Tailandia y Zambia.
Entre las personas recluidas en la base de Guantánamo, al menos 17 tenían menos de 18 años de edad cuando fueron detenidas; cuatro de ellos continuaban en la base militar a finales de 2006.
Alrededor de 345 detenidos han sido trasladados desde la base de Guantánamo a países como Afganistán, Albania, Alemania, Arabia Saudí, Australia, Bahrein, Bélgica, Dinamarca, Egipto, España, Francia, Irán, Irak, Jordania, Kuwait, Maldivas, Marruecos, Pakistán, Reino Unido, Rusia, Sudán, Suecia, Tayikistán, Turquía, Uganda y Yemen.
Ningún preso de Guantánamo ha sido declarado culpable de ningún delito penal por Estados Unidos.
14 detenidos fueron trasladados a la base de Guantánamo en septiembre de 2006, después de haber permanecido hasta cuatro años y medio detenidos en régimen de incomunicación y bajo la custodia secreta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Muchos son los caos de denuncia aquí solo recordamos el de Yassar Zahrani, quien tenía 17 años cuando fue detenido y luego murió en Guantánamo, en junio de 2006, cuando decidió ahorcarse tras sufrir varios meses de abusos físicos y sicológicos.
El Congreso de la Unión se une al cierre de Guantánamo no sólo porque varias organizaciones internacionales como Human Rights y Amnistía Internacional han constatado regularmente la vulneración de derechos humanos, sino porque simboliza el desprecio de Estados Unidos por el derecho internacional en el contexto de la "guerra contra el terrorismo"
Por lo antes expuesto sometemos ante esta Comisión Permanente el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se une a la petición mundial respecto al cierre de la cárcel ilegal de Guantánamo.
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a enviar una nota diplomática al Congreso norteamericano informando que el Congreso mexicano se une a la petición mundial respecto al cierre de la cárcel de Guantánamo, por considerar que en ella se tienen detenidas más de 400 personas de 30 nacionalidades sin juicio y muchos de los detenidos afirman haber sido objeto de tortura u otro trato cruel, inhumano y degradante.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2007.
Diputada Alliet Bautista Bravo (rúbrica)
Diputado Octavio Martínez Vargas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A PRESENTAR A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PREVIO A LA PUBLICACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2007, LA PROPUESTA DE DECLARATORIA DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS A QUE ALUDEN LOS ARTÍCULOS 29, 30, 31, 32 Y 43 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción I del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo para la declaratoria de zonas de atención prioritaria.
Exposición de Motivos
La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) constituye una aportación significativa al esfuerzo nacional en favor de la justicia y la igualdad y es, además, ejemplo de que cuando existe voluntad política y visión de Estado en los Poderes de la Unión es posible mejorar el andamiaje jurídico y administrativo en favor del intereses superiores.
La LGDS estipula en el Capítulo IV, De las Zonas de Atención Prioritaria, lo siguiente:
Artículo 29. Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación, indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta ley. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la política social.
Artículo 30. El Ejecutivo federal revisará anualmente las zonas de atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza, que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, e informará a la Cámara de Diputados sobre su modificación para los efectos de asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación. La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto, hará la declaratoria de zonas de atención prioritaria, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, junto con el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 31. La declaratoria tendrá los efectos siguientes:
1. Asignar recursos para elevar los índices de bienestar de la población en los rubros deficitarios;
2. Establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo;
3. Generar programas de apoyo, financiamiento y diversificación a las actividades productivas regionales, y
4. Desarrollar obras de infraestructura social necesarias para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos para el desarrollo social.
Artículo 32. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el gobierno federal podrán convenir acciones y destinarán recursos para la ejecución de programas especiales en estas zonas.
Artículo 43. Corresponde al gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) las siguientes atribuciones:
(.....)
III. Determinar anualmente las zonas de atención prioritaria y proponer a la Cámara de Diputados la declaratoria correspondiente.
IV. Diseñar y coordinar los apoyos federales en las zonas de atención prioritaria.
Tal declaratoria no se ha realizado, toda vez que el Ejecutivo federal no ha presentado la propuesta correspondiente. No obstante, los gobiernos de los estados han establecido sus propias estrategias de desarrollo local, que hoy deben ser complementadas.
El espíritu de estas disposiciones tiene tres motivaciones: a) Hacer obligatoria la práctica de una política social integral de carácter territorial, que haga posible las acciones concurrentes de los tres órdenes de gobierno; b) Vincular las estrategias y acciones para la superación de la pobreza a la autorización del presupuesto; y c) Que los diputados federales cuenten con un mecanismo parlamentario, que les permita incorporar en el Presupuesto de Egresos de cada año los programas y las obras prioritarias para atender, bajo una estrategia integral y sistemática, las justas exigencias de sus representados.
En el periodo 1994-2000, la Secretaría de Desarrollo Social puso en práctica una tentativa de definición de zonas de atención prioritaria, y a través de una comisión intersecretarial promovió la concurrencia e integralidad de acciones en dichas zonas.
La nueva administración cambió la estrategia de atención a zonas prioritarias por el Programa para el Desarrollo Local (microrregiones). En el Diario Oficial de la Federación del 31 de enero de 2002 se publicaron los criterios y la definición de 263 microrregiones por estado y municipio. En algunos casos la microrregión corresponde a un solo municipio, en otros la clasificación fue simplemente numérica, y en otros corresponde a la denominación histórica de cada región, que en algunos casos fue subdividida en alta, centro y baja. Las 263 microrregiones incluyen a mil 340 municipios y 2 mil 966 localidades.
Ahora, el Presidente Calderón ha iniciado una estrategia territorial de superación de la pobreza enfocada no a las zonas de atención prioritaria como lo establece la ley, sino a los municipios de mayor marginación.
La diferencia esencial entre el modelo de atención territorial de microrregión y el de zona de atención prioritaria estriba en que el primero privilegia la dispersión territorial y la atención por municipio con mayor grado de marginación, en tanto que el segundo pretende abordar de manera integral los problemas estructurales, vinculando las acciones y obras de alcance nacional, estatal o sectorial (medio ambiente, desarrollo rural, infraestructura carretera, etcétera) con las potencialidades y obstáculos para el desarrollo de cada zona ó región.
¿Por qué no se avanzó en los términos que ordena la Ley General de Desarrollo Social? Me parece que influyó la relativa ambigüedad en la definición de competencias y por las tensiones surgidas entre el órgano de evaluación y entre el Ejecutivo federal y el Congreso, en torno a la interpretación de la ley; también ha afectado la importancia que cada gobierno quiere imponer a su administración.
Es, tal vez, por esta razón que la iniciativa del Ejecutivo federal por medio de la que presentó los proyectos de Ley de Ingresos y del decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2007, no incluye la propuesta de declaratoria de zonas de atención prioritaria.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que presente a la Cámara de Diputados, previo a la publicación de las reglas de operación a que se refiere el artículo décimo transitorio del decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2007, la propuesta de declaratoria de zonas de atención prioritarias que aluden los artículos 29, 30, 31, 32 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social.
Palacio Legislativo, a 10 de enero de 2007.
Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXTIENDE UNA CORDIAL FELICITACIÓN A LA REPRESENTANTE NANCY PELOSI POR SU RECIENTE ELECCIÓN COMO PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A CARGO DEL SENADOR HUMBERTO ANDRADE QUEZADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, Humberto Andrade Quezada, senador de la República e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión extiende una cordial felicitación a la representante Nancy Pelosi, por su reciente elección como Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado jueves 4 de enero del presente año, los demócratas asumieron la mayoría en las dos Cámaras del Congreso de los Estados Unidos de América, obteniendo también en consecuencia la presidencia de la Cámara de Representantes en la persona de Nancy Pelosi.
Cabe destacar que la Representante Pelosi ha sido protagonista de tres hechos históricos de gran importancia: es la primer mujer que preside la Cámara de Representantes; en segundo lugar, como líder de los representantes demócratas logró que éstos votaran juntos en el 88 % de las ocasiones y, en tercer lugar, ha sido pieza fundamental para que, después de 12 años, los representantes demócratas consiguiesen la hegemonía en el Congreso.
Este hecho de singular trascendencia para la vida política del vecino país, vinculado a otras circunstancias relevantes tales como el que la reforma integral de la inmigración indocumentada constituya ahora una de las prioridades en la agenda legislativa del Congreso de los Estados Unidos de América, así como la posición del Partido Demócrata en torno a este tema motivan a que esta Comisión Permanente exhorte al Gobierno mexicano, a impulsar una política de cooperación y colaboración respetuosa con su homólogo norteamericano, que permita -tanto en el asunto de la reforma migratoria como en otros puntos de necesidad e interés mutuo- sustituir las medidas unilaterales, que difícilmente logran abatir los problemas, por acciones conjuntas que, a partir de una responsabilidad compartida, propicien y faciliten soluciones de fondo.
Al respecto, el líder de la nueva minoría republicana en el Senado de EU, Mitch McConnell, ha sostenido que es posible sacar adelante una reforma migratoria durante el actual periodo legislativo, por lo que ha propuesto a representantes demócratas no evadir temas difíciles y relevantes, como la citada reforma y la del Seguro Social.
La posición del senador republicano coincide con la del líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Steney Hoyer, quien también juzga posible alcanzar un acuerdo de reforma a las leyes de inmigración.
Para México y Estados Unidos la migración dejó de ser un simple asunto de desplazamiento poblacional para convertirse en un tema de política interna y externa con múltiples implicaciones económicas, sociales y demográficas.
Consideramos, que cerrar la frontera es contrario a la sociedad económica y comercial entre México y Estados Unidos, a la vecindad de dos países crecientemente interdependientes, a la interacción necesaria en materia de seguridad y a la relación respetuosa entre dos naciones unidas por la geografía. En este orden de ideas, exhortamos a que gobernantes y ciudadanos de ambos países entendamos que la migración indocumentada no es un delito, sino el resultado de procesos económicos y sociales en ambos países.
De igual forma, reconocemos que el Gobierno de México necesita impulsar una política de migración que tenga en cuenta no sólo a los más de 6 millones de indocumentados en situación de extrema vulnerabilidad, sino también el surgimiento y la presencia de un movimiento social tan amplio, vigoroso, y coordinado como nunca antes visto.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la atención del Pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su beneplácito y extiende una cordial felicitación a la representante Nancy Pelosi, por su reciente elección como Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, al tiempo que manifiesta sus mejores deseos y parabienes al Congreso de los Estados Unidos de América en el inicio de la centésimo décima legislatura.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace votos por que el Congreso Mexicano de manera conjunta con el de Estados Unidos de América, trabajen en el marco de una responsabilidad compartida, a fin de promover una reforma migratoria integral para normar un flujo migratorio seguro, legal y ordenado entre nuestras naciones.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a que establezca contacto a la brevedad posible con su contraparte en el Congreso de los Estados Unidos de América, a fin de concertar y preparar la realización de la próxima Reunión Interparlamentaria Estados Unidos - México.
Comisión Permanente, a 10 de enero de 2007.
Senador Humberto Andrade Quezada (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A PRESENTAR, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS TRABAJOS TÉCNICOS QUE REALIZA LA SECCIÓN MEXICANA DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS MÉXICO-BELICE, PARA LA POSIBLE SUSCRIPCIÓN DE UN TRATADO DE LÍMITES CON EL GOBIERNO DE BELICE, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER GONZÁLEZ GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Javier González Garza, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado primero de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores en el comunicado de prensa número 001, dio a conocer a la opinión pública nacional la posible suscripción de un Tratado de Límites con el gobierno de Belice. Se afirmó que autoridades de nuestro país encabezadas por la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Belice, asesores de la Secretaría de Marina y del Instituto Nacional de Estadística, llevan a cabo reuniones técnicas con el gobierno de este país centroamericano para sentar las bases técnicas de este tratado.
También se informó que el 28 de septiembre de 2003 el gobierno de México presentó al de Belice la propuesta de trazo de línea divisoria entre ambos países, faltando sólo las observaciones del gobierno de Belice en algunos puntos de la frontera, lo que modifica el tratado vigente celebrado en julio de 1893 entre nuestro país y la entonces colonia de Honduras Británica, hoy conocido como la República de Belice.
En diversos medios de comunicación se ha destacado que México restituirá parte de la Bahía de Chetumal al gobierno de Belice, situación inédita en nuestros tiempos, ya que se regresará un territorio reclamado por el gobierno de Belice, sin que hasta el momento este Congreso tenga información al respecto.
De conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos es facultad del Senado de de la República aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión, por lo que resulta indispensable y necesario que éste, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informe a esta soberanía los trabajos realizados y los posibles términos de un nuevo tratado, así como el impacto a la soberanía nacional que ello implica.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal pone a consideración de este Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores presente un informe detallado sobre los trabajos técnicos que realiza la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Belice para la posible suscripción de un Tratado de Límites con el Gobierno de Belice.
Segundo. Esta soberanía cita al subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gerónimo Gutiérrez Fernández; y al subsecretario de Marina, almirante C.G DEM Casimiro Armando Martínez Pretelín, para que expliquen las razones de la suscripción de un posible tratado de límites entre México y Belice, sus beneficios y su impacto en la soberanía nacional.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 10 días del mes de enero de 2007.
Diputado Javier González Garza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A TOMAR LAS MEDIDAS CONDUCENTES PARA GARANTIZAR QUE NO QUEDEN IMPUNES LOS CRÍMENES Y AMENAZAS EN CONTRA DE PERIODISTAS Y A REALIZAR UNA CONDENA PÚBLICA A LA OLA DE CRÍMENES Y AGRESIONES QUE HAN PADECIDO EN AÑOS RECIENTES, A CARGO DEL SENADOR MARIO LÓPEZ VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
En el año que recién concluyó México se convirtió en el segundo lugar más peligroso en el mundo para el ejercicio del periodismo, sólo detrás de Irak donde tiene lugar un conflicto armado. El balance del sexenio anterior es de veintiocho periodistas asesinados -según la agencia Notimex- y ningún autor intelectual detenido; diez de los asesinatos tuvieron lugar en el 2006 y cuatro periodistas fueron reportados como desaparecidos en el mismo año.
Diversas asociaciones internacionales de periodistas como la Federación Internacional de Periodistas, Reporteros sin Fronteras, Freedom House, la Sociedad Interamericana de Prensa, y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, han dado cuenta en días recientes de este trágico balance, y reportado al respecto en México y foros internacionales de la Organización de Naciones Unidas.
