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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a emprender las acciones pertinentes, a través del Ejército Mexicano, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las procuradurías estatales, a fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada y la ola de violencia y ejecuciones que aquejan a la sociedad mexicana, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la Contraloría de Pemex que se investiguen presuntos actos de corrupción en Pemex Exploración y Producción en Poza Rica, Veracruz, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública federal y a las autoridades competentes de Nuevo León a formar un grupo especial de investigaciones que aclare y detenga la escalada de violencia en dicha entidad, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la vigilancia del uso y destino de la documentación del proceso electoral presidencial del 2 de julio de 2006, a cargo de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a emprender una acción decisiva que se traduzca en la recuperación de la seguridad en Quintana Roo, así como a incrementar los recursos económicos del Fondo de Seguridad, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que envíe la enmienda de Beijing al Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, para su pronta ratificación, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM.
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión Nacional de Gobernadores a centrar su atención en temas prioritarios de beneficio público e interés nacional, a cargo del diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la Procuraduría del estado de Puebla a iniciar investigación de oficio contra el empresario Kamel Nacif por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con pornografía y prostitución infantiles, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa.
- Con punto de acuerdo, para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que entregue a la Cámara de Diputados un informe exhaustivo y pormenorizado de las investigaciones que ha realizado sobre el funcionamiento y operación de la empresa ISOSA, así como de los recursos que se han enterado y los restantes por enterar a la Tesorería de la Federación, a cargo del diputado Humberto Zazueta Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, sobre las zonas de riesgo, saneamiento y desarrollo integral de la cuenca de Necaxa, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a asumir la consecución del Plan Nacional de Cultura, parte del Plan Nacional de Desarrollo, o que explique las razones del abandono de los programas y proyectos de gobierno, como establece el artículo 26 constitucional y de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de la Función Pública que investigue y determine la ilegal intervención de una representante del Vaticano como secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, suscrito por las diputadas Claudia Cruz Santiago y Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, a fin de que el secretario de Educación Pública y el gobernador de Oaxaca expliquen su negativa a otorgar recursos para la rezonificación salarial del magisterio de Oaxaca, y entreguen un informe de la aplicación de los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 para los servicios educativos de dicha entidad, suscrito por los diputados Carlos Altamirano Toledo, Daniel Dehesa Mora, Benjamín Hernández Silva, Carlos Martínez Martínez, Othón Cuevas Córdova, Joaquín de los Santos Molina y Daisy Hernández Gaytán, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para exhortar a los miembros y al vicepresidente de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados a cumplir las obligaciones que les impone la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y a sujetarse a las disposiciones legales en la materia ante el Proyecto Maestro Maíz, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo y autoridades administrativas del estado de Chiapas a no interferir en las funciones legislativas, y a abstenerse de violar el fuero constitucional de los diputados locales de dicha entidad, suscrito por diputados del estado de Chiapas, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a simplificar y ajustar los trámites necesarios para la devolución del IVA a las compras realizadas por turistas extranjeros, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, a fin de que los titulares de la Secretaría de Salud y de la Semarnat informen sobre las acciones que han emprendido para evitar la entrada en nuestro país del virus de la gripe aviar, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, a cargo del diputado Osiel Castro de la Rosa, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión de investigación de los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en sus finanzas el pago del derecho de trámite aduanero, con relación a sus operaciones de exportación e importación, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez, suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, de Convergencia, del Partido del Trabajo, y de Alternativa.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a declarar estado de emergencia las zonas de Sinaloa afectadas por el paso del huracán Lane y a liberar los recursos respectivos, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, a efecto de solicitar la liberación de recursos del Fonden para las zonas afectadas por el huracán Lane en Nayarit y Sinaloa, suscrita por los diputados Carlos Ernesto Navarro López, Sonia Nohelia Ibarra Fránquez e Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a declarar zona de desastre el municipio de Manzanillo, Colima, afectado por el huracán Lane, a cargo del diputado Arnoldo Ochoa González, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados que establezca un mecanismo que evite la "congeladora legislativa", a cargo de la diputada Sara Isabel Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del PVEM.
- Con punto de acuerdo, a fin de instaurar un código de ética para diputados federales, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Oaxaca a realizar las reasignaciones presupuestales necesarias para resolver las demandas salariales de los trabajadores de la educación en dicha entidad, a cargo del diputado Ariel Castillo Nájera, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
- Con punto de acuerdo, para solicitar a la Cámara de Diputados la celebración del día internacional de las personas con discapacidad el próximo 3 de diciembre, a cargo de la diputada Silvia Emilia Degante Romero, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo a instruir a los responsables de las dependencias competentes, de manera destacada la Sagarpa, para que pongan en marcha acciones que garanticen el incremento del ingreso de los productores de maíz, frijol y cebada, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la gestión y el seguimiento de programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, a cargo de la diputada Elizabeth Morales García, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el cual se crea la comisión especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste, a cargo del diputado Juan Darío Lemarroy Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de la cuenca de Burgos, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, a efecto de que los titulares de la Secretaría de Salud, de la Semarnat y de la Sagarpa informen sobre las acciones emprendidas hasta el momento para evitar la entrada en el país del virus de la gripe aviar, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones vigentes del gobierno federal a proteger, conservar y reparar, en coordinación con los gobiernos estatal y municipal de la región de los Valles de Cuatrociénegas y El Hundido, y de las sierras La Fragua y La Madera, los daños ambientales causados, suscrita por los diputados Aleida Alavez Ruiz, del PRD, Mayra Gisela Peñuelas Acuña, Yolanda Rodríguez Ramírez, del PRI, y Ricardo Cantú Garza, del PT.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de competitividad y desarrollo regional, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para revisar a fondo en las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión la operación del Fonden, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a coadyuvar en la solución de la problemática turística generada a partir del bloqueo de la avenida Reforma y de las calles del Centro Histórico, y a implantar un programa de reactivación del turismo en el DF, a cargo del diputado Francisco Dávila García, del Grupo Parlamentario del PAN.
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A EMPRENDER LAS ACCIONES PERTINENTES, A TRAVÉS DEL EJÉRCITO MEXICANO, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN COORDINACIÓN CON LAS PROCURADURÍAS ESTATALES, A FIN DE PREVENIR Y COMBATIR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LA OLA DE VIOLENCIA Y EJECUCIONES QUE AQUEJAN A LA SOCIEDAD MEXICANA, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
"El delito de delincuencia organizada es un tipo penal básico, autónomo, previsto en el artículo 2º. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en él se prevén como comportamientos penalmente relevantes a) acordar organizarse con la finalidad de realizar los delitos que se consideran como de delincuencia organizada, y b) formar un grupo organizado para cometer en forma permanente o reiterada conductas que unidas o separadas tengan como finalidad o resultado cometer alguno de los delitos que se consideran como de delincuencia organizada: terrorismo, delitos contra la salud, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, asalto, secuestro, tráfico de menores, y robo de vehículos, son las manifestaciones de este terrible fenómeno que aqueja a la sociedad mexicana entera".1
Tan sólo para confirmar lo dicho, el pasado miércoles 6 de septiembre de 2006, en el municipio de Uruapan, Michoacán, y de acuerdo con diversas revelaciones periodísticas, un comando armado irrumpió en un centro nocturno y, tras amagar a las personas que ahí se encontraban y hacer disparos al techo, arrojó en la pista de baile cinco cabezas humanas, junto a las cuales colocaron una cartulina con mensajes que señalan que la ola de violencia continuará sin descanso. Con este tipo de ejecuciones, suman 13 las personas decapitadas en lo que va del año tan sólo en este estado.
Hechos similares recientes los encontramos en el estado de Nuevo León, con el ajusticiamiento de un funcionario público y, en el Estado de México, de un magistrado.
La inseguridad pública, específicamente en su modalidad de delincuencia organizada, es una preocupación mayúscula de todas las entidades federativas de la República Mexicana. Su combate es urgente porque esto es un asunto de seguridad nacional cuya solución se ha ido postergando.
Los legisladores y legisladoras, sin distingo alguno, no podemos y no debemos soslayar una necesidad primordial para garantizar la seguridad de los estados y de su gente.
Por lo antes expuesto, diputadas y diputados, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través del Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las procuradurías estatales, instrumenten las acciones pertinentes a fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada y la ola de violencia y ejecuciones que aquejan a la sociedad mexicana.
Asimismo, se exhorta a dichas dependencia a informar en un plazo de 30 días naturales, sobre los programas y acciones desarrolladas para el combate a la delincuencia organizada.
Nota:
1 Véase, Procuraduría General de la República en línea: http://www.pgr.gob.mxlindex.asp
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil seis.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA CONTRALORÍA DE PEMEX QUE SE INVESTIGUEN PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN EN POZA RICA, VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL DEL RÍO VIRGEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia a la LX legislatura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la Contraloría de Pemex que se investiguen presuntos actos de corrupción en Pemex Exploración y Producción en Poza Rica, Veracruz.
Antecedentes
El Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace referencia a las responsabilidades de los servidores públicos y comprende a todos los que desempeñamos "un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza" (artículo 108) en las diversas áreas que conforman los gobiernos federal, estatal y municipal. Esta disposición constitucional representa un mandato superior e histórico que responde al sentir nacional desde que México surge a la vida independiente y quedó plasmado en nuestra Constitución.
Por ello, considerando que la libre manifestación de las ideas del orden legal es propia del estado de derecho, en el cual necesariamente debe de prevalecer la igualdad ante la ley como requisito esencial; pues sin igualdad legal, al margen de creencias, situación económica, posición ocupacional y pertenencia a grupos en el poder, no es posible hablar del estado de derecho.
Algunas autoridades del país realizan una aplicación sesgada del Título Cuarto de la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en una práctica que vulnera en forma grave y sistemática el principio de igualdad ante la ley, pues sólo se expresa con rigor ante los mas débiles y desprotegidos. Y señaló la anterior porque no es posible que quien tiene la función de vigilar no observe la conducta laboral del subdirector de la Región Norte de Pemex Exploración y Producción, Alfredo Guzmán Baldizán, quien desde hace más de tres años hace y deshace a su antojo en la zona norte del estado de Veracruz.
Permítanme hacer referencia al artículo 47, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que a la letra dice:
I. al XIV. .......
XV. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que el bien de que se trate y que tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIII, y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión;"
En esa fecha, dijo el Presidente Fox: "Para mejorar el nivel y la capacidad de vida de las personas que viven en las comunidades, no se pueden aceptar dádivas temporales que solo atemperan las necesidades urgentes que tienen los pobres, por ello es necesario lograr que proyectos como el Paleocanal sigan adelante para que esas familias tengan empleo, educación de calidad, seguridad social, vivienda digna y mejores niveles de vida", además de que "? si se mantiene sano y fuerte a Pemex, si se logra extraer el petróleo, la riqueza que se genere será destinada para equipar a los pobladores de la región". (Periódico Noreste, 16 de marzo de 2006, Página 3A).
¿Hasta cuándo vamos a permitir que se siga al margen de la ley en cuanto a responsabilidad se refiere, con engaños y promesas fáciles?
Ese mismo día, Pemex informó que "?se están generando 2 mil 500 empleos directos, con la extracción de 26 mil 300 barriles diarios". "La inversión para explotar las reservas, calculadas en 18 mil millones de barriles de petróleo, es de 400 mil millones de pesos" (Periódico Noreste, 16 de marzo de 2006, Página 3A.)
A casi seis meses de esa visita, aún no llega ni uno solo de los beneficios prometidos, ¿cuantos empleos ocupan los pobladores de la región?, ¿el mejoramiento de los niveles de vida?, ¿la seguridad social?, ¿la vivienda digna?, ¿la educación de calidad?, y ¿el equipamiento a los pobladores?, ¿Dónde están?
De lo dicho por el Presidente Fox ya estamos acostumbrados, pues durante seis años siempre fue lo mismo: Hablar, hablar y hablar, tanto aquí como en el extranjero, y pocos cumplimientos. Lo mejor que le pudo haber pasado a este país, es que ya casi termina su administración.
Está documentado (Diario Noreste junio 8 de 2003, página 3A) y es del dominio público que en junio de 2003, el Consejo Coordinador Empresarial del Norte de Veracruz, se reunió con Alfredo Guzmán Baldizán para preguntarle el "porque la derrama económica que representan las inversiones millonarias del proyecto del Paleocanal de Chicontepec (antes llamado Faja de Oro) no benefician a los empresarios locales, quienes se sienten marginados". Lo anterior lo señalan porque "las empresas transnacionales que Pemex contrata para realizar las obras, subcontratan a otras empresas extranjeras en perjuicio de las locales y? cuando se subcontrata a alguna empresa local, el pago es bajo, y las consecuencias que tienen las constructoras se presentan en salarios mínimos para sus empleados"; por lo que le solicitaron la contratación directa de las obras.
A cambio de "analizar" la petición del Consejo Coordinador Empresarial del Norte de Veracruz, de otorgar obra por contrataciones restringidas, Alfredo Guzmán les pidió que "persuadan a diferentes alcaldes, particularmente al de Coatzintla, para que permita a contratistas la realización de los trabajos de sísmica?porque está en riesgo una inversión de tres mil 500 millones de dólares". (Diario Noreste junio 10 de 2003, página 4A).
En ese mismo mes, campesinos de 40 comunidades Papantecas solicitaron a Pemex la rehabilitación de las vías de comunicación "que durante mas de 10 años no han recibido mantenimiento y dificulta la salida de su producción agrícola". El subdirector Alfredo Guzmán, según declaró el coordinador de Desarrollo Regional y Comunicación Social, "no tenía la disposición de atender a los campesinos". (Diario Noreste junio 10 de 2003, página 4A).
El 19 de mayo de 2003, el periódico Noreste en su pagina 3A, informa de daños causados, por las empresas que le trabajan a Pemex Exploración y Producción, a 32 casas habitación de la colonia División del Norte, de Poza Rica, Veracruz, con motivo de la explosión ocurrida el 30 de mayo de 2002 en el Complejo Petroquímico Escolín y cuyo monto asciende a 1 millón 500 mil pesos, aproximadamente.
Asimismo se reporta que la empresa Geovaluaciones, SA de CV, al servicio de Pemex Exploración y Producción, tiene más de seis años evadiendo su responsabilidad por los daños acusados a la casa de la señora María del Rocío Gatell, con domicilio en la calle Altamirano número 101 de la colonia Obras Sociales. Informa que la empresa le envió un oficio el 26 de diciembre de 1997, diciéndole que "los daños ya estaban cubiertos por la cantidad de 25 mil 421 pesos con 3 centavos en el que definían las actividades que realizaron como la construcción de 10 zapatas, seis castillos y la reparación de fracturas en muros y losa. Todo lo anterior fue mentira, según María del Rocío, pues lo único que si realizaron fue el revoque de muros y losa y nunca le dieron algún cheque que respaldara esa cantidad. El documento venía firmado supuestamente por ella, cuando nunca firmó tal documento". "Esta situación de casas que daña Pemex por la realización de trabajos se da constantemente en la ciudad y pareciera que la paraestatal es impune, nadie hace nada y mucho menos resuelven algo, concluyó María del Rocío Gatell".
En la misma edición y la misma página del Noreste, reporta que el 40 por ciento de los terrenos de los mil predios de Petróleos Mexicanos en la región, están abandonados, cubiertos de maleza y en algunos casos convertidos en basureros, ocasionando la proliferación de insectos, entre ellos los transmisores del dengue, y roedores, con las graves consecuencias que acarrea para la salud de los humanos.
En el año 2005, en Pemex se privilegió el dispendio de recursos al programa de mantenimiento. Para justificar los viajes y el pago de viáticos del señor Alfredo Guzmán, la Subdirección Regional Norte de Pemex Exploración y Producción, gastó 36 millones de pesos por la renta de un avión turbo hélice, y simultáneamente se anuncia el recorte de 30 mil plazas de trabajadores petroleros sindicalizados en todo el país.
Para el personal directivo de Pemex en la región, se contrató un avión para su transportación, cuya renta aproximada fue de 38 mil pesos la hora, mientras que para transportar a los trabajadores rentan dos helicópteros que anualmente le cuestan 28 millones 800 mil pesos. Valdría la pena investigar, el por qué si el costo máximo por renta de las aeronaves para transportación era de 42 millones 66 mil 809 pesos, se incrementó, mediante un anexo al contrato licitado bajo en número 18575002-004-04, a aproximadamente 80 millones de pesos, casi el doble de lo establecido en las bases.
Cabe aclarar que en la licitación se establece la renta de un helicóptero para transportar de 11 a 13 personas, pero en su lugar se rentó un avión que es exclusivo para el subdirector Regional Norte. Nota periodística publicada el 2 de diciembre de 2006. Página 3A.
Resulta lamentable que del ejercicio 2004, año de la licitación para la transportación aérea por 135 millones 737 mil 168 pesos, todo el estado de Veracruz recibió de Pemex 86 millones 665 mil 310 pesos en donativos en especie, cifra que de ninguna manera equivale a los daños causados por la paraestatal por derrames y fugas de hidrocarburo. Periódico Noreste 2 de diciembre de 2005. Página 3A.
En la columna La Calumnia, La Hacemos Todos, del día 5 de diciembre de 2005 del diario Noreste, se lee: "El señor, Alfredo Ludovico Guzmán, se siente amo y señor de la Subdirección Norte de PEP, pues cuentan que con tantas ostentosidades alardea que este mundo no lo merece. Dicen las malas lenguas que desde que Ludovico llegó al cargo, se ha hecho millonario pues incluso actualmente está construyendo Villa Peluche un palacio fácilmente comparado a los que tienen los artistas de Hollywood".
En la página 3A de la misma edición se informa que "Los negocios turbios del subdirector de Pemex Exploración y Producción, ingeniero Alfredo Eduardo Guzmán Baldizán, continúan, pues actualmente ordenó la suspensión en dos ocasiones del fallo correspondiente a la licitación número 1857008-068-061-05, para favorecer a la empresa Los Aztecas".
Es de tal magnitud la corrupción y soberbia que prevalece en la Subdirección Norte de Pemex Exploración y Producción con las licitaciones de obra, que existiendo denuncias de un contrato por 82 millones de pesos, la titular del órgano interno de control, María del Carmen Rodríguez Zúñiga, no puede frenar la corrupción, ya que los superintendentes de costos, Carlos Hernández y Enrique Pérez López, en contubernio con Guzmán Baldizán, descalificaron las propuestas de las empresas que no convienen a los intereses de éste, suspendiendo deliberadamente, en dos ocasiones, el fallo de la licitación número 1857 5008-068-061-05. (Diario Noreste, diciembre 13 de 2005, página 3A).
"De esta forma, hay un claro condicionamiento de las licitaciones que se realizan en la Subdirección Norte de Pemex Exploración y Producción, las cuales son ilegales, por los mecanismos de soborno que se utilizan por parte de algunos empresarios. En contubernio con los altos funcionarios de la paraestatal, incluyendo al subdirector de PEP, Alfredo Guzmán Baldizán.
? es evidente que nadie puede frenar la corrupción en la Subdirección Norte de Pemex Exploración y Producción. Pues de forma estratégica María del Cármen Rodríguez Zúñiga, fue colocada como titular del órgano interno de control, funcionaria que por su incapacidad e inexperiencia en el cargo, solo se la pasa viajando y delegando responsabilidades a sus subalternos." (Noreste 13 de diciembre de 2005. Página 3A).
Otro hecho de corrupción en Pemex quedó al descubierto en febrero de 2006, cuando el órgano interno de control de Pemex Exploración y Producción, a través del titular del área de responsabilidades, licenciado Raúl Carrera Pliego, emite el Acuerdo de Admisión de la Compañía Mapa Construcciones y Servicios, SA de C V, toda vez que por negarse a entregar un millón y medio de pesos a funcionarios de Pemex Exploración y Producción, le negaron el contrato 424106806, derivado de la Licitación Pública Nacional No. 18575008-070-05 para ejecutar los trabajos de "Reacondicionamiento de Instalaciones de Producción y Pozos, en los campos Poza Rica, San Andrés y/u otros del Activo Integral Poza Rica-Altamira". Diario Noreste, 6 de marzo de 2006. Páginas 1 y 3A.
Según el dictamen técnico Mapa Construcciones, SA de CV, presentó las mejores condiciones de solvencia técnica y financiera para la entidad pero, utilizando la estrategia de diferir el fallo en dos ocasiones, se favorece a la empresa Construcciones y Arquitectos, SA de CV, a pesar de que a esta se le había rechazado su propuesta técnica entre otras causas, por no incluir el suministro de todos los materiales para la ejecución de la obra y tampoco incluyó la Carta Compromiso firmada por el profesionista propuesto, comprometiéndose a laborar como superintendente de Construcción con el licitante.
Nuevamente aparece involucrado el superintendente de costos Carlos Hernández Vázquez y cabe la pregunta ¿acaso el subdirector regional, Alfredo Guzmán Baldizán, ignora la conducta de sus subordinados o se hace de la vista gorda?, pues en este caso es posible hablar de complicidad por omisión, colusión, ineptitud o desapego a los más elementales valores éticos y a la moral pública que debe exigirse a todo servidor público.
Por si fuera poco, apenas el día 28 de marzo último, trabajadores petroleros sindicalizados realizaron un plantón frente a las instalaciones administrativas de Pemex Exploración y Producción en Poza Rica, Veracruz, para exigir la devolución al sindicato, de 244 plazas que ocupan empleados de compañías contratistas o que las autoridades demuestren que los mismos no realizan actividades que corresponden al sindicato. En un principio fueron atendidos por el coordinador Operativo de Recursos Humanos, Eduardo Guzmán Guzmán y posteriormente, al no llegar a ningún acuerdo, intervino Alfredo Guzmán. Diario Noreste 29 y 30 de marzo de 2006. Páginas 1 y 3A.
En un informe manipulado por la paraestatal, -solo reporta lo ocurrido mientras Eduardo Guzmán estaba como representante- se da cuenta de la petición del gremio sindical referente al otorgamiento de un mayor número de plazas y el desarrollo de programas de capacitación, haciendo una presentación detallada de las labores que desempeñan los empleados que prestan sus servicios a través de contratos y un recuento de los cursos de capacitación que se han efectuado. De los acuerdos con Alfredo Guzmán, a la fecha no existe ninguna noticia.
"El abuso continúa, la corrupción avanza, Baldizán se enriquece y hace lo que quiere" informó el periódico Noreste el día 24 de julio de este año, en las páginas 1 y 3A, respecto de la mansión que construye Ludovico Peluche Guzmán Baldizán con la ayuda de las empresas Construcciones y Arquitectos, SA de CV, que se encarga de arreglar la jardinería de la Villa Peluche y de la Compañía Julmar, que construye la mansión. "Las dimensiones -sigue diciendo la nota del Noreste- de lo que está en construcción comienza a dar una idea de lo que será la mansión, que no se comparan con nada antes visto".
De forma inexplicable, con 80 mil pesos de sueldo mensual y un bono de 20 mil, la "casita" contará con cancha de tenis, alberca, capilla y vivienda con 5 habitaciones. Y la Contralora María del Carmen Rodríguez Zúñiga ¿aún no se ha dado cuenta que los recursos utilizados provienen de los contratos millonarios que Alfredo Guzmán y su camarilla han asignado de manera amañada a algunas compañías constructoras?
Más aún, el espacio donde se construye la residencia del señor subdirector, cruzaba el antiguo camino hacia la comunidad de Escolín, Coatzintla, despojando a sus habitantes y ahora sitiado con una barda cuyo costo supera los 3 millones de pesos, importándole poco al señor Guzmán cerrar el paso a los pobladores del lugar, ordenando también cerrar desde Loma Bonita y posesionándose del derecho de vía que es de Pemex, no de Guzmán Baldizán.
La edición del 25 de julio de 2006 del periódico Noreste, páginas 1 y 3A, informa que "Habitantes de 15 comunidades del municipio de Coatzintla exigen terminen con la represión hacia los pueblos indígenas". Mediante el cierre de los accesos hacia más de 100 pozos de Pemex, manifestaron su repudio a los abusos cometidos en su contra por -si, es cierto- Alfredo Guzmán "El Rey del Chapo" a quien exigen que termine con la represión hacia los pueblos indígenas y el cumplimiento de compromisos de Pemex que por años nunca cumplió.
Por todo lo anterior, nuestra responsabilidad como legisladores y servidores públicos nos obliga a ser congruentes con la máxima del estado de derecho que precisa la aplicación igualitaria de la ley sin distinción alguna.
Hago un llamado a su conciencia y vocación para el servicio público, a fin de que en estos difíciles momentos de transición podamos ofrecer al pueblo de México la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, libre de fueros y de privilegios que eviten la impunidad y el saqueo incontrolado de bienes públicos.
Los escenarios que se vislumbran a mediano plazo, hacen imperativo el cambio en las prácticas y en las actitudes. Nuestro reto es extraordinario y solo tendremos posibilidades de confrontarlo de manera exitosa si actuamos en forma civilizada, por consensos, con respeto a las diferencias y apoyados en el mandato ético y político de los mexicanos, cuyo reclamo a los servidores públicos es que respondamos ante la nación, porque tal es la esencia de la responsabilidad pública, rendir cuentas de manera transparente, honesta y puntual al pueblo que nos otorgó el mandato y que confía en nosotros.
