Gaceta Parlamentaria, año IX, número 2114, martes 17 de octubre de 2006

Orden del Día

SESIÓN DEL MARTES 17 DE OCTUBRE DE 2006

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Cámara de Senadores.

De los congresos de Sonora, y de Tamaulipas.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

Relativo a la adición de las comisiones de Cultura, y de Ciencia y Tecnología a la comparencia del secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra. (Votación)

Por el que se integra la delegación de diputados que participará en la decimocuarta reunión interparlamentaria México-Canadá, por celebrarse en Ottawa, Canadá, del 23 al 27 de octubre de 2006. (Votación)

De la Secretaría de Gobernación

Dos, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a septiembre de 2006, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Efeméride

Sobre el 53 aniversario del reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres mexicanas, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas de ciudadanos diputados

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Juana Leticia Herrera Ale y José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 49 y 51 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Guadalupe García Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25, 32, 33 y 34 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo tercero transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, a cargo del diputado Israel Beltrán Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Víctor Valencia de los Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5, 6 y 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Héctor Hugo Olivares Ventura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y 46 de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictamen a discusión

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que proporcione la estadística de los aportes realizados por el gobierno federal a las entidades federativas en el periodo 2000-2006, por todo concepto, y los resultados de las revisiones efectuadas por ella, a cargo de la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la SCT, a Capufe y a la SHCP que implanten los mecanismos adecuados para actualizar el padrón de residentes exentos del pago de peaje, incluyendo el municipio de Tampico Alto, Veracruz, a cargo del diputado Pedro Pulido Pecero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que tenga a bien formular excitativa al Senado de la República para que dictamine la iniciativa que adiciona los artículos 36 Bis y 36 Ter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que el secretario de Economía rinda un informe a esta soberanía sobre el acuerdo paralelo al TLCAN, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Segob que emita la declaratoria de zona de desastre para Villa Corregidora, Querétaro, por los daños ocasionados por las lluvias del pasado 30 de septiembre, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de crear la mesa interparlamentaria para la concertación de la reforma política del Distrito Federal, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Pleno de la SCJN a emitir con la mayor brevedad resolución respecto de la controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contra el Presidente de la República por considerar que con la expedición del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos se invaden facultades exclusivas del Poder Legislativo, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento a la asignación de recursos destinados a la homologación salarial de los trabajadores de la educación, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Sedesol que aplique un programa de empleo temporal en Villa Corregidora, Querétaro, para coadyuvar a una pronta recuperación de la población afectada por las lluvias del pasado 30 de septiembre, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidencia de la República, a la SEP y a la SHCP a entregar con la mayor brevedad la asignación de recursos que esta soberanía etiquetó en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 tendentes a apoyar la construcción de la nueva biblioteca pública de Jalisco, a cargo del diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se cite al titular de la CFE a comparecer ante esta soberanía a fin de que rinda un informe detallado sobre el estado de seguridad que guarda la nucleoeléctrica Laguna Verde y de que dé a conocer el segundo proyecto de construcción de la nueva planta, a cargo del diputado Víctor Manuel Torres Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a asumir la consecución del Plan Nacional de Cultura, parte del Plan Nacional de Desarrollo, o a explicar las razones del abandono de los programas y proyectos de gobierno, como establece el artículo 26 constitucional y de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Banco de México a no sustituir la imagen del héroe nacional Ignacio Zaragoza por la de Diego Rivera y de Frida Kahlo en el billete de 500 pesos en la nueva familia que pondrá en circulación a partir de noviembre del presente año, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos municipales y a las legislaturas locales a considerar en sus presupuestos de egresos de 2007 recursos para la conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de la Unión a promulgar la celebración del 15 de octubre como Día Nacional e Internacional de las Mujeres Rurales, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a crear una campaña promocional de México como un destino seguro, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que se destinen partidas presupuestales suficientes a la Universidad de Sonora para enfrentar su crisis financiera, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zatarain González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la revisión, el análisis y las recomendaciones sobre los capítulos agropecuario y relacionados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados integrantes de la LX Legislatura a abstenerse de fumar en el honorable recinto, en cumplimiento de la normatividad vigente, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al reconocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo del diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública a verificar de manera exhaustiva la contratación de personal y los procedimientos de operación en las empresas de seguridad privada, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SCT, de la Cofemer, de la CFC y del Banco de México que rindan a esta soberanía un informe sobre el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-012-SCT-2-2003, a cargo del diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, sobre la ejecución del tratado de distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, suscrito con el gobierno de Estados Unidos de América, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al Ejecutivo federal que se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 el Programa Integral de Infraestructura de la Red Carretera del estado de Nuevo León, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a entregar al Instituto Mexicano del Petróleo los recursos correspondientes conforme al artículo 254 Bis de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea el comité de competitividad, a cargo del diputado Mariano González Zarur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar a la Junta de Coordinación Política la creación de un grupo de trabajo que sirva de enlace ante la Conferencia Nacional de Gobernadores, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para promover la estimulación temprana y la educación inicial en México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial sur-sureste, a cargo del diputado Delio Hernández Valadés, del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo del diputado Eduardo Ortiz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se constituye un grupo plural de legisladores para investigar las agresiones que sufrieron diputados federales del Grupo Parlamentario del PRD, así como la dirigencia de dicho partido, por autoridades locales del estado de Tabasco, a cargo del diputado Javier Hernández Manzanares, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes a dictaminar y, en consecuencia, publicar el decreto de reclasificación de las tarifas de energía eléctrica para algunas ciudades de Tamaulipas, a cargo del diputado Miguel Ángel González Salum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para combatir y prevenir las adicciones, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para promover y rescatar las lenguas indígenas y fomentar la lectura, a cargo del diputado Delio Hernández Valadés, del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al director general de Pemex a cumplir los compromisos y las obligaciones contraídos con el ayuntamiento de Manzanillo y con la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de dicho municipio, a cargo del diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 los recursos se distribuyan en forma equitativa a todos los estados, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a los procesos de liquidación y pensiones de ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Recursos Hidráulicos, de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Salud, de Turismo, y de Fortalecimiento del Federalismo formen una comisión especial conjunta para dar cuenta de los diferentes aspectos y situaciones que aquejan la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se incluya una partida destinada a cubrir el apoyo social de los ex trabajadores migrantes del estado de Aguascalientes, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Agenda política

Sobre la situación actual de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sobre las elecciones en Tabasco, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efemérides

Sobre el trigésimo segundo aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Relativa a la celebración del 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Proyecto de Acta

DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, QUE SE SOMETERÁ A CONSIDERACIÓN DEL PLENO EL MARTES 17 DE OCTUBRE DE 2006

ACTA DE LA SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRADA EL JUEVES DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL SEIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de doscientos noventa y tres diputadas y diputados, a las once horas con diecisiete minutos del jueves doce de octubre de dos mil seis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del orden del día.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y de la misma manera la aprueba.

