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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, relativo a los residuos sólidos en Tabasco, a cargo del diputado Francisco Elizondo Garrido, del Grupo Parlamentario del PVEM.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Tabasco a investigar y aclarar la actuación de su secretario de Administración y Finanzas, y su relación con el empresario Martín Alberto Medina Sonda, quienes están involucrados en la venta de terrenos mediante la sociedad Solidaridad para el Trabajo, a cargo del diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos y congresos estatales, al GDF y a la ALDF a implantar medidas que erradiquen la violencia familiar, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a analizar la posibilidad de que la Carretera Panamericana 45 Chihuahua-Juárez sea concesionada en su totalidad al gobierno de ese estado, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se solidariza con el pueblo ucraniano en la conmemoración del 75 aniversario del Holodomor, la trágica hambruna del lapso 1932-1933, a cargo del diputado Gerardo Buganza Salmerón, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y a la SFP a garantizar la imparcialidad y eficacia del proceso penal derivado del fraude cometido por servidores públicos de la Coordinación General de Protección Civil y de la Dirección General del Fonden, a cargo de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semar, a la SCT y a la Sagarpa a modificar el acuerdo secretarial 117 para la sonda de Campeche, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2003, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Hidalgo a autorizar, controlar y vigilar la contribución por el uso de suelo e impedir el cobro del impuesto predial en los municipios, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a ejercer la facultad de atracción en la averiguación previa abierta por el asesinato del director de la preparatoria 115 Emiliano Zapata, de Ecatepec, México, a cargo de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, relativo al Programa Integral de Alimentación en Hidalgo, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a buscar el consenso entre los actores del medio rural en torno de las reformas y nuevas reglas de operación de los programas y componentes del programa especial concurrente, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del PRD.
Proposiciones
Francisco Elizondo Garrido, diputado integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente.
Exposición de Motivos
Con las inundaciones presentadas durante el mes octubre o noviembre del presente año, en estado de Tabasco se generó una cantidad excesiva de residuos sólidos (basura), que pueden propiciar problemáticas ecológicas y a su vez en la salud humana.
Actualmente en la capital del estado de Tabasco se generan 10 mil toneladas de residuos sólidos por día, lo cual puede desencadenar diversas enfermedades, debido a que los residuos al quemarse al aire libre se generan dioxinas y furanos, considerados como los contaminantes más peligrosos ya que pueden provocar problemas en los sistemas reproductivo, endocrino y neurológico.
El 15 de noviembre, se reportó que durante el transcurso de las siguientes dos semanas en Tabasco, se recolectarían más de 30 mil toneladas de basura encendiéndose los focos rojos, debido a que representa un riesgo latente en la salud de los tabasqueños.
El subsecretario de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del gobierno tabasqueño, Ramiro Berrón Lara, dio a conocer que la gran cantidad de basura podría generar combustible, que para la próxima época de estiaje podría provocar severos incendios durante esa temporada.
Asimismo, Ramiro Berrón Lara, dijo que "Tabasco cuenta con 13 tiraderos a cielo abierto y se ésta evaluando y verificando los impactos ambientales con el fin de direccionar la basura a algunos de esos otros punto, y ello podría ser en los basureros más cercanos y que generen el menor riego, para evitar que haya excedente de combustibles para la época de estiaje"
Sin embargo, el 29 de septiembre del presente año León Gutiérrez Ferretiz, presidente de la agrupación ambiental Profesionales Especialistas del Medio Ambiente, AC (PROEMAC), explicó que actualmente el manejo de la basura no sólo en Tabasco sino a nivel nacional se ha convertido en un problema de salud pública y de agenda ambiental, ya que pese a las reformas que se han hecho a las leyes, los gobiernos locales aún no han adoptado los modelos a seguir para lograr el manejo y disposición final a los residuos sólidos, asegurando que para dar solución definitiva al problema integral de la basura en Tabasco, es necesario contar con un marco normativo, como un estudio sobre las características que tienen los residuos que se producen, para establecer los programas de manejo de los mismos.
Es importante mencionar que existen, residuos peligrosos de origen doméstico. En los hogares se genera de 3% a 5% de los residuos, de los cuales los principales son las baterías y eléctricos con el 34%; los limpiadores domésticos con el 33%; las medicinas y fármacos con un 16%, y la parte restante la forman productos de jardín, productos automotrices y algunos cosméticos (Jiménez, 2001).
Si tomamos como base lo anterior y consideramos que dentro de los desechos generados durante las inundaciones en el estado fueron entre otros, refrigeradores, televisores y juguetes inservibles, la contaminación por residuos peligros aumento de manera excesiva. Lo cual tendría consecuencias graves si no se disponen dichos residuos de manera adecuada.
En el estado de Tabasco existe la reserva de la biosfera "Pantanos de Centla", considerados como humedales prioritarios por el North American Wetlands Conservation Council y por la Convención de Ramsar y es refugio de 125 especies de aves, 60 de mamíferos, 50 de anfibios, 39 de peces y 434 especies de plantas, entre ellas el Manglar. De estas especies muchas se encuentran en algún estatus de protección de acuerdo a las normas nacionales e internacionales.
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en sus registros tiene que la contaminación en la reserva de la biosfera de los Pantanos de Centla, es ocasionada por influencia de Villahermosa y por actividades de la industria petrolera, aguas residuales, desechos orgánicos y sólidos, agroquímicos y metales. Arrastre de plaguicidas y sedimentos de zonas circundantes de campos arroceros.
Con lo anterior, se pone en riesgo la estabilidad de los Pantanos de Centla, pues la carga de contaminación es superior a lo que el ambiente puede asimilar.
En atención a lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía sometemos a la consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Tabasco, que asigne recursos económicos para la limpieza total de la zona afectada, con la finalidad de disminuir impactos a la salud de los ciudadanos.
Artículo Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de Tabasco, que informe a esta soberanía, dónde se dispuso o se van a disponer, los residuos sólidos generados en esta temporada.
Artículo Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que informe a esta soberanía, los daños e impactos ambientales ocasionados por los desechos generados durante las inundaciones en la zona colindante a la reserva de la biosfera, los Pantanos de Centla.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil siete.
Diputado Francisco Elizondo Garrido (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE TABASCO A INVESTIGAR Y ACLARAR LA ACTUACIÓN DE SU SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y SU RELACIÓN CON EL EMPRESARIO MARTÍN ALBERTO MEDINA SONDA, QUIENES ESTÁN INVOLUCRADOS EN LA VENTA DE TERRENOS MEDIANTE LA SOCIEDAD SOLIDARIDAD PARA EL TRABAJO, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL ELÍAS SÁNCHEZ CABRALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados del estado de Tabasco, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes
Antecedentes
El estado de Tabasco sigue padeciendo las secuelas del más grave desastre natural de que se tenga memoria, debido a las lluvias torrenciales, al desbordamientos de los ríos que cruzan la entidad y el mal manejo de las presas hidroeléctricas, en particular la de Peñitas, donde se ha privilegiado, a través de la CFE, la producción de energía privada, haciendo omisas las disposiciones constitucionales del artículo 27.
Miles de familias han visto desaparecer su patrimonio y todavía hoy sigue la situación de emergencia. Debido a esta gran tragedia, el estado de Tabasco ha recibido, además de muestras de solidaridad, ayuda humanitaria de todo el país y del extranjero. Esta ayuda ha sido canalizada fundamentalmente a través del gobierno del estado, y administrada fundamentalmente por el gobernador Andrés Granier y su responsable directo de finanzas, el secretario José Saíz Pineda.
Para escándalo de todo mundo, a este funcionario se le ha vinculado con operaciones fraudulentas que implican la compra-venta de terrenos en diversos estados a través de una Sociedad de Solidaridad Social (Triple S).
Estos hechos delictivos quedaron al desnudo con la denuncia que hicieran los operadores de una avioneta Cessna 340 a la PGR, el pasado 22 de noviembre, en el aeropuerto de la ciudad de Mérida, Yucatán, al declarar el origen de la carga que llevaban, que eran 8 millones de pesos, que pertenecen al tabasqueño Martín Alberto Medina Sonda, de la Sociedad Solidaridad para el Trabajo, Sociedad de Solidaridad Social.
