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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, a la Profepa, a la Sener, a la Conagua, a la Semarnat y demás autoridades federales y locales a cumplir las normas oficiales de salud ambiental en Salamanca, Guanajuato, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que destine recursos económicos extraordinarios al INEGI para pagar a los trabajadores despedidos por dicho instituto, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, para que esta soberanía realice una consulta ciudadana sobre la despenalización del aborto, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a instruir al Comité de Administración para que modifique su acuerdo aprobado el 22 de diciembre de 2006, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a revisar y promover con las entidades federativas los procesos de programación detallada, así como a asignar recursos para nuevas plazas de docentes en los distintos niveles y modalidades, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas y sanitarias de los tres ámbitos de gobierno a fortalecer los programas para prevenir las adicciones en los niños y jóvenes que cursan educación básica y media superior, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a celebrar convenios de colaboración que mejoren la atención educativa, a cargo de la diputada Oralia Vega Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar programas de apoyo a la educación de los niños migrantes hijos de trabajadores de los diversos campos agrícolas del país, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a promover ante la ONU la celebración de la convención internacional en favor de la protección de los derechos de los adultos mayores, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conamed y a la Ssa a evaluar los casos de negligencia médica e informar de sus resultados a esta soberanía, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar en el DOF el decreto por el que se instituye el 17 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, a cargo del diputado Delio Hernández Valadés, del Grupo Parlamentario de Alternativa.
- Con punto de acuerdo, por el que la Comisión de Transportes respalda a los pasajeros de Aerolíneas Azteca y exhorta a las comisiones respectivas a vigilar el rumbo que la empresa tome respecto a sus responsabilidades con los trabajadores y con los demás acreedores, suscrita por diputados de la Comisión de Transportes.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a modificar el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, a fin de que los productores nacionales puedan acceder a los beneficios de la cuota energética prevista en dicha norma, a cargo del diputado Martín Stefanonni Mazzocco, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la PGR y de la SSP para que informen respecto a la noticia en que se involucra con el narcotráfico a funcionarios de distintas instituciones federales y locales, a cargo del diputado Javier Santos Arreola, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar trabajos coordinados con los gobiernos de Puebla, Guerrero y Oaxaca para el rescate de la región mixteca, considerada desastre ecológico por la falta de agua, a cargo del diputado Luis Contreras Coeto, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los sectores religioso y público a respetar las instituciones de legalidad y la preservación del Estado laico, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los legisladores del Congreso de Puebla a emitir un veredicto imparcial que solucione el conflicto limítrofe que aqueja los municipios de San Andrés Cholula y Puebla, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión investigadora de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde respecto a los riesgos epidemiológicos, ambientales, de seguridad y de los recursos naturales de la región, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reducir mediante la SHCP, la SCT, Capufe y el FARAC el cobro en la caseta del poblado de San Miguel, en la autopista Tijuana-Ensenada, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno, a la SE y a la SHCP a regularizar los micronegocios que se encuentran en la economía informal, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a oficializar el 1 de diciembre como Día del Químico, a cargo de la diputada Beatriz Eugenia García Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a asignar mediante la PGR recursos etiquetados a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, a cargo de la diputada María Soledad Limas Frescas, del Grupo Parlamentario del PAN.
- A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del PAN.
- A las comisiones de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, a solicitud del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD.
- A la Comisión de Gobernación, a solicitud del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del PRI.
- A las comisiones de Gobernación, de Justicia, y de Derechos Humanos, a solicitud del diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del PAN.
- A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD.
- A la Comisión de Seguridad Social, a solicitud del diputado Diego Aguilar Acuña, del Grupo Parlamentario del PRI.
Proposiciones
El suscrito, diputado federal José Luis Espinosa Piña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El tema de la contaminación y su influencia en la salud de la población y los ecosistemas cobra cada día más importancia, debido en gran parte a los signos más notorios de una deficiente calidad del aire y un incremento en las molestias y enfermedades asociadas a la misma. La calidad de vida es concebida como la resultante de la salud psicosomática de una persona y del sentimiento de satisfacción. Así entendido, es evidente que las condiciones del ambiente físico influyen en la calidad de vida de las personas. Si es así, la idea de la calidad de vida de las personas excede entonces la de calidad del ambiente físico, que es el objetivo en el cual habitualmente se centra la atención de la legislación ambiental.1
En materia de contaminación, la aplicación de las políticas instrumentadas ha sido insuficiente. En lo que respecta a la calidad del aire, la situación es crítica sobre todo en algunas zonas metropolitanas en las cuales con cierta frecuencia se rebasan las normas de calidad establecidas y la población sufre las consecuencias de esta exposición, siendo los niños y ancianos los grupos más afectados. Es especialmente preocupante la generación de gases de invernadero, cuya mitigación es tecnológicamente posible y económicamente deseable.
La contaminación del aire constituye un enorme riesgo para la salud. Se estima que los niveles excesivos de contaminación en zonas urbanas son responsables de 300 mil a 700 mil muertes prematuras. Algunos de los efectos de la contaminación del aire están más ocultos; por ejemplo, en Bangkok, varios estudios sugieren que un niño de siete años ha perdido cuatro puntos de coeficiente intelectual o más, debido a su exposición al plomo en el aire.2
Además de los efectos directos en el bienestar social los problemas del medio ambiente pueden entorpecer la productividad, y en consecuencia el crecimiento económico. En este sentido, no hay duda que las enfermedades causadas por la contaminación ambiental provocan un descenso en la productividad de los trabajadores; además de llevar a la destrucción la tierra cultivable por erosión del suelo, contaminación del agua, reducción del potencial turístico, entre otras.
Se puede discutir sobre la incompatibilidad entre el desarrollo y la protección del medio ambiente, es decir, se expresa que la contaminación es un precio que se debe pagar por el progreso económico. Sin embargo, el Informe sobre el Desarrollo Mundial ofrece un reto a este punto de vista, el cual ocurre cuando los países introducen y aplican expedita y eficazmente políticas, planes y programas para el control de la contaminación y por ende del beneficio social.3
Las medidas basadas en mecanismos oficiales de control (para el caso a tratar, de las normas oficiales mexicanas de salud ambiental) son necesarias para prohibir o limitar una actividad indeseable a través de la reglamentación. Por ejemplo, no es suficiente cargar un impuesto a las industrias que emitan desechos o partículas contaminantes simplemente porque éstos pueden cobrar vidas humanas y animales. En tales casos, son necesarios los mecanismos oficiales de control que prohíben estas actividades, así como su aplicación rigurosa y expedita. Para el Banco Mundial, la normatividad oficial, se ha considerado un buen mecanismo para disminuir los niveles de contaminación y estabilizar el bienestar del ser humano.4
Las normas oficiales mexicanas son de observancia en todo el territorio nacional y aplica a las autoridades federales y locales que tengan a su cargo la vigilancia y evaluación de la calidad del aire, con fines de protección a la salud. En materia de efectos del ambiente en la salud, la Ley General de Salud contempla el establecimiento de normas, medidas y actividades tendientes a la protección de la salud humana ante los riesgos y daños que representa el deterioro ambiental; así como la determinación de valores de concentración máxima de los contaminantes en el ambiente para el ser humano.
Por lo que se refiere a la contaminación atmosférica, se identifica al dióxido de azufre (S02) y al material particulado, fracción respirable de diez micrómetros, como los principales contaminantes.
Informes emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), muestran una correlación positiva entre el aumento de la mortalidad de la población que habita en las ciudades y el incremento de la concentración de contaminantes en el aire. Por ejemplo, en el caso de partículas suspendidas menores a 2.5 micras (PM2.5)5 se ha documentado un incremento del 6 por ciento en la mortalidad asociada a enfermedades cardiopulmonares por cada 10 Mg/m36 de partículas7; otro estudio en personas mayores de 65 años reportó un incremento del 1.6 por ciento en las muertes diarias por cada 10 Mg/m3 de aumento en las concentraciones de PM2.5. En un estudio donde se analizaron daños provocados por partículas gruesas (PM10-PM2.5), se encontró que por cada 10 Mg/m3 de incremento de este contaminante se asoció un aumento de 4 por ciento de las muertes totales diarias. Por último, un estudio para demostrar la asociación entre PM2.5 y la mortalidad infantil (menores de 1 año de edad) mostró un aumento de la mortalidad total de 6.9 por ciento por cada 10 Mg/m3 de contaminante8 además de que se han encontrado también otras asociaciones similares para contaminantes como el ozono.
En México, se estima que anualmente 6 mil 700 muertes cardiopulmonares pueden relacionarse con la contaminación atmosférica9. Además de enfrentar problemas de calidad del aire en sus principales zonas metropolitanas, también es vulnerable a cambios que ocurren a nivel global, como es el caso del cambio climático promovido entre otros aspectos por el incremento del bióxido de carbono en la atmósfera.
El nombre de partículas gruesas suspendidas (PM 10-PM2.5)10 se refiere a la diversidad de sustancias que existen en forma de material sólido o líquido finalmente particulado con un intervalo de tamaño suspendido en el aire. En este sentido, el tamaño que se mide en términos de diámetro aerodinámico, es un parámetro importante para caracterizar su comportamiento ya que de el depende la capacidad de penetración y retención en diversas regiones de las vías respiratorias; también determina su tiempo de residencia en la atmósfera y por ende la concentración a la que puede estar expuesta la población. La norma oficial mexicana, (correspondiente a la NOM-025-SSA1-1993) establece estos valores de concentración máxima de partículas menores de 10 micrómetros PM10 y partículas menores de 2.5 micrómetros PM2.5 en el aire ambiente, para protección a la salud de la población. No obstante, para efectos de protección a la salud de la población más susceptible, se establecen valores de concentración máxima para partículas menores de a 10 micrómetros de 120 Mg/m3 promedio de 24 horas y 50 Mg/m3 promedio anual; mientras que para partículas menores a 2.5 micrómetros se estima una concentración de 65 Mg/m3 promedio de 24 horas y 15 Mg/m3 promedio anual.
En este sentido, de acuerdo a la norma oficial mexicana el límite permisible de concentración para partículas se compara con la concentración diaria, la cual se calcula a través del promedio de 24 horas de los valores diarios, lo que, de acuerdo a los datos proporcionados anteriormente hace mas vulnerable a la sociedad cuando se excede la norma.
La exposición a PM10 ha generado una creciente preocupación en años recientes, pues día a día aparecen estudios que demuestran una asociación significativa entre la concentración ambiental de partículas de fracción respirable y la mortalidad y morbilidad de las poblaciones. En forma sorprendentemente consistente, a través de muchos estudios se ha encontrado un 2-8 por ciento de incremento en la mortalidad normal diaria por cada 50 g/m 3 de incremento de PM 10 a partir del valor de la norma, siendo la asociación más significativa con cánceres cardiovasculares y de pulmón. Es de especial preocupación el hecho de que no parece existir una concentración mínima en la cual ya no se detecten impactos en la salud.11
De acuerdo con la NOM-025-SSAI-1993 se registraron en total 83 días fuera de norma por este contaminante. La Red de Monitoreo de la Calidad del Aire del estado de Guanajuato en todas las estaciones que cuentan con analizador de PM 10 se registraron días fuera de norma, para el caso de Salamanca con 18 días fuera de norma. Aun teniendo en cuenta que la NOM-025-SSAI-1993 fue modificada el 26 de septiembre de 2005, siendo más rigurosa al bajar la concentración permitida en promedio de 24 horas de 150 a 120 Mg/m3, el problema se sigue agudizando.12
El Plan Nacional de Desarrollo (PND), ha considerado prioritario emprender acciones para lograr la disminución de la contaminación del aire; se trata de un mandato social y convicción del gobierno, y en este sentido; de una estrategia de crecimiento de largo plazo.
Los inventarios de emisiones se entienden como la contabilidad de la cantidad de contaminantes liberados a la atmósfera en una zona y tiempos determinados. Desde el año 2000 se ha destacado en particular el desarrollo del inventario de emisiones en el municipio de Salamanca, Guanajuato; para lo cual, en febrero del presente año fue creada una Subcomisión especial que se encargue de investigar y dar seguimiento a los daños al medio ambiente y a la salud de la población causados por la contaminación en este municipio.
De acuerdo a informes editados por la Semarnat, se destaca que las fuentes fijas, entre las que sobresalen las plantas que generan electricidad, son responsables del 40 por ciento de las emisiones de óxido de azufre, contaminantes en si mismos, pero también precursores de partículas secundarias finas (ácidas y no ácidas) y de lluvia ácida, cuyos efectos en el ambiente y la salud se han venido documentando desde hace varias décadas.
Cabe mencionar que las normas oficiales de calidad del aire son emitidas por la Secretaría de Salud, mientras que la Semarnat participa en su formulación y vigila su cumplimiento a través de la información que generan las redes de monitoreo. Se debe tomar en cuenta que, el supuesto que subyace a las normas de calidad del aire es que, por debajo de los límites establecidos en ellas, los riesgos de salud son irreversibles. No obstante, de acuerdo a informes editados por la Semarnat, consideran que diversos estudios epidemiológicos recientes han mostrado que sí existen riesgos aún por debajo de los niveles normados para varios contaminantes, entre las que destacan el material particulado (PM) y el bióxido de azufre (S02).
Una evaluación realizada por la Semarnat y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) con respecto a las externalidades ambientales o bien, los costos asociados con los impactos ambientales locales y regionales en la generación de electricidad; de 13 plantas termoeléctricas del país, la de Salamanca se ha considerado entre las cinco zonas criticas de acuerdo con la NOM.085-Semarnat–199413, que en su conjunto generan cerca de la mitad de la electricidad del país, con gran utilización de carbón y combustóleo. No obstante, de éstas 13 plantas termoeléctricas (y entre ellas la de Salamanca), los costos estimados que representan los impactos en salud ascienden a aproximadamente 465 millones de dólares, cifra que corresponde al 0.1 por ciento del producto interno bruto y al 4 por ciento del gasto público en México. Cabe señalar que los resultados de este estudio han indicado que las concentraciones ambientales de bióxido de azufre S02 han rebasado las normas de calidad en el municipio de Salamanca, lo que requiere acciones para mejorar la calidad del aire y disminuir los problemas de salud ambiental.14
Por otro lado, el S02, da lugar a ácidos que causan la irritación e inflamación de las mucosas conjuntival y respiratoria. También se le ha asociado con un incremento de la mortalidad de las causas respiratorias de los niños menores de 5 años, así como bajo peso de los recién nacidos cuando sus madres estuvieron expuestas a contaminantes.15 De acuerdo a la Secretaria de Salud, éste compuesto se genera por fuentes naturales y la combustión de compuestos ricos en azufre. Es hidrosoluble y al hidrolizarse, da lugar a ácidos, lo que confiere sus características potencialmente agresoras. El S02 se asocia con la humedad de las mucosas conjuntival y respiratoria; constituye un riesgo en la producción de irritación e inflamación aguda o crónica; no obstante, los efectos se pueden agudizar cuando este compuesto se asocia con material particulado (PM10-PM2.5) y dar lugar a un riesgo superior, puesto que su acción es sinérgica.16
De acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-022-SSA1-1993, la concentración del bióxido de azufre no debe rebasar el límite máximo normado de 0.13 ppm o lo que es equivalente a 341 Mg/m3, en 24 horas una vez al año y 0.03 ppm (79 Mg/m3) en la media aritmética anual para protección a la salud de la población susceptible.17
La magnitud de la respuesta de un individuo asmático es típicamente la bronco constricción, misma que es variable y diferente para cada persona. Aunque dicha respuesta es inducida por la exposición a "cualquier concentración" de bióxido de azufre (S02), la realización de una actividad a exposiciones entre 0.4 a 0.5 ppm o mayores, implica un riesgo importante para la salud de la persona; puede que sea necesario no sólo detener su actividad, sino incluso recibir atención médica.18
Los sulfatos constituyen un peligro serio para la salud, habiéndose demostrado que concentraciones muy bajas de ellos (de 8 a 10 g/m 3) ejercen efectos adversos sobre los asmáticos, los ancianos y otras personas susceptibles con problemas respiratorios crónicos.19
Las decisiones de abordar el problema de la calidad del aire existente en la ciudad de Salamanca se explica por las elevadas emisiones de contaminantes a la atmósfera en esta localidad: casi 13 mil toneladas de partículas y 113 mil toneladas de bióxido de azufre. De acuerdo a la Semarnat, la industria, en la que se incluye la termoeléctrica de Salamanca y la refinería ingeniero Antonio M. Amor, resalta como uno de los sectores con aportes más significativos, ya que contribuye con más del 99 por ciento de las emisiones totales de bióxido de azufre y 39 por ciento de las partículas. De acuerdo a informes de la Semarnat, la refinería no cuenta con planta desulfuradota para transformar el hidrocarburo que recibe (base combustóleo) en coque (sin azufre), razón por la cual el combustóleo que obtiene de la refinación está fuera de norma, conteniendo más del 3 por ciento de azufre. Este combustóleo es enviado a la Central Termoeléctrica de la localidad (CFE), viéndose obligada a quemar combustóleo con alto contenido de azufre y emitiendo altas concentraciones de S02 (28 mil 1 toneladas por año lo que equivale a 76.7 tons/día), con lo cual se rebasan periódicamente los límites establecidos en el Programa de Contingencias Ambientales.20 Aunado a la emisión de S02 originado por la quema de hidrocarburos pesados principalmente en CFE y Pemex, se tiene la emisión de partículas suspendidas originadas por actividades como la quema de esquilmos agrícolas, la quema de hornos ladrilleros y la trituración de materiales pétreos, que también originan la activación de contingencias ambientales al rebasar los límites establecidos por las normas oficiales.
Por lo que se refiere a la contaminación de suelos y agua, preocupa el caso de la empresa Tekchem, la cual produce plaguicidas como el DDT, hexaclorobenceno, toxafeno y endrín, prohibidos en muchos países industrializados por sus efectos indeseables al ambiente. Esta industria es sucesora de Fertimex y tiene un pasivo ambiental de más de 57 toneladas de fertilizantes químicos dispuestos a cielo abierto. Cabe señalar que para diciembre de 2006 se contaminaron 114 mil toneladas de suelo con residuos peligrosos de insecticidas clorados (malatión y paratión) y se generaron 20 mil toneladas de lodos ácidos y residuos peligrosos por saponificación los cuales están depositados en el terreno conocido como Cerrito de la Cruz originados por la misma empresa.21 Por lo que toca a la salud de los salmantinos, lamentablemente en este caso tampoco ha habido un seguimiento del personal de Tekchem, que permita determinar si existe una relación entre la exposición a los contaminantes y la manifestación de enfermedades respiratorias, dermatológicas o de otra índole. Periódicamente los medios de comunicación locales solicitan que estos residuos peligrosos sean dispuestos de forma adecuada y se remedie el problema de contaminación.
A pesar de que se han implantado acciones, políticas y programas para reducir las concentraciones de contaminantes atmosféricos (por ejemplo, Proaire y Programas de Contingencias Ambientales); de acuerdo a informes proporcionados por el Inventario de Emisiones de Salamanca 2005, publicado por el Instituto Nacional de Ecología, muestran que se ha presentado un decremento en el número de días en que rebasa la norma de calidad del aire, la cual "sigue resultando insuficiente" (especialmente del S02) pasando de 73 días en 2003 ha cerca de 29 días en 2005; no obstante, de acuerdo con la información proporcionada por el Patronato para el Monitoreo de la Calidad del Aire de Salamanca, AC, desde el 6 de enero del presente año se han registrado 22 episodios de precontingencia cuando la normatividad aplicable "sólo permite 1 episodio al año", siendo el más reciente el que se registró del 7 al 10 de octubre de 2006. Más aún, durante enero de 2006 se decretó en 10 ocasiones la fase de contingencia. Cabe señalar que el 10 de marzo de 2007, se generó una precontingencia ambiental por una derrama de combustóleo al río Lerma por parte de la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, cuando se rompió una tubería de seis pulgadas de diámetro, que distribuye el combustóleo del tanque de almacenamiento para sus diferentes usos en la generación de energía eléctrica; ante ello, el Instituto Estatal de Ecología detectó mediciones de S02, en el aire de hasta 313.9 partes por billón (ppm).
