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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, relativo a operaciones contra la delincuencia organizada en Baja California Sur, a cargo del diputado Manuel Salvador Salgado Amador, del Grupo Parlamentario del PVEM.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal sobre el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar en cuanto al pago de la caña que regirá para la zafra 2007-2008, a cargo del diputado Daniel Pérez Valdés, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la CNBV a intervenir ante los bancos nacionales a efecto de que se distribuyan con la mayor brevedad los recursos económicos captados para los afectados por las inundaciones en Tabasco y Chiapas, a cargo del diputado Andrés Carballo Bustamante, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Banco de México y al Ejecutivo federal que se presente mediante las autoridades competentes un informe detallado de los recursos donados por la ciudadanía para ayudar a los damnificados por las inundaciones en Tabasco y Chiapas, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la administración pública federal a emitir en este año las reglas de operación de los programas señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 con perspectiva de género, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de los estados y a la ALDF a legislar en materia indígena, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, relativo a la publicación del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a implantar mediante la Segob acciones preventivas en el estado de Chihuahua debido a las bajas temperaturas, suscrita por los diputados César Duarte Jáquez e Israel Beltrán Montes, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas implante acciones que garanticen a los pueblos indígenas que habitan en zonas urbanas el acceso equitativo y urgente a sus programas, a cargo de la diputada María Soledad Limas Frescas, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, relativo a la expedición de la Ley de Familia para Nuevo León, a cargo del diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a atender mediante la PGR y la SFP las denuncias presentadas por trabajadores de la CFE, a cargo del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las diversas fuerzas políticas a conducirse de manera institucional en los festejos relativos al bicentenario de la Independencia y al centenario de la Revolución Mexicana, a cargo del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del PRI.
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A OPERACIONES CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN BAJA CALIFORNIA SUR, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL SALVADOR SALGADO AMADOR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Manuel Salvador Salgado Amador, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Los mexicanos no podemos ni debemos aceptar vivir en un país dividido con un México en la legalidad y otro en la impunidad.
Nuestro país tiene que seguir siendo uno y no permitir que nadie se apropie de él, ni el crimen organizado ni los cárteles de las drogas.
Muchos estados de la República Mexicana y muchos hermanos mexicanos son terriblemente afectados, amenazados y atemorizados por el flagelo de las drogas. Viven constantemente en la zozobra, ante los cruentos hechos sangrientos que deja el enfrentamiento de los narcotraficantes en defensa de sus plazas.
El esfuerzo del gobierno federal en el combate al crimen organizado ha rendido frutos, pero no los suficientes, en virtud de que existen entidades federativas en las que el crimen organizado ha extendido sus redes impunemente.
Como integrante de la Comisión de Seguridad Pública de esta honorable Cámara de Diputados, la puesta en peligro de la seguridad de las familias mexicanas me impulsó a presentar la presente proposición y, particularmente, porque los sudcalifornianos estamos viviendo en un ambiente incierto, donde la cifra negra en la comisión de ilícitos está poniendo en duda la aparente tranquilidad que tanto pregonan las autoridades estatales.
La inseguridad pública es un problema que ha aumentado en los últimos años y el estado de Baja California Sur no ha sido una excepción, al igual que otras entidades federativas; también es presa del narcotráfico y del crimen organizado.
Vivimos en un territorio de más de 73 mil kilómetros cuadrados, bajo una superficie semidesértica, con los litorales más extensos en comparación a cualquier otro estado, con 2 mil 700 kilómetros de longitud marítima, pero la densidad demográfica es muy pequeña y apenas llegamos a 500 mil habitantes.
El principal problema consiste en que esos más de 500 mil habitantes viven totalmente dispersos, salvo las dos ciudades más grandes: La Paz, capital del estado y Los Cabos, uno de los cuatro polos turísticos más importantes del país.
Los otros tres municipios Comondú, Loreto y Mulegé, son zonas menos pobladas, con localidades dispersas.
En concreto, Baja California Sur es un estado rodeado por el océano Pacífico y el mar de Cortés; y por un desierto, lo que ha hecho propicio el sitio para que el narcotráfico haya sentado sus bases de operación.
Diez años atrás Baja California Sur sólo era un lugar de trasiego, la droga se desembarcaba y transportaba hacia la frontera norte de México.
Anteriormente la vida de los sudcalifornianos era de placer y armonía, ahora es de angustia y temor, sin tranquilidad ni seguridad, nadie sabía de secuestros, desapariciones ni crímenes.
Sin embargo, desde hace 8 años el crimen organizado encontró la puerta abierta del estado, para inundar de droga a la entidad y realizar operaciones delictivas.
La complacencia de las autoridades del sexenio pasado y la falta de un verdadero combate al crimen organizado del gobierno en turno han contribuido a que la droga no sólo se transporte en Baja California Sur, sino que ahora el estado sea un centro de distribución, venta y consumo de sustancias psicotrópicas.
El paso de un estado de trasiego a un estado de distribución, venta y consumo es la mayor preocupación de los sudcalifornianos.
La libertad con la que operan los cárteles de la droga en Baja California Sur ha dado lugar a que hoy día se cometan ejecuciones como en Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas u otras entidades federativas también permeadas por el crimen organizado, prueba de ello es el homicidio cometido en el mes septiembre en contra del comandante general de la Dirección de Seguridad y Tránsito de la ciudad de La Paz, quien fue ejecutado en presencia de su menor hija de un año de edad.
Así como el municipio de Comondú, donde la impunidad en la comisión de delitos contra la salud y la vida, y el control de la plaza por grupos delictivos organizados ha originado el grave temor de la población y desconfianza en sus instituciones de seguridad pública.
Hoy en Baja California Sur, igual asesinan a hombres y mujeres, a policías estatales y municipales; esas ejecuciones ocurren a cualquier hora e incluso en zonas concurridas; sin embargo, no hay detenidos.
En lo que va del actual sexenio, del 5 de abril de 2005 al 31 de septiembre de 2007, se han cometido 13 ejecuciones vinculadas con el narcotráfico y ninguna autoridad ha podido esclarecer los crímenes.
En la última ejecución del comandante municipal de La Paz, ocurrida el pasado 31 de septiembre, a pesar de que la autoridad declaró que contaba con la grabación de una cámara de circuito cerrado, a la fecha el crimen sigue impune.
El frecuente discurso oficial del gobernador del estado y del secretario de Seguridad Pública estatal en el sentido de que el combate al crimen es suficiente y eficiente queda al descubierto, ante el reclamo social por los altos índices de inseguridad e impunidad que se viven en la entidad.
Este ambiente de inseguridad ha sido heredado desde el gobierno anterior, en donde hubo más de 47 ejecuciones, cifra récord en la historia de Baja California Sur.
Lo más grave de esta situación, y como consecuencia de la situación geográfica y aislamiento en que se encuentra la entidad: nuestras familias, niños y jóvenes están sitiados y a merced de las drogas que distribuyen abiertamente los cárteles.
Recordemos que la droga se ha diversificado, es más abundante, barata, poderosa y alcanza a jóvenes y niños en todo el país. La Procuraduría General de la República ha mencionado la existencia de al menos diez mil narcotienditas a lo largo y ancho del territorio nacional.
Por ello, destaca, según información disponible de la Secretaría de Seguridad Pública federal, que en el 2006 de la incidencia delictiva del fuero federal en Baja California Sur, aproximadamente del total de delitos cometidos, sólo el 52 por ciento correspondiera a delitos contra la salud.
Queda claro que grupos delictivos organizados dedicados al narcotráfico no se podrán erradicar con discursos políticos, reformas legales o campañas publicitarias estatales, sino con la participación conjunta de los tres órdenes de gobierno.
En consecuencia, resulta apremiante la presencia de las fuerzas armadas y de elementos de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigación en Baja California Sur para que se lleve a cabo la recuperación territorial de los espacios públicos para la comunidad y el reestablecimiento de las condiciones mínimas de seguridad.
Lo anterior, debido a que sólo así nuestras familias podrán recobrar la libertad, tranquilidad y seguridad y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, puedan vivir en un ambiente sano, sin poner en riesgo su salud y su propia vida.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, en nombre los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LX Legislatura, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta, con pleno respeto al principio de división de Poderes, al titular del Ejecutivo Federal para que, en el ámbito de su respectiva competencia, instruya a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública para la aplicación de un programa emergente de operativos conjuntos de combate a la delincuencia organizada en Baja California Sur, a fin de cooperar con el gobierno estatal y municipales en el combate al narcotráfico.
Segundo. Se exhorta respetuosamente, con pleno respeto al principio de división de competencias, a los titulares del los gobiernos estatal y municipales de Baja California Sur, para que lleven a cabo en forma coordinada con la autoridad federal un programa emergente de operativos conjuntos de combate a la delincuencia organizada, a fin lograr la recuperación territorial de los espacios públicos para la comunidad y el reestablecimiento de las condiciones mínimas de seguridad en el estado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 6 de diciembre de 2007.