El único pasajero a bordo, Héctor Partida González, era quien traía el dinero. Esta avioneta era utilizada como taxi aéreo para transportar ayuda humanitaria al estado de Tabasco.
Lo que es más grave, es el hecho de que este señor tiene como socio al secretario de Finanzas del estado, José Saíz Pineda, quien también participa en la compra-venta de terrenos en Yucatán.
El dinero incautado por la PGR, según declaraciones del propio piloto de la aeronave, tenía como destino la compra de los citados terrenos.
La aeronave ha sido utilizada como taxi aéreo para atender el desastre de Tabasco, según declaraciones del propio piloto, aunque dice que el contrato corrió a cargo de una empresa contratista de petróleos mexicanos.
Uno de los socios de Medina Sonda son, como ya he establecido, el secretario de finanzas del gobierno de Tabasco, José Manuel Saíz Pineda, a quien ya se le ha acusado públicamente de haber adquirido unos terrenos por cantidades millonarias.
Presumiblemente, esa no ha sido la única operación de compra venta de tierras que ha hecho este funcionario, ya que se le atribuye otras propiedades en Campeche, estado de México y en Quintana Roo.
Consideraciones
l. A partir de los hechos narrados, se infiere la utilización de un cargo público, en una situación de emergencia, para malversar fondos, para traficar con influencias, y para encubrir una operación fraudulenta en el esquema de respuesta del gobierno estatal en pleno estado de emergencia que vive Tabasco.
2. La pregunta obligada ante tan descarado lavado de dinero es simple ¿ese dinero es parte de los apoyos que han llegado para Tabasco, producto de la solidaridad de ciudadanos de nuestro país y del extranjero o son recursos del presupuesto del Estado?
3. Es evidente que, de comprobarse estos hechos, habría que iniciar procedimientos penales para deslindar y fincar responsabilidades a estos traficantes, sobre todo al funcionario público en comento.
Por todo lo anterior, propongo ante esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. Se exhorta al gobierno del estado de Tabasco que aclare a la brevedad las actuaciones del secretario de finanzas, José Saíz Pineda, en relación a la enorme cantidad de dinero que transportaba en este taxi aéreo de ayuda humanitaria, el señor Héctor Partida González, empleado de la sociedad Solidaridad para el Trabajo, con el propósito de utilizarlo para la compra de terrenos en diversas entidades del país, y que aclare el origen de las propiedades que se le atribuyen en otras entidades del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2007.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS Y CONGRESOS ESTATALES, AL GDF Y A LA ALDF A IMPLANTAR MEDIDAS QUE ERRADIQUEN LA VIOLENCIA FAMILIAR, A CARGO DEL DIPUTADO MARCO HERIBERTO OROZCO RUIZ VELAZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y a los congresos locales a implementar las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia familiar.
Con su venia diputada presidenta:
Compañeros legisladores:
La violencia familiar es el delito más común pero el menos castigado alrededor del mundo.
Como todos sabemos, la familia es el núcleo de nuestra sociedad, en ella los niños aprenden, o deberían de aprender, los valores, establecer los cimientos para la vida y formarse íntegramente para sobresalir en este mundo tan competitivo. El padre y la madre son los principales responsables de cuidar a los hijos, buscar su bienestar y transmitirles esos valores que los harán grandes hombres o mujeres.
Desafortunadamente, es común ver que en la mayoría de los hogares las mujeres, los niños y, en ocasiones, algunos padres, reciben un trato inhumano. Hay hogares en donde reina la violencia, los gritos y golpes en lugar de la armonía, la paz y el afecto. Hay niños que prefieren pasar el tiempo libre en la calle que llegar a su hogar, por los pleitos cotidianos.
Todavía no puedo asimilar el hecho que ocurrió hace tan sólo unos días en Apodaca, Nuevo León, cuando una madre mató a golpes a su hijo. Desgraciadamente esta señora no será ni la primera ni la última que le pegue a sus hijos, ocurre en muchos hogares, claro no siempre se llega al extremo de la muerte.
Es por eso que se deben implantar las medidas necesarias para evitar este tipo de actos, que sólo dañan a nuestra sociedad y lastiman a nuestras familias mexicanas.
Hay que recordar que la violencia familiar no sólo se refiere a los aspectos físicos, sino también a los psicológicos, sexuales o económicos, los cuales van dejando en los cuerpos y en las almas heridas difíciles de cicatrizar.
Es tan preocupante este tema, que todas las naciones han trabajado en conjunto para crear las medidas necesarias para poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y las niñas, incluso se aprobó que el 25 de noviembre de cada año fuera el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Todo ello en razón de las siguientes estadísticas: en América Latina más de 6 millones de niños, niñas y adolescentes son objeto de severas agresiones, y de ellos aproximadamente 80 mil mueren cada año por la violencia que se presenta en el interior de la familia, según cifras del Unicef.
Y según datos de la ONU,1por lo menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada a tener relaciones sexuales o ha sido objeto de maltrato psicológico a lo largo de su vida. Por lo general, el agresor es un miembro de su propia familia.
En México2 las cifras son aterradoras en materia de violencia contra las mujeres, pues el promedio nacional de mujeres mexicanas que han sufrido algún tipo de violencia es del 54.1 por ciento, de las cuales el 24.5 por ciento fue física, el 47.1 por ciento emocional, 11 por ciento sexual y el 29.6 por ciento económica.
Las consecuencias de la violencia familiar son varias, entre las que se encuentran los problemas físicos, como las lesiones graves o las ocurridas durante el embarazo, lesiones a los niños, embarazos no deseados y a temprana edad, homicidios, vulnerabilidad a las enfermedades; también se encuentran los psíquicos, como los de salud mental, suicidios; y, por último, los sociales, como la desintegración familiar y menores abandonados, etcétera. Por el bien de nuestra sociedad mexicana, no podemos permitir que esta situación persista.
Todas las autoridades debemos poner de nuestra parte para evitar que la violencia familiar siga siendo un cáncer que mate poco a poco a nuestro México y es por ello que planteo mi preocupación y someto a la consideración de este honorable Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Por el que se exhorta a los gobiernos estatales, al del Distrito Federal, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de implantar las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia familiar.
Notas:
1 Fuente: Estudio a fondo del Secretario General sobre todas las formas de violencia contra la mujer (2006) (A/61/122/Add.1)
2 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2007.
Diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SCT A ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE QUE LA CARRETERA PANAMERICANA 45 CHIHUAHUA-JUÁREZ SEA CONCESIONADA EN SU TOTALIDAD AL GOBIERNO DE ESE ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO ENRIQUE SERRANO ESCOBAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Enrique Serrano Escobar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
El miércoles 21 de noviembre del presente año, el Congreso del estado de Chihuahua aprobó un punto de acuerdo para solicitar que la carretera Chihuahua-Juárez sea concesionada en su totalidad al estado de Chihuahua.
Lo anterior responde a que en las carreteras Chihuahua-Juárez y Juárez-Nuevo Casas Grandes se concentran nueve de los 15 tramos carreteros federales dentro del estado catalogados por la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como "no satisfactorios", por sus malas condiciones.
Los mayores daños se ubican en los trayectos hacia Ciudad Juárez, según un reporte difundido por el propio sitio oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cual se intitula Estado físico de la red carretera federal libre de peaje, y que en conjunto suman un total de 153 kilómetros de carpeta asfáltica en malas condiciones.
Irónicamente, se hace público por la propia dependencia que este año, dentro del Programa Nacional de Conservación de Carreteras se presupuestaron para Chihuahua 347 millones 21 mil 400 pesos, los cuales son ejercidos por la Dirección General de Conservación de Carreteras.
Según la información de la propia dependencia, dicha dirección programó 33 obras en la entidad, de las que 13 se encuentran en los tramos críticos que conectan a Ciudad Juárez con el resto del país.
No obstante que la carretera presenta severos daños entre los que se cuentan baches, desgaste y grietas, constituyendo un real peligro para los automovilistas, la dependencia reporta una avance físico del 100 por ciento.