El problema sigue siendo grave, ya que no se resuelven las molestias de salud pública que viven los salmantinos. Prueba de ello es que en el Inventario Nacional de Emisiones publicado recientemente por el Instituto Nacional de Ecología, la ciudad de Salamanca registró emisiones de dióxido de azufre por 111 mil 98.8 megagramos por año y de material particulado de 10 micrómetros por 5 mil 866.9 megagramos por año; las más altas del estado de Guanajuato. El cambio en la búsqueda de soluciones ha permitió realizar una visita al municipio por parte de la subcomisión para investigar el daño ecológico, el día 26 de marzo del presente, percatándose que la principal demanda ciudadana –por encima del desempleo e inseguridad– es la contaminación; ello, fundamentado por los sondeos publicados en los diversos medios de comunicación locales y nacionales.
Diversos estudios, emitidos por la Semarnat han revelado los beneficios esperados para México, toda vez que se reduzcan los contaminantes atmosféricos y se ejecuten cabalmente las normas oficiales, en un periodo de 25 años se podrían reflejar mejoras sustantivas en la calidad del aire, evitándose aproximadamente 56 mil muertes prematuras, 166 mil casos de bronquitis crónica, 5.6 millones de días de trabajo perdidos y 78.4 millones de días de actividad restringida por enfermedades respiratorias.
Aunque todavía queda espacio de acción en la normatividad, es previsible que en un futuro la calidad del aire sea afectada también por las emisiones de fuentes sujetas a la jurisdicción local. En este sentido, se tiene también un vacío importante debido a la insuficiencia de normatividad local para prevenir y controlar la contaminación atmosférica.
En México, no han existido los recursos ni la infraestructura suficientes para realizar estudios epidemiológicos, toxicológicos y de exposición, en seres humanos, animales y plantas, que permitan obtener la información necesaria para establecer esos valores máximos permisibles, por lo que las normas se establecieron fundamentalmente tomando en cuenta los criterios y estándares adoptados en otros países. De hecho, el Instituto Nacional de Ecología hace mención de que las normas de calidad del aire mexicanas para los contaminantes básicos, son en general similares a las de otros países y en particular a las de Estados Unidos y Canadá. Así, por ejemplo, para el bióxido de azufre el valor horario normado en Estados Unidos es de 0.14 ppm en promedio de 24 horas (para México de 0.13ppm)22.
A pesar de que los efectos de la contaminación sobre el ambiente aún no son exactamente cuantificados, –debido a que no se llegan a considerar mediciones de velocidad y dirección del viento, y en consecuencia no se ha establecido aún la circulación local de vientos considerando la topografía de la zona–, su impacto se evidencia como una disminución en la visibilidad, afectaciones en la salud (toxicológico y epidemiológico), flora y fauna.
Compañeros diputados, las normas oficiales de la salud de los efectos nocivos al ambiente, al igual que otras disposiciones de la Ley General de Salud, deben ser consideradas como reglamentarias del derecho de protección a la salud que tiene toda persona, tal y como lo establece el artículo 4o. constitucional.
En efecto, tal como se ha dicho, desde 1983 la Constitución Política incluye entre los derechos fundamentales consagrados en su capítulo I sobre garantías individuales, el llamado "derecho a la protección del medio ambiente".
En relación con lo anterior el artículo 116 Capítulo IV de la Ley General de Salud vigente (LGS), prescribe que "las autoridades sanitarias establecerán las normas, tomarán las medidas y realizaran las actividades a que se refiere esta ley tendientes a la protección de la salud humana ante los riesgos y daños dependientes de las condiciones del ambiente". A su vez, el artículo 117 de la misma ley agrega que "la formulación y condición de la política de saneamiento ambiental corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en coordinación con la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en lo referente a la salud humana".
En este sentido, la regulación de los efectos del ambiente en la salud se refiere –entre otras cosas– a los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente.
Respecto a esta materia, la LGS se limita a señalar que corresponde a la Secretaría de Salud "determinar los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente" (artículo 118, fracción 1).
Sobre este particular, se debe tener presente que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) recuerda en varias ocasiones esta atribución de la Secretaria de Salud vinculándola a otras que son propias de la Semarnat. Así, por ejemplo, la fracción I, del artículo 11 de la ley prescribe que la Semarnat expedirá las normas oficiales mexicanas correspondientes en materia de contaminación de la atmósfera, "con base en los valores de concentración máxima permisible para la salud pública de contaminantes en el ambiente, determinados por la Secretaría de Salud".
Sin perjuicio de lo anterior, nos parece claro que la Semarnat deberá tener en cuenta la determinación que haya hecho la Secretaría de Salud de los valores de concentración máxima permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente, en todos los casos en que ella expida una norma oficial mexicana que incluya el establecimiento de máximos permisibles para emisión de contaminantes que puedan afectar a la salud humana.
Desde 1988 en la LGEEPA se incluyó entre los principios de la política ambiental en la fracción XI, de su artículo 15: "toda persona tiene derecho a un ambiente sano". En las modificaciones de 1996 se amplió esta disposición en los siguientes términos: "Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado, para su desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los términos de esta y otras leyes, tomarán las medidas para garantizar este derecho" (fracción XII, artículo 15). Más aún, se han colocado como el primer propósito de la LGEEPA "garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar" (fracción I, del artículo 1).
Compañeros, el derecho a la protección de la salud comprende de manera parcial, por así decirlo, el derecho a un medio ambiente sano, en los términos de la LGEEPA, porque incluye la idea de la protección de la salud humana ante los efectos adversos del ambiente. Desde esta perspectiva el derecho de protección a la salud lleva implícito el derecho a un ambiente sano. En este sentido, la prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre regula también los efectos del ambiente en la salud humana mediante las normas oficiales mexicanas. De ser así, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en su artículo 3o. fracción XI, define que dichas normas deben ser de "carácter obligatorio" y que se sujeten a lo dispuesto en dicha ley así como a las finalidades establecidas en su artículo 40"; no obstante, cabe señalar que dicho artículo contempla finalidades relacionadas con la materia que nos ocupa (medio ambiente).
Nos debe quedar claro que, en México, el instrumento político que concentra las principales políticas ambientales y de salud fue elaborado por la vía legislativa y en este sentido, no podemos mantenemos indiferentes ante los problemas que enfrenta nuestra sociedad y específicamente los habitantes de la ciudad de Salamanca. Por ello, pongo a su consideración este exhorto para que las normas se apliquen en forma expedita y responsable y así, se resuelvan los problemas que atentan contra el humano y su medio ambiente, comentados precedentemente.
Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta a la Secretaria de Salud, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Secretaria de Energía, a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y demás autoridades federales y locales, a que actúen de inmediato, para dar cumplimiento a las normas oficiales de salud ambiental en el municipio de Salamanca, Guanajuato, así como crear y dar seguimiento a estudios epidemiológicos con el objetivo de disminuir y procurar las concentraciones de contaminantes en el aire como las emisiones del material particulado y bióxido de azufre (S02) y así, reducir los riesgos a la salud humana, considerando que Salamanca es un municipio con altos episodios de precontingencia, además de no contar con estudios e información necesaria para establecer valores máximos permisibles.
Notas:
1) La calidad de vida también se ha analizado, entre otros enfoques, desde la perspectiva de lo que se ha denominado "el proceso de humanización". Carretero Emilio (1980). La calidad de vida en el proceso de humanización. Edil. Medio Ambiente. Madrid. España.
2) Mahar Denniss J. Economía del Medio Ambiente en América Latina. 2004. Jefe de División, Medio Ambiente Latinoamérica y el Caribe. Banco Mundial.
3) Ídem.
4) Ídem.
5) Partículas PM2.5. A las partículas con un diámetro aerodinámico igual o menor a 2.5 micrómetros.
6) Microgramo por metro cúbico Mg/m3, a la expresión de concentración en masa del contaminante (en microgramos) en volumen de aire (metro cúbico) a condiciones locales de temperatura y presión.
7) Semarnat. 2006. La Gestión Ambiental en México.
8) Vid en Diario Oficial de la Federación. Secretaria de Salud. Norma Oficial Mexicana. Lunes 26 de septiembre de 2005.
9) Secretaria de Salud, 2005.
10) Partículas PM 10, a las partículas con un diámetro aerodinámico igual o menor a 10 micrómetros. Partículas PM2.5. a las partículas con un diámetro aerodinámico igualo menor a 2.5 micrómetros.
11) Vid en http://ine.gob.mx. Instituto Nacional de Ecología (INE). México, 2005.
12) Instituto Nacional de Ecología de Guanajuato. Red de monitoreo de la calidad del aire del estado de Guanajuato. Guanajuato, México, 2005.
13) NOM-085-Semarnat-1994. Contaminación atmosférica. Fuentes fijas: Para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, que establecen los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, partículas suspendidas totales (PM),bióxido de azufre (S02) y óxidos de nitrógeno (N02), y los requisitos y condiciones para la operación de los equipos de calentamiento indirecto por combustión, así como los niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión.
14) Semarnat-Cepal, 2004. Evaluación de las externalidades ambientales de la generación termoeléctrica en México.
15) Semarnat-INE. Dirección General de Investigación sobre la Contaminación Urbana, Regional y Global. México 2004.
16) Vid en Diario Oficial de la Federación. Secretaria de Salud. Norma Oficial Mexicana. Lunes 26 de septiembre de 2005.
17) Norma: NOM-022-SSA1-1993.
18) Vid en http://ine.gob.mx. Instituto Nacional de Ecología (INE). México, 2005.
19) Ídem.
20) Informe Semarnat. Enero de 2007.
21) Ídem.
22) Vid en http://ine.gob.mx. Instituto Nacional de Ecología (INE). México, 2005.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 17 de abril de 2007.
Diputado José Luis Espinosa Piña (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SHCP QUE DESTINE RECURSOS ECONÓMICOS EXTRAORDINARIOS AL INEGI PARA PAGAR A LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS POR DICHO INSTITUTO, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO ESTEVA SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, Alberto Esteva Salinas, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, comparece ante esta soberanía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para presentar proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Después de tratar reiteradamente en tribuna el problema que tienen los trabajadores del INEGI, y exponerle la problemática que han venido sufriendo, es necesario que le busquemos soluciones alternativas y rápidas que se encaminen a la solución total de esta problemática.
Este punto de acuerdo queremos que sea parte de esas soluciones que le pueden dar las autoridades competentes como es el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ha sido de nuestro conocimiento que el titular del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ha destinado más de 300 millones de pesos para el pago de finiquitos de diversos ex trabajadores mediante acuerdos conciliatorios, los cuales no han sido suficientes para cubrir el total de los pagos a estos ex trabajadores.
Esto es aún más raro si vemos que existen diversos laudos a los cuales no se les ha dado total cumplimiento. Creemos que es momento de hacer justicia a los trabajadores del INEGI y que se cumplan con las resoluciones emitidas por las autoridades competentes.
Por esto, es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y el INEGI reasignen recursos económicos suficientes en las partidas presupuestales, determinando que los montos de los recursos solicitados sean los calculados en las mesas de negociación que se desarrollan con la Secretaría de Gobernación, involucrando una solución que sea pagadera en una sola exhibición para no prolongar más este conflicto.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destine recursos económicos extras de las partidas presupuestales correspondientes, al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para dar cumplimiento cabal a los laudos números 835/98, 547/98, 886/99, 1376/2000, 3431/2001 y 4009/2001 emitidos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Segundo. Que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), destine, de estar en posibilidades económicas, del actual presupuesto otorgado, recursos para empezar el pago de las prestaciones laborales a los Trabajadores del INEGI y recuperarlo con el presupuesto que tendría el próximo año.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2007.
Diputado Alberto Esteva Salinas (rubrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE ESTA SOBERANÍA REALICE UNA CONSULTA CIUDADANA SOBRE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO ESTEVA SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, Alberto Esteva Salinas, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, comparece ante esta soberanía, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para presentar proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La iniciativa de reforma con la que se busca la despenalización del aborto para el Distrito Federal, ha generado múltiples opiniones y manifestaciones de todos los sectores de la sociedad, lo que demuestra que este tema es de interés no solo de los capitalinos, si no de todos los mexicanos.
La sola idea de su entrada en vigencia, ha enfrentado a la sociedad mexicana entre aquellos que consideran un derecho de la mujer decidir sobre su cuerpo y terminar con una simulación que además pone en peligro su vida si recurren a el aborto clandestino, y los que consideran la opción como un crimen.
La propuesta de que la mujer pueda decidir libremente sobre su cuerpo para interrumpir el embarazo durante las primeras doce semanas de gestación, ha abierto el debate en el ámbito de las instituciones de gobierno, instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, Iglesia, partidos políticos, asociaciones civiles, entre otros.
Este debate al final de cuentas, quedará como un conjunto de opiniones sin validez ni efectividad con relación a la reforma pretendida, pues la falta de mecanismos que hagan posible captar la opinión de los mexicanos para incluirla en el proyecto de ley, trae como consecuencia que será una reforma de gran descontento social.
En diciembre pasado, Convergencia propuso a esta honorable Cámara de Diputados, establecer los mecanismos de la participación ciudadana en la Constitución federal y se creara la Ley de Participación Ciudadana; lo menciono porque esta propuesta toma mas importancia en virtud de los acontecimientos recientes sobre la problemática de aprobar o no las nuevas iniciativas para reformar el Código Penal del Distrito Federal.
De haber existido las figuras del referéndum o del plebiscito, los asambleístas de Distrito Federal no estarían enfrentando la actual situación y pensarían en la opinión de los ciudadanos que los eligieron para representarlos al momento de votar, como lo exige una verdadera democracia.
Considero de vital importancia, que esta Cámara, emprenda trabajos dirigidos a la realización de una gran consulta nacional acerca del tema de la despenalización del aborto, pues es el momento de analizar la viabilidad de su aplicación en México.
Con esto, se estaría tomando en cuenta la opinión general de la sociedad mexicana, que al final de cuentas, es a la que van dirigidas las leyes, y evitaríamos la confrontación de los sectores sociales así como la creación de normas que no fueran popularmente aceptadas.
Esta consulta nacional, nos ayudaría a sensibilizarnos y crear foros de participación, de los cuales, se podrían aprovechar valiosos proyectos, opiniones, criticas, estudios e investigaciones, que pueden ser base de una legislación mas coherente y eficaz con la realidad de México.
Por todo lo expuesto, solicito a usted, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva:
Único. Que esta honorable Cámara de Diputados realice una consulta nacional en la cual, se someta a consideración de los ciudadanos el tema de la despenalización del aborto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2007.
Diputado Alberto Esteva Salinas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A INSTRUIR AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE MODIFIQUE SU ACUERDO APROBADO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2006, SUSCRITA POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Juan Abad de Jesús, Alberto Esteva Salinas, Cuauhtémoc Velasco Oliva y Layda Elena Sansores San Román, integrantes del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la H. Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
De conformidad con lo dispuesto el acta de la sesión ordinaria del Comité de Administración del viernes 22 de diciembre de 2006, los legisladores federales y servidores públicos pueden solicitar adelantos de su dieta y préstamos económicos a la Cámara de Diputados.
Derivado de lo anterior la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad, informa que durante el año 2006 y hasta febrero de 2007, se han otorgado cerca de 40 millones de pesos en préstamos a 105 legisladores y 937 servidores públicos de la Cámara, generándose hasta el momento más de 530 mil pesos de intereses, productos financieros que desconocemos cual es su destino final.
En ese sentido, estimamos que el cobro de intereses con respecto a las cantidades otorgadas a los Diputados por dichos conceptos es ilegal, ya que se calculan, de conformidad con los Acuerdos del Comité de Administración de la Cámara, con base en la tasa Cetes a 28 días publicada por el Banco de México y la Cámara de Diputados no es una institución financiera autorizada para cobro de intereses sobre prestaciones otorgadas a sus trabajadores.
La prestación económica que beneficia a los legisladores y servidores públicos de recibir anticipos hasta por cinco meses sobre su dieta, no debe estar sujeta al cobro de intereses de ningún tipo, pues no existe sustento legal que permita a la Cámara de Diputados lucrar con los salarios de legisladores y servidores públicos.
Nuestro planteamiento tiene un sustento legal incontrovertible, cuando analizamos el contenido de la fracción II y el último párrafo del artículo 13 de la Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente establece:
I. ...
II. Pago de deudas contraídas con las instituciones por anticipos de salarios, pagos hechos por error o con exceso al trabajador, o por pérdidas o averías causadas por su negligencia. La cantidad exigible por estos conceptos en ningún caso podrá ser mayor del importe de un mes del salario del trabajador y el descuento será el que convengan el trabajador y las instituciones, sin que pueda ser mayor del 30% del excedente del salario mínimo general, que rija en la zona respectiva;
III. a VI. ...
Las deudas a que se refiere la fracción II de este artículo en ningún caso devengarán intereses."
Aunado a lo anterior, debe señalarse que de conformidad a la Ley de Instituciones de Crédito el cobro de intereses por algún crédito otorgado, solo se podrá realizar a través de instituciones de crédito con actividades y operaciones debidamente autorizadas por el Estado Mexicano. Al respecto, el artículo 2º de la citada Ley, señala claramente que el servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones de crédito, que podrán ser: I. Instituciones de banca múltiple, II. Instituciones de banca de desarrollo.
Además, en los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo de referencia, se establece lo siguiente:
"No se consideran operaciones de banca y crédito aquellas que, en el ejercicio de las actividades que les sean propias, celebren intermediarios financieros distintos a instituciones de crédito que se encuentren debidamente autorizados conforme a los ordenamientos legales aplicables. Dichos intermediarios en ningún caso podrán recibir depósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques."
"Tampoco se considerarán operaciones de banca y crédito la captación de recursos del público mediante la emisión de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores, colocados mediante oferta pública incluso cuando dichos recursos se utilicen para el otorgamiento de financiamientos de cualquier naturaleza." Párrafo derogado DOF 30-04-1996. Adicionado DOF 30-11-2005
"Para efectos de este artículo y del artículo 103 se entenderá que existe captación de recursos del público cuando: a) se solicite, ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o mediante medios masivos de comunicación, o b) se obtengan o soliciten fondos o recursos de forma habitual o profesional." Párrafo adicionado DOF 30-11-2005
Es incomprensible que al interior de la Cámara de Diputados, se lucre con nuestros propios salarios, y que por otro lado las instituciones crediticias promocionen compras sin intereses hasta por 6, 9 y 12 meses con el uso de tarjetas de crédito.
Derivado de lo anterior, es importante manifestar cuatro aspectos fundamentales:
2. El cobro de referencia, resulta consecuentemente, contrario a la naturaleza y funciones constitucionales y legales de la Cámara de Diputados. Tales características y acciones corresponden a las instituciones financieras, de crédito y de ahorro, y no a este órgano del Poder Legislativo Federal.
3. Es inequitativo, al cobrar intereses a diputados y funcionarios administrativos y parlamentarios, cuando el mismo concepto no se cobra ni se descuenta a otro tipo de trabajadores, (sindicalizados de otros órganos legislativos y aún del sector privado), con lo que se viola el principio de igualdad: a trabajo igual salario y prestaciones iguales, consagrado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Apartado A. Fracción VII, Apartado B. Fracción V).
