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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar un estudio sobre las condiciones climáticas en Matamoros, Tamaulipas, a fin de determinar la clasificación de la tarifa eléctrica respectiva, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial encargada de analizar la viabilidad de instaurar un marco legal que homologue las pensiones del IMSS y del ISSSTE, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incrementar los apoyos gubernamentales a emprendedores, y micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SSP y al gobernador de Michoacán a atender la recomendación 037/2006 de la CNDH, relativa a los sucesos ocurridos en Sicartsa, en el municipio de Lázaro Cárdenas, a cargo de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a considerar, a través de la Sectur, la incorporación del municipio de Boca del Río, Veracruz, en el programa del Fonatur, a cargo del diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla a garantizar las condiciones de seguridad para los comerciantes situados en la manzana 12 del tianguis municipal de San Martín Texmelucan, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para integrar un grupo de trabajo que atienda el problema de contaminación de la región Tula-Tepeji-Huichapan, Hidalgo, a cargo del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se convoca a un proceso de debate, desarrollo metodológico e innovación para una reforma integral del sistema nacional de salud y de la normatividad en la materia, a cargo del diputado Pablo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del PT.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las secretarías de Educación Pública y de Salud a realizar, de manera conjunta, acciones para instituir la semana nacional de la cultura de la protección de los animales, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar, a través de las dependencias correspondientes, las reglas de operación del programa Oportunidades para 2007, a fin de incluir como beneficiarios de becas educativas a estudiantes de primero y segundo grados de primaria, a cargo del diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Administración General de Aduanas para que informe sobre la importación de seudoefedrina, a cargo del diputado Mauricio Ortiz Proal, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal solicitar y promover que en el próximo periodo de sesiones de la ONU se elabore una convención en materia de derechos de las personas adultas mayores, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a revisar exhaustivamente las transferencias presupuestales asignadas a Tabasco, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía condena el asesinato del periodista Amado Ramírez Dillanes, corresponsal de Televisa en Acapulco, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a emprender las acciones necesarias para que en los actos que promueva considere por lo menos 5 por ciento de los espacios para las personas con discapacidad y sus organizaciones civiles, a cargo de la diputada Silvia Emilia Degante Romero, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal, de Guerrero y de Acapulco a implantar un programa de rescate y saneamiento de la cuenca del río de La Sabana y de la laguna de Tres Palos, a cargo del diputado César Flores Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita una investigación sobre la situación que afecta a las alumnas del instituto La Villa de las Niñas, de Chalco, estado de México, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a destinar recursos suficientes para la mejora de las carreteras que conducen a la zona arqueológica del Tajín, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar ilícitos los anuncios clasificados en los periódicos donde se ofrecen servicios de masajes y otros que promueven los estereotipos sexistas discriminatorios para la mujer y la prostitución invisible, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD.
- A las comisiones de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a solicitud del diputado Jaime Verdín Saldaña, del Grupo Parlamentario del PAN.
- A las comisiones de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Ramón Salas López, del Grupo Parlamentario del PRI.
- A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a solicitud de la diputada Addy Cecilia Joaquín Coldwell, del Grupo Parlamentario del PAN.
- A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI.
- A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a solicitud del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI.
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN MATAMOROS, TAMAULIPAS, A FIN DE DETERMINAR LA CLASIFICACIÓN DE LA TARIFA ELÉCTRICA RESPECTIVA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal Carlos Alberto García González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, presenta ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal a que instruya a las dependencias y entidades competentes, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen un estudio sobre las condiciones climatológicas imperantes en Matamoros, Tamaulipas, a fin de determinar la correcta clasificación de la tarifa eléctrica que le corresponde, con base en los siguientes:
Considerandos
1. El esquema tarifario vigente en la República Mexicana ha hecho sustanciales avances para abastecer de energía eléctrica a quienes menos tienen. Basta recordar que en el año 2002 el titular del Ejecutivo federal promulgó un acuerdo para modificar la estructura de las tarifas eléctricas, a fin de instituir la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC). De igual forma, se ha buscado establecer un esquema de subsidios que facilite la reasignación entre usuarios de consumo intermedio y que los elimine para quienes registran altos niveles de consumo.
En la actualidad el esquema de tarifas vigente ha alcanzado altos niveles de sofisticación. Su objetivo primordial es llevar energía y oportunidades a todos los pobladores del territorio nacional. Sin embargo, consideramos que aún se pueden propiciar avances de consideración, por lo que está en nuestro interés aportar elementos que muchas veces se desconocen sobre la problemática que se vive en algunas regiones de nuestro país.
2. Hoy vengo a exponer ante esta honorable Cámara de Diputados la situación prevaleciente en Tamaulipas. De acuerdo a los registros promedio obtenidos durante varios años en las unidades termométricas de algunos municipios, la temperatura promedio no baja de 30 grados centígrados desde los seis meses previos al mes de octubre. Este hecho lo confirman los datos del Servicio Meteorológico Nacional, a cargo de la Comisión Nacional del Agua.
En ocasiones, las familias de escasos recursos se ven en la necesidad de concentrarse en espacios reducidos con la finalidad de utilizar los sistemas de enfriamiento, sin sobrepasar en el hogar, los niveles de consumo que les permiten acceder a tarifas preferenciales. De otro modo, una familia tamaulipeca que con esfuerzo genera ingresos para procurarse un nivel de vida mínimamente digno, acaba dedicando una proporción sumamente importante de su sustento, al gasto en energía eléctrica durante la época de verano.
3. Bajo este contexto, considero que una revisión detallada de los rangos de consumo para los que aplica cada nivel tarifario, podría aportar nuevos elementos para llevar energía a quienes la necesitan bajo las condiciones más extremas. Por ello es de mi interés propiciar ajustes que respondan a las verdaderas necesidades de la población en época de verano.
El denominado Acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio a las tarifas domésticas, publicado el 7 de febrero del año 2002, maneja un consumo básico de hasta 140 Kwh. Éste, en el mejor de los casos permite utilizar electrodomésticos esenciales como son el refrigerador, algunos otros aparatos de bajo consumo y un número limitado de focos para iluminar el hogar. Por tal razón, una familia que tenga la necesidad de utilizar un sistema de enfriamiento artificial, se ve obligada a hacer consumos correspondientes a segmentos tarifarios de alto costo. Esto incide de manera directa en el gasto y el nivel de bienestar de las familias.
El Servicio de Investigación y Análisis de esta honorable representación, elaboró un estudio denominado "Tarifas Eléctricas: impacto en los hogares por el incremento en las tarifas eléctricas. Análisis por deciles de ingreso y por tipo de localidad". Dicho estudio se realizó para identificar qué porcentaje de la población se beneficiaría del acuerdo referido. El argumento expresado públicamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público era que el 75% de los hogares se beneficiarían del subsidio aplicado. Sin embargo, este estudio señala que "...con la tarifa residencial promedio, únicamente los deciles de ingreso I, II y III mantendrían el subsidio eléctrico (25.29% de los hogares que demanda el servicio eléctrico), el tope de consumo que se tendría que establecer para mantener el subsidio al 75% de los hogares, sería de 283.90 KW/h mensuales..."
Además, menciona que el estudio concluye que para localidades urbanas, como es el caso de Matamoros, y prácticamente todas las comunidades fronterizas, "...con la tarifa residencial promedio, únicamente los hogares pertenecientes al decil I de ingreso mantendrían el subsidio gubernamental por consumo de electricidad, el cual representa el 8.59% de los hogares que demandaron este servicio. Asimismo, el consumo mensual máximo, para mantener el subsidio al 75% de la población sería de 319.57 KW/h..."
4. En consecuencia, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal son claras, al señalar las obligaciones y atribuciones de cada dependencia y entidad del Ejecutivo federal, como que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía tienen que establecer las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica.
5. Por ultimo, es destacable mencionar que tanto las ciudades de Reynosa como Río Bravo, ya les fueron reclasificadas sus tarifas eléctricas, y a Matamoros no; siendo que esta última ciudad se encuentra a escasos minutos de las primeras mencionadas, por lo que los registros termométricos serían prácticamente los mismos, de lo que se infiere una incongruencia en perjuicio de los habitantes de Matamoros.
Por lo anterior, se torna impostergable que el Ejecutivo federal a través de las dependencias que correspondan, lleve a cabo un estudio en aquellas regiones con altos consumos de energía eléctrica en la época de verano, a fin de determinar la conveniencia y actualidad de la clasificación de las tarifas eléctricas vigente, en virtud de que con los altos costos del servicio de energía eléctrica los ciudadanos que habitan en Matamoros, resultan los más afectados por las altas temperaturas registradas en verano
En virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Por el que se solicita al Ejecutivo federal que instruya a las dependencias y entidades competentes para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen un estudio sobre las condiciones climatológicas imperantes en Matamoros, Tamaulipas.
Segundo. Una vez realizado el estudio en comento, se proceda a determinar la correcta clasificación de la tarifa eléctrica que le corresponde al municipio de Matamoros, Tamaulipas.
Palacio Legislativo de San Lázaro,a 10 de abril de 2007.
Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE ANALIZAR LA VIABILIDAD DE INSTAURAR UN MARCO LEGAL QUE HOMOLOGUE LAS PENSIONES DEL IMSS Y DEL ISSSTE, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO ESTEVA SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal Alberto Esteva Salinas, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
La jubilación es el acto administrativo por el que un trabajador en activo alcanza una determinada edad en la que pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral.
Para compensar la pérdida de ingresos que se deriva del cese laboral por indistintas razones, al beneficiario de la jubilación se le reconoce una prestación económica que suele consistir en una renta mensual llamada pensión, la cual es una prestación vitalicia y sólo se extingue con la muerte del trabajador.
La problemática del sistema público de pensiones en México, en esencia, es compleja. Su operación se ha deteriorado seriamente y su solución se dificulta porque convergen en ella muchos intereses políticos y de grupos sindicales, que se crearon como instrumentos eficaces del control político.
Los beneficios de la jubilación son producto de múltiples luchas sociales a lo largo de la historia de México y que se han logrado pactar a lo largo del tiempo en nuestra Constitución, leyes federales y contratos colectivos de trabajo.
En los últimos años el panorama de la seguridad social ha sido desfavorable para los mexicanos, puesto que el Estado, en lugar de impulsar marcos legales que garanticen una jubilación adecuada y una pensión justa, ha fomentado la injerencia de grupos de poder y leyes que no obedecen a la racionalidad, ni son sustentadas financieramente en estudios que la garanticen.
Por esto, en Convergencia creemos importante señalar la urgencia de impulsar un marco legal completo que ordene y homologue los diferentes sistemas de pensiones y jubilaciones del país; si bien es cierto que la nueva Ley del ISSSTE hace alguna mención de ello en uno de sus articulados, la oscuridad y trato superficial de la misma abre la posibilidad de que un derecho tan importante como éste se convierta en una promesa mas sin cumplir hacia la clase trabajadora que tanto le debemos.
Requiere de mucha voluntad política, pero el fondo constituye uno de los principales problemas en los que se encuentran miles de mexicanos, que tras haber cotizado primeramente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y posteriormente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), o viceversa, pierden parte o su total antigüedad laboral resultándoles perjudicial la individualidad de ésta normatividad.
Al instalar esta comisión resarciremos el daño que se le ha causado a la clase trabajadora, como es el caso de la aprobación en lo general de la nueva Ley del ISSSTE por ésta Cámara, que sepulta una vez más el principio solidario de la seguridad social del país, haciéndolo a costa de los derechos individuales de los trabajadores, ocultando en la retroactividad de éste proyecto la violación flagrante de derechos preexistentes, de quienes tenían al final de su vida laboral la expectativa y la ilusión de asegurar una pensión justa con relación a los años laborados.
Del estudio de las leyes vemos que todo trabajador tiene el derecho de recibir una pensión, pero sólo lo establece para aquellos casos de invalidez, vejez y muerte, dejando desprotegidos a todas aquellas familias de trabajadores que, por diversas situaciones, no llegan a jubilarse en las dependencias que durante años prestaron sus servicios.
Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de la Cámara de Diputados, conforme a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se instale una comisión especial por parte del Congreso de la Unión encargada de analizar la viabilidad de instaurar un marco legal que instituya la homologación de las leyes de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto Mexicano del Seguro Social para que los trabajadores no pierdan su derecho de antigüedad por dejar de laborar indistintamente o cotizar en cualquiera de ellas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007.
Diputado Alberto Esteva Salinas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INCREMENTAR LOS APOYOS GUBERNAMENTALES A EMPRENDEDORES, Y MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter al conocimiento de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo a profundizar las acciones de coordinación y simplificación en materia de apoyos gubernamentales a emprendedores, microempresas y empresas pequeñas y medianas, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
1. Con fecha 5 de marzo del año en curso, el titular del Poder Ejecutivo federal presentó los avances de su gobierno para promover la creación de más y mejores empleos.
Entre otras acciones, anunció la integración en una sola coordinación del Fondo Nacional de Empresas Sociales (Fonaes), el Programa Nacional de Financiamiento a la Microempresa (Pronafim), y el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme).
Esta acertada decisión, permitirá eliminar duplicidades y ahorrar recursos que podrán destinarse a más apoyos para el desarrollo de los micros, pequeñas y medianas empresas.
2. Con base en la información del Presupuesto de Egresos 2007, aprobado por esta honorable Asamblea, el costo de operación de los programas de subsidios de la Secretaría de Economía antes aludidos, asciende a más de 444 millones de pesos, mismos que seguramente disminuirán al integrarse en una sola coordinación.
3. Sin embargo, es necesario ampliar este esfuerzo de coordinación a otros fondos y programas de la Administración Pública Federal.
En efecto, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, comprende diversos programas de apoyo a proyectos productivos que se otorgan a individuos o grupos sociales, cuyo propósito fundamental es fomentar el desarrollo económico nacional, creando empleos directos e indirectos bien remunerados y estables, ya sea en el medio rural o en el medio urbano, ya sea para la población indígena o no indígena, o bien para mujeres o población en general.
En su conjunto, estos diversos programas de subsidios de la Sagarpa, la SRA, la Sedesol, la CDI, la STPS y Semarnat representan más de 50 mil millones de pesos y tienen un costo de operación cercano a los 5 mil millones de pesos, como se observa en el siguiente cuadro. Es importante precisar que este costo de operación es aún mayor si se considera que dentro de los recursos asignados como subsidio, las diversas reglas de operación que señalan el procedimiento de su aplicación, establecen diferentes porcentajes destinados a la operación de los programas.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sin incluir los recursos destinados a Procampo, tiene asignados mas de 24 mil millones de pesos destinados a apoyar proyectos productivos agrícolas, pecuarios y pesqueros, con un costo de operación superior a los 2 mil millones de pesos.