Resulta insultante observar que, mientras en algunos tramos de la carretera se colocó un material que prácticamente se deshace a los pocos minutos de instalado, a su vez, en ambos sentidos de la autopista se exhiben varios carteles con datos oficiales que informan acerca de lo que se invierte para el mantenimiento de la autopista y en los que se da a conocer que se cumplió con esas obras.
Como chihuahuense, manifiesto mi enérgica desaprobación ante las condiciones que mis conciudadanos deben soportar, sin mencionar el peligro que representa transitar por una red carretera en pésimas condiciones, perteneciente en algunos tramos al ámbito federal, el cual no escatima gastos en publicidad sobre logros en materia de obras y mantenimiento que evidentemente no realiza.
Por lo anteriormente expuesto y fundado pongo a consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes para que en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de estado de Chihuahua analice la posibilidad de que la carretera Panamericana 45 Chihuahua-Juárez sea concesionada en su totalidad al estado, junto con los recursos para la conservación de la misma.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2007.
Diputado Enrique Serrano Escobar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTA SOBERANÍA SE SOLIDARIZA CON EL PUEBLO UCRANIANO EN LA CONMEMORACIÓN DEL 75 ANIVERSARIO DEL HOLODOMOR, LA TRÁGICA HAMBRUNA DEL LAPSO 1932-1933, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO BUGANZA SALMERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe Gerardo Buganza Salmerón, diputado federal por la LX Legislatura, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Antecedentes
La hambruna de los años 1932-1933 ocurrió en las mismas regiones de Ucrania que en las del año 1921, con la diferencia que esta vez las causas fueron factores prominentemente políticos.
Según el conocido científico estadounidense James Mace: "La colectivización forzada fue una tragedia para todo el campesinado soviético, pero para los ucranianos fue una tragedia en particular. Tomando en cuenta la casi total destrucción de las elites urbanas, la colectivización representaba su aniquilamiento como organismo social y factor político, quedando relegados a una situación que los alemanes denominan naturfolk (pueblo primitivo)".
Un análisis de aproximadamente 30 resoluciones del Comité Central Ejecutivo del Partido Comunista Bolchevique, del Comité del Consejo Soviético de la República Socialista Soviética de Ucrania (RSSU) y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), publicadas entre los años 1929 y 1933, prueba una premeditada creación de condiciones de vida para la población rural tal, que la condujeron a un total aniquilamiento físico.
El momento álgido del "holodomor" (hambruna) se produjo en la primavera del año 1933. Entonces, en Ucrania, morían de hambre 17 personas por minuto, 1 mil por hora, casi 25 mil por día. Según datos de científicos y expertos, debido al holodomor, la población de Ucrania disminuyó entre 8 y 10 millones de personas.
La pérdida de la población de Ucrania, de aquél entonces, se puede inferir de los crecimientos y disminuciones en las poblaciones de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, según datos de Censos Generales Nacionales de los años 1926 y 1939, suministrados por fuentes oficiales soviéticas y que fueron aprovechados, en la investigación de las consecuencias del holodomor, por la Comisión Internacional Independiente de Jurisconsultos, creada en el año 1988, e integrada por prestigiosos profesionales de Suecia, Bélgica, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Estados Unidos de América y también de Argentina en la persona del doctor Ricardo Levene, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia.
En el año 1926 la población de Rusia comprendía 77.8 millones de personas, Bielorrusia –4.73 millones, Ucrania 31.2 millones. En 1939 en Rusia había 99.6 millones de personas (28 por ciento más), Bielorrusia –5.3 millones (11.2 por ciento más), Ucrania –28.1 millones (-9.9 por ciento). Suponiendo que, en promedio, el crecimiento de la población en la URSS, durante el período de los años 1926 al 1939 hubiera sido del 16 por ciento, entonces la cantidad de habitantes en Ucrania en el año 1939 debería haber sido de 36.2 millones de personas. O sea, el resultado mínimo del cálculo oficial de la pérdida de la población de Ucrania asciende por encima de los 8 millones de personas.
La hambruna de los años 1932-33 no fue un fenómeno casual de origen natural o social. Fue una consecuencia del terror por hambre, aplicado por un Estado totalitario con un fin determinado.
El aniquilamiento físico masivo de los agricultores ucranianos, por medio del hambre artificial, fue un consciente acto de un sistema político contra gente pacífica, a cuya consecuencia desapareció no sólo una numerosa capa de prósperos y libres campesinos–empresarios, sino también varias generaciones de la población rural. Fueron socavadas las bases sociales de la nación, sus tradiciones, su cultura espiritual y autóctona.
Por todo lo anterior, presento ante esta honorable asamblea las siguientes
Consideraciones
I. Gracias a la Comisión del Congreso de los Estados Unidos de América, formada a instancias y esfuerzos de la emigración ucraniana en ese país y encabezada por el científico James Mace, el holodomor de 1932-33 en Ucrania fue denominado genocidio.
II. Es importante destacar que el concepto de "genocidio" fue introducido en el campo internacional por una resolución de la ONU del día 11 de diciembre de 1946, que rezaba: "De acuerdo a las normas del derecho internacional, el genocidio es un crimen, que es condenado por el mundo civilizado y por su realización, los principales culpables deben estar sujetos a castigo".
III. El 14 de mayo de 2003 al conmemorarse el 70 aniversario del holodomor fue convocada una sesión especial de la Verjovna Rada (parlamento) de Ucrania. Los integrantes de esta sesión aprobaron una declaración al pueblo ucraniano, en la cual reconocieron que "…El holodomor fue organizado conscientemente por el régimen estalinista y debe ser públicamente condenado por la sociedad ucraniana y la comunidad internacional, debido a la cantidad de víctimas, como uno de los más grandes genocidios de la historia mundial".
IV. En ese mismo año, en la 58a sesión de la Asamblea General de la ONU, por primera vez en la historia de esta alta organización internacional, hubo una declaración conjunta de las delegaciones de los Estados miembros que designó al holodomor de los años 1932-33 como una tragedia nacional del pueblo ucraniano, declaró los pésames a sus víctimas y apeló a todos los Estados-miembros de la organización, a sus entidades especializadas, a las organizaciones regionales e internacionales, a los fondos y asociaciones, a presentar tributo a la memoria de todos aquellos que fallecieron en este trágico período de la historia.
V. Asimismo, el holodomor fue reconocido como genocidio por los parlamentos de trece países, entre los que se encuentran la Declaración de homenaje a las víctimas del holodomor en Ucrania de los años 1932-33, aprobado por el Senado de la República Argentina el 23 de septiembre del 2003; la resolución del Senado canadiense, del 19 de junio del 2003, apelando a su gobierno reconocer el holodomor en Ucrania de los años 1932-33 y condenar cualquier tipo de intento de ocultar la verdad histórica sobre el hecho que esta tragedia no fue otra cosa que un genocidio; y la resolución de la Cámara de los Representantes del Congreso de los Estados Unidos de América número 356 del 20 de octubre del año 2003 y también la reciente aprobación de la resolución de permitir la construcción, en un predio de la ciudad de Washington, un monumento a las víctimas del holodomor-genocidio.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión expresa su solidaridad con el pueblo ucraniano, con motivo de la conmemoración del 75 aniversario del holodomor de los años 1932-1933, asimismo califica este lamentable hecho como un acto de genocidio y apela para que sucesos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2007.
Diputado Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PGR Y A LA SFP A GARANTIZAR LA IMPARCIALIDAD Y EFICACIA DEL PROCESO PENAL DERIVADO DEL FRAUDE COMETIDO POR SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDEN, A CARGO DE LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada federal por el 16 distrito electoral federal de Álvaro Obregón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para que se exhorte a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a garantizar la prontitud e imparcialidad, en la integración de la averiguación previa y la sustanciación de los procedimientos administrativos en proceso, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
El millonario fraude al Fonden por el huracán Isidore no debemos olvidarlo, recordemos que desde octubre de 2003, la Secretaría de la Función Pública dio cauce a las diversas denuncias por irregularidades detectadas en el área de la Coordinación Nacional de Protección Civil, a la ex coordinadora Carmen Segura, actual asambleísta, se le impusieron sanciones como 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y más de un millón de pesos por el manejo irregular de los recursos.