4. Es impugnable esta medida porque no se satisfacen los principios y requerimientos de buen manejo y transparencia de las sumas que percibe la Cámara por el cobro de los citados intereses, sobre los que ni siquiera se conoce su asignación o destino.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a su consideración la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que con sustento en las atribuciones que le confiere el articulo 34, numeral I, incisos a, d y e, instruya al Comité de Administración de esta Cámara para que de inmediato y por el resto del presente año, deje sin efectos el cobro de intereses por los anticipos hasta por cinco meses sobre su dieta otorgados a los diputadas y diputados y servidores públicos de la Cámara de Diputados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2007.
Diputados: L Juan Abad de Jesús, Alberto Esteva Salinas, Cuauhtémoc Velasco Oliva y Layda Elena Sansores San Román (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEP A REVISAR Y PROMOVER CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN DETALLADA, ASÍ COMO A ASIGNAR RECURSOS PARA NUEVAS PLAZAS DE DOCENTES EN LOS DISTINTOS NIVELES Y MODALIDADES, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER MURILLO FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Francisco Javier Murillo Flores, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal a revisar y promover, en el ámbito de sus facultades, con las entidades federativas del país los procesos de programación detallada (Prodet y microplaneación) y se asignen los recursos presupuestales para nuevas plazas de docentes oportunamente en los diferentes niveles y modalidades, a efecto de que al primer día de clases del nuevo ciclo escolar no haya alumnos de educación básica sin maestro.
La calidad de la educación es una preocupación permanente que nos obliga a realizar un análisis minucioso sobre lo que estamos haciendo y dejando de hacer en este rubro y sin pretender incursionar en un análisis filosófico y de debate tan justificado como el pretender unificar el criterio acerca de la concepción que cada uno de nosotros tenemos en cuanto a la calidad educativa, pretendo abordar cosas muy concretas que en educación se traducen en indicadores educativos, esto es, factores que se pueden medir y conforme a sus resultados podemos darnos cuenta si se lograron o no los objetivos planteados y a la vez orientar nuestras decisiones ya sean de carácter reactivo o preventivo.
En el contexto de la calidad de la educación de ninguna manera pudiéramos dejar de tocar el indicador del aprovechamiento escolar, y lo que hace más importante este aspecto son los resultados que ha publicado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde nuestro país se ubica en lugares que no son nada halagadores y, por el contrario, muy preocupantes.
De ahí que debemos ser concientes de que en ese indicador, hablo del aprovechamiento escolar, intervienen muchos elementos que impactan positiva o negativamente.
Pretendo pues, en este punto de acuerdo, no hablar de subjetividades, sino de cosas concretas, palpables y medibles que influyen en el aprovechamiento escolar; quiero referirme a un fenómeno que se presenta año tras año en las escuelas oficiales de educación básica de nuestro país, que consiste en que en un gran porcentaje de instituciones educativas al principio del ciclo escolar no cuentan con los elementos indispensables mínimos para laborar normalmente en el nuevo ciclo escolar; me refiero a componentes como los docentes, los alumnos, los espacios educativos (llámese aulas) los libros de texto y el mobiliario entre otros.
A estos componentes los quiero denominar "componentes de normalidad mínima" (como elementos irreductibles que el Estado está obligado a proporcionar) y que se requieren para que una escuela trabaje con regularidad al principio y durante todo el ciclo escolar.
Si nos imaginamos que en una escuela pública, como sucede en muchas de nuestro país, el primer día de clases del ciclo escolar cuenta con su edificio, con sus libros de texto gratuitos, con su mobiliario, con alumnos listos para iniciar un nuevo ciclo escolar, pero no cuenta con el maestro que inicie las labores escolares en ese nuevo año; tenemos en consecuencia que habrá alumnos sin maestro, o bien, maestros que por falta de uno o dos o más maestros en su escuela tienen que atender a 2, 3 o hasta más grupos (sin ser la modalidad de escuela multigrado), todo debido a que alguna instancia que interviene en este proceso no cumplió eficazmente en el nombramiento oportuno de los docentes correspondientes; ello ha originado reiteradamente que en muchas regiones del país existan alumnos que no tienen clases de manera normal desde el inicio del ciclo escolar hasta el mes de noviembre, diciembre o incluso todo el primer semestre, inclusive, situación que con toda certeza impactará en el aprovechamiento escolar de estos alumnos y de manera obvia incidirá negativamente en la calidad de su educación.
La Secretaría de Educación Pública coordina dos procesos con las entidades federativas, que tienen relación con la asignación de recursos para nuevas plazas y nuevas contrataciones en los diferentes niveles y modalidades de educación básica, dichos procesos son programación detallada, Prodet y microplaneación (Prodet que se refiere a promociones naturales, reubicaciones por exceso de personal con base en la normatividad de estructuras ocupacionales, personal directivo, administrativo, de apoyo y asistencia, educación especial, educación física, musical e inicial.
El proceso de microplaneación se refiere a nuevas creaciones, expansiones y cambio de servicio de cualquier modalidad a formal.
Lo anterior se relaciona con la asignación de recursos para la contratación de nuevos docentes en los estados misma que debe ser oportuna para que al primer día de clases del nuevo ciclo escolar ya estén nombrados y las escuelas puedan comenzar a laborar con todos los componentes necesarios y por consecuencia puedan iniciar con la normalidad mínima que se requiere.
Estos procesos de planeación estratégica deben realizarse tomando como fundamento que la principal finalidad de las inscripciones anticipadas tiene como intención fundamental contar con los elementos que ayuden a la autoridad a hacer proyecciones acerca de cuántos alumnos requerirán nuevos espacios educativos el próximo año, qué cantidad de aulas, de libros, de mobiliario, pero sobretodo de docentes.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de ésta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
1. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar una revisión minuciosa a los procesos denominados programación detallada (Prodet y microplaneación) a efecto de que ajuste los tiempos para que las entidades federativas a más tardar el 15 de junio cuenten con el dictamen correspondiente en cuanto a la asignación de recursos para nuevas plazas en los diferentes niveles y modalidades de educación básica y se realicen las acciones de contratación necesarias con toda oportunidad.
2. La honorable Cámara de Diputados exhorta a las autoridades educativas de las entidades federativas a que, en el contexto de la normalidad mínima para que los centros escolares al inicio del ciclo escolar ajusten sus calendarios en la realización de sus procesos a efecto de que las promociones, cambios de adscripción, permutas y nuevas contrataciones de personal se realicen en tiempo y forma, de tal manera que al primer día del nuevo ciclo escolar no existan alumnos sin maestro.
Diputado Francisco Javier Murillo Flores (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS Y SANITARIAS DE LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO A FORTALECER LOS PROGRAMAS PARA PREVENIR LAS ADICCIONES EN LOS NIÑOS Y JÓVENES QUE CURSAN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS AUGUSTO BRACHO GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, Carlos Augusto Bracho González, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso del la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 7o., fracciones IX y X de la Ley General de Educación, y 112 fracción III, 184 Bis, 185, 186,187,188,189, 190, 191, 192 y 193 de la Ley General de Salud; presento a esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para girar un atento exhorto a las autoridades educativas y sanitarias, federales, estatales y municipales para que en su ámbito de competencia fortalezcan los programas ya existentes para prevenir las adicciones en los niños y jóvenes que se encuentran en la educación básica y media superior, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Es verdaderamente preocupante los datos que nos muestran que las personas que consumen algún tipo de drogas pertenecen a niveles socioeconómicos medio y bajo, de edades que corresponden a la adolescencia y la juventud, aún más preocupante que la edad de inicio es cada vez más temprana, el uso pero sobre todo el abuso de los productos y sustancias que generan adicción es sumamente alarmante, sobre todo los que tienen que ver con la edad del primer contacto, según datos de la Secretaría de Salud en 2001 revelan que el rango se encuentra entre los 12 a los 15 años de edad; por lo que los adolescentes son objeto especial de atención porque se ha observado un incremento en sus patrones de consumo de tabaco, alcohol y otras drogas como la marihuana, la cocaína, entre otras.
Debido al los aspectos negativos inherentes que traen consigo las adicciones, tales como la violencia, accidentes, trastornos mentales, así como el ausentismo en todos los ámbitos es necesario fortalecer los programas ya existentes encaminados a la prevención para evitar el inicio del consumo de drogas entre los grupos más indefensos, como lo son los niños y los adolescentes, ya que este tipo de prevención es la más importante.
Considero que es de suma importancia crear una conciencia en nuestros niños, para que precisamente desde su formación estén informados acerca de las adicciones y lo que conllevan estas; y así, cuando alcancen cierta edad y lleguen a la adolescencia, que es la etapa en la cual existe una mayor vulnerabilidad tengan la decisión de rechazar con conocimiento de causa cualquier situación que se presente de esta índole.
Según la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), 2002, muestra que de los 13.7 millones de personas de 12 a 17 años registradas (13 mil 685 millones 359) de los cuales 6 mil 807 millones 951 fueron hombres y 6 mil 877 millones 408 fueron mujeres, el 16.1 por ciento habían consumido tabaco, de este porcentaje, 9 por ciento fumó en el año previo a la entrevista y 7.1 por ciento lo hizo alguna vez en la vida, abandonándolo después. La escolaridad de los jóvenes fumadores de áreas urbanas fue, en casi la mitad de ellos el 40.7 por ciento de nivel secundaria, seguidos del 35.4 por ciento con preparatoria y del 23.4 por ciento con primaria.
En cuanto a la escolaridad de menores fumadores de las zonas rurales poco más de la mitad de ellos, el 55.2 por ciento tienen como máxima escolaridad la primaria, seguidos por el 43.4 por ciento que han cursado la secundaria y tan solo el 1.4 por ciento estudian preparatoria.
Respecto a la edad de inicio en el consumo del tabaco en los jóvenes de población urbana, casi la mitad (47.6 por ciento) comenzó a fumar entre 15 y 17 años mostrando variabilidad entre sexos (46.1 por ciento hombres y 52.3 por ciento mujeres). Cabe señalar que mientras uno de cada diez adolescentes varones empezó a fumar antes de los 11 años de edad, ninguna mujer hizo mención de iniciar a edad tan temprana. Asimismo, de aquellos adolescentes entrevistados en áreas rurales, más de la mitad (50.5 por ciento) iniciaron a los 15 y 17 años, sin embargo la distribución por sexo fue semejante para este grupo de edad (50.3 por ciento varones y 53.5 por ciento mujeres).
Por otro lado sobre el consumo del a1cohol la ENA indicó que cerca de 3 millones de adolescentes entre 12 y 17 años consumió una copa completa de bebidas con alcohol en el año previo al estudio los cuales representan al 25.7 por ciento de la población en este grupo. Además, se reportaron incrementos en el índice de consumo de los adolescentes de 27 por ciento en 1998 a 35 por ciento en 2002 entre los varones, y de 18 por ciento a 25 por ciento respectivamente entre las mujeres.
Finalmente, los datos de la encuesta nos muestran que más de 200 mil adolescentes entre 12 y 17 años (215 mil 634) han usado drogas alguna vez, de los cuales, 67 mil 585 son varones y 48 mil 094 mujeres. Sin embargo, el mayor índice de consumo se observa entre los varones de 18 a 34 años (mil 351 millones 138 varones y 449 mil 439 mujeres dentro de ese rango de edad). La proporción por sexo es de 3.5 usuarios hombres por cada mujer, proporción muy similar a la observada a la población de 18 años en adelante (3.31 hombres por cada mujer).
El exhorto esta dirigido a las autoridades educativas y sanitarias, federales, estatales y municipales para que en su ámbito de competencia fortalezcan los programas ya existentes, para prevenir las adicciones a nivel básico y media superior, a fin de crear una conciencia en nuestros niños y jóvenes del no consumo de drogas o de alguna otra sustancia que puede crear o generar algún tipo de adicción combatiendo cualquier problema de este tipo con la educación y la cultura de una vida sana totalmente libre de toda perturbación física y mental.
Inculcando los valores y principios fundamentales que se enseñan en el seno familiar se fortalecen en su formación académica y forjan hombres de bien.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía se apruebe de urgente y obvia resolución el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Punto de acuerdo para girar un atento exhorto a las autoridades educativas y sanitarias, federales, estatales y municipales para que en su ámbito de competencia fortalezcan los programas ya existentes y para prevenir las adicciones en los niños y jóvenes que se encuentran en la educación básica y media superior.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007
Diputado Carlos Augusto Bracho González (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS A CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE MEJOREN LA ATENCIÓN EDUCATIVA, A CARGO DE LA DIPUTADA ORALIA VEGA ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, María Oralia Vega Ortiz, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde su creación, con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1981, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) ha entregado casi 17 millones de certificados de primaria y secundaria, así como constancias de alfabetización.
Los propósitos del INEA, son que las personas jóvenes y adultas tengan acceso a una educación significativa que corresponda a sus necesidades e intereses; integren los conocimientos y las competencias básicas que favorezcan su desenvolvimiento y mejoramiento en diferentes ámbitos de su vida; fortalezcan actitudes y valores necesarios para mejorar su desarrollo personal, familiar y social; y cuenten con los elementos para continuar aprendiendo a lo largo se su vida.
En México existen 30 millones 146 mil 664 personas que no han concluido su educación básica, lo que representa el 43.9 por ciento del total de la población, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática del conteo de 2005, de las cuales 5 millones 942 mil 91 personas son analfabetas, lo que representa el 8.4 por ciento de la población en rezago; 9 millones 825 mil 391 personas no ha concluido su primaria, lo que significa un 14.3 por ciento de la población nacional, y 14 millones 573 mil 460 personas que no cuentan con la secundaria, es decir, el 21.1 por ciento de la población.
En Hidalgo, mi entidad de origen, en el año 2000 se tenía un rezago total de 841 mil 740 personas, lo que representaba el 57.4 por ciento del rezago educativo; para el año 2005 se cuenta con un rezago total de 748 mil 708 personas, lo que representa 47.8 por ciento. Es decir, durante estos cinco años del índice de población en rezago educativo disminuyó en 9.6 por ciento, lo cual es significativo.
Derivado de lo anterior, en Hidalgo se tienen actualmente 218 mil 500 personas analfabetas (12.8 por ciento), 222 mil 483 personas sin primaria concluida (14.2 por ciento) y 326 mil 31 personas sin secundaria (20.8 por ciento).
Ante esta realidad es impostergable la solución de este problema, para lo cual conviene incrementar los esfuerzos que realizan el gobierno federal y las entidades federativas, ya que la educación para adultos propicia el desarrollo económico y social del país.
Es necesario que la educación que se imparte a los adultos responda cada vez mejor a las necesidades e intereses específicos de los diversos grupos, regiones y personas.
Hoy, a 25 años de la creación del INEA, se ha trabajado efectivamente llevando la luz del conocimiento a millones de mexicanos que durante décadas permanecieron en el analfabetismo y el rezago educativo. Los más de 30 millones de usuarios que han transitado por esta noble institución testifican en todo el territorio nacional que la educación sí transforma la vida de los individuos.
En conclusión, el rezago educativo es en sí mismo una muestra de iniquidad, razón por la cual se justifica que sea considerado como una prioridad nacional para disponer de los recursos económicos suficientes que permitan abatir dicho rezago.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a llevar a cabo la firma de los convenios de colaboración en las entidades federativas para el desarrollo de proyectos; asimismo, los recursos del Ramo 11 y el presupuesto necesario y suficiente para abatir el rezago en educación básica, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2007.
Diputada María Oralia Vega Ortiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLANTAR PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS MIGRANTES HIJOS DE TRABAJADORES DE LOS DIVERSOS CAMPOS AGRÍCOLAS DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal de la Sexagésima Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
Como todos sabemos, un altísimo porcentaje de jornaleros agrícolas, deciden emigrar a los distintos campos agrícolas del país, en busca del sustento diario que les permita solventar las primeras necesidades de sus familias, situación que por su naturaleza, trae como consecuencia el traslado de sus familias completas a los campos a realizar las cosechas de los distintos productos que el campo mexicano nos ofrece. Mismos cambios de residencia que se repiten varias veces durante el año, siguiendo el ciclo agrícola y que cada vez los aleja más de sus hogares.
Como cada año, cada familia trae consigo a sus hijos menores de edad, que si bien es cierto dejan sus hogares y escuela, lo que no dejan son las ganas de seguir estudiando, lo que consiguen gracias a las distintas escuelas para niños y niñas migrantes ubicadas a lo largo y ancho del país. Lo lamentable del caso, es que en virtud de que dichas escuelas no cuentan con el apoyo suficiente para poder seguir enseñando a los niños en mención, por otro lado, es innegable el nulo apoyo que reciben los maestros de dichas escuelas, con pocas prestaciones y sus sueldos que en realidad no estimulan al docente, ya que el mismo no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas, provocando una gran deserción de niños de dichas escuelas, optando por apoyar a sus padres en las tareas del campo desde muy temprana edad.
No hay que olvidar que todos los mexicanos, contamos con el derecho a la educación laica y gratuita, mas sin embargo, en estos tiempo es muy importante que esos niños cuenten con mejores instalaciones así como con maestros que trabajen con el estímulo y las ganas de sacar adelante a los niños migrantes.
Considerandos
Es importante un profundo análisis del presente documento, pero mas importante es el que esos menores cuenten con mejores herramientas de vida para lograr una mejor vida, esos niños, al igual que los nuestros, merecen una oportunidad de tener una educación de mas nivel, es por eso que no debemos de dudar apoyar su causa.
La respuesta la tenemos en nuestras manos, decidamos de una vez apoyarlos, que gran parte del futuro de esos niños, depende de nosotros, y de esta manera evitaremos que esos niños acudan a la escuela en vez de trabajar.
Con el presente acuerdo, también se obtendrán mejores condiciones de vida para ellos y sus familias, ya que también podrán contar con mejores ingresos económicos en un futuro.
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorte respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de sus dependencias y entidades correspondientes, implemente programas de apoyos a la educación de los niños migrantes hijos de trabajadores de los diversos campos agrícolas del país, así como el otorgar mejores condiciones de vida para sus maestros.
Palacio Legislativo, San Lázaro, a 17 de abril de 2007.
Diputado José Inés Palafox Núñez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SRE A PROMOVER ANTE LA ONU LA CELEBRACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL EN FAVOR DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE SOCORRO FLORES SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal Guadalupe Socorro Flores Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:
Consideraciones
Los adultos mayores son depositarios de conocimientos ancestros, heredados de generación en generación, que dieron origen a la riqueza de las buenas costumbres y a la base social de nuestros pueblos. Sin embargo, los adultos mayores viven situaciones y circunstancias que dificultan su forma de vida, principalmente por su edad, y con ello muchos retos que afrontar.
Conforme a datos de las Naciones Unidas, para el año 2000, a nivel mundial la población de adultos mayores era de 590 millones y se estima que para el año 2025 serán mil 100 millones de este sector; se prevé que para el año 2025 el 70 por ciento de la población mayor de 60 años serán los habitantes de los países en desarrollo.
En el caso de México, el número de adultos mayores (60 años o más) que hay en el país caso se ha triplicado desde 1970 a la fecha. A principios del presente año se estima que la población de adultos mayores es de poco más de 8 millones 42 mil personas, según datos del Consejo Nacional de Población. El envejecimiento demográfico del país en las próximas décadas será más rápido y más pronunciado que el experimentado por los países desarrollados.
Como consecuencia de este rápido crecimiento, la participación de los adultos mayores en el total de habitantes del país ha aumentado de 5.5 por ciento en 1982 a 7.5 por ciento en 2005, por lo que la tasa de crecimiento de este grupo de población, lejos de conservarse constante, se ha mantenido en ascenso. La combinación del descenso de las tasas de mortalidad, que ha permitido prolongar la sobrevivencia de los mexicanos, con la disminución de la fecundidad, que ha reducido la proporción de niños y jóvenes en la población total, ha provocado un aumento significativo de la edad media de la población y una proporción ascendente de los adultos mayores.