Acuerdo de la Mesa Directiva mediante el cual se especifican los criterios para las justificaciones de inasistencias y los permisos del propio órgano de gobierno. Insértese en el Diario de los Debates.

El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentra el ciudadano Erick Marte Rivera Villanueva, diputado federal electo por la quinta circunscripción, en el estado de Hidalgo y acompañado de una comisión designada, rinde la protesta de ley y entra en funciones de inmediato.

Oficios de la Secretaría de Gobernación con los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que:

El ciudadano Eduardo Tomás Camberos Vizcaíno pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República del Paraguay en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Dos, para que tres ciudadanos puedan prestar servicios en las embajadas de Japón y de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco, asimismo comunica que han dejado de prestar servicios cuatro ciudadanos en la embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Monterrey, Nuevo León y en Tijuana, Baja California. Las solicitudes de permiso, se turnan a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicio, se turna a las comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de Senadores.

Oficios de la Cámara de Senadores con los que se remiten acuerdos para que el Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil siete: Se amplié, etiquete y desagregue el gasto destinado a las mujeres y adolescentes. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El gasto destinado a la Educación Pública no sea menor a ocho puntos porcentuales del Producto Interno Bruto nacional, presentado por el senador Lázaro Mazón Alonso, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que informa que la administración general de aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en el mes de septiembre de dos mil seis. Se turna a la Comisión de Economía.

A las once horas con treinta y un minutos se registra una asistencia de cuatrocientos treinta y ocho diputadas y diputados.

Hablan sobre el aniversario del doce de octubre, día de la raza y el descubrimiento de América los diputados: Martha Cecilia Díaz Gordillo, del Partido Acción Nacional; Marcos Matías Alonso, del Partido de la Revolución Democrática; Wenceslao Herrera Coyac, del Partido Revolucionario Institucional; Álan Notholt Guerrero, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

Tomás José Luis Lagunas Varela, de Convergencia; María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo; Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza; y Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, de Alternativa.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

La Presidencia hace mención del ejercicio realizado con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fin de reconocer el derecho de los pueblos indígenas en la vida democrática del país y comunica que en un hecho simbólico, se tradujo a cuarenta y siete lenguas el Bando Solemne con el fin de remitir los documentos a todas las comunidades indígenas del país.

Iniciativas con proyecto de decreto que presentan los diputados:

Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional, de Ley Reglamentaria de las fracciones cinco y seis del artículo setenta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Alejandro Chanona Burguete, de Convergencia, que reforma los artículos veintiséis y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Diego Aguilar Acuña, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento cincuenta y cuatro de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.

Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos treinta y nueve, y cuarenta y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Es de primera lectura.

Se recibe de la diputada Layda Sansores San Román, de Convergencia, proposición con punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la República a comparecer cada cuatro meses ante el Pleno de la Cámara de Diputados, para informar sobre el estado que guarde la administración pública federal. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reintegre al Presupuesto de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el resto de los recursos presupuestales que formaron la reserva estratégica para que ésta aplique dichos recursos conforme a la estructura programática establecida en el Programa Especial Concurrente, integrado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de dos mil seis. Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

En votación económica, la asamblea considera la proposición de urgente resolución. En sendas votaciones económicas, la asamblea considera el asunto suficientemente discutido y la aprueba. Comuníquese.

Daniel Pérez Valdés, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía. Desde su curul, el diputado Francisco Javier Santos Arreola, del Partido de la Revolución Democrática, expresa la adhesión de su grupo parlamentario a este punto de acuerdo. En votación económica y por mayoría calificada, la asamblea considera la proposición de urgente resolución y la aprueba de la misma manera. Comuníquese.

Martha Tagle Martínez, de Convergencia, y suscrita por diputadas de los grupos parlamentarios de los partidos de: la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Alternativa, por el que se crea la Comisión Especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada a los feminicidios en el país. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Leticia Díaz de León Torres, a nombre propio y del diputado Francisco Domínguez Servién, ambos del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a las secretarías de la administración pública federal competentes, a reconocer el valor de la mujer rural y otorguen mayores recursos a los programas destinados a su atención. Desde su curul, la diputada Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, expresa su adhesión a la proposición. En votación económica y por mayoría calificada, la asamblea considera la proposición de urgente resolución. Se les otorga la palabra para hablar sobre el tema a las diputadas: Yari del Carmen Gebhardt Garduza, del Partido Revolucionario Institucional; y a Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática. En sendas votaciones económicas, la asamblea considera el punto suficientemente discutido y lo aprueba.

Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la solicitud de Declaratoria para el rescate del predio rústico El Zalate, localizado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur y la anulación del Acuerdo de desincorporación emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se turna a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo.

Arnoldo Ochoa González, del Partido Revolucionario Institucional, para que esta soberanía convoque al Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología de México. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Andrés Carballo Bustamante, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se crea la Comisión Especial del Cacao. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Convergencia, por el que se exhorta a las Comisiones de Transportes y de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía, investiguen lo relativo al cambio de condiciones laborales habidas después de la venta de Mexicana de Aviación. No se considera de urgente resolución, al no alcanzar la mayoría calificada en votación económica, por lo tanto se turna a las Comisiones Unidas de Transportes y de Trabajo y Previsión Social.