Por su parte, la Secretaría de la Reforma Agraria, tiene asignados más de 1,600 millones para propósitos similares, con un costo de operación superior a 18 millones de pesos.
En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, sin considerar el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y los programas de subsidios para Diconsa y Fonhapo, tiene asignados de más de 13 mil millones de pesos para apoyar, entre otros conceptos, proyectos productivos en las zonas de alta marginación, con un costo de operación cercano a los 230 millones de pesos.
La Conafor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene asignados cerca de 3 mil millones de pesos que también benefician en buena medida a proyectos productivos que tengan el objetivo fundamental de aprovechar de manera sustentable nuestros recursos forestales, con un costo de operación de más de 1,300 millones de pesos.
Por su parte, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas dispone de mas de 6 mil millones de pesos para apoyar los proyectos productivos agropecuarios, ecoturísticos y artesanales de individuos o grupos sociales indígenas, con un costo de operación de más de 900 millones de pesos.
Finalmente, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, además de sus acciones de capacitación para el empleo, también asigna apoyos para proyectos productivos, acciones ambas que cuentan con una asignación presupuestal de mas de 1,000 millones de pesos, con un costo de operación de más de 300 millones de pesos.
4. Todos y cada uno de los programas a cargo de las dependencias referidas que aplican los recursos presupuestales señalados cuentan con reglas de operación que establecen la población objetivo, los tipos de apoyos y los requisitos para tener acceso a los beneficios ofrecidos.
Una revisión general de estas reglas permite constatar similitudes en la población objetivo, en el tipo de apoyos y en los requisitos de acceso a los beneficios, sean estos apoyos directos u apoyos otorgados por la vía de instituciones de microfinanciamiento.
De igual forma, dichas dependencias están obligadas a integrar los padrones de individuos u organizaciones que reciban los apoyos otorgados, procurando diversificarlos y evitar que los beneficiarios reciban apoyos duplicados para el mismo propósito. Sin embargo, la ausencia de mecanismos de coordinación interinstitucionales dificulta esta tarea.
5. Con fecha 24 de noviembre de 2004, se publicó un acuerdo del Ejecutivo federal por el cual se creó el Comité para Reestructurar los Programas de Apoyos y Financiamientos a las Actividades Productivas de la Población de Bajos Ingresos y a los Intermediarios de la Banca Social.
Dicho comité, integrado por el titular de la Oficina para las Políticas Públicas de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República, los subsecretarios de Egresos y de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de la Función Pública, y el director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, tendría el propósito de analizar y estudiar los programas que opera el gobierno federal, a fin de proponer acciones concretas tendientes a que los mismos sean más eficientes y eficaces y de lograr una mejor coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública federal que los manejan para generar mayores economías y evitar duplicidad de funciones y estructuras.
Sin embargo, a la fecha únicamente se ha tomado la decisión que ha anunciado el ciudadano presidente Felipe Calderón Hinojosa, misma que reconocemos en toda su magnitud, pero que consideramos necesario profundizar.
Considerandos
Que el gobierno debe ser un promotor eficiente de la actividad económica, que reconoce que el crecimiento, la inversión y los empleos provienen del esfuerzo de la sociedad.
Que es necesario eliminar duplicidades y ahorrar recursos que puedan canalizarse a más apoyos para el desarrollo de los micros, pequeñas y medianas empresas.
Que es tiempo de poner fin a la tramitología y a los obstáculos que inhiben la formación y el éxito de nuevos proyectos productivos que generen más y mejores empleos.
Que es necesario profundizar en la simplificación de los trámites para acceder a los beneficios gubernamentales para la creación de más y mejores empleos.
Que es necesario avanzar en la integración de los diferentes apoyos que brinda el gobierno a los emprendedores en una sola ventanilla.
Que la mejor manera de combatir la desigualdad y la pobreza es precisamente con empleo y con más y mejores oportunidades para desarrollar fuentes de empleo.
En virtud de tolo lo anteriormente expuesto, propongo a esta honorable Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a que, con fundamento en las atribuciones que le confiere la legislación aplicable, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que con la participación de las Secretarías de Economía y la Función Pública, y con base en los resultados obtenidos de los trabajos realizados por el Comité para Reestructurar los Programas de Apoyos y Financiamientos a las Actividades Productivas de la Población de Bajos Ingresos y a los Intermediarios de la Banca Social, creado por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de noviembre del 2004, evalúe la viabilidad jurídica, administrativa, presupuestal y financiera de concentrar en una sola entidad la responsabilidad de diseñar, aplicar y evaluar la política de apoyos gubernamentales para emprendedores, microempresas, empresas pequeñas y medianas, tanto del ámbito rural y urbano, profundizando con ello las acciones de coordinación y simplificación en esta materia, anunciadas el pasado 5 de marzo del año en curso.
Dado en el Palacio Legislativo, 10 de abril de 2007.
Diputado Carlos Alberto García González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SSP Y AL GOBERNADOR DE MICHOACÁN A ATENDER LA RECOMENDACIÓN 037/2006 DE LA CNDH, RELATIVA A LOS SUCESOS OCURRIDOS EN SICARTSA, EN EL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN SALVATORI BRONCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
La suscrita, diputada María del Carmen Salvatori Bronca, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal a aceptar y acatar la recomendación 037/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y atender plenamente y a satisfacción la citada recomendación en torno a los sucesos ocurridos el 20 de abril de 2006 en las instalaciones de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas las Truchas, en Michoacán, con base en las siguientes
Consideraciones
Los mexicanos fuimos lastimados por los hechos del 20 de abril de 2006, en el que 2 personas perdieron la vida y más de 54 resultaron gravemente heridas, derivado del enfrentamiento entre fuerzas de Seguridad Pública federal y local con los trabajadores de la empresa Siderúrgica Lázaro Cárdenas las Truchas, en Michoacán,.
Aquellos sucesos fueron un grave llamado de atención sobre las deficiencias de nuestro sistema de procuración de justicia, sobre la incapacidad de resolver los conflictos por la vía del diálogo y del despliegue de fuerzas públicas sin limitaciones constitucionales, de respeto a la vida y de respeto a los derechos humanos.
Los hechos registrados, no pueden permanecer en los anales de los casos cerrados; sin que se corra el riesgo de atestiguar nuevamente eventos similares.
La lección fue costosa por las heridas infligidas; pero más costoso será para la patria permanecer indiferentes y no trabajar por el fortalecimiento democrático de nuestras instituciones.
A las puertas del campo de concentración de Auschwitz se puede leer el pensamiento certero del poeta español Jorge Agustín Ruiz de Santayana: Quien olvida su historia está condenado a repetirla.
No permitamos un nuevo 20 de abril.
No condenemos el futuro de México a la historia olvidada.
Y, sobre todo, construyamos, desde ahora, la historia de México fundada en la democracia, la justicia social y el estado de derecho.
El registro de los hechos en Michoacán nos obliga a pasar lista a cada violación y agravio, nos obliga a fortalecer el marco normativo y de recomendaciones que nos ayudará a superar estas deficiencias.
Recordemos que la CNDH acreditó en su recomendación 037/2006 la violación a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, respeto a la integridad física y a la vida.
Se señala en la misma que las fuerzas del orden público portaban armas; que la autoridad se excedió en el uso de la fuerza e incluso accionó armas; que no medió ningún mandato judicial para llevar a cabo el desalojo de los trabajadores; que la desorganización y descoordinación de la operación contribuyó al grado de violencia; que las primeras averiguaciones se caracterizaron por la negligencia, trastocándose los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica; que las contradicciones e inconsistencia en las declaraciones y reportes de las autoridades desviaron el curso de la investigación.
La denuncia de los hechos es más amplia.
La recomendación es generosa en la aportación de elementos para la eficiencia judicial y procuración de justicia, privilegiándose el respeto a los derechos humanos. Sin duda, su transmisión adecuada al ejercicio responsable de las autoridades se sumará al complejo normativo de la reforma del Estado.
Reflexionemos sobre las conclusiones y aportaciones de la recomendación y demos un seguimiento justo en lo que toca al deslindamiento de responsabilidades administrativas y posibles conductas delictivas de algunas autoridades; señalemos con claridad que no se aceptarán prácticas que desvíen o desvirtúen los procesos de investigación; asegurémonos de que las fuerzas del orden público tengan capacitación de calidad para el adecuado ejercicio de sus funciones, que entiendan y sepan la importancia de los derechos humanos; velemos porque la reparación de los daños y perjuicios de las personas afectadas en su integridad sean efectivas y no se conviertan en un daño a la nación.
Sabemos que la Secretaría de Seguridad Pública no aceptó la recomendación de la CNDH y que el gobernador de Michoacán sí la aceptó, pero aún no se le ha dado pleno cumplimiento.
Es por ello que me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal a aceptar y acatar la recomendación 037/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y atender plenamente y a satisfacción la citada recomendación en torno a los sucesos ocurridos el 20 de abril de 2006 en las instalaciones de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas las Truchas, en Michoacán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007
Diputada María del Carmen Salvatori Bronca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A CONSIDERAR, A TRAVÉS DE LA SECTUR, LA INCORPORACIÓN DEL MUNICIPIO DE BOCA DEL RÍO, VERACRUZ, EN EL PROGRAMA DEL FONATUR, A CARGO DEL DIPUTADO ÁNGEL RAFAEL DESCHAMPS FALCÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal Ángel Rafael Deschamps Falcón, integrante de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El turismo es indudablemente, una de las actividades económicas más relevantes, ya que se ha venido constituyendo como una de las principales fuentes de empleo que se encuentran en franca expansión.
En los últimos años, las plazas de trabajo ocupadas en el sector turismo alcanzaron un crecimiento promedio de 4.8 por ciento, cifra superior al promedio registrado por el sector de la construcción con 4.5 por ciento. Resulta meritorio que el sector turístico haya sido capaz de generar un mayor crecimiento en la ocupación laboral por encima de uno de los sectores de mayor dinamismo de la economía como lo ha sido la industria de la construcción.
En este tenor, el sector turístico da claras muestra de su aportación al PIB nacional, participando con alrededor del 8.0 por ciento. Somos el séptimo país receptor de turistas en el mundo, desplazando a países tradicionalmente turísticos como Alemania, Hong Kong u Holanda. De hecho, en América superamos a países como Canadá y Brasil, sólo estamos por debajo de los Estados Unidos. Esta tendencia ha permitido que en captación de divisas por concepto de turismo seamos la nación número 12.
En el caso concreto de Veracruz, se cuenta con un amplio potencial para detonar más las actividades turísticas, especialmente en el municipio de Boca del Río, principal destino turístico de la entidad. Este municipio recibe cerca del 80.0 por ciento de pasajeros que realizan vuelos regulares al puerto de Veracruz, así como el 63.0 por ciento de todos los vuelos que llegan al estado.
La zona conurbada de Boca del Río con el puerto de Veracruz cuenta con una infraestructura de 132 hoteles que suman ocho mil cuartos, lo que representa una fuerte derrama económica durante el carnaval, semana santa, verano y diciembre y es visitado por turismo nacional y extranjero en donde se ofrecen hoteles para todos los presupuestos.
Actualmente se están planeando varios proyectos turísticos en colaboración con las autoridades municipales, el gobierno federal y la iniciativa privada que sin lugar a duda atraerán fuertes inversiones, tal es el caso de la marina Punta Azul, marina Costa Dorada, el muelle 38, el paseo turístico el Faro, la construcción de Plaza Banderas con museo del mar, la reapertura de la isla Sacrificios y construcción del museo del sitio, entre otras obras importantes
Tomando en consideración que Boca del Río es el principal destino turístico de Veracruz, mismo que cuenta con una ubicación geográfica privilegiada y con capacidad de otorgar servicio tanto al mercado nacional como internacional, es que hago uso de esta alta tribuna, para proponer mecanismos que promuevan el desarrollo integral de esta región, como el caso de los desarrollos turísticos fomentados por Fonatur.
En la actualidad, Fonatur ha desarrollado 5 destinos: Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Loreto y Bahías de Huatulco, reconocidos en el mundo como lugares de playa de excelencia, por lo que atraen alrededor del 40.0 por ciento de los turistas extranjeros que llegan a nuestro país.
El estado de Veracruz, conocido por todos por la excelencia en su gastronomía, vestigios arqueológicos, diversidad de climas, pluralidad étnica y demás privilegios concedidos por la naturaleza, no ha sido beneficiario de este programa de la Secretaría de Turismo, aun cuando existe la voluntad de la sociedad veracruzana y del gobierno municipal para su participación en dicho programa, y que por lo tanto cumplen con las características necesarias para poder contar con esta gran distinción, lo que traería consigo un gran flujo de turistas nacionales y extranjeros hacía el municipio, lo que se convertiría en un gran detonante del empleo y del desarrollo económico de la región.
Por todo lo anteriormente expuesto, se pone a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Se hace un atento exhorto al gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo, para que considere la incorporación del municipio de Boca del Río, Veracruz, al programa de Fonatur.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007.
Diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LOS COMERCIANTES SITUADOS EN LA MANZANA 12 DEL TIANGUIS MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, A CARGO DEL DIPUTADO NEFTALÍ GARZÓN CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe diputado federal Neftalí Garzón Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes.
Consideraciones
El municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, en el año de 1989, solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria que, a través del Ejecutivo federal, llevará a cabo la expropiación de 30.67 hectáreas del núcleo ejidal de San Lucas Atoyatenco, municipio de Texmelucan, Puebla.
El Presidente de la República, emitió el decreto expropiatorio con fines fundamentalmente de servicios públicos consistentes en: centrales camioneras, estatal y federal; infraestructura y descentralización comercial, de las vías públicas, a favor del municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.
El municipio celebró un contrato de transmisión a título de cesión onerosa de derechos reales, con Consorcio del Ángel, Sociedad Anónima de Capital Variable, en relación con 186 mil 500 metros cuadrados, a fin de que la empresa llevara a cabo las obras correspondientes, esto, en el año de 1988.
El 30 de mayo de 1994, las diversas organizaciones de comerciantes que ocupaban las principales calles de la ciudad, por conducto del H. ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, son retirados y reubicados en un área aproximada de 18.6 hectáreas de los terrenos que se habían expropiado, reconociéndose que en ellos, se encuentran alrededor de 12 mil vendedores ambulantes (tianguistas), entre ellos, todos y cada uno de los agremiados a la organización denominada "José Ángel Conchello Dávila".