Para la Conapo, 7 millones de hogares estarán encabezados por un adulto mayor en el año 2015 y para el año 2030 serán 13 millones de hogares los que sean dirigidos por los adultos mayores.
Entre 2004 y 2010, el grupo de adultos mayores se incrementará hasta alcanzar casi 10 millones de personas, con lo que su peso relativo dentro de la población sería de 8.8 por ciento. En tanto que hacia el año 2015, más de 12 millones de personas tendrán 60 años o más años de edad, cifra que ascenderá a 22.2 millones de personas para el año 2030.
Los retos que plantea este fenómeno de crecimiento drástico son de gran magnitud porque exige una extraordinaria capacidad de adaptación de las instituciones y de la sociedad en general, tanto de tipo económico como social, para plantear las medidas que establezcan una política pública a mediano y largo plazo que de manera integral, la sociedad y el Estado se preparen para dar respuesta a los desafíos que esta transformación intergeneracional implicará en el futuro.
Si bien es cierto, que a nivel país se han tomado ciertas medidas, éstas son soluciones a corto plazo que no garantizan una política integral con visión de futuro que promueva la protección y la necesidad de garantizar el derecho de los adultos mayores a gozar de una vida larga y saludable y en el respeto a su dignidad.
México ha participado de manera importante en el contexto internacional en la promoción y elaboración de propuestas, tratados, pactos, convenios, convenciones y declaraciones sobre diversos temas, relacionados a los derechos humanos, a los derechos políticos de las mujeres, a los derechos de los niños, sobre la protección de los pueblos indígenas y tribales, sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Conforme al marco constitucional en su artículo 133 y 76, sobre la celebración de tratados internacionales y hayan sido concertados por el Estado mexicano y ratificados por el Senado de la República, éstos se convierten en ley suprema en el país y bajo nuestro ordenamiento jurídico, tienen una jerarquía superior a las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución de acuerdo a la tesis 192,867 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como me he referido en líneas anteriores, nuestra nación, juntamente con otros países, ha tomado un destacado rol en la promoción de diversos ordenamientos jurídicos internacionales, cuyos objetivos han sido, recomendar al Pleno de la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, convenciones amplias e integrales en torno a los derechos de las personas con discapacidad, de los niños, de los indígenas, de las mujeres; y sobre el medio ambiente, entre otros aspectos. Sin embargo, sobre la perspectiva de los derechos humanos de las personas adultas mayores, solamente se han organizado dos conferencias, la primera Conferencia Mundial sobre el Envejecimiento celebrada en 1982 en Austria; la segunda conferencia se desarrolló en España en el año de 2002, que tuvo como objetivo elaborar una nueva estrategia internacional sobre la situación del envejecimiento.
En ese contexto, desafortunadamente son las personas adultas mayores quienes menos protección tienen por el derecho internacional. Por ello, es importante, urgente y prioritaria la celebración de una convención, con el propósito de que los gobiernos de las naciones y la sociedad en su conjunto, establezcan las estrategias, políticas, programas, lineamientos y principios que se orienten a proteger con visión de largo plazo los derechos de los adultos mayores.
México debe participar de manera activa en el concierto internacional en la promoción de esta convención, bajo los acuerdos que puedan sustentarse en el seno del 62o periodo de sesiones a celebrarse en octubre de 2007 en la sede de las Naciones Unidas, considerando para ello que las acciones de la misma se orienten bajo la perspectiva de:
Primero. Establecer una serie de principios jurídicos que protejan los derechos humanos de este sector.
Segundo. Establecer una serie de acciones que se enfoquen a la reducción de la pobreza en este sector, específicamente en el caso de las mujeres mayores.
Tercero. Establecer una serie de programas sociales, educativos y económicos que permitan satisfacer las necesidades más apremiantes de los adultos mayores.
Cuarto. Establecer una serie de medidas tendientes a que este sector tenga pleno derecho a una vida libre de violencia; derecho de acceso a la salud; derecho a no ser discriminado; derecho a participar socialmente; derecho a contar con un trabajo; derecho a la educación y al conocimiento de nuevas tecnologías.
Por lo anterior, se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para promover ante la Organización de las Naciones Unidas, la celebración de la Convención Internacional a Favor de la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONAMED Y A LA SSA A EVALUAR LOS CASOS DE NEGLIGENCIA MÉDICA E INFORMAR DE SUS RESULTADOS A ESTA SOBERANÍA, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA ARRIOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA
La suscrita diputada Mónica Arriola Gordillo, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule un exhorto a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y a la Secretaría de Salud a fin de que se sirvan realizar una actualización en las evaluaciones sobre casos de negligencia médica.
Antecedentes
1. La Ley General de Salud reconoce entre las finalidades de la protección a la salud la de propiciar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.
2. Entre las facultades de la Secretaría de Salud se encuentra la organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud, así como vigilar y controlar la creación y funcionamiento de todo tipo de establecimientos de servicios de salud, y fijar las normas oficiales mexicanas a las que deberán sujetarse.
3. En ese mismo sentido, de acuerdo con la Ley General de Salud, las autoridades sanitarias competentes y las propias instituciones de salud, establecerán procedimientos de orientación y asesoría a los usuarios sobre el uso de los servicios de salud que requieran, así como mecanismos para que los usuarios o solicitantes presenten sus quejas, reclamaciones y sugerencias respecto de la prestación de los servicios de salud y en relación a la falta de probidad, en su caso, de los servidores públicos.
4. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de marzo de 1996 se creo la Conamed, con el objeto de contribuir a resolver los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de dichos servicios.
5. Entre las atribuciones de la Conamed se encuentra el recibir, investigar y atender las quejas que presenten los usuarios de servicios médicos, por la posible irregularidad en la prestación o negativa de prestación de servicios médicos.
Consideraciones
1. La prestación de servicios de salud reviste primordial importancia al tratarse de un derecho fundamental garantizado por el artículo 4° constitucional, que establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
2. La prestación de los servicios de salud, como es obvio suponer, dada la relevancia de los bienes que pretende preservar y proteger como son la salud y en última instancia la vida, debe regirse por los más altos estándares de calidad. En ningún caso es permisible conceder un margen de falibilidad pues la consecuencia de ser permisivos en una materia tan delicada podría derivar en una disminución de atención por parte del cuerpo médico no calificado éticamente que, aun cuando afortunadamente es la minoría, la afectación producida por la negligencia podría ser de magnitudes tales que detone un auténtico problema de salud pública.
3. Es cierto que existen un mínimo de casos fortuitos donde el actuar humano por muy eficaz, eficiente y efectivo que sea se ve superado por las circunstancias del caso clínico que se atiende. No obstante, cuando la falla proviene del actuar médico bajo negligencia o impericia es necesario elaborar medidas correctivas y sancionatorias para el médico que no cumplió a cabalidad su compromiso con el paciente y con la sociedad.
4. En ese mismo sentido, como en el apartado anterior podemos apreciar, es facultad de la Secretaría de Salud la vigilancia de los servicios médicos, así como el control de calidad por medio de la Conamed, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con plena autonomía técnica para emitir sus opiniones, acuerdos y laudos.
5. En atención a sus facultades, la Conamed elabora estadísticas periódicas sobre los casos de posible negligencia y quejas que frente a ésta, los usuarios presentan.
6. La estadística presentada por la Conamed en su sitio web resulta, en términos generales, muy completa. Sin embargo, como la propia Comisión advierte:
Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución.
Primero. Se exhorta a la Conamed y a la Secretaría de Salud a que realicen la evaluación sobre casos de negligencia médica a fin de actualizar su información estadística.
Segundo. Se exhorta a las mismas dependencias a informar a la brevedad de los resultados obtenidos en dicha evaluación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de abril de 2007.
Diputada Mónica Arriola (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A PUBLICAR EN EL DOF EL DECRETO POR EL QUE SE INSTITUYE EL 17 DE MAYO COMO DÍA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA, A CARGO DEL DIPUTADO DELIO HERNÁNDEZ VALADÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
De conformidad con los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, Delio Hernández Valadés, diputado federal del Grupo Parlamentario de Alternativa, presenta a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Considerandos
1. Es indudable que la sociedad mexicana ha demostrado su crecimiento y madurez en virtud de las recientes discusiones que en relación con temas polémicos como la interrupción del embarazo o las sociedades de convivencia ha protagonizado en los últimos meses. La reciente aprobación de una ley en ésta última materia da cuenta de que se está preparado como conglomerado social, para promover medidas eficaces y efectivas que abonen a la consolidación del estado laico y democrático.
2. No obstante, los pasos andados son incipientes porque la tolerancia continúa sin ser una práctica ordinaria y, por lo contrario, la discriminación y la homofobia continúan haciendo estragos: sólo entre 1995 y 2003 se han cometido más de 290 asesinatos de homosexuales en México, sin ningún otro móvil que su orientación sexual; aún más, de acuerdo con el suplemento Letra S del diario de circulación nacional de La Jornada, por cada caso reportado existen tres casos más que no se registran, por lo que la cifra podría rebasar los 876 homicidios de odio. Estos datos nos muestran la urgencia de cerrar filas y reforzar cualquier acción que tienda hacia el respeto a la diversidad sexual y la no discriminación.
3. La homofobia, de acuerdo con la definición del diccionario de la Real Academia es la aversión obsesiva hacia las personas homosexuales, y cualquier acto homofóbico debe ser combatido, si de verdad queremos ser una sociedad democrática, laica y tolerante. El respeto a los derechos humanos deber ser el bastión que fortalezca nuestro desarrollo y cualquier conducta que atente contra la libertad, la seguridad y la vida deber ser combatida con determinación; nunca más debe en México asesinarse a persona alguna, pero menos aún, nunca deber ser la orientación sexual de las personas una razón para la discriminación ni el homicidio.
4. El 31 de octubre de 2006, a propuesta del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, ésta soberanía votó a favor del punto de acuerdo mediante el cual se instituye el 17 de mayo como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia.
5. El 21 de noviembre de 2006 mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-6-238 los diputados Jorge Zermeño Infante y José Gildardo Guerrero Torres, Presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ésta honorable Cámara de Diputados, en cumplimiento al punto señalado solicitaron a la Secretaría de Gobernación efectuar las acciones conducentes para conmemorar el día señalado de Lucha contra la Homofobia.
6. En respuesta Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, el 13 de marzo del año en curso turna atento oficio mediante el cual da cuenta del similar de fecha 8 del mismo mes y año, suscrito por el licenciado Mauricio Raza Sánchez, director general adjunto de Relación con las Organizaciones Sociales, de Participación Ciudadana y de Transparencia mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se instituye el 17 de mayo de cada año como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia.
7. No obstante, la respuesta es escueta y poco efectiva para los efectos de que se considere el 17 de mayo como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, toda vez que se limita a señalar lo siguiente: "En atención a su similar con número SEL/300/975/07 y fecha 27 de febrero de 2007, así como por instrucciones del comisionado para el Desarrollo Político, le informo que tenemos conocimiento del punto de acuerdo que aprobó la Cámara de Diputados el pasado 21 de noviembre para instituir y celebrar el 17 de mayo de cada año como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, por lo que de conformidad con nuestras atribuciones le daremos promoción entre las organizaciones de la sociedad civil interesadas. Asimismo, le remitimos copia de su misiva al presidente del Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, ciudadano Gilberto Rincón Gallardo, en virtud de que el tema del referido punto de acuerdo está vinculado con la aplicación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación".
8. Como se puede observar las medidas tomadas no se corresponden con el punto de acuerdo que instituye un Día Nacional de Lucha contra la Homofobia y no refleja un genuino interés por llevar a cabo durante ese día acciones y actividades para promover el respeto a la diversidad y la tolerancia.
9. Consideramos que cifras como las siguientes ameritan acciones más directas, efectivas y comprometidas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2001, Segob/IFE, 66 por ciento de la población no compartiría techo con una persona homosexual, 71 por ciento de los jóvenes no apoyaría los derechos de los homosexuales, 21 por ciento no ha sido contratado en algún trabajo por ser homosexual y 30 por ciento ha sido acosado por la policía por ser homosexual.
10. De éstas cifras podemos inferir que urge avanzar en el camino hacia el respeto a la diversidad sexual. Se requiere asumir un serio compromiso con ese grupo vulnerable de nuestra sociedad e impulsar acciones que abonen a generar una cultura de respeto a la diversidad sexual; acciones encabezadas por el gobierno federal que incluyan campañas de capacitación a la sociedad en su conjunto, que involucren a los medios de comunicación y al sistema de educativo nacional; así como acciones que incluyan para personas con orientación sexual distinta a la heterosexual, capacitación en materia de prevención de enfermedades de transmisión sexual y ferias de promoción de empleo digno y bien remunerado.
Por lo anterior pongo a consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo
Primero. Se solicita al titular del Ejecutivo federal que en cumplimiento a sus atribuciones y con base en sus facultades constitucionales emita decreto por el cual se instituye el 17 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación que en conmemoración del Día Nacional de Lucha contra la Homofobia desarrolle e implemente una campaña de educación a nivel nacional que promueva el respeto y la tolerancia a la diversidad sexual y que, en su momento, informe a ésta soberanía sobre las acciones tomadas y su impacto a nivel nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de abril de 2007
Diputado Delio Hernández Valadés (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES RESPALDA A LOS PASAJEROS DE AEROLÍNEAS AZTECA Y EXHORTA A LAS COMISIONES RESPECTIVAS A VIGILAR EL RUMBO QUE LA EMPRESA TOME RESPECTO A SUS RESPONSABILIDADES CON LOS TRABAJADORES Y CON LOS DEMÁS ACREEDORES, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES
La Comisión de Transportes celebró reunión plenaria ordinaria el pasado 28 de marzo en el edificio G de este recinto legislativo de San Lázaro, reunión en la que se estableció un punto de acuerdo de la Comisión de Transportes para respaldar a los pasajeros, a los trabajadores y a los acreedores de la Aerolíneas Azteca. Los pasajeros de la aerolínea son víctimas de acciones equiparadas a fraude por lo que la Comisión de Transportes acuerda exhortar a los responsables de la sociedad mercantil denominada "Aerolíneas Azteca" a responder por sus obligaciones contraídas con sus pasajeros quienes han sido sujetos de una profunda falta de atención, quienes han sido víctimas del maltrato y de gastos innecesarios. Así mismo la Comisión de Transportes exhorta a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que estén atentos del curso y trato que puedan tener los trabajadores de Aerolíneas Azteca y a la Comisión de Economía y Secretaría de Economía a fin de coadyuvar con los acreedores para que Aerolíneas Azteca responda subsidiaria, solidaria e ilimitadamente ante los compromisos establecidos.
Por otro lado ésta comisión consideró esencial exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Dirección General de Aeronáutica Civil a revisar el procedimiento por medio del cual se otorgan las concesiones aéreas, evitando el otorgamiento de concesiones a empresas de estas características y a iniciar una revocación de concesión a la aerolínea denominada "Azteca" por incumplimiento de obligaciones a las que se comprometió la hoy suspendida sociedad mercantil.
En esta misma reunión el pleno de la Comisión de Transportes también acordó invitar a la Dirección General de Aeronáutica Civil a una reunión de trabajo para hablar con relación a la realidad que se vive en el sector con el otorgamiento de concesiones y el manejo discrecional de SLOTS en los aeropuertos más pretendidos y/o demandados para implementar un mecanismo de fiscalización por parte de ésta soberanía a las determinaciones discrecionales relativas al otorgamiento de SLOTS en los aeropuertos de conformidad con los siguientes:
Fundamentos de Derecho
En apego a lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Transportes es competente para emitir el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, de conformidad con los siguientes:
Antecedentes
Primero. Que el 26 de marzo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto de la Dirección General de Aeronáutica Civil determinó suspender la operación de Aerolíneas Azteca.
Segundo. Que esta suspensión perjudicó a los pasajeros de la aerolínea los cuales se encuentran sin atención ni respuesta a la obligación que Aerolíneas Azteca contrajo con ellos en la que se comprometió a transportarlos a cambio de una cantidad económica que fijó mediante el PRECIO que cada pasajero pagó por su boleto de avión.
Tercero. Que resulta evidente que los pasajeros han cumplido con su responsabilidad al pagar el monto fijado –a manera de precio– del boleto de transportación aérea y que Aerolíneas Azteca ha sido incapaz de solventar cabalmente su compromiso de transportación.
Cuarto. Que la suspensión de operaciones no resulta un caso fortuito ni de fuerza mayor en virtud de que –ha sido la propia entidad económica– la que ha incumplido otras obligaciones a las que se comprometió tanto en la concesión como en figuras contractuales y en la propia norma jurídica que regula el sector aéreo, ocasionando la aplicación oportuna del mandato legal por parte de la administración pública federal respecto de la normatividad aludida, razón por la cual, la sociedad mercantil denominada –Aerolíneas Azteca– no puede decirse sorprendida o argüir causas de fuerza mayor –BIS MAYOR- al esforzarse por justificar el incumplimiento de sus obligaciones.
Quinto. Que los pasajeros que adquirieron boletos de avión para ser transportados a los diferentes destinos por Aerolíneas Azteca y que hasta el día de hoy se encuentran en los aeropuertos, durmiendo en los pasillos, comiendo por la bondad de algunas autoridades aeroportuarias, desesperados pero con la total solidaridad de otros pasajeros y de los legisladores de esta Comisión de Transportes y, en su oportunidad, de esta LX Legislatura, que estos pasajeros son víctimas de la irresponsabilidad y negligencia de la Asamblea General y del Consejo de Administración de la sociedad mercantil denominada Aerolíneas Azteca dado que esta asamblea y el consejo incumplió obligaciones, ignoró estados de resultados, balance general y cometió negligencia al dejar de utilizar los mecanismos legales a su alcance para cambiar el rumbo del plan de negocios y de la operación técnica aeronáutica de la empresa, lesionando potencialmente la seguridad de las operaciones aéreas y los intereses generales de la nación ya que –a unos días de las vacaciones de la semana mayor– se sienta un precedente más de irresponsabilidad y de incumplimiento en materia técnica aeronáutica, así como de incumplimiento en el terreno tributario y en materia mercantil y de comercio que vulnera y expone que los mecanismos hasta hoy elaborados para evitar afectaciones a los usuarios por la transportación prometida y afectaciones a la población por la falta de pago de combustible y otros compromisos tributarios son insuficientes.
Sexto. Que las autoridades de Comunicaciones y Transportes por conducto de la Dirección General de Aeronáutica Civil está dando una muestra de responsabilidad a favor de la seguridad de las operaciones aéreas en nuestro país y que su acción está apegada a las facultades otorgadas a la administración pública federal en el terreno aeronáutico y que, son las autoridades de la sociedad mercantil, las que deben responder a los pasajeros por el incumplimiento.
Que las lecciones de la industria aérea son GLOBALES muestra de ello es que aquellos acontecimientos que han lesionado el prestigio tanto de naciones como de autoridades en otras partes del mundo son conocidos por sus resultados y que recientemente el caso de Europa vulneró a nuestros pasajeros con el caso de Air Madrid y que es nuestra responsabilidad visualizar alternativas que sean compatibles con este carácter internacional y global de la industria aérea nacional que implica también el prestigio de nuestra nación.
