Gaceta Parlamentaria, año IX, número 2119, martes 24 de octubre de 2006

Orden del Día

SESIÓN DEL MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2006

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del diputado José de la Torre Sánchez.

Protesta de diputado

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

Por el que se designan los diputados que representarán la LX Legislatura en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. (Votación)

Por el que se designan los diputados que representarán la LX Legislatura en las Comisiones Bicamarales del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, y del Sistema de Bibliotecas. (Votación)

Por el que se designan los diputados que representarán la LX Legislatura en la Comisión de Concordia y Pacificación. (Votación)

Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal con relación a la confiscación de remesas que hicieran autoridades estadounidenses a operaciones de Western Union hacia Sonora. (Votación)

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el cuarto informe anual de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, julio de 2004-diciembre de 2005. (Turno a Comisión)

Con el que remite el informe correspondiente al tercer trimestre de 2006 que da cuenta del avance físico y financiero del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental y el Programa de Empleo Temporal del mismo periodo, así como el formato 005-A, relativo a la evaluación de los programas sociales apoyados con subsidios y transferencias. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Cecilia Ruiz Herrera y Juan Carlos Jurado Avilés puedan prestar servicios en la Embajada de Malasia en México. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ivette Tapia Saldaña, Ana Patricia Santos Vidal, Gema Jiménez O'Farril Tirado, Mónica del Socorro Lemus Presbítero, Karla Haydée Gómez Carrasco, Raúl René Yáñez, Fernando Antonio Salido Manzo, Mónica Anel Montaño Mendoza, Alejandra Becerra Ortega, Aarón Cortinas Sánchez, Alma Laura Martínez Cisneros, Jorge Rosado Coronado, Alella Cruz Jiménez y Virginia Ayala Flores puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México, y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua, Hermosillo, Sonora, Guadalajara, Jalisco, Matamoros, Tamaulipas, y Monterrey, Nuevo León, respectivamente; y comunica que han dejado de prestar servicios los ciudadanos Penélope Selene Martínez Castañeda, José Alberto Mondragón Martínez y Mónica del Socorro Lemus Presbítero a gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)

Efeméride

Sobre el sexagésimo primer aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas de diputados

Que reforma y adiciona los artículos 62 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Tomás Gloria Requena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Lorena Martínez Rodríguez y Samuel Aguilar Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Carlos Rojas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Radio y Televisión, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Vadas y Kuhn para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Hungría en la ciudad Cuernavaca, Morelos, con circunscripción consular en el estado de Morelos. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Eduardo Tomás Camberos Vizcaíno para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Paraguay en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con circunscripción consular en el estado de Jalisco. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Lorena Palacios Dueñas y Cariño Areli Padilla Díaz para prestar servicios en la Embajada de Italia en México. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos María Guadalupe Noguera Ibarra, Mirta Gabriela Mendoza Luna y Francisco Javier Flores Padilla para prestar servicios en las embajadas de Japón y de Estados Unidos de América en México, y en su Consulado en Guadalajara, Jalisco, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Rocío Yaneth Córdova Montijo, Pedro Omar Zamora Borbón, Francisco Santiago Rojas López, Ramsés Arturo Leyva y Carlos Alonso Basurto Álvarez para prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Concepción Valle Barraza, Norma Liliana Aguilar Garza, Édgar Daniel Zamudio Llamas, Michelle Bardales Martínez, Pilar Vanessa Posada Quintana e Ismael Torres Ramírez para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco; Nogales, Sonora; y Ciudad Juárez, Chihuahua. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a asumir la consecución del Plan Nacional de Cultura, parte del Plan Nacional de Desarrollo, o a explicar las razones del abandono de los programas y proyectos de gobierno, como establece el artículo 26 constitucional y de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a entregar al Instituto Mexicano del Petróleo los recursos que corresponden conforme al artículo 254 Bis de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento a la asignación de recursos destinados a la homologación salarial de los trabajadores de la educación, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a liberar los recursos presupuestales del ejercicio fiscal de 2006, aprobados por la Cámara de Diputados, del fondo de apoyo a proyectos integrales destinados a fortalecer procesos de beneficiado húmedo y seco, y el acopio y comercialización del café, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo del diputado Eduardo Ortiz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que tenga a bien formular excitativa al Senado de la República para que dictamine la iniciativa que adiciona los artículos 36 Bis y 36 Ter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes a dictaminar y, en consecuencia, publicar el decreto de reclasificación de las tarifas de energía eléctrica para algunas ciudades de Tamaulipas, a cargo del diputado Miguel Ángel González Salum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el combate y la prevención de las adicciones, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al director general de Pemex a cumplir los compromisos y las obligaciones contraídos con el ayuntamiento de Manzanillo y con la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de dicho municipio, a cargo del diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a fin de que el Ejecutivo federal informe sobre la naturaleza jurídica del acuerdo entre la profesora Elba Esther Gordillo Morales y Felipe Calderón Hinojosa por el que se otorgaron recursos para la rezonificación salarial de los docentes del país, a cargo del diputado Miguel Ángel Solares Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, a efecto de que en el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 los recursos se distribuyan de forma equitativa a todos los estados del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a los procesos de liquidación y pensiones de ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de que las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Recursos Hidráulicos, de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Salud, de Turismo, y de Fortalecimiento del Federalismo formen una comisión especial conjunta para dar cuenta de los diferentes aspectos y situaciones que aquejan la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal amplíe la vigencia del decreto por el que se sujeta a precio máximo el gas natural que se suministre a los usuarios residenciales de bajos consumos y se otorgue el estímulo fiscal que se índica, a cargo del diputado Humberto García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea y da continuidad a la Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministros de bienes de consumo o de compra-venta de bienes inmuebles de titularidad pública, otorgada por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para promover la estimulación temprana y la educación inicial en México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de prospectiva para la definición del futuro de México, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a integrar el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con la ejecución del tratado de distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo con el gobierno de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a crear una campaña promocional de México como un destino seguro, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a dar cumplimiento a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar y a la SCJN a agilizar la resolución de la acción de inconstitucionalidad 27/2005, a cargo del diputado José Armado Orihuela Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a realizar los estudios técnicos que garanticen que los recursos del FAPRACC mitiguen los efectos negativos que causan en los productores los fenómenos climatológicos extremos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 los recursos necesarios para la realización del VIII Censo Nacional Agropecuario, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que retome el análisis, discusión y, en su caso, apruebe la minuta que crea la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a cargo del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos locales y a los ayuntamientos de la República a destinar recursos públicos para la preservación del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente, a cargo de la diputada Martha Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el bando solemne para dar a conocer en el Distrito Federal la declaración de presidente electo, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se incluyan en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos suficientes para el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, a cargo de la diputada Maribel Luisa Alva Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública intervengan ante la SHCP a fin de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se consideren recursos suficientes que garanticen el financiamiento que la Conagua, los estados y municipios requieren para la realización de programas y proyectos fundamentales de administración, gestión y sustentabilidad de agua para el año próximo, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar una partida para el parque ecológico en la Refinería 18 de Marzo, a cargo de la diputada Érika Larregui Naguel, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se asignen mayores recursos para la educación superior, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 una partida destinada al Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ceder a la Universidad Autónoma Metropolitana un terreno de 15 hectáreas, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo del Plan Puebla-Panamá, a cargo del diputado Gerardo Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 apoyos a la comercialización del sector agrícola y establecer las provisiones y montos presupuestales que se asignaron en el año 2006, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a indultar a diversos ciudadanos de Puerto Madero, Chiapas, quienes lucharon por una tarifa justa de energía eléctrica, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 considere recursos para la construcción de un macrolibramiento en Puerto Vallarta, Jalisco, a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a destinar recursos, a través del Fonden, para apoyar a las familias afectadas de la colonia Las Golondrinas, Segunda Sección, de la delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su condena por los feminicidios ocurridos en el municipio de Chimalhuacán, estado de México, y se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a aclarar los homicidios y castigar a los responsables conforme lo establece la ley, a cargo del diputado Alberto López Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR, en su carácter de Presidente de la Asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a impulsar en dicho órgano la implantación del Protocolo de Estambul en todas las procuradurías estatales, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a convocar, a través de la STPS, a una consulta con los sectores de la producción, académicos y especialistas para la revisión y adecuación del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, a cargo de la diputada Rosario Ortiz Magallón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Mesa Directiva de esta soberanía solicite al director general de la CFE las versiones finales de los contratos para el suministro de gas natural adjudicados a las empresas Shell-Gas y Sempra Energy, a cargo del diputado Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al titular de la CNDH a emitir la resolución sobre el caso del uso excesivo de la fuerza militar y policial en el Palacio Legislativo de San Lázaro y acerca de las lesiones y malos tratos inferidos a legisladoras y legisladores federales, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Agenda política

Sobre la situación actual de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Efemérides

Sobre el trigésimo segundo aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Relativa a la celebración del 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Relativa al 63 aniversario de la instauración del Día de la Aviación, a cargo del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez, del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa a la celebración del Día del Médico, a cargo del diputado Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proyecto de Acta

DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, QUE SE SOMETERÁ A CONSIDERACIÓN DEL PLENO EL MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2006

ACTA DE LA SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRADA EL JUEVES DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos cincuenta y seis diputadas y diputados, a las once horas con diecinueve minutos del jueves diecinueve de octubre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del orden del día.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y de la misma manera la aprueba.

Desde su curul, el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, solicita incorporar un asunto en el orden del día, la Presidencia hace aclaraciones.

Se reciben cuatro oficios del Congreso del estado de Guerrero, con los que remite el mismo número de acuerdos, por los que solicita la asignación de recursos en diversas partidas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

Oficio de la Cámara de Senadores, por el que comunica la constitución del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Senadores. De enterado.

Proposición con punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para que el Procurador General de la República, licenciado Daniel Cabeza de Vaca Hernández, comparezca ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En votación económica, la asamblea aprueba la proposición. Comuníquese.

Iniciativas con proyecto de decreto que presentan los diputados:

David Sánchez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Mauricio Ortiz Proal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veinte del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

Se turna a la Comisión de Gobernación.

Pilar Guerrero Rubio, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomás José Luis Varela Lagunas, de Convergencia, que reforma los artículos veinticinco, treinta y dos, treinta y tres y treinta y cuatro de la Ley General de Educación.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

A las doce horas con cuatro minutos se registra una asistencia de cuatrocientos setenta y un diputadas y diputados.

Se recibe de la diputada Mónica Arriola, de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Continúan con la presentación de iniciativas con proyecto de decreto, los diputados:

Mario Enrique del Toro, del Partido de la Revolución Democrática, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, la leyenda "Constituyentes de Apatzingán". Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

César Camacho Quiroz y José Rosas Aispuro Torres, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos ciento quince y ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Faustino Javier Estrada González, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veintiuno de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se turna a las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia y Derechos Humanos.

Se recibe de la diputada Irma Piñeyro Arias, de Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos y programas de desarrollo de la región sur-sureste de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

José Luis Aguilera Rico, de Convergencia, para solicitar a la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de zona de desastre para el municipio de Villa Corregidora del estado de Querétaro, por los daños ocasionados por las lluvias del treinta de septiembre. En votación económica, no se considera de urgente resolución. Desde su curul el promovente hace observaciones y solicita que la votación se haga de manera nominal. El diputado Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional, hace comentarios con respecto al procedimiento y la Presidencia los acepta e instruye la apertura del sistema electrónico de votación. Con un resultado de doscientos cuatro votos en pro, ciento setenta y siete en contra y once abstenciones, la asamblea no considera la proposición de urgente resolución, en virtud de no alcanzarse la mayoría calificada requerida. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Obdulio Ávila Mayo, del Partido Acción Nacional, para crear la Mesa Interparlamentaria para la concertación de la reforma política del Distrito Federal. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Camerino Eleazar Márquez Madrid, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, a la brevedad, emita resolución respecto de la Controversia Constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra del Presidente de la República por considerar que, con la expedición del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, se invaden facultades exclusivas del Poder Legislativo. En votación económica, la asamblea no considera la proposición de urgente resolución. Se turna a la Mesa Directiva.

Gerardo Lagunes Gallina, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Energía un informe detallado de las investigaciones en torno del accidente ocurrido en el complejo petroquímico Pajaritos, en Veracruz.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

En votación económica, la asamblea considera la proposición de urgente resolución. Desde su curul, el diputado Juan Dario Lemarroy Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, expresa su adhesión a este asunto. Para hablar sobre el tema, se les otorga la palabra a los diputados: Francisco Elizondo Garrido, del Partido Verde Ecologista de México; Edgar Mauricio Duck Núñez, del Partido Acción Nacional; Elizabeth Morales García, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una adición a la proposición y la Presidencia toma nota; Juan Dario Lemarroy Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; José Manuel del Río Virgen, de Convergencia, quien solicita un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ocurrido motivo de este punto de acuerdo, la Presidencia otorga la petición y solicita a la asamblea ponerse de pie y guardar un minuto de silencio. Finaliza el bloque de intervenciones el diputado Pedro Montalvo Gómez, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo, expresa su adhesión al punto de acuerdo. En votación económica, la asamblea aprueba la proposición, con la adición presentada. Comuníquese.

José Luis Aguilera Rico, de Convergencia, a fin de solicitar a la Secretaría de Desarrollo Social que aplique un programa de empleo temporal en Villa Corregidora, Querétaro, para coadyuvar a una pronta recuperación de la población afectada por las lluvias del pasado treinta de septiembre. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entreguen a la brevedad la asignación de recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil cinco, tendientes a apoyar la construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco. En sendas votaciones económicas, se considera de urgente resolución y se aprueba. Comuníquese.

Víctor Manuel Torres Herrera, del Partido Acción Nacional, para que se cite al titular de la Comisión Federal de Electricidad, a comparecer ante esta Soberanía, a fin de rendir un informe detallado sobre el estado de seguridad que guarda la nucleoeléctrica Laguna Verde y dé a conocer el segundo proyecto de construcción de la nueva planta.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Comisión de Energía. Desde su curul, el diputado Edgar Mauricio Duck Núñez, del Partido Acción Nacional, se adhiere al punto de acuerdo.

Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno federal a integrar una comisión plural que investigue sobre el conflicto entre Exportadora de Sal, Sociedad Anónima de Capital Variable, y los parcelarios de los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz, de Mulegé, Baja California Sur. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Reforma Agraria.

Ismael Ordaz Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, desde su curul, solicita el turno correspondiente a la proposición con punto de acuerdo, que él mismo suscribe, para que las autoridades competentes intervengan en el conflicto entre Exportadora de Sal, Sociedad Anónima de Capital Variable, de Guerrero Negro, y los pobladores de los ejidos Díaz Ordaz y Benito Juárez. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Reforma Agraria, así como a la Junta de Coordinación Política.

Mario Mendoza Cortés, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Banco de México para que no sustituya la imagen del héroe nacional Ignacio Zaragoza, por la de Diego Rivera y Frida Kahlo en el billete de quinientos pesos de la nueva familia que pondrá en circulación a partir de noviembre del presente año. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los gobiernos municipales y a las legislaturas locales, para que en sus presupuestos de egresos para el año fiscal dos mil siete, consideren recursos para la conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales. En votación económica se considera de urgente resolución. Se le concede la palabra al diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

Martha Angélica Tagle Martínez, de Convergencia, por el que se exhorta al honorable Congreso de la Unión para que se promulgue la celebración del quince de octubre, como el Día Nacional e Internacional de las Mujeres Rurales. Se turna a la Comisión de Equidad y Género.

Ana Yurixi Leyva Piñón, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal, al comisionado del Instituto Nacional de Migración y al gobernador del estado de México a cumplir la recomendación número treinta y ocho/dos mil seis, relativa a los hechos de violencia ocurridos en mayo en Texcoco y San Salvador Atenco, México. Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos.

Mariano González Zarur, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se crea el Comité de Competitividad. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Adriana Díaz Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se crea la Comisión Especial para la revisión, análisis y recomendaciones sobre el capítulo agropecuario y capítulos relacionados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Efraín Morales Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los diputados integrantes de esta Sexagésima Legislatura, que, en cumplimiento con la normatividad vigente, se abstengan de fumar en el Recinto. En sendas votaciones económicas, se considera de urgente resolución y se aprueba.

Carlos Ernesto Zatarain González, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita se destinen partidas presupuestales suficientes a la Universidad de Sonora, para hacer frente a la crisis financiera que enfrenta. En votación económica se considera de urgente resolución. Se les otorga la palabra a los diputados: Armando Jesús Félix Holguín, del Partido Acción Nacional y Susana Monreal Ávila, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta una adición. Desde sus respectivas curules, se adhieren al punto de acuerdo los diputados: Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo, Carlos Ernesto Navarro López, del Partido de la Revolución Democrática y Armando García Méndez, de Alternativa. Se aprueba en votación económica. Comuníquese.

Silvia Oliva Fragoso, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública, realice una exhaustiva verificación a las empresas de seguridad privada, en cuanto a contratación de personal y procedimientos de operación.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

Gustavo Fernando Caballero Camargo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, de la Comisión Federal de Competencia y del Banco de México, rindan a esta Soberanía un informe sobre el proyecto de Norma Oficial Mexicana de los vehículos de autotransporte. En votación económica, no se considera de urgente resolución. Se turna a la Comisión de Transportes.

Alfredo Adolfo Ríos Camarena, del Partido Revolucionario Institucional, relativo al reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde sus respectivas curules los diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Partido de la Revolución Democrática; Armando García Méndez, de Alternativa; Faustino Javier Estrada González, del Partido Verde Ecologista de México; Alejandro Chanona Burguete, de Convergencia; expresan su adhesión a la proposición y demandan el trámite de urgente resolución. En votación económica se considera de urgente resolución. Habla en pro el diputado José Luis Gutiérrez Calzadilla, del Partido de la Revolución Democrática. En sendas votaciones económicas, se considera suficientemente discutido y se aprueba. Comuníquese.

La Secretaría da lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política, para que sea incluida en el orden del día una proposición con punto de acuerdo por el que se crea el Comité para la atención a periodistas y sus garantías de libre expresión y pensamiento. En votación económica, la asamblea acepta la inclusión. Se le concede la palabra al diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta la proposición a nombre propio y de los diputados: Cruz Pérez Cuéllar, del Partido Acción Nacional; Irene Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática; Rubén Aguilar Jiménez, del Partido del Trabajo y Jacinto Gómez Pasillas, de Nueva Alianza.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Desde su curul, el diputado Alejandro Chanona Burguete, de Convergencia, solicita una moción de procedimiento y la Presidencia la otorga. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

El diputado José Luis Murillo Torres, del Partido Acción Nacional, presenta una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio dos mil siete, el Programa Integral de Infraestructura de la Red Carretera del estado de Nuevo León. Se turna a la Comisión de Transportes.

Remiten proposiciones con puntos de acuerdo los diputados:

Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de México, para solicitar a la Junta de Coordinación Política la creación de un Grupo de Trabajo que sirva de enlace ante la Convención Nacional de Gobernadores. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Delio Hernández Valadés, de Alternativa, por el que se crea la Comisión Especial para la promoción y rescate de las lenguas indígenas y fomento de la lectura. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Del Grupo Parlamentario de Alternativa, por el que se crea la Comisión Especial sobre no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Delio Hernández Valadés, de Alternativa, por el que se crea la Comisión Especial sur-sureste. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Se recibe del diputado César Horacio Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y el Presidente atiende lo solicitado.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con cuarenta y tres minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes veinticuatro de octubre de dos mil seis a las once horas.

Comunicaciones

DEL DIPUTADO JOSÉ DE LA TORRE SÁNCHEZ

Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión
Presente

El que suscribe licenciado en administración de empresas José de la Torre Sánchez, en mi carácter de diputado federal por el distrito 7 de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, por medio del presente me dirijo a usted de manera atenta y respetuosa para manifestar:

Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 65 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con el numeral 23 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, vengo a solicitar a esta Sexagésima Legislatura, se me conceda licencia para separarme del cargo de diputado federal por tiempo indefinido, a partir del próximo día martes 24 de octubre del presente año, reservándome el derecho a revocar dicha licencia en el momento y por las causas que a mis intereses convengan.

Por último, pido sea llamada por esa Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión la contadora pública María de Jesús Martínez Díaz, diputada federal suplente, para efectos de que ocupe la titularidad de dicho cargo legislativo por el tiempo que dure la licencia de referencia.

Sin más por el momento y esperando verme favorecido en las consideraciones aquí expuestas, quedo de usted a sus apreciables ordenes.

Martínez de la Torre, Veracruz, a 18 de octubre de 2006.

Licenciado en administración de empresas José de la Torre Sánchez (rúbrica)

Proposiciones de acuerdo

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EN RELACIÓN CON LA CONFISCACIÓN DE REMESAS QUE HICIERAN AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES A OPERACIONES DE WESTERN UNION HACIA EL ESTADO DE SONORA

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el diputado Gerardo Aranda Orozco del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Acuerdo

Único: Que esta Cámara de Diputados exhorte al titular del Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los Consulados de México en Arizona, en uso de sus facultades, se dé seguimiento a las investigaciones y al procedimiento judicial que las autoridades estadounidenses llevan a cabo respecto a las operaciones de envío de remesas por parte de Western Unión hacia el estado de Sonora; a fin de que, con pleno respeto a la soberanía y a la independencia del Poder Judicial de dicho país, se realicen las acciones diplomáticas y legales para que no se pretenda implantar medidas que atentan contra la seguridad jurídica de nuestros connacionales, con el fin de no afectar el envío de remesas a México y proteger la economía de las familias mexicanas, cuya manutención depende de dichas remesas.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 23 de octubre de 2006.

Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Presidente
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina

Oficios

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON EL QUE REMITE EL CUARTO INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA, JULIO DE 2004-DICIEMBRE DE 2005

México, DF, 19 de octubre de 2006.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Se recibió en esta secretaría oficio signado el día 16 del actual por Carlos García Fernández, titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, mediante el cual solicita que por este conducto se remita a ese órgano legislativo, el cuarto Informe de Labores (julio 2004-diciembre 2005), en cumplimiento a lo establecido por el artículo 69-E, fracción VII de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente les acompaño copia del oficio de referencia, así como el anexo que en el mismo se menciona en forma impresa y medio magnético, para los fines procedentes.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2006.

Licenciado Dionisio Alfredo Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Me permito remitir a usted, en dos tantos y con el archivo electrónico respectivo en dos CD, el cuarto informe de labores (julio 2004-diciembre 2005) de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Dicho informe debe ser presentado ante el Honorable Congreso de la Unión, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 69-E, fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En consecuencia, le solicito atentamente que, por el amable conducto de esa Dependencia, el informe mencionado se haga llegar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Lo anterior, en atención a lo dispuesto en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención a la presente comunicación y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Carlos García Fernández (rúbrica)
Titular de la Cofemer

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON EL QUE REMITE EL INFORME CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2006 QUE DA CUENTA DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL Y EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL MISMO PERIODO, ASÍ COMO EL FORMATO 005-A, RELATIVO A LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES APOYADOS CON SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

México, DF, a 19 de octubre de 2006.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en atención a lo dispuesto en el artículo 54, fracción IV, inciso a), del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, con el presente les acompaño copia del similar número 171/2006, signado el 18 del mes en curso por el maestro Óscar Aguilar Ascencio, coordinador de asesores del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual envía el informe correspondiente al tercer trimestre de 2006 que da cuenta del avance físico y financiero del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental, así como del Programa de Empleo Temporal del mismo periodo, ambos acompañados del formato 005-A, relativo a la evaluación de los programas sociales apoyados con subsidios y transferencias.

Por lo anterior, me permito acompañar copia de los documentos a que me he referido, para los fines procedentes.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LOS CIUDADANOS MARÍA CECILIA RUIZ HERRERA Y JUAN CARLOS JURADO AVILÉS PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE MALASIA EN MÉXICO

México, DF, a 17 de octubre de 2006.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: María Cecilia Ruiz Herrera.
Puesto: Asistente administrativa/recepcionista de la Sección Comercial.
Lugar de trabajo: Embajada de Malasia en México.

Nombre: Juan Carlos Jurado Avilés.
Puesto: Chofer de la Sección Comercial.
Lugar de trabajo: Embajada de Malasia en México.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LOS CIUDADANOS IVETTE TAPIA SALDAÑA, ANA PATRICIA SANTOS VIDAL, GEMA JIMÉNEZ O?FARRIL TIRADO, MÓNICA DEL SOCORRO LEMUS PRESBÍTERO, KARLA HAYDEE GÓMEZ CARRASCO, RAÚL RENÉ YÁÑEZ, FERNANDO ANTONIO SALIDO MANZO, MÓNICA ANEL MONTAÑO MENDOZA, ALEJANDRA BECERRA ORTEGA, AARÓN CORTINAS SÁNCHEZ, ALMA LAURA MARTÍNEZ CISNEROS, JORGE ROSADO CORONADO, ALELLA CRUZ JIMÉNEZ Y VIRGINIA AYALA FLORES PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO, Y EN SUS CONSULADOS EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, HERMOSILLO, SONORA, GUADALAJARA, JALISCO, MATAMOROS, TAMAULIPAS, Y MONTERREY, NUEVO LEÓN, RESPECTIVAMENTE; Y COMUNICA QUE HAN DEJADO DE PRESTAR SERVICIOS LOS CIUDADANOS PENÉLOPE SELENE MARTÍNEZ CASTAÑEDA, JOSÉ ALBERTO MONDRAGÓN MARTÍNEZ Y MÓNICA DEL SOCORRO LEMUS PRESBÍTERO AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

México, DF, a 17 de octubre de 2006.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta secretaría que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Karla Haydee Gómez Carrasco.
Puesto: Cajera.
Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: Raúl René Yáñez.
Puesto: Asistente de visas.
Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: Fernando Antonio Salido Manzo.
Puesto: Asistente de visas.
Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Nombre: Mónica Anel Montaño Mendoza.
Puesto: Asistente de visas.
Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.

