Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LOS DAÑOS ECOLÓGICOS CAUSADOS POR LA ACTIVIDAD PETROLERA EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS, A CARGO DE LA DIPUTADA BEATRIZ COLLADO LARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Beatriz Collado Lara, diputada de mayoría a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Tamaulipas vive su crisis económico-ambiental más aguda de que se tenga memoria, siendo que su economía ocupa un lugar importante a nivel nacional, ya que la actividad petrolera y la industria petroquímica contribuyen en forma importante a la expansión de la economía. Su aportación agropecuaria, siempre trascendental y que no ha dejado de recibir golpes año con año, temporada a temporada, no es ahora el motivo de preocupación sino, nuevamente, la extracción de hidrocarburos.
El puerto de Altamira ha mantenido un crecimiento sostenido que lo ha posicionado como uno de los cuatro más importantes del país para el manejo de carga comercial.
Respecto de la participación de Altamira en el movimiento portuario nacional, durante 2002 ocupó el primer lugar en el manejo de fluidos petroquímicos, con el 43.89 por ciento, por lo que la mejora continua en la infraestructura del puerto, con más de 20 millones de dólares anuales de inversión y las metas en materia ambiental que el puerto ha alcanzado con la reciente certificación ISO 14001, prueban el dinamismo de sus operaciones y su compromiso con el desarrollo sustentable. Dicho puerto fue el primero en obtener un certificado ambiental en el año 2000 y refrendado 3 años después.
Es por ello que, al contar con una certificación tan importante y trascendente se pueda hablar de derrames ocurridos y que afectan al municipio de Altamira.
No ha pasado un año desde la catástrofe ambiental del 4 de junio del año 2006, cuando, a la altura del kilómetro 55 de la carretera Tampico-Mante ocurrió un derrame de gasóleo en una línea del oleoducto Madero-Cadereyta. En aquella ocasión el heroico Cuerpo de Bomberos de Altamira y las autoridades de Protección Civil se cubrieron de gloria al buscar, rescatar y evacuar personas en contingencia, junto al Ejército.
Entonces, duró hasta el día 12 del mismo mes el estado de emergencia, mas no así la contingencia ambiental. Para el día 16 del mismo mes Pemex, mediante un convenio, se comprometió a remediar el derrame, que amenazaba al estero La Tuna, que provee agua potable al norte de Altamira.
Así pues se firmo el acuerdo específico, derivado del Convenio Marco de Colaboración entre Pemex y el gobierno del estado de Tamaulipas para dar seguimiento a la solución de demandas planteadas en materia de Seguridad Industrial, Protección Civil y Ambiental de fecha 16 de junio de 2006, donde se mencionan las acciones a seguir, firmado tanto por personal de la paraestatal como del ayuntamiento de Altamira y del gobierno del estado.
Posteriormente se firmó la minuta de reunión de evaluación y seguimiento de compromisos adquiridos por Pemex con el municipio de Altamira, Tamaulipas, celebrada el 21 de septiembre de 2006 y llevada a cabo en la Torre Ejecutiva de Pemex, donde se analizaron los avances de 8 puntos.
Los 9 puntos establecidos en el acuerdo son:
I. Liberación de polígonos por parte de la empresa, a fin de que el ayuntamiento proceda a la regularización de asentamientos humanos, fuera de los derechos de vía (DDV) de las siguientes colonias de Altamira:
20 de Noviembre, Independencia, Valle Verde, La Unión, Adolfo López Mateos, Los Presidentes sectores 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Altamira sector 3, Encinos Norte, Ampliación Independencia, Guadalupe Victoria, La Joya, Emilio Portes Gil, Las Margaritas, Ampliación Venustiano Carranza, Las Fuentes, Lázaro Cárdenas, Revolución Obrera, Felipe Carrillo Puerto sectores 1, 2, 3 y 4, Venustiano Carranza, Altamira sector 2, Enrique Cárdenas González Norte.
II. Rehabilitación de caminos y calles dentro del municipio que utiliza Pemex como DDV. El municipio de Altamira solicita se rehabiliten las siguientes calles:
• Juan Genaro de la Portilla: Rehabilitación del camino de acceso a la Batería 1 Tamaulipas hasta nivel de base.
• México, colonia Altamira sector 3: derecho de vía del oleoducto 24" Madero-Cadereyta a nivel de carpeta asfáltica.
• Zacatecas, colonia Emilio Portes Gil: Camino de acceso al pozo Tamaulipas número 138, solicitando además el compromiso de Pemex que en lo sucesivo: calle que afecte, calle en que reparara los daños.
III. Destracción de calles por donde transitan los equipos pesados de perforación.
Pemex rehabilitará los accesos a sus instalaciones en el municipio de Altamira informando a la Dirección de Desarrollo Urbano y de Protección Civil, marcando las rutas de acceso para su verificación.
IV. Notificar todas las actividades que lleve a cabo Pemex dentro del municipio de Altamira, Tamaulipas (mantenimiento y construcción).
V. En la zona urbana falta limpieza en los patios de los pozos de Pemex (tienen maleza), por lo que es necesario que se implemente un programa permanente para el saneamiento de los mismos.
VI. El saneo de presas con producto pasivo localizados dentro del municipio.
VII. Localización de las líneas instaladas en el municipio indicando el producto que conducen.
VIII. El ayuntamiento de Altamira solicita a Pemex que se incluya en el convenio marco que suscribió el gobierno del estado de Tamaulipas con Pemex la donación de terrenos, previa verificación de su situación patrimonial para que sean donados y sean utilizados para la construcción de hospitales y clínicas.
IX. El municipio de Altamira solicita a Pemex la donación del predio expropiado a favor de Pemex donde se encuentra ubicada la zona urbana del ejido Ricardo Flores Magón, para su regularización.
El pasado 12 de marzo la suscrita diputada asistió a una reunión con personal de Pemex para revisar el acuerdo y la minuta de seguimiento.
Hasta el mes pasado, poco se había logrado de cumplimiento por parte de Pemex.
El 22 de marzo de 2007 se presentó otro derrame en el rancho Monta Alta, propiedad del señor Rafael Juan Montalvo Morales, sector Las Prietas, del mismo municipio de Altamira.
Y es el caso que el pasado 10 de abril se repitió la historia con el derrame producido por Pemex, que afectó directamente la laguna de Champayán, en el pozo número 1004, que se encuentra en su interior; la afectación es de 3 mil 252 metros lineales por 50 centímetros de ancho; es el área donde se concentró el hidrocarburo a orillas de la laguna, lo anterior por efecto del aire y de sustancia vertida por Pemex para encapsular el producto.
Por tanto, es inaplazable que la paraestatal emita un reporte certero y específico en el cual se mencionen las causas que han ocasionado los diversos derrames en Altamira, Tamaulipas, que están provocado deterioro en los sectores agrícola, ganadero y, actualmente, en el sistema lagunario, generando una problemática social.
Al ser este un problema de gran importancia, es necesario que se tomen las medidas preventivas necesarias y apremiantes a fin de solucionar este de forma expedita, ya que nuestra ciudadanía no puede esperar más ni puede sentarse a escuchar promesas, que hasta hoy no han llegado a cumplirse, y que si no ponemos un freno y damos soluciones palpables nunca llegarán.
Las emergencias ambientales generadas por Pemex reportadas a la Profepa se seguirán contando en miles y la contaminación del suelo, agua y aire y los compromisos se quedarán sin cumplir cabalmente si no se pone un alto a la brevedad.
Por lo anterior, como legisladora electa directamente por la ciudadanía de Altamira, no puedo sino ser sensible con esta nueva catástrofe para intervenir en la gestoría de promover una investigación a fondo de las causas que han ocasionado estos derrames, los cuales generan incertidumbre en la población y sólo se especula sobre su causal.
Por lo expuesto, la suscrita, diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se permite someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar la investigación correspondiente y, a su vez, a emitir un comunicado profundo, claro y preciso de la causa que ha provocado los constantes derrames ocurridos en Altamira, Tamaulipas, comunicado que deberán presentar tanto a los diputados en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales como a la ciudadanía misma.
Segundo. Se exhorta a la paraestatal a tomar, con la mayor brevedad, las medidas pertinentes para la solución de estos derrames, ocurridos el 4 de junio del año 2006 a la altura del kilómetro 55 de la carretera Tampico-Mante, estación Cuauhtémoc, el 22 de marzo de 2007 en el rancho Monta Alta, sector Las Prietas, y el más reciente el 10 de abril, en la laguna Champayán, pozo 1004, todos del municipio de Altamira, Tamaulipas.
Tercero. Se exhorta a Petróleos Mexicanos a mostrar sus reportes de inspección e investigación y qué fue lo que generó los mencionados derrames, que debió haber presentado su departamento de mantenimiento, así como contratar los servicios de una empresa especializada y certificada ajena al ayuntamiento de Altamira, al gobierno estatal y a Petróleos Mexicanos, para que hagan la investigación paralela de las causas que generaron estos derrames y los certifique, para tomar las medidas precautorias necesarias, lo anterior para evitar en el futuro incidencias, debido a la grave problemática que se ha generado en torno al medio ambiente, a la sociedad y a la economía.
Cuarto. Se exhorta a Pemex a publicar en los diarios de mayor circulación en el estado y municipio de Altamira los reportes y el compromiso que emita respecto de los derrames ocurridos en Altamira, Tamaulipas.
Finalmente, diputado Presidente, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a su soberanía sea puesta a discusión inmediatamente esta proposición con punto de acuerdo por considerarse de urgente y obvia resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de abril del año 2007.
Diputada Beatriz Collado Lara (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE DISEÑE, A TRAVÉS DE SUS DEPENDENCIAS, PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICOS QUE ATIENDAN LA DIVERSIDAD DE CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE CADA REGIÓN DEL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA SARA LATIFE RUIZ CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, diputada federal Sara Latife Ruiz Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de cuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Todos reconocemos que nuestro país es diverso en su cultura y recursos naturales; estamos concientes que somos un país rico por su flora y fauna, por su historia, por sus etnias y por la grandeza de su gente; tenemos claro también que sus problemas son muchos y muy variados, sin embargo, las políticas públicas implantadas tienden a la homologación y se olvidan de que cada región necesita un tratamiento especializado, toda vez que su realidad es concreta y específica.
En razón de lo anterior, es que hoy hago uso de esta tribuna. Porque si bien, no puedo negar mi interés particular por atender las necesidades de mi estado, Quintana Roo, tampoco me puedo sustraer al mandato constitucional que me ordena representar a todas y todos los mexicanos.
En este sentido, considero a todas luces pertinente realizar las acciones necesarias para reorientar el rumbo de las políticas públicas, a fin de que éstas beneficien realmente a la sociedad y se puedan llevar a la práctica la justicia y la equidad social, tan mencionadas en los discursos, pero tan lejanas de la realidad.
La regionalización de los programas y políticas públicas, sin duda, tendrá sus mejores beneficios de manera directa y rápida en la población, además a mediano y largo plazo se verán reflejados en el desarrollo nacional.
Queda claro, que para que dichos programas funcionen de manera adecuada y cumplan los lineamientos establecidos en la materia, deben estar libres de cualquier intento de politización en aras de lograr beneficios electorales, pues para arribar a nuevos y mejores estadios de democracia es necesario que los programas y políticas públicas estén cimentados sobre las bases de la transparencia y la imparcialidad; de otra manera, el estado de derecho se verá seriamente amenazado y con él la democracia.
En virtud de lo anterior y toda vez que la efectiva coordinación entre los poderes del Estado debe ser un requisito indispensable, someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de sus dependencias, se diseñen programas y políticas públicas que atiendan a las diferentes características y necesidades de las regiones del país.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social que envíe a la brevedad un informe detallado sobre los diferentes programas a cargo de esa dependencia, en el cual se enuncie de manera detallada cuáles son las características particulares que contienen para las diferentes regiones del país, los criterios de aplicación y los mecanismos de evaluación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2007.
Diputada Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE CHIHUAHUA A HOMOLOGAR SUS CALENDARIOS ELECTORALES CON LOS FEDERALES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal María Eugenia Campos Galván, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En la esfera de lo público se ha planteado reiteradamente que es imperativo rediseñar las instituciones para que sean eficaces y operen en función de la sociedad.
Los actores políticos coincidimos en que, por el bien de México, debemos llegar a puntos de acuerdo en todos los niveles de gobierno.
Los espacios de competitividad y de acuerdo son elementos fundamentales de la democracia; sin embargo, es necesario que tanto la sociedad como los profesionales de la política seamos capaces de diferenciar cada uno de estos espacios.