No hay autoridad sin responsabilidad. En este binomio existe reciprocidad de uno a otro.
Ante los hechos ya señalados sucedidos en Pemex, la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos a los encargados de la Subdirección Regional Norte de Pemex Exploración y Producción no solo es necesario sino urgente, por ser una de las demandas mas sentidas por la población de la Zona Norte del estado de Veracruz; para frenar el saqueo impune del erario nacional, acabar con la prepotencia, el tráfico de influencias, la discriminación y humillación hacia los pueblos indígenas del Totonacapan, someto a su consideración el siguiente
Puntos de acuerdo
Conforme al artículo 93, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Primero. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la Contraloría General de Pemex a que realicen las auditorias correspondientes a la brevedad posible.
Segundo. Citar al secretario de la Función Pública para que aclare la nula intervención de la dependencia a su cargo en los hechos aludidos.
Tercero. Obligar a Pemex a respetar el artículo 115 Constitucional, solicitando los permisos que correspondan a la autoridad municipal y abstenerse de iniciar trabajos hasta no contar con los mismos.
Cuarto. Solicitar al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, para que aclare el motivo por el cual a Pemex se le exime la entrega de estudios de impacto ambiental y, en cambio a los municipios, se les señala como requisito indispensable para realizar sus obras. Se propone que en los futuros trabajos de Pemex, se presente el estudio de impacto ambiental para aprobación de los ayuntamientos.
Quinto. Obligar a Pemex a resarcir el daño ecológico causado en los territorios municipales y cubrir el pago justo por indemnización, para los propietarios de la tierra por donde atraviesan los ductos y la construcción y mantenimiento de los caminos por donde circulan sus vehículos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal a los 12 días del mes de septiembre del año 2006.
Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL Y A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE NUEVO LEÓN A FORMAR UN GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACIONES QUE ACLARE Y DETENGA LA ESCALADA DE VIOLENCIA EN DICHA ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO MARCO HERIBERTO OROZCO RUIZ VELAZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado federal, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como en el artículo 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública federal, a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León y a la Secretaría de Seguridad Publica del estado de Nuevo León para que -en la medida de sus competencias y con los recursos humanos y materiales con que cuentan- conformen un grupo especial de investigación que aclare y en lo posible, detengan la escalada de violencia que ocurre en el estado de Nuevo León particularmente los relacionados con los asesinatos de los mandos policíacos del estado.
Consideraciones
El pasado martes 12 de septiembre del año en curso, fue asesinado en el estado de Nuevo León, específicamente en el municipio de Linares el titular de la Dirección de Policía y Tránsito de dicho municipio, Enrique Barrera Nevarez; el día martes 5 de septiembre de este mismo año en el municipio de San Pedro Garza García fue asesinado el titular de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, Marcelo Garza y Garza.
Hasta donde se tiene conocimiento tanto el entonces titular del la Policía de Linares como el titular de la Agencia de Investigaciones del estado fueron asesinados con lujo y exceso de violencia en plena vía publica, uno al salir de su domicilio y otro en frente de una iglesia, por presuntos sicarios quienes de manera inmediata se dieron a la fuga, sin que hasta el momento se tenga conocimiento cierto de los móviles criminales ni de la captura de los asesinos.
Sin duda, estos lamentables acontecimiento, ha cimbrado la opinión pública de la sociedad neoleonesa, prevaleciendo un clima de inseguridad generalizado a lo largo y ancho de la entidad, quienes reclaman acciones enérgicas e inmediatas por parte de las autoridades, para frenar el vertiginoso avance de la delincuencia que lamentablemente en el último par de años ha tomado como rehén a los habitantes de este estado.
Este reprochable acontecimiento viene a sumarse a la ola de ejecuciones que en este año se ha registrado en Nuevo León, los cuales alcanzan aproximadamente la nada presumible cifra de 37 ejecuciones a manos de criminales, en donde el común denominador se ha caracterizado por el asesinato de servidores públicos relacionados con los cuerpos de seguridad pública en la entidad, hasta llegar incluso a las máximas esferas de la procuración de justicia estatal, como es el caso del licenciado Marcelo Garza y Garza.
En efecto, estos dos últimos asesinatos, viene a sumarse a otras ejecuciones como la del director de la policía de San Pedro Garza García, Héctor Ayala Moreno; el secretario de Policía y Vialidad de Sabinas Hidalgo, Javier García Rodríguez; el fiscal Miguel Ángel Esquivel Cantú, en Guadalupe, entre otros.
La situación de seguridad en el estado ha tomado cauces críticos, en donde inclusive ha llegado a trastocar la estructura misma de las instituciones de seguridad pública estatales, encargadas de salvaguardar el mayor de los bienes de la persona, que es la vida y el respeto a su integridad.
El reclamo prevaleciente por parte de la sociedad en el estado, es sin duda, encontrar una solución eficaz al problema de la inseguridad, incluso organizaciones civiles y empresariales con presencia en el estado, han hecho de este reclamo su principal prioridad, tal es el caso de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, Cámara de la Industria de la Transformación, Caintra, y en general la iniciativa privada, que han exigido acciones inmediatas y enérgicas, para que se esclarezcan los hechos de violencia prevalecientes en la entidad.
No es posible, que un estado que hasta hace unos años era ajeno a este tipo de problemas, hoy la violencia y los crímenes de manos de la delincuencia, sea una constante. No podemos permitir que a dicho estado, emigre la delincuencia que esta operando en otras zonas del país.
Por ello, consciente de que el Poder Legislativo, debe en el ámbito de su competencia, velar por el bienestar de los gobernados, acudo a esta alta tribuna a fin de exhortar a las autoridades a fin de que realicen las acciones necesarias tendientes a esclarecer las ejecuciones ocurridas en últimas fechas en el estado, particularmente, la relacionada con las de los mandos policíacos de la entidad.
Asimismo, se estima conveniente que las autoridades estatales refuercen los mecanismos de coordinación con las autoridades federales, en el combate a la criminalidad, porque sólo con la conjunción de esfuerzos y potencialidades de las distintos órdenes de gobierno, se podrá contrarrestar este flagelo social que representa el crimen organizado y que desafortunadamente día a día se afianza más en el estado.
La ciudadanía de Nuevo León, merece recobrar la seguridad ciudadana, secuestrada por grupos delictivos y lograr que el estado vuelva a ser la armoniosa y prospera entidad que hasta hace unos años era.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, el abajo firmante diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional someto a consideración de ésta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública federal, a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Nuevo León para que en la medida de sus competencias y con los recursos humanos y materiales con que cuentan conformen un grupo especial de investigación que aclare y -en lo posible-, detengan la escalada de violencia que ocurre en el estado de Nuevo León particularmente los relacionados con los asesinatos de los mandos policíacos del estado y en su caso, se informe a esta soberanía los avances y resultados obtenidos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de septiembre de 2006.
Diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA VIGILANCIA DEL USO Y DESTINO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL PRESIDENCIAL DEL 2 DE JULIO DE 2006, A CARGO DE LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34 y 42 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la vigilancia del uso y destino de la documentación del proceso electoral presidencial del 2 de julio de 2006; al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El concepto derecho a la información es relativamente conocido en México a partir de la reforma política de 1977, particularmente con la adición al artículo 6o. de nuestra Carta Magna, cuando se introduce en su último párrafo la expresión "el derecho a la información será garantizado por el Estado".
De acuerdo con el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la garantía fundamental que toda persona posee para allegarse información, opiniones y difundir las mismas sin limitación de fronteras.
De la definición anterior se desprenden los aspectos más importantes de dicho derecho fundamental:
B) El derecho a informar, que incluye las libertades de expresión y de imprenta, y el de constitución de sociedades y empresas informativas; y
C) El derecho a ser informado, que incluye las facultades de recibir información objetiva y oportuna, la cual debe ser completa, sin exclusión alguna.
Para todos es sabido que el proceso electoral del pasado 2 de julio estuvo plagado de irregularidades que han colocado al país en una crisis política y social de magnitud impredecible. La resolución que el Tribunal Electoral de la Federación tomó el pasado 5 de septiembre para validar el fraude electoral en la elección presidencial, constituyó una de las peores muestras de la falta de interés de los magistrados electorales para darle certidumbre a los resultados de la elección.
Concluido el proceso electoral federal con la calificación de la elección, el semanario Proceso, presentó el 28 de julio pasado en la unidad de enlace del Instituto Federal Electoral, IFE, bajo la firma del director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, la solicitud de tener "acceso al sobre con las boletas sobrantes, inutilizadas, los votos válidos y nulos en todas las casillas instaladas durante la jornada del pasado 2 de julio de 2006 en todo el país, para la elección de Presidente de la República".
Es decir, toda la papelería electoral a la que se refiere el artículo 234 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE.
El IFE ha resuelto que "las boletas no son documentación pública, están sujetas a un régimen especial de "inviolabilidad" que hace que ni el propio organismo tenga acceso y, además, existe un principio de definitividad en todas las etapas de la elección; buscando ocultar lo que a la vista de toda la sociedad mexicana es innegable, el papel desempeñado por los consejeros electorales en el fraude electoral de la elección presidencial.
A partir de esta solicitud de información, entre los consejeros electorales ha comenzado a permear la idea de que, terminado el proceso electoral después de la calificación hecha por el Tribunal, se de paso a lo dispuesto en el artículo 254 numeral 2, particularmente en lo que se refiere, a que una vez concluido el proceso electoral, se procederá a la destrucción de los sobres que contengan la documentación a que se refiere el artículo 234.
El Consejo General del Instituto Federal Electoral no puede ocultar la información relativa a la documentación de la elección escudándose en el argumento de que las boletas no son documentación pública, que están sujetas a un régimen especial de "inviolabilidad" que hace que ni el propio organismo tenga acceso y, además, existe un principio de definitividad en todas las etapas de la elección; y tampoco puede, por lo que representó la elección del 2 de julio proceder a la destrucción de la papelería electoral.
El Comité de Información del Instituto Federal Electoral olvida en su respuesta, que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental lo obliga a garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los órganos constitucionales autónomos; de toda la información contenida en los documentos que generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título.
De igual manera, se olvida que los objetos de esta ley son los de contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del estado de derecho.
Si bien es cierto que el Tribunal Electoral ha declarado la validez de la elección presidencial, las irregularidades de la elección permanecen en esos paquetes electorales, los cuales mediante su conservación pueden ser materia para muchos temas de análisis y de investigación, pero sobre todo para tener elementos para la reforma electoral que México demanda.
De ahí que esta soberanía -espacio que expresa la voluntad del pueblo de México- mediante la integración de una comisión plural de legisladores de todos los grupos parlamentarios aquí representados, pueda contribuir a este debate nacional en el marco del derecho a la información que tienen todos los ciudadanos.
Por último y dentro del marco de esta certeza electoral que el pueblo ha demandado, me permito referir el tercer párrafo de la carta que Felipe Calderón envía con fecha 12 de septiembre del presente año, al consejero presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que señala:
Por lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable soberanía, de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para la vigilancia del uso y destino de la documentación del proceso electoral presidencial del 2 de julio de 2006, que tiene por objeto primordial garantizar que la documentación del proceso electoral del 2 de julio relativa a la elección presidencial sea salvaguardada, conservada y de acceso a todos los ciudadanos interesados en obtener la misma, en los términos que garantizan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia y las leyes federales relativas al acceso a la información pública gubernamental.
Segundo. La comisión se integrará de manera plural por tres diputados del Partido Acción Nacional; dos diputados del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional respectivamente; y un diputado del Partido del Trabajo, Convergencia, Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza y Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.
Tercero. La comisión tendrá una duración de un año legislativo, con posibilidad de prorrogarse si así lo estima conveniente el Pleno de la Cámara de Diputados.
Cuarto. Dicha comisión presentará de manera trimestral al Pleno de la Cámara un informe detallado de sus actividades.
Nota:
1 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis número LXXXIX/96. Dicha tesis emana de la solicitud 3/96 que el Presidente de la República solicitara a la Suprema Corte para que ejerciera la facultad prevista en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional.
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A EMPRENDER UNA ACCIÓN DECISIVA QUE SE TRADUZCA EN LA RECUPERACIÓN DE LA SEGURIDAD EN QUINTANA ROO, ASÍ COMO A INCREMENTAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL FONDO DE SEGURIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO ELÍAS ESPINOSA ABUXAPQUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a los siguientes
Considerandos
La delincuencia no ganará la batalla. Es imperativo para el gobierno mexicano abatir los altos índices delictivos, pero más aún es primordial combatir de manera enérgica, frontal y expedita la delincuencia organizada, que lamentablemente está en crecimiento en el estado de Quintana Roo.
La seguridad, el combate a la delincuencia y el crimen organizado son reclamos sostenidos por la sociedad; los 31 estados y un distrito federal que forman este maravilloso mosaico cultural, nuestro país, México, lo demandan día a día; la población perdió la confianza en las instituciones de la procuración de justicia y en los cuerpos de seguridad; necesitamos redoblar el esfuerzo nacional, un nuevo "acuerdo nacional para un México seguro", que implica la coordinación de la Procuraduría General de la República (PGR) con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, con la Policía Federal Preventiva y con la Unidad de Apoyo a la Inspección Fiscal y Aduanera, entre otras dependencias.
El estado de Quintana Roo, por su colindancia al norte con Yucatán y con el Golfo de México; al este con el mar Caribe; al sur con la Bahía de Chetumal, con una franja fronteriza con Belice y con cercanía a Guatemala, se ha convertido en un una zona estratégica para el desempeño de actividades delictivas.
Durante los últimos meses del año pasado y lo que va del actual diversos sucesos violentos han afectado la vida de los habitantes del estado; de los hechos más relevantes sería prolijo hablar, sólo permítanme referir dos de ellos:
El 23 de agosto del 2006, en la plaza de Cancún, atentaron con granadas de fragmentación en contra del periódico Por Esto y contra un domicilio de la supermanzana 70.
Sabemos que ningún país es inmune a la acción de las redes criminales organizadas. El país requiere, más que nunca, de la cooperación para hacer frente en forma eficaz a este problema. Los esfuerzos que ha hecho el gobierno federal para enfrentar de forma coordinada la delincuencia organizada son importantes, pero no han sido suficientes, dependerá, para resolver el grave problema de la seguridad, de nuestra capacidad para adoptar un enfoque multilateral basado en la cooperación.
Es un asunto de prioridad nacional lograr la coordinación que se demanda para que las fuerzas de seguridad actúen con la eficiencia que se reclama.
Demandamos que en este punto de la geografía nacional, Quintana Roo logre acreditar y reforzar la tradición que por muchos años tuvimos de ser tierra de encuentros entre culturas, lugar de respeto y de convivencia segura.
Queremos detener el flagelo que representa la violencia para cada hogar, para cada una de nuestras mujeres y niños. No podemos permitir que nuestra expectativa sea la de vivir en una sociedad marcada por la impunidad, el delito organizado y la violencia.
Compañeras y Compañeros que me acompañan en este recinto legislativo, la seguridad pública es imprescindible para el desarrollo de las familias, de la sociedad y del país en su conjunto, es un tema que no puede esperar más.
Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a emprender una acción decisiva para que su esfuerzo institucional se traduzca en la recuperación de la seguridad y la armonía en el estado de Quintana Roo. Al mismo tiempo, demandamos que el Fondo de Seguridad sea incrementado de manera significativa para el estado de Quintana Roo.
Segundo. Que se intensifique la operación de seguridad en la frontera sur de México, para impedir el paso de armas y drogas por las fronteras naturales de Quintana Roo.
Tercero. Que derivado del presente documento se informe a esta honorable soberanía sobre los resultados del mismo y se mantenga un canal de comunicación constante para conocer el desarrollo de esta petición, por tratarse de la seguridad de la población del estado de Quintana Roo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el 14 de septiembre de 2006.
Diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES QUE ENVÍE LA ENMIENDA DE BEIJING AL PROTOCOLO DE MONTREAL, RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO, PARA SU PRONTA RATIFICACIÓN, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Erika Larregui Nagel diputada de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo, en base a la siguiente
Exposición de Motivos
El 13 de octubre de 2005 fue aprobado en votación económica por el Pleno del Senado el punto de acuerdo que presentó la entonces senadora por el Partido Verde Ecologista de México, Erika Larregui, que solicitaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que enviara a esa soberanía las Enmiendas de Montreal y Beijing al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono para su pronta ratificación. Posteriormente, el 22 de noviembre la Cancillería remitió la Enmienda de Montreal que fue ratificada por el Pleno del Senado el 19 de abril 2006 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre del mismo año. No obstante, la Enmienda de Beijing aún está pendiente.
El asunto no es un tema menor pues en septiembre de 2000 el "agujero" de ozono en la Antártida cubría más de 28 millones de kilómetros cuadrados. En agosto del presente año, la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas anunció que el "agujero" localizado en el hemisferio sur tardaría hasta 15 años más de lo previsto en recuperarse. Los científicos calculan que la capa se recuperará hasta el 2065 en lugar del 2050. Si bien el agujero antártico no ha empeorado, se espera que agujeros más grandes se formen en las décadas por venir.
Si bien es cierto que cada primavera se registra un mayor grado de adelgazamiento en la capa de ozono, este asunto no debe ser tomado a la ligera pues lo que ocurre en la Antártica es sólo un pequeño modelo de cómo se manifiesta la pérdida de ozono en nuestra atmósfera. Dicha pérdida es causada por la reacción química de gases como el cloro y bromo en la estratósfera que destruye el ozono. Estos gases proceden de los productos creados por los humanos y conocidos como clorofluorocarbonos por sus siglas CFC´s. El ozono estratosférico impide que entre el 90 y 99 por ciento de la radiación ultravioleta proveniente del Sol llegue a la Tierra.
Aún cuando los niveles de ozono están empezando a recuperarse, y la tendencia que se observa en los dos últimos años es que "empieza a haber más ozono en la estratosfera", aparentemente, el motivo de esta mejora se debe a las medidas internacionales adoptadas pero esto no se puede establecer con total seguridad, pues aún no se ha visto que el agujero de ozono en la Antártica se haya recuperado. Por ello es necesario que más naciones hagan lo conducente para aplicar esas medidas establecidas en los instrumentos multilaterales en la materia.
Sabemos que actualmente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejecuta un plan para eliminar el consumo de CFC?s en la refrigeración, acondicionadores de aire, aerosoles, espumas aislantes, equipos contra incendios, espumas, solventes y otros. También lleva a cabo acciones como la capacitación de técnicos; el establecimiento de centros de acopio para la recuperación y reciclaje de esta sustancia; así como la conversión de equipos que aún la utilizan como refrigerante. No obstante ello no es suficiente, pues resulta imprescindible que nuestro país se adhiera lo antes posible al universo de instrumentos internacionales que buscan la sustentabilidad de la atmósfera.
Como se ha señalado la capa de ozono nos protege de la radiación ultravioleta y el uso constante de los CFC?s, la siguen agotando, incrementándose las posibilidades de desarrollar cánceres cutáneos, inhibiciones del sistema inmunológico, exacerbación de trastornos oculares, así como la afectación a plantas, animales, materiales plásticos y al clima. Lo anterior no es exagerado.
Frente a dicho panorama la comunidad internacional desde 1975 tomó acciones conjuntas para disminuir el daño y a raíz de ellas se estableció en 1976 el Comité Coordinador sobre la Capa de Ozono. Al año siguiente varios países pusieron en vigor diversas medidas de control, pero lamentablemente, el alivio sólo fue temporal.
De esa manera el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, junto con naciones desarrolladas adoptaron disposiciones más estrictas al elaborar un tratado mundial para proteger la capa de ozono estratosférico. En marzo de 1985, 28 Estados, incluido México, firmaron el Convenio de Viena que alienta la colaboración interestatal en materia de investigación científica, observación sistemática, vigilancia de la producción de sustancias agotadoras de la capa de ozono, así como del intercambio de información. Para septiembre de 1987, 46 países, incluyendo México, adoptaron el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.
Ante la insuficiencia del Protocolo se prepararon enmiendas que refuerzan sus ordenamientos: Londres (1990), Copenhague (1992), Viena (1995), Montreal (1997) y Beijing (1999). En nuestro país ya están en vigor las primeras cuatro. Resulta de gran preocupación para mi grupo parlamentario que aún cuando no hemos ratificado la última enmienda, el secretario Luege Tamargo dé por hecho que México es un país libre de CFC´s.
La enmienda de Beijing introdujo medidas de control para la producción de hidrofluorocarbonos (HCFC) y de un nuevo grupo de sustancias, el bromoclorometano o BCM e impuso restricciones al comercio de estas sustancias con Estados que no son signatarios. Con esas prevenciones se espera que la capa de ozono se recupere más rápidamente para alcanzar de nuevo los niveles anteriores a 1980 gracias a la participación activa y comprometida de la comunidad internacional.
En un planeta donde cuesta tanto ponerse de acuerdo para actuar en favor del medio ambiente, el Protocolo de Montreal y sus enmiendas resultan simbólicas. Su cumplimiento cabal contribuirá a la solución de este grave problema. Por tal motivo es que México tiene la obligación y la responsabilidad de hacer lo conducente en la lucha mundial contra el adelgazamiento de la capa de ozono y ser congruente con el discurso que difunde.
Uno de los mayores desafíos que tenemos frente a nosotros es sin duda, la protección de la capa de ozono. Su recuperación sólo será un hecho en la medida en que todas las naciones se adhieren a las medidas de control establecidas en los instrumentos internacionales especialmente creados para tratar esta materia. La cooperación multilateral es la clave para paliar los efectos nocivos que han degradado esta vital capa. Nuestro país debe, lo antes posible, ser parte de todo el universo de instrumentos internacionales que amparan y buscan revertir su adelgazamiento.
El 16 de septiembre se celebrará el Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono y en esa oportunidad es que por la alta trascendencia de este tema, los legisladores que suscribimos solicitamos se apruebe la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único: Se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores envíe con toda celeridad al Senado de la República, de acuerdo a sus facultades constitucionales, la Enmienda de Beijing al Protocolo de Montreal, relativa a las sustancias que agotan la capa de ozono para su pronta ratificación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 14 días del mes de septiembre de 2006.
Diputada Érika Larregui Ángel (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA COMISIÓN NACIONAL DE GOBERNADORES A CENTRAR SU ATENCIÓN EN TEMAS PRIORITARIOS DE BENEFICIO PÚBLICO E INTERÉS NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El que suscribe, diputado federal Juan Ignacio Samperio Montaño, integrante del grupo parlamentario del Partido Convergencia en la LX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los estados unidos mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, presenta a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Comisión Nacional de Gobernadores a centrar su atención en temas prioritarios de beneficio público e interés nacional, fundada en los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes
El pasado lunes todos fuimos testigos de un hecho que merece ser abordado en esta tribuna: la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), con una celeridad inusitada, un impulso propiciado por los mandatarios de las entidades presentes y el respaldo del presidente electo Felipe Calderón, aprobó por unanimidad un "acuerdo en el que da su respaldo absoluto al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, frente al conflicto que vive esa entidad".
En convergencia, un partido nutrido de las regionalidades que conforman nuestra patria, nos preocupa la situación que atraviesan nuestros compatriotas oaxaqueños. Convergencia siempre ha estado, desde su fundación, cerca, muy cerca, de los habitantes de ese grandioso estado; nos preocupa y nos lastima la grave situación que está presente allá pero no deja de sorprendernos, compañeros legisladores, la rapidez con que, por unanimidad, los gobernadores decidieron respaldar a un mandatario que experimenta ahora conflictos que, en buena medida, él mismo, sus acciones y su equipo de trabajo propiciaron.
Que quede muy claro: Convergencia no minimiza la gravedad del conflicto ni el sufrimiento que padece el pueblo de Oaxaca frente al caos. Sencillamente, reclama la misma celeridad de resolución y de respuesta a problemas nacionales cuya resolución también resulta muy urgente, como los programas de apoyo a la salud, la transferencia equitativa de fondos federales a los estados, la educación, principalmente en las zonas marginadas, los apoyos al desarrollo agropecuario, en especial en las zonas de extrema pobreza, y por supuesto la seguridad pública y el decidido frente en contra de la delincuencia organizada, la cual se ha apoderado del país, debido a que asesinan lo mismo a periodistas que a policías, funcionarios judiciales y desgraciadamente, al ciudadano común.
Compañeros Legisladores: Convergencia desea, anhela, exige la resolución pronta del conflicto. Los diputados federales de nuestro partido jamás hemos respaldado la violencia como vía de solución de los problemas. Nos hemos labrado frente a la nación la reputación de que somos una organización política responsable que ha vivido en carne propia y en la de algunos de sus dirigentes el escarnio, el aislamiento y el oprobio antes que recurrir a medidas que causaran contratiempos graves a la ciudadanía.
Pero en aras de esa madurez y responsabilidad política, Convergencia exige también que se brinde la misma atención a los graves e impostergables asuntos nacionales que la que se da a la supervivencia política del gobernador de Oaxaca. ¿Preocupa acaso a los mandatarios emanados del PRI que su partido pudiera perder el control de la entidad? y se los pregunto sin asomo de ironía, no creo que eso suceda, por eso conmino a la Conago a prestar atención al asunto principal, al asunto de fondo, al que debe preocuparles verdaderamente: resolver ese conflicto; no defender "absolutamente" a un gobernador que, querámoslo o no, ya está completamente rebasado.