Diputado Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN CUANTO AL PAGO DE LA CAÑA QUE REGIRÁ PARA LA ZAFRA 2007-2008, A CARGO DEL DIPUTADO DANIEL PÉREZ VALDÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Daniel Pérez Váldes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Honorable Asamblea:
El 22 de agosto del 2005 se publicó la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, previo consenso de todas las fracciones parlamentarias en la Legislatura LIX.
El Procurador General de la República, promovió la Acción de Inconstitucionalidad No. 27/2005, en contra del Congreso y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, demandando la invalidez de varios preceptos de la norma, entre otros el correspondiente a los artículos 57 y 58 que se refieren a las bases para determinar el precio de referencia del azúcar para el pago de la caña.
Dicha acción de inconstitucionalidad fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el mes de julio del presente año, considerando la validez constitucional de la mayoría de los preceptos impugnados, en particular lo relativo a los artículos 57 y 58. Es de destacar, que en ningún momento la acción de inconstitucionalidad promovida origino resolución suspensoria de la Ley, por lo que ésta ha tenido plena vigencia a partir de su publicación.
Han pasado más de dos años y el Ejecutivo federal ha venido observando la ley a cuenta gotas y producto muchas de ellas del ejercicio del derecho de manifestación de los abastecedores de caña.
El gobierno de la administración anterior hizo todo lo posible por obstaculizar el cumplimiento de la Ley sin fundar y motivar sus acciones.
Hoy tenemos todavía efectos de esa inercia gubernamental, pues a la fecha no se han instalado los órganos de gobierno que mandata la Ley y tampoco se le ha dado cumplimiento a la publicación de los precios de la caña de azúcar que deberán de publicarse en el mes de octubre de cada año.
No es posible seguir con el argumento de que los precios se fijan mediante el acuerdo entre particulares, cuando existe una norma cuyas disposiciones son de interés público y de orden social.
La industria azucarera tiene adeudos con los abastecedores de caña de azúcar, producto de la falta de ajuste final a los precios de referencia del azúcar para el pago de la caña.
La caña de azúcar ha dejado de recibir los beneficios que la industria recibió por las exportaciones a precios preferenciales a los Estados Unidos por 958,651 toneladas en la zafra 2005/2006, producto de los huracanes que afectaron a ese país.
Por otro lado, tampoco recibió de manera integra la parte correspondiente a los beneficios del IEPS que lograron en su vigencia la sustitución de casi 2 millones de toneladas de jarabe de maíz alto en fructosa, de tal forma que la mayor parte que los abastecedores de caña de azúcar reclaman en precio no es un tema de mercado, sino de tesorería, pues estamos hablando de ingresos monetarios que la industria ya recibió.
El argumento de la industria azucarera para no pagar sus adeudos con los cañeros y para que no se incremente el precio de referencia del azúcar para el pago de la caña lo sustentan en la apertura del TLCAN y los excedentes exportables de la zafra 06/07 que originan fuertes inventarios acumulados.
Lo cierto es, que el precio que se determina como referente para el pago de la caña de azúcar contempla al mercado doméstico, TLCAN, empresas maquiladoras y mercado mundial, es decir, los cañeros corren todos los riesgos de mercado con los industriales, pues cuando las pérdidas son muy grandes por exportar al mercado mundial los cañeros participan con el 57% de las pérdidas y ahí no son de referencia sino reales, de aquí provienen las simulaciones de exportación y la retención en el mercado nacional de tales excedentes, con el propósito de no cubrir a los cañeros la participación real que les corresponde.
Luego entonces, los excedentes que no exportaron los industriales fue con el pretexto de venderlos en el mercado nacional, siendo ellos corresponsables en la sobreoferta de azúcar que ha originado la caída de precios y no el fantasma del TLCAN que ellos argumentan, pues Estados Unidos solo nos está asignando para el ciclo 2007/2008, 374,324 toneladas de azúcar, ante esta asignación de los Estados Unidos queda claro que al menos para el 2008 no habrá una libre concurrencia del mercado regional, salvo que nos comprueben lo contrario con los acuerdos respectivos.
Coincidimos en que ha habido una política comercial errática, pues la Secretaría de Economía no debió haber reducido los aranceles a las importaciones de Estados Unidos antes de la apertura total del TLCAN, pues esto beneficia la triangulación de azúcar de Estados Unidos en perjuicio de México.
Tampoco debió de haber establecido cupos de importación para bajar los precios del azúcar, ni haber dado manga ancha a las empresas maquiladoras (IMMEX) sin haber establecido los mecanismos y controles que aseguraran la salida definitiva del azúcar importada, en fin estas acciones de gobierno requieren corregirse y replantearse.
Estamos de acuerdo tanto industria como abastecedores de caña en construir una política comercial en igualdad de circunstancias que la de Estados Unidos para tener condiciones similares de competitividad.
Estamos convencidos que tenemos que lograr un cambio estructural de los costos de producción de campo y fabrica y de los costos de logística, de comercialización y servicios financieros, aspecto en el que hemos venido trabajando conjuntamente con el gobierno federal y la industria.
Lo que no es aceptable, es que la parte industrial ponga como condición negociar la política pública comercial para determinar el precio de referencia del azúcar para el pago de la caña, pues esto es tanto como que los abastecedores de caña le pusieran como condición para negociar a la industria el pago del 58% en la participación del mercado del azúcar y la participación correspondiente en las mieles producidas, que es la participación que reciben los abastecedores de caña individuales en los Estados Unidos.
Tenemos plena seguridad que el comercio de México y Estados Unidos en materia de edulcorantes debe tener como condición la equidad y por ello el tema no es solo del Ejecutivo, es un asunto de Estado, es por ello que en base a lo expuesto solicito de esta honorable Asamblea la aprobación del siguiente punto de acuerdo con el carácter de urgente y obvia resolución.
Punto de Acuerdo
Primero. Que por conducto de la mesa directiva de esta honorable Asamblea se exhorte a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en lo inmediato realicen la fijación y publicación del precio de referencia del azúcar para el pago de la caña de azúcar que regirá para la zafra 2007/2008, en los términos que establece el artículo 5º transitorio de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
Segundo. Que en los mismos términos se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que antes del término del presente año, instale el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y conjuntamente con la Secretaría de Economía y escuchando la opinión de industriales y abastecedores de caña de azúcar, reglamente el artículo 58 de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a efecto de que se le de pleno cumplimiento a esta norma y se logre evitar en lo futuro cualquier interpretación subjetiva de la misma, en lo referente a la obligatoriedad de la publicación del precio de referencia del azúcar para el pago de la caña de azúcar en las zafras posteriores a la 2007/2008.
Tercero. Que la Secretaría de Economía, en los términos de sus facultades y en el marco del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar formule una política pública del comercio de edulcorantes que este en igualdad de circunstancias a la política comercial de los Estados Unidos, teniendo como propósito la competitividad mexicana en el mercado regional de edulcorantes, y a su vez, presente el informe respectivo a esta soberanía antes de que concluya el presente año.
Cámara de Diputados, a 6 de diciembre de 2007.
Diputado Daniel Pérez Valdés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP Y A LA CNBV A INTERVENIR ANTE LOS BANCOS NACIONALES A EFECTO DE QUE SE DISTRIBUYAN CON LA MAYOR BREVEDAD LOS RECURSOS ECONÓMICOS CAPTADOS PARA LOS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES EN TABASCO Y CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO ANDRÉS CARBALLO BUSTAMANTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Andrés Carballo Bustamante, del Grupo Parlamentario del PRI de esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria a intervenir de inmediato ante los distintos Bancos Nacionales que captaron recursos económicos para apoyar a los damnificados de Tabasco al tenor de las siguientes
Consideraciones
De todos es sabido el daño que ha venido padeciendo el estado de Tabasco desde el pasado 30 de octubre ante la terrible inundación por el desbordamiento de los ríos Carrizales, Grijalva, Samaria y demás afluentes de la amplia zona, a consecuencia del frente frío número cinco, declarándose por la Secretaría de Gobernación la emergencia para los 17 municipios.
A partir de esa fecha las diversas organizaciones ciudadanas, los gobiernos de los estados, el gobierno federal, se dieron a la tarea de implementar centros de acopio de ayuda para todos los damnificados que día con día iban sufriendo las inclemencias del tiempo y las bastas lluvias, llegando a padecer el grueso de la población todo tipo de carencias y en especial de áreas donde se pudieran proteger de las aguas, porque aquello ya era un diluvio, fue y ha sido tanto el deterioro que sufren los pobladores de Tabasco, que hoy en día a 35 días del desastre padecen de todo.
Fue y ha sido abundante la solidaridad del pueblo de México que en las instituciones bancarias nacionales se abrieron números de cuenta a fin de que la sociedad depositara recursos económicos para el apoyo de los hermanos tabasqueños en desgracia, que hasta la fecha no han sido canalizados para amortiguar el daño padecido mucho se dice por el cambio climático que ocasionó intensas lluvias.