Una razón fundamental de la parálisis legislativa tiene relación directa con las persistentes contiendas electorales. Así, tenemos una democracia en la que a la par que se pretenden acuerdos, se libran batallas electorales o se está a la víspera de ellas.
El hecho de que constantemente se libren procesos electorales, sin duda, genera un desgaste en la sociedad. Durante meses, los candidatos ocupan los medios de comunicación masiva; las calles, mediante publicidad impresa o pintada, e incluso el espacio privado es ocupado a través de pasquines que se entregan casa por casa, por llamadas telefónicas, ya de compañías encuestadoras o de partidos políticos o por visitas de promotores del voto.
Año con año, sin importar la época, hay alguna contienda electoral en marcha.
Así, tenemos que durante 2004 en el estado de Chihuahua se celebraron elecciones el 4 de julio, donde se eligieron gobernador, presidentes municipales y diputados locales Posteriormente, durante 2006 se celebraron elecciones el 2 de julio, para presidente de la república, diputados federales y senadores. Y durante 2007 se llevarán a cabo elecciones el 1 de julio para elegir presidentes municipales y diputados locales.
Es un hecho que, además de los tiempos que se destinan a las precampañas y campañas electorales, con la entrada de nuestro país en la democracia, las contiendas políticas trascienden lo estrictamente electoral y se amplían hacia lo poselectoral. Los partidos políticos, además de presentar sus inconformidades ante las instituciones creadas para tales fines, pretenden encauzar la decisión de los tribunales con una constante presencia en el escenario mediático, ya sea a través de denuncias, entrevistas, concentraciones callejeras o protestas diversas.
Muchos elementos dirigen la percepción que la ciudadanía tiene de los legisladores. Uno de ellos es sin duda la confrontación legislativa innecesaria, como muestra en la última Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, levantada en diciembre de 2005, los ciudadanos mexicanos dan una calificación de nivel de confianza al Congreso de 6.3 puntos y a los partidos políticos de 5.36, mientras que a los medios de comunicación los califican con 7.4 y a la policía con 5.55.
La evaluación ciudadana es abrumadoramente negativa para nosotros, en tanto diputados y también como integrantes de institutos políticos.
En los cinco ejercicios realizados por Consulta Mitofsky entre junio de 2005 y febrero de 2006, la confianza ciudadana en nosotros, como diputados, no ha trascendido el 6.3 de calificación obtenida en agosto de 2006. Lo que parecía una recuperación, al encontrarnos en julio de 2005 con 4.5, con 5.6 en febrero de 2006, 6.1 en mayo de 2006 y 6.3 en agosto de 2006, nos situó en febrero de 2007 con 5.4 puntos.
Ante este panorama, como diputados nos encontramos en la escala más baja, somos la institución en las que menos confían los ciudadanos de nuestro país.
Por otro lado, no hay conocimiento por parte de los ciudadanos sobre quiénes son sus legisladores. Ejercer el derecho político del voto año tras año impide que el ciudadano conozca la función del legislador, y por el contrario, crea confusión entre el papel que debe desempeñar cada uno de ellos: diputados federales, diputados locales, alcaldes, síndicos y regidores, etcétera.
Es importante reconocer el esfuerzo que el Congreso de Chihuahua realizó durante octubre de 2006, denuedo que le posibilitó reformar y adicionar de manera integral 126 artículos de la ley electoral del estado. Es fundamental reconocer que la votación fue unánime por parte de las bancadas del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo.
Gracias a dicha reforma fue posible institucionalizar una serie de medidas que constituyen un avance primordial en cuanto a leyes electorales de los estados se refiere.
Entre otras muchas medidas la ley reglamenta el cumplimiento de la función que les fue confiada a diputados y diputadas locales; se garantiza la transparencia en el financiamiento y destino de los recursos otorgados tanto por el órgano electoral como por los distintos tipos de financiamiento.
Asimismo, se establecen las obligaciones que tienen los partidos políticos en cuanto al uso de los recursos; se establecen reglas y sanciones para la realización de encuestas y sondeos de opinión; y se exige un catalogo de precios y tarifas por los servicios a contratar por los candidatos y partidos en los medios de comunicación; se regulan las precampañas electorales; y además, se establece la prohibición de que la propaganda política contenga expresiones verbales, escritas o gráficas con alusiones ofensivas a las personas, partidos políticos, coaliciones, candidatos, organismos electorales, autoridades en general o terceros, y aquéllas que sean contrarias a las buenas costumbres o inciten a la alteración del orden público.
En resumen, el trabajo que diputadas y diputados realizaron por el bien del estado de Chihuahua tocó la mayor parte de la ley electoral del estado y, sin duda, benefició a la ciudadanía de Chihuahua.
En tal sentido, urge iniciar la negociación de los acuerdos que permitirán a nuestro país insertarse en el escenario mundial de la mejor forma posible, por el bien de la sociedad actual y futura, y un paso fundamental en tal sentido es que los procesos electorales se homologuen, reforma que en el caso de Chihuahua no fue impulsada en el paquete de reformas y adiciones electorales del año pasado.
Diversos analistas consideran que l homologar las fechas de los comicios locales y federales se tendrían campañas propositivas, lo que le daría la confianza a la ciudadanía para incrementar la votación y tener menos abstencionismo en las urnas, aumentando con eso su satisfacción con la democracia.
Es terrible constatar que la participación ciudadana en las elecciones del estado de Chihuahua en el ámbito federal ha sido de 58.20 por ciento en 2000 y 34.80 por ciento en 2003, mientras que las elecciones locales tuvieron una participación de 36.42 en 2002 y de 44.2 por ciento en 2004. Dichas cifras deben estimularnos en nuestro papel de promotores de la democracia.
En la LX Legislatura tenemos la oportunidad histórica de generar leyes que incentiven a la ciudadanía para que ejerza su derecho y obligación en las urnas; éste debe ser un objetivo común.
Si las elecciones de los estados logran hacerse concurrentes, se ahorrarían millones de pesos; al hacer más eficiente la infraestructura electoral, se tendrían resultados positivos en los trabajos legislativos al contar con mayores espacios de negociación, así como mejores relaciones entre poderes, partidos e instituciones del Estado.
Como legisladoras y legisladores federales, nos queda claro que la modificación de los calendarios electorales para gobernadores, diputados locales y presidentes municipales, así como la modificación de las leyes electorales locales, es una facultad que recae en cada uno de los Estados, los cuales son libres y soberanos en relación con la federación.
La homologación de los calendarios electorales deberá considerarse no un deber ser inmediato sino un proceso paulatino y en acuerdo pleno con las particularidades políticas y sociales de cada entidad federativa.
Es necesario recordar que en algunos de los estados de la república, las alcaldías son elegidas por mandato constitucional local, por usos y costumbres, por lo que deberán atenderse dichas particularidades y entablar las negociaciones necesarias con vistas a alcanzar el consenso social.
Cualquier proyecto de coincidencia electoral deberá tener en cuenta que algunos intentos de reforma electoral en las constituciones locales, cuyo objetivo era homologar los calendarios electorales fueron invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en fechas recientes.
Los ministros de la SCJN consideraron que, pese a ser loable la intención de sincronizar la elección local con la federal, la forma en que se pretendió alcanzar dicho objetivo en Michoacán de Ocampo, Chiapas y Oaxaca contravenía la Constitución.
En el caso de Chiapas, los ministros establecieron que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la ampliación del mandato de determinados órganos locales de representación popular (legislatura local y ayuntamientos) más allá del periodo para el cual fueron elegidos por la comunidad de la entidad federativa, por lo que al pretenderse prorrogar la duración del cargo se soslayó el mandato popular por un tiempo determinado que les fue otorgado a los representantes.
En cuanto a Michoacán de Ocampo, los ministros declararon inválido prorrogar el mando de los diputados locales y de los integrantes de los ayuntamientos. Además, establecieron que la Constitución dicta que los gobernadores de los estados deben ser elegidos mediante voto directo, por lo que pretender que por voto de dos terceras partes los diputados locales se eligiera un gobernador interino es inconstitucional.
Por su parte, en el caso de Oaxaca, la SCJN anuló las reformas aprobadas por el Congreso local que preveían aplazar las elecciones, ya que las reformas para prorrogar el mandato para el que fueron electos transgreden los principios democráticos resguardados en la Constitución.
Asimismo, anuló la decisión de los legisladores estatales de nombrar un gobernador interino ya que, de acuerdo con la Constitución, un gobernador interino sólo puede ser designado en casos extraordinarios y en sustitución de un mandatario que fue elegido mediante el voto directo.
Como puede desprenderse de estas consideraciones, las múltiples bondades de la concurrencia de elecciones no debe desestimar la complejidad que conlleva. El proceso será largo, pero los beneficios bien valen el tiempo que deberá invertirse.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Congreso del estado de Chihuahua para que modifique el marco normativo de sus procesos electorales locales para que éstos concurran con los federales.
Diputados: María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Rubén Aguilar Jiménez, Israel Beltrán Montes, César Horacio Duarte Jáquez, Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez (rúbrica), Octavio Fuentes Téllez, Jacinto Gómez Pasillas, Felipe González Ruiz (rúbrica), María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Enrique Serrano Escobar.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE SONORA A COADYUVAR, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO, EN LA SOLUCIÓN DE LA HUELGA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADÉMICOS DE DICHA INSTITUCIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS NAVARRO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Carlos Ernesto Navarro López, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar al Gobernador Constitucional del estado de Sonora que instrumente, conjuntamente con las autoridades de la Universidad de Sonora, las medidas, recursos económicos y mecanismos suficientes para dar cumplimiento al pliego petitorio de los agremiados en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, que actualmente están en huelga. Lo anterior, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado lunes 16 del presente mes el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) acordó declararse en huelga, debido a que no se llegó a un arreglo laboral que beneficie a la comunidad académica.
Una de las principales demandas del STAUS es la de analizar las repercusiones que la Ley Isssteson produce en el sueldo de los maestros y el presupuesto de la universidad.
Debido a que las autoridades universitarias ofrecen un incremento de 3.8 por ciento al salario, pero se pretende cobrar cuatro por ciento más de Isssteson, con lo cual no sólo se diluye el aumento salarial, sino que hasta se ocasiona un decremento del mismo.
También se pretende soslayar la preparación académica de los docentes, quienes ahora deberán cumplir una serie de requisitos más para ascender en la promoción de nivel, sin importar su grado de especialización.
Debido a lo anterior, los maestros universitarios decidimos, con una votación de 594 por el sí y 511 por el no, que se iniciara la huelga laboral en la Universidad de Sonora (Unison).
Sin embargo, la falta de disposición por parte del gobierno estatal para coadyuvar en la solución y la crisis económica que desde hace años padece la Unison, hacen prever que el conflicto puede durar varios días o meses, principalmente por la negativa expresa del gobernador Eduardo Bours de intervenir en la solución del mismo, lo que repercutirá negativamente sobre la comunidad estudiantil, que perderá muchas horas de clase por este asunto, que con intencionalidad política de autoridades estatales y universitarias se podría resolver rápidamente.
Creemos que esta soberanía debe realizar un exhorto al gobernador Eduardo Bours para que dé los recursos suficientes a la universidad, con el fin de enfrentar satisfactoriamente los reclamos justos de sus trabajadores académicos.
Sabemos que la institución académica enfrenta grandes retos para cubrir las necesidades que exige su matrícula; ésta ha aumentado hasta alcanzar un total de 29 mil 809 alumnos; su crecimiento ha sido acorde a las necesidades de los sectores productivos, y las necesidades sociales y de desarrollo del estado, pero el presupuesto no ha crecido en la misma proporción.
Actualmente la universidad imparte 76 programas de licenciatura, 17 de maestría y cuatro doctorados.
La Unison, a partir de sus logros académicos, ha alcanzado el reconocimiento de excelencia académica de nueve maestrías y doctorados.
Su calidad docente ha permitido pasar en tan sólo cinco años de 94 a 124 académicos integrados en el sistema nacional de investigadores.
La importancia de sus logros educativos está basada en la enorme calidad de sus docentes, quienes se han comprometido con una creciente especialización para contribuir al desarrollo económico, intelectual y social de Sonora.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobernador constitucional del estado de Sonora, Eduardo Bours Castelo, a instrumentar conjuntamente con las autoridades de la Universidad de Sonora las medidas, recursos económicos y mecanismos suficientes para dar cumplimiento al pliego petitorio de los trabajadores académicos agrupados en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2007.