Consideraciones
2. Están también otros temas, urgentes, prioritarios y extraordinariamente necesarios, que la Conago debiera abordar con la misma celeridad con que se prestó a respaldar la supervivencia política de un gobernador.
3. Convergencia nuevamente expresa su absoluta solidaridad con el pueblo de Oaxaca y se manifiesta por una pronta resolución del conflicto.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de Gobernadores a concentrar su atención en los temas prioritarios y urgentes de interés nacional que reclaman su resolución, por lo menos con la misma celeridad con que expresó su respaldo político al gobernador del estado de Oaxaca.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil seis.
Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INICIAR INVESTIGACIÓN DE OFICIO CONTRA EL EMPRESARIO KAMEL NACIF POR SU PRESUNTA RESPONSABILIDAD EN DELITOS RELACIONADOS CON PORNOGRAFÍA Y PROSTITUCIÓN INFANTILES, A CARGO DE LA DIPUTADA ELSA DE GUADALUPE CONDE RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ALTERNATIVA
Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Alternativa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que la Procuraduría de Justicia de Puebla informe de las acciones implantadas en el caso Lydia Cacho y para que, en su caso, inicie investigación de oficio contra el empresario Kamel Nacif por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con pornografía y prostitución infantiles, con base en los siguientes
Considerandos
Primero. Que en 2005, salió a la luz pública el trabajo de la periodista y activista social Lydia Cacho Ribeiro, quien al publicar el libro Los demonios del Edén puso en los reflectores el caso de una red de pornografía infantil, narcotráfico y corrupción. En el desarrollo del texto describe crudamente "una sociedad adormilada que no mueve un dedo ante un hecho tan despreciable".
Segundo. Que en el libro señala como responsable de dichos actos, además de la corrupción e ineficiencia de las autoridades, a Jean Thouma Hannah Succar Kuri quien, en una grabación, deja al descubierto una cruda confesión al respecto, en la que admite haber tenido siempre sexo con niñas hasta de cinco años de edad y deja ver su inminente participación en redes de pornografía infantil. Este hombre se encuentra detenido; enfrenta proceso penal.
Tercero. Que a lo largo del texto y de los meses, poco a poco se han develado otros nombres de personajes poderosos en nuestro país que han sido vinculados al caso, tales como el empresario, también de origen libanés, Kamel Nacif Borge, de quien, entre otras cosas, se han conocido públicamente grabaciones telefónicas sostenidas con personas como empresarios, gobernadores y empleados, a quienes da órdenes para actuar en uno u otro sentido y de las cuales se puede inferir con toda claridad que hay elementos suficientes para considerar que esta persona tiene vinculo s o intereses directos con la red pornográfica infantil que la periodista señalada reveló en su investigación.
Cuarto. Que, aunado a lo anterior, todos fuimos testigos de la represión y el hostigamiento que la periodista ha sufrido por su atrevimiento de investigar a personas y hechos por demás censurables, por lo cual con fecha 21 de diciembre de 2005 las diputadas federales de la LIX Legislatura Marcela Lagarde y de los Ríos, Blanca Gámez Gutiérrez y Beatriz Mojica Morga presentaron proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla para que investigara la red de pederastia y pornografía infantil que ha documentado y señalado la periodista Lydia Cacho, así como para exhortar a la Procuraduría General de la República para que garantice eficazmente la seguridad, la integridad y el derecho a la libertad de expresión de la periodista Lydia Cacho.
Quinto. Que a escala internacional las protestas no se han hecho esperar, ya que la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres, que engloba 140 organizaciones no gubernamentales de todos los continentes, especializada en la trata y explotación sexual de mujeres y niñas, y el Comité para la Protección de los Periodistas han manifestado su inconformidad al respecto.
Sexto. Que nada de lo anterior es en sí mismo tan grave como el hecho de que, aun con todo lo investigado, leído, escuchado, presenciado y exhortado, siga habiendo alrededor de estos hechos increíbles personas que en ningún momento han sido objeto de una real investigación que permita verificar con toda precisión y sin lugar a dudas su participación o no en los hechos denunciados, ya sea para que, en caso de que se encuentre que no es responsable, se señale de manera pública y se respete su derecho a la libertad y a la seguridad, así como para que, en el caso contrario, de encontrársele responsable se le presente ante las autoridades competentes para que sea objeto de juicio y responda ante la sociedad por los delitos que haya cometido. Tal es el caso del empresario Kamel Nacif.
Séptimo. Que la necesidad de proporcionar a los niños una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar de los niños.
Octavo. Que en el artículo 34 de la Convención de los Derechos de los Niños, los Estados parte se comprometen a protegerlos contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados parte tomarán en particular todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir
b) La explotación de niños en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; y
c) La explotación de niños en espectáculos o materiales pornográficos.
En tal virtud, someto a la consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Procuraduría del estado de Puebla para que, con base en el exhorto de fecha 21 de diciembre de 2005 presentado por las diputadas federales de la LIX Legislatura Marcela Lagarde y de los Ríos, Blanca Gámez Gutiérrez y Beatriz Mojica Morga, informe a esta soberanía sobre las acciones implantadas para el cumplimiento del mismo.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría del estado de Puebla para que, en caso de no haberla iniciado, y de acuerdo con el informe que al respecto presente, inicie investigación de oficio contra el empresario Kamel Nacif por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con pornografía y prostitución infantiles.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil seis.
Diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN QUE ENTREGUE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS UN INFORME EXHAUSTIVO Y PORMENORIZADO DE LAS INVESTIGACIONES QUE HA REALIZADO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA EMPRESA ISOSA, ASÍ COMO DE LOS RECURSOS QUE SE HAN ENTERADO Y LOS RESTANTES POR ENTERAR A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO ZAZUETA AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente.
Consideraciones
La empresa Integradora de Servicios Operativos, SA (ISOSA), se ha caracterizado por múltiples señalamientos que apuntan principalmente a su actividad al margen de la ley. Esta empresa opera con recursos públicos en el fideicomiso Aduanas 1, número 954-8, instituido en Nacional Financiera y fue creada el 15 de junio de 1993 por el entonces subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y con la asesoría del abogado Santiago Creel Miranda, del despacho Noriega y Escobedo.
La operación de esta empresa fue abiertamente impugnada durante el gobierno que concluye, en tres ocasiones consecutivas, con motivo de la Revisión de la Cuenta Pública 2001, 2002 y 2003 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, al encontrar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no entera a la Tesorería de la Federación ingresos por derecho de trámite aduanero. Esos recursos, presumiblemente han sido destinados a ISOSA.
El daño a las finanzas públicas asciende a más de 10 mil millones de pesos, mismos que ISOSA cobró como derechos aduaneros a empresas dedicadas al comercio exterior y no está claro cuál fue su destino.
En 2004 la SHCP interpuso una controversia constitucional en contra de la ASF, objetando su competencia para solicitar información y fiscalizar los recursos del derecho de trámite aduanero con el argumento de que eran privados. El 14 de agosto de 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer su fallo al respecto, con votación de ocho a tres, negando la posibilidad de auditar al mencionado fideicomiso y por consecuencia a ISOSA.
ISOSA fue además vinculada directamente con personajes señalados por sus irregularidades cometidas en el pasado proceso electoral. Efectivamente, la empresa contrató los servicios de la compañía de sistemas de cómputo de Hildebrando, SA de CV, encabezada por Diego Zavala, cuñado de Felipe Calderón.
Ultimado de manera artera y habiéndose demostrado que el móvil del crimen no era el robo o el secuestro, la evidencia apunta a que fue blanco de una ejecución planeada y hasta lo que se conoce, producto de las declaraciones de la Procuraduría General de Justicia del DF, Villarreal Antelo no tenía vínculos con el crimen organizado ni sus actividades profesionales habían sido señaladas por alguna sospecha. No obstante, su asesinato se suma a otros que se han perpetrado en contra de funcionarios aduanales en los últimos años.
Estas especulaciones se incrementan con la pretensión de la Procuraduría General de la República por atraer el caso. Así, sin mayor explicación que el uso de una facultad autoritaria, el Ministerio Público federal anuncia que debido al empleo de un arma de fuego (sin especificar el calibre de la misma), la Procuraduría local debe dejar el caso en sus manos.
Además, Villarreal Antelo ocupaba un puesto clave en ISOSA relacionado en la entrada de mercancías en todo el país a través del Sistema Administrativo Aduanero Integral, que le permitía controlar los semáforos en las aduanas.
Debe haber una explicación más clara sobre el deseo de la PGR de investigar este crimen o esta misma debe informar si tiene alguna línea de investigación que la Procuraduría del DF no ha contemplado, de lo contrario este hecho seguirá provocando suspicacias y dudas en la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la aprobación de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación entregue a esta soberanía un informe exhaustivo y pormenorizado de las investigaciones que ha realizado sobre el funcionamiento y operación de la empresa ISOSA, así como de los recursos que se han enterado y los que restan por enterar a la Tesorería de la Federación.
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información detallada sobre las licitaciones que se han otorgado a ISOSA, para operar en las aduanas del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2006.
Diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LAS ZONAS DE RIESGO, SANEAMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA CUENCA DE NECAXA, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Alberto Amador Leal, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en la fracción I del numeral 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo sobre las zonas de riesgo, saneamiento y desarrollo integral de la Cuenca del Necaxa.
El pasado jueves 6 del presente se dio un impresionante proceso de remoción de masa: 20 mil metros cúbicos de tierra y material pétreo del cerro de Necaxaltepetl, ubicado a un lado de la presa de Necaxa en la Sierra Norte de Puebla, que es parte del distrito que honrosamente represento. El saldo del siniestro fue la lamentable pérdida de cuatro vidas humanas, 15 personas heridas, cerca de 10 vehículos destrozados, la interrupción del tráfico sobre la carretera federal México-Tuxpan, el bloqueo total del camino de acceso a la comunidad indígena de Necaxaltepetl (800 habitantes) y la permanencia de condiciones de significativa vulnerabilidad ante las altas precipitaciones pluviales que anualmente se presentan durante los meses de septiembre y octubre. Los gobiernos del estado de Puebla y del municipio de Juan Galindo, en coordinación con la 25 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, procedieron a atender con oportunidad la emergencia. Al mismo tiempo, el propio gobierno del estado solicitó a las dependencias federales mencionadas la realización de una indagación que permita determinar las causas que motivaron el proceso gravitacional en masa, toda vez que el cerro de Necaxaltepetl cuenta con un banco de piedra que, con la autorización de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, estaba siendo explotado por la empresa Ingenieros Civiles Asociados, ICA, tiene a su cargo la construcción de la autopista México-Tuxpan. Lo anterior, no obstante que el luchador social Virgilio Uribe, advirtió del riesgo del desprendimiento que, finalmente, sucedió.
Desde esta tribuna, en nombre de la ciudadanía que represento, reitero la exigencia de que se esclarezcan los hechos y, en su caso, se tomen las medidas conducentes en el supuesto de que se haya incurrido en negligencia o en faltas a los ordenamientos legales aplicables.
A la vez, los lamentables hechos nos dan la razón respecto del imperativo de impulsar, de manera decidida y sin interrupción, el desarrollo integral de esta importante cuenca, toda vez que siniestros como el que acaba de suceder sólo muestra, otra vez, la hondura de un problema estructural. Asunto que es indispensable abordar con determinación política, con rigor técnico y con el financiamiento suficiente para actuar, de manera simultánea, en la atención inmediata a las zonas de riesgo; en el saneamiento de las aguas que desembocan a las presas; en la reforestación masiva y la reconversión productiva sobre bases sustentables; en la rehabilitación de los suelos erosionados de las zonas altas; en el depósito adecuado de los desechos y la basura; en la construcción de infraestructura; y en la promoción de un proyecto ecoturístico de gran visión.
La primera planta generadora de energía eléctrica a gran escala fue construida, a principios del siglo pasado, aprovechando los afluentes del río Necaxa en la Sierra Norte de Puebla.
A partir de ese despliegue técnico y financiero de la empresa canadiense promotora del proyecto, pasando por la nacionalización de la industria, así como el proceso de liquidación, hasta llegar a la constitución de Compañía de Luz y Fuerza del Centro como empresa descentralizada, apenas en la última década del siglo pasado; el esfuerzo de los trabajadores de la industria y el aprovechamiento de los recursos de esta región, han aportado una cuota significativa al desarrollo de la zona centro del país. Sin embrago, como otras regiones de la geografía nacional, esta región no ha tenido reciprocidad para un desarrollo sostenido y equilibrado.
Lo anterior no obstante que desde el 8 de marzo de 1937 el Presidente Lázaro Cárdenas declaró a la región como zona protegida.
Entre los antecedentes inmediatos destacan:
2. En la primera semana de octubre de 1999, la depresión tropical número 11 provoca un desastre generalizado en la Sierra Norte y muestra los graves problemas de erosión a lo largo de la geografía de la región a la vez que exhibe la vulnerabilidad de las presas y, en general, de la cuenca en su conjunto.
3. En marzo del 2000 el Sindicato Mexicano de Electricistas, a propuesta de su División Necaxa, incluyó en la revisión de su contrato colectivo la obligatoriedad de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para realizar un estudio sobre la contaminación de los vasos que alimentan a la planta. Dicha obligación se ha reiterado en la revisión anual de dicho contrato.
4. El 3 de mayo de ese mismo año, representantes de los gobiernos federal, estatal y de los municipios, suscribieron una carta de intención para conjuntar esfuerzos sobre el tema que nos ocupa. Se integró un fondo de inversión y se invitó al Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, a realizar un diagnóstico integral de las condiciones ambientales.
5. El 9 de mayo del 2001, el gobernador del estado, el secretario de Energía, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el director general de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el director general de la Comisión Nacional del Agua y el director general de la Comisión Forestal, además de los presidentes municipales de Juan Galindo, Xicotepec de Juárez, Chignahuapan, Zacatlán y Huauchinango, conocieron el diagnóstico del Instituto de Ingeniería y suscribieron las bases de coordinación para llevar a cabo la primera etapa del Programa de Saneamiento Integral de la Zona Hidrológica de Necaxa. En su dimensión ha sido este un ejercicio ejemplar de federalismo actuante y de capacidad política para encontrar acuerdos en lo fundamental.
6. El estudio del Instituto de Investigaciones de Ingeniería de la UNAM destaca que:
La cuenca del Necaxa tiene en su entorno seis centros urbanos con una población de 300 mil habitantes.
El 22 por ciento del suelo es sobre explotado o incompatible.
El 38 por ciento de la superficie tiene índices altos y muy altos de erosión.
Los niveles de deforestación indican que, en los últimos 20 años, se han perdido 6 mil 767 hectáreas o sea a una tasa del 10 por ciento, muy superior a la media nacional que es del 2 por ciento.
Cerca de 13 mil hectáreas presentan riesgos geológicos.
Se generan 74 toneladas diarias de residuos sólidos que se convertirán en 120 toneladas diarias en el año 2020. Los sistemas de recolección son insuficientes, se observa basura en cauces y barrancas y los tiraderos están a cielo abierto.
La baja calidad del agua que afecta la salud ambiental por la alta presencia de coniformes fecales, huevos de helminto y presencia de basura, además de la pérdida de capacidad en los vasos.
7. El 11 de septiembre del 2001, el que suscribe esta propuesta entonces diputado federal ante la LVIII Legislatura, propuso un punto de acuerdo para promover una reunión de trabajo entre las dependencias federales y los gobiernos del estado y de los municipios tendiente a fortalecer la coordinación y ampliar el presupuesto asignado al saneamiento de la cuenca lográndose la asignación de recursos para la construcción de colectores durante el ejercicio fiscal del 2002, que por diversas razones no fueron ejercidos.
8. El 23 de agosto del 2002, los diputados federales Alberto Amador Leal y Cutberto Cantorán Espinosa realizan, en el salón verde de esta Cámara, el foro sobre el Saneamiento hidrológico de la Cuenca de Necaxa, al que concurren los sectores sociales y productivos de la región, así como los responsables directos de los tres órdenes de gobierno. La importancia del foro y la trascendencia de las recomendaciones propuestas al Ejecutivo federal, provocaron un ligero aumento en la asignación presupuestal. Se logró la construcción del relleno sanitario de Huauchinango, que presta servicio a los municipios de Juan Galindo y Naupan, y se ampliaron los recursos para la reforestación. A su vez el Ejecutivo Federal ratificó el 9 de septiembre del 2002 el decreto que declara la región zona protegida.
9. En mayo del 2003, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Puebla suscribe un acuerdo con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, para que a través del Instituto de Ciencias, se lleve a cabo el estudio de cambios de uso de suelo en el ecosistema de la Sierra Norte de Puebla. A la fecha no se ha logrado ejecutar las acciones correspondientes de rehabilitación de suelos, toda vez que no se ha contado con presupuesto. Durante el 2004, se elaboran los proyectos ejecutivos de los colectores y las plantas de tratamiento, a la vez que continúa la reforestación; e inicia operaciones el relleno sanitario de Chignahuapan.
10. Durante el presente año del 2006, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Obras y Desarrollo Urbano, inicia la construcción de los colectores de aguas pluviales en los municipios de Chignahuapan, Zacatlán y Huauchinango.
11. El 5 de septiembre de este año, como ya se dijo, se desprende un importante volumen de material pétreo del cerro de Necaxaltepetl.
Punto de Acuerdo
Primero. Que se atienda la propuesta del gobierno del estado de Puebla para que las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realicen una investigación para delimitar responsabilidades respecto de las causas que originaron el desprendimiento masivo de material pétreo en el cerro de Necaxaltepetl, asimismo deberán realizar un estudio sobre el impacto ambiental de las obras de construcción de la carretera México-Tuxpan y, en particular, de los bancos de material pétreo de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. En su caso deberá contarse con la asistencia técnica de los institutos especializados en la materia, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP.
Segundo. Que la Secretaría de Gobernación declare zona de desastre el territorio afectado, de tal manera que se tomen las medidas necesarias y se disponga de los recursos para mantener el abasto, de agua y alimentos, a la comunidad de Necaxaltepetl; los servicios de educación y salud; la apertura y la pavimentación del camino de acceso a la citada población y la rehabilitación del puente de acceso a Nuevo Necaxa.
Tercero. Que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro realice un estudio para determinar el estado actual y el uso que se está dando a los terrenos propiedad de la empresa o, en su caso, de la nación.
Cuarto. Que una vez instalada la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta honorable Cámara de Diputados promueva una reunión de trabajo con los servidores públicos de la federación, del gobierno del estado de Puebla, de los institutos de Ingeniería de la UNAM y de Ciencias de la BUAP, y de los municipios de Ahuazotepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Huauchinango, Juan Galindo, Naupan, Xicotepec de Juárez, Zacatlán y Zihuateutla del propio estado de Puebla, así como con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y del Sindicado Mexicano de Electricistas, a efecto de determinar la situación actual del programa de Saneamiento Integral de la Zona Hidrológica de Necaxa y, particularmente, la ejecución de las acciones especificadas.
Quinto. Que de conformidad con la valoración de la información derivada del punto anterior se haga de conocimiento de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a efecto de incluir una partida especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007, que permita dar continuidad y consistencia las acciones emprendidas para hacer frente al grave problema de que nos hemos referido.
Señor Presidente, mucho le agradeceré que el presente punto de acuerdo sea turnado a las comisiones de Gobernación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Palacio Legislativo, San Lázaro, a 14 de septiembre de 2006
Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, VICENTE FOX QUESADA, A ASUMIR LA CONSECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CULTURA, PARTE DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, O QUE EXPLIQUE LAS RAZONES DEL ABANDONO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO, COMO ESTABLECE EL ARTÍCULO 26 CONSTITUCIONAL Y DE ACUERDO CON EL FALLO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El diputado federal José Alfonso Suárez del Real, integrante del Grupo Parlamentario del PRD a la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numerales 1, inciso f), y 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Programa Nacional de Cultura se encuentra en el naufragio. Esto ya no es noticia, se publica todos los días. Si bien el presidente Vicente Fox Quesada ya quiere cerrar la agenda política, mientras que la agenda cultural pareciera haberse cerrado con la inauguración de la biblioteca José Vasconcelos. El sexenio cerró como su biblioteca, con goteras, a medio construir y con los sótanos y estacionamientos abarrotados de basura y escombros.
El plan nacional de cultura vuela por jirones y de sus retazos se pretenden justificar la ineficiencia y el dispendio. Las muestras son numerosas, pero me referiré al programa México a Escena, presentado como una de las aportaciones del sexenio foxista a la exposición de los colectivos y proyectos escénicos del país. Sin embargo, desde 2005 no ha considerado necesario poner los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La falta de recursos en 2005 la subsanó la Cámara de Diputados con una reasignación de 50 millones de pesos. Sin embargo, para 2006, se procedió de manera consecuente al fallo de la Suprema Corte acerca del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2005.
Como es sabido por todos los integrantes de esta soberanía, en 2005 el presidente Vicente Fox Quesada promovió una controversia constitucional acerca del Presupuesto de Egresos de 2005. En el fallo que emitió la Suprema Corte de la Nación, en su título tercero: la Cámara de Diputados, al modificar el proyecto del decreto del PEF de 2005, haciendo total abstracción del sistema nacional de planeación, violó el artículo 26 de la Constitución.
¿Qué señala el artículo 26 constitucional? Cito algunos de los aspectos fundamentales que se refieren a las políticas sociales y culturales:
Se establece la obligación del Estado de "organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación". Aunque el Estado debe prever las formas de participación democráticas y las que la ley establece para la del Congreso de la Unión.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia otorga al Poder Ejecutivo federal la facultad de desarrollar las políticas de consecución del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas y planes derivados de éste, entre los que se cuenta el Plan Nacional de Cultura. Si éste fue el fondo de la litis que promovió el Poder Ejecutivo federal contra la Cámara de Diputados para que no invadiera sus atribuciones en la creación y el desarrollo de los programas de gobierno.
Ahora, solicito a esta soberanía que aprobemos este punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la República, de manera consecuente con sus facultades y responsabilidades constitucionales, a que asuma y respete su propio Plan Nacional de Cultura y libere recursos para los programas que se han suspendido sin ninguna justificación, entre los que se encuentra México a Escena. Incluyo en este exhorto al secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, y a la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, señora Sara Guadalupe Bermúdez, a que nos den a conocer el proceso de evaluación del Programa Nacional de Cultura y el diagnóstico que haya promovido el Conaculta sobre el estado en que se encuentra la cultura en nuestro país.
Por todo lo anterior, someto y solicito que sea considerada de urgente y obvia resolución la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortamos al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a que asuma la consecución del Plan Nacional de Cultura, parte del Plan Nacional de Desarrollo, o que explique las razones del abandono de los programas y proyectos de gobierno, como le confiere el artículo 26 constitucional y de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, con relación a su controversia constitucional, que faculta y responsabiliza al Ejecutivo federal del Plan Nacional de Desarrollo y, por ende, del Plan Nacional de Cultura.
Segundo. Solicitamos al secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, y la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, señora Sara Guadalupe Bermúdez, a realizar las acciones administrativas, y presupuestales, para realizar la producción de México a Escena en 2006 en atención a la demanda de artistas, la comunidad cultural y del público, así como la elaboración de un informe pormenorizado del nivel de desarrollo del Plan Nacional de Cultura y de la situación en que se encuentra la cultura en nuestro país al final del sexenio, para su estudio por esta soberanía.
Salón de Sesiones, a los catorce días del mes de septiembre de 2006.
Diputado José Alfonso Suárez del Real (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE INVESTIGUE Y DETERMINE LA ILEGAL INTERVENCIÓN DE UNA REPRESENTANTE DEL VATICANO COMO SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, SUSCRITO POR LAS DIPUTADAS CLAUDIA CRUZ SANTIAGO Y VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las y los suscritos legisladores y legisladoras federales de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional, de Convergencia y del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de ésta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los Estados Unidos Mexicanos soberanamente se han constituido política y jurídicamente como un Estado laico. Mucho es lo que ha costado a lo largo de la historia a los mexicanos y a las mexicanas lograr que los principios del laicismo se plasman en la Carta Magna y que trascienden al seno de la conciencia social de nuestra época.
La lucha histórica por significar un Estado laico ha constituido un motor fundamental para lograr contar con las instituciones mínimas que permitan desarrollar al máximo uno de los principios fundamentales de la República: la separación Iglesia-Estado.
El 12 de enero de 2001 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) como organismo público autónomo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, como un logro en favor del reconocimiento de los derechos de las mujeres en nuestro país.
El Inmujeres tiene como objeto general promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de transversalidad, federalismo y fortalecimiento de vínculos con los Poderes Legislativo y Judicial, tanto federales como estatales.
El Inmujeres se integra para su administración por la Junta de Gobierno, la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva, el Consejo Consultivo, el Consejo Social y la Contraloría Interna.
Como máximo órgano del instituto, la Junta de Gobierno celebra sesiones ordinarias y extraordinarias en las que, entre otras, tiene las siguientes facultades: designar y remover, por propuesta de la Presidencia, a la secretaria técnica, quien asistirá a las sesiones de la Junta de Gobierno con voz pero sin voto.