Marcela Cuén Garibi, del Partido Acción Nacional, relativo a la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que será adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Miguel Ángel Solares Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al titular de la Secretaría de Educación Pública, suspenda la puesta en marcha de la reforma de la educación secundaria, ante el rechazo del magisterio nacional y las deficiencias que ha tenido su aplicación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Mario Mendoza Cortés, del Partido Revolucionario Institucional, para que en el Presupuesto de Egresos del dos mil siete, se incluya la construcción de un Instituto Tecnológico Nivel Superior en el Valle de Tehuacan y Ajalpan, estado de Puebla. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Humberto López Lena Cruz, de Convergencia y suscrito por integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Alternativa y Nueva Alianza, por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

Presidencia del diputado Jorge Zermeño Infante

Se turna a la Junta de Coordinación Política.

José Guillermo Velázquez Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, para exhortar a diversas legislaturas locales para que modifiquen sus procesos electorales de manera que coincidan las elecciones locales y federales. Se turna a la Comisión de Gobernación.

Soledad López Torres, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se crea una Comisión Especial encargada del estudio de la problemática de las aguas subterráneas nacionales. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Rubén Escajeda Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se crea la Comisión Especial para el Campo. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

David Mendoza Arellano, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Gobierno del Distrito Federal, a que diseñe un programa especial con recursos suficientes, para atender los problemas de marginalidad y atraso, en el que se encuentran las familias que viven en la zona de Cabeza de Juárez, Iztapalapa. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

Emilio Ulloa Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que lleve a cabo una investigación sobre la intervención de inversionistas extranjeros y, en su caso, su vinculación con servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno, en la construcción de un puerto de cabotaje y altura en la zona denominada Punta Colonet, Baja California. Se turna a las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes.

Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, para crear una Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Alejandro Sánchez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a realizar estudios técnicos con objeto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de dos mil siete se incluyan recursos dirigidos a apoyar el cultivo, la comercialización e industrialización del nopal en el país. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Alejandro Sánchez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, incluya en el presupuesto de dos mil siete, recursos para el rescate de la zona arqueológica del Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Víctor Aguirre Alcaide, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal incremente los recursos destinados a las instituciones públicas de educación superior en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil siete y exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública a que reciban una comisión de las universidades encabezada por los rectores de las universidades de Zacatecas, Sinaloa y Guerrero. En votación económica, la asamblea considera la proposición de urgente resolución y la aprueba de la misma manera. Comuníquese.

David Mendoza Arellano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se crea la Comisión Especial para la reforma del Estado. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, por el que se crea la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Aurora Cervantes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se crea la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados: Mario Mendoza Cortés, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de dos mil siete, considere recursos dirigidos a la Comisión Nacional del Agua, para realizar las obras necesarias en el denominado dren de Tehuacán. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Alfredo Barba Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se crea la Comisión Especial de la cuenca Lerma-Chapala. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

La diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas, del Partido Acción Nacional, presenta proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial de la Familia. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Antonio Soto Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, remite proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para la reforma y modernización del sector de los hidrocarburos. Se turna a la Junta de Coordinación Política.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión. El Presidente clausura la sesión a las quince horas con cuarenta y siete minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes diecisiete de octubre de dos mil seis a las once horas.

Comunicaciones

DE LA CÁMARA DE SENADORES

México, DF, a 12 de octubre de 2006.

Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados
Presentes

Comunico a ustedes que por acuerdo de la Mesa Directiva, la Cámara de Senadores realizará sesión ordinaria los días lunes 30 y martes 31 de octubre de 2006, en la semana que va del 30 de octubre al 3 de noviembre próximo.

Lo anterior, para los efectos de lo dispuesto en la última parte del artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente
Senador Francisco Arroyo Vieyra (rúbrica)
Vicepresidente

DEL CONGRESO DE SONORA

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
México, DF

El Congreso de Sonora, en sesión celebrada hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

Acuerdo

Primero. El Congreso de Sonora exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 realice las previsiones que al efecto resulten necesarias para dar efectivo cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Educación, particularmente lo relativo a destinar al rubro de educación, al menos 8 por ciento del producto interno bruto del país.

Segundo. El Congreso de Sonora manifiesta su disposición para que en el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las iniciativas en materia de presupuesto del gobierno del estado para el próximo ejercicio fiscal se tome en cuenta la disponibilidad de recursos para incrementar en términos reales los destinados al sector educativo del estado, considerando las previsiones necesarias para atender los requerimientos del salario profesional de los trabajadores de la educación, conforme a las responsabilidades de concurrencia señaladas en la ley.

Tercero. El Congreso de Sonora, no obstante reconocer los esfuerzos realizados para atender las justas demandas del sector educativo, solicita muy atentamente a las instancias correspondientes dar continuidad de manera integral por la vía institucional al proceso de homologación salarial de los trabajadores de educación básica y normal, haciendo hincapié en la urgente atención de los que laboran en Etchojoa, Sonora.

Cuarto. El Congreso de Sonora expresa su respeto por las estrategias, las formas de planteamiento y la exigencia de demandas que no afecten el derecho de terceros.

Asimismo, exhorta a las dependencias encargadas del orden interno y de la gobernabilidad en los órdenes federal y estatal a establecer las medidas necesarias para mantener el diálogo constructivo encaminado a la concertación de acuerdos viables, asumiendo con responsabilidad y en un clima de respeto y de concordia el cauce institucional para la resolución de problemas.

Reiteramos a usted las seguridades de nuestra alta consideración y respeto.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Hermosillo, Sonora, a 10 de octubre de 2006.

Diputado Juan Manuel Sauceda Morales (rúbrica)
Secretario

Diputado Ventura Félix Armenta (rúbrica)
Secretario

DEL CONGRESO DE TAMAULIPAS

Palacio Legislativo, a 27 de septiembre de 2006.

