Gaceta Parlamentaria, año IX, número 2116, jueves 19 de octubre de 2006

Orden del Día

SESIÓN DEL JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2006

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Congreso de Guerrero, cuatro.

De la Cámara de Senadores.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

Para que el procurador general de la República, licenciado Daniel Cabeza de Vaca Hernández, comparezca ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. (Votación)

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Mauricio Ortiz Proal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Pilar Guerrero Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25, 32, 33 y 34 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda "Constituyentes de Apatzingán", a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados José Rosas Aispuro Torres y César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los proyectos y programas de desarrollo de la región sur-sureste de México, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Segob que emita la declaratoria de zona de desastre para Villa Corregidora, Querétaro, por los daños ocasionados por las lluvias del pasado 30 de septiembre, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de crear la mesa interparlamentaria para la concertación de la reforma política del Distrito Federal, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Pleno de la SCJN a emitir con la mayor brevedad resolución respecto de la controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contra el Presidente de la República por considerar que con la expedición del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos se invaden facultades exclusivas del Poder Legislativo, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento a la asignación de recursos destinados a la homologación salarial de los trabajadores de la educación, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Sedesol que aplique un programa de empleo temporal en Villa Corregidora, Querétaro, para coadyuvar a una pronta recuperación de la población afectada, por las lluvias del pasado 30 de septiembre, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la República, a la SEP y a la SHCP a entregar con la mayor brevedad la asignación de recursos que esta soberanía etiquetó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2005 tendentes a apoyar la construcción de la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco, a cargo del diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se cite al titular de la CFE a comparecer ante esta soberanía a fin de rendir un informe detallado sobre el estado de seguridad que guarda la nucleoeléctrica Laguna Verde y dé a conocer el segundo proyecto de construcción de la nueva planta, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a que asuma la consecución del Plan Nacional de Cultura, parte del Plan Nacional de Desarrollo, o que explique las razones del abandono de los programas y proyectos de gobierno, como establece el artículo 26 constitucional y de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Banco de México para que no sustituya la imagen del héroe nacional Ignacio Zaragoza por la de Diego Rivera y Frida Kahlo en el billete de 500 pesos en la nueva familia que pondrá en circulación a partir de noviembre del presente año, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos municipales y a las legislaturas locales para que en sus presupuestos de egresos para el año fiscal de 2007 consideren recursos para la conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de la Unión para que se promulgue la celebración del 15 de octubre como el Día Nacional e Internacional de las Mujeres Rurales, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a crear una campaña promocional de México como un destino seguro, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea el comité de competitividad, a cargo del diputado Mariano González Zarur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la revisión, análisis y recomendaciones sobre los capítulos agropecuario y relacionados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados integrantes de la LX Legislatura que, en cumplimiento de la normatividad vigente, se abstengan de fumar en el honorable recinto, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que se destinen partidas presupuestales suficientes a la Universidad de Sonora para que enfrente su crisis financiera, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zatarain González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública realice una exhaustiva verificación a las empresas de seguridad privada, en cuanto a contratación de personal y procedimientos de operación, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SCT, Cofemer, CFC y Banco de México rindan a esta soberanía un informe sobre el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-012-SCT-2-2003, a cargo del diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo del diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo federal se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2007 el Programa Integral de Infraestructura de la Red Carretera del estado de Nuevo León, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP entregue al Instituto Mexicano del Petróleo los recursos que corresponden conforme al artículo 254 Bis de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, en relación con la ejecución del tratado de distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo con el gobierno de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Junta de Coordinación Política la creación de un grupo de trabajo que sirva de enlace ante la Conferencia Nacional de Gobernadores, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP libere los recursos presupuestales del ejercicio fiscal de 2006, aprobados por la Cámara de Diputados, del fondo de apoyo a proyectos integrales destinados a fortalecer procesos de beneficiado húmedo, seco y el acopio y comercialización del café, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial sur-sureste, a cargo del diputado Delio Hernández Valadés, del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo del diputado Eduardo Ortiz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que tenga a bien formular excitativa al Senado de la República para que dictamine la iniciativa que adiciona los artículos 36 Bis y 36 Ter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes se dictamine y, en consecuencia, se publique el decreto de reclasificación de las tarifas de energía eléctrica para algunas ciudades de Tamaulipas, a cargo del diputado Miguel Ángel González Salum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el combate y la prevención de las adicciones, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la promoción y rescate de las lenguas indígenas y fomento de la lectura, a cargo del diputado Delio Hernández Valadés, del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al director general de Pemex a cumplir los compromisos y obligaciones contraídos con el ayuntamiento de Manzanillo y con la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de dicho municipio, a cargo del diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 la distribución de los recursos sea en forma equitativa a todos los estados del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a los procesos de liquidación y pensiones de ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Recursos Hidráulicos, de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Salud, de Turismo, y de Fortalecimiento del Federalismo formen una comisión especial conjunta para dar cuenta de los diferentes aspectos y situaciones que aquejan la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal amplíe la vigencia del decreto por el que se sujeta a precio máximo el gas natural que se suministre a los usuarios residenciales de bajo consumo y se otorgue el estímulo fiscal que se indica, a cargo del diputado Humberto García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal para que integre una comisión plural que se encargue de realizar una investigación sobre el conflicto entre Exportadora de Sal, SA de CV, y los parcelarios de los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz, del municipio del Mulegé, Baja California Sur, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que las autoridades competentes intervengan en el conflicto entre Exportadora de Sal, SA de CV, de Guerrero Negro, y los pobladores de los ejidos Díaz Ordaz y Benito Juárez, a cargo del diputado Ismael Ordaz Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea y se da continuidad a la comisión de investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministros de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, y cualesquiera otras que tuvieren relación con la misma, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para promover la estimulación temprana y la educación inicial en México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial sobre no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos, a cargo del Grupo Parlamentario Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de prospectiva para la definición del futuro de México, a cargo del diputado Javier Martín Zambrano Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a integrar el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a Pemex y a la Sener un informe detallado de las investigaciones en torno del accidente ocurrido en el complejo petroquímico Pajaritos, en Veracruz, a cargo del diputado Gerardo Lagunes Gallina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal, al comisionado del Instituto Nacional de Migración y al gobernador del estado de México a cumplir la recomendación número 38/2006, relativa a los hechos de violencia ocurridos el pasado mes de mayo en Texcoco y San Salvador Atenco, México, a cargo de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a cumplir la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar; y a la SCJN, a agilizar la resolución de la acción de inconstitucionalidad número 27/2005, a cargo del diputado José Amado Orihuela Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a realizar estudios técnicos que garanticen que los recursos del FAPRACC mitiguen los efectos negativos que causan en los productores los fenómenos climáticos extremos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 los recursos necesarios a fin de realizar el VIII Censo Nacional Agropecuario, a cargo del diputado Héctor Padilla Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que retome el análisis, discusión y, en su caso, apruebe la minuta que crea la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a cargo del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos locales y a los ayuntamientos de la república destinen recursos públicos para la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, a cargo de la diputada Martha Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Excitativa

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado César Horacio Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Agenda política

Sobre la situación actual de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Efemérides

Sobre el trigésimo segundo aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Relativa a la celebración del 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Proyecto de Acta

DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, QUE SE SOMETERÁ A CONSIDERACIÓN DEL PLENO EL JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2006

ACTA DE LA SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRADA EL MARTES DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos setenta y cinco diputadas y diputados, a las once horas con dieciocho minutos del martes diecisiete de octubre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del orden del día.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y de la misma manera la aprueba.

Oficio de la Cámara de Senadores, por el que informa que realizará sesión ordinaria los días lunes treinta y martes treinta y uno de octubre de dos mil seis. De enterado.

Oficios con puntos de acuerdo de los Congresos de los estados de:

Sonora, por el que solicita la asignación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, de al menos ocho por ciento del producto interno bruto del país en el rubro de educación. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

Tamaulipas, por el que solicita se dé cumplimiento a lo establecido en el Tratado Internacional de Límites y Aguas celebrado en el año de mil novecientos cuarenta y cuatro. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

Proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la adición de las comisiones de Cultura y de Ciencia y Tecnología a la Comparencia del secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra. En votación económica, la asamblea lo aprueba.

Dos oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativo al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondientes a septiembre de dos mil seis, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público.

Para hablar sobre el quincuagésimo tercer aniversario del reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la mujer mexicana, se les concede la palabra a las diputadas:

Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.

A las once horas con treinta y ocho minutos se registra una asistencia de cuatrocientos cuarenta y nueve diputadas y diputados.

Rubí Laura López Silva, del Partido Acción Nacional; Sara Latife Ruíz Chávez, del Partido Revolucionario Institucional; Pilar Guerrero Rubio, del Partido Verde Ecologista de México; Martha Angélica Tagle Martínez, de Convergencia; Rosa Elia Romero Guzmán, del Partido del Trabajo; Silvia Luna Rodríguez, de Nueva Alianza y Aida Marina Arvizu Rivas, de Alternativa.

Iniciativas con proyecto de decreto que presentan los diputados:

Juana Leticia Herrera Ale y José Rosas Aispuro Torres, ambos del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Se turna a la Comisión de Salud.

Guadalupe García Noriega, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona los artículos cuarenta y nueve y cincuenta y uno de la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Israel Beltrán Montes, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo tercero transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil seis. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Se turna a la Comisión de Comunicaciones.

Héctor Hugo Olivares Ventura, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cinco, seis, y cincuenta y seis de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ochenta y cinco de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos siete de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y cuarenta y seis de la Ley del Banco de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Víctor Leopoldo Valencia de los Santos, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veinticinco del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La Secretaría da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integra la delegación de diputados que participará en la décimo cuarta Reunión Interparlamentaria México-Canadá, a celebrarse en la ciudad de Ottawa Canadá del veintitrés al veintisiete de octubre de dos mil seis. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

Dictamen a discusión de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos treinta y nueve y cuarenta y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al dictamen y para fundamentarlo a nombre de la comisión, se le concede la palabra al diputado Carlos Chaurand Arzate, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una adición de dos artículos transitorios, que la asamblea admite en votación económica. Con un resultado de cuatrocientos cuarenta y dos votos en pro, uno en contra y dos abstenciones, la Presidencia declara aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma y adiciona los artículos treinta y nueve y cuarenta y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite al Senado de la República para los efectos del inciso a) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Alma Edwviges Alcaraz Hernández, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, proporcione la estadística de los aportes realizados por el Gobierno Federal a las Entidades Federativas en el periodo de dos mil a dos mil seis, por todo concepto y los resultados de las revisiones efectuadas por la misma. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.

Pedro Pulido Pecero, del Partido Acción Nacional, para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Caminos y Puentes Federales y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, implanten los mecanismos adecuados para actualizar el Padrón de Residentes Exentos del Pago de Peaje, incluyendo el municipio de Tampico Alto, Veracruz.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Comisión de Transportes.

Rafael Elías Sánchez Cabrales, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se constituye un grupo plural de legisladores para investigar las agresiones que sufrieron diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así como la dirigencia de dicho partido por parte de las autoridades locales del estado de Tabasco. En votación económica, la asamblea no considera la proposición de urgente resolución. La Presidencia informa que los grupos parlamentarios llevarán a cabo un debate pactado, sin entrar a la discusión de fondo de la proposición y que en cumplimiento por lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo sesenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizará lo conducente para velar por el respeto al fuero constitucional de los integrantes de la Sexagésima Legislatura. Se les concede la palabra a los diputados: Sonia Noelia Ibarra Franquez, del Partido de la Revolución Democrática; María Beatriz Pagés Llergo Rebollar, del Partido Revolucionario Institucional; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional; Francisco Javier Santos Arreola, del Partido de la Revolución Democrática; Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales, del Partido de la Revolución Democrática. Para rectificación de hechos, se les concede la palabra a los diputados: Jesús Humberto Zazueta Aguilar, del Partido de la Revolución Democrática; Luis Enrique Benítez Ojeda, del Partido Revolucionario Institucional; Francisco Sánchez Ramos, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Convergencia; Aurora Cervantes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática y Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo. Desde su curul, el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, hace un pedimento con relación a la proposición y la Presidencia señala que en su momento otorgará la petición. Se turna la proposición a la Junta de Coordinación Política.

Pedro Montalvo Gómez, del Partido Revolucionario Institucional, para que el titular de la Secretaría de Economía rinda un informe a esta Soberanía sobre el Acuerdo Paralelo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se turna a la Comisión de Economía.

Se recibe de la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil siete, se incluya una partida destinada a cubrir el apoyo social de los extrabajadores migrantes del estado de Aguascalientes. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con cuarenta y cinco minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves diecinueve de octubre de dos mil seis a las once horas.

Comunicaciones

DEL CONGRESO DE GUERRERO

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, jueves 28 de septiembre de 2006.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente, para los efectos legales conducentes, el acuerdo parlamentario por el que este honorable Congreso solicita respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que, para efectos del examen, discusión y aprobación del siguiente Presupuesto de Egresos de la Federación, considere la posibilidad de incrementar hasta en 10 mil millones de pesos el monto de los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) del Ramo 33.

Aprobado en sesión celebrada el día martes 26 de septiembre del año en curso.

Atentamente
Licenciado José Luis Barroso Merlín (rúbrica)
Oficial Mayor

La Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa y

Considerando

Que en sesión celebrada el día 21 de septiembre del 2006, los ciudadanos diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación, Ciencia y Tecnología, presentaron un dictamen con proyecto de acuerdo, bajo los siguientes términos:

Que en sesión de fecha 7 de abril de 2006, el Pleno de la Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero conoció la propuesta de punto de acuerdo parlamentario, que en uso de las facultades que le confieren los artículos 50, fracción II, y 56 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; y 126, fracción II, 170, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, presentó la ciudadana diputada Jessica Eugenia García Rojas, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a fin de adecuar la distribución de los recursos de los ramos 25 y 33 destinados a la educación básica, a las entidades federativas con mayor rezago educativo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007.

Que el licenciado José Luis Barroso Merlín, oficial mayor de éste honorable Congreso, en cumplimiento a la instrucción girada en la sesión de la misma fecha por la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó mediante oficio número OM/DPL/658/2006, a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación, Ciencia y Tecnología, la propuesta de referencia para el análisis, discusión y emisión del dictamen y proyecto de acuerdo respectivo.

Que la propuesta en comento, en sus considerandos, señala lo siguiente:

Primero. Una condición indiscutible para el bienestar social de la población es al acceso a la educación e impartirla es una función pública fundamental del Estado. La nación se ha distinguido por establecer, incluso antes que otras naciones, el derecho a la educación como garantía de la persona. El Constituyente previó ese derecho y los Congresos que forman el pacto federal han perfeccionado el marco legal que lo consagra y lo hace efectivo. Todo mexicano tiene derecho a recibir educación, sin distinción, ni discriminación alguna y el alcance en el ejercicio de este derecho se ha ampliado en el caso de la educación básica obligatoria, que imparte el Estado de manera gratuita, hasta comprender el nivel preescolar, en virtud de la reforma al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde noviembre de 2002. Con ello, la federación, los estados y los municipios comparten la responsabilidad pública de impartir educación básica preescolar, primaria y secundaria, obligatoria y gratuita, además de promover y atender todos los tipos y las modalidades de educación.

De conformidad con nuestra Carta Magna, corresponde al Congreso de la Unión la responsabilidad de expedir las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la federación, los estados y los municipios, y a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, así como establecer las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas y a quienes la infrinjan. El criterio fundamental que la Constitución señala al Congreso de la Unión es que tal responsabilidad debe dirigirse hacia el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República.

Segundo. El Plan Nacional de Desarrollo establece que la educación es el instrumento más adecuado para brindar a todo mexicano oportunidades de desarrollo personal y de elevar su calidad de vida, para superar la pobreza y la marginación, incrementando así el capital humano de la nación.

En el Programa Nacional de Educación, el Gobierno de la República otorga a la educación la más alta prioridad para el desarrollo del país y, en consecuencia, induce la asignación de recursos crecientes, acciones e instrumentos propicios para lograr un sistema educativo nacional de calidad. En congruencia con esa política pública de Estado y en cuya formulación ha contribuido, el Congreso de la Unión aprobó en diciembre del año 2002 el decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, con el propósito de que el monto anual que destine el Estado al gasto en educación pública y servicios educativos sea equivalente a, por lo menos, ocho por ciento del producto interno bruto (PIB) del país, de cuyo monto corresponderá por lo menos uno por ciento del PIB a la investigación científica y al desarrollo tecnológico de las instituciones públicas de Educación Superior. Para dar cumplimiento a esta disposición, en el artículo segundo transitorio del mismo decreto se establece que los presupuestos del Estado contemplarán un incremento gradual anual que permita alcanzar la meta establecida en el precepto, en el año 2007.

Tercero. Las decisiones que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión toma respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación tienen impacto directo sobre el alcance y la eficacia de los programas públicos de la entidades federativas, pues estas dependen cada vez en mayor medida de las participaciones y aportaciones federales, especialmente en el caso de programas prioritarios que son estratégicos para promover el bienestar social de la población. Para garantizar la aplicación de los instrumentos de política pública educativa de Estado, que con indeclinable compromiso han construido las asambleas legislativas del país, así como para hacer efectiva la ejecución de los programas y acciones concertadas entre la federación, los estados y los municipios, en beneficio de todos los mexicanos, el Congreso de la Unión considera que se requieren recursos públicos del orden de 32 mil 300 millones de pesos, de los que 10 mil millones corresponderían a educación básica, cuya inscripción escolar representa el 78 por ciento del total en el sistema educativo nacional.

Tal requerimiento se justifica, sobre todo, por los insuficientes incrementos en las participaciones y aportaciones federales destinados al sector educativo, cuya operación descentralizada ha correspondido con nuevos compromisos por parte de la federación, los estados y los municipios en materia de educación básica, acceso a este servicio público y apoyos para garantizar la eficiencia de los educandos, lo que depende en mayor medida del Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal (FAEB) y, en menor medida, del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), ambos correspondientes al Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Por su naturaleza y reglas de operación, tales fondos exigen de las entidades federativas la consecución y aplicación de recursos propios que los complementen, de manera que se puedan cubrir los requerimientos para satisfacer la demanda y cumplir con las metas programadas. El FAEB apenas crece 4.1 por ciento respecto del año anterior, mientras que los seis fondos restantes del Ramo 33 registran incrementos de mayor magnitud.

Cuarto. Esta situación no ocurre, en cambio, en el caso del Distrito Federal, pues esta entidad es favorecida mediante la propuesta de asignación de un monto de 27 mil millones de pesos, a través del Ramo 25, denominado "Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica", cuyo destino y ejercicio corresponde a la Subsecretaria de Servicios Educativos del Gobierno del Distrito Federal, en un contexto en que las previsiones económicas para el ejercicio y la demanda educativa prevista en la entidad, incluido el nivel preescolar, difícilmente justifica dicho monto, y que, en cambio, tendría un mayor impacto financiero y social en varias entidades del país, que padecen rezagos acumulados y demandas proporcionalmente de mayor magnitud y dimensión muy superior, como es el caso de Guerrero.

Las entidades federativas guardan entre sí, una enorme asimetría como resultado de la disparidad del desarrollo regional. Si la distribución de recursos presupuestarios guarda proporciones simétricas respecto de ejercicios anteriores, independientemente de la demanda nueva y la agregada que resulta del rezago acumulado, las entidades federativas del país se ven impedidas para atender y reducir las brechas que se generan cada año. Los rezagos de las entidades federativas distintas al Distrito Federal no se constriñen al sector educativo, comprende también rubros distintos como infraestructura básica, equipamiento urbano, de salud, en cobertura y calidad de prestación de los servicios públicos, que exigen urgente atención, y que en el caso de aquella entidad han sido atendidos con mayor cobertura y mejor calidad.

Así, no es posible comparar el esfuerzo educativo que debe hacer el gobierno de Guerrero, que, a la vez, enfrenta fuertes rezagos en campos distintos, respecto de otro gobierno en cuyo territorio la población goza de infraestructura básica suficiente, amplia consolidación urbana y niveles satisfactorios de cobertura y calidad de servicios públicos, en tanto que los rezagas sociales, la pobreza y la marginación social presenta niveles inferiores. Esas condiciones de ejercicio del gasto no son equiparables cuando, además, los recursos federales con que se apoya a estados y municipios deben ser obligadamente complementados con recursos propios, pues el mecanismo de las aportaciones federales así lo impone. No es el caso de los apoyos que recibe el sector educativo del Distrito Federal; mientras que Guerrero, estado con menor desarrollo económico que el Distrito Federal, las prioridades necesariamente se diversifican y compiten entre sí, lo que obliga a sacrificar recursos que deben ser destinados al sector educativo, recurrir a endeudamiento, soportar precisiones adicionales de financiamiento y posponer la meta para elevar la calidad de la educación básica, en cambio en el Distrito Federal, los márgenes de acción del gobierno se amplían, puesto que las prioridades se concentran, pudiéndose acometer metas de calidad antes que de cobertura.

De allí que sea evidente que a la necesidad de incrementar los recursos destinados a educación, debe corresponder una adecuada distribución y asignación del gasto federal descentralizado entre las entidades federativas. Sólo a partir de esta condición será posible que todos los órdenes de gobierno comprometan su mayor esfuerzo, en condiciones equitativas, para potenciar proporcionalmente los resultados y corregir las disparidades regionales del desarrollo nacional, y tener condiciones para lograr que los guerrerenses con menores oportunidades sean beneficiados a través del acceso a educación de calidad.

Quinto. Existe una inequitativa distribución de los recursos disponibles, según los rezagos acumulados, el crecimiento de la demanda y el nivel de marginación social y pobreza de cada entidad, que repercute en los logros de cobertura, especialmente en el nivel básico yen la educación para adultos. En efecto, con base en el estudio sobre los cambios en la marginación por entidad federativa, realizado por el Consejo Nacional de Población entre 1990 y 2000, cuyo principal indicador es la brecha que separa a las entidades respecto al Distrito Federal, entidad con menor grado en todo el país, sólo las entidades federativas que gozaban de mejores condiciones al iniciar esa década, pudieron reducir dicha brecha. Las diferencias regionales de la marginación se ampliaron durante los años noventa, debido a que el mayor grado de desarrollo social tendió a concentrarse en las entidades más avanzadas, en tanto que las entidades federativas más rezagadas avanzaron lentamente.

La reducción de la marginación social debe ser un esfuerzo sostenido, de allí que la inversión social en educación pueda contribuir a cerrar la brecha. Entidades federativas que durante los años noventa pudieron abatir dicho rezago pueden recibir un impulso mediante el aumento del gasto educativo, como es el caso de Guerrero, y así aliviar la tensión generada por el desarrollo desigual.

La consideración principal en esta propuesta reside en que se pueden solventar requerimientos adicionales para el sector educativo básico de Guerrero si se dispone de recursos asignados, comparativamente con exceso, al Distrito Federal. La dimensión de operación no justifica el monto de recursos asignados a esa entidad, toda vez que el sistema educativo está ampliamente consolidado y las previsiones económicas otorgadas mediante el gasto federal descentralizado le han sido incrementados en mucho mayor medida y no requiere invertir recursos adicionales de propias fuentes. El rezago educativo en el nivel escolar básico y en educación para adultos en el Distrito Federal no es equiparable con ninguna otra entidad federativa. El Distrito Federal es la entidad federativa con menor grado de marginación de todo el país.

Sexto. Conforme al gasto federal descentralizado, el crecimiento del Fondo de Aportaciones para Educación Básica es de 4.1 por ciento, en tanto el Fondo de Aportaciones para Educación Tecnológica y de Adultos (FAEB) decrece en 1.3 por ciento; en cambio, el Ramo Previsiones y Aportaciones para Educación en el Distrito Federal aumenta en 3.9 por ciento, pero su monto equivale al total que reciben mediante el FAEB varias entidades federativas en conjunto. Con las restricciones de un presupuesto austero, por la insuficiencia de los ingresos fiscales, se sacrifica en mayor proporción a las entidades federativas que al Distrito Federal, entidad que por medio de las participaciones y las aportaciones federales mantiene, proporcionalmente, un nivel de gasto excedente para hacer frente a necesidades que, de manera comparativa y ponderada, tiene menor magnitud que en el resto de las entidades federativas del país. Una agravante de esta asimetría radica en que el monto de previsiones económicas para educación básica destinado al Distrito Federal los ejercerá el propio gobierno central, a través de la Subsecretaría de Servicios Educativos de esa entidad, como se estableció en el Ramo 25 del proyecto de Presupuesto de Egresos para 2005, presentado a la Cámara de Diputados por el Ejecutivo federal.

Si se considera la evolución de las Participaciones y Aportaciones Federales a Estados y Municipios, se conforma esa situación comparativamente desfavorable, en términos de los desequilibrios regionales del desarrollo, a partir de los retos que en materia presupuestaria ha significado la descentralización de funciones sustantivas del Estado, tales como la educación. La proporción de las previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos (Ramo 25) descendió dentro del gasto neto total y en términos per cápita, entre 1992 y 2003, como resultado de la descentralización de los recursos para educación. Actualmente, estos recursos se destinan al Distrito Federal. Por ejemplo en el año 2005, los 21 mil 392.7 millones de pesos que se destinan a este ramo incluyen 5 mil 126.9 millones para cubrir previsiones económicas, mismos que se distribuyen entre el propio Distrito Federal y las entidades federativas, en éstas a través de FAEB y FAETA.

El Distrito Federal se beneficia, además, de los recursos que la federación destina como Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Ramo 39) con el tercer monto más elevado del conjunto de entidades del país, después del estado de México y de Jalisco. Las aportaciones del Ramo 33, específicamente las correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, sin incluir las previsiones y aportaciones del Ramo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación, revelan esta asimetría en la distribución de los recursos en función de los rezagos educativos acumulados y las mayores exigencias que enfrentan las entidades federativas con mayor grado de marginación, como son Guerrero, Puebla, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, reciben en conjunto menos recursos para el sector educativo básico que el Distrito Federal, a pesar de que estas entidades se ubican entre los primeros doce lugares con mayor marginación.

La participación de Guerrero (4.41 por ciento), Puebla (3.9 por ciento), Yucatán (1.67 por ciento) y Zacatecas (1.89 por ciento), en conjunto, dentro de las distribución de las aportaciones para la educación básica y normal, recibida entre 1998 y 2005, es equivalente a la que obtiene el Distrito Federal (11.87 por ciento) por la vía de las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (Ramo 25), que recibe para atender el mismo rubro. Esas entidades federativas tienen altos índices de marginación, Guerrero y Puebla casi la misma población, en conjunto, que el DF, aunque reciben apenas poco más de la mitad de los recursos que se destinan a esa entidad para atender la educación básica.

La brecha es mayor, si se considera, además, el Fondo de Aportaciones para Educación Tecnológica y de Adultos, pues mientras que entidades con mayor rezago en la atención de este rubro como Guerrero, Puebla, Yucatán, Guanajuato y Tabasco, pues tienen alta proporción de población analfabeta, 21.6 por ciento, 14.6 por ciento, 12.3 por ciento, 11.9 por ciento y 9.7 por ciento del total de su respectiva población de 15 años o más, por debajo del aumento promedio nacional, y por supuesto se encontrará muy por abajo del Distrito Federal, donde la población analfabeta apenas llega a 2.9 por ciento.

Séptima. La distribución del gasto público en educación debe considerarse como prioridad; los requerimientos para corregir las necesidades regionales y para superar los rezagos sociales que padecemos en Guerrero, en el ámbito educativo, que es el instrumento más idóneo en el contexto actual del país para asegurar mayores niveles de bienestar y calidad de vida a la población.

De ahí la importancia de que los poderes Ejecutivo, Legislativo Federal y nosotros los legisladores de Guerrero, colaboremos para la mejora en la asignación del gasto público y la modernización del proceso presupuestario, a partir de criterios de racionalización y eficiencia presupuestaria, de manera que se garantice un ejercicio más eficaz y transparente del gasto. En consecuencia, el esfuerzo es desigual entre entidades, como se deduce de la comparación entre cualquier entidad federativa y el Distrito Federal.

No es admisible, en ese sentido, establecer distingos entre estados, que derivan de no considerar las disparidades del desarrollo económico, social y educativo de cada entidad de la federación; es nuestro compromiso, es nuestro deber solicitar mayor recursos económicos, que sí se pueden obtener, sin afectar, ya que de no hacerlo estamos dejando de ser partícipes, y seguramente en otras entidades federativas de nuestro país, de inmediato tomarán los procesos legales correspondientes para acercar, más dinero para educación en su estado. Es una certeza: hoy debemos estar a favor de este punto de acuerdo; el no hacerlo, el votar en contra es decirle no al pueblo de Guerrero, es decir no a la educación y de esta manera combatir el rezago educativo que se padece en nuestra entidad.

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 46, 49, fracción XV, 55, 66, 84, 86, 87, 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Número 286, y demás relativos aplicables de la materia, las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Ciencia y Tecnología, tienen plenas facultades para analizar y emitir el dictamen respectivo a la propuesta de punto de acuerdo de antecedentes.

Que una vez que los suscritos diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación, Ciencia y Tecnología, realizamos un estudio y análisis minucioso de la propuesta de punto de acuerdo anteriormente referido, consideramos procedente su aprobación, en virtud de que se trata de que el sistema educativo estatal cuente con más recursos económicos, financieros, materiales y humanos, a efecto de ampliar la cobertura educativa y de mejorar la calidad de la educación que se imparte en nuestro estado.

Que del análisis que las comisiones dictaminadoras realizaron a la propuesta original, estimaron pertinente declararla procedente en el fondo, pero modificarla en la forma, es decir, es necesario realizar un acto de gestión ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, específicamente ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, sin hacer señalamientos o particularizar si otras entidades federativas cuentan con recursos económicos suficientes que de manera holgada puedan otorgar los servicios educativos e impartir una mejor educación, no se considera viable generar polémica. Debemos instrumentar otros mecanismos, y buscar elementos argumentativos de convicción que nos permitan obtener más y mejores recursos para nuestra entidad. A través de la gestoría que pudieran realizar las comisiones unidas dictaminadoras, ante sus similares de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión."

Que vertido lo anterior, en sesiones de fecha 21 y 26 de septiembre del 2006, el dictamen con proyecto de acuerdo recibió primera lectura y dispensa de la segunda lectura, respectivamente, y en sesión de esta fecha la Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del estado aprobó, por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, el dictamen con proyecto de acuerdo parlamentario presentado por los ciudadanos diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación, Ciencia y Tecnología.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8, fracción I, y 127, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, número 286, este honorable Congreso del estado de Guerrero decreta y expide el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Primero. La Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso de Estado Libre y Soberano de Guerrero solicita respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que, para efectos del examen, discusión y aprobación del siguiente Presupuesto de Egresos de la Federación, considere la posibilidad de incrementar hasta en 10 mil millones de pesos el monto de los recursos asignados al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal del Ramo 33, a fin de equiparar la distribución de los recursos federales descentralizados destinados a la educación básica y corregir las disparidades del desarrollo regional, de manera que se logren mayores beneficios para la población con menor calidad de vida de las entidades federativas del país.

De esta manera, el estado de Guerrero podrá contar con mayores recursos para atender los requerimientos adicionales derivados de la obligatoriedad de brindar educación preescolar gratuita a la población, de conformidad con lo dispuesto en la reforma del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que esa soberanía aprobó y que rige a partir de 2002.

Segundo. Se instruye a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Hacienda de este honorable Congreso para que, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado, sí así lo considera pertinente el titular del Poder Ejecutivo estatal, en su momento procesal oportuno, gestionen ante las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública de la administración pública federal, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Sexagésima Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión lo relativo a lo solicitado en el primer resolutivo del presente Acuerdo.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.

Segundo. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para su conocimiento general.

Tercero. Comuníquese a las instancias señaladas en el segundo resolutivo para los efectos legales conducentes.

Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil seis.

Diputados: Fernando José Donoso Pérez (rúbrica), presidente; Rey Hernández García (rúbrica), secretario; Bertín Cabañas López (rúbrica), secretario.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, jueves 28 de septiembre de 2006.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente, para los efectos de lo dispuesto en su artículo segundo, el acuerdo parlamentario por el que este honorable Congreso exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos federal y estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, para que incluyan en sus presupuestos de egresos de 2007 la aplicación de recursos en el rubro de construcción y modernización de carreteras y caminos rurales, y la inversión necesaria para pavimentar el tramo carretero que comunica Aratichangio-Zirándaro, en una longitud de 35 kilómetros, en Zirándaro de los Chávez, Guerrero, aprobado en sesión celebrada el martes 26 de septiembre del año en curso.

Atentamente
Licenciado José Luis Barroso Merlín (rúbrica)
Oficial Mayor

La Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que, en sesión de fecha 26 de septiembre de 2006, el ciudadano diputado José Luis Ramírez Mendoza presentó la propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y al del estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, para que incluyan en sus presupuestos de egresos de 2007 la aplicación de recursos en el rubro de construcción y modernización de carreteras y caminos rurales, y la inversión necesaria para pavimentar el tramo carretero que comunica Aratichangio-Zirándaro, en los siguientes términos:

"Que es del conocimiento público que Guerrero se encuentra en los últimos lugares del desarrollo socioeconómico a escala nacional, por sus altos índices de marginación, analfabetismo, desigualdad, pobreza, inseguridad y salud, lo que ha generado grandes problemas de desarrollo rural y urbano, careciendo además de una adecuada infraestructura carretera que comunique sus ciudades y poblaciones.

"Los discursos políticos de gobiernos anteriores han prometido invertir en los caminos y las carreteras; sin embargo, los resultados son desalentadores, pues no se ha llevado a cabo una adecuada coordinación entre los gobiernos federal y locales para realizar caminos y carreteras de calidad que puedan perdurar en buen estado, facilitando la comunicación que garantice la seguridad en el transporte; contrariamente a esto, podemos ver que muchas de nuestras carreteras y caminos se encuentran en malas condiciones, volviéndose intransitables, sobre todo en los periodos de lluvias, siendo más lamentable cuando las poblaciones tienen alto potencial de producción en diversos sectores primarios, como la agricultura, la ganadería, la pesca, las artesanías; pero dicha productividad se frena en su desarrollo económico por falta de buenas carreteras que permitan su transporte y comercialización; aunado a ello, el propio movimiento social que quiere resolver sus múltiples necesidades en diferentes puntos geográficos de la zona.

"Tal es el caso en particular de la comunidad de Aratichanguio, en Zirándaro de los Chávez, Guerrero, que en últimas fechas ha generado gran crecimiento demográfico, aportando gran parte de la producción en ganadería y agricultura a su municipio. Contrariamente a esto, cuenta con un camino de terracería de 35 kilómetros que la comunica con la cabecera municipal de Zirándaro, por lo que es fundamental solicitar a los gobiernos federal y estatal, así como al Congreso de la Unión, en las medidas de su competencia, que sea incluida en el Presupuesto de Egresos de 2007 la inversión necesaria para pavimentar dicho tramo carretero dentro de la aplicación de recursos que sean presupuestados en el rubro de construcción y modernización de carreteras, ya que con la realización de esta obra se verán beneficiadas de manera directa las comunidades de Alita, Ciriquicho, Catatemba, La Parota, El Crucero del Tamarindo, La Tasajera, El Cuitas, La Ordeña, La Hacienda Vieja, Cirizicuaro y Aratichanguio.

"Las comunidades que resultarán beneficiadas con esa obra la han solicitado de manera reiterada a gobiernos anteriores, ya que estamos conscientes de que la pavimentación de la carretera Aratichanguio-Zirándaro representa para la región de Tierra Caliente la realidad de ver cristalizado el desarrollo productivo sustentable, que en la actualidad se encuentra limitado por la marginación, las precariedades y los olvidos ancestrales.

"Hoy son tiempos de escribir desde todas las instancias de gobierno una nueva cultura política democrática, que agilice la participación responsable de todos, permitiendo la apertura al desarrollo y bienestar de nuestro estado, a la luz de la transición política que vivimos en Guerrero, convirtiendo en una realidad la aplicación de eficaces proyectos de desarrollo que resuelvan en mucho los anhelos de todos los guerrerenses."

Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 26 de septiembre de 2006, la Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del estado aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la propuesta de acuerdo parlamentario presentada por el ciudadano diputado José Luis Ramírez Mendoza.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; y 8, fracción I, y 127, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, el honorable Congreso de Guerrero decreta y expide el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Primero. La Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso de Guerrero aprueba exhortar a los titulares de los poderes ejecutivos federal y estatal, en sus respectivos ámbitos de competencia, para que incluyan en sus presupuestos de egresos de 2007 la aplicación de recursos en el rubro de construcción y modernización de carreteras y caminos rurales, y la inversión necesaria para pavimentar el tramo carretero que comunica Aratichangio-Zirándaro, en una longitud de 35 kilómetros, en Zirándaro de los Chávez, Guerrero.

Segundo. Se exhorta al Congreso de la Unión para que, en uso de sus facultades constitucionales, incluya en los presupuestos de egresos que serán aprobados para el ejercicio fiscal de año 2007, en el estado de Guerrero y el municipio de Zirándaro de los Chávez, la pavimentación de la carretera que comunica al poblado de Aratichanguio con la cabecera municipal de Zirándaro de los Chávez, en una distancia de 35 kilómetros.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo parlamentario entrará en vigor el día de su expedición.

Segundo. Remítase el presente acuerdo parlamentario a las autoridades señaladas en el presente.

Tercero. Publíquese el presente acuerdo parlamentario en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en el salón de sesiones del honorable Poder Legislativo, a los veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil seis.

Diputados: Fernando José Donoso Pérez (rúbrica), presidente; Rey Hernández García (rúbrica), secretario; Bertín Cabañas López (rúbrica), secretario.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, jueves 21 de septiembre de 2006.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
Presente

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para los efectos de lo dispuesto en su artículo primero, el acuerdo parlamentario por el que este honorable Congreso exhorta al honorable Congreso de la Unión, a los titulares de los poderes Ejecutivo federal y estatal y al honorable ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero, a efecto de reorientar las prioridades de la obra pública y de la inversión, en el Presupuesto de Egresos 2007, y en el de los años siguientes, a fin de retomar el programa de Saneamiento integral y limpieza de las playas, lagunas y ríos de Acapulco, como un asunto de alta prioridad. Aprobado en sesión celebrada el día jueves 21 de septiembre del año en curso.

Atentamente
Licenciado José Luis Barroso Merlín (rúbrica)
Oficial mayor

La Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que en sesión de fecha 21 de septiembre del 2006, el diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, presentó la propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al honorable Congreso de la Unión, a los titulares de los poderes Ejecutivo federal y estatal, y al honorable ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero, a efecto de reorientar las prioridades de la obra pública y de la inversión, en el Presupuesto de Egresos 2007, y en el de los años siguientes, a fin de retomar el programa de Saneamiento Integral y limpieza de las playas, lagunas y ríos de Acapulco, como un asunto de alta prioridad, en los siguientes términos:

Que el ambiente, más allá de su connotación jurídica debe entenderse como "la síntesis de la evolución del concepto de ecosistema y nos hace referencia a la puesta en práctica del enfoque totalizante. Cuando se habla de medio ambiente, se habla del ecosistema más que del ser humano; no solamente se contemplan los factores físicos, sino que se hace también referencia a las relaciones interindividuales, intercomunidades, sociales, es decir, nos lleva a los análisis económico, político, social y cultural.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus dispositivos 4o., 25, 73, 115, entre otros, asume una política de defensa al medio ambiente y a la preservación de los ecosistemas, ya que la evolución inadecuada del equilibrio ecológico, ha ocasionado la degradación ambiental que pone en serio peligro a la presente y futuras generaciones, así como la sustentabilidad del propio proceso de desarrollo.

Que la protección al medio ambientes es una de las nuevas exigencias sociales que involucra y obliga a los tres órdenes de gobierno. Es por ello que la federación, las entidades federativas y los municipios deben asumir, en el marco del nuevo federalismo y bajo las condiciones que impone el régimen de facultades concurrentes que priva en esta materia, un papel protagónico en la gestión ambiental.

Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, siguiendo las recomendaciones que contra la contaminación ambiental se han girado por diversos organismos internacionales, estatuye en su artículo 4o., que "La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales".

Que las zonas costeras, tienen una gran importancia económica. Cada año, alrededor de 10.3 millones de mexicanos y 5 millones de extranjeros visitan las playas del país. Tan sólo para las vacaciones de verano se pronosticó una derrama económica de casi 18 mil millones de pesos. No obstante su valor económico, pero sobre todo ecológico, en los últimos años no se ha llevado a cabo una adecuada protección y conservación de este recurso natural. Incluso, se ha deteriorado de manera alarmante la calidad del agua de las playas de importantes centros turísticos.

Que el estado de Guerrero, es una de las entidades federativas con mayores carencias económicas y grado de marginalidad. El 80 por ciento de los recursos propios que dinamizan la economía estatal, los genera la actividad turística, mientras que el 20 por ciento restante el sector agrícola; lo que indiscutiblemente hace que nuestro destino económico y financiero dependa en gran medida del tratamiento que el gobierno otorgue al sector turístico.

Acapulco es conocido y reconocido internacionalmente como uno de los destinos turísticos por excelencia, por los atractivos naturales como La Quebrada o sus cálidas playas de la bahía de Santa Lucía, Caletilla, Caleta, La Roqueta, Hornos; TIacopanocha, Playa Suave, Carabali, El Morro, Condesa, Copacabana, Icacos, Puerto Marqués, Majahua, Revolcadero, Punta Diamante, entre otras, que no sólo han sido fuente de legendaria inspiración popular, cinematográfica y poética, sino una plaza financiera, donde los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, han contribuido a detonar la fama internacional que se ha ganado a pulso.

Que con la funesta presencia del huracán Paulina, en octubre de 1997, los esfuerzos gubernamentales se orientaron, por necesidad histórica y urgente, de manera frontal a la reconstrucción del puerto, que sufrió grandes estragos materiales, económicos, y la irreparable pérdida de cientos de vidas humanas, que dejaron un profundo dolor todavía aún difícil de superar. Sin embargo, es conveniente advertir, que hasta antes de esa fatídica tragedia, los tres órdenes de gobierno, impulsaban el programa de Saneamiento integral de Acapulco, que contemplaba, entre otras cosas, la construcción de redes de drenaje, plantas de tratamiento y demás, para abatir el déficit en la materia y con ello, garantizar la limpieza y sanidad de las aguas de la bahía y de sus cuerpos de agua, como la laguna de Tres Palos, de Puerto Marqués, Pie de la Cuesta, y los ríos de la Sabana, a fin de ofrecer al turismo y a los nativos la observancia de las normas oficiales mexicanas ecológicas que previenen y controlan la contaminación del agua.

Que desde ese entonces, hemos observado con tristeza e impotencia, como las autoridades encargadas tanto a nivel federal (secretarías de Turismo, Salud; SEMARNAT, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional del Agua (CNA); el gobierno del estado y el ayuntamiento municipal de Acapulco, con un enorme desdén e insensibilidad, dejaron de afrontar y atender el grave problema de contaminación, sin destinar un solo peso de inversión para incidir en el saneamiento integral de Acapulco.

Que el programa integral de Playas Limpias, dependiente del Sistema Nacional de Información sobre la Calidad el Agua en Playas Mexicanas, señaló, en el análisis del mes de julio de este año, que la playa Caletilla presentaba un total de 9 mil 736 enterococos en 100 mililitros de agua, significando que al detectarse 500 enterococos, constituye ya un enorme riesgo. Con fecha 25 de julio del año en curso, en diversos medios informativos el actual secretario de Salud en Guerrero, doctor Luis Barrera Ríos, dio a conocer oficialmente los altos índices de contaminación de la playa de Caletilla.

Que estos anuncios significaron un duro golpe a la actividad turística y con ello, a la actividad económica de miles, sino es que de millones de guerrerenses, que viven directa o indirectamente del turismo, pues, Acapulco está empezando a vivir una de las peores crisis de su historia, resaltando en lo inmediato, la pasada temporada vacacional de verano que resultó una de las peores en los últimos años.

Que los funestos y demoledores anuncios de contaminación de la playa Caletilla, entre otras, no han sido acompañados de las acciones programáticas y financieras con las cuales se busque no sólo señalar el problema, sino empezar a trabajar decididamente en su solución.

Que el ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, en su reciente campaña presidencial, hizo, entre otros, el enfático compromiso de destinar los mayores recursos presupuestales para sanear de manera integral la bahía y cuerpos de agua de Acapulco.

Por lo anteriormente expuesto, la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, consciente de que el derecho a un ambiente sano, la limpieza del ecosistema, la pureza de nuestras playas, constituyen uno de los motores más importantes del desarrollo, y ante la creciente contaminación de las mismas, es de sobrada y urgente necesidad implantar las acciones, programas y destinar los recursos necesarios con los que se búsque resolver definitivamente este grave problema de salud pública y que el honorable Congreso de la Unión, y los gobiernos federal y del estado de Guerrero, estatal y municipal, a través de sus órganos responsables, instrumenten proyectos viables y a corto plazo, a fin de que las playas, lagunas y ríos del municipio de Acapulco y sus alrededores, sean objeto de un profundo tratamiento que permitan reposicionarla en una competitiva plaza turística, y se exterminen los altos grados de contaminación que actualmente le afectan.

En uso de la palabra el diputado Fernando José Ignacio Donoso Pérez, realizó una propuesta de adición con un artículo cuarto a la propuesta en desahogo, en los siguientes términos:

"...Cuarto. Se exhorta al titular del Ejecutivo estatal dirija por escrito al Banco Mundial, a la Gerencia Sectorial Financiera, sector privado e infraestructura, Colombia y México, su interés por recibir cooperación técnica y económica para el problema particular sobre el saneamiento integral de la bahía y ríos, así como el alcantarillado del municipio de Acapulco". Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 21 de septiembre del 2006, la Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la propuesta de acuerdo parlamentario presentada por el ciudadano diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo.

Acto seguido el Presidente de la Mesa Directiva, sometió para su aprobación la propuesta de adición presentada por el diputado Fernando José Ignacio Donoso Pérez, misma que fue aprobada por unanimidad de votos, instruyendo el Presidente que fuese agregada al contenido del acuerdo presentado por el diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8 fracción I y 127 párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, este honorable Congreso del estado de Guerrero, decreta y expide el siguiente:

Acuerdo Parlamentario

Primero. Se exhorta al honorable Congreso de la Unión, a los titulares de los poderes Ejecutivo federal y estatal y al honorable ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; a efecto de reorientar las prioridades de la obra pública y de la inversión, en el Presupuesto de Egresos 2007, y en el de los años siguientes, a fin de retomar el programa de Saneamiento integral y limpieza de las playas, lagunas y ríos de Acapulco, como un asunto de alta prioridad.

Segundo. Se exhorta a los titulares de la administración pública federal y estatal, para que instruyan, el primero, a través de su Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua (CNA), y el segundo, a través de su secretaría del ramo, retomar con carácter prioritario las acciones del programa de Saneamiento integral de las playas, lagunas y los ríos de Acapulco.

Tercero. Se exhorta al honorable ayuntamiento municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, para que reoriente, por igual, la prioridad de su programación de obras e inversiones estimando como un asunto de la más alta prioridad presupuestal y programática el saneamiento integral de playas, lagunas y ríos de ese destino turístico.

Cuarto. Se exhorta al titular del Ejecutivo estatal a que dirija por escrito al Banco Mundial, a la Gerencia Sectorial Financiera, sector privado e infraestructura, Colombia y México, su interés por recibir cooperación técnica y económica para el problema particular sobre el saneamiento integral de la bahía y ríos, así como el alcantarillado del municipio de Acapulco.

Transitorios

Artículo Primero. El presente acuerdo parlamentario surtirá sus efectos a partir de la fecha de su expedición.

Artículo Segundo. Comuníquese el presente acuerdo parlamentario al honorable Congreso de la Unión a los titulares de los poderes Ejecutivo federal y estatal y al honorable ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

Artículo Tercero. Publíquese el presente acuerdo parlamentario en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en dos diarios de circulación estatal.

Dado en el Salón de Sesiones del honorable Poder Legislativo, a los veintiún días de septiembre del año dos mil seis.

Diputados: Fernando José Donoso Pérez (rúbrica), presidente, Rey Hernández García (rúbrica), María Guadalupe Pérez Urbina (rúbrica), Secretarios.

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, jueves 21 de septiembre de 2006.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente para los efectos de lo dispuesto en su artículo segundo transitorio, el acuerdo parlamentario por el que este honorable Congreso exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en uso de sus facultades, asigne una partida presupuestal de por lo menos 40 millones de pesos, para construcción y ampliación del tramo carretero Mozimba-Pie de la Cuesta en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007. Aprobado en sesión celebrada el día jueves 21 de septiembre del año en curso.

Atentamente.
Licenciado José Luis Barroso Merlín (rúbrica)
Oficial mayor.

La Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y

Considerando

Que en sesión de fecha 21 de septiembre del 2006, los Ciudadanos diputados Ramiro Solario Almazán y María de Lourdes Ramírez Terán, presentaron una propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en uso de sus facultades, asigne una partida presupuestal de por lo menos 40 millones de pesos, para la construcción y ampliación del tramo carretero Mozimba-Pie de la Cuesta en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, en los siguientes términos:

Que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 en el rubro Comunicaciones y Transportes programa Región sur sureste y Plan Puebla Panamá destinó una inversión de 586 millones de pesos para Guerrero.

Que de los 586 millones aprobados para Guerrero, el presupuesto asignado en 2005 para la ampliación de la calzada Pie de la Cuesta era de 40 millones de pesos, pero no se ejerció como estaba previsto como resultado del veto presidencial y de la ulterior controversia constitucional. Aun cuando debió haberse tomado en cuenta para el siguiente ejercicio presupuestal, esto es, para 2006, tanto al Poder Ejecutivo federal, como a la honorable Cámara de Diputados federal, se les "olvidó" incluir esta partida en el respectivo Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006.

Que la modernidad en las entidades del país se ha generado a través de la construcción de más y cada vez mejores vías de comunicación, entre las que destacan las carreteras federales; esto significa, que una de las rutas para que un pueblo salga del atraso social y económico, es construyendo carreteras estratégicas, como lo es en este caso la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta.

Que el balneario de Pie de la Cuesta es uno de los principales activos turísticos de Guerrero, cuya puesta de sol es de fama mundial, en el cual se han establecido empresas que proporcionan trabajo a cientos de familias del lugar.

Que la calzada Pie de la Cuesta tiene una ubicación estratégica como puerta de entrada a la Costa Grande y como zona de inversión en los próximos años.

Que el proyecto de ampliar a cuatro carriles esta vía se justifica ampliamente, ya que la actual no permite la fluidez en el tránsito de vehículos locales, del transporte de pasajeros, del transporte de mercancías y sobre todo del traslado de turistas.

Que un factor determinante para la construcción y ampliación de este tramo carretero es su deterioro ostensible.

Con los antecedentes mencionados, los impactos negativos son evidentes, así como las pérdidas económicas de particulares, disminución en los niveles de calidad de vida de la población, y merma en los niveles de competitividad turística de la zona.

La zona poniente de Acapulco, el municipio que es el principal sustento en la vida económica de la entidad, ha estado abandonada por décadas, el crecimiento turístico y financiero ha despuntado en la zona opuesta, la conocida como zona Diamante; es momento de establecer bases mínimas para el desarrollo de la zona poniente, máxime que es un recurso que ya se había etiquetado para que se ejerciera en 2005.

Los legisladores locales, y en su oportunidad los legisladores federales cuando conozcan de este exhorto, deben de tomar en cuenta, que la zona poniente de Acapulco vive una convulsión social, producto de la exigencia unitaria de comisarios y delegados municipales, representantes de organizaciones sociales, de colonos, de los planteles educativos de la zona, de restauranteros, hoteleros, comerciantes y de ciudadanos, que indignados se han manifestado diariamente de diversas formas, reclamando la canalización de recursos para este tramo carretero, sintiéndose engañados y agraviados, porque desde 2005 se les había asegurado se realizaría esta obra tan importante, que facilitaría el acceso al balneario con la mejor puesta del sol del mundo y se constituiría como una puerta de entrada digna a la Costa Grande de Guerrero.

Que vertido lo anterior, en sesión de fecha 21 de septiembre del 2006, la Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, la propuesta de acuerdo parlamentario presentada por los ciudadanos diputados Ramiro Solario Almazán y María de Lourdes Ramírez Terán.

Acuerdo Parlamentario

Único. La Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en uso de sus facultades, asigne una partida presupuestal de por lo menos 40 millones de pesos, para la construcción y ampliación del tramo carretero Mozimba-Pie de la Cuesta en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo parlamentario surtirá efectos a partir de la fecha de su expedición.

Segundo. Comuníquese el presente acuerdo parlamentario al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para su conocimiento y efectos conducentes.

Tercero. Publíquese el presente acuerdo parlamentario en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en por lo menos dos periódicos de circulación local para su conocimiento general.

Dado en el Salón de Sesiones del honorable Poder Legislativo, a los veintiún días de septiembre del año dos mil seis.

Diputados: Fernado José Donoso Pérez (rúbrica) presidente; Rey Hernández García, (rúbrica); María Guadalupe Pérez Urbina (rúbrica) secretarios.

DE LA CÁMARA DE SENADORES

México, DF, a 17 de octubre de 2006.

Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha se declaró la constitución del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Senadores, con la siguiente integración:

Senador Alejandro González Yáñez, coordinador
Senador Alberto Anaya Gutiérrez, vicecoordinador

Senadora Josefina Cota Cota
Senador Francisco Javier Obregón Espinoza
Senadora Rosario Ybarra de la Garza

Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente

Proposiciones de acuerdo

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA QUE EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, LICENCIADO DANIEL CABEZA DE VACA HERNÁNDEZ, COMPAREZCA ANTE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Considerando

I. Que el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Presidente de la República asistirá a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de cada año de ejercicio legislativo y presentará un informe por escrito en el que se expondrá el estado general que guarda la administración pública del país.

II. Que el artículo 7, párrafo 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos prevé que las Cámaras del Congreso analizarán el informe presentado por el Presidente de la República y que dicho análisis se clasificará en las siguientes materias: política interior, política económica, política social y política exterior.

III. Que de conformidad con el artículo 93, primer párrafo, de la Constitución Política, los secretarios del despacho y los jefes de los departamentos administrativos, luego de que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso General del estado que guardan sus respectivos ramos.

IV. Que el artículo 34, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos faculta a la Junta de Coordinación Política para someter a la consideración del Pleno los proyectos de puntos de acuerdo que resulten necesarios para que la Cámara de Diputados ejerza las atribuciones que constitucional y legalmente le corresponden.

V. Con la finalidad de profundizar en el análisis del VI Informe de Gobierno presentado por el Presidente de la República y de promover el diálogo constructivo entre la legislatura y las dependencias del gobierno federal, la Junta de Coordinación Política ha considerado conveniente que las comparecencias de los secretarios de despacho a las que se refiere el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se realicen ante comisiones de la Cámara de Diputados.

VI. En ese sentido, la Junta de Coordinación Política suscribió un acuerdo, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados en su sesión del 10 de octubre de 2006, en el cual se establece que el procurador general de la República, licenciado Daniel Cabeza de Vaca Hernández, comparezca ante las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, de Gobernación, y de Seguridad Pública.

VII. Que los presidentes de las comisiones de Gobernación, y de Seguridad Pública solicitaron a la Junta de Coordinación Política que dicha comparecencia pudiera llevarse a cabo únicamente ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, petición que éste órgano de gobierno consideró conveniente obsequiar.

Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 7 y 34, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Que el titular de la Procuraduría General de la República, licenciado Daniel Cabeza de Vaca Hernández, comparezca ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Palacio Legislativo, México, DF, a 18 de octubre de 2006.

Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Presidente
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica p.a.)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina

Iniciativas

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO DAVID SÁNCHEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, David Sánchez Camacho, diputado federal a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Decimoséptimo Bis, denominado "Delitos contra la Dignidad de las Personas"; se reforma el artículo 315 y se adiciona el artículo 319 Bis al Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los mayores flagelos que ha azotado a la humanidad a lo largo de su historia ha sido la discriminación en sus diversas expresiones: sexual, racial, económica, cultural y religiosa, entre las más visibles. La intolerancia, protagonista de los más cruentos conflictos, ha provocado aberrantes sucesos que todavía hoy lamentablemente continúan presentándose.

La intolerancia es un fenómeno que ha estado presente en las diferentes etapas de la historia humana ocasionando guerras, persecuciones religiosas y violentas confrontaciones ideológicas. Alimentada por los prejuicios, estereotipos, odios ancestrales y fanatismo, a cuyas cuentas se abonan millones de víctimas, lo que requiere tomar medidas.

La perversidad del modelo económico ha marginado a varios grupos sociales, orillándolos a situaciones extremas de iniquidad y desigualdad, profundizando la discriminación y propiciando nuevos ámbitos de segregación.

En nuestro país, la discriminación alimentada por prejuicios, ignorancia y odios a los "diferentes" ha ocasionado crímenes impunes, sobre los que se requiere tomar acciones que nos permitan el ejercicio de un estado de derecho a través de adecuar las normas a los requerimientos de la población actual.

Actitudes infalibles de intolerancia, de abuso de poder y autoridad que genera en las mujeres el derecho a la vida bajo el temor a la ofensa o muerte que otros decidirán, que propicia las violaciones sexuales y la culpabilidad a las mujeres, que profundiza las desigualdades en razón de género y permite la violencia que no puede resistir ni en los albores del siglo XXI ni en ningún tiempo.

En México, la discriminación continúa y se incrementa con velocidad. Así, se marginan a indígenas; se excluye a personas adultas mayores, de las cuales la mayoría se encuentra en condiciones de indigencia, carente de cualquier protección social y seguridad pública, y que de 1998 a la fecha se han cometido 49 homicidios;¹ se rechaza a quien padece alguna discapacidad; se genera la feminización de la pobreza; se estigmatiza, ridiculiza y se asesina a homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros, siendo aproximadamente mil personas² las que han sido ejecutadas por homofobia de 1995 a 2003, sin contar a los ejecutados en los últimos tres años; se segrega a las personas que viven con VIH-sida, quienes en su mayoría no tiene acceso a los servicios médicos de salud ni a medicamentos; se rechaza a trabajadoras y trabajadores sexuales. Y qué decir de la discriminación perpetrada contra el sector que, por cuestión de edad, tiene menos mecanismos de defensa: las niñas y los niños. De este universo, millones de niñas y niños comparten condiciones de pobreza; se margina a 50 millones de mujeres, de las cuales de 1999 a 2005 han sido asesinadas 6 mil en diez estados del país, por el solo hecho de ser mujeres.³

No hay razón para no inferir que las naciones posmodernas no son homogéneas, y que la nuestra en particular, se caracteriza por su diversidad de identidades, intereses, valores y conductas. Como sociedad plural no sólo debemos tolerar modos de vida antagónicos, sino que debemos considerar que su misma existencia es un valor importante que exige la responsabilidad de fomentar el desarrollo específico y heterogéneo de las minorías legitimando el derecho a las diferencias.

Ello implica, que la humanidad debe adaptarse a un mundo lleno de diferencias, a respetar toda forma de creencias y aceptar convicciones ajenas sin tratar de imponer el criterio propio, replantearse la dignidad ética de los seres humanos y la racionalidad de la política.

Está en todos y todas evitar el deprecio y la violación de los derechos humanos, que ya han causado amargas experiencias y grandes sufrimientos a la humanidad. Tenemos la responsabilidad y la necesidad moral de decidir si queremos seguir viviendo y en qué condiciones queremos hacerlo.

Consideraciones

I. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 considera "que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad......"

II. El artículo 2 de esta declaración dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en la misma, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

III. El artículo 7 de esta declaración dice: "Todos son iguales ante la ley, y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación".

IV. Que la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer recuerda que "la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y del respeto a la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica, y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad".

V. Que en su artículo 2 de esta Convención dice "Los Estados parte condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, y convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se compromete a:

a) .......

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer.

c) .......

d) .......

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicadas por cualesquiera personas, organizaciones o empresas";

VI. Que la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial considera que "todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley contra toda forma de discriminación y contra toda incitación a al discriminación". Además afirma que "la discriminación entre seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico constituye un obstáculo a las relaciones amistosas entre las naciones y puede perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos, así como la convivencia de las personas aún dentro de un mismo Estado".

VII. Que el artículo 2 de esta Convención dice: "Los Estados parte condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en toda sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto.

"a) ......

b) ......

c) .......

d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran las circunstancias, con medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones".

VIII. Que, de conformidad con el artículo 133 constitucional, los tratados celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, son Ley Suprema de toda la Unión. En consecuencia, por haber sido aprobadas las citadas convenciones, el gobierno de México está obligado a cumplir lo dispuesto en ellas y a adoptar medidas legislativas tendientes a erradicar toda clase de discriminación.

IX. Que la Constitución de los Estado Unidos Mexicanos, en su artículo primero, párrafo tercero, establece que "queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".

El propósito de la presente iniciativa es evitar que en el territorio nacional ninguna persona sea expuesta a la violencia física o moral por motivos de odio, contribuyendo con ello a que la legislación penal se convierta en un instrumento útil para castigar estos actos de intolerancia; pero, además, para establecer de manera firme que el Estado mexicano explícitamente condena toda expresión de odio y de discriminación.

Por tanto, proponemos adicionar un Título Décimo Séptimo Bis al Código Penal Federal, denominado "Delitos contra la Dignidad de las Personas". En dicho título proponemos tipificar como delito la discriminación por razones de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, origen étnico o nacional, opinión, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, condición social o económica, trabajo o profesión, discapacidad o estado de salud.

Consideramos también que ésta conducta sea punible cuando una persona o servidor público niegue a otra un servicio o una prestación a la que tenga derecho o niegue o restrinja derechos laborales; en tratándose de servidores públicos proponemos que, además de la pena prevista, se le imponga la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.

En una sociedad democrática basada en la dignidad, pero también en la libertad, lo que se ha de erradicar son las expresiones del lenguaje del odio en todas sus variantes.

Una cosa es cuestionar, criticar dogmas o doctrinas y otra muy distinta es intentar vejarlos y mancillarlos gratuitamente; por tanto, por lo que hace al lenguaje de odio, proponemos sancionar al que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física y represente un peligro claro e inminente contra una persona o grupo de personas.

Los crímenes de odio violan los derechos civiles de las víctimas, quienes pueden sentir miedo degradación o autoindefención. Además se caracterizan porque los asesinatos son ejecutados con crueldad, saña, alevosía y ventaja, por el sólo hecho de ser mujeres, lesbianas, homosexuales, transgéneros, bisexuales, adultos mayores, indígenas, niñas, niños, entre otros.

Finalmente esta iniciativa propone reformar el artículo 315 y adicionar el artículo 319 Bis, con la finalidad de tipificar como homicidio calificado, los crímenes de odio por edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, origen étnico o nacional, opinión, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, condición social o económica, trabajo, profesión, discapacidad o estado de salud.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de ésta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un Título Decimoséptimo Bis, denominado "Delitos contra la Dignidad de las Personas; se reforma el articulo 315 y se adiciona el articulo 319 Bis al Código Penal Federal.