Es de destacar que ha transcurrido más de un mes a partir de la captación de los recursos en comento y dichas bolsas no han tenido una clara distribución o conducto hacia donde se han aplicado y mucho menos la cuantía y proporción de los recursos que les corresponde a los estados afectados, porque en dichas cuentas se manejaban apoyos a los damnificados de Tabasco y Chiapas, que también resultó afectado por las mismas causas.
Lo anterior nos permite observar que los montos captados por los bancos nacionales referidos de apoyos a los damnificados tendrán que ser entregados a cada una de las familias que padecieron las inundaciones, para la adquisición de lo más indispensable, como enseres domésticos, con la salvedad que la entrega de estos montos económicos se haga a quienes ya se encuentran inscritos en el padrón de afectados que ha venido levantando el gobierno del estado de Tabasco.
Dentro de las instituciones bancarias nacionales que abrieron cuentas para depósitos de apoyos a damnificados de Tabasco y Chiapas, entre otras fueron Banamex, Bancomer, Banorte, Banco Azteca, Santander, que a la fecha no han entregado de forma transparente el monto de los recursos a ninguna institución y mucho menos a gobierno alguno para su distribución.
Cabe destacar que las diferentes aportaciones de cada uno de los mexicanos fueron en el entendido de que serían aplicadas con la urgencia y rapidez que los más de un millón cien mil afectados requería y requieren hasta el momento.
Es por ello que solicito su valioso apoyo y consideración en la aprobación de este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que la población de Tabasco y Chiapas afectada en demasía, lleve y tenga una esperanza real en la reestructuración del seno familiar, cuando menos en lo elemental enseres domésticos, a partir del siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria a intervenir de inmediato para que se distribuya con la mayor brevedad lo captado por los bancos nacionales a los damnificados de Tabasco y Chiapas por las inundaciones y las intensas lluvias ocasionadas por el frente frío número cinco, de fechas fines de octubre y principios de noviembre de 2007.
Asimismo, que se publiquen en los medios nacionales los montos de lo recaudado por cada una de las instituciones bancarias referidas de manera transparente y se entreguen a los gobiernos de los estados de Tabasco y Chiapas para su distribución entre las familias damnificadas.
Palacio Legislativo, a 6 de diciembre de 2007.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL BANCO DE MÉXICO Y AL EJECUTIVO FEDERAL QUE SE PRESENTE MEDIANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES UN INFORME DETALLADO DE LOS RECURSOS DONADOS POR LA CIUDADANÍA PARA AYUDAR A LOS DAMNIFICADOS POR LAS INUNDACIONES EN TABASCO Y CHIAPAS, A CARGO DEL DIPUTADO MARCO HERIBERTO OROZCO RUIZ VELAZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Bien dice la gente que los mexicanos somos solidarios y generosos, y lo hemos demostrado en varias ocasiones.
Todos recordamos que en enero de 2005 México mandó varias toneladas de víveres a Indonesia para apoyar a los que sufrieron la desgracia del tsunami. También nos viene a la mente la tragedia que sufrió la ciudad de Nueva Orleans por el paso del huracán Katrina. En dicho suceso, también se vio el apoyo de nosotros, los mexicanos, pues ahí estuvimos para tenderles la mano.
Los anteriores hechos son sólo una muestra de colaboración con las personas afectadas por las tragedias naturales. Podríamos seguir enumerando otros apoyos que México ha dado, pero el tiempo no alcanzaría.
Hoy más que nunca, los mexicanos hemos demostrado que sí podemos sumar, pese a nuestras diferencias políticas, sociales, económicas y religiosas, pues todos estuvimos unidos para ayudar a Tabasco y Chiapas.
Fue impresionante ver las filas de coches que se formaban alrededor de los centros de acopio, con el único fin de donar víveres a los hermanos tabasqueños y chiapanecos. Desde lejos se veían las torres de despensas preparadas para irse a esos estados.
Los mexicanos siempre hemos apoyado de diferentes maneras, ya sea donando medicamentos, antibióticos, comida enlatada, cobijas, sábanas, leche en polvo, agua embotellada e, incluso, dinero en las diversas instituciones bancarias.
De hecho, es muy loable ver que la mayoría de los bancos que operan en el territorio nacional sumaron esfuerzos para reunir recursos económicos en favor de los afectados por las tragedias en Tabasco y Chiapas.
Por otro lado, como representantes ciudadanos que somos, tenemos que expresar las inquietudes que nos han expresado algunos ciudadanos y varios me han preguntado sobre la cantidad de recursos que se depositaron en los bancos a fin de ayudar, así como el destino de éstos.
Por tal motivo, se requiere en primera instancia solicitar a todas las instituciones bancarias que han participado en la captación de las aportaciones económicas para las familias damnificadas información de cuáles son los recursos que al día de hoy se tienen por dichas donaciones monetarias.
En segunda instancia, se requiere que los gobiernos de Tabasco y de Chiapas indiquen cuáles han sido los destinos de los recursos donados que han recibido de los bancos.
Lo anterior permitiría estar en concordancia con los compromisos que sostenemos en la presente administración, como con la transparencia y la rendición de cuentas.
En razón de lo anterior, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente resolución
Primero. Se exhorta al Banco de México y al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que, en el ámbito de sus atribuciones, soliciten a las instituciones bancarias participantes que den un informe detallado de la cantidad de recursos que la ciudadanía ha donado a través de las cuentas bancarias establecidas para ayudar a los damnificados por las inundaciones en Tabasco y Chiapas.
Segundo. Se exhorta a los gobiernos de Tabasco y de Chiapas a que, en el ámbito de sus atribuciones, den un informe detallado del manejo y el destino de los recursos entregados por las instituciones bancarias, por concepto de donaciones monetarias entregadas por la población para ayudar a los damnificados por las inundaciones en dichos estados, con la finalidad de fomentar la transparencia en la aplicación de los recursos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2007.
Diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL A EMITIR EN ESTE AÑO LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SEÑALADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2008 CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE SOCORRO FLORES SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
De acuerdo al Censo de Población 2005, México tenía más de 103 millones de habitantes, de los cuales 50 millones 250 mil son hombres y 53 millones mujeres. El artículo 4o. constitucional indica que la mujer y el varón son iguales ante la ley. Con esta norma se establece la igualdad jurídica de las personas del sexo femenino y del sexo masculino. De lo anterior se desprende que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y obligaciones que establecen las leyes en México. Con disposición de la igualdad jurídica se entiende la prohibición de cualquier clase de discriminación por motivo de sexo o género de la persona.
Sin embargo en el país, las condiciones de desigualdad y de discriminación principalmente hacia las mujeres, ocurren en la vida diaria, siendo relevante y urgente reforzar el cumplimiento de las leyes, hacer valer los derechos de las mujeres y aplicarlos mediante estrategias y acciones por parte del Estado como de la sociedad en su conjunto.
Según un reporte global del Foro Económico Mundial, difundido en Ginebra el 8 de noviembre de 2007, ningún país de América Latina ha avanzado en materia de igualdad de género. El informe basa su análisis en cuatro categorías: participación y oportunidades económicas; logros educativos; poder político; y salud y sobrevivencia. Este reporte indica que México no se encuentra entre las naciones donde se ha alcanzado una mayor igualdad de género, peor aún, cayó del lugar 75 que ocupaba en 2006, al lugar 93 en este año.
Así se toman en cuenta cada una de las cuatro categorías, por ejemplo, México se ubica en el lugar 109 en cuanto a participación y oportunidades económicas de las mujeres, y en el lugar 49 en relación a los logros educativos del sector femenino. Sin embargo, se indica que México es uno de los 17 países latinoamericanos ubicados dentro de los primeros sitios en materia de avance en salud.
Es de resaltar que por primera vez en la historia del país, el 12 de noviembre de 2007, aprobamos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, incluir la asignación de recursos con perspectiva de género para financiar programas de salud, de educación y contra la violencia hacia las mujeres, entre otros. El presupuesto para mujeres y la igualdad de género es de 7 mil 24 millones 800 mil pesos para el ejercicio fiscal 2008.
Desde comienzos de 2007, las diputadas y los diputados que conformamos la Comisión de Equidad y Género establecimos grupos de trabajo plural e integramos las propuestas en tiempo y forma la inclusión de un Presupuesto de Egresos con criterios de género. Por ello, el 5 de marzo de este año, se firmó el Pacto Nacional 2007 por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, asumiéndose el compromiso de impulsar la incorporación de la perspectiva de género, con la finalidad de ampliar las asignaciones presupuestales en el 2008, y etiquetar los recursos a programas dirigidos a mujeres, promoviendo la igualdad de género.
De igual forma, se solicitó a 14 dependencias y entidades de la administración pública federal los informes trimestrales correspondientes a los programas y acciones que estuvieran orientados a mujeres y a la igualdad de género, en cumplimiento al decreto de Presupuesto de Egresos 2007. En un marco para sumar esfuerzos, el 9 de octubre del año en curso, las diputadas y los diputados federales, los coordinadores parlamentarios, la Presidenta de la Mesa Directiva, los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, instalamos la mesa interinstitucional para la elaboración del Presupuesto 2008 con perspectiva de género.