Diputado Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEP A INCORPORAR LA ENSEÑANZA DEL AJEDREZ EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA BÁSICA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA HILDA GONZÁLEZ CALDERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La que suscribe, Martha Hilda González Calderón, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo sobre las materias educativa, deportiva y presupuestaria, enunciadas al principio, que enseguida se desarrolla con base en los siguientes
Antecedentes
La sociedad mundial vive una etapa de transformaciones aceleradas en muchas y variadas vertientes; hoy estamos inmersos en la sociedad de la innovación tecnológica, de los grandes movimientos sociales y de las comunicaciones instantáneas.
No obstante, como género humano conservamos rasgos antropológicos atávicos que la evolución ha dejado intactos a lo largo de muchos siglos de historia de la humanidad.
Uno de esos caracteres es precisamente el instinto lúdico, ese que Carl Jung concebía como el generador verdadero de lo nuevo –más allá del intelecto– actuando desde una necesidad interior. Ese atavismo lúdico que lo mismo se aprecia en las comunidades más alejadas del orbe, que en las sociedades que conviven hoy con el "ciberespacio" y los "multimedia".
En este contexto, el ajedrez ha sido desde hace mucho un juego intemporal, considerado no sólo como deporte sino también como arte y como ciencia, conservando en la belleza de su sencillez, la fascinación de su complejidad.
En México, aunque conocido y practicado desde hace muchas décadas, el ajedrez debe tener un mayor impulso y promoción en todos los espacios de la sociedad y decididamente en el ámbito escolar, pues constituye una herramienta pedagógica importante, como se ha demostrado en más de treinta países del mundo donde su enseñanza y práctica están incorporadas oficialmente a los programas educativos, buscando más allá de la formación competitiva, el valor de la participación de los alumnos y el estímulo a su creatividad.
De igual forma, también es necesario dar mayor impulso al ajedrez como disciplina competitiva en el ámbito deportivo, fortaleciendo las organizaciones sociales cuya vocación es el fomento de esta actividad a través del deporte federado en México, que forma parte del ajedrez organizado en alrededor de ciento cincuenta países en el mundo. En esta vertiente del ajedrez adquiere valor la capacidad competitiva de nuestros ajedrecistas, buscando alcanzar triunfos en la palestra nacional e internacional, teniendo como modelo a seguir al mejor ajedrecista mexicano de todos los tiempos: el gran Maestro yucateco Carlos Torre Repetto.
Consideraciones
Con base en todo lo antes expuesto, me permito someter a esta soberanía las siguientes consideraciones:
Decía el ajedrecista alemán Emanuel Lasker que "la misión del ajedrez en las escuelas no es la erudición de sacar maestros de ajedrez. La educación mediante el ajedrez debe ser la educación de pensar por sí mismo". En esta tesitura, es ineludible plantear a partir de bases científicas, la utilidad del ajedrez en el mejoramiento de los procesos educativos. En este tenor, mencionamos algunos estudios y argumentos en la materia:
– El estudio realizado en Zaire, entre estudiantes del nivel medio básico, denominado Chess and aptitudes, encabezado por el investigador Albert Frank, arrojó evidencias significativas de una correlación positiva entre jugar bien ajedrez y las habilidades espaciales, numéricas, administrativo-direccionales y las manualidades de los alumnos.
– Otro estudio denominado El ajedrez y el desarrollo cognitivo, llevado a cabo en Bélgica por el investigador Johan Christiaen en una escuela municipal, encontró que los alumnos jugadores de ajedrez tuvieron diferencias positivas en su desempeño académico con relación a quienes no practicaban el juego.
– Con relación a la anterior investigación, el doctor Gerard Dullea señaló que "...tenemos bases científicas que apoyan lo que sabíamos durante todo este tiempo: el ajedrez hace a los niños más inteligentes".
– En el ámbito latinoamericano citamos el estudio realizado en Venezuela denominado Proyecto aprendiendo a pensar, cuyas conclusiones van en el sentido de que "...el ajedrez metódicamente enseñado, incentiva un sistema suficiente para acelerar un incremento en el coeficiente de inteligencia en una edad temprana para los niños de ambos sexos en todos los niveles socioeconómicos".
Complementariamente a lo anterior, y como ya se había señalado, alrededor de treinta países del mundo tienen programas de ajedrez incorporados a su currícula educativa desde los niveles básicos. Entre ellos podemos mencionar a Argentina, donde desde los años ochenta del siglo pasado se instrumentó el programa de Ajedrez Escolar, en el cual participaron la mayoría de las provincias de aquel país; en Venezuela, también en los años ochentas, inicia la operación del programa Proyecto Ajedrez en las escuelas de aquella nación, a través de la coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia. Finalmente citamos a manera de ejemplo el Programa de Ajedrez de las Escuelas de la ciudad de Nueva York, el cual fue fundado en 1986 y mediante el cual se hacía llegar a las escuelas un instructor de ajedrez para establecer el programa en el plantel; la labor de este instructor era la de trabajar con los maestros para que pudieran elaborar el programa de un curso de ajedrez para sus alumnos; los instructores eran auxiliados por alumnos aventajados en el ajedrez de escuelas secundarias de la zona, quienes actuaban como instructores adjuntos. Este programa permitió operar el programa en más de cien escuelas públicas de Nueva York, beneficiando a miles de estudiantes de escasos recursos.
En general se considera que el ajedrez constituye un bien educativo que coadyuva a la formación de la personalidad humana, configurando un medio para incrementar la imaginación y la creatividad. El ajedrez con todos sus componentes de emotividad y racionalidad deja ver la belleza que se renueva de manera permanente, recompensando a quien la crea y a quien la observa.
Punto de Acuerdo
Primero. Con base en las anteriores consideraciones, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Poder Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, considere la conveniencia de incorporar la capacitación magisterial, enseñanza y práctica del ajedrez entre la población escolar del país, como uno de sus programas estratégicos institucionales, promoviendo en paralelo la incorporación del ajedrez como materia obligatoria en los programas escolares para los niveles básico y medio básico del sistema educativo nacional.
Segundo. De igual forma, se exhorta a la Federación Nacional de Ajedrez de México, en su calidad de federación deportiva nacional, afiliada a la Confederación Deportiva Mexicana, AC, y en su calidad de organización beneficiaria de recursos públicos federales, para que coadyuve, a solicitud de parte, en lo que a su alcance, capacidad técnica y organizativa corresponda para instrumentar el anterior punto.
Tercero. Finalmente, se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte del Poder Ejecutivo federal, entidad adscrita sectorialmente a la Secretaría de Educación Pública, así como a la Confederación Deportiva Mexicana, AC, para que, en el ámbito de sus atribuciones y funciones, promuevan una mayor asignación presupuestaria y mayor apoyo en general a la Federación Nacional de Ajedrez de México, AC, con el propósito de que esta amplíe su cobertura nacional en términos de promoción, difusión, enseñanza y competitividad del ajedrez, principalmente entre los niños y jóvenes de México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a 24 de abril de 2007.
Diputada Martha Hilda González Calderón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA QUE FORMULE UN RECONOCIMIENTO AL EJECUTIVO DE LA UNIÓN POR FIRMAR EL DECRETO QUE REFORMA LOS CÓDIGOS PENAL Y CIVIL FEDERALES, RELATIVO A LA DESPENALIZACIÓN DE LOS DELITOS DE DIFAMACIÓN Y CALUMNIAS; Y QUE EXHORTE A LOS CONGRESOS LOCALES A MODIFICAR SU LEGISLACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ LENA CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, Humberto López Lena Cruz, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, y secretario de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule un reconocimiento al presidente de la república, con base en las siguientes
Consideraciones
En esta ocasión me permito utilizar esta tribuna para reconocer la labor del Ejecutivo federal al firmar el pasado doce de abril el decreto que deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal relativas a la despenalización de los delitos de difamación, injurias y calumnias, así como la adición de diversas disposiciones al Código Civil Federal para que sea ésta la vía por la que se reclamen los daños que puedan causar las conductas mencionadas, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, lo anterior con fundamento en la atribución que le confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como he venido reiterando, la despenalización de los delitos de difamación, calumnias e injurias a nivel federal es un avance que nos permite acercarnos a un debido goce y ejercicio de las garantías constitucionales consagradas en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución federal, preceptos legales que establecen el derecho a la información y la libertad de expresión.
Mediante la promulgación de las reformas señaladas, se logra parcialmente que nuestro país cumpla con los lineamientos establecidos a nivel internacional por diversos organismos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual se pronuncia en el sentido de reafirmar que es sumamente importante garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión.
Se aclara que es una limitante y una intimidación para el ejercicio de esos derechos el establecimiento de los delitos señalados, los cuales pueden llegar a privar de la libertad corporal a aquellos comunicadores que día con día luchan y ponen en riesgo su vida por mantenernos informados de la realidad nacional, que puede llegar a incomodar a los funcionarios corruptos y a la delincuencia organizada, entes que ven afectados sus intereses.
La promulgación de las reformas pone de manifiesto el compromiso de los Poderes Federales con el respeto de la Constitución y las leyes que de ella emanan. Pero es importante ir más allá, y la única forma en que esto se puede lograr es mediante la derogación de estos delitos en las legislaciones locales.
La razón por la cual se exhorta a los congresos locales es en virtud de que el mayor número de violaciones y ataques al gremio periodístico y, por consiguiente, una limitación de las garantías constitucionales, se da en el ámbito local, donde los comunicadores son perseguidos legalmente por el ejercicio de su profesión, sin que se pueda dejar de mencionar la violencia de que son víctimas.
Tomando en consideración la autonomía de las legislaturas locales, es por lo que únicamente podemos exhortarlos a que realicen las modificaciones correspondientes en su legislación, a efecto de retomar lo señalado en el decreto aprobado por el presidente de la república.
Al mismo tiempo, es imperante que las legislaturas locales, además de despenalizar los delitos señalados, establezcan en su legislación civil las sanciones por el ejercicio indebido de la libertad de expresión, reiterando una vez más que la despenalización de los delitos de injurias, difamación y calumnias no es un cheque en blanco para quienes ejercen indebidamente la libertad de expresión o en su caso la libertad de prensa y mucho menos significa impunidad para injuriar, difamar o calumniar.
Si se logra el objetivo de despenalizar en toda la legislación nacional los delitos de injurias, difamación y calumnias, se dará un gran paso para el respeto irrestricto de la libertad de expresión y se garantizará un efectivo derecho a la información, garantías las cuales se deben respetar y garantizar si en verdad queremos ubicarnos en un Estado democrático y de derecho.
Para finalizar, no me queda más que reconocer una vez más al Ejecutivo federal por haber aprobado el decreto que le fue turnado por la Cámara de Senadores y exhortar a los congresos estatales a reformar su legislación interna, en donde se retome establecido en las reformas federales recién aprobadas y lo aquí señalado.
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remite al Ejecutivo federal un reconocimiento presentado por el diputado Humberto López Lena Cruz, secretario de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, por la firma del decreto que deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal relativas a la despenalización de los delitos de difamación y calumnias y adiciona diversas disposiciones al Código Civil Federal para que sea ésta la vía por la que se reclamen los daños que puedan causar las conductas mencionadas.
Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados gira atento oficio a los congresos locales, a efecto de exhortarlos para que adecuen su legislación local al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de dos mil siete, que deroga los artículos 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 y 363 del Código Penal Federal; y adiciona los párrafos sexto, con cuatro fracciones, séptimo y octavo, al artículo 1916 y el párrafo tercero al artículo 1916 Bis del Código Civil Federal, a efecto de despenalizar los delitos de injuria, difamación y calumnia y, al mismo tiempo establezcan la vía civil para que a los particulares afectados se les permita defender su honra y reputación cuando consideren que son afectados por el abuso de la libertad de expresión. Lo anterior en atención a la solicitud presentada por el diputado Humberto López Lena.
Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A OTORGAR, A TRAVÉS DE LA SCT, CERTEZA JURÍDICA A LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PERMISIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO FEDERAL DE CARGA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARCELA CUEN GARIBI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Marcela Cuen Garibi, diputada federal en la LX legislatura, a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía una proposición con punto de acuerdo para que sea considerado de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Cuando una persona o permisionario del servicio público federal de carga va a realizar un trámite ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre camiones, tractocamiones, remolques, semiremolques y tractor camionero legalizado por algún decreto, sus tarjetones y recibos de pago originales de derechos sobre los camiones o remolques antes mencionados, son sometidos a revalidación.