Nombre: Alejandra Becerra Ortega.
Puesto: Recepcionista/operador de teléfono.
Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Nombre: Aarón Cortinas Sánchez.
Puesto: Auxiliar de visas.
Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Nombre: Alma Laura Martínez Cisneros.
Puesto: Auxiliar de visas.
Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Nombre: Jorge Rosado Corona.
Puesto: Auxiliar de visas.
Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Nombre: Alella Cruz Jiménez.
Puesto: Empleada del Departamento de Ciudadanía.
Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Nombre: Virginia Ayala Flores.
Puesto: Empleada del Departamento de Visas.
Lugar de Trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Nombre: Ivette Tapia Saldaña.
Puesto: Secretaria subcajera en la Sección de Visas.
Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Ana Patricia Santos Vidal.
Puesto: Secretaria en la Sección de Visas.
Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Gema Jiménez O'Farrill Tirado.
Puesto: Asistente de entrenamiento en la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Mónica del Socorro Lemus Presbítero.
Puesto: Secretaria en la Sección de Visas.
Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes; asimismo, copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo, se informa que las personas que se mencionan a continuación solicitan la cancelación del permiso que les fue concedido para prestar sus servicios a los gobiernos extranjeros que se mencionan:

Nombre: Penélope Selene Martínez Castañeda.
Puesto: Directora adjunta de la Oficina de Programa y/o especialista de programas en la Agencia para el Desarrollo Internacional.
Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: José Alberto Mondragón Martínez.
Puesto: Asistente administrativo/chofer.
Lugar de Trabajo: Embajada de Estados Unidos de América en México.

Nombre: Mónica del Socorro Lemus Presbítero.
Puesto: Asistente consular.
Lugar de Trabajo: Embajada de Canadá en México.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

Efemérides

RELATIVA AL SEXAGÉSIMO PRIMER ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO LANDERO GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Alejandro Landero Gutiérrez, en su carácter de diputado federal de la LX Legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promueve efeméride relativa al sexagésimo primer aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, que tuvo lugar el 24 de octubre de 1945.

El primero de enero de 1942, en plena guerra mundial, cuando el mundo estaba a punto de sucumbir bajo la amenaza nacional socialista, representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, en virtud de la cual sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos contra las potencias del Eje.

Pero fue hasta 1945 cuando representantes de 50 países, entre ellos México, se reunieron en San Francisco, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional para redactar y firmar la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Polonia lo haría más tarde, con lo cual serían 51 países los que signarían el documento.

Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, precisamente hoy hace 61 años, después de que la carta fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios. Ello daría inicio a una nueva etapa del derecho internacional, con el objetivo de mantener la paz y la seguridad a través de la amistad y la cooperación internacional.

En la carta quedaron suscritos principios como la igualdad soberana de las naciones, la defensa de la paz y de la diplomacia para prevenir conflictos y la solidaridad frente a la amenaza de los países que no respetaran el derecho internacional.

Durante sus 61 años de vida, las Naciones Unidas han tenido alcances y límites, logros y fracasos. Pero lo más importante es que la creación de la ONU ha creado una conciencia de comunidad internacional, donde es posible el diálogo político intercultural para prevenir y solucionar conflictos.

Como resultado de las gestiones emprendidas por las Naciones Unidas, los gobiernos han concertado múltiples acuerdos multilaterales que procuran hacer del mundo un lugar más seguro, más justo, más libre, con mayores oportunidades de progreso, exigiendo de todos sus miembros el respeto a los derechos humanos, el combate a la pobreza y la promoción de mejores condiciones de vida para las personas.

México es miembro de las Naciones Unidas desde el 7 de noviembre de 1945, fecha en que fue aprobada su admisión a las Naciones Unidas. En el seno de la ONU nuestra nación ha sostenido su vocación pacifista y ha defendido el multilateralismo.

Por ello, la comunidad Internacional ha hecho un reconocimiento al papel protagónico que ha jugado México en la política mundial, al haberle conferido múltiples responsabilidades; la última ha sido la distinción de presidir el recién creado Consejo de Derechos Humanos de la ONU, propuesto por nuestro país en el presente año.

La vida de la Organización de las Naciones Unidas va de la mano con grandes acontecimientos geopolíticos que han cambiado la historia de la humanidad. Cada uno de estos cambios se ha constituido en un nuevo desafío para la comunidad global.

Del mundo bipolar que se generó tras los acuerdos de Yalta, donde emergieron dos potencias que se disputaron la supremacía política, económica y militar, se dio paso a un mundo unipolar tras el fracaso del comunismo y la caída del Muro de Berlín. Ese mundo presenció el surgimiento de una superpotencia, con todos los desafíos que representó ello.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 significaron otro cambio en el orden internacional. La forma en cómo se busca dar respuesta a la amenaza terrorista, nos coloca frente a ya no sólo a un mundo unipolar, sino unilateral, donde se desdeñan los principios del derecho internacional, donde supuestamente, en aras de generar mayor seguridad, se está dispuesto a sacrificar la soberanía de las naciones y la libertad de las personas.

Ante ello, en medio de un escenario internacional complejo, México debe seguir asumiendo un papel activo, de un liderazgo defensor de la paz y promotor de los derechos humanos. Un liderazgo que procure la seguridad, que defienda la libertad y promueva la solidaridad, porque no puede haber libertad sin seguridad, pero tampoco puede existir seguridad si no hay solidaridad.

La paz, la libertad y la seguridad nunca se podrán alcanzar en un mundo global de forma unilateral. Ninguna nación, por más poderosa que sea, puede avanzar aisladamente hacia el progreso. La lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, la destrucción del medio ambiente requiere de acciones globales.

Hoy, desde esta tribuna los diputados de Acción Nacional felicitamos a todas las naciones que integran las Naciones Unidas y a todas las mujeres y hombres que han luchado por crear un nuevo orden internacional basado en la paz y la justicia. Reconocemos el esfuerzo realizado por el actual secretario general de la ONU, Kofi Annan, y felicitamos al ministro de Relaciones Exteriores y Comercio de la República de Corea, Ban Ki-moon, por su nombramiento como próximo secretario general de Naciones Unidas, quien habrá de trabajar no sólo por un mundo más seguro, sino también más justo, porque como sostiene el premio Nóbel de la Paz, Mohamed Yunus: "La justicia es el nombre de la paz".

Muchas gracias.
Diputado Alejandro Landero (rubrica)

Iniciativas

QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 62 Y 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, diputada federal Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 62 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La doctrina de la división de poderes fue formulada con el fin de separar funciones del Estado de distinta naturaleza, pero también, y fundamentalmente, para debilitar la tendencia a abusar del poder sobre el ciudadano, a hacer uso de los impuestos para provecho propio, utilizar los cuerpos de seguridad para asuntos personales, en fin, para evitar los efectos que la perversión de la concentración de poder tiránico ocasionaba en detrimento de la comunidad y de la persona.

Montesquieu, como los progresistas de su época, observó que si el que elaboraba la norma no era el mismo que el que la aplicaba y sancionaba su no aplicación, la sociedad padecería menos abuso de poder y cada una de estas funciones se realizaría de manera más imparcial.

Tres siglos después hemos visto cómo se ha desenvuelto la división de poderes en naciones como la nuestra y discutimos reformas del Estado para seguir desconcentrando el poder, porque subsisten abusos y deficiencias en los deberes de nuestros tres poderes.

Particularmente, se sigue concentrando el poder, no sólo en el Ejecutivo sino también, en algunos casos, señalados, en miembros del Legislativo.

Cierto es que la doctrina se ha preocupado básicamente de dividir el poder público; porque el poder entre más pequeño es, es menos peligroso.

Pero también el poder privado es peligroso, y no se diga la concentración de poder público y poder privado.

Los viejos constitucionalistas mexicanos de 1857 y, más aún, los reformadores, se preocuparon de los fenómenos de su época y pusieron especial cuidado en separar el poder.

En su diseño de división de poderes se esmeraron en que el Poder Legislativo no heredara o contuviera intereses que provinieran directamente del Poder Ejecutivo; por ello, en su artículo 57 se dictó:

"El cargo de diputado es incompatible con cualquier comisión o destino de la Unión en que se disfrute sueldo." En la sesión del 17 de septiembre de 1856 se discutió ese artículo y fue aprobado por sesenta y cuatro votos a favor y dieciocho en contra.

El diputado por San Luis Potosí Antonio Ruiz de Bustamante argumentó que apoyaba ese artículo toda vez que con ello se buscaba que los diputados no se distrajeran en otras funciones y, a su vez, asegurar su independencia del poder para lograr mejor esos objetos.

Francisco Zarco, en uso de la voz, fue enfático al sostener que las incompatibilidades, es decir, que no se pudiera ejercer a la vez el cargo de diputado y cualquier otro.

Dijo en su intervención que "necesario es, en verdad, por bien del servicio público, declarar que el Diputado no puede al mismo tiempo desempeñar ningún otro empleo, porque prescindiendo de las influencias del poder, la experiencia demuestra que es físicamente imposible que un solo hombre baste para dos cargos públicos, si quiere desempeñarlos con conciencia y patriotismo".

El creador de la Procuraduría de los Pobres, Ponciano Arriaga, en su turno, compartió las opiniones de Zarco y manifestó que "cedió a las indicaciones hechas en el debate por sólo asegurar de una manera absoluta la independencia de los diputados".

Seis décadas después, el 6 de diciembre de 1916, el primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, presentó su propuesta de redacción del artículo 55 en el Congreso Constituyente, y el 2 de enero de 1917 fue retomado en dictamen de primera lectura.

Uno de los requisitos que para ser diputado el Congreso Constituyente de 1917 decidió incluir era: no estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural, así como la obligación de separarse de su cargo noventa días antes de la elección para algunos servidores públicos que deseaban ser candidatos.

En la reforma al artículo 55 de 1977 se señala que para ser incluido en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, y en la reforma de 1994 queda que para ser diputado se requiere no ser secretario o subsecretario de Estado o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos que se separe definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección.

Estos principios han reforzado la independencia del legislador del Poder Ejecutivo para evitar lo más posible que se presenten conflictos de intereses.

Desde Montesquieu nos preocupamos de esa independencia del Legislativo del Ejecutivo insistentemente. Claro, él vivió los tiempos del todopoderoso monarca que obligaba caprichosamente al pago de retribuciones, no rendía cuentas a nadie de lo que hacía con esos dineros y si alguien reclamaba lo enviaba directamente a la guillotina, porque el concepto de derechos prácticamente no existía.

Pero nuestra historia nos ha enseñado también insistentemente que no sólo la concentración del poder público es peligrosa, como ya decía antes. Aquí hemos tenido que separar el poder del Estado del poder del clero.

Y nos ha tocado también observar la concentración del poder económico de maneras inimaginables. Es más, nos ha tocado ver cómo los grandes poderes económicos tienen emisarios que resguardan sus intereses en los poderes públicos. Bueno, hasta leyes les hacen a su medida. Los banqueros, las grandes televisoras, etcétera, etcétera, etcétera.

Creo que ese es el gran tema de la doctrina política actual: cómo evitaremos la concentración del poder, el abuso del poder que hoy se concentra ofensivamente, no en el ámbito público sino en el privado, en los llamados grandes poderes informales, que son los que en realidad eligen, sancionan, disponen de los grandes bienes nacionales.

Por lo pronto, compañeras y compañeros, me quedo en la parte más obvia y modesta de esta reforma del Estado pendiente: esta iniciativa de reforma se propone combatir el tráfico de influencias que se presenta mediante quienes aprovechan el cargo de legisladores para dedicarse a medrar con el patrimonio público mediante la concertación de adquisiciones, venta de terrenos, ya sea con resoluciones administrativas o sentencias favorables en contra de la nación.

Por lo antes expuesto me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 62 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adicionan los artículos 62 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:

Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios, durante el periodo de su encargo no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la federación o de los estados por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio.

Tampoco podrán emprender un negocio comercial o litigioso, por sí o en nombre de un tercero, con o en contra de cualquiera de las instituciones del Estado, del que esperen algún tipo de retribución cuantificable pecuniariamente, a menos que se trate de la defensa de derechos afectados por un acto administrativo individualizado que le afecte directamente su esfera jurídica.

La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador y deberá devolver la retribución que como Diputado o Senador recibió mientras incumplió este artículo.

Artículo 108. ......

......

.......

......

El desempeño de los cargos del servicio público es compatible con las actividades académicas, docentes y de investigación científica en las instituciones públicas y privadas de educación. Los servidores públicos tienen prohibido realizar cualquier tipo de actividad comercial o litigiosa remunerada o no, por sí o por un tercero, con o en contra de los poderes u órganos autónomos federales, estatales o municipales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica)

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, A CARGO DEL DIPUTADO TOMÁS GLORIA REQUENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los que suscribimos, diputados federales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos concede la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a la consideración y a la aprobación del H. Congreso de la Unión, por conducto de este H. Pleno, esta iniciativa de ley que reforma el último párrafo del artículo 2° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Exposición de Motivos

Desde la iniciativa de Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Ejecutivo federal propuso en el artículo 2o. de la misma, que "por su situación particular" se tuviera una tasa menor de este impuesto "en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país, y en las zonas libres de Baja California, norte de Sonora y de Baja California Sur", a la aplicable al resto de la República, siendo aprobada por ambas Cámaras; fue publicada en el Diario Oficial de fecha 29 de diciembre de 1978.

En la primera reforma a esta ley, publicada en el Diario Oficial de fecha 31 de diciembre de 1979, se extendió el beneficio de la aplicación de la tasa menor a la franja fronteriza sur de 20 kilómetros colindante con Belice, Centroamérica.

En la exposición de motivos de la décima quinta reforma se propuso "la desaparición del tratamiento diferencial que existe para las franjas fronterizas y zonas libres del país", por lo que se derogó el artículo 2o. de la ley homologándose la tasa del IVA en todo el territorio nacional y publicándose la reforma en el Diario Oficial de fecha 21 de noviembre de 1991.

Nuevamente, en la vigésima reforma de la ley, publicada en el Diario Oficial el día 27 de marzo de 1995, se regresó al tratamiento diferenciado anterior a la derogación; estableciéndose en el último párrafo del artículo 2o. lo siguiente: "Para los efectos de esta ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, el municipio de Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora".

En la última reforma a la ley, publicada en el Diario Oficial el 30 de diciembre de 2002, se agregó al último párrafo del artículo 2o., el municipio de Caborca, Sonora.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006, se establece como objetivo rector; "el promover el desarrollo regional equilibrado, que tiene como propósito, lograr un desarrollo competitivo para cada una de las regiones en que se dividió con dicho plan al país".

En el estado de Tamaulipas, el municipio de Valle Hermoso, es frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, sin embargo, su cabecera municipal se encuentra a 40 kilómetros de la frontera con dicho país; por lo que para efectos prácticos ya se considera a este municipio como región fronteriza.

Lo anterior, genera que la cabecera municipal de Valle Hermoso, se encuentre ante una grave desventaja económica frente a otras ciudades fronterizas debido a que no obtiene los beneficios de ser considerada región fronteriza para los efectos de esta Ley.

El artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que los contribuyentes residentes en la región fronteriza aplicarán una tasa del 10 por ciento, y no la tasa general del 15 por ciento, a los actos o actividades por los que se debe pagar el impuesto al valor agregado, siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en esa región.

La aplicación de la tasa del 10 por ciento en los casos mencionados se ha justificado porque las condiciones geográficas existentes en la región fronteriza hacen que los consumidores nacionales se vean motivados a realizar la adquisición de bienes y servicios en las ciudades fronterizas limítrofes de los Estados Unidos de América, con el subsecuente impacto desfavorable en la economía de dicha región.

Por otra parte, en el municipio de Valle Hermoso en Tamaulipas, los habitantes han visto afectada su economía por el desplazamiento de los consumidores hacia las ciudades vecinas de Estados Unidos de América, fenómeno que ha deprimido en forma significativa y grave la economía de dicho municipio.

Esa situación se explica por su ubicación geográfica y por las vías de comunicación con que cuentan, que hacen muy difícil el consumo del comercio nacional y facilita el desplazamiento comercial aludido.

La petición de que nuestro municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, forme parte de la región fronteriza aun y cuando se encuentra dentro de la franja de los 20 kilómetros y la cabecera municipal a 40, se justifica, debido a que ya existe un antecedente en donde se declaró por decreto presidencial, que el municipio de Caborca, en el estado de Sonora, quedara comprendido en la región fronteriza por las mismas exactas circunstancias.

Por ello; se estima necesario proponer que se aplique el tratamiento fiscal en materia de impuesto al valor agregado de la región fronteriza a la totalidad del territorio del municipio citado, con la finalidad de promover el comercio y el empleo en el propio municipio, mejorando así su desarrollo, la situación económico competitiva y evitando la salida de divisas al extranjero. Por lo que un servidor, diputado Tomás Gloria Requena, a nombre de los diputados federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del estado soberano de Tamaulipas, proponemos el siguiente

Proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo Único. Se reforma el último párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

Para los efectos de esta ley, se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, la región parcial del estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio de Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional, así como el municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas.

Transitorio

Único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Firman los diputados federales del estado soberano de Tamaulipas, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Diputados: Tomás Gloria Requena (rúbrica); Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez; Horacio Garza Garza; Enrique Cárdenas del Avellano; Miguel Ángel González Salum (rúbrica).

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, A CARGO DE LA DIPUTADA OLGA PATRICIA CHOZAS Y CHOZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Patricia Chozas y Chozas, diputada a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4o., tercer y sexto párrafos; 71, fracción II; 72; y 73, fracciones XVI y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción III; 56; 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicito se turne a la Comisión de Salud, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Se estima que en nuestro país, a pesar que se destinan recursos públicos anuales por alrededor de 30 mil millones de pesos para atender las enfermedades relacionadas con el tabaco, mueren más de 50 mil personas ocasionado por la adicción a dicha droga legal.

Como bien ya lo ha expresado el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara de Diputados, ciertos productos derivados del tabaco contienen "sustancias cancerígenas y metales dañinos como el arsénico, el níquel, el plomo, el cromo y el cadmio".¹

Asimismo, estas sustancias causan severos estragos en la salud de los mexicanos, particularmente en la de los fumadores. Las estadísticas son contundentes ya que este grupo es 30 veces más propenso a padecer cáncer pulmonar, 5 veces más a padecer cáncer de laringe, 4 veces más a padecer cáncer bucal, y 2 veces más a sufrir un infarto al miocardio.²

Conforme a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, en México el 26 por ciento de los fumadores consumen tabaco diariamente, mientras que en países como Estados Unidos o Canadá, que son nuestros principales socios económicos, el porcentaje se ubica en 19 por ciento y 18 por ciento, respectivamente.³

Lo anterior se reafirma con los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones:⁴

* Por lo menos 28 millones de mexicanos han fumado alguna vez, dentro de los que destacan: ⁵

- Casi 360 mil niños de 5 a 9 años.

- Aproximadamente 5 millones 509 niños de 10 a 14 años.
- Más de 16 millones 319 mil adolescentes entre 15 y 19 años.

- Alrededor de 4 millones 190 mil personas entre los 20 y 24 años.
- Cercano a 1 millón 65 mil personas cuya edad oscila entre los 25 y 29 años.

Como puede observarse, el intervalo de edad en el que por lo menos una vez se ha fumado, es el que oscila entre los 15 y 19 años, por lo que es de esperarse que las tabacaleras dirijan sus esfuerzos en este sector de la población.

La cifra de mexicanos que son fumadores, es de más de 16 millones de personas. Ante esto, la propia encuesta revela que el consumo de tabaco en menores de 18 años a nivel nacional es de por lo menos 1 millón 320 adolescentes y niños que sus edades están entre los 12 y 17 años, concentrándose en las zonas urbanas el aproximadamente el 83 por ciento de esos fumadores. De esos 16 millones:

- Casi 850 mil fumadores no tienen instrucción escolar (480 mil en las zonas urbanas).
- Aproximadamente 4 millones 802 mil fumadores cuentan con primaria (3 millones 520 mil en las zonas urbanas).

- Alrededor de 4 millones 820 mil fumadores con secundaria (4 millones 320 en las zonas urbanas).
- Más de 3 millones de fumadores con preparatoria (2 millones 268 mil en las zonas urbanas).

- Cercano a 2 millones 735 mil fumadores con universidad (2 millones 621 mil en las zonas urbanas).
- Poco más de 148 mil fumadores con posgrado (todos en las zonas urbanas).

Resalta que en las zonas rurales la mayor proporción de fumadores según su nivel de escolaridad, es el de primaria, con más de 53 por ciento, contra un 25 por ciento en las zonas urbanas. * Más de 17 millones 660 mil personas en nuestro país están expuestas involuntariamente al tabaco, es decir, son los denominados fumadores pasivos, de los cuales:

- Alrededor de 5 millones 236 mil son menores de 18 años pero mayores a 11 años.
- Casi 9 millones 955 mil se ubican entre los 18 y 29 años.

- Aproximadamente 2 millones 674 mil oscilan entre los 30 y 39 años.
- Por lo menos 2 millones 643 mil entre los 40 y 49 años.
- Más de 2 millones 350 mil entre los 50 y 65 años.

Ante esto, el documento público intitulado "Encuesta Nacional de Adicciones 2002: Tabaco, Alcohol y Otras Drogas, Resumen Ejecutivo", del Consejo Nacional contra las Adicciones, Conadic, textualmente establece, se hace la cita: "... La escolaridad de los jóvenes fumadores de áreas urbanas fue, en casi la mitad de ellos, (40.7 por ciento) de nivel secundaria, seguidos del 35.4 por ciento con preparatoria y del 23.4 por ciento con primaria. En cuanto a la escolaridad de los menores fumadores de la zonas rurales, poco más de la mitad de ellos (55.2 por ciento) tienen como máxima escolaridad la primaria, seguidos por el 43.4 por ciento que han cursado la secundaria y tan solo 1.4 por ciento estudian preparatoria.

Respecto a la edad de inicio en el consumo de tabaco en los jóvenes de población urbana, casi la mitad (47.6 por ciento) comenzó a fumar entre 15 y 17 años, mostrando variabilidad entre sexos (46.1 por ciento hombres y 52.3 por ciento mujeres). Cabe señalar que mientras uno de cada diez adolescentes varones empezó a fumar antes de los 11 años de edad, ninguna mujer hizo mención de iniciar a edad tan temprana... Asimismo, de aquellos adolescentes entrevistados en áreas rurales, más de la mitad (50.5 por ciento) iniciaron a los 15 y 17 años, sin embargo la distribución por sexo fue semejante para este grupo de edad (50.3 por ciento varones y 53.5 por ciento mujeres)... De aquellos jóvenes que mencionaron fumar a diario en las áreas urbanas, el 86.5 por ciento consume de uno a cinco cigarrillos, 6.8 por ciento señaló un consumo de 6 a 10, el 3.9 por ciento fuma diario de 11 a 20 cigarrillos y tan sólo 2.8 por ciento usa más de 20... Cabe resaltar que entre los jóvenes de las zonas rurales que fuman a diario, el 100 por ciento señaló consumir de uno a cinco cigarros.

Fin de la cita.

Por lo anterior, considerando que para las tabacaleras existen un mercado potencial en los niños, niñas y jóvenes, la presente iniciativa consiste en reformar el segundo párrafo del artículo 277 de la Ley General de Salud, para establecer que no se venderán o distribuirán cigarros en cajetillas de cigarros que no tengan adheridas el signo distintivo de control sanitario y fiscal denominado marbete.

De la misma forma, se adiciona un último párrafo al artículo 276 de dicha ley, a efecto de que el marbete en las cajetillas de cigarros no imposibilite la visibilidad de las leyendas y mensajes que deben figurar en esas cajetillas. Para esto, las disposiciones reglamentarias que se expidan al respecto, deberán evitar aquella imposibilidad.

No podemos olvidar que aquellos que consumen cigarros piratas o falsificados son principalmente las personas de escasos recursos debido a que el precio, al ser inferior que aquel para los cigarros que se venden en la economía formal, les permite destinar una menor cantidad de recursos de su presupuesto para la adquisición de tabaco. En ese punto, no escapa señalar que la política de la administración del Presidente Fox, consistente en subsidiar los cigarros, es errónea y contraria a los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado.

La iniciativa busca básicamente contar con un instrumento adicional para fortalecer la política pública de prevención de consumo de tabaco, toda vez que con la adhesión de los marbetes a las cajetillas de cigarros, se garantiza que los consumidores puedan identificar fácilmente que adquieren productos, aunque nocivos para la salud, que son legítimos y no otros que pudieran estar adulterados, lo cual también evita problemas de contrabando, piratería y salud pública, principalmente en los menores de edad.

En otras palabras, implícitamente se aumenta el precio de las cajetillas de cigarros para los fumadores, principalmente para los menores de edad: niñas, niños y adolescentes, ya que con la adhesión del marbete en dichas cajetillas se volverá más difícil la compra y, por lo tanto, el consumo de cigarros piratas o falsificados, toda vez que no será lo mismo adquirir cigarros a un precio menor que el que prevalece en el sector formal de la economía. En este sentido, también se propone que no se podrán distribuir o vender empaques que contengan menos de veinte cigarros, ya que lógicamente el precio por una cajetilla con 14 cigarros es menor, estando al alcance más fácil de esos menores de edad.

El marbete constituye, sin duda, un mecanismo que disminuye la asimetría de información entre los demandantes de tabaco; la industria tabacalera y el gobierno.

El sector público tendría un mayor control fiscal y sanitario tanto en el intercambio económico de cigarros así como en los ingresos de la Hacienda Pública; para los demandantes de tabaco, mayor comprensión sobre que el bien que están comprando, que de por si es perjudicial para su salud, no está adulterado. Para la industria, ir minimizando a través del tiempo el contrabando y la piratería de cigarros que se lleva a cabo en el sector informal de la economía, el cual no paga impuestos y tampoco está sujeto a regulaciones específicas, asumiendo que las tabacaleras en si mismas no fomentan la piratería y el contrabando de cigarros como medida de protección ante los posibles aumentos de los impuestos al tabaco.