En contra de los actos del H. ayuntamiento, relativo a la reubicación de los comerciantes, se promovieron juicios de amparo por las empresas citadas y por algunos de los adquirentes de terrenos.
Seguidos los procedimientos de garantías constitucionales aludidos, recayeron en su conjunto una serie de sentencias protectoras federales, y el ayuntamiento de San Martín Texmelucan, básicamente se negó a dar cumplimiento a tales sentencias alegando tanto una imposibilidad jurídica, como material para acatar las mismas, lo que motivó que se conformara ante la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación el expediente número 3/96, formado con motivo del incidente de inejecución de sentencia, relativo al juicio de amparo 895/94, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Puebla, relacionado con el juicio de amparo 1115/94 (relacionado con los incidentes de inejecución 151/95 y 227/96, promovido por Gerardo Cano Salvador y otros.
En noviembre del año 2000, y dentro del expediente 3/96 de los radicados en la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la sentencia respectiva, tal autoridad federal fijo los lineamientos por los cuales el H. ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, tendría que dar cumplimiento sustituto a las sentencias de amparo, reconociendo tal autoridad federal, que dicho ayuntamiento sigue teniendo la propiedad de las hectáreas de terrenos expropiados.
Con fecha 29 de septiembre del año 2006, el C. Juez Primero de Distrito en el Estado resolvió el INCIDENTE DE CUMPLIMIENTO SUSTITO 1/2001. Donde fijo los montos a cubrir por el H. ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, como cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo dictadas por los órganos de justicia federal.
Cabe hacer la aclaración que no todos los adquirentes de predios o lotes que conforman el llamado "TIANGUIS MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA", promovieron en tiempo y forma el JUICIO DE GARANTÍAS CORRESPONDIENTE en contra de los actos de la autoridad municipal, por lo que de una manera arbitraria, ilegal, injusta, y absurda, pretenden a toda costa recuperar sus supuestos predios, incluso han prefabricado diversos delitos en contra de algunos dirigentes de las organizaciones de comerciantes instaladas en dicho tianguis, tal es el caso del sujeto JOSÉ GUADALUPE ARELLANO HERNÁNDEZ, quien diciéndose poderdante de los señores JOSÉ CONSTANTINO OCHOA HERNÁNDEZ Y SILVIA CAMACHO ARENAS, y en contubernio con diversas autoridades, tanto de la procuración como de la administración de justicia, prefabrico el DELITO DE DESPOJO EN SU MODALIDAD DE INVASIÓN en contra del dirigente de la organización de comerciantes denominada "JOSÉ ÁNGEL CONCHELLO DÁVILA SA DE CV", HORACIO RIVEROS AGUIRRE, según se desprende de la averiguación previa número 1845/2003/MT, que origino la causa penal 602/ 2003 de los radicados en el Juzgado de Defensa Social del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, y seguido que fue tal procedimiento penal, culminó con la sentencia condenatoria correspondiente, pretendiendo con ello, darle efectos jurídicos diversos en contra de todos y cada una de los agremiados que conforman dicha organización, lo que de entrada resulta absurdo e ilegal y violatorio de garantías. Además de que José Guadalupe Arellano Hernández, ha ocasionado múltiples daños al área de trabajo de los comerciantes de la organización José Ángel Conchello Dávila ubicada en la manzana 12 con apoyo de algunas autoridades municipales y del estado de Puebla.
En consecuencia, el ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, es el único responsable de los hechos de violencia que se pudiesen suscitar entre las partes en conflicto, pues a pesar de que ha transcurrido mas de doce años de tal problemática, hasta la fecha, ninguna autoridad municipal ha hecho planteamientos serios y profundos que tiendan a resolver los problemas que ella mismo produjo, limitándose a arrojar a dichas partes la búsqueda de la solución al mismo, y no afrontar de manera cabal el compromiso que tiene no tan sólo con los que ejercen su actividad comercial dentro de las áreas del conflicto, sino con la propia ciudadanía del municipio, pretendiendo de diversas maneras, como ya se asentó, evadir su responsabilidad ante el conflicto social y político que el mismo conlleva, pues la misma honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia en comento, reconoce que en los inmuebles en conflicto se instalan regularmente doce mil tianguistas (en la actualidad existen aproximadamente quince mil), lo que por lógica conlleva que al afectarse a una sola de las organizaciones de los comerciantes establecidos en dicho lugar, afecta inevitablemente a todas y cada una de las demás organizaciones pues no existen terrenos disponibles para los comerciantes, lo que representa un verdadero peligro de incremento en el conflicto político-social al no ser dichas autoridades municipales capaces de encontrar una salida concertada a dicha problemática, en virtud de que nunca podrá prevalecer el interés personal del sujeto José Guadalupe Arellano Hernández o de cualquier otro, sobre los intereses colectivos de San Martín Texmelucan, Puebla, hecho que entendió perfectamente la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, tan es así, que en lugar de aplicar inmediatamente lo estatuido por el artículo 107, fracción XVI, de manera inteligente ordenó se creara un incidente de cumplimiento sustituto de sentencia de amparo, para no destituir a las autoridades municipales, siempre y cuando reparen el daño que se les había ocasionado a los quejosos "amparistas".
No es obstáculo a lo anterior, resaltar que el gobierno del estado de Puebla es el garante de la estabilidad social en dicha entidad federativa. Por lo cual, debe brindar las garantías de seguridad para tranquilidad y el buen desempeño del trabajo de los comerciantes que se ubican en la manzana 12 del tianguis municipal de San Martín Texmelucan, Puebla.
Por lo anteriormente expuesto y por considerar que es un asunto de atención inmediata por involucrar la seguridad e integridad de los comerciantes y de las personas que acuden a dicho centro comercial, me permito presentar a este H. Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Puebla, para que brinde y garantice las garantías de seguridad, para el desempeño del trabajo de los comerciantes que se ubican en la manzana 12 del tianguis municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, por las razones de inseguridad expuestas en el presente documento.
Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de Puebla, para que intervenga con la finalidad de dar alternativas de solución definitiva al conflicto aquí planteado.
Tercera. Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, para que investigue a conciencia, imparcialidad y legalidad la actuación de los particulares y autoridades que han intervenido en el asunto descrito en el presente.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los 10 días de abril de 2007
Diputado Neftalí Garzón Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA INTEGRAR UN GRUPO DE TRABAJO QUE ATIENDA EL PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN DE LA REGIÓN TULA-TEPEJI-HUICHAPAN, HIDALGO, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO MOCTEZUMA PEREDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El crecimiento económico y el desarrollo son los más altos objetivos de la sociedad, en la búsqueda de fuentes de empleo, ingreso y bienestar colectivo, así como para las familias y los ciudadanos en lo individual. A partir de este principio, el esfuerzo privado y público se suman para impulsar la transformación de las actividades productivas, principalmente para la industrialización y para la expansión del sector terciario, que ofrecen el más amplio volumen de empleo directo e indirecto, así como un nivel más alto de ingresos y prestaciones laborales, sin descontar el incremento de la riqueza y la productividad del país.
No obstante, debemos reconocer que la evolución de México hacia una nación industrializada trae también consigo, efectos importantes en materia de modificación de la estructura poblacional, de los factores de mortalidad y morbilidad, patrones de consumo y un esquema de desarrollo que se encamina cada vez más a la urbanización y la metropolización, con secuelas económicas, sociales y ambientales de amplia magnitud, mismas que crean serias amenazas a la salud de la población.
México ha pasado de una proporción de un habitante en ciudad por cada dos en el campo, a lo contrario, de dos habitantes en ciudades por sólo uno en el campo. De tener en los años 80, cuatro grandes metrópolis, ahora tenemos más de 150 ciudades medias y algunas de ellas se encuentran al borde de una crisis ambiental y de salud de grandes proporciones.
El Registro de emisiones y transferencia de contaminantes, dado a conocer en el mes de agosto del año pasado, señaló a Tula, Hidalgo, que tengo la responsabilidad de representar en esta Cámara, como uno de los dos municipios con mayor contaminación. El otro es Ciudad del Carmen, Campeche.
En la región Tula-Tepeji-Huichapan, la contaminación acecha la salud y la vida de sus habitantes. Se sobrepone a los mínimos aceptables en el aire y en el agua. Cuestiona el derecho consagrado en el artículo cuarto de la Constitución, de un medio ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar de las personas.
Para ilustrar someramente la gravedad de este problema, baste citar que, a pesar de la carencia de datos confiables, es posible que en la región se produzcan millones de toneladas de contaminantes al año, tanto por causas de la industria petrolera como por las industrias asentadas en la zona, principalmente cementeras, textiles y de generación eléctrica, aunque las autoridades reconocen menos de un millón de toneladas. La contaminación industrial en Tula-Tepeji-Huichapan, puede equivaler a cerca del 30 por ciento del total de contaminantes arrojados por el país en su conjunto. Del total de contaminantes del sector petrolero, una amplia proporción se produce en Tula. Esto es sumamente grave.
El contenido de esta contaminación se compone principalmente de gases letales para la salud, como el monóxido y el bióxido de carbono, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno.
En cuanto a la calidad del agua, desde el siglo XVII la cuenca del río Tula recibe un alto volumen de aguas residuales, de la ciudad más grande del mundo. En su momento, cuando este fenómeno era relativamente manejable, se creó el distrito de riego 03, para utilizarlas en materia agrícola.
El volumen de aguas superficiales, de 2 mil 300 millones de metros cúbicos, se ha incrementado en aproximadamente 50 millones de metros cúbicos al año, degradando la calidad del agua tanto superficial como subterránea. Actualmente hay una elevada contaminación de pozos, norias y manantiales, cuyas aguas tienen que ser consumidas por los habitantes y los animales, ante la escasez de agua potable.
El agua que consumen los tulenses contiene concentraciones riesgosas de cromo, cadmio y manganeso, así como coliformes fecales.
Aunque no hay estudios objetivos, es probable que muchas enfermedades gastrointestinales, cardiacas, pulmonares, e inclusive cancerígenas, se deban a esta alta contaminación.
Nos parece urgente que el Estado tome medidas de fondo, en nombre de la salud pública de esa región, que mucho contribuye para el bienestar de la capital, de Hidalgo y del país. Pero ello no puede ser a costa de la vida de sus habitantes. Es preciso afirmar el principio fundamental de que el desarrollo no puede tener viabilidad, si es a costa de la degradación ambiental o de la salud.
Por lo anterior, considerando que el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso posibilita que las comisiones establezcan subcomisiones o grupos de trabajo para materias específicas, con el ánimo de que esta Cámara brinde su solidaridad para auxiliar a los habitantes de la región Tula-Tepeji-Huipachan, Hidalgo, esta proposición consiste en que se apruebe la creación de un grupo de trabajo para investigar y proponer alternativas de solución a la problemática ambiental de dicha región, en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Ante la magnitud de la contaminación del aire, al agua y el suelo que vive la región de Tula-Tepeji-Huichapan, Hidalgo, mencionada como una de las dos zonas con mayor nivel de contaminación, que genera un grave problema de salud pública, se solicita que, en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se cree un grupo de trabajo para investigar y proponer alternativas de solución a la problemática ambiental de dicha región.
Palacio Legislativo, a 10 de abril de 2007.
Diputado Fernando Moctezuma Pereda (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CONVOCA A UN PROCESO DE DEBATE, DESARROLLO METODOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA UNA REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y DE LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO ARREOLA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, diputado federal Pablo Arreola Ortega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados federales la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
El ideal de desarrollo al que aspiramos para México es el de una población económicamente solvente, con pleno acceso a los servicios privados de salud, en combinación con un sistema de seguridad social con calidad y cobertura totales, para todos los trabajadores mexicanos.
Que en México no se cumplen las dos variables de bienestar referidas y de hecho existe una crisis del sistema nacional de salud.
Que ambas variables del bienestar requieren de una economía exitosa y productiva, que genere tanto poder adquisitivo como impuestos suficientes para financiar al sistema de salud pública.
La disponibilidad de los recursos financieros de salud no se resuelve al seno de las instituciones de salud, sino que depende del contexto económico general.
Que aún considerando el escenario de disponer con recursos financieros suficientes, existe una realidad objetiva por enfrentar y que es: los recursos financieros por si mismos no garantizan una correcta aplicación en materia de salud.
Que existen inventarios de tecnologías y de metodologías que pueden permitir actualizar al sistema de salud y alcanzar elevados niveles de calidad y cobertura, como expresión del alto rendimiento de lo invertido y de lo que se pueda invertir.
Así también, las teorías más avanzadas y la innovación son factores para alcanzar una mayor cantidad y calidad de servicios, a partir de una misma cantidad de recursos financieros.
Es necesario retomar el debate ordenadamente, con la intencionalidad de reformar y actualizar al sistema nacional de salud y las leyes que le enmarcan, como una forma de aproximarse a mejores niveles de desarrollo. Por eso consideramos necesario invitar a las Comisiones de Salud, de Educación y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados federales para que respondan a estos planteamientos y convoquen a un debate formal y a foros para un programa de reforma que venimos a sustentar ante esta soberanía, conforme a la siguiente propuesta de
Temas para una reforma integral del sistema nacional de salud y de su marco legal.
2. Equidad y perspectiva de género en las instituciones y políticas de salud en México. Servicios especializados y acciones afirmativas.
3. Unidad bio-psico-social como premisa del sistema de salud. Desarrollo de un sistema interdisciplinario de salud mental con un papel articulador en las instituciones y políticas de salud, económicas y judiciales. Políticas de salud por etapa de vida. Políticas integrales a grupos vulnerables.
4. Derechos de personas usuarias de servicios de salud. Personalidad jurídica del cuerpo biológico y soberanía al interior de cada persona.
5. Sistema unificado de información de salud y de referencia y de contra-referencia.
6. Modelo interinstitucional de investigación-acción y de soporte a un programa permanente de innovación, actualización, capacitación y transferencia de tecnología al sistema nacional de salud.
7. Medicinas alternativas.
8. Modelo de investigación y respaldo integral a programas de tratamientos a adicciones y reducción del daño.
9. Programas pilotos y alternativos de integración de consumidores de drogas. Desclasificación de la mariguana como narcótico.
10. Programa de construcción de infraestructura pública de salud para garantizar cobertura de servicios del Estado y ahorrar excedentes en subrogaciones y concesiones de servicios de salud a empresas privadas.
Punto de Acuerdo
Primero. Solicitar a las Comisiones de Salud, de Educación y de Ciencia y Tecnología, a que convoquen a foros y a sesiones de trabajo y debate para desarrollar una reforma integral del sistema nacional de salud y de su marco legal.