Tenemos conocimiento de que la señora María Eugenia Díaz de Pfennich, secretaria técnica del Inmujeres, es una persona vinculada a las más altas jerarquías de la Iglesia Católica, pues, entre otros cargos de su larga trayectoria en organizaciones vinculadas con ese credo, fue designada personalmente por el papa Juan Pablo II, en el año 2002, "miembro del Pontificio Consejo de Justicia y la Paz", de igual manera, en 2004 como "miembro consultivo del Pontificio Consejo para la Cultura"; fue nombrada para representar a la santa sede ante la Organización de Estados Americanos en dos ocasiones: en 1999 y en 2000, también lo fue ante la Comisión Económica para América Latina en 2004.
Uno de los requisitos legales que debe reunir quien ostente el cargo de secretaria ejecutiva del instituto es contar con experiencia en materia de la equidad de género o de las causas de las mujeres, a nivel estatal, nacional o internacional, así como en actividades relacionadas con los objetivos del instituto como son entre otros:
La ejecución de programas de difusión e información para las mujeres, de carácter gratuito y alcance nacional, que informen acerca de los derechos de las mujeres, procedimientos de impartición de justicia y, proporcionen orientación sobre el conjunto de políticas públicas y programas de organismos no gubernamentales y privados para la equidad de género.
Basta citar sólo un ejemplo: la inclusión en el cuadro básico de medicamentos de la Secretaría de Salud de la píldora de anticoncepción de emergencia, regulada por la Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar NOM-005-SSA2-1993, que obliga a todas las instituciones de salud pública en el país a ofrecerla y proporcionarla dentro de las gamas de los métodos de anticoncepción a quien lo solicite, así como a brindar información y consejería correspondientes y a suministrarla cuando la usuaria lo requiera.
Al respecto el cardenal Norberto Ribera Carrera declaró: "no hay que poner un arma así en manos de la gente para que maten a niños inocentes" asimismo, el obispo de Isidro Guerrero consideró injusto que "tres o cuatro personas enfermas, esquizofrénicas y paranoicas (sin identificar a nadie por su nombre) estén determinando el rumbo de un país de tantos valores y tanta espiritualidad como es México", al aprobar la píldora de anticoncepción de emergencia.
Incluso, el secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza, les hace eco, al refrendar, sin que nadie se lo solicitara, su "compromiso indeclinable con la vida" y, al amparo de su fe (y en contra de la decisión tomada por la Secretaría de Salud), asegura que tal medida se someterá a revisión: "no podemos admitir una ciencia consagrada a la destrucción masiva, sea en las armas en general, sea en la medicina, sea en cualquier ámbito, la ciencia sólo se justifica si sirve a la vida" (La Jornada, julio 20 de 2005).
Lo anterior constituye una afrenta para nuestro sistema de gobierno republicano y laico, más aún que una persona que tiene un nombramiento desde el Vaticano pueda ser representante de esa sede de un Estado extranjero ante instancias de instituciones nacionales.
Es inaceptable que en nuestro orden institucional laico haya representantes del Estado Vaticano y prácticamente con ese carácter en el seno de las instancias de decisión y de gobierno, en este caso del Instituto Nacional de las Mujeres.
Queremos finalmente resaltar que no se trata de discutir sobre las preferencias y libertades religiosas de nadie en particular, pero si poner el acento sobre una cuestión fundamental que mucho le ha costado al pueblo de México conquistar como es el caso de constituirnos en una república laica.
Consideramos que si nos encontramos en el año de los festejos del centenario del benemérito don Benito Juárez, debiéramos hacerle honores pronunciándonos en reflejar su pensamiento y su obra en las instituciones que deseamos perfeccionar y construir.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta soberanía la aprobación de la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Único. Solicitar a la Secretaría de la Función Pública su intervención para investigar y determinar la improcedencia de la ilegal actuación como representante del Estado Vaticano a través de María Eugenia Díaz de Pfennich, secretaria técnica del Instituto Nacional de las Mujeres.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de septiembre de 2006.
Diputas: Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Irene Aragón Castillo, Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), Araceli Escalante Jasso, Martha Angélica Tagle Martínez, Aída Marina Arvizu Rivas, Elsa Conde Rodríguez.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL GOBERNADOR DE OAXACA EXPLIQUEN SU NEGATIVA A OTORGAR RECURSOS PARA LA REZONIFICACIÓN SALARIAL DEL MAGISTERIO DE OAXACA, Y ENTREGUEN UN INFORME DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006 PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE DICHA ENTIDAD, SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS CARLOS ALTAMIRANO TOLEDO, DANIEL DEHESA MORA, BENJAMÍN HERNÁNDEZ SILVA, CARLOS MARTÍNEZ MARTÍNEZ, OTHÓN CUEVAS CÓRDOVA, JOAQUÍN DE LOS SANTOS MOLINA Y DAISY HERNÁNDEZ GAYTÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los que suscriben, diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión integrantes del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 58, 59, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
Los legisladores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática consideran que en el conflicto del estado de Oaxaca, el paro de los labores de los docentes responde a demandas justas y legítimas del magisterio como son las mejores condiciones salariales y labores, en las cuales hay un rezago histórico inaceptable; porque no solo se coloca a los maestros en situaciones precarias para desarrollar su trabajo, sino también porque esto incide en la educación de miles de escolares.
Desde el inicio del conflicto magisterial, que hoy cumple más de tres meses, los docentes solicitaron al titular de la Secretaría de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, explicara las razones para no dar respuesta a su demanda de rezonificación salarial, otorgando recursos suficientes. La única respuesta a esta solicitud ha sido, hasta la fecha, que "no hay dinero".
Ese argumento de que "no hay dinero" es falso. Mienten quienes lo han esgrimido. ¿Y por qué decimos que mienten?, porque los números hablan por sí solos. Veamos.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, la Cámara de Diputados aprobó 11 mil 233 millones 141 mil 168 pesos al rubro de Previsiones Salariales para el sector educativo.
Ese monto total se distribuyo en los siguientes conceptos:
696 millones 137 mil pesos a: Creación de plazas.
Y, 2 mil 809 millones de pesos a: Otras medidas de carácter económico, laboral y contingente".
Adicionalmente, también en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 se aprobaron recursos adicionales de 700 millones de pesos para el saneamiento del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB) contenido en el Ramo 33. Esto se puede constatar en el Anexo 19 C del decreto de Presupuesto de 2006.
Con el presente se anexan fotocopias del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2006, donde están aprobados los recursos anteriormente señalados.
El vocero de la Presidencia de la Republica, Rubén Aguilar, aseguró en declaraciones a los medios de comunicación, que la rezonificación implicaba una erogación de un mil 600 millones de pesos. Por tanto, de esta estimación hecha por el funcionario foxista perfectamente pueden ser cubiertos con los recursos contenidos en el rubro presupuestal "Otras de carácter económico, laboral y contingente".
Y si no es así, cabe que las autoridades de la SEP informen en qué han aplicado los recursos aprobados por la Cámara de Diputados para ese rubro por 2 mil 809 millones de pesos y los 700 millones adicionales para el saneamiento del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica.
No desconocemos que el problema laboral de los maestros oaxaqueños tiene un rezago histórico, pero también es necesario que el gobierno del estado de Oaxaca explique en qué y cómo ha aplicado los recursos que recibe de la Federación para la educación en esa entidad federativa.
Es preciso mencionar que en este año de 2006al gobierno de Oaxaca, la Federación, vía el Ramo 33, le transfirió recursos por un total 9 mil 755 millones de pesos, para educación básica que comprende servicios personales, otros y gastos de capital; así como para la educación de adultos.
Ese monto ubica al estado de Oaxaca como el tercero en recibir mayores recursos federales, por abajo únicamente de los estados de México y Veracruz.
Para los oaxaqueños es importante conocer la información relativa al gasto federal que en materia educativa ha realizado el gobierno estatal; saber en qué se ha gastado, en qué se ha invertido; porque en la base magisterial hay claros indicios de que los recursos federales pudieron haber sido destinados a la campaña presidencial de Roberto Madrazo y de los candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados.
Por lo anterior, expuesto y fundamentado, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública, Reyes Tames Guerra, y al gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, informen a esta soberanía las razones de su negativa a la solicitud de magisterio de Oaxaca para no otorgar los recursos para la rezonificación salarial de los maestros de la entidad; toda vez que la Cámara de Diputados aprobó en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 el concepto denominado "Otras medidas de carácter económico, laboral y contingente" por un total de 2 mil 809 millones 256 mil 400 pesos, contenidos en el rubro de " Previsiones Salariales" para el sector educativo del país y 700 millones de pesos adicionales para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica.
Segundo.- En su defecto, el secretario Tames Guerra y el gobernador Ruiz Ortiz entreguen a esta soberanía un informe financiero detallado que explique en qué y cómo han gastado los recursos de sus respectivos ámbitos de competencia, aprobados por la Cámara de Diputados en el citado decreto de Presupuesto de 2006.
Tercero.- A efecto de lo anterior, se aprueba la integración de una Comisión plural de trabajo de diputados y diputadas para que el secretario de Educación Pública y el gobernador del estado de Oaxaca sostengan una reunión de trabajo e informen a esta soberanía lo dispuesto en los acuerdos primero y segundo del presente punto de acuerdo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2006.
Diputados: Carlos Altamirano Toledo, Othón Cuevas, Daniel Dehesa Mora, Joaquín de los Santos Molina, Daisy Hernández Gaytán, Benjamín Hernández Silva, Carlos Martínez Martínez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LOS MIEMBROS Y AL VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LES IMPONE LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS Y A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA ANTE EL PROYECTO MAESTRO MAÍZ, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR NARCIA ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Héctor Narcia Álvarez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
La presente proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exponer en esta, "la más alta tribuna de la nación", como, en estos tiempos, la ilegalidad toca todos los ámbitos de la vida institucional del país. Los hechos electorales recientes han mancillado nuestra democracia, pero la situación que daré a conocer pone en peligro nuestra identidad.
El maíz es base de nuestra alimentación, nuestro cimiento cultural e identitario. Para demostrar la relevancia nacional de este cultivo no requiero recitar aquí suave patria tu superficie es de maíz, o demostrarles que somos el centro de origen de este cereal, o bien, como, a pesar del desmantelamiento de nuestra agricultura sigue siendo nuestro principal producto agropecuario.
Este cultivo hoy se encuentra en peligro ante la voracidad de empresas trasnacionales que les urge que nuestro país adopte su tecnología a cualquier precio. Situación de la cual se han hecho cómplices funcionarios que han demostrado su falta de interés por mantener lo que nos pertenece. No importa que se incumpla la ley, no importa que se exponga a nuestros productores a una terrible dependencia tecnológica, no importa brindar nuestro patrimonio genético en charola de plata; nada importa frente a los poderosos intereses. Conocemos bien el modus operandi de Monsanto en otras partes del mundo: corrompe funcionarios a cambios de permisos y contamina campos para cobrar regalías de inmediato.
Desde el año pasado Monsanto, la empresa más poderosa en producción de semillas en el mundo, nos amenazó: o se sembraba en el plazo de un año su maíz en México o se iban del país. Aunque los verdaderos mexicanos hemos reiterado "que se vayan"; su amenaza permeó entre funcionarios sin escrúpulos y desde esas fechas se ha intentado establecer el Proyecto Maestro Maíz para experimentar con siete líneas de tres empresas: Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences. Singularmente el experimento se realiza con recursos públicos y en campos del Inifap, un experimento que cabe mencionar ya se había realizado y cuyo resultado demostró la poca efectividad de las líneas probadas para atacar la problemática nacional.
En cada intento por autorizar este proyecto se ha intentado pasar por alto la recién publicada Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. A fines del año pasado no se realizó la consulta pública determinada en el artículo 33 de la Ley; más adelante en enero de este año después de realizarse la consulta, la misma Sagarpa en comunicado de prensa (045/05), informo "que una vez que finalice la construcción del marco normativo sobre el Régimen Especial de Protección al Maíz establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, en coordinación con las dependencias que integran la Cibiogem, procederá a la decisión sobre la autorización o rechazo de las solicitudes que se sometieron hasta hoy a consulta pública."
El mencionado Régimen Especial de Protección al Maíz quedó establecido en la Ley de Bioseguridad después de arduos debates, sin embargo no se encuentra descrito en la ley. Para su construcción la comunidad de científicos, productores, ambientalistas y consumidores ha demandado que se realice una amplia consulta y se considere su opinión. De hecho se tienen importantes avances que deben tomarse en cuenta para proteger al maíz como una de nuestras riquezas.
Otra de las obligaciones que la Ley de Bioseguridad impone, en su artículo séptimo transitorio es que "Las disposiciones reglamentarias relativas a lo dispuesto en el Capítulo IV del Título Primero de la presente ley, así como las correspondientes a los Capítulos I y II del Título Octavo de este mismo ordenamiento, se deberán expedir en el plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento."
Esta obligación, que de por sí ha sido incumplida, porque el plazo venció en septiembre de 2005, no puede ser desatendida. El reglamento de esta ley es indispensable en virtud de las serie de especificaciones técnicas que a lo largo del articulado se mencionan como parte de las disposiciones reglamentarias. En particular las que se refieren al Capítulo IV llamado De la Coordinación y Participación, del Título Primero, que en el artículo 20 establece que "Las funciones específicas del Consejo Consultivo Científico y los mecanismos para que la renovación de sus miembros sea progresiva y escalonada, se establecerán en las disposiciones reglamentarias que deriven de esta ley. Los dictámenes técnicos que emita el Consejo Consultivo Científico deberán ser considerados por la Cibiogem en las decisiones que adopte." No podemos imaginar que la Cibiogem tome una decisión sin este Consejo Consultivo Científico que a la fecha no se ha integrado y que ni siquiera se ha diseñado el reglamento para su integración.
Estos son algunos ejemplos de la carencia absoluta de observancia del marco jurídico en un tema tan sensible como es la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados sobretodo en el caso del maíz. Permítanme recordarles que Estados Unidos no ha permitido la liberación comercial del trigo bajo el argumento que es la base de la alimentación de los estadunidenses.
Por todo lo anterior, me permito poner a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los miembros de la Comisión Interinstitucional de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), integrada por los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero Francisco Mayorga; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero José Luis Luege; de Salud, doctor Julio Frenk Mora; de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra; Hacienda y Crédito Público, licenciado Francisco Gil Díaz y de Economía, licenciado Sergio García de Alba, así como al director general del Conacyt, doctor Gustavo Chapela en su calidad de vicepresidente de la Cibiogem a que cumplan con las obligaciones que les impone la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y se sujeten a las disposiciones legales en la materia ante el Proyecto Maestro Maíz.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2006.
Diputado Héctor Narcia Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE CHIAPAS A NO INTERFERIR EN LAS FUNCIONES LEGISLATIVAS, Y A ABSTENERSE DE VIOLAR EL FUERO CONSTITUCIONAL DE LOS DIPUTADOS LOCALES DE DICHA ENTIDAD, SUSCRITO POR DIPUTADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
En ejercicio de la facultad conferida a los diputados federales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea proposición de punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo y a las autoridades administrativas del estado de Chiapas a no interferir en la funciones legislativas, así como a abstenerse de violar el fuero constitucional de los diputados locales, al tenor de las siguientes
Consideraciones
II. En este ataque político, disfrazado de reclamo jurídico, se acusa a los legisladores locales de nuestro partido del supuesto delito de "omisión legislativa", sin fundamentar legal y políticamente sus pretensiones, violando el fuero constitucional de que gozan todos los legisladores locales, así como su autonomía en la toma de decisiones que sólo incumben al Congreso del estado de Chiapas.
III. El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local ha apoyado aquellas iniciativas de ley provenientes del Ejecutivo estatal siempre y cuando sean benéficas para los chiapanecos y las han rechazado cuando son contrarias a los derechos de los mismos.
IV. Nuestros compañeros diputados no están cerrados al diálogo, pero tampoco aceptan imposiciones. Mucho menos habrán de aprobar reformas hechas al vapor. Porque es el caso que, para el cumplimiento por homologación de una obligación constitucional federal, el Ejecutivo estatal debió -desde marzo del año en curso- elaborar y presentar la iniciativa de ley que estableciere el sistema integral de justicia para menores en el estado de Chiapas, así como diversas iniciativas de reformas a la Constitución y a la legislación secundaria para dar congruencia jurídica a dichas disposiciones. Trascurrió el tiempo y no lo hizo.
En su descuido, pretende involucrar al Congreso local y, en particular, a nuestros diputados locales de la bancada priísta, ya que éstos se han negado a sesionar de forma extraordinaria evitando con esto la aprobación improvisada y atropellada de dichas iniciativas de reforma y creación legislativa. Cabe señalar, que el paquete de iniciativas fue recibido por el Congreso local el 29 de agosto, durante el periodo de receso de las sesiones de ese Congreso estatal.
V. Es evidente que se ha consumado una flagrante violación a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos por parte del Ejecutivo estatal. La presión y persecución que sufren nuestros homólogos locales priístas es una clara represalia por su negativa a ser cómplices de la ilegalidad.
Las amenazas públicas del fiscal general del estado en contra de nuestros diputados locales representan la intromisión de un órgano administrativo sobre un ente soberano, como el Legislativo chiapaneco, poniendo en peligro el principio de la división de poderes, protegido por los artículos 49 y 116 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al fiscal general del estado de Chiapas, así como a las autoridades locales involucradas a garantizar pleno respeto a la investidura y fuero constitucional de los diputados locales de todos los partidos, principios consagrados en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 15 de la Constitución chiapaneca.
Diputados: Antonio de Jesús Díaz Athie (rúbrica), Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza, Arely Madrid Tovilla, Elmar D. Díaz Solórzano, Andrés Carballo Bustamante, Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Arnulfo Cordero Alonso.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A SIMPLIFICAR Y AJUSTAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA DEVOLUCIÓN DEL IVA A LAS COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS EXTRANJEROS, A CARGO DEL DIPUTADO GUSTAVO ADOLFO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado de la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta Cámara el presente punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para simplificar y ajustar los trámites necesarios para la devolución del impuesto al valor agregado a las compras realizadas por turistas extranjeros, con base en las siguientes
Consideraciones
2. Que durante el año 2005, llegaron a México alrededor de 22 millones de turistas extranjeros, por lo que el país recibió más de 11 mil millones de dólares ubicándonos en el séptimo lugar entre los principales destinos a nivel internacional como receptor de turistas y en el catorceavo como captador de ingresos derivado de ese concepto.
3. Que los países líderes en el sector, entre los que se encuentran socios comerciales de México como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Argentina, entre otros, han llevado a cabo exitosamente el reembolso del impuesto al valor agregado (IVA) por las compras de mercancías que los visitantes extranjeros realizan, acción que hace más atractivos sus centros turísticos estimulando la venta de mercancías, además de hacer más atractiva la estancia de los turistas extranjeros.
4. Que para México el establecimiento del reembolso a los visitantes extranjeros, significa aumentar el gasto de los turistas internacionales con la misma infraestructura con la que actualmente cuenta el país, además de favorecer las finanzas públicas, ya que si bien implica el reembolso de recursos fiscales, la medida ayuda a la recaudación, toda vez que incrementa el consumo, al estimular un mayor gasto.
5. Que a pesar de que en nuestro país la medida fue aprobada en diciembre de 2005 y entró en vigor a partir del 1 de julio del presente año, la reglamentación propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, hace que el esquema no alcance el beneficio esperado, ya que limita por mucho el desenvolvimiento de la medida en las condiciones actuales.
6. Que la limitación para que participen en el sistema sólo los establecimientos comerciales que expidan comprobantes fiscales digitales, limita severamente el número de comercios que pudieran ofrecer este incentivo y, por consecuencia, también el número de turistas que pudieran beneficiarse de esta medida puesto que actualmente sólo unas 900 empresas facturan de esa manera en todo el país, de las cuales la gran mayoría son empresas grandes que manejan pocas ventas a turistas extranjeros. Por ejemplo, en Cancún, principal centro receptor de turistas internacionales, no más de tres empresas cuentan con dicho sistema.
7. Que el actual reglamento no permite los pagos en efectivo, ni de parte del turista al adquirir el bien, ni de parte de la empresa concesionada al hacer la devolución del IVA, limitando la transacción a medios electrónicos como las tarjetas de crédito o débito, medida que ningún país aplica, que no aporta nada en términos de prevención de fraudes y que anula el principal atractivo para realizar mayores compras, puesto que a nivel mundial más del 75% de los turistas optan por cobrar su devolución en efectivo.
8. Que es poco claro el reglamento y genera problemas, ya que de su redacción se interpreta que se debe de agregar el IVA al monto mínimo de compra establecido en el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que es de $1,200 pesos, lo que aunado a que en México existen dos tasas de IVA diferentes, 10% en la frontera y 15% para el resto del país, genera confusión pues produce dos montos mínimos de compra diferentes, contraponiéndose a lo establecido en el artículo 32 de dicha ley, ya que invariablemente el impuesto debe estar incluido en el precio al consumidor final como es el caso de los turistas extranjeros.
9. Que las restricciones y complejidades de las reglas publicadas no reflejan en lo absoluto el espíritu original de la ley aprobada por el honorable Congreso de la Unión, misma que trata de provocar un mayor gasto de los turistas extranjeros en nuestro país promoviendo la competitividad del sector turístico en México y beneficiando a los comercios y a la población en general.
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía, exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en especial, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, a que presente en un plazo no mayor de 30 días, contados a partir de esta fecha, una propuesta de reglamento para simplificar y ajustar los trámites necesarios para la devolución del IVA a turistas extranjeros a que hace referencia el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, rescatando para ello la experiencia que existe en países que aplican esta medida.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a los catorce días del mes de septiembre del año 2006.
Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y DE LA SEMARNAT INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES QUE HAN EMPRENDIDO PARA EVITAR LA ENTRADA EN NUESTRO PAÍS DEL VIRUS DE LA GRIPE AVIAR, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL TORRES HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Víctor Manuel Torres Herrera, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo destinado a prevenir la entrada del virus de la gripe aviar en México, con base en las siguientes
Consideraciones
Primero. Hasta el 23 de febrero 2006, el virus de la influenza aviar ha sido reportado en 34 países de Europa y Asia, entre los que destacan Alemania, Italia, Francia, Rusia, China, Japón, Corea, India, Iraq e Irán entre otros. De los 170 humanos infectados por el H5N1 murieron 92. En Francia, el mayor productor avícola de Europa, se confirmó el primer brote de gripe aviar en la industria avícola de la Unión Europea. En la India van medio millón de pollos exterminados.
Segundo. La Organización Panamericana de la Salud informa que se justifica la preocupación de que el H5N1 llegue a las Américas, aunque precisó que es mínimo el riesgo de la enfermedad entre humanos, "a no ser que aparezca una nueva cepa del virus fácilmente transmisible entre las personas". En caso de que se dé esta mutación del virus, advierte que "una vez que se establezca la transmisión de esta cepa en la población general de un país, la propagación mundial será prácticamente inevitable y rápida".
En caso de darse una pandemia el número de víctimas humanas sería de 2 a 100 millones. Las aves que se sacrificarían son incalculables. Hasta ahora más de 140 millones de aves murieron o fueron sacrificadas por la epidemia de gripe aviar en Asia desde que irrumpió el H5N1 en este continente en 2003.
Tercero. Cada gobierno tiene que resolver cómo alertará al público de los peligros sin crear pánico, y cómo lo convencerá de la necesidad de tomar medidas precautorias para evitar en lo posible el surgimiento de una situación catastrófica.
El 24 de febrero, nueve organizaciones ambientalistas con representación en México, destacadas por su defensa del medio ambiente, la biodiversidad y el bienestar humano, entre ellas: Greenpeace, IFAW y el WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) externaron en una carta dirigida al presidente Vicente Fox su preocupación por la posible entrada y dispersión de la gripe aviar en México, subrayando la urgencia de cerrar totalmente la importación de aves silvestres, dado que, según el National Wildlife Health Center de Estados Unidos, más de 80 especies son portadoras del virus H5N1.
Cuarto. Los ambientalistas revelan que se está importando a México un promedio anual de 80 mil aves silvestres, y que tan sólo en 2003 se importaron 165 mil de todo el mundo. Las organizaciones apuntan que el tráfico de aves silvestres hacia México, además de proceder de países europeos, asiáticos y americanos, comprende decenas de miles de aves provenientes de países africanos tales como Senegal, Costa de Marfil, Camerún, Malí, Liberia, Congo, Uganda y Sudáfrica, país donde se ha recomendado a la población alejarse de los mercados donde se vendan aves silvestres de países cercanos a Nigeria.
Quinto. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha declarado su intención de cerrar la importación de aves silvestres de aquellos países donde se ha registrado el virus, sin precisar cuáles son ni en qué momento tomará esta acción. Sin embargo, como señalan los firmantes, no existe un verdadero control sobre la importación de aves a México, y lo propuesto por la Semarnat no cubre la posible llegada de aves portadoras del virus desde países donde aún no se ha detectado su presencia. Además, por la triangulación en el tráfico ilegal global de aves, a menudo no se sabe de dónde realmente vienen los ejemplares.