Artículo Primero. Se adiciona un Título Decimoséptimo Bis, denominado "Delitos contra la Dignidad de las Personas", con los artículos 281 Bis, 281 Ter, 281 Quáter y 281 Quinquies del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Titulo Decimoséptimo Bis
Delitos contra la Dignidad de las Personas

Capítulo Único

Artículo 281 Bis. Se impondrá pena de uno a tres años de prisión, de cincuenta a doscientos días multa y de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad al que por razón de origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, orientación sexual, estado civil, xenofobia, antisemitismo, o cualquier otro.

I. En ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales, niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho;

Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general.

II. Veje o excluya a alguna persona y que dichas conductas ocasionen un daño material o moral; o

III. Niegue, vulnere o restrinja derechos laborales.

Este delito solamente se perseguirá por querella de parte ofendida o de su legítimo representante.

Artículo 281 Ter. Al que, siendo servidor público, de conformidad con lo previsto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incurra en alguna de las conductas previstas en este capítulo o niegue o retarde a una persona un trámite o servicio al que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el artículo 281 Bis, y se le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.

Artículo 281 Quáter. Al que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio o a cualquier forma de violencia moral o física y represente un peligro claro e inminente contra una persona o grupo de personas se le impondrá pena de tres a cinco años de prisión.

Artículo 281 Quinquies. Al que cometiera actos de violencia física o moral por razones de odio o de desprecio contra una persona o grupo de personas se le impondrá pena de seis a ocho años de prisión.

Artículo Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 315 y se adiciona el artículo 319 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 315. Se entiende que las lesiones y el homicidio son calificados cuando se cometen con premeditación, con ventaja, con alevosía, traición u odio.

Artículo 319 Bis. Se dice que obra por odio cuando el delincuente provoque lesiones o prive de la vida a una persona o a un grupo de personas por razón de origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, orientación sexual, estado civil, xenofobia, antisemitismo, o cualquier otro.

Se impondrá la pena del artículo 320 de este Código cuando el homicidio sea cometido por las razones referidas en el párrafo anterior.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:
1 La Jornada. "De 1998 a la fecha, 49 asesinatos de ancianos". México, jueves 26 de enero de 2006. Mirna Servín y Agustín Salgado.
2 www.lajornada.unam.mx. Reportaje "Crímenes de odio por homofobia.- Señalados para morir".
3 El Universal. Reportaje "Impunidad: Feminicidios, más allá del caso Juárez". México, 9 de octubre de 2006, página II.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 19 días del mes de octubre de 2006.

Diputado David Sánchez Camacho (rúbrica)

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, A CARGO DEL DIPUTADO MAURICIO ORTIZ PROAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

En mi carácter de diputado federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 5 al artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), para resolver el caso no previsto de vacantes de senador propietario y suplente electos por el principio de primera minoría, en los siguientes términos:

Exposición de Motivos

El principio electoral de primera minoría en el Senado de la República se estableció por reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993. Consecuentemente, al poco tiempo se reformó el Cofipe para establecer los detalles de la misma en la legislación secundaria. Sin embargo, en dicho ordenamiento se omitió prever lo conducente en relación con las vacantes de senadores, tanto propietarios como suplentes, designados por dicho principio electoral.

La finalidad de la reforma que se propone es colmar lo que, conforme a la técnica legislativa, se conoce como una laguna de una ley, situación que provoca un vacío jurídico, que finalmente se traduce en problemas de aplicación de la norma, en este caso para la integración del órgano parlamentario.

Tal como se encuentra actualmente el artículo 20 del Cofipe, que se propone adicionar, está prevista la posibilidad de sustitución, en caso de vacante, para senadores y diputados electos por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, pero es omiso en cuanto a la sustitución de las vacantes de senadores electos por el principio de primera minoría.

Una muestra clara de la urgente necesidad que existe para llevar a cabo la citada reforma es el hecho acontecido en el Senado de la República en la LVII Legislatura, cuando fallecieron los miembros de la primera fórmula del Partido Acción Nacional, de la lista registrada por el estado de Quintana Roo, los señores Enrique Hernández Quinto y Raúl Durán Reveles, senadores propietario y suplente respectivamente, quienes habían sido electos por el principio de primera minoría.

Dicha situación produjo que su grupo parlamentario quedara con un integrante menos en el Senado, produciendo con ello una subrepresentación del mismo y perdiendo un lugar que legítimamente les correspondía ocupar. Además, se generó un conflicto para la determinación del número de integrantes que se debía tomar como base para el cómputo del quórum.

Por otro lado, tanto el estado de Quintana Roo como el grupo parlamentario y las comisiones de que formaban parte quedaron, por el resto de la legislatura, con un integrante menos.

La solución que se propone consiste en aumentar un numeral 5 al artículo 20 del Cofipe para señalar que, en caso de vacante ocurrida por la falta de un senador electo por el principio de primera minoría, por cualquiera de las causas previstas en la ley, se llame desde luego al suplente y si, a su vez, se presentara nuevamente la vacante (por parte del suplente), se llame, para ocupar el lugar, a la segunda fórmula que el mismo partido hubiera registrado en la entidad federativa correspondiente.

Dicha propuesta responde a la lógica electoral establecida en nuestro sistema para designar a los representantes populares, ya que la segunda fórmula de la lista de candidatos a senador, al igual que la primera fórmula, también fue registrada por el partido político, realizó una campaña y logró alcanzar la primera minoría en la correspondiente elección. Por último, cabe destacar la conveniencia de la solución planteada, que es el carácter práctico e inmediato de la misma, ya que permite resolver la vacante de una manera rápida, eficaz y equitativa.

Por lo anteriormente expuesto y con base en la facultad que concede el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 55, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su conducto, a la consideración de esta soberanía, para su estudio, discusión y aprobación, en su caso, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un numeral 5 al artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Único. Se adiciona el numeral 5 al artículo 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 20.

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. Las vacantes de miembros propietarios de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría deberán ser cubiertas por los integrantes de la fórmula respectiva. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar en la lista, conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 11 de este ordenamiento.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a 19 de octubre de 2006.

Diputado Mauricio Ortiz Proal (rúbrica)

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, A CARGO DE LA DIPUTADA PILAR GUERRERO RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Pilar Guerrero Rubio, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable asamblea iniciativa, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Los campos de golf son desarrollos que generan un impacto ambiental significativo sobre los ecosistemas donde se establecen; particularmente sobre los acuáticos y el elemento paisajístico.

La importancia de este último radica en que todo componente del ecosistema forma parte del entorno visual, que es reflejo del estado en que se encuentran los diferentes recursos naturales.

El paisaje tiene elementos de importancia tanto para la existencia de los ecosistemas como para la conservación de las prácticas tradicionales y de valores humanos.

Atendiendo a esto, resulta imperativa la formulación de nuevos criterios que nos permitan garantizar las funciones ecológicas del paisaje de forma compatible con los valores, las demandas y las expectativas tanto de las comunidades donde se establecerá como de los inversionistas, partiendo del respeto de la supervivencia del ecosistema.

Es decir, deben tomarse en consideración la opinión del hombre que percibe el paisaje y el punto de vista ecológico en que se inserta.

Así, concebimos el paisaje como la percepción plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas en un contexto que integre los aspectos escénicos y los de carácter espacial.¹

Esa concepción pone de manifiesto la asociación entre la parte perceptible del medio, constituida por todos los componentes de la escena fácilmente visibles al observador, y los procesos ecológicos, la parte subyacente del paisaje que se expresa en el territorio a través su estructura espacial, su función y su dinámica.

Por ello, atendiendo al valor ecológico del paisaje, estimamos que sea considerado para la construcción de obras y actividades que lo vulneren, como es el caso de la construcción, instalación y operación de campos de golf.

Algunos autores han esbozado definiciones como la que señala que "el paisaje es un elemento del medio natural, síntesis del territorio (factores físicos y biológicos) y de la acción humana que se percibe o interioriza, valorando aspectos como la estética, escasez, interés histórico o cultural, valor científico o ecológico, insustituibilidad y fragilidad, y otros".²

Se trata de un recurso natural no renovable y generalmente de difícil reversibilidad; de ahí la gran importancia de preservarlo y de evitar o minimizar al máximo los efectos de posibles actuaciones "contaminantes del paisaje".

Aunado al impacto paisajístico que el golf genera, nos encontramos con el ambiental, el cual conlleva diferentes afectaciones sobre el medio natural. Específicamente éste se compone de cuatro facetas: el cambio del paisaje; la problemática del valor ecológico; la forma diferencial de construcción, y el uso del agua junto con los conflictos que pudieran derivarse en un futuro.

Específicamente, las afectaciones se manifiestan de la siguiente manera:

El cambio cualitativo del paisaje atiende a que esta actividad representa un tipo de paisaje perteneciente u originario de otros lugares, donde las condiciones ambientales son distintas. La implantación de ese tipo de deporte comporta una adaptación o una transformación radical del paisaje.

La problemática ecológica asociada a los campos de golf atiende no sólo a la extensión que se requiere para su construcción sino que, en gran medida, se debe al área por transformar, dependiendo de la ubicación de cada campo; y al impacto generado alrededor directa o indirectamente por las urbanizaciones consecuencia del desarrollo.

Así se afecta el agua dada la construcción de lagos artificiales, que agravan la pérdida del recurso por evaporación; y que constituyen la base del modelo americano; y que se sigue en nuestro país.

Por ello resulta necesario implantar medidas de corte estratégico que permitan establecer directrices que permitan construir campos de golf sustentables, lo cual implica su fomento en concordancia con el respeto de los elementos naturales.

En ese sentido, podría hablarse del golf como un detonador de las actividades turísticas sustentables.

A escala internacional, especialmente en Europa, los verdes señalan que los nuevos campos de golf deben estar sujetos a estrictas exigencias de calidad tanto en las instalaciones como ambientales, y no se deben permitir nuevas urbanizaciones derivadas de su establecimiento.

Esto, en virtud de que últimamente han proliferado estudios sobre el consumo de agua de estas instalaciones con datos muy contradictorios. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente español señala que, en condiciones de normalidad meteorológica, un campo de golf requiere unos 5 mil metros cúbicos de agua al año, que puede reducirse a 3 mil 500 metros cúbicos con nuevas técnicas de consumo sostenible y bajo un nuevo esquema, conocido como "modelo mediterráneo", que no necesariamente lleva aparejada la creación de lagos artificiales.

Un ahorro de tal magnitud necesariamente requiere el marco legal que obligue a contar con medidas de eficiencia energética y de recursos, y compatibles con el ambiente.

Derivado de lo anterior, y tomando en consideración el auge que en los últimos años han tenido los desarrollos de campos de golf no sólo se ha presentado en Europa, sino particularmente en nuestro país, consideramos necesario fortalecer las disposiciones jurídicas aplicables, con objeto de garantizar un crecimiento de esta industria en términos sustentables con criterios de respeto y cuidado de los elementos naturales que permita ver esta actividad como una nueva oferta en materia turística.

Para elaborar la presente reforma se tomó como base lo previsto en el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-140-SEMARNAT-2005, que establece los requisitos ambientales generales para campos de golf y desarrollos inmobiliarios que los incluyan, junto con algunos elementos de legislaciones internacionales, como algunas leyes y ordenanzas de diferentes comunidades autónomas en España.

Consideramos que, para estar en condiciones de contrarrestar dichos efectos, resulta necesario establecer límites y criterios de carácter general que permitan conservar el ambiente natural atendiendo a las características particulares de cada proyecto que pretenda llevarse a cabo.

Se propone entonces que estas medidas se incorporen en el estudio de riesgo que deberá acompañar la manifestación de impacto ambiental, con objeto de identificar y jerarquizar los riesgos que implican la construcción y operación de un campo de golf.

Cabe mencionar que entre los riesgos que pueden determinarse mediante este tipo de estudio se encuentra la determinación de los posibles radios y ecosistemas de afectación fuera de las instalaciones correspondientes.

Con esta reforma se busca la obligatoriedad de presentar un estudio de riesgo para las actividades relacionadas con la construcción y operación de campos de golf.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México proponemos incluir en la legislación nacional disposiciones de carácter obligatorio que acoten la construcción de campos de golf para minimizar el impacto que sobre los ecosistemas conllevan este tipo de obras de infraestructura y su operación.

Si bien existe el instrumento de evaluación del impacto ambiental, la construcción de campos de golf en cualquier caso requiere la presentación de un estudio de riesgo que garantice que dicha obra, dado que los riesgos que conlleva para los recursos agua y suelo son incuestionables.

Aunado a lo anterior, con esta reforma se propone que en la ley se establezcan los requisitos mínimos que deberá observar la autoridad para elaborar las normas oficiales mexicanas aplicables tanto a la construcción como a la operación de los campos de golf.

De igual forma, se propone adicionar un artículo 147 Bis, en el que se establezca el contenido mínimo del estudio de riesgo que deba presentarse, entre los cuales se incluyen medidas para el establecimiento de sistemas de gestión ambiental, para la gestión del agua con base en el Programa Nacional Hidráulico y la Ley de Aguas Nacionales, y para el ahorro energético y fomento de energías renovables, entre otras.

Se incorpora la figura del "plan director del campo de golf" como el instrumento que permitirá llevar a cabo las acciones previstas en el estudio de riesgo, con la finalidad de estar en condiciones de fomentar el golf en términos sustentables.

Por lo anterior, respetuosamente sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa, mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de campos de golf.

Por ello sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se reforma el artículo 147 y se adiciona un artículo 147 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Primero. Se reforma el artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 147. ...

La realización de obras o actividades industriales, comerciales o de servicios altamente riesgosas, en los términos del reglamento correspondiente, deberán formular y presentar a la secretaría un estudio de riesgo ambiental, así como someter a la aprobación de dicha dependencia y de las secretarías de Gobernación, de Energía, de Economía, de Salud, y del Trabajo y Previsión Social los programas de prevención de accidentes en la realización de tales actividades que puedan causar graves desequilibrios ecológicos.

Tratándose de la construcción, instalación y operación de campos de golf, además de lo dispuesto en el artículo 28 de la presente ley, deberá presentarse un estudio de riesgo ambiental que contenga las medidas de mitigación del impacto ambiental y el plan director del campo de golf.

Dicho plan incluirá la designación de áreas específicas para la realización de las actividades necesarias para el funcionamiento del campo de golf, así como las características ambientales y el programa de gestión ambiental, en los términos previstos en la norma oficial mexicana correspondiente.

Quedan prohibidas la instalación y operación de campos de golf cuando impliquen la afectación de zonas reglamentadas o las declaradas de protección, de veda, reservas de aguas y para la preservación o reestablecimiento de ecosistemas vitales y del ambiente, en los términos de la Ley de Aguas Nacionales.

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 147 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 147 Bis. Tratándose de campos de golf, el estudio de riesgo que se presente deberá contener como mínimo los siguientes requisitos:

I. Medidas para el establecimiento de sistemas de gestión ambiental;

II. Medidas para la gestión del agua con base en lo previsto en el Programa Nacional Hidráulico y en la Ley de Aguas Nacionales;

III. Medidas para el ahorro energético y fomento de energías renovables;

IV. Medidas para la gestión de residuos mediante su adecuada separación; y

V. Medidas para la mejora ecológica de los hábitat y para la potenciación del paisaje natural que incluya la obligatoriedad para el uso de plaguicidas y fertilizantes orgánicos o no tóxicos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los campos de golf que ya estén operando contarán con un período de 180 días para presentar el plan director del campo, en los términos previstos en el presente decreto y en la norma oficial mexicana correspondiente.

Notas:
1 Bernáldez, 1985.
2 Según Reguerio Rodríguez, 1991.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de octubre de 2006.

Diputada Pilar Guerrero Rubio (rúbrica)

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 25, 32, 33 Y 34 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS VARELA LAGUNAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El que suscribe, José Luis Varela Lagunas, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 25, 32, 33 y 34 de la Ley General de Educación a partir de la siguiente

Exposición de Motivos

La nación mexicana, establece nuestra Constitución Política, "tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas?"

Esta disposición, que se encuentra en el artículo 2o., se complementa con el apartado B de dicho artículo, que señala claramente cuáles son las responsabilidades que deben asumir la federación, los estados y los municipios, con objeto de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria; en el propósito que ocupa a esta iniciativa es importante destacar lo que se establece en la fracción II de este apartado B constitucional del artículo citado, en materia educativa:

"Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas?" Por otra parte, y a pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se establece que la visión deseable de la educación en México debe trazarse hacia el México del año 2025 y sentar las bases para construir un "enfoque educativo para el siglo XXI", a escasos meses de la conclusión de este gobierno, nada se ha logrado avanzar en materia de educación indígena y no se sentaron las bases para hacer de la educación una educación incluyente.

Como se señala en dicho plan: la educación, en el 2025, será equitativa, de calidad, pertinente, incluyente y formativa, en sentido integral.

Al respecto destaco lo de incluyente, porque atenderá la diversidad cultural regional, étnica y lingüística del país, viendo la riqueza de la unidad nacional como suma de las diferencias y no como uniformidad.

En ese sentido cabe destacar que con los datos duros que en esta materia contamos, la realidad le gana a la voluntad, como en muchas otras áreas, del gobierno federal. No existe una propuesta educativa en materia indígena; la discriminación, racismo y exclusión social se manifiestan de manera aguda en lo que respecta a la educación de nuestros pueblos y comunidades indígenas son parte de la estrategia seguida por nuestros gobiernos para continuar manteniendo en el abandono y el analfabetismo a los indígenas de México.

Por ejemplo, según las cifras ofrecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, "es en preescolar y en secundaria donde se localizan los mayores rezagos en la cobertura; si bien existen todavía 688 mil niños en edad de cursar la primaria que deben ser atendidos. Por otra parte, un tercio de los más de dos millones de niños y jóvenes en edad de asistir al preescolar, la primaria o la secundaria (de cinco a catorce años) que no reciben servicios educativos se localizan en cuatro entidades federativas: el estado de México, Veracruz, Chiapas y Puebla".

Me permito señalar algunos datos respecto a la situación de la educación en nuestro país, y de ahí que señale que uno de los retos y asignaturas pendientes en los próximos años es precisamente el de sentar las bases para acabar con el rezago educativo a través de implantar políticas públicas dirigidas a este rubro, y que tendrán que contar con la participación, colaboración y apoyo del magisterio nacional.

Población de 5 años que no asiste: 530.2 (miles de personas), 23.6 por ciento.
Población de 6 a 11 años que no asiste: 687.7 (miles de personas), 5.2 por ciento.
Población de 12 a 14 años que no asiste: 930.0 (miles de personas), 14.5 por ciento.

Esta situación de rezago educativo mantiene una relación directa con las condiciones de pobreza, marginación, abandono y exclusión social de que son objeto nuestros pueblos indígenas. Muchas veces, los gobiernos federal y estatal utilizan como pretexto de que la población que está marginada de los servicios educativos es por que habita en localidades apartadas, alejadas y dispersas de los centros urbanos; pero cuando esos pueblos, en coordinación con sus autoridades, deciden conjuntar esfuerzos para terminar con los rezagos y solicitan los apoyos necesarios del gobierno federal y estatal, la respuesta siempre es negativa.

Si a eso le agregamos que la pobreza impide que los niños y jóvenes continúen con su educación, porque muchas veces tienen que empezar a trabajar en edad temprana y no establecemos una estrategia de adecuada atención a esas necesidades, entonces nos estamos negando a la posibilidad de que el gobierno contribuya a romper ese circulo vicioso que genera la pobreza y el analfabetismo.

Por otra parte, según cifras oficiales, la población indígena de nuestro país asciende a más de 12 millones 400 mil indígenas, de los cuales la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Educación Indígena atiende a 1 millón 311 mil 215 niños indígenas en edad de cursar el preescolar y la primaria, mientras que el Programa de Atención Educativa a Población Indígena (PAEPI) del Consejo Nacional para el Fomento Educativo atiende aproximadamente a 30 mil.

Los servicios de la Dirección General de Educación Indígena de la SEP se ofrecen a 49 pueblos en 24 de las 31 entidades federativas del país. La cuarta parte de las escuelas primarias son unitarias, es decir, que un solo maestro atiende simultáneamente a niños de los diferentes grados. Para apoyar la educación bilingüe se cuenta con libros de texto gratuitos en 33 lenguas indígenas, con una producción aproximada de 1.2 millones de libros, que comprenden 189 títulos, para atender las necesidades educativas de 55 variantes dialectales.

Los esfuerzos del Estado por una educación bilingüe de calidad se han concentrado en la educación inicial, preescolar y primaria. Queda excluidas la educación secundaria, la media superior y superior. Una demanda de los pueblos indígenas es la ampliación de la educación intercultural bilingüe en todos los niveles educativos.

De ahí que en el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se señalara que "abatir el rezago educativo en la población indígena es una tarea primordial, que implica un desafío en materia de motivación, diseño de currículum, elaboración de materiales y atención con un enfoque intercultural y cercano a los intereses y necesidades de esta población."

Es en ese sentido que considero fundamental que exista disposición por parte de nuestras autoridades federales para que, en el marco de lo que establece la Ley General de Educación, se posibilite la concurrencia y colaboración entre autoridades de los distintos niveles de gobierno para fomentar la educación indígena, para revalorar la importancia de la educación bilingüe intercultural.

No pretendo presentar una reseña de lo que han realizado los gobiernos anteriores y el actual en materia de educación indígena, pero si señalar que hemos observado mínimos avances y cambios en la incorporación de nuevas metodologías y programas dirigidos a la población indígena, que toman en cuenta las nuevas corrientes pedagógicas en la enseñanza bilingüe, en el sentido de apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas, revalorizando su cultura, su identidad, acorde con la situación histórica de cada etnia; pero diversos especialistas refieren que nuestra educación indígena enfrenta una serie de obstáculos:

1. Los maestros indígenas bilingües se caracterizan por su deficiente capacitación, no cuentan con una formación pedagógica adecuada para desarrollar programas tan ambiciosos de una educación bilingüe bicultural o intercultural. El conocimiento que poseen del español se remite únicamente a la enseñanza de las primeras letras.

2. La mayoría de los maestros bilingües aculturados se resisten a poner en práctica los programas bilingües para dar prioridad al español; en unos casos porque ya no conocen su propia lengua, y en otros, porque no son hablantes de la lengua donde enseñan como maestros.

3. En el ámbito de las comunidades, la lengua indígena aún es considerada inferior y los padres de familia se oponen a que sus hijos sean educados en su propia lengua.

4. Una buena parte de las escuelas del medio indígena carecen de materiales didácticos adecuados.

5. La calidad del servicio educativo en las comunidades indígenas continúa siendo deficiente.

Estas observaciones que presentan algunos especialistas las podemos constatar cuando realizamos recorridos por las comunidades indígenas del país, pero, de igual manera, también somos testigos que en algunas comunidades se ha comenzado a revalorar la importancia de recibir educación indígena.

Quiero señalar aquí que uno de los principales retos en materia educativa es el apoyo que debe darse a los jóvenes indígenas para continuar con su formación educativa hasta el nivel medio superior y superior, ya que muchas veces, y pesar de que los jóvenes indígenas tengan deseos de continuar con su preparación académica, se enfrentan a una realidad dolorosa: la imposibilidad para continuar sus estudios superiores, y que se debe a diversas razones:

1. Porque no cuentan con recursos para trasladarse a la capital del estado o algún centro urbano, lo que representaría gastos económicos que no pueden cubrir.

2. Porque no cuentan con una institución superior que rescate y reconozca su identidad indígena y revalore a través de las carreras que imparta, las necesidades propias de la región, de los pueblos y de los propios estudiantes.

3. Por el desdén y desinterés de los gobiernos federal y estatal de impulsar, reconocer y apoyar los esfuerzos de las comunidades indígenas y sus autoridades para reconocer los proyectos educativos que impulsan en beneficio de su región, de sus jóvenes.

4. Caso especial merecen, y hay que reiterarlo, los proyectos educativos impulsados por algunos gobiernos estatales, como el de Mochicahui, en Sinaloa; y de las autoridades municipales de la zona norte de Chiapas, que hasta el momento no han recibido apoyos de los gobierno federal y estatal, respectivamente, y que por el contrario han sido atacados de manera por demás vergonzosa.

De ahí que sea necesario establecer de manera clara en la Ley General de Educación la responsabilidad que la federación, los gobiernos de los estados y los municipios deberán tener hacia los pueblos y comunidades indígenas de país, principalmente en lo relativo a su formación educativa.

En los últimos años el presupuesto destinado a la educación tiende a disminuir, y en materia de educación indígena no se le ha otorgado la atención necesaria.

En una solicitud presentada al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados para determinar el gasto en educación indígena en los últimos seis años del gobierno del presidente Vicente Fox, se encontró que el gasto identificado para la educación indígena es de 2 mil 270 millones de pesos, que equivale al 0.69 por ciento respecto al gato total en educación y únicamente al 0.03 por ciento del producto interno bruto destinado a la educación; que equivale a destinar para 1 millón 311 mil 215 alumnos del sistema de preescolar, primaria y secundaria, la cantidad de mil 731 pesos por estudiante; pero esto no considera a los estudiantes indígenas del nivel medio superior y superior.

De igual manera, se observa cómo, dependiendo de los criterios políticos, el presupuesto destinado a educación indígena se aumenta o disminuye, y es con esos criterios con los que debemos terminar.

De ahí que con esta propuesta se busque incidir de manera directa y a través de la Ley General de Educación la obligatoriedad del Estado Mexicano para garantizar un techo presupuestal mínimo para la educación de nuestros pueblos indígenas, para terminar con siglos de abandono, marginación y analfabetismo en que se encuentran.

No se busca con esta propuesta incrementar los recursos que se destinan a la educación, sino que de los mismos recursos que se proponen para la educación en México se reasigne el porcentaje que la iniciativa señala para la atención educativa de nuestros pueblos indígenas.

En la medida en que nuestro país cumpla con la disposición que expresa el artículo 25 que se reforma, en esa medida se destinarán los recursos necesarios para atender los rezagos que en la materia presentan nuestros pueblos indígenas.

Por todo lo anterior, el suscrito, diputado del Partido Convergencia, somete a la consideración de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 25, 32, 33, fracciones I, II y VIII, y 34 de la Ley General de Educación.

Artículo 25. El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -federación, entidades federativas y municipios- destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país. De dicho monto se destinarán, el 0.5% del PIB a la educación indígena y al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas?

.........

Los gobiernos de las entidades con población indígena aplicarán los recursos correspondientes por concepto de educación indígena al que se refiere el párrafo primero de este artículo, de manera íntegra y exclusiva, al fortalecimiento de la educación indígena en todos sus niveles.

.........

Artículo 32. .........

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente a los pueblos y comunidades indígenas, grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja.

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar localizadas en pueblos y comunidades indígenas o zonas urbanas marginadas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades;

II.- Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que realicen su servicio en pueblos y comunidades indígenas o zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades;

III. a VII. ........

VIII. Desarrollarán programas para otorgar becas y demás apoyos económicos a educandos; considerando de manera especial a los estudiantes de origen indígena;

IX. a XIII. .......

..........

Artículo 34. Además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con población mayoritariamente indígena y en la que se presenten mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se concierten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos.

El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa impulsarán proyectos de innovación educativa, en los niveles de educación básica, secundaria, media superior y superior, con un enfoque intercultural; con la intención de su eventual aprobación como modelos educativos en los niveles señalados.

..........

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2006.

Diputado José Luis Varela Lagunas (rúbrica)

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA ARRIOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PNA

Mónica Arriola, diputada de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.

Exposición de Motivos

La presente iniciativa, tiene el propósito de realizar modificaciones técnicas en cuestiones de forma a la Ley General de Educación y evitar vaguedad o imprecisión de su objeto.

La dogmática jurídica puede entenderse como el "saber que trata de describir las normas jurídico-positivas". La función principal que se atribuye a este saber consiste en explicar el contenido de las normas jurídicas. Lo que implica aclarar su significado, descubrir cuál es el derecho vigente, resolver las contradicciones en las que eventualmente pueden incurrir las normas que componen el ordenamiento jurídico. Esta función se puede concebir como una actividad de carácter técnico, según la cual el jurista debe utilizar únicamente el método jurídico, sin dejarse influir por sus preferencias y por sus concepciones políticas.

Para el jurista, las normas son dogmas que debe aceptar sin más, su contenido es indiscutible. Esto no impide que pueda criticarlas. Sin embargo, esta labor de crítica ya no se considera estrictamente jurídica sino de carácter político. Así, la dogmática dominante distingue claramente entre los argumentos de lege lata, es decir, las interpretaciones del derecho vigente, y los argumentos de lege ferenda, que proponen modificaciones legislativas de la normativa existente.

Las distinciones entre lege lata-lege ferenda, o entre aplicación del derecho-política jurídica, tienen como finalidad dejar en claro que una cosa es hacer derecho y otra muy diferente hacer política. La dogmática pretende así evitar que las doctrinas jurídicas sean pervertidas por concepciones políticas (partidarias).

Esta imagen ideal no impide, sin embargo, que la dogmática pueda realizar valoraciones, ni que la dogmática se defina como un conocimiento valorativo, axiológico. Los valores que están implicados en la dogmática no son, sin embargo, los valores, ideas y concepciones personales de cada jurista, sino que son los valores que se desprenden del ordenamiento jurídico en su conjunto. De este modo, el jurista debe limitarse a aplicar las pautas de valoración que establece el ordenamiento jurídico.

Sin embargo cuanto el ordenamiento jurídico no es claro distrae de su objeto, lo que pretende esta iniciativa es la de dar una descripción concreta de la terminología empleada en una ley para su mejor manejo y utilización con el menor esfuerzo y gastos en el menor tiempo posible, en beneficio de las autoridades, litigantes y la administración de justicia. Evitando por analogía dar connotaciones equivocadas o insuficientes a términos que deben ser exactos en su uso y que por identidad de razón se aplican en los términos no comprendidos en estas, que deben tener una descripción exacta en cuanto a lo que regulan.

En la Ley General de Educación algunos artículos hacen referencia a normas constitucionales así como de la misma Ley de Educación, pero en la mayoría no se señala dicha diferencia, como ejemplo tenemos el:

Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación, y por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social.

En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o.

Que al remitirnos al artículo 7 no menciona de que ordenamiento se trata, a diferencia del artículo 48 que a la letra dice:

Artículo 48. La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta ley.

Que invoca los criterios establecidos en los artículos 7o. y 8o., y especifica que se trata de la misma Ley de Educación.

Sin embargo en su párrafo segundo ya no indica en cuanto al artículo 72 invocado de que ley se trata.

Es por las razones expuestas que se somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación

Artículo Primero. Se modifican diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 2. .......

.......

Artículo 12. .........

I. Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del artículo 48 de esta ley;

II a la XIII. .......

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a que se refieren los artículos 12 y 13 de esta ley, corresponden a las autoridades educativas federal y locales, de manera concurrente, las atribuciones siguientes: I. Promover y prestar servicios educativos, distintos de los previstos en las fracciones I y IV del artículo 13 de esta ley, de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y estatales;

II. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción I del artículo 12 de esta ley;

III. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción V del artículo 13 de esta ley, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida;

IV. ........

V. Editar libros y producir otros materiales didácticos, distintos de los señalados en la fracción III del artículo 12 de esta ley;

VI a la XII ........

El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta ley, con excepción de aquéllas que, con carácter exclusivo, les confieren los artículos 12 y 13 de esta ley.

Artículo 15. El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y locales, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en las fracciones V a VIII del artículo 14 de esta ley.

Artículo 16. Las atribuciones relativas a la educación inicial, básica -incluyendo la indígena- y especial que los artículos 11, 13, 14 de esta ley y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias corresponderán, en el Distrito Federal al gobierno de dicho Distrito y a las entidades que, en su caso, establezca. En el ejercicio de estas atribuciones no será aplicable el artículo 18 de esta ley.

.........

El gobierno del Distrito Federal concurrirá al financiamiento de los servicios educativos en el propio Distrito, en términos de los artículos 25 y 27 de esta ley.