De Santiago Creel a Carlos Abascal y hoy Ramírez Acuña, han sido enterados de las irregularidades y la discrecionalidad en el manejo de los recursos, sin que a la fecha se ocupen de las investigaciones y se sancione verdaderamente a los responsables, seguramente la operación cicatriz entre los equipos de Calderón y Creel ha sido saneada, a pesar de las auditorías practicadas que avalan el desfalco.
En agosto de 2007, el Director de Responsabilidades del órgano interno de control en la Secretaría de la Función Publica; informo que el área de Responsabilidades del órgano interno de control en la Secretaría de Gobernación se encuentran actualmente en desahogo, bajo el número 14/2005, derivada de la Auditoría 11/2004, concluida el 5 de noviembre de 2004, por un posible daño en detrimento al erario federal por la cantidad de $68 millones 305 mil 868. 42 (sesenta y ocho millones, trescientos cinco mil, ochocientos sesenta y ocho pesos), así como los procedimientos administrativos con números R-0014/2006, 0016/2006 y 0017/2006, derivados de la revisión de la Cuenta Pública de 2004.
Aunado a lo anterior con el oficio 4117/2007, del 22 de agosto de 2007, el titular de la Unidad de enlace de la Procuraduría General de la Republica, informa que la averiguación previa 93/UEIDCSPCAJ/2006, en contra de servidores públicos de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, se encuentra aún en etapa de integración.
Resulta obvio que a la fecha no se ha sancionado a los implicados en este fraude, es por ello que se insta a la Procuraduría, a cumplir con sus atribuciones en la integración de la averiguación previa; Así como a la Secretaría de la Función Publica a ejercer su responsabilidad social y su obligación con la transparencia y la rendición de cuentas.
No le demos al Fonden otro fraude con Tabasco, por ello exigimos conocer los mecanismos de gasto y distribución que el Ejecutivo pretende transferir a este fondo.
Es por estos motivos, que someto a la consideración del honorable Congreso el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la Republica, a la Secretaría de la Función Pública a garantizar el seguimiento y desahogo de los procedimientos administrativos pendientes, ejerciendo –en el ámbito de sus facultades y competencias–, las sanciones que conforme a derecho correspondan, así como la integración de la averiguación previa citada con anterioridad para responsabilizar a los servidores públicos que lo ameriten.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2007.
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMAR, A LA SCT Y A LA SAGARPA A MODIFICAR EL ACUERDO SECRETARIAL 117 PARA LA SONDA DE CAMPECHE, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2003, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO QUETZALCÓATL MOCTEZUMA PEREDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La sonda de Campeche forma parte de la plataforma continental al noroeste de la península de Yucatán y al sur del Golfo de México. Su área se extiende en aproximadamente 90 mil kilómetros cuadrados, desde los 200 metros de profundidad hasta la línea de playa, con la extensión litoral de los municipios de Palizada, Carmen, Champotón, Campeche, Tenabo, He Celchakán y Calquiní, todos en el estado del mismo nombre.
En esa zona existe una de las coexistencias industriales más desproporcionadas de toda la República Mexicana, entre la industria petrolera y la industria pesquera, concretamente la camaronera.
En 1980 la industria camaronera contaba con 650 barcos, 19 plantas procesadoras, 20 varaderos y 15 astilleros que proporcionaban 17 mil empleos directos y 10 mil indirectos. Es decir, 27 mil familias dependían de la industria camaronera, con una producción superior a las 23 mil toneladas de camarón en sus diferentes especies. En el 2006, apenas y se alcanzó una producción de 870 toneladas, además de ver desaparecer prácticamente toda su infraestructura productiva dedicada a la pesca de dicha especie.
En la década de los 80, cuando se descubre el complejo Cantarell, el yacimiento petrolero más grande del país, Petróleos Mexicanos se instala en la sonda de Campeche sin ningún tipo de planeación, creando en el mar desajustes en el equilibrio ambiental, además de los problemas demográfico, social y económico, principalmente en la Isla del Carmen.
Debido a la creciente necesidad de Pemex de buscar nuevos yacimientos de petróleo, esta empresa continúa ampliando las zonas de investigación, perjudicando a la industria pesquera ribereña y de altura, fundamentalmente por desplazar a los pescadores de los lugares que históricamente han pescado todo tipo de especies marinas, principalmente camarón, cuyo valor comercial y su sostenibilidad son sobradamente importantes para la economía regional y nacional.
Por razones de seguridad, para prevenir atentados a la infraestructura de Pemex, se crean las denominadas "áreas de exclusión", mediante el acuerdo secretarial 117, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2003, mediante el cual, las Secretarías de Marina, de Comunicaciones y Transportes, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, establecen medidas de seguridad en la sonda de Campeche en las que no se permite el tráfico de embarcaciones o aeronaves, salvo las requeridas para la operación de las plataformas petroleras. Así como las áreas de prevención, en las que no se permite ninguna otra actividad, salvo las requeridas para la explotación y producción petrolera, y en las que sólo se autoriza el tránsito rápido e ininterrumpido de embarcaciones pesqueras hacia zonas de pesca situadas fuera de las áreas de prevención y exclusión.
Dentro de las áreas de exclusión y prevención, en una distancia que abarca alrededor de 65 mil kilómetros cuadrados, se ha comprobado la existencia de diferentes especies marinas, principalmente el camarón, pero por tratarse de zonas restringidas a la pesca, han orillado a los pescadores a salir a mar abierto a distancias cada vez más distantes, poniendo en peligro su vida.
En estas condiciones, los pescadores requieren de embarcaciones de mayor capacidad y resistencia para el fuerte oleaje del Golfo de México. Esta situación ha ocasionado otra problemática a los pescadores, que se presenta cuando solicitan créditos, debido a que las aseguradoras califican su actividad como de alto riesgo, por lo que no pueden acceder a tales fuentes de financiamiento.
La industria petrolera, indispensable para el desarrollo del país, debe armonizar su coexistencia con la industria pesquera de la sonda de Campeche y que resulta afectada por las áreas de exclusión y prevención, debiendo permitir pescar a los lugareños en las áreas de seguridad con las condiciones de inspección suficientes para que trabajen y reactiven la industria, tomando en consideración que en cerca de la mitad de dicha zona no existe probabilidad de verdadero riesgo y mucho menos por mexicanos esforzados y patriotas como los pescadores de Campeche.
Por estas consideraciones, resulta fundamental apoyar al sector pesquero en Campeche, específicamente el camaronero, para que no permita que continúe su deterioro, tomando medidas urgentes para volver a reactivarla.
Nuestra propuesta consiste en exhortar al Ejecutivo federal para que coordine a las Secretarías de Marina, de Comunicaciones y Transportes, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que sean reducidas el área de exclusión y el área de prevención, establecidas en el acuerdo secretarial 117 publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de septiembre de 2003.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente resolución.
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que instruya a las Secretarías de Marina, de Comunicaciones y Transportes, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que acuerden la reducción del área de exclusión y del área de prevención, establecidas en el acuerdo secretarial 117 publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de septiembre de 2003, para armonizar la necesidad de seguridad de sus instalaciones con su impacto en la pesca camaronera y la calidad de vida de los pescadores del estado de Campeche.
Palacio Legislativo, a 4 de diciembre de 2007.
Diputado Fernando Moctezuma Pereda (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE HIDALGO A AUTORIZAR, CONTROLAR Y VIGILAR LA CONTRIBUCIÓN POR EL USO DE SUELO E IMPEDIR EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL EN LOS MUNICIPIOS, A CARGO DEL DIPUTADO LORENZO DANIEL LUDLOW KURI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal por el estado de Hidalgo, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con base en la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo de estado de Hidalgo, respecto a la atribución que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, fracción V, inciso d), a los municipios, relativa a autorizar, controlar y vigilar la contribución por el uso de suelo, así como abstenerse de intentar cobrar el impuesto predial en los municipios.