Segundo. Túrnese a las comisiones en comento, la propuesta de temas de reforma del sistema nacional de salud, para que puedan dar una respuesta puntual y formal, así como dar trámite a las observaciones metodológicas y a los modelos de solución que ofrecemos para enfrentar la crisis del sistema de salud en México.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007.
Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)
Diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE SALUD A REALIZAR, DE MANERA CONJUNTA, ACCIONES PARA INSTITUIR LA SEMANA NACIONAL DE LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ GILDARDO GUERRERO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
José Gildardo Guerrero Torres, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos, 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El ser humano siempre ha dependido de su entorno para subsistir, de ahí que los animales hayan sido parte esencial de nuestra evolución histórica; sin embargo, el desconocimiento y desprecio de su calidad como seres vivos nos han conducido a concebir nuestra relación con ellos bajo un sistema de opresión de especies, el cual releva su existencia a satisfacer nuestros intereses humanos, sin considerar que respetarlos está ligado al respeto de los hombres mismos.
Desde los años setenta, diversas agrupaciones han luchado por modificar el antropocentrismo; así pues, filósofos como Peter Singer concibieron por primera vez el concepto "derechos de los animales", es decir el derecho a la vida, a la libertad y a no ser lastimados, no como una concesión de nuestra especie, sino como un acto de elemental justicia propio de naciones civilizadas.
Resultado de esa lucha, el día 15 de octubre de 1978 fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos de los Animales por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y posteriormente la Organización de las Naciones Unidas, la cual establece la igualdad y el derecho a existir de todos los animales, su derecho al respecto, y que los hombres no tienen derecho a exterminarlos.
En ese tenor, diversos países del globo se han preocupado por proteger a los animales, tanto a los denominados silvestres como a los domésticos, así pues Argentina, Chile, Estados Unidos de América, el Reino Unido, Holanda, Puerto Rico, entre otros, se suman a los países que cuentan con leyes tanto locales como federales al respecto, contemplando desde sanciones administrativas hasta sanciones del orden criminal.
Cabe mencionar que en nuestro país la lucha para la protección de los animales no ha sido ajena, pues aun cuando en la conciencia social de México no está del todo arraigada dicha cultura se han emitido en el ámbito legal federal la Ley General de Vida Silvestre; la Ley Federal de Sanidad Animal y diversas normas oficiales mexicanas, así como 23 leyes estatales protectoras de los animales en el ámbito local.
No obstante lo anterior, aún puede existir una discusión respecto al reconocimiento de los derechos de los animales en nuestro país, pues si bien los referidos ordenamientos, sobre todo los estatales, hacen titulares de derechos a los animales, nuestro Código Civil Federal los sigue situando en la generalidad como bienes muebles y en algunos casos como bienes inmuebles, como se ejemplifica:
…
Son muebles, por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior.
Artículo 750 del Código Civil Federal:
…
Se consideran como bienes inmuebles a los animales que forman el pie de cría en predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de ganadería, así como las bestias de trabajo indispensables en el cultivo de la finca, mientras están destinadas a ese objeto.
Pero, además, el que suscribe estima que es de igual trascendencia fomentar una cultura de respecto para todas la formas de vida, para combatir las conductas agresivas hacia los animales, asumiendo que el sufrimiento de aquellos es nuestra responsabilidad y que éste no pude atribuirse a la buena o mala fortuna, pues son nuestras acciones y omisiones las causantes del dolor y las que nos colocan en una situación primitiva y penosa como sociedad, ya que en la actualidad se puede medir la madurez de un país por el respeto a los seres mas vulnerables de nuestro entorno, es decir los animales.
Por su parte, es importante referir que en nuestro país, desde hace 5 años, se realiza de manera particular y altruista por parte de diversas organizaciones la Semana de los Animales, con sede en distintas universidades.
Sin embargo, el Estado mexicano no debe eludir su responsabilidad al respecto, por lo cual propongo a las secretarías de Educación Pública, y de Salud que, de manera conjunta, realicen diversas actividades para instaurar a nivel nacional la Semana Nacional de la Cultura de la Protección de los Animales, en la cual propongo que se transmitan a través de los medios de comunicación masiva mensajes en pro de la cultura de la protección de los animales, y, en conjunto, se realicen talleres, pláticas, campañas de castración y vacunación de animales domésticos y otros eventos en todas las entidades federativas.
Pues es de mi más profundo convencimiento que a través de políticas públicas como la referida con las que quedará arraigado el arado del respecto a la vida de todos los seres vivos.
Por lo antes expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las secretarías de Educación Pública, y de Salud para que, de forma conjunta, realicen diversas acciones para instituir en nuestro país la Semana Nacional de la Cultura de la Protección de los Animales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007.
Diputado José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR, A TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES, LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES PARA 2007, A FIN DE INCLUIR COMO BENEFICIARIOS DE BECAS EDUCATIVAS A ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADOS DE PRIMARIA, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL ELÍAS SÁNCHEZ CABRALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Rafael Elías Sánchez Cabrales, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo que establecen los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con carácter de urgente y obvia resolución, me permito presentar a esta soberanía legislativa la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que a través de las secretarias de Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Educación Pública y Salud, modifiquen las reglas de operación del Programa Oportunidades del año dos mil siete, a fin de que se incluyan como beneficiarios de las becas educativas a los estudiantes que cursen el primer y segundo años de primaria, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El veintiocho de febrero de dos mil siete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, para el ejercicio fiscal del año dos mil siete, emitido por las secretarías de Hacienda y Crédito Pública, Desarrollo Social, Educación, Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Coordinación Nacional Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
Entre las finalidades que persigue el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades se encuentra promover la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; programas asistenciales; el desarrollo regional; la infraestructura social básica y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social.
Por su parte, las reglas de operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, indica en el numeral 4.2.1 denominado "Componente Educativo" que dicho programa, apegado a lo que establece el artículo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación, se encuentra orientado a apoyar la inscripción, permanencia y asistencia regular a la escuela de los hijos de las familias beneficiarias, a través de becas educativas y apoyos para la adquisición de útiles escolares.
En ese sentido, la Secretaría de Educación Pública y las Secretarías de Educación y sus homólogas en las entidades federativas, así como el Conafe deben reforzar la oferta educativa para potenciar el acceso de los niños, niñas y jóvenes a la escuela.
No obstante lo anterior, en el numeral 4.2.1.1 que desarrolla las bases mediante las cuales se otorgaran las becas educativas, establece, entre otros aspectos, que el programa otorga éstos apoyos a cada uno de los niños, niñas y jóvenes integrantes de las familias beneficiarias menores de 18 años, cumplidos al inicio del ciclo escolar y que estén inscritos en grados escolares comprendidos entre tercero de primaria y tercero de secundaria en escuelas de modalidad escolarizada.
En tal virtud, me permito exponer las siguientes
Consideraciones
La educación es una de las principales vías para el desarrollo y progreso de una nación. La educación es la palanca que ha servido a muchos países para salir del atraso y del rezago acumulado en sus sociedades y, a su vez, ha sido la herramienta que ha permitido construir sociedades modernas y vanguardistas.
En el nuevo tiempo que vive México todas las fuerzas políticas demócratas coincidimos en la importancia que representa para nuestra república el impulso de la educación como uno de los principales agentes de la transformación y prosperidad que deseamos.
En los últimos años, las administraciones federales han implantado diversos programas con el fin de promover la educación y reducir la pobreza de los sectores más necesitados de nuestra sociedad.
Con este propósito se diseñó el denominado "Programa de Desarrollo Humano Oportunidades" que tiene entre sus principales objetivos, mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos; acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades; impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza en las instituciones". Este programa incorpora los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales de salud, educación y desarrollo social.
La razón de ser del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades está en apoyar a las familias que viven en condición de extrema pobreza con el fin de que tengan mejores niveles de bienestar, a través del mejoramiento en educación, salud y alimentación.
Respecto al tema de la educación, en Oportunidades, se plantea "avanzar en la atención del rezago educativo" y "contribuir a que los niños y jóvenes completen la educación básica y media superior".
Sin embargo, veo con asombro que en el apartado 4.2.1.1 referente a las "Becas Educativas" se indique que sólo se otorgaran éstas a cada uno de los niños, niñas y jóvenes integrantes de las familias beneficiarias menores de 18 años, cumplidos al inicio del ciclo escolar, que estén inscritos en grados escolares comprendidos entre tercero de primaria y tercero de secundaria en escuelas de modalidad escolarizada…"
Es decir, quedan fuera de este beneficio las niñas y niños que cursen primero y segundo grado de primaria, justamente donde se registra la mayor tasa de matrícula de todos los grados académicos de nuestro sistema educativo.
El análisis que se desprenden de los últimos datos que nos proporciona INEGI, nos arroja que la matrícula en la educación primaria ha descendido. En el año 2004, la inscripción en este sector alcanzó los 14 millones 652 mil 879 alumnos mientras que en el año 2000 fue de alrededor de 14 millones 792 mil 528 alumnos, lo que significa que se redujo la matrícula en alrededor de 140 mil alumnos en tan sólo 4 años, a pesar del crecimiento poblacional que presenta el país.
Si a ello le agregamos que la deserción escolar en este nivel es de entre el 1.5 y 2 por ciento anual, estamos hablando de decenas de miles niños que desertan de la educación en los primeros años de su formación, sin dejar de mencionar que los mayores porcentajes de estos indicadores se presentan en los estados más pobres del país.
Tales razones indican que este es un asunto que no puede pasar inadvertido.
Si consideramos que la educación es el camino correcto para curar muchos de nuestros males. No debemos dejar que por ningún motivo ningún mexicano en sus primeros años de vida tenga la oportunidad de formarse y contribuir al México que todas y todos aspiramos.
Es por tal motivo que resulta necesario dar cumplimiento al espíritu del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, refrendado en los numerales 1.1 y 2.2 de sus reglas de operación, en el sentido de garantizar el derecho a la educación expresado como la igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro educativo de todos los niños y jóvenes del país a la educación básica y, por consiguiente, evitar dejar fuera a los niños que cursan primero y segundo años de primaria, pues en estricto sentido se está discriminando a este colectivo y no se les está apoyando para que puedan lograr su desarrollo humano.
No hay que olvidar que no se justifica por ningún motivo la exclusión de un grupo de estudiantes en ninguna de las etapas educativas. Por el contrario, es una obligación constitucional para el Estado mexicano garantizar e impulsar toda la educación básica.
Esta omisión, puede ser producto de un descuido o un error a la hora de diseñar este programa, pero como se contempla en las mismas reglas de operación de dicho programa se debe contar "con mecanismos efectivos para la corrección de los problemas operativos y establecer la mejora continua de los procesos", como ahora se propone.
Es por ello que con fundamento en lo que establecen los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que se atienda, por ser urgente y obvia resolución, el presente proposición que contiene el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Educación Pública y Salud, modifiquen las reglas de operación del programa oportunidades del año dos mil siete, con la finalidad de que se incluyan como beneficiarios de las becas educativas a los estudiantes que cursen el primer y segundo años de primaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007.
Diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS PARA QUE INFORME SOBRE LA IMPORTACIÓN DE SEUDOEFEDRINA, A CARGO DEL DIPUTADO MAURICIO ORTIZ PROAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración ante este honorable Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, como de urgente y obvia resolución.
Considerando
El miércoles 28 de marzo de 2007 se publicó una nota en uno de los periódicos nacionales de mayor circulación, en la cual se señala que la Secretaría de Economía modificó de manera inexplicable los registros de importación de pseudoefedrina, sustancia que se utiliza tanto en la fabricación de medicamentos como de metanfetaminas (droga sintética), y tomando en cuenta el peligro que representaría que una sustancia de estas características no haya sido correctamente registrada y que las autoridades competentes manifiesten inconsistencias en cuanto a las cantidades de la misma presentes en el territorio nacional, y por ende la posibilidad de que exista la posesión de esta sustancia sin un conocimiento preciso de las autoridades federales acerca del monto y destino de su uso, resultaría especialmente grave la posibilidad de que la pseudoefedrina pudiera "extraviarse", someto a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución
Único. La Cámara de Diputados solicita la comparecencia ante la Comisión de Economía del administrador general de Aduanas ingeniero Juan José Bravo Moisés, a fin de que informe a esta comisión, y a través de ella al Pleno de esta soberanía respecto de la modificación de los registros de importación de pseudoefedrina, sustancia que se utiliza tanto para la fabricación de medicamentos como de metanfetaminas (droga sintética).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de abril de 2007.
Diputado Mauricio Ortiz Proal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A SOLICITAR Y PROMOVER QUE EN EL PRÓXIMO PERIODO DE SESIONES DE LA ONU SE ELABORE UNA CONVENCIÓN EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, SUSCRITA POR DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quienes suscriben, María Esperanza Morelos Borja, Marcela Cuén Garibi, Laura Angélica Rojas Hernández, Silvia Emilia Degante Romero, Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez, Jorge Quintero Bello, Carlos Augusto Bracho González, María Victoria Gutiérrez Lagunas, María Esther Jiménez Ramos, Laura Rubí López Silva y Mirna Cecilia Rincón Vargas, diputadas y diputados de la LX Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que en el próximo periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas promueva y se pronuncie por la elaboración de una convención amplia e integral en la materia de los derechos de las personas adultas mayores, petición sustentada en las siguientes
Consideraciones
Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena.
Ingmar Bergman
Senectos, adultos mayores, adultos en plenitud, personas de la tercera edad, viejos o ancianos son vocablos que se refieren al mismo grupo de población, aunque bajo distintas perspectivas y enfoques, a veces de índole política. Sin embargo, como se les denomine, lo cierto es que generalmente viven en una serie de circunstancias difíciles, principalmente por su edad.
El envejecimiento trae consigo situaciones que dificultan la forma de vida de ese sector de población, más aún cuando la tendencia de la población en cuanto a la edad es a engrosarse, mientras que la población joven disminuye.
De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, en 2000 la población de adultos mayores era de 590 millones y para 2025 se tiene una proyección de mil 100 millones (casi el doble). Asimismo, se calcula que en 2000, 60 por ciento de las personas mayores de 60 años se concentraba en los países en desarrollo, previéndose que para 2025 casi 72 por ciento de la población mayor de 60 años se concentrará en países en desarrollo.
En México, según datos del Consejo Nacional de Población, hay 8 millones de adultos mayores de 70 años y para 2050 serán 36 millones.
Cerca de 10 por ciento de la población nacional corresponde a adultos mayores. Sin embargo, según proyecciones de INEGI esta cifra tenderá a incrementarse dramáticamente, situación que traerá implicaciones graves, principalmente en el ámbito económico y social si no se toman y desarrollan políticas adecuadas para hacer frente a este hecho.