Artículo 44. ........

Los beneficiarios de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos, mediante exámenes parciales o globales, conforme a los procedimientos a que aluden los artículos 45 y 64 de esta ley. Cuando al presentar un examen no acrediten los conocimientos respectivos, recibirán un informe que indique las unidades de estudio en las que deban profundizar y tendrán derecho a presentar nuevos exámenes hasta lograr la acreditación de dichos conocimientos.

...

Artículo 48. ...

Para tales efectos la Secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, expresadas a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72 de esta ley.

..........

Artículo 55. .......

I. Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su caso, satisfagan los demás requisitos a que se refiere el artículo 21 de esta ley;

II. y III. ........

Artículo 57. ....... I. a la III. .........

IV. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 55 de esta ley, y

V. ...

Artículo 59. ...

En el caso de educación inicial y de preescolar deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude la fracción VII del artículo 12 de esta ley; tomar las medidas a que se refiere el artículo 42 de esta ley; así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Artículo 74. Los medios de comunicación masiva, en el desarrollo de sus actividades, contribuirán al logro de las finalidades previstas en el artículo 7 de esta ley, conforme a los criterios establecidos en el artículo 8º de esta ley.

Artículo 75. ...........

I. a la XII. .........

..........

Artículo 77. Además de las previstas en el artículo 75 de esta ley, también son infracciones a esta Ley:

I. ........

II. Incumplir lo dispuesto en el artículo 59 de esta ley, e

III. ...

...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 18 días de octubre de 2006.

Diputada Mónica Arriola (rúbrica).

DE DECRETO, PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO LA LEYENDA "CONSTITUYENTES DE APATZINGÁN", A CARGO DEL DIPUTADO MARIO ENRIQUE DEL TORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del recinto parlamentario de la honorable Cámara de Diputados el nombre "Constituyentes de Apatzingán", conforme a la siguiente

Exposición de motivos

A cuatro años de haberse iniciado el movimiento de independencia de nuestro país, el generalísimo don José María Morelos y Pavón vio la necesidad de establecer las bases jurídicas que reglamentaran la nueva nación mexicana.

El Congreso Constituyente, llamado "de Anáhuac", tenía sede en Chilpancingo, Guerrero, pero la mayor parte del tiempo se mantuvo itinerante por la persecución de que eran objeto. Después de un largo peregrinar por diversos pueblos de Guerrero y de Michoacán, finalmente el 22 de octubre de 1814 se estableció en Apatzingán, Michoacán, donde promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

El Constituyente de Apatzingán estuvo integrado por José María Liceaga, diputado por Guanajuato, presidente; doctor José Sixto Verduzco, diputado por Michoacán; José María Morelos y Pavón, diputado por el Nuevo Reino de León; licenciado José Manuel de Herrera, diputado por Techan; doctor José María Cos, diputado por Zacatecas; licenciado José Sotero de Castañeda, diputado por Durango; licenciado Cornelio Ortiz de Zárate, diputado por Tlaxcala; licenciado Manuel Alderete y Soria, diputado por Querétaro; Antonio José Moctezuma, diputado por Coahuila; licenciado José María Ponce de León, diputado por Sonora; doctor Francisco Argandar, diputado por San Luis Potosí; Remigio de Yarza, secretario; y Pedro José Bermeo, secretario.

El decreto constitucional de 1814, mejor conocido como "Constitución de Apatzingán", es la primera expresión formal del trabajo legislativo de que se tenga memoria en nuestro país. En su texto se establecen los cimientos del actual marco jurídico, y los principios que en ella se plasmaron siguen teniendo vigencia plena.

Establecía desde entonces la división de poderes, considerando como órgano supremo el Congreso, compuesto por 17 diputados de las provincias, con facultades legislativas, políticas y administrativas, entre las cuales estaba la de nombrar a los miembros del gobierno, que debía estar formado por tres personas, alternándose éstas en la presidencia cada cuatro meses; y del Supremo Tribunal de Justicia, constituido por cinco personas.

En sus 242 artículos, el texto constitucional de Apatzingán consagraba los derechos fundamentales del hombre, al expresar que, "como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte se aumente el jornal del pobre, mejore sus costumbres y lo aleje de la ignorancia, la rapiña y el hurto"

El Congreso Constituyente de Apatzingán es la culminación jurídica de las aspiraciones de un movimiento social que costó la vida de muchos mexicanos y que alcanzó la cúspide al promulgarse dicho ordenamiento, llevando a la letra la lucha por la emancipación de nuestro país.

La propuesta que hago ante ustedes será un sublime homenaje a quienes cimentaron las bases del trabajo legislativo y a quienes contribuyeron enormemente en el nacimiento de esta gran nación.

Por lo anterior propongo al Pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del recinto parlamentario de la Cámara de Diputados "Constituyentes de Apatzingán".

Transitorios

Primero. Facúltese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para organizar la ceremonia alusiva.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2006.

Diputado Mario Enrique del Toro (rúbrica)

QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 115 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES Y CÉSAR CAMACHO QUIROZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Quienes suscriben, diputados César Camacho Quiroz y José Rosas Aispuro Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, por el conducto de ustedes, someten a la consideración de la asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Si bien desde el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824 y la Carta Magna del mismo año, la naciente República adoptó el régimen federal. No fue sino hasta el Acta de Reformas de 1847 cuando se delimitaron las materias que competían a la Unión, distinguiéndolas de las correspondientes a los estados.

En efecto, durante los trabajos legislativos de 1846-47, Mariano Otero formuló su célebre voto particular, en el que prevenía sobre "la recíproca invasión, de manera que ni el poder del centro ataque la soberanía de los estados ni éstos disuelvan la Unión, desconociendo o usurpando sus facultades". Dicha disposición, recogida por la Constitución de 1857, sigue vigente, ya que tampoco en 1917 fue objeto de debate alguno.

Ese esquema de distribución de competencias, siendo acertado y, en la letra, benéfico para los estados, ha sido afectado por sucesivas reformas constitucionales, que menguaron la capacidad de los gobiernos locales.

En nuestros días, todas las voces coinciden, primero, al advertir la abundancia de facultades exclusivas de la Federación y, a la inversa, la escasez de las de los estados; y segundo, al señalar que esta situación contraviene la intención original del sistema federal mexicano.

El reto de ahora consiste en que los gobiernos estatales recuperen facultades originales.

Esta iniciativa pretende incorporar a la legislación ideas y preceptos que responden tanto a la evolución de México como a su entorno actual.

Para poner al día el sistema federal han sido planteadas variadas e importantes iniciativas de reformas y adiciones constitucionales y legales, todas ellas orientadas a abrir nuevas oportunidades para los estados que, sin duda, pronto serán revisadas por esta legislatura y, muy probablemente, dictaminadas y aprobadas; no obstante, a juicio de los federalistas recalcitrantes, aún cuando esas iniciativas radicadas en esta Cámara con carácter de minutas superen la etapa final del proceso legislativo en la que se encuentran, todavía hará falta honrar la soberanía de los gobiernos de los estados.

No parece correcto que el texto constitucional establezca restricciones, prohibiciones y pautas para la elegibilidad o el nombramiento de ciertas autoridades locales, como los integrantes de los ayuntamientos, los diputados locales o los jueces y magistrados. La rigidez vigente resulta contraria al régimen de libertades de los gobiernos locales al que todos aspiramos; las prohibiciones expresas en esos rubros rayan en el anacronismo.

Es preciso, sin embargo, actuar con inteligencia y evitar virajes bruscos que, en el extremo, nos regresen involuntariamente al lugar del que partimos; no se trata de cambiar este esquema rígido por otro igualmente duro y trasgresor de la soberanía local, la intención no es cambiar desde el Congreso de la Unión el restrictivo estado de cosas, por una mal entendida libertad, que termine siendo otra forzosa y uniforme disposición que deban obedecer los gobiernos de los estados, sino permitir que éstos decidan, por primera vez, lo que más convenga a cada uno.

III

Esta iniciativa consiste en remitir a las Constituciones de los estados el mayor número de competencias alusivas al ejercicio de la soberanía local.

Se propone que cada Constitución local determine lo referente a la integración, organización y funcionamiento de los Poderes Legislativo y Judicial de los estados, así como de los ayuntamientos, permitiendo un tratamiento preciso y particular de los requisitos de elegibilidad de sus miembros, régimen de incompatibilidades, duración del mandato, reglas de sustitución y, eventualmente, las condiciones para la reelección.

Esta iniciativa atiende a lo prescrito en los artículos 39, 40 y 41 constitucionales, que consagran la forma de gobierno y el principio de soberanía popular, ya que la República está integrada por estados libres y soberanos en lo que respecta a su régimen interior, por lo que a ellos corresponde determinar todo lo concerniente a la organización e integración de sus poderes, por ser decisiones que, en tanto no contravengan al pacto federal, le competen al Constituyente local, según la realidad y la tradición política de cada estado.

La inclusión, en la Constitución federal, de disposiciones relacionadas con la estructura y el funcionamiento de los ámbitos de gobierno estatal y municipal, representa una intervención que atenta contra el sistema federal mexicano, pues desde su origen éste ha contemplado el ejercicio de una soberanía dual, es decir, siendo una sola, se expresa tanto a través de los poderes de la Unión, como de los poderes de los estados. En el primer caso, para que el Estado federal se organice según un criterio uniforme y acorde a la voluntad de sus partes; en el segundo, para que éstas resuelvan, en lo que toca a sus regímenes interiores, lo que más le convenga a cada una. Por tal motivo, se dispone:

A) Reformar el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 constitucional, alusivos a la no reelección para el periodo inmediato y las reglas de sustitución de los integrantes de los ayuntamientos, las condiciones de integración y los requisitos de elegibilidad de los integrantes de los concejos municipales. Se sustituyen por un nuevo párrafo, en el que se establece que sean las constituciones locales las que, en cada caso, determinen lo que deba proceder.

Como antecedente, cabe observar que las constituciones históricas de 1824 y 1857 no destinaron un solo artículo a la cuestión municipal, lo que sugiere que en ambas ocasiones el Constituyente resolvió dejar a los estados lo tocante a la organización política y administrativa de sus municipios, por ser parte de su régimen interior.

Es lógico que sea en la constitución local y la legislación ordinaria de cada estado donde se establezcan los requisitos de elegibilidad, duración del mandato, reglas de sustitución, régimen de incompatibilidades y, eventualmente, reelección de las autoridades municipales.

B) Reformar el segundo párrafo de la fracción II del artículo 116, que prohíbe la reelección inmediata de los diputados a las legislaturas de los estados, por uno nuevo que remite a cada constitución particular lo referente a los requisitos de elegibilidad, duración del mandato, reglas de sustitución, incompatibilidades y reelección, organización y funcionamiento de los Congresos estatales.

La soberanía popular, que se expresa a través de los poderes estatales, se ha entendido, desde la Constitución de 1824, como el derecho de sus habitantes a elegir a sus autoridades, o bien, como la facultad del poder público local para integrarse y funcionar, según su propia legislación, empezando desde luego por la Constitución particular. De ello se desprende que cada estado puede dictar sus leyes y, por tanto, configurar un espacio constitucional en donde adoptar decisiones propias.

C) Derogar los párrafos cuarto, quinto y sexto de la fracción III del artículo 116 constitucional, que aluden a requisitos de elegibilidad, incompatibilidades, duración del cargo, reelección y remuneración de jueces y magistrados, sustituyéndolos por un nuevo tercer párrafo, toda vez que tales asertos también son válidos para el Poder Judicial de los estados. Se establece, en un nuevo párrafo tercero, que las constituciones y las leyes de los estados, determinarán los requisitos que deban cumplir sus miembros, su integración, organización y funcionamiento, así como su sistema de responsabilidades.

A lo largo de la historia, los estados no sólo han adoptado criterios propios para su organización interna, sino que han hecho aportaciones jurídicas útiles a la nación entera; como ejemplo, basta recordar que el juicio de amparo surgió en Yucatán y luego se extendió al resto del país. Por ello es importante que el Poder Judicial, que ha alcanzado autonomía y prestigio a nivel nacional, se fortalezca igualmente en las entidades federativas, de acuerdo con reglas y principios determinados por sus legislaturas respectivas.

Con esta reforma, se remite a la Constitución particular y a la legislación de los estados todo lo relacionado con la integración, organización y funcionamiento de los tribunales, así como el régimen de responsabilidades de sus integrantes, salvaguardando en la Constitución federal el principio de la independencia del Poder Judicial de las entidades federativas.

Por lo antes expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 115 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo a la fracción I del artículo 115, se suprime el segundo párrafo de la fracción II y se adiciona uno nuevo; y el tercero, cuarto, quinto y sexto párrafos de la fracción III son reemplazados por un nuevo tercer párrafo del artículo 116, para quedar como sigue:

Artículo 115. .....

I......

Los estados, en el ejercicio de su soberanía, determinarán en sus respectivas constituciones los requisitos de elegibilidad, la duración del mandato, las reglas de sustitución, el régimen de incompatibilidades y la reelección de los miembros de los ayuntamientos.

Artículo 116. .........

...

I. .....

II. ......

La Constitución de cada estado determinará los requisitos de elegibilidad, la duración del mandato, las reglas de sustitución, el régimen de incompatibilidades, la reelección y todos los aspectos fundamentales de la organización y funcionamiento de las legislaturas locales.

III. ......

La función jurisdiccional de los estados se ejercerá a través de los tribunales que establezcan sus Constituciones y leyes, las cuales determinarán los requisitos que deban cumplir sus miembros, la integración, organización y funcionamiento de aquéllos y su sistema de responsabilidades.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto Legislativo de la Cámara de Diputados, a los 19 días del mes de octubre del año 2006.

Diputados: César Camacho Quiroz, José Rosas Aispuro Torres (rúbricas).

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Diego Cobo Terrazas, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II; 72 y 73, fracciones XXV y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La obesidad y el sobrepeso (definidos como un exceso de tejido adiposo en el organismo) se han convertido en un problema de salud pública a escala mundial, debido a la asociación de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, diversos tipos de cáncer, cirrosis, problemas cardiovasculares e inadaptación psicosocial, entre otros. Existe una relación directa entre la obesidad y el aumento de cifras de morbilidad y mortalidad provocados por estas enfermedades; se reconoce como una epidemia, al registrarse mil millones de habitantes en el mundo que padecen sobrepeso, de éstos, al menos 300 millones son obesos, esto de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud.

Este problema no es exclusivo de países ricos, debido a que en las naciones en desarrollo el fenómeno del éxodo del campo a la ciudad ha provocado cambios en la dieta de la gente, al consumir mayor cantidad de alimentos energéticos, es decir, con un mayor número de calorías que, al no ser consumidas con la actividad diaria y combinándose con la falta de ejercicio ha incrementado el nivel de peso en la población.

En México existe un grave problema de nutrición, el cual se divide en dos grandes vertientes: la primera es por la falta de alimentación, y la segunda por el exceso y desequilibrio alimenticio. Tomando como referencia el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, hay 49 millones de mexicanos en condiciones de pobreza, y 17 millones subsisten con menos de un dólar al día; por ende, las familias pobres sacrifican la calidad nutricional para no reducir la cantidad de alimentos, afectando la salud de los integrantes de la familia.¹

Un estudio del doctor Mark Gold, de la Universidad de Florida, demostró que el consumo de alimentos "chatarra" puede causar adicción, como el alcoholismo. Esto se debe a que la comida se ha vuelto más refinada, más hedónica, más agradable y el cerebro responde a la estimulación que provocan estos productos, hasta llegar a un punto en el que el consumidor empieza a caer en un exceso provocando la obesidad. Debido a esto, es necesario que se fomente una sana alimentación desde niños para evitar que las siguientes generaciones sufran de este mal.

México cuenta con una tasa de obesidad alarmante, hay 32 millones de mexicanos con sobrepeso y obesidad, de los cuales cinco millones están propensos a convertirse en diabéticos. En el 2005, en México -según el quinto informe de labores de la Secretaría de Salud- el primer lugar de causas principales de mortalidad general es la diabetes mellitas, con 64 mil 334 decesos; muchas veces como consecuencia del sobrepeso de las personas.

Esta tendencia indica que las enfermedades crónico-degenerativas abarcarán el 90 por ciento del presupuesto del gasto en salud para el 2010 en México. De no poner en marcha políticas públicas en contra de la obesidad, se estima que para el 2020 serán las enfermedades no transmisibles la causa del 73 por ciento de los decesos del mundo.²

La idea de que la gordura en niños es sinónimo de salud, es falsa, debido a que la manifestación del 50 por ciento de este mal se presenta antes de los dos años de edad y el resto se observará en los periodos de mayor crecimiento, principalmente en la pubertad y la adolescencia. Aunado a esto, se estima que el 80 por ciento de los adolescentes obesos lo seguirán siendo el resto de su vida.

La obesidad en infantes y adolescentes es provocada por el consumo de alimentos vastos en grasas saturadas, azúcares y sal. Esta alimentación combinada con el sedentarismo, provocan enfermedades cardiovasculares, que causan 2 mil 200 muertes en la población infantil, los cuales representan la tercera causa de mortalidad infantil en nuestro país.

Los niños con obesidad son, por lo general, de un comportamiento pasivo, reprimido, tímidos, tienen un bajo rendimiento escolar y deportivo. También muestran poca tolerancia con sus compañeros y familiares, todo esto causado por su aspecto, provocando inseguridad en el niño para relacionarse.

Una manera de evitar estos problemas es a través del cambio de hábitos nutricionales, como la ingesta de frutas y hortalizas frescas; limitar el consumo de alimentos altos en grasas saturadas, azúcar y sal; realizar la práctica de actividad física moderada diaria. Esto se logrará a través de la prohibición de alimentos "chatarra" en las cooperativas escolares, establecer horarios fijos para los periodos de comida y determinar el tiempo disponible para el consumo de alimentos. Aunado a esto, se deberá de cambiar la oferta de alimentos energéticos hipercalóricos por vegetales, cereales, agua, frutas, entre otros.

También debe de existir una coordinación entre padres de familia, autoridades escolares y la Secretaría de Salud para fomentar la sana alimentación de los niños.

Esta medida de prevención se basa en el hecho de que el impacto para reducir la tasa de incidencia y prevalencia de enfermedades provocadas por la obesidad es mejor que cuando se identifica y se maneja la enfermedad. Además, se aumentaría la calidad de vida de la población, la producción económica de las personas y disminuirían los costos para la atención médica de la Secretaría de Salud.

La Organización Mundial de la Salud realizóla Iniciativa Global de Escuelas Saludables, donde se promueve una participación conjunta entre autoridades educativas, maestros, estudiantes y padres de familia para hacer de las escuelas un espacio saludable en nutrición y deporte. Se busca que se fomente una dieta con abundantes frutas y hortalizas ricas en micronutrientes que fortalezcan el sistema inmunológico; también podría ayudar a las defensas naturales del organismo para protegerse de las enfermedades infecciosas; esto, combinado con el ejercicio moderado diario, daría como resultado la reducción de la tasa de obesidad infantil en las siguientes generaciones.

Un ejemplo de la efectividad de estas acciones son Finlandia y Japón, países que han intervenido activamente para modificar la dieta y los hábitos alimentarios de sus poblaciones. Ahí se ha producido una considerable reducción de los factores de riesgo y de las tasas de incidencia de enfermedades crónicas.³

En México también se ha tomado conciencia de los problemas que causa la venta de productos carentes de valor nutricional, siendo el estado de Baja California el mejor ejemplo al reformar sus leyes estatales de educación en pro de la mejora nutricional en las escuelas.

Baja California

Ley de Educación

Artículo 15. Se dan facultades al Ejecutivo para establecer lineamientos generales para evitar la venta de alimentos con inadecuado valor nutricional en las tiendas escolares de nivel básico y medio superior.

Es así como esta iniciativa busca estimular la sana alimentación y la práctica diaria de deporte en las escuelas para prevenir las enfermedades crónicas, que no sólo afectan a la población de México, sino a la del resto del mundo. Se promueve la participación conjunta de los padres de familia con las autoridades escolares para que se puedan determinar los almuerzos escolares con recomendación de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Nutrición, con el objeto que sean altamente nutricionales para los infantes.

De tal forma que esta iniciativa retoma la propuesta presentada anteriormente por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, para que, con fundamento en el inciso I del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podamos en la Cámara de Diputados reformar aquellos ordenamientos jurídicos que permitan garantizar a todos los infantes y jóvenes mexicanos hábitos alimenticios para su desarrollo integral.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

Por ello, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se reforma el artículo 7, fracción IX, y se adicionan un último párrafo al artículo 33 y un último párrafo al artículo 67, todos de la Ley General de Educación.

Artículo Primero: Se reforma el artículo 7, fracción IX, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a VIII. .......

IX. Estimular la educación física y la práctica del deporte; en los programas académicos, establecer que se realice una hora diaria mínima de actividades físico-deportivas.

X. a XIII. .......

Artículo Segundo: Se adiciona un último párrafo al artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a XIII. ......

........

Las autoridades educativas, en coordinación con las dependencias y entidades correspondientes, establecerán los valores nutricionales mínimos que deberán contener los alimentos que se enajenan en las instituciones de educación del nivel básico y medio superior, prohibiéndose aquellos con bajo o nulo valor nutricional.

Artículo Tercero: Se adiciona un último párrafo al artículo 67 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 67. Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:

I. a V. ......

.......

........

Las asociaciones de padres de familia participarán con las autoridades escolares en el diseño de los programas y planes de alimentación que el Estado establezca, ya sea a través de los almuerzos escolares estatales, o de los productos que sean comercializados por las cooperativas dentro de las instalaciones. En todo momento se atendrán a lo dispuesto en las regulaciones correspondientes en la materia.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud, deberá elaborar y presentar ante la autoridad competente un proyecto de norma oficial mexicana, para los efectos del artículo segundo del presente decreto, en un plazo que no exceda de 180 días naturales a partir de la publicación de éste en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Tercero: Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.

Notas:
1 Proposición con punto de acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentada al Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 8 de febrero de 2006.
2 Organización Mundial de la Salud.
3 http://www.who.int

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de octubre del 2006.

Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica)

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MAYRA GISELA PEÑUELAS ACUÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Mayra Gisela Peñuelas Acuña, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Las modernas democracias deben asegurar un ejercicio transparente de la función pública, de tal modo que la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos.

Vivimos en México nuevos tiempos, los cuales demandan cambios estructurales en cuanto a las diferentes gestiones públicas que se llevan a cabo en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de fecha 5 de abril de 2001, retomó, como uno de sus principales objetivos en el ejercicio del servicio público, el fenómeno social de la corrupción. Grave problema que se opone a los valores colectivos que pretenden que la función pública recupere la confianza.

El problema de la corrupción ha traído consecuencias negativas que han impedido el desarrollo armónico del país, y que han afectado principalmente a las esferas de la administración pública y generado desconfianza en las autoridades y las instituciones; de igual manera, ha repercutido también en la buena aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros.

No obstante los avances en la materia, también se hace necesario efectuar modificaciones y reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que rige la actuación y el comportamiento de los servidores públicos.

La presente iniciativa tiene la finalidad de evitar el abuso por parte de funcionarios en el ejercicio del cargo, y evitar que los órganos de control interno de las dependencias apliquen injustificadamente sanciones a los servidores públicos que presuntamente hayan cometido infracciones o faltas administrativas, sin haber comprobado el hecho.

Actualmente, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos otorga a los órganos internos de control facultades en las cuáles existe violación a las garantías constitucionales, como la referida en el primer párrafo del artículo 21, fracción V, de la ley en comento.

El mencionado artículo y el primer párrafo de dicha fracción, dicen lo siguiente:

"Artículo 21.- La secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este Capítulo mediante el siguiente procedimiento:

I. a IV. ........

V. Previa o posteriormente al citatorio al presunto responsable, la secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute. La determinación de la secretaría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades hará constar expresamente esta salvedad."

Lo anterior es contrario al espíritu del artículo 14 constitucional, pues el citado precepto señala que "nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho".

Como se puede observar, si iniciado el procedimiento los órganos de control interno consideran suspender a un servidor público, lo hacen sin que esté de por medio una resolución debidamente motivada. Tal conducta es violatoria de la Constitución, pues al carecer de motivación se deja al trabajador, además de suspendido en sus labores, en absoluto estado de indefensión.

Con dicha suspensión se priva al trabajador del derecho de audiencia y sin haber sido vencido en juicio. No obstante, se le impone una sanción: la suspensión en su cargo o empleo, sin precisar el tiempo de duración; en este sentido la ley es omisa. Luego, entonces, esta situación deviene injusta y, por tanto, contraria a derecho.

El órgano interno de control, al imponer la suspensión de manera previa al citatorio, impide al trabajador conocer la falta que se le imputa. Simplemente se le sanciona. Y aunque el artículo señala que la suspensión temporal "no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute", en sí la suspensión es una sanción, es una afectación que sufre el servidor público en su esfera jurídica, sin conocer el motivo, y sin oportunidad única de defensa.

Desde el momento de la suspensión, al trabajador se le priva de la garantía dispuesta en el primer párrafo del artículo 5o. constitucional, que a la letra dice: "A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial." La suspensión temporal afecta a la persona en sus derechos, sin que haya un juicio de por medio y sin que se cumplan las formalidades del procedimiento.

Ahora bien, es más aceptable la hipótesis de la suspensión de manera posterior al citatorio, pues con ello el trabajador al menos conoce los hechos en que se le involucra y no queda en estado de indefensión.

Coincidimos con la investigadora Laura Chong Gutiérrez en que también se debe cambiar la palabra "presunto responsable", pues es un término propio del ámbito penal, además según lo establecido en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en los títulos segundo y tercero de la ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. Proponemos utilizar la expresión "servidor público involucrado" en lugar de "presunto responsable".

De igual forma, proponemos que la suspensión temporal proceda si, conforme a los elementos probatorios, resulta necesaria tal medida, lo que obliga a fundar y motivar la resolución que decida suspender a un servidor público. Además, la medida de la suspensión debe estar plenamente justificada.

Asimismo, se propone que la temporalidad no sea ilimitada. En el artículo 21 de la ley vigente no menciona el tiempo que debe durar la suspensión. Consideramos que 30 días hábiles debe ser el término máximo, tiempo suficiente para que la contraloría realice las investigaciones o diligencias necesarias. Esto afectará al trabajador, pero concluirá la incertidumbre de no saber de los hechos que se le imputan.

Diversos hechos conocidos por la opinión pública han demostrado la necesidad de un medio eficaz que combata las malas prácticas del servicio público, pero estas medidas no deben ser pretexto para violentar o lesionar las garantías individuales.

Con el interés de crear instrumentos legales que mejoren el servicio público, se presenta a su consideración la presente reforma al primer párrafo de la fracción V del artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 21, fracción V, en su primer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Único. Se reforma el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 21. La secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento:

I. a IV. .......

V. Posteriormente a la notificación practicada al servidor público, la secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, con base en elementos probatorios, podrán determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, si así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute y no podrá exceder de treinta días hábiles. La determinación de la secretaría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades hará constar expresamente esta salvedad.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los doce días del mes de octubre del año dos mil seis.

Diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica)

Proposiciones

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE COADYUVAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR-SURESTE DE MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA PIÑEYRO ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PNA

La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

ConsideracionesPero aquí abajo, abajo.....cerca de las raíces
es donde la memoria ningún recuerdo omite
y hay quienes se desmueren, y hay quienes
se desviven
y así entre todos logran lo que era un imposible
que todo el mundo sepa que el Sur,
que el Sur....también existe.Mario BenedettiA pesar de los esfuerzos por incorporar al desarrollo a las diversas regiones entidades federativas y municipios del país, el panorama de desequilibrios y distorsiones en las estructuras económicas y sociales, aunado al entorno político, ha hecho que continúen prevaleciendo realidades socioeconómicas con profundas diferencias que se expresan en una geografía desigual y compleja.

La existencia, por un lado, de zonas con óptimos desarrollos integradas casi en su totalidad a los procesos de globalización como la Región Norte de México y por el otro, lugares que muestran altos índices de marginación y pobreza como la región sur-sureste, demuestran que en el país la planeación regional y las políticas de corte regional no se han aplicado correctamente pues no han resultado ser herramientas que orientan e integran las actividades y esfuerzos del gobierno y la sociedad, en busca de un desarrollo social, económico, territorial y ambiental más equilibrado y ordenado.

La región sur-sureste de la República Mexicana, integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, muestra un serio rezago en su desarrollo socioeconómico con respecto a las regiones del centro y norte del país. Las condiciones de marginación y pobreza que prevalecen en dicha región son endémicas y se deben a un tejido histórico complejo de factores de muy diversa naturaleza, que incluye la aplicación en el pasado de políticas públicas que la han discriminado.

Con el tiempo, las brechas entre el sur-sureste y el resto del país se han ampliado. Sus problemas económicos y sociales son estructurales y no producto de una situación de coyuntura. Por mencionar algunas cifras, en la actualidad la región cuentan con una población aproximada de 30 millones de habitantes y de las diez entidades federativas a nivel nacional que presentan condiciones graves condiciones de marginalidad y pobreza, ocho pertenecen a la región sur-sureste. La región concentra al 74 por ciento de la población indígena del país, uno de los grupos más vulnerables de la nación. Índices de pobreza, tales como la mortalidad infantil, el analfabetismo, el porcentaje de población en localidades aisladas, la población en localidades con alta y muy alta marginación, entre otros, muestran en los estados del sur-sureste diferencias impactantes con respecto a los valores registrados en cada caso en las entidades más desarrolladas del país.

A pesar de los datos anteriores, esta zona tiene grandes potencialidades gracias a su riqueza en recursos naturales. Dispone de agua, abundancia de energía, diversidad biológica, diversidad climática, diversidad de suelos; una importante extensión costera, riqueza cultural, disponibilidad de fuerza de trabajo, extensiones importantes de bosques y selvas; cuenta con importantes yacimientos de hidrocarburos y minerales metálicos y no metálicos y alberga un número importante de reservas naturales.

Por ello esta situación de injusticia, desigualdad y atraso social demanda un cambio estructural profundo basado en la innovación institucional y social, en una ampliación de las causas democráticas y considerando mecanismos de incorporación de los sectores excluidos del desarrollo social, así como en el fomento de las actividades productivas de la región y en la constitución de proyectos productivos con los que las organizaciones empresariales eficientes coadyuven a la disminución de la marginación y la pobreza.

Es en este sentido que es de suma importancia la implementación de acciones coordinadas de los distintos órdenes de gobierno con el fin de facilitar el desarrollo integral sustentable de esta región, impulsando programas y proyectos que tengan como objetivo mejorar las condiciones sociales y económicas. Es indispensable llevar a cabo procesos sostenidos de reactivación económica, generación de empleo y redistribución del ingreso, para mejorar realmente las condiciones y calidad de vida de la población, esto si se busca disminuir las desigualdades sociales y abatir la brecha que separa el sur del resto del país.

Por ende, resulta imprescindible que en la LX Legislatura se creen nuevos espacios y se dé continuidad a los ya creados para impulsar y dar seguimiento a los trabajos realizados para el desarrollo de la región mediante la instauración de una comisión especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento, en el ámbito de competencia del Poder Legislativo federal, a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región sur-sureste.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de este honorable Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se crea la Comisión Especial encargada de coadyuvar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo de la región sur-sureste de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 19 de octubre de 2006.

Diputada Irma Piñeyro Arias

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP A LIBERAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO FISCAL DE 2006, APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS, DEL FONDO DE APOYO A PROYECTOS INTEGRALES DESTINADOS A FORTALECER PROCESOS DE BENEFICIADO HÚMEDO, SECO Y EL ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

La economía global, caracterizada por la polarización de la riqueza profundiza las diferencias entre los países desarrollados y los países emergentes.