Finalmente, no es óbice señalar que en cumplimiento con la Agenda Legislativa del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, la presente iniciativa corresponde a un paquete de propuestas que fundamentalmente buscan, por un lado, mejorar la salud pública por medio de la disminución del consumo de tabaco entre los mexicanos, principalmente entre los jóvenes, las niñas y los niños; y por el otro, que las autoridades hacendarias tengan un mayor y mejor control sobre el comercio de cigarros, minimizando el contrabando y la piratería que ocurre en la economía informal del país, tendiendo a incrementar la recaudación por concepto de tabaco. Por tal razón, el probable impacto presupuestal que tendría esta iniciativa quedaría resuelto con otra que se presentará próximamente en las sesiones de este periodo legislativo.

Por lo expuesto, la legisladora que suscribe, diputada a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos tercero, sexto y séptimo del artículo 4o.; así como en las fracciones XVI y XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 277, segundo párrafo; y se adiciona el artículo 276, con un último párrafo, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 276.- ...

I. a III. ...

...

El marbete a que hace referencia el artículo 277 de esta ley, será colocado de tal forma que no impida la visibilidad de las leyendas y mensajes que deben figurar en los empaques conforme a lo dispuesto en el presente artículo. Las disposiciones reglamentarias deberán atender lo dispuesto en este párrafo.

Artículo 277.- ...

No se venderán o distribuirán cigarros a los consumidores en empaques que contengan menos de veinte cigarros, en empaques que no tengan adheridos el signo distintivo de control sanitario y fiscal denominado marbete, cigarros sueltos o tabaco picado en bolsas de menos de diez gramos. El marbete se colocará en el empaque de tal forma que una vez abierto se inutilice o se rompa dicho marbete para que las personas puedan constatar que el producto es de legal procedencia.

...

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con las modalidades que establecen los artículos siguientes.

Segundo.- El Servicio de Administración Tributaria dentro de los 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, emitirá las reglas de carácter general en la que se establecerá la seguridad de los marbetes que se deberán adherir a los empaques de cigarros.

Asimismo la Secretaría de Salud expedirá, dentro de los 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las disposiciones reglamentarias que establece el último párrafo del artículo 276 de la Ley General de Salud que se adiciona mediante el presente decreto.

Tercero.- Todos los empaques que contengan cigarros que se produzcan o se importen a partir del 1o. de mayo de 2007, deberán tener adheridos el marbete que se establece mediante el presente decreto.

Cuarto.- Se derogan y, en su caso, se abrogan, todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, y se dejan sin efecto todas las disposiciones administrativas, reglamentarias, acuerdos, convenios, circulares y todos los actos administrativos que contradigan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil seis.

Notas:
1 Secretaría de Salud, 2001. "Nueva política para combatir el tabaquismo". Comunicado de Prensa No. 075, mayo del 2001.
2 Doll R, Peto R, Wheatley K, Gray R, Sutherland I. Mortality in relation to smoking: 40 years´ observations on male British doctors. Br Med J 1994; 309: 901-911; y Peto R, Lopez AD, Boreham J, Thun M, Heath C. Mortality from smoking in developed countries, 1950-2000: indirect estimation from national vital statistics. Oxford: Oxford University Press 1994.
3 Organisation for Economic Co-operation and Development. "OECD Health Data 2006". June, 2006.
4 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2004). "Encuesta Nacional de Adicciones 2002".
5 El resto está compuesto de personas con más de 30 años.

Diputada Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica)

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO DÁVILA ESQUIVEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PNA

Humberto Dávila Esquivel, Miguel Ángel Jiménez Godínez, Mónica Arriola Gordillo, Manuel Cárdenas Fonseca, Ariel Castillo Nájera, Jacinto Gómez Pasillas, Blanca Luna Becerril, Silvia Luna Rodríguez e Irma Piñeyro Arias, diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar que se turne a las comisiones de Puntos Constitucionales, y de Justicia y Derechos Humanos la presente iniciativa, que reforma el párrafo segundo del artículo 18 constitucional, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene el propósito de adicionar una fracción IV al artículo 8 de la Ley General de Educación, para considerar criterio rector de la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan y promuevan una actitud de fomento de las prácticas de respeto entre la relación ser humano-sociedad-medio ambiente, creando los instrumentos mediante los cuales el educando y la ciudadanía construyan valores, y adquieran conocimientos, aptitudes y habilidades orientados a la defensa y la comprensión del medio ambiente, teniendo como fin la prevención de problemas ambientales para garantizar una sana calidad de vida y un desarrollo sustentable de los recursos del país.

Antecedentes

En los años sesenta se comenzó a cuestionar el modelo de crecimiento establecido y se evidenció el impacto que en el ambiente el ser humano estaba provocando. Por eso se empieza a realizar una nueva lectura del medio en que se está inmerso y una nueva manera de ver e interpretar el mundo, una nueva percepción de la correlación ser humano-sociedad-medio ambiente va abriéndose paso.

La comisión de ilícitos y los problemas ambientales que de éstos se derivan no se impiden o reprimen exclusivamente regulando o previendo sanciones más severas sino por el conjunto de medidas interinstitucionales que, a partir del texto legal que como Poder Legislativo estamos obligados a emitir, deben orientarse a la elaboración de programas, estrategias y acciones específicas para la capacitación, prevención, y sostenida conservación de nuestros recursos naturales. Por eso a lo largo de estos años se ha planteado la necesidad de adoptar medidas educativas para frenar el creciente deterioro del planeta.

Se ha comprobado en varios países que una de las maneras más eficientes de proteger el medio ambiente es la educación, y no la imposición de sanciones más rígidas. Las relaciones entre educación y ambiente no son nuevas; sin embargo, la novedad que aporta la educación sobre el medio ambiente es que éste es el entorno o suma total de lo que nos rodea y que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas, y que sin él no podríamos vivir y su menoscabo afecta de manera directa a la sociedad en su conjunto.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3o., garantiza el derecho que todos los mexicanos tienen a recibir educación. Aun cuando se plantea que el criterio que orienta la educación es atender a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos (...), no se hace mención explícita de la necesidad de que la educación fomente el respeto y la protección de la naturaleza como medida preventiva para un aprovechamiento sustentable.

La Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993 no dio la importancia debida a la protección del ambiente a través de su instrumento que es la educación, ya que sólo hace mención sobre el ambiente en el artículo 7o., en cuyo inciso XI plantea como fin de la educación "hacer conciencia de la necesidad de un aprovechamiento racional de los recursos naturales y de la protección del ambiente". Pero no establece el criterio para llegar a este fin.

Un fin, tomando su acepción más simple "es el objeto o motivo con que se ejecuta algo",¹ y el criterio es entendido como el juicio, discernimiento o lineamiento sobre una cosa con un fin.

Tanto nuestra Constitución Política como la Ley General de Educación nos indican los fines que tendrá la educación, pero en materia ambiental no nos señalan el criterio a seguir para llegar al fin planteado.

Por ello considero importante establecer el criterio que oriente la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan, encaminado a los fines establecidos en relación con el ambiente, ya que sólo si se constituye como un medio para elevar la conciencia ecológica de la población se podrán consolidar los esquemas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que el país necesita y la protección de éstos.

Como criterio rector de la educación, la protección del ambiente debe ser parte integral para la formación cultural de la niñez y la juventud, fortaleciendo la conciencia ecológica para la prevención del delito y de problemas ambientales, a través de los instrumentos que el Estado brinde para que los ciudadanos construyan valores, y adquieran conocimientos, aptitudes y habilidades orientados a la defensa y comprensión del ambiente para prever problemas y garantizar una mejor vida a los habitantes del país a través del desarrollo sustentable de los recursos del país.

Debe ser nacional para que se puedan coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y actualización para mejorar la capacidad de gestión ambiental de todos los educandos y enseñar el beneficio que trae el uso sustentable de los recursos naturales para que esto derive en su entendimiento y protección.

El Estado y sus organismos descentralizados como promotores de la educación deben estar obligados a contribuir con la formación de actitudes y valores de protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural en todos nuestros educandos, incluyendo los contenidos ambientales en los planes y programas de estudios y los materiales de enseñanza de los diversos niveles y modalidades de educación.

Debemos dar la importancia que esto merece. Por las razones expuestas se somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el articulo 8 de la Ley General de Educación

Artículo Primero. Se adiciona una fracción IV al artículo 8 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 8. ...

I. a III. ...; y

IV. Promoverá una actitud de fomento de las prácticas de respeto entre la relación ser humano-sociedad-medio ambiente, creando los instrumentos mediante los cuales el educando y la ciudadanía construyan valores, y adquieran conocimientos, aptitudes y habilidades orientados a la defensa y comprensión del ambiente teniendo como fin la prevención de problemas ambientales para garantizar una sana calidad de vida y un desarrollo sustentable de los recursos del país.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:
1 Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, página web http://www.rae.es/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 24 de octubre de 2006.

Diputados: Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Mónica Arriola Gordillo (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), Blanca Luna Becerril (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez, Irma Piñeyro Arias.

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS SÁNCHEZ BARRIOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En esta época en que se glorifica el dinero fácil, se hace indispensable recobrar toda la fuerza y dignidad del trabajo; no sólo como medio para atender a las necesidades del trabajador y su familia sino como instrumento para la plena realización del ser humano y el mejor camino para que un país logre sus designios históricos, los equilibrios sociales y la paz.

El derecho al trabajo es uno de los derechos humanos básicos, consagrado tanto por nuestra Carta Magna como por el derecho internacional. Todo individuo tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil, reclama el primer párrafo del apartado "A" del artículo 123 constitucional; a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, señala el artículo quinto de este mismo ordenamiento.

Los jóvenes que luchan por abrirse paso en la sociedad, demostrar sus capacidades, alcanzar sus sueños, formar una familia y contribuir al engrandecimiento de la patria no pueden ser excluidos del derecho a un empleo; por el contrario, deben recibir el apoyo social para que las nuevas generaciones puedan ser aprovechadas a plenitud por una sociedad sedienta de su energía y talento.

Si bien existe distancia entre la letra del derecho al trabajo y la realidad que vive nuestro país respecto de los jóvenes, el contraste adquiere niveles mayúsculos partiendo de los altos índices de desocupación que padecen.

Sin dudarlo, en la actualidad el mayor problema para los jóvenes en nuestro país y en el mundo es el desempleo. Millones y millones de jóvenes viven como excluidos, desterrados de este sistema, cargando con energías, conocimientos y títulos que son trocados en inutilidad entre índices intolerables de pobreza que podrían ser terminados, entre otros, si se permitiera a los jóvenes ejercer su capacidad de trabajo y creatividad.

Según datos de la OIT, hay un mínimo de 60 millones de jóvenes desempleados en el planeta; concretamente entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que nuestro país forma parte, el índice de desempleo es de 13.4 por ciento entre los 14 y 24 años; es decir, el doble que en los adultos, situación que se agrava en los países con mayor retraso. Es más, va en aumento el número de jóvenes que ni trabajan ni están incorporados al sistema educativo nacional, lo que significa quitarles futuro, viéndose favorecidos por este motivo problemas como el alcoholismo, toxicomanía, delincuencia y migración.

Todo ello representa un contrasentido, ya que cuando la persona está en su mayor plenitud física y mental e incluso educativa, ve cerradas las puertas para acceder a un trabajo, con el pretexto de que carecen de la suficiente experiencia. No podemos ni debemos ver como pasan por el mercado laboral más generaciones de jóvenes sin futuro y sin esperanza. Debemos tomar medidas urgentes para respaldar a estos jóvenes apoyando de esta manera el desarrollo del país; de lo contrario, irán en crecimiento las fricciones y la posibilidad de que se perturbe la paz social. Recientemente hemos sido testigos de las violentas protestas de jóvenes en Francia, en contra del llamado "contrato del primer empleo".

En nuestro país, una parte de los jóvenes creyeron en la promesas del "gobierno del cambio" sobre la creación de, mínimamente, un millón de empleos formales cada año para favorecer prioritariamente a los jóvenes; sin embargo, en todo el sexenio no se alcanzó la meta anual planteada.

Así, entre los jóvenes de 19 años el desempleo aumentó de 4.1 por ciento en el 2000 a 8.6 por ciento en el 2003; en el mismo periodo, entre los jóvenes de 20 a 24 años este indicador se incrementó de 3.8 a 7.4 por ciento.

Sobra decir que el acceso de los jóvenes a empleos formales es casi imposible, por lo que mayoritariamente acceden a empleos informales sin prestaciones laborales y sin seguridad social.

Los jóvenes profesionistas no están excluidos de esta problemática; por el contrario, muchas veces se agrava su marginación: abogados, profesores, médicos y demás no ven ningún camino para incorporase a las filas de los empleados.

Las medidas gubernamentales para atacar este grave problema social son absolutamente insuficientes. Nada de un seguro de desempleo, programas para emprendedores, estímulos fiscales para el empleo de los jóvenes. Esta omisión deja a nuestros jóvenes a merced de las mafias, de los vicios, del suicidio.

Esto es inadmisible, los jóvenes son seres humanos cuyos derechos deben ser tutelados a plenitud: derecho a la vida, a la salud, al trabajo, a su pleno desarrollo, entre otros. En tal virtud, la sociedad y el Estado deben tomar todos los instrumentos a su alcance para transformarlos en realidad, en lugar de reducirlos a incapacitados por decreto, o en mexicanos de segunda.

Todo lo contrario, en nuestra legislación existen disposiciones que, en lugar de fomentar sus derechos y, concretamente su derecho al trabajo, los obstaculizan. Una de estas disposiciones se encuentra en el texto del artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo, precisamente cuando señala que en igualdad de condiciones se preferirá, para ser empleado, a la persona que tenga una familia que sostener respecto de quien no tenga esa responsabilidad.

Desde luego, esta disposición tiene en parte razones loables que la justifican: el apoyo a la familia, como base de la sociedad, de la procreación, del desarrollo de los hijos y, en general del individuo; así como de la supervivencia y transmisión de las raíces nacionales y culturales. Sin embargo, en otro sentido, representa un golpe importante al empleo de los jóvenes ya que una mayoría de los mismos, por su edad, aún no han integrado una familia. En tal razón, son relegados para la obtención de un empleo. Formándose así círculos viciosos: por ser jóvenes, no tienen experiencia, y por no tener experiencia, no tienen trabajo; por no tener familia, no tienen empleo, y por no tener empleo, no tienen familia.

Sin embargo, el reclamo de los jóvenes porque se suprima este criterio de preferencia, que para ellos se transforma en obstáculo, también tiene sus motivos, en la necesidad de omitir todas aquellas disposiciones que de manera directa o indirecta atenten contra su derecho al trabajo, especialmente en estos momentos en que el desempleo de los jóvenes duplica o cuadruplica, según la actividad, la tasa promedio de desempleo que sufren los adultos.

En el afán de armonizar ambos reclamos, que tienen espacios de verdad y razones de peso, propongo una reforma al artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo para que la preferencia por razón de familia no opere contra los jóvenes, es decir, sólo se aplique para los trabajadores mayores de 30 años, para quedar como sigue la parte alusiva: "En los casos de personas de treinta años y más, los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo el sostén económico de una familia........"

Complementariamente propongo una reforma al artículo 7o. de la Ley Federal del Trabajo: "En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá garantizar que de su plantilla laboral, por lo menos el noventa por ciento sean trabajadores nacionales, y una quinta parte jóvenes de hasta 30 años de edad?" De esta manera se busca asegurar un mínimo de plazas para los jóvenes, en complemento con la reforma ya precisada del artículo 154; lo que se traduce en disposiciones concretas para ir acabando con el fenómeno del desempleo que oprime a los jóvenes.

Además, se propone la adición de un párrafo cuarto al artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo, en los siguientes términos: "Las autoridades laborales deberán aplicar programas para impulsar la capacitación y empleo de los jóvenes; las autoridades fiscales, por su parte, deberán operar estímulos a este mismo efecto". Esta adición se explica por sí misma.

Asimismo, se propone adicionar una fracción XXIX al artículo 132 para establecer como obligación de los patrones emplear y capacitar a jóvenes en el porcentaje que se establece en el artículo 7o. de la Ley Federal del Trabajo que hoy se somete a su consideración.

La presente iniciativa a favor de los derechos de los jóvenes trabajadores del apartado "A" del artículo 123 constitucional también beneficiará, por aplicación analógica, a los jóvenes del apartado "B" de este mismo precepto, los cuales también han sufrido exclusión en el empleo por los motivos ya señalados, destacadamente los profesores recién egresados.

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se reforman los artículos 7o., primer párrafo, y el 154, primer párrafo; y se adicionan los artículos 3o., con un párrafo cuarto, el 132, con una fracción XXIX, y el 154, con un párrafo segundo, recorriéndose los siguientes párrafos, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ......

........

.........

Las autoridades laborales competentes deberán aplicar programas para impulsar la capacitación y empleo de los jóvenes; las autoridades fiscales, por su parte, deberán operar estímulos fiscales a este mismo efecto. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se establecerán las asignaciones presupuestales para el cumplimiento de los programas y estímulos antes señalados. El monto anual que destine la Cámara de Diputados no podrá ser menor, en términos reales, al asignado en ejercicios previos. Dicho monto será independiente de cualquier otro fondo o programa federal, y no podrá destinarse a fines distintos.

Artículo 7o. En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá otorgar empleos, a fin de garantizar, que al menos un noventa por ciento de trabajadores de su plantilla laboral la integren trabajadores mexicanos y una quinta parte jóvenes de hasta treinta años de edad. En las categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda del diez por ciento de los de la especialidad. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos.

.........

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

I. a XXVIII. ........

XXIX. Emplear y capacitar a jóvenes en el porcentaje que establece el artículo 7 de la presente ley.

Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén.

En los casos de personas de treinta años y más, los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso económico tengan a su cargo el sostén económico de una familia.

Si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y el estatuto sindical.

Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 y subsecuentes, se deberán destinar los recursos suficientes para los programas y estímulos referidos en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.

Diputado Carlos Sánchez Barrios (rúbrica)

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Y SAMUEL AGUILAR SOLÍS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos, diputados Lorena Martínez Rodríguez y Samuel Aguilar Solís, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 16, 17 y 19, y deroga el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La historia del presupuesto como sistema formal ordenador de la información sobre ingresos y gastos públicos es tan antigua como la del Estado moderno. La necesidad de un instrumento de esta naturaleza se hace sentir a partir del momento en que las actividades económicas del Estado se multiplican de manera acelerada, para marchar paralelamente o incluso para rebasar el proceso por medio del cual el capitalismo, como sistema económico dominante a partir del siglo XVI, va modelando y dirigiendo los grandes trazos de la vida económica, política, social e institucional de Occidente.

En la Edad Media, los gastos de los soberanos y príncipes cobraron una importancia sin precedente: toda la vida económica giraba en torno de la necesidad apremiante de fortalecerlo por medio de una estrategia de acumulación de metales preciosos, cuyos acervos significaban justamente el grado de poderío alcanzado por un Estado nacional, creando conflictos entre los intereses y las preferencias de la elite político-social y los de la sociedad en su conjunto.

No es sino hasta vísperas de la Revolución Francesa cuando se decreta que ningún gravamen podrá ser impuesto sin el consentimiento de la nación, vía sus representantes. De esa forma, el control de los ingresos y los gastos adopta un carácter constitucional y su ejemplo se convierte en una doctrina básica del constitucionalismo moderno para el resto de las naciones.

El principio de representatividad sólo puede entenderse a cabalidad cuando se liga con el concepto de "soberanía nacional"; ésta se expresa por medio de un grupo de personas elegidas especialmente con ese propósito que, consecuentemente, tendrán la calidad de representantes de la nación.

De acuerdo con nuestra Constitución, el jefe de Estado encarna la soberanía nacional y el Poder Legislativo la soberanía popular. Por ello, el objetivo último de la cohabitación radica precisamente en trabajar con armonía.

Los ejemplos que la historia nos muestra sobre las cohabitaciones políticas nos inducen a pensar que no se trata de un asunto de sistemas políticos o de sistemas de gobierno sino, simplemente, del trabajo conjunto de estos dos poderes buscando siempre el interés nacional.

Se trata de una colaboración entre poderes (Ejecutivo-Legislativo), donde la misma Constitución Política asigna las atribuciones y funciones respectivas.

La política económica sólo la hacen los gobiernos, y el principal instrumento de política económica con que cuentan es el gasto público.

La génesis y el desarrollo de un presupuesto público traducen las luchas entre las cúpulas de las organizaciones políticas nacionales y las representaciones parlamentarias o camarales de la sociedad civil, para controlar los recursos presupuestales, principalmente los de carácter tributario, y orientar en un sentido muy definido su contraparte de gastos.

Por todo esto es lamentable que las reformas recientes de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria consideren una serie de candados que imposibilitan la discusión sobre la iniciativa de Ley Federal del Presupuesto de Egresos, convirtiendo la Cámara de Diputados en simple oficialía de partes que contraviene lo establecido en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es inadmisible que el "síndrome" del déficit público se convierta en una "camisa de fuerza" y el paradigma neoliberal del "equilibrio económico" sea el fin que justifica todo, hasta la no modificación por ley del Presupuesto que envía el Ejecutivo.

De esa manera, obras de infraestructura como una escuela, un hospital, una carretera o una presa que se hayan recogido como demanda en las campañas políticas como necesidades reales de las comunidades, municipios, regiones o entidades federativas no podrán ser incorporadas al Presupuesto, a menos que se siga un camino tortuoso y burocrático, como establece el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice: "A toda propuesta de aumento o creación de gasto del Proyecto de Presupuesto de Egresos deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta del financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones del gasto..." Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no este comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado en ley posterior; en este último caso, primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior.

Por otra parte, es importante señalar la discrecionalidad de dicha ley, donde se faculta al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, para autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos.

La Cámara de Diputados, de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución General de la República, en la fracción IV establece que "aprobará anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal", de tal suerte que todo gasto que realice el Ejecutivo federal debe ser aprobado por esta soberanía, eliminando todo tipo de discrecionalidad.

En un acto de congruencia legislativa, pero sobre todo con objeto de cumplimentar cabalmente lo mandatado en nuestra Ley Fundamental, es menester adecuar la citada ley, en aras de no violentar los preceptos constitucionales.

Por lo anterior, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 16, 17 y 19, y deroga el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 16. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la administración pública federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que se derivan del mismo.

I. Se deroga.

II. Se deroga.

III. Se deroga.

IV. Los criterios generales de política económica explicarán las medidas de política fiscal que se utilizarán para el logro de sus objetivos, las estrategias y metas, así como las acciones que correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía.

Artículo 17. El gasto neto total propuesto por el Ejecutivo federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el que apruebe la Cámara de Diputados y el que ejerza en el año fiscal por los ejecutores del gasto procurará el equilibrio presupuestario.

Las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un déficit presupuestario de hasta 2 por ciento.

I. Se deroga.

II. Se deroga.

III. Se deroga.

Artículo 18. Se deroga.

Artículo 19. El Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría y con aprobación de la Cámara de Diputados, podrá autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las entidades, conforme a lo siguiente:

I. ... Transitorio

Único. La presente iniciativa entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2006.

Diputados: Lorena Martínez Rodríguez, Samuel Aguilar Solís (rúbrica).

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ROJAS GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, Carlos Rojas Gutiérrez, diputado federal a la LX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con base en las facultades que me confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presento ante esta honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 190 y 191 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 50 de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con respecto a la obligada neutralidad del Presidente de la República y los servidores públicos de la administración pública federal y las entidades paraestatales, así como los otros órdenes de gobierno durante los procesos electorales y la posible anulación del proceso electoral presidencial, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Las democracias están en constante evolución y deben desarrollar la aptitud de adaptarse a las condiciones siempre cambiantes, así como garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y la soberanía popular.

En virtud de los hechos electorales y postelectorales ocurridos en los comicios federales del pasado 2 de julio, resulta indispensable actualizar la legislación vigente en materia electoral para evitar que el Presidente de la República, cualquier dependencia pública federal, los gobiernos estatales y los municipios contribuyan con sus acciones a crear condiciones inequitativas o de ilegalidad en las contiendas para la renovación de los poderes.

Las sucesivas reformas electorales, en especial las de los años 90, auguraban un periodo de credibilidad, certeza y justicia en los comicios. Los procesos de renovación de la presidencia en el 2000 y del Congreso en el 2000 y 2003 ocurrieron sin mayores dificultades, de manera que se suponía indubitable la capacidad de las autoridades electorales y del marco normativo, para superar cualquier dificultad.

Sin embargo, el proceso comicial de 2006, la actuación de los gobernantes, de las autoridades electorales y de los órganos jurisdiccionales pusieron de manifiesto que se requiere una nueva generación de reformas, para corregir los abusos y desviaciones que atentan contra la vida democrática del país.

En la propia resolución definitiva e inatacable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la elección presidencial en el 2006 se reconocen diversas conductas reprobables cometidas durante el pasado proceso electoral, en especial por el gobierno federal y algunos organismos de la sociedad civil y que por falta de sanciones suficientes, previstas en la ley, se corre el grave riesgo de que sigan ocurriendo.

La sociedad y la democracia mexicana exigen que los órganos electorales y jurisdiccionales cuenten con mayores elementos para impedir los excesos del poder público y de otros actores.

Sobre todo, se busca prohibir explícitamente en la ley que quienes ejercen una responsabilidad oficial intervengan indebidamente en los procesos electorales. De lo que se trata es de dotar a estos últimos de mayor certidumbre jurídica y legitimidad política.

Es pertinente insistir que en los comicios federales más recientes la equidad quedó en entredicho. Por ello, es necesario revisar, al menos, tres aspectos fundamentales: la intervención excesiva de los poderes públicos y los tres órdenes de gobierno, en particular el Presidente de la República en los procesos electorales; la intromisión indebida de organizaciones de la sociedad civil y de las cámaras empresariales, cuyos objetivos son distintos a la participación política; y el abuso en el uso de los medios de comunicación en asuntos de carácter electoral por dichos actores.

Todas estas cuestiones están vinculadas con un elemento central que es la mediatización de las campañas políticas, con un gasto inadmisible, sobre todo en una sociedad que padece enormes carencias. De lo que se trata es de evitar que se repita la iniquidad en las elecciones y disminuir el gran costo económico que representan en la actualidad y, el cual es financiado fundamentalmente con recursos públicos.