Ante esa situación, se han tomado diversas medidas tanto en el ámbito federal como en los gobiernos estatales y los municipales; sin embargo, muchas de estas medidas son soluciones de corto plazo que no resuelven el fondo del problema, pues en realidad se requiere establecer una política de mediano y largo plazos que integralmente proteja y garantice el cumplimento de los derechos de las personas adultas mayores y el respeto de su dignidad humana, más aún si se considera que la magnitud del problema será mucho mayor en el mediano y largo plazos.
Cuando se puede subir una escalera, cuando se tiene un trabajo seguro, cuando se escucha con facilidad, es difícil pensar en el futuro; sin embargo, la vejez llega y con ella mucho retos, los cuales deben ser asumidos por el gobierno y por la sociedad en su conjunto.
Una de las más grandes conquistas de la humanidad ha sido la consagración de los derechos humanos en declaraciones y pactos internacionales, en sus constituciones y en sus leyes.
Nuestro país ha participado en la elaboración de instrumentos internacionales para que en todo el mundo se respeten los derechos humanos. Estos instrumentos son obligatorios para los países que, como partes, los firman y, en su caso, ratifican, los cuales se llaman "declaraciones", "pactos", "tratados", "convenciones" o "convenios".1
De conformidad con lo previsto en el artículo 133 constitucional y la Ley sobre la Celebración de Tratados, los tratados internacionales que estén de acuerdo con la propia Constitución y hayan sido celebrados por el presidente de la república y ratificados por el Senado son ley suprema de toda la Unión. Dentro de nuestro orden jurídico, se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución de acuerdo con la tesis 192,867 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.2
En el plano internacional, la perspectiva de velar y proteger los derechos de las personas adultas mayores a través de instrumentos, normas y lineamientos no es nada alentadora, pues ciertamente, contrario a lo que acontece con otros grupos considerados especiales o en situación de vulnerabilidad como niñas y niños, las personas con discapacidad, los indígenas o las mujeres víctimas de trata y violencia, en el caso de las personas adultas mayores a lo máximo existen algunas conferencias que mencionan una serie de principios y lineamientos sobre la perspectiva de las políticas públicas y su debida atención, documentos que no son vinculantes y su obligatoriedad y fuerza se basa más en el aspecto moral y político de los Estados.
Para sustentar la anterior aseveración, debemos decir que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, existen diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos jurídicamente vinculantes, de los que México es parte. A manera de ejemplo, citamos los siguientes:
Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer
Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer
Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Convención Interamericana para la Prevención, Castigo y Erradicación de la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará)
En materia de pueblos y comunidades indígenas, sobresale el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, promulgado por México el 24 de enero de 1991.
Por o que se refiere a personas con discapacidad, destaca la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, instrumento de derechos humanos promulgado el 12 marzo de 2001, como se constata en el Diario Oficial de la Federación de esa fecha.
En la misma materia, México promovió e impulsó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, inicialmente en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia celebrada en Durban, Sudáfrica, que tuvo como objetivo recomendar a la Asamblea General de las Naciones Unidas la elaboración de una convención amplia e integral de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.
Desafortunadamente, los esfuerzos más significativos sobre la perspectiva de derechos humanos de las personas adultas mayores datan en principio sobre un par de conferencias, así como documentos de carácter internacional, es el caso de la Conferencia Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Viena, Austria, en 1982, encuentro del cual emanó el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento.
Posteriormente, en 1991 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 1991 los principios de Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad, y finalmente la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento que se desarrolló en Madrid España en 2002, tuvo como objetivo la evaluación y elaboración de una nueva estrategia internacional sobre la situación del envejecimiento.
Es preocupante saber que las personas de edad avanzada son el sector menos protegido por el derecho internacional, en ese sentido, se considera necesario la creación de un marco jurídico internacional que sea susceptible de vinculación, con el fin de que la comunidad internacional, los gobiernos de los países y en general la sociedad, resguarde, proteja y respete los derechos humanos de los adultos mayores bajo una serie de lineamientos, y principios que rijan a favor ese tan importante sector de población.
Por ello es necesario crear una convención amplia e integral que además de establecer medidas tendientes a la protección de los derechos de las personas adultas mayores, dicte como algunos de sus principios los siguientes:
El de atención
El de autorrealización
El de dignidad
El de participación
Centrarse en la situación de las mujeres mayores.
Asistir a las familias para que cuiden a sus miembros de edad avanzada.
Promover el diálogo multigeneracional a través de una política educativa adecuada.
Promover los derechos humanos de las personas mayores.
Educar al público en general para el momento en que lleguen a una etapa posterior de la vida.
2. Derecho a la salud. Lamentablemente, el acceso a la salud de la personas mayores es muy limitado; en muchos casos, dentro en las instalaciones de salud del Estado el acceso a medicinas esenciales y otros servicios es a menudo negado a las personas mayores. Sobre la misma línea, los hospitales y los centros de salud se encuentran a distancias muy prolongadas, el costo de las medicinas es muy alto y lo más triste es que el personal médico trata a los adultos mayores de manera despectiva y discriminatoria.
3. Derecho a la educación. Se debe capacitar a las personas mayores en el uso de nuevas tecnologías para que puedan competir; todo esto, dentro del concepto de educación permanente.
4. Derecho a ser partícipe del desarrollo social. A medida que se envejece, se experimentan cambios físicos y la vulnerabilidad frente a las enfermedades, la discapacidad y, en ocasiones, la pérdida de capacidades mentales puede aumentar, por ello es necesario que se apoye económica y socialmente a los terceros, es decir, a aquellos que cuidan de las personas de edad.
La comunidad internacional no puede continuar dando la espalda a este grupo en situación vulnerable, siendo urgente crear una convención vinculante en la materia de la protección integral de los derechos de los adultos mayores, que sirva para dar a conocer las medidas y políticas necesarias.
México debe seguir a la vanguardia en el concierto de las naciones, impulsando estos importantes tratados, tal y como lo ha hecho en el caso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como otros temas relevantes, es el caso de una Resolución de la ONU sobre Derechos Humanos de los Indígenas y el proyecto de Resolución ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre Derechos Humanos de los Migrantes, además de programas de apoyo específicos y desde luego, la ratificación, en los últimos años, de diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos y el haber logrado la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos en la ONU.
Por lo expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que en el próximo periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas solicite y promueva la elaboración de una convención amplia e integral en la materia de los derechos de las personas adultas mayores.
Notas:
1 Orozco Henríquez, J. Jesús y Juan Carlos Silva Adaya, Los derechos humanos de los mexicanos, CNDH, 2002, página 10.
2 Al respecto, véase el capítulo "Los tratados internacionales tienen una jerarquía superior a las leyes federales. Comentario a la tesis 192,867 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", en Carpizo, Jorge, Nuevos estudios constitucionales. Para una perspectiva comparada, se recomienda Ayala Corao, Carlos M., "La jerarquía constitucional de los tratados relativos a derechos humanos y sus consecuencias", en Silva Méndez, Ricardo (Coord.), Derecho internacional de los derechos humanos, memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, 2002, páginas 41-49.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007.
Diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuén Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández, Jorge Quintero Bello (rúbrica), Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ASF A REVISAR EXHAUSTIVAMENTE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES ASIGNADAS A TABASCO, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Fernando Enrique Mayans Canabal, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La transferencia de recursos de la Federación hacia los estados son resultado de un pacto entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, desde que existe el federalismo mexicano, se ha planteado que los recursos que emana la Federación hacia las entidades federativas deben ser transparentes.
Las transferencias federales están determinadas en distintos ramos del Presupuesto de Egresos de la Federación y se diferencian entre sí por su uso etiquetado o no; los recursos etiquetados provienen de la Federación y se reconocen como las aportaciones federales o Ramo 33, Programa de Apoyo al Fortalecimiento de Entidades Federativas (Ramo 39) que en diciembre de 2006 paso a ser Fondo de Apoyo al Fortalecimiento de Entidades Federativas (Fafef). Así como todas las transferencias que provienen de excedentes petroleros y los convenios federales; por su parte se reconoce como no etiquetados a las transferencias de libre erogación por las entidades federativas los cuales son aquellos que emanan del Ramo 28 y se denominan participaciones federales.
El Gasto Federal Descentralizado que se integra con los recursos destinados a entidades federativas y municipios a través de los ramos 28, 33 y 39 así, como los que se originan derivados de los excedentes y los convenios, tienen en la actualidad una participación importante en las finanzas públicas del país; al respecto cabe precisar que para el ejercicio presupuestal 2006, el gasto federalizado alcanzó un 7.30 por ciento del producto interno bruto nacional (PIB).
El Ramo 33 representó un 3.32 por ciento del PIB en 2006. Éste se encuentra constituido por siete fondos, de los cuales su principal destino es la seguridad social como salud, educación, desarrollo social y seguridad pública, así mismo el Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas constituye un 0.26 por ciento y tiene como objetivo apoyar el saneamiento financiero y la inversión en infraestructura.
Por lo anterior y considerando que la transparencia representa un ambiente de confianza, seguridad y franqueza entre los ordenes de gobierno y la sociedad, y que las responsabilidades, procedimientos y reglas que se establecen deben de informar con claridad y ser abiertas a la participación y escrutinio público.
La transparencia con que las entidades federativas deben ejercer esos recursos es indispensable para el afianzamiento del federalismo mexicano, el cual en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra establecido.
La adición de Tabasco al mencionado pacto federal implica que el estado asuma un compromiso de suficiencia y transparencia de los rubros que se recaudan y de los que provienen de transferencias, y mas aún considerando que el promedio de los ramos 28 y 33 en los últimos 6 años ocupan un 54.4 y 29.2 por ciento del gasto total del estado respectivamente, los recursos que se transfieren por conceptos de convenios y Ramo 39 (PAFEF) un 6.1 y 2.3 por ciento respectivamente.
Compañeras y compañeros diputados: es nuestra obligación como legisladores velar por la transparencia de los recursos públicos de la nación y más aun, de aquellos que emanan de la Federación, por medio de ramos, transferencias y obras específicas, por lo que emito las siguientes consideraciones:
Que no se ha auditado el Ramo 33 en su totalidad para 2005 y 2006, y que la transparencia es un factor fundamental para el desarrollo de la democracia.
Que se requiere obtener mayor información acerca de las erogaciones que se realizaron en los últimos años en el rubro de infraestructura y en especial de infraestructura carretera y hospitalaria por considerarse rubros prioritarios.
Que se debe poner la máxima atención en el gasto federalizado y en la aplicación de los excedentes petroleros.
Debe darse un mayor seguimiento al gasto, en específico el que se ha hecho en salud de acuerdo a las disposiciones del Presupuesto De Egresos de la Federación y a su impacto entre la población.
En este sentido un grupo de ciudadanos del estado de Tabasco, pertenecientes a los 17 municipios, se han acercado a esta soberanía para manifestar que durante los últimos meses los recursos destinados a programas sociales han sido insuficientes, del mismo modo todos los programas de salud, en donde existe un atraso significativo, aunado a que existe poca transparencia entre estos recursos federales.
Por lo antes expuesto y por el compromiso que tenemos como legisladores, pido a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración del Pleno de esta soberanía como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que en ejercicio pleno de sus atribuciones instrumenten las acciones pertinentes para llevar a cabo las auditorías en los siguientes rubros, a fin de que se transparente el uso y destino de los recursos federales:
2. De las obras que se realizaron con la aplicación de los recursos de los excedentes petroleros desde el año 2003 hasta la fecha por el gobierno del estado de Tabasco.
3. De los recursos de las obras de infraestructura carretera, en específico, la denominada carretera "Isla-Comalcalco-Dos Bocas".
4. De las obras de infraestructura hospitalaria, y en específico, el "Hospital de la Mujer" de la ciudad de Villahermosa Tabasco.
5. De las plantas potabilizadoras creadas con recursos federales.
Tercero. En el mismo tenor se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, se instrumenten los acuerdos y medidas necesarios para efecto de transparentar las erogaciones antes mencionadas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de abril de 2007.
Diputado Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTA SOBERANÍA CONDENA EL ASESINATO DEL PERIODISTA AMADO RAMÍREZ DILLANES, CORRESPONSAL DE TELEVISA EN ACAPULCO, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La libertad de pensamiento y de expresión es la garantía de un adecuado funcionamiento del estado de derecho y del sistema democrático. La agresión contra estos valores representa un atentado contra la sociedad en su conjunto.
Lamentablemente, a pesar de que en nuestro país hemos avanzado trabajosamente en el perfeccionamiento de nuestra democracia, existe un grave rezago en materia de ejercicio seguro y libre de la actividad periodística, que daña los cimientos de la sociedad. La violencia contra quienes desarrollan el trabajo de informar a la sociedad a través de los medios de comunicación se ha incrementado notablemente en los últimos años.
Esta situación se agrava en virtud de que contra la prensa no sólo se eleva la amenaza de personeros del poder que ven amenazados sus intereses por la denuncia valiente de los medios de comunicación sino, también, por las organizaciones de la delincuencia, que tienen en los periodistas un valladar que impide su expansión descontrolada, a través de la denuncia de los miembros y lugares en que operan las bandas delictivas y haciendo un ejercicio profesional de investigación que coadyuva de manera muy importante al trabajo de las autoridades de seguridad pública.
Los periodistas están siendo objeto de un clima persecutorio, intimidatorio y criminal, que incluso se extiende más allá de nuestras fronteras. La Federación Internacional de Periodistas informó que en 2006 se vivió el momento más trágico para los periodistas, toda vez que murieron 155 personas de ese gremio, asesinadas por circunstancias no esclarecidas; 68 de ellos perdieron la vida en Irak. No obstante, México, Colombia y Venezuela concentraron la mayoría de las 37 víctimas de la región. Incluso, se calcula que al menos 31 periodistas perdieron la vida durante el régimen foxista, llegando a calificarse el país como el más mortífero para la prensa y el más peligroso para los comunicadores que cubren crimen y corrupción. Coincidentemente, la mayoría de ellos se centraban a tareas de investigación.
En este contexto, el Grupo Parlamentario del PRI lamenta otro hecho de sangre, donde perdió la vida el señor Amado Ramírez Dillanes, corresponsal televisivo en Acapulco, quien fue ultimado de cuatro balazos en esa ciudad, el pasado viernes 6 de abril. El ataque se perpetró a una cuadra de un destacamento de la policía investigadora ministerial, a manos de un sicario que, por las características descritas del atacante, lleva a presumir una ejecución.