Lo anterior, se ve claramente, en las relaciones de mercado y de equidad que afectan la producción de materias primas agrícolas, donde muchos productores quedan fuera del mercado al no contar con los apoyos necesarios para ser competitivos.

En este contexto, es palpable el compromiso solidario del Poder Legislativo con los productores, en la generación de propuestas e iniciativas que fortalezcan la profesionalización y en consecuencia la eficiencia y competitividad de las diversas cadenas productivas y de abasto. La anterior situación no escapa al sector cafetalero.

Es importante señalar que ante la crisis internacional de los precios del café, México optó por fortalecer la capacidad de respuesta de la planta productiva, fomentando los mercados de especialidad, incrementando el consumo interno.

Este esfuerzo se da impulsando desde el interior de las organizaciones de los productores, iniciativas orientadas a la generación de valor agregado y a la búsqueda de mercados de mayor equidad.

En este sentido, los diversos programas de apoyo a este sector han sido orientados fundamentalmente a fortalecer la producción potenciando la productividad, coadyuvando de manera parcial a profesionalizar algunos aspectos dirigidos hacia la calidad y el acceso a servicios especializados del mercado.

Con el espíritu de impulsar la apropiación paulatina de los medios de producción y fomentar la generación de valor agregado, la legislatura pasada aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2006, un monto de 252.2 millones de pesos para la constitución y operación del Fondo de Apoyo a Proyectos Integrales destinados a fortalecer los procesos de Beneficiado húmedo y seco, y el acopio y comercialización de café sectorizados a Sagarpa.

Dichos recursos no han sido liberados como lo consigna la aprobación hecha por esta Soberanía, a pesar de la reiterada demanda de los productores, externada desde el Comité Nacional Sistema Producto Café y los diversos comités estatales de los estados cafetaleros.

Ante este reclamo, Sagarpa emite los lineamientos y criterios de asignación de dichos recursos a las entidades federativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 16 de agosto de 2006.

La publicación de estos lineamientos genera total incertidumbre en el sector de productores cafetaleros, porque se establece que para ser beneficiario de los apoyos deberán entregar a la Sagarpa los proyectos a más tardar 15 días después de la publicación de los lineamientos en el Diario Oficial, periodo insuficiente para que los productores cumplan con este requisito.

Tomando en cuenta lo anterior, los productores de café presentaron sus proyectos cumpliendo con todos los requisitos y así recibir el apoyo. De manera increíble, la dependencia ha señalado que sólo disponen de 70 millones de pesos, argumentando que la Secretaria de Hacienda, redujo el presupuesto original de 252.2 millones de pesos en un 72 por ciento.

Derivado de la arbitraria afectación de los recursos, efectuada por la Secretaría de Hacienda, los cafeticultores, manifiestan su inconformidad y se suman a los acuerdos nacionales del Comité Nacional del Sistema Producto Café, para llevar a cabo diversas manifestaciones entre ellas una marcha nacional y la toma de oficinas de la Sagarpa, para demandar el cumplimiento del ejercicio del presupuesto antes referido.

La cafeticultura una vez más es objeto de la falta de visión y compromiso por parte de las instituciones federales.

Con esta actitud coartan la capacidad de desarrollo y superación de los productores, en especial, de los más pobres, minimizando un trabajo organizado y comprometido por parte de ellos.

Se traiciona el esfuerzo de los productores por modernizarse, segmentar el mercado, produciendo con mejores practicas de cultivo y de manejo como el café orgánico o el dirigido a los consumidores gourmet, en el que son líderes a nivel internacional, no obstante de no contar con el suficiente apoyo del gobierno.

En consecuencia, desde esta tribuna hago un exhorto a los titulares de la Secretaría de Hacienda y de la Sagarpa, para que cumplan con lo aprobado por la Cámara de Diputados en la aplicación y ejercicio del gasto autorizado a ejercerse en apoyo a la cafeticultura nacional. De no hacerlo así serán los únicos responsables de las consecuencias socio-políticas que este hecho implicará.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que dispone en el artículo 58 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Artículo Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que libere de manera íntegra los recursos presupuestales del ejercicio fiscal del 2006 aprobados por la Cámara de Diputados, del Fondo de Apoyo a Proyectos Integrales destinados a fortalecer los procesos de beneficiado húmedo y seco, y el acopio y comercialización de café.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los diecinueve días de octubre de dos mil seis.

Diputado Anuario Luis Herrera Solís (rúbrica).

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE AMPLÍE LA VIGENCIA DEL DECRETO POR EL QUE SE SUJETA A PRECIO MÁXIMO EL GAS NATURAL QUE SE SUMINISTRE A LOS USUARIOS RESIDENCIALES DE BAJO CONSUMO Y SE OTORGUE EL ESTÍMULO FISCAL QUE SE INDICA, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO GARCÍA REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Humberto García Reyes, presenta ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, que tiene como finalidad hacer una solicitud al Ejecutivo federal para que amplíe la vigencia del decreto por el que se sujeta a precio máximo el gas natural que se suministra a los usuarios residenciales de bajo consumo y se continúe otorgando el estímulo fiscal que en el decreto se estable, basado en las siguientes

Consideraciones

1. El 16 mayo del año 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto del Poder Ejecutivo por el que sujeta a precio máximo el gas natural suministrado a los usuarios residenciales de bajo consumo y cuya fecha de vigencia se estableció hasta el 30 de septiembre de 2006.

2. La justificación de dicho decreto era apoyar a los usuarios residenciales de bajo consumo, que son aquellas personas que adquieren gas natural para consumo en su hogar y cuyo dispendio se iguala o es menor a los 60 metros cúbicos mensuales en promedio.

3. También en dicho decreto se establece la reducción en el pago de las facturas para los usuarios finales hasta en un máximo del 28 por ciento del importe mensual, sin considerar el impuesto al valor agregado, para el gas sujeto a la metodología de precios de venta de primera mano.

4. Por lo que respecta al gas natural no sujeto a dicha metodología, la reducción se canalizó a través de un estímulo fiscal otorgado a los permisionarios de distribución del energético. Dicho estímulo se adjudica en el caso que los permisionarios descuenten de los usuarios finales el importe del estímulo fiscal que aplique al consumo mensual de cada usuario.

5. Con la entrada en vigor del decreto, se benefició a un millón 140 mil familias, cifra equivalente al 67 por ciento de los usuarios domésticos de gas natural, de acuerdo a estimaciones formuladas por la Oficina de Políticas Publicas de la Presidencia de la República.

6. De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía, el importe promedio de la factura que cubre el consumo de gas natural a nivel nacional para el sector residencial, de agosto de 2005 a septiembre de 2006, fue de $280.11. Sin embargo, dicho importe para los últimos cuatro meses del 2005 y el primero del 2006 fue aún mayor al nacional, aproximadamente en un 6%, en promedio.

7. Cabe destacar que, de acuerdo a estimaciones confiables, la ciudad más cara en el consumo final de gas natural es la ciudad de Saltillo. Lo anterior considerando la base de datos a enero del 2005 y la demanda de una familia representativa, que es de 55.6 metros cúbicos. Así, en Saltillo dicho consumo cuesta $333.19, siguiéndole Monterrey donde cuesta $321.54 pesos, y Chihuahua con $318.55, mientras que la ciudad más barata es Querétaro con $216.94 pesos. Es decir, el costo en la ciudad coahuilense de Saltillo es casi 35% superior al de Querétaro.

8. Todo lo anterior es resultado de la fórmula que aplica Pemex para determinar el precio de venta del gas natural, el cual está referenciado al precio que rige en el sur del estado de Texas en los Estados Unidos. Por esta razón la economía familiar se ve fuertemente afectada ante variaciones del precio del energético, considerando que los ingresos de los mexicanos son difícilmente comparables a los estadounidenses.

9. Peores consecuencias deben padecer los consumidores de la franja fronteriza norte de Coahuila, especialmente en Piedras Negras, donde Pemex no cuenta con ningún tipo de gas natural nacional o importado para abastecer la zona, razón por la cual, el distribuidor autorizado debe adquirirlo directamente de los dos únicos proveedores que existen en la región vecina de Texas, quienes aprovechan su condición de únicas opciones de abasto y en acuerdo con las empresas de transporte, fijan el precio del energético de manera unilateral y arbitraria.

10. De esta suerte, el mismo consumo de 55 metros cúbicos a que hace referencia el numeral siete de este documento, en enero del presente año le costó $383.10 a los consumidores de aquella zona.

Dada la situación anterior, la cual se agrava ante la recurrente posibilidad de bajas temperaturas que podrían presentarse en Coahuila y los estados del norte del país, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional considera de gran trascendencia social continuar manteniendo el esquema de precios de gas natural planteado en el decreto del Poder Ejecutivo publicado el 16 mayo del año 2005.

Se sustenta esta propuesta en la Ley Federal de Competencia Económica, que establece la facultad exclusiva del Ejecutivo federal para determinar mediante decreto los bienes y servicios de consumo popular que podrán sujetarse a precios máximos.

Para el Partido Acción Nacional, los principios de solidaridad y subsidiariedad, son parte de sus fundamentos políticos, razón por la que consideramos que este esfuerzo del gobierno federal se encuentra plenamente justificado.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al Ejecutivo federal para que, con fundamento en lo dispuesto por las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Competencia, establezca la ampliación de la vigencia del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2005, por el que se sujeta a precio máximo el gas natural que se suministre a los usuarios residenciales de bajo consumo y se continúe otorgando el estímulo fiscal fijado en el mismo decreto, por un término que comprenda del 1 de octubre de 2006 al 31 de marzo de 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2006.

Diputado Ángel Humberto García Reyes (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A INTEGRAR UNA COMISIÓN PLURAL QUE INVESTIGUE SOBRE EL CONFLICTO ENTRE EXPORTADORA DE SAL, SA DE CV, Y LOS PARCELARIOS DE LOS EJIDOS BENITO JUÁREZ Y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL LIZÁRRAGA PERAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del PRD ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El 15 de octubre de 2006, un grupo de parcelarios de los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz tomaron las instalaciones de bombeo de Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA), en protesta porque consideran que sus demandas no están siendo atendidas, ya que la citada empresa afecta su patrimonio, el cual, conforme a lo que ellos expresan, equivale a un total de 16 mil 800 hectáreas, y no a 14 mil, como afirma ESSA.

2. ESSA es una sociedad mexicana, constituida legalmente desde 1954, en los términos de la administración pública federal, perteneciente al sector minero, coordinada sectorialmente por la Secretaría de Economía, y su objeto social es la explotación y exportación de sal marina.

3. En 1971, los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz fueron dotados de tierras por el presidente de la república, dentro de las cuales estaban las asignadas en 1953 y 1954 por la entonces Comisión de Fomento Minero a ESSA.

4. Ante esa situación, en febrero de 1987 ESSA suscribió con los ejidos un convenio de pago de compensación por ocupación de la superficie ejidal, estableciendo el compromiso de cubrir los pagos y las compensaciones desde 1971, fecha de dotación de los ejidos, hasta 1986, y un pago anual a partir de 1987.

5. El 28 de junio de 1994 se celebró un convenio de ocupación temporal de las tierras ejidales, el cual estuvo vigente hasta 2002, mediante el cual la empresa pagaba 73.98 pesos por hectárea.

6. A partir de 2000 no se decretaron dividendos ni hubo utilidades. Ante la falta de los pagos correspondientes, el ejido manifestó su inconformidad y, para evitar conflictos, el 30 de diciembre de 2002, ESSA celebró un convenio modificatorio del convenio de ocupación temporal del 28 de junio de 1994, a efecto de modificar la cláusula quinta, relativa a los "pagos por dividendos" y, en su lugar, complementarlos con un pago fijo por parte de ESSA. En dicho convenio se estableció un pago anual de 148.00 por hectárea, por lo que se realizaron dos pagos anuales de 3.98 por hectárea (enero y julio), significando dos emisiones de 1 millón 138 mil pesos; es decir, un pago anualizado de 2 millones 276 mil pesos.

7. El 4 de noviembre de 2005, la empresa fue notificada de la demanda interpuesta ante el Tribunal Unitario Agrario de Distrito número 39, con sede en La Paz, Baja California Sur, por 152 parcelarios del ejido Gustavo Díaz Ordaz.

8. Entre los principales puntos que demandan los ejidatarios ante el citado Tribunal Unitario Agrario número 39 destacan

a) Pago de renta (no indemnización) y firma de nuevos convenios, previa anulación de los anteriores, anexándose las 2 mil 800 hectáreas no consideradas. Actualmente, la empresa declara que está utilizando 14 mil hectáreas y muestra disposición para que se hagan las mediciones indispensables y, en su caso, se pagará a razón del avalúo que realice el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

b) Pago no negociable de mil pesos anuales por hectárea, retroactivo desde 1998, por las 2 mil 800 hectáreas afectadas, y que no están incluidas en el convenio; lo que representaría 22.4 millones de pesos.

c) Considerando las 14 mil hectáreas, más las 2 mil 800 no reconocidas, a razón de mil pesos anuales por hectárea, la cantidad equivaldría a 16.8 millones de pesos. Es decir, los ejidatarios pretenden un pago en una sola exhibición de 39.2 millones de pesos en 2006.

d) Los ejidatarios no están dispuestos a vender las tierras, pese a las ofertas de la compañía en mención.

e) Que los nuevos contratos sean elevados a rango de sentencia por el Tribunal Unitario Agrario número 39, como instancia revisora y juzgadora de un eventual conflicto.

9. Los instrumentos jurídicos citados son resultado de muchos años de negociación de ESSA con los ejidatarios, así como de la intervención de diversas autoridades, lo que ha permitido atender, armonizar y equilibrar el marco jurídico de varios ordenamientos legales, al tiempo que se lograron propósitos de equilibrio de fuerzas y de actores políticos en la región. En consecuencia, en la búsqueda de soluciones del conflicto actual será importante considerar estos factores, a fin de evitar el rompimiento de tales equilibrios, ya que ello atraería costos económicos, políticos y sociales muy altos tanto para la ESSA como para la comunidad del norte de Baja California Sur.

Por lo expuesto, y tomando en cuenta la importancia del asunto, me permito presentar ante este Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al gobierno federal que, a través de las autoridades competentes, promueva la formación de una comisión plural que se encargue de realizar una investigación exhaustiva de todos y cada uno de los antecedentes del conflicto existente entre Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA), y los parcelarios de los ejidos Benito Juárez y Gustavo Díaz Ordaz, de Mulegé, Baja California Sur, así como de la situación financiera de ESSA; y que se actúe en consecuencia para la solución del problema en cuestión.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2006.

Diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES INTERVENGAN EN EL CONFLICTO ENTRE EXPORTADORA DE SAL, SA DE CV, DE GUERRERO NEGRO, Y LOS POBLADORES DE LOS EJIDOS DÍAZ ORDAZ Y BENITO JUÁREZ, A CARGO DEL DIPUTADO ISMAEL ORDAZ JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, Ismael Ordaz Jiménez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, a partir de la siguiente

Exposición de Motivos

La empresa Exportadora de Sal (ESSA), es una trasnacional que ha explotado, con una concesión ilegal, 36 mil hectáreas de los ejidos Díaz Ordaz y Benito Juárez, Guerrero Negro, Baja California Sur, para sustraer sal y productos pesqueros durante más de medio siglo. Ante las protestas de inconformidad de los ejidatarios y siempre en contubernio con funcionarios estatales y federales, la empresa fue obligada a resarcir sus abusos, pactando una indemnización de 17.00 pesos por hectárea anuales desde el año de 1994, de los cuales a los ejidatarios, a esta fecha, no han recibido pago alguno; mientras en la práctica esa empresa trasnacional, Mitsubishi, obtiene un beneficio millonario en la explotación y exportación de la sal, minerales y productos pesqueros, beneficiándose así con ganancias de 200 millones de dólares o más de esta explotación.

Durante este tiempo y con la constante inconformidad de los auténticos propietarios de esas tierras, se modificaron los convenios de ocupación temporal, pero sin que los ejidatarios obtuvieran un beneficio directo. Todos estos convenios carecieron de legalidad, por tener vicios en la personalidad de los participantes y la ausencia de inscripción ante el Registro Agrario Nacional.

Esta situación irregular y vergonzante orilló a los ejidatarios a buscar ante el Tribunal Agrario radicado en el estado de Baja California Sur un juicio de restitución de sus tierras ilegítimamente explotadas; en dicho juicio la empresa ESSA interpuso distintos recursos para dilatar o retrasar el procedimiento agrario. Ello obligó a los afectados a manifestarse de manera pacífica mediante un paro de la inducción de agua salada de mar a los bazos salineros que se encuentran tierra adentro de los ejidos, movimiento con el cual se logró el objetivo de llamar la atención de las autoridades en sus tres niveles de gobierno, así como de los directivos y del consejo consultivo de la empresa, instaurándose de esta manera una serie de mesas de negociación en busca de una pronta y justa solución a las prestaciones reclamadas por los ejidos, las cuales destaco a continuación:

1. El pago de un arrendamiento justo y no de indemnización por concepto de la explotación por la cantidad de mil pesos anuales por hectárea.

2. Elaboración de un convenio celebrado exclusivamente por la empresa y los ejidatarios.

3. Indemnización de manera retroactiva por la explotación; estableciendo el precio de mil pesos anuales por hectárea desde 1998 a la fecha.

4. Establecer mediante coordenadas cartesianas la ubicación exacta de la ocupación de las parcelas, las servidumbres de paso y caminos comunales que hagan, utilicen o cerquen por parte de la empresa.

A esta fecha y a pesar de más de un año de pláticas conciliatorias, no se ha podido concretar una solución justa y definitiva al presente asunto.

Ante esta situación alarmante de despojo de tierras de miles de ejidatarios mexicanos por parte de extranjeros y la indiferencia de las autoridades federales y estatales, los legisladores federales de esta LX Legislatura debemos asumir el papel que nos corresponde y velar por la defensa de los intereses de nuestros representados. Es por esta situación que someto ante esta alta tribuna del país la siguiente proposición con puntos de acuerdo, solicitando a la Presidencia de la Mesa Directiva que, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consideren ante este Pleno de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que la Secretaría de Economía, en uso de sus facultades y como parte del consejo de administración de dicha empresa trasnacional agilice todos los mecanismos institucionales que permitan llegar a una negociación benéfica para ambas partes, velando en todo momento por los intereses de los legítimos propietarios de las tierras explotadas e informar detalladamente a esta soberanía de los resultados alcanzados.

Segundo. Que la Junta de Coordinación Política, en uso de sus facultades que le otorga la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nombre una comisión plural de diputados para acudir a dicho estado a constatar los hechos denunciados por los ejidatarios de la región y actuar en consecuencia.

Tercero. Exhortar al Tribunal Superior Agrario conducirse con transparencia, imparcialidad y certeza jurídica en el caso de los ejidos de Díaz Ordaz y Benito Juárez del municipio de Mulegé, en el estado de Baja California Sur.

Diputado Ismael Ordaz Jiménez

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA Y SE DA CONTINUIDAD A LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN ENCARGADA DE REVISAR LA LEGALIDAD DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, CONCESIONES, CONTRATOS DE SUMINISTROS DE BIENES DE CONSUMO O DE COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PÚBLICA OTORGADOS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA A CONSTRUCCIONES PRÁCTICAS, SA DE CV, Y CUALESQUIERA OTRAS QUE TUVIEREN RELACIÓN CON ELLA, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

Los suscritos, diputados federales que integran la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base en el artículo 93, párrafo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 34, inciso c), y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para crear y dar continuidad a la Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministros de bienes de consumo o de compra venta de bienes inmuebles de titularidad pública otorgada por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La división de poderes tiene, como razón de ser, la de la aplicación del reconocido principio de equilibrio y contrapeso en lo político y, en lo jurídico, la contención de la extralimitación en el manejo de la administración pública por parte del Ejecutivo, que tiene a su cargo la disposición de los recursos públicos de la nación.

Es en este sentido que la visión del Constituyente dentro de lo que se denomina en el derecho parlamentario "la doctrina de la investigación", facultó ampliamente a la Cámara de Diputados (reforma de 1977) para crear comisiones especiales que tengan por objeto "investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria" en el contexto de la facultad fiscalizadora y de representación del interés público que le es propia y para lo cual, incluso, podrá citar a los secretarios, al procurador, a los jefes de los departamentos administrativos y a los directores y administradores de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal a comparecer para materializar las investigaciones autorizadas, que permita valorar la eficiencia y legalidad del actuar del gobierno.

En el inicio del sexenio que esta a punto de expirar, ocurrieron hechos que suscitaron la indignación popular por la presunción de la comisión de ilícitos contra el patrimonio público en casos como la costosa construcción y equipamiento de las cabañas en la residencia oficial de Los Pinos. Lo mismo aconteció con la ampliación y remodelación del rancho San Cristóbal, así como con el vestuario, instalaciones, gastos y personal al servicio de la esposa del Presidente a lo que se agregó después, la probable adjudicación de la paradisíaca playa de El Tamarindillo en Colima y la adquisición, acondicionamiento, compra de ganado, plantación de agaves y construcción de una mansión en el rancho La Estancia, en el mismo estado de Guanajuato.

En este contexto se conoció también, por la opinión pública, los casos de enriquecimiento descomunal y súbito de los hijos de la señora Martha Sahagún Jiménez de Fox, que reclamó el interés de escritores y periodistas que ahondaron la investigación a partir de que ya era público el uso de bienes de la Presidencia por parte de estas personas, asociadas también a hermanos de la señora Sahagún. El tema cobró relevancia nacional porque en esos negocios se implicaba a diversas entidades del sector público como a Pemex, IPAB, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), entre otras, que por consiguiente tratándose de áreas supeditadas al Poder Ejecutivo correspondía atraer para su investigación al Poder Legislativo y, en su caso, producir las aclaraciones que exigía el interés público nacional en juego.

La Cámara de Diputados recogió la demanda nacional de información por la grave afectación a la moral pública que implicaban los graves acontecimientos de posible tráfico de influencias en perjuicio del patrimonio nacional (que estaban siendo copiosamente denunciados por los medios de información independientes) y, que no podían ser ignorados sin incurrir en responsabilidad por omisión, por parte de la representación nacional.

Fue así que en la LIX Legislatura se aprobó en los términos del artículo 93 de la Constitución la integración de una Comisión Especial de la que formaron parte proporcional los seis partidos que tenían representación en el Congreso. El día 28 de abril de 2005 se constituyó la primera Comisión de Investigación, que fue presidida por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena y que precisamente fue cancelada a iniciativa del PAN el día 31 de diciembre de 2005, habiéndose rendido el informe correspondiente al titular del Poder Ejecutivo y lográndose el avance y el acopio de la documentación correspondiente en buena parte de la investigación.

La segunda etapa, que fue autorizada el 16 de febrero de 2006 y que inició sus trabajos a partir de 10 de marzo de 2006 se logró por la rectificación que tuvo que hacerse en tanto el informe rendido al titular del Poder Ejecutivo en el que se le solicitaba turnar a la Secretaría de la Función Pública, a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación, para proseguir en la investigación, sólo fue cumplido en cuanto a la Secretaría de la Función Pública dejando un vacío jurídico y político la correspondiente a los probables delitos cometidos a través de la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, y otras relacionadas con la misma, con organismos públicos determinantes en la consumación de un ilícito, en perjuicio del patrimonio nacional.

De las actuaciones realizadas en la comisión para investigar a dichos organismos con Construcciones Prácticas, SA de CV, y empresas vinculadas a ello, se logró comprobar la intervención de los hermanos Bribiesca Sahagún al menos en tres participaciones pagando parte de la subasta del IPAB, actuando como aval en el crédito de Sociedad Hipotecaria Federal y teniendo el carácter de voto de calidad en el comité técnico del Fideicomiso que dispone de un predio que más adelante formara parte de los activos que les transfiere el mismo IPAB.

En estas circunstancias se hace imprescindible que la LX Legislatura dé continuidad a estas investigaciones, constituyendo nuevamente la comisión referida que culminó encargo el 31 de julio de 2006 y que fue presidida por el diputado Jesús González Schmal, quedando en curso diversas denuncias de hechos suscritas por la mayoría de los diputados de cinco partidos y promovidas ante la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, los órganos de control interno de Pemex y Pemex Refinación y la PGR cuyas diligencias, en la fase de integración de la averiguación previa, se han venido desahogando superando las omisiones o información incompleta con lo que diversas dependencias públicas intentaron obstaculizar la marcha de la comisión que puntualmente entregó a la Presidencia de la Cámara el 22 de agosto próximo pasado el informe de resultados para los efectos de su turno al titular del Poder Ejecutivo federal.

Por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Primero. Se crea una Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministros de bienes de consumo o de compra venta de bienes de consumo o de compra venta de inmuebles de titularidad pública otorgada por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma.

Palacio Legislativo de San Lázaro 19 de octubre de 2006.

Diputados: Alberto Esteva Salinas (Convergencia), Humberto López Lena Cruz (Convergencia), Martín Jaime Espejel Lazcano (PRD), José Luis Aguilera Rico (Convergencia), Delio Hernández Valadés (Alternativa), Jorge Godoy Cárdenas (Convergencia), Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (Alternativa), Neftalí Garzón Contreras (PRD), Aurora Cervantes Rodríguez (PRD), Pedro Landero López (PRD), Roberto Mendoza Flores (PRD), Silbestre Álvarez Ramón (PRD), Rafael Elías Sánchez Cabrales (PRD), María Mercedez Maciel Ortiz (PT), Celso David Pulido Santiago (PRD), Mónica Fernández Balboa (PRD), Sonia Nohelia Ibarra Franquez (PRD), Alliet Mariana Bautista Bravo (PRD), José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (PRD), Isidro Pedraza Chávez (PRD), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (PRD), César Flores Maldonado (PRD), Francisco Javier Santos Arreola (PRD), Silvia Oliva Fragoso (PRD), Higinio Chávez García (PRD), Miguel Ángel Solares Chávez (PRD), Pablo Trejo Pérez (PRD), María Elena Torres Baltasar (PRD), Víctor Gabriel Varela López (PRD), Armando Barreiro Pérez (PRD), Andrés Lozano Lozano (PRD), Aleida Alavez Ruiz (PRD), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (PRD), Mario Enrique Del Toro (PRD), Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (PRD), Antonio Ortega Martínez (PRD), Martín Zepeda Hernández (PRD), Benjamín Hernández Silva (PRD), Alejandro Martínez Hernández (PRD), Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD), Juan Manuel San Martín Hernández (PRD), Antonio Soto Sánchez (PRD), Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (PRD), Raúl Ríos Gamboa (PRD), Rosa Elva Soriano Sánchez (PRD), Humberto Wifrido Alonso Razo (PRD), Mario Vallejo Estevez (PRD), Guadalupe Socorro Flores Salazar (PRD), Camerino Eleazar Márquez Madrid (PRD), Adriana Díaz Contreras (PRD), Moisés Félix Dagdug Lützow (PRD), Pablo Leopoldo Arreola Ortega (PT), Raymundo Cárdenas Hernández (PRD), Aída Marina Arvizu Rivas (Alternativa), Layda Elena Sansores San Román (Convergencia), Alejandro Chanona Burguete (Convergencia), Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (Convergencia), Elías Cárdenas Márquez (Convergencia), Othón Cuevas Córdova (PRD), Carlos Altamirano Toledo (PRD), Juan Ignacio Samperio Montaño (Convergencia), María Soledad López Torres (PRD), Víctor Manuel Lizárraga Peraza (PRD), Juan Adolfo Orcí Martínez (PRD), Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (PRD), Rutilio Cruz Escandón Cadenas (PRD), Ramón Valdés Chávez (Convergencia), Santiago López Becerra (PRD), Joaquín Conrado De los Santos Molina (PRD), Daisy Selene Hernández Gaytán (PRD), Carlos Roberto Martínez Martínez (PRD), Carlos Sánchez Barrios (PRD), Modesto Brito González (PRD), Daniel Torres García (PRD), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (PRD), Concepción Ojeda Hernández (PRD), Victorio Rubén Montalvo Rojas (PRD), Irineo Mendoza Mendoza (PRD), Alberto Amaro Corona (PRD), Martha Angélica Tagle Martínez (Convergencia), Tomás José Luis Varela Lagunas (Convergencia), Héctor Narcía Álvarez (PRD), Carlos Orsoe Morales Vázquez (PRD), Maribel Luisa Alva Olvera (PRD), Miguel Ángel Peña Sánchez (PRD), José Jacques y Medina (PRD), José Antonio Saavedra Coronel (PRD), Ramón Almonte Borja (PRD), Víctor Aguirre Alcalde (PRD), Miguel Ángel Arellano Pulido (PRD), Francisco Márquez Tinoco (PRD), Alma Lilia Luna Murguía (PRD), Daniel Dehesa Mora (PRD), Juan Nicasio Guerra Ochoa (PRD), David Sánchez Camacho (PRD), Faustino Soto Ramos (PRD), Valentina Valia Batres Guadarrama (PRD), Rodolfo Solís Parga (PT), Jaime Cervantes Rivera (PT), Félix Castellanos Hernández (PT), Rosa Elia Romero Guzmán (PT), Anuario Luis Herrera Solís (PT), Alfredo Barba Hernández (PRI), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (PRI), Irma Piñeyro Arias (Nueva Alianza), Juan Carlos Velasco Pérez (PRI), Javier Guerrero García (PRI), Salvador Ruiz Sánchez (PRD), Amador Campos Aburto (PRD), Francisco Sánchez Ramos (PRD), Víctor Hugo García Rodríguez (PRD), Ramón Félix Pacheco LLanes (PRD), Alfredo Adolfo Ríos Camarena (PRI), Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero (Convergencia), César Horacio Duarte Jáquez (PRI), José Murat (PRI), Luis Enrique Benítez Ojeda (PRI), María Beatriz Pagés Llergo Rebollar (PRI), Lourdes Quiñones Canales (PRI), Mayra Gisela Peñuelas Acuña (PRI), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (PRI), José Rubén Escajeda Jiménez (PRI), Juana Leticia Herrera Ale (PRI), José Rosas Aispuro Torres (PRI), María del Carmen Salvatori Bronca (Convergencia), Horacio Emigdio Garza Garza (PRI), Miguel Ángel González Salud (PRI), Gerardo Sosa Castelán (PRI) (rúbricas).

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE NO DISCRIMINACIÓN, NUEVOS SUJETOS Y NUEVOS DERECHOS, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ALTERNATIVA

Las personas que suscriben, legisladores federales del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34 y 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial sobre no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos; al tenor de las siguientes

Consideraciones

El desarrollo de las sociedades ha estado históricamente vinculado al reconocimiento de derechos, obligaciones y prerrogativas tanto individuales como sociales y colectivas.

Las personas, como seres gregarios, se han visto en la necesidad de ordenar mediante normas y leyes sus formas de organización para garantizar la satisfacción de sus necesidades, desde las más fundamentales, hasta las necesidades creadas. Ninguna necesidad de los seres humanos será considerada por otro individuo y estará lejos de ser satisfecha, si no descansa sobre la base del reconocimiento individual e institucional de que al otro y a la otra le corresponden derechos.

Históricamente el catálogo de derechos ha ido modificándose, completándose y adecuándose a las nuevas realidades sociales, pero, sobre todo, ampliándose en la medida en que grupos e individuos pugnan por el reconocimiento de derechos que les asisten y complementan los que les corresponden, reconocidos institucionalmente o no, por el simple hecho de ser personas: los derechos humanos.

La Revolución Francesa de 1789 puso de manifiesto que a los individuos, más allá de su lugar de origen, edad, sexo, profesión u otra condición personal, les son inherentes derechos fundamentales: el derecho a la vida, a la libertad, a la no discriminación, a la seguridad, al reconocimiento de su personalidad jurídica, a la justicia, a la libertad de tránsito, a fundar una familia, a la propiedad y a la libertad de conciencia, entre otros. Nació así la Declaración Universal de los Derechos Humanos, conocida también como Carta Magna, documento eje de las declaraciones de los derechos humanos en casi todos los países demócratas del mundo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ampara ese mínimo catálogo de derechos, en las llamadas garantías individuales, consagradas en sus primeros 29 artículos.