Bajo este panorama, el pasado 24 de octubre, la Comisión de Equidad y Género realizó el Foro Nacional de Presupuestos para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de enfatizar la importancia de contar con recursos públicos federales con perspectiva de género.
De esta manera, el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, aprobado el 12 de noviembre del presente año, en su artículo 25 establece:
Las dependencias y entidades informarán trimestralmente, a través del sistema de información y en los términos y plazos que dé a conocer en su oportunidad la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre las acciones realizadas en materia de mujeres y equidad de género, detallando objetivos específicos, población objetivo, indicadores utilizados, la programación de las erogaciones y el ejercicio de los recursos.
En los montos autorizados en los programas y actividades contenidas en el anexo 9.A y, en general, los que estén dirigidos a mujeres y la igualdad de género, las posibles adecuaciones presupuestarias se realizarán de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Con el fin de que los programas y actividades contenidos en el anexo 9.A sean ejercidos en tiempo y forma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procurará la agilización de los trámites administrativos en las reglas de operación para la administración de los montos asignados".
Cada uno de los programas que se especifican en dicho anexo son relevantes, sin embargo, destacan los programas de contenido social, los que se refieren a la educación, a la salud y al campo, ya que se orientan a beneficiar a los grupos considerados como vulnerables, como son las mujeres, las personas adultas mayores, las niñas y niños, los pueblos rurales e indígenas, las personas con alguna discapacidad; entendiéndose como vulnerables por ser sectores fáciles de discriminar o de lastimar de cualquier forma. Son vulnerables también las personas que viven en extrema marginalidad y los que son analfabetas, ya que sus propias condiciones de vida facilitan que sean explotadas de distintas maneras.
En ese tenor, nuestra responsabilidad como legisladoras y legisladores federales radica en el seguimiento y vigilancia oportuna de la aplicación y operación de los montos destinados a estos programas, para garantizar que estos recursos lleguen oportunamente a los beneficiarios. Por esto, el párrafo segundo del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria establece quiénes son los responsables de emitir las reglas de operación de los programas que apliquen en el ejercicio fiscal siguiente. Estas reglas deben responder a los principios de objetividad, equidad y transparencia, señalados en la propia ley, garantizando la eficacia, honradez, economía y eficiencia en la aplicación de los recursos y en la operación de los programas.
Es así, que este punto de acuerdo propone que las reglas de operación deben eliminar, principalmente, las limitaciones y obstáculos que se presenten para la operación ágil de los programas federales, dirigidos a las mujeres y a la igualdad de género, aprobados en el presupuesto de egresos 2008, buscando que las reglas de operación no sean tan complejas que impidan a las mexicanas acceder a los montos presupuestados, y, asimismo, en muchos casos, las beneficiarias no alcanzan a procesar y a cumplir con los requisitos de las reglas de operación, ya que en algunas dependencias, prevalece aún la lentitud, complejidad, falta de voluntad, o que debido a que estas reglas no se emiten oportunamente, las instancias correspondientes mantengan subejercicios en su presupuesto con perspectiva de género.
Ante este panorama, esta situación debe cambiar, ya que será inaceptable que el esfuerzo y participación, tanto de esta Cámara como de la sociedad en su conjunto, para el logro de mayores recursos con perspectiva de género para 2008, se pierda en el laberinto burocrático.
En tal virtud de todo lo referido, procede el exhorto respetuoso y atento, para que antes de que finalice el año 2007, las instancias correspondientes, como lo señala un apartado del artículo 25 del dictamen aprobado, "...Con el fin de que los programas y actividades contenidos en el anexo 9.A sean ejercidos en tiempo y forma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procurará la agilización de los trámites administrativos en las reglas de operación para la ministración de los montos asignados...", se emitan las disposiciones que precisen la forma de operar de los programas gubernamentales con perspectiva de género, y, al mismo tiempo, se permita que la ciudadanía conozca quiénes son sujetos de recibir los apoyos, cuáles son los apoyos específicos, así como los requisitos para obtenerlos.
De esta manera estaremos respondiendo a la demanda de la sociedad con responsabilidad y transparencia, asimismo, se debe destacar que estos apoyos no son una concesión personal o partidista, sino que son programas a los que las mujeres, que mucho han aportado al progreso de las comunidades del país, tienen todo el derecho.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares de la administración pública federal a emitir en este año, las reglas de operación de los programas señalados en el Presupuesto de Egresos 2008 con perspectiva de género, sujetos a dicha normatividad.
Palacio Legislativo, a 3 de diciembre de 2007
Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS Y A LA ALDF A LEGISLAR EN MATERIA INDÍGENA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS AUGUSTO BRACHO GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Carlos Augusto Bracho González, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso del la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esta soberanía la manifestación con
Punto de Acuerdo para realizar un atento exhorto a los Congresos de los estados, así como a la Asamblea Legislativa, para que legislen en materia indígena
Exposición de Motivos
Como un reconocimiento a la autonomía, libre determinación, usos y costumbres, a la igualdad de hombres y de mujeres indígenas al respeto a sus derechos humanos, así como el derecho a la explotación de sus territorios y recursos naturales por parte de las etnias, falta mucho por hacer, pues no existe compromiso para crear leyes estatales más acordes a las demandadas por los indígenas en las entidades.
En relación a derechos y cultura indígena, sólo existen 5 legislaturas estatales que se han ocupado de esta materia; dentro de éstas sólo hay 6 leyes, 3 reglamentos, un decreto y un acuerdo del poder Ejecutivo estatal.
Jalisco cuenta con un decreto por el que se crea la Procuraduría de Asuntos Indígenas, así como su respectivo reglamento de la Procuraduría de Asuntos Indígenas.
Quintana Roo cuenta con una Ley de Justicia Indígena y una Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena.
El estado de México tiene una ley y un reglamento, siendo la ley que crea el organismo público descentralizado denominado Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y el Reglamento para el Funcionamiento del Patronato Cultural Otomí.
Campeche tiene un acuerdo y un reglamento, por lo que sólo existe un acuerdo del Ejecutivo del estado que crea la Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas Asentadas en el Estado de Campeche; así mismo existe un Reglamento Interno de la Comisión de Desarrollo Integral y Justicia Social para el Pueblo Indígena Maya y Otras Etnias Indígenas Asentadas en el Estado de Campeche.
Chihuahua tiene una Ley de la Coordinación Tarahumara.
Oaxaca cuenta con una Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca; así como una Ley Orgánica de la Procuraduría para la Defensa del Indígena; así como en su Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales.
Así también existen congresos en las entidades federativas que no tienen Comisión de Asuntos Indígenas en su respectiva legislatura.
Es importante señalar que de las 32 legislaturas estatales en nuestro país, la mayoría de ellas sólo han adecuado su marco constitucional local al de las reformas del artículo 1o. y 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numerales que se adicionaron de conformidad a la publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de enero de 2001.
Actualmente existen 24 legislaturas estatales y está pendiente o se encuentra en proceso legislativo la emisión de su respectiva Ley de Asuntos Indígenas Local, por lo que a la fecha aún no cuentan con su expedición, esto para dar cabal cumplimiento a los artículos 1o. y 2o. constitucionales y quedar debidamente reglamentado que deban tomar en cuenta los principios generales plasmados en los mismos, estableciendo obligatoriamente los derechos de los pueblos indígenas en los estados que conforman la República Mexicana y así poder lograr la plena garantía de igualdad que deben gozar todos los hombres y mujeres desterrando y prohibiendo totalmente la discriminación motivada por pertenecer a cierto origen indígena, teniendo en consideración que esto atenta contundentemente contra la dignidad humana, los derechos y libertades de los individuos.
Asimismo, se tendrá que establecer en las leyes locales a expedirse en materia de asuntos indígenas, el principio general de derecho de los pueblos de origen étnico, así como la determinación que ejercerán en un marco de autonomía que garantice la unidad social. También se deberán establecer criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico y deberán reconocer y garantizar el derecho de los pueblos de origen étnico a tener libre determinación y autonomía de acuerdo a la forma interna de convivencia y organización social, cultura, tradición, economía y política.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía, se apruebe de urgente u obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Punto de Acuerdo para realizar un atento exhorto a los Congresos de los estados, así como a la Asamblea Legislativa, para que legislen en materia indígena.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, al día de su presentación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 noviembre de 2007.