Segunda. Esta acción genera desconfianza al que tiene un camión, tractocamión, remolque, semiremolque o tractor camionero legalizado y al que compra, toda vez que la revalidación presume que puede existir falsedad en la documentación, ya que en ocasiones se les niega un nuevo trámite, argumentando que los documentos son apócrifos; por tal motivo los permisionarios se ven obligados a solicitar el servicio de los coyotes pues a éstos casi nunca se les niegan dichos trámites.
Tercera. Si los camiones, tractocamiones, remolques, semiremolques y tractor camionero ya cuentan con las placas y su tarjeta de circulación vigentes del servicio público federal de carga, significa que su documentación original ya fue revisada y revalidada con anterioridad por ambas secretarías. (Secretaría de Comunicaciones y Transportes con apoyo de el SAT).
Debe revisarse y revalidarse dicha documentación una primera y única vez, y no en cada trámite que se realiza en dicha secretaría.
Cuarta. Estos vehículos del servicio público federal de carga al transitar por las carreteras del país son detenidos con mucha frecuencia por la Policía Federal Preventiva, supuestamente, para revisar la documentación correspondiente.
Una vez detenido el camión, este no se arranca sin antes el operador, no ha dado una remuneración (por así decirlo) al oficial de la Policía Federal Preventiva. Sabemos que dichas detenciones son anticonstitucionales, porque la mayoría de estas no tienen fundamento legal.
Quinta. Es obligación del Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, que a la letra dice: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…
Sexta. Dando certeza jurídica a los propietarios y permisionarios que tienen camiones, tractocamiones, remolques, semiremolques o tractor camionero legalizados, lograremos recuperar la confianza en las instituciones que regulan el servicio de transporte público federal de carga en el país, beneficiando así a quienes de manera cierta aportan con este servicio un ingreso relevante a las arcas del gobierno federal y estatal, mediante su contribución fiscal.
Séptima. Bajo esta tesitura, es urgente hacer un llamado a las autoridades con el propósito de que todos los ciudadanos que encuentran en el transporte una manera honesta y digna de vivir, cuenten con el apoyo de las instituciones; y con ello no sufran menoscabo en sus propiedades por la conducta antes mencionada que hasta el día de hoy es costumbre en la mayoría de los estados en donde se realizan trámites en esta materia.
Octava. Con esto, además de otorgar certeza jurídica a la documentación antes mencionada, lograremos que se aceleren los trámites ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues los grandes perjudicados con la prolongación de este proceso son los transportistas, permisionarios, dueños, arrendadores, empresas, particulares del servicio público federal de carga, que sufren ya un alto costo del combustible y un bajo pago por el servicio.
Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos presento la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente manera:
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se otorgue certeza jurídica a la documentación de los permisionarios del servicio público federal de carga, tratándose de camiones, tractocamiones, remolques, semiremolques y tractor camionero ya legalizados por cualquiera de los decretos, para que en el marco del derecho y orden jurídico se revalide una sola y primera vez para trámites, la documentación antes mencionada y no cada trámite sea revalidada la misma, con ello se otorgue certeza jurídica a la ya multicitada documentación de los transportistas, permisionarios y a todas aquellas personas que tengan algún camion, tractocamion, remolque, semiremolque o tractor camionero del servicio público federal de carga ya legalizado y que cuenta en este momento con placas y tarjeta de circulación vigentes. Se realice de manera inmediata a fin de que no se siga afectando a estas personas en su derecho fundamental que deben de tener con sus documentos originales, por parte del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2007.
Diputada Marcela Cuen Garibi (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE YUCATÁN A INVESTIGAR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MANIFESTANTES DETENIDOS EL PASADO 13 DE MARZO EN MÉRIDA, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO SÁNCHEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Francisco Sánchez Ramos, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 13 de marzo del presente año, en el contexto de las manifestaciones por la presencia del presidente de Estados Unidos de América, George Bush a México, elementos de la policía municipal de Mérida y de la Secretaría de Protección y Vialidad del estado de Yucatán realizaron una redada, en la cual detuvieron a 48 personas que se encontraban en el centro de la ciudad.
Según información recabada por diversas organizaciones de derechos humanos, se trató de una detención arbitraria y la gran mayoría de los detenidos sufrió diversas agresiones por parte de los elementos policíacos, algunas de las cuales podrían constituir tortura. Posteriormente, tanto en las instalaciones de los cuerpos policíacos como en las de la Procuraduría de Justicia del Estado, los detenidos fueron incomunicados, impidiéndose con ello el ejercicio del derecho de defensa adecuada que garantizan tanto la Constitución como los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Todas estas violaciones a los derechos humanos fueron convalidadas por los jueces primero, segundo y séptimo de defensa social del estado, quienes el 21 de marzo dictaron auto de formal prisión a 23 de los detenidos por los delitos de daño en propiedad ajena, ataques peligrosos a servidores públicos, entre otros.
Los hechos aquí descritos guardan gran similitud con la represión de altermundistas ocurrida en Guadalajara en mayo de 2004, y más recientemente con los operativos realizados en Atenco y Oaxaca, en donde policías preventivos detuvieron, incomunicaron y torturaron a diversos manifestantes, sujetándolos con posterioridad a procesos penales ilegales. Lo ocurrido el 13 de marzo en Mérida se abona a estos actos que implican una restricción del derecho de manifestación y libre expresión de las ideas y que ponen en entredicho la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, evidenciando ante la comunidad nacional e internacional la arbitrariedad con la que actúan estos gobiernos cuando alguna de sus políticas es cuestionada. Sin duda, la impunidad que ha prevalecido en Guadalajara, en Atenco y en Oaxaca impulsa a que se cometan nuevas violaciones a los derechos humanos para reprimir movilizaciones sociales legítimas, ante el casi seguro hecho de que las mismas no serán sancionadas.
Ninguna sociedad que presuma de ser democrática puede basar sus funciones de brindar seguridad pública y procurar e impartir justicia en graves violaciones a los derechos humanos, como ha sucedido en el estado de Yucatán con los detenidos el día 13 de marzo, razón por la cual este grupo parlamentario propone a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al ciudadano Patricio Patrón Laviada, gobernador del estado de Yucatán, y al licenciado Armando Villarreal Guerra, procurador General de Justicia de dicha entidad, para que, con fundamento en lo establecido en el artículo 345, fracción III del Código de Procedimientos en materia Penal del estado de Yucatán se desista de la acción penal, por estar basadas en violaciones a los derechos humanos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Yucatán para que realice todas las acciones tendentes a investigar las violaciones a los derechos humanos derivadas de las detenciones de 48 manifestantes el día 13 de marzo en la ciudad de Mérida, Yucatán.
Dado en la Cámara de Diputados, a 24 de abril de 2007.
Diputado Francisco Sánchez Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SHCP QUE CONSIDERE UNA PARTIDA DESTINADA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRIMARIOS EN LOS MUNICIPIOS CON POBLACIÓN MAYORITARIAMENTE INDÍGENA, A CARGO DE LA DIPUTADA YARY DEL CARMEN GEBHARDT GARDUZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Carta Magna contempla dentro de su cuerpo normativo las funciones que deberán llevar a cabo los municipios, dentro de las cuales se encuentran la prestación de servicios públicos tales como: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública y los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como sus capacidades administrativas y financieras.
A pesar de lo anterior, no todos los habitantes de los municipios reciben dichos servicios, particularmente las viviendas indígenas en donde las cifras son realmente desalentadoras, ya que de acuerdo con información oficial solamente el 68.1 por ciento cuenta con servicio de agua potable, el 70 por ciento con servicio sanitario exclusivo y el 86 por ciento cuenta con el servicio de energía eléctrica.
Lo anterior, resulta alarmante si tomamos en cuenta que en el país existen 17 mil 436 localidades con una población indígena alrededor del 70 por ciento, la cual seguramente en su mayoría no tienen acceso a servicios públicos eficientes y de calidad, en razón a la poco o nula capacidad económica y administrativa de sus municipios para ofrecer con prontitud y eficacia los servicios, a los que hace referencia el artículo 115 de la Constitución.
Para que los servicios públicos sean eficientes y contribuyan al desarrollo y mejor calidad de vida de las y los mexicanos, estos deben ser prestados con eficiencia, continuidad, calidad, permanencia, accesibilidad de costos, generalidad y subsidiariedad.
Sin embargo hasta ahora, lo mandatado por la ley fundamental carece de eficacia en el campo de los hechos, debido a que son muchos los municipios, que no cuentan con servicios básicos.
Los habitantes de las comunidades indígenas, tienen que recorrer varios kilómetros para obtener un poco de agua para preparar sus alimentos y no cuentan con drenaje, lo cual contribuye a la propagación de un sinnúmero de enfermedades intestinales.
Por lo anterior, es necesario que los servicios públicos municipales lleguen a todos los municipios con población indígena, a fin de que los mismos se integren al pleno desarrollo, ya que en caso contrario les estaríamos negando el derecho inalienable de un mejor nivel de vida, relegándolos irremediablemente a tener un nivel que no es aceptable para los individuos de las naciones democráticas contemporáneas.
Por lo anterior, es menester que esta soberanía exhorte al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que cree una partida presupuestal, orientada a fortalecer los fondos públicos de los municipios con el objeto de construir la infraestructura necesaria para prestar de manera inmediata los servicios públicos contenidos en la fracción III del artículo 115 constitucional.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se cree una partida presupuestal destinada a fortalecer los fondos públicos de los municipios con una población mayoritariamente indígena, misma que permita crear la infraestructura necesaria para la correcta prestación de los servicios públicos básicos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2007.
Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A ADMINISTRAR LA PARTE QUE CORRESPONDE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DEL PARQUE NACIONAL LA MALINCHE, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO DÍAZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe diputado federal José Antonio Díaz García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal administre la parte que le corresponde al gobierno del estado de Puebla del Parque Nacional La Malinche", y éste deje de administrarlo, de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
La montaña Matlalcuéyatl mejor conocida como La Malinche, es considerada un sitio de belleza natural que constituye un museo vivo de la flora y la fauna comarcanas.
Hoy en día La Malinche, es una área natural protegida con el carácter de Parque Nacional, tal como quedó establecido en el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 6 de octubre de 1938, con una superficie de 45,805 hectáreas ubicadas en los estados de Tlaxcala y Puebla.
La Malinche es considerada un sitio de belleza natural; el gobierno federal transfirió la administración del Parque Nacional a los gobiernos de Tlaxcala y Puebla, mediante el Acuerdo de Coordinación, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de febrero de 1996; con la intención de que estos gobiernos manejaran y vigilaran la conservación, restauración, protección, fomento y uso racional de los recursos del Parque.
El Acuerdo de coordinación mediante el cual se transfiere la administración del Parque Nacional a los gobiernos de Tlaxcala y Puebla, establecía como antecedentes:
- Que el Plan Nacional de desarrollo 1995-2000 dentro de su capítulo de crecimiento económico, en específico en la estrategia denominada Política Ambiental para un Crecimiento Sustentable establece que, para las áreas naturales protegidas se aplicarán programas concertados que diversifiquen las fuentes y los mecanismos de financiamiento; incorporen servicios de turismo ecológico; desarrollen nuevos mercados de bienes de origen natural con una certificación ecológica e induzcan el manejo para la reproducción de algunas especies de fauna silvestre.
- Y que las políticas y acciones estarán permeadas en una estrategia de descentralización en materia de gestión ambiental y de recursos naturales, con la finalidad de fortalecer la capacidad de gestión local, particularmente la de los municipios y ampliar las posibilidades de participación social.
Además el objeto principal del Acuerdo en referencia señala y cito textualmente:
"Las partes acuerdan que para efectos de este instrumento legal se entiende por administración, el conjunto de acciones de planeación, promoción, ejecución, control, supervisión y evaluación que permitan lograr la restauración, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos naturales de La Malinche y la coordinación de las actividades de investigación científica, monitoreo ambiental, capacitación rural, educación y asesoría técnica que se lleven a cabo en el área, sin perjuicio de las facultades que en materia de inspección y vigilancia otorga el titulo sexto de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente a la Semarnap en ese entonces, hoy en día Semarnat; por conducto de la Procuraduría Federal de protección al Ambiente".