En consecuencia, es indispensable que el Poder Legislativo ejerza sus facultades para llevar a cabo reformas al marco jurídico en materia electoral y que a través de ellas sea posible establecer mayores condiciones para alcanzar la equidad y propiciar contiendas políticas auténticamente libres y democráticas.

Por eso, propongo un régimen más estricto, eficaz y exigible sobre la imparcialidad que el Presidente de la República en su carácter de Jefe de Estado debe asumir durante el proceso de elección de su sucesor y que las contiendas democráticas se resuelvan con un auténtico apego a la equidad y el respeto a la ley.

Por lo anterior, dada la estructura actual de los medios de control de legalidad previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es necesario insertar como causal de nulidad abstracta de la elección presidencial la intervención indebida del Presidente de la República, de las dependencias a su cargo, de los gobiernos estatales y municipales y de organismos de la sociedad civil que debieran mantenerse al margen para que la ciudadanía pueda ejercer su voto de manera libre y razonada.

En virtud de los argumentos señalados, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se adicionan los numerales 7, 8 y 9 al artículo 190 y el numeral 2 del artículo 191 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 190.

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. El Presidente de la República, los gobernadores de los estados y los presidentes municipales, no podrán realizar por sí o a través de cualquier dependencia pública o funcionario subalterno, cualquier acto directa o indirectamente encaminado a favorecer a un candidato en lo particular o perjudicar a uno o varios de ellos, desde el inicio del proceso electoral y hasta la culminación del mismo.

8. La promoción de las acciones, obras y programas de gobierno se suspenderán, ya sea mediante el uso de los tiempos oficiales, el pago directo a los medios de comunicación o cualquier otra forma de acuerdo administrativo o fiscal, a partir de la fecha en que concluya el periodo de registro de los candidatos presidenciales.

Durante el proceso electoral federal sólo podrán transmitirse por los medios de comunicación escritos y electrónicos aquellos mensajes gubernamentales relacionados con campañas de carácter cívico; de prevención y promoción de la salud; los relacionados con la seguridad nacional y ciudadana; con la protección civil; con la educación y la cultura; y con el cuidado del medio ambiente.

El tiempo oficial que el gobierno federal deje de usar para promover la obra pública en el periodo mencionado, se distribuirá entre los partidos políticos conforme a los criterios establecidos en este ordenamiento.

9. Ninguna persona física o moral u organización de la sociedad civil podrá realizar propaganda o financiarla a favor o en contra de candidato alguno durante el proceso electoral.

Artículo 191

1. ...

2. La violación de las prohibiciones de los numerales 7, 8 y 9 del artículo 190, en que incurran respectivamente el Presidente de la República, o los sujetos del numeral 7, deberá ser sancionada por el Consejo General con amonestación pública y el retiro inmediato de los mensajes publicitarios, además de notificar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos legales a los que hubiera lugar.

Artículo Segundo. Se reforma el inciso a) del numeral 1 del artículo 50 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue:

Artículo 50. ...

1. ...

a) En la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por error aritmético; o bien, la totalidad de los resultados consignados sin referencia a actas en particular, cuando se incurra en las conductas prohibidas en los numerales 7, 8 y 9 del artículo 190 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y los actos violatorios sean determinantes para el resultado de la elección, para cuya ponderación el Tribunal se allegará todos los elementos disponibles para cuantificar el impacto en la intención de voto o en el sufragio emitido. ...

Artículos Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2006.

Diputado Carlos Rojas Gutiérrez (rúbrica)

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos diputados federales, integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona a los artículos 4, 28, 131 y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, 21-A, 55, 59, 60, 62, 77, 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión; y el 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Exposición de Motivos

1. Antecedentes

El 13 de noviembre del 2001, en mi carácter de diputado federal ante la LVIII Legislatura presenté una iniciativa de reformas a los artículos 61 y 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General con el propósito de fortalecer las capacidades de mediación y de opinión de los legisladores. Ni en esa Legislatura ni en la posterior fue dictaminada, si bien en la reciente reforma a la Ley Orgánica del Congreso, algunos de los tópicos de la misma fueron tomados como referencia.

Al inicio de la actual Legislatura presenté una excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, misma que fue instruida -en paquete- por la Presidencia de esta Cámara. En este lapso hemos realizado consultas sobre el contenido de la iniciativa para actualizarla y buscar un camino más eficaz para su dictamen y en su caso aprobación.

Del análisis realizado y las consultas formuladas, hemos retirado las modificaciones de la Ley Orgánica de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; dejando en la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa relativa a los artículos 61 y 65 constitucionales.

Con base en el espíritu original que motivó la iniciativa en comento presentamos hoy una propuesta más acabada con el propósito de que en el marco del inicio de la LX Legislatura, se propicie un debate más riguroso sobre las condiciones institucionales indispensables para que los legisladores, en su carácter de representantes populares, ejerzan sus funciones, con la determinación y la plenitud que requiere la compleja situación política nacional que estamos enfrentando.

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada el 13 de noviembre del 2001 argumentamos que:

"El avance Democrático -del que son fenómenos correlativos el pluralismo y el gobierno compartido del Congreso de la Unión- es resultado de un largo proceso de reformas derivadas de la determinación y el acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en esta Asamblea. Con todo y que la alternancia en el Ejecutivo federal y el relevo en la administración se dieron en un marco de estabilidad y gobernabilidad, la consolidación de las instituciones democráticas es una tarea sin concluir.

Claramente, cada uno de los Poderes de la Unión enfrenta su propio desafío en el desempeño de las facultades que la Constitución le confiere. Cada Poder es responsable ante la Nación y ante la historia del grado de determinación política y compromiso ético con que enfrentan, día a día, las disyuntivas que plantea el desarrollo y la convivencia armónica de la sociedad.

México posee un sistema presidencial puro que se apoya todavía en las mismas bases normativas y legales que dieron paso a un Ejecutivo federal fuerte que durante varias décadas permitió al país avanzar en la elevación de sus niveles de vida en un contexto de estabilidad. Sin embargo, en el nuevo escenario político, el sistema presidencial prevaleciente, con sus facultades constitucionales y metaconstitucionales, podría representar obstáculos para la consolidación democrática, especialmente en lo que se refiere al equilibrio de poderes -en sus vertientes de colaboración y limitación recíproca. La preeminencia de un solo partido en ambas cámaras aseguró por varias décadas un alto nivel de unidad y coherencia de la acción pública. Tal preeminencia ha concluido y nuestros arreglos institucionales deben ser adaptados a la nueva realidad.

En México el principio constitucional según el cual la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo y que, por lo tanto, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, funda la división del Supremo Poder de la Federación en Legislativo, Ejecutivo y Judicial como órganos institucionales para su ejercicio. Así, la Constitución mexicana localiza y precisa las diversas funciones del Estado mexicano en tres órganos distintos e independientes, como principio de limitación y colaboración de un Poder de la Federación, mediante fórmulas constitucionales de competencia, función y equilibrio de los citados órganos. Nuestra Constitución política denomina al primer capítulo de su Título Tercero, "De la división de Poderes" y establece en su artículo 49: "El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación".

Para Maquiavelo la división de poderes obedecía a una separación de funciones, a efecto de restar cargas y presiones al Príncipe sobre aquellos asuntos y decisiones que, inevitablemente, afectarían a uno u otro grupo de la población restando popularidad y apoyo al dignatario. Quizás Maquiavelo no estaba muy distante de las interpretaciones que hoy parecen darse en algunas esferas, sobre la división de poderes.

A mediados del siglo XVIII, Montesquieu -propiamente el arquitecto de la estructura del Estado liberal- profesó un planteamiento más formal, estableciendo por encima de todo, los principios de bienestar del pueblo y la libertad de los ciudadanos. El amor a la libertad hace necesario dividir el poder del Estado en Ejecutivo, Legislativo y Judicial a efecto de evitar la tiranía y la degeneración en el ejercicio del poder. El conjunto de pesos y contrapesos, equilibrios y limitaciones mutuas, interferencias y frenos, factores de moderación y contención; han evolucionado con matices diferentes, ya sea en sistemas parlamentarios o presidencialistas.

Hoy por hoy, se reconoce que tal división de poderes no es ni puede ser absoluta. Que no es útil, al interés general, la confrontación o la polarización de posiciones políticas al grado que los poderes se anulen totalmente entre sí. La soberanía de cada una de las Cámaras tampoco es absoluta. Es relativa en cuanto a que existe interdependencia en algunas de las resoluciones en la que es indispensable el voto de ambas Cámaras, o tratándose de reformas constitucionales de la mayoría de los Congresos de los Estados. También la Constitución otorga facultades al Ejecutivo Federal que limitan las resoluciones del Congreso.

Se reconoce, también, que sin equilibrio, no puede haber división real de poderes. Tal equilibrio tiene que ver con las condiciones jurídicas y políticas para que ambos poderes ejerzan a plenitud sus facultades y funciones. Y este es quizá el problema central de las instituciones del Estado mexicano. ¿Existe el equilibrio de poderes en México? Sólo parcialmente, ya que el Poder Legislativo enfrenta dificultades para ejercer plenamente sus facultades, funciones formales y desempeñar eficazmente su papel político de mediación. Por lo que atañe al primer punto, por ejemplo, la fiscalización del Poder Ejecutivo es aún subóptima y, por lo que atañe al segundo punto, su presencia en el debate nacional, a través de los medios escritos y electrónicos de comunicación, está aún muy por debajo de la que corresponde a su papel en un sistema democrático".

La exposición concluye proponiendo una agenda mínima para forjar un nuevo equilibrio de poderes, a partir de:

Primero. La revisión a la facultad de veto que otorga el artículo 72 al titular del Poder Ejecutivo federal dado que, en el conjunto de las disposiciones que contiene, obliga a la votación calificada para aprobar una ley o decreto que en principio haya sido rechazado u objetada por el Ejecutivo federal.

Segundo. El fortalecimiento de las funciones de fiscalización a través del Órgano de Fiscalización Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, el cual está funcionando con evidentes limitaciones jurídicas y materiales.

Tercero. La reorientación en la competencia, exclusiva de la Cámara de Diputados, para definir el Presupuesto anual de la Federación y del Distrito Federal, de tal manera que se eviten excesos burocráticos, se fortalezca el gasto social y se consolide el federalismo.

Cuarto. La organización de la vida interna del Congreso que está enfrentando enormes dificultades, sea por el impacto del pluralismo o por la excesiva centralización de funciones que en principio ha puesto más atención en los controles y en la cohesión interna de las fracciones, que en el despliegue pleno y creativo de la iniciativa de los legisladores.

La iniciativa con proyecto de decreto que hoy presentamos, tiene que ver con este último tema de la agenda que proponemos para vigorizar la división de poderes y acercarnos a una ecuación, acorde a la nueva realidad política y, sobre todo, a las expectativas que han depositado los electores en los representantes populares que integramos el Congreso de la Unión.

La Legislación como la cultura parlamentaria tiende hacia el concepto clásico de observar únicamente a los procesos legislativos y sólo, de manera marginal, a los de representación popular. De esta forma, se desatienden dos funciones que nos parecen básicas en la vida del Congreso y en el papel de los Legisladores: el ejercicio real del derecho de opinión y la mediación social y política que es parte sustantiva de las exigencias y demandas legitimas de la ciudadanía.

Derecho de opinión

En primer término, se propone modificar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Para garantizar que los legisladores hagan realidad su derecho a opinar y que su voz sea escuchada en la complejidad que hoy tienen los medios electrónicos.

Es decir, hacer tangible el espíritu del artículo 61 de nuestra Constitución, respecto a que: "Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas." Hoy, la influencia de los medios impresos y, especialmente, de la radio y la televisión obligan a complementar este mandato, toda vez que la sola garantía de la libertad de opinión y expresión de los legisladores no es suficiente para difundir las propias actividades legislativas y las opiniones de los legisladores sobre los grandes problemas nacionales, los temas de debate con el Ejecutivo o los asuntos que interesan a la ciudadanía en cada uno de los 300 distritos que integran la representación nacional.

En la difusión pública de las resoluciones y los debates del Congreso, del trabajo de las Comisiones o de las comparecencias de los servidores públicos del Ejecutivo, las opiniones de los legisladores son consideradas secundarias, y frecuentemente son apreciadas con escasa objetividad. En los Distritos es evidente que la presencia en los medios escritos y en la radio y la televisión corresponde al Presidente de la República, a los gobernadores, a los presidentes municipales y en último término a los legisladores.

La creación del Canal de Televisión del Congreso General fue producto de una larga lucha de los miembros de diversas Legislaturas, particularmente de las LVI y LVII. El Canal inició actividades el 17 de marzo de 1998 y se formaliza mediante decreto del 30 de agosto de 1999. El Canal se ha consolidado de manera gradual y ha tenido el apoyo de la TV comercial al insertarse en los sistemas de transmisión vía satélite y de cable. También ha logrado integrar un equipo humano profesional y experimentado que garantizan un alto contenido y calidad en la programación y en las transmisiones, que merece el reconocimiento y agradecimiento de los miembros del Congreso. Quizás una de las aportaciones más importantes del Canal estriba en que su existencia ha demostrado que es posible la operación, desde el Congreso, de medios de comunicación masiva administrados de manera pertinente y en armonía el sistema de radio y televisión comercial y cultural prevalecientes. En suma el Canal del Congreso constituye un avance trascendente, que hoy debe ser consolidado. Hoy se requiere una mayor cobertura. Se requiere acompañar al Canal de TV mediante una red de estaciones de radio y, sobre todo, resulta primordial crear condiciones para una interlocución real y efectiva de los legisladores con la ciudadanía de cada una de las entidades federativas y de los 300 Distritos. El despliegue de la representación popular entraña un diálogo entre los parlamentarios y la población, premisa expresada por el histórico parlamentario inglés Edmundo Burke:

"Ciertamente, caballeros, la felicidad y la gloria de un representante deben consistir en vivir en la unión más estrecha, la correspondencia más íntima y en una comunicación sin reserva con sus electores. Sus deseos deben tener para él gran peso, su opinión máximo respeto, sus asuntos una atención incesante...Dar una opinión es derecho de todos los hombres; la de los electores es una opinión de peso y respetable, que un representante debe siempre alegrarse de escuchar y que debe estudiar siempre con la máxima atención"

La imperiosa necesidad de una revisión integral de las finalidades y contenidos de los medios de comunicación parlamentarios, equivale a plantear su expansión y complementación armónica, con el uso de tiempo oficial, y un amplio esquema de colaboración con los sistemas comercial y cultural. Promover la acción conjunta de los miembros de la población para solucionar problemas comunes, prevenir posibles riesgos y lograr el bienestar colectivo.

La estrategia de medios de ambas Cámaras debe responder a las funciones parlamentarias básicas y necesarias, ya que sólo mediante ella es posible el intercambio de datos, conocimientos, opiniones, criterios, conceptos y juicios; así como la expresión de urgencias, anhelos, inconformidades, proyectos, dudas, intereses y decisiones, entre otras cuestiones evidentes de la vida política. Mediante la reciprocidad que encierra ese mutuo criterio, se hace posible iniciar la elaboración de acuerdos, convenios y proyectos colectivos que pueden ser determinantes para la gobernabilidad, la legitimidad y la sanidad política, sin ella, ese caminar de ida y vuelta que se da en la comunicación un parlamento está imposibilitado para cumplir realmente cualquiera de sus otras funciones, atrofiando el espíritu democrático y racional de la misma.

Es por ello que se propone modificar el Título Quinto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que el Congreso cuente con los canales de televisión y de estaciones de radio con impacto y cobertura nacional:

1o. En consecuencia, se plantea la reforma al artículo 131 y 132 del Título Quinto que en esencia propone normar la difusión no únicamente de la información institucional del Congreso, sino también las opiniones, actividades y propuestas de los diputados y senadores y ampliar el actual sistema de televisión con una red de estaciones de radio. Además se amplían las funciones de la Comisión Bicameral, que, de aprobarse esta iniciativa será de Radio y Televisión del Congreso General.

El resto del articulado se adecua, incorporando las estaciones de radio ya que en el vigente sólo se habla del Canal de Televisión del Congreso.

2o. Se propone reformar los artículos 6, 21-A, 55, 59, 60, 61, 62, 77, 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión para:

a) Dotar al Congreso de la Unión de capacidad para operar canales y estaciones de televisión y radio, con cobertura en cada uno de los distritos electorales federales, de manera que los legisladores tengan una eficaz interlocución con sus representados;

b) Que las transmisiones gratuitas de las estaciones de radio y los canales de televisión comerciales aumente a 60 minutos -actualmente es de 30- y que el 50% de este tiempo sea utilizado por el Congreso y los legisladores de ambas Cámaras; y

c) Que se establezcan condiciones favorables para la suscripción de convenios con los sistemas de radio y TV culturales y comerciales.

Se trata, en suma: 1) De hacer realidad la libertad de expresión y el derecho de opinión de los legisladores estableciendo los mecanismos y disponiendo lo necesario para el acceso a todo tipo de medios;

2) Que se difundan los trabajos del Congreso y de las Cámaras como órganos colegiados, tanto como las opiniones y actividades de representación de los legisladores;

3) Fortalecer y asegurar el acceso a los medios comerciales, a los tiempos oficiales y a los canales de radio y televisión culturales.

Mediación Social

La segunda parte de la propuesta está vinculada con el concepto de representación política que, junto con las tareas legislativas de fiscalización superior y rendición de cuentas, constituye la esencia de las funciones del Congreso y, por ende, de los legisladores y las fracciones parlamentarias en las que están agrupados. El artículo 51 de la Constitución Política otorga a los integrantes de la Cámara de Diputados el carácter de representantes de la nación. En tal condición, los legisladores realizan acciones de mediación social y política para atender demandas ciudadanas y conflictos específicos.

La noción de representación es diversa, según se trate de regímenes presidencialistas, parlamentarios o mixtos, o bien se trate de formas de elección directa, de representación proporcional o mixta. Lo cierto es que en nuestra realidad los diputados uninominales por ser de elección directa, por el contacto vivo y permanente que mantienen con la ciudadanía y por tradiciones políticas que han tomado fuerza a lo largo del tiempo, están sujetos a una fuerte presión social, que es a la vez responsabilidad y compromiso.

La explicación simple y formal, y en cierta forma ortodoxa, de que el papel principal de los diputados tiene que ver sólo con mantener el orden y la estabilidad a través de la buena ley o de la eunomía en términos de la filosofía griega, no sólo es incomprensible para el pueblo sino antipolítica y contraria a las expectativas ciudadanas que se generan en los procesos de elecciones democráticas. Actualmente, el desempeño de la función de representación tiene en su contra no sólo la rigidez de la ley, sino también obstáculos propios de la competencia política. Por ello, no puede dejarse al arbitrio de las autoridades ejecutivas la atención digna y el trato justo que debe darse a la gestión de los diputados y senadores. De aquí que se proponga:

1o. Incorporar un numeral 5 al artículo 4o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que los diputados y senadores que no formen parte de la Comisión Permanente o tengan encomiendas específicas de las mesas directivas y en los periodos de receso acudan a los distritos y entidades federativas, para conocer la situación que guarda, se atiendan y tramiten las demandas de la ciudadanía ante las autoridades competentes e informen de sus actividades. Se agrega, también, cómo procede en términos de ley que las demandas ciudadanas sean tramitadas ante las autoridades municipales, estatales y federales o del Poder Judicial, según corresponda.

2o. También se agrega el numeral 2 al artículo 28, relativo al presupuesto asignado a las fracciones parlamentarias, para asegurar condiciones apropiadas y justas para que los diputados estén en posibilidad de desempeñar con dignidad y eficacia las tareas legislativas y de atención a la ciudadanía.

Se trata de fortalecer la presencia institucional del Congreso en cada uno de los Distritos tal y como sucede en diversos Parlamentos, incluyendo algunos en el ámbito local. Esta representación de la Cámara de Diputados, además de apoyar el trabajo de los legisladores, podría tener servicios de acceso a la información parlamentaria y ser la sede distrital de la Auditoria Superior de la Federación.

3o. Por último, se propone adicionar la fracción IX al artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que se refiere al destino de los recursos del Programa para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas, para que el 10% del citado programa sea ejercido por las entidades federativas a propuesta de los diputados y senadores electos por el principio de mayoría.

Convocamos a los Coordinadores de las fracciones parlamentarias y a toda la Asamblea a que prevalezca el buen juicio y la capacidad de renovación y de acción que nos anima. Que el legislador vea reflejado el proyecto de sus representados en la grandeza del Congreso y en la trascendencia de las decisiones legislativas, de las funciones de vigilancia y fiscalización, de asignación presupuestal y de aquéllas que derivan de la mediación política y social.

El futuro del Congreso Mexicano depende de su capacidad de adaptación, de su renovada vocación para desempeñar con dignidad y transparencia su nuevo papel de contrapeso y elemento de equilibrio en un sistema político abierto y pluralista, y de ser un interlocutor eficaz y receptivo entre la sociedad y el Gobierno.

En consecuencia de lo anterior, proponemos a esta Asamblea la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4, 28, 131 y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, 21-A, 55, 59, 60, 61, 62, 77 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión; y el 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo Primero.- Se adicionan: el numeral 5 al artículo 4 ; el numeral 2 al artículo 28 ; y se reforman los artículos 131 y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. En los periodos de receso, los diputados y senadores que no formen parte de la Comisión Permanente o tengan encomiendas específicas de las mesas directivas, conocerán del estado que guardan las demarcaciones que representan y atenderán a la ciudadanía, debiendo presentar y difundir ampliamente un informe anual de actividades legislativas, de gestión y de representación en las que hubiesen participado. En todo caso, darán trámite de las demandas ciudadanas ante las autoridades municipales, estatales y federales o del Poder Judicial, federal o local, según corresponda.

Artículo 28.

1.- ...

2. En el Presupuesto Anual de Egresos de la Cámara de Diputados, se dispondrá lo necesario para que los diputados estén en posibilidad de desempeñar con dignidad y eficacia las tareas legislativas y de atención a la ciudadanía, así como para su amplia difusión en las demarcaciones que representan.

Título Quinto

De la difusión e información de las actividades del Congreso y de las opiniones e iniciativas de los diputados y senadores

Artículo 131.

1. El Congreso de la Unión y de las Cámaras como órganos colegiados, para la difusión de sus actividades y de las opiniones e iniciativas de los diputados y senadores, y de acuerdo con la legislación en la materia, contará con las estaciones de radio y canales de televisión que le asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables; dispondrá de las retransmisoras necesarias para tener cobertura en los 300 Distritos Uninominales que integran la representación nacional; tendrá acceso al 50% de los tiempos oficiales de radio y televisión; y dispondrá del presupuesto necesario para que los diputados y senadores accedan a las estaciones de radio y televisión comerciales de mayor impacto en las demarcaciones que representen. En el caso de los canales culturales, ambas Cámaras celebrarán convenios en los términos de la legislación aplicable.

2. Los canales de radio y televisión tienen por objeto reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades de las Cámaras del Congreso, de la Comisión Permanente y de los diputados y senadores; así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculadas con la actividad legislativa y de representación de los legisladores federales en las entidades federativas y los distritos.

Artículo 132. ...

1. Para la conducción de las actividades que desarrollan los Canales, se constituye la Comisión Bicameral de los Canales de Radio y Televisión del Congreso de la Unión.

2. ...

3. La Comisión informará al inicio de cada periodo ordinario de sesiones en cada Cámara, a través de las respectivas mesas directivas, sobre el desarrollo de las actividades de los canales de radio y televisión.

4. Los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de ambas Cámaras podrán solicitar al responsable de los canales copias de las video y radio grabaciones a través del mismo.

5. La organización y funcionamiento de los canales de radio y televisión se sujetarán a las disposiciones legales aplicables y a las reglamentarias específicas que al efecto dicte el Congreso de la Unión, así como a las políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe la Comisión Bicameral.

Artículo Segundo. Se reforman y adicionan los artículos 6, 21-A, 55, 59, 60, 62, 77 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión para quedar como sigue:

Artículo 6o.- En relación con el artículo anterior, el Ejecutivo federal por conducto de las Secretarías y Departamentos de Estado, el Congreso de la Unión a través de la Comisión Bicameral de Radio y Televisión, los gobiernos de los estados, los ayuntamientos y los organismos públicos, promoverán la transmisión de programas de divulgación con fines de orientación social, legislativa, cultural y cívica.

Artículo 21-A. La Secretaría podrá otorgar permisos de estaciones oficiales a Dependencias de la Administración Pública Federal Descentralizada, a las entidades a que se refieren los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a los gobiernos estatales y municipales y a las instituciones educativas públicas. Asimismo, otorgará los permisos para el funcionamiento de las estaciones de radio y televisión que determine el Congreso de la Unión.

Artículo 55.- Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:

I. Los convenios celebrados por las difusoras, con el gobierno federal, el Congreso de la Unión, gobiernos locales, ayuntamientos y organismos públicos, en interés de la Sociedad o de un servicio público;

II. ...

Artículo 59.- Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 60 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales, legislativos y de orientación social. El 50 % de este tiempo será utilizado por el Ejecutivo federal y el 50% restante por el Congreso de la Unión y de los legisladores que integran ambas Cámaras. El Ejecutivo federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y Televisión. El Congreso de la Unión, a través de su Comisión Bicameral de Radio y Televisión, definirá el contenido y las modalidades de uso del tiempo que le corresponda, así como su distribución para difundir las opiniones, iniciativas y actividades de los legisladores en las demarcaciones que representen.

Artículo 60.- Los concesionarios de estaciones radiodifusoras comerciales y los permisionarios de estaciones culturales y de experimentación, están obligados a transmitir gratuitamente y de preferencia:

I. ...

II. ...

III. Las convocatorias de los miembros del Congreso de la Unión, cuando se trate de consultas sobre iniciativas de ley o de decreto de interés nacional o regional.

Artículo 62. Todas las estaciones de radio y televisión en el país, estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación o de la Comisión Bicameral de Radio y Televisión del Congreso de la Unión.

Artículo 77. Las transmisiones de radio y televisión, como medio de orientación para la población del país, incluirán en su programación diaria información sobre acontecimientos de carácter político, legislativo, social, cultural, deportivo y otros asuntos de interés general nacionales o internacionales.