En los informes de estas asociaciones se señala que a partir de los últimos dos años México se ha convertido en un país particularmente letal para la práctica del periodismo. Freedom House, una organización de origen estadounidense, calificó desde 2004 a México como un país "parcialmente libre" debido en parte a las amenazas en contra de periodistas por parte de traficantes de drogas y el crimen organizado.
También se advierte en estos informes que los asesinatos y amenazas han tenido lugar, principalmente, en la región norte y fronteriza del país y en los estados de la costa del Golfo de México; y en general involucran a periodistas en labores de investigación sobre temas relacionados con el crimen transnacional organizado, el narcotráfico en particular, las redes de corrupción oficial y los grandes intereses económicos. Un reconocido columnista nacional incluso se ha referido a listas negras de periodistas, y habla de una escalada de violencia que a su juicio es uno de los saldos del periodo electoral y postelectoral del año anterior.
No menos grave que el saldo trágico que muestra el panorama periodístico nacional y local, es el efecto de este clima de violencia en la calidad del periodismo que se ejerce en el país: la violencia y las amenazas generan autocensura de periodistas y editores, y limita el periodismo de investigación sobre temas de interés nacional. Igualmente grave es que esta auto-restricción en el ejercicio de las libertades y derechos del gremio periodístico, tiene como consecuencia lógica la limitación del derecho a la información de los ciudadanos y la coerción de sus libertades y derechos civiles.
Asimismo, la violencia que padecen los medios de información limita el papel de fiscalización que este cuarto poder ejerce sobre el poder público en los sistemas democráticos contemporáneos. Este no es sólo un juicio teórico sino una realidad que se vive y se lee de manera cotidiana en los diarios nacionales y locales: no hay contrapunto a los boletines oficiales de prensa y, por ejemplo, la reciente campaña oficial en contra del crimen organizado se ha quedado sin periodistas y publicaciones que a nivel local y nacional reporten de manera crítica el alcance de estas campañas.
Aunado a lo anterior, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, creada en febrero de 2006 después de muchas dilaciones que incluso fueron denunciadas por las asociaciones internacionales de periodistas, se encuentra acéfala y resulta sintomático que recientemente haya renunciado el fiscal a cargo. Con ello, los crímenes y amenazas contra periodistas se mantienen impunes, quedan abiertos cerca de 72 expedientes en esta fiscalía, y en la práctica sigue vigente la restricción de las libertades y derechos civiles del gremio periodístico y de la ciudadanía.
Por la suma gravedad de este clima de violencia en contra del gremio periodístico y la afectación de las libertades y derechos civiles, el Grupo Parlamentario del PRI propone el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a, de manera urgente, tomar las medidas conducentes para garantizar que no queden impunes los crímenes y amenazas que han tenido lugar en los últimos años en contra de periodistas y editores. Entre estas medidas debe incluirse el nombramiento de un sustituto para presidir la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, y la garantía de los recursos necesarios para cumplir su mandato.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a realizar un condena pública a la ola de crímenes y agresiones que han padecido en años recientes los medios de comunicación nacional y local, y comprometerse a garantizar durante su mandato la plena vigencia del derecho a la información y las libertades y derechos civiles correspondientes.
Senador Mario López Valdez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A ORGANIZAR, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, UNA CAMPAÑA DE AYUDA HUMANITARIA PARA APOYAR A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE PADECEN LAS INCLEMENCIAS DE LAS BAJAS TEMPERATURAS EN ESTA TEMPORADA INVERNAL, A CARGO DE LA DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA CABALLERO CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura, Claudia Gabriela Caballero Chávez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución.
Como todos ya hemos visto y experimentado, la República Mexicana se ha visto afectada en los últimos días por una ola fría inusual; incluso en la capital mexicana se han alcanzado temperaturas cercanas a los cero grados centígrados y las montañas de la región centro del país se han visto matizadas con una capa de nieve. Desafortunadamente se prevé la llegada de más de cincuenta frentes fríos en esta época invernal.
Para un sector de la población resulta una atracción el ir a estas montañas a presenciar la caída de aguanieve, pero no ponemos dejar de pensar en las innumerables familias de escasos recursos que viven en las faldas de los montes, casi a la intemperie, sufriendo por las inclemencias del frío; o los niños y jóvenes que tienen como único refugio la oscuridad de las calles.
Somos conscientes que en este sexenio se han puesto en marcha varias acciones en materia de salud y desarrollo social con el único objetivo de erradicar la pobreza y conseguir una mejor calidad de vida para todos los mexicanos; pero también sabemos que todavía hay muchas cosas por hacer, más en estos momentos que se han adelantado los estragos del invierno.
Por ello, es una gran preocupación para el grupo parlamentario de Acción Nacional apoyar a todos los mexicanos, especialmente a los que menos tienen, ya que son los más susceptibles frente a las bajas temperaturas.
En los medios de comunicación se han dado a conocer los primeros decesos por las ondas gélidas; en esta temporada invernal han muerto hasta el momento más de 40 personas en la República Mexicana, la mayoría de ellas por hipotermia.
Por lo anterior, sabedores que los mexicanos somos una nación solidaria, considero de suma importancia que las secretarías antes mencionadas organicen urgentemente una campaña de recaudación de víveres, cobertores y ropa en buen estado para que sea donada a los albergues, las familias que radican en zonas de alto riesgo y a los jóvenes que viven en las calles, entre otras.
No olvidemos, compañeros legisladores, que el principal activo de nuestra nación es nuestra gente y el primer compromiso que tenemos al ser sus representantes en la máxima tribuna de la nación es coadyuvarlos a subsanar sus necesidades básicas sin distingo alguno.
Por lo anteriormente expuesto, los exhorto a que aprobemos el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente resolución.
Primero. Que ésta H. Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social, así como al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a que de manera coordinada, realicen las acciones necesarias para apoyar a las familias de escasos recursos que padecen las inclemencias de las bajas temperaturas en esta temporada invernal.
Segundo. Que ésta H. Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y municipios a que, de manera coordinada con las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social así como al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, realicen las acciones necesarias para apoyar a las familias de escasos recursos que padecen las inclemencias de las bajas temperaturas en esta temporada invernal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de enero de 2007.
Diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN REALICE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS TRANSFERIDOS PARA APOYAR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las y los suscritos diputadas y diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo previsto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten poner a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual señala que en el año en que termina su encargo, el Ejecutivo federal deberá elaborar anteproyectos de iniciativa de Ley de ingresos y del proyecto y de Presupuesto de Egresos en apoyo al Presidente electo, incluyendo sus recomendaciones, a efecto de que éste último los presente a la Cámara de Diputados, a más tardar en la fecha y en los términos a que se refiere el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, dispone que para realizar las actividades referidas y la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, se podrán aprobar recursos en el correspondiente Presupuesto de Egresos para cubrir los gastos de un equipo de asesores que apoye los trabajos de un Presidente electo, estableciendo para tal efecto un fondo específico que estará sujeto a las normas de ejercicio y fiscalización de los recursos federales que correspondan; de lo cual, se deberá informar en la Cuenta Pública.
Es en este sentido que el 5 de diciembre de 2005, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), publicó en el Diario Oficial los Lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, acceso a información gubernamental y rendición de cuentas, incluida la organización y conservación de archivos, respecto de recursos públicos federales transferidos bajo cualesquier esquema al presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos y a su equipo de colaboradores, entre el 3 de julio y el 30 de noviembre de 2006.