Diputado Jorge Zermeño Infante
Cámara de Diputados
México, DF

Por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva, me permito comunicarle que en sesión celebrada en esta fecha el Pleno legislativo del honorable Congreso del estado determinó aprobar el punto de acuerdo número LIX-162, mediante el cual la LIX Legislatura del Congreso del estado de Tamaulipas exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Secretaría de Gobernación, y al titular de la Comisión del Agua, a efecto de que se dé debido cumplimiento a lo establecido en el Tratado Internacional de Límites y Aguas celebrado en el año de 1944 y no se siga entregando agua del distrito de riego 025 Bajo Río Bravo a Estados Unidos de América; asimismo, se solicita al Congreso de la Unión que retome la defensa de este distrito de riego.

Al efecto, nos permitimos anexar copia del acuerdo referido.

Sin otro particular, me es grato reiterar las seguridades de mi consideración mas distinguida.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Diputado Alejandro René Franklin Galindo (rúbrica)
Secretario

Diputado Agustín Chapa Torres (rúbrica)
Secretario

La Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58, fracción I, de la Constitución Política del estado y 119 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas tiene a bien expedir el siguiente

Punto de acuerdo número LIX-162

Mediante el cual la LIX Legislatura del Congreso del estado de Tamaulipas exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al titular de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al titular de la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que se dé debido cumplimiento a lo establecido en el Tratado Internacional de Límites y Aguas celebrado en el año de 1944 y que no se siga entregando agua del distrito de riego 025 Bajo Río Bravo a Estados Unidos de América; asimismo, se solicita al Congreso de la Unión que retome la defensa de este distrito de riego.

Artículo Primero. La LXI Legislatura del Congreso del estado de Tamaulipas exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al titular de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al titular de la Comisión Nacional del Agua a efecto de que se dé debido cumplimiento a lo establecido en el Tratado Internacional de Límites y Aguas celebrado en el año de 1944 y no se siga entregando agua del distrito de riego 025 Bajo Río Bravo a Estados Unidos de América.

Artículo Segundo. Se hace una atenta solicitud al Congreso de la Unión, a efecto de que retome la defensa de este distrito de riego.

Transitorios

Artículo Primero. El presente punto de acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición y se publicará en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo. Comuníquese el presente punto de acuerdo a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional del Agua por conducto de su director general, y a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 27 de septiembre de 2006.

Diputado Roberto Benet Ramos (rúbrica)
Presidente

Diputado Alejandro René Franklin Galindo (rúbrica)
Secretario

Diputado Agustín Chapa Torres (rúbrica)
Secretario

Proposiciones de acuerdo

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, RELATIVO A LA ADICIÓN DE LAS COMISIONES DE CULTURA, Y DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA A LA COMPARENCIA DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DOCTOR REYES TAMEZ GUERRA

Considerando

I. Que el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Presidente de la República asistirá a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de cada año de ejercicio legislativo, y presentará un informe por escrito, en el que se expondrá el estado general que guarda la administración pública del país.

II. Que, de conformidad con el artículo 93, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los secretarios del despacho y los jefes de los departamentos administrativos, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso General del estado que guardan sus respectivos ramos.

III. Que el artículo 7, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos prevé que las Cámaras del Congreso analizarán el informe presentado por el Presidente de la República y que dicho análisis se clasificará en las siguientes materias: política interior, política económica, política social y política exterior.

IV. Que el artículo 34, párrafo primero, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos faculta a la Junta de Coordinación Política para someter a la consideración del Pleno los proyectos de puntos de acuerdo que resulten necesarios para que la Cámara de Diputados ejerza las atribuciones que constitucional y legalmente le corresponden.

V. Con la finalidad de profundizar en el análisis del VI Informe de Gobierno presentado por el Presidente de la República y de promover el diálogo constructivo entre la legislatura y las dependencias del gobierno federal, la Junta de Coordinación Política ha considerado conveniente que las comparecencias de los secretarios de despacho a que se refiere el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se realicen ante comisiones de la Cámara de Diputados.

VII. Que el acuerdo a que hace referencia el numeral anterior fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados en sesión del 9 de octubre de 2006 y que el calendario de comparecencias contenido en éste fue notificado al Poder Ejecutivo federal para sus cauces legales.

VIII. Que en su sesión del día 9 de octubre del año en curso, la Junta de Coordinación Política consideró importante que el secretario de Educación Pública comparezca ante la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 7 y 34, párrafo primero, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. Que el secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, comparezca ante las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Cultura, y de Ciencia y Tecnología.

Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia

Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa

Oficios

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, DOS CON LOS QUE REMITE CONTESTACIONES A PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

México, DF, a 9 de octubre de 2006.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L 60-II-6-16 signado el 19 de septiembre último por los diputados María Elena Álvarez Bernal y Jacinto Gómez Pasillas, Vicepresidenta en funciones de Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 307-A-1236, suscrito el 4 del actual por Guillermo Bernal Miranda, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar estado de emergencia en las zonas afectadas del estado de Sinaloa por el paso de huracán Lane, así como al liberar los recursos del Fondo de Desastres Naturales.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

México, DF, a 4 de octubre de 2006.

Licenciado Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Se hace referencia a su oficio número SEL/300/4699/06 del 19 de septiembre del presente año, por el que remite al secretario de Hacienda y Crédito Público copia del similar D.G.P.L 60-II-6-16, suscrito por los diputados María Elena Álvarez Bernal y Jacinto Gómez Pasillas, Vicepresidenta en funciones de Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que se da a conocer el punto de acuerdo aprobado en sesión de fecha 19 de septiembre del actual, mismo que en su parte conducente se refiere a que se canalicen en el menor tiempo posible, y con medidas de control y absoluta transparencia, recursos del Fondo para la Atención de Desastres Naturales para atender las necesidades más apremiantes de las familias afectadas, además de las tareas de rehabilitación de la infraestructura afectada. En el mismo sentido, se solicita que, de ser necesario, el gobierno federal integre una propuesta de adición presupuestal, para que, ante la cercanía del proceso de revisión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2007, se consideren recursos que den continuidad a la reconstrucción de las zonas afectadas y se normalice su actividad económica y social.