Séptimo. Que como diputados federales debemos contribuir en este momento para que el Plan Nacional de Desarrollo implemente políticas públicas que atiendan con visión de estado el sinnúmero de áreas de oportunidad en la operación tanto de aerolíneas como de los propios aeropuertos, de la aviación privada, de carga, chartera –o de fletamento–, las áreas de oportunidad en el terreno del control de tránsito aéreo, servicios complementarios, aviación de fumigación y mensajería por lo que debemos impulsar una actualización del diagóstico nacional del sector para colaborar en la edificación de una política aeronáutica de Estado que pasa necesariamente por la definición del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Por lo que la Comisión de Transportes en el uso de sus atribuciones y responsabilidades legislativas somete a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución
1. Que esta H. Cámara de Diputados de la LX legislatura del H. Congreso de la Unión, exhorte atenta y respetuosamente al Presidente de la República para que, en el uso de sus atribuciones, promueva un acuerdo de coordinación entre las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Economía, de Hacienda y del Trabajo para que cuando se implementen acciones como la que se tomó en el caso de Aerolíneas Azteca se garantice que la sociedad mercantil responda a sus pasajeros para cumplir con las obligaciones contraídas y que la entidad económica responda tanto a sus trabajadores; como acreedores, incluyendo el propio Estado; de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada para implementar, previo a una decisión de esta índole, un plan de contingencia que garantizar la oportuna atención de los pasajeros y sus familias.
2. Que esta H. Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Dirección General de Aeronáutica Civil a iniciar una revocación de concesión a la aerolínea denominada "Azteca" por el incumplimiento de las obligaciones a las que se comprometió, sin detrimento de las responsabilidades administrativas, civiles y penales a las que haya lugar.
3. Que esta H. Cámara de Diputados exhorte a la Dirección General de Aeronáutica Civil para celebrar una reunión de Trabajo con la Comisión de Transportes para hablar con relación a la realidad que se vive en el sector y el manejo discrecional de SLOTS en los aeropuertos más pretendidos y/o demandados para implementar un mecanismo de fiscalización por parte de ésta soberanía a las determinaciones discrecionales de la autoridad relativas al otorgamiento de SLOTS en los aeropuertos y que este otorgamiento sea compatible a partir de hoy con los principios de igualdad, equidad y transparencia.
4. Que la H. Cámara de Diputados exhorte a la comunidad aeronáutica –empresarios, trabajadores y usuarios– y a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Economía y de Trabajo y Previsión Social para celebrar en fecha próxima, por conducto de la Comisiones de Transportes, de Economía y del Trabajo y Previsión Social un Foro Aeronáutico para actualizar el diagnostico del sector aéreo a fin de estructurar alternativas con visión de Estado y de largo plazo que catalicen los esfuerzos por promover la competencia, la eficiencia, la confiabilidad y la seguridad en las operaciones aéreas, buscando el crecimiento del sector y que cada día más pasajeros puedan viajar por avión con plena seguridad y con absoluta certeza de que el prestador de servicios que se comprometa a transportarlos cumplirá cabalmente con su obligación.
Así lo acuerdan los diputados integrantes de la Comisión de Transportes de la LX Legislatura Federal, el 28 de marzo del 2007.
Dado en la sala de plenos del H. Congreso de la Unión. 28 de marzo de 2007.
Por la Comisión de Transportes
Diputados: Rubén Jiménez Aguilar (rúbrica), Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Enrique Iragorri Durán, Marcos Salas Contreras (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Gerardo Amezola Fonseca (rúbrica), Ramón Barajas López (rúbrica), Francisco Dávila García, Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Antonio del Valle Toca, Rafael Franco Melgarejo, Felipe González Ruiz (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Érick López Barriga, Santiago López Becerra, Alma Lilia Luna Munguía, Martín Malagón Ríos (rúbrica), Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica), Fabián Fernando Montes Sánchez, Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Francisco Javier Paredes Rodríguez, Gloria Rasgado Corsi (rúbrica), Rosa Elía Romero Guzmán (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Jorge Toledo Luis, Robinson Uscanga Cruz (rúbrica), Juan Carlos Pérez Velasco (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA A MODIFICAR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE ENERGÍA PARA EL CAMPO, A FIN DE QUE LOS PRODUCTORES NACIONALES PUEDAN ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE LA CUOTA ENERGÉTICA PREVISTA EN DICHA NORMA, A CARGO DEL DIPUTADO MARTÍN STEFANONNI MAZZOCCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, presento el siguiente punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Sagarpa a modificar el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo, a fin de que los productores nacionales puedan acceder a los beneficios de la cuota energética prevista en la Ley de Energía para el Campo, bajo las siguientes
Consideraciones
A lo largo de la última década el sector agropecuario nacional, se ha visto inmerso en un proceso de globalización, apertura y de ajustes estructurales.
Nuestro país cuenta con un sector agropecuario muy heterogéneo, tanto por las características productivas de las diferentes regiones del país, climáticas, tamaño de las unidades productivas y tipos de propiedad, así como por niveles diferenciados de productividad y de composición social del sector rural, razón por las que se requieren políticas diferenciadas que permitan a nuestros productores enfrentar con éxito la competencia internacional.
Para superar los rezagos estructurales de este sector, debemos reconocer que durante la administración que recientemente acaba de concluir se realizó un trabajo importante entre el Legislativo y el Ejecutivo federal dirigido a establecer apoyos para el acceso a insumos a precios competitivos.
En este sentido, se logró la aprobación y publicación de la Ley de Energía para el Campo, misma que tiene el propósito de impulsar la productividad y la competitividad como medidas de apoyo tendientes a eliminar las asimetrías con otros países, especialmente, con nuestros socios comerciales.
A este respecto, no queda duda de que los energéticos agropecuarios constituyen insumos fundamentales para las labores productivas del sector agropecuario, ya que representan un porcentaje importante del costo de producción. Por ello, ha sido necesario fortalecer al sector mediante el establecimiento de esquemas que permitan una competencia más justa asegurando la viabilidad y competitividad del sector en una economía abierta.
De esta manera, mediante la Ley de Energía para el Campo y su Reglamento se busca atender las necesidades de los productores agropecuarios al disponer de precios de estímulo para los hidrocarburos y energéticos que se utilizan en la propia actividad, siguiendo las tendencias de trato comercial a nivel internacional, encuadrado en los tratados de libre comercio que tiene suscritos nuestro país y en las que nuestros socios comerciales aplican una política especial con precios preferenciales para estos insumos.
A pesar de estos avances, hemos encontrado que la operación de estas acciones registra algunos puntos que consideramos necesario mejorar para alcanzar el cumplimiento efectivo de sus objetivos.
A este respecto, debe señalarse que la fracción II del artículo sexto, así como el inciso c) de la fracción II del artículo séptimo del Reglamento de la Ley de Energía para el Campo establecen el Título de Concesión de Aguas Nacionales expedido por la Comisión Nacional del Agua (CNA), como requisito indispensable para obtener la cuota energética a precios y tarifas de estímulo para las actividades agropecuarias.
No obstante, existe una gran cantidad de productores que no cuentan con dicho título debido a que la CNA no los ha expedido con la oportunidad requerida, generándose para los productores un problema de acceso a insumos competitivitos.
En este sentido, compañeros diputados consideramos que la normatividad vigente debería dar oportunidad a que el aviso de resolución favorable al productor para la obtención del título de concesión emitido por la propia CNA se considere como documento que acredite la propia concesión de aguas, lo cual implica modificar el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo.
Compañeros legisladores, estamos seguros de que esta medida es muestra clara del interés del Poder Legislativo por generar condiciones adecuadas para la competitividad del campo mexicano.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta honorable soberanía, como de obvia y urgente resolución, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Que esta H. Cámara de Diputados exhorte a la Sagarpa a modificar el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo para que, el aviso de resolución favorable al productor para la obtención del título de concesión emitido por la CNA, sea aceptado como requisito válido para que los productores nacionales puedan acceder a los beneficios de la cuota energética prevista en la Ley de Energía para el Campo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2007.
Diputado Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LOS TITULARES DE LA PGR Y DE LA SSP PARA QUE INFORMEN RESPECTO A LA NOTICIA EN QUE SE INVOLUCRA CON EL NARCOTRÁFICO A FUNCIONARIOS DE DISTINTAS INSTITUCIONES FEDERALES Y LOCALES, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER SANTOS ARREOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Francisco Javier Santos Arreola, integrante de esta honorable legislatura, así como de la Comisión de Seguridad Pública de la misma, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta representación proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Antecedentes
Sabemos de antemano que el fenómeno del narcotráfico ha tenido una notable expansión en los últimos años, tanto por el número de consumidores, como por el volumen de drogas comercializadas y los recursos financieros que manejan pero sobre todo por los hechos violentos y la ola de narcoejecuciones, en la que hemos estado inmersos tanto funcionarios como la sociedad mexicana; lo cual ha traído como consecuencia que se viva un clima de incertidumbre y de zozobra, que a su vez y debido a toda esta inseguridad generada por los carteles de nuestro país, ha sido común estar presenciando hombres asesinados con el tiro de gracia y el rictus de la muerte y dolor reflejado en sus rostros con diversos mensajes que implican que por encima de las leyes de nuestro país se encuentra "la ley de la jungla" o "la ley de ojo por ojo diente por diente" aplicadas entre estos delincuentes, como parte del ajuste de cuentas entre ellos mismos.
Este ha sido el corte de las imágenes periodísticas de los últimos años y en especial de los últimos tres gobiernos federales, situaciones que no se nos hacen fuera de lo común, debido a que la sociedad mexicana se ha tenido que acostumbrar a sobrevivir y a veces a convivir con los sicarios de los diferentes carteles y con todas sus atrocidades, sin embargo hace unos meses se han venido incrementando estos hechos conjuntamente con reportajes periodísticos que muestran cada vez con mayor explicites y violencia el momento en que se ejecutan estos actos inmorales. No obstante que ya estamos casi acostumbrados a esto, el día miércoles 28 de marzo de 2007 la televisora TV Azteca en su noticiario nocturno llamado Hechos con Javier Alatorre recibió de forma anónima un material en video en el que se ven individuos rodeados por personas encapuchadas los cuales interrogan a dos individuos de nombres Jesús Arano Servín y Víctor Manuel Pérez Rocha, quienes fueron previamente identificados el día martes 27 de marzo por el procurador de Justicia de Veracruz Emeterio López y por el subprocurador de Justicia Local Marco Antonio Aguilar quienes declararon no tener antecedentes de los mismos en aquel estado.
Pero lo más importante para la sociedad y sus representantes, es decir nosotros los diputados, son las declaraciones que vierten en este video expuesto por la televisora antes mencionada, donde los encapuchados hacen confesar a los dos individuos, que los mismos pertenecen al cártel del golfo y hacen mención también de la gente que ha trabajado con ellos, mencionando desde civiles hasta autoridades de la policía municipal de Boca del Río, entre otros a un tal comandante Monrraga, al comandante Miranda, al comandante Salas, y de Veracruz el comandante Tiburón, y el comandante Xicontencátl, etcétera. En este material también hacen señalamientos de quien es el encargado de arreglarse con las autoridades del gobierno, señalando que es él quien les paga a las autoridades, llevando incluso una nómina de los mismos.
A mayor abundamiento se comenta también que había relación con algunos periodistas, y a la vez dicen los motivos por los que han matado a algunos de ellos, los cuales escribían cosas en contra del cártel. Asimismo, involucran a un agente ministerial que ellos llaman "Lalo Reyes" nativo de Nuevo Laredo, y que según ellos trabajaba en Ciudad Victoria, Tamaulipas, señalando también, que este individuo es un informante de la policía hacia el cártel, con todo lo relacionado sobre cateos, patrullaje, detenciones, aprehensiones y todo lo que pueda afectar el trabajo de la organización delictiva. En esta misma nota, los ahora ejecutados involucran también a la Agencia Federal de Investigaciones, aludiendo a una persona de apodo el Yanqui y otro más de apellido Echeverría, los cuales dicen haber recibir dinero del cártel.
En virtud de lo anteriormente expuesto y por tratarse de asuntos tan delicados como son la seguridad, la integridad y el prestigio tanto de instituciones y de personas involucradas por estos dos sicarios, presuntamente pertenecientes al cártel del golfo y a los zetas; someto a su alta consideración con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita la comparecencia del titular de la Procuraduría General de la República, licenciado Eduardo Medina Mora Icaza, y del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna a fin de que informen a esta honorable soberanía sobre el estado que guardan las investigaciones, sobre el asunto en particular así como de las acciones que se han de tomar en consecuencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2007.
Diputado Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A REALIZAR TRABAJOS COORDINADOS CON LOS GOBIERNOS DE PUEBLA, GUERRERO Y OAXACA PARA EL RESCATE DE LA REGIÓN MIXTECA, CONSIDERADA DESASTRE ECOLÓGICO POR LA FALTA DE AGUA, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS CONTRERAS COETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal en la LX Legislatura, José Luis Contreras Coeto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con los gobiernos de los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca realicen los trabajos necesarios y tomen medidas pertinentes para que se rescate la región Mixteca considerada como desastre ecológico por la falta de agua. En razón a los siguientes:
Considerandos
Primero. Que la región Mixteca se encuentra localizada en la parte noroeste del estado de Oaxaca, colindando al norte con el estado de Puebla y al oeste con el estado de Guerrero, comprenden dentro de esta las regiones de Putla de Guerrero, Sola de Vega, Zaachila, Etla, Cuicatlan y Teotitlan.
Segundo. Que en dicha región denominada la "Nación de la Lluvia", el agua se termina, existiendo una erosión que alcanza niveles desastrosos; la falta de lluvia provoca que las laderas de las montañas pierdan su cobertura vegetal y cantidades enormes de tierra vayan hacia las partes bajas de ríos y arroyos de esta zona.
Tercero. Que las personas que habitan esta región han comenzado a emigrar por este problema, y los pocos que no lo han hecho se han dado a la tarea de sembrar árboles con la intención de recuperar los suelos en los que alguna vez se dieron alimentos como el maíz, fríjol y calabaza entre otros.
Cuarto. Que el Banco Mundial en el estudio que realizó en nuestro país para ayudar a tener acceso al agua limpia y adaptarse al cambio climático determinó que la falta de agua ha causado un "desastre ecológico", y que además de esto el incremento de calor cambiará los patrones de lluvia y las zonas secas como la que nos atañe en el presente punto de acuerdo se erosionarán más.
Quinto. Por otro lado la Comisión Nacional del Agua, señala que lo que se esta suscitando en la zona mixteca es considerado un ejemplo de lo que le depara al país, donde el cincuenta y seis por ciento del territorio es árido y semiárido y donde el agua potable se acaba.
Sexto. Actualmente el país dispone de menos de la mitad del agua con la que se contaba hace medio siglo, por otro lado la población se cuadruplico al crecer de 25.8 millones en 1950 a 103.3 millones en el 2005, lo cual ubica a nuestro país con una disponibilidad promedio baja, se prevé que en ocho años el país se enfrente a una situación critica de desabasto, derivado del desperdicio, contaminación de cuerpos superficiales y subterráneos, así como de la disminución de disponibilidad de los recursos hídricos.
Séptimo. Sabemos que es necesaria la difusión de una cultura del agua en donde se puedan crear sociedades ecológicamente sustentables y donde el resultado sea natural y benéfico para las próximas generaciones de mexicanos.
Octavo. Que el gobierno federal tiene una responsabilidad mayúscula en este caso, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenta con las atribuciones necesarias para que se realicen las actividades correspondientes para salvar esta zona y en un futuro no muy lejano al país de las condiciones de desabasto de agua que vivimos actualmente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación con los gobiernos de los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca realicen los trabajos necesarios y tomen medidas pertinentes para que se rescate la región Mixteca considerada como desastre ecológico por la falta de agua.
Dado en la ciudad de México Distrito Federal, a los 17 días del mes de abril de 2007.
Diputado José Luis Contreras Coeto (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS SECTORES RELIGIOSO Y PÚBLICO A RESPETAR LAS INSTITUCIONES DE LEGALIDAD Y LA PRESERVACIÓN DEL ESTADO LAICO, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA OLIVA FRAGOSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática suscribimos la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para exhortar a los sectores religioso y público a ser respetuosos de las instituciones, la legalidad y la preservación del Estado laico a través de las siguientes
Consideraciones
recientemente han salido a la luz pública diversos temas como la regulación de las sociedades de convivencia propuesta por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la despenalización del aborto, o la eutanasia que han generado opiniones controvertidas entre diversos actores sociales; académicos, legisladores, doctrinarios, eclesiásticos, asociaciones civiles, organismos gubernamentales y población en general quienes han manifestado sus opiniones al respecto.
Estos temas, reabren la polémica en torno al Estado laico. Su actual definición comprende fundamentalmente:
Permitir la convivencia de las distintas posturas en la sociedad, siempre dentro del marco legal.
Dejar atrás los paradigmas usuales de menoscabar los derechos de quienes no comparten las "verdades únicas" como "la única religión verdadera, las únicas ideas válidas, el único sexo con capacidad de gobernar, etcétera" y cualquier otra forma de negar a las otras y los otros, a sus culturas y convicciones, dejando de reconocer como iguales a las diferentes razas, sexos, adscripciones políticas, religiones u opciones sexuales.
La tolerancia y el respeto a las diversas posturas, sin permitir la imposición de ninguna creencia o doctrina religiosa.
Ya no podemos limitar el concepto moderno de Estado laico sólo al respeto, a la tolerancia de las distintas confesiones, o a los diversos modos de pensar el mundo: se le debe concebir en su más amplia definición democrática, como garante jurídico de los derechos inherentes al ciudadano, como la tutela de una forma de vida de la sociedad contemporánea.
Sin embargo no podemos negar la gran influencia que tiene la iglesia, que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida incluso como un importante aspecto cultural, tal como lo apreciamos en lo siguiente:
El atuendo que portará Nuestra Belleza México 2006, en el próximo certamen Miss Universo 2007, que tendrá lugar en México en mayo próximo alude a la guerra cristera, declarando su diseñadora que hay quienes le han señalado que dicho modelo "ganó porque hay apertura para lo religioso". Así, se comenta que uno de los requisitos que deben cubrir los trajes del concurso trajes típicos celebrado en 2006 es representar la historia, cultura y tradiciones de nuestro país, ganando el modelo de la mujer cristera ante aquellos que representaban a la mujer campesina, al santuario monarca, al quinto sol y al tesoro mexicano que rendía un tributo a la tierra y al agua que sustentan el cultivo del maíz.
Este atuendo es descrito como la representación de la mujer cristera, pieza fundamental en el conflicto armado que se desarrollo entre 1929 y 1942 en nuestro país, cuando grupos de católicos se sublevaron contra el gobierno al grito de ¡Viva Cristo rey y la virgen de Guadalupe!, conteniendo imágenes de batallas, cristeros colgados, mujeres en misas clandestinas, rosarios, escapularios y milagritos.1
Resulta incongruente que se prepondere para representar a la historia y cultura mexicana un aspecto que hace apología de la rebelión de algunos grupos católicos en determinada época, cuando nuestras raíces e historia bien pueden distinguir las tradiciones multiculturales que tenemos.
Una de nuestras más grandes preocupaciones es mantener el Estado laico. Porque si bien es cierto, que en los temas actuales, varios de los sectores que participan en el debate público han fijado su postura dentro del marco de la constitucionalidad que permite la libre manifestación de ideas, también lo es que otros han vulnerado la legalidad y laicidad del Estado con sus opiniones, como la jerarquía católica que valiéndose de su gran poder religioso profieren amenazas a quienes piensan diferente, o el acontecer de otros hechos que ponen en riesgo la autonomía de las instituciones del Estado, como los siguientes:
En la discusión sobre la despenalización del aborto como consecuencia de dos iniciativas de reformas al Nuevo Código Penal para el Distrito Federal propuestas por legisladores de la Asamblea Legislativa del DF, ha existido un claro y válido debate de ideas; sin embargo, hay quienes se han manifestado atentando claramente contra la laicidad y la autonomía de las instituciones, como las declaraciones del arzobispo de León, Guanajuato, José Guadalupe Martín Rábago, quien condena a los diputados a ser excomulgados si aprueban la despenalización del aborto, porque cometerán un gran pecado ante la "ley de proyecto de vida de dios"2, o el actuar del arzobispo Norberto Rivera quien ha llamado a no votar por las fuerzas políticas que no respeten ni defiendan la vida, en una clara intromisión en asuntos político electorales3.
Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.
Activistas a favor de la despenalización del aborto manifiestan que presentarán una denuncia penal para que se investigue el origen de las amenazas de muerte que recibieron vía Internet, que consideran es parte de una campaña de odio instrumentada por quienes denotan suma intolerancia a este y otros temas.
Es sumamente preocupante este acontecimiento no sólo por la falta de respeto al derecho humano y fundamental del libre pensamiento, sino por la violación fehaciente de nuestro marco constitucional en su artículo 6o y con ello la vulnerabilidad del Estado y sus instituciones.
Retomando las declaraciones del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Emilio Álvarez Icaza: Si alguien quiere participar en el debate público tiene que hacerlo con las reglas de la democracia, y eso quiere decir sus instituciones, sus formas y sus valores, evitando oscurantismos y manipulaciones.4 Lo que consideramos es de gran importancia para el respeto al Estado laico, toda vez que la democracia debe ser un ejercicio público y plural, debiendo ser válido para todos por igual sin intervención de los valores subjetivos morales de cada individuo.
Nuestra postura como legisladores debe ser la exigencia del respeto a la legalidad y laicidad de los que participan en el debate público de los diversos temas al reconocer los derechos de todos incluyendo a las minorías y garantizando su pleno ejercicio, dejando a un lado las creencias o ideologías individuales, que si bien deben ser respetadas, jamás deben vulnerar la supremacía y laicidad del Estado mexicano, radicándolas precisamente en la separación que debe existir entre los actos de los órganos gobierno, que deben ser para todos, y las creencias individuales de cada persona, que sin duda alguna tendrán en todo momento la libre decisión de apegarse o no a una conducta determinada. De esa forma, debemos ser también cuidadosos de que ninguna de las instituciones del Estado participe o promueva políticas que conlleven a disminuir la laicidad de ellas mismas.
Aludiendo a Luigi Ferrajoli "… el derecho y el estado no deben encarnar valores morales ni tienen el cometido de afirmar, sostener o reforzar la moral o cultura, sino el de tutelar a los ciudadanos. Por eso, el estado no debe inmiscuirse en la vida moral de las personas, defendiendo o prohibiendo estilos morales de vida, creencias religiosas, opciones o actitudes culturales. Su único deber es garantizar la igualdad, la seguridad y los mínimos vitales, pudiendo hacerlo mediante la estipulación y la garantía de los derechos fundamentales de todos".5
Opinión en la que debemos estar plenamente de acuerdo, al reconocer las normas legales como el instrumento a través del cual el Estado debe garantizar los derechos y su pleno ejercicio de todas las personas y las sanas relaciones entre ellas, siendo incluyentes de las minorías sin dejar de lado sus necesidades aún cuando no sean compatibles con la colectividad.
Por lo tanto, estado laico y estado democrático son los grandes temas que deben interesar al Congreso frente a una sociedad multicultural que requiere afianzar las garantías sociales y políticas, donde la identidad y las aspiraciones individuales deben ser respetadas, lo que se llevará a cabo en la medida que se afirme la participación colectiva en los asuntos públicos.
Como legisladores federales debemos estar concientes que somos parte del Estado mexicano, por tanto, tenemos la obligación de ser respetuosos con nuestro marco legal, de exigir que los actos emanados de quienes participan en la vida pública y social de nuestro país sean en estricto apego al derecho y al total respeto de las instituciones, evitando su vulnerabilidad y garantizando en todo momento la laicidad del Estado sabedores que ésta es la garantía de la democracia y de la tolerancia, lo que representa el fortalecimiento del Estado democrático y de derecho.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con
Punto de Acuerdo
Primero. Esta soberanía como uno de los Poderes de la Unión manifiesta su total oposición a las manifestaciones de cualquier naturaleza que vulneren la laicidad de las instituciones del Estado mexicano.
Segundo. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Gobernación para conducirse con estricto apego a la legalidad, principalmente garantizando el cumplimiento del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a hacer valer dentro de su competencia el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, en que éstas no podrán oponerse a las leyes del país o a sus instituciones en reuniones públicas o actos del culto religioso.
Tercero. Esta soberanía exhorta a todas las instituciones del Estado mexicano a actuar apegadas a los principios de laicidad del mismo.
Cuarto. Esta soberanía se pronuncia a favor de exigir a todos los sectores eclesiásticos que participan en el debate público sobre el tema del aborto u otros temas a ser respetuosos de la legalidad, actuando con prudencia y tolerancia, sin aprovechar la posición o trascendencia social que ocupen en el criterio de la ciudadanía, bloqueando el derecho fundamental de estos de recibir información veraz, clara y objetiva.
NOTAS
1 Molina Ramírez Tania. La Jornada. 1 de abril de 2007.
2 http://www.oem.com.mx/elsoldeleon/notas/n217937.htm
3 Cuenca Alberto. El Universal. Miércoles 11 de abril de 2007.
4 Llanos Samaniego Raúl, Evitar oscurantismo y manipulaciones. La Jornada 1 de abril de 2007.
5 Ferrajolli, Luigi. La cuestión del embrión entre derecho y moral.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 13 días del mes de abril de 2007.
Diputada Silvia Oliva Fragoso (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS LEGISLADORES DEL CONGRESO DE PUEBLA A EMITIR UN VEREDICTO IMPARCIAL QUE SOLUCIONE EL CONFLICTO LIMÍTROFE QUE AQUEJA LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS CHOLULA Y PUEBLA, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES MARÍA DEL CARMEN PARRA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se someta a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La incertidumbre jurídica es un mal lacerante para nuestra sociedad, en especial la situación que los habitantes pertenecientes a los municipios de San Andrés Cholula y Puebla han venido sufriendo, siendo presas de un estado de indefensión e incertidumbre jurídica por el tiempo que ha durado este conflicto limítrofe; situación que ha resultado desgastante desde el punto de vista económico, político y social. Este conflicto ha ido escalando hasta las instancias más altas de revisión constitucional, siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la instancia que se refirió al respecto; quedando en manos del honorable Congreso del estado de Puebla su resolución final.
El propósito de este exhorto es el excitar que el honorable Congreso del estado de Puebla, tome en consideración el estado de indefensión en el quedan los particulares afectados por esta incertidumbre jurídica, así mismo pedirle a los legisladores locales procedan a cumplir cabalmente dentro de un marco jurídico, ético e imparcial a terminar con la incertidumbre de las colonias, comercios y universidades que se encuentran asentadas de la zona en disputa. Para ello, sugerimos a los señores diputados locales que tomen a consideración los elementos expuestos ante la SCJN que contienen valiosos estudios técnicos, jurídicos e históricos sobre este conflicto.
También le hacemos la respetuosa encomienda a los señores diputados locales a que revisen los puntos expuestos por ambos municipios en especial el acuerdo signado entre los ediles Paredes – Paisano en el 2002, el cual incluye un apartado de consulta ciudadana que estimamos es un elemento importante en la resolución de esta cuestión. Con pleno respeto a la autonomía del Libre y Soberano Estado de Puebla, y a las atribuciones de su honorable Congreso, nos permitimos el dar voz a las inquietudes de los ciudadanos a los cuales tenemos el privilegio de representar, quienes nos han solicitado exhortemos al honorable Congreso del estado de Puebla a que consideren la necesidad de que este conflicto se resuelva apegado a un marco jurídico justo e imparcial, elaborando un análisis detallado de los límites territoriales; dicho exhorto no busca una inmediata solución, sino una solución duradera, ya que lo únicos afectados son los ciudadanos, los que padecen día a día las consecuencias de esta controversia en diversos aspectos de su vida cotidiana.
Manifestamos nuestra preocupación en cuanto a la solución definitiva de este conflicto pues es una demanda de nuestros representados el que se derive una mayor estabilidad política, jurídica y social a fin de garantizar el pleno desarrollo económico y social de las regiones afectadas. Sin duda alguna, estas acciones se fundamentan a fin de convenir y garantizar el ofrecimiento a la comunidad de los servicios básicos, como son la seguridad publica, el servicio de limpia, el cobro del impuesto predial, el alumbrado público, la pavimentación, entre otros. Este punto de acuerdo, es ante todo un documento respetuoso, el cual pretende exhortar a que los legisladores locales analicen de manera detenida y apegada a una analítica revisión dicho asunto, respetando ante todo sus tiempos y asuntos legislativos pendientes a solucionar, para no volver a caer en los errores del pasado, que muestran que los conflictos arreglados "al vapor", van en propio detenimiento de una adecuada solución, propiciando futuros enfrentamientos entre ambos municipios, situación que no beneficia al propio estado.
Sabemos de las enormes cargas de trabajo que tienen que resolver los legisladores del Congreso local, y respetamos ante todo el criterio y dominio de éstos en la resolución de conflictos; nuestra petición proviene de la justa necesidad del pueblo de expresar sus inquietudes y necesidades a través de la garantía de audiencia. Nosotros como legisladores federales, tenemos el deber ante los ciudadanos de expresar en este foro, la máxima tribuna de la república, sus peticiones ante este, así como ante los poderes Ejecutivo y Judicial.
Hemos tenido el privilegio de poder dar seguimiento a lo actuado por la SCJN, y consideramos en nuestro carácter de legisladores federales que se ha proporcionado hasta ahora la cantidad necesaria de elementos técnicos, jurídicos e históricos para que el Congreso del estado de Puebla pueda definir de fondo esta controversia tan lacerante para las relaciones municipales. Otro de los objetivos es aportar los elementos requeridos, para que los proyectos de ambos municipio se lleven a cabo para contribuir al crecimiento ordenado del mismo, además de dar a conocer la situación de Puebla con relación a los 2 mil 400 municipios existentes en el país, y los 217 pertenecientes al Estado Libre y Soberano de Puebla.
Finalmente, las resoluciones legales que ponen fin a cualquier controversia, nunca dejarán satisfecha a la parte que no obtiene lo solicitado y este caso no es la excepción; sabemos que muchos empresarios no están instalando sus negocios, o familias que habitan en la zona en conflicto no tiene la obligación de observar un pleito de autoridades, tomando en cuenta además que hay firmas de origen local, regional, nacional e internacional que pueden suspender sus proyectos de inversión. Sin embargo, por el bien del estado de Puebla y sus habitantes, principalmente de los dos municipios referidos, es prudente hacer un llamado a los involucrados a la cordura, sujetándose a la ley y al estado de derecho, que han sido, son y seguirán siendo la mejor garantía de una convivencia social armónica. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Que esta honorable Cámara de Diputados, exhorte de manera respetuosa a los legisladores integrantes del honorable Congreso del estado de Puebla, encargados de definir y delimitar el territorio en disputa, referente al conflicto de límites territoriales que aquejan tanto al municipio de San Andrés Cholula como al municipio de Puebla, a efecto de que los legisladores locales establezcan y puedan emitir un veredicto imparcial, en cuanto a la resolución del conflicto limítrofe.
Diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA PLANTA NUCLEOELÉCTRICA DE LAGUNA VERDE RESPECTO A LOS RIESGOS EPIDEMIOLÓGICOS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO MOISÉS DAGDUG LÜTZOW, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales que integran la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en el artículo 93, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se crea una comisión investigadora de las condiciones de riesgo epidemiológico de la población; ambiente y recursos naturales de la región; la evaluación en sitio al Plan de Emergencia Radiológico Externo; y la seguridad con que se desempeña la Central Núcleoeléctrica Laguna Verde en Veracruz (CNLV).
Consideraciones
En 1970 se decidió licitar, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, las unidades 1 y 2 de la Central Núcleoeléctrica Laguna Verde, asignándose el contrato a General Electric, que para salvarse de la quiebra lanzó apresuradamente al mercado los reactores nucleares tipo Marck1; Marck2; como los instalados en Laguna Verde y Marck3; que según el informe de Charles E. Reed mostrado el 30 de mayo de 1987 ante la opinión pública1 y mantenido en secreto desde 1975, señaló problemas en la construcción de los reactores tales como, metales en deterioro; sistemas inadecuados de enfriamiento; peligros para los trabajadores de las plantas y maniobras sucias con que actuaron los directivos para engañar a sus clientes, poniendo en riesgo la vida de millones de personas.
La ralladura de la vasija del reactor 2, de aproximadamente 21 centímetros de longitud, por 4.8 milímetros de profundidad que se originó durante el montaje, fue estudiada con diversas técnicas y evaluada por el organismo regulador en la materia. Sin embargo, es recomendable que expertos en la materia puedan aclarar en la recarga mas próxima posible, si se encuentra en condiciones de operación y amplia seguridad para la población.
El envolvente del reactor número 1 presenta fisuras longitudinales del 12.3 por ciento en un perímetro de 13.11 metros de la superficie total, con pulgada y media de profundidad menor al 2 por ciento, por lo que es recomendable que expertos en la materia totalmente independientes emitan su opinión sobre los riesgos existentes y el plan para enfrentarlos.
El Plan de Emergencia Radiológico Externo (PERE) en el papel está bien planteado. Sin embargo, cuenta con poco personal capacitado y las rutas de evacuación en muchos casos están destruidas y son muy angostas por lo que en caso de un evento de emergencia, se provocarían accidentes y embotellamientos y las rutas quedarían colapsadas. Es necesario constatar si el PERE cumple con las condiciones para que opere la planta.
También, resulta importante que se verifique el modelo de difusión atmosférica que se usa actualmente, si es un modelo adecuado para la topografía en la que se encuentra enclavada la CNLV. Conocer en su caso si ya se cuenta con otro modelo actualizado, para que en cualquier día del año, en caso de una emisión, pueda saberse la dirección que tomaría la nube radioactiva y por tanto contar con suficiente tiempo para evacuar a las poblaciones por donde probablemente pasaría el material radioactivo.
Asimismo, se debe constatar el grado de avance en sitio de las recomendaciones de la auditoria realizada del 22 de noviembre de 2000 al 31 de enero de 2001 por la empresa alemana TUV Technische Anlagentechnik GMBH, y si su atención y cumplimiento son suficientes para que las estructuras de organización y administración corporativa no puedan considerarse que están al borde de la falla institucional, la misma que originó los tres accidentes nucleares más relevantes, el accidente en Windscale en 1957; el ocurrido en la isla de Tres Millas en 1979, en Estados Unidos y el más reciente sucedido en Chernobil en 1986 en la ex Unión Soviética, hoy Ucrania.
Resulta de suma importancia conocer el uso y disposición final de los desechos radioactivos, el tipo de tecnología que se usa; la situación en la que se encuentran los contenedores y cómo se renuevan; así como el plan de cierre de la planta para dar total y absoluta certidumbre a la ciudadanía.
Otro elemento necesario es la realización de un estudio epidemiológico del área circunvecina a la núcleoeléctrica por parte de una institución académica de reconocido prestigio, como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional que indique la posible contaminación del agua, la tierra y el aire por la radiación, los grados de salud de los habitantes; así como los posibles efectos sobre la flora y la fauna de la región y área de influencia de la CNLV; y los niveles de la misma a que estamos expuestos con la consecuente proliferación de enfermedades de cáncer y leucemia, malformaciones genéticas, fertilidad reducida, cambios cromosomáticos en la sangre, síndrome de Down, daños físicos y mentales, especialmente en la etapa prenatal, anemia aplástica que produce sensibilidad a infecciones tuberculosas, bronquitis, enfermedades virales cardiacas y circulatorias.
Con base en lo anterior, sometemos a la consideración de este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se crea una comisión investigadora de las condiciones de riesgo epidemiológico de la población, ambiente y recursos naturales de la región; la evaluación en sitio al Plan de Emergencia Radiológico Externo; y la seguridad con que se desempeña la Central Núcleoeléctrica Laguna Verde en Veracruz.
NOTAS
1 Reporte Reed publicado en el diario de Cleveland, Ohio The Plain Dealer, el sábado 30 de mayo de 1987 por James Lawles and Bill Sloat.
Diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), Sergio Hernández Hernández (rúbrica), Octavio Martínez Vargas (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Juan Manuel San Martín Hernández (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), Alberto López Rojas (rúbrica), Martín Zepeda Hernández (rúbrica), Raymundo Cárdenas Hernández (rúbrica), Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Mónica Fernández Balboa (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), David Mendoza Arellano (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos (rúbrica), Silvestre Álvarez Ramón (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica), Delio Hernández Valadés (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), Carlos Sánchez Barrios (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Andrés Lozano Lozano (rúbrica), Adriana Díaz Contreras (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Maricela Contreras Julián (rúbrica), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Cuitláhuac Condado Escamilla (rúbrica), Higinio Chávez García (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Rubén Aguilar Jiménez (rúbrica), Emilio Ulloa Pérez (rúbrica), Racial Pérez Cruz (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), María del Carmen Salvatori Bronca (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), María Mercedes Maciel Ortiz (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Modesto Brito González (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Ramón Almonte Borja (rúbrica), Maribel Luisa Alma Olvera (rúbrica), Hugo Eduardo Martínez Padilla (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Roberto Mendoza Flores (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), Juan Hugo de la Rosa García (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Rafael Franco Melgarejo (rúbrica), Robinson Uscanga Cruz (rúbrica), Carlos Roberto Martínez Martínez (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Humberto López Lena Cruz (rúbrica), Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica), José Luis Aguilera Rico (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), José Luis Varela Lagunas (rúbrica), José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero (rúbrica), Jorge Godoy Cárdenas (rúbrica), Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), Pablo Trejo Pérez (rúbrica), Aleida Alavez Ruiz (rúbrica), Jaime Cervantes Rivera (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Joaquín Humberto Vela González (rúbrica), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (rúbrica), Israel Beltrán Montes (rúbrica), Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Alberto Esteva Salinas (rubrica), Verónica Velasco Rodríguez (rúbrica), Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica), María Guadalupe Josefina García Noriega (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), José Luis Aguilera Rico (rúbrica), Erika Larregui Nagel (rúbrica), José Antonio Arévalo González (rúbrica), Gloria Lavara Mejía (rúbrica), César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), David Maldonado González (rúbrica), Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica), Santiago López Becerra (rúbrica), Francisco Martínez Martínez (rúbrica), Lourdes Alonso Flores (rúbrica), Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Pedro Landero López (rúbrica), Alejandro Martínez Hernández (rúbrica), Víctor Aguirre Alcalde (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cárdenas (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Faustino Soto Ramos (rúbrica), Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (rúbrica), Neptalí Garzón Contreras (rúbrica), Raúl Ríos Gamboa (rúbrica), Rafael Villicaña García (rúbrica), Alberto Amaro Corona (rúbrica), Pilar Guerrero Rubio (rúbrica), Sergio Augusto López Ramírez (rúbrica), Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Sonia Noelia Ibarra Franquez (rúbrica), Francisco Javier Calzada Vázquez (rúbrica), Erick López Barriga (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica), Odilón Romero Gutiérrez (rúbrica), Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica), Jesús González Macías (rúbrica), María Soledad López Torres (rúbrica), Juan Darío Arreola Calderón (rúbrica), Carlos Altamirano Toledo (rúbrica), Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), José Antonio Almazán González (rúbrica), Susana Monreal Ávila (rúbrica), María Eugenia Jiménez Valenzuela (rúbrica), Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Diego Cobo Terrazas (rúbrica), Jorge Emilio González Martínez (rúbrica), Faustino Javier Estrada González (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Alan Notholt Guerrero (rúbrica), Francisco Márquez Tinoco (rúbrica), Mario Vallejo Estévez (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández (rúbrica), Amador Campos Aburto (rúbrica), Víctor Hugo García Rodríguez (rúbrica), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica), Gloria Rasgado Corsi (rúbrica), Humberto Wilfrido Alonso Razo (rúbrica), Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Moisés Félix Dagdug Lügtzow (rúbrica), Daniel Torres García (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REDUCIR MEDIANTE LA SHCP, LA SCT, CAPUFE Y EL FARAC EL COBRO EN LA CASETA DEL POBLADO DE SAN MIGUEL, EN LA AUTOPISTA TIJUANA-ENSENADA, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR MANUEL RAMOS COVARRUBIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal por Baja California, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes
Considerandos
El sistema de infraestructura carretera de Baja California tiene una importancia vital no sólo para el estado sino para el país: 80 por ciento del turismo en nuestra entidad federativa se desplaza vía terrestre y el intenso flujo transfronterizo de vehículos ligeros y de carga se conectan con el importante sistema carretero del sur de California, lo que fomenta el flujo de mercancías, vehículos y personas.