En las consideraciones de dichos lineamientos se expone la falta de claridad en la legislación, que existió entre el 3 de julio y el 30 de noviembre de 2000, con relación a las obligaciones de transparencia y al procedimiento de acceso a la información pública y rendición de cuentas al presidente electo así como de su equipo de colaboradores.
Para la transmisión del Poder Ejecutivo federal en el año 2006, la Secretaría de Hacienda tiene la obligación de informar en su sitio de Internet sobre los montos y las personas a quienes proporcione recursos públicos. Del mismo modo las dependencias y entidades deberán poner a disposición del público los documentos que formen la serie documental "archivos del presidente electo 2006", en la que deberán obrar todos los documentos que se generen, así como de guardar y conservar durante un año los archivos que serán transferidos al Archivo General de la Nación.
Mientras que la Secretaría de la Función Pública suscribirá un convenio con el presidente electo a fin de establecer un programa de monitoreo, donde se asumen los siguientes compromisos:
I. Declaraciones unilaterales de integridad y transparencia por parte del presidente electo y sus colaboradores, en la que se comprometen a sujetarse a las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en los mismos términos que los servidores públicos federales;
II. Constitución de un fideicomiso público como único medio para la recepción de recursos públicos federales, con una cláusula de publicidad respecto de la totalidad de la información generada, obtenida, adquirida, transformada o conservada por cualquier título, donde el Presidente electo será el fideicomisario;
III. Comprobación de recepción de recursos públicos federales, ejercicio de gasto, informe sobre uso y destino correspondiente, y sujeción a auditorías, en formatos preestablecidos; en su caso, las auditorías serán llevadas a cabo por auditores externos autorizados por la Secretaría de la Función Pública;
IV. Presentación de un informe público e integral sobre el uso de los recursos públicos federales, dentro del mes siguiente a la toma de posesión como Presidente de la República, y
V. Otros aspectos que se consideren relevantes por parte de la Secretaría de la Función Pública.
Es en este sentido que el pasado 10 de octubre de 2006, el IFAI envió un comunicado a los Comités de Información de la Administración Pública Federal para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información gubernamental y rendición de cuentas respecto de recursos federales transferidos durante la etapa de transición entre gobiernos.
No obstante lo anterior, la información que ofrece la Secretaría de Hacienda en su página en Internet, la cual se encuentra actualizada al 30 de septiembre de 2006, es limitada e incompleta. En dicho sitio se registra que con fecha 7 de septiembre de 2006 se constituyó un fondo mediante la figura de un fideicomiso público, en donde se aportó la cantidad de 130 millones de pesos.
Mientras que con fecha del 27 de septiembre se traspasaron 20 millones de pesos del Ramo General 23, "Provisiones Salariales y Económicas" al Ramo Administrativo 02, "Presidencia de la República", para cumplir con las funciones de seguridad, apoyo logístico y administrativo de la Coordinación General de Transporte Aéreo Presidencial y el Estado Mayor de la Presidencia de la República.
Cabe señalar que recientemente la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que se concluyó la auditoría externa que dicha dependencia ordenó realizar al Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal. De acuerdo con la Función Pública, los resultados de dicha auditoría, practicada por el despacho Prieto, Ruiz de Velasco y Cia., SC, señalan que no se registró irregularidad alguna.
De acuerdo con la auditoría, durante el periodo que comprende del 7 de septiembre al 19 de diciembre de 2006, el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal, ha cumplido con sus objetivos y reintegrado a la Tesorería de la Federación un remanente que asciende a 27 millones 393 mil 600 pesos; luego de que se erogaron un total de 102 millones 606 mil 400 pesos.
Si embargo, se puede afirmar que, ante la ausencia de información, también se da la inexistencia de sistemas de control, lo que se traduce en incumplimiento de las finalidades del acto de rendición de cuentas y se pueden generar gastos innecesarios con cargo al presupuesto público.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y las dependencias y entidades relacionadas rindan cuentas sobre el destino de recursos para apoyar el cambio de administración del Ejecutivo federal, a efecto de que se cumpla con lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2007.
Diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SOLICITA SE REALICE UNA AUDITORÍA INTEGRAL RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES, A CARGO DEL SENADOR RICARDO FIDEL PACHECO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, legislador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, somete a esta Asamblea la aprobación del siguiente punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Honorable Asamblea:
En el Capítulo II del Código Federal de Procedimientos Penales, intitulado, de las "Huellas del Delito.- Aseguramiento de los Instrumentos y Objetos del Mismo", y en la Ley Federal para la Administración y Enajenación del Bienes del Sector Público, se establecen los criterios para la regulación de la administración y destino de parte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de diferentes tipos de bienes que le son transferidos por diferentes entidades tales como las autoridades aduaneras; la Procuraduría General de la República (PGR), la Tesorería de la Federación; los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, entre otros.
De los diferentes tipos de bienes resaltan los siguientes:
Los que habiendo sido embargados por autoridades federales, hayan sido adjudicados a las entidades transferentes;
Los que sean abandonados;
Los que estando sujetos a procedimientos establecidos en la legislación aduanera, en la legislación fiscal federal o en otros ordenamientos jurídicos aplicables a las entidades transferentes, deban ser vendidos, destruidos, donados o asignados; entre otros.
Asimismo el SAE integrará una base de datos con el registro de los bienes, que podrá ser consultada por la autoridad judicial federal, la PGR, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, autoridades del fuero común encargadas de la procuración e impartición de justicia, así como por las personas que acrediten un interés legítimo para ello.
Basando lo anterior en que para cada transferencia de bienes al SAE deberá existir un acta que incluya inventario con la descripción y el estado en que se encuentran los bienes, en la que se señale si los mismos se entregan para su administración, venta, donación y/o destrucción.
La ley además obliga al SAE a conservar los bienes en el estado en que los hayan recibido.
No obstante lo anterior, en últimas fechas varios compañeros legisladores han cuestionado la administración de los bienes transferidos al SAE, existiendo dudas sobre el destino de diferentes artículos decomisados a vendedores ambulantes. Hablamos de mercancías tales como juguetes, ropa, electrodomésticos y calzado principalmente. Sin embargo esta es solo una parte del universo de bienes bajo los que el SAE posee responsabilidad ante la sociedad y ante las entidades transferentes que son las que realizan el esfuerzo operativo y financiero por combatir males como el contrabando, el narcotráfico o cualquier actividad ilícita que arroje frutos tangibles, en perjuicio de la población y sus sectores económicos.
El Servicio de de Administración y Enajenación de Bienes se creó precisamente para dar mayor transparencia y responsabilidad a los procesos de decomiso, por ello si acaso existieran dudas sobre el funcionamiento del SAE, no debería existir ningún problema para que sus actividades fueran revisadas meticulosamente.
Por otra parte, la ley es muy clara, se procederá a la destrucción por parte del SAE de bienes decomisados o abandonados relacionados con la comisión de delitos de propiedad industrial o derechos de autor.
Estamos de acuerdo en definir destinos alternativos para ciertos productos como juguetes y ropa que no entren en la definición anterior, con el objeto de ser donados a población de escasos recursos, de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Lo que no podemos consentir es la existencia de un mercado negro de productos decomisados a bajo precio que obviamente es fomentado por funcionarios públicos corruptos y ciertas autoridades.