Sexto. Defenders of Wildlife de México, Teyeliz, Comarino, Greenpeace México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Grupo Ecologista del Mayab, Grupo de los Cien Internacional, Marea Azul y el IFAW, Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat proponen que se tomen de manera urgente las siguientes medidas: "prohibir la importación de todas las especies de aves silvestres; incrementar el esfuerzo de inspección de cargamentos de aves legales e ilegales en puertos, aeropuertos, fronteras, carreteras, vías de tren, etcétera; evitar la matanza de aves silvestres como método para controlar la gripe aviar; aislar a las aves silvestres nacionales o exóticas en cautiverio; e informar y educar al público en general sobre los riesgos asociados con trabajar o mantener aves silvestres".
Advierte Defenders of Wildlife, que "México está jugando a la ruleta rusa con la gripe aviar, ya que cualquier día puede entrar un cargamento de aves infectadas dentro de las decenas de miles de aves silvestres que son importadas para el mercado de mascotas".
También vale la pena recordar que, como señala el ornitólogo Manuel Grosselet, hay 75 especies de pájaros migratorios que tienen poblaciones compartidas entre América y Asia, principalmente aves playeras y patos, como el ganso de collar -lo que no significa de ninguna manera que haya que matarlos.
Finalmente compañeros legisladores vale la pena preguntarnos ¿Qué es más urgente, prevenir la entrada de la gripe aviar en México, protegiendo así a la salud pública, a la industria avícola, y a las más de mil especies de aves que han sido registradas en el país, o seguir permitiendo el tráfico legal e ilegal de aves silvestres para abastecer el mercado de mascotas?
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que las Secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales rindan a esta soberanía un informe detallado sobre las acciones que se han emprendido hasta el momento para evitar la entrada en nuestro país del virus de la gripe aviar.
Segundo. Se urge a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que coordinen esfuerzos con el fin de cerrar la introducción de aves silvestres y evitar así que la gripe aviar entre en territorio nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de septiembre de 2006.
Diputado Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA AGROINDUSTRIA MEXICANA DE LA CAÑA DE AZÚCAR, A CARGO DEL DIPUTADO OSIEL CASTRO DE LA ROSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
La agroindustria mexicana de la caña de azúcar representa una actividad de gran importancia para el país, pues permite la creación de 440 mil empleos directos y 2.5 millones de indirectos en el campo mexicano.
El sector azucarero se forma por 58 ingenios, que se encuentran operando en la actualidad en 15 entidades federativas, con influencia en 222 municipios y una población cercana a 11 millones de habitantes.
Cada año, en promedio, de la transformación de la materia prima se obtiene producción de 5 millones de toneladas de azúcar. Para su proceso se requiere mano de obra: en el campo, para la siembra, el cultivo y la cosecha; y en el proceso industrial, los obreros, los empleados y todos los que intervienen en el transporte, el almacenamiento, la comercialización y factores financieros, entre otros no menos importantes.
El valor del azúcar, como producto terminado, es de 2 mil 500 millones de dólares, lo que representa 0.4 del PIB nacional y 8.4 del sector alimentos, bebidas y tabaco.
Asimismo, la agroindustria mexicana de la caña de azúcar tiene importancia fundamental en la dieta de los mexicanos como principal fuente de calorías. De tal manera, nuestro país ocupa el séptimo lugar en consumo de azúcar.
Durante los últimos 15 años, la producción de azúcar pasó de 3.6 a 5.8 millones de toneladas. Asimismo, el indicador combinado de productividad campo-fábrica pasó de 6.0 a 8.5 toneladas de azúcar por hectárea de caña cultivada.
Es tal la importancia del sector, que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera la caña de azúcar un producto básico estratégico y de interés público.
De igual manera, el cultivo de la caña de azúcar es bien visto como una oportunidad de gran impacto nacional para su aprovechamiento en el ámbito de los bioenergéticos, jugando un papel central en la producción de etanol y biodiesel, temas pendientes por tratar en la LX Legislatura, ya que se observa generaría de manera inmediata fuertes inversiones y miles de empleos directos en el sector agrícola e industrial.
También debe recordarse que tanto en la LVIII como en la LIX Legislaturas se ha acordado la creación de una comisión especial para analizar los problemas de la agroindustria azucarera.
Asimismo, debe considerarse que como resultado de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 2008 el azúcar se incorporará a la apertura comercial, por lo que es indispensable que exista un trabajo conjunto y coordinado entre el Ejecutivo federal y el Legislativo para definir, establecer y operar mecanismos efectivos que permitan a los productores nacionales hacer frente de manera efectiva al nuevo entorno económico, logrando que dicha situación lejos de afectar su condición actual se transforme en una oportunidad de desarrollo para los productores y sus familias.
Por lo anterior, someto a la consideración de todos ustedes el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a esta honorable asamblea la constitución de la Comisión Especial de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, encargada del estudio de la problemática del sistema producto caña-azúcar, a fin de proponer alternativas que permitan a los productores nacionales enfrentar con éxito la apertura comercial prevista para 2008, en beneficio de sus familias y del campo mexicano.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2006.
Diputados: Osiel Castro de la Rosa, Gregorio Barradas Miravete, Gerardo Buganza Salmerón, Abel Ignacio Cuevas Melo, José de la Torre Sánchez, Antonio del Valle Toca, Ángel Rafael Deschamps Falcón, Édgar Mauricio Duck Núñez, María Victoria Gutiérrez Lagunes, Iñigo Antonio Laviada Hernández, Agustín Mollinedo Hernández, César Augusto Verástegui Osros, Pedro Pulido Pecero, Marcos Salas Contreras, Marco Antonio Pierrot Solís, Jorge Justiniano González Betancourt (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA EN CUANTO AL ORIGEN, COBRO, DESTINO E IMPACTO QUE TIENE EN SUS FINANZAS EL PAGO DEL DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO, CON RELACIÓN A SUS OPERACIONES DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE CONVERGENCIA, DEL PARTIDO DEL TRABAJO, Y DE ALTERNATIVA
Los suscritos, diputadas y diputados federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo para solicitar la integración de una Comisión Investigadora, una comisión que investigue a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en sus finanzas el pago del Derecho de Trámite Aduanero, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Es de señalarse que el primero de enero de 1992 entró en vigor la modificación al artículo 8-B de la Ley Aduanera (actualmente artículo 16), la cual estableció que las personas que realizaran operaciones aduaneras, tanto de importación como de exportación, pagaran una cuota como contraprestación de los servicios que prestaran diversos particulares. Lo anterior permitió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizara a estos últimos la prestación de distintos servicios relacionados con los procesos aduaneros, toda vez que por el Tratado de Libre Comercio no estaba preparada para administrar el volumen y complejidad de las operaciones aduaneras y recaudatorias que se esperaban, ya que se requerían robustas aplicaciones informáticas, mejor infraestructura tecnológica y personal capacitado en la operación y desarrollo de sistemas, y fortalecer la infraestructura física de las aduanas.
En 1993 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidió que el manejo de los sistemas relacionados con la recaudación del Derecho del Trámite Aduanero (DTA) sería realizado a través de empresas privadas, derivado de lo anterior la Secretaría de Hacienda y Crédito Público licitó este servicio, adjudicándoselo a la empresa privada denominada Integradora de Servicios SA de CV (ISSA).
Sin embargo, como resultado de irregularidades detectadas por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la empresa Integradora de Servicios, SA de CV (ISSA), se le rescindió el contrato y constituyó el fideicomiso 954-8 en Nafin, denominado Aduanas I, con una aportación inicial instruida por el entonces subsecretario de Ingresos Francisco Gil Díaz, de 200.5 millones de pesos, tal y como consta en el estudio para el recurso 685 promovido por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública contra el Sistema de Administración Tributaria, producto de la solicitud de información que hiciera un ciudadano sobre el Fideicomiso Aduanas I, donde el órgano desconcentrado mintió al señalar que el Fideicomiso Adunas I estaba constituido con recursos privados, cuando la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha informado que se contó con una aportación inicial de recursos públicos por la cantidad antes señalada.
Con fundamento en el artículo 8-B de la Ley Aduanera se le otorgó la autorización correspondiente a este Fideicomiso, lo que llevó en su momento a constituir la empresa Integradora de Servicios Operativos SA de CV (ISOSA) para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y de despacho aduanero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, así como otros servicios a las empresas del sector público.
Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública 2001 y 2002, la Auditoría Superior de la Federación encontró diversas irregularidades en el capítulo de Hacienda, relativas al Fideicomiso Aduanas I y a la empresa Integradora de Servicios Operativos SA de CV (ISOSA) entre las que se destaca:
B) Los ingresos obtenidos por la recaudación del Derecho de Trámite Aduanero fueron depositados en el Fideicomiso Aduanas I.
C) En el año 2001, el monto no entregado a la Tesorería de la Federación por concepto del Derecho de Trámite Aduanero, fue de 2 mil 250 millones de pesos; tampoco fueron enterados los recursos correspondientes a 2 mil 295 pedimentos de exportación.
D) En el ejercicio fiscal de 2002 se observaron irregularidades por 2 mil dos millones de pesos en los ingresos que se recaudan por el Derecho de Trámite Aduanero, que se cobra a importadores y exportadores mismos que no se reportaron adecuadamente a la Tesorería de la Federación.
Con base en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, durante 2005 se recuperaron 2 mil 457 millones de pesos, 25 por ciento del monto total observado, recursos que el Fideicomiso privado Aduanas I devolvió a la Tesorería de la Federación en los meses de mayo y diciembre de 2005. Dentro de su reporte se agrega que ni el Sistema de Administración Tributaria, ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le proporcionaron información, manifestando que ISOSA es una empresa privada, aún cuando Nacional Financiera (Nafin) posee 99 por ciento de las acciones de ISOSA, lo que hace que esta empresa tenga características de empresa pública. Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sostiene que los traspasos se han hecho al amparo del acuerdo suscrito entre el subsecretario de Ingresos y el tesorero de la Federación, en el cual se contempla la constitución del citado Fideicomiso, constituido con los fondos de ingresos "ajenos", entre los que incluye al Derecho de Trámite Aduanero.
Asimismo el fideicomitente del Fideicomiso Aduanas I es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto del Sistema de Administración Tributaria y su Comité Técnico está conformado por servidores públicos de este último y de Nafin.
Es de señalarse que en el año 2004, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpuso una controversia constitucional en contra de la Auditoría Superior de la Federación, objetando su competencia para solicitar información y fiscalizar los recursos del Derecho de Trámite Aduanero con el argumento de que eran privados. El 14 de agosto de 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer su fallo al respecto, con votación de ocho a tres, negando la posibilidad de auditar al mencionado Fideicomiso y por consecuencia a ISOSA.
No obstante lo anterior, en mayo de 2004 se constituyó el Fideicomiso Público para Administrar la Contraprestación a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), aportando recursos públicos por parte del Servicio de Administración Tributaria y recursos depositados que derivan de la contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera que pagan los importadores y exportadores, y que son de carácter privado. Situación que fue resaltada durante la discusión de la controversia constitucional 84/2004, por el ministro Genaro Góngora Pimentel, quien se refirió al FACLA y al proceso de transparencia señalando: "Podemos apreciar que prudente, legalmente y correctamente la Secretaría corrigió el mecanismo para el pago de las prestaciones, ya que ahora es la propia Tesorería la que recibe todos los recursos y transfiere los correspondientes a la fiduciaria, situación totalmente distinta a la del asunto que ahora nos ocupa, toda vez que en éste, la normatividad aplicable disponía que las propias oficinas autorizadas (los bancos) distribuyeran los recursos captados entre lo que correspondería a la Tesorería, por concepto de Derecho de Trámite Aduanero, y al Fideicomiso Aduanas I, por concepto de contraprestaciones, sin que este dinero ingresara jamás a la Tesorería".
Ahora bien, de conformidad con el artículo primero, los derechos que establece la Ley Federal de Derechos, se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados y en este último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en esta Ley. Asimismo se establece en dicho numeral que cuando se concesione o autorice que la prestación de un servicio que grava esa Ley, se proporcione total o parcialmente por los particulares, deberán disminuirse el cobro del derecho que se establece por el mismo en la proporción que represente el servicio concesionado o prestado por un particular respecto del servicio total.
En el artículo 49 de la Ley de mérito se establece que se pagará el Derecho de Trámite Aduanero por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el documento correspondiente en los términos de la Ley Aduanera, agregando que, la recaudación de los derechos de trámite aduanero, se destinará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por otra parte el artículo 50-B establece que, para los efectos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios no estarán obligados al pago de los derechos de trámite aduanero a que se refieren dichos preceptos, cuando importen o exporten gas natural, así como por el aprovisionamiento de combustible a embarcaciones de matrícula extranjera arrendados por dichos organismos para la realización de los fines que les son propios.
Con base en lo anterior tenemos que los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria han hecho importaciones y exportaciones, cumpliendo con lo señalado en la Ley Federal de Derechos, sin embargo existe poca transparencia del destino que se le han dado a estos recursos.
Es absurdo que se establezca que el Fideicomiso Adunas I sea ente de naturaleza privada, cuando se "nutre" del impuesto que el Sistema de Administración Tributaria cobra a importadores y exportadores que cruzan la frontera mexicana incluyendo los del sector público, denominado Derecho de Trámite Aduanero, tal y como se señala en la información estadística publicada en la página electrónica del INEGI, en la que queda de manifiesto el monto en millones de dólares que desde los años de 1998 a 2005 el sector público ha hecho en exportaciones e importaciones, recursos que a todas luces son públicos.
Si bien es cierto que, las transacciones comerciales con el exterior del sector público son menores que las realizadas por el privado, también lo es que estas representan un ingreso para el erario público, ingreso que debido a la discrecionalidad y la poca transparencia con los que se han conducido los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal, constituyen un quebranto en las finanzas públicas de nuestro país, aunado a que Ley Aduanera no prevé la figura de Fideicomisos para prestar servicios de procesamiento electrónico de datos y apoyo aduanero.
Es por ello que, resulta indispensable que esta soberanía constituya una Comisión Investigadora de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al cobro del Derecho de Trámite Aduanero, toda vez que esta situación es francamente alarmante y no es un asunto aislado, es un problema generalizado en la administración pública, que demuestra la falta de vocación de servicio de la burocracia del gobierno del cambio y de la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
La administración, la procuración de justicia y el Poder Legislativo se quedarían cortos si no se llega hasta sus últimas consecuencias, los resultados de la Auditoría Superior de la Federación son elementos suficientes para constituir una Comisión Investigadora a efecto de conocer toda clase de artimañas financieras para esconder el origen, monto y destino de los recursos financieros por el Derecho de Trámite Aduanero de las paraestatales que señalan en el artículo 93 constitucional.
Por lo anteriormente expuesto sometemos la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de la Cámara de Diputados conforme una Comisión Investigadora, una Comisión que Investigue a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en sus finanzas el pago del Derecho de Trámite Aduanero.
Segundo. La Comisión de Investigación deberá presentar a la Junta de Coordinación Política, dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del plazo previsto para su vigencia, un informe en el que se sinteticen las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.
La Junta de Coordinación Política adoptará las medidas necesarias a efecto de hacer del conocimiento del Ejecutivo federal los resultados de la investigación desarrollada por la Comisión a la que se refiere el presente acuerdo.
Tercero. La Comisión de Investigación contará con los recursos humanos, materiales y financieros que determine la Junta de Coordinación Política.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los diecinueve días del mes de septiembre de 2006.
Suscriben los diputados: Pablo Trejo Pérez, Maricela Contreras Julián, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Victorio Rubén Montalvo Rojas, Miguel Ángel Solares Chávez, Lourdes Alonso Flores, Isidro Pedraza Chávez, Víctor Hugo García Rodríguez, Andrés Lozano Lozano, Valentina Valia Batres Guadarrama, Gerardo Villanueva Albarrán, Maribel Luisa Alva Olvera, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Miguel Ángel Navarro Quintero, Ramón Félix Pacheco LLanes, Javier González Garza, Ricardo Cantú Garza, Jaime Cervantes Rivera, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Abundio Peregrino García, Rodolfo Solís Parga, Rubén Aguilar Jiménez, Francisco Sánchez Ramos, Silbestre Alvarez Ramón, Raymundo Cárdenas Hernández, Raciel Pérez Cruz, Susana Monreal Ávila, Francisco Javier Calzada Vázquez, Odilón Romero Gutiérrez, Mónica Fernández Balboa, Enrique Cárdenas Del Avellano, Adriana Díaz Contreras, Francisco Márquez Tinoco, Miguel Ángel Peña Sánchez, V. Luis Sánchez Jiménez, Juan Hugo de la Rosa García, Jesús Humberto Zazueta Aguilar, Alliet Mariana Bautista Bravo, Holly Matus Toledo, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Hugo Eduardo Martínez Padilla, Daisy Selene Hernández Gaytán, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Alberto Amaro Corona, Alejandro Martínez Hernández, Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, Ana Yurixi Leyva Piñón, Octavio Martínez Vargas, Alejandro Sánchez Camacho, Adrián Pedrozo Castillo, Armando Barreiro Pérez, Martín Zepeda Hernández, Javier Hernández Manzanares, Jesús Evodio Velázquez Aguirre, Marcos Matías Alonso, Rafael Franco Melgarejo, Salvador Ruiz Sánchez, Víctor Manuel Lizárraga Peraza, José Antonio Saavedra Coronel, Juan Adolfo Orcí Martínez, Faustino Soto Ramos, Carlos Sánchez Barrios, Cuitlahuac Condado Escamilla, Rosa Elva Soriano Sánchez, Raúl Ríos Gamboa, Humberto Wifredo Alonso Razo, Sergio Hernández Hernández, Carlos Ernesto Navarro López, Irineo Mendoza Mendoza, José Antonio Almazán González, Rosario Ortiz Magallón, José Jacques y Medina, Francisco Martínez Martínez, Santiago López Becerra, Juan Darío Arreola Calderón, Víctor Gabriel Varela López, Gloria Rasgado Corsi, Higinio Chávez García, Efraín Morales Sánchez, Sonia Nohelia Ibarra Franquez, Antonio Soto Sánchez, Carlos Roberto Martínez Martínez, Daniel Dehesa Mora, Joaquín Conrado de los Santos Molina, Benjamín Hernández Silva, Carlos Altamirano Toledo, Miguel Ángel Arellano Pulido, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Jaime Espejel Lazcano, Pedro Landero López, Ma. Soledad López Torres, Rafael Villicaña García, Concepción Ojeda Hernández, Neftalí Garzón Contreras, Carlos Morales Vázquez, Claudia Cruz Santiago, Irene Aragón Castillo, Juan Manuel San Martín Hernández, Alma Lilia Luna Munguía, Amador Campos Aburto, Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, Camerino Eleazar Márquez Madrid, David Mendoza Arellano, Martín Ramos Castellanos, Emilio Ulloa Pérez, Aleida Alavez Ruiz, Aida Marina Arvizu Rivas, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, Armando García Méndez, Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, Ramón Almonte Borja, Víctor Aguirre Alcaide, Othón Cuevas Córdova, Héctor Narcia Álvarez, Ma. Mercedez Maciel Ortiz, Silvia Oliva Fragoso, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Daniel Torres García, Rafael Ramos Becerril, Ruth Zavaleta Salgado, David Sánchez Camacho, Aurora Cervantes Rodríguez, Rosa Elia Romero Guzmán, Anuario Luis Herrera Solís, Moisés Félix Dagdug Lützow, María Elena Torres Baltazar, Alejandro Chanona Burguete, Elías Cárdenas Márquez, Layda Elena Sansores San Román, Robinson Uscanga Cruz, José Manuel del Río Virgen, Juan Abad de Jesús, Jorge Godoy Cárdenas, Alberto Esteva Salinas, Patricia Castillo Romero, María Eugenia Jiménez Valenzuela (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A DECLARAR ESTADO DE EMERGENCIA LAS ZONAS DE SINALOA AFECTADAS POR EL PASO DEL HURACÁN LANE Y A LIBERAR LOS RECURSOS RESPECTIVOS, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En la memoria y el corazón de los mexicanos aún está fresca la tragedia provocada por los huracanes Wilma y Stan en el sureste del país. Las imágenes de destrucción y desolación recorrieron el mundo y sus secuelas económicas aún se están resarciendo. Pero más profundo aún es el daño moral y psicológico para quienes lo perdieron todo.
Para quienes vieron sus casas arrasadas, su patrimonio desaparecido en un abrir y cerrar de ojos, para quienes perdieron sus empleos o a algún familiar. Para quienes la normalidad de la vida se transformó en una angustia profunda el huracán Lane es el acontecimiento más doloroso de sus vidas y un llamado a la sensibilidad y atención inmediata del Estado.
No acabamos de superar estos hechos, cuando el estado de Sinaloa se ha visto azotado por el huracán Lane que presentó vientos de 200 kilómetros por hora, dejando a su paso pérdidas humanas y materiales millonarias.
Lamentamos profundamente el fallecimiento de tres personas, la desaparición de seis sinaloenses y los 150 mil damnificados que produjo el huracán a su paso.
Las afectaciones alcanzan a 9 municipios del estado. Como ocurre con estas tragedias naturales, en un país expuesto permanentemente a los cataclismos y con una distribución desigual del ingreso y la capacidad económica, resultaron más afectados los grupos sociales que menos tienen.
Jocola, Mazatlán, Culiacán, Guamúchil, los Mochis y Guasave resultaron las comunidades más afectadas. El paso de Lane dejó sin electricidad a casi 80 mil habitantes, Sin transporte a las comunidades de los Mochis, Guasave y Guamúchil, tres puentes con daños graves, una presa en Elota desbordada, derrumbes y deslaves en la carretera Culiacán- Mazatlán e interrupciones graves en la carretera México-Nogales.
Los daños en carreteras, telefonía, electricidad e instalaciones educativas son de gran dimensión y afectan los servicios básicos para la población.
Miles de familias perdieron su hogar y sufrieron daños graves en sus pertenencias. Mientras otras personas perdieron la vida.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo con carácter de urgente resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados manifiesta su solidaridad con los habitantes del estado de Sinaloa por la tragedia sufrida con motivo del azote del huracán Lane. Asimismo, exhorta al Poder Ejecutivo federal para que se declare estado de emergencia en las zonas afectadas por el huracán Lane en el estado de Sinaloa y asimismo se canalicen en el menor tiempo posible, y con medidas de control y absoluta transparencia, recursos del Fondo para la Atención de Desastres Naturales con el objeto de atender las necesidades más apremiantes de las familias afectadas, además de las tareas de rehabilitación de la infraestructura afectada en dicha entidad federativa.
En el mismo sentido, se solicita que, de ser necesario, el gobierno federal integre una propuesta de adición presupuestal, para que, ante la cercanía del proceso de revisión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007, se consideren recursos que den continuidad a la reconstrucción de las zonas afectadas y se normalice su actividad económica y social.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 19 de septiembre de 2006.
Diputado Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE SOLICITAR LA LIBERACIÓN DE RECURSOS DEL FONDEN PARA LAS ZONAS AFECTADAS POR EL HURACÁN LANE EN NAYARIT Y SINALOA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ, SONIA NOHELIA IBARRA FRÁNQUEZ E IZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la alta consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado día 16 de septiembre del año en curso el huracán Lane hizo impacto en varias poblaciones de la costa del Pacífico mexicano, afectando principalmente a los estados de Sinaloa y Nayarit.
Conforme a la clasificación de los ciclones tropicales de Saffir-Simpson se clasificó al huracán Lane con una categoría 3, que significa que es extremadamente destructivo.
El huracán Lane alcanzó rachas de viento máximos de 250 km/h, oleaje elevado y lluvias de 150 a 300 mm. en promedio, con máximos puntuales que superan los 400 a 650 mm. por efecto orográfico, que generaron deslaves e inundaciones.
Conforme a la información preliminar aportada por el Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, el huracán Lane dejó más de 6 mil damnificados y por lo menos dos muertos en el estado de Sinaloa. Se estima que 78 poblaciones sinaloenses sufrieron daños e inundaciones.
Hay daños en tres subestaciones eléctricas, 20 circuitos de distribución, siete líneas y 60 torres de transmisión lo que dejó sin electricidad a más de 78 mil habitantes de dichas entidades. Así como diversos daños a la infraestructura de comunicación y de servicios de agua potable. En el municipio de Elota y en la carretera federal No. 15 se suspendió el suministro eléctrico, misma que cuenta con dos tramos destruidos al igual que la maxipista.
En Sinaloa la Comisión Nacional del Agua reportó niveles máximos de operación de las presas siendo las siguientes las más afectadas: presa El Salto, ubicada en Elota en 117 por ciento de su capacidad y la presa Eustaquio Vuelna, ubicada en el municipio de Salvador Alvarado al 99.4 por ciento de su capacidad.
También se informa, que en el caso del estado de Nayarit habitantes de más de 15 comunidades de los municipios de Santiago Ixcuintla, Acaponeta y Tecuala fueron desalojados el sábado 16 de septiembre, muchas de estas comunidades se encuentran anegadas y "con riesgo de quedar totalmente inundadas". Con las lluvias producidas por el huracán Lane existe el riesgo del desbordamiento de los ríos San Pedro y Acaponeta, ante el crecimiento acelerado de su caudal.