La carretera de cuota Tijuana-Ensenada es el subsistema carretero de mayor flujo anual en Baja California: en 2002 se registró un aforo de 11 millones de vehículos por esta carretera.
La autopista Tijuana-Ensenada genera gran desarrollo económico y social para la región noroeste del estado, ya que por ella transita la mayor parte del turismo que toca tierras cachanillas en Baja California.
Para el movimiento por tierra de la carga que tiene como origen o destino el puerto de Ensenada, las tres vías de mayor importancia son la autopista Tijuana-Ensenada y las carreteras federales Tijuana-Ensenada y Tecate-Ensenada. La autopista es de altas especificaciones (4 carriles y 2 cuerpos) y a través de ella se transportan los mayores flujos de carga manejados. Las tres vías indicadas son los enlaces básicos para comunicar el puerto con la red carretera principal de EUA.
Dicha autopista, concesionada al Banobras-Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), es operada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) y tiene una longitud de 89.540 kilómetros.
Este corredor turístico es importantísimo por la cercanía con la frontera, pues por los atractivos de la zona fomenta el turismo local y el extranjero, dejando una importante derrama económica para nuestro estado cada año.
Los turistas norteamericanos, que en su mayoría se trasladan por carretera, no pueden evitar el paso por Playas de Rosarito, sin duda uno de los destinos turísticos más bellos con que cuenta la región, y necesariamente pasan por la autopista multimencionada.
Los tramos de operación con que cuenta son los siguientes:
Rosarito-La Misión, con un tramo carretero que tiene una longitud de 29.947 kilómetros, y el lugar de la caseta se encuentra en el municipio de Playas de Rosarito (35+427).
La Misión-Ensenada, con un tramo carretero que tiene una longitud de 33.765 kilómetros, cuya caseta se encuentra en el poblado de San Miguel, en Ensenada (88+599).
Tijuana-Rosarito
52 pesos para autobuses de 2 y 3 ejes
50 pesos para camiones de 2 y 3 ejes
63 pesos para camiones de 4 y 5 ejes
73 pesos para camiones de 6 y 9 ejes
52 pesos para autobuses de 2 y 3 ejes
50 pesos para camiones de 2 y 3 ejes
63 pesos para camiones de 4 y 5 ejes
73 pesos para camiones de 6 y 9 ejes
54 pesos para autobuses de 2 y 3 ejes
52 pesos para camiones de 2 y 3 ejes
65 pesos para camiones de 4 y 5 ejes
76 pesos para camiones de 6 y 9 ejes
Año con año, durante todo el funcionamiento de la autopista desde su inicio, los aumentos se han distribuido equitativamente entre las tres casetas y ahora llama la atención que se repercuta sólo en la caseta de San Miguel.
Los automovilistas resintieron de manera sorpresiva un aumento de 26 a 29 pesos para autos y motos en la caseta de entrada en Ensenada, la cual comprende un tramo de 33.5 kilómetros, de La Misión hasta El Sauzal.
Con relación al cobro para camiones y autobuses, el aumento fue de 2 pesos, es decir, de 52 a 54 pesos para los primeros, y de 63 a 65 pesos para los segundos.
Inexplicablemente, el cobro se mantendrá de 26 pesos en las casetas de Playas de Tijuana y de Playas de Rosarito; esto jamás había ocurrido.
Ante el aumento de más del 11.5 por ciento sobre el cobro de las casetas de peaje, viajar de Tijuana a Ensenada por la carretera escénica resultará más caro.
Esta situación genera repercusiones negativas en la economía de Ensenada, en los diferentes sectores productivos y en especial en el turismo, toda vez que el turista estadounidense es muy sensible a cualquier aumento en el cobro de los servicios.
Esto puede tener aspectos que vayan en desequilibrio de la economía porque se favorece en un momento dado el tránsito hacia la zona de Rosarito, cuya actividad principal es el turismo, en detrimento de la ventaja que pudiera haber hacia Ensenada.
Este fenómeno ocurre 5 kilómetros antes de llegar a la caseta de Playas de Rosarito y permite a los automovilistas y transportistas librarse del pago de peaje al utilizar la salida por el poblado de Puerto Nuevo, que dirige hacia el Corredor 2000, el que desemboca con la carretera Tijuana-Ensenada y conecta con la caseta de Tecate recorriendo 42 kilómetros; llegando a la caseta, se puede optar por utilizar el camino que nos lleva a la autopista hacia Mexicali, o nos traslada hasta la mesa de Otay, en Tijuana.
Hemos sido informados acerca de la posible solución para reducir el costo de la caseta de peaje situada en el poblado de San Miguel por parte del licenciado Adolfo Xavier Zagal Olivares, subdirector de Planeación, Operación Técnica y Desarrollo del Banobras.
De acuerdo con la explicación de las autoridades de la SCT y de Capufe para la solución de este problema y para que se pueda reducir el cobro de la caseta en San Miguel, se requiere hacer una obra en la salida que se encuentra en el poblado de Puerto Nuevo, es decir, crear gaza de salida y caseta de cobro de peaje en ese lugar.
De esa forma se evitaría la fuga de automóviles por esa zona y así propiciar que los automovilistas y transportistas paguen sus cuotas, pero lo más importante es que se podría disminuir el cobro de la caseta de San Miguel y de esa forma se siga distribuyendo equitativamente el cobro de las casetas de peaje por las que se transita la carretera escénica Tijuana-Ensenada.
A pesar de los fuertes ingresos que se generan para la autopista por este sorpresivo incremento, los servicios, el mantenimiento, la conservación y el estado de ésta dejan mucho que desear.
El año pasado hubo un aforo de más de 12 millones de vehículos, que pagaron un peaje mínimo de 26 pesos en cada una de las tres casetas. Estos datos hacen ver que dicha carretera es autosuficiente y genera ganancias considerables.
Amigos legisladores: por la ubicación de su territorio, la distribución de sus recursos naturales, su importante afluencia turística y sus corrientes migratorias, es urgente atender el problema, ya que esta zona, situada entre el poblado de San Miguel y La Misión, tiene gran significado económico para Baja California.
Pese a que esta carretera es la principal vía de comunicación de la región noroeste de Baja California en la actualidad, es posible que no se hayan valorado adecuadamente las repercusiones económicas que se puedan originar para Ensenada, por motivo de la actualización de tarifas de la red de autopistas federales concesionadas para 2007, con la decisión de incrementar de manera tan desproporcionada el cobro únicamente en la caseta de peaje del poblado de San Miguel, que abarca 33.765 kilómetros, desde Ensenada hasta La Misión.
Esta región es rica en recursos naturales y posee una capacidad productiva extraordinaria en materias agrícola, acuícola pesquera, vitivinícola, y turística, por lo que resulta un tanto peligroso haber aplicado un aumento de 11.5 por ciento para los automóviles, cifra que es tres veces el índice inflacionario reconocido oficialmente.
No podemos dejar de mencionar que Ensenada es el segundo puerto de cruceros más importante de la Republica Mexicana, además de formar parte del corredor del vino de Baja California.
Debido a lo señalado, pongo a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, para que a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Publico, y de Comunicaciones y Transportes; de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; y del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, busquen los mecanismos para reducir el cobro de la caseta de peaje del poblado de San Miguel, en Ensenada, Baja California.
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Publico, y de Comunicaciones y Transportes; al director general del organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos; y al director de Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas para que con la mayor brevedad busquen los mecanismos adecuados a fin de que se reduzca el cobro de la caseta de peaje del poblado de San Miguel, en Ensenada, Baja California, y la distribución del aumento del cobro sea equitativo en las tres casetas de peaje que tiene la autopista escénica Tijuana-Ensenada, como históricamente se habían establecido las mencionadas tarifas.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades citadas en el punto resolutivo anterior para que de manera urgente se realicen las obras de infraestructura a fin de crear la salida necesaria junto con la caseta de cobro al peaje ubicada en la salida de Puerto Nuevo para evitar la fuga de automóviles y transportistas por dicho lugar y se restablezca el aumento equitativo en la caseta de peaje situada en el poblado de San Miguel, en el municipio de Ensenada.
Palacio Legislativo, a 17 de abril de 2007.
Diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, A LA SE Y A LA SHCP A REGULARIZAR LOS MICRONEGOCIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ECONOMÍA INFORMAL, A CARGO DEL DIPUTADO ROLANDO RIVERO RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Rolando Rivero Rivero, diputado federal integrante de la LX legislatura de este honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, expongo la siguiente preposición con punto de acuerdo de urgente resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La visión del autoempleo creado durante los últimos seis años derivó en una crisis de sobrevivencia para los microempresarios que se incorporaron ha esta nueva figura productiva.
De acuerdo con los datos de las encuesta de ingreso gasto de los hogares realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en los años de2005 y parte de 2006, el 12 por ciento, más de 3 millones, decidieron emprender negocios propios en la economía formal y arrojaron un balance negativo, resintiendo pérdidas en sus proyectos productivos.
En aquellos que se encuentran en la escala de ingresos más baja de 1.5 a 2.5 salarios mínimos, las utilidades de sus negocios cayeron 9 por ciento anual en los últimos 5 años.
Lo anterior obedece a que enfrentan un mercado con dificultades de expansión y elevada competencia, lo que trajo consigo un alto endeudamiento de los negocios impulsados por el programa nacional de financiamiento al microempresario.
Lejos de darse una expansión y consolidación de los micronegocios, se originó una creciente competencia con los negocios establecidos en el mismo giro de la economía formal.
Inclusive, esto ha conducido a que los nuevos microempresarios estimen que la competencia excesiva desleal y las condiciones en que operan, donde el poder adquisitivo y la competencia son dos factores clave para el éxito de estos proyectos, no lograron combatir la existencia de negocios ubicados en el mismo ámbito pero realizados en la economía informal.
Las estadísticas revelan que existen más de 16 millones de personas trabajando en el sector informal de la economía, mientras que aquellos que mantienen un vínculo laboral formal contabilizaron más de 22 millones de mexicanos, representando el 70 por ciento los establecimientos que están en el ámbito informal.
Lo anterior, unido a que la inversión privada total por trabajador asegurado permanente en IMSS representa variaciones del 6 por ciento anual y un costo actual de 22 mil pesos por trabajador, las condiciones se tornan todavía más difíciles para la economía formal; por estas razones urge que la SHCP realice unos estudios que le pueda dar poder o potestad a los estados, los municipios y al Distrito Federal para que sean ellos los que permitan reagrupar al comercio informal y al ambulantaje en sus respectivos territorios para lograr la fiscalización, que representaría una disminución considerable a la desleal competencia que representan ambas economías.
Punto de Acuerdo
Único. Dadas las estadísticas anteriores, urge un ataque frontal por parte de las autoridades en los tres ámbitos de gobierno, así como de la Secretaría de Economía y la SHCP, para lograr que los micronegocios de la economía informal se regularicen dentro de la economía formal para evitar competencias desleales que eviten el desaliento de los que se encuentran en la economía formal.
Diputado Rolando Rivero Rivero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A OFICIALIZAR EL 1 DE DICIEMBRE COMO DÍA DEL QUÍMICO, A CARGO DE LA DIPUTADA BEATRIZ EUGENIA GARCÍA REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal Beatriz Eugenia García Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a oficializar el 1 de diciembre como Día del Químico, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La química, como parte de la ciencia, es un patrimonio universal. La industria química fabrica los productos que garantizan nuestra calidad de vida. Desde las necesidades más básicas, como la salud, la alimentación, o la higiene, hasta aquéllas que nos permiten disfrutar de un mayor bienestar.
Gracias a la química, el hombre ha duplicado su esperanza de vida en los últimos cien años. Sin las aportaciones de esta fascinante ciencia no se podrían garantizar ni la calidad de vida ni el bienestar actual. Desde los medicamentos y fármacos que protegen nuestra salud o los productos que protegen y multiplican el rendimiento de las cosechas, hasta el agua potable o un ordenador, nada existiría sin la química y las empresas que la desarrollan.1
Al respecto, cabe destacar que durante los próximos 30 años la población mundial aumentará en 2 mil millones de personas, que necesitarán alimento, vestido, vivienda, proteger su salud y vivir en un entorno acogedor. Para superar todas estas carencias será la química la ciencia a la que habrá que dirigirse durante el próximo milenio, y es por ello que el estudio de esta ciencia tomará un mayor auge en los próximos años en el mundo entero.
Por otra parte, desde hace tiempo insistentes campañas ecológicas alertan a la humanidad sobre una de las causas más graves del deterioro ecológico: el agujero en la capa de ozono. Las emisiones de ciertos gases –los clorofluorocarburos (CFC)– que emanan de algunas fábricas están acabando con un filtro indispensable para mitigar los efectos dañinos que las radiaciones ultravioleta de los rayos solares pueden provocar sobre la salud.
El que descubrió esta amenaza fue el científico mexicano, Mario Molina (México 1943), quien el 11 de octubre de 1995 recibió el Premio Nobel de Química, en reconocimiento de sus investigaciones en este campo. El galardón fue concedido también a su colaborador, el químico Sherwood Rowland, de la Universidad de California, artífice con él de estos descubrimientos, y al danés Paul Crutzen, del Instituto Max Planck de Química, de Mainz, Alemania.
En la actualidad, además de Mario Molina, los químicos mexicanos de mayor trascendencia mundial son Andrés Manuel del Río, descubridor del vanadio, y Luis E. Miramontes, inventor del primer anticonceptivo oral y galardonado con el Premio Andrés Manuel del Río" en 1986.
En México el estudio de la ciencia química ha presentado un importante auge, no sólo en el número de alumnos que estudian y egresan de alguna carrera relacionada con la química, sino también en la participación de estos profesionistas en el mercado laboral.
Datos a nivel nacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP) nos muestran que el número de alumnos que se han inscrito a algunas de las carreras de química, ingeniería química, química industrial y tecnología de los alimentos se ha incrementado considerablemente en los últimos años, al pasar de cerca de 24 mil alumnos inscritos durante el ciclo escolar 1997-1998 a 32 mil, aproximadamente, en el ciclo 2004-2005. Además, estos datos muestran que los alumnos egresados en el ciclo escolar 1997-1998 fueron cerca de 3 mil 200, mientras que en el ciclo 2004-2005 egresaron aproximadamente 4 mil 100, que estudiaron alguna de estas carreras.
Además, de estos datos se observa que el número de alumnos que se han inscrito a la carrera de química farmacéutico-biológica a pasado de cerca de 16 mil alumnos en el ciclo escolar 1997-1998 a, aproximadamente, 21 mil en el ciclo 2004-2005. Además, tenemos que en el ciclo escolar 2004-2005 egresaron aproximadamente 2 mil 800 químico-fármaco-biólogos a nivel nacional, aproximadamente un 16 por ciento más que en el ciclo escolar 1997-1998.
Por otra parte, con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al cuarto trimestre del 2006 observamos la participación de los profesionales que estudiaron alguna de éstas carreras en el mercado laboral.
Las cinco principales ramas o sectores de actividad económica en que se distribuyen las personas ocupadas que estudiaron alguna de las carreras de química, ingeniería química, química industrial y tecnología de los alimentos, y la carrera de química farmacéutico-biológica son la industria manufacturera; los servicios sociales; el comercio; los servicios profesionales, financieros y corporativos; y finalmente, gobierno y organismos internacionales.
Sin embargo, cabe destacar que mientras 34 de cada 100 profesionales ocupados que estudiaron alguna de las carreras de química, ingeniería química, química industrial y tecnología de los alimentos laboran en la industria manufacturera, mientras que 57 de cada 100 ocupados que estudiaron la carrera de química farmacéutico-biológica laboran en servicios sociales.
Se observa además que las cinco principales ocupaciones de las personas que al último trimestre del 2006 estuvieron trabajando y que estudiaron alguna de las carreras antes mencionadas son: directores, gerentes y administradores de área o establecimientos, empresas, instituciones y negocios públicos y privados; químicos y farmacólogos; arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros químicos, industriales y similares; profesores de preparatoria y equivalentes; y agentes y representantes de ventas, corredores de valores, seguros, bienes raíces, subastadores y rematadores.
Observamos que 11 de cada 100 ocupados que estudiaron alguna de las carreras de química, ingeniería química, química industrial y tecnología de los alimento se ocupan como directores, gerentes y administradores de área o establecimientos, empresas, instituciones y negocios públicos y privados. Por otra parte, 41 de cada 100 químicos fármaco-biólogos se ocupan como químicos y farmacólogos.
De éstos datos, se observa además que el número total de personas ocupadas en el 2006 que estudiaron alguna de las carreras de química, ingeniería química, química industrial y tecnología de los alimentos fue de 107 mil personas, de las cuáles el 39.4 por ciento son mujeres y 65.1 por ciento son hombres; mientras que de las personas que estudiaron la carrera de química farmacéutico-biológica el número total de ocupados en el 2006 fue de 46.6 mil personas, de las cuáles el 65.4 por ciento fueron mujeres y 34.6 por ciento hombres.
Cabe destacar que, según cifras de la ENOE, en el 2006, del total de profesionistas ocupados en el país la proporción de mujeres que se reportaron como ocupadas fue de 40.1 por ciento, mientras que la de hombres fue de 59.9 por ciento. Lo anterior implica que un considerable porcentaje de la población ocupada en el 2006 estudió alguna de estas carreras y por lo tanto tienen una importante presencia en el mercado laboral.
Por lo tanto, dada la importancia que tiene la química en la salud, la alimentación, la cultura, en la industria manufacturera, en el cuidado del medio ambiente, y en la vida diaria en general, y que en México los estudiosos de esta ciencia han realizado importantes aportaciones para la sociedad en general y que la participación en el mercado de lo profesionales que estudiaron esta ciencia se ha vuelto más importante debido a la transición, tanto epidemiológica como económica que ha enfrentado nuestro país en los últimos años, se propone oficializar el Día del Químico para, de esta forma, otorgar un reconocimiento a estos profesionales que tanto han hecho por el bienestar de la sociedad mexicana.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a oficializar el 1 de diciembre como Día del Químico.
Nota
1 http://www.feique.org/
Diputada Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ASIGNAR MEDIANTE LA PGR RECURSOS ETIQUETADOS A LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA SOLEDAD LIMAS FRESCAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La diputada María Soledad Limas Frescas, integrante de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, suscribe, con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con carácter de urgente resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al procurador general de la República a asignar de inmediato el recurso etiquetado para la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia Contra las Mujeres, a efecto de dar continuidad a las investigaciones, peritajes y capacitación en las indagatorias de las muertes y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como en todos aquellos estados donde se ha dado ésta lamentable situación.
Antecedentes
Fue necesaria la creación de un órgano especial en Ciudad Juárez Chihuahua, que se diera a la tarea de realizar la investigación y esclarecimiento de las mujeres asesinadas.
Por tal motivo se constituyó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres.
Se reconocen los esfuerzos realizados por la Procuraduría General de la República en la materia que nos ocupa; sin embargo, aún falta trabajo que hacer, porque todavía existe impunidad en algunos de los homicidios cometidos en contra de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y otras entidades de la República Mexicana.