Estimados compañeros, no podemos tener dudas sobre la actuación de este organismo, mas aún cuando legisladores de diferentes bancadas en el Senado de la República proponían hace algunos días, que el director del SAE fuera ratificado por esa soberanía ante lo delicado de sus funciones.
Es con base en todo lo manifestado anteriormente, que se presenta la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Con base en los artículos 66 y 67, fracción I, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, comunique la urgente necesidad a la Auditoría Superior de la Federación para que se realice una auditoría integral respecto de las actividades que realiza el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, relacionadas con la administración y destino de los bienes que con detalle se señalan en el artículo 1° de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
Segundo. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de la Función Pública, envíe un informe a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, sobre procedimientos de investigación vigentes y agotados de faltas de funcionarios públicos relacionados con la operación del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Tercero. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes envíen a esta Comisión Permanente la base de datos con el registro de bienes a que hace referencia el artículo 4 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, contemplando como período de información el cuarto trimestre de 2006.
Cuarto. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Comité de Donaciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, considere la donación de juguetes y ropa administrados por el organismo, para destinarlos a zonas de alta marginalidad en el país.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 10 de enero de 2007.
Senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE MARINA, DE LA DEFENSA, Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA UN INFORME PORMENORIZADO DE LOS OPERATIVOS EN CONTRA DEL CRIMEN ORGANIZADO, A CARGO DE LA SENADORA CLAUDIA CORICHI GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, senadora integrante de la LX Legislatura, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes
Considerandos
La realidad mexicana es desoladora. Más allá de la creciente ola de violencia, México vive un drama cuyos ingredientes principales son la delincuencia cotidiana cada vez mas incontrolable, los múltiples secuestros perpetrados con violencia extrema, sangrientas guerras de los distintos cárteles de la droga, grupos paramilitares, encono político, debilidad de las instituciones, hartazgo de la sociedad y marginalidad componen un rompecabezas complejo al que no se le ve salida.
Así, el crecimiento de los índices delictivos, los ajustes de cuentas, así como las revelaciones de corrupción y complicidad de funcionarios públicos con el crimen organizado, fueron algunas de las estelas que heredamos desde hace tres décadas.
Pero además de ello, resulta particularmente preocupante el desarrollo del narcotráfico. Es imposible entender esta actividad sin conocer exactamente el papel que ha desempeñado el Estado en su evolución. Pero también es difícil de entender su poder y alcance sin protección de ciertos agentes del Estado al desarrollo del crimen organizado. Es obvio, que nos estamos refiriendo a una alianza perniciosa que tiene como base de entendimiento la corrupción misma.
Y sin duda, es una relación que ha venido fortaleciéndose cada vez más en la medida en que este negocio tiene mejores dividendos y expande su mercado. Sin duda, esta relación perversa se gestó desde regímenes anteriores; pero es cierto que durante estos últimos años la guerra entre los cárteles de la droga no tiene precedentes, y es cierto también que tampoco tiene precedentes la incapacidad del gobierno federal para contener al crimen organizado.
Pero este asunto va más allá, en el fondo lo que hemos visto en el siglo XX en México y en muchos países del continente, incluido Estados Unidos, es una relación por conveniencia entre el narco y el Estado. Y en eso debo ser claro, no sólo el beneficio personal e ilegítimo que obtiene un funcionario encargado de combatir el narcotráfico por mirar hacia otro lado cuando pasa un cargamento de droga. Me refiero a los beneficios que deja el narco en la economía de un país, los empleos que genera, la infraestructura que crea, los vacíos que llena donde el Estado está ausente. Es sobre el papel que desempeña el narco como proveedor de servicios públicos donde el Estado es ausente. Es, en otras palabras, una reflexión sobre el peso que tiene el narco como actor económico importante, y que por su capacidad, puede llegar a ser imprescindible para un país como Perú, Colombia o Bolivia.
Hay que advertir que lograr la seguridad suficiente para desarrollar los negocios ilícitos con frecuencia es una tarea costosa tanto en tiempo como en recursos. Es lógico pensar que la vertiginosa evolución de los cárteles de la droga se debió a las displicencias y complicidades con el aparato estatal. La sucesión cada vez más incesante de organizaciones que aparentemente controlan buena parte del suministro de drogas hacia Estados Unidos constituye una prueba de la velocidad con la que se crean estas relaciones políticas. Mientras la duración temporal de los grupos criminales ha disminuido ostensiblemente desde los años setenta, hasta quedar aproximadamente reducida a un sexenio presidencial, se ha incrementado su potencial para organizar adecuadamente volúmenes de recursos cada vez mayores. El conjunto de redes tejidas alrededor de un máximo dirigente difícilmente ha sido capaz de superar la vida en libertad de sus líderes. El hecho de que muchas de estas bandas organizadas tengan una estructura basada en la legitimidad de uno o varios dirigentes explica en parte este comportamiento. Y ello, tiene implicaciones no sólo en la seguridad pública, sino en la estabilidad y la seguridad nacional.
Ahora, el rostro más visible del narcotráfico en México es la violencia. Lo cruento de sus operativos lo hace aparecer como el agente protagónico de los todos los informativos. Así, en 40 minutos pueden batirse en batalla campal con armas de alto poder y granadas; en menos de 24 pueden lograr 10 ejecuciones en cuatro distintos estados; y en un año, como el 2006, atribuirse más de 2 mil asesinatos.
Pero más allá de sus acciones violentas, es perceptible que el narco cuenta con una vasta y compleja estructura sostenida y auspiciada por las enormes ganancias que percibe. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto y cómo se distribuyen las riquezas que entran a sus arcas, pero nadie duda que son fortunas inimaginables. El narco casi todo lo puede: corrompe a militares mexicanos y estadounidenses; intimida y asesina periodistas; soborna a policías municipales, estatales o federales; recluta a sicarios; compra favores de funcionarios públicos; adquiere armas y tecnología de punta.
El narco es poder puro y duro; poder que se ejerce y que moviliza, poder concreto; el narco es una red de de relaciones humanas tan grande y tan extendida, que se ignora a sí misma; nadie conoce bien a bien todos los nudos que la conforman; el narco se ha convertido en cultura e idiosincrasia, ha perneado la psique del mexicano hasta la costumbre; vivimos con él, con sus iconos de sangre y opulencia grotesca, con su jerga, todo a ritmo de corrido. El narcotráfico ha irrumpido en la vida nacional, a nuestras vidas, y hoy los ciudadanos y el Estado mismo, tenemos que lidiar con su nefasto poder para evitar ser devorados.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente solicita a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública, de Marina, de la Defensa, así como de la Procuraduría General de la República un informe pormenorizado de los operativos y sus resultados, que con motivo de la lucha contra el crimen organizado se desarrollan en varios estados de la república.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para que a en el mes de febrero próximo cite a comparecer al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, para que con base en el artículo 58 de la Ley de Seguridad Nacional, presente y explique el informe semestral sobre la materia.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 10 días del mes de enero de 2006.
Senadora Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO REGIONAL ESTABLECIDO EN EL ANEXO 20, EN LOS TÉRMINOS DE LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TRANSITORIO DEL DECRETO, SE REALICE CONSIDERANDO EL CONTEO DE POBLACIÓN 2005, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, miembros del Grupo Parlamentario del PRI ante la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 constitucional, y fracción I del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar el siguiente punto de acuerdo relativo a la distribución del Fondo Regional establecido en el Anexo 20 del decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.