A la fecha no se tienen informes de la identificación del responsable ni del móvil, pero este crimen nos debe unir a los legisladores, los partidos políticos y la sociedad en su conjunto para demandar su esclarecimiento con la mayor rapidez, al mismo tiempo de impulsar que se otorguen garantías plenas para el ejercicio del trabajo de los periodistas, toda vez que el acoso y la violencia pueden llevar a un retroceso en el desarrollo de una prensa libre y útil para toda la sociedad. Es imprescindible preservar tanto la función periodística como la integridad física de quienes se dedican a ese trabajo.
Cualquier forma de violencia contra un periodista por la indagación o publicación de un contenido noticioso, su independencia profesional o su sujeción a la ética periodística y la legalidad tiene efectos destructivos para la convivencia democrática y el estado de derecho.
Desafortunadamente, los continuos ataques contra los periodistas no se dimensionan adecuadamente en sus efectos para la colectividad y la democracia; en primer lugar, porque el Estado mexicano ha demostrado una seria incapacidad para garantizar a plenitud el derecho social a la información.
En segundo lugar, este derecho los ciudadanos no lo han percibido al mismo nivel que otros derechos fundamentales, como el de la vida, el trabajo o el libre tránsito. En tercer lugar, el crimen organizado ejerce su violencia con impunidad, creyendo que ni el gobierno ni la sociedad tienen capacidad de reacción y, en cuarto lugar, por un sistema institucional que protege débilmente la condición del trabajo periodístico.
En este sentido, el crimen de Amado Ramírez Dillanes no es un hecho aislado y debe verse como parte de un grave fenómeno social, que agrede a toda la sociedad. En tal virtud, la Cámara de Diputados, como institución corresponsable del adecuado funcionamiento de nuestra democracia y de la defensa de las garantías fundamentales de la sociedad, debe exigir tanto el esclarecimiento rápido de este crimen como políticas y programas públicos que permitan incrementar la seguridad de los comunicadores.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados condena el artero crimen del corresponsal de televisión Amado Ramírez Dillanes, ocurrido el pasado viernes 6 de abril, en Acapulco, Guerrero, y solicita que las autoridades competentes realicen una investigación ágil y certera que impida que este grave hecho quede impune. Asimismo, demanda que tanto las autoridades como las empresas de comunicación sumen esfuerzos para garantizar mejores condiciones para la seguridad y el trabajo de los periodistas mexicanos.
Palacio Legislativo, a 10 de abril de 2007.
Diputado Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA STPS A EMPRENDER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE EN LOS ACTOS QUE PROMUEVA CONSIDERE POR LO MENOS 5 POR CIENTO DE LOS ESPACIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS ORGANIZACIONES CIVILES, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA EMILIA DEGANTE ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal Silvia Emilia Degante Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparece ante esta soberanía para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Poder Ejecutivo federal a realizar las acciones necesarias y que en todo acto de gobierno que promueva –tales como, exposiciones, seminarios, conferencias, ferias, etcétera– se considere en por lo menos un 5 por ciento de los espacios disponibles a las personas con discapacidad y sus organizaciones sociales para fomentar el empleo y autoempleo de este sector de la sociedad, conforme a las siguientes
Consideraciones
En México existen de 7 por ciento al 13 por ciento de la población personas que viven alguna discapacidad, toda vez que hay 10 millones de personas con discapacidad, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, debemos tomar en consideración que cualquier medida que se pueda aplicar en este Congreso sin duda ayudaran al la integración de este sector de la población.
Los mexicanos con algún tipo de discapacidad que carecen de un empleo formal y, en particular, aquellos que no cuentan con empleo han recibido de alguna manera algún beneficio por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), como en el sexenio pasado los centros delegacionales promotores del empleo y hoy las agencias de integración laboral para personas con discapacidad del DIF nacional, Red de Vinculación Especializada para la Integración Laboral de las Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la STPS.
Los esfuerzos que México ha realizado no han sido suficientes, ya que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en su Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 1996 arroja las siguientes cifras: el 24 por ciento de la población con discapacidad son económicamente activos y 76 por ciento se encuentran de manera inactiva. De la población económicamente activa el 85 por ciento están ocupados y el 15 por ciento busca un empleo. Por otro lado del 76 por ciento de esta población que se encuentra inactiva, el 6 por ciento estudia, 8 por ciento realiza deporte, 26 por ciento se encuentra en su hogar y el 60 por ciento quiere trabajar.
Sin embargo hablar de cifras pueden ser en ocasiones muy ilustrativas pero en el mayor de los casos son duras y dan cuenta de lo indolente que puede ser un país con sus ciudadanos y que de gran valor serán las acciones que se tomen para estos mexicanos que viven alguna discapacidad como al igual que los demás grupos vulnerables que sólo buscan la igualdad de oportunidades.
Por lo anterior, los esfuerzos y acciones que en este momento la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realice para beneficiar a miles de ciudadanos y las organizaciones sociales que atienden el tema y que requieren una oportunidad para generar fuentes de empleo, esta soberanía puede y debe impulsar las condiciones necesarias para que estas existan.
Con acciones como las que hoy se plantean con este punto de acuerdo nos sumamos a los esfuerzos que el gobierno federal en su conjunto está realizando en materia de integración y promoción social de las personas con discapacidad, como los incentivos fiscales para empresarios que contraten a personas con discapacidad, anunciadas por el presidente de la república hace algunos días, generando con ello un ambiente de inclusión y equiparación de oportunidades, observando en todo momento el bien común en México.
Pese a que distintas instituciones nacionales y extranjeras que trabajan para beneficiar a las personas con discapacidad en México como Galrp, Capítulo México, IAP; Industrias de Buena Voluntad, IAP, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y el DIF nacional, y la propia Secretaría del Trabajo, el camino aún es largo para integrar a la vida productiva del país a miles de personas que requieren de nuestro trabajo y compromiso que como legisladores obtuvimos en nuestros distritos correspondieres.
Por otra parte es necesario que la Secretaría del Trabajo estimule y apoye a quienes con una actitud emprendedora y con deseos de superación deciden realizar una actividad económica independiente, se les impulsen en cualquiera que sea la oportunidad en donde puedan exhibir y dar promoción a los productos o servicios que ofertan instituciones como APAC, IAP; Confe, IAP, etcétera, y, en general, cualquier persona con discapacidad, y que a través de sus capacidad y aptitudes han logrado su integración a una vida productiva.
Lo anterior, toda vez que instituciones publicas han generado programas específicos para la generación de empleos y autoempleos, como las secretarías de Desarrollo Social; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Turismo, de Economía, entre otras, las cuales en su programas han apoyado con recursos económicos, técnicos y humanos para la realización de proyectos productivos en los cuales las personas con discapacidad sean los beneficiarios directos.
Por otro lado la falta de espacios para publicitar o vender los productos y servicios que en sus proyectos productivos elaboran son o muy costosos y con grandes competidores, lo que hace el camino más difícil para alcanzar la rentabilidad y, en ocasiones, llegan al fracaso del proyecto y los recursos federales sólo sirvieron como un paliativo al desarrollo social de las personas con discapacidad.
Punto de Acuerdo
Único. Que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que realice las acciones necesarias con objeto de que en las exposiciones, seminarios, conferencias, ferias u otros actos que promueva considere por lo menos el cinco por ciento de los espacios disponibles para las personas con discapacidad y sus organizaciones civiles.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007.
Diputada Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS FEDERAL, DE GUERRERO Y DE ACAPULCO A IMPLANTAR UN PROGRAMA DE RESCATE Y SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL RÍO DE LA SABANA Y DE LA LAGUNA DE TRES PALOS, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR FLORES MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Resolutivo
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General ante el Pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias, el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, LX Legislatura, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Turismo; al gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente estatal y al honorable ayuntamiento del municipio de Acapulco, Guerrero, a fin de conjuntar y coordinar esfuerzos para la creación e implementación de un programa integral para el rescate integral de la cuenca del río de la Sabana y de la laguna de Tres Palos a fin de garantizar la sustentabilidad ambiental del principal puerto turístico del país.
Diputado César Flores Maldonado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN QUE AFECTA A LAS ALUMNAS DEL INSTITUTO LA VILLA DE LAS NIÑAS, DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como lo preceptúa el artículo 4o. de nuestra Constitución Política, la niñez mexicana debe tener garantizados sus derechos fundamentales, tales como la educación, la alimentación, la salud y su sano esparcimiento para su desarrollo integral. El sector poblacional más sensible es el de los niños y requiere políticas específicas y una atención permanente para garantizar siempre las mejores condiciones para su desarrollo.
Por ello, el objeto de esta proposición es llamar la atención sobre el problema, aparentemente sanitario, que ha afectado a 600 alumnas del internado La Villa de las Niñas, caracterizado por mareo, fiebre, vómito y dolor muscular que les impide caminar, de lo que se desconocen sus causas y el tratamiento que se requiere para solucionarlo.
Esta institución se fundó hace 15 años por el precursor de las Hermanas de María, Al Schwartz, como un internado para niñas de escasos recursos, en un municipio caracterizado por la pobreza. Ante la situación de abandono, hacinamiento y la existencia de muchos niños entre los tiraderos de basura que caracterizaban a esta zona, esta iniciativa de orden filantrópico ha resultado muy valiosa para ofrecer una alternativa de educación y desarrollo para una población de 4 mil 500 alumnas, que pertenecen a 3 mil 500 familias.
En este internado la situación ha sido estable y mediante su trabajo se ofrece a las alumnas secundaria técnica y bachillerato intensivo, que abarca también actividades como costura, mecanografía, computación, secretariado ejecutivo y capacitación para la actividad de supervisora de la industria del vestido. Además, en sus instalaciones se practican deportes como futbol, natación y danza, además de música y diferentes manualidades.
Ante la realidad de que el mayor porcentaje de quienes no terminan sus estudios se trata de niñas, por falta de recursos y por absorberlas, desde muy corta edad, responsabilidades familiares, La Villa de las Niñas ha garantizado la continuidad en la educación de sus alumnas que, al egresar, pueden aspirar a continuar sus estudios en cualquier universidad.
Como institución de asistencia privada, este internado subsiste de las aportaciones de donadores particulares, incluyendo el esfuerzo de atraer donaciones de otros países, ante el crecimiento de sus necesidades, que desbordan generalmente los recursos disponibles.
A pesar de sus dificultades, los legisladores del PRI queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento a quienes realizan labores altruistas que coadyuvan a superar las barreras culturales y económicas de muchas familias y de un amplio número de niños.
No obstante, la situación que se vive en esta institución, al afectar a 600 alumnos, supone un problema serio que puede tener causas internas ó externas, que es necesario investigar con minuciosidad y resolver con eficacia, ante la amenaza que representa para las alumnas. En principio las autoridades municipales han descartado que se pudiera tratar de un problema del agua que se suministra al internado, que fue una hipótesis manejada en principio ante su cercanía con el canal de aguas negras Río Ameca.
Por tratarse de un fenómeno atípico y por sus implicaciones para la salud, nos parece conveniente que, de manera coordinada, tanto las autoridades federales de salud como las locales puedan realizar una investigación precisa de sus causas y resolver esta problemática. Este mecanismo también podría favorecer que, de existir problemas de contaminación, de alimentos o epidemiológicos, entre otros, se pueda pedir el apoyo de otras instancias gubernamentales de los tres niveles para que este problema no se deje ir más lejos y que tanto esta institución como las familias y las alumnas reciban el respaldo pleno de las instituciones públicas y de la sociedad.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados solicita que las autoridades federales de salud, en coordinación con las autoridades del estado de México y de Chalco realicen una investigación a fondo para determinar las causas precisas que han afectado la salud de 600 alumnas del instituto Villa de las Niñas, implantando las acciones necesarias para darles solución y garantizar las mejores condiciones para el desarrollo integral de las mismas.
Palacio Legislativo, a 10 de abril de 2007.
(Rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DE VERACRUZ A DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA LA MEJORA DE LAS CARRETERAS QUE CONDUCEN A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL TAJÍN, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO DEL VALLE TOCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Antonio Del Valle Toca, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone al Pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución, a fin de exhortar al gobierno del estado de Veracruz a destinar los recursos públicos suficientes para la mejora de las carreteras estatales que conducen a la zona arqueológica del Tajín, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que la zona arqueológica del Tajín, convoca anualmente a miles de turistas nacionales y extranjeros para disfrutar y participar en las celebraciones con motivo del equinoccio de primavera, así como en actividades culturales y turísticas diversas que fueron heredadas por las culturas totonacas.
2. Que la ciudad sagrada de El Tajín es una zona declarada por la UNESCO como patrimonio mundial de la humanidad, por lo que no es solo patrimonio de nuestro país sino del mundo y es necesario conservarlo como testimonio de la grandeza del espíritu humano para las generaciones venideras.
3. Que dentro de las actividades culturales y turísticas a desarrollarse en El Tajín no se limita a la zona arqueológica del mismo nombre, sino que por la cercanía a playas, montañas y ríos ofrece inigualables oportunidades de esparcimiento a los miles de visitantes que acuden a esta región norte del estado de Veracruz, por lo que el cuidado y mantenimiento de las vías de comunicación dentro de de esta zona es importante por ser un detonante del turismo en el estado de Veracruz.
4. Que con este motivo, los tres órdenes de gobierno tienen tareas ineludibles para fomentar el desarrollo turístico teniendo como eje la zona arqueológica del Tajín, por lo que las autoridades federales, estatales y municipales, en ejercicio de las atribuciones que la ley les confiere deben formular e implementar las políticas públicas pertinentes para hacer que esta región norte de Veracruz obtengan el desarrollo turístico idóneo y con ello el desarrollo económico de la zona arqueológica del Tajín.
5. Que por lo que respecta al gobierno local del estado de Veracruz, a éste compete entre otras funciones, garantizar el acceso a la zona del Tajín por las carreteras estatales de manera expedita y segura.
6. Que las tres principales carreteras que permiten el acceso a la zona del Tajín, desde Papantla, el Chote y Poza Rica, se encuentran en pésimas condiciones de uso, lo que aumenta la posibilidad de percances y accidentes automovilísticos de turistas nacionales y extranjeros que visitarán la zona arqueológica del Tajín en fechas próximas.
7. Que en el marco del federalismo hacendario y la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión ha autorizado la entrega de recursos económicos suficientes para que el gobierno del estado de Veracruz mejore las condiciones de las carreteras estatales a fin de prestar un servicio eficiente y de calidad a los turistas nacionales y extranjeros que transitan por esos caminos.