En nuestro país, sin embargo, y paralelamente en otros países de América Latina, los movimientos sociales pugnaron por el establecimiento de nuevos derechos. Con la Revolución Mexicana de 1910, el pueblo logró no sólo la redistribución de la propiedad, sino la garantía de derechos sociales. Estos últimos, señalan las obligaciones del Estado frente a la sociedad, especialmente para con los grupos de personas que viven en una situación histórica de opresión y discriminación: campesinos, trabajadores, pueblos indígenas, la familia, los niños y las niñas, homosexuales y lesbianas. Así, se consagraron en la Constitución Mexicana el derecho a la educación, a la sindicalización y a la huelga, a la pequeña propiedad y a la ciudadanía, con lo cual, la mexicana marcó un parte aguas en el reconocimiento de tales derechos, al ser la primera de las constituciones en América latina, en consagrar derechos sociales. Junto con el juicio de garantías, llamado también juicio de amparo, México ha sido punta de lanza en materia jurídica en la protección de los derechos constitucionalmente consagrados.

Sin demérito de lo que las sociedades actuales han logrado en materia del reconocimiento de sujetos de derechos y de nuevos derechos, es necesario detenerse una vez más para, con detenimiento y un alto grado de responsabilidad, reconocer que en materia de nuevos sujetos y nuevos derechos, estamos muy lejos de haber arribado a un estadio de reconocimiento pleno de la diferencia.

La sobrepoblación mundial ha obligado a países y organizaciones mundiales a reunirse para revisar sus implicaciones: afectación del medio ambiente, distancia cada vez mayor de la brecha entre pobreza y riqueza, relaciones comerciales y trasnacionales, políticas migratorias y poblacionales. La globalización ha traído consigo una realidad que no deja lugar a dudas de que es indispensable pensarse y repensarse ya no sólo como seres gregarios, sino como parte de un conglomerado que interactúa a niveles casi insospechados. El mundo es uno y único, pero la modernidad ha traído consigo un nivel de interacción entre los países y los individuos que ya no es posible desestimar. Las acciones que como país emprendemos tienen consecuencias a nivel micro y macro, en todos los ámbitos de la vida política y social, en el presente y en el futuro como nación y, en lo particular, en la vida cotidiana de cada uno de los habitantes de México, llámense empresarios, mujeres, indígenas, jóvenes, católicos, protestantes, homosexuales y lesbianas, personas de la tercera edad, sanos o enfermos, niños y niñas.

Así, la tendencia es hacia el reconocimiento de nuevos sujetos y nuevos derechos. Individuos y grupos que hasta hace poco no eran reconocidos o se consideraban incluidos en los catálogos de derechos ya garantizados, cobran fuerza y reclaman su legítimo derecho a ser considerados: derechos ambientales donde encontramos, entre otros, los derechos de fumadores y no fumadores; derechos sexuales y reproductivos donde se inscribe el derecho a la autodeterminación reproductiva; derechos inherentes a la dignidad y la integridad donde se inscriben los derechos de grupos con preferencias sexuales diferentes a la heterosexual; con religiones diferentes a la católica; y con capacidades distintas.

La esperanza de vida ha aumentado vertiginosamente en unas cuentas décadas, con lo que surgen los derechos de las personas de la tercera edad; se generan nuevas formas de organización familiar donde se inscribe el derecho a regular sociedades de convivencia; derechos de reconocimiento de la personalidad donde se inscriben el derecho a la privacidad y a la intimidad; derechos relacionados con las investigaciones científicas y genómicas donde se inscriben los derechos al material genético personal, a la maternidad subrogada, a la filiación o a la conservación de material humano: se habla por vez primera de "patrimonio genético". La bioética y las investigaciones relacionadas con el genoma humano tienen un lugar central en estos nuevos aspectos.

Para nadie pasa desapercibido que la relación entre investigación científica y tecnológica y el derecho, se aleja cada vez más. El ritmo con el que se avanza en la primera materia es sorprendente. Cotidianamente se conocen, reconocen y descubren nuevas tecnologías médicas y reproductivas ante las cuales la discusión entre especialistas y legisladores, palidece. Una razón de éste distanciamiento es que en materia científica y tecnológica, tenemos en universidades, centros de estudios y laboratorios, un número significativo de personas, especialistas en las diferentes materias, dedicadas el cien por ciento a la investigación. Por lo contrario, la legislación se ocupa de cientos de temas a la vez, por lo que nuevos sujetos y nuevos derechos se abordan de vez en cuando, de acuerdo con los intereses personales, políticos o de grupo. Así, pasan meses y hasta años, sin que materias eje de nuestros tiempos, se discutan, se analicen y, por lo tanto se regulen. Así, no se cuenta con una legislación actualizada y acorde con la complejidad que caracteriza este tiempo.

La ausencia de normas que contemplen situaciones antes no consideradas, deja a personas y grupos en un estado de total indefensión y propician que se actualicen conductas ilícitas que por carecer del marco normativo correspondiente, quedan sin sanción. La discriminación es el sino que caracteriza la ausencia de normas y derechos específicos para grupos portadores de la diferencia. Un ejemplo desgarrador son los crímenes de odio que se cometen contra la comunidad lésbica y homosexual, y que al igual que sucede con el feminicidio, éstos crímenes quedan en la absoluta impunidad.

De ahí que se haga no sólo necesario, sino urgente y prioritario contar con una Comisión Especial en materia de no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos, en la que se discutan de manera permanente temas relacionados con la materia. Una Comisión Especial facultada para convocar especialistas y científicos, encargada de la revisión de leyes obsoletas, avocada a la adecuación de tipos penales, responsable de la elaboración y presentación de iniciativas de ley en materias novedosas y estrechamente vinculadas con la medicina, la ciencia y las nuevas tecnologías. La creación de ésta comisión colocará de nuevo a México a la vanguardia en materia legislativa, al contar con un grupo de legisladores cuyo trabajo esencialmente gire alrededor de la adecuación de normas en materias que hasta ahora no han sido contempladas.

Una Comisión Especial que garantice que mediante su trabajo México contará con un marco normativo que elimine formas de discriminación que se reproducen de manera cotidiana, sustentadas esencialmente en lagunas jurídicas que, a estas alturas, son imperdonables. La actual legislatura tiene un compromiso con todos aquéllos y aquéllas que, en concordancia con la compleja realidad actual, mediante un ejercicio ciudadano responsable, mediante su voto decidieron conformar un poder Legislativo plural en donde diversas posturas están representadas. Es nuestra responsabilidad estar a la altura de las expectativas de esos millones de mexicanos y mexicanas que esperan de nuestro actuar un responsable ejercicio de la representación de que somos depositarios.

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a la consideración de la Junta de Coordinación Política y de las diputadas y diputados de esta LX legislatura, la siguiente propuesta:

Artículo Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda crear y constituir la Comisión Especial sobre no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos.

Artículo Segundo. La Comisión Especial estará facultada para convocar especialistas y científicos, encargada de la revisión, actualización y creación de leyes, avocada a la adecuación de tipos penales, responsable de la elaboración y presentación de iniciativas de ley en materias novedosas y estrechamente vinculadas con la medicina y la ciencia.

Artículo Tercero. En la integración de la comisión se velará por que se encuentren representados de manera plural y equitativa, todos los grupos parlamentarios que integran la presente legislatura.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los diecinueve días de octubre de dos mil seis.

Grupo Parlamentario Alternativa

Diputados: Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica), coordinadora; Delio Hernández Valadez, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), Eduardo de la Torre Jaramillo.

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE PROSPECTIVA PARA LA DEFINICIÓN DEL FUTURO DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER MARTÍN ZAMBRANO ELIZONDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los abajo firmantes diputadas y diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LX Legislatura, sometemos a esta asamblea el presente punto de acuerdo por el que se solicita la creación de la Comisión Especial de Prospectiva para la Definición del Futuro de México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy más que nunca, urge definir el futuro que queremos para México. Hoy como ayer, nuestro país se encuentra nuevamente en un proceso de transformaciones y de cambios que no pueden ni deben detenerse.

Al acercarnos al bicentenario de nuestra Independencia y al centenario de la Revolución, tenemos el deber de construir una visión común de país. Una visión del México que queremos para las próximas décadas, del México de nuestros hijos.

Las profundas transformaciones ocurridas en el país en los últimos años, el proceso de democratización, la pluralidad política alcanzada, la integración a la economía global, el fenómeno migratorio, los rezagos en materia de pobreza, la falta de oportunidades para muchos y a su vez el enorme potencial que para los mexicanos representa México, nos obliga a reflexionar en torno a las nuevas realidades que vivimos y nos compromete a buscar institucionalizar el pensamiento reflexivo continuo y de largo plazo con el propósito de construir juntos una visión común de país.

Es tiempo de revisar nuestras coincidencias y de establecer un espacio de diálogo con una perspectiva plural e incluyente que aglutine a nuestra enorme y rica diversidad cultural y que a su vez conjugué los anhelos y potencialidades de nuestra pluralidad para que juntos, movidos por la razón e imaginación, construyamos nuestra casa común.

Es por ello que, es de mayor relevancia que en México emprendamos un proceso prospectivo que nos permita alcanzar el futuro deseado, que defina escenarios nacionales con anticipación, para aprovechar y potencializar los recursos del país en beneficio de nuestros conacionales. Sólo con la mirada puesta en el porvenir se podrán diseñar políticas públicas, programas y acciones que reviertan tendencias y que repercutan en acciones útiles y productivas en beneficio de la ciudadanía.

Necesitamos una visión de futuro de México que nos permita superar tanto las necesidades inmediatas como la satisfacción de las demandas futuras. Requerimos de esa visión para establecer objetivos concretos a perseguir así como asignar y trazar las tareas por realizar.

Mientras que nuestro país se ha rezagado frente a otros países del mundo por falta de acuerdos y una visión a largo plazo, las herramientas de planeación prospectiva han sido ya exitosamente utilizadas por Francia, Sudáfrica e Irlanda, entre muchos otros. Economías como Irlanda nos han superado, gracias a proyectos de desarrollo implementados a largo plazo; con ellos, Irlanda triplicó su ingreso por habitante en tan sólo 15 años mediante una combinación de acuerdos sociales, fuerte inversión en educación y políticas públicas de largo plazo.

Sudáfrica, por otro lado, después de la eliminación del Apartheid realizó un ejercicio para recuperar al país de las posibles luchas internas en un ejercicio plural y sincero.

Políticos, intelectuales, profesionales y gente común diseñaron los posibles escenarios del país y decidieron hacer lo necesario para que el mejor escenario se llevara a cabo.

En América Latina, Chile, a través del Ministerio de Planificación y Cooperación tiene como misión el diseño, aplicación de políticas, planes y programas de desarrollo nacional y regional; el Ministerio propone además metas de inversión pública y evalúa, armoniza y coordina las diferentes iniciativas del sector público orientadas a posibilitar la igualdad de oportunidades.

Los componentes que el Ministerio chileno utilizó para desarrollar las Estrategias Regionales de Desarrollo (ERD) fueron: marco conceptual, diagnóstico, prospectiva y base de datos; horizontes y proceso de planificación; visión del territorio y ordenamiento territorial; coherencia de propuestas y objetivos; participación de actores; gestión estratégica; articulación con otros instrumentos de planificación; difusión, y evaluación.

El caso de Chile puede representar una buena base de benchmarking para el caso mexicano de planeación-prospectiva, ya que permite la participación con propuestas que vislumbran horizontes de largo plazo.

Con lo anterior queremos resaltar que la visión de corto plazo daña las oportunidades hacia el futuro y elimina los esfuerzos colectivos que cualquier país puede concretar para convertir su realidad en un futuro más prometedor. Es por eso que la planeación a largo plazo debe considerarse como la mejor herramienta de política pública en pos de un mejor proyecto de país.

Sin embargo, uno de los problemas que enfrenta la visión a largo plazo en nuestro país es que el Plan Nacional de Desarrollo está limitado -de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Planeación- en su vigencia y rango de acción, ya que no puede exceder del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueban, lo que origina que no se puedan realizar programas que vayan más allá de una administración, lo que a su vez provoca una falta de continuidad en los programas iniciados.

Es por eso que, la noción de planeación en México debe cambiar sus paradigmas, de manera que el Plan Nacional de Desarrollo, pueda hacer uso de las herramientas prospectivas, así como también construir una agenda legislativa institucional que conforme el marco para una política de Estado a largo plazo, que permita garantizar la mejora permanente del bienestar de las mexicanas y los mexicanos y de la competitividad a nivel internacional.

Así pues, la prospectiva -con el conjunto de herramientas que proporciona para diseñar un futuro deseado y para crear medios para aproximarlo- se vuelve un componente esencial de la planeación para el futuro de México. Es un componente que puede transformar la visión del futuro de México de algo desconocido a algo estimulante, abriendo paso a una certidumbre de que se puede lograr un cambio sin precedentes en el lapso de una generación.

Tenemos la grandísima oportunidad de formular el desarrollo de México de largo plazo y de fijar su vocación estratégica. Para ello debemos mostrar al país la importancia y utilidad de iniciar un gran esfuerzo nacional de visión de país a futuro y coordinar los esfuerzos particulares en este sentido para que se alimenten unos a otros, y contribuyan a la construcción de esta visión de manera ordenada y sistémica.

Es vital que México emprenda un plan de largo plazo que contribuya a:

Fortalecer el Estado de derecho y la justicia social.
Otorgar claridad al rumbo económico del país.

Fomentar el empleo e incrementar sustancialmente el ingreso per capita de los mexicanos.
Promover el desarrollo humano sustentable en lo económico, político y social.

Fomentar la competitividad, la participación y la corresponsabilidad ciudadana en la construcción del futuro.
Establecer un marco de referencia jurídica para la planeación en diversos niveles de gobierno y regiones del país.

Incentivar el desarrollo regional, donde prevalezcan consensos en materia de bienestar nacional.
Establecer indicadores de desempeño de la actividad gubernamental que permitan evaluar los avances de las actividades realizadas.

Para el gobierno que inicia es fundamental que las decisiones, las reformas y las políticas públicas, tengan ese sentido y trascendencia. No gobernar para lo inmediato y efímero, sino tener presente en cada momento el futuro de país. Debemos recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la institución conductora y coordinadora de la actividad económica nacional es el Estado y que esta función implica la corresponsabilidad del Poder Ejecutivo y Legislativo, así como la participación de los distintos niveles de gobierno de la Federación.

Finalmente, esta Legislatura también requiere darle continuidad a una agenda legislativa común, que contenga un proyecto de gran visión el cual permitirá ir de lo general a lo particular en el diseño de instituciones, planes, políticas y estrategias e integrar objetivos comunes a partir de la confluencia de miradas particulares. Y para elaborar la visión debemos tomar en cuenta no sólo los anhelos y potencialidades; sino conocer de nuestros problemas y de las circunstancias que habremos de enfrentar en el futuro.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se constituya una Comisión Especial de Prospectiva para la Definición del Futuro de México. Esta Comisión tendrá por objeto coadyuvar a diseñar responsablemente el futuro del país mediante la elaboración de un documento que contenga proyectos, propuestas y recomendaciones de todos los actores políticos con una visión a largo plazo, para alcanzar las metas de progreso y desarrollo para México, utilizando las herramientas prospectivas y con la participación de amplios sectores de la sociedad.

Este documento no sólo deberá establecer la visión de futuro de México, sino también los objetivos necesarios para alcanzar la visión a plenitud así como las tareas necesarias a realizar para alcanzar los objetivos propuestos entre otros datos, señalamientos y especificaciones.

Segundo. Que la Comisión Especial de prospectiva para la definición del futuro de México, tendrá como objetivo secundario establecer un grupo vigía, que apoye en la supervisión de la ejecución del plan estratégico de desarrollo, vincule la visión prospectiva del documento a los Planes Nacionales de Desarrollo y ajuste el plan de acuerdo a las variables no contempladas al momento de la planeación.

Tercero. Que la comisión para el cumplimiento de su objeto deberá tener como funciones rectoras las siguientes:

a) Recopilar información cualitativa y cuantitativa para realizar los diagnósticos sobre cada rubro de interés nacional; apoyándose con los centros, instituciones y áreas de investigación estudio y análisis dentro y fuera de la Cámara.

b) Reunir grupos de expertos y ciudadanos para nutrir los procesos de análisis prospectivo.

c) Recopilar las herramientas prospectivas que se utilizarán para el proceso de creación de escenarios.

d) Definir escenarios prospectivos para aprovechar y potencializar los recursos del país con una visión de futuro.

e) Crear una campaña masiva para anunciar los resultados del proceso.

Cuarta. La Comisión deberá estar integrada con veintidós miembros propuestos por los grupos parlamentarios bajo los criterios de pluralidad y proporcionalidad.

La comisión contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.

Quinta.- La comisión deberá contar con los recursos financieros necesarios para el sustento y apoyo de su impostergable mandato.

Sexta. La comisión estará vigente hasta el 30 de julio de 2009. Para estos efectos deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General.

Transitorio

Único. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en Palacio Legislativo, a 19 de octubre de 2006.

Diputados: Javier Martín Zambrano Elizondo, Gerardo Antonio Escaroz Soler, Francisco Antonio Fraile García, Alonso Manuel Lizaola de la Torre José Luis Murillo Torres, Carlos Armando Reyes López, Carlos Alberto García González (rúbricas).

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A INTEGRAR EL COMITÉ DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO, A CARGO DE LA DIPUTADA HOLLY MATUS TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Quien suscribe, Holly Matus Toledo, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a presentar ante esta asamblea la propuesta de integración del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Lo anterior, con fundamento en las siguientes

Consideraciones

Durante los últimos treinta años México ha ratificado diversos instrumentos internacionales que obligan a las instituciones del Estado a incorporar diversas medidas legislativas, administrativas, judiciales y sociales destinadas al cumplimiento de los compromisos adquiridos para la protección, ampliación y fomento de los derechos humanos de las mujeres. En 1995, en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, se reconoció que el adelanto de las mujeres y el logro de la equidad de género son cuestiones de derechos humanos y condiciones para la justicia social. Además, en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, nuestro país reconoció la obligación de implementar acciones para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y para la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminación por condición alguna.

Por otra parte, las condiciones de vida y muerte de mujeres y hombres son diferentes, en ocasiones polarizadas y excluyentes. En ello interactúan de manera diferenciada factores económicos, ambientales, políticos y biológicos, que aunados a los roles sociales, a las relaciones de poder, de clase social y de etnias manifiestan desigualdades y asimetrías que son difíciles de observar, identificar y cuestionar, debido a deficiencias en el análisis de la información, el tipo de sistematización y desagregación de las mismas.

Si no es posible generar e implementar indicadores que permitan visualizar los impactos diferenciales en la vida de las mujeres, difícilmente se podrán incorporar acciones inmediatas y estratégicas en la investigación, la planeación, el desarrollo y la evaluación de acciones en los distintos ordenes de gobierno.

Si podemos redimensionar la visión, contar con estadísticas desagregadas por sexo y edad, construir indicadores y evaluar el impacto y el alcance de políticas y programas tendientes a lograr la equidad y la justicia social, podremos evaluar si los compromisos internacionales ratificados por el gobierno mexicano se han traducido en resultados tangibles.

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, con el consenso de las diferentes fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados, fue creado por decreto en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de agosto de 2005.

A través del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género lograremos potenciar el apoyo técnico a las diputadas y diputados, aportar estudios e información analítica y científica sobre equidad y género para hacer posible la transversalidad de género en las iniciativas, en el trabajo parlamentario y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, todos éstos tendientes a resolver la desigualdad entre hombres y mujeres; aportar elementos para lograr la concordancia entre los pactos y tratados internacionales firmados por México y la legislación federal, estatal y municipal; así como promover encuentros legislativos, académicos y sociales para la identificación y análisis de temas sobre el desarrollo desde la perspectiva de género, de igualdad de oportunidades y de democracia paritaria.

Es por ello que solicitamos a la Junta de Coordinación Política, a efecto de maximizar el funcionamiento y los resultados del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, presentar a la brevedad posible la propuesta de integración del comité de dicho organismo mediante la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados a presentar ante esta soberanía, en uso de las atribuciones que le otorgan los artículos 34, párrafo 1, inciso b), y 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la propuesta de integración del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Segundo. Para la integración del comité se solicita a la Junta de Coordinación Política que observe el principio de equidad y proponga cincuenta por ciento de integrantes mujeres y cincuenta por ciento de integrantes hombres.

Tercero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que gire las instrucciones necesarias a la Secretaría General de esta Cámara de Diputados a fin de que se dispongan de los recursos humanos y materiales requeridos para el adecuado funcionamiento del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Palacio Legislativo, a 19 de octubre de 2006.

Diputada Holly Matus Toledo (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A PEMEX Y A LA SENER UN INFORME DETALLADO DE LAS INVESTIGACIONES EN TORNO DEL ACCIDENTE OCURRIDO EN EL COMPLEJO PETROQUÍMICO PAJARITOS, EN VERACRUZ, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO LAGUNES GALLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado Gerardo Lagunes Gallina, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 fracciones I, II y III, 59 y 60 párrafo primero del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 17 de octubre del 2006 siendo las 13:19 horas se registró una explosión en el buque tanque "Quetzalcóatl", atracado en el muelle 6 de la terminal marítima de "Pajaritos", municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, con un saldo de 8 muertos y 13 heridos según reporte realizado en el diario Milenio de Jalapa, Veracruz.

Pareciera que se ha hecho costumbre emitir este tipo de noticias donde el número de heridos, muertos y desaparecidos son una estadística más en los noticieros cotidianos. Estadística que está alejada de la realidad vivida a lo largo de la historia por las negligencias y repetidos errores humanos por parte del personal de la paraestatal de Pemex.

Mencionando entre otros, los ocurridos en 2004 en Mazumiapan Veracruz, al registrarse uno de los más graves percances por un incendio en la estación de bombeo con un saldo de cinco lesionados.

El accidente ocurrido el 5 de junio 2003 en la comunidad de Balastrera, municipio de Nogales, con un saldo de 6 muertos, 100 heridos por quemaduras, 20 viviendas calcinadas, 15 vehículos incendiados, sin incluir las pérdidas ocasionadas por el cierre de la autopista México-Veracruz.

El derrame de 12 mil litros de petróleo crudo en 2004, por corrosión externa de ducto - Pemex Exploración y Producción, activo integral Poza Rica- Altamira, pozo Tajín 337, municipio de Coatzintla, Veracruz.

El derrame de 1,851 barriles diesel en 2004, por toma clandestina - Pemex Refinación, sector Mendoza, poliducto de 12 pulgadas de diámetro, Minatitlán - México, municipio de Omealca, Veracruz.

Poza Rica - Altamira no fue la excepción en ese año al registrar un derrame de 12 metros cúbicos de petróleo crudo por corrosión externa de ducto Pemex Exploración y Producción.

El 13 de octubre de 2004 se dio un derrame e incendio en el oleoducto Nuevo Teapa -Venta de Carpio que dio lugar a una ruptura del tubo cerca del poblado Palmásola, municipio de Omealca, Veracruz, arrojando 3 lesionados y un desalojo de 500 personas.

El derrame de 10 mil barriles de hidrocarburo ocurridos el 22 de diciembre de 2004 en el río Coatzacoalcos provocando severos daños al medio ambiente.

En enero de 2005, se registro incendio en las instalaciones de Petróleos Mexicanos a 300 metros de Huichapan, en el municipio de Moloacán, Veracruz.

En el mes de abril de 2005 en Nanchital e Ixhuatlán del Sureste que arrojó 5 muertos y 18 intoxicados en la explosión de un ducto de amoniaco.

La explosión del oleoducto en el complejo petroquímico de "Pajaritos" con un saldo de 2 muertos en julio de 2005.

Y así se podría seguir enlistando la historia negra de este tipo de eventos desafortunados donde el estado de Veracruz no ha sido la única entidad federativa lastimada y desatendida por la paraestatal en cuestión.

No omitiendo decir que las estadísticas de muertos y lesionados no dimensionan de manera alguna los daños que en la localidad se han vivido y los lastres sociales y económicos que se traen a cuestas y que por generaciones habrán dejado la huella viviente de los descuidos humanos llamados negligencias.

Y el compromiso institucional, social y moral por parte del titular de la paraestatal ¿en dónde está? ¿Cómo se mide? ¿Cuál es el beneficio de la población? Preguntas que sin duda quedarán sin respuesta y que subsecuentes administraciones quizá desaperciban por que ya será historia.

Para dirigir una empresa paraestatal como Petróleos Mexicanos se necesita en primer lugar el contar con personal de alta sensibilidad humana comprometido con los trabajadores, la sociedad y el futuro que se quiere para México. Esta empresa trabaja con sustancias peligrosas por su explosividad y toxicidad hacia el medio ambiente, los ecosistemas y las diferentes formas de vida vegetal y animal incluyendo la humana. Ningún funcionario que piense en primera instancia en los beneficios, el dinero y las prebendas que puede ofrecerle el ocupar una alta investidura dentro de esta estructura organizacional, debe tener el privilegio de considerarse mexicano.

Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, pero el valor de una vida humana no puede dimensionarse por ningún método conocido pues su magnitud depende del evaluador. Lo que sí puede evaluarse es la calidad humana de la persona que tiene responsabilidades con subordinados y la población y no las cumple de acuerdo al mandato que se le ha encomendado y del cual recibe múltiples beneficios.

En reiteradas ocasiones nuestro suelo, nuestras aguas subterráneas y superficiales, nuestra atmósfera y nuestras vidas han sido fuertemente impactados por siniestros provocados por ductos de Pemex, o instalaciones, o almacenamientos de combustibles ya sea en buques o en tierra, lo cual en buena medida ha sido provocado por la falta de mantenimiento preventivo, correctivo o predictivo que debe dársele a estos equipamientos o infraestructuras.

Tenemos que pensar en la contaminación del agua dulce o salada que drásticamente ocurre cuando se derraman o fugan en ocasiones por despreocupación o negligencia los derivados del petróleo, ya que los hidrocarburos se esparcen rápidamente, debido a la existencia de una importante diferencia de densidades entre ambos líquidos, llegando a ocupar extensas áreas, y dificultando por lo tanto sus posibilidades de limpieza y regeneración en tiempos cortos o medios.

La contaminación y la muerte de las especies vivas se manifiestan porque se crea una capa de unos pocos micrones de espesor en la superficie de los medios líquidos (ríos y mares), lo que imposibilita la interacción entre la flora y la fauna marina con la atmósfera, obstruyendo así el ciclo natural de la vida, y provocando la disminución o incluso extinción de valiosas especies vivas, muchas endémicas de México.

Si las sustancias contaminantes alcanzan la costa, debido a la alta permeabilidad de la arena, los hidrocarburos pueden penetrar hacia el subsuelo contaminando las capas de suelo y dejando rastros irreparables en los reservorios de agua dulce (acuíferos), que pueden perder completamente su calidad, lo cual los inhabilitaría para todo tipo de abasto, entre los que se encuentran el de consumo humano, el pecuario, el acuícola, el agrícola, el deportivo y recreacional e incluso en la mayoría de los casos el industrial.

Consideramos como producto de los frecuentes ecocidios y pérdidas humanas registradas en el territorio veracruzano y debido a la inexistencia de una autoridad verdadera en Pemex que se encargue de la inspección y control de las actividades susceptibles de producir contaminaciones y muerte en el territorio, que ya tenemos que asumir la responsabilidad con nuestra tierra y nuestra gente otros actores que seamos capaces de manejar y aplicar un sistema de responsabilidades a quienes provoquen daños irreparables e irreversibles al entorno y la vida. El director de Pemex por ineptitud, indiferencia o indolencia sólo sabe brindar soluciones insuficientes e inefectivas en el manejo de la gran riqueza natural que tiene entre sus manos, convirtiendo el oro negro mexicano en una continua fuente de inseguridad, desgracias y luto para el estado y el país.

Este funcionario parece desconocer que el trabajar con hidrocarburos representa variados riesgos, por las características de estas sustancias, que ponen en peligro la salud y la vida de los que prestan sus servicios en la actividad, así como el bienestar y la seguridad de la comunidad y el medio ambiente. Con el fin de evitar estos riesgos es necesario contar con una buena ingeniería en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de cada planta o instalación, lo cual no se está realizando con la eficiencia, efectividad y oportunidad requeridas. Sistemáticamente y de forma priorizada hay que revisar todos los aspectos tecnológicos de cada instalación para así determinar los riesgos que se están presentando para los factores humanos y tomar las medidas de prevención necesarias para evitar todo tipo de desastres tecnológicos.

Existe alta vulnerabilidad en Veracruz a los cambios que producen los accidentes tecnológicos, debido a la indolencia de Petróleos Mexicanos, los cuales involucran el derrame, fuga, escape, incendio, explosión o ruptura de cualquier sustancia, objeto o producto tóxico o peligroso, ya que ni de forma laboral ni ciudadana Pemex se ha encargado de que la población se haya organizado para enfrentar tales eventos destructivos.

Se conoce que la ocurrencia de este tipo de emergencias está determinada por diversos factores tales como: fallas en el proceso, falla de equipos, fallas humanas, diseños inseguros, interacción de la amenaza tecnológica con fenómenos naturales (sismos, inundaciones, huracanes, avalanchas, deslizamientos, etcétera). También es conocido que independientemente de cual sea el origen del accidente, éste se manifiesta de cuatro formas: derrames, incendios, explosiones y escapes estando involucrados en ellas tanto los equipos peligrosos como los materiales y productos tóxicos o peligrosos.

Diputados, ya en Veracruz no se puede seguir permitiendo la continua presencia de emergencias o accidentes repentinos o agudos provocados por la ineptitud de la directiva de Pemex y que cuestan vidas humanas, y no debemos olvidar la existencia de desastres anteriores que han lacerado a la sociedad mexicana y que no pueden volverse a repetir.

Los desastres de tipo tecnológico que potencial o realmente están sucediendo se encuentran determinados por la interacción del uso inapropiado de la tecnología, un desarrollo no sostenible dentro de Pemex y la existencia de elementos vulnerables. Muchos de los accidentes que ya han ocurrido se han constituido en verdaderos desastres tecnológicos, mientras que otros, de momento, no han pasado de significar una situación de emergencia fácilmente manejable en nuestro medio y con nuestros recursos, pero en cualquier instante muchos mexicanos podrán perder sus vidas y bienes por irresponsabilidades de esta empresa.

Estos desastres tecnológicos que podrán darse en cualquier momento con mayor magnitud y duración que el actual, si continúan al frente de Pemex personas incapaces y poco comprometidas, se podrán definir como una situación derivada de un accidente o una negligencia criminal en el qué se involucran sustancias químicas peligrosas como hidrocarburos, o equipos peligrosos, que causan daños al ambiente, a la salud, al componente socioeconómico y a la infraestructura productiva del país. Se puede considerar tal como están sucediendo los acontecimientos que pueden ocurrir en fecha breve daños de tal magnitud en territorio veracruzano que excederán la capacidad de respuesta del estado y el país.

Hay que conocer y manejar, y no se está haciendo así por intereses mezquinos que sólo buscan el beneficio de unos cuantos, que las situaciones de emergencia y desastre tecnológico, poseen características muy particulares, dentro de las que se mencionan las seis principales:

1. Son previsibles y prevenibles: La identificación temprana de actos inseguros, condiciones inseguras, mal mantenimiento, procesos riesgosos, etcétera, permite prever y evitar la ocurrencia de un accidente, que podría causar grandes consecuencias. La realización de auditorías de seguridad y la implantación de programas adecuados de prevención de riesgos en el trabajo, posibilita la eliminación de la mayoría de las condiciones de amenaza tecnológica.