Artículo 90. Se crea un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, denominado Consejo Nacional de Radio y Televisión, integrado por un representante de dicha Secretaría, que fungirá como presidente, uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otro de Educación Pública, otro de Salubridad y Asistencia, tres de la Comisión Bicameral de Radio y Televisión del Congreso de la Unión, dos de la industria de la radio y televisión y dos de los trabajadores.

Artículo Tercero. Se adiciona la fracción IX al artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 85. Los subsidios correspondientes al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinarán:

(...)

IX. El 10 por ciento será ejercido por las entidades federativas, a propuesta de los diputados federales electos en cada uno de los 300 Distritos uninominales y los senadores electos por el principio de mayoría, para obras de infraestructura y programas de asistencia social que les demande la ciudadanía.

Transitorios

Artículo Único. Las presentes adiciones y reformas entrarán en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 24 de octubre de 2006.

Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)

Dictámenes

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO ALBERTO VADAS Y KUHN PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO DE CÓNSUL HONORARIO DE LA REPÚBLICA DE HUNGRÍA EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, CON CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR EN EL ESTADO DE MORELOS

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 14 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Alberto Vadas y Kuhn, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Hungría en Cuernavaca, Morelos, con circunscripción consular en el estado de Morelos.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día 19 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.

b) Que los servicios que el propio interesado prestará a la República de Hungría, serán de carácter estrictamente consular, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV, del apartado C), del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Alberto Vadas y Kuhn, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Hungría en Cuernavaca, Morelos, con circunscripción consular en el estado de Morelos.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de octubre de 2006.

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , secretario; Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), secretaria; Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, secretario; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés, secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO EDUARDO TOMÁS CAMBEROS VIZCAÍNO PARA ACEPTAR Y DESEMPEÑAR EL CARGO DE CÓNSUL HONORARIO DE LA REPÚBLICA DE PARAGUAY EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, CON CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR EN EL ESTADO DE JALISCO

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 2 de octubre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Eduardo Tomás Camberos Vizcaino, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República del Paraguay, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con circunscripción consular en el estado de Jalisco.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día 12 de octubre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento.

b) Que los servicios que el propio interesado prestará a la República del Paraguay, serán de carácter estrictamente consular, y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción IV del apartado C) del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Único.- Se concede permiso al ciudadano Eduardo Tomás Camberos Vizcaino, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República del Paraguay, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con circunscripción consular en el estado de Jalisco.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de octubre de 2006.

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , secretario; Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), secretaria; Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, secretario; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LAS CIUDADANAS LORENA PALACIOS DUEÑAS Y CARIÑO ARELI PADILLA DÍAZ PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE ITALIA EN MÉXICO

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el día 4 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Lorena Palacios Dueñas y Cariño Areli Padilla Díaz, puedan prestar servicios de carácter administrativo en el Instituto Italiano para el Comercio Exterior, en la Embajada de Italia en México.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 19 de septiembre, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.

Considerando

a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.

b) Que los servicios que las propias interesadas prestarán en la Embajada de Italia en México, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II) del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso a la ciudadana Lorena Palacios Dueñas, para prestar servicios como coordinadora del Desk Ambiental, en el Instituto Italiano para el Comercio Exterior, en la Embajada de Italia en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Cariño Areli Padilla Díaz, para prestar servicios como asistente task force, en el Instituto Italiano para el Comercio Exterior, en la Embajada de Italia en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de octubre de 2006.

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , secretario; Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), secretaria; Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, secretario; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS MARÍA GUADALUPE NOGUERA IBARRA, MIRTA GABRIELA MENDOZA LUNA Y FRANCISCO JAVIER FLORES PADILLA PARA PRESTAR SERVICIOS EN LAS EMBAJADAS DE JAPÓN Y DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO, Y EN SU CONSULADO EN GUADALAJARA, JALISCO, RESPECTIVAMENTE

Honorable Asamblea:

En oficios de fecha 19 y 22 de septiembre de 2006, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Guadalupe Noguera Ibarra, Mirta Gabriela Mendoza Luna y Francisco Javier Flores Padilla, puedan prestar servicios de carácter administrativo en las Embajadas de Japón y de los Estados Unidos de América, en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 12 de octubre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en las Embajadas de Japón y de los Estados Unidos de América, en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana María Guadalupe Noguera Ibarra, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de Japón en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Mirta Gabriela Mendoza Luna, para prestar servicios como operadora de teléfono en la Sección de Conmutador, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Articulo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Francisco Javier Flores Padilla, para prestar servicios como asistente en computación, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de octubre de 2006.

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , secretario; Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), secretaria; Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, secretario; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS ROCÍO YANETH CÓRDOVA MONTIJO, PEDRO OMAR ZAMORA BORBÓN, FRANCISCO SANTIAGO ROJAS LÓPEZ, RAMSÉS ARTURO LEYVA Y CARLOS ALONSO BASURTO ÁLVAREZ PARA PRESTAR SERVICIOS EN EL CONSULADO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN NOGALES, SONORA

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 4 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Rocío Yaneth Córdova Montijo, Pedro Omar Zamora Borbón, Francisco Santiago Rojas López, Ramsés Arturo Leyva y Carlos Alonso Basurto Álvarez, puedan prestar servicios administrativos en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 19 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Nogales, Sonora, serán de carácter administrativo, y

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Rocío Yaneth Córdova Montijo, para prestar servicios como visa clerk, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Artículo Segundo.- Se concede permiso al ciudadano Pedro Omar Zamora Borbón, para prestar servicios como asistente de investigador de fraudes, en el Consulado de Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Francisco Santiago Rojas López, para prestar servicios como visa clerk, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano Ramsés Arturo Leyva, para prestar servicios como visa clerk, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Artículo Quinto.- Se concede permiso al ciudadano Carlos Alonso Basurto Álvarez, para prestar: servicios como clerk administrativo, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de octubre de 2006.

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , secretario; Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), secretaria; Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, secretario; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO A LOS CIUDADANOS CONCEPCIÓN VALLE BARRAZA, NORMA LILIANA AGUILAR GARZA, ÉDGAR DANIEL ZAMUDIO LLAMAS, MICHELLE BARDALES MARTÍNEZ, PILAR VANESSA POSADA QUINTANA E ISMAEL TORRES RAMÍREZ PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO Y EN SUS CONSULADOS EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA; GUADALAJARA, JALISCO; NOGALES, SONORA; Y CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

Honorable Asamblea:

En oficios fechados el 4 y 7 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Concepción Valle Barraza, Norma Liliana Aguilar Garza, Edgar Daniel Zamudio Llamas, Michelle Bardales Martínez, Pilar Vanessa Posada Quintana e Ismael Torres Ramírez puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco; Nogales, Sonora y en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 19 de septiembre de 2006, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de sus actas de nacimiento.

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán al gobierno de los Estados Unidos de América, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto

Artículo Primero.- Se concede permiso a la ciudadana Concepción Valle Barraza, para prestar servicios como empleada administrativa en la Sección de Visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Norma Liliana Aguilar Garza, para prestar servicios como secretaria en la Sección de Visas, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero.- Se concede permiso al ciudadano Edgar Daniel Zamudio Llamas, para prestar servicios como asistente consular, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo Cuarto.- Se concede permiso a la ciudadana Michelle Bardales Martínez, para prestar servicios como asistente de beneficios federales, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Quinto.- Se concede permiso a la ciudadana Pilar Vanessa Posada Quintana, para prestar servicios como recepcionista, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora

Artículo Sexto.- Se concede permiso al ciudadano Ismael Torres Ramírez, para prestar servicios como chofer, en el Consulado de los Estados Unidos de América n Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, DF, a 13 de octubre de 2006.

Diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez , secretario; Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), secretario; Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica), secretaria; Narcizo Alberto Amador Leal (rúbrica), secretario; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, secretario; Gloria Lavara Mejía (rúbrica), secretaria; Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretaria; Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica), secretario; Carlos Armando Biebrich Torres (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Cristian Castaño Contreras (rúbrica), Ariel Castillo Nájera, Maricela Contreras Julián, Jesús de León Tello (rúbrica), Javier Hernández Manzanares, Juan Darío Lemarroy Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega, Raciel Pérez Cruz, Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García, Salvador Ruiz Sánchez, Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).

Proposiciones

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL EJECUTIVO FEDERAL INFORME SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL ACUERDO ENTRE LA PROFESORA ELBA ESTHER GORDILLO MORALES Y FELIPE CALDERÓN HINOJOSA POR EL QUE SE OTORGARON RECURSOS PARA LA REZONIFICACIÓN SALARIAL DE LOS DOCENTES DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SOLARES CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, Miguel Ángel Solares diputado federal a la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

A través de los medios masivos de información nos enteramos de la existencia de un acuerdo fortuito entre el presidente Vicente Fox, el señor Felipe Calderón Hinojosa y la profesora Elba Esther Gordillo Morales, mediante el cual se otorgaron 41 mil millones de pesos para la rezonificación salarial de los docentes de México.

Asimismo, a través de un comunicado de prensa, la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por la profesora Elba Esther Gordillo Morales, dio a conocer su decisión de extinguir a la sección 22 democrática de esta organización sindical y la instalación de una nueva dirigencia estatal del magisterio oaxaqueño.

Respecto al citado acuerdo, es necesario señalar en primer término que se hizo a espaladas de los directa y legalmente interesados, esto es, los docentes de la sección 22 democrática del SNTE, que han mostrado su voluntad y deseos de encontrar una solución a su justa e histórica demanda de rezonificación salarial, cuya solicitud no fue atendida en su momento ni por el Ejecutivo federal, ni el gobierno estatal, cuando el magisterio oxaqueño les solicitó una respuesta.

Más aún, desde hace más de seis meses en que estalló el conflicto de los docentes oaxaqueños, la dirigencia nacional de SNTE tampoco encaminó sus esfuerzos a buscar con ambos niveles de gobierno una solución a la rezonificación salarial, lo cual también propició que el magisterio oaxaqueño decidiera la suspensión de clases.

Pero ahora, la profesora Elba Esther Gordillo presume haber logrado un acuerdo, con la intervención del señor Felipe Calderón Hinojosa, para que se otorguen 41 mil millones de pesos a la rezonificación salarial, monto que, por otro lado, resulta insuficiente, toda vez que el propio vocero de la Presidencia de la República aseguró que se requerían alrededor de 160 mil millones de pesos.

De acuerdo con una nota informativa publicada en el periódico La Jornada, de fecha 18 de octubre del presente año, se señala que la profesora Gordillo "responsabilizó a Felipe Calderón de los más de 41 mil millones de pesos que se destinarán a ese gremio".

Y si bien, posteriormente, la cúpula del SNTE atribuyó que el acuerdo fue logrado con el gobierno federal, es necesario que el presidente Vicente Fox informe a esta Cámara de Diputados la naturaleza jurídica del multicitado acuerdo, dado que no queda claro en qué está sustentado y de donde provienen esos 41 mil millones de peso.

Por consiguiente, no sabemos en calidad de qué el señor Felipe Calderón Hinojosa intervino y por qué el presidente Vicente Fox hace un acuerdo con la profesora Elba Esther Gordillo, para la asignación de los 41 mil millones de pesos, cuando debió hacerse a través de la Secretaría de Educación Pública y la respectiva dependencia educativa estatal, con la intervención de los dirigentes de la sección 22 democrática del SNTE, la cual es la legítima representante de los docentes oaxaqueños.

En cuanto al propósito de desaparecer la sección 22 democrática del SNTE, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática quiere ser muy claro, es decir, somos respetuosos de la vida interna y de la autonomía de las organizaciones sindicales, pero no aceptamos que se pretenda atentar contra los docentes oaxaqueños agrupados en esa sección, por su carácter democrático y de larga trayectoria de lucha a favor de mejores condiciones salariales y labores.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter al pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exige al presidente Vicente Fox informe a esta soberanía la naturaleza jurídica del acuerdo, mediante el cual se asignan más de 41 mil millones de pesos para la rezonificación salarial del magisterio de Oaxaca; así como la participación de Felipe Calderón y de la profesora Elba Esther Gordillo.

Segundo. Asimismo, rechaza la intención de la profesora Elba Esther Gordillo de desaparecer la sección 22 democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por no ser afines a su grupo político o intereses personales, y llama a respetar a los docentes del estado de Oaxaca.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 19 de octubre de 2006

Diputado Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A PUBLICAR EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL BANDO SOLEMNE PARA DAR A CONOCER EN LA CAPITAL DEL PAÍS LA DECLARACIÓN DE PRESIDENTE ELECTO, A CARGO DEL DIPUTADO OBDULIO ÁVILA MAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, para exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal a publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el bando solemne para dar a conocer en el Distrito Federal la declaración de presidente electo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que con fecha cinco de septiembre del año en curso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados el dictamen relativo al cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, declaración de validez de la elección y de presidente electo, aprobado en misma fecha.

2. Que, en ejercicio de la facultad contenida en la fracción I del artículo 74 constitucional y con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se expidió el bando solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de presidente electo.

3. Que el bando solemne, in fine, ordena que el bando solemne sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como en los periódicos oficiales de las entidades federativas. Asimismo, prevé que éste sea fijado en las principales oficinas públicas de los estados, del Distrito Federal y de los municipios.

4. Que, en efecto, el bando solemne es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para informar a los mexicanos sobre la declaración de presidente de la República electo que haya emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; empero, este obliga a los titulares de los Ejecutivos locales de las entidades federativas mandarlo publicar en sus respectivos periódicos o gacetas oficiales, según corresponda. Lo anterior, a fin de que el bando solemne sea aplicado y observados debidamente en las 32 entidades federativas del país.

5. Que con fecha ocho de septiembre del año en curso el titular del Ejecutivo local, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que todavía no recibe el bando solemne para dar a conocer a la República Mexicana la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto al presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa. Empero, esta constreñido a cumplir con sus funciones y publicar el bando en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.¹

Empero, el jefe de Gobierno del Distrito Federal sólo ha dado cumplido parcialmente lo dispuesto en el bando multialudido, ya que únicamente ha iniciado la colocación de los bandos enviados por la Secretaría de Gobernación en las oficinas de la gestión local para dar cumplimiento al ordenamiento legal solicitado, sin que a la fecha haya ordenado la publicación del respectivo documento en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

6. Que el no ordenar la publicación del bando solemne en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por parte del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, podría ser una omisión probablemente constitutiva de responsabilidad administrativa, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, aplicable a los servidores públicos del Distrito Federal, la cual establece en su artículo 47, fracción XXI, que todo servidor público tiene la obligación de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público.

En la especie, la omisión en que ha incurrido el jefe de Gobierno del Distrito Federal, al no mandar realizar la publicación del bando solemne por el que se declara a Felipe Calderón Hinojosa presidente electo implica el incumplimiento de sus obligaciones como titular del Ejecutivo local.

En este sentido, basta recordar que el artículo 52 de la Ley en comento establece que los servidores públicos que incurran en responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 47 serán acreedores a una sanción administrativa, las que consisten en:

I. Apercibimiento privado o público;
II. Amonestación privada o pública.

III. Suspensión;
IV. Destitución del puesto;

V. Sanción económica; y
VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

7. Que, por otra parte, y de acuerdo con el constitucionalista Sadot Arozqueta Rojano, quien desconozca el bando solemne por el que se declara presidente electo a Felipe Calderón podrá ser sancionado con privación de la libertad por los delitos de sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje y conspiración, ² establecidos en el Código Penal Federal, en el Título Primero del Libro Segundo.

El citado especialista señala que, de acuerdo con la ley penal, cualquier ciudadano que desconozca o atente contra dicho bando podrá ser privado de la libertad, sin derecho a libertad bajo caución, y en el caso de específico del jefe de Gobierno procedería juicio político, a fin de hacer cumplir el mandato legal que tiene carácter irreversible e inatacable.

Aunque no compartimos la opinión del especialista, ya que es difícil encuadrar la omisión del jefe de Gobierno del Distrito Federal dentro de los tipos penales establecidos a nivel federal, reconocemos que, en todo caso, será el Ministerio Público de la Federación quien determine iniciar de oficio la averiguación previa, en el caso de que considere que existen elementos necesarios para perseguir alguno de los delitos denominados contra la seguridad de la nación.

8. Que, con independencia de las responsabilidades administrativas o penales, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, a efecto de que observe los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su encargo. Así las cosas, el titular del ejecutivo local deberá ordenar la publicación inmediata del bando solemne, emitido por esta honorable Cámara de Diputados, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

En su calidad de jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez no puede continuar abonando al ambiente de polaridad producto de la derrota en las urnas del candidato de la Coalición por el Bien de Todos, posición que han asumido también la mayoría de los delegados electos en el Distrito Federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al reconocer la legitimidad de Felipe Calderón como presidente de la República.

El jefe de Gobierno debe dar cumplimiento cabal a su función institucional, conforme a la Constitución y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. En este sentido, no puede admitirse su participación activa en actos de su partido, cuando desatiende sus funciones al frente del Gobierno del Distrito Federal.

En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, que, con la mayor brevedad, publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el bando solemne para dar a conocer en el Distrito Federal la declaración de presidente electo, prevista en el artículo 74, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Se solicita al jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, que remita a esta honorable Cámara de Diputados un informe por el que explique la omisión de mandar publicar el bando solemne por el que se declara al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas:
1 "GDF aún no recibe el bando solemne", http://www.eluniversal.com.mx/notas/373890.html
2 Cfr. Diario El Sol de México. "Publica DOF bando de presidente electo": http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n14454.htm

Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil seis.

Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE SE INCLUYAN EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 RECURSOS SUFICIENTES DESTINADOS A ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARIBEL LUISA ALVA OLVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La que suscribe, Maribel Luisa Alva Olvera, diputada federal por el XIII distrito del estado de México, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta a la consideración de esta honorable asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Como producto de las elecciones locales de marzo de 2006 que se llevaron a cabo en el estado de México, particularmente en Ecatepec, el 18 de agosto pasado un nuevo gobierno, con filiación política distinta del anterior, asumió la responsabilidad de impulsar el desarrollo del bienestar de los ciudadanos de este municipio.

Es justo reconocer que el procedimiento de entrega-recepción en un contexto de alternancia se llevó a cabo con toda civilidad y de forma eficiente y profesional.

Aun cuando oficialmente se estima en 1.8 millones de habitantes la población del municipio de Ecatepec, de manera extraoficial se aproxima a 3 millones de habitantes. La migración es un fenómeno clave de este crecimiento poblacional. La transformación radical del municipio se observa en la construcción de numerosos conjuntos habitacionales, desplazando distintas zonas ejidales.

Como se comprenderá, los recursos que recibe el municipio representan prácticamente 50 por ciento del monto que debería tener.

En 2005, los ingresos de Ecatepec totalizaron mil 453.5 millones de pesos, mostrando un buen crecimiento respecto al año anterior. Ello se debió al comportamiento de los ingresos de carácter federal y estatal, pues corresponden a las participaciones federales y a las aportaciones del Ramo 33.

Por el contrario, la recaudación local disminuyó por cuarto año consecutivo en términos reales, representando 15.9 por ciento de los ingresos. Diversos programas de descuento y bonificaciones y la propia característica de los contribuyentes radicados en la entidad fueron la causa de dicha disminución.

La recaudación del impuesto predial, por 96.1 millones de pesos, continuó en niveles per cápita muy bajos.

En el ejercicio fiscal de 2005, los egresos totalizaron mil 992.5 millones de pesos, lo cual muestra un déficit contra el gasto aprobado por mil 453.5 millones de pesos.

Por otra parte, la proporción de gasto corriente y pago de deuda se mantuvo en niveles muy altos, consumiendo casi la totalidad de los ingresos fiscales ordinarios.

La inversión municipal tuvo que fondearse a través de la contratación de deuda. De acuerdo con el ayuntamiento de Ecatepec, se tiene una deuda superior a 740 millones de pesos y se reclaman al gobierno municipal adeudos superiores a 600 millones de pesos con la Comisión de Agua del Estado de México y de 649 millones de pesos por la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

En términos sociales, Ecatepec es un municipio integrado esencialmente por jóvenes menores de 25 años, que representan 60 por ciento de la población total. La mayor parte de esos jóvenes ha cursado la educación media y superior y laboran en el Distrito Federal en los ramos de la construcción y de los servicios, ocasionando una derrama económica en dicha entidad. La falta de empleo en el municipio se vuelve caldo de cultivo para la delincuencia y el desarrollo del comercio informal.

Aproximadamente 110 mil habitantes carecen de servicio sanitario con conexión o admisión de agua, en un ámbito territorial de una zona conurbana que es parte de la gran Ciudad de México.

Las zonas de vivienda urbana han venido a menos por la maximización de las condiciones críticas de saturación del transporte, servicio eléctrico, distribución de agua potable, red de alcantarillado y drenaje, y compactación de suelos, con el consiguiente deterioro de la calidad de vida de quienes habitan, trabajan y transitan en Ecatepec, entre los que se encuentra la de la voz.

La seguridad pública es una situación que resiente la población. Un estado de fuerza de sólo mil 469 elementos, de los que sólo 386 cuenta con arma, no constituye una garantía para atender a una población de 3 millones de habitantes. Del parque vehicular policial de 364 unidades, sólo están activas 236, el resto se encuentra en los talleres. El helicóptero es anticuado; no cuenta con tecnología adecuada para combatir eficazmente la delincuencia.

En materia de salud para las mujeres, heredamos una situación crítica. Ecatepec es el primer lugar en el país en casos de muertes maternas.

Aunque Ecatepec dispone de 10 pozos de extracción de agua potable, la escasez es un problema que se agranda día con día de manera dramática. Desde el municipio se abastece en 70 por ciento otros municipios y delegaciones del área conurbada.

Las inundaciones, que año con año afectan a la cuarta parte del municipio, se deben al mal estado de la red de alcantarillado y a su insuficiencia.

Existen tanto un organismo operador de agua en graves condiciones financieras como una infraestructura para agua y drenaje bastante deteriorada.

Para que Ecatepec sea un municipio viable donde el entusiasmo sea condición para el progreso, se requiere gran cantidad de obra pública.

La pobreza y la pobreza extrema en Ecatepec se hacen presentes con grandes contrastes en el ingreso. Existen zonas que son potencialmente bombas de tiempo por la pobreza que impera en ellas.

La magnitud de las necesidades muestra que el ayuntamiento tiene integradas más de 7 mil peticiones, en apenas 52 días de gobierno. El gobierno municipal ha seleccionado 151 obras de infraestructura y 363 de Organismo Operador de Agua Potable.

Consideraciones

Ecatepec es un municipio progresista, con crecimiento acelerado y potencial de desarrollo capaz de elevar las condiciones de vida y bienestar de la población.

Las condiciones heredadas, como la falta de actualización de la población real, que es el doble de la que se reconoce oficialmente; el atraso del desarrollo de la infraestructura; el enorme peso del gasto corriente y el pago de la deuda y la práctica inexistencia de recursos para la inversión; y el peso de una deuda que constituye casi 25 por ciento de la deuda total contratada por los ayuntamientos del estado colocan el municipio en una virtual quiebra técnica.

Las necesidades de obra y de servicios constituyen demandas urgentes para lograr que Ecatepec arranque a un desarrollo acelerado y de progreso.

De hecho, el gobierno entrante ha tomado ya algunas medidas, no espera que les resuelvan todos los problemas ni mucho menos que se resuelvan solos.

Entre las decisiones adoptadas se encuentran - Reducción de salarios de los integrantes del cabildo y de los mandos medios y superiores;
- Diseño, elaboración y puesta en operación de programas de ahorro de gasto corriente; y
- Programa de fortalecimiento de la captación de ingresos propios. Por las anteriores consideraciones, nos permitimos someter a su consideración el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Asumir los pasivos generados por los créditos contratados en 2004 y 2005, a través del Ramo 39, "Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas";

Segundo. Reconocer el incremento poblacional que ha experimentado el municipio de Ecatepec y la compensación de los déficit de recursos generados por el rezago en la actualización de esta variable, a través de las participaciones federales y las aportaciones estatales;

Tercero. Recuperar los remanentes del Ramo 33 por 285.7 millones de pesos;

Cuarto. Promover la asignación de recursos destinados específicamente para seguridad pública y protección civil, y en consecuencia modificar las fórmulas existentes, a fin de que los ayuntamientos y en particular el de Ecatepec puedan acceder a dichos recursos;

Quinto. Considerar un incremento de 100 por ciento en el monto de la asignación presupuestal para Ecatepec, en función de su población real y de sus requerimientos mínimos; y

Sexto. Asignar un presupuesto extraordinario para solventar las necesidades mínimas de obra y servicios públicos (agua y drenaje, basura, educación, salud, tránsito vehicular, etcétera).

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 24 de octubre de 2006.

Diputada Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA INTERVENGAN ANTE LA SHCP CON OBJETO DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS SUFICIENTES QUE GARANTICEN EL FINANCIAMIENTO QUE LA CONAGUA, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS REQUIEREN A EFECTO DE REALIZAR PROGRAMAS Y PROYECTOS FUNDAMENTALES DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y SUSTENTABILIDAD DE AGUA PARA EL AÑO PRÓXIMO, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, Gerardo Octavio Vargas Landeros, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Comisión Nacional del Agua, órgano administrativo desconcentrado de la administración pública, cuyo decreto de creación fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 1989, es hoy día un organismo estratégico para el cumplimiento de los programas que tienen como propósito la administración y preservación de las aguas nacionales para, de manera conjunta con la sociedad, lograr el uso sustentable del recurso.

Vale y es justo decir que la Conagua, desde su creación, ha establecido una organización operativa eficiente y sólida, respaldada en el trabajo de una dirección general que se apoya a su vez en nueve subdirecciones estratégicas, que comprenden la atención integral del proceso de administración, gestión y sustentabilidad del recurso agua.

La Conagua, como organismo, rector ha sabido realizar bien sus tareas, al reconocer en su operatividad que el agua debe proporcionar bienestar social y apoyo al desarrollo económico, sin dejar de lado los principios de que se debe preservar la cantidad y calidad adecuada del recurso para las generaciones actuales y futuras, así como para la flora y fauna de cada región.