Sobre el particular y por instrucciones del titular de esta Secretaría, le comunico lo siguiente:

1. De conformidad con el acta de entrega de resultados del Comité de Evaluación de Daños, celebrada el 29 de septiembre del presente año, así como en los diagnósticos correspondientes, los sectores afectados para ser atendidos en coparticipación son vivienda, infraestructura carretera estatal, hidráulica municipal, educativa, sitios históricos, salud, acuícola y recursos forestales.

Los recursos requeridos en coparticipación para la atención de daños, se estiman en 408.4 millones de pesos (mp), de los cuales la aportación federal será de 201.1 mp y la estatal de 207.3 mp.

En cada uno de los sectores afectados, los recursos se aplicarán conforme a las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (ROF), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre del 2004 (DOF).

Asimismo, se tienen considerados recursos para solventar las afectaciones en infraestructura carretera y educativa del ámbito federal por 181.7 mdp, así como para sitios históricos, lo que suma un total de recursos federales de 382.8 mdp.

2. Esta Unidad de Política y Control Presupuestario, mediante oficio No. 307-A-7-13428 de fecha 3 de octubre, giró instrucciones al Fiduciario del Fonden (Banobras), a fin de que se deposite en el fideicomiso Fonden estatal y con cargo al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, por cuenta de la Comisión Nacional del Agua, la cantidad de 7.3 millones de pesos, con carácter de anticipo, que representa el 50 por ciento de los recursos federales estimados por la entidad antes mencionada, para comenzar a la brevedad las obras y acciones de reconstrucción de infraestructura hidráulica de competencia estatal, de conformidad con la respectiva Declaratoria de Desastre Natural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre del presente año.

Finalmente, se atenderán las solicitudes de recursos que, en los términos de las disposiciones aplicables, gestione la Secretaría de Gobernación ante esta secretaría, los cuales se deberán someter a la consideración de la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento (CIGF), dentro de los plazos que se establecen en el ROF.

3. Por otra parte, se tiene considerado en el Fonden, los recursos para la coparticipación del gobierno federal, que suman 201.1 millones de pesos, de conformidad con el dictamen del Comité de Evaluación de Daños.

4. Los recursos federales comprendidos en el acta de entrega de resultados del Comité de Evaluación de Daños, se financiarán en los términos de las disposiciones aplicables, por lo que se tiene certidumbre para cubrir las erogaciones del ámbito federal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de esta Unidad, permanecerá atenta para realizar las demás acciones de su competencia que le correspondan en el marco de las ROF, para agilizar la entrega eficaz y oportuna de los recursos que en su momento recomiende la CIGF.

Sin otro particular, reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guillermo Bernal Miranda (rúbrica)
Titular de la Unidad

México, DF, a 9 de octubre de 2006.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-1, suscrito el 5 de septiembre del año en curso por los diputados Jorge Zermeño Infante y Antonio Xavier López Adame, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número DGF/0750/06, signado el 5 del actual por el ciudadano Carlos Bayo Martínez, director general del Fondo de Desastres naturales de la Coordinación General de Protección Civil de esta secretaría, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo por el que se exhorta a esta dependencia a emitir la declaratoria de desastre natural en el estado de Baja California Sur y a liberar los recursos para atender la contingencia en dicha entidad federativa; así como a asignar mayores recursos del citado fondo y de los excedentes petroleros para afrontar los efectos de las lluvias extremas que ha padecido en las últimas semanas Ciudad Juárez, Chihuahua.

Agradezco la atención que concedan al presente y les reitero mi consideración respetuosa.

Atentamente
Dionisio A. Meade y García de León (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo

México, DF, a 5 de octubre de 2006.

Dionisio A. Meade y García de León
Subsecretario de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobernación
Presente

Me refiero a su oficio número SEL/300/4543/06, de fecha 6 de septiembre de 2006, mediante el cual informa a la Coordinadora General de Protección Civil, licenciada Laura Gurza Jaidar el punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de la Unión en oficio número D.G.P.L. 60-II-1, signado el 5 de septiembre del presente año por los diputados Jorge Zermeño Infante y Antonio Xavier López Adame, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, comunicando al titular de esta dependencia el punto de acuerdo aprobado en sesión de esa misma fecha y que, por considerarse competencia de esta Dirección se transcribe a continuación:

"Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para que emita la declaratoria de Desastre Natural en el Estado de Baja California Sur, y liberen, con la mayor brevedad, los recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender la contingencia en dicha Entidad Federativa.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que, en al ámbito de colaboración entre los poderes y en cumplimiento del pacto federal y la Ley General de Protección Civil, gire sus instrucciones a los secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que se asignen mayores recursos del Fonden y de los excedentes petroleros para afrontar los efectos de las lluvias extremas que han padecido en las últimas semanas Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, hasta cubrir el déficit de 393.8 millones de pesos que se requieren adicionalmente para las obras de reparación, rehabilitación y reconstrucción de infraestructura y vialidades de la localidad, así como la rehabilitación, reubicación y mejoramiento de viviendas que se requieren en el municipio de referencia."

Al respecto, y una vez analizado el contenido del documento de mérito, así como el marco jurídico aplicable, me permito manifestarle lo siguiente:

Primero. En relación con el primer punto:

Desde la redacción del artículo 73, fracción XXIX-I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la protección civil es una materia que contempla la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, es decir; federación, estados y municipios por lo que a su aplicación corresponde.

Asimismo, el artículo 14 de la Ley General de Protección Civil prevé que la primera instancia de actuación especializada corresponde a la autoridad municipal o delegacional que conozca la emergencia y, de verse superada su capacidad de respuesta, entonces acudirá a la instancia estatal. De resultar ésta insuficiente, entonces se informará a las instancias federales correspondientes, quienes actuarán de acuerdo a los programas establecidos al efecto.

La aplicación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales requiere, como requisito indispensable, observar el marco jurídico que lo regula, es decir, las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2004.