Lo anterior, exige a nuestro entender medidas extraordinarias ante el desastre provocado por el huracán Lane para dichas entidades. La misión principal debe ser atender a la población damnificada con rapidez y oportunidad con los suficientes recursos materiales y humanos.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a esta soberanía la aprobación de la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita al titular del Ejecutivo federal que se haga la declaratoria de zona de desastre en los municipios afectados de los estados de Sinaloa y Nayarit por el huracán Lane.
Segundo. Se solicita al titular del Ejecutivo federal que mandate a la Secretaría de Gobernación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 12, fracción IX, y 29 al 37 de la Ley General de Protección Civil; 5, fracciones I y XXIV, y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; y numerales 39, 40, 41 y Anexo I del Acuerdo que Establece las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), liberar los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), para atender las contingencias en los estados de Sinaloa y Nayarit causadas por el huracán Lane.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de septiembre de 2006.
Diputados: Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, Carlos Ernesto Navarro López, Tonatiuh Itzcoatl Bravo Padilla (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A DECLARAR ZONA DE DESASTRE EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, AFECTADO POR EL HURACÁN LANE, A CARGO DEL DIPUTADO ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
En mi carácter de diputado federal a la LX Legislatura y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por su conducto me permito someter a la consideración de la asamblea la presente proposición con punto de acuerdo para que esta Cámara de Diputados exhorte al gobierno federal a fin de que declare zona de desastre el municipio de Manzanillo, Colima.
Exposición de Motivos
De acuerdo con datos del propio Sistema Meteorológico Nacional (SMN), el pasado día 5 de septiembre por la mañana se formó la depresión tropical número 14-E de la temporada de ciclones en el océano Pacífico nororiental; se inició aproximadamente a 345 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y presión mínima de 1005 hPa (Hectopascal). Por la tarde, cuando se encontraba a 450 kilómetros al suroeste de Manzanillo, el sistema se incrementó a la tormenta tropical Lane, la cual presentó vientos máximos de 65 km/h con rachas de 85 km/h.
Para la madrugada del día 8, cuando se encontraba casi estacionario a 450 kilómetros al sureste de la isla Socorro y a 585 kilómetros al suroeste de Manzanillo, la depresión tropical Lane se desarrolló nuevamente a tormenta tropical, presentando vientos máximos sostenidos de 65 km/h con rachas de 85 km/h y al final del día se intensificó a huracán, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h.
Las constantes lluvias al paso de Lane por Manzanillo han dejado daños materiales cuantiosos en los siguientes aspectos: líneas de comunicación eléctricas y telefónicas, y viviendas; destrucción de plantaciones de plátano y limón, daños a comercios, a infraestructura urbana y turística, así como la destrucción de puentes vehiculares y derrumbes que han obstruido carreteras que en algunos casos tendrán que ser dinamitadas; por ello, en nombre de las autoridades estatales y en nombre propio, proponemos que el gobierno federal haga la declaratoria correspondiente para que puedan llegar a Manzanillo y a los afectados por el meteoro los recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden).
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con carácter de urgente resolución, el de la voz presenta la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Para que la Cámara de Diputados exhorte al gobierno federal, a fin de que declare zona de desastre el municipio de Manzanillo, Colima.
Primero. Se exhorte al gobierno federal para que a la brevedad declare el municipio de Manzanillo, Colima, zona de desastre producto del paso del huracán Lane.
Segundo. Que inmediatamente hecha la declaratoria de zona de desastre se proceda a la aplicación del los recursos del Fondo Nacional de Desastre y demás acciones conducentes por parte de Protección Civil.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México DF, a 19 de septiembre de 2006.
Diputado Arnoldo Ochoa González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE ESTABLEZCA UN MECANISMO QUE EVITE LA "CONGELADORA LEGISLATIVA", A CARGO DE LA DIPUTADA SARA ISABEL CASTELLANOS CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Sara Isabel Castellanos Cortés, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Desde hace casi una década, la nueva conformación del Congreso en México ha propiciado la presentación de un mayor número de iniciativas de ley o proposiciones con punto de acuerdo. El propio Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), en el último reporte del llamado Monitor Legislativo, expresa que existe un escenario de inflación legislativa, en su opinión, "hasta la primera mitad del tercer año de ejercicio de la LIX Legislatura el volumen de legislación aprobada por ambas Cámaras ha aumentado aceleradamente". Un ejemplo de ello es que en la pasada LIX Legislatura se aprobaron 230 iniciativas en el Senado y 440 en la Cámara de Diputados, cifras que implantan un récord histórico.
Cabe señalar que no sólo ha ido en aumento la aprobación, sino también la presentación de propuestas y, a pesar de estos avances, es lamentable el rezago.
El Poder Legislativo demuestra que no ha sido capaz de procesar de manera ágil, transparente y equitativa sus propias ideas, en cuanto a legislar. Numerosas y valiosas propuestas se han encerrado en una caja imaginaria llamada "congeladora legislativa"; mismas que no pueden salir de allí, imposibilitando la corrección o nueva creación.
Durante el tercer año de ejercicio de la pasada LIX Legislatura, el entonces Vicepresidente de la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados, Heliodoro Díaz Escárrraga, se comprometió a combatir decididamente esta práctica. Obviamente, el tiempo limitó la concreción de esta voluntad. En octubre de 2005 afirmó que se aplicarían medidas inflexibles y rigurosas para acabar con el rezago de mil 400 iniciativas y 814 proposiciones con punto de acuerdo que se encontraban en la congeladora.
Este compromiso se dio después de que la opinión pública conociera los informes Monitor Legislativo, y en rueda de prensa informó que solicitaría a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que lo facultara para tomar las medidas necesarias con el propósito de impulsar el trabajo legislativo. Precisó que el trabajo legislativo no se puede medir sólo con criterios cuantitativos, debido a que la elaboración de las leyes exige un procedimiento muy complejo, que inicia con reuniones de trabajo, análisis y discusión con especialistas y autoridades, estudios de derecho comparado y del impacto regional o nacional de las iniciativas, así como la búsqueda de consenso entre las diferentes fracciones, primero en comisiones y luego en el Pleno.
Lamentablemente, el CIDE corroboró que el rezago legislativo es elevado en ambas Cámaras, debido a que los legisladores se preocuparon más por presentar nuevas iniciativas que por dictaminar las ya existentes.
En el periodo estudiado se presentaron 2 mil 397 iniciativas en la Cámara de Diputados, de las cuales se aprobaron 440, es decir, el 18.35 por ciento; quedaron pendientes de aprobarse 131 minutas de la Cámara alta, mil 694 iniciativas de la Cámara de Diputados, 16 del Ejecutivo y 80 de los Congresos Estatales. Por otro lado, en el Senado de la República se presentaron 801 iniciativas y quedaron pendientes de aprobarse 142 minutas de la Cámara de Diputados, 527 iniciativas de la de Senadores, 16 del Ejecutivo y 42 de los Congresos locales.
El informe afirma que la contribución marginal del volumen de legislación que se aprobó del Ejecutivo contrasta con su alta tasa de éxito en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado su contribución se ha reducido conforme avanzó la pasada legislatura.
Asimismo, en el Senado el Ejecutivo frenó por completo la presentación de iniciativas, en contraste con las diez iniciativas presentadas en el segundo periodo del segundo año, mientras que en la Cámara de Diputados presentó ocho iniciativas, cuatro más que en el periodo anterior inmediato.
Por su parte, en la Cámara de Diputados el Ejecutivo mantiene un volumen de contribución parecida a la del año anterior, aumentó de 2.93 por ciento durante el segundo año a 3.31 por ciento en la primera mitad del tercer año de ejercicio, lo que representa una fracción marginal del total de la legislación aprobada.
No obstante, la tasa de éxito de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo continúa siendo la más elevada de todos los órganos que han presentado iniciativas en la Cámara de Diputados (37.5 por ciento), incluso superior a aquella de las minutas enviadas por la Cámara de Senadores (17.19 por ciento).
Sobre la tasa de éxito del Ejecutivo, mencionaron que se han mostrado variaciones importantes durante la pasada LIX Legislatura. Al elevarse del primero al segundo año de un 33.3 por ciento a un 70 por ciento y se redujo a cero en la primera mitad del tercer año, como resultado de la nula introducción de iniciativas en el Senado.
La conclusión más importante de los indicadores está en el sistema de comisiones, ya que la concentración del trabajo legislativo rebasa aún a las comisiones con mayor carga, siendo éstas las que tienen el mayor rezago en iniciativas pendientes de dictaminar.
De las 598 iniciativas turnadas en la Cámara de Diputados durante la primera mitad del tercer año de ejercicio de la LIX Legislatura, el 60 por ciento (388) se concentraron en cinco de las 42 comisiones ordinarias, mismas que resolvieron el 62.5 por ciento (20) de los dictámenes elaborados. Del total de comisiones ordinarias, 21 (50 por ciento) no elaboraron ningún dictamen durante la primera mitad del tercer año de ejercicio.
Si se realiza una revisión histórica, las comisiones de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y Derechos Humanos, y de Gobernación han concentrado hasta la primera mitad del tercer año más del 50 por ciento de la carga de trabajo legislativo, mientras que otras Comisiones sólo existen formalmente, pues no suelen reunirse ni dictaminar iniciativas.
Pese a las limitaciones y apreciaciones prácticas que se pudieran objetar del proyecto Monitor Legislativo, la perspectiva sobre el trabajo rezagado no mejora, y es un hecho que debemos aceptar los propios parlamentarios. Actualmente no existen criterios para establecer prioridades, consolidar temáticamente las iniciativas o exigir a las Comisiones tiempos de análisis y dictamen; en parte se debe esto al carácter anacrónico de la Ley Orgánica del propio Congreso.
Hay iniciativas que no requieren de grandes análisis ni tiempo de estudio, sin embargo, son trasladadas por la dinámica inercial hacia el territorio de nadie, donde pueden quedarse el tiempo que la comisión competente quiera o donde finalmente lleguen a convertirse en letra muerta.
De manera constante, distintos grupos parlamentarios hemos señalado que es necesario un nuevo reglamento parlamentario para inhibir la congeladora legislativa, y es que al paso de cada legislatura muchos diputados ven con tristeza la falta de respuesta a sus propuestas. En otros casos recurren a la conocida práctica de recabar firmas en el salón de sesiones, sin embargo, esto es muy delicado, ya que no existe el estudio y análisis a fondo de los integrantes de cada comisión legislativa.
Algunos legisladores han propuesto distintas medidas para acabar con este problema, tal es el caso de una propuesta de iniciativa de modificación a la Ley Orgánica que se presentó en el Senado de la República por el entonces senador Jorge Abel López, en la pasada LIX Legislatura, la cual, en su opinión, las iniciativas congeladas podrían almacenarse en una comisión ad hoc con más asuntos turnados que cualquiera otra en el Congreso de la Unión, ya que la Secretaría de Asuntos Parlamentarios de la colegisladora reportó que sólo el 50 por ciento de las iniciativas que se presentaron fueron tratadas en las comisiones a las cuales fueron asignadas.
Conforme a lo estipulado en el artículo 39, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se otorga a las comisiones la facultad de dirigir los esfuerzos correspondientes al tema de su competencia de los proyectos de decreto que hayan sido turnados ante el Pleno, sin embargo, y pese a que en esencia el mecanismo es adecuado, en la práctica pocas veces son dictaminados todos los asuntos.
La llamada "congeladora legislativa" se relaciona directamente con el desconocimiento de los temas abordados por los legisladores y directamente con el llamado "plagio o piratería legislativa", es decir, son tantos los temas que no se dictaminan, que se va alimentando un banco de datos que sirve para fundamentar otras propuestas. Lamentablemente, muchos legisladores no tienen la precaución de mencionar la fuente de sus citas textuales y no existe un mecanismo informático para que cada una de las propuestas sea valorada con anticipación para evitar duplicidades antes del turno a comisión.
Bajo esta perspectiva, nos colocamos en el ojo del huracán de la polémica pública; porque los balances que hacen algunos estudiosos nos son positivos para nosotros, considerando que únicamente toman en cuenta la numeralia, sin hacer referencia a todo el proceso legislativo. Para llegar a los acuerdos se necesita tiempo, implica construcción de consensos, conlleva un necesario debate, requiere de la elaboración de foros, de mesas redondas, de un sinfín de espacios de retroalimentación e donde se desahoguen las diferencias y se hallen las coincidencias, y esto en ocasiones retarda los acuerdos.
De igual forma, porque nosotros mismos paralizamos nuestro trabajo, mientras no haya un dictamen a favor o en contra de nuestras propuestas, esto sin contar con el gravísimo riesgo de no tener una sistematización bajo un banco de datos con cruce de información de las propuestas que existen en nuestra Cámara y en la colegisladora, incurriendo en el error de la "copia parlamentaria".
La opinión pública nos conoce más por los escándalos públicos que por el verdadero trabajo legislativo, por lo que debemos buscar canales de acercamiento con la sociedad mexicana, que permitan un conocimiento real de nuestro trabajo.
Bajo este contexto, resultaría adecuado aplicar el exhorto que se propuso en el Senado por el entonces senador, ahora diputado, Juan Rodríguez Pratz, en el sentido de conminar a las mesas directivas y a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso para que en la LX Legislatura y partiendo del análisis del rezago actual en cada una de las comisiones legislativas, se ponga especial énfasis en las minutas pendientes y en las minutas del Poder Ejecutivo que aún están sin dictaminarse y se realice la reforma jurídica que México requiere.
Necesitamos de mayor voluntad política en el rezago legislativo que la del sólo hecho de legislar en la materia; un ejemplo muy importante de esto se generó en los periodos de la Comisión Permanente en la anterior legislatura, bajo un acuerdo parlamentario donde se determinó que todos aquellos asuntos que se turnaran a las comisiones respectivas serían dictaminadas a favor o en contra, sin que quedara trámite pendiente, esta práctica fue muy exitosa contra el combate al rezago legislativo.
Actualmente, el artículo 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos confiere a cualquier comisión que, si juzgase necesario o conveniente demorar o suspender el despacho de algún negocio y antes de expirar el plazo de los cinco días que le otorga el Reglamento, deberá manifestarlo a la Cámara, pero si este requisito no se cumple y la comisión lo retiene por más de cinco días, entonces la secretaría se lo hace presente al Presidente para que excite a las comisiones, tal y como lo establece el artículo 21 del Reglamento, en su fracción XVI, que a la letra dice: Son obligaciones del Presidente, excitar a cualquiera de las Comisiones, en nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días después de aquel en que se les turne un asunto y, si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado, y si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que se pase a otra comisión.
Muchas veces, las llamadas excitativas se convierten en peticiones infructuosas, porque no existe un mecanismo real que obligue al dictamen expedito; o bien, porque la carga de trabajo permite el fortalecimiento de la congeladora.
En este sentido, resultaría positivo establecer la norma de dictaminar todo, ya sea a favor o en contra, pero finalmente nada debe quedarse en el tintero. También deberíamos de establecer la "petición de prórroga" como un recurso para que las comisiones puedan tratar con mayor atención ciertos temas; pero especificando que su respuesta no puede exceder de un mes a la fecha de la excitativa.
La Secretaría de Asuntos Parlamentarios deberá concentrar la información sobre las iniciativas que se turnan y las fechas de desahogo; de tal forma que cada trimestre presente ante el Pleno un informe sobre la materia para evitar los rezagos parlamentarios.
Es muy importante que el Presidente de la Mesa Directiva haga efectiva la sanción legislativa, que implica y valora el derecho de los diputados de posibilitar el cambio a otra comisión, si en la de origen no hay una respuesta al respecto. Resulta trascendental que los dictámenes no sean negociados a título personal por los diputados en los pasillos, sino que se establezca la normatividad de que las firmas del dictamen se den exclusivamente en reuniones de comisión.
En razón de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos para que con fundamento en el inciso c) del artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponga un acuerdo al Pleno de la Cámara para evitar el rezago legislativo, estableciendo en el mismo la temporalidad para dictaminar y la posibilidad de prorroga por parte de las Comisiones.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 19 días del mes de septiembre de 2006.
Diputada Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE INSTAURAR UN CÓDIGO DE ÉTICA PARA DIPUTADOS FEDERALES, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL DEL RÍO VIRGEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX legislatura, con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para instaurar un código de ética para legisladores.
Antecedentes
La consolidación de la democracia mexicana demanda, entre otras cosas, nuevas conductas públicas y privadas de parte de los servidores públicos.
Los diputados federales somos representantes de la voluntad popular y como tales debemos enarbolar conductas republicanas -tolerancia, diálogo, respeto a los derechos individuales y colectivos, no discriminación, equidad, solidaridad, respeto a las instituciones- y ser ejemplo de conductas éticas conforme a los principios y valores que fija la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esos valores republicanos, laicos y democráticos son el marco esencial de la convivencia civilizada que los mexicanos nos hemos dado para construir un país nuevo más democrático y más justo.
Es evidente que los valores éticos no se pueden imponer de manera jurisdiccional. Cada ciudadano mexicano debe adoptar los valores éticos conforme a los dictados constitucionales y lo que señale su propia conciencia.
Corresponde a los ciudadanos -en los que recae la soberanía popular- juzgar a cada uno de los servidores públicos a partir de su desempeño. Y toda vez que el pueblo elige a sus gobernantes, decidir si en el futuro les ratifica o retira su confianza.
Los diputados, de nuestro lado, adoptamos libremente el compromiso de respetar y hacer respetar un conjunto de valores éticos enmarcados en los principios republicanos, laicos y democráticos que los mexicanos nos hemos dado para una sana convivencia.
Por lo que someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Proponemos por tanto constituir un comité ético, conformado por los decanos de cada legislatura, que se encargue de velar por el respeto a los principios republicanos.
En caso de violaciones a esos principios, el comité ético realizará recomendaciones públicas o privadas -de acuerdo a la gravedad de la falta- a los legisladores que rompan su compromiso de respetar y hacer respetar esos valores.
Reiteramos, son los ciudadanos los que realizarán la última y definitiva valoración de las conductas de los legisladores.
Contenido
1. Los diputados son representantes de la nación y por tanto están obligados a respetar la investidura y coadyuvar a mejorarla imagen del poder legislativo.
2. Los legisladores no pueden portar armas de fuego dentro del recinto legislativo, aunque tengan permiso y cumplan con las disposiciones de ley en la materia.
3. Los diputados no pueden encabezar marchas o protestas cuya logística dañe el patrimonio del Poder Legislativo, ni de ninguna otra institución del Estado.
4. Los legisladores se comprometen a hacer pública su declaración patrimonial.
5. Los diputados dejarán cualquier actividad profesional o empresarial -aunque fuera a título honorífico- que los distraiga de su tarea central de legislar durante el tiempo que dure su encargo.
6. Los legisladores no pueden litigar en contra las instituciones del Estado.
7. Cuando el Congreso legisle en temas específicos que afectan o benefician a empresas o sectores específicos, los diputados que tengan conflicto de interés -ya sea porque trabajaron, prestan servicios o son accionistas- se abstendrán de votar, asesorar o patrocinar en esa materia. El diputado podrá excusarse de votar el tema, en comisiones o en el pleno, con el argumento de conflicto de interés.
8. Los legisladores se comprometen a no usar, ni divulgar la información privilegiada que obtuvieran en el desempeño de su función para fines personales.
9. Los diputados y sus familiares cercanos, hasta el tercer grado, no pueden aceptar regalos, viajes, asesorías o cargos de empresas o ciudadanos que cabildean en el Congreso a favor de leyes específicas.
10. Los legisladores podrán hacer uso de sus pasaportes diplomáticos sólo cuando viajan en comisión autorizada por el Pleno o los órganos de gobierno de la Cámara. En viajes personales, los diputados deberán usar pasaportes ordinarios.
11. Los diputados se comprometen a informar a los ciudadanos de su distrito o circunscripción de todos los viajes internacionales que realicen; así como de los motivos y resultados del mismo.
12. Los diputados informarán a los ciudadanos de su distrito o circunscripción del uso que hagan de los recursos que la Cámara de Diputados les entrega para atención ciudadana.
13. Los diputados no admitirán que se realicen "puentes vacacionales", ni que las sesiones ordinarias de cada semana se adelanten sin causa justificada por las necesidades parlamentarias.
14. Los diputados se comprometen asimismo a informar a sus electores (en el distrito o circunscripción) de las faltas y descuentos por inasistencias a las que se hubieran hecho acreedores en cada uno de los periodos ordinarios o extraordinarios de sesiones.
15. Para velar por la aplicación del presente código se integrará un comité de ética integrado por la mesa de decanos de cada legislatura. El comité de ética podrá emitir recomendaciones privadas o públicas a los legisladores que contravengan el presente código de ética.
16. Los legisladores que en estado de ebriedad escandalicen en público y que dañen la imagen de la Cámara de Diputados serán reconvenidos por el comité ético de manera pública.
17. Los diputados no podrán aceptar bonos o remuneraciones secretas. Todos los ingresos que reciban los diputados como aguinaldos o bonos deberán hacerse públicos conforme a los ordenamientos respectivos de la Cámara de Diputados.
18. Los diputados no pueden gestionar contratos dentro del sector público para empresas con las que tengan intereses, ni ninguno de sus familiares hasta el tercer grado.
19. El uso de vehículos, boletos de avión y cualquier otro beneficio a que tienen derecho los diputados deberán ceñirse a la función pública.
20. En temas de interés nacionales que deban votarse en el congreso los diputados tienen la obligación ética, moral y política de fijar su posición frente a la ciudadanía de manera clara y sin ambigüedades.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal a los 19 días del mes de septiembre del año 2006.
Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA A REALIZAR LAS REASIGNACIONES PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA RESOLVER LAS DEMANDAS SALARIALES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN DICHA ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO ARIEL CASTILLO NÁJERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo en calidad de obvia y urgente resolución, al tenor de las siguientes consideraciones:
Consideraciones
Hoy que -como nunca- reconocemos lo mucho que la educación pública ha aportado a la estabilidad política y social del país, también es imperativo advertir que se ha incrementado la cuota de responsabilidad del sector docente, haciendo responsables a los maestros de prácticamente todos los males que aquejan a la educación, olvidando que han sido justamente los maestros que, en medio de grandes crisis, han impedido que el desastre se convierta en catástrofe.
Para Nueva Alianza, es impostergable concretar una profunda transformación de la enseñanza y del sistema educativo nacional, con el propósito de consolidar en todos los niveles una nueva hazaña centrada en la calidad, la equidad y la pertinencia, conscientes de que necesitamos de una educación con elevados niveles de aprendizaje y aprovechamiento escolar, que nos de competitividad en el entorno internacional.
Debemos asumir el gran compromiso de abatir el vergonzante rezago que arrastramos en materia educativa, en consecuencia es preciso replantearnos: la pertinencia de la política educativa, su financiamiento, la equidad, la inversión por alumno, la infraestructura y el equipamiento tecnológico, la formación, capacitación, actualización y superación de los docentes, las condiciones salariales del magisterio, la atmósfera socioeconómica, educativa y cultural en la familia, la comunidad y la escuela, la competencia de la autoridad educativa, entre otros aspectos.
Hoy -más que nunca- estamos ciertos de que el conocimiento, la información y la comunicación son piezas claves para la generación de la riqueza, la estabilidad del Estado y la movilidad social.
El futuro de México esta en sus escuelas, en sus maestros, en sus estudiantes, en el explícito compromiso de la sociedad con la educación.
En el estado de Oaxaca uno de los elementos que contribuyó al estallido social, es la ausencia de respuestas a los reclamos de los distintos sectores de la población, de manera particular, en el caso de los maestros la falta de sensibilidad con la que se abordan sus demandas, en especial el tema de la rezonificación salarial.
Es cierto, es una demanda justa de los maestros, el pugnar por la conclusión del proceso de rezonificación que se inició en 1994, no se trata de una reivindicación privativa de los maestros oaxaqueños.
Actualmente en sólo seis, de las treinta y dos entidades federativas, los salarios de los trabajadores de la educación se encuentran en el Tabulador 3, es decir, alrededor del setenta y cinco por ciento de los maestros no se encuentran rezonificados.
Por ello, es imperioso reconocer que prevalecen rezagos importantes que deterioran el salario del magisterio y contribuyen a la profundización de las desigualdades existentes entre regiones, entre entidades federativas y aún al interior de las mismas, y que a pesar de que se ha procurado el incremento sostenido del salario, éste no ha recuperado su poder adquisitivo derivado principalmente de los vaivenes económicos de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de este honorable pleno el siguiente:
Punto de acuerdo
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Oaxaca a que -en el marco de la responsabilidad compartida que tienen con la educación del pueblo oaxaqueño-, realicen en el presente ejercicio fiscal las reasignaciones o transferencias presupuestales necesarias para resolver las demandas salariales de los trabajadores de la educación.
Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a que, en el marco de los compromisos contraídos con el magisterio nacional, antes de concluir la presente administración, establezca con toda puntualidad la proyección, especificando plazos y términos en los que deberá concluirse el proceso de rezonificación salarial para todos los trabajadores de la educación del país.
Tercero. Se exhorta al presidente de la República Mexicana, Vicente Fox Quesada, para que considere dentro del anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, los recursos necesarios para atender el proceso de rezonificación, e incluya dentro de sus recomendaciones la proyección presupuestal para los años subsecuentes, sin menoscabo de la proyección de las previsiones salariales que año con año deben llevarse a cabo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de septiembre del año dos mil seis.