La tarea a cargo de la Conagua para lograr el uso sustentable del agua en todo el país es ardua y completa, toda vez que el organismo tiene bajo su responsabilidad, entre otras facultades, establecer la política y estrategias hidráulicas nacionales, integrar el presupuesto de la institución y vigilar su aplicación, concertar con los organismos financieros nacionales e internacionales los créditos que requiere el sector hidráulico, establecer los programas para apoyar a los municipios en el suministro de los servicios de agua potable y saneamiento en las ciudades y comunidades rurales, además de promover el uso eficiente del agua en el riego y la industria.

Para el cumplimiento de estos propósitos, la Conagua se ha venido apoyando en y considera fundamental la participación de la sociedad, ya que gracias a esta línea de acción la institución ha podido delegar la responsabilidad en el proceso de construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica a las autoridades locales y los usuarios, además de que con ello se ha logrado la participación social activa en la preservación de la calidad y cantidad del agua, reconociéndose de esta forma el valor económico y estratégico que tiene para el desarrollo de nuestro país.

Sin embargo, para el cumplimiento de todos los programas encaminados a garantizar las líneas en referencia y para el financiamiento de los proyectos correspondientes, la Conagua ha proyectado que a lo largo de los próximos 25 años en México se requerirán en promedio inversiones anuales por un monto de 17 mil millones de pesos.

El mayor porcentaje de este monto, 16 mil 355 millones de pesos, deberá ser destinado a la atención de la demanda en el sector urbano; esto es, para financiar procesos de agua potable, programas de alcantarillado, programas de saneamiento, reposición de infraestructura, mejoramiento de la eficiencia del sistema, así como para la realización de estudios y proyectos de reposición.

Lo anterior, no es casual, porque precisamente para el año 2025 los especialistas en la materia calculan una crisis mundial de abastecimiento de agua, con una afectación de 2 mil millones de personas que no dispondrán de agua bebible. México no escapará a este espectro, ya que se espera contar con una población de 150 millones que requerirá de un abasto diario de 300 litros de agua por persona para satisfacción de necesidades básicas.

No obstante y en el caso de nuestro país, el aumento en los índices de población, así como el crecimiento de las actividades productivas, está generando ya problemas graves de escasez de agua. Para ilustrar lo anterior me permito citar que, de un padrón de 600 mantos acuíferos que existen en México, 102 -que concentran más del 50 por ciento del consumo nacional- están sobreexplotados.

Los especialistas estiman que este fenómeno habrá de continuar, puesto que las entidades del centro, del norte y del noroeste, donde se produce el 85 por ciento del producto interno bruto y donde se asienta el 77 por ciento de la población nacional, conforman las regiones más afectadas por la sequía.

Frente a este panorama, se debe actuar desde ya, procurando de entrada ajustes en las proyecciones del gasto público para los años próximos que vayan garantizando las inversiones de aquellos programas y proyectos fundamentales que la Conagua, los estados y municipios contemplan para la administración y preservación del recurso agua.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Solicitar a la Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que intervengan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que en la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2007 se consideren recursos adicionales a los del ejercicio fiscal de 2006 que con suficiencia garanticen las inversiones que la Comisión Nacional del Agua, los estados y los municipios requieren para la realización de los programas y proyectos fundamentales de administración, gestión y sustentabilidad del recurso agua para el año próximo.

México, DF, a 24 de octubre de 2006.

Diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A CONSIDERAR UNA PARTIDA PARA EL PARQUE ECOLÓGICO DE LA REFINERÍA 18 DE MARZO, A CARGO DE LA DIPUTADA ÉRIKA LARREGUI NAGUEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Erika Larregui Nagel, integrante de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Compañeras y compañeros legisladores, es vital que trabajemos conjuntamente en el tema de atención a pasivos históricos en materia ambiental; es muy cierto que no deben generarse pasivos en el futuro, pero lamentablemente, durante muchos años, históricamente se han abandonado sitios contaminados. La posición del sector ambiental debe ser recuperar esos sitios y lograr la restauración del mayor número de pasivos históricos.

Como es de su conocimiento, la refinería 18 de Marzo fue creada en 1932 por la compañía El Águila, iniciando operaciones en 1933 con 7 mil 500 barriles diarios; en 1938 fue nacionalizada junto con toda la industria petrolera, y en 1945 fue ampliada hasta alcanzar tres veces su capacidad inicial.

Además del proceso de refinación, se realizaban en ella otros procesos petroquímicos; funcionaban también un taller de reparación y elaboración de partes de maquinaria para la refinería y otras empresas de Petróleos Mexicanos, una planta de tratamiento de aguas residuales y una central de distribución de combustibles.

Para 1936 contaba con 60 hectáreas y una producción de 11 mil barriles diarios, entre 1936 y 1946 se producían 50 mil barriles diarios, y en los años posteriores a 1955 se alcanzó una producción de 100 mil barriles diarios, cubriendo una superficie de 100 hectáreas para la refinería y 74 hectáreas para la terminal de almacenamiento y distribución.

La operación de la refinería se suspendió en forma definitiva el 18 de marzo de 1991, como consecuencia de una decisión para detener el deterioro progresivo del medio ambiente y la calidad de vida en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que por esas fechas presentaba altos índices de contaminación ambiental.

Durante los años de 1992 a 1999 se llevaron a cabo el desmontaje de equipos y desmantelamiento de estructuras propias de la refinería y de los tanques de almacenamiento, hasta quedar en el estado que ahora se encuentra.

Cabe destacar que desde 1993 se han venido desarrollando trabajos de investigación para determinar la contaminación del suelo del lugar así como de las aguas subterráneas.

Desde que se decidió cerrar la refinería se considero la posibilidad de crear un parque, con el objetivo de recuperar áreas verdes para la recreación de los habitantes del valle de México y para mantener el equilibrio de la dinámica urbana y ecológica de la región.

Todo esto ayudaría a dar cumplimiento a diversas disposiciones y ordenamientos en materia ambiental como el Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona del Valle de México, que en su apartado 8.4 nos habla de conservación y ampliación de las áreas verdes urbanas de la zona metropolitana del valle de México; el Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que plantea como propósito satisfacer las expectativas de cambio de la población, construyendo una nueva política ambiental de Estado para México; el Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006 y el Programa Nacional de Educación, por mencionar algunos.

El pasado 17 de mayo, en un acto oficial, el Presidente Vicente Fox anunció el inicio formal de los trabajos de remediación en el terreno de la ex refinería, que tras 58 años de operación y 15 de abandono presenta contaminación.

La intención de estas obras de saneamiento es, como ya mencionamos, convertir este predio en un parque nacional que incluye la construcción del Primer Parque Acuático Nacional, el cual albergará diversas especies.

La posibilidad de utilizar el terreno de la antigua refinería de Azcapotzalco para diversos usos alternativos como el que ya mencionamos, tiene obviamente una relación directa, con el riesgo asociado que representa para la población expuesta a las emanaciones que generan, en este caso, los hidrocarburos en el subsuelo, y que han sido detectados mediante estudios realizados por algunas dependencias de la administración publica federal.

Cabe mencionar que con la intención de construir un parque recreativo, Petróleos Mexicanos comenzó los trabajos de saneamiento en 60 hectáreas de suelo contaminado con hidrocarburos, en el predio donde se encuentra la ex refinería 18 de marzo.

Dados los resultados de estudios preeliminares de contaminación del subsuelo en el sitio, se concluye que tener que remediar para todo uso posible 70 hectáreas a 9 metros de profundidad, implica una inversión de alrededor de 100 millones de dólares.

Aquí vale la pena hacer la aclaración de que la aplicabilidad de la norma, en el caso anterior, se refiere a la reducción del riesgo a la salud que conlleva la exposición a los contaminantes, sin considerar la instalación de sistemas de saneamiento u obras de ingeniería que pudieran permitir concentraciones mayores, siempre que se demuestre que las vías de exposición se pueden minimizar con dichos sistemas y obras.

Para lograr minimizar los riesgos actualmente existentes, y según resultados de estudios realizados por Pemex, se considera que no es necesario lograr la remediación de todo el subsuelo a los niveles de la Norma 138 (de hidrocarburos totales para usos industriales para zonas habitacionales), sino que se pueden analizar alternativas como la sustitución de una capa importante de terreno por material sano e impermeable, a una profundidad en que las emisiones gaseosas se vean reducidas a niveles aceptables, la instalación de filtros de grava, la colocación de barreras impermeables, zanjas permeables para captación y retiro de producto libre que aun se encuentre en el subsuelo y sistemas de captación de gases, entre otros.

Por lo anterior, tenemos que el costo de remediación por un monto aproximadamente de 100 millones de dólares, para lo cual Pemex se hará responsable de las estrategias y de todos los aspectos técnicos y económicos para todo este proceso de remediación del predio.

En el tema del uso de terrenos posindustriales, el director del departamento de Arquitectura del Paisaje de la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard, Niell Kirkwood, mencionó que se pueden ocupar todos los espacios para que tengan una utilidad pública e indicó que una de las características de la mayoría de estos espacios es que tienen algún grado de contaminación, como la refinería en Azcapotzalco, en donde 20% de las 55 hectáreas que ocupa presentan problemas de este tipo.

El rescate de los suelos, en este caso, es posible, pues las zonas contaminadas se encuentran en distintos lugares, y los residuos de gas metano pueden ser tratados por diversos medios.

Kirkwood explicó que los terrenos se pueden limpiar, en relación con la reutilización que se está proponiendo del espacio, través de procesos de remediación, por lo que el proyecto en la extinta refinería es viable, y no representa ningún riesgo para los usuarios.

La LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en su primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio, en sesión celebrada el 29 de septiembre de 2004, emitió un acuerdo en el que se exhorta a las autoridades federales y del Gobierno del Distrito Federal a garantizar el destino de la totalidad del predio que ocupó la Refinería 18 de Marzo de Pemex, a un desarrollo ecológico, ambiental, recreativo y cultural, prohibiendo expresamente cualquier otro proyecto, ya sea de tipo industrial, comercial y mucho menos habitacional. Derivado de diversos estudios serios en la materia, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales precisó que con un fondo inicial de 550 millones de pesos se financiaría las obras de la primera etapa de la construcción del parque ecológico.

En la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, atendiendo a una visión social, ecológica y educativa, apoyamos que se destine el predio de la ex Refinería 18 de Marzo, a un desarrollo ecológico, con alcances mayores que propicien el desarrollo y disfrute de todos los habitantes de la ciudad de México y del interior de la República.

Compañeras y compañeros diputados, tenemos que pasar ya del plan maestro al proyecto ejecutivo y a la construcción del parque para avanzar lo antes posible con este ambicioso proyecto, del cual además hay similares experiencias afortunadas en otros países del mundo, como Alemania, Holanda, Estados Unidos e inclusive en nuestro país, por ejemplo, Plaza Loreto y la fábrica de papel, aquí en el Distrito Federal, el Museo del Vidrio en Monterrey, el Parque Fundidora, etcétera.

Está de sobra mencionar que es necesario obtener los recursos para solventar el costo de la inversión en esta importante obra, que redundará en innumerables beneficios para la vida de la región y del país.

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que se contemple en la elaboración del presupuesto anual para el ejercicio fiscal de 2007 una partida especial de 550 millones de pesos para el saneamiento y remediación del predio e iniciar la construcción del parque ecológico en la ex Refinería 18 de Marzo, en Azcapotzalco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 24 días del mes de octubre de 2006.

Diputada Erika Larregui Nagel (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 SE ASIGNEN MAYORES RECURSOS DESTINADOS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

Las universidades públicas sufren una severa crisis de recursos. En algunos casos es tal la falta de ellos que está en riesgo el pago de salarios y prestaciones al personal académico y administrativo.

Cada año en esta soberanía se presenta la necesidad de que asignemos recursos adicionales a las instituciones de educación superior para que puedan hacer frente a su compromiso y misión de preparar a los cuadros profesionales que requiere nuestro país.

Es una realidad que para el gobierno federal la educación superior no es una prioridad, debido a que no le asigna los recursos para que tengan viabilidad financiera.

La situación es más dramática aun en las universidades estatales. Incluso la semana pasada se presentaron varios puntos de acuerdo para solicitar recursos en el Presupuesto de Egresos del 2007 para la Universidad Autónoma de Sonora y la Universidad Autónoma de Zacatecas.

No se ha comprendido por parte de la tecnocracia que gobierna nuestro país que la educación no es un gasto, es una inversión a futuro. Los cuadros profesionales son los que sin duda pueden transformar a la sociedad y generar las opciones de crecimiento y desarrollo económico que necesita México.

Los gobiernos neoliberales han establecido una estrategia de debilitar a la educación superior pública con el afán de privatizarlas y con ello liberar recursos públicos para cuestiones más "prioritarias".

Prácticamente en el sexenio del Presidente Fox el gasto en educación no ha crecido, e incluso ha tenido variaciones a la baja. Los recursos presupuestales aprobados para educación superior para 2006 en relación con los de 2005 no crecieron.

El gasto anual por alumno en educación postsecundaria en México está muy por debajo del promedio que tiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Para nuestro país es de 2 mil 790 dólares, mientras que en la OCDE es de 7 mil 582 dólares por alumno.

En días pasados la Universidad Nacional Autónoma de México fue la que mejor evaluación obtuvo dentro de las universidades públicas de América Latina, al estar en el lugar 74 dentro de las mejores 100 a nivel mundial.

Esto es muestra de que puede apostarse por la educación pública y que no obstante de la restricción de recursos se puede contar con instituciones de educación superior de calidad.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo pone a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Artículo Único.- La Cámara de Diputados reconoce y se solidariza con el severo problema de falta de recursos que sufren las universidades e instituciones de educación superior de carácter público. Por ello, promoverá que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se asignen mayores recursos para la educación superior.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil seis.

Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2007 UNA PARTIDA DESTINADA AL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARÁ EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL CÁRDENAS FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PNA

El suscrito diputado Manuel Cárdenas Fonseca, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El programa Bracero, se inició en la década de los cuarenta y estuvo en vigor de 1942 a 1964. Durante este periodo se inscribieron aproximadamente 4 millones de mexicanos, para lo que se negoció una fuente de empleos en la que no habría discriminación, y gozarían de prestaciones como alimentos, hospedaje, transportación, y en su caso, repatriación.

Paralelamente, al inicio del programa, una agencia en Estados Unidos de América se encargó de retener un porcentaje del salario de los trabajadores para formar el Fondo de Ahorro Campesino. Posteriormente, esos recursos fueron transferidos al Banco de Crédito Agrícola de México, para que a su retorno se les entregara este dinero que habían ahorrado, pero no les fue devuelto como originalmente se había señalado, en razón de que ninguna instancia gubernamental restituyó estos recursos.

Para atender la problemática de estos trabajadores, se constituyó en 2005, el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Trabajadores Migratorios Mexicanos.

El 25 de mayo de 2005, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la ley que crea el fideicomiso, fue el mecanismo institucional para encauzar las demandas de estos trabajadores. El primer punto para avanzar en la atención de este asunto fue que la Secretaría de Gobernación integrara un padrón de extrabajadores migratorios; la inclusión en un listado quedó sujeta a las pruebas documentales que acreditaran efectivamente que las personas interesadas hayan laborado en los Estados Unidos de América durante los años 1942 a 1964 en el marco del convenio migratorio, o bien, familiares con legítimo derecho a recibir esos recursos.

Un importante número de trabajadores migratorios mexicanos participantes del Programa Bracero en los Estados Unidos de América se inscribieron en este padrón y exigen al gobierno mexicano la devolución del dinero derivado del fondo de ahorro. Dichas cantidades y sus rendimientos representan sumas importantes que no han sido entregadas en su totalidad a los titulares o a sus beneficiarios.

De acuerdo a lo establecido en el acuerdo suscrito por el gobierno americano con el gobierno mexicano el dinero descontado a los trabajadores por concepto del fondo de ahorro fue depositado en el Banco del Ahorro Nacional, SA.

Se tiene una deuda económica, histórica y social con los braceros. Debemos reivindicar su esfuerzo devolviendo a los que aún viven o a sus familiares lo que les corresponde por derecho y justicia. Ellos dieron los mejores años de su vida laboral a este trabajo y fueron generadores de divisas y, actualmente, los pocos sobrevivientes ya de edad muy avanzada, viven en condiciones precarias, por lo que es un acto de justicia retribuirles lo que les corresponde.

Cabe mencionar que esta proposición, es en atención al oficio remitido por la Diputación permanente del Congreso de Sinaloa, número 433/2006 de fecha 20 de septiembre del 2006, asimismo cumpliendo la solicitud a que se refiere el punto de acuerdo número 27, de fecha 19 de septiembre del presente año del honorable Congreso del estado.

Por lo anteriormente expuesto y con la facultad que me confiere la Ley Orgánica y el Reglamento interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al Pleno de esta Cámara a considerar y aprobar en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, una partida destinada al fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2006.

Diputado Manuel Cárdenas Fonseca

Diputado Federal Manuel Cárdenas Fonseca

México, DF

Adjunto nos permitimos remitir a usted punto de acuerdo número 27, aprobado por la Diputación Permanente de la Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del estado de Sinaloa, en sesión pública ordinaria el día martes diecinueve de septiembre del presente año, el que textualmente dice:

Primero. La Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del estado de Sinaloa respetuosamente se dirige a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el propósito de solicitarle que tenga a bien contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 una partida destinada al Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, para quienes no han sido beneficiados con dicho Fondo y con ello se reabra el padrón correspondiente.

Segundo. Asimismo, se hace una respetuosa solicitud a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión para que, después del análisis y discusión que conforme a derecho procede, apruebe la reforma al artículo 6 de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, para que se reabra el padrón respectivo y se pueda apoyar a un mayor número de beneficiarios, acorde con lo propuesto en la reforma señalada.

Tercero. Igualmente, se solicita de manera respetuosa a los diputados federales por Sinaloa su valiosa intervención y gestión en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a fin de que impulsen lo señalado en este punto de acuerdo.

Lo que comunicamos a usted para su valioso conocimiento y efectos correspondientes.

Culiacán Rosales, Sinaloa, septiembre 20 de 2006.

Atentamente
Diputado Jesús Burgos Pinto (rúbrica)
Presidente de la Gran Comisión del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa

La Diputación Permanente del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa ha tenido a bien expedir el siguiente

Punto de acuerdo número 27

Es dado en el Palacio del Poder legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil seis.

La Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa

Diputados: Jesús Burgos Pinto (rúbrica), Presidente; Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), secretario.

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CEDER A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UN TERRENO DE 15 HECTÁREAS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

La Zona Metropolitana de la Ciudad de México ha tenido en las últimas tres décadas una intensa dinámica de transformación demográfica y urbanística, el crecimiento de la población y las necesidades de servicios ligados a ésta se han multiplicado. En el terreno educativo, se estima una demanda de educación superior de más de 300 mil jóvenes en la parte del poniente de la Ciudad de México, particularmente en Cuajimalpa y los municipios conurbanos cercanos a esta delegación.

Por ello, la delegación Cuajimalpa ofreció, para fundar ahí una unidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el predio denominado "El Escorpión", propiedad original del Gobierno del Distrito Federal, ubicado en la zona de Santa Fe. La donación del predio, se concretó el 5 de noviembre de 2004.

Lamentablemente, pocos días después de la donación, apareció un particular, quien solicitó un amparo bajo el argumento de que ese predio estaba dentro de un rancho que su abuelo le heredó, llamado Rancho Memetla.

Ante esta situación, la universidad tuvo que replantear la situación, y gracias a un apoyo adicional pudo realizar la compra de un predio más grande en la zona, el de "La Venta" o "El Encinal", por el que la UAM pagó 187 millones. Una vez firmado el contrato de compra-venta con los dueños del predio, éste se escrituró a nombre de la universidad, lo cual se hacía posible someter la propuesta de creación de la Unidad Cuajimalpa al Colegio Académico.

La Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana se creó el día 26 de abril de 2005, lo que representó un hecho decisivo de la Casa Abierta al Tiempo, pues la resolución busca dar respuesta a la demanda de educación superior pública en el poniente de la zona conurbada del valle de México.

Sin embargo, por esos días, un grupo importante de vecinos objetó el establecimiento de la unidad.

Así, ante un conjunto de circunstancias relacionadas con la irregularidad jurídica de los predios, la dificultad de cambiar el uso de suelo en otros y el excesivo costo derivado de la especulación en bienes raíces de la zona, el establecimiento físico de la Unidad Cuajimalpa, no se ha concretado.

Un convenio con la Universidad Iberoamericana proporcionó aulas suficientes para las actividades académicas durante el primer año de vida de la unidad. El pasado 25 de septiembre, con un total de 230 alumnos en las carreras de derecho, diseño, ingeniería de la computación y matemáticas aplicadas, la Unidad Cuajimalpa inició sus actividades académicas del presente ciclo, en el edificio que ocupaba el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en la avenida Constituyentes, en espera de encontrar una ubicación adecuada para la construcción de sus instalaciones.

Por lo mencionado anteriormente, se hace necesaria la intervención del Ejecutivo federal a fin de que contribuya en la solución de la problemática expuesta. En razón de que se busca atender una de la las necesidades más sentidas de la sociedad mexicana, como es la urgente creación de más y mejores universidades que permitan responder cabalmente a los retos que enfrenta el país.

No debemos olvidar que treinta y dos años de vida de la Universidad Autónoma Metropolitana han sido decisivos en la configuración del sistema de educación superior nacional. Es cierto que las universidades tienen el firme compromiso de educar, investigar y difundir la cultura, pero también es obligación del Estado mexicano el dotar a las universidades públicas de los elementos que le son necesarios para poder estar en posibilidad de cumplir con las altas responsabilidades que les han sido confiadas.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, invita a los diputados que integran la presente legislatura, a apoyar las gestiones de la UAM, que le permitan contar con un terreno en el que pueda construir la Unidad Cuajimalpa.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que sea considerado de urgente u obvia resolución someto a esta honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Vicente Fox Quesada, a donar el terreno de 15 hectáreas, ubicado en el kilómetro 14.5 de la carretera federal México-Toluca, a favor de la Universidad Autónoma Metropolitana a efecto de que construya en él su Unidad Cuajimalpa.

Segundo. Se exhorte al Ejecutivo federal a efecto de que a través de las dependencias correspondientes se expidan las licencias y permisos federales que se requieran para la construcción y funcionamiento de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Tercero. Se exhorte al Ejecutivo del Distrito Federal, para que a la brevedad posible otorgue las licencias de construcción y funcionamiento que sean necesarias a fin de que se construya y comience a prestar servicios la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Dado en el Palacio Legislativo, a los 24 días del mes de octubre de dos mil seis.

Diputados: María Gabriela González Martínez (rúbrica), Leobardo Curiel Preciado (rúbrica).

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE COADYUVAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO DEL PLAN PUEBLA-PANAMÁ, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO EDUARDO ELÍAS ESPINOSA ABUXAPQUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, diputado federal Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General y artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, para proponer la creación de la comisión especial del Plan Puebla-Panamá, conforme a los siguientes

Motivos

El Congreso de la Unión ha fortalecido su autonomía y capacidad de decisión, ejerciendo con mayor vigor las funciones que le corresponden; en consecuencia, se ha vuelto un referente obligado para la toma de decisiones que darán continuidad a los proyectos de desarrollo y competitividad del país.

Entre los aspectos fortalecidos en la función parlamentaria, encontramos una creciente influencia en la formulación de nuevas comisiones especiales. En la realidad, la tarea de legislar ya no es la única función de los Congresos. A la tarea de hacer leyes se agregan las de control, fiscalización y supervisión de un trabajo coordinado entre los diferentes órdenes de gobierno; el debate de los grandes temas nacionales, la apertura a distintas corrientes de opinión y la constitución de una arena para el diálogo y los acuerdos políticos nacionales. Todas ellas, no hay duda, fortalecen las prácticas y valores democráticos.

Por otro lado, el 12 de septiembre de 2000 el entonces presidente electo de México, Vicente Fox, durante una gira por los países de Centroamérica, planteó la posibilidad de un plan de desarrollo regional desde Panamá hasta Puebla, que cubriera los nueve estados del sur sureste de México y los siete países del istmo centroamericano.

El Plan Puebla-Panamá fue propuesto formalmente el 30 de noviembre de 2000 a los presidentes de los países centroamericanos y al primer ministro de Belice, basándose en una nueva concepción de la planeación regional que busca adecuarse a un nuevo contexto nacional e internacional de democratización, fortalecimiento institucional y participación de la sociedad civil organizada en la formulación de políticas públicas.

La creación de esta nueva comisión especial pretende impulsar y coadyuvar en el sur-sureste de México y Centroamérica un desarrollo integral equilibrado, basado en un crecimiento económico sustentable, que sea a la vez socialmente incluyente, ambientalmente sostenible y territorialmente ordenado.

Los objetivos del Plan Puebla-Panamá son:

1. Desarrollo humano y social de la región.
2. Participación de la sociedad civil mexicana en el sur sureste de la República.

3. Cambio estructural en la dinámica económica de la zona.
4. Aprovechamiento de vocaciones y ventajas comparativas de la región.

5. Promoción de las inversiones productivas.
6. Manejo sustentable de los recursos naturales regionales.

7. Concertación de planes y estrategias conjuntas con Centroamérica.
8. Modernización y fortalecimiento de las instituciones en la región.

Estos objetivos son un primer planteamiento, que incluyó una cartera de proyectos compuestos principalmente por infraestructura; sin embargo, el tema más importante del plan es fortalecer los aspectos sociales y ambientales del mismo y, en general, la estrategia integral del desarrollo regional sustentable de la región sur-sureste.

El plan plasma la visión de mediano y largo plazos de un proyecto de región que busca dar un salto cualitativo en el modelo de desarrollo, identificando ocho líneas de trabajo denominadas Iniciativas Mesoamericanas.