De las referidas reglas, es de advertirse que para que se pueda emitir una declaratoria de desastre natural, y con ello poder acceder a los recursos del Fonden, deberá existir una solicitud por escrito de declaratoria de desastre natural de parte legítima para tal efecto, que para este caso es a través de los gobernadores de los estados, las dependencias federales o el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

En tal virtud, y tomando en cuenta que la solicitud que nos ocupa no fue presentada por la parte legitimada para tal efecto, nos encontramos imposibilitados para dar trámite a dicha solicitud.

Cabe mencionar que el estado de Baja California Sur ya ha sido declarado en desastre natural con motivo del huracán John, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 25 de septiembre del presente año.

Nota: Los recursos con cargo al Fonden para atender los daños ocasionados por el paso del huracán John se encuentran en proceso de autorización y validación por parte de las dependencias federales.

Segundo. Con respecto al segundo punto:

Una vez aprobados los recursos del Fonden para la atención de un desastre natural en particular, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará, con cargo al programa Fonden, comprendido en el Ramo General 23, "Provisiones Salariales y Económicas", del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 (o el que resulte aplicable) o convocará a sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Fonden para que los recursos sean radicados con cargo al patrimonio del citado Fideicomiso, a efecto de que la entidad federativa pueda disponer de los recursos del Fonden para iniciar de inmediato las acciones de reconstrucción o apoyo autorizadas, previa la aportación de la coparticipación que le corresponda ante el fideicomiso Fonden estatal.

Cabe mencionar que, en materia de desastre, la Secretaría de Gobernación no autoriza ni tiene a su cargo los recursos del Fonden, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado, dado que sólo le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden desde la ocurrencia del desastre hasta la autorización de los recursos.

Debe comentarse que en ningún momento se brinda apoyo directo a la población, al estado o a los municipios, ya que los recursos del Fonden se otorgan vía subsidio a la entidad federativa y son administrados en un fideicomiso público estatal. Dicho fideicomiso actúa como caja para cubrir los pagos a los contratistas de las obras previa presentación de las facturas correspondientes, debidamente validadas tanto por la dependencia estatal ejecutora como la federal normativa.

A continuación se incorpora un cuadro en el que se especifican los recursos autorizados para la atención del desastre que nos ocupa.

Por lo anteriormente expuesto y como es de observarse, los recursos ya están autorizados y se encuentran ejerciéndose en el Fideicomiso Público Fonden Chihuahua, por lo que le sugerimos entablar comunicación con el gobierno del estado para que le informe sobre la aplicación que se ha dado a los recursos antes mencionados para dicho fin.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

Carlos Bayo Martínez (rúbrica)
Director General

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL QUE REMITE INFORMACIÓN RELATIVA AL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2006, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

México, DF, a 13 de octubre de 2006.

Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a septiembre de 2006, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente a septiembre de 2005.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración.

Licenciado José Francisco Gil Díaz (rúbrica)
Secretario

Informe SHCP

Efemérides

RELATIVA AL 53 ANIVERSARIO DEL DERECHO AL VOTO DE LA MUJER MEXICANA, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE S. FLORES SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

Con motivo de la conmemoración del 53 aniversario del derecho al voto de las mujeres mexicanas, me honra participar en esta tribuna plural de la representación nacional, en nombre del Grupo Parlamentario de mi partido; en primera instancia por ser mujer, y en segunda, por ocupar un espacio de gran responsabilidad en la toma de decisiones sobre el rumbo de la nación, producto del sufragio libre y soberano de hombres y mujeres que así lo decidieron.

La obtención del derecho al sufragio en 1953 fue un acto democrático trascendental, no sólo para las mujeres mexicanas, sino para la sociedad en su conjunto. Aunque puede considerarse como una reforma electoral, fue, sin duda, por su implicación y su alcance, una reforma política, y más aún, una reforma pionera dentro de la reforma del Estado. Se trató ni más ni menos de darle poder de decisión política a más de la mitad de la población adulta.

Las mujeres mexicanas hicieron público su derecho a elegir y a ser electas, luego de más de 40 años de múltiples, variadas y exigentes luchas. Pero a pesar de los esfuerzos realizados en el país para mejorar la situación de las mujeres e incrementar la equidad entre los sexos, el progreso ha sido lento y aún inconcluso. En algunos aspectos se observan avances en favor de las mujeres. Sin embargo, las cifras de desigualdad, violencia, acceso a recursos, participación política y autonomía de las mujeres siguen evidenciando inequidad.

Compañeras y compañeros diputados, sabemos que la equidad entre los géneros es un requisito del desarrollo y un asunto fundamental de derechos humanos y de justicia social. Otorgar a las mujeres oportunidades de participación en la toma de decisiones y la promoción de la equidad de género son vitales, no sólo para mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de la sociedad en su conjunto, sino para lograr una ciudadanía integral y una democracia más sólida.

Existen problemáticas fundamentales que derivan en la desigualdad e inequidad entre mujeres y hombres. Una de ellas es que aún persisten expresiones que violan profundamente sus derechos humanos, a partir de la violencia sistémica de género; por ejemplo, en el caso de los asesinatos y secuestros de las mujeres de Ciudad Juárez y en otras ciudades del país, aunado al aumento del comercio y turismo sexual de mujeres migrantes, indígenas y cruelmente de niñas, así como los atentados a la libertad de expresión.

Otra problemática es aquella que tiene que ver con la desigualdad en el acceso a oportunidades laborales y en el ingreso entre ambos sexos. Los factores socio-culturales y algunas costumbres también contribuyen a las problemáticas de la desigualdad, ya que en muchas ocasiones derivan en subordinación injusta de las mujeres con efectos negativos en sus vidas.

En el ámbito político, aunque existe avance en la participación de las mujeres en la toma de decisiones, éste todavía es insuficiente y no alcanza los estándares establecidos por organismos internacionales, como las Naciones Unidas.

Aun cuando la pluralización del sistema político mexicano ha permitido el acceso de grupos parlamentarios de distintas fuerzas políticas del país cada vez más vigorosos, no se ha logrado una proporcionalidad representativa entre hombres y mujeres, ni la inserción cabal de las mujeres en los espacios fundamentales de la toma de decisiones; es decir, no se ha logrado la paridad de géneros, que en la práctica es el valor político de contrapeso de la igualdad.