Exposición de Motivos
1. El decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, en su artículo transitorio vigésimo establece que "el Fondo Regional incluido en el Anexo 20 se aplicará conforme el índice de desarrollo humano de los 10 estados con el menor grado de desarrollo, considerando la desviación de cada uno de ellos respecto de la media nacional".
2. El monto de dicho Fondo Regional asciende a 2 mil millones de pesos.
3. El índice de desarrollo humano disponible más reciente fue realizado con los datos del XII Censo General de Población y Vivienda de 2000. No obstante, actualmente se cuenta con nuevos datos, recopilados en el II Conteo de Población y Vivienda en 2005.
4. Considerando los datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, el Consejo Nacional de Población ha elaborado el Índice de Marginación que, utilizado como criterio para la distribución del fondo referido, ofrece el siguiente resultado:
5. La estimación anterior incurre en iniquidades al no considerar la población por estado, dado que las condiciones de pobreza y marginación en términos absolutos son más graves en los estados de mayor población, tal como puede observarse en la disparidad que se observa en la asignación per cápita.
Por lo anterior, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno federal para que en la distribución del Fondo Regional establecido en el Anexo 20, en los términos de lo estipulado en el artículo vigésimo transitorio del decreto, se realice considerando el Conteo de Población 2005.
Segundo. Que 50 por ciento del Fondo Regional, es decir mil millones de pesos, se distribuya por criterio de marginación, y el restante 50 por ciento por población marginada. Con base en este criterio, la asignación sería la siguiente:
Palacio Legislativo, a 10 de enero de 2007.
Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO A DAR CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN 46/2006 EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS, EN NOMBRE DE LA DIPUTADA ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos diputados federales e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, una proposición con punto de Acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 28 de diciembre de 2006 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 46/2006 dirigida al gobernador del estado de Tabasco Manuel Andrade Díaz con relación al caso de ocho personas -seis de ellos militantes de nuestro Partido- que fueron víctimas de privación ilegal de la libertad, lesiones, tortura y abuso de autoridad, a manos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de esa entidad, con motivos de la represión que se efectuó en contra de militantes, simpatizantes y legisladores de nuestro partido antes y durante la jornada electoral el pasado 15 de octubre.
La CNDH recomendó al gobernador saliente Manuel Andrade Díaz, a que dé vista a la Secretaría de Contraloría de esa entidad, para que inicie y resuelva conforme a derecho el procedimiento administrativo que permita establecer la responsabilidad en que hayan incurrido los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, ante la violencia física, verbal y psicológica que infligieron a los agraviados al detenerlos y durante el tiempo en que los retuvieron, así como al personal que los videograbó y los presentó ante los medios de comunicación para autoinculparse de querer desestabilizar el proceso electoral.
Igualmente, la CNDH solicita que la recomendación se aporte a la averiguación previa iniciada, entre otros delitos, por tortura, para que el representante social valore las consideraciones vertidas al momento de determinarla, así como se repare el daño psicológico que sufrieron los agraviados, mediante tratamientos especializados.
Asimismo, dar vista a la Secretaría de Contraloría estatal para iniciar procedimiento administrativo en contra de los médicos legistas adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, por las omisiones en sus valoraciones médicas, así como a los servidores públicos responsables de las condiciones indignas de la celda en que fueron detenidos, además de que establezca acciones para la prevención de la tortura, a través de la capacitación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública e iniciar un proceso administrativo contra los médicos legistas por las omisiones en que incurrieron al emitir su reporte, así como a los servidores públicos responsables de las condiciones indignas de la celda en que fueron detenidos.
Por ello y en virtud de las consideraciones expuestas solicitamos al Pleno de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, exhorta al C. Andrés Granier Melo, gobernador del estado de Tabasco, a dar cumplimiento íntegro a la Recomendación 46/2006 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los diez días del mes de enero de 2007.
Diputada Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR QUE SE DECLARE ZONA DE DESASTRE EL MUNICIPIO DE CALVILLO, AGUASCALIENTES, A CARGO DEL SENADOR CARLOS LOZANO DE LA TORRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El pasado 26 de diciembre, debido a la intensidad con la que inició la temporada invernal fuertes heladas provocaron siniestros en 2 mil hectáreas de guayaba del municipio de Calvillo, del estado de Aguascalientes, que representa la pérdida total de 30 mil toneladas de producto, con valor de mercado de 105 millones de pesos.
Ello significa el 21 por ciento de la superficie dedicada a ese cultivo y un daño severo no sólo a la economía de los 600 productores directamente afectados, sino en general a del municipio de Calvillo, ya que la producción de guayaba representa el 50 por ciento de su actividad económica.
Un informe preliminar de la delegación de la Sagarpa en la entidad, señala que la superficie afectada fue de mil 210 hectáreas además de 300 hectáreas de nopal verdura, jitomate y agave. Sin embargo, en reciente reunión de trabajo celebrada con los productores, éstos señalan que la afectación asciende a 2 mil hectáreas.
El municipio de Calvillo ya había sufrido siniestros en el 2006, debido a los contrastes climáticos. Inicialmente una prolongada sequía seguida de violentas granizadas, que provocaron pérdidas estimadas en 400 millones de pesos. Por esta razón, el Congreso del estado acordó, en sesión del 23 de noviembre del mismo año pasado, requerir al gobierno estatal un plan emergente para brindar apoyo a la población afectada.
Al parecer no hubo la respuesta esperada, por lo que ahora, ante la suma de siniestros, los productores exigen ayuda y acciones eficaces e inmediatas de las autoridades competentes, ya que las consecuencias de heladas de esa magnitud implican que, de no atenderse debidamente, el daño sea irreversible y la recuperación tardará varios años, lo cual a su vez repercutirá en el desempleo de varios cientos de jornaleros y en las condiciones de vida de sus familias.
Calvillo es uno de los municipios que mayor población joven ha expulsado durante los últimos años hacia Estados Unidos. Los trabajadores agrícolas que se verán afectados, sin duda intentarán emigrar hacia el extranjero, continuando así un círculo vicioso de desempleo, pobreza, emigración y desarticulación de familias y de la actividad social y económica de la región.
A los productores perjudicados les preocupa, además, que solicitaron créditos bancarios para solventar la cosecha de este año, y con las heladas han visto perder su patrimonio, endeudados y sin producto qué vender, están ante el riesgo de perder sus tierras.
Les inquieta también el hecho de que en los servicios de electricidad y agua, en años anteriores recibieron algunos subsidios federales, pero ya no en 2006 ni en 2007, habiéndose elevado los costos hasta en 350 por ciento. Informaron que para producir una hectárea de guayaba se invierten 30 mil pesos, de los cuales la tercera parte se destina al pago de electricidad y agua.
Las asociaciones de productores han demandado a las autoridades del sector agropecuario auxilio financiero en condiciones adecuadas durante varios años, ya que la recuperación de las huertas tardará tres años debido a la magnitud del desastre en un cultivo de por sí delicado; la inspección minuciosa de las huertas dañadas para valorar el tipo de daño y la creación de un comité de evaluación y seguimiento, conformada por los propios productores afectados.
Compañeras y compañeros legisladores: es urgente la intervención ágil y decidida del gobierno federal, en coordinación con el gobierno del estado y del municipio, para aplicar de inmediato un programa contingente de apoyo al municipio de Calvillo y en particular a los productores de guayaba.