Diputado Carlos Augusto Bracho González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2008, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo que contiene un extrañamiento del Pleno de la Cámara de Diputados a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público por no publicar en tiempo y forma el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, conforme lo señala la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones
Consideraciones
El lunes 12 de noviembre de 2007, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Este proceso de aprobación que concluimos en la Cámara de Diputados es el primero en el cual adquiere vigencia plena la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
En dicha ley se establecen una serie de lineamientos y compromisos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que han sido reiteradamente incumplidos, en particular los relativos al sector agropecuario y rural. Entre ellos destacan los siguientes:
Destacan los casos del Plan Emergente para la Producción de Maíz, Frijol, Caña de Azúcar y Leche, Fondo de Apoyo a la Competitividad de Ramas Productivas y PIASRE en la Sagarpa, así como Opciones Productivas en la Sedesol, los que fueron eliminados del proyecto de Presupuesto, cuado formaron parte de los programas prioritarios que la SHCP remitió a la Cámara de Diputados en abril pasado.
b) El compromiso que también se señala en este artículo de la citada ley es que se deberán presentar a la Cámara de Diputados, a más tardar el 30 de junio de cada año, la estructura programática por implantar en cada ramo o secretaria. Al respecto, si bien se presentó esta estructura, por lo que respecta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la de la Reforma Agraria, y en conjunto las instituciones agrupadas en el programa especial concurrente no se atendió esta disposición, ya que la estructura programática cambió sustancialmente. Con ello se daña el proceso de planeación que se pretende implantar con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Conviene citar aquí lo que la ley señala:
Artículo 42. La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente procedimiento:
I. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar al Congreso de la Unión, a más tardar el 1 de abril, un documento que presente los siguientes elementos:
…
d) Enumeración de los programas prioritarios y sus montos.
II. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, remitirá a la Cámara de Diputados, a más tardar el 30 de junio de cada año, la estructura programática por emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos.
Artículo 27. Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la Secretaría, la cual contendrá como mínimo:
…
La estructura programática deberá ser sencilla y facilitar el examen del Presupuesto, y sólo sufrirá modificaciones cuando éstas tengan el objetivo de fortalecer dichos principios, en los términos de las disposiciones aplicables.
c) En el mismo sentido que lo anterior, la fracción VI del artículo 42 de la ley señala que el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación deberá publicarse a más tardar 20 días naturales después de la aprobación de éste, compromiso que debió cumplirse antes del domingo 2 de diciembre, si consideramos que dicho decreto fue aprobado el lunes 12 de noviembre del presente.
Punto de Acuerdo
Único. El Pleno de la Cámara de Diputados formula un extrañamiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por no publicar en tiempo y forma el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, conforme lo mandata la fracción VI del artículo 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, hace un llamamiento al Ejecutivo federal para su inmediata publicación y para que se acate en toda su cabalidad la citada Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Diputado Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR MEDIANTE LA SEGOB ACCIONES PREVENTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DEBIDO A LAS BAJAS TEMPERATURAS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CÉSAR DUARTE JÁQUEZ E ISRAEL BELTRÁN MONTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las condiciones recientes del clima global y específicamente al fenómeno meteorológico La Niña, el cual tiene presencia en el Pacífico ecuatorial desde agosto de 2007, ocasionan que las temperaturas de Ecuador tengan valores negativos. Además, reportes del Centro de Prevención de Climas de Estados Unidos y el Servicio Meteorológico Nacional señalan que dicho fenómeno se mantendrá durante todo el invierno y hasta la primavera.
Durante el periodo noviembre de 2004-marzo de 2005, según datos del Sistema Nacional de Protección Civil, 19 entidades registraron las mayores afectaciones por las bajas temperaturas y heladas. En 8 de ellas la afectación fue manera parcial, en tanto que en las restantes las condiciones presentadas fueron de extremo riesgo.
Entre los estados afectados se encontraban Aguascalientes, con valores de temperatura de hasta -6° C; Chihuahua, Coahuila y Durango, hasta de -15° C; Hidalgo y San Luis Potosí, hasta de -8° C; y Sonora y Zacatecas, hasta -10° C.
En particular, Chihuahua sufrió el año pasado los embates del frente frió número 17, acompañado de una masa de aire polar, dañando 20 municipios y afectando con ventarrones el sistema eléctrico. En esa ocasión, sólo por ejemplificar, se quedó varado un tren de pasajeros con 600 personas a bordo.
Cabe mencionar que 39 personas fallecieron el año pasado a consecuencia de las bajas temperaturas, principalmente en Ciudad Juárez y Chihuahua.
En este año, las nevadas no se han hecho esperar, por lo que esta entidad se ha declarado en alerta amarilla por la fuerte caída de aguanieve y lluvias generadas por el frente frío número 8, lo que ha generado que se acondicionen más de 300 refugios temporales administrados por los municipios.
De acuerdo con información de Protección Civil del estado de Chihuahua, en noviembre tres municipios fueron afectados por las nevadas y las bajas temperaturas. Por ello, el gobierno de la entidad ha solicitado que se emita la declaratoria de emergencia para los municipios de San Juanito, Bocoyna y Madera, en los que se han registrado temperaturas por debajo de 10 grados Celsius. En las mismas condiciones se encuentran los municipios de Balleza, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guerrero, así como en la región del Vergel. Dichas localidades se encuentran en la zona de la sierra, donde viven familias de escasos recursos.
Las bajas temperaturas han empezado a cobrar víctimas humanas, tal es el caso del médico que murió a causa de inhalación prolongada de monóxido de carbono emitida por la calefacción, lo que ocasionó su intoxicación y natural deceso. En poblaciones marginadas, el uso frecuente de esos sistemas de calentamiento puede ocasionar graves tragedias, ya que en la mayoría de los casos son utilizados de forma prolongada con objeto de mitigar el frío.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico para los siguientes días en el estado de Chihuahua menciona que "se registrarán nevadas aisladas en el noroeste de Chihuahua y heladas en la sierra de la entidad, soplarán vientos del norte y noreste de 20 a 40 kilómetros por hora, con rachas mayores".
Asimismo, otro frente frío se localiza en el norte de California, EUA, el cual es impulsado por una nueva masa de aire frío que avanza hacia el sureste. Ambos sistemas se asociarán con una corriente en chorro y una baja presión en la altura, que mantendrá las temperaturas bajas.
En razón de lo anterior, proponemos adelantarnos a los efectos de la naturaleza y a los impactos negativos en el ámbito social o económico del país, considerando que las consecuencias de un desastre natural deben mirarse de manera integral, incluyendo de manera prioritaria las vidas que se pierden, además del factor económico y social de la región afectada.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a las autoridades competentes con objeto de prevenir tragedias ocasionadas por las nevadas y las bajas temperaturas que se pronostican en el norte del país, y particularmente en el estado de Chihuahua.
Segundo. Se exhorta al secretario de Gobernación para que emita la declaratoria de emergencia de manera inmediata en los municipios que resultaron afectados por las recientes nevadas y las bajas temperaturas en Chihuahua.
Tercero. Se exhorta al secretario de Gobernación con objeto de que sean liberados los recursos del Fonden a fin de subsanar y prevenir los efectos negativos que traen consigo las bajas temperaturas registradas en el estado de Chihuahua.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2007.
Diputados: César Duarte Jáquez (rúbrica), Israel Beltrán Montes.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A EFECTO DE QUE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS IMPLANTE ACCIONES QUE GARANTICEN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE HABITAN EN ZONAS URBANAS EL ACCESO EQUITATIVO Y URGENTE A SUS PROGRAMAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA SOLEDAD LIMAS FRESCAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, diputada María Soledad Limas Frescas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, para hacer un atento exhorto al Ejecutivo federal, a efecto de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, implante de manera oportuna acciones tendientes a garantizar a los integrantes de pueblos indígenas que habitan en zonas urbanas, el acceso equitativo y urgente de los programas que maneja, conforme a las siguientes
Consideraciones
El Estado mexicano debe su riqueza cultural y su carácter distintivo como pueblo único en el mundo a la herencia formidable de sus pueblos originarios. Como parte de su patrimonio existen 62 lenguas como el Tarahumara y Guarají, en Chihuahua, el Kikapú en Coahuila y el motocincleto, en Chiapas, en lo que se refiere al arte y cultura se conforma con una herencia milenaria que convierte a México en una de las naciones latinoamericanas con mayor legado y población indígenas. El carácter mestizo de la nación mexicana sólo puede explicarse por el pasado antiquísimo y el presente enriquecedor de sus pueblos y comunidades indígenas.
Es un mandato constitucional el atender las carencias y rezagos para mejorar las condiciones de vida y apoyar el desarrollo económico de los pueblos indígenas, pero también es un imperativo para lograr grandes avances en los esfuerzos que se realicen para combatir la pobreza en el país. De manera urgente se tienen que mermar los rezagos de los integrantes de los pueblos indígenas situados dentro de las zonas urbanas, ya que de no ser así, no solamente crecerá la desigualdad social y de ingresos, sino que, la calidad de vida será deficiente y la pobreza no será erradicada.
En la actualidad, el gran rasgo común de los municipios con menor índice de desarrollo humano de México es su condición indígena. La ausencia de una estructura productiva sólida que garantice fuentes de ingreso estables para la población, es la problemática más apremiante en ellos.
La migración se ha convertido en una estrategia fundamental para la subsistencia, aproximadamente uno de cada cinco indígenas emigra a zonas urbanas, lo que da un total de 2.6 millones de indígenas migrantes radicados en zonas urbanas. Los flujos migratorios se acoplan según la región de que se trate: pueden ser temporales o permanentes, internos de cada región, hacia otros puntos de la República Mexicana; para dedicarse a labores agrícolas, o bien a actividades tan diversas como la construcción, los servicios o el comercio ambulante, sin que gocen de las garantías sociales necesarias para su subsistencia, y de programas que les permitan un desarrollo económico fuera de sus comunidades.