Comparto con ustedes una situación que en días recientes llamó mi atención: dentro del fundamento para otorgar el Premio Nobel de la Paz 2006 al banquero Muhammad Yunus de Bangladesh, se encuentra el argumento de que "el microcrédito probó ser una importante fuerza liberadora en sociedades donde las mujeres en particular sufren en condiciones sociales y económicas represivas. El crecimiento económico y la democracia política no pueden alcanzar todo su potencial, a no ser que la mitad femenina de la humanidad participe en pie de igualdad con la masculina".

Ante lo exacerbado de estos momentos sociales, económicos y políticamente históricos, somos las mujeres quienes debemos demostrar esa resistencia a las confrontaciones, gracias a nuestra formación en la búsqueda de la justicia y el respeto mutuo. Debe ser nuestra experiencia doméstica, psicológica y profesional la que políticamente nos obligue a ocuparnos en las necesidades concretas de las personas y en su bienestar material y psicológico.

Compañeras y compañeros diputados, concluyo invitándolos a que coadyuvemos para que nuestros intereses personales y políticos rechacen las diferencias de orígenes, niveles económicos, culturas y sexos, y a que nuestras acciones caminen tenazmente por el camino de la construcción de esa nación justa y equitativa que nos merecemos.

Me permito pronunciar en nombre de las mujeres las siguientes palabras de la escritora Elena Poniatowska en su autobiografía: "Vivo al ritmo de mi país y no puedo permanecer al margen. Quiero estar, quiero ser parte, quiero presenciar, quiero caminar codo a codo con él, quiero oírlo cada vez más, acunarlo, llevarlo como medalla troquelado en mi pecho. El activismo es un elemento constante en mi semana de colores".

Felicidades a todas las mujeres mexicanas y muchas gracias.

RELATIVA AL 53 ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DE LAS MUJERES A VOTAR Y SER ELEGIDAS, A CARGO DE LA DIPUTADA SARA LATIFE RUIZ CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

En México, el derecho de la mujer al sufragio se concretó en 1953, como resultado de un largo proceso integrado por diversas etapas, una de ellas tendía a restringir para una pequeña elite este derecho fundamental, ya que sólo las mujeres que estuvieran ligadas a las fuerzas armadas, a través de sus esposos, podían acudir a las urnas.

Desde el México independiente podemos hablar de congresos, eventos o foros o movimientos de cualquier índole celebrados en favor de la búsqueda de la equidad y la igualdad; el primer logro lo podríamos ubicar en Zacatecas, donde, desde 1824, se pedía que fueran ciudadanas las mujeres, y a pesar de esto fue nuestro país uno de los últimos seis de nuestra región latinoamericana que otorgó el voto, antes lo habían hecho ya trece países más.

Legalmente, el 17 de octubre de 1953, por iniciativa del entonces Presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortínez, se reforman los artículos 34 y 115 de la Constitución. De esta forma, por primera vez, la ley estableció plenos derechos políticos a las mujeres, aunque muchas otras normas culturales seguirían identificando la actividad política como una tarea masculina.

Las mexicanas votaron por primera vez en 1955, pero sólo hasta 1970 se inició realmente nuestra participación en los puestos políticos importantes.

El reconocimiento de la ciudadanía plena a la mujer, simbolizado en el derecho a votar y ser votada, fue el primer paso que se dio en la construcción de una democracia plena, lucha que aún hoy no podemos dar por concluida. La obtención del derecho a ser votadas permitió que valiosas mujeres accedieran a cargos de elección popular en todos los ámbitos de la vida pública.

En este marco, es de destacar que el estado de Baja California Norte otorgó acceso con voto directo a la Cámara de Diputados a Aurora Jiménez Palacios, y con ello se constituyó en la primer mujer en una legislatura federal.

Gracias a la actividad política de muchas mujeres, posteriormente se logró que una mujer fuera gobernadora de un estado, a la fecha, en cincuenta y tres años, este alto cargo sólo lo han ejercido cinco mujeres, cuatro de ellas del Partido Revolucionario Institucional.

Hasta antes de las elecciones federales y estatales de julio del este año, donde se renovaron la legislatura federal y legislaturas locales, gubernaturas y ayuntamientos, sólo 96 de las 2 mil 427 presidencias municipales eran ocupadas por mujeres, una reducidísima participación que alcanza un insignificante 4.01 por ciento.

En las entidades federativas sólo hay 192 diputadas, de un total de 1,119 curules o espacios legislativos, es decir apenas e117.1 por ciento del total.

Por lo que respecta a los municipios, en el cargo de sindicas ocupaban, en un agregado nacional, 116 posiciones, de un total de 2 mil 167; esto es, apenas el 5.35 por ciento. Las regidoras, por su parte, eran 2 mil 433, de un total de 16 mil 894, con un porcentaje de 14.4 por ciento.

En algunos estados, como acción afirmativa se ha impulsado la inclusión de una comisión de equidad y género en el cabildo, a fin de permear la perspectiva de género desde los trabajos municipales.

Las reformas del 22 de noviembre de 1996 al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) fueron un gran avance, en cuyo artículo 22 transitorio se estableció que:

Los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas por ambo principios a diputados y senadores no excedan de 70 por ciento para un mismo género. Asimismo, promoverán la mayor participación política de las mujeres.

Sin embargo, paradójicamente, y a pesar de que el porcentaje de postulaciones femeninas al Congreso de la Unión creció, la participación se ha visto reducida.

Esta contradicción entre mayor número de candidaturas y reducción objetiva de las candidatas electas se debe, en mayor medida, a que la mayoría de los partidos contendientes no aplicó debidamente el principio de 70 por ciento como máximo de postulaciones por género, pues relegaron a muchas mujeres a los espacios secundarios; las suplencias, en el caso de las candidaturas por el principio de mayoría relativa y los últimos lugares en el caso de las listas de representación proporcional.