Exposición de Motivos
Consiente de la problemática que enfrenta los municipios de nuestro país en cuanto a la falta de recaudación en sus territorios derivada de la inconsistencia de la aplicación del federalismo que ha sido creado precisamente para otorgarle la autonomía de los municipios que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , dado que estos han sido rebasados por los estados que han hecho propias esas facultades que les permiten recaudar los impuestos propios, como lo es la contribución por uso de suelo, a lo cual debo hacer las siguientes consideraciones.
El municipio surgió con la necesidad del hombre de agruparse socialmente para hacer posible su convivencia y protección. De esta manera, el municipio ha sido la reunión de varios individuos o familias ligadas entre sí por el vínculo de muchos siglos y de hábitos no interrumpidos, de propiedades comunes, de cargas solidarias y de todo lo que contribuye a conformar lo que podría denominarse una sociedad natural domiciliada.
Por ello, la existencia de los municipios ha tenido profundos cimientos sociales que se han desarrollado con la influencia del poder público. Nació de la vida en común, del disfrute pro indiviso de ciertos bienes y de todas las relaciones que de aquí se derivaban. No ha sido una simple circunscripción territorial, con un fin político; sino, una sociedad en la que el fin religioso, el científico, el artístico, el económico y, en una palabra, todo cuanto ha de cumplir el hombre se ha desarrollado y ha dado medios para su consecución.
El municipio ha sido la forma de gobierno que ha estado más cerca del individuo, y que es y ha sido uno de los elementos básicos en que descansa nuestra organización social y política. En el municipio se ha estado en contacto con la vida cívica en sus distintas fases, tanto electorales como patrióticas que han ocupado la atención ciudadana.
La Constitución de nuestro país ubica al municipio libre como base de división territorial y de la organización política y administrativa de los estados.
La palabra y concepto jurídico de municipio, surgió por vez primera en Roma.
El vocablo "municipio" proviene del latín, se compone de dos palabras: el sustantivo manus munare, que se refiere a cargas y obligaciones, tareas, oficios; y el verbo capere, que significa tomar, hacerse cargo de algo, asumir ciertas cosas. De estos vocablos se debía entender que, a cambio de gobernarse a sí mismos, los pueblos sometidos por Roma, debían pagar un tributo, en suma el manus y el capere.
De la conjunción de estas dos palabras surgió el término municipium, que definió etimológicamente las ciudades en las que los ciudadanos tomaban para sí las cargas necesarias, tanto personales como patrimoniales, para atender los asuntos y servicios locales de esas comunidades.
El concepto "munícipe" hace alusión a gobernantes y a los habitantes de las circunscripciones municipales o municipia, término que se refiere a las ciudades que en el derecho romano otorgó la calidad de autónomas en su manejo administrativo.
Se entiende por municipio la institución jurídica, política y social que tiene como finalidad organizar a una comunidad en la gestión autónoma de sus intereses de convivencia primaria y vecinal, que está regida por un ayuntamiento, y que es con frecuencia, la base de la división territorial y de la organización política de un estado
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerada en la dogmática jurídica como el sustento normativo fundamental, considera el municipio como base de la división política y administración territorial de los estados.
La definición que expresamente contempla nuestra legislación lo ha definido, estructurado y regulado en el artículo 115 vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
La octava reforma realizada al artículo 115 constitucional representó el avance más importante que en toda la historia del municipio mexicano se había registrado; fue publicada en el Diario Oficial de 3 de febrero de 1983. Aseveración que se aprecia en que se fijó expresamente la fuente de los ingresos municipales contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, sobre la prestación de los servicios públicos y las participaciones federales básicamente; reiteró, también expresamente, la facultad reglamentaria de los municipios, introduciendo la instancia previa de las llamadas bases normativas, de procedencia estatal; enumeró los servicios públicos a cargo de los municipios; con todo y lo cuestionable, dejó a la legislatura de los estados la aprobación de la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos de los municipios, pero a favor del fortalecimiento municipal, le otorgó a éstos la atribución de elaborar y aprobar su presupuesto de egresos. De avanzada, la facultad para crear empresas paramunicipales, el otorgamiento de facultades en materia ecológica y de reserva territorial, así como lo referente a la facultad para celebrar convenios con la federación, estados e intermunicipales que tuvieran por objeto el mejoramiento y eficiencia de los servicios públicos de su competencia.
Consideraciones
La reforma de 1983 continúa la línea economicista del constituyente de 1917, en razón de que sigue potenciando los elementos económicos sobre los políticos; aunque tal criterio (económico), es virtualmente una realidad más bien teórica que fáctica.
Así, tenemos, que de la totalidad de ingresos tributarios del país, se destina un 80 por ciento a la federación, un 17 por ciento a los estados y un 3 por ciento a los 2 mil 439 municipios de nuestra nación; siendo la realidad en cuanto a participación económico destinada a los municipios; todo se deja a los famosos convenios de coordinación fiscal, en los cuales no puede tener injerencia el municipio, Ochenta y tres años después de haber sido promulgado el artículo 115 constitucional y de haber tenido algunas modificaciones, el municipio aún continúa luchando por alcanzar sus propósitos de autonomía.
El municipio no ha contado con los instrumentos necesarios para hacer efectiva su autonomía económica y política. Le ha sido muy difícil sacudirse el proceso histórico que le impuso una política centralizadora que determinó una relación de subordinación en relación con los otros órdenes de gobierno.
El municipio en México ha dado pasos adelante; sin embargo, el proceso de maduración política de la sociedad civil mexicana requiere de un municipio responsable ante los ciudadanos, y de una institución que garantice el desarrollo político y social. Para que con ello se vitalice a los estados y a la federación.
La Comisión de Fortalecimiento al Federalismo de la LIX legislatura indicó que uno de los propósitos de fortalecer al federalismo es precisamente poner en claro las facultades que la autonomía propia les establece y hago la siguiente cita:
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, establecerán mediante acuerdos tributarios de observancia general, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos municipales en donde se establecerán las hipótesis normativas que causen el pago de contribuciones y prevean los distintos supuestos de ingresos municipales. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.
En el estado de Hidalgo se ha caído en una práctica por parte del gobierno del estado que ha violentado la autonomía de estos al cobrar el impuesto por uso de suelo, lo cual es facultad exclusiva de los municipios, ya que esta contribución les beneficia directamente para la aplicación de recursos para obra de las localidades, de la misma manera y como es el caso de algunos, principalmente los que se encuentran en la periferia de Pachuca, donde se le ha solicitado que el impuesto predial se permita se cobre a través del gobierno del estado, lo cual es incomprensible, ya que, repito, son facultades exclusivas de los ayuntamientos estos cobros y no existe ninguna salvedad que les permita a las entidades federativas recaudar este tipo de contribuciones, como es el caso de Hidalgo donde se hace firmar convenios entre el municipio y el gobierno estatal por el cual al último le faculta para realizar estas recaudaciones, debido a que algunos no cuentan con su plan de desarrollo municipal.
Por otra parte es menester puntualizar que los municipios involucrados son los que se encuentran cerca de donde se construirá el aeropuerto, por lo cual se verán beneficiados económicamente al expedir permisos de uso de suelo así como también cobraran el impuesto predial de las empresas y desarrollos que se establezcan alrededor del aeropuerto por lo que generara una gran derrama de este gravamen.
El gobierno del estado de Hidalgo ha empezado a presionar a los ediles para que estos impuestos los cobre a través de sus mecanismos, por lo que claramente existe la intención de quitarles esa fuente de ingresos, que les generarán mejores condiciones de vida para los habitantes de cada uno de los municipios involucrados.
Por lo antes expuesto y con el propósito de fortalecer el federalismo, como consecuencia la autonomía municipal y que estos tengan una recaudación de su hacienda más amplia se realizan las siguientes propuestas:
Con base en lo dispuesto en los artículos 58, fracciones I, II y III, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior someto al pleno de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero: Se solicita al titular del Ejecutivo del estado de Hidalgo que emita un informe de los municipios que recaudan la contribución por permiso de uso de suelo.