Diputados: Miguel Ángel Jiménez Godinez, Mónica Arriola Gordillo, Ariel Castillo Nájera, Blanca Luna Becerril Humberto Dávila Esquivel, Irma Piñeyro Arias (rúbrica), Jacinto Gómez Pasillas, Silvia Luna Rodríguez, Manuel Cárdenas Fonseca.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA CÁMARA DE DIPUTADOS LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL PRÓXIMO 3 DE DICIEMBRE, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA EMILIA DEGANTE ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal Silvia Emilia Degante Romero integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las autoridades de la Cámara de Diputados se lleve a cabo la celebración del día internacional de las personas con discapacidad, conforme a las siguientes
Consideraciones
I. La Organización Mundial de la Salud, señala que en los países de Latinoamérica de su población general, de 7 a 13 % viven alguna discapacidad. En México más de diez millones de personas viven en condiciones de discapacidad, ya sea motora, intelectual o sensorial.
II. Los mexicanos desde 1982 hemos contribuido a impulsar la igualdad y equiparación de oportunidades y mejorar las condiciones de calidad de vida para las personas con discapacidad, a través de programas específicos para su atención, sin dejar de mencionar el trabajo que desde esta Cámara en donde se promovieron una serie de reformas a diversas leyes, y recientemente la Ley General de las Personas con Discapacidad, dando así el cumplimiento a las Normas Uniformes para las personas con discapacidad de la ONU, que aceptó México en 1982 y que hoy nuestro país cuenta con un marco jurídico amplio para este sector de la población en diversas leyes como:
Ley del Seguro Social
Ley Aduanera
Ley General de Educación
Ley General de Salud, y
Ley General de las Personas con Discapacidad entre otras
IV. Es motivo de celebración los avances que México y las organizaciones sociales de personas con discapacidad han alcanzado en los últimos años y que de manera unida sociedad, gobierno y partidos políticos trabajamos de manera comprometida por las mas de diez millones de personas con discapacidad, que sí debemos de celebrar que los mexicanos que viven una discapacidad contarán con políticas públicas tal y como lo establece la Ley General de las Personas con Discapacidad. Con la meta muy clara de que nuestra labor deberá asegurar una integración social plena, misma por la que habremos de esforzamos día a día.
A la sociedad civil le queda claro que se han alcanzado grandes logros, pero aun nos faltan verdaderos triunfos pues vencemos barreras físicas, pero las más difíciles de vencer son las barreras sociales, por las que hoy vengo a pedir que destaquemos las acciones buenas que se han hecho en más de 15 años de su lucha social, y les apoyemos para difundirlas y hacerlos mas fuertes.
La conmemoración del día internacional de las personas con discapacidad no es tan solo un gran pretexto para destacar todo el valor y la grandeza de estos seres humanos que pese a su situación han alcanzado el éxito en su ámbito de desarrollo como:
Gabriela Brimer.- Escritora
Josefina Cornejo.- Deportista
VI. Lo anterior no es mas sino un recordatorio para que esta Cámara dé una oportunidad para que las organizaciones sociales expongan sus productos y destaque lo que desarrollan todos los días, para que músicos como Teresa Landeros Castelar pianista y concertista destaquen y se les reconozca en vida, así mismo a los pintores que realizan sus obras con el pie y la boca, o los artesanos y toda aquella persona con discapacidad que haya encontrado la forma de desarrollarse en esta sociedad. Pues son un ejemplo no solo para su sector, sino para nuestra nación.
Por lo anteriormente expuesto, se somete al Pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único.- La suscrita diputada de la LX Legislatura, en pleno respeto a las competencias atribuidas por nuestra Carta Magna, solicita a la H. Cámara de Diputados, realice las acciones necesaria a fin de celebrar el día tres de diciembre del presente año, el día internacional de las personas con discapacidad, en el marco de una semana: del 27 de noviembre al 1 de diciembre, en la que Todos por la integración de las personas con discapacidad hacia el bien común, participemos en esta importante fecha.
Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 19 de septiembre de 2006.
Diputada Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO A INSTRUIR A LOS RESPONSABLES DE LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES, DE MANERA DESTACADA LA SAGARPA, PARA QUE PONGAN EN MARCHA ACCIONES QUE GARANTICEN EL INCREMENTO DEL INGRESO DE LOS PRODUCTORES DE MAÍZ, FRIJOL Y CEBADA, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL PEÑA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), y 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
En México la pobreza extrema, rural y urbana, expresa una realidad lacerante y manifiesta el grado de incumplimiento de las obligaciones constitucionales fundamentales del Estado mexicano.
La agricultura y, en general, las actividades agroalimentarias tienen un carácter estratégico, son componentes primarios de un concepto de desarrollo nacional que entraña, en su esencia, la satisfacción de las necesidades alimentarias y nutricionales de la población.
El carácter estratégico de la alimentación y nutrición de la población las inscribe dentro del marco de seguridad nacional, y desde esta visión pertenecen a las obligaciones más importantes del Estado mexicano.
Dentro de esta perspectiva de razonamiento, el Estado debe de ejercer a plenitud el derecho a la soberanía y seguridad alimentaría y nutricional expresado en la autodeterminación para producir, industrializar y distribuir alimentos; sustentado en el derecho humano fundamental a la alimentación y nutrición adecuadas a un sano desarrollo humano.
El campo mexicano ha jugado un papel de la mayor relevancia en el proceso de desarrollo contemporáneo del país. No sólo ha sido proveedor de alimentos básicos de la población, también ha subsidiado, a través de los precios, tanto de los alimentos como del conjunto de productos primarios, al resto de la economía.
Además ha sido objeto de la llamada "doble exacción", porque al consumir los bienes y servicios del resto de la economía, lo ha hecho a aprecios que conllevan márgenes de rentabilidad, incluso mayores al promedio, que permiten la reproducción del resto de los sectores, bajo condiciones de competitividad.
Esto ha implicado un flujo financiero neto desfavorable al campo, lo que ha traído como consecuencia la creciente descapitalización, atraso relativo en materia tecnológica, menor productividad relativa y falta de competitividad, dando como resultado ingresos insuficientes para la satisfacción de las necesidades sociales fundamentales, siendo precisamente en las zonas rurales donde se localiza la mayor proporción de pobreza extrema en el país, es decir alrededor del 68 por ciento de los casi 24 millones de habitantes en pobreza extrema oficialmente reportados para el año 2000.
Ante una situación de esta naturaleza y frente a las negativas consecuencias en torno al campo que ha traído el Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN, entre las que solamente destacamos algunos aspectos sobre las importaciones agropecuarias de México; éstas se concentraron en granos y oleaginosas, precisamente donde se localiza el mayor número de productores rurales del país.
El consumo de bienes agropecuarios ha crecido sostenidamente durante el periodo de vigencia del TLCAN, la producción nacional, si bien se ha incrementado, no ha sido suficiente para satisfacer la demanda interna, de tal manera que se ha hecho uso del expediente de las importaciones para llenar la brecha creciente entre consumo y producción nacional, es decir, se ha estado ante un déficit permanente, cuando menos hasta el año 2003.
Prácticamente se importa toda la soya que se consume en el país, más del 40 por ciento de algodón semilla y de ajonjolí; en granos básicos, el país importa el 61.4 por ciento del arroz palay, el 19.7 por ciento del maíz y el 42.6 por ciento del trigo que se consume.
Por otra parte, es pertinente destacar que la política hacia el campo, tanto de Estados Unidos como de Canadá, se traduce en apoyo integral a los procesos productivos y se canalizan de manera sistemática enormes recursos para proteger a los productores, a su economía agroalimentaria y, en particular, a su balanza comercial. Una política semejante, como es sabido, se aplica en la Unión Europea.
Estas políticas favorecen a los productores de Norteamérica y han coadyuvado de manera sustantiva al incremento de las importaciones de granos básicos de México, lo que ha ido en detrimento de la economía rural del país.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, vigente desde diciembre del 2001, en su artículo 179 reconoce como productos básicos y estratégicos tanto el maíz como el frijol, debido a la importancia que han tenido en la dieta tradicional de la población mexicana, y a que han constituido cultivos donde se han concentrado los esfuerzos productivos de la gran mayoría de los productores rurales y, en esa medida, han sido elementos básicos de su alimentación y de su ingreso.
A pesar de que la cebada aglutina también a un importante segmento de la población rural del país, pues ocupa la quinta posición en volumen de producción a nivel nacional, no se encuentra reconocida con el carácter anterior.
Las importaciones de frijol aun no han sido significativas, sin embargo, las cifras oficiales muestran una importación del orden de las 80 mil toneladas, ante una producción nacional de alrededor de 1.2 millones de toneladas. Para el caso de la cebada, para el año 2001 las importaciones representaron el 9 por ciento de la producción nacional; sin embargo, para 2005, ante una producción nacional de alrededor de un millón de toneladas, las importaciones se estiman del orden de las 283 mil toneladas; han pasado a representar un porcentaje cercano al 30 por ciento.
Los dos casos mencionados muestran que dos granos que involucran a importantes segmentos de la población rural y que contribuyen de manera sustantiva al ingreso de la población rural, están sujetos a las variaciones del mercado internacional, en el caso de la cebada, y en el caso del frijol se empiezan a observar incrementos de las importaciones, lo que de manera drástica podría aumentarse a partir de la liberación total de su importación.
El Poder Ejecutivo federal opera a través de sus dependencias -principalmente la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación- diversos programas que pueden ser utilizados para proteger los productos básicos y estratégicos y aquellos que aunque no están legalmente reconocidos también lo son, como la cebada. Entre éstos está el de Ingreso-Objetivo y el Procampo; estos programas deben de orientarse a incrementar el ingreso de los productores, de tal manera que se disminuyan las importaciones, se mejore el ingreso familiar promedio rural, mediante los aumentos sostenidos a la producción, y se avance en la dirección de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.
En virtud de las razones antes expuestas y debido a la importancia que para el impulso al desarrollo rural sustentable tienen los cultivos señalados, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
1. Se exhorta al Poder ejecutivo a instruir a los responsables de las dependencias competentes, de manera destacada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que pongan en marcha acciones que garanticen el incremento del ingreso de los productores de maíz, frijol y cebada, utilizando los instrumentos operativos de que se disponga a la fecha, adaptándolos en lo que sea necesario, ampliando su cobertura y creando los programas que de manera efectiva logren tal objetivo, destacando, sin que a ello se restrinja, las acciones encaminadas a eliminar las negativas consecuencias del intermediarismo innecesario y a poner en marcha de manera plena las disposiciones previstas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
2. Se exhorta al Poder Ejecutivo a informar a esta soberanía sobre las acciones que lleve a cabo en torno a esta iniciativa, señalando de manera detallada sus contenidos y alcances.
3. Que se constituya un grupo de trabajo plural integrado por legisladores de las diversas comisiones vinculadas al campo para dar puntual seguimiento al cumplimiento del punto de acuerdo, mediante las acciones que se estimen pertinentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2006.
Diputado Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA GESTIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR-SURESTE DE MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA ELIZABETH MORALES GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, diputados de la LX Legislatura al Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, presentan proposición con punto de acuerdo a fin de crear la comisión especial para la gestión y el seguimiento de programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los resultados de la pasada elección federal arrojaron una nueva composición de las fuerzas políticas nacionales. Por ello, las instituciones mexicanas deberán adaptarse a este nuevo orden, en el que la población reclama a sus representantes populares que ejerzamos con amplitud nuestras facultades, bajo el auspicio del diálogo nacional que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados.
Con esa premisa, los diputados de las entidades federativas de la región sur-sureste del país hemos convenido en la suscripción de esta proposición con punto de acuerdo, para crear una comisión especial que durante el ejercicio constitucional de la LX Legislatura asuma funciones para gestionar, dar seguimiento y opinar sobre los programas y proyectos de desarrollo destinados a tan importante región de México.
Las necesidades de esta parte del país son muchas y de índole diversa. Los estados que constituyen la región son Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Estas entidades federativas cuentan con una población aproximada de 30 millones de habitantes; asimismo, la región concentra 74 por ciento de la población indígena del país que aún espera la mejor respuesta de esta soberanía a su reclamo de incorporarse al desarrollo general de la nación.
Por otra parte, la formación de los estados que hemos mencionado presentan una dispersión considerable respecto a otras regiones del país, por lo que requerimos un esfuerzo mayor para hacer llegar los servicios y demás satisfactores a que la ciudadanía tiene derecho. De las 10 entidades federativas que presentan condiciones de marginalidad, 8 pertenecen a la región sur-sureste. El rezago se hace más evidente en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
No pretendemos enumerar las apremiantes necesidades que sufre esta importante región del país. Lo que pretendemos es solucionar las más urgentes, de tal manera que vayamos estrechando las diferencias con otros polos de desarrollo regional. Tenemos recursos naturales suficientes para incorporarnos plenamente al desarrollo nacional.
Una vez que se haya considerado lo anterior, solicitamos a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con base en lo prescrito en los artículos 34 y 42, que haga suya esta expresión democrática, y proponga a la consideración de esta asamblea la creación de la comisión especial para la gestión y seguimiento de programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México en la Cámara de Diputados.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que, con base en sus facultades legales, proponga al Pleno de esta representación parlamentaria la creación de la Comisión Especial para la gestión y el seguimiento de programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México en la Cámara de Diputados.
México, DF, a 19 de septiembre de 2006.
Diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), Víctor Manuel Méndez Lanz (rúbrica), Araceli Escalante Jasso (rúbrica), Arturo Martínez Rocha, Antonio Díaz Athié, Andrés Carballo Bustamante, Arnulfo Cordero Alfonso, Elmar Díaz Solórzano, Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica), Jorge Lescieur Talavera (rúbrica), Arely Madrid Tovilla, Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica), José Murat (rúbrica), Ismael Ordaz Jiménez, Jorge Toledo Luis (rúbrica), Patricia Villanueva Abrajan, Jorge Estefán Chidiac, Alberto Amador Leal, Wenceslao Herrera Coyac, Mario Mendoza Cortés, Eduardo Espinoza Abuxapqui (rúbrica), Sara Latife Ruiz Chávez, Alfonso Izquierdo Bustamante, Ricardo Aldana Prieto, Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Nemesio Domínguez Domínguez, Gerardo Lagunes Gallina, Pedro Montalvo Gómez, Daniel Pérez Valdés, María del Carmen Pinete Vargas, Emilio Gamboa Patrón, José Luis Blanco Pajón (rúbrica), Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL SUR-SURESTE, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN DARÍO LEMARROY MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La región sur-sureste es una de las más atrasadas en desarrollo humano y desarrollo económico del país, por lo que los diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática interesados impulsar el desarrollo de la región proponemos a esta soberanía la creación de la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste del país.
Por considerar que es necesario impulsar proyectos de desarrollo en esta región para abatir la pobreza y carencia de recursos que permea en los estados que comprenden esta zona.
Esta región abarca los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, los cuales presentan grandes rezagos en diversos sectores los cuales deben abatirse.
Los diputados de la LX legislatura estamos interesados en cooperar en la coordinación y en el desarrollo para abatir el rezago económico, las injusticias sociales y los desequilibrios regionales de la región. Buscando en todo momento un equilibrio en el desarrollo del país.
De conformidad con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones especiales tienen carácter transitorio, estableciendo la extinción de este tipo de comisiones al final de la legislatura correspondiente.
Con fundamento en los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Esta soberanía en el marco de sus atribuciones crea una Comisión Especial plural de legisladores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura encargada de impulsar y dar seguimiento, a los proyectos y programas de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste de México.
Segundo. Responderá la Comisión Especial con los tiempos establecidos en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para dictaminar los asuntos en turnados, así como en las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. La Comisión Especial estará integrada por 30 diputadas y diputados, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de los diputados.
Cuarto. La Comisión Especial contará con un plazo suficiente para efectuar sus trabajos y deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de septiembre de 2006.
Diputado Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CUENCA DE BURGOS, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Los suscritos, diputados federales del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, proponen la creación de la comisión especial de la cuenca de Burgos, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
1. En la LIX Legislatura fue creada la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, cuyos diputados consideraron diversos puntos de especialistas sobre los yacimientos de gas natural no asociado que se encuentra en esta región. También consideraron la superficie geográfica de 28 mil 960 kilómetros cuadrados, en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, que involucra 98 municipios.
2. La cuenca de Burgos tiene el yacimiento de gas natural no asociado más importante de México, que actualmente importa miles de millones de metros cúbicos de gas, representa 78 por ciento de la producción nacional de este energético y 22 por ciento de la producción total nacional de gas y se encuentra en la cuenca de Burgos, asentada en las regiones hidrológicas 24 y 25, establecidas por la Comisión Nacional del Agua y comprende siete cuencas hidrológicas; además, la región incorpora seis áreas naturales protegidas.
3. En la cuenca de Burgos ha sido descubierto y se encuentra en su primera fase de explotación el yacimiento de gas no asociado, además, con posibilidades prospectivas de explotación de 110 mil kilómetros cuadrados, que sumaría a la cuenca de Burgos la de Salinas y la de Piedras Negras.
4. En 1945, Petróleos Mexicanos inició la explotación en esta cuenca del yacimiento del gas natural no asociado. Sólo a mediados de los años ochenta esa fuente de poder natural adquirió relevancia, tanto por su alto valor energético como por ser el menos contaminante durante su proceso de combustión, cualidades que se reflejan en su óptimo aprovechamiento y en mayor limpieza ambiental, amen de la redituabilidad económica del producto, ya sea en su uso o en la venta.
5. Actualmente, la demanda de este energético se encuentra 15 por ciento arriba del nivel de la oferta. Las proyecciones indican que, de continuar así, para 2006 la demanda podría ser 26 por ciento mayor que la oferta, lo cual es previsible, ya que ha sido calificado mundialmente como el energético del futuro. Para México y Petróleos Mexicanos es importante porque dará la posibilidad de satisfacer los requerimientos de la demanda actual y los que reclame su crecimiento industrial y, más aún, le permitirá exportar, con los beneficios extraordinarios para la economía nacional.
6. El Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2000-2012 de Pemex Exploración y Producción considera 5 proyectos de exploración y 16 de desarrollo; tiene como objetivo explotar los yacimientos de gas no asociado hasta un volumen aproximado de mil 400 miles de millones de pies cúbicos por día, en un periodo de 12 años.
7. La explotación de la cuenca de Burgos no sólo comprende a los yacimientos de gas no asociados; también se extiende a otros productos, como el aceite ligero y el gas condensado, e igualmente permitirá el aprovechamiento del agua subterránea.
8. El Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2000-2012 prevé una inversión del orden de 52.8 miles de millones de dólares, se ajustará a los esquemas que autorice la ley o que en el futuro decida esta soberanía, creará fuentes de empleo en la región y generará una derrama económica nacional.
9. El Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2000-2012 tendrá una elevada trascendencia en la región noreste del país, por lo que debe considerar un crecimiento y desarrollo sustentable y equilibrado de la economía, principalmente de la zona, así como el beneficio directo de sus habitantes. Por ello conviene impulsar la creación de fondos con recursos de Petróleos Mexicanos, y de los gobiernos de los estados y municipales para el desarrollo de infraestructura básica que permita mejorar las condiciones de vida en las comunidades de la cuenca de Burgos y elaborar programas para el aprovechamiento del agua subterránea, en beneficio de los municipios de la zona, que son semiáridos.
10. Asimismo, será necesario impulsar la creación de fondos con recursos de Pemex y de los gobiernos de los estados para apoyar proyectos productivos dirigidos a micro y pequeñas empresas de la región; vigilar el cumplimiento estricto en las condicionantes de los estudios de impacto ambiental y promover la preferencia de los empresarios de la región para proveer los bienes y servicios que requiera el desarrollo del proyecto.
11. La explotación de esos recursos, propiedad de la nación, involucra a los tres órdenes de gobierno en las entidades federativas en que se sitúa la cuenca de Burgos y la transformación económica de una zona extensa que abarca tres estados de la federación, en los cuales la sociedad requiere que se vigile por los gobiernos y por esta soberanía el cumplimiento cabal del Proyecto Integral Cuenca de Burgos para que se alcancen las metas previstas y se beneficie directamente a los habitantes de la región en todo sentido, a fin de que se afirme el desarrollo regional y mejore la economía nacional.
Por lo mismo, proponemos la creación de una comisión especial para la cuenca de Burgos.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica, y 58 59, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante esta honorable soberanía proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, cuyo objeto será dar seguimiento al Proyecto Integral Cuenca de Burgos que desarrolla Petróleos Mexicanos, a través de su subsidiaria Pemex Exploración y Producción, para la explotación de los yacimientos de energéticos en esa región.
Detectar la problemática que dicha explotación genere en los municipios y estados en que se encuentra localizada, y su impacto ambiental, para manifestarla oportunamente, así como realizar las acciones legislativas que aseguren un desarrollo sustentable y equilibrado de la zona que beneficie directa e indirectamente a la comunidad nacional.
Segundo. La comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. La Comisión Especial de la Cuenca de Burgos funcionará por la duración de la LX Legislatura, o hasta en tanto quede agotado su objeto, si esto sucediere antes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2006.
Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE QUE LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD, DE LA SEMARNAT Y DE LA SAGARPA INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS HASTA EL MOMENTO PARA EVITAR LA ENTRADA EN EL PAÍS DEL VIRUS DE LA GRIPE AVIAR, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL TORRES HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Víctor Manuel Torres Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, destinado a prevenir la entrada del virus de la gripe aviar en México, con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. Hasta el 23 de febrero 2006, el virus de la influenza aviar ha sido reportado en 34 países de Europa, Asia y África, entre los que destacan Alemania, Italia, Francia, Rusia, China, Japón, Corea, India, Irak, Irán, Nigeria y Egipto. De los 241 humanos infectados por el H5N1 murieron 146 (hasta junio del presente año). En Francia, el mayor productor avícola de Europa, se confirmó el primer brote de esta enfermedad, y en la India van medio millón de pollos exterminados.
Segunda. La Organización Panamericana de la Salud informa que se justifica la preocupación de que el H5N1 (como se le conoce) llegue a América, aunque precisó que es mínimo el riesgo de la enfermedad entre humanos, "a no ser que aparezca una nueva cepa del virus fácilmente transmisible entre las personas". En caso de que se dé esta mutación del virus, advierte que "una vez que se establezca la transmisión de esta cepa en la población general de un país, la propagación mundial será prácticamente inevitable y rápida". Lo cual advierte la SSA que pudiera atacar a 35 por ciento de la población mexicana en tan sólo seis meses.
En caso de darse una pandemia, el número de víctimas humanas podría alcanzar hasta 100 millones. Las aves que tendrían que ser sacrificadas son incalculables. Hasta ahora más de 140 millones de aves murieron o fueron exterminadas por la epidemia de gripe aviar en Asia desde que irrumpió el H5N1 en este continente en el año 2003.
Tercera. Cada gobierno tiene que resolver cómo alertará a las personas sobre los peligros sin crear pánico, y cómo las convencerá de la necesidad de tomar medidas precautorias para evitar en lo posible el surgimiento de una situación catastrófica.
El 24 de febrero, nueve organizaciones ambientalistas con representación en México destacadas por su defensa del medio ambiente, la biodiversidad y el bienestar humano, entre ellas Green Peace, el IFAW y el WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) externaron, en una carta dirigida al presidente Vicente Fox, su preocupación por la posible entrada y dispersión de la gripe aviar en México, subrayando la urgencia de cerrar totalmente la importación de aves silvestres, dado que, según el National Wildlife Health Center de Estados Unidos, más de 80 especies son portadoras del virus.
Cuarta. Los ambientalistas revelan que se está importando a México un promedio anual de 80 mil aves silvestres, y que tan sólo en 2003 se importaron 165 mil de todo el mundo. Las organizaciones apuntan que el tráfico de aves silvestres hacia México, además de proceder de países europeos, asiáticos y americanos, comprende decenas de miles de aves provenientes de países africanos tales como Senegal, Costa de Marfil, Camerún, Malí, Liberia, Congo, Uganda y Sudáfrica, país donde se ha recomendado a la población alejarse de los mercados donde se vendan aves silvestres de países cercanos a Nigeria.
Quinta. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha declarado su intención de cerrar la importación de aves silvestres de aquellos países donde se ha registrado el virus, sin precisar cuáles son ni en qué momento tomará esta acción. Sin embargo, como señalan los denunciantes, no existe un verdadero control sobre la importación de aves a México, y lo propuesto por la Semarnat no cubre la posible llegada de aves portadoras del virus desde países donde aún no se ha detectado su presencia. Además, por la triangulación en el tráfico ilegal global de aves, a menudo no se sabe de dónde realmente vienen los ejemplares.
Por otro lado, la Sagarpa, de acuerdo con la Ley Federal de Sanidad Animal -en los artículos 8 y 28-, es la responsable de establecer las medidas zoosanitarias pertinentes para prevenir, controlar y erradicar enfermedades y plagas de los animales, con la finalidad de proteger su salud y la del hombre. Por lo que se hace necesario que esta soberanía conozca su desempeño frente a esta amenaza.