De la misma manera los programas de subsidio del Ramo Administrativo 06 que ejecuta la mencionada comisión, se destinan exclusivamente al desarrollo de los pueblos indígenas de acuerdo con los criterios de la misma, a través de acciones que promueven en las comunidades el desarrollo integral de las personas, y de manera regional la generación de ingresos y de empleos, quedando un gran hueco en la atención a las zonas urbanas nuevamente.
Los programas existentes aprobados en las Reglas de Operación de esa Comisión Nacional, son los de Albergues Escolares Indígenas, Fondos Regionales Indígenas, Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas y el de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, por citar algunos ejemplos a los cuales se podría insertar el Programa de Desarrollo de los Indígenas Migrantes.
De la misma manera, se podrían hacer inserciones a los demás programas de este rubro, que si bien no son excluyentes en el tema tampoco abarcan de manera clara la problemática.
Se debe contribuir a mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de desarrollo de los migrantes indígenas, que no sea un impedimento el no habitar en sus localidades de origen, ya que se encuentran doblemente desprotegidos al no estar con su comunidad y no tener una seguridad social completa en varias entidades de la república, a excepción de las de más alto índice de productividad como el Distrito Federal, Nuevo León y el estado de México, además de oportunidades de desarrollo económico viables que les permitan, a mediano y largo plazo, cimentar una economía fructífera.
Este debe de ser un trabajo de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno, se deben de promover acciones de vinculación con instancias que permitan sumar esfuerzos y recursos económicos, técnicos, y humanos en torno al desarrollo de los indígenas migrantes.
En la agenda nacional es un tema prioritario el combatir la pobreza y la desigualdad que persisten en la sociedad, además de buscar oportunidades de desarrollo para los más pobres y, en especial, para los integrantes de las comunidades indígenas.
Es urgente que se encuentren fórmulas específicas para el desarrollo económico, que permitan impactar en forma positiva el ingreso y el empleo de estos grupos vulnerables, mediante la ubicación de los espacios y de las alternativas productivas, y el diagnóstico de los recursos de cada una de las problemáticas.
Es por ello que la propuesta –desde la máxima tribuna de la nación– que le hacemos a usted señor presidente, es que se ejerciten las acciones pertinentes para que insertar en las Reglas de Operación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas el rubro de Indígenas Migrantes en zonas urbanas, y asimismo se cree una nuevo Programa de Indígenas Migrantes en Zonas Urbanas, a efecto de que se pueda garantizar la protección y el desarrollo de estos, y que se convierta en una realidad el apoyo del gobierno federal, en primera instancia, a nuestros hermanos indígenas.
Siendo un objetivo estratégico de la mencionada comisión el de "Instrumentar y operar programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral, sustentable e intercultural en regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no llega la acción pública sectorial" estoy cierta que atenderá oportunamente este reclamo de nuestros hermanos que sufren un mayor grado de marginación social.
Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita atentamente al titular del Poder Ejecutivo federal, que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, implante de manera oportuna acciones tendientes a garantizar a los integrantes de pueblos indígenas que habitan en zonas urbanas, el acceso equitativo y urgente de los programas que maneja. Lo anterior con fundamento en el artículo 2o. apartado B y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2007.
Diputada María Soledad Limas Frescas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA EXPEDICIÓN DE LA LEY DE FAMILIA PARA NUEVO LEÓN, A CARGO DEL DIPUTADO GUSTAVO FERNANDO CABALLERO CAMARGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, a fin de que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión manifieste un extrañamiento a los diputados integrantes del Grupo Legislativo de Partido Acción Nacional de la LXXI Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León, promoventes de la iniciativa de Ley de Familia para el Estado de Nuevo León, basado en las siguientes
Consideraciones
En fecha 7 de noviembre de 2007 diputados integrantes del Grupo Legislativo del PAN en el Congreso del estado de Nuevo León por la LXXI Legislatura, presentaron en sesión ordinaria iniciativa de Ley de Familia para el estado de Nuevo León, misma que pretende ir más allá de la constitucionalidad que deben contener nuestras leyes, que desde su visión conservadora, excluye a diversos grupos que integran la sociedad sobre pasando lo promulgado en las garantías individuales.
La iniciativa en comento no sólo muestra fallas de redacción y de conceptualización sino que atenta y lesiona los derechos humanos de los ciudadanos, iniciando con pretender establecer un concepto de familia, sin considerar que en la actualidad existen una diversidad de agrupaciones que pueden estimarse como familias, que no pueden enfrascarse en un concepto tradicional como lo es el de una "institución de carácter natural reconocida por la ley, integrada por el grupo de personas que se encuentran vinculada por alguna relación de parentesco en términos del Código Civil del Estado de Nuevo León".
Dejando fuera de esta percepción al propio matrimonio, ya que es un contrato, y no existe entre los cónyuges algún parentesco consanguíneo, civil o de afinidad, como lo señala el precepto mencionado.
Aunado a lo anterior se comete el grave error de no concebir a la familia sin la unión de padre y madre, excluyendo a las madres solteras, y negándoles el derecho de decisión sobre la educación que reciban sus hijos, al considerar la iniciativa que los "padres" son quienes conservan el derecho único y responsabilidad de educación de los menores, entendiendo el concepto de "padres" como "matrimonio".
Es aberrante e inconcebible que a las madres "solas" no se les brinde el lugar que les pertenece como base de familia, a sabiendas de que existe un gran porcentaje de hogares encabezados por mujeres solas, quienes se han esforzado para mantener integrada a su "familia" y sacarla adelante sin el apoyo de un hombre.
Además, con la iniciativa presentada no sólo se excluyen las relaciones de madres solteras con sus hijos sino también las paterno–filiales.
Adicionalmente se pretende imponer una estructura familiar rígida y ultra conservadora fuera del ámbito real y actual, que representa un retroceso a un esquema ya superado al pretender imponer nuevamente con su definición de "institución de carácter natural" un concepto desaparecido como lo es el de hijos naturales, no olvidemos algo, todos somos iguales ante la ley sin distinción alguna.
En este tenor de ideas cabe destacar que la iniciativa en comento violenta una serie de artículos constitucionales y establecidos como garantías individuales, iniciando con el máximo precepto señalado en el artículo 1o. de la Carta Magna el cual a la letra dice: "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas", toda vez que en la iniciativa de ley citada anteriormente se quebrantan los derechos de personas que tienen relaciones del mismo sexo, madres solteras, hijos fuera del matrimonio, por señalar algunos casos.
También se transgrede lo ordenado en el artículo 4o. de la máxima ley, que refiere que "Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos", acotando el documento multicitado, dicha disposición, a solamente a "los cónyuges quienes lo decidirán de manera conjunta".
Aunado a lo anterior, invade lo plasmado en el artículo 6o. constitucional al tratar de imponer de forma irresponsable obligaciones a los medios de comunicación y electrónicos respecto de su programación y contenido, constituyendo un intento de censura de la libertad de expresión.
Resulta además ofensivo traspasar el derecho del libre albedrío al intentar precisar elementos rectores de convivencia incluyendo aspectos religiosos y espirituales, sin considerar que ello resulta violatorio al artículo 24 de la Constitución Política federal, que estipula que: "Todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley", limitando este derecho con la iniciativa de diputados locales panistas, al establecer que los integrantes de una familia tendrán presentes las convicciones morales, religiosas, tradiciones y costumbres de los padres, bastante conservadora y moralista dicha disposición.
Sin ser lo descrito suficiente, es de recalcar que se vulnera un tratado internacional signado por México como lo es la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos, al pretender trasladar a la familia, el interés superior y prioritario otorgado en dicha Convención al niño.
Es evidente además, que los legisladores promoventes de la iniciativa, incurren en graves faltas de conocimiento legislativo al proponer una ley reiterativa, que pretende reglamentar preceptos que constitucional y orgánicamente ya existen en la legislación local y federal, como lo son en las áreas de salud, desarrollo social, trabajo y educación, invadiendo y afectando atribuciones de dependencias ya establecidas legalmente.
Igualmente se invade la esfera de atribuciones y autonomía de los municipios consagrada en el artículo 115 constitucional, al interferir en el control que los municipios posean sobre bares, discotecas y centros nocturnos.
Asimismo, el documento de referencia, indica que se pretende crear un nuevo organismo el Instituto Estatal de Política Familiar, al cual se le arrogan atribuciones que ya corresponden y realiza el Sistema DIF estatal, y que son las mismas que llevan a cabo por la misma dependencia a nivel nacional.
Ahora bien, la sociedad cree, conoce y reconoce las instituciones ya existentes por años, es inadmisible que por una iniciativa mal fundada y con tintes populistas se vulnere e invada la esfera de atribuciones de una dependencia que tanto ha brindado apoyo a los mexicanos, y que sólo pretende a través de sus programas el desarrollo de las personas y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias, coartando su espacio de facultades por un nuevo instituto creado sin la valoración y aprobación de la sociedad.