Por lo anterior, someto a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
(urgente resolución)
Único. Que se exhorte al Poder Ejecutivo local del estado de Veracruz para que en el marco de las facultades que la ley le otorga, mejore las condiciones de las carreteras, realizando las obras de señalización y mantenimiento necesario, que conducen a esta zona arqueológica del Tajín, para proteger a los turistas nacionales y extranjeros que acuden a esta zona considerada patrimonio mundial de la humanidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2007.
Diputado Antonio del Valle Toca (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DECLARAR ILÍCITOS LOS ANUNCIOS CLASIFICADOS EN LOS PERIÓDICOS DONDE SE OFRECEN SERVICIOS DE MASAJES Y OTROS QUE PROMUEVEN LOS ESTEREOTIPOS SEXISTAS DISCRIMINATORIOS PARA LA MUJER Y LA PROSTITUCIÓN INVISIBLE, A CARGO DE LA DIPUTADA HOLLY MATUS TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
En toda sociedad existen una serie de normas, valores y deberes diferenciales entre hombres y mujeres que se construyen socialmente a partir de las diferencias anatómicas del orden sexual. Esta construcción social a la cual denominamos, el género, no es lineal ni estática, más bien se encuentra en constante transformación y se crea y reproduce a través de los medios de comunicación, de las instituciones, de los grupos religiosos, de la familia.
El sistema cultural, refuerza las desigualdades entre hombres y mujeres, promueve las jerarquías, justifica el dominio y el desequilibrio de poderes. Asimismo influye en el juicio y la valoración social y en la propia imagen y autoestima de las mujeres. Los medios de comunicación constituyen hoy en día uno de los agentes de socialización genérica más importantes. A través de ellos se transmite, de modo muy sutil e inconsciente, una visión parcial y estereotipada de las mujeres y los hombres. De forma que el papel adjudicado a las mujeres, es el de víctimas, personajes de la farándula u objetos sexuales.
La utilización de la mujer como objeto sexual en los medios y en la publicidad es un tema de todos conocido. El sexo es un espacio de consumo al que estamos habituados a través de la publicidad, las revistas y los periódicos, la televisión y el Internet.
El objetivo de esta práctica en la publicidad, desde sus comienzos, ha sido la de reducir a la mujer a "objeto". Dentro de todo el contenido publicitario la mujer está despersonalizada, sin identidad propia, sólo pone su cuerpo y belleza al servicio de la satisfacción sexual, promoviendo una cultura de menosprecio y de intercambio comercial sobre el cuerpo humano.
La imagen de la mujer aparece en la publicidad en una mayor proporción que la del varón, sobre todo si el anuncio tiene un contenido sexual, y sirve como llamada de atención al sexo masculino. Generalmente, las mujeres que aparecen en la publicidad suelen ser mujeres jóvenes y bellas, de proporciones físicas exuberantes que bien aparecen desnudas o escasamente vestidas; luego entonces, la mujer es sólo un cuerpo, una pieza objeto del deseo del hombre.
Los anuncios en los periódicos que ofrecen "masajes" impartidos por "bellas mujeres", se han convertido en un negocio muy redituable para el medio que permite esta clase de anuncios, y fomentan la llamada "prostitución disfrazada". En México de forma permanente existen planas completas de este tipo de anuncios que en fin de semana se incrementan generosamente en distintos medios del país. En esta "prostitución disfrazada" se ofrece una gran variedad de servicios sexuales para todos los gustos y preferencias, así como capacidades económicas.
Tanto reditúa este negocio que en las últimas páginas del periódico de circulación nacional La Prensa, encontramos 259 anuncios de este tipo en la edición del lunes 26 de marzo del presente, mientras en el aviso oportuno de El Universal se contabilizaron 256, y en el Reforma únicamente 20, en la misma fecha. Así podemos ver en esas secciones anuncios que describen al modelo que brinda el servicio, como ejemplo tenemos:
"Sherlyn chavita excelente trato, servicios especiales exigentes, vísitame Cel: XXXXX Satélite"
"Jovencitas, hijas de familia, colonia del Valle, Tel. XXXXX."
El costo por la inserción de estos anuncios no varía mucho entre un periódico y otro, en La Prensa, por ejemplo, se cobran $ 3.62 pesos por palabra minúscula y $ 4.83 por palabra mayúscula, mínimo deben ser 10 palabras y máximo 30, el precio es por día. Un anuncio con gráficos, puede costar de 300 a mil 500 pesos diarios, según el tamaño del mismo.
El problema más grave de esta "prostitución disfrazada" no es la doble moral que exhiben varios medios que publican este tipo de anuncios, ni tampoco las grandes cantidades de dinero que entra en las arcas de los periódicos gracias a éstos. El problema es el vacío legal que hay para regular esta actividad, para evitar la explotación sexual de las mujeres, y promover una imagen denigrada, de objeto sexual.
Diversos son los convenios y acuerdos firmados y ratificados por el gobierno mexicano afín de garantizar la equidad de género y el adelanto de las mujeres. En el Capítulo IV objetivo 236 de la Plataforma de Acción de Beijing, se exhorta a los medios de comunicación a que contribuyan al adelanto de la mujer "….suprimiendo la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de la mujer en los medios de comunicación, sean electrónicos, impresos, visuales o sonoros. Los medios impresos y electrónicos de la mayoría de los países no ofrecen una imagen equilibrada de los diversos estilos de vida de las mujeres y de su aportación a la sociedad en un mundo en evolución. Además, los productos violentos y degradantes o pornográficos de los medios de difusión también perjudican a la mujer y su participación en la sociedad. Los programas que insisten en presentar a la mujer en sus papeles tradicionales pueden ser igualmente restrictivos.
Dentro de las medidas que han de adoptarse, la Plataforma de Acción señala en el objetivo estratégico J.2. Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión a través de:
e) Fomentar la idea de que los estereotipos sexistas que se presentan en los medios de difusión son discriminatorios para la mujer, degradantes y ofensivos;
A pesar de las disposiciones contenidas en la convención, estas no son respetadas. Numerosos Estados parte de la Convención de 1949 no aplican estos artículos y otros hasta han adoptado leyes que están en perfecta contradicción con los principios de la convención.
En su informe de 1996 sobre "la trata de mujeres y de niñas", el Secretario General de Naciones Unidas subrayó la ausencia de un órgano de vigilancia y su preocupación con respecto a la falta de mecanismos de aplicación que debilitaba la eficacia y la implantación de dicho instrumento.
En la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará), y firmadas por México, se establece que los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.
Existe en México un Reglamento sobre publicaciones y revistas ilustradas (no esta claro que abarque también a los periódicos), que se publicó en el Diario Oficial de la Federación con fecha 21 de abril de 1977, y se actualizó el 13 de julio de 1981; en que se ratifica la adhesión de México a la Convención para reprimir la circulación y el tráfico de publicaciones obscenas, celebrada en Ginebra el 12 de septiembre de 1923, en donde este tipo de publicaciones se consideran contrarias a la moral pública, fomenta vicios, establece normas y emite sanciones, por ejemplo, en el artículo 6o. párrafo I se cita:
I. Contener escritos, dibujos, grabados, pinturas, impresos imágenes, anuncios, emblemas, fotografías y todo aquello que directa o indirectamente induzca o fomente vicios o constituya por sí mismo delito;
En el artículo 4 párrafo II de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se señala que entre los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales se encuentra el respeto a la dignidad humana de las mujeres.
Promover la prostitución es una de las mayores prácticas vejatorias contra la mujer, con frecuencia fuente de violencia y de explotación mafiosa, y principal vehículo de epidemias como el sida, y no puede ser tolerada como si fuera un cáncer imposible de vencer, por tal motivo someto a su consideración como de urgente u obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Con fundamento en el artículo 17, inciso VI de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y el artículo 4,párrafo 2,de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida sin Violencia, se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, para que declare la ilicitud de los anuncios clasificados que aparecen en los periódicos de circulación nacional, en donde se ofrecen servicios de "masajes" y otros anuncios relacionados, dado que promueven los estereotipos sexistas discriminatorios contra la mujer y la prostitución disfrazada.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que en términos de las atribuciones que le asignan las leyes, así como los reglamentos y decretos, a determinar los tiempos de retiro de los mismos, así como actualizar y adecuar la reglamentación existente en la materia.
Palacio Legislativo a 10 de abril de 2007.
Diputada Holly Matus Toledo (rúbrica)
Excitativas
El que suscribe, diputado federal Jaime Verdín Saldaña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en la dispuesto por los artículos 21, fracción XVI, 87 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente de esta Presidencia, tenga a bien formular una excitativa a las comisiones de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a efecto de que se dictaminen a la brevedad posible para su presentación ante el Pleno de este órgano legislativo, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de combate al contrabando, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
Primero. El 12 de noviembre de 2002 los ciudadanos Fauzi Hamdan Amad y Ricardo Alaniz Posada, senadores de la República del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que, como lo señalan en su exposición de motivos, tiene el propósito de dotar a las autoridades, de mayores atribuciones que les permitan combatir y erradicar el delito de contrabando, por medio de las modificaciones al marco legal, para establecer las bases que posibiliten la adopción de estrategias que enfrenten eficazmente este fenómeno, por los efectos negativos que produce a la economía del país; esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia; de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores con fecha 14 de noviembre de 2002.
Segundo. El 19 de noviembre de 2002 los ciudadanos Enrique Jackson Ramírez y Antonio García Torres, senadores de la República del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el fin de combatir el delito de contrabando, por los efectos nocivos que produce a la economía del país, ya que origina grandes pérdidas pecuniarias a las industrias que se dedican a la producción de bienes y servicios; esta iniciativa, con fecha 21 de noviembre de 2002, fue turnada para su estudio y dictaminación a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
Tercero. Con fecha 10 de diciembre de 2002 fue votado y aprobado el proyecto de decreto que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada por el Pleno del Senado de la República y enviada por el Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.
Cuarto. El 11 de diciembre de 2002 el Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ahora Comisión de Justicia, la minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para su análisis y dictaminación.
Quinto. Con fecha 13 de febrero de 2004 se amplió el turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para el estudio de esta minuta, y posteriormente se amplió a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Consideraciones
Actualmente, el contrabando mundial, en donde México no es la excepción, constituye uno de los rostros más nocivos de la globalización del comercio internacional, porque ocasiona graves daños a las economías nacionales inundadas con esos productos que no pagan impuestos y provocan la pérdida de millones de empleos formales en diversos sectores, problema que se ha agravado en México en los últimos años, basta saber que las industrias textil, del calzado, jugueteras y fonográficas se encuentran entre las más perjudicadas por el contrabando y la piratería.
Lo anterior se hace patente con las estimaciones de la Unión Nacional de Federaciones y Sindicatos de la Industria Textil que resaltan que 60 por ciento del mercado de prendas de vestir en el país lo acaparan productos introducidos de contrabando, en tanto que un estudio del Grupo de Economistas y Asociados (GEA) establece que el consumo de ropa en México asciende a 16 mil 295 millones de dólares, de los cuales 9 mil 451 millones se comercializan por canales ilegales. Esta situación ha provocado la pérdida de más de 140 mil empleos.
Por su parte, en el sector del calzado se calcula que al año ingresan unos 250 millones de pares de zapatos, gran parte de los cuales provienen de China, situación que ha provocado la pérdida de más de cien mil empleos directos.
El arancel a las importaciones de calzado que se aplican a las naciones con las que México no tiene acuerdos comerciales es de 35 por ciento, mientras que las provenientes de Estados Unidos no pagan arancel, de ahí que gran parte del calzado de contrabando que ingresa y proviene de China, el mayor productor a nivel mundial, se realicen mediante la triangulación para evitar el pago de impuestos.
En el ramo juguetero, en el que México se ha convertido en uno de los mercados más codiciados en el mundo, la invasión asiática ha provocado el cierre de más de 70 por ciento de las fábricas nacionales, por lo que en la actualidad sólo 42 han logrado sobrevivir de las 400 que había registradas en 1985.
En suma, el contrabando ha dejado en nuestro país un saldo catastrófico por la pérdida de miles de empleos, el cierre de fábricas, la afectación a la recaudación fiscal y lo que es más, la proliferación del crimen organizado en este tipo de redituables actividades ilícitas, que ha visto en este aspecto un campo de acción fértil, aunado a que el contrabando está fuertemente ligado a otros delitos graves como la piratería, venta de mercancía robada y adulteración de productos como licores y perfumes.
En razón de lo anterior, surge la necesidad de implantar medidas para combatir el contrabando y particularmente el de fortalecer el marco jurídico punitivo para sancionar más severamente este tipo de conductas, particularmente cuando el crimen organizado participa en él, toda vez que el contrabando asociado al crimen organizado daña y pone en peligro bienes y valores de mayor importancia, tanto para la planta productiva nacional como para la industria, así como para el fisco, en virtud de que la capacidad de las organizaciones criminales dedicadas al contrabando y su delitos conexos supera en mucho a una actividad individual.
En tal virtud la minuta materia de la presente iniciativa plantea fortalecer el combate de este tipo de delitos, estableciendo la posibilidad de que cuando se actualicen los supuestos legales necesarios al efecto, pueda aplicarse el régimen especial de la delincuencia organizada, el cual prevé disposiciones sustantivas y adjetivas más severas que las aplicables a la delincuencia común.
Lo anterior en virtud de que es sabido que, en el contrabando, participan pluralidad de sujetos que van desde empresarios, productores y distribuidores, e incluso algunos gobiernos; que opera un mercado global de contrabando que funciona y se fortalece con protección legal y física en los países invadidos por millones de toneladas de productos que ingresan por sus fronteras y puertos, y terminan la mayoría de las ocasiones en la economía informal y no pocas en el comercio legal, por lo tanto es una exigencia nacional castigar severamente a todos los que de una forma u otra, dolosamente intervengan o favorezcan las actividades de contrabando.
Consideraciones de derecho
Desde el día 11 de diciembre de 2002 a la fecha, ha transcurrido más del tiempo que se concede en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que las comisiones de la Cámara competentes presenten el dictamen correspondiente a la minuta descrita.
En tal virtud, es procedente que el Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento con lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 del citado reglamento, excite a las comisiones de Justicia, a la de Hacienda y Crédito Público, así como a la de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a fin de que emitan el dictamen correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted Presidente de la Cámara de Diputados en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, atentamente pido se sirva:
Único. En los términos de lo dispuesto por los artículos 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; excite y envíe el presente documento a las comisiones Justicia, de Hacienda y Crédito Público, así como a la de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para que presenten el dictamen respectivo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de combate al contrabando.
Palacio Legislativo de San Lázaro, jueves 29 de marzo de 2007.