2. Resulta más fácil prevenirles que mitigar sus efectos: Gracias a la detección temprana de las condiciones de amenaza se pueden adoptar una serie de medidas para evitar que el evento ocurra. Debido al potencial lesivo de los agentes involucrados y el efecto destructivo que suelen presentar estos accidentes, las obras de mitigación resultan altamente costosas y poco efectivas.

3. Las víctimas sufren el mismo efecto tóxico: Todas las personas expuestas a un accidente tecnológico presentan el mismo efecto tóxico, lo que cambia es la magnitud del daño sobre los órganos blanco.

4. Los pacientes se convierten en fuentes de contaminación adicional: Las personas expuestas en un accidente tecnológico constituyen un riesgo para el personal sanitario y de rescate, así como para familiares y vecinos, por ello es necesario aplicar procedimientos estrictos para la descontaminación.

5. Requieren de una respuesta especializada: Los equipos de rescate comunes no son apropiados para enfrentar este tipo de situaciones, normalmente se requiere la intervención de personal especialmente entrenado, el uso de equipos sofisticados, la asesoría de profesionales expertos en el campo y quizá hasta la asesoría y colaboración de agencias internacionales asistencia humanitaria.

6. Sus efectos suelen manifestarse en el largo plazo: Debido a las propiedades tóxicas, cancerígenas, mutagénicas o teratogénicas de sus agentes; los efectos sobre los seres vivos expuestos y el medio ambiente se continúan presentando aún muchos años después de ocurrido el accidente. Lo anterior es el factor principal del error en la cuantificación real de las consecuencias.

Finalizo exponiendo la tesis inicial, de que la meta no es mitigar los efectos o consecuencias de un desastre tecnológico, sino tomar todas medidas tendientes a la prevención, prevención y más prevención, lo cual no se encuentra entre las prioridades de la actual dirección de Pemex.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su amable consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución

Único.- Que solicita al titular de la Secretaría de Energía, licenciado Fernando de Jesús Canales Clariond, y al titular de la paraestatal Petróleos Mexicanos, ingeniero Luis Ramírez Corzo, proporcionen a esta soberanía: a) Informe escrito detallado de los hechos ocurridos el día 17 de octubre del año 2006 en la terminal marítima de "Pajaritos" municipio de Coatzacoalcos, Veracruz y b) Las acciones realizadas en torno al siniestro ocurrido.

Dado en el Palacio Legislativo, a 19 de octubre de 2006.

Diputado Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL, AL COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO A CUMPLIR LA RECOMENDACIÓN NÚMERO 38/2006, RELATIVA A LOS HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN MAYO EN TEXCOCO Y SAN SALVADOR ATENCO, MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA ANA YURIXI LEYVA PIÑÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

La suscrita, legisladora del Grupo Parlamentario del PRD en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, conforme a las siguientes

Consideraciones

Los días 3 y 4 de mayo pasados, a raíz de la reubicación de comerciantes ambulantes, se suscitaron hechos violentos en los que autoridades policiacas violaron las garantías constitucionales de los habitantes de los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco. La muerte violenta de un menor de edad y de un estudiante universitario, la detención de más de 200 personas, centenares de heridos y violaciones graves de los derechos humanos fue el saldo de esos hechos, en los que intervinieron la policía estatal y la federal preventiva.

Se pretendió reestablecer el orden mediante una operación policiaca, que se denominó "Regreso" y que estuvo plagada de excesos y de abusos de autoridad, detenciones arbitrarias, práctica de cateos sin la orden correspondiente y tortura. En el caso de las detenidas, se documentaron formas extremas de violencia sexual: 26 violaciones por parte de los cuerpos policiacos.

Posteriormente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer el Informe preliminar sobre los hechos de violencia en Texcoco y San Salvador Atenco, ocurridos el 3 y 4 de mayo, del que se desprendieron flagrantes violaciones de los derechos humanos de los habitantes de esos municipios del estado de México, las cuales configuran delitos de lesa humanidad establecidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

La CNDH informó que recibió más de 200 quejas que acreditan lesiones como consecuencia de tratos crueles, inhumanos o degradantes; daños en propiedad ajena; cateos ilegales; robos; incomunicación; amenazas, y dilación o negligencia médica.

El pasado 16 de octubre, la CNDH emitió la recomendación número 38/2006, dirigida al secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora; al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; y al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Hipólito Treviño Lecea, por los hechos de violencia referidos, entre habitantes de esas poblaciones y elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), de la Agencia de Seguridad Estatal y policías municipales.

Del expediente, de más de 20 mil fojas y con mil 545 fotografías, se infiere que algunos manifestantes no observaron la ley ni cumplieron sus obligaciones ciudadanas, pero también que varios de ellos fueron agredidos por elementos policiacos en el momento de su detención y con posterioridad a ella, lo que vulnera los derechos inherentes a la dignidad de las personas, como los derechos a la vida y a la integridad física, así como a la legalidad y a la seguridad jurídica, lo que se tradujo en detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, torturas, violación de la libertad sexual (abuso sexual y violación), allanamientos de morada, robos, incomunicaciones, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como en una irregular integración de las averiguaciones previas correspondientes.

Hay evidencia de que las personas fueron sometidas a presuntos actos de tortura por elementos de los cuerpos policiacos; de conductas que podrían configurar delitos como el de abuso sexual y violación cometidos por efectivos de los cuerpos de seguridad, además de que hay elementos para advertir presuntos actos correspondientes al tipo penal "violación equiparada".

La CNDH acreditó diversas irregularidades en que incurrieron servidores públicos del Ministerio Público, como los casos de las cinco personas extranjeras presuntamente involucradas, que no tuvieron acceso a la protección consular.

Consecuentemente, la CNDH solicita al secretario de Seguridad Pública federal dar vista al Órgano Interno de Control para que inicie y resuelva el procedimiento administrativo de responsabilidad contra servidores públicos de la PFP y comisionados por otras dependencias de seguridad involucrados en los hechos; establezca acciones para la adecuada prevención del trato cruel o degradante, así como de la tortura, mediante la capacitación de elementos de la PFP; asimismo, se pide dar vista a la representación social federal para que inicie la averiguación previa por probables ilícitos penales por parte de elementos de la PFP y, mediante la contraloría interna, se instauren procedimientos administrativos de responsabilidad contra los servidores públicos que entorpecieron la investigación de la CNDH por proporcionar información contraria a la verdad.

Al gobernador del estado de México se solicita dar vista a la contraloría estatal para que inicie y resuelva el procedimiento administrativo contra elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y sus corporaciones policiales involucrados en los hechos; realizar la reparación del daño o indemnización en favor de los deudos de Javier Cortés Santiago y Ollin Alexis Benhumea Hernández; realizar un censo de las 207 personas agraviadas que fueron detenidas, para verificar sus condiciones físicas y de salud, y se proporcionen a éstas los servicios médicos especializados y de rehabilitación que requieran; asimismo, se pide continuar las investigaciones relacionadas con los homicidios señalados.

También se le sugiere investigar al director del centro Santiaguito por los actos y las omisiones en torno de los derechos de los extranjeros y la atención médica que requerían todos los detenidos, y dar vista a las autoridades correspondientes; establecer acciones para prevenir la tortura, mediante la capacitación de elementos policiacos; fincar responsabilidades a quienes causaron lesiones a detenidos e internados en Santiaguito; investigar a los responsables del uso y aplicación del gas lacrimógeno e imponer las sanciones correspondientes; crear un grupo de trabajo federal y estatal para avanzar en las investigaciones y lograr la correcta integración de las indagatorias; notificar a la procuraduría estatal para que la recomendación se integre a la averiguación previa correspondiente; instaurar procedimientos administrativos de responsabilidad contra defensores de oficio que omitieron cumplir su deber jurídico; y emitir directrices para que en Santiaguito y demás penales de la entidad se impidan la alteración, destrucción o desaparición de evidencias.

Tanto al secretario de Seguridad Pública federal como al gobernador mexiquense se pide cumplir la recomendación general 12 de la CNDH y otorgar a los afectados en su integridad física la reparación de los daños y perjuicios que procedan.

En cuanto al comisionado del INM, se solicita a éste que se investigue a los servidores públicos de la delegación regional en el estado de México y de la Dirección de Control y Verificación Migratoria por su probable responsabilidad administrativa al realizar un procedimiento de expulsión fuera de los márgenes constitucionales y de lo que establecen las leyes en la materia, así como restituir a los extranjeros sus derechos violados y, en su caso, que se revise el procedimiento de su expulsión.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Seguridad Pública federal, al comisionado del Instituto Nacional de Migración, al gobernador del estado de México y al director del penal de Santiaguito a cumplir integralmente y sin dilación la recomendación número 38/2006 de la CNDH, y a informar a esta soberanía del avance de las acciones emprendidas para satisfacer dicha recomendación.

Segundo. Se integre una comisión plural de legisladores de esta soberanía para supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación número 38/2006 emitida por la CNDH, así como para investigar los probables actos de tortura cometidos en agravio de los habitantes de San Salvador Atenco por parte de las policías federales y del estado de México.

Tercero. Se exhorta al Congreso del estado de México, en el marco de sus atribuciones, a impulsar medidas encaminadas a otorgar amnistía a cada una de las personas detenidas en los penales de Santiaguito y La Palma, así como de las personas contra las que se ha dictado orden de aprehensión por los hechos de referencia y, en su caso, se otorguen las indemnizaciones correspondientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2006.

Diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A CUMPLIR LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZÚCAR; Y A LA SCJN, A AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD NÚMERO 27/2005, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ AMADO ORIHUELA TREJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente propuesta de punto de acuerdo, que tiene como fin exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a restablecer la seguridad jurídica en materia agroazucarera, cumpliendo debidamente con lo preceptuado en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, para lo cual me permito exponer lo siguiente:

Primero. El 25 de junio de 2005 el Congreso de la Unión tuvo a bien aprobar la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, que el Ejecutivo federal publicó el 22 de agosto del mismo año.

Segundo. El 21 de septiembre del 2005 el Ejecutivo federal, por conducto de la Procuraduría General de la República (PGR), interpuso ante la Suprema Corte de Justicia una demanda de inconstitucionalidad en contra de diversos numerales del ordenamiento mencionado, procedimiento que se encuentra actualmente en trámite.

Tercero. En su carácter de autoridades responsables, las Cámaras de Diputados y de Senadores, por conducto de sus respectivas direcciones jurídicas, rindieron los informes de rigor, mediante los cuales expusieron los argumentos y fundamentos que desvirtúan puntualmente la pretendida inconstitucionalidad de los artículos impugnados.

Cuarto. El auto de admisión de la acción ejercida por la PGR que dicta la Suprema Corte no conlleva la suspensión de los efectos de la ley que se combate. Ésta continúa vigente y debe ser acatada en todos sus términos por la autoridad competente, en este caso la Sagarpa, a la cual se le asignan numerosas facultades para que el Estado ejerza una efectiva rectoría en la materia.

Quinto. La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar impone a la Sagarpa, entre otras cosas, la obligación de instalar diversos órganos, poner a funcionar distintos instrumentos y elaborar varios programas que resultan vitales para consolidar a la agroindustria nacional del ramo y sentar las bases que le permitan fortalecer sus capacidades y hacer frente, en condiciones menos desventajosas, a la total apertura comercial que iniciará en el año 2008.

Sin embargo, escudada en el hecho de que la Suprema Corte de Justicia no ha resuelto la acción interpuesta, la Sagarpa, el Fondo de Empresas Expropiadas y los ingenios que administra han venido violentando en forma sucesiva el estado de derecho y actuado de modo irresponsable y discrecional, con lo cual pone en grave riesgo la estabilidad y el futuro de esta importante actividad económica y en entredicho la seguridad y la soberanía alimentaria del país.

Sexto. A más de un año de publicada la Ley y ejercida la acción de inconstitucionalidad, la agroindustria nacional de la caña de azúcar se encuentra inmersa en la incertidumbre y prácticamente desprotegida ante el inminente cambio que se avecina, mientras el gobierno de la República se abstiene negligentemente de cumplir con las obligaciones que legalmente le corresponden.

Si quien tiene a su cargo la función de garantizar la observancia de la ley es el primero en incumplirla, se anula la legalidad y se invita al desorden, careciendo de autoridad moral para exigir su cumplimiento.

El 1 de octubre inició el último ciclo azucarero previo a la apertura del TLCAN en el 2008; en noviembre inician zafra los primeros ingenios y hasta el momento no hay certeza jurídica en la contratación en las nuevas siembras y en el precio a que se pagara la tonelada de caña, entre otros aspectos.

Por lo anterior, con objeto de restablecer la seguridad jurídica en la materia y de cimentar las fortalezas de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, me permito proponer a esta soberanía, con la petición de que se considere como de obvia y urgente resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados, por conducto de su Mesa Directiva, exhorte atenta y respetuosamente al gobierno federal a cumplir de inmediato las disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a fin de instrumentar de manera urgente las acciones necesarias para la formulación del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y la instalación del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, los comités regionales, el Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar y la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.

Segundo. Que, igualmente, esta Cámara, por conducto de su Mesa Directiva, exhorte en forma atenta y respetuosa a la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver, con la mayor brevedad, la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Procuraduría General de la República en contra de diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, radicada con el número de expediente 27/2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre del 2006.

Diputado José Amado Orihuela Trejo (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA A REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS QUE GARANTICEN QUE LOS RECURSOS DEL FAPRACC MITIGUEN LOS EFECTOS NEGATIVOS QUE CAUSAN EN LOS PRODUCTORES LOS FENÓMENOS CLIMÁTICOS EXTREMOS, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, diputado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El invierno pasado se registraron bajas temperaturas en el Valle de México que afectaron de manera considerable a los cultivos de nopal localizados, principalmente, en la delegación de Milpa Alta.

Ante ello, el jefe gobierno del Distrito Federal inició el proceso para resarcir los daños causados a los agricultores con recursos del Programa del Fondo para Atender a las Población Afectada por Contingencias Climatológicas (Fapracc).

En consecuencia, y una vez realizados los trámites correspondientes, se otorgó apoyo a 2 mil 86 productores de un total de 2 mil 227 productores agrícolas afectados por las heladas invernales, con un monto de $1 millón 391 mil 295.36, del cual la Sagarpa aportó el 70.0% y el gobierno local el resto. No obstante, los apoyos otorgados no fueron suficientes para resarcir los daños causados.

En este contexto y en cumplimiento a disposiciones del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004, la Sagarpa encargó a la Universidad Autónoma Chapingo llevar a cabo la evaluación externa del Fapracc que incluyó el ejercicio fiscal 2004 y los primeros cinco meses de 2005.

De la evaluación, resulta que de los beneficiarios encuestados, sólo el 49% de éstos considera que los recursos recibidos fueron suficientes para reiniciar su actividad productiva y el 44.0 % mencionó que el dinero recibido no le fue suficiente para adquirir los insumos necesarios que le permitan dar continuidad inmediata a su actividad.

Entre otras debilidades del Fapracc, la Universidad de Chapingo indicó que existe una integración poco consistente del padrón de beneficiarios por contingencia, falta de difusión de los alcances del programa a nivel de municipios y productores e insuficiente infraestructura de la Comisión Nacional del Agua y de las delegaciones de la Sagarpa en los estados, para corroborar las contingencias climatológicas y dar seguimiento y supervisión de apoyos.

En consecuencia, es conveniente se realicen los ajustes correctivos en la operación del programa a fin de atender de manera oportuna a la población que resulte afectada por contingencias climatológicas

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Sagarpa realizar los estudios técnicos necesarios para garantizar que los recursos del Fapracc mitiguen efectivamente los efectos negativos de fenómenos climatológicos extremos en los productores afectados y aseguren su reintegración a sus actividades productivas.

Segundo.- Se exhorta a la Sagarpa a revisar el impacto de los apoyos otorgados a los agricultores de nopal ubicados en la delegación de Milpa Alta en el Distrito Federal, verificar la consistencia del padrón de beneficiarios por la contingencia de enero de 2006 y ampliar la difusión de los alcances del programa, así como fortalecer la infraestructura de la Comisión Nacional del Agua y de la delegación de la Sagarpa para corroborar las contingencias climatológicas y dar seguimiento y supervisión a los apoyos.

Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A INCLUIR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 LOS RECURSOS NECESARIOS A FIN DE REALIZAR EL VIII CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR PADILLA GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, ingeniero Héctor Padilla Gutiérrez, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Antecedentes

La LVIII y LIX Legislaturas, exhortaron al Poder Ejecutivo para que incluyera en sus proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos suficientes para que el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática realizara el VIII Censo Nacional Agropecuario con el objeto de contar con la información básica que sirva para la toma de decisiones, en beneficio del desarrollo del campo de México.

No obstante estas excitativas, el Ejecutivo no incluyó en ninguno de sus proyectos de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del periodo 2002-2006, el recurso solicitado para tal fin.

Solo en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, las comisiones ordinarias relacionadas con el sector rural impulsaron este tema y esta H. Cámara de Diputados, autorizó un presupuesto de 813 millones de pesos para la realización del VIII Censo Nacional Agropecuario.

Desafortunadamente, el INEGI no lo realizó y el presupuesto autorizado fue utilizado para otros fines.

Consideraciones

El primer censo nacional en materia agropecuaria se sitúa en 1930. Desde entonces, se realizó de manera decenal, salvo el correspondiente a la década de los 80 y el más reciente, corresponde a los datos captados en el año de 1991. En este último censo se capturó la información integrada sobre el número de unidades de producción, privada y de ejidos y de comunidades agrarias; las condiciones de tenencia y de derechos sobre la tierra, así como los principales productos agrícolas, pecuarios y forestales, maquinaria y equipo, infraestructura productiva y aspectos familiares, entre otros aspectos.

A 15 años de que se elaboró el último censo, las condiciones del país han cambiado de manera palpable. Sólo por mencionar dos de los más importantes eventos que han influido en las condiciones de vida de la población rural: la modificación al artículo 27 constitucional en 1992, la entrada a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1994 y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en ese mismo año.

La modificación al artículo 27 marcó el fin del reparto agrario, así como la precisión de que la propiedad de la tierra está ahora en manos de los ejidos y comunidades, con la posibilidad del acceso al pleno dominio sobre la tierra, para realizar las transacciones de renta o compra-venta. A la fecha, si bien se sabe a través de las dependencias ligadas al sector agrario, cómo se ha modificado la propiedad de la tierra, no se tienen elementos para saber si el cambio ha repercutido en mayor productividad, empleos e ingresos para el país, pues no se tiene el censo agropecuario que lo complemente y precise.

La entrada a la OMC, marcó la obligación de sujetarse a una normatividad internacional para los apoyos a la producción, comercialización y exportación, así como a la apertura comercial para los productos agrícolas.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte modificó los patrones de producción y favoreció a algunos productos, productores y regiones e impactó negativamente a muchos otros productos, productores y regiones. Pero no se tiene la visión completa de la situación en el país, ¿qué sucedió en el norte, centro y sur del país?, ¿qué pasó en las montañas y en las zonas marginadas?, pues no se tiene la información que genera el censo agropecuario para poder cuantificar dicho impacto.

Otros fenómenos no menos importantes como la pobreza, la migración, la pérdida de empleos, la femenización de los poseedores de derechos ejidales, el envejecimiento de la población, se han agudizado en estos últimos 15 años y si bien se cuenta con estudios parciales que evidencian su existencia, no se conoce su magnitud ni sus repercusiones en el ámbito económico y social, pues no se tiene el censo agropecuario que lo dimensione a nivel nacional.

Todos estos procesos es indispensable conocerlos, para poder realizar una planeación, programación y presupuestación adecuada a las nuevas condiciones de producción rural y a la luz de los nuevos acontecimientos internacionales, por lo que es necesaria la realización del VIII Censo Nacional Agropecuario.

Desde hace varios años, el INEGI inicio la preparación de la planeación, desarrollo y operación del censo agropecuario con eventos como la Encuesta Nacional Agropecuaria 1997, el Censo Piloto 1999 y en el 2000 con una prueba piloto de la estrategia operativa del levantamiento y se declara listo para poder realizarlo.

Se ha argumentado informalmente por autoridades del Ejecutivo relacionadas con el sector rural, que el costo del censo es muy elevado y que no es necesaria su realización, ya que se ha instrumentado el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), previsto por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y que éste, es el mecanismo de concurrencia y coordinación de las diversas dependencias e instancias públicas y privadas, en donde cada una de ellas participa de acuerdo a sus atribuciones y competencia, logrando los propósitos de proveer información oportuna, internacional, nacional, estatal, del Distrito de Desarrollo Rural (DDR) y municipal a productores y agentes económicos que participan en la producción y en los mercados agropecuarios e industriales y de servicios.

Sin embargo, la información que proporciona este sistema no está integrada, no está desagregada a niveles de localidad ni menos de unidad de producción rural, no es comparable y no es factible tomar decisiones estratégicas de mediano y largo plazo, solo decisiones puntuales para el corto plazo.

El VIII Censo Nacional Agropecuario es fundamental ya que proporcionará información integrada sobre aspectos económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y geográficos indispensables para la planeación y el desarrollo del sector agropecuario del país.

En este sentido, el VIII Censo Nacional Agropecuario deberá efectuarse con estricta aplicación de probadas técnicas de investigación estadística y con gran alcance temático, dentro de lo cual destacamos que se debe de incluir la producción acuícola y forestal.

La información generada deberá estar en función de las necesidades de los usuarios de los datos y al mismo tiempo, atendiendo a la capacidad de respuesta de los informantes.

El país está a punto de entrar a un nuevo periodo gubernamental, por lo que se elaborará el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales, Especiales, Regionales e Institucionales 2006-2012. El censo agropecuario debió haber sido realizado y utilizado para esta temática, pero aún así, servirá para reubicar los programas y sobre todo, su seguimiento e impacto.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta honorable Asamblea como de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero: Exhortar al Poder Ejecutivo a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, incluya el presupuesto necesario para que el INEGI realice el VIII Censo Nacional Agropecuario.

Segundo: Solicitar al INEGI que bajo convenio con las universidades ligadas al sector rural, considere la incorporación de estudiantes de agronomía y carreras afines para el levantamiento de dicha información, con el fin de disminuir el costo del levantamiento y mejorar la calidad del levantamiento de datos.

Tercero: Solicitar al INEGI que, en coordinación con las comisiones ordinarias del sector rural de esta H. Cámara de Diputados y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, así como con las instituciones académicas y de gobierno que considere pertinentes invitar, diseñe un sistema de censos y encuestas rurales que permitan la planeación, seguimiento y evaluación integral del sector rural mexicano.

H. Congreso de la Unión, octubre de 2006

Diputado Héctor Padilla Gutiérrez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE SOLICITAR A LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS QUE RETOME EL ANÁLISIS DE LA MINUTA QUE CREA LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS Y, EN SU CASO, LA APRUEBE, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER GUERRERO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Proposición con punto de acuerdo que presenta el diputado Javier Guerrero García, con fundamento en lo establecido en el artículo 67, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que solicita a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión retomen con carácter prioritario el análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa por la que se crea la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, aprobada por la H. Cámara de senadores en el anterior periodo ordinario de sesiones y que se encuentra en análisis en comisiones, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La libertad es uno de los derechos fundamentales que nos garantiza nuestra Constitución Política; es por ello, que en su primer artículo prohíbe la esclavitud y es por ello también que cualquier persona que haya vivido en condiciones de esclavitud o servidumbre en otros países, por el sólo hecho de ingresar al territorio nacional, tiene garantizada su plena libertad como ser humano.

Esta vocación por la libertad, ha estado presente a lo largo de nuestra historia y forma parte del acervo de los mejores valores que tenemos como sociedad y que al mismo tiempo fortalecen el sentido del proyecto de realización colectivo para nuestro país.

Así visto, para México y para cualquier país, debe resultar inaceptable que se generen las condiciones para una regresión en contra de la libertad. Ninguna democracia y ninguna sociedad abierta puede darse el lujo de permitir que a su interior, se generen enclaves perversos que generan la violación sistemática de la libertad y con ello, de la dignidad de las personas.

Con base en este planteamiento, resulta lamentable que en pleno siglo XXI, se estén configurando nuevas formas que atentan en contra de la libertad y la dignidad de las personas, y en particular, en contra de las personas más vulnerables en prácticamente todos los países.

Estas nuevas formas, se configuran en el perverso crimen de la trata de personas. Este fenómeno es una de las formas más crueles de someter la voluntad de las personas, y también una de las peores formas de violencia y explotación en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

En efecto, datos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, señalan que más de 700 mil personas son victimizadas cada año, y que este crimen se ha convertido en el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, debido al grado de impunidad y lagunas legales para combatir y enjuiciar a los tratantes.

Es un fenómeno que lastima a las personas, que fractura sus ambientes familiares, y que interrumpe la posibilidad de construir y realizar proyectos personales y colectivos de vida.

En nuestro país no contamos con estadísticas precisas para determinar la dimensión del problema. Al no estar tipificado como un delito, la trata de personas no puede ser combatida con efectividad por las autoridades y los tratantes pueden actuar en medio de un ambiente de impunidad que no podemos tolerar más, sin que contemos por tanto, con cifras aproximadas que nos den cuenta de qué dimensión tiene numéricamente este problema.

Aún con ello, el citado informe sobre trata de personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, habla de más de 20 mil personas, en su inmensa mayoría mujeres y niños, que son víctimas año con año de estos tratos degradantes, abuso y servidumbre.

Frente a este fenómeno en la anterior legislatura, en el año de 2003, las entonces senadoras Yolanda Eugenia González Hernández y Dulce María Sauri Riancho, presentaron en conjunto una iniciativa en la materia, que además contiene importantes reformas complementarias a otros ordenamientos jurídicos. Posteriormente, en 2004, los también entonces senadores, Sadot Sánchez Carreño y Enrique Jackson Ramírez, presentaron la iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en México. Ésta pasó como minuta a la Cámara de Diputados y se debe encontrar en análisis de comisiones.

Debe señalarse que esta iniciativa puede ser mejorada, y que sin duda, debemos abordarla dado el nivel de drama humano y de fractura que esa actividad criminal propicia tanto en las víctimas como en sus entornos personales y familiares.

Ya se señaló que no contamos con cifras y estadísticas precisas sobre el tema, pero hay que señalar también que una sola víctima de la esclavitud o de tratos denigrantes en nuestro país, es demasiado y su sola presencia bastaría para justificar contar con un ordenamiento jurídico que no sólo permita combatir el fenómeno, sino además prevenirlo y construir un sistema de protección que permita dar atención y protección a las víctimas de este crimen.

Nuestro país no puede convertirse en un paraíso para los tratantes, los cuales, en muchos de los casos, también son abusadores de niñas y niños, lenones, promotores del turismo sexual, o promotores de pornografía y prostitución infantil y prostitución forzada de mujeres y niñas.

Éste es sin duda uno de los crímenes de mayor perversidad, pues no sólo convierten a las personas en menos que mercancías; se trata del abuso alevoso de las personas más frágiles y vulnerables, y del sometimiento y quebrantamiento de su voluntad, de su dignidad y de su libertad.

Por lo anterior, hago un llamado a esta asamblea para aprobar, por urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a las comisiones dictaminadoras de la minuta enviada por la colegisladora, la que contiene la iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para que en lo inmediato inicien la discusión sobre la materia y convoquen a un foro de discusión en el que participen los expertos, los académicos y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema, para mejorar la iniciativa y aprobarla en el menor lapso posible.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días de octubre de 2006.

Diputado Javier Guerrero García (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES Y A LOS AYUNTAMIENTOS A DESTINAR RECURSOS PÚBLICOS PARA PRESERVAR EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTEGER EL AMBIENTE, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA HILDA GONZÁLEZ CALDERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La que suscribe, Martha Hilda González Calderón, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo en materia ambiental enunciada al principio, misma que enseguida se desarrolla con base en las siguientes

Consideraciones

El desarrollo sustentable debe ser un propósito compartido al margen de cualquier idiosincrasia o credo partidista. Las políticas públicas precisan enfocarse a priorizar este objetivo. Su planeación adecuada, conforme a criterios regionales a nivel federal, estatal y municipal, es condición indispensable para la consecución de un país ambientalmente viable, en un marco de fortalecimiento del federalismo.

En paralelo, existen rubros y prioridades que demandan la atención de todos los ámbitos de gobierno de la República, referidos a la protección y preservación de la vida y de los recursos naturales. Las políticas públicas sólo tienen sentido cuando existen las condiciones suficientes de una convivencia armónica del ser humano con su entorno.

En este contexto, la magnitud de los problemas ambientales impacta profundamente en todos los ámbitos de la actividad humana, en detrimento de la calidad de vida. La degradación del suelo, la contaminación del aire, la escasez de agua, la deforestación indiscriminada, el deterioro de los ecosistemas, los peligros de extinción de numerosas variedades que forman parte de nuestra biodiversidad, la explotación irresponsable de los recursos naturales, las dificultades crecientes para el manejo de los residuos, los requerimientos cada vez mayores de consumo de energía primaria, y las presiones por la explotación demográfica ponen en riesgo la sustentabilidad y factibilidad del desarrollo de las regiones que conforman la Federación.

La incorporación de la dimensión ambiental en la discusión presupuestaria reconoce la necesidad de revertir los efectos negativos del deterioro y agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente, así como la urgencia del aprovechamiento racional de los recursos naturales, para lo cual se requiere generar las condiciones jurídicas y administrativas indispensables para la concreción de tales objetivos. Esta circunstancia nos remite a la necesidad que tienen el gobierno federal así como los gobiernos de todas las entidades federativas y municipios del país, de prever recursos presupuestarios necesarios y suficientes para ser aplicados a rubros de naturaleza ambiental que permitan un desarrollo continuo y sustentable de sus potencialidades.

La necesidades presupuestarias antes señaladas pueden contrastarse a la luz de las responsabilidades que tienen Federación, entidades y municipios de atender al cumplimiento de las atribuciones que establecen, entre otros ordenamientos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; así como, para el caso de los municipios, las atribuciones que les señala el artículo 115 constitucional en las materias ambiental y de servicios.

Bajo las anteriores consideraciones el presupuesto público se constituye en instrumento indispensable para asignar prioridades y dotar de orden al ejercicio financiero de las entidades y municipios del país con un enfoque ambiental integral. Por ello, se considera recomendable que el gobierno federal, así como los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios prevean, bajo un enfoque integrador de asignación transversal, recursos presupuestarios para atender con suficiencia, oportunidad y eficacia las obligaciones y responsabilidades ambientales que les corresponden en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, leyes reglamentarias de ella emanadas, así como con lo que señalan las disposiciones jurídicas aplicables en el ámbito local.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal, a los órganos legislativos y ejecutivos de las entidades federativas y a los ayuntamientos de la República, para que con base en las facultades presupuestarias que les asisten en términos de la legislación vigente, prevean y asignen recursos públicos suficientes y oportunos para atender de manera prioritaria el equilibrio ecológico y la preservación ambiental en sus respectivos ámbitos de competencia; dotando de un enfoque ambiental, en sentido transversal, al ejercicio gubernamental, a fin de propiciar la existencia de dicho enfoque en todos los programas, proyectos y acciones del sector público, fortaleciendo en paralelo la necesaria coordinación interinstitucional que al efecto determinen las condiciones particulares de cada entidad, municipio y región, buscando un desarrollo ambiental sustentable.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil seis.

Diputada Martha Hilda González Calderón (rúbrica)

Excitativas

A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DEL DIPUTADO CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, César Horacio Duarte Jáquez, diputado federal miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propone a esta Presidencia que formule excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta honorable Cámara de Diputados para que, de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictamine acerca de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a los siguientes

Antecedentes

a) Con fecha 11 de mayo de 2005, el diputado David Hernández Pérez, en nombre de la diputada María Cristina Díaz Salazar, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Con esa misma fecha fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Consideraciones

Las condiciones actuales del país exigen una mayor preparación y profesionalización en todas las actividades existentes; ante esta tendencia, las actividades estatales no deben quedarse estancadas, si no que deben de ir al unísono con las exigencias que esto implica.