Así, la comprensión del nuevo esquema administrativo, político y social, es importante para ajustar los procedimientos de carácter legislativo a las nuevas necesidades. Al hacerlo, el Poder Legislativo gana en confianza social, lo que permite que la sociedad se interese más por los asuntos públicos, que se fortalezcan la comunicación, el ejercicio de los derechos y la exigencia de las obligaciones en la vida pública. Por ello, debemos trabajar en esquemas nuevos que impulsen el desarrollo de nuestras regiones, como la creación de esta comisión especial, que tiene su antecedente en la Comisión Especial Sur-Sureste, creada en la legislatura anterior.

Por ello, a fin de que las áreas señaladas no queden sujetas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, estimamos que es conveniente crear en este cuerpo legislativo una comisión especial del Plan Puebla-Panamá, para que el nuevo gobierno federal lo agende y el Congreso de la Unión lo contemple e impulse desde una perspectiva global, por ser un tema de interés para nuestras regiones. Esta aportación de la LX Legislatura será al enriquecimiento de las funciones legislativas y podría llevar, más adelante, a darle permanencia a través de la modificación de la Ley Orgánica.

Punto de Acuerdo

Primero. Se propone la creación de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura encargada de coadyuvar y dar seguimiento al Plan Puebla-Panamá, la cual se integrará conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y tendrá una vigencia durante toda la presenta legislatura.

Segundo. La comisión especial estará integrada por 30 diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de la honorable Cámara de Diputados.

Tercero. La comisión especial impulsará y propondrá a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y al Pleno de la honorable Cámara de Diputados los programas y proyectos prioritarios de desarrollo para el Plan Puebla-Panamá, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Palacio Legislativo, a 24 de octubre de 2006.

Diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA, Y DE ESTABLECER LAS PROVISIONES Y LOS MONTOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS EN 2006, A CARGO DEL DIPUTADO MANUEL CÁRDENAS FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PNA

El que suscribe, diputado federal Manuel Cárdenas Fonseca, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los productores agrícolas han sido objeto de rezagos ancestrales; de ello dan cuenta diferentes aspectos de su vida individual y colectiva, siendo ésta una gran incongruencia, toda vez que el trabajo que realizan en sus tierras, constituye la base de sus ingresos y, en la actualidad, según datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el 52 por ciento de la población vive en pobreza, y también se asegura que más de 80 por ciento de los pobres en México vive en el campo; de esta población, el 36 por ciento, en pobreza extrema. El Banco Mundial reconoce que la indigencia en el campo es mayor que hace 10 años, desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); México cubre el 40 por ciento de su demanda de alimentos con importaciones de Canadá y Estados Unidos de América.

En el caso del maíz y el frijol, productos muy sensibles a las importaciones, en el TLCAN se acordaron los plazos más largos de liberación de estos productos, quince años, que vencen al inicio de 2008, y un sistema de protección a través de aranceles-cuota. La cuota inicial para las importaciones de maíz de Estados Unidos fue de 2.5 millones de toneladas y de mil toneladas para Canadá. Estas cuotas ingresan al país sin arancel y aumentan un 3 por ciento cada año. Pero cualquier volumen por arriba de la cuota tenía obligación de pagar un arancel que iniciaría en 215 por ciento, para compensar las diferencias de precios internos e internacionales que existían en 1989 y 1992; éstas se reducirían hasta llegar a cero en el 2008.

México ha avanzado poco en materia de reducción de las asimetrías que mantiene con Estados Unidos y Canadá en el sector agrícola, sobre todo en cuanto a productividad y competitividad.

Las asimetrías relacionadas con los factores de producción muestran que el campo mexicano no tiene acceso en igualdad de condiciones a las de nuestros socios comerciales, ni en tecnología, ni en crédito, costes, infraestructura, etcétera, lo que nos lleva a quedar en estado de indefensión por la pérdida de competitividad que ello representa, así que la conclusión es obvia: el campo mexicano necesita y demanda de apoyos para no colapsarse.

Hay que admitir, que la falta de recursos imposibilita a los productores agrícolas que puedan adquirir las herramientas necesarias y los apoyos adecuados para la debida atención de sus tierras y lograr condiciones mejores para la comercialización de sus cosechas.

Con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el gasto público propuesto, aprobado y ejercido en nuestro país durante el periodo 2004-2006 ha evolucionado de la siguiente manera:

Debido a que en el año 2008 el sector agrícola mexicano perderá toda la protección arancelaria, incluyendo el de sus productos más sensibles, como el maíz y el frijol, es necesario que esta Cámara de Diputados apruebe para el ejercicio fiscal 2007 el mismo presupuesto, en términos reales, que aprobó para el año 2006.

Toda vez que con estos recursos se ha apoyado a los productores agrícolas, ayudando a solventar los problemas de comercialización y logrando avances en cuanto a producción y productividad; por tanto, con la facultad que me confieren la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a este Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Agricultura y Ganadería de esta Cámara de Diputados que en el presupuesto público federal para apoyos a la comercialización del sector agrícola para el ejercicio fiscal del año 2007 se contemple el equivalente al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en el año 2006 para este concepto, más la inflación esperada en el 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2006.

Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INDULTAR A DIVERSOS CIUDADANOS DE PUERTO MADERO, CHIAPAS, QUE LUCHARON POR UNA TARIFA JUSTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A CARGO DEL DIPUTADO FERNEL ARTURO GÁLVEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La problemática en materia de seguridad en el país es preocupante; la ola de violencia que se vive es de conocimiento de todos, y no podemos negarnos a ellos. El narcotráfico, por ejemplo, y la delincuencia organizada han rebasado los límites; han trastocado incluso las instituciones; por lo que es necesario unificar esfuerzos para retomar el rumbo en esta nueva tarea que nos encomendó el pueblo de México.

Hago ese comparativo porque los que delinquen en este rubro, como tráfico de estupefacientes, robo con violencia o secuestro, dañan profundamente a las familias de México y la integridad física, emocional, psicológica y económica de las víctimas de estos hechos. Sin embargo, muchos de esos delincuentes están prófugos de la justicia. En cambio, hay presos o delincuentes sociales; los llamo así porque están tras las rejas privados de la libertad no por cometer delitos de los mencionados sino por violentar la ley por desconocimiento. Quiero hacer hincapié en esta parte: violentaron la ley por desconocimiento.

Los cobros excesivos, injustificados y abusivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han provocado que los mismos ciudadanos se organicen para luchar por esta causa, debido a que han agobiado y va en detrimento de la economía familiar de los mexicanos, empresarios, medianos empresarios, microempresarios, pero sobre todo a los que más perjudican es a campesinos, obreros, pequeños comerciantes y a todas las familias de bajos recursos económicos.

Para tal efecto, me quiero referir a los ciudadanos Efraín Martínez Soto, Agustín Alberto Clavel Alfaro, Jorge Abimalec Ramírez Pacheco y Hernán Leyva Escobar, de Puerto Madero, recluidos en el penal 03 de Tapachula, Chiapas, desde el 17 de abril de 2002, con la asignación del expediente 35/2002; a la fecha, llevan presos cuatro años y seis meses.

Compañeras y compañeros diputados, quiero hacer nuevamente hincapié: violentaron la ley por desconocimiento. En la protesta y la lucha por pagar tarifas justas de energía eléctrica, el calor humano y el agobio de su pobreza, aunados a la represión policiaca, los llevaron a cometer algunas conductas contrarias a la ley, como la intención de algunos funcionarios de la CFE, que cumplan el corte de energía eléctrica correspondiente.

No son narcotraficantes, no robaron, no secuestraron con fines de lucro ni delictivos; aun así, los ciudadanos en mención son personas de buena fe, honestos padres de familia, reconocidos trabajadores de alta reputación y de buena conducta; lejos de lograr su objetivo inicial, el pago de una tarifa justa de energía eléctrica, hoy se hunden sus familias en la pobreza por la falta de la figura paternal. Consideramos justo que esas personas se integren a la vida familiar para velar por el buen desarrollo de sus familias, que es justo, por el bien de México.

Compañeras diputadas y diputados: por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Con carácter de urgente y obvia resolución

Único. Exhortar al titular del Ejecutivo de la Unión, licenciado Vicente Fox Quesada, a indultar en uso de las atribuciones que le otorga el artículo 89, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los ciudadanos Efraín Martínez Soto, Agustín Alberto Clavel Alfaro, Jorge Abimalec Ramírez Pacheco y Hernán Leyva Escobar, de Puerto Madero, Chiapas, con número de expediente 35/2002, por "luchar por una tarifa justa de energía eléctrica".

Diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2007 CONSIDERE RECURSOS PARA CONSTRUIR UN MACROLIBRAMIENTO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO ALFREDO BARBA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El que suscribe, Alfredo Barba Hernández diputado federal por el estado de Jalisco a la Sexagésima legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y en uso de las facultades que me confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Por medio del cual se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como a la Comisión de Comunicaciones, ambas de esta honorable Cámara de Diputados, para que dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, se contemple la asignación de recursos para la construcción de un macro libramiento en Puerto Vallarta, Jalisco, en mérito de lo cual se presenta la siguiente

Exposición de Motivos

El crecimiento de Puerto Vallarta en el Estado de Jalisco, ha traído consigo grandes beneficios económicos, sin embargo, con esto el incremento en la afluencia de vehículos, originándose problemas en la vialidad que desmotivan al turismo ha visitar la zona centro del puerto y con esto la baja rentabilidad del comercio de la zona.

Además de lo anterior, el tráfico de mercancías que circula en vehículos de carga pesada motivado por el tráfico que se ve obligado para cruzar al sur del estado, además de incrementar tiempos de traslado y costos ocasionan daños a las vías de comunicación que no contemplan carga pesada.

Puerto Vallarta es una ventana al mundo y representa uno de los principales centros turísticos, tanto nacional como internacional, por lo que dotarla de infraestructura acorde al ritmo de crecimiento es una inversión que no puede esperar.

Es importante señalar que la anterior legislatura destino presupuesto para la ampliación del puerto incrementando la llegada de cruceros de alto calado, obra que esta por terminar y con esto se recibirán el triple de visitantes por esta vía, por lo que se hace más necesario el macro libramiento aquí solicitado.

Estamos seguros que una obra de la naturaleza que se propone, viene a contribuir al desarrollo turístico de este lugar, y que se resolverá tanto para los habitantes como para los que transitan obligados los problemas de vialidad, sin dejar de mencionar la imagen que ofrecerá al turismo.

Considerando

Primero. Que esta honorable Cámara de Diputados en próximas fechas se encontrará realizando el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación que será aprobado por ésta soberanía para el ejercicio presupuestal del 2007.

Segundo. Que la asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio del 2007 debe privilegiar el fortalecimiento de los municipios y estados de la federación, mediante la asignación de recursos a programas y proyectos que atiendan una necesidad social y que a la vez contribuyan al desarrollo del municipio y el estado en su conjunto; y, en particular a los programas de beneficio social.

Tercero. Que en la asignación y ejercicio de los recursos públicos de la federación se debe de dar prioridad a aquellos programas o proyectos donde contribuyan al beneficio social, en particular aquellos que privilegian la conservación y el aumento de infraestructura de carácter social.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con la opinión de la Comisión de Comunicaciones de esta honorable Cámara de Diputados contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio del 2007, la asignación de recursos suficientes para la construcción de un macrolibramiento en Puerto Vallarta, Jalisco.

Le solicito, ciudadano Presidente, que el texto íntegro de mi intervención sea insertada en el Diario de los Debates para su constancia.

Dado en el Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados, el día 24 de Octubre de 2006.

Diputado Alfredo Barba Hernández (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEGOB A DESTINAR RECURSOS MEDIANTE EL FONDEN PARA APOYAR A LAS FAMILIAS AFECTADAS DE LA COLONIA LAS GOLONDRINAS, SEGUNDA SECCIÓN, DE LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita diputada federal del Grupo Parlamentario del PRD, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación, destine recursos a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), para atender la problemática de alto riesgo y apoyar a las familias afectadas, de la colonia Las Golondrinas, segunda sección de la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal, de acuerdo a los siguientes

Consideraciones

La Ciudad de México y su área metropolitana en su expansión y crecimiento no ha podido sujetarse a ningún tipo de planeación, debido a la enorme y anárquica demanda de vivienda.

Este fenómeno sociológico se explica por la concentración de fuentes de empleo en la ciudad, lo que ha implicado la ocupación de zonas restringidas y peligrosas para el uso habitacional.

La delegación Álvaro Obregón, se encuentra ubicada en el tercer sitio de mayor densidad poblacional en el Distrito Federal, de la cual, según datos oficiales, se considera que un 70 por ciento de su población asienta su vivienda en suelo de minas, barrancas o taludes, aunado a ello en la temporada de lluvias, hace de esta zona un peligro constante para sus habitantes.

Es de resaltar que el subsuelo, de la delegación Álvaro Obregón fue objeto de explotación de materiales pétreos para la industria de la construcción mediante la instalación de minas, de las cuales no se tiene antecedente sobre las medidas de seguridad aplicadas al final de su vida útil, es decir se desconoce si fueron rellenadas o no.

Dichas extensiones de suelo fueron ocupadas con viviendas derivadas del crecimiento desmedido de la mancha urbana de la zona metropolitana del valle de México.

La problemática que hoy nos ocupa es la situación critica que viven los vecinos de la colonia Las Golondrinas segunda sección, de la delegación Álvaro Obregón cuyo asentamiento se encuentra ubicado en una mina de arena, según indica un reciente estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, determinando que las irregularidades en el subsuelo ponen en riesgo la vida de las personas que allí habitan.

Como parte de la atención que se brinda a la ciudadanía y ante el evidente riesgo que implica vivir en una zona minada, la que suscribe, realizó un recorrido el pasado 11 de octubre del presente año conjuntamente con el gobierno delegacional y vecinos afectados.

En el recorrido tuvimos la oportunidad de constatar el peligro de derrumbes a los que se enfrentan los habitantes de esta colonia todos los días, así como las afectaciones a las estructuras de las casas, hundimientos y degradación del terreno, el cual presenta minado subterráneo reblandecido por las lluvias que se presentaron este año.

Las precipitaciones pluviales han ocasionado, históricamente, la necesidad de desalojar a los habitantes de sus viviendas hasta que concluye la temporada, siendo el caso de que en este año fueron desalojados alrededor de 200 personas, ocasionándoles pérdidas en su patrimonio familiar.

La gravedad de las condiciones en que habitan estos vecinos de la delegación Álvaro Obregón hace imperativo que la Secretaría de Gobernación a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), destine recursos suficientes para combatir la problemática planteada y generar las condiciones de seguridad de vida digna para la población afectada.

La problemática de mérito se ubica dentro de las definiciones de desastres naturales que se establecen en el capitulo II De la clasificación de los fenómenos perturbadores que pueden causar desastres naturales en sus incisos c) y e), (Alud y Deslave), del acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que a la letra señala:

4. Los fenómenos perturbadores por los cuales la Secretaría de Gobernación podrá emitir declaratoria de desastre natural para que en su caso sea posible el acceso a los recursos del Fonden son los que a continuación se enlistan:

Geológicos:

a)......

b)...

c) alud

d).......

e) deslave

Por lo anteriormente expuesto y por considerar que es un asunto de atención inmediata por involucrar la seguridad e integridad de las familias de la colonia Las Golondrinas segunda sección de la delegación Álvaro Obregón en el Distrito Federal, me permito presentar a este honorable Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que destine de manera urgente recursos suficientes del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), para atender la problemática de hundimientos y deslaves de las viviendas de las familias avecindadas en la colonia Las Golondrinas segunda sección de la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal.

Dado en el Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados a los veinticuatro días de octubre del año dos mil seis.

Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTA SOBERANÍA EXPRESA SU CONDENA POR LOS FEMINICIDIOS OCURRIDOS EN CHIMALHUACÁN, MÉXICO; Y SE EXHORTA A LA PGJEM A ACLARAR LOS HOMICIDIOS Y A CASTIGAR A LOS RESPONSABLES CONFORME LO ESTABLECE LA LEY, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO LÓPEZ ROJAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal Alberto López Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General del Estado de México, a fin de que se esclarezcan y castigue a los responsables de los feminicidios ocurridos en Chimalhuacán, estado de México, con base en las siguientes

Antecedentes

En la sesión del martes 1 de marzo de 2005 el ciudadano diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de México informar sobre los lamentables homicidios de mujeres en la entidad; proposición que fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada.

En ella el legislador de Acción Nacional señalaba que, según el resultado de una investigación realizada por la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, AC, en el estado de México se presentan tasas de feminicidios superiores a la media nacional, la cual es del 3.25 de cada 100 mil mujeres; en la entidad mexiquense alcanza el 7.45. Además, apuntaba que el estado de México es la séptima entidad del país con el mayor número de violaciones cometidas contra las mujeres.

Adjunto al anterior antecedente ofrezco a esta soberanía las siguientes consideraciones, a fin de proseguir con la fundamentación de mi proposición:

I. Como atestigua la proposición invocada, esta soberanía ha tenido conocimiento de dichos acontecimientos desde hace más de año y medio. La Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada, en su primer informe sustantivo de actividades, correspondiente al lapso del 14 de abril de 2004 al 14 de abril de 2005, reportó que en el estado de México la PGJE respondió a la comisión el 9 de noviembre de 2004, argumentando que debido a la secrecía establecida en el artículo 118 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México no podía poner a disposición de la comisión la información que se le había solicitado; que la información que la Procuraduría remitió a la comisión sólo refiere el número de homicidios cometidos por año, el medio con el cual fueron asesinadas las mujeres y el municipio donde ocurrió dicho homicidio.

Que de 2002 a 2004 se cometieron 236 homicidios de mujeres; ocurridos 81 en el 2002, 66 en el 2003 y 89 en el 2004. Las mujeres fueron asesinadas de la siguiente manera: 74 por asfixia, 82 por disparo de arma de fuego, 38 por herida con arma punzo cortante y 41 por traumatismo. Y que los municipios que registran más homicidios fueron Tlalnepantla, Amecameca, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl.

II. Hoy, a pesar de la actividad de la comisión parlamentaria de la LIX Legislatura, a la violencia contra las mujeres se suman los homicidios ocurridos en el municipio de Chimalhuacán, en agravio de Anahí Barrita, de 12 años de edad; de Inés Martínez Fuentes, de 19, y de Diana Nayeli Gaona Ponciano, de 24.

III. El acta CHIM/II/5886/06, radicada ante el juez primero penal consigna a los ciudadanos Francisco Raúl Galván Ávila y Janer Vázquez Potenciano como presuntos responsables de los delitos de cohecho y homicidio calificado de la ciudadana Anahí Barrita y de otras mujeres de la entidad. El acta también señala que los presuntos responsables serán recluidos en el interior del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Neza Bordo para que se determine su situación jurídica.

IV. Expongo el caso anterior en particular con objeto de concienciar a esta asamblea de la gravedad de los hechos e invitar a la Procuraduría de Justicia de la entidad a atenderlo con prontitud y profesionalismo, ya que los hechos nos agravian a todos los mexicanos.

Convocó a los diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios a que ofrezcamos soluciones a los problemas de los y las mexiquenses, a que tomemos medidas para garantizar la seguridad y tranquilidad de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura expresa su condena a los feminicidios ocurridos en el municipio de Chimalhuacán, estado de México, y con absoluto respeto a la soberanía del Estado Libre y Soberano de México, hace un exhorto a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para que se aclaren estos homicidios y se castigue a los responsables conforme lo establece la ley.

Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de México a que, observando con puntualidad los derechos humanos, ponga en marcha dispositivos que garanticen la seguridad de los habitantes del municipio de Chimalhuacán, estado de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2006.

Diputado Alberto López Rojas (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PGR A EFECTO DE QUE, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, IMPULSE EN DICHO ÓRGANO LA IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO DE ESTAMBUL EN TODAS LAS PROCURADURÍAS ESTATALES, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA OLIVA FRAGOSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. 2o., 3o., 10, fracción IX y 13 de la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 3o.; 5o., inciso A), fracción I e inciso B) fracciones I, III, V y VII y 15 del Estatuto de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la suscrita diputada Silvia Oliva Fragoso, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a la consideración de este pleno la siguiente propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Procurador General de la República, para que en su carácter de Presidente de la Asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, impulse en dicho órgano la implementación del Protocolo de Estambul en todas las Procuradurías estatales, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero. Que en pleno siglo XXI, aún persiste dentro de las investigaciones ministeriales, la práctica reprochable de torturar a los indiciados para allegarse de "pruebas" y utilizarlas en los procesos penales.

Durante los últimos treinta años, Amnistía Internacional ha informado sobre el uso generalizado y sistemático de la tortura en México y se ha movilizado en favor de la adopción de medidas eficaces para acabar con esta práctica y llevar a los responsables ante la justicia¹. Sin embargo, a principios del siglo XXI, las reformas constitucionales y la legislación contra la tortura introducidas por los sucesivos gobiernos mexicanos han resultado insuficientes para subsanar los defectos del sistema de justicia penal que siguen fomentando su uso, aunque algunas autoridades indican que la utilización de la tortura por parte de organismos federales ha disminuido a medida que la vigilancia ha ido mejorando lentamente Amnistía Internacional continúa recibiendo informes persistentes sobre tortura cada año; es más, es evidente que este método sigue siendo una práctica endémica en el ámbito estatal y municipal, que no se reconoce plenamente y menos aún se le hace frente.

La impunidad sigue siendo la norma para los responsables de cometer tortura y malos tratos. El hecho de que el uso de la tortura quede impune y se siga condenando a sospechosos en función de confesiones obtenidas mediante coacción, propicia el uso continuado de la tortura como método de investigación y demuestra que muchos de los diversos elementos del sistema judicial: policía, agentes del Ministerio Público, defensores, jueces y funcionarios judiciales aceptan esta práctica, abierta o tácitamente.

Según Amnistía Internacional todos los cuerpos de las diversas fuerzas policiales de México, ya sean federales, estatales o municipales, recurren habitualmente a la tortura o los malos tratos como método de control policial o de prevención del delito. Existen informes frecuentes sobre torturas, malos tratos u otras prácticas policiales ilegales, como la detención arbitraria, por parte de las fuerzas de la policía judicial que actúan bajo las órdenes del Ministerio Público.

El pasado 28 de mayo de 2004 unas tres mil personas participaron en varias protestas en Guadalajara, estado de Jalisco, con motivo de la clausura de la Tercera Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea las prácticas de la detención arbitraria, la tortura y malos tratos fueron la nota característica de la respuesta estatal ante las manifestaciones.

Al menos 211 personas fueron detenidas los días 3 y 4 de mayo del 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en el estado de México, como resultado de un operativo policial en respuesta a las protestas de activistas de una organización campesina de la zona. Un gran número de personas fueron torturadas.

El caso más reciente lo tenemos en los hechos ocurridos en este mes de octubre en la jornada electoral que tuvo lugar el Tabasco, en el que por lo menos una veintena de dirigentes y diputados federales del Partido de la Revolución Democrática fueron golpeados y sacados de la sexta agencia del Ministerio Público, al tiempo que torturaban e incomunicaban a otros.

Incluso los medios de comunicación dieron cuenta de la existencia de personas esposadas y con "huellas de golpes en el rostro".²

Segundo. Que el 9 de agosto de 1999, el Protocolo de Estambul, cuyo nombre correcto es Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, fue presentado a la señora Mary Robinson, en su carácter de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Tercero. Que el protocolo forma parte de la serie de capacitación profesional No. 8 de la ONU, y que no es un tratado internacional, sino una mera guía médica para documentar y examinar tortura física y psicológica.

Cuarto. Que este proyecto ha sido financiado con el apoyo del Fondo de Contribuciones Voluntarias de la Naciones Unidas para las Víctimas de la tortura; la División de Derechos Humanos y Política Humanitaria del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, Suiza; la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa; la Cruz Roja Sueca; la Fundación de Derechos Humanos de Turquía y Physicians for Human Rights. Se ha obtenido apoyo suplementario del Centro para las Víctimas de la Tortura; la Asociación Médica Turca; el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura; Amnistía Internacional Suiza y la Asociación Cristiana para la Prohibición de la Tortura, Suiza.

Quinto. Que se pretende que el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sirva para dar unas directrices internacionales aplicables a la evaluación de aquellas personas que aleguen haber sufrido tortura y malos tratos, para investigar casos de presunta tortura y para comunicar los hallazgos realizados a los órganos judiciales y otros órganos investigadores.

Sexto. Que el Manual incluye los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los cuales figuran en los anexos de la Resolución 200/43 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU con fecha de 20 de abril de 2000 y de la Resolución 55/89 de la Asamblea General con fecha 4 de diciembre de 2000, ambas aprobadas sin votación.

Séptimo. Que estos Principios esbozan unas normas mínimas para que los Estados puedan asegurar una documentación eficaz de la tortura.

Octavo. Que las directrices que contiene el Manual no se presentan como un protocolo fijo más bien representan unas normas mínimas basadas en los principios y que deben utilizarse teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Noveno. Que el Manual y los Principios son el resultado de tres años de análisis, investigación y redacción de los que se han encargado más de 75 expertos en derecho, salud y derechos humanos, representantes de 40 organizaciones o instituciones pertenecientes a 15 países, y que la conceptualización y preparación del Manual se han hecho en colaboración entre médicos forenses, médicos, psicólogos, observadores de derechos humanos y juristas de Alemania, Chile, Costa Rica, Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia, India, Israel, Países Bajos, Reino Unido, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza y Turquía, así como de los territorios Palestinos ocupados.

Décimo. Que la aplicación de dicho protocolo en el sistema de Seguridad Pública, en su etapa de administración de justicia, específicamente en la procuración de justicia, redundaría en la ampliación de los derechos de los indiciados, que sin menoscabo de los derechos de las víctimas, permitiría presentar un contrapeso a la práctica de la tortura y de los tratos inhumanos y degradantes.

Undécimo. Que nuestro país ha sido el primero de todos los que componen el orbe mundial en aplicarlo de manera directa a nivel federal y en el Distrito Federal, y

Duodécimo. Que el reconocimiento y aplicación de dicho instrumento internacional en el ámbito local permitiría a nuestras entidades federativas, colocarse en consonancia con la federación y nuestra capital.

Décimo tercero. Que el procurador general de la República preside la Asamblea de la Conferencia.