Diputado Jaime Verdín Saldaña (rúbrica)
A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A SOLICITUD DEL DIPUTADO RAMÓN SALAS LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Quien suscribe, diputado Ramón Salas López, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, formule la excitativa a las comisiones de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las siguientes consideraciones:
En la LIX legislatura fueron presentadas diversas iniciativas en busca de resolver la problemática de los vehículos de procedencia extranjera que se encuentran en el país de manera irregular, propuestas hechas de parte del PRI, PAN y PRD.
Cuando se estuvo a punto de someter a votación un dictamen hecho por la Comisión de Economía de esta honorable Cámara de Diputados, el Ejecutivo federal el 22 de agosto de 2005, publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto el cual sólo permitió solucionar el 30 por ciento del problema, toda vez que únicamente contempló la importación de vehículos de 10 a 15 años de antigüedad y de fabricación en Estados Unidos, Canadá y México, dejando en manos de agentes aduanales el trámite, quienes cobraron en algunos casos, más por sus honorarios que por los propios derechos de importación, encareciendo el trámite y desalentando a los propietarios a realizar la importación de sus vehículos, esto provoco que los propietarios que tienen vehículos más antiguos o más modernos y de fabricación distinta de los países antes mencionadas, que ya circulan en el país no pudieran apegarse a este decreto.
Si bien este decreto no resolvió el problema, si dejó importantes aportaciones al erario público, y sería interesante saber a donde fueron a parar éstos, toda vez que se fomentó la introducción de más vehículos, sin resolver los que ya circulan en el país.
Esta acción de parte del Ejecutivo levantó reacciones negativas, tanto de organizaciones protectoras de estos vehículos, así como de la iniciativa privada del sector automotor, de parte de las organizaciones sociales su manifestación fue que era un decreto mocho y que el problema no se resolvería de esta manera; por parte de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), su rotundo rechazo, incluso denominaron al Presidente Vicente Fox, el "rey del chocolate".
Con base en esto, realizando un esfuerzo por lograr consensos y dar una solución definitiva a este histórico problema, fue propuesta la Ley de Fomento para la Renovación del Parque Vehicular, la que contempla la creación de programas para disminución de asimetrías con el mercado de vehículos con respecto a Estados Unidos, con el fin de fomentar la adquisición de vehículos vendidos en el mercado nacional, la implementación de un programa de deschatarrización por medio de un fideicomiso que permita fomentar la industria del reciclaje, y para que puedan apegarse todos los vehículos que circulan en el país, un programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, lo anterior con el fin de tener un parque vehicular más digno, limpio y seguro.
Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad por el Senado de la República, después de haber reunido a los actores involucrados en el tema logrando su apoyo a esta iniciativa.
Actualmente se estima que existen 2.5 millones de vehículos de procedencia extranjera en situación irregular en el país, por no existir el marco legar que permita su legal estancia, que si bien se puede traducir en la mayoría de los casos en una problemática familiar por tratarse de un patrimonio, aunado a que este fenómeno se presenta sobre todo en aquellos municipios con alto índice de expulsión de migrantes.
Por lo antes expuesto, le solicito respetuosamente, señor Presidente:
Único. Tenga por presentada esta excitativa y se sirva exhortar a las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, de esta honorable Cámara de Diputados para que dictaminen y sea sometido a votación el dictamen de la minuta de la Ley de Fomento para la Renovación del Parque Vehicular.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2007.
Diputado Ramon Salas López (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA ADDY CECILIA JOAQUÍN COLDWELL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, Addy Cecilia Joaquín Coldwell, diputada federal integrante de la LX Legislatura al Congreso de la Unión, solicita con fundamento en las atribuciones que confiere a la Presidencia de la Mesa Directiva el artículo 67, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva requerir, mediante excitativa formal, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que presente el dictamen relativo a la minuta del Senado de la República, mediante el cual se reforma el artículo 133, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, enviado a la Cámara de Diputados el 13 de diciembre de 2002.
Consideraciones
Primero. El 12 de diciembre de 2002 el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que reforma el artículo 133, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. Dicha modificación legal la promoví en ese momento como senadora de la República.
La minuta señaló que:
b) La discriminación de todo tipo representa un retroceso en la construcción de un Estado libre y democrático, como el que pretende ser el Estado mexicano, más aún si se trata de discriminar a la mujer.
c) El negarle un trabajo a una mujer por falta del certificado de gravidez representa la cancelación de ésta a acceder a la seguridad social, tanto para ella, como para el futuro ciudadano.
d) El negarle el trabajo a la mujer constituye una violación a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), firmado por México en 1979.
Decidí presentar la excitativa debido a que hace unos días la Junta de Coordinación Política ordenó a las comisiones dictaminadoras a presentar a más tardar el 31 de marzo, los dictámenes de los puntos de acuerdo, pendientes de las pasadas legislaturas. Confío en que su voluntad política, también se haga extensiva a las iniciativas pendientes, pero sobre todo, a las minutas, porque no se trata de la posición de un sólo legislador, sino de la manifestación del honorable Pleno de la Cámara de Senadores.
Tercero. Estimo necesario insistir en la conveniencia de que se produzca el dictamen correspondiente a la minuta en cuestión, habida cuenta de que en diversas ocasiones a lo largo de su ejercicio, se han venido presentando debates, tanto en el marco de las sesiones parlamentarias, como en el contexto de los medios de comunicación. Pero sobre todo, considerando los pronunciamientos que distintos congresos locales han realizado a favor de la reforma.
b) La petición del Congreso de Jalisco, consideró a su vez, el acuerdo remitido por el Poder Legislativo del estado de Oaxaca, mismo que se adhiere al acuerdo emitido por el Congreso de Coahuila.
c) El Poder Legislativo de Baja California Sur, también se pronunció a favor de la reforma al artículo 133, fracción I, de la Ley del Trabajo, señalando que la igualdad ante la ley es principio universal de derecho, sin embargo su atropello es cotidiano por parte de los empleadores que con la finalidad de que no se vean presionados con las justas prestaciones laborales para las mujeres trabajadoras, les exigen como requisito o condición para el ingreso de un empleo, un certificado de no gravidez.
d) La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, también respaldó la reforma en mención. Establecen que los congresos locales de Morelos, Coahuila y Oaxaca han expresado su apoyo para que la Cámara de Diputados apruebe la reforma.
La propuesta de modificación ha estado presente en el ánimo de otras legislaturas y también ha sido congelada. En 1999, diputados del PAN, de la LVII Legislatura, solicitaron una reforma muy parecida a la minuta aprobada en diciembre del 2002. En su opinión la participación económica de las mujeres no ha estado acompañada de modificaciones profundas en la división del trabajo. Fundamentaban su petición en el parlamento de mujeres celebrado en el mes de marzo de 1999, sobre examen de ingravidez para obtener y conservar el trabajo. Recuperaron una iniciativa del 13 de diciembre de 1996, también del PAN en la LVI Legislatura, que proponía una reforma a la Ley Federal del Trabajo, sobre el certificado de ingravidez para la obtención de empleo.
Es decir, no existen elementos de peso que sigan frenando una reforma que tiene más de una década congelada en la Cámara de Diputados y que es muy necesaria para proteger a la madre trabajadora.
Quinto. La reforma también ha recibido el apoyo de instituciones del Estado y de organizaciones no gubernamentales. El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, coordinado por las Mujeres por un Milenio Feminista, concluyó que la eliminación del examen de ingravidez y el despido o negación del empleo por embarazo, discapacidad y edad son viejas reivindicaciones promovidas por las mujeres, que deben concretizarse.
Datos del Instituto Nacional de Mujeres afirman que las mujeres sufren graves desigualdades en el ámbito laboral. Se les solicitan pruebas de ingravidez para obtener o conservar un trabajo y con frecuencia son víctimas de hostigamiento sexual. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo de 2000, el avance legislativo, en materia de los derechos humanos de las mujeres, debe ir acompañado de un sistema de procuración e impartición de justicia que no discrimine a la mujer.
Sexto. Sigo convencida de que aunque nuestra Constitución Política contiene derechos sociales consagrados, los cuales tienen la misión de proteger a la persona como integrante de la sociedad; pedir un certificado de gravidez a la mujer para ser empleada en cualquier trabajo, representa la violación al artículo 1o constitucional, que prohíbe cualquier tipo de discriminación, ya que ésta representa un retroceso en la construcción de un Estado libre y democrático, como el que pretende ser el Estado mexicano, más aún si se trata de discriminar a las mujeres. El certificado de no gravidez va en contra la dignidad de la mujer trabajadora, ya que en caso de estar embarazada no se le otorga empleo.
Retener todavía más esta reforma será en menoscabo del derecho constitucional a la igualdad que tenemos las mujeres y que en el ámbito laboral no debe ser la excepción, ya que la solicitud de un certificado de no gravidez como condición indispensable para obtener un empleo, nos coloca en plena desventaja.
Señor Presidente, en atención a las razones expuestas y fundadas, habiendo transcurrido en exceso el tiempo estimado legalmente para la dictaminación de la minuta en comento, le solicito que dé trámite a la siguiente
Excitativa
Único. Se requiere a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados para que presente a la brevedad, el dictamen correspondiente a la minuta del Senado de la República, por la que se aprobó la modificación al artículo 133, fracción I, de la Ley Federal de Trabajo, con fecha 12 de diciembre de 2002.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los 27 días del mes de marzo de 2007.
Diputada Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El pasado 17 de enero presenté una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, en materia de tiempos fiscales de radio y televisión.
En la iniciativa presentada ante esta soberanía destacamos, entre otros, los siguientes motivos que dieron origen a la misma:
En la difusión pública de las resoluciones y los debates del Congreso, del trabajo de las comisiones o de las comparecencias de los servidores públicos del Ejecutivo, las opiniones de los legisladores son consideradas secundarias, y frecuentemente son apreciadas con escasa objetividad. En los distritos es evidente que la presencia en los medios escritos y en la radio y la televisión corresponde al Presidente de la República, a los gobernadores, a los presidentes municipales y en último término a los legisladores.
Consideramos que la estrategia de medios de ambas Cámaras debe responder a las funciones parlamentarias básicas y necesarias de comunicación entre los legisladores y sus representados. Sólo mediante esta comunicación es posible el intercambio de conocimientos, opiniones, criterios, conceptos y juicios; así como la expresión de urgencias, anhelos, inconformidades, proyectos, dudas, intereses y decisiones. Tal reciprocidad que encierra ese mutuo criterio de comunicación entre ciudadanos y legisladores, hace posible iniciar la construcción de proyectos colectivos que pueden ser determinantes para la gobernabilidad, la legitimidad y la sanidad política, sin ella, un parlamento está imposibilitado para cumplir realmente cualquiera de sus otras funciones, atrofiando el espíritu democrático y racional de la representación popular.
A la fecha, el Ejecutivo federal ha dispuesto la distribución de los tiempos oficiales en que se haya considerado el criterio motivo de esta iniciativa.
Por todo esto la iniciativa en comento adquiere actualidad y pertinencia.
Es por ello que el suscrito, diputado Alberto Amador Leal, con fundamento en la fracción XVI, artículo 21, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se formule una respetuosa excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara, con el propósito de que proceda a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, en materia de tiempos fiscales de radio y televisión, que me permití presentar el pasado 17 de enero de 2007.
Palacio Legislativo, San Lázaro, a 10 de abril de 2007.
Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A SOLICITUD DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El pasado 9 de noviembre de 2006, presenté una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 20, 24, 25 y 26 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con el propósito de iniciar un proceso ordenado, gradual y riguroso de descentralización de facultades y recursos a las entidades federativas y a los municipios en materia forestal.
En la iniciativa presentada ante esta soberanía destacamos, entre otros, los siguientes motivos que dieron origen a la misma:
En el clásico de 1909 Los grandes problemas nacionales, don Andrés Molina Enríquez destacó la importancia de los recursos forestales para nuestro país, región del globo con escasez endémica de recursos hidrológicos; sólo la forestación y la construcción de presas podrían revertir la condicionante que la naturaleza nos habría impuesto. Molina Enríquez, quién había abrevado en un profundo conocimiento de la legislación de Indias de la época virreinal, fue a su vez estudioso del biólogo y sociólogo alemán Ernst Henkel, padre del estudio de los ecosistemas.
La facultad de establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de bosques, que se establece a favor de las autoridades del país en el párrafo tercero del artículo 27, se introdujo en la Constitución en el año de 1986, pero tiene claros y marcados antecedentes en las profundas reflexiones políticas de Molina Enríquez; desde su nacimiento, nuestro artículo 27 constitucional tuvo una marcada orientación hacia la preservación del ambiente, orientación que en atención al texto del artículo 73, fracción XXIX, inciso G), se empalma, hoy por hoy, con la necesidad de descentralizar la vida del país.
Tratándose de la materia concerniente a desarrollo urbano, por reforma constitucional de fecha 6 de febrero de 1976, nuestra Carta Magna adoptó el régimen de atribuciones marco, el cual proviene del federalismo austriaco consignado en la Constitución de 1920 redactada de puño y letra por Hans Kelsen; quien previó un tipo de atribución que, correspondiendo su regulación al parlamento federal, la ley federal fuese a su vez materia de reglamentación por las legislaturas locales, por mandato expreso de la propia Constitución.
La iniciativa no se trata de una mera disputa por el ejercicio de los recursos públicos entre los tres órdenes de gobierno, que pudiera asumirse como natural, en un momento en que la transición democrática está sujeta a enormes presiones, y en el que la fragilidad de las instituciones podría generar mayores tensiones y hasta rupturas entre los órdenes de gobierno; por el contrario, nuestra propuesta pretende al mismo tiempo fortalecer la rectoría del Estado nacional en temas cruciales, como el desarrollo forestal, que hoy tocamos para garantizar el orden interno de los estados y fortalecer su capacidad de respuesta y aprovechar y alentar el potencial de los municipios a partir del ejercicio pleno del principio de libertad que la Constitución les otorga.
El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 autorizó 4 mil 66.5 millones de pesos, para el desarrollo forestal. En consecuencia, el gobierno federal ha iniciado el proceso de celebración de convenidos con los estados de modo que es oportuno establecer un nuevo marco para la descentralización de estas funciones.
Es por ello que el suscrito, diputado Alberto Amador Leal, con fundamento en la fracción XVI, artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se formule una excitativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara, con el propósito de que proceda a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 20, 24, 25 y 26 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que me permití presentar el pasado 9 de noviembre de 2006.
Palacio Legislativo, San Lázaro, México DF, a 10 de abril de 2007.
Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)
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