Segundo: Se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Hidalgo a indicar a sus 84 municipios que la contribución por permiso de uso de suelo la realicen por sus propios medios y se establezca en las bases de su hacienda municipal.
Tercero: Se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Hidalgo a establecer las bases y reintegrar de forma retroactiva las contribuciones por uso de suelo e impuesto predial a los municipios desde el año 2005.
Cuarto: Se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Hidalgo a abstenerse de intentar cobrar la contribución por impuesto predial de los municipios.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2007.
Diputado Daniel Ludlow Kuri (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PGR A EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA ABIERTA POR EL ASESINATO DEL DIRECTOR DE LA PREPARATORIA 115 EMILIANO ZAPATA, DE ECATEPEC, MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada federal por el 16 distrito electoral federal de Álvaro Obregón, Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para que se exhorte a la Procuraduría General de la República a ejercer la facultad de atracción en la averiguación previa abierta con motivo del asesinato del director de la preparatoria 115 Emiliano Zapata en el municipio de Ecatepec, estado de México, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Desde enero de 2006 hasta mayo de 2007, el director de la preparatoria 115 Emiliano Zapata, Edmundo Nava Mota Álvarez, colaboró estrechamente con las autoridades municipales y estatales, para proteger a los alumnos del plantel estudiantil y desactivar grupos de vandalismo, narcomenudeo y delincuencia organizada, que en los alrededores del plantel y dentro del mismo, habían sido detectados por alumnos y padres de familia, quienes temían por su integridad física, dando inicio a diversas reuniones con la Dirección de Seguridad Pública municipal y estatal, quienes en diversas ocasiones se comprometieron a enviar una patrulla al plantel para vigilar la zona; sin embargo, los ilícitos se continuaron cometiendo sin que existiera el verdadero interés en atender las denuncias expuestas por el profesor.
El profesor continuó asistiendo a las reuniones con Seguridad Pública municipal, estatal y con la Subprocuraduría Regional de Ecatepec, siendo el entonces subprocurador Eduardo Villalobos Sánchez; así mismo aportaba información obtenida por los alumnos del plantel, de diversos ilícitos conocidos en la zona, sin que de las mismas se desprendiera algún hecho en beneficio de la población estudiantil. En consecuencia, inició enviando diversos escritos al gobernador del estado de México, así como al procurador del estado, Abel Villicaña Estrada, para externar su preocupación de los hechos delictivos que se cometían alrededor de la preparatoria en perjuicio de los alumnos y padres de familia, quienes vivían amedrentados. Aunado a ello, presentó las denuncias respectivas de los ilícitos que tenía conocimiento como drogadicción y porrismo.
Derivado de lo anterior, el profesor Edmundo Nava Mota Álvarez, el 19 de diciembre de 2006, sufrió un primer atentado, presentando la denuncia respectiva, a la que le correspondió el número EM/AMOD/I/4152/06 por tentativa de homicidio y amenazas, sin que la misma hubiese dado algún resultado.
Pese a la crónica de vandalismo y drogadicción que el profesor narró ante las autoridades municipales y estatales, imperó la impunidad y el silencio, que concluye con el asesinato del profesor Edmundo Nava Mota Alvarez, el 28 de mayo del 2007, ejecutado con un arma de fuego calibre 45 de uso exclusivo del ejército.
La realidad demuestra que las omisiones en este municipio han favorecido a las redes delictivas de la zona, por ello y de conformidad con el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que declara que los habitantes tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas al uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, y que la ley federal determinará en qué casos, condiciones, requisitos y lugares se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas. En consecuencia, como el delito de portación de arma de fuego sin licencia está contemplado por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es indiscutible que es en el fuero federal donde radica la jurisdicción para conocer del mismo.
En este orden de ideas, solicitamos a la Procuraduría General de la República ejerza la facultad de atracción en el caso y esclarezca el homicidio del profesor y dirigente social de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) Edmundo Nava Mota Álvarez.
Es por estos motivos, que someto a la consideración de este honorable Congreso el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer la facultad de atracción en la averiguación previa abierta con motivo del asesinato del director de la preparatoria 115 Emiliano Zapata, Edmundo Nava Mota Álvarez, en el municipio de Ecatepec, estado de México.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a ordenar una investigación a los servidores públicos municipales y estatales, que por omisión y negligencia en el ejercicio de sus funciones, abrieron paso al asesinato del director de la preparatoria 115 Emiliano Zapata, Edmundo Nava Mota Álvarez, en el municipio de Ecatepec, estado de México.
Tercero. Se exhorta a la Procuraduría del estado de México, a dar vista del expediente a la autoridad federal, para que ejerza su facultad de atracción.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2007.
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL PROGRAMA INTEGRAL DE ALIMENTACIÓN EN HIDALGO, A CARGO DEL DIPUTADO LORENZO DANIEL LUDLOW KURI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal por el estado de Hidalgo, Lorenzo Daniel Ludlow Kuri, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con base en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo de Hidalgo, a que conteste los cuestionamientos relacionados con el manejo que se le ha dado al "Programa Integral de Alimentación", se suspenda hasta que termine el proceso electoral del 2007-2008 y para que se sancione conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos a los Funcionarios que violentaron la Ley de Adquisiciones de Hidalgo, se presupueste el mismo para el siguiente ejercicio y el programa se lleve a cabo a través de los sistemas DIF municipales.
En los últimos meses hemos estado inmersos en un proceso electoral a nivel nacional, en el que cada vez se hace mas frecuente la intervención de los gobiernos estatales en la llamada "elección de Estado", como lo que ha acontecido en Veracruz , Tamaulipas, Puebla y otros estados, en donde pudimos observar que algunos recursos que se deberían aplicar en obras que beneficien a los ciudadanos, se enmascaran en programas políticos abanderados por los gobiernos en donde incluso se les entrega a la población despensas a cambio de afiliarse a un partido político.
En el caso específico de Hidalgo se inicio un programa que estableció el gobierno del estado de Hidalgo a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el cual se denomino "Programa Integral de Alimentación" con el cual se pretende beneficiar a la gente más desprotegida, hablando de poblaciones con alto y muy alto grado de marginación.
Con fecha 25 de octubre de 2007 entregue en las oficinas de Miguel Ángel Osorio Chong gobernador constitucional de Hidalgo una carta en donde solicitaba se me contestarán las preguntas que no están claras en relación al "Programa Alimentario", carta que no fue contestada de ninguna forma, por lo cual las establezco en este punto de acuerdo, para que se les pueda dar respuesta.
Es "muy extraño" que este programa se haya iniciado justo cuando inicia un proceso electoral, cuando se tuvo de agosto del 2006 a julio del 2007, todo un año, para poder implantarlo.
Diconsa hizo una cotización de las despensas y se ofreció emplear su infraestructura para hacerlas llegar los habitantes del estado, con lo que se ahorrarían los 7 millones de pesos que el Gobierno ha gastado en llevar el programa a los municipios, con Diconsa hubiera sido gratis.
Si la intención es hacerles llegar las despensas a la gente en extrema pobreza alimentaría, no es creíble que lo hagan sin ningún padrón, sino que lo van haciendo conforme la gente va llegando a los módulos implantados para recibir la despensa. Pero lo que más llama la atención es que no se requieren hacer grandes mítines por todo el estado para entregar las despensas. El mover a gente a cada evento de este tipo y hablamos de 3 mil a 5 mil personas, resulta más caro el monto de la movilización, que lo que se les entrega por despensa, además que considero, que si es la gente más necesitada, por respeto no deberían llevarlos a todos lados, sino más bien hacerles la entrega en sus comunidades.
Se ha detectado y por comentarios de la propia gente de cada municipio, han identificado personas que no requieren de este apoyo, es más son personas de clase media baja y media.