Décimo cuarto. Que es misión de la Conferencia ser el órgano de promoción y coordinación de esfuerzos de todas las instancias de procuración de justicia en el país, unidas a través del programa, para generar efectivas acciones de investigación y persecución del delito que influyan en el combate y prevención de la delincuencia que sean tangibles y medibles en beneficio de la sociedad, y constituirse a su vez en el eje fundamental del Sistema Nacional de Procuración de Justicia.

Décimo quinto. Que es objetivo principal de la Conferencia, erigirse como el órgano de análisis, difusión e instrumentación de la Procuración Nacional de Justicia, con estricto apego a la legislación aplicable, así como con absoluto respeto a la autonomía de las entidades federativas y para tal efecto, deberá instrumentar, implantar y ejecutar las políticas y acciones programáticas de colaboración, así como modernizar y mejorar los procedimientos de procuración de justicia; establecer programas permanentes para combatir la corrupción e impunidad, aplicables a todos los niveles de gobierno, encargados de la procuración de justicia, fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos, tanto de la víctima del delito como del probable responsable, así como promover el establecimiento de programas para la capacitación del personal sustantivo.

En suma y de acuerdo a las consideraciones ya expuestas, la suscrita propone a este honorable Pleno, el siguiente

Acuerdo

Único. Esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Procurador General de la República, para que en su carácter de Presidente de la Asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, impulse en dicho órgano la implantación del Protocolo de Estambul en todas las procuradurías estatales.

Notas:
1.Disponible en World Wide Web:
<http://www.amnestyusa.org/spnish/countries/mexico /document.do?id=7CC450EF634F50D4C1256CF0004E4F82>. Revisado en 2006-10-20.
2. Disponible en World Wide Web:
<http://www.jornada.unam.mx/2006/10/13/037n1est.php>. Revisado en 2006-10-20.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días de octubre de 2006.

Diputada Silvia Oliva Fragoso (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A CONVOCAR MEDIANTE LA STPS A UNA CONSULTA CON LOS SECTORES DE LA PRODUCCIÓN, ACADÉMICOS Y ESPECIALISTAS PARA REVISAR Y ADECUAR EL REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSARIO ORTIZ MAGALLÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal convocar, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a una amplia consulta con los sectores de la producción, así como con académicos y especialistas, para la revisión y adecuación del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La reciente explosión del buque tanque amarrado en el muelle de abastecimiento adyacente al complejo petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, no sólo ha sido una tragedia humana que ha sacudido a esa localidad, generando un clima de tensión entre sus habitantes. También vuelve a sacudir la conciencia nacional sobre los riesgos que enfrentan los trabajadores.

Lejos de ser acontecimientos debidos al infortunio, la seguridad de los trabajadores se mantiene en vilo. Las autoridades y los patrones son omisos ante sus atribuciones y obligaciones hacia la seguridad y la salud de los trabajadores. Tan sólo en Petróleos Mexicanos (Pemex) el número de siniestros se ha incrementado en 37 por ciento durante el presente gobierno. El avance de la tecnología y de la previsión social debiera reflejarse en la reducción de estos riesgos y en el cuidado de la integridad física del trabajador, por encima del principio de la obtención de la máxima ganancia.

Así, los procesos de flexibilización del trabajo hacen cada vez más peligroso el desempeño de ciertas actividades. Por ejemplo, en Pemex ascendió a 10 mil el número de trabajadores de la paraestatal que laboran en forma irregular, al tiempo que el crecimiento de la empresa se basa en contratos con empresas privadas, propiedad de prestanombres de funcionarios y la nula intervención del sindicato en la supervisión de la seguridad de los operarios.

2. Un factor que debe atenderse es el normativo. El Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, vigente desde enero de 1997, buscó "simplificar" el contenido reglamentario para "evitar regulaciones excesivas". El problema es que parte de esta desregulación hizo que las empresas dejaran de realizar acciones obligatorias conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Por ejemplo, el artículo 130 del reglamento establece que las empresas con menos de cien trabajadores no tengan que elaborar un diagnóstico y un programa de seguridad e higiene, bastando sólo hacer una relación de medidas preventivas en la materia, de acuerdo con la peligrosidad de las actividades que desarrollen. Esto constituye una excepción a lo establecido en el artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo y un riesgo para 38 millones de trabajadores que no laboran en empresas grandes.

Consideramos que la revisión a este reglamento debe ser prioritaria; que ésta debe ser consensuada y objeto de una amplia consulta con los sectores de la producción así como con académicos y especialistas en el menor plazo posible.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita, diputada federal, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a convocar, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a una amplia consulta con los sectores de la producción, así como con académicos y especialistas, para la revisión y adecuación del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.

Solicito atentamente a la Presidencia que se turne esta proposición a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2006.

Diputada Rosario Ortiz Magallón (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE QUE LA MESA DIRECTIVA DE ESTA SOBERANÍA SOLICITE AL DIRECTOR GENERAL DE LA CFE LAS VERSIONES FINALES DE LOS CONTRATOS PARA SUMINISTRO DE GAS NATURAL ADJUDICADOS A LAS EMPRESAS SHELL-GAS Y SEMPRA ENERGY, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO SOTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal Antonio Soto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Históricamente, los objetivos de la política energética mexicana han estado orientados a satisfacer localmente la demanda de combustibles primarios, tal como corresponde a un país dotado de abundantes yacimientos de hidrocarburos y que se había propuesto hacer de ellos una de las palancas fundamentales del desarrollo económico.

Por eso, llama la atención que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el principal consumidor de gas y suministrador de electricidad en el país, haya acordado abastecer la generación de electricidad a través de la importación de gas natural licuado (GNL) antes que coordinar con Petróleos Mexicanos el aprovechamiento de los recursos gasíferos nacionales.

En octubre de 2003, la CFE asignó a Shell-Gas la entrega de una importante cantidad de gas natural proveniente de la planta de regasificación que esa empresa construía en el puerto de Altamira y que debió entrar en operación durante el presente mes de octubre; por otra parte, en enero de 2005 asignó a Sempra Energy la entrega de 235 millones de pies cúbicos diarios, proveniente de la planta Costa Azul que se construye en Baja California, y se espera que licite un tercer contrato para el suministro en la región occidental (Manzanillo, Colima). El gas llegaría a las costas mexicanas en forma de gas natural licuado y desde muy diversos orígenes.

Así, paradójicamente, el Estado mexicano será el principal cliente y, por ende, el promotor de los proyectos de importación de gas natural licuado en el país.

El consumo de gas natural en México ha sufrido una transformación radical en muy pocos años. Mientras que en 1995 la demanda de gas para la generación de electricidad representaba 27 por ciento del total, en 2005 se elevó hasta 60 por ciento, y las importaciones de este energético crecieron hasta alcanzar una proporción similar a casi una quinta parte del total de la demanda. En esta nueva circunstancia, la CFE decide importar gas natural licuado para asegurar y estabilizar los flujos del gas que alimentarán las centrales eléctricas de ciclo combinado que, en menos de una década, soportarán 45 por ciento de la generación de electricidad en el país.

Sin embargo, las prospectivas oficiales sobre el mercado de gas natural en México establecen que 2009 registrará el pico de extracción nacional, con 6 mil 956 millones de pies cúbicos diarios, lo que coincidirá con una importación de GNL hasta por 500 millones de pies cúbicos, que se agregarían a los mil 180 mmpcd que llegarían por ducto, frente a un consumo total (incluido el autoconsumo de Pemex) de 7 mil 303 mmpcd. De donde resulta una probable exportación de mil 335 millones de pies cúbicos, que no es comprensible en una planeación nacional que la Secretaría de Energía debe trazar con toda precisión para complementar los esfuerzos de la CFE y de Pemex en beneficio del país.

En este escenario, la incorporación del GNL en el mercado mexicano tendría que entenderse sólo como un complemento para las regiones inalcanzables por el sistema nacional de gasoductos o como válvula de alivio en situaciones críticas, pero no como un componente central de la oferta nacional.

Entonces, ¿cómo entender que la CFE esté estableciendo contratos de largo plazo para la importación masiva de gas desde distintas plantas de regasificación de GNL por situar en ambas costas mexicanas? ¿Qué efecto va a tener la importación de grandes cantidades de gas sobre el mercado nacional?

Los precios del gas en Estados Unidos son de los más altos en el mundo y su tendencia es a incrementarse en la medida en que se acentúe la declinación de las reservas estadounidenses. En esas circunstancias, las empresas que traerían el GNL a México probablemente no tendrán interés de aislarse de los precios que predominan al otro lado de la frontera.

El ingreso excesivo de gas natural licuado puede profundizar el desorden que priva en la política energética mexicana. La dimensión de los contratos firmados por la CFE para importar GNL incluso pueden ser excesivos, debido a que la acelerada construcción de unidades de ciclo combinado ha aumentado el margen de reserva del sistema eléctrico nacional hasta un nivel de 35 por ciento, sobreequipando la capacidad de suministro hasta el grado en que algunas plantas de gas han tenido que bajar su índice de utilización.

En consecuencia, podría optarse por dilatar el ritmo de construcción de centrales de ciclo combinado y las proyecciones de la demanda de gas tendrían que disminuir, y la importación masiva de GNL tendría que ser reexaminada.

Incluso, recientemente diversos diarios de circulación nacional han informado que la Comisión Federal de Electricidad pagará aproximadamente mil millones de dólares anuales por adquirir 500 millones de pies cúbicos diarios a la internacional Shell-Gas.

Dada la estructura jurídico-constitucional de los energéticos en México, la posición de la Comisión Federal de Electricidad de licitar el abasto de gas natural, necesario para el suministro del servicio público de energía eléctrica, a través de contratos de largo plazo -15 o 20 años- y, probablemente, con mecanismos de indexación de precios a la evolución de las cotizaciones Henry Hub, no es coincidente con el interés nacional; porque es atar el suministro de dos insumos estratégicos -gas y electricidad- a entidades cuyas decisiones se toman fuera del ámbito nacional.

Finalmente, los recursos que han comprometido las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad para pagar las importaciones de GNL son recursos presupuestales que, implícitamente, autoriza la Cámara de Diputados anualmente, y considero que es de la mayor importancia para el país que esta Cámara pueda llevar adelante un examen minucioso de cada uno de los contratos y de las implicaciones que pudieran desprenderse para los precios futuros del fluido eléctrico, así como para el abasto nacional de gas natural.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de su Mesa Directiva, solicita al director general de la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad que remita a esta soberanía, con la mayor brevedad, las versiones finales de los contratos para el suministro de gas natural adjudicados a las empresas Shell-Gas y Sempra Energy.

Honorable Cámara de Diputados, a 24 de octubre de 2006.

Diputado Antonio Soto Sánchez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE EXHORTAR AL TITULAR DE LA CNDH A EMITIR LA RESOLUCIÓN SOBRE EL CASO DEL USO EXCESIVO DE LA FUERZA MILITAR Y POLICIAL EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO Y ACERCA DE LAS LESIONES Y MALOS TRATOS INFERIDOS A LEGISLADORAS Y LEGISLADORES FEDERALES, A CARGO DE LA DIPUTADA CLAUDIA CRUZ SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Durante el pasado mes de agosto, personal de la Cámara de Diputados, visitantes y los propios legisladores y legisladoras federales fueron vulnerados flagrantemente en sus garantías y libertades fundamentales por el excesivo uso de la fuerza militar y policíaca ejercida por el gobierno federal en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Nunca hubo motivación jurídica ni justificación política para establecer lo que se conoció como el gueto de San Lázaro, las garantías individuales de tránsito, manifestación, reunión, y protección integral de la persona, sencillamente porque estaban suspendidas de facto, sin que autoridad competente alguna haya autorizado dicha acción y sin que se hayan seguido los requisitos y condiciones establecidos por el artículo 29 de la Constitución Política.

Fue un desmedido y autoritario uso de la fuerza por parte del Estado en donde ante la incapacidad del régimen por sus enormes deficiencias, ilegalidades y deslegitimación de las instituciones en el pasado proceso de elección presidencial, no hallaron decisión mejor que mostrar el ominoso nerviosismo y la desesperación de quienes encabezan las instituciones de seguridad del Estado, mismas que por cierto, debieran ser las garantes de los derechos y libertades fundamentales de todas y todos los mexicanos.

En ese contexto de suspensión de facto de las garantías individuales fueron golpeados salvajemente un diputado y un senador de la LIX Legislatura, por lo que presenté una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin embargo a la fecha no hemos tenido noticia sobre el curso que han tomado las investigaciones del equipo de visitadores, ni sobre la situación que guarda el expediente asignado a la misma y las resoluciones que hayan sido tomadas al respecto por las instancias internas de la Comisión Nacional.

Las quejas interpuestas tratan sobre la violación a las garantías y derechos fundamentales derivadas del cerco militar y policial federal establecido en torno a la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro en los días previos al Sexto Informe del titular del Poder Ejecutivo federal, pero además sobre las graves lesiones inferidas por agentes federales del Estado en contra de dos legisladores del Congreso de la Unión, precedente maligno que no debe quedar impune.

De acuerdo con el marco normativo vigente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se constituye como un organismo de la sociedad y al servicio de ésta, siendo también un organismo público que tiene el imperativo jurídico, político y ético de resolver todos los casos atendiendo a los procedimientos de investigación ágiles, sencillos y rápidos para salvaguardar eficazmente los derechos fundamentales de las personas que acuden ante esa instancia del sistema ombudsman de México.

La CNDH tiene cuantiosos recursos aprobados por ésta soberanía y hasta el momento, no hemos tenido una comunicación directa con el visitador responsable del caso, ni hemos recibido comunicado alguno de admisión de la instancia, ni sabemos cuál ha sido el resultado de las investigaciones que en su caso se hayan realizado, ni que diligencias se han desarrollado y concluido, ni tampoco a que autoridades se les ha solicitado información.

Ésta soberanía desea saber que instituciones del Poder Ejecutivo federal generaron en la práctica un estado de excepción donde se suspendieron de facto las garantías individuales establecidas en la Constitución, específicamente en torno y en la sede del Poder Legislativo federal, ominosa situación que amenaza con repetirse en ulteriores ocasiones con motivo de la sesión del Congreso General del primero de diciembre próximo.

De conformidad con el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 2º, 3º, 4º, 6º, fracciones I y III; 44 y 50 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los artículos 6º, 76, 90 y 110 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta instancia tiene el imperativo jurídico de notificar por escrito del estado que guarda el expediente sobre la queja interpuesta el día 30 de agosto del presente año por los hechos antes referidos y que fueron del conocimiento de la opinión pública.

Exigimos que a la brevedad posible tengamos conocimiento sobre la situación jurídica que tiene el expediente sobre el cerco militar del Palacio Legislativo de San Lázaro y cuál es la resolución que sobre el particular emitirá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual de acuerdo con los informes de organismos especializados en la materia no ha tenido un papel realmente eficaz en su misión constitucional: proteger y defender las garantías y derechos humanos fundamentales de las personas que acuden ante esa instancia nacional.

Por lo anteriormente expuesto las y los diputados federales, con fundamento en el artículo 23, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que emita la resolución sobre la queja interpuesta al caso del uso excesivo de la fuerza militar y policíaca establecida en el Palacio Legislativo de San Lázaro y sobre las lesiones y malos tratos inferidos a legisladores federales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 10 de octubre, 2006.

Diputada Claudia Cruz Santiago (rúbrica)

Efemérides II

RELATIVA AL 63 ANIVERSARIO DEL DÍA NACIONAL DE LA AVIACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ROBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El anhelo del hombre por emular a las aves en su vuelo es tan antiguo como la misma humanidad, pues a través del tiempo han existido legendarias narraciones acerca del vuelo, y grandes cantidades vuelos inverosímiles han sido llevadas a cabo. En la actualidad son muchos los países que han querido para sí el privilegio de haber sido los primeros en la conquista del espacio aéreo mediante el uso de rudimentarios y raros aparatos voladores.

Los inicios de la aviación en México se remontan al periodo colonial. En el siglo XVIII, en la entonces Nueva España, los primeros experimentos para hacer volar un objeto más pesado que el aire empezaron con José María Alfaro, quien en 1784 logró elevar por primera ocasión un globo aerostático de cubierta impermeable, inflado con aire caliente. Un año después, Antonio María Fernández repitió la experiencia.

En ocasión de un aniversario del inicio de la Independencia, en 1825, en San Miguel Allende, Guanajuato, se elevó un aparato impulsado por aire caliente. A lo largo del siglo XIX hubo otras ascensiones, entre las que destaca la realizada en 1898, cuando por primera ocasión una mujer mexicana, Flora Conde, participó en esas experiencias. Ya iniciado el siglo XX, Ernesto Pugibet logró que su dirigible despegara.

Junto a los éxitos también hubo fracasos que llevaron a las autoridades a prohibir y suspender esos experimentos. Pero la experiencia de volar era demasiado atractiva como para abandonarla; las crónicas del siglo XIX y principios del XX refieren que hubo muchos intentos por elevarse con todo tipo de aparatos, desde los construidos con grandes alas de manta, hasta los globos aerostáticos, que generalmente tuvieron éxito.

El año de 1910 estuvo lleno de acontecimientos importantes para el país y también para la aviación. En enero, Alberto Braniff logró volar un biplano que recorrió 500 metros de distancia a 25 metros de altura, proeza que tuvo lugar en los llanos de Balbuena, al este de la ciudad de México; dichos llanos eran propiedad de su familia y él los había acondicionado para el despegue de su biplano. Se considera que fue este el primer campo aéreo mexicano.

En ese año se celebró el centésimo aniversario del inicio de la Guerra de Independencia de México, y parte de los espectáculos fueron precisamente algunas demostraciones acrobáticas; sin embargo, no todo era festejo, la situación del país provocó el estallido de la Revolución Mexicana. Durante este proceso los aviones auxiliaron a los ejércitos terrestres, aunque de manera incipiente, pues el desarrollo de la aviación en México no permitía un apoyo más formal.

Unos meses después, en febrero de 1911, Madero hizo un corto viaje en avión sobre la periferia de la Ciudad de México, experiencia que lo convenció de la importancia de los aeroplanos y de sus posibilidades. Por lo cual ordenó que se compraran algunos y se becara a varios mexicanos a fin de que estudiaran para pilotos y trajeran los respectivos aparatos al país. Entre los becados estaban los hermanos Alberto y Gustavo Salinas -familiares de Venustiano Carranza-, Horacio Ruiz, Juan Pablo y Eduardo Aldasoro; sin embargo, el proyecto maderista se suspendió a causa de la Decena Trágica, en la que murieron el propio presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez.

Días antes de estos acontecimientos, Miguel Lebrija y Juan Guillermo Villasana, quienes desde hacía varios años efectuaban vuelos experimentales, propusieron al gobierno bombardear la Ciudadela desde el aire, estrategia que no se llevó a cabo. Poco tiempo después, el general Victoriano Huerta se puso en contacto con ellos e iniciaron prácticas en los campos de Balbuena, simulando ataques aéreos; más adelante fueron enviados a Francia treinta cadetes de la Escuela Militar de Aspirantes, con el fin de que estudiaran y se convirtieran en pilotos aviadores.

Durante esta etapa de la Revolución, la aviación empezó a mostrar las ventajas de su utilización en el terreno militar. El general Álvaro Obregón ordenó comprar dos aviones en Estados Unidos para utilizarlos como bombarderos. El 5 de febrero de 1915, Venustiano Carranza creó la Fuerza Aérea Mexicana, cuyo mando encomendó al mayor Alberto Salinas. Se construyeron talleres y se edificó el primer hangar. Asimismo, el general Francisco Villa compró biplanos para tener su propia fuerza aérea.

En los años veinte, la aviación fue utilizada con éxito para derrotar a las tropas delahuertistas, y en 1926 el levantamiento yaqui fue enfrentado con escuadrillas aéreas. Del mismo modo, la rebelión cristera y la insurrección escobarista fueron combatidas, en parte, desde el aire.

Paralelamente a los progresos en la aviación militar, empezó a crecer la aeronáutica civil, que sería utilizada para el desarrollo del país; por ejemplo, su empleo en el correo desde 1917, o en el traslado de los enviados de prensa para que pudieran dar a conocer las noticias con rapidez. Los viajes comerciales que conectaban ciudades importantes, lejanas o de difícil acceso, principiaron en 1928, hasta llegar finalmente a la aviación de carácter turístico. Con el crecimiento de la aviación se hizo necesaria la creación de talleres, escuelas y aeropuertos en todo el territorio nacional.

En el año de 1915, la aviación nacional se incorpora a los servicios de vigilancia; posteriormente, el 18 de octubre de 1943, por decreto presidencial del general Manuel Ávila Camacho, se instituye el Día Nacional de la Aviación, quedando establecida su celebración el 23 de octubre.

RELATIVA A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MÉDICO, A CARGO DEL DIPUTADO DANIEL DEHESA MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Hace unos días, el Senado de la República otorgó a un prominente hombre de ciencia, humanista en toda la extensión de la palabra, la medalla Belisario Domínguez. Me refiero por supuesto al doctor Jesús Kumate, un médico al servicio de las causas más nobles de la república. Ese merecido reconocimiento se magnifica hoy, que celebramos el Día del Médico.

Hay miles de profesionales de la medicina en todo el país que hacen a diario una labor social elocuente; son héroes anónimos a quienes hoy hago explícita referencia de ésta, que es la tribuna más alta de la nación. A mis compañeros médicos que realizan su labor en comunidades alejadas de los centros urbanos, a quienes lo hacen en las colonias populares y, en general, a todos los que encontramos en la práctica de la medicina un reencuentro con la ética, un compromiso moral ineludible, pero sobre todo un propósito de vida, les expreso, en nombre de mis compañeras y compañeros diputados de LX Legislatura el más hondo y sentido reconocimiento a su encomiable labor.

En el siglo XXI, que ya iniciamos, México enfrenta serios desafíos. El de la medicina es uno de ellos: ampliar la infraestructura para garantizar cobertura universal; reconvertir tecnológicamente clínicas, hospitales y centros de atención especializados. El reto no es menor. De hecho, en el ámbito de la salud nunca hemos tenido metas menores.

El siglo XX mexicano demostró que con auténtica vocación social se pueden alcanzar grandes cosas: en tiempos de la Revolución Mexicana, la esperanza de vida no llegaba a 30 años; a finales del siglo pasado era ya de 74 años. El salto es enorme, propio de grandes pueblos, como el mexicano.

En este día, tan especial para todos los médicos del país, tengo la certeza de que los milagros son posibles cuando hay entrega a causas nobles, cuando de por medio hay motivos de vida. En lo personal, recuerdo siempre las grandes enseñanzas de mis maestros de la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, pero también la enorme experiencia que recibí de los galenos de la Facultad de Medicina de la UNAM. El de la medicina es un mundo en el que están presentes, por supuesto, las escuelas de prestigiadas instituciones privadas y las universidades estatales. El de la medicina es, pues, un mundo que une en torno de objetivos de vida.

Quienes elegimos el camino de la medicina nos sentimos profundamente satisfechos de nuestro quehacer. Y quienes siendo médicos estamos hoy en esta Cámara tenemos una doble razón para seguir adelante y desplegar nuestra vocación de servir.

Los médicos en la política no somos un accidente de la vida; somos parte de la expresión democrática, ejemplo de la pluralidad política y, sin duda, manifestación de nuestra madurez como sociedad.

Los médicos en la política estamos conscientes de los logros que se han alcanzado, pero también de los grandes rezagos que tenemos en infraestructura hospitalaria, en abasto de medicamentos, en contratación de personal profesional.

Los médicos en la política hacemos también una reflexión autocrítica alrededor de un modelo macroeconómico limitado que ha llegado a su agotamiento y que no ha servido para erradicar la pobreza, la indigencia y el desempleo que padecen millones de mexicanos a lo largo y ancho del país.

Los médicos en la política sabemos, también, que para avanzar debemos acordar los grandes cambios que reclama nuestro país, generar pactos para una transición real a partir de la generación de políticas de Estado y de una visión amplia de reforma. Ésa es nuestra apuesta.

Siempre he creído que la vida es una oportunidad para hacer algo por los demás; lo he confirmado en la práctica médica y lo confirmo hoy desde la honorable Cámara de Diputados.

Señoras y señores diputados:

Los médicos están en el origen del sistema de seguridad social de México; mantienen su vigencia y son garantía de bienestar para millones de mexicanos.

Los médicos en nuestro país somos una comunidad abierta, plural y entregada a las mejores causas de la vida; los médicos de México son ampliamente reconocidos en el ámbito internacional por su pericia, por su disciplina y por sus logros en los más variados campos de la ciencia. Los médicos han estado, están y estarán con México.

Diputado Daniel Dehesa Mora (rúbrica)

Proposiciones de acuerdo II

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, RELATIVO A LOS APOYOS ADMINISTRATIVOS PARA DIPUTADOS SIN PARTIDO

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que en términos del artículo 34, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es el órgano que asigna los recursos humanos, materiales y financieros de la Cámara de Diputados.

2. Que el artículo 30 del ordenamiento mencionado dispone que los diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un grupo parlamentario sin integrarse a otro existente serán considerados como diputados sin partido, y establece que se les guardarán las mismas consideraciones que a todos los legisladores y les serán otorgados los apoyos, de conformidad con las posibilidades de la Cámara, para que puedan desempeñar sus atribuciones de representación popular.

3. Que durante la reunión de trabajo de la Junta de Coordinación Política celebrada el día 23 de octubre se consideró la necesidad de normar los apoyos que se otorgarán a los diputados sin partido, dado que en estos momentos hay diputados que se encuentran bajo este supuesto, los cuales requieren contar con los medios a efecto de cumplir con sus tareas legislativas.

En ese sentido y con base en las atribuciones antes citadas, la Junta de Coordinación Política, adopta el siguiente

Acuerdo

Primero. Los apoyos administrativos que recibirán los diputados sin partido, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de que estén en posibilidades de desempeñar sus atribuciones de representación popular, serán otorgados por la Cámara de Diputados de conformidad con lo señalado en el documento anexo.

Segundo. Comuníquese a la Secretaría General de la Cámara de Diputados a efecto de que, a través de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, sea instrumentado el presente acuerdo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés días del mes de octubre del 2006.