Cláusula segunda;
Acuerdo de coordinación, publicado en el DOF;
De fecha 27 de febrero de 1996
Cabe aclarar que hasta el día de hoy, el gobierno del estado de Puebla, no ha cumplido con el objeto principal del "Acuerdo de coordinación", y me refiero, ha que no a podido determinar las acciones de planeación, promoción, ejecución, control, supervisión y evaluación que permitan lograr la restauración, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos naturales de La Malinche, que es lo mas importante que debe ocupar a los gobiernos, cuidar y vigilar la restauración, conservación y protección de las áreas naturales; y mas en estos momentos en la que nos enfrentamos a cambios climatológicos provocados por el deterioro ambiental.
A partir de la publicación del decreto, y de la firma del acuerdo, se han realizado esfuerzos públicos y privados insuficientes y descoordinados para concretar los objetivos de restauración, protección, fomento y uso racional de los recursos; estos esfuerzos no han tenido el éxito esperado, y por el contrario, en la parte correspondiente al estado de Puebla el deterioro ambiental no ha podido ser contenido ni revertido; más aun, no existe una verdadera coordinación de las actividades de investigación científica, monitoreo ambiental, capacitación rural, educación y asesoría técnica que se lleven a cabo en el área.
A lo largo de estos 11 años desde que se transfirió la administración del parque La Malinche al estado de Puebla, no se ha podido concretar un Programa de Manejo del área natural, adecuado para dar cumplimiento a los objetivos establecidos, si bien es cierto, se han realizado diversas acciones, pero estas se han efectuado de manera dispersa, con una deficiente coordinación interinstitucional, sin consenso social y en muchas ocasiones, sustentados en toma de decisiones que no consideraron las características ambientales y sociales de la zona.
En los hechos, el deterioro ambiental no ha podido ser frenado, de las 12,544 hectáreas de La Malinche que corresponden a la administración del Estado de Puebla, cerca de 7,500 hectáreas ya tienen un uso agrícola, pecuario o urbano, y esto es debido a los procesos de deforestación que continúan ocurriendo, y el gobierno del estado no actúa ni interviene, si no todo lo contrario, pareciera que hay el consentimiento para acabar con los recursos naturales que tanta falta nos hacen; quiero señalar que de acuerdo a información del sistema de agua potable del municipio de Puebla aparecida en diferentes medios de comunicación, hasta hace 10 años La Malinche abastecía del 80% del agua a la ciudad de Puebla y hoy en día únicamente aporta el 28%, y esto es a consecuencia de la falta del programa de manejo y de las ausentes acciones del gobierno estatal para la conservación, protección, control y supervisión del área natural.
Pero pareciera que esto no le preocupa en lo mas mínimo al gobierno del estado de Puebla, por el contrario están mas preocupados en invertir recursos públicos y acciones políticas para tratar de limpiar la mala imagen del gobernador Mario Plutarco Marín Torres por el caso tan penoso –Lydia Cacho–, en lugar de invertir esos recursos públicos en la reforestación o en la implementación de programas de manejo del área y el aprovechamiento adecuado y sustentable en el uso del suelo de La Malinche.
Es materia jurídica que la responsabilidad del manejo y vigilancia de esta área natural protegida La Malinche, es del gobierno del estado de Puebla ya que la adquirió al firmar el Acuerdo de Coordinación, y a partir de ese momento se comprometió a cuidar, vigilar, supervisar el manejo, y a buscar el desarrollo y aprovechamiento de la misma; además de respetar el multicitado acuerdo; esa responsabilidad es tan escasa por parte del gobierno, como lo es el escaso abastecimiento de agua, que hoy en día aporta La Malinche a la ciudad de Puebla.
Para una mejor precisión jurídica, cito los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que son el fundamento de lo que anteriormente señalé, y que a la letra dicen:
"Artículo 11. La Federación, por conducto de la Secretaria, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con el objeto de que los Estados o el Distrito Federal asuman las siguientes funciones:
I.- El manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia federal;
(...)";
"Artículo 12. Los convenios o acuerdos de coordinación que suscriban la Federación con el Distrito Federal y los estados, y éstos con los municipios, para los propósitos a que se refiere el artículo anterior, deberán sujetarse a las siguientes bases:
I. Definirán con precisión las materias y actividades que constituyan el objeto del convenio o acuerdo;
(…)".
Los incumplimientos del gobierno del estado de Puebla son varios y de importancia, señalo los siguientes:
- La falta en la implementación de estrategias ambientales para que La Malinche tenga un crecimiento sustentable en las áreas naturales protegidas;
- La falta en la concertación de un programa que diversifique las fuentes y los mecanismos de financiamiento para el aprovechamiento de los recursos naturales y servicios de turismo ecológico; y
- Las acciones que contrarresten la deforestación de los recursos naturales del parque nacional La Malinche.
Otra de las cosas que no se ha podido demostrar son la existencia de los programas anuales de trabajo del parque nacional desde hace más de diez años y la existencia del Fideicomiso Estatal para que a través del mismo se diera la inversión federal, estatal, privada y extranjera en su caso; compañeros diputadas y diputados, esto es un caso que nos debe ocupar y preocupar.
La falta de transparencia, de información verídica, oportuna y de los documentos probatorios que acrediten la existencia de los programas anuales de trabajo, y la falta de los documentos que acrediten la constitución del fideicomiso, demuestran que la Secretaría de Medio Ambiente del Estado y el mismo gobierno no tienen la capacidad para enfrentar y resolver los problemas ambientales que existen en el estado de Puebla y no solo eso, sino que las causas por las que ha avanzado enormemente la deforestación y el descontrol total en la conservación del área natural, es a consecuencia y responsabilidad del gobierno estatal.
Hoy el estado de Puebla y el área natural protegida considera como belleza natural, están en una situación delicada, ya que la falta de acciones concretas para contrarrestar el deterioro ambiental en esa zona tan importante para nuestro país y medio ambiente, y la ausencia total de las autoridades, hacen que la calidad de vida de los poblanos residentes en esa zona y la desmejora del medio ambiente y del parque nacional, estén en constante aumento de deterioro.
Hoy nos debe ocupar esta problemática ambiental, sobre todo debemos velar para que las instancias de gobierno de cualquier nivel, respeten y den cumplimiento a las disposiciones jurídicas establecidas.
Para concluir, quiero citar dos cláusulas, la décimo segunda y la décimo tercera del "Acuerdo de coordinación", mismas que hacen referencia a la disolución del acuerdo, en caso de que algunas de las partes falten:
Cláusula Décima Segunda. Cualquiera de la partes podrá dar por terminado el presente Acuerdo mediante aviso por escrito, que con noventa (90) días de anticipación haga llegar a la otra parte. En este caso la "Semarnap" y los "gobiernos de los estados" se comprometen a tomar las medidas que consideren necesarias para evitar los perjuicios que se pudieran causar entre sí o a terceras personas con dicha situación.
Cláusula Décima Tercera. A la terminación de este Acuerdo, la "Semarnap" por conducto del Instituto Nacional de Ecología reasumirá la administración total de "El Parque", es decir La Malinche de conformidad con la legislación aplicable en la materia, por lo que los "gobiernos de los estados" se obligan a poner a disposición de este órgano administrativo desconcentrado, los recursos financieros, las instalaciones , equipo y documentación con que cuente el área, así como las acciones o los proyectos que se estén realizando derivados del objeto del presente instrumento, con el grado de avance que en esos momentos reporten, siempre y cuando hayan sido adquiridos con recursos de la Federación.
Para el caso de que solo uno de los "gobiernos de los estados" de por terminado este Acuerdo la "Semarnap" reasumirá la administración de la parte del territorio de "El Parque" del estado que corresponda, en los mismos términos a que se refiere esta cláusula.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta soberanía la proposición con el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales "Semarnat", que derivado y fundado a la exposición de motivos de la presente proposición, proceda a dar por terminado el "Acuerdo de coordinación mediante el cual se transfiere la administración del Parque Nacional denominado La Malinche a los gobiernos de Tlaxcala y Puebla", en la parte que le fue transferida para administrar el Parque Nacional La Malinche al gobierno del estado de Puebla firmado el día 18 de octubre de 1995, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 1996, de conformidad a la cláusula décima segunda y tercera del Acuerdo de coordinación en referencia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2007.
Diputado José Antonio Díaz García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE TRANSPORTES A INTEGRAR UNA SUBCOMISIÓN ENCARGADA DE INVESTIGAR EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA AMPLIACIÓN A LA AUTOPISTA DOS MONTES-MACUSPANA, TABASCO, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL ELÍAS SÁNCHEZ CABRALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal en la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 73, fracción tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El estado de Tabasco cuenta con una economía diversificada en la que sobresalen las actividades primarias, agricultura y ganadería, es un importante productor de petróleo, cuenta con una base industrial pujante y su actividad comercial resulta significativa. Todas las actividades anteriores hacen que la población de mi entidad haga uso intensivo de la red carretera que cruza nuestro territorio y une a sus distintas regiones.
Tabasco tiene una red de ocho mil 622 kilómetros, de los cuales el ocho por ciento es federal, el 52 por ciento es estatal y el 40 es municipal. De manera que en la mesoregión sur-sureste ocupamos el primer lugar en densidad carretera.
Para el período 2003 a 2006 se firmó un convenio de coordinación entre la federación y el gobierno del estado que incluía obras relacionadas con las siguientes ocho carreteras: Villahermosa-Tepa, Villahermosa-Ciudad del Carmen, Raudales de Malpaso-El Bellote, Entronque Reforma, Entronque Gaviotas, Macuspana-Escárcega, Ramal Rómulo Calzada-Malpasito, Dos Montes-Macuspana, en la red federal, así como diversas obras en caminos estatales y rurales.
Para lo anterior se destinaron inversiones a Tabasco por tres mil 321 millones de pesos entre 2001 y 2005.
No obstante lo referido, algunas carreteras en el estado se encuentran en una situación deplorable que se refleja en accidentes, molestias y tardanza excesiva en los traslados de personas y mercancías.
Un caso especifico de la situación señalada es el de la autopista de Dos Montes-Macuspana, consistente en la ampliación a cuatro carriles de articulación en un tramo de 29 kilómetros, cuyo número de usuarios que diariamente la utiliza es superior a 13 mil vehículos, en beneficio directo de 650 mil habitantes de los municipios de Centro, Macuspana, Jalapa, Tlacotalpa, Emiliano Zapata y Tenosique, en Tabasco; así como el de Escárcega, en Campeche, con un costo de 480 millones de pesos. Pertenece al corredor del circuito peninsular de Yucatán, así como a las obras prioritarias del Plan Puebla- Panamá.
Esta autopista, que tiene una cuota de 19.00 pesos por vehículo y fue entregada para su funcionamiento apenas hace unos pocos meses, a finales del año pasado, presenta ya hoy problemas de deficiencias en su construcción que son evidentes a simple vista.
Dada la existencia de innumerables baches, hundimientos y deficiencias en esta vía, al día de hoy, a pocos meses de haber sido entregada no sólo resulta excesiva y aún injustificada, sino que hace pensar que hubo graves deficiencias en su construcción con pleno conocimiento tanto de parte de los constructores como de las autoridades encargadas a de recibir la obra.
Con el fin de aclarar lo anterior deberían ser investigados los hechos.
En consecuencia sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados instruye a la Comisión de Transportes para que integre una subcomisión encargada de investigar el proceso de licitación de la ampliación a cuatro carriles de circulación en un tramo de 29 kilómetros en la autopista de Dos Montes-Macuspana, en el estado de Tabasco.
Segundo. Dicha subcomisión deberá presentar, dentro de un plazo de tres meses, un informe a la Comisión de Transportes.
Tercero. Si de los resultados obtenidos por la subcomisión se desprenden elementos suficientes de duda, se instruye a la Comisión de Vigilancia para que ordene al titular de la Auditoría Superior de la Federación que lleve a cabo una auditoría a la licitación y construcción de la obra citada.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2007.
Diputado Rafael Sánchez Cabrales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A EMPRENDER ACCIONES PARA HACER FRENTE A LA DESNUTRICIÓN INFANTIL, A CARGO DE LA DIPUTADA YARY DEL CARMEN GEBHARDT GARDUZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
México es uno de los países que presenta mayores desigualdades entre su población. Muestra de ello son los más de 60 millones de mexicanos que se encuentran en algún nivel de pobreza. Además, la desigualdad y la falta de oportunidades son elementos que dificultan el desarrollo de los sectores más pobres del país.
Uno de los grupos de la población que más resiente este tipo de problemática son los niños; en particular, los que habitan en el medio rural, quienes deben enfrentar todos los días la dificultad que implica acceder a los mínimos requerimientos que les permitan tener un desarrollo pleno.