Electoralmente hablando, el país vive una etapa en que las elecciones a cargos públicos están siendo impugnadas ante los órganos jurisdiccionales erigidos para esos efectos, por ello la sociedad mexicana exige por parte de los magistrados una verdadera especialización y profesionalización en dicha materia

Con base en el razonamiento anterior, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la necesidad de implantar los tribunales o salas electorales como órganos permanentes para garantizar así la profesionalización de los magistrados, y al mismo tiempo la permanencia que necesitan las instituciones para alcanzar los objetivos de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

Con la aprobación de la presente iniciativa se pretende dotar a los magistrados en materia electoral de inamovilidad en sus funciones; cabe resaltar que el motivo fundamental de la iniciativa en cuestión fue que en la realidad existen tribunales electorales que únicamente se integran durante los procesos electorales y desaparecen al concluir esos procesos, para que los magistrados retomen su actividad habitual en materias diversas a la electoral, lo que dificulta una verdadera especialización en la materia.

Hago referencia a que la iniciativa en cuestión se presentó el 11 de mayo de 2005, sin que hasta la fecha se haya emitido dictamen alguno, pasando en exceso el término establecido por el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a usted ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, que con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formule excitativa y envíe el presente documento a la Comisión de Puntos Constitucionales para que realice el dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2006.

Diputado César Horacio Duarte Jáquez (rúbrica)

Acuerdos

DE LA COMISIÓN DE SALUD, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE SALUD ANTE ESE ÓRGANO LEGISLATIVO

La Comisión de Salud, con fundamento en el resolutivo cuarto del acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la comparecencia de funcionarios del Ejecutivo federal ante las comisiones ordinarias para el análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, de fecha 10 de octubre de 2006, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que en el marco de lo dispuesto en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados acordó la comparecencia de funcionarios del Ejecutivo federal ante comisiones ordinarias.

Segundo. Que entre las comparecencias que la Cámara de Diputados acordó se llevará a cabo la del titular de la Secretaría de Salud, doctor Julio Frenk Mora.

Tercero. Que la Junta de Coordinación Política acordó que las comparecencias de los funcionarios ante las comisiones ordinarias se desarrollarán conforme a las bases y formato acordados por las propias comisiones.

Cuarto. Que la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud, doctor Julio Frenk Mora, se llevará a cabo el miércoles 25 de octubre a las 17 horas.

Quinto. Que la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud tendrá la finalidad de profundizar en el análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República y de fortalecer el diálogo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Con base en las consideraciones expuestas, la Comisión Ordinaria de Salud de la Cámara de Diputados acuerda desarrollar la comparecencia conforme a las siguientes

Bases

Primera. Exposición por parte del secretario de Salud, doctor Julio Frenk Mora, hasta por diez minutos.

Segunda. Turno de intervenciones de aquellos diputados que hayan enviado sus cuestionamientos por escrito, hasta por tres minutos, en el orden siguiente: Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario de Convergencia, Grupo Parlamentario del PVEM, Grupo Parlamentario del PRI, Grupo Parlamentario del PRD y Grupo Parlamentario del PAN.

Tercera. Respuesta a cargo del secretario de Salud, doctor Julio Frenk Mora, hasta por 15 minutos.

Cuarta. Comentarios de los seis grupos parlamentarios que integran la Comisión de Salud en el mismo orden que en la primera intervención. Participará un diputado de cada partido durante un máximo de 3 minutos. La ronda tendrá una duración de hasta 18 minutos.

Quinta. Respuesta a cargo del secretario de Salud, hasta por 8 minutos.

Sexta. Los grupos parlamentarios, con independencia de las preguntas que hubieran formulado durante la comparecencia, podrán, al término de la sesión, entregar por escrito al secretario de Salud, doctor Julio Frenk Mora, cuestionamientos adicionales para que en un término de 15 días obtengan contestación por escrito. Estos cuestionamientos deberán ser claros y precisos, y la contestación se remitirá a la Mesa Directiva de la Comisión de Salud para que ésta la dé a conocer al pleno de dicha comisión.

Séptima. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 17 de octubre de 2006.

Oficios

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON LOS QUE REMITE DOS CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

México, DF, a 5 de octubre de 2006.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En alcance a mi oficio número SEL/300/4714/06, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 307-A-1215, signado el 28 de septiembre último por el ciudadano Guillermo Bernal Miranda, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual complementa la respuesta al punto de acuerdo relativo a la asignación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender la contingencia climatológica en el estado de Baja California Sur.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

México, DF, a 28 de septiembre de 2006.

Licenciado Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Se hace referencia a su oficio número SEL/300/4544/06, y en alcance a nuestro oficio número 307-A-1167 del 18 de septiembre del presente año, mediante el cual se hizo de su conocimiento el estado en que se encuentran los apoyos que se han brindado por medio del Fondo de Desastres Naturales Chihuahua, al estado de Chihuahua, particularmente para Ciudad Juárez, quedando pendiente el estado de Baja California Sur, motivo por el que se le proporciona información al respecto.

Sobre el particular y por instrucciones del secretario de Hacienda y Crédito Público, me permito informar a usted lo siguiente respecto a esta última entidad federativa:

1. De conformidad con el acta de entrega de resultados del Comité de Evaluación de Daños, celebrada el 19 de septiembre del presente año, así como en los diagnósticos correspondientes, los sectores afectados para ser atendidos en coparticipación son vivienda, infraestructura carretera estatal y municipal, hidráulica municipal, educativa, de salud y de medio ambiente. Los recursos requeridos en coparticipación para la atención de daños se estiman en 192.6 millones de pesos (mdp), de los cuales la aportación federal será de 103.4 mdp, y la estatal, de 89.2 mdp.

En cada uno de los sectores afectados, los recursos se aplicarán conforme a los porcentajes señalados en el cuadro 1 del numeral 8 del acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (ROF), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del 2004. Asimismo, se tienen considerados recursos federales al 100 por ciento por 413.4 mdp para la infraestructura carretera, educativa y de salud federal, lo que suma un total de recursos federales de 516.8 mdp.

2. Esta UPCP, mediante oficio número 307-A-7-13354, de fecha 25 de septiembre, giró instrucciones al Fiduciario (Banobras), a fin de que se deposite en el Fideicomiso Mixto Estatal del Estado de Baja California Sur y con cargo al Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres Naturales", por cuenta de la Comisión Nacional del Agua, la cantidad de 2.4 millones de pesos, con carácter de anticipo, que representa el 50 por ciento de los recursos federales estimados por la entidad antes mencionada para comenzar las obras y acciones de reconstrucción de infraestructura hidráulica de competencia estatal, de conformidad con la respectiva Declaratoria de Desastre Natural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre del presente año.

3. Finalmente, se atenderán las solicitudes de recursos que, en los términos de las disposiciones aplicables, gestione la Secretaría de Gobernación ante esta Secretaría, los cuales se deberán someter a la consideración de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento (CIGF), dentro de los plazos que se establecen en las ROF.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de esta unidad, permanecerá atenta a realizar las demás acciones de su competencia que le correspondan, en el marco de las ROF, para agilizar la entrega oportuna de la totalidad de recursos que en su momento recomiende la CIGF.

Sin otro particular, reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guillermo Bernal Miranda (rúbrica)
Titular de la Unidad

México, DF, a 10 de octubre de 2006.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 59-II-0-3225, signado el 14 de febrero del año en curso por las diputadas Marcela González Salas y P. y María Sara Rocha Medina, Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, el original del similar número DCP.- 1766/06, suscrito el 6 del actual por el ciudadano Humberto Ballesteros Cruz, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a intervenir y solicitar al gobierno estadounidense, por la vía diplomática, el esclarecimiento de las muertes de los indocumentados mexicanos Carlos Delgadillo Martínez, Guillermo Martínez Rodríguez e Ismael Segura Méndez.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

México, DF, a 6 de octubre de 2006.

Licenciado Dionisio Meade García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicito su intervención para hacerle llegar la respuesta adjunta al Presidente de la Cámara de Diputados, diputado Jorge Zermeño Infante, sobre el punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria del 14 de febrero de 2006, en el que señala:

México, DF, a 6 de octubre de 2006.

Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria del 14 de febrero de 2006, en el que señala:

"Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la vía diplomática intervenga y solicite al gobierno estadounidense el esclarecimiento de las muertes de los indocumentados mexicanos Carlos Delgadillo Martínez, Guillermo Martínez Rodríguez e Ismael Segura Méndez." Al respecto, le informo que: El Gobierno de México bajo ninguna circunstancia y en ningún momento avala el uso de cualquier tipo de violencia en contra de nacionales mexicanos. Esta administración, y en particular la Secretaría de Relaciones Exteriores, consideran que la protección de la integridad física y los derechos a un trato justo, digno e igualitario de los migrantes es una actividad prioritaria.

Existe en la Secretaría de Relaciones Exteriores la firme convicción de que es en el interés de México, en primera instancia, pero también de la relación bilateral de México con Estados Unidos, que el análisis y debate sobre la actual dinámica fronteriza se realice en ambos lados de la frontera con el detenimiento y la objetividad que este asunto merece.

Asimismo, los esfuerzos del Gobierno de México para mejorar las condiciones de los mexicanos en Estados Unidos no se han limitado a la búsqueda de una reforma migratoria. De forma paralela, se han intensificado las actividades de promoción y defensa de los derechos de nuestros connacionales en Estados Unidos a través de los consulados y la embajada.

Cuando se presenta un caso en el que no se respeten los derechos humanos de los mexicanos, o reciban maltratos por autoridades es necesario documentar los daños para poder presentar las quejas, a la vez que se pide al fiscal del condado, fiscal del distrito u oficina del inspector general; al FBI y al titular de la agencia, departamento o institución que pudiera ser responsable una investigación y a la última se le pide un reporte de los hechos.

Cuando se recibe un caso de este tipo, los Consulados lo envían para su análisis a abogados consultores que evalúan el caso y dan asesoría al interesado o a sus familiares, y si existen elementos para iniciar una acción penal, administrativa o civil, llevan a cabo su representación.

En los casos de los connacionales Carlos Delgadillo Martínez, Guillermo Martínez Rodríguez e Ismael Segura Martínez, la Cancillería, a través de los consulados de México en McAllen, San Diego y Laredo, respectivamente, han llevado a cabo las siguientes acciones:

En el caso de la lamentable muerte de Guillermo Martínez Rodríguez, el Gobierno de México condenó el uso desproporcionado de la fuerza que originó este trágico hecho y ha desplegado una serie de acciones y esfuerzos encaminados a lograr el esclarecimiento pleno del caso y la consecuente impartición de la justicia.

Desde el momento mismo en que el Consulado General de México en San Diego, California, conoció del caso, procedió a solicitar a la Patrulla Fronteriza y al Departamento de Policía de dicha ciudad el inicio de una investigación.

Poco después, el cónsul general de México en San Diego reiteró por escrito a la Patrulla Fronteriza, al Departamento de Policía de San Diego, al Inspector General del Departamento de Justicia y a la oficina en San Diego de la Procuraduría General de Estados Unidos, la necesidad de una amplia y urgente investigación sobre este trágico acontecimiento.

El 31 de diciembre, el Departamento de Policía de San Diego confirmó, por medio de un comunicado de prensa, el inicio de la investigación correspondiente.

Por otro lado, el pasado 3 de enero la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo llegar, a través de la Embajada de México en Washington, DC, una nota diplomática al Departamento de Estado de Estados Unidos, en la que puntualmente se solicitó el esclarecimiento de los hechos, la realización de una investigación y el deslinde de responsabilidades. Asimismo, en la nota diplomática se hace patente la condena de nuestro gobierno por el desproporcionado uso de la fuerza por parte de autoridades encargadas de la aplicación de la ley.

Tanto el Departamento de Estado, por medio de una nota diplomática y de comunicación telefónica de su titular con el canciller mexicano, como el Departamento de Seguridad Interna, han garantizado al Gobierno de México que las investigaciones están en curso. Será el propio Departamento de Seguridad Interna, del que depende la Patrulla Fronteriza, el encargado de dar a conocer los resultados de la investigación y de emprender las acciones que el caso amerite.

El 28 de febrero, la señora Carol C. Lam, Procuradora Federal, envió al Consulado en San Diego una carta en la que informa que el 9 de febrero de 2006, detectives del Departamento de Policía de San Diego hicieron una presentación al caso y lo turnaron a dicha Procuraduría. Asimismo, manifiesta que, de encontrar elementos suficientes para demostrar una violación de los derechos del connacional, procederán conforme a derecho e informarán de su decisión final.

El Consulado General de México en San Diego está siendo el canal institucional para que las investigaciones que se desarrollan por parte de autoridades de ambos países se apoyen mutuamente.

Además de estas acciones diplomáticas, encaminadas a lograr el pleno esclarecimiento de los hechos, se ha brindado apoyo económico y legal a los familiares de Guillermo Martínez Rodríguez. Como parte del Programa de Asesorías Legales, abogados consultores del consulado están analizando junto con la familia del señor Martínez Rodríguez las acciones legales, ya sean civiles o penales a seguir para lograr la estricta aplicación de la justicia.

Por otra parte, en el caso del connacional Ismael Segura Martínez (fallecido por el 16 de enero), el 17 de enero el Consulado de México en McAllen, Texas, solicitó a las autoridades del Departamento de Seguridad Pública de Texas, la investigación correspondiente y el deslinde de responsabilidades. Asimismo, prestó asistencia consular a los familiares del fallecido para el traslado de los restos del connacional a México y ha servido de conducto para ponerlos en contacto con abogados consultores de esa oficina.

Según información del Departamento de Seguridad Pública de Texas, en el momento de la detención, el Sr. Segura aparentemente no siguió las instrucciones que se le daban y empujó a uno de los agentes para posteriormente huir de ellos corriendo.

Asimismo, los resultados de la autopsia realizada al señor Segura no muestran evidencias de golpes o traumatismos externos en el cuerpo.

El 6 de febrero, el abogado consultor informó al fiscal del distrito del condado de Starr la solicitud realizada a un juez de paz para que defina si la causa de la muerte del connacional fue una acción ilegal o de omisión.

El 22 de marzo, el Consulado de México en McAllen informó que, después de tres audiencias, el Gran Jurado no logró un consenso en cuanto a fincar responsabilidad o liberar al agente del Departamento de Seguridad Pública que disparó en contra del señor Segura, por lo que el abogado que lleva el caso solicitará que se integre un nuevo Gran Jurado para presentar el caso.

En el caso del señor Carlos Delgadillo Martínez, quien falleció el 15 de diciembre de 2005, en el río Bravo, el Consulado de México en Laredo contactó, en la misma fecha, a diversas autoridades locales, a sus familiares y solicitó al jefe de la Patrulla Fronteriza que realizará una investigación que permitiera esclarecer las causas del deceso del señor Delgadillo, quien, de acuerdo con información de un testigo viajaba en una cámara de llanta, la cual se volcó debido a la corriente causada por un helicóptero de la Patrulla Fronteriza.

El 22 de diciembre, el Jefe de la Patrulla Fronteriza envió al Consulado de Laredo una carta en la que informó que no contaba con información que permitiera confirmar lo relatado por el testigo y que el caso había sido turnado a la Oficina del Inspector General.

Funcionarios del Consulado en Laredo acompañaron a los familiares del occiso a diversas entrevistas en la Oficina del Inspector General y de Asuntos Internos de la Patrulla Fronteriza, en el marco de la investigación que se lleva a cabo sobre el desafortunado evento.

La cancillería se mantiene atenta al desarrollo de las investigaciones y reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos en el exterior.

Atentamente
Humberto Ballesteros Cruz (rúbrica)
Director General de Enlace Político

Informes

DE LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA JIMÉNEZ VALENZUELA, RELATIVO A SU PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PARIDAD DE GÉNERO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, REALIZADO POR LA CEPAL EN SANTIAGO DE CHILE LOS DÍAS 5 Y 6 DE OCTUBRE DE 2006

México, DF, a 12 de octubre de 2006.

Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente

Me permito remitir a usted un informe breve sobre las actividades que realizamos durante el Seminario internacional sobre paridad de género y participación política en América Latina y el Caribe, realizado por la Cepal en Santiago de Chile, durante los días 5 y 6 de octubre del presente. Como es de su conocimiento, y atendiendo a su invitación, participé en ese importante evento representando a nuestra institución.

Se expusieron diversos temas todos muy importantes, destacándose la participación del país anfitrión a través de la señora Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile; en su discurso, hizo un comentario el cual comparto, donde nos comenta que: "La discriminación de la mujer en la política, y en general en todo tipo de puestos de liderazgo, es real y profunda".

Sin embargo es admirable el avance democrático realizado actualmente por la sociedad chilena en su conjunto, como ejemplo tenemos que, según el Informe de Competitividad Mundial 2006-2007, elaborado por el Foro Económico Mundial, Chile mantiene la posición número 27 entre 125 países.

Durante el seminario, se analizaron los mecanismos para lograr una participación más equilibrada entre ambos géneros, es decir, dar los pasos necesarios en nuestros respectivos países; ya sean voluntarios o por ley, para que las mujeres en América Latina y el Caribe ocupen cargos dentro de las direcciones partidistas, dentro de los consejos nacionales de los partidos políticos y sobre todos aquellos de elección popular.

Se llegó a la conclusión que en los países donde se logró o mejoró la participación y la representación popular de las mujeres fueron aquellos que optaron por algún tipo de mecanismo de acción positiva, es decir como ejemplo, la inclusión de cuotas específicas de un número o porcentaje de mujeres en las listas de candidatas a los puestos de representación popular.

Así también, nos entregaron los documentos denominados Serie mujer y desarrollo", que contienen información valiosa respecto a la participación de la mujer en el ámbito rural, así como en el doméstico en América Latina (se anexan dos ejemplares).

Sin otro asunto que comentar, le reitero mis consideraciones distinguidas.

Diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela (rúbrica)
Secretaria de la Mesa Directiva

DE LA DIPUTADA NELLY ASUNCIÓN HURTADO PÉREZ, SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PARIDAD DE GÉNERO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA, EFECTUADO POR LA CEPAL EN SANTIAGO DE CHILE LOS DÍAS 6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2006

México, DF, a 10 de octubre de 2006.

Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Mesa Directiva
Presente

Por este conducto le informo de lo acontecido durante mi participación en el Seminario Internacional sobre Paridad de Género y Participación Política, efectuado por la Cepal, en la ciudad de Santiago de Chile los pasados 6 y 7 de octubre de 2006.

Seminario internacional sobre paridad de género y participación política

El pasado 6 de octubre del presente año tuve la distinción de participar en un seminario por demás interesante, las mujeres que hemos pugnado por los espacios para otras mujeres se esta viendo cristalizado en nuestros países hermanos de Latinoamérica para ser precisos once de ellos cuentan actualmente con leyes de cuotas para la representación de mujeres en sus parlamentos y desde el ejecutivo, es por ello que no podría existir mejor anfitrión que la República de Chile ya que tienen al frente del Ejecutivo a la señora Michelle Bachelet, mujer destacada en su país, anteriormente estuvo al frente del Ministerio de la Defensa Nacional de Chile y que en su vida personal ha sufrido innumerables conflictos desde ir de dos divorcios y tres matrimonios, tres hijos de sus diferentes esposos y un total desconocimiento y rechazo ante las diversas religiones que en su país se profesan. No obstante, la señora Bachelet, luego de ser encarcelada en compañía de su madre, sufrió de la persecución de un gobierno militarizado y logró sobreponerse ante dichas adversidades.

Durante su discurso en la inauguración del mencionado seminario comentó lo siguiente: "Cuenten con nuestro país, cuenten con la Presidenta y con su gobierno para constituir una alianza paritaria latinoamericana que nos potencie en nuestros objetivos igualitarios, en nuestro objetivo en definitiva de una región acogedora para todas sus mujeres y para todos sus hombres."

Uno de sus logros en este tema es el contar con un porcentaje del 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres que integran su gabinete, sin embargo estas cifras no se ven reflejadas en los parlamentos chilenos, que sólo cuentan con el 12.5 por ciento en el Congreso. Exhorto a los representantes de todos los partidos políticos en Chile a que se adopte el mismo criterio al interior de los mismos y den como resultado mayor número de mujeres electas por votación directa de los ciudadanos.

Hubo desacuerdo entre los presidentes de los seis partidos políticos en el tema de la paridad, llegando incluso al abucheo y rechazo total al presidente del Partido de Renovación Nacional. Él comentaba que las mujeres no estamos preparadas para enfrentar estos retos, que no es el momento, además de comentar que la figura femenina está bien mientras sea para admirarla, como cuando vez la hermosura de una mariposa o una cintura de avispa, no cuando preside un partido o un gobierno. Este comentario molestó, irritó al grado de ser el tema de conversación para las siguientes panelistas de toda la tarde. Y ¿como impedir que este señor exprese su punto de vista? es parte de su libertad diferir, no compartimos y rechazamos total y absolutamente lo que él dijo.

Hay un tema que no se tocó en el seminario, pues no era parte fundamental, pero que me gustaría manifestar en este documento, desde nuestra llegada al aeropuerto las diferentes personas funcionarios que nos auxiliaron en el acceso al país de Chile, comentaban con enorme sorpresa saber que México tiene diputadas tan jóvenes, posteriormente fue tema en las diferentes mesas de opinión en las que participamos en el transcurso del seminario. Los comentarios fueron que en sus países de origen, tales como Chile, Paraguay, Panamá, Cuba, Colombia, Venezuela, Costa Rica, entre otros la edad promedio de sus legisladores y legisladoras oscila entre los 45 y 75 años que no sabían que en México contábamos con participación activa de los jóvenes, en específico de las mujeres.

Las participantes a este seminario fuimos hospedadas en diferentes hoteles, lo cual dificultó la convivencia estrecha entre las mismas. La cercanía con compañeras de partido, fue otro impedimento para que surgiera esa interacción. Luego de comer en compañía de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, licenciada Patricia Espinosa Torres, hubo oportunidad de escuchar las diferentes posturas de las diputadas de México, asimismo fuimos convocadas a una cena con la señora ministra, para lo cual se dispuso de un autobús para el arribo, mientras que esperamos cada una en sus respectivos hoteles no llegó el mencionado transporte, a lo cual me dispuse a tomar un taxi y llegar al lugar del evento. Esto sólo lo hicimos la diputada del PRI Lilia Merodio y una servidora, pasamos un agradable momento en compañía de otras concejales de Paraguay y experiencias regionales.

El viernes 7 de octubre fui invitada a desayunar con el embajador de Chile en México y la diputada del PRI Lilia Merodio, posteriormente recibí dos llamadas de medios de comunicación de mi estado para hacer comentarios sobre la integración de las comisiones, mi participación y los proyectos para el estado del que fui electa. Dichas eventualidades hicieron que tuviera un retraso al recinto de la Cepal, lamentando no haber podido escuchar a la diputada Vicepresidenta la licenciada María Elenita Álvarez de Vicencio, lamento enormemente que así haya sido, pero agradezco que se me haya brindado la oportunidad de asistir al Seminario de Paridad de Género y traer con mayor claridad la visión de Latinoamérica respecto a mi país, en especial al tema de la participación de las mujeres.

En resumen con 400 participantes, destacando a la Presidenta Bachelet, la ministra María José Argaña y la senadora de Colombia Martha Lucía Ramírez, nos sumamos a la lucha de los 20 países que pugnan por leyes de cuotas para mujeres, pero también para el estricto seguimiento de las mismas, como es el caso de Argentina, donde sólo ha sido una ley de adorno y no de acción de paridad.

Agradezco la oportunidad brindada para asistir y representar a México en un seminario con tema de relevancia como es la paridad de género, ampliando mi visión y desde luego el enriquecimiento cognitivo que me significó. México para Latinoamérica es ejemplo hoy día de libertad de expresión, democracia y sobre todo de paridad de género. Los mexicanos y las mexicanas tenemos la grandeza de hacer equipo y ser el único país en Latinoamérica que tiene legisladores y legisladoras jóvenes. Sin más por el momento, quedo a sus distinguidas órdenes.

Atentamente
Diputada Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica)

DEL DIPUTADO MANUEL CÁRDENAS FONSECA, REFERENTE A SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE EL QUEHACER PARLAMENTARIO ENTRE MÉXICO Y URUGUAY, EFECTUADA LOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2006 EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY

México, DF, a 9 de octubre de 2006.

Integrantes de la Junta de Coordinación Política
Presentes

En cumplimiento del artículo 30 de los Lineamientos para la Asignación de Viáticos y Pasajes Aéreos en Comisiones Internacionales, informo a ustedes respecto de la invitación que recibiera el suscrito por parte del doctor Julio Cardoso Ferreira, Presidente de la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay.

Antecedentes

Con fecha 13 de septiembre de 2006, la Presidencia de la Junta de Coordinación Política recibió comunicado del doctor Julio Cardoso Ferreira, en el que se invita al diputado federal Manuel Cárdenas Fonseca, para que asista a un intercambio de experiencias sobre el quehacer parlamentario de ambos países.

Con fecha 14 de septiembre se le comunica al ciudadano Manuel Cárdenas de la autorización para que asista a la referida reunión de trabajo a celebrarse en Montevideo, de acuerdo con la agenda por desarrollar los días 19 y 20 del mes de septiembre de 2006.

Agenda desarrollada

Entrevistas con el ciudadano Julio Cardoso Ferreiera, Presidente de la Cámara de Representantes de la República Oriental de Uruguay Los temas desarrollados fueron varios, entre otros, una actualización respecto de la situación actual de ambos parlamentos, así como la evolución del Mercosur y el acuerdo comercial de Uruguay con México, celebrado a partir del 15 de noviembre de 2003. Destaca la promoción que hacen del Mercosur y su apoyo a las negociaciones del ALCA.

Por otra parte, se significa la conducción del país con el doctor Tabaré Vázquez, quien proviene de la corriente de izquierda llamada Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría. Plantea desde su llegada el reestablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba y convoca a la reconciliación nacional.

Planteó el fortalecimiento del Grupo de Amistad constituido en 1996.

Se trató lo referente a la conformación de las nuevas mayorías en su parlamento, destacando que han logrado avanzar a partir de un acuerdo mínimo y buscando mejor futuro. Destaca que el orden que plantea el Frente Amplio en la rotación de cuadros en el poder y la reelección les ha permitido seguir avanzando después de la dictadura.

Entrevista con la Intendencia Municipal de Montevideo El director de la División de Relaciones Internacionales y Cooperación nos planteó que se incorporen más ciudades a la red para el intercambio de experiencias de buen gobierno. Se le comentó que habría que avanzar en forma directa con los jefes de gobierno de las ciudades que les interesen. Reunión con la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes La misma estuvo presidida por los ciudadanos Federico Casaretto, José Carlos Mahía, ambos representantes nacionales y presidente y vicepresidente de la comisión, respectivamente.

En la reunión se revisó el proceso legislativo, siendo similar en ambos Congresos, destacando el hecho de que en Uruguay se ha convocado a un gran debate nacional sobre el tema educativo, que concluya en la emisión de una Ley Nacional de Educación. Se coincidió en que en esta era del conocimiento todo pasa por la educación.

En el Parlamento, adicionalmente, se tuvieron intercambios en materia de comercio, gasto público y educación con los representantes nacionales: Silvana Charlone, Ivonne Passada y Rubén Martínez.

Entrevista con el Ministerio de Educación Por razones de fuerza mayor, el ministro no pudo estar presente, ya que fue convocado por el Presidente de la República a una reunión a celebrarse en una provincia del país, desarrollándose la reunión con un grupo de trabajo multidisciplinario en el que se destacó el esquema de trabajo de la Comisión Organizadora del Debate Educativo y cómo les empieza a afectar la autonomía de su esquema educativo por cuanto a la Universidad Nacional y los demás centros educativos. Asimismo, el planteamiento de la rendición de cuentas se vuelve reiterativo a la luz de los contenidos y la pertinencia educativa.

Adicionalmente se tuvieron reuniones informales de trabajo con representantes nacionales que representan a diferentes fuerzas del Frente Amplio, quienes nos externaron su pensamiento en términos de la reelección parlamentaria, íntimamente asociada al veto legislativo presidencial, al gasto multianual en proyectos de infraestructura y el reencausamiento de la educación.

En su momento nos solicitaron apoyo para hacer contacto con legisladores mexicanos y los órganos de gobierno de ambas Cámaras en México, a efecto de saber sobre las asistencias a otros foros multinacionales en los que Uruguay sería sede. Se les atendió satisfactoriamente.

Comentarios adicionales

Nuestra participación fue consciente de nuestras asimetrías económicas, geográficas, poblacionales, así como también tomando en cuenta la historia de nuestras dos naciones, la geopolítica y la agenda actual de cada quien.

Sin otro particular de momento, reciban un cordial saludo.

Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica)

Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

A la reunión de su mesa directiva, que se verificará el jueves 19 de octubre, a las 12 horas, en la sala de juntas de la comisión (edificio F, segundo piso).

Orden del Día

1. Administración y gestión de la comisión.
2. Situación de la comisión: dictámenes pendientes.
3. Subcomisiones (propuesta).
4. Programa anual de trabajo (propuesta).
5. Invitación a la sexta reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano.
6. Comparecencia del secretario de Educación Pública (31 de octubre de 2006).
7. Orden del día para la reunión de la comisión del 8 de noviembre.
8. Asuntos generales. Atentamente
Diputada Silvia Luna Rodíguez
Presidenta

DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

A la reunión de su mesa directiva, que se llevará a cabo el jueves 19 de octubre, a las 14:30 horas, en las oficinas de la comisión.

Atentamente
Diputado Antonio Ortega Martínez
Presidente

DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES

A la comparecencia que el secretario de Comunicaciones y Transportes, arquitecto Pedro Cerisola y Weber, realizará ante la convocante y la Comisión de Transportes, el jueves 19 de octubre, a las 16 horas, en el salón Legisladores de la República (salón Verde).

Atentamente
Diputado Óscar Gustavo Cárdenas Monroy
Presidente

DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA

A su reunión de trabajo con la Comisión Nacional de Vivienda, que se verificará el miércoles 25 de octubre, a las 13 horas, en la zona C del edificio G.

Orden del Día

1. Pase de lista.
2. Verificación de quórum.
3. Palabras de bienvenida, por parte del presidente de la comisión, diputado Diego Aguilar Acuña.
4. Exposición del director general de la Comisión Nacional de Vivienda, Carlos Gutiérrez Ruiz.
5. Sesión de preguntas y respuestas por parte de las diputadas y los diputados secretarios e integrantes de la comisión.
6. Clausura. Atentamente
Diputado Diego Aguilar Acuña
Presidente

DE LA COMISIÓN DE SALUD

A la comparecencia del secretario de Salud, doctor Julio Frenk Mora, que se efectuará el miércoles 25 de octubre, a las 17 horas, en lugar por definir.

Atentamente
Diputado Ector Jaime Ramírez Barba
Presidente

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMÍA, Y DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL

A la comparecencia del secretario de Economía, maestro Sergio García Alba Zepeda, que se verificará el miércoles 25 de octubre, a las 17 horas, en la zona C del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Comparecencia del secretario de Economía. Atentamente

Diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez
Presidenta de la Comisión de Economía

Diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera
Presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social

Fe de erratas

DE LA GACETA PARLAMENTARIA

En la votación del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en la Gaceta Parlamentaria número 2115 del miércoles 18 de octubre de 2006, página 5

Dice:
34 Escandón Cárdenas, Rutilio Cruz Favor

Debe decir:
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Favor