No solamente se trata de la autorización inmediata de recursos financieros, sino además de programas de asistencia técnica, infraestructura, empleo temporal y de desarrollo social, para atemperar los efectos del fenómeno meteorológico y, especialmente, para recuperar la economía y el progreso de esa región, que ya cuenta con algunos significativos rezagos.
Por todas estas razones, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a que declare zona de desastre el municipio de Calvillo, estado de Aguascalientes, y en coordinación con las dependencias federales del sector agropecuario y del de desarrollo social, así como con los gobiernos del estado y del municipio, procedan a instrumentar y a aplicar un programa inmediato de apoyo para la recuperación social y económica de esa región de la entidad, particularmente en auxilio de los productores de guayaba.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de enero de 2007.
Senador Carlos Lozano de la Torre (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL ECOCIDIO EN EL VALLE DE SAN LUIS POTOSÍ COMETIDO POR LA MINERA SAN XAVIER, SUBSIDIARIA DE LA EMPRESA CANADIENSE METALLICA RESOURCES INC., A CARGO DEL DIPUTADO OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS, EN NOMBRE DE LA DIPUTADA ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las y los suscritos legisladores federales ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la alta consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los diputados Alliet Bautista, del PRD, y Silvano Garay, del PT, el día 8 de diciembre acudimos a San Luis Potosí, en solidaridad con el Frente Amplio Opositor (FAO) a clausurar de manera simbólica la Minera San Xavier, en virtud de que dicho proyecto minero que actualmente concluyó su primera etapa de preparación del terreno y pretende extraer oro y plata del Cerro de San Pedro, utilizando el sistema de tajo a cielo abierto con cianuro de sodio que provocaría un cráter de 1 kilómetro de diámetro y 300 metros de profundidad, lo que genera un alto grado de contaminación y degradación ambiental, ya que para ello se ocupa al menos 2 millones 300 mil metros cúbicos de agua al año. El agua es extraída del acuífero del Valle de San Luis Potosí (VSLP), aun cuando un decreto presidencial desde 1961 determinó su sobreexplotación y un estudio reciente de Semarnat y Conagua reitera que el acuífero ya está sobreexplotado y prohíbe la instalación de industrias con alta demanda de agua.
La explotación del Cerro de San Pedro por parte de la Minera San Xavier, filial de la empresa canadiense Metallica Resources Inc., representa una constante violación a los derechos humanos de la población que habita en los pueblos que circundan el proyecto minero. Cabe precisar que no sólo atenta contra derechos fundamentales como el derecho a la salud, a un medio ambiente sano, sino que violenta también derechos culturales, en virtud de que el Cerro de San Pedro esta clasificado como zona de preservación de flora y fauna así como patrimonio cultural por la UNESCO por ser considerado zona de monumentos.
El derecho internacional de los derechos humanos establece estándares de protección a los derechos de la persona en su vinculación con el medio ambiente, así como con la protección de los derechos humanos relativos con lo que representa San Luis Potosí como patrimonio de la humanidad de la UNESCO.
Los grupos parlamentario de la PRD y del PT desde la LIX legislatura apoyamos los justos reclamos y la lucha de la ciudadanía de San Luis Potosí en defensa de su proyecto de vida, de su patrimonio y de la protección de sus derechos humanos.
Los integrantes del Frente Amplio Opositor han utilizado todos los mecanismos legales para evitar que se continúe con este ecocidio; sin embargo, los gobiernos estatal y federal han demostrado su complicidad con los intereses de la empresa canadiense y no con las exigencias y el bienestar de los ciudadanos.
La administración Foxista demostró aquí, una vez más, ser fiel a los intereses que representa el partido de la derecha en el poder, cobijando sólo los intereses de la trasnacional por encima de los derechos inalienables del pueblo de México.
Minera San Xavier representa una empresa altamente contaminante, que genera daños ecológicos y de salud pública irreparables para la vida de la comunidad, así lo han determinado también organizaciones mundialmente reconocidas como Greenpeace.
Por ello los grupos parlamentarios del PRD y del PT en esta legislatura nos oponemos rotundamente al proyecto ecocida en la comunidad de Minera San Xavier. Reiteramos nuestra solidaridad con el Frente Amplio Opositor y exigimos que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cancelé los permisos que ilegalmente expidió para la explotación de la citada mina y acate la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que revoca dicho permiso.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas fue suscrito por el Estado mexicano y en consecuencia es parte de las leyes supremas de la unión, por lo que exigimos que el gobierno federal lo asuma y termine con esta flagrante violación a derechos humanos.
Exigimos también un alto a la represión en contra de los integrantes de Frente Amplio Opositor, quienes el 10 de diciembre fueron agredidos físicamente y amenazados de muerte por el hecho de defender de manera legítima sus derechos, sin que las autoridades investiguen hasta ahora las denuncias presentadas. Responsabilizamos al gobierno del estado de la integridad física de los integrantes del Frente Amplio Opositor.
Por lo anterior consideramos que los secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de Defensa Nacional deben comparecer ante esta soberanía popular, para explicar los fundamentos de su decisión de otorgar tanto el permiso para la explotación del cerro, así como para el uso de grandes cantidades de explosivos.
Asimismo exigimos al Gobierno Federal tome medidas urgentes para detener esta terrible agresión a la población del Valle de San Luis Potosí.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a ésta honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Solicitar la comparecencia en el pleno de la Cámara de Diputados del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que exponga los motivos y fundamentos legales de la autorización de la Minera San Xavier en el estado de San Luis Potosí.
Segundo. Solicitar la comparecencia en el pleno de la Cámara de Diputados del secretario de la Defensa Nacional para que explique los motivos y fundamentos de la autorización para que Minera San Xavier utilice explosivos exclusivos para las fuerzas armadas.
Dado en el salón del Pleno de la Comisión Permanente, a los diez días de enero de 2007.
Diputados: Alliet Bautista Bravo, Armando Barreiro Pérez, Silvano Garay Ulloa, Octavio Martínez Vargas.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXTIENDE UN SINCERO RECONOCIMIENTO A LA REPRESENTANTE NANCY PELOSI, LÍDER DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, POR SUS DECLARACIONES FAVORABLES A UN ENTENDIMIENTO MIGRATORIO ENTRE NUESTROS PAÍSES, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Proposición con carácter de urgente y obvia resolución que presenta el senador Carlos Jiménez Macías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que contiene punto de acuerdo para expresar su reconocimiento a la postura sobre la migración mexicana de la líder de la Cámara de Representantes estadounidense.
Antecedentes
El año 2006, el Congreso norteamericano aprobó una iniciativa para construir una doble barda de más de mil cien kilómetros de longitud que iría desde Calexico, California hasta Douglas, Arizona, a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos. El objetivo: fortalecer la seguridad fronteriza y el control migratorio.
Como es de público conocimiento, en el Congreso mexicano siempre hemos vigilando para que en ese proceso se respeten los derechos fundamentales de nuestros connacionales sin menoscabo del respeto a la facultad soberana de dicho país para definir su política migratoria.
En la LX Legislatura refrendamos nuestro compromiso con los derechos de nuestros connacionales, independientemente de su situación migratoria y seguiremos promoviendo junto con el Ejecutivo, mecanismos para establecer una política migratoria con soluciones estratégicas.