En México, la desnutrición es entendida como un estado de deficiencia en el consumo o biodisponibilidad de energía o nutrimentos, que repercute negativamente en la salud de quien la padece. En cuanto a su origen, la deficiencia nutricional puede deberse a un consumo alimentario en cantidad insuficiente, también llamada desnutrición primaria; o bien, a problemas en la utilización de los nutrientes por parte del organismo debido a problemas de absorción, metabólicos, o por una demanda exagerada, ya sea patológica o funcional, a la que se conoce como desnutrición secundaria; asimismo, puede haber formas mixtas de desnutrición.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha identificado a México como uno de los países que mayor número de niños con desnutrición tiene entre su población. Señala que 27 por ciento de los menores de 11 años se encuentra en situación de pobreza extrema, con un alto grado de desnutrición y con riesgo de morir.
Un estudio elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) respecto a la desnutrición en México señala que la desnutrición infantil se concentra en los hogares más pobres y la variable que mayor incidencia muestra entre los menores es la "pobreza alimentaria", la cual aqueja más de 34 por ciento de los hogares pobres en los que habitan menores de cinco años.
Algunas de las consecuencias que genera dicha desnutrición en los niños son alteraciones en el desarrollo psicomotor, problemas cardiacos, crecimiento anormal de la talla y peso, los cuales tienen el efecto de ocasionar bajo rendimiento escolar y, de no atenderse de manera adecuada, pueden ocasionar la muerte del menor.
De igual forma, instituciones como el Consejo Nacional de Población, el INEGI y la Sedesol indican que uno de cada tres niños que habitan en zonas rurales padece desnutrición. Los estados que presentan mayor incidencia son Chiapas, México, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo y Yucatán.
La Secretaría de Educación Pública indica que Chiapas es la entidad que tiene el mayor número de niños con desnutrición que asisten a la escuela, ya que más de 60 por ciento de los alumnos de primer año y 59 por ciento de los que se encuentran en sexto la padecen.
Los niños son el futuro de nuestro país, por lo que su protección y desarrollo deben ser prioritarios. Como sociedad, debemos generarles un entorno adecuado; como legisladores, debemos crear mecanismos que permitan atender de manera pronta y eficiente a los menores. En este sentido, no debemos permitir que la desnutrición sea un obstáculo para su desarrollo. Las niñas y los niños mexicanos tienen el derecho inalienable de gozar de una infancia plena y saludable.
En razón de lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar al titular de la Secretaría de Salud para que implante los programas y las acciones necesarios a fin de hacer frente al grave problema que implica la desnutrición que afecta a las niñas y a los niños, particularmente quienes habitan en comunidades rurales e indígenas de nuestro país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2007.
Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA STPS A INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRECEPTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LOS PIZCADORES DE HORTALIZAS, A CARGO DE LA DIPUTADA BEATRIZ COLLADO LARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita diputada federal integrante de la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El pasado 17 de marzo, en el kilómetro 37.5 de la carretera Tampico-Mante, en su tramo Altamira-Cuauhtémoc, una camioneta de redilas repleta de gente que era trasladada a pizcar verdura a un rancho en el kilómetro 55 de la misma carretera, en el poblado de Corpus Crhisti, volcó con saldo de 70 lesionados.
La camioneta era conducida de sur a norte, por lo que al rebasarlos un camión de volteo, a éste le estalló uno de los neumáticos, provocando confusión en el chofer de la camioneta, por lo que perdió el control volcándose hacía su lado derecho, no sin antes invadir el carril izquierdo. Los elementos de la Policía Metropolitana, auxiliando a los diversos cuerpos de emergencia como la Cruz Roja de Altamira, Ambulancias del Puerto Industrial, Cruz Roja de Tampico y paramédicos de Petróleos Mexicanos, ocuparon sus patrullas, así como un autobús de transporte escolar y vehículos particulares para iniciar el traslado de las víctimas a la Clínica del Sistema DIF Altamira, de donde 16 (reportados más tarde como en estado grave, incluyendo menores y mujeres) fueron llevados de urgencia al Hospital General del IMSS en Tampico por su gravedad.
Lo anterior, compañeros, nos debe hacer reflexionar de la gravedad del hecho; primeramente, pensar en un camión de redilas con ¡70 personas! nos habla de condiciones de hacinamiento que ofende nuestras conciencias; si a ello le agregamos el hecho que, en su mayoría, eran mujeres menores de edad que ilegalmente son contratadas para trabajar sin ninguna prestación laboral de ley y con sueldos de miseria en una labor tan agobiante como la pizca, la realidad nos interpela más.
Las escenas que se presentaron, con personas heridas en veinte kilómetros a la redonda tiradas en el pavimento, fueron una sacudida para la sociedad de Altamira, Tamaulipas y para todo el país que estuvo al pendiente.
Desafortunadamente, el país es uno, pero diverso, desigual e injusto. La necesidad es la que orilla a las trabajadoras, los trabajadores, menores y mayores de edad por igual, para trasladarse en condiciones infrahumanas a centros de trabajo que les explotan a niveles de casi esclavitud.
La posición de las empresas de que "si no les gusta no hay empleo", que lo mismo le aplican a los ciudadanos que a las autoridades, es inadmisible en este siglo XXI.
Desde el momento en que setenta seres humanos pueden hacinarse para ir a dejar la salud y la vida en la recolección de vegetales, sabemos que algo está malfuncionando en nuestra realidad nacional. El que no se conozcan estas situaciones de lesa humanidad, hasta que un accidente lo devela, nos hacen reaccionar y repensar lo que vivimos. Como legisladores, debemos pensar que la legislación que presentamos debe ser útil y apegada a la realidad de todos los rincones del país, dentro, fuera, y en el trayecto a los centros de trabajo; con una visión tanto rural como urbana.
Una explosión en Coahuila quitó el velo de nuestros ojos de la realidad minera; una volcadura en carretera de Tamaulipas lo está haciendo con la realidad rural intranacional. ¿Qué sigue?
Hablar de seguridad e higiene laboral (entendidas como el conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos, y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo) y de la preservación de la salud de los trabajadores, pareciera ser una amenaza para la productividad, estabilidad y crecimiento de las empresas. Tocar el tema de los esquemas que hablan de la participación de los patrones y trabajadores en la seguridad laboral pareciera ser, también, la mayoría de las veces, descontextualizado y referido exclusivamente a los ambientes y sectores urbanos y más favorecidos del país. La supervisión, como una actividad planeada que sirve para conocer oportunamente los riesgos a que están expuestos los trabajadores, antes de que ocurra un accidente que pueda provocar lesiones o pérdidas de la vida de trabajadores, es un tema que, por desgracia no se lleva a la práctica en todos los rincones, contextos y regiones de nuestro México.
El derecho a la seguridad en el trabajo es un derecho consagrado en la Ley Suprema, en el artículo 123, apartado A, donde en la fracción XV establece: "El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores..."
Asimismo, en la fracción XXXI establece: "...También será competencia exclusiva de las autoridades federales, la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a... obligaciones de los patrones en materia de...seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley reglamentaria correspondiente".
Adicionalmente, México ha suscrito el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por nuestro país, número 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo de 1981, ratificado el 1 de febrero de 1984, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 1984 y su fe de erratas el 5 de abril de 1984.
Volver a casa sano y salvo del trabajo es un derecho humano básico; nadie debería morir o lesionarse en accidentes laborales. No obstante, queda mucho trabajo por hacer en el campo de la prevención de accidentes.
Por lo anteriormente expuesto, presento a consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario del Trabajo y Previsión Social a informar sobre el cumplimiento de los preceptos de seguridad e higiene, así como de las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, con relación a los pizcadores de hortalizas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2007
Diputada Beatriz Collado Lara (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA COMUNICACIÓN DEL ESTADO VATICANO SOBRE LAS REFORMAS DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ABORTO, SUSCRITA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRD Y DE ALTERNATIVA
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal Cuauhtémoc Sandoval Ramírez pone a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: La Cámara de Diputados solicita a la Secretaria de Relaciones Exteriores que efectúe mediante las vías diplomáticas una protesta y extrañamiento ante el jefe del Estado Vaticano por el comunicado papal dado a conocer por el obispo de Texcoco, Carlos Aguiar Retes, en relación con la iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre la despenalización del aborto, lo cual constituye una clara injerencia en los asuntos internos de México.
Segundo: Exhorta al Senado de la República para que llame a comparecer al embajador mexicano ante la Santa Sede, Luis Felipe Bravo Mena, a fin de que explique la información que ha dado en nombre del Estado mexicano al Estado del Vaticano, en relación con dicha iniciativa de ley, que pretende regular un grave problema de salud pública, que existe en nuestro país.
Tercero: Hasta en tanto no se efectúe esta protesta diplomática, la cual se podría realizar por la vía verbal, no debe proceder la presentación de cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico acreditado en nuestro país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2007.
Diputadas: Mónica Fernández Balboa, Aída Marina Arvizu Rivas (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEP A CONSIDERAR UN PROGRAMA DE BECAS PARA APOYAR A LOS ESTUDIANTES DE LOS NIVELES MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR PROVENIENTES DE COMUNIDADES INDÍGENAS, A CARGO DE LA DIPUTADA YARY DEL CARMEN GEBHARDT GARDUZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La educación es un derecho establecido en el artículo 3o. de la Constitución; además, es uno de los pilares que sustentan el desarrollo de cualquier país, y México no es la excepción. Una nación con una población de nivel educativo alto tiene mayores posibilidades de alcanzar el desarrollo.
La educación es el medio que permite a las personas elevar su calidad de vida en términos de contar con mayores conocimientos, para enfrentar de mejor manera los retos cotidianos.
La Carta Magna garantiza que la educación debe ser laica y gratuita para el nivel básico; además, el Estado tiene la obligación de promover y atender los tipos y las modalidades educativos, incluida la educación superior.
El sistema educativo mexicano, por su diseño, limita el acceso de la población al nivel medio superior y superior. Por ello, el número de personas que acuden a los bachilleratos y a las universidades públicas del país es muy reducido, y son aún menos los que obtienen un título universitario.
La mayoría de los jóvenes que estudian el bachillerato o una carrera universitaria se enfrentan a complicaciones debido a problemas económicos, principalmente. Muchos de estos estudiantes provienen de familias de estratos sociales medios y bajos, además de que para un número importante de estudiantes provenientes de las zonas rurales y de comunidades indígenas es todavía más complicado continuar los estudios.
El Censo de Población de 2005, elaborado por el INEGI, señala que la población indígena del país está formada por casi 10 millones de personas, con una media de 4.7 personas por hogar, y donde los miembros tienen en promedio 5.3 años de escolaridad. Yucatán y Oaxaca son las entidades que concentran mayor número de indígenas.
En el caso particular de los indígenas que estudian el nivel medio superior o una carrera universitaria, ellos dejan sus comunidades para continuar con su preparación académica, para lo cual deben adaptarse a los hábitos de vivir en una ciudad, en la que el costo de vida es más alto respecto a su comunidad, por lo que trabajan para sostener sus estudios, o bien, abandonan la escuela por falta de apoyo económico.
Es importante otorgar incentivos y apoyos a los indígenas que estudian alguna carrera universitaria, con el objetivo de que concluyan los estudios, y el factor económico no sea el obstáculo que limite su crecimiento y desarrollo personal.
Como Congreso, debemos crear mecanismos que permitan a los grupos más desprotegidos acceder a programas de apoyo que les ayuden lograr su desarrollo pleno. En el caso particular de los estudiantes indígenas, es necesario brindarles el apoyo económico suficiente a fin de que concluyan los estudios universitarios.
Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar a la titular de la Secretaría de Educación Pública para que en los programas educativos de nivel medio superior y superior se incluya un programa de becas para apoyar a los alumnos que realizan estudios de nivel medio superior y superior que provengan de comunidades indígenas de nuestro país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2007.
Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEP A INCLUIR DE MANERA OBLIGATORIA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA LA MATERIA DE CULTURA NUTRICIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE QUINTERO BELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado Jorge Quintero Bello integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que incluya la materia de cultura nutricional de manera obligatoria en los niveles de educación básica dentro de sus planes y programas, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1. Que en la actualidad nuestro país registra graves problemas nutricionales tanto de exceso como de déficit. Recientemente el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha informado que existen 7.7 millones de niños con problemas de desnutrición; en contraste se estima que uno de cada cinco niños en edad escolar padece de sobrepeso u obesidad. Estos padecimientos contribuyen de manera importante a los problemas comunes en el educando que son el bajo rendimiento, la reprobación y la deserción escolar. Predominantemente estos malos hábitos nutricionales son por ignorancia y la escasa información que tiene el educando para optar por una alimentación más sana y equilibrada.