De todo lo anteriormente descrito se concluye que la iniciativa de ley presentada por diputados locales panistas de Nuevo León contiene un sin número de fallas, contradicciones jurídicas y ambigüedades que tratándose de un tema tan delicado, como lo es la familia, debe ser analizado y razonado en el tiempo que sea necesario y ajustarse a los tiempos actuales.
No podemos permitir que se pisoteen y sobrepasen los derechos primordiales de los ciudadanos, por una propuesta de iniciativa excluyente, discriminatoria, inoperante y con falta de pluralidad, misma que no representa más que a un grupo moralista y conservador político, que no tiene una verdadera visión ciudadana, y con la que se pretende popularizar con un tema de gran importancia para los mexicanos como lo es la familia.
No nos cerremos entre colores tradicionalistas y conservadores, mejor seamos receptores de las verdaderas necesidades de la sociedad mexicana y ocupémonos de realizar una verdadera y adecuada legislación, que es nuestro trabajo y responsabilidad última fundada y motivada en beneficio de los mexicanos.
En mérito de lo anteriormente expuesto nos permitimos solicitar a esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se emite un extrañamiento a los diputados promoventes de la iniciativa de Ley de Familia para el Estado de Nuevo León, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional por la LXXI Legislatura del Congreso del estado de Nuevo León, por ser inconstitucional y lesiva a las garantías individuales.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a los diputados integrantes de la LXXI Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León a realizar el análisis minucioso de la iniciativa de Ley de la Familia para el Estado de Nuevo León acorde a la realidad actual en aras de que se impida la aprobación de normas violatoria a los derechos constitucionales de las y los mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2007.
Diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo
(rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A ATENDER MEDIANTE LA PGR Y LA SFP LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR TRABAJADORES DE LA CFE, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR DUARTE JÁQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, César Duarte Jáquez, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el carácter de obvia y urgente resolución, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En días pasados nos hemos enterado de diversos desfalcos en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), realizados por personal de la ésta, así como por empleados bancarios. Estos fraudes ascienden, tentativamente, a más de 900 millones de pesos, lo cual significa no sólo un grave deterioro del patrimonio de la CFE, sino también una merma severa de su gobernabilidad y capacidad de gestión y control.
De acuerdo con información de los trabajadores en conflicto, se han recibido diversas denuncias y quejas en contra de la Dirección de Operación de Oficinas Nacionales de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del ingeniero Arturo Hernández Álvarez, y de la Gerencia de la División Norte, a cargo del ingeniero Luis Enrique Hernández García, donde desde 1994 a la fecha se han desacatado obligaciones impuestas de sanciones a Servidores Públicos, como es el caso del ingeniero Rodolfo Soto Moreno ex gerente general de la División Norte, con sede en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.
Dicha persona fue destituida del cargo en virtud de un procedimiento de responsabilidades seguido ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (ahora Secretaría de la Función Pública), con fecha 28 de marzo de 1994, expediente 58/94 y, no obstante y de manera sospechosa, se anunció que había renunciado a su cargo por motivo de jubilación. Al no acatarse la resolución de destitución al ingeniero Rodolfo Soto Moreno no sólo se desobedeció dicha resolución de la autoridad competente sino que se causó y se sigue causando el consiguiente daño patrimonial y moral a la Comisión Federal de Electricidad.
De estos hechos aparece que el ingeniero Arturo Hernández, jefe inmediato de Soto Moreno, fue el responsable del desacato y de la autorización de la jubilación ilegal.
En los hechos que se denuncian también estuvieron involucrados los señores Gerardo Manjarrez Cisneros (subgerente de la División Norte, ya jubilado), y posteriormente el licenciado Carlos Mora Reyes, quien continúa siendo empleado de la División Norte de la CFE, así como Francisco Javier Bartolucci de Leyja, subgerente de Administración de la misma División Norte, quien estaba vinculado a las empresas Soto Ortega, SA, mediante las que el ingeniero Rodolfo Soto Moreno por medio de sus hijos realizaba contratos de obra pública con la CFE, así como con particulares, ejerciendo tráfico de influencias y obteniendo un beneficio ilícito para él, su familia y sus socios.
Dichas personas se han significado por las reiteradas violaciones de los derechos laborales, humanos y por el incumplimiento de las resoluciones y laudos de las autoridades del trabajo, así como de las resoluciones de la Secretaría de la Función Pública y de la Contraloría Interna de la CFE, en perjuicio de los derechos de los trabajadores y del propio patrimonio de la empresa.
Tal es el caso de los trabajadores de confianza, ingeniero Arturo Palos Nájera, ingeniero Fernando Gutiérrez García, a quienes les rescindieron el contrato de trabajo injustificada e ilegalmente; el caso de Hilda Aranda, quien tuvo que rescindirle el contrato de trabajo a la propia Comisión Federal de Electricidad, situación que tipifica el ambiente laboral tan crítico de esa División Norte, demandando los dos primeros la reinstalación y salarios caídos y la ciudadana Hilda Aranda la rescisión a la CFE y el pago de salarios caídos. Los primeros, en virtud de los despidos injustificados de que fueron objeto, con la intervención directa de dichos funcionarios actuando como representantes del patrón.
En esos casos, los trabajadores obtuvieron laudo favorable y los representantes de la empresa, sirviéndose de argucias jurídicas, influencias, nepotismo ejercido por el ingeniero Luis Enrique Hernández García, y corruptelas en complicidad con las autoridades del trabajo, se han negado o han impedido el pago completo de las sumas millonarias por finiquitar, así como al satisfactorio acatamiento de las reinstalaciones producto de las resoluciones de dichos laudos favorables a los trabajadores citados y otros más que resultaran de la investigación que al efecto se practique en la División Norte de la Comisión Federal de Electricidad. Esto no sólo resulta en perjuicio de los trabajadores sino también en detrimento patrimonial en forma grave de la empresa gubernamental prestadora del servicio público de la energía eléctrica, pues los salarios caídos se siguen y seguirán devengando hasta el cumplimiento total de los laudos y el pago cabal de sus accesorios, incluidos los salarios caídos.
Caso distinto es el del trabajador de confianza ingeniero Emeterio Cortés González, expediente número 522/97 de la Junta Federal número 26 de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, quien también demandó a la empresa por reinstalación y salarios caídos y que se vio beneficiado sospechosamente por los representantes del jurídico divisional de Gómez Palacio, Durango, con quien celebraron un convenio de reinstalación y pago cabal de salarios caídos, y es preocupante este caso, ya que este convenio lo realizaron antes de que se dictara la ejecutoria del Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, pero la verdadera gravedad en este caso es que la resolución fue favorable a la Comisión Federal de Electricidad y ésta ya había realizado el pago del convenio y la reinstalación pactada en el convenio porque la Junta Especial número 26 de lo Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, ¡omitió dar cuenta al Tribunal competente del amparo!, seguramente por su costumbre de actuar en la penumbra y la ilicitud.
Además, los actos arbitrarios y excesivos de autoridad y de corrupción generan un ambiente de inseguridad jurídica y de zozobra que trasciende en la calidad y oportunidad del servicio público que la empresa está obligada a prestar en términos constitucionales y legales; tal actitud se demuestra con un simple ejemplo: un grupo actualmente está presionando, y severamente acosando a los trabajadores y todo por no satisfacer los caprichos y encubrimientos de infinidad de irregularidades que cometen estos servidores públicos para favorecer intereses personales de sus superiores jerárquicos, tales son los casos de agraviados como el ingeniero Carlos Rivera Morales, licenciado Ricardo Naranjo, ingeniero Quileo Ramos, y muchos más con quienes se puede comprobar que en algunos de estos casos han puesto en una situación de riesgo de perder la vida. Ejemplo relevante es el del licenciado Carlos Rivera Morales, gravemente enfermo del corazón y que debe atenderse de forma urgente antes que esto sea lamentable y tarde.
Por lo anterior, es insoslayable y urgente que la Secretaría de la Función Pública realice las investigaciones, sobre todo en el expediente DGAV/DV/101/2003 de la Dirección General de Responsabilidad y Situación Patrimonial, que tramposamente se dio de baja fabricando otros dos con base en esta queja, y a los que me refiero son el expediente SI/0019/2003-No del Órgano de Control de Oficinas Nacionales de la Comisión Federal de Electricidad, y el número DE-000001-2005-No del Órgano Interno de Control, Región Norte de la CFE, prefabricados dolosamente por el ingeniero Luis Enrique Hernández García y el licenciado Carlos Mora Reyes, Gerente General de Distribución Norte y Jefe del Jurídico Divisional de la Comisión Federal de Electricidad, oficinas radicadas en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, y el expediente DR./101/97 de la contraloría interna de la CFE, y que adopte las medidas necesarias a efecto de que, conforme a su competencia, finque las responsabilidades que resulten, adopte las medidas pertinentes para sanear la administración y el servicio y promueva el cumplimiento conforme a derecho de los trabajadores beneficiarios de resoluciones laborables.