Las iniciativas conocidas implican mayor vulnerabilidad a los inmigrantes y no contribuyen a las relaciones de cooperación de México y Estados Unidos en materia migratoria. Tal es el caso de un muro en la frontera, que ni resuelve los problemas de seguridad de Estados Unidos y México y por el contrario puede fomentar la formación de bandas criminales dedicadas al tráfico de personas.
Por esto, creemos que es imprescindible una reforma integral al sistema de inmigración que contemple dos elementos fundamentales: el ingreso legal de los trabajadores que demanda la economía estadounidense y una solución al estatus de los millones de inmigrantes indocumentados.
En virtud de eventuales cambios en la política migratoria estadounidense y en defensa del bienestar y la seguridad de nuestros connacionales, someto a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, en base al siguiente
Considerando
1. Que la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha expresado públicamente su intención de darle un gran énfasis al fortalecimiento de las relaciones norteamericanas con sus vecinos en América Latina, así como su apoyo a la legalización de los inmigrantes mexicanos.
2. Que asimismo, al referirse al proyecto de ley de la construcción de un muro fronterizo con México calificó como desafortunada su aprobación.
3. Que la líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha manifestado estar dispuesta a apoyar una decisión legal que respete el rol que históricamente los inmigrantes han jugado en Estados Unidos al tiempo que se mantiene el respeto a las leyes estadounidenses.
4. Que estas manifestaciones, representan un indicio de coincidencia y acercamiento entre la postura del Congreso mexicano en su defensa de los intereses de nuestros conciudadanos, y el marco de la legalidad vigente en Estados Unidos.
Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. El Congreso Mexicano extiende un sincero reconocimiento a la representante Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América, por sus declaraciones favorables a un entendimiento migratorio entre nuestros países.
Segundo. El Congreso Mexicano reitera a sus contrapartes en el Congreso de Estados Unidos de América, su firme disposición de contribuir a un convenio que encuentre una respuesta de fondo a la realidad migratoria entre México y Estados Unidos de Norteamérica.
Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 10 días del mes de enero de 2007.
Senador Carlos Jiménez Macías (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CITAR A COMPARECER ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE AL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL, AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, A CARGO DEL SENADOR RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Presenciamos en nuestros días una profunda confusión sobre la importancia y naturaleza de nuestras instituciones, nosotros opinamos que debemos tener cuidado con el respeto que nos merece la ley, particularmente nuestra constitución pues no creemos que el fin justifique los medios, ni que el fuego se deba combatir con fuego.
Lo anterior viene a colación porque a partir de la toma de posesión de Felipe Calderón se ha desatado una serie de medidas que difícilmente pueden justificar su constitucionalidad, me refiero a la militarización de algunas regiones del país y a la politización de dichas medidas.
Todos los mexicanos honestos estamos cansados del cáncer social que nos aqueja, llamando narcotráfico, todos desearíamos erradicar el flagelo del crimen organizado de nuestro territorio y construir una sociedad limpia de drogas y democrática en su funcionamiento.
El problema que enfrentamos se encuentra en que los remedios contra el mal, lejos de extirparlo desgraciadamente lo van a fortalecer y trasformar en males más peligrosos, tal es el hecho de contaminar algunas de nuestras instituciones, como el Ejército, en problemas de policía, como el combate al crimen, a quienes ya lo olvidaron debemos recordarles el fracaso de la llamada Operación Cóndor de los años setenta que tuvo como propósito combatir el narcotráfico en Sinaloa y que finalmente solo consiguió que el cáncer se extendiera a Jalisco, Michoacán, Baja California y otros estados que de pronto recibieron a grupos de narcotraficantes que huían por el llamado efecto cucaracha de las operaciones del Ejército.
La proliferación del mal en otras regiones no fue el peor resultado, sin embargo, pues las estructuras del Ejército se corrompieron y algunos de sus integrantes se dedicaron a fructíferas tareas dentro de las organizaciones delictivas, ¿nombres? Basta recordar al General Gutiérrez Rebollo, por mencionar solo uno de ellos.
En México politizamos la justicia y el resultado es una profunda crisis de credibilidad en nuestras instituciones, militarizando el combate al crimen organizado simplemente enfrentaremos un proceso de descomposición de las fuerzas armadas mexicanas, similar al que se vivió en Colombia, Perú, Bolivia o Brasil.
De la misma manera que una infección no se combate matando al paciente, el crimen no se combate con la fuerza, el crimen se combate con inteligencia, y es precisamente esa cualidad la que no observamos en las recientes acciones gubernamentales en Michoacán, Sinaloa y Baja California.
¿No se han puesto a pensar porqué países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera, no dedican sus fuerzas armadas a combatir la delincuencia? La respuesta es evidente, todo lo que toca la podredumbre se pudre, el fin de cualquier democracia desarrollada es evitar la destrucción o desnaturalización de sus instituciones, y dedicar cada una a los fines para los que fue creada.
¿El Ejército Mexicano fue diseñado como una policía grande? Ningún ejército del mundo fue diseñado como policía y en consecuencia sus resultados son generalmente pobres y no atacan la raíz del crimen, sino simplemente lo evidente, los resultados y no las causas ni los orígenes.
El problema se complica cuando observamos el marco legal que regula la vida del Ejército y la vida social en México, las acciones llamadas de combate al narcotráfico se han convertido en verdaderas suspensiones de garantías individuales en los lugares que se han aplicado los operativos, y todo ello en contravención de lo dispuesto en nuestra Constitución que claramente especifica en su artículo 29 cómo se pueden suspender garantías en una región o en todo el país (detener personas sin órdenes de aprehensión, establecer retenes, violar domicilios sin mandato judicial, desarmar policías, etcétera).
La Constitución establece que se pueden suspender las garantías con motivo de la perturbación grave de la paz pública, por acuerdo del Presidente de la República y su gabinete, incluido el procurador general de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión, siempre por tiempo limitado y por medio de prevenciones generales.
No obstante lo expuesto, la principal preocupación que nos ocupa se deriva de la lectura del artículo 129 de la Constitución que señala:
En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de tropas.
De conformidad con el principio de supremacía Constitucional no se puede admitir, bajo ningún pretexto que se le confieran funciones de policía a las fuerzas armadas de México, cuya misión fundamental tiene que ver con la conservación de la independencia y el territorio, mantener la soberanía preservar nuestras instituciones; para las tareas de policía debemos destinar los recursos necesarios para habilitar los sistemas que hayan demostrado su eficacia en tareas similares en otras latitudes con sistemas semejantes al nuestro, y no caer en la imitación extralógica de estrategias que además de ser contrarias a nuestra constitución han mostrado su ineficacia en países hermanos y en nuestro propio país.
Estamos frente a una estrategia política que disfrazada de combate al crimen organizado se inclina por movilizaciones costosísimas y de pocos resultados, cuyo único fin es sentar las bases de las campañas políticas en los lugares donde habrá elecciones próximamente.
La inversión en movilización de tropas es grande, la manipulación mediática de los magros resultados también lo es, sin embargo, el país necesita enfrentar la verdad, para lo cual es necesario que acudan a este Senado de la República los responsables de los operativos, para que nos expliquen los costos y los logros obtenidos.
Único. Por lo expuesto solicito se cite a comparecer ante la Comisión Permanente al secretario de la Defensa Nacional, al Procurador General de la República y al Secretario de Seguridad Pública.
Ciudad de México, DF, 10 de enero del 2007.
Senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica)
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