2. Que los malos hábitos alimenticios a temprana edad se convierten en serios problemas de salud en la edad adulta. En los últimos años ha proliferado la comida "chatarra" debido en gran parte a la inversión en publicidad de grandes empresas y esto incide en las tienditas escolares. El consumo de ésta, es causa de la aparición de enfermedades crónico degenerativas tales como la diabetes mellitus, el desgaste de las articulaciones, hipertensión arterial, cardiopatías por aumento de colesterol, entre otras; lo que redunda en una disminución en el promedio y/o calidad de vida. Según datos de la última Encuesta Nacional de Salud existen en México cerca de 2.8 millones de pacientes declarados diabéticos y un 31.7 % sufren de hipertensión arterial.
3. Que paralela a éstas enfermedades, existe una especie de "moda" en nuestros jóvenes de querer mantener la "línea" o tomar medicina para bajar de peso, por lo que alteran voluntariamente las conductas convencionales de alimentación, produciendo trastornos como la anorexia y la bulimia que son totalmente prevenibles teniendo una buena educación nutricional.
4. Que estas enfermedades revisten un serio problema de salud pública y que debe ser prioridad del Estado allanar las condiciones necesarias a fin de erradicarlas. No hacerlo traería consecuencias serias para el futuro de nuestro Sistema de Salud, tanto en términos económicos como operativos. Son muchos los intentos realizados para asegurar condiciones más saludables en torno a la alimentación en México, no obstante, hasta ahora no se han obtenido logros.
5. Que debemos entender que una buena alimentación es la que tiene tanto en cantidad como en calidad los nutrientes requeridos de acuerdo a la edad del educando; con esto nos estamos refiriendo que no es cuestión económica, ya que existen decenas de menús con nutrimientos baratos.
6. Que la simple prohibición de los alimentos "chatarra", no es el camino seguro para erradicar éstas enfermedades, sino el de promover buenos hábitos alimenticios a través de una educación permanente, gradual y progresiva, la cual se puede fomentar dentro de las distintas esferas de convivencia como son la familia y la escuela.
7. Que las escuelas como vehículos extraordinarios de socialización y de adquisición de conocimientos y habilidades pueden contribuir de manera extraordinaria para la enseñanza de una cultura nutricional adecuada al gusto y posibilidades del estudiante. La inclusión de ésta, dentro de los planes y programas de la Secretaría de Educación Pública puede abonar a favor de la formación de esta nueva cultura.
8. Que basándonos en la cohesión del núcleo familiar, los conocimientos en nutrición que adquirió el educando pueden influir de manera positiva en la convivencia hogareña, coadyuvando de esta manera al cambio y desaparición de los malos hábitos alimenticios.
9. Que de acuerdo al artículo 3, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 12, fracción I, de la Ley General de Educación, compete a la Secretaría de Educación Pública determinar los planes y programas de estudio para la educación básica. Para tal encomienda la Secretaría tendrá como uno de sus principales fines el desarrollo integral del individuo, para que éste ejerza plenamente sus capacidades humanas.
10. Que atendiendo a esta facultad y vocación se considera apropiado que la Secretaría de Educación Pública promueva a través de sus planes y programas de estudio la enseñanza y difusión de una cultura nutricional gradual, progresiva y permanente en los niveles de educación básica, que impacte en el desarrollo integral del educando y que se refleje en su salud en la etapa adulta.
Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta H. soberanía, la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo
Primero. Con pleno respeto al federalismo educativo, esta honorable Asamblea debe exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que incluya dentro de sus planes y programas de estudio la materia de cultura nutricional, misma que debe ser contemplada como permanente gradual y progresiva de acuerdo al grado que se curse.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 24 de abril de 2007.
Diputado Jorge Quintero Bello (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A INFORMAR SOBRE EL DESTINO DE LOS REMANENTES DEL PRESUPUESTO DE 2006, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos diputados federales Mónica Fernández Balboa, Valentina Valia Batres Guadarrama, Rosario Ignacia Ortiz Magallón, Rafael Elías Sánchez Cabrales y José Antonio Almazán González, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 incisos b), e) y h) y 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 80 y 202 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2 fracción XI y 14 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, con el carácter de urgente resolución nos permitimos someter a consideración del Pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados a que informe sobre el destino de los remanentes derivados del presupuesto ejercido de 2006; así como, para que se conduzca con estricto apego a la normatividad aplicable en la materia, en atención a los siguientes
Antecedentes
Actualmente estamos viviendo un descrédito ante la opinión pública de las instituciones en su conjunto, y en lo particular de la Cámara de Diputados. Lo cual se ve agravado por el constante desprestigio de las mismas en los medios de comunicación los cuales durante últimos meses han dado seguimiento a diversos cuestionamientos sobre el manejo financiero de la Cámara de Diputados, tales como gastos en comidas, viajes, entre otros. De los cuales los y las diputadas nos enteramos gracias a los medios de comunicación y no a información proporcionada por la Junta de Coordinación Política.
Lo anterior resulta una incongruencia ante la reciente aprobación de la ley de transparencia y de la tan enarbolada función del Comité de Ética. Toda vez que la presente legislatura inicio sus labores el primero de septiembre del año próximo pasado, siendo el caso que los diputados cuentan con las siguientes percepciones: dieta, asistencia legislativa, atención ciudadana, aguinaldo y fondo de ahorro, rubros que conforme la legislación lo establece se han venido cubriendo en tiempo y forma. Sin embargo, lo anterior se vio alterado en fecha 26 de enero de 2007, cuando se realizó un depósito en nuestras cuentas personales de nómina Bancomer, procedente de la cuenta número 0153080870 a nombre del Grupo Parlamentario del PRD por la cantidad de 104 mil pesos.
Ante el desconocimiento del motivo y origen de la cantidad mencionada en el párrafo anterior, los suscritos diputados federales Mónica Fernández Balboa, Valentina Valia Batres Guadarrama, Rosario Ignacia Ortiz Magallón, Rafael Elías Sánchez Cabrales y José Antonio Almazán González nos servimos devolver íntegramente la misma, a la cuenta del Grupo Parlamentario del PRD de esta honorable Cámara de Diputados. Cabe hacer notar que con posterioridad y ante los cuestionamientos que realizamos al respecto se hizo del conocimiento de los legisladores de este grupo parlamentario, que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política se determinó repartir entre todas los grupos parlamentarios 104 millones de pesos del remanente del Presupuesto Ejercido de 2006. Lo cual resulta violatorio de la vida parlamentaria al no ser consultados como grupo parlamentario ni haberse ventilado el asunto en el Pleno de la Cámara de Diputados.
No obstante lo anterior en fecha primero de marzo de este año se realizó nuevamente un depósito en nuestra cuentas personales de nomina por parte del GP PRD por la cantidad de 85 mil pesos, cantidad que fue retirada por el mismo depositante, horas más tarde del mismo día.
Cabe resaltar que la legislación es muy clara tratándose del destino de los remanentes que en su caso se llegasen a presentar, en tanto establece que los mismos no se pueden destinar como emolumentos a los diputados, por lo que ante la evidente incongruencia entre las palabras y los hechos, los suscritos exhortamos al Comité de Administración a través de la Junta de Coordinación Política a que informe sobre el destino de los remanentes del presupuesto del 2006 de esta Cámara y del destino del presupuesto del 2007, y para que actúe con estricto apego a la normatividad aplicable en la materia. Siendo la transparencia uno de los principios a los que debe ceñirse toda autoridad, resulta de particular importancia que la institución que se entiende debe velar por la creación de las leyes, sea la primera en cumplirlas, por lo que debe entenderse bien claro que el estado de derecho es precisamente para evitar dejar al libre arbitrio la aplicación o no de una norma y que los diputados de esta Cámara no privilegiaremos el interés particular por sobre el interés de la mayoría de los mexicanos, predicaremos con el ejemplo.
Los diputados queremos y exigimos cuentas claras, no estamos dispuestos a que de manera discrecional se nos pretenda involucrar en asignaciones indebidas del presupuesto. No más abuso de poder. Exhortamos a que esta Cámara no actúe al margen de la ley.
Debemos utilizar la retórica para enfatizar el cumplimiento de los principios rectores de la tarea legislativa y no para pretender privilegiamos con conductas que nos alejan de lo que la ciudadanía quiere y necesita de los y las diputadas. En este sentido, no caigamos en engaños o conductas discrecionales y menos aún para la asignación de percepciones a nuestras cuentas personales, la ley es clara por cuanto hace a los remanente, no pretendamos interpretar lo que no esta en nuestra investidura interpretar. Hagamos de la transparencia y rendición de cuentas una tradición permanente y efectiva, que garantice y dé certidumbre a la ciudadanía y a los diputados mismos.
Dado el constante abuso de funcionarios públicos que se ha hecho del conocimiento público, como diputados de izquierda, pero sobre todo como mexicanos indignados por esto, hacemos un llamado a que demos ese gran salto a la transparencia, actuando con claridad, responsabilidad y ante todo congruencia con lo que implica nuestro deber legislativo.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortamos a la Junta de Coordinación Política, a que en atención a lo dispuesto por el marco jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, informe de manera inmediata respecto al destino de los remanentes del presupuesto 2006.
Segundo. Que se informe de manera oportuna al Pleno respecto del ejercicio del presupuesto 2007; así como, en su caso, de los remanentes que en relación con el mismo hubiere.
Tercero. Que se transparente y enmarque en lo que dicta la normatividad, el gasto de la Cámara de Diputados, y el mismo sea publicado.
Cuarto. Que el Comité de Administración proceda a poner en conocimiento de la existencia de dichos remanentes a la Contaduría Mayor de Hacienda, a la Contraloría Interna de la Cámara y a la Auditoría Superior de la Federación, para que resuelvan lo que en derecho corresponda.
Quinto. Que mantengamos y fortalezcamos la austeridad y dignidad republicana como representantes populares y en tal sentido devolvamos cualquier cantidad extraordinaria, que fuera del marco legal aparezca como emolumento y en lo sucesivo transparentemos nuestro actuar para que sea congruente con las necesidades de millones de mexicanos que viven en condiciones de miseria y pobreza extrema.
Se solicita al Pleno de la Cámara de Diputados que la presente proposición con punto de acuerdo se tramite de urgente resolución, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2007.
Diputados: Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), José Antonio Almazán González (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES A IMPEDIR LA QUEMA DE TERRENOS AGRÍCOLAS, PASTIZALES, CUAMILES Y BASUREROS, A EFECTO DE DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ NICOLÁS MORALES RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado José Nicolás Morales Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Legislatura federal, con fundamento en el artículo 58 y demás aplicables del Reglamento Interior del Congreso de la República, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta a las secretarías del Ejecutivo federal, correspondientes, para que en coordinación con los gobiernos estatales y municipales del país, en el ámbito de su competencia, y de acuerdo a sus atribuciones, apliquen las medidas necesarias para prohibir, y en su caso, evitar la quema de terrenos agrícolas, pastizales, cuamiles, así como basureros –ya sea clandestino o establecido–, coadyuvando con esta medida, con la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, causantes principales de la contaminación ambiental, y el calentamiento global, conforme a las siguientes
Consideraciones
Para nadie pasa inadvertido que uno de los principales problemas que en la actualidad enfrentamos no sólo como nación, si no en todo el planeta, es la contaminación ambiental.
La contaminación implica severas alteraciones de tipo social, económico y de salud, si bien es cierto que durante la última década se han adoptado medidas entre naciones para tratar de controlar la generación de ésta, también lo es que todavía falta mucho por hacer, y lo peor es que día con día este lastre va alterando no solo los ecosistemas existentes, también los componente propios de la atmósfera.
De acuerdo a estudios efectuados por científicos, ambientalistas, físicos y especialistas en la materia, durante este siglo XXI el ritmo en estos cambios climáticos se han incrementado notablemente de manera por demás anómala para la vida terrestre.
De acuerdo a estadísticas, los principales factores de incremento en los niveles de contaminación ambiental a nivel mundial con bióxido de carbono son las plantas generadoras de energía con base en el carbón, seguidas por los automóviles; sin embargo también se señala, aunque con menos recurrencia, a la práctica de quema de de bosques, praderas, terrenos y demás recursos naturales vinculados con la flora mundial.