La Procuraduría General de la República deberá tomar conocimiento de los hechos y proveer a la realización de las investigaciones relacionadas con la denuncia de hechos presentada, entre otros, por el ingeniero Fernando Gutiérrez García ante el titular de la Procuraduría General de la República, el 18 de marzo de 2006, en la Ciudad de México, DF, expediente AP/PGR/Dgo/Dgo/III/304/06 de la delegación del estado de Durango, así como los expedientes A.P.315/DD/94-1, en la subdelegación en Chihuahua, Chihuahua, y A.P:20/98-1 de la subdelegación de Gómez Palacio, Durango.
Además de las anteriores denuncias, se tiene conocimiento de otras muchas que se han presentado y que tampoco han sido atendidas conforme a derecho. Recientemente, ha sido del conocimiento público de un nuevo fraude. El señor Alejandro Morales Méndez, subordinado directo del señor Arturo Hernández Álvarez, quien coordinaba los pagos de nóminas y depósitos de proveedores, realizó pagos y transferencias ilegales a su cuenta, de familiares y cómplices, del citado señor Morales Méndez. En relación a estos hechos existe la averiguación previa UEIDFF/FINM15/200/2007, de la Procuraduría General de la República que se encuentra en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Fiscales y Financieros, por un supuesto fraude que se calculó del orden 300 millones hasta el año 2004 y que se estima ascenderá a 600 millones a diciembre de 2006 en perjuicio de la CFE. Actualmente, el proceso penal correspondiente está radicado en el Juzgado 13 de Distrito con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Es sorprendente que estos eventos se hayan realizado por un periodo tan largo, del 2002 al 2006, y sólo es explicable gracias a la complicidad de sus superiores, es decir, del ingeniero Arturo Hernández Álvarez. Es una prueba más del ambiente de corrupción e impunidad que ha prevalecido por muchos años y que como ejemplo citamos la denuncia presentada por el ingeniero Fernando Gutiérrez García ante la Dirección de Quejas y Denuncias de la Unidad de Inspección y Responsabilidades de la Contraloría Interna de la Secretaría de Energía, Minas e Industrias Paraestatales, en esta ciudad, el 6 de junio de 1985, relativa a robo de materiales, celebración de contratos de compraventa entre la CFE y empresas controladas o administradas por los empleados de la CFE que se citan en este escrito, destacando en estos ilícitos el ingeniero Rodolfo Soto Moreno.
Los trabajadores denunciantes han exhibido diversas pruebas que existen incorporadas en las averiguaciones y procedimientos que se citan en esta proposición y que sin embargo se acompañan con el propósito de que se remitan a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública, como antecedente y apoyo para el ejercicio de las acciones que les corresponde.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá tomar conocimiento y dar seguimiento de los hechos y tener la participación en las investigaciones y recomendaciones, en los términos de su competencia prevista en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con antecedentes del expediente 99/2020 de ese organismo.
Se solicita la intervención de la entidad de fiscalización superior de la federación para que ordene la realización de una auditoria a la Gerencia General Divisional Norte de la Comisión Federal de Electricidad, así como de la Dirección de Operación de Oficinas Nacionales de la misma empresa que incluya una revisión de la actuación administrativa y de relaciones laborales, por el periodo que comprende de 1994 a la fecha así como de la situación patrimonial de la empresa y de los implicados en esta difícil secuela de asuntos.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que gire sus instrucciones a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a efecto de que realice las investigaciones y adopten las medidas legales relacionadas con las denuncias, quejas y demandas presentadas por los trabajadores ingeniero Quileo Ramos, ingeniero Ricardo Naranjo, ingeniero Arturo Palos Nájera, ingeniero Fernando Gutiérrez, e Hilda Aranda y licenciado Carlos Rivera Morales, así como otros que pudieran haber sido afectados por actos similares, como es caso de muchísimos ex trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, Gerencia General Divisional Norte, con sede en Gómez Palacio, Durango.
Segundo. Se solicita de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que tome conocimiento de los hechos y que intervenga en los términos de sus facultades constitucionales.
Tercero. Se solicita del titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación de la Cámara de Diputados que practique una auditoría administrativa y, en particular, sobre recursos humanos y relaciones laborales, a la Gerencia General Divisional Norte de la Comisión Federal de Electricidad, así como en la Dirección de Operación de Oficina Nacionales de la misma empresa, para que, en ejercicio de su función de supervisión y control, determine el debido cumplimiento de las leyes y reglas administrativas y de rendición de cuentas que permitan la salvaguarda del patrimonio de la nación.
Cuarto. Se solicita que el asunto se turne a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de la Función Pública, remitiéndole copia de los anexos que se acompañan.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2007.
Diputado César Duarte Jáquez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS DIVERSAS FUERZAS POLÍTICAS A CONDUCIRSE DE MANERA INSTITUCIONAL EN LOS FESTEJOS RELATIVOS AL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y AL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR DUARTE JÁQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Motivos
Tres grandes gestas ha librado nuestro país, la Independencia, la guerra de reforma y la Revolución, hechos por demás trascendentales, cuyos principios han dado origen a la Nación que ahora somos.
La Independencia, entre otras cosas, nos garantizó lo más valioso que cualquier ser humano tiene a ejercer, la libertad. La reforma dotó al estado de laicidad, reafirmando así nuestra vocación republicana y demócrata. Mientras en la revolución de 1910 el anhelo de justicia social encontró verbo y punto. La doctrina floreció y se tradujo en hechos, propósitos, ideas, instituciones, que luego convertidos en programas, fueron un poderoso motor de desarrollo.
En razón de lo anterior, es que resulta preocupante y alarmante, que la conmemoración del bicentenario del inicio de la Independencia y del centenario de la Revolución mexicana, a celebrarse en el año 2010, se vea envuelta en disputas políticas, producto de ánimos incendiarios que miran en el encono y la confrontación la vía para poder ser vistos y oídos.
En este sentido, el pasado 20 de noviembre los gobiernos federal y del Distrito Federal han realizado voluptuosos eventos para anunciar el sustento de los programas que guiarán la celebración del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, determinando, como si la historia de México no existiera, llamar al conjunto de festejos tan sólo "festejos por el bicentenario". La referencia quizás no sería importante de no ser por un pequeño detalle, se omite, al menos en el título, de manera deliberada, lo correspondiente al centenario de la Revolución.
Sin duda alguna, y aunque les pese a algunos, el proceso revolucionario que podría considerarse inicia antes de 1910, con los movimientos de Cananea y Río Blanco, y concluye en 1940 con la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, pasa invariablemente por la visión de Estado del Partido Nacional Revolucionario, sin el cual, la historia de México simplemente no puede ser entendida. Estamos inmersos en la vida que nos legó la Revolución. Nuestras instituciones provienen de ella, así como nuestro sistema político y electoral, vivimos regidos por una constitución que fue el producto más acabado y generoso de la Revolución.
Compañeras y compañeros legisladores, México como nación y país no puede entenderse sin dos movimientos que lo constituyen históricamente, la Independencia y la Revolución mexicanas. El inicio de estas luchas armadas fue determinante en la creación de la vida institucional de esta nación que a la fecha prevalece.
La conmemoración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución debe incitarnos a fortalecer el legado que nos dejaron nuestros héroes patrios para defender los valores que han forjado nuestra identidad nacional.
No debemos perder de vista que la celebración es de todo el pueblo de México, de todas y todos los mexicanos y no de un partido político. Es tiempo de recordar a quienes participaron en los movimientos patrios, en un ambiente de diálogo y concordancia, de unirnos en una misma historia y caminar en el mismo sentido, a favor de un proyecto de nación en el que sin distingo quepamos todos.
La ceremonia del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución cobra especial relevancia para la fracción parlamentaria del partido de México, el Revolucionario Institucional. Los priístas deseamos dignificar con profunda reverencia a todos y cada uno de los conductores de tales gestas; por que el movimiento, los principios que lo motivaron, la vida misma de sus caudillos, han sido el eje rector de nuestra vida nacional y la circunstancia obliga a los que provenimos de la estirpe de esos hechos históricos, a observar el mayor de los deberes, el reconocimiento objetivo de la historia de nuestro país.
Recordar lo anterior es obligado para todo aquél que profese una vocación de solidaridad con la Nación. Lo cual nos obliga a asumir que tenemos diversos pendientes en nuestro país, en materia de equidad y genero, de oportunidades para los indígenas, de combate a la pobreza, erradicación de la violencia e impulso de acciones enérgicas en contra de la corrupción y la delincuencia.
En razón de lo expuesto, y con el deseo honesto de que cada mexicano se sienta identificado plenamente con su patria, orgulloso de su historia, y haga crecer el futuro de nuestra Nación, someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los partidos políticos, fracciones parlamentarias, gobiernos y funcionarios públicos del país, a conducirse de manera institucional y republicana en los festejos de la celebración del bicentenario de la Independencia de México y del centenario de la Revolución mexicana, toda vez que la celebración pertenece a todo el pueblo de México. Asimismo se solicita a las autoridades referidas que consideren en el nombre de los festejos la palabra centenario.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2007.
Diputado César Duarte Jáquez (rúbrica)
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