Otra situación es que, en los lugares donde se ha arrancado el programa alimentario, siempre unos días antes, se realizan jornadas medicas a través de caravanas del PRI, indicándoles a las personas que al otro día irán a dejarles unas despensas, esto sin duda nos deja ver que existe una clara intención partidista, incluso las personas con otra afinidad política y que también podrían ser beneficiados con el programa, han afirmado que ha ellos no se les otorga ya que la gente que se encuentra repartiendo las despensas son seccionales del PRI, o los coordinadores regionales del gobierno del estado que deciden a quien le dan y a quien no las despensas, además de comentarles a estos, que para ser beneficiados deberán afiliarse al Partido Revolucionario Institucional. Estas actitudes sin duda son faltas de ética ya que se esta lucrando con la necesidad de las personas.
Lo más importante es que los sistemas DIF municipales cuentan con la infraestructura adecuada para poder desarrollar el programa integral de alimentación ya que hace no más de 8 meses en los 84 municipios fue entregada una camioneta de reparto para cubrir las necesidades de las regiones, cabe señalar que estas camioneta fueron adquiridas al 50 por ciento de aportación del estado y el otro restante por las alcaldías.
Consideraciones
Toda adquisición, debe pasar previamente por un proceso de planeación programación y presupuestación para llegar al ejercicio del gasto, según lo dispone el artículo 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo; sin embargo, tal disposición no es observada para el Programa Integral de Alimentación, ya que para empezar en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 no figura dicho programa. En el decreto de Presupuesto de Egresos, autorizado por el Congreso local para el presente ejercicio, tampoco se contempla autorización específica. Al acceder a la página del gobierno del estado, en el Programa Anual de Adquisiciones 2007, no se localizan los artículos que conforman la despensa del Programa Integral de Alimentación, incumpliendo con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, que obliga a todas las dependencias a formular su correspondiente Programa Anual de Adquisiciones, asimismo se incumple con el artículo 20 de la misma ley, que dispone que la Secretaría de Finanzas pondrá a disposición de los interesados el Programa Anual de Adquisiciones del Gobierno del estado a más tardar el 31 de marzo del ejercicio correspondiente.
La fracción VII, del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, que cita como fundamento legal, Nuvia Mayorga Delgado, secretaria de Finanzas, en una nota periodística, se refiere a productos alimenticios de la canasta básica o semiprocesados, como son: frutas, verduras y cárnicos, de difícil conservación que no es posible establecer un precio uniforme durante todo el ejercicio, ya que se depende de la temporalidad de su cultivo o producción, cuyo precio puede variar drásticamente por causas de las condiciones climatológicas, pudiendo citarse como ejemplo los huracanes, sequías, epidemias o variables extraordinarias de mercado. Dichos productos que sí justifican la excepción a la licitación, son los que se consumen en instituciones que tienen bajo su responsabilidad la preparación de alimentos, pudiendo citarse como ejemplo las guarderías, albergues, centros de readaptación social, entre otros.
Referente a la declaración de dicha servidora pública, en el sentido de que el Programa Integral de Alimentación es considerado urgente por las necesidades alimentarías, se puede establecer que no tienen fundamento en la Ley de Adquisiciones, ya que no se apega al supuesto de que peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de una zona o región del estado, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, ni se deriva de caso fortuito, fuerza mayor, circunstancias extraordinarias o imprevisibles, que no sea posible obtener bienes mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido, para atender la eventualidad de que se trate. En este caso más bien denota una inadecuada planeación y programación, en contravención a lo dispuesto por el artículo 1 de la ley que nos ocupa.
En razón de lo anterior, cualquier adquisición con monto que supere los 150 mil pesos, debe llevarse a cabo mediante la licitación pública, de conformidad con el artículo 61, del decreto de Presupuesto de Egresos de 2007, el cual indica: "En materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles y conforme a la ley correspondiente, los montos que definirán el modo de adjudicación que podrán realizar las dependencias durante el ejercicio 2007, serán los siguientes:
Cabe hacer mención que para llevar a cabo una licitación pública en casos de urgencia debidamente justificada, con acortamiento de plazos autorizados por el Comité de Adquisiciones, no se requiere de más de 10 días hábiles, considerando desde la publicación de la convocatoria hasta la emisión del fallo; situación que pudo haberse llevado a cabo, tomando en cuenta que el proceso de adjudicación pudo haberse programado oportunamente, y en todo caso, el hecho de haber retrasado la entrega en nada hubiera afectado a los beneficiarios, en caso de haberse iniciado el programa 10 días hábiles posteriores.
Simplemente por las cajas en las que van envasadas las despensas, obligarían a una licitación pública. Lo anterior tomando en cuenta que se menciona un total de 100 mil despensas a entregar y solamente que cada una de las cajas que sirven de empaque tuviera un costo menor a $1.50, no se requeriría la licitación, pero en este caso, no es posible que una caja que contiene rotulado el nombre del programa y el logotipo del estado de Hidalgo pueda costar menos de $1.50, y por lo tanto, por el costo de los envases de las despensas, obliga a la licitación, ya que todo importe que supere los $150 mil antes del IVA, como lo manifesté anteriormente, requiere de la licitación, según lo dispone el decreto de Presupuesto de Egresos de 2007.
Se accedió al decreto de Presupuesto de Egresos de Hidalgo para 2007, para verificar si en él se contemplan recursos específicos para llevar a cabo el Programa Integral de Alimentación, sin que esto suceda, ya que de ser la Secretaría de Desarrollo Regional la encargada de llevarlo a cabo, y considerando que originalmente se hablaba de un presupuesto de 90 millones de pesos para tal programa, se encontró que el presupuesto anual autorizado a dicha secretaría es de $89 millones 607 mil pesos incluyendo gasto corriente y gasto de inversión, y por lo tanto no pueden estar considerados en su presupuesto los recursos del Programa Integral Alimentario.
Asimismo, por considerar que por sus funciones podría ser la Secretaría de Desarrollo Social a la que se le asignaran los recursos para el citado programa, se consultó su presupuesto autorizado, obteniéndose que para gasto corriente y gasto de inversión solamente tiene asignado un presupuesto anual de 20 millones 711 mil 200 pesos, y por lo tanto no se localizan en el decreto la autorización de los recursos por parte del Congreso local.
Consultado el Programa Anual de Adquisiciones del Poder Ejecutivo de Hidalgo para el ejercicio 2007, en él solamente se contemplan en la partida correspondiente a productos alimenticios 6 mil kilogramos de avena y 19 mil 872 kilogramos de maíz, ambos productos solicitados por la Secretaría de Agricultura, y por lo tanto, tampoco en el programa anual de adquisiciones se contemplan los productos que conforman las despensas del Programa Integral Alimentario.
Diconsa hizo una oferta para ser el distribuidor de las despensas ya que ahí cuentan con los productos para elaborar las despensas a muy buenos precios y tienen la estructura necesaria para distribuirlas por todo el estado sin ningún costo, y no fueron tomados en cuenta.
Otra cosa que no queda muy clara, es que no se tomen en cuenta a los ayuntamientos y sus DIF municipales ya que ellos conocen y tienen identificadas a las personas que en su municipio realmente necesitan de estos apoyos, y cuentan también con la estructura para distribuirlas. Y de esta manera ahorrar el costo que están agregando al programa para repartirlas.
Considero que tampoco se han tomado las medidas pertinentes para que las personas que son beneficiadas con el Programa Oportunidades, al darles estas despensas pueden perder dicho programa. Y lo manifiesto así porque no hay ningún padrón previo de los beneficiarios ya que se reparten las despensas a quien llegue a solicitarla sin verificar si realmente la necesita con algún estudio socioeconómico o medico.
Con esto queda evidentemente claro que no existe una transparencia en el manejo del programa y de los recursos que se aplican al mismo, ya que como lo manifesté en párrafos anteriores al no estar contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo ni en el Presupuesto de Egresos, no queda claro de donde proviene el recurso para comprar distribuir las despensas.
Punto de Acuerdo
Con base a lo dispuesto en los artículos 58 fracción I, II, III, articulo 59 y articulo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo del gobierno de Hidalgo a contestar de manera oficial las siguientes preguntas:
2. ¿Por qué no se hizo a través de Diconsa, que hizo una cotización y tiene la infraestructura necesaria para llevar a cabo el programa?