Lo que actualmente ha generando una gran preocupación para las naciones, son los altos niveles de concentración de gases de efecto invernadero, que aunque se trata de un fenómeno natural, mediante el cual la Tierra retiene una parte de la energía solar que atraviesa la atmósfera, y que permite así la existencia de la vida, en la actualidad este proceso se ha visto alterado por la gran cantidad de dióxido de carbono que fluctúa en la atmósfera, a grado tal, que han formado una capa cada vez más gruesa que atrapa el calor del sol, impidiendo que haya un equilibrio entre los rayos que atraviesan la atmósfera, y los que vuelven al espacio, dando como resultado al llamado "calentamiento global", es decir, el incremento de la temperatura media de la atmósfera debido a la actividad humana.
Cabe destacar que el señalamiento de científicos apunta que este año 2007, va a ser el más representativo en cuanto a registros de mayor temperatura mundial en la historia del planeta. Urge tomar medidas para minimizar, en la medida de lo posible, este efecto de calentamiento global.
Hoy por hoy, a nivel mundial emitimos cerca de 23 mil millones de toneladas de bióxido de carbono (CO2), a la atmósfera de la tierra, es decir en promedio emitimos cerca de 700 toneladas por segundo, lo cual resulta sumamente alarmante debido a las consecuencias generadas por estas condiciones climáticas y ambientales. Informes internacionales de organizaciones ambientalistas y científicas del año 2006, conminan a los gobernantes a tomar conciencia, acciones viables, e implantación de mecanismos encaminados a contribuir en la disminución de emisión de contaminantes que tanto influyen en el calentamiento global.
México no es ajeno a esta alteración atmosférica, y mucho menos a ciertas prácticas contaminantes. Claro ejemplo de ello, y a propósito con el presente punto de acuerdo, es la quema de pastizales, terrenos agrícolas y cuamiles que en su momento efectúan trabajadores del campo, bajo el argumento de preparar sus tierras para la siguiente temporada de siembra y cosecha.
Sin embargo, cabe destacar que no es sólo la quema de pastizales, y de recursos naturales, los que provocan alteración en el medio ambiente; otro factor igual de importante en este tenor es la incineración de basura y desechos industriales a nivel mundial, en lo particular por lo que respecta a México.
La liberación de compuestos tóxicos generados por la quema de basura, como son las dioxinas y los furanos, provocan entre otras cosas, la alteraciones de las cadenas alimenticias, problemas de salud que traspasar la placenta o bien se pueden trasmitir mediante la leche materna, y con ello elevando las posibilidades de cáncer y daños crónicos irreversibles en la salud de los individuos, principalmente en la etapa materno–infantil.
Estas prácticas por demás permitida por autoridades coordinadas de los tres órdenes de gobierno en el país, bien puede analizarse para que en un esfuerzo conjunto de los actores involucrados en este proceso, se busquen alternativas para facilitar la preparación de eses tierras de siembra, siempre en el marco de sus atribuciones y conforme a la normatividad aplicable, evitando así la quema de estos residuos contaminantes, y aportando nuestro granito de arena para emprender nuevos mecanismos que contribuyan a minimizar gradualmente la producción contaminantes.
Estamos a tiempo de tomar las medidas necesarias, para evitar una catástrofe ambiental en el país, y en el planeta; sabemos de las alteraciones provocadas por la desmesurada contaminación, como son derretimiento de la capa de hielo en los polos, la reducción de los glaciares, la elevación de los niveles del mar, pérdida de numerosas especies, blanqueamiento de corales, aumento potencial en huracanes, excesivas inundaciones o bien gravísimas sequías subsecuentemente, escasez de agua, incremento en las olas de calor, entre otras.
Por lo antes señalado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Único. Se exhorta a las secretarías del Ejecutivo federal en coordinación con los gobiernos estatales y municipales del país, para que en el ámbito de su competencia, y de acuerdo a sus atribuciones, apliquen las medidas necesarias para prohibir, y en su caso, evitar la quema de terrenos agrícolas, pastizales, cuamiles, así como basureros –tanto clandestinos como fijos–, coadyuvando con esta medida, con la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, causantes principales de la contaminación ambiental, y el calentamiento global.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 días abril de 2007.
Diputado José Nicolás Morales Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTA SOBERANÍA SE PRONUNCIA EN CONTRA DEL REVESTIMIENTO DEL CANAL TODO AMERICANO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DE DOLORES MANUELL-GÓMEZ ANGULO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita diputada a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y con fundamento en lo establecido por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En primer lugar quiero comentarles que este punto de acuerdo ha sido presentado en términos similares por el senador Jaime Rafael Díaz Ochoa y por los senadores de Baja California, y ha sido aprobado, les convoco a aprobar el mismo ya que el tema es de suma importancia para el Valle de Mexicali y la zona norte del país.
La tenencia, uso y manejo del agua ha sido un asunto estratégico y de gran relevancia para el desarrollo de las sociedades mundiales, el tema del agua se ha tornado un punto estratégico entre las reuniones de lo Foros Económicos Mundiales, incluso ahora el desarrollo de foros mundiales en este tenor se ha vuelto de boga.
Uno de los principales problemas que en el país existe, es la posibilidad de la construcción del llamado "Canal Todo Americano" el cual abarca la cuenca del río Colorado ubicada casi en su totalidad en territorio estadounidense y que abastece a cerca de dos terceras partes del sur de California. En la parte mexicana, las comunidades del Valle de Mexicali dependen de las aguas superficiales del río Colorado, mismas que se complementan con aguas subterráneas, provenientes de la cuenca.
Es entonces que en el Valle de Mexicali, dónde se ubica el cuarto distrito de riego más importante de México la situación es particular dado que es un área de riego fronteriza que utiliza recursos hidráulicos transfronterizos.
Los inicios de esta región como zona agrícola, el aprovechamiento de las aguas de Estados Unidos de América en forma directa resultaba difícil y tenía que cruzar la frontera internacional hacia México por medio del Canal Álamo. Una parte de los volúmenes del canal eran utilizados para fines de irrigación en el Valle de Mexicali. Sin embargo con el establecimiento del Imperial Irrigation District, Estados Unidos buscó la independencia del canal Álamo, iniciando en 1942 la operación del Canal Todo Americano, sin que hubiera sido revestido.
El gobierno estadounidense –desde la década de los setentas– ha propuesto el revestimiento del Canal Todo Americano, para recuperar las pérdidas de conducción, que se aplicarían al suministro de la ciudad de San Diego, California. Lo anterior, forma parte del plan del gobierno del estado de California para optimizar el uso del agua y ajustarse a su cuota que tiene asignada del río Colorado de acuerdo con los términos de la Ley de Río establecido por los estados de la Unión Americana y el Tratado de Distribución de Aguas de 1994.
En razón a la envergadura y repercusiones que tendrá la construcción por parte de las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica, de un canal revestido de concreto alterno al Canal Todo Americano, que afectará al Valle de Mexicali, y aunando las disputas que a nivel jurídico, político y diplomático ha suscitado tal acción, he considerado que este tema debe ser objeto de atención y análisis por parte de esta Soberanía.
El citado hecho dio lugar a que un grupo de usuarios del distrito de Riego número 14 del Valle de Mexicali, encabezados por el Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali (CDEM) y apoyados por autoridades locales, interpusieran una demanda ante las instancias jurisdiccionales del vecino país de Norteamérica, en relación a la cual, ha trascendido públicamente que un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, California, determinó viable la aplicación de una ley promulgada el año pasado por el presidente George W. Bush, que permite la construcción de un canal revestido de concreto alterno al Todo Americano, levantando con ello, la suspensión a las obras que habían sido detenidas en razón a dicha demanda.
La Constitución Política federal en su artículo 27, prevé que originalmente las aguas pertenecen a la nación y que sólo ésta tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares. El mismo precepto señala que se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos del agua.
El Ejecutivo federal en 1944, suscribió con su similar de los Estados Unidos de América, el tratado sobre distribución de aguas internacionales, para establecer los derechos que sobre las afluencias de aguas comparten ambos países, incluyendo las del río Colorado y sus derivaciones, conformando para su seguimiento a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Debido a que en el citado tratado no se atendió el problema del agua subterránea, el Acta número 242 de la CILA firmada el 30 de agosto de 1973, incluyó entre sus resoluciones el compromiso de ambos gobiernos de consultarse de manera recíproca, antes de emprender en el área fronteriza de sus respectivos territorios, cualquier nuevo desarrollo de aguas superficiales o de aguas subterráneas, o de emprender modificaciones substanciales, que pudieran afectar adversamente al otro país.
El canal Todo Americano, en 37 kilómetros de su recorrido, pasa por suelos arenosos, altamente permeables, que hacen que su eficiencia de conducción se reduzca, lo que conlleva a que un gran volumen de agua se pierda por infiltración profunda, aproximadamente unos 123 millones de metros cúbicos anuales en su totalidad, permitiendo que esos flujos de agua sustenten parte de la actividad agrícola de la región y el ecosistema del lugar, que alberga alrededor de unas 100 especies de aves residentes y migratorias, en un hábitat de calidad.
Debe tenerse en cuenta, que durante los últimos 20 años las ciudades de la zona costa de California, han incrementado notablemente su población, y con ello la demanda de agua para usos urbanos e industriales, lo que ha llevado a sus autoridades a realizar todo tipo de esfuerzo para encontrar nuevas fuentes de agua que cubran la demanda, por no contar con derechos de agua adicionales.
A finales de los años 80, el distrito de riego de Valle Imperial firmó un contrato de venta de agua con el distrito Metropolitano de Agua de Los Ángeles, por 55 años y 123 millones de metros cúbicos anuales. El agua en venta se obtendría de las infiltraciones del Canal Todo Americano, mediante su revestimiento. Posteriormente, se hicieron acuerdos con la autoridad del agua de San Diego, quien está promoviendo el proyecto actual, para el rescate de volúmenes de las filtraciones para su uso en las zonas urbanas.
Esto nos demuestra que el gobierno de los Estados Unidos, desde años atrás ha venido adelantado gestiones para llevar a cabo este proyecto, para ahorrar los millones de metros cúbicos de agua que se filtran en el subsuelo y abastecer a unos 500 mil hogares estadounidenses. Es así como en abril de 2004, se aprobó el proyecto, habiendo programado iniciar las obras de construcción a partir del mes de julio de 2005 y concluyéndolas en el año 2008.
A efecto de ilustrar la gravedad que representa la construcción de un nuevo Canal Todo Americano, el impacto y las afectaciones que sin duda alguna dicha obra acarreará dentro del territorio mexicano y a nuestros connacionales, me permito relacionar a continuación algunas de sus posibles consecuencias:
1. Disminución de la recarga del acuífero del Valle de Mexicali en 72 millones de metros cúbicos (Mm3)
2. Afectación de la más de mil 200 hectáreas de riego de manera directa, que dependen de las aguas que se infiltran del canal y 15 mil 800 hectáreas de forma indirecta;
3. Aceleración en el proceso de salinización del acuífero, dado que actualmente se recarga con aguas procedentes de excedentes o pérdidas de uso agrícola, incluidas las infiltraciones del Canal Todo Americano; y afectación de la flora y fauna de la región, daño a 3 3300 hectáreas de humedales de la mesa de Andrade.
Compañeras y compañeros, lo recursos no renovables de la nación, son prioridad de todas y todos los mexicanos, los propietarios de esos recursos son nuestros hijos y nuestras familias, no podemos permitir que los intereses particulares de los americanos se sobrepongan a lo que por derecho nos corresponde, es momento de actuar y de exigir a las autoridades federales le den la importancia dentro de la agenda y no se busque minimizar el gran problema del revestimiento del canal.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncia enfáticamente en contra de la construcción de un canal revestido de concreto alterno al Canal Todo Americano.
Segundo. La Cámara Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que rinda un informe detallado sobre el posicionamiento formal de nuestro país frente al tema, así como de las acciones jurídicas que, en su caso, se determinen para exigir la observancia y cumplimiento del Tratado de 1944 y el Acta 242 de 1973; y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe sobre las medidas preventivas que ha tomado para un uso más eficiente del agua en la región que será afectada, aun si no se lleva a cabo la construcción del canal paralelo al Todo Americano.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión resuelve que se considere como un tema por abordar en la próxima reunión interparlamentaria México-Estados Unidos la construcción de un canal revestido de concreto alterno al Canal Todo Americano.
Dado en el salón de plenos, a 24 de abril de 2007.
Diputada María de Dolores Manuell-Gómez Angulo (rúbrica)