Consideraciones
Resulta de vital importancia que se destinen, del presupuesto correspondiente a la Procuraduría General de la República para el ejercicio fiscal 2007, recursos suficientes a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia Contra las Mujeres, a fin de que cumpla cabalmente los tres objetivos para la que fue creada, que son:
II. Establecer un modelo tipo de atención a mujeres y niñas afectadas por actos de violencia relacionados con su género en el país, así como establecer mecanismos de cooperación y coordinación con las instancias locales, nacionales e internacionales que coadyuven en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, para contribuir a la constitución de su ciudadanía.
III. Diseñar y aplicar estudios y políticas públicas con perspectiva de género para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el país; así como especializar a ministerios públicos, peritos, investigadores y policías, tanto federales como locales, en la atención de delitos relacionados con dicha violencia.
Por lo anteriormente expuesto, se exhorta a la Procuraduría General de la República a destinar de su presupuesto una mayor participación a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia Contra las Mujeres, para que ésta siga dando resultados dentro del ámbito de su competencia en la investigación científica, objetiva, profesional y responsable de todos aquellos homicidios de mujeres que tengan como móvil lo sexual, la discriminación y la naturaleza de género.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, aprobar el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta de manera respetuosa y urgente a que la Procuraduría General de la República asigne a la brevedad posible los recursos necesarios y suficientes a fin de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres pueda cumplir con su mandato de forma independiente e imparcial en todo y cada uno de sus objetivos para los que fue creada, y que en los subsecuentes presupuestos asignados a la Procuraduría General de la República sean etiquetados recursos suficientes a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia Contra las Mujeres, a fin de que la misma pueda dar cabal cumplimiento a su cometido.
Diputada María Soledad Limas Frescas (rúbrica)
Excitativas
El que suscribe, diputado federal Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en la dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a esta Presidencia que tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a efecto de que se dictamine, con la mayor brevedad, para su presentación ante el Pleno de este órgano legislativo, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de rectores de instituciones públicas y demás funcionarios universitarios, presentada por el diputado Rogelio Flores Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 21 de abril de 2005 el diputado Rogelio Flores Mejía, del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. La referida iniciativa establece que los rectores de las universidades e instituciones públicas de educación superior, así como los funcionarios y empleados universitarios que cumplan funciones de dirección, vigilancia, revisión y auditoría en la administración de la universidad, deben ser considerados por la ley como servidores públicos con todos los derechos y obligaciones que establecen nuestra Constitución y sus leyes reglamentarias.
3. Lo anterior en razón de que los mencionados funcionarios manejan montos importantes de recursos públicos federales y estatales que provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos.
4. La iniciativa en comento se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, sin que a la presente fecha se haya presentado el dictamen correspondiente.
Consideraciones de derecho
Primera. El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las comisiones, en nombre de la Cámara, para que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de que se les turnó un asunto y, si no fuere suficiente, las emplazará para día determinado y, si ni así presentaren el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Segunda. Es el caso que el 21 de abril de 2005, la Presidencia de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que los rectores de las Universidades Públicas y los demás funcionarios y empleados universitarios que cumplan funciones de dirección, vigilancia, revisión y auditoría en la administración de la Universidad, sean considerados como servidores públicos.
Tercera. Es de señalarse que han transcurrido casi dos años y la comisión referida, no ha presentado al Pleno de esta Cámara el dictamen respectivo, incumpliendo así lo establecido en el artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece a las comisiones cinco días hábiles para presentar el dictamen después de aquél en que se les turnó un asunto, y si no fuere suficiente, se le emplazará para día determinado, y si ni así presentaren el dictamen, se propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted, Presidente de la Cámara de Diputados en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, atentamente pido
Único. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen respectivo a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de rectores de instituciones públicas y demás funcionarios universitarios, presentada el 21 de abril de 2005 por el diputado Rogelio Flores Mejía, integrante de la LIX Legislatura por el Partido Acción Nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2007.
Diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica)
A LAS COMISIONES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE GOBERNACIÓN, A SOLICITUD DEL DIPUTADO ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicita que excite a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación para que presenten el dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2, 3 y 7 de la Ley del Banco de México; y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, del PRD, en sesión del Pleno de esta honorable asamblea del 11 de diciembre de 2003, correspondiente a la LIX Legislatura.
Consideraciones
En la exposición de motivos de la citada iniciativa, el diputado que promueve señala:
Que el principal propósito de la iniciativa se dirige a que mediante la ampliación de facultades al Banco de México y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se obtengan recursos financieros necesarios para invertir en el desarrollo de infraestructura productiva, que signifique la reactivación de sectores económicos y fundamentalmente que representen un fuerte impacto en la generación de empleos e incrementen la eficiencia económica, principalmente en aquellas regiones del país donde se registran los mayores niveles de pobreza y en los sectores que se consideran estratégicos y prioritarios para el desarrollo nacional.
Que la iniciativa de ley se oriente a definir la actuación del Banco de México, no sólo como entidad que procura la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional sino como promotora del crecimiento económico y el empleo.
Que dada la situación económica por la que atraviesa nuestro país se requiere que las inversiones se realicen de manera inmediata a fin de coadyuvar a la disminución de las condiciones de pobreza en que viven grandes núcleos de la población.
Que se trata de fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, conjuntamente con las dependencias que atiendan programas sociales y las actividades consideradas como estratégicas para la nación, petróleo, refinación de petróleo, petroquímica e industria eléctrica programen y ejerzan los recursos públicos necesarios para superar la emergencia económica actual.
Que ampliar el objetivo prioritario del Banco de México significa, también, comprometer a la institución y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la promoción del desarrollo nacional, y por lo mismo en eliminación de los subejercicios presupuestales en el rubro de inversión pública que durante los últimos años han mostrado.
Que al mismo tiempo se trata de obtener mejores fuentes de financiamiento en administración, plazo y costo que sustituyan la contratación vía proyectos de infraestructura productiva de largo plazo que a la fecha acumulan compromisos estimados en 852 mil 220.0 millones de pesos, de los cuales 119 mil 202.5 millones de pesos corresponden a la CFE y 733 mil 17.5 millones de pesos a Pemex, que contratados en dólares o indexados al tipo de cambio tienden a convertirse en instrumentos de altísimo riesgo para la economía y la sociedad mexicana.
Por lo anteriormente expuesto y considerando que las premisas contenidas en la iniciativa en comento mantienen su plena vigencia, me permito someter a la consideración de esta asamblea la siguiente
Excitativa
Único. Se excita a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación para que presenten el dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 2, 3 y 7 de la Ley del Banco de México; y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, en sesión del Pleno de esta honorable asamblea del 11 de diciembre de 2003, correspondiente a la LIX Legislatura.
Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JUAN FRANCISCO RIVERA BEDOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Juan Francisco Rivera Bedoya, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicita que excite a la Comisión de Gobernación de la honorable Cámara de Diputados, en razón de lo que a continuación expone.
El 14 de noviembre de 2006, presenté ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, misma que en la parte sustantiva propone la participación de las autoridades locales, tanto estatales como municipales, a fin de que en los lugares en los que se establezcan estos centros de juegos sean los más idóneos, en que se cause las menores molestias a los vecinos y en general a la comunidad, atenuando en la medida de lo posible los impactos negativos que éstos pudieran tener.
Es así como se establece en la iniciativa de referencia que deberán de ser los cabildos quienes emitan una autorización previa al otorgamiento de permisos por parte de la Secretaría de Gobernación, para el establecimiento de estos centros de juegos, ya que deberá responder al uso del suelo correspondiente y a los impactos en la convivencia social que los mismos tenderán en su entorno.
En este mismo sentido se plantea que las autoridades locales participen conjuntamente con las federales en la supervisión de la operación de dichos centros de juegos y sorteos, a fin de que se apeguen estrictamente a la normatividad que los rige.
Por otro lado sabemos que derivado de los permisos que se otorgan, la Secretaría de Gobernación obtiene ingresos considerables, que en justicia deberían de beneficiar también a las comunidades en las que se establecen estos centros, por ello se propone que los municipios y las autoridades estatales participen de dichos ingresos, estipulándose que estos ingresos se destinen, por disposición de la propia ley, a la beneficencia pública a través de los órganos locales que para el efecto existan. Ello en razón de que las autoridades municipales y estatales deberán destinar recursos adicionales para garantizar la seguridad pública en las zonas aledañas que pueden verse alteradas por el establecimiento de estos centros; así como diversas medidas de carácter preventivo y correctivo, que se deberán implementar actividades lúdico-adictivas como son las que se desarrollan en estos centros.
Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el tiempo ahí señalado ha transcurrido aún en demasía y que recientemente se ha presentado iniciativa de decreto para reformar la ley que se comenta, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, casi en el mismo sentido del contenido de la iniciativa que nos ocupa, ruego a usted señor Presidente, tenga a bien formular la excitativa solicitada, a la Comisión de Gobernación, a fin de que sea dictaminada la iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se modifican y adicionan los artículos 2o., 4o., 5o., párrafos primero y segundo, 7o., 11, 12, fracciones I y II, y 13, fracción I, de Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica)
A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN, DE JUSTICIA, Y DE DERECHOS HUMANOS, A SOLICITUD DEL DIPUTADO RAMÓN IGNACIO LEMUS MUÑOZ LEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a esta Presidencia que tenga a bien formular una excitativa a las comisiones de Gobernación, de Justicia, y de Derechos Humanos, a efecto de que se dictamine con la mayor brevedad, para su presentación ante el Pleno de este órgano legislativo, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 35 y 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentada por el diputado Rogelio Flores Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 21 de abril de 2005, el diputado Rogelio Flores Mejía, del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 3, 35 y 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
2. La iniciativa establece que los rectores de las universidades e instituciones públicas de educación superior y los demás funcionarios y empleados universitarios que cumplan funciones de dirección, vigilancia, revisión y auditoría en la administración de la universidad registren su situación patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública, a fin de coadyuvar a que los recursos públicos se apliquen con probidad, eficiencia y exclusivamente a los recursos que les son propios.
3. Lo anterior, en razón de que los mencionados funcionarios manejan montos importantes de recursos públicos y así se evitaría el enriquecimiento ilícito o no comprobable.
4. La iniciativa en comento se turnó a las comisiones de Gobernación, y de Justicia y Derechos Humanos sin que a la fecha se haya presentado el dictamen correspondiente.
Consideraciones de derecho
Primera. El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las comisiones, en nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de que se les turnó un asunto, y si no fuere suficiente, las emplazará para día determinado y, si ni así presentaren el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Segunda. Es el caso que el 21 de abril de 2005, la Presidencia de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura turnó a las comisiones de Gobernación, y de Justicia y Derechos Humanos la iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 3, 35 y 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a fin de establecer que los rectores de las universidades públicas y los demás funcionarios y empleados universitarios que cumplan funciones de dirección, vigilancia, revisión y auditoría en la administración de la universidad registren su situación patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública con el fin evitar el enriquecimiento ilícito o no comprobable con recursos públicos.
Tercera. Han transcurrido casi dos años, y las comisiones referidas no han presentado al Pleno de esta Cámara el dictamen respectivo, incumpliendo así lo establecido en el artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece a las comisiones cinco días hábiles para presentar el dictamen después de aquel en que se les turnó un asunto, y si no fuere suficiente, se les emplazará para día determinado, y si ni así presentaren el dictamen, se propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Por lo expuesto y fundado, a usted, Presidente de la Cámara de Diputados en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, atentamente pido
Único. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a las comisiones de Gobernación, de Justicia, y de Derechos Humanos para que presenten el dictamen respectivo a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 3, 35 y 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en materia de instituciones de educación superior, presentada el 21 de abril de 2005 por el diputado Rogelio Flores Mejía, integrante de la LIX Legislatura por el Partido Acción Nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2007.
Diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DEL DIPUTADO ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicita que excite a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen de la iniciativa que reforma los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 7 de la Ley del Banco de México presentada por los diputados Carlos Hernán Silva Valdés, Isidoro Ruiz Argaiz y Sergio Magaña Martínez publicada en la Gaceta Parlamentaria de la honorable Cámara de Diputados el 16 de agosto de 2006.
Consideraciones
En la exposición de motivos de la citada iniciativa, los diputados que promueven, entre otros aspectos relevantes, señalan los siguientes:
Que el Banco de México requiere para participar en el desarrollo económico del país, en un contexto internacional altamente competitivo México requiere de su banco central para incidir en las políticas públicas y detonar un crecimiento exponencial, en todo caso, estas nuevas competencias se añadirían a las funciones tradicionales del Banco de México de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado.
Que la política monetaria restrictiva que hoy se sigue ocasiona un alto costo en el mantenimiento del nivel de las reservas monetarias actuales, pues es un hecho conocido que una parte de nuestras reservas están colocadas en Estados Unidos, pero ese país paga al nuestro sólo el 3 por ciento, mientras que México paga el 7 por ciento por la vía de bonos de certificación de tesorería y denunciar que, de lo anterior, hay un diferencial que nos cuesta 3 mil millones de dólares traer esas reservas -al menos para el ejercicio fiscal de 2005-. ¿Por qué tener reservas donde nos cuestan, cuál es la justificación de esta acción, cuándo podemos resolver el problema con una refundación del funcionamiento de nuestro banco central?
Que hoy en día lo más importante es hacer crecer la economía, la inversión pública y el empleo. Todas las políticas públicas incluyendo las del Banco de México tienen que estar dirigidas, en consecuencia, hacia el crecimiento y desarrollo económicos del país. Por esto es impostergable ampliar las facultades del Banco de México para enfocar estas nuevas prioridades, pero sin perder su autonomía.
Que México requiere de un banco central modernizado a partir de un enfoque prospectivo, que se anticipe a las condiciones presentes y que sea capaz de crear infraestructura educativa, carretera, portuaria, energética –por ejemplo con el desarrollo planeado de refinerías-, y medioambiental, esto último con el subsecuente desarrollo de presas y energías alternativas.
Que por ello, la formulación de la iniciativa de ley se orienta a definir la actuación del Banco de México, no sólo como entidad que procura la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional sino como una auténtica y real promotora del crecimiento económico y el empleo.
Que un ejemplo ilustrativo de este modelo lo encontramos en la experiencia estadounidense en la que la prioridad de la Reserva Federal (homóloga del Banco de México), no sólo es mantener la estabilidad del poder adquisitivo, sino que también lo son el crecimiento económico -acorde con el potencial de la economía-, un elevado nivel de empleo, unos precios estables y unos moderados tipos de interés a largo plazo. Así, Estados Unidos diversifica sus estrategias de crecimiento y se apoya en el ejercicio de su Reserva Federal, institución ésta, actuante y dinámica con respecto a la finalidad de crecimiento.
Por lo anteriormente expuesto y considerando que las premisas, contenidas en la iniciativa en comento mantienen su plena vigencia, me permito someter a la consideración de esta asamblea la siguiente
Excitativa
Único. Se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen de la iniciativa que reforma los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 7 de la Ley del Banco de México presentada por los diputados Carlos Hernán Silva Valdés, Isidoro Ruiz Argaiz y Sergio Magaña Martínez y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la honorable Cámara de Diputados el 16 de agosto de 2006.
Diputado Alejandro Sánchez Camacho
A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, A SOLICITUD DEL DIPUTADO DIEGO AGUILAR ACUÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Diego Aguilar del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, fracción XVI; 87 y demás relativos y aplicables, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente de esta presidencia, tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Seguridad Social, a efecto de que se dictaminen a la brevedad posible para su presentación ante el Pleno de este órgano legislativo, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 154 de la Ley del Seguro Social, al tenor de las siguientes
Antecedentes
Primero. El 12 de octubre de 2006, el que suscribe, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, perteneciente a la LX Legislatura presenté al Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, una iniciativa con proyecto de decreto en el que se adiciona un párrafo al artículo 154 de la Ley del Seguro Social en materia de trabajadores rurales y jornaleros agrícolas.
Segundo. En sesión celebrada el 12 de octubre de 2006, la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, lo cual se hizo del conocimiento de esa Presidencia mediante el oficio número DGPL 60-II-4-80 para su dictamen.
De acuerdo a los antecedentes mencionados, el que suscribe funda dicha iniciativa en las siguientes
Consideraciones
Uno de los pendientes históricos que lacera la conciencia de la sociedad mexicana es, sin duda, la desigualad e injusticia social de quienes fueron propulsores del movimiento revolucionario de inicios de siglo, es decir, los trabajadores jornaleros, quienes han sido durante décadas, el sector prácticamente más olvidado y quienes más han resentido el deterioro productivo y social que ha sufrido el país.
Los esfuerzos de los gobiernos federales y estatales para implementar programas de financiamiento e inversiones en este rubro aunado a la fuerza de trabajo de los jornaleros agrícolas, ha traído mejoras al respecto; sin embargo, a través del tiempo se les ha seguido sacrificando sin que exista la mínima consideración de otorgarles el beneficio de la seguridad social por completo y mucho menos, un sistema de pensiones para su retiro. Debemos tomar en cuenta que los trabajadores rurales y jornaleros agrícolas superan en pobreza y rezago social a cualquier otro sector de nuestra sociedad; consecuentemente, no es casualidad que estos trabajadores procedan de los municipios con más altos índices de marginalidad en el país.
El Estado mexicano y la sociedad estamos en deuda con los jornaleros agrícolas y por lo tanto, obligados a velar por la salvaguarda y conquista de sus derechos, reforzando e innovando nuevos esquemas que les permitan mejorar sus condiciones de vida, obteniendo beneficios de orden social de manera inmediata, que garanticen la seguridad social para él y su familia.
Cabe señalar, que en el país laboran en el campo aproximadamente mil 700 millones de trabajadores cubriendo de manera efectiva temporadas de dos, tres y hasta ocho meses al año, y que un trabajador que realiza su actividad productiva en cualquier otro trabajo que no sea el campo, debería cotizar aproximadamente de treinta años para alcanzar las mil 250 cotizaciones semana que le dan derecho a una pensión.
Mientras que un trabajador del campo tendría que cotizar, considerando su labor discontinua, aproximadamente de 40 a 46 años para tener acceso a esta misma pensión y se comprende que aún así un trabajador jornalero jamás se pensionaría, generando un estado de abandono e incertidumbre, por lo que es necesario con base en los principios sociales de igualdad y seguridad social, garantizarles el derecho a una pensión digna.
Para lo cual proponemos que este tiempo laborado por los jornaleros agrícolas, sea contabilizado dentro del sistema de pensiones para efectos de cotización de semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por todo lo antes expuesto, es fundamental la implementación de un esquema que les permita acceder a una pensión decorosa, integrada inicialmente con 800 cotizaciones semanales aproximadamente para cada trabajador jornalero agrícola considerándolo, para tales efectos, como trabajador eventual permanente, identificado con su número único de seguridad social a través de una tarjeta carnet.
Estas cotizaciones podrán hacerlas efectivas el trabajador una vez cumplidos los 60 años de edad, aun si el mismo, no registra ingresos en alguna época del año, en una cuenta individual con vísperas al término de su etapa productiva.
Por todas estas consideraciones, presenté al pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 154 de la Ley del Seguro Social.
Consideraciones de derecho
Desde el 12 de octubre de 2006 a la fecha, ha transcurrido más del tiempo del que establece en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que las comisiones de la Cámara competentes presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa descrita.
En tal virtud, es procedente que el Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento con lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del citado reglamento excite a la Comisión de Seguridad Social de esta representación nacional, a fin de que emitan el dictamen correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la iniciativa en comento adquiere actualidad y pertenencia, por lo que solicito respetuosamente a usted señor Presidente de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión sirva dar trámite a la siguiente
Excitativa
Único. En los términos por lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; excite y envíe el presente documento a la Comisión de Seguridad Social, para que presenten a la brevedad el dictamen respectivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 154 de la Ley del Seguro Social en materia de trabajadores rurales y jornaleros agrícolas.
Palacio Legislativo de San Lázaro,a 12 de abril de 2007.
Diputado Diego Aguilar Acuña (rúbrica).
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