3. ¿A qué costo se están comprando?
4. ¿Quién esta pagando los costos del acarreo de las personas a los eventos de entrega de despensas?
5. ¿Cuál es el contenido de cada despensa?
6. ¿Cuáles son los nombres del personal contratado para la distribución de las despensas y cuánto se les pagara?
7. ¿Dónde esta? y ¿Cuál es el padrón de personas a las que se pretende ayudar con peso y talla menor a las mínimas medicas y que por falta de una alimentación adecuada no la tienen?
8. ¿Por qué no se implanto este programa el año pasado de 2006 a 2007 que no había elecciones?
9. Si el programa va dirigido a las personas que requieren mejorar su alimentación o más allá, de personas que según declaraciones del secretario de Desarrollo Social se están muriendo de hambre, ¿no creen que el haberse tardado un año muchas de ellas pudieron sufrir ciertos problemas de salud?
10. ¿Por qué no se hizo la distribución a través de los DIF municipales? Ya que ellos cuentan con una camioneta especial para distribuir los apoyos de esta tipo de programas.
11. ¿Quién es el proveedor de las despensas que están comprando?
12. ¿Cuáles son las estadísticas y datos recabados, además de estudios médicos y científicos, que denoten que existe un peligro latente de desnutrición para los ciudadanos?
13. ¿De verdad con una despensa y sin ningún tratamiento especial de salud como debería de ser el caso para las personas desnutridas, les solucionará su problema y los sacaremos de la pobreza extrema alimentaria?
14. ¿Cuál es el costo de las cajas que se usan para guardar los productos a repartir?
15. ¿Por qué usamos a las coordinaciones regionales para organizar a quien se le van a dar las despensas haciendo a un lado a las estructuras municipales, sobre todo en aquellos gobiernos que no son del PRI?
16. ¿Por qué hacer actos multitudinarios y costosos para la entrega de despensas?
17. ¿Por qué si tanta preocupación existe de su parte por ayudar a quien tienen desnutrición o requiere de apoyo alimentario, no se hizo desde hace un año?
18.- ¿Por qué en donde va a haber actos de entrega de despensas uno o dos días antes está el PRI haciendo proselitismo? Le recuerdo que en política no hay casualidades.
19. ¿De que partida presupuestal se están tomando los recursos para este programa, ya que no fue ni planeado ni presupuestado?
20. Si se lograra repartir las despensas con los DIF municipales, nos ahorraríamos más de 7 millones de pesos que están presupuestados para su reparto, ¿no cree que así debería de ser y destinar esos recursos a un programa como el de donación de órganos, por ejemplo?
Tercero. Se exhorta al titular del Ejecutivo del gobierno de Hidalgo a que conteste los cuestionamientos en relación al manejo y operación que se le esta dando al "Programa Integral de Alimentación".
Cuarto. Se exhorta al titular del Ejecutivo de Hidalgo, para que se aplique la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y se sancione a los funcionarios que violentaron la Ley de Adquisiciones del estado de Hidalgo.
Quinto. Se exhorta al titular del Ejecutivo del gobierno de Hidalgo para que presupueste en el siguiente ejercicio de egresos y se integre al Plan Estatal de Desarrollo.
Sexto. Se exhorta al titular del Ejecutivo de Hidalgo a que el "Programa Integral de Alimentación" se realice a través de los sistemas DIF municipales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2007.
Diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A BUSCAR EL CONSENSO ENTRE LOS ACTORES DEL MEDIO RURAL EN TORNO DE LAS REFORMAS Y NUEVAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y COMPONENTES DEL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal Carlos Ernesto Navarro López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someto ante el Pleno de la Cámara de Diputados, solicitando se considere de urgente y obvia resolución, el presente punto de acuerdo, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Como es bien sabido, los diversos programas y componentes del programa especial concurrente (PEC), que canalizan subsidios a los productores y a otros sectores de la población del medio rural, están sujetos por disposición de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a ejercerse bajo reglas de operación previamente definidas por el Ejecutivo federal y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Por otra parte, el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, aprobado por esta Cámara el pasado mes de noviembre, ordena diversas adecuaciones a las reglas de operación de los programas del PEC, y en algunos casos, como es el de la Sagarpa, ordena emitir nuevas reglas de operación de todos los programas y componentes que competen a la dependencia, observando las prioridades establecidas en el plan nacional de desarrollo y en su programa sectorial.
El asunto de las reglas de operación tiene una gran importancia, por ser precisamente en torno a ellas como se debe definir en los hechos la relación de los pobladores rurales demandantes de los mas diversos apoyos, con las dependencias e instancias gubernamentales, y también, en torno a ellas, se definen las interacciones entre los gobiernos federal, estatal y municipal, en lo relativo a la autorización y ejecución de programas de apoyo a la población rural.
Por ello, el tema de las reglas de operación aparece de manera recurrente en los encuentros de los productores del campo y sus organizaciones con funcionarios de gobierno de todos los niveles, señalando casi siempre, la necesidad de hacerlas mas simples, flexibles y comprensibles para los productores y habitantes del medio rural.
Esta problemática tiene tiempo expresándose. Ya en las movilizaciones campesinas del inicio del año 2003, que culminaron en la firma del Acuerdo Nacional para el Campo, la revisión y simplificación de reglas de operación fue una de las demandas centrales, y formó parte de los compromisos en el acuerdo, pero su cumplimiento fue parcial y dejó mucha insatisfacción entre los productores del campo.
La revisión y adecuación de las reglas de operación, es también uno de los temas permanentes entre la demandas y planteamientos de las organizaciones sociales y de productores del campo hacia las diversas comisiones de ésta Cámara, relacionadas con el medio rural.
Por otra parte, los gobiernos estatales están lejos de coincidir totalmente con el contenido de las reglas de operación en vigor, y tienen puntos de vista interesantes y constructivos sobre cambios en dichas reglas que deben ser tomados en cuenta, pues ellos tienen la experiencia directa de su aplicación en los hechos.
El decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007, en atención a las demandas reiteradas de los productores del campo, estableció en su artículo transitorio undécimo el mandato para el Ejecutivo federal de llevar a cabo una simplificación en las reglas de operación, con la consulta de las organizaciones de productores y organizaciones sociales, mandato que no fue atendido por dicho poder.
Todo lo que hemos señalado, hace evidente que estamos frente a un tema que los productores –y la gente del campo en general– consideran relevante y que no ha tenido hasta ahora la atención y solución adecuadas. Por eso consideramos que las adecuaciones que en este momento se harán a las reglas de operación que competen al programa especial concurrente, en acatamiento al decreto de Presupuesto de Egresos para 2008, deben ser analizadas cuidadosamente y concensuadas por lo menos con los principales actores del medio rural al que estarán dirigidas. De no hacerlo así, seguramente se estarán poniendo las bases para una nueva etapa de desencuentros e inconformidades entre los beneficiarios de los programas de apoyo y las entidades públicas responsables de su ejecución.
Sabemos que en estricto rigor, la ley faculta al Ejecutivo para emitir todas las reglas de operación de los programas y componentes del PEC, y que, cumpliendo con ese mandato podría emitirlas sin tomar en cuenta la opinión de otros actores. Sin embargo, la experiencia de los últimos años muestra las desventajas que tiene para todos imponer normas sin haber realizado una labor de consenso entre los actores interesados. Y, por el contrario, tenemos la convicción de que en la medida que se tome en cuenta la opinión de los beneficiarios de los programas y acciones del gobierno en el diseño y aplicación de estos, habrá una operación más armoniosa de las políticas para el campo y mejores resultados económicos y sociales.
Por todo lo anterior, y con el afán de abonar a favor de las soluciones concertadas para enfrentar la difícil situación del campo, proponemos ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, para que al llevar a cabo las reformas y las nuevas formulaciones de reglas de operación para los programas y componentes comprendidos dentro del programa especial concurrente, lo haga a partir de un consenso entre los diversos actores del medio rural y especialmente tenga en cuenta los puntos de vista de los productores rurales a través de sus organizaciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2007.
Diputado Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica)
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