Otra institución involucrada en esta responsabilidad es el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de las aduanas de México, para que, en coordinación con las instituciones antes mencionadas, establezcan medidas estrictas para evitar la importación de aves silvestres si se detecta la presencia del virus.
Sexta. Defenders of Wildlife de México, Teyeliz, Comarino, Greenpeace México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Grupo Ecologista del Mayab, Grupo de los Cien Internacional, Marea Azul y el IFAW, Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat, proponen que se tomen de manera urgente las siguientes medidas: "prohibir la importación de todas las especies de aves silvestres; incrementar el esfuerzo de inspección de cargamentos de aves legales e ilegales en puertos, aeropuertos, fronteras, carreteras, vías de tren, etcétera; evitar la matanza de aves silvestres como método para controlar la gripe aviar; aislar a las aves silvestres nacionales o exóticas en cautiverio; e informar y educar al público en general sobre los riesgos asociados con trabajar o mantener aves silvestres en sus domicilios".
Advierte Defenders of Wildlife, que "México está jugando a la ruleta rusa con la gripe aviar, ya que cualquier día puede entrar un cargamento de aves infectadas dentro de las decenas de miles de aves silvestres que son importadas para el mercado de mascotas".
También vale la pena recordar que, como señala el ornitólogo Manuel Grosselet, hay 75 especies de pájaros migratorios que tienen poblaciones compartidas entre América y Asia, principalmente aves playeras y patos, como el ganso de collar -lo que no significa de ninguna manera que se deban de sacrificar.
Finalmente, compañeros legisladores, vale la pena preguntarnos: ¿qué es más urgente, prevenir la entrada de la gripe aviar en México, protegiendo así a la salud pública, la industria avícola, y a las más de mil especies de aves que han sido registradas en el país, o seguir permitiendo el tráfico legal e ilegal de aves silvestres para abastecer el mercado de mascotas?
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que las secretarías de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) rindan a esta soberanía un informe detallado sobre las acciones que se han emprendido hasta el momento para evitar la entrada a nuestro país del virus de la gripe aviar, así como las partidas presupuestales destinadas a este fin.
Segundo. Se urge a la Secretaría de Salud, a la Semarnat y la Sagarpa a que coordinen esfuerzos con los gobiernos estatales y municipales, principalmente fronterizos, con el fin de evitar la introducción de aves silvestres y se difundan las medidas preventivas para impedir la entrada de este virus en territorio nacional.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días del mes de septiembre de 2006.
Diputado Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS INSTITUCIONES VIGENTES DEL GOBIERNO FEDERAL A PROTEGER, CONSERVAR Y REPARAR, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL DE LA REGIÓN DE LOS VALLES DE CUATROCIÉNEGAS Y EL HUNDIDO, Y DE LAS SIERRAS LA FRAGUA Y LA MADERA, LOS DAÑOS AMBIENTALES CAUSADOS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL PRD, MAYRA GISELA PEÑUELAS ACUÑA, YOLANDA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, DEL PRI, Y RICARDO CANTÚ GARZA, DEL PT
Las y los suscritos diputados de distintos grupos parlamentarios de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión sometemos a la consideración del Pleno la proposición con punto de acuerdo relativo a solucionar la problemática ambiental en los valles de Cuatrociénegas y El Hundido, en el estado de Coahuila, con base en los siguientes
Considerandos
Primero. Que la importancia ambiental en los valles El Hundido y Cuatrociénegas, aunado a la de las sierras La Fragua y La Madera, en el estado de Coahuila se debe a su sustrato físico y biodiversidad muy particular que los hacen únicos en el planeta, sin embargo debido a la transformación histórica del espacio geográfico y particularmente los usos de suelo y demás permisos relacionados con ellos para la realización de actividades agropecuarias, principalmente, están causando un severo impacto que incluso puede causar el fin de la importancia biológica y geohidrológica que tiene este sitio a nivel mundial.
Segundo. Que existen evidencias sobre el uso humano temprano de esta región desde el paleolítico dado que se han hallado restos humanos, herramientas y arte rupestre en cuevas; seguido de incursiones nómadas y asentamientos eventuales a lo largo de la historia hasta finales del siglo XIX, toda vez que muy poca investigación arqueológica e histórica ha hecho el INAH en esta región.
Tercero. Que se han identificado sistemas de irrigación desde el siglo XIX que transformaron el sistema hidrológico de los humedales de la región según se comprueba con base en la cartografía temprana del siglo XX, que incluso se lograron conectar pozas que antes no lo estaban.
Cuarto. Que el uso de suelo agrícola comenzó a pequeña escala con el cultivo de maíz y animales de traspatio. Después de la mitad del siglo XX, las autoridades de la Ciudad de México se dieron cuenta de la importancia hidrológica del sitio así como sus recursos litológicos, iniciándose una transformación regional que persiste hasta nuestros días. Las extensas minas de yeso comprenden el 97 por ciento de la región de Cuatrociénegas. La candelilla y otras especies de flora silvestre recolectadas por los pobladores locales y los Kikapú del norte de Coahuila, se vende al mercado lucrativo estadounidense de la cera. Sin permisos legales para regular las cantidades recolectadas, los inventarios exactos de la población de candelilla se desconocen, pero son severamente bajos. En los últimos cuatro años, el uso de suelo agrícola se modificó para la producción de forrajes, principalmente de alfalfa y sorgo, que se utiliza como alimento de ganado para la región cercana de La Laguna, uno de los centros industriales lecheros más importantes de México y de gran demanda laboral.
Quinto. Que esta zona ecológicamente diversa contiene además sistemas agrícolas, minas de yeso, explotación de sal, el área protegida de Cuatrociénegas, y las regiones prioritarias terrestres, hidrológicas y de importancia de aves establecidas por la Comisión Nacional para el conocimiento y el uso de la Biodiversidad, Conabio.
Sexto. Que este oasis ocasionado por una sobrecarga del acuífero bajo Cuatrociénegas, aunque se ha utilizado para irrigar los cultivos de alfalfa y sorgo, estos cultivos sedientos también necesitan de grandes cantidades de agua que es mucho mayor al que del acuífero se puede disponer, causando que el agua se traiga también de corrientes del norte de la región y otras pozas cercanas. El resultado de estos sistemas de irrigación a gran escala han transformado drástica y dramáticamente el estado natural del humedal, aun conectando pozas que antes estaban separadas.
Séptimo. Que el desarrollo histórico-político de una región y el ambiente en el que se sitúa, han sido conceptos centrales de la tradición antropológica en los estudios de mercancías. El agua es la base del altísimo endemismo que caracteriza a Cuatociénegas, pero también es el principal sustento de la agroindustria del municipio que provee de empleo a unos 250 jefes de familia.
Octavo. Que en las zonas desérticas, los cultivos de riego suelen ser altamente tecnificados y particularmente agresivos con el ambiente. Este tipo de producción suele estar asociado con el discurso político (y hegemónico) de desarrollo regional. La creación de una reserva natural protegida en los linderos donde se cultiva alfalfa de manera intensiva muestra una profunda incongruencia en su propia naturaleza. Esta divergencia ha generado conflictos entre los conservacionistas y los distintos actores involucrados con las bondades de la agroindustria.
Noveno. Que la creciente industria de ecoturismo en Cuatrociénegas atrae el comercio de visitantes locales, nacionales y aún extranjeros en las ciénegas. No obstante, esta municipalidad no cuenta, por ejemplo, con relleno sanitario y la basura municipal se dispone a cielo abierto y se incinera sin ningún control o aplicación de la norma. Estas recientes prácticas agrícolas, turísticas y de extracción de materiales pétreos están comprometiendo la sustentabilidad de la delicada región de Cuatrociénegas y El Hundido.
Décimo. Que existen diversas disposiciones legales sobre humedales en la ley ambiental (LGEEPA), Vida Silvestre (LGVS), Aguas Nacionales (LAN) y los asuntos relacionados en la ley forestal (LGDFS). No obstante, se carece de disposiciones jurídicas para establecer una auténtica política de humedales. La institución protectora de la biodiversidad, la Conabio, definió una serie de regiones terrestres, hidrológicas y de aves prioritarias para implantar instrumentos de política para la conservación de la región de Cuatrociénegas y El Hundido. Desafortunadamente, se trata sólo de buenas intenciones ya que estos sitios carecen de certeza jurídica. Cuatrociénegas está lejos de ser una auténtica área protegida de flora y fauna. Aunque existe un programa de manejo en papel desde 1995, nunca se ha realizado una amplia evaluación sobre el estado en que se encuentra la región, y los efectos de los cultivos de alfalfa; explotación de yeso, sal y candelilla; y la conexión de los acuíferos locales, permanece sin evaluar.
Undécimo. Que uno de los principales problemas que enfrenta Cuatrociénegas es el de los permisos de uso del suelo (agrícola, minero y recolección) distintos a los de zonas federales. Debido a que las autoridades municipales carecen de suficiente información ambiental, el impacto de estos usos escasamente regulados sobre los humedales y sus zonas de influencia, es realmente preocupante.
Duodécimo. Que en 1995, Cuatrociénegas fue inscrita bajo la Convención Ramsar por tratarse de un humedal de importancia internacional. El último informe, dado en Kampala en 2005, refleja la falta de una política pública enfocada a la protección de los humedales, supuestamente por la falta de recursos para cumplir con las disposiciones legales. Asimismo, México no ha cumplido con la Evaluación del Milenio de los Ecosistemas por la falta de un estudio sobre vulnerabilidad. Sobre todo, la política nacional para humedales es muy débil, utiliza información desfasada (2003) y se refiere más a la Ley de Aguas Nacionales, la cual se enfoca sobre aguas superficiales y no en las subterráneas, ni mucho menos en los humedales.
Decimotercero. Que debido a sus particularidades geomorfológicas, hidrológicas y ecológicas de Cuatrociénegas y valle El Hundido, se necesita mayor profundidad en las investigaciones sobre los impactos ambientales del uso del suelo en esta región. El área protegida y las regiones prioritarias de la Conabio enfrentan severos impactos por las transformaciones históricas en el espacio geográfico que comprometen la sustentabilidad de la región misma. Los recursos naturales, incluidos el yeso, sal y candelilla, están siendo aprovechados con escasos lineamientos legales. Los recursos hídricos se explotan para cultivos agrícolas en una región que representa uno de los dos oasis en el desierto chihuahuense del suroeste estadounidense y el noreste mexicano.
Decimocuarto. Que la falta de políticas suficientes para los humedales relacionados con la Convención Ramsar, es una de las grandes debilidades para la protección de los valles de la región. La zona está, por lo tanto, sujeta al uso irracional del suelo debido a que no se cumplen las normas de manejo territorial, y los cambios recientes al régimen de uso de suelo protegen los intereses comerciales e industriales en detrimento de la diversidad física y biológica. Es urgente contar con una política ambiental integradora para Cuatrociénegas y el Hundido, con compromisos serios de las autoridades locales y federales para proteger los humedales.
Decimoquinto. Que empleando el método etnográfico y desde el enfoque de la ecología política, es posible explorar cómo los distintos actores locales entienden las diferentes orientaciones de desarrollo regional, poniendo énfasis en la articulación entre la distribución de poder y las actividades productivas, sociales y culturales. Por su naturaleza inductiva, esta exploración provee una alternativa para la implantación eficiente y congruente de políticas públicas al tomar en cuenta la construcción y percepción local de los fenómenos económicos y sociales que tienen como arena a este frágil ecosistema.
En consecuencia, y con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura hace un atento pero enérgico exhorto a las instituciones vigentes del gobierno federal, para que en coordinación con los gobiernos estatal y municipal de la región de los valles de Cuatrociénegas y El Hundido, y las sierras La Fragua y La Madera, se protejan, conservan y se reparen los daños ambientales causados, en el siguiente sentido:
Primero: Que el titular del Ejecutivo federal, Vicente Fox Quesada, expida de manera urgente el decreto para el establecimiento de la veda de aguas nacionales (superficiales y del subsuelo), así como la declaratoria de zona de desastre en la región de los valles de Cuatrociénegas y El Hundido, en el estado de Coahuila, con base en lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Aguas Nacionales y demás aplicables.
Segundo: Que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas junto con los institutos de Geología, y de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México realicen los diagnósticos para conocer el impacto ambiental real que existen en ambos valles, cuyas conclusiones se integren tanto al programa de manejo del área natural protegida, así como al programa que resulte de la declaratoria de zona de desastre a la que se refiere el punto anterior.
Tercero: Que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas realice de manera urgente los estudios correspondientes para aumentar la poligonal del área natural protegida de Cuatrociénegas de manera que se incluyan las sierras La Fragua y La Madera y el valle El Hundido, con base en los ya realizados por la Conabio y la UNAM.
Cuarto: Que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente investigue sobre el daño ambiental causado a la región de Cuatrociénegas por motivo de explotación irracional de los recursos hídricos que comprometen la biodiversidad y los sistemas geohidrológicos de importancia mundial y presente ante el ministerio público los resultados para que se finquen las responsabilidades penales por causa de daño ambiental.
Quinto: Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicite a la Secretaría de Hacienda recursos extraordinarios para instaurar un programa de pago por servicios ambientales del que puedan beneficiarse la población afectada por la expedición de las zonas de veda y de desastre a las que se refiere el primer punto de este acuerdo; así como coordinarse con las secretarías de Desarrollo Social y de Economía para que de manera urgente se realicen los diagnósticos y programas de sustitución de actividades económicas en la región.
Sexto: Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se aboque a cumplir con los compromisos adquiridos sobre los humedales nacionales en la Convención Ramsar, así como cumplir con la Evaluación del Milenio de los Ecosistemas, particularmente sobre los humedales y usos de aguas del subsuelo.
Séptimo: Que las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Medio Ambiente de las Cámaras de Diputados y de Senadores, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, convoquen de manera urgente y conjunta a una consulta pública nacional para elaborar un diagnóstico de la situación que impera en los humedales nacionales y se promuevan los cambios legislativos correspondientes para su protección y manejo sustentable.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil seis.
Por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica); por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica); por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputadas Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica) y Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO REGIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Eduardo Sánchez Hernández, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea un punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
Uno de los problemas que enfrenta México es su falta de competitividad en distintos sectores y niveles, lo que requiere del diseño de una estrategia de competitividad sistémica para la planeación y el desarrollo regionales.
Nuestro país presenta una paradoja que debemos resolver: somos el país más abierto -se tienen 11 acuerdos de libre comercio con 32 países-, pero somos de los menos globalizados.
Es por ello que el Congreso mexicano juega un papel fundamental en esta estrategia, particularmente la Cámara de Diputados, para ser actor en el impulso a la competitividad, tanto en el diseño del marco regulatorio como en la voluntad política para construir acuerdos y consensos con todos los actores.
Como parte de una política de Estado para el desarrollo, también es indispensable fomentar el enfoque de desarrollo regional y potenciar la vocaciones productivas del país en distintas regiones con planeación y coordinación de los distintos poderes y niveles de gobierno, sobre todo para proponer una visión estratégica en el diseño de planes y programas regionales para el desarrollo con visión de corto, mediano y largo plazos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Al promover la competitividad y el desarrollo regional, el Estado mexicano cumplirá con su obligación constitucional de promotor del desarrollo, y el Congreso, particularmente, de representante e interlocutor de la sociedad para promover acciones coordinadas en beneficio del país.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 70 y 71 de su Reglamento para el Gobierno Interior se somete a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de Competitividad y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura.
El objeto de la comisión especial será promover y coadyuvar en el diseño, planeación e instrumentación de estrategias, políticas, planes y programas, así como de ordenamientos jurídicos para elevar la competitividad sistémica de México, así como para el desarrollo regional.
Esta comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas. Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Segundo. La comisión especial estará integrada por 30 diputadas y diputados, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de los diputados.
Tercero. La comisión especial impulsará y propondrá a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al Pleno de la honorable Cámara de Diputados los programas y proyectos prioritarios de desarrollo regional y fomento a la competitividad, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Cuarto. La comisión especial materia del presente acuerdo funcionará por hasta el término de la LX Legislatura.
Quinto. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2006.
Diputado Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA REVISAR A FONDO EN LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN LA OPERACIÓN DEL FONDEN, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS EDUARDO FELTON GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Mientras en la mayor parte de nuestra republica, los mexicanos todavía celebraban la gesta histórica que don Miguel Hidalgo y Costilla iniciara en Dolores Hidalgo en el año de 1810, los sinaloenses nos preparábamos con preocupación para recibir los embates de uno de los huracanes más devastadores que se hayan dejado sentir en nuestro estado en los últimos 40 años.
Fue precisamente en la madrugada del sábado 16, hace apenas unos días, que la furia del huracán Lane se empezó a dejar sentir con implacable violencia sobre las costas de Sinaloa. Con vientos sostenidos cerca de su centro de más de 210 kilómetros por hora y rachas de 250 kilómetros por hora Lane se ubico como huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, categoría que señala la gran peligrosidad del meteoro por lo que, la capitanía del puerto ordenó cerrar a la navegación todos los puertos del estado y el aeropuerto internacional de la ciudad de Mazatlán, así como la central de camiones cancelaron de igual manera todos los vuelos y todas las corridas entrantes y salientes de la ciudad.
El huracán Lane tocó tierra en el estado de Sinaloa alrededor de las 12:00 horas del mediodía del sábado 16 de septiembre en las inmediaciones de la Bahía Guadalupana al sur de la ciudad capital de Culiacán, a unos cuantos kilómetros de la población de la Cruz de Elota, causando severos daños materiales y miles de damnificados en nueve municipios del estado. La carretera de cuota que corre de Mazatlán a Culiacán quedó fracturada en siete diferentes tramos. Asimismo, la carretera libre, la Internacional México 15 quedó intransitable cuando menos en dos puntos, por lo que el tráfico al norte quedó suspendido y no se sabe cuántos días tomará reestablecer la comunicación.
Dentro de lo que cabe podemos decir que en Mazatlán corrimos con algo de suerte, ya que los daños pudieron ser mucho mayores. Afortunadamente no hubo desgracias personales que lamentar. Los principales daños reportados no fueron por los fuertes vientos sino por las precipitaciones que propiciaron que decenas de colonias y fraccionamientos quedaran prácticamente sepultados por el agua. Se reportan varios miles de damnificados. Familias principalmente de clase humilde que perdieron todas sus pertenencias y requieren ayuda inmediata.
Un comunicado de la red de noticias Notimex a nivel nacional dice lo siguiente: "La Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para nueve municipios de Sinaloa, por la afectación del huracán Lane.
Que alivio nos proporciona el saber que los mexicanos contamos con el Fondo de Desastres Naturales, Fonden, para paliar el dolor de miles de compatriotas que año tras año pierden todo lo ganado debido a algún fenómeno de la naturaleza.
Sin embargo, ¡la realidad es otra!
En el plano teórico, no debiera existir el menor problema para que el Fondo Nacional de Desastres apoyase con recursos financieros ya establecidos en el presupuesto, la recuperación de las zonas dañadas por el Lane. El problema es que ese fondo es manejado con una lentitud que exaspera, con un criterio burocrático que ofende.
Apenas el primero de septiembre, la Comisión Nacional Forestal anunció con gran beneplácito, que la Secretaría de Hacienda le había autorizado una partida de 233 millones de pesos para aplicar un programa forestal emergente, en beneficio de los afectados por dos huracanes: Stan y Wilma, los cuales golpearon a los habitantes de 5 estados de la República. El único problema es que esos huracanes golpearon el país en octubre de 2005.
Hoy, en el mejor de los ánimos y con el único propósito de corregir lo que deba ser corregido y lograr que el Fondo Nacional de Desastres sea realmente lo que se intentó que fuera, cuando el día 22 de Octubre de 2004 fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Llevar a cabo al interior de las comisiones correspondientes del honorable Congreso de la Unión, una revisión a fondo de la operación del Fonden con el animo de eliminar los cuellos de botella que seguramente por trámites burocráticos, no están permitiendo que dicho fondo cumpla su propósito principal, "atender oportunamente las necesidades de la población ante la eventualidad de un desastre natural".
Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2006.
Diputado Carlos Eduardo Felton González
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A COADYUVAR EN LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA TURÍSTICA GENERADA A PARTIR DEL BLOQUEO DE LA AVENIDA REFORMA Y DE LAS CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO, Y A IMPLANTAR UN PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DEL TURISMO EN EL DF, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO DÁVILA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Francisco Dávila García, diputado del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal a coadyuvar en la solución de la problemática turística generada a partir del bloqueo de avenida Reforma y las calles del Centro Histórico, atendiendo de inmediato las necesidades del sector turismo del Distrito Federal y presentando, en un plazo no mayor de 15 días, un programa de reactivación de la industria turística en el Distrito Federal, que en un término no mayor de 45 días sea implementado informando sus resultados a esta soberanía, conforme a las siguientes
Consideraciones
En el turismo se encuentra una de las principales fortalezas en la economía de nuestro país, pues generó en 2004 el 8.2 por ciento del producto interno bruto, mientras que en 2005 contribuyó en un 7.7 por ciento debido a fenómenos como el huracán Wilma. Asimismo, la actividad genera uno de cada once empleos cuyo salario se caracteriza por ser 30 por ciento más alto que el salario medio de México, abarcando por igual a hombres y a mujeres que van desde los 18 hasta los 60 años de edad, lo cual es una característica única del turismo, y de gran importancia demográfica y social.
Las cifras de la estructura empresarial del turismo indican que la actividad está constituida, desde el punto de vista empresarial, por menos de un 10 por ciento de grandes empresas y por más de un 90 por ciento de empresas medianas, pequeñas y microempresas.
Existe evidencia de que la actividad turística influye sustancialmente en la disminución del índice de marginalidad y en el aumento del índice de desarrollo, no con acciones asistenciales sino con actividades productivas generadoras de ingreso. Prueba de ello es que dos terceras partes de los municipios turísticos tienen mejor nivel de vida y, consecuentemente, sus indicadores de bienestar como vivienda y servicios son superiores a los no turísticos.
Durante los últimos años México se ha posicionado como el séptimo lugar entre los destinos a nivel internacional en recepción de turistas.
La captación de divisas ha aumentado a una tasa anual de 11.5 por ciento en los últimos 30 años y sólo en el presente año se estima que aportará una cantidad superior a 12 mil millones de dólares a la economía, lo que obviamente se verá afectado por los acontecimientos que en nuestro país han dañado la actividad, como los sucesos en Oaxaca, y el bloqueo de la avenida Reforma y calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.
De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, de la Asociación Mexicana de Hoteles de la Ciudad de México, de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, las pérdidas en hotelería debido al bloqueo ascienden a 3 mil millones de pesos, en restaurantes a más de 800 millones de pesos, más de 5 mil empleos directos perdidos en todo el sector, caída de 40 por ciento de reservaciones para fin de año, y caída del 50 por ciento en ocupación hotelera.
Históricamente el centro de la Ciudad de México ha sido el corazón comercial del país, cientos de miles de personas compran diversos artículos para su comercialización en sus lugares de origen. Esta actividad se vio mermada sustancialmente, afectando tanto al comerciante como al comprador. Asimismo, no podemos olvidar que las cifras con las que contamos provienen de medianas y grandes empresas, por lo que ni siquiera existe una cuantificación real del daño con respecto a micro y pequeños comercios, así como de los empleos que indirectamente se han perdido.
En el mismo sentido, expresamos nuestra preocupación por el daño a nuestra democracia, aún cimentándose, y a la credibilidad en las instituciones construidas gracias al esfuerzo, trabajo y fe de miles de mexicanos.
Por otra parte y volviendo al punto, de acuerdo con la fracción II del artículo 9o. de la Ley de Participación Ciudadana vigente, las y los habitantes del Distrito Federal tienen, entre otras obligaciones, la de ejercer los derechos que les otorga la mencionada ley sin perturbar el orden y la tranquilidad públicos ni afectar el desarrollo normal de las actividades de los demás habitantes; en el mismo sentido el Bando 13, emitido por el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a la letra dice: "No permitiremos el bloqueo de avenidas o vialidades primarias que desquicien el tráfico, eleven la contaminación y afecten el libre tránsito de terceros", disposiciones que a todas luces se violan con la paralización de las actividades en la avenida mencionada y en el primer cuadro de la ciudad.
Así pues, y en cumplimiento a los ordenamientos mencionados y a las alarmantes cifras que arroja el bloqueo y con las que cuentan los empresarios afectados, es urgente que el jefe de Gobierno atienda las necesidades de los afectados, no únicamente aplicando la legislación vigente y garantizando el libre tránsito de la población en el futuro, sino presentando un programa de reactivación de la industria turística viable que subsane en la manera de lo posible los daños causados al turismo capitalino e indirectamente al nacional, ya que esta actividad representa en la ciudad de México una importante entrada de divisas para el país, así como un puente con otros destinos nacionales.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta asamblea el siguiente:
Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
Único: Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte al jefe de Gobierno del Distrito Federal a coadyuvar en la solución de la problemática turística generada a partir del bloqueo de avenida Reforma y las calles del Centro Histórico, atendiendo de inmediato las necesidades del sector turismo del Distrito Federal y presentando, en un plazo no mayor de 15 días, un programa de reactivación de la industria turística en el Distrito Federal, que en un término no mayor de 45 días sea implementado informando sus resultados a esta soberanía.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días del mes de septiembre de 2006.
Diputado Francisco Dávila García (rúbrica)
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