Con ello, cumplieron con el requisito legal, pero se alejaron del espíritu de equidad que establece el artículo 22 transitorio del Cofipe antes mencionado y, más grave aún, no cumplieron a cabalidad con la intención política plasmada en la mayoría de sus propios estatutos de promover efectivamente la participación política de las mujeres en la toma de las decisiones públicas mediante su mayor acceso a los puestos de representación popular.

En la actuación como funcionarias de mesas directivas de casilla, las mujeres respondieron en mayor proporción que los hombres a la convocatoria del IFE a los ciudadanos y ciudadanas que fueron seleccionados por sorteo para ser quienes recibirían y contarían los votos de los electores el día de la jornada electoral. De las 452 mil 125 personas que se desempeñaron como funcionarias y funcionarios de mesas directivas en las casillas, 240 mil 998, es decir, 53.3 por ciento, fueron mujeres, y 211 mil 127, 46.7 por ciento, hombres.

El otorgamiento de la ciudadanía a la mujer, en 1953, constituyó un parteaguas para el 50 por ciento de la población adulta, que se encontraba, por el hecho de ser mujer, excluida o discriminada del derecho legal electoral. En ese sentido, significó incuestionablemente un gran paso en el proceso de democratización, al menos "formal", del país.

Incuestionablemente hemos avanzado en el proceso de incorporación de las mujeres en la vida pública, sin embargo, los avances han sido muy cortos y a un elevado costo para nosotras las mujeres.

Es hora de cambiar el discurso por los hechos, tenemos la oportunidad en las manos y no la debemos dejar escapar; incorporemos la perspectiva de género de manera transversal en todas las actividades de la vida pública, trabajemos para eliminar la brecha de desigualdad que aún existe entre mujeres y hombres.

El 17 de octubre no debe ser visto como un día de conmemoración, debe ser visto como un día de reflexión sobre los avances que hemos tenido en materia de reconocimiento pleno de los derechos fundamentales de las mujeres.

Esta LX Legislatura tiene en sus manos la posibilidad de ser el motor de las transformaciones políticas e institucionales que México necesita, yo sólo pido a mis compañeras y compañeros legisladores que todas las acciones legislativas que realicemos tengan un verdadero sentido de equidad entre hombres y mujeres, para con ello lograr una verdadera democratización de la vida política y social que la ciudadanía tanto ha demandado.

No perdamos de vista que las mujeres representamos poco más del 51 por ciento de la población total del país y no podemos dejar de lado las necesidades específicas del sector más grande de la población.

Honremos este día a las mujeres que han dado su vida en la lucha del reconocimiento de los derechos de las mujeres y que, con su ejemplo, han puesto en alto el nombre de nuestro país.

Muchas gracias.

RELATIVA AL 53 ANIVERSARIO DEL DERECHO AL VOTO DE LA MUJER MEXICANA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL CONVERGENCIA

Martha Angélica Tagle Martínez, en su carácter de diputada federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 39, inciso 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promueve efeméride relativa al 47 aniversario del reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la mujer mexicana, ocurrido el 17 de octubre de 1953.

La historia de las bases legislativas que obligaron a los Estados modernos a reconocer en sus Constituciones las garantías individuales se basa en materia de género en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Francia, documento redactado por Olimpia de Gauges en 1791 y que dio inicio a la lucha política por lograr que las comunidades de cada país respetara los derechos de las mujeres, pero hasta 1884 no nació el primer antecedente de mexicanas que reclamaron ese derecho mediante el espacio bien logrado en la revista Violetas de Anáhuac, fundada por Lorena Wright González y en la que se difundieron importantes reclamos ante una sociedad discriminatoria.

En 1910, corporaciones feministas unidas a Francisco Indalecio Madero, como el club antirreeleccionista Hijas de Cuauhtémoc, demandaban la participación de las mujeres en las elecciones, logrando el 13 de enero de 1916 consolidar el Primer Congreso Feminista, impulsado por notables mujeres, como Consuelo Zavala, Dominga Canto o Candelaria Villanova con el gobierno de Yucatán. Sin embargo, ese movimiento no trascendió ante los ojos del Congreso Constituyente de 1917 porque sólo les reconoció las garantías individuales en los artículos 1 a 22 de la Ley Fundamental, pero no así el derecho al voto de manera expresa. Por ello se reservó para los varones.

Es importante resaltar la gran labor que la sección mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres realizó en mayo de 1923, con 100 delegadas de todo el país, quienes lograron en julio del mismo año que el gobierno del estado de San Luis Potosí emitiera un decreto a través del cual otorgara el voto a las mexicanas, que en 1935 se consumó con el ejercicio de este derecho en las elecciones internas del Partido Nacional Revolucionario y en 1936 formando el Frente de Único pro Derechos de la Mujer con militantes del Partido Comunista impulsando la creación del Departamento Autónomo de la Mujer en la Conferencia Campesina Mexicana que, como institución, se reconoce en términos del artículo 123 constitucional.

Para fines de 1952, las Constituciones de Yucatán, de Chiapas y de Tabasco ya consagraban el voto femenino demostrando que, sin contravenir los principios del federalismo o supremacía constitucional recogidos en los artículos 115 y 124 del Pacto Federal, se podían regular los enunciados normativos necesarios para que en forma clara se reconocieran los derechos ciudadanos de las mexicanas.

Es menester resaltar la cultura de misoginia que en materia de género se ha escrito en la historia del país, porque ello aminoró durante muchas décadas el valor de las mexicanas, y tardíamente se inició el camino para erradicar idiosincrasias que relegaron a las mujeres, con acciones medulares como las iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión por los presidentes Lázaro Cárdenas y Miguel Alemán quienes, a escalas estatal y federal, respectivamente, impulsaron las reformas de los artículos 34 y 35 constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1953 al reconocer los plenos derechos civiles y políticos de las mexicanas, evento digno de recordarse en la casa del pueblo.

El 31 de diciembre de 1974, en el numeral 4 constitucional se instituyó la prerrogativa de la igualdad ante la ley para las mujeres y los hombres, pero la tardía dinámica de reconocer los derechos de género en el Estado mexicano trajo como consecuencia que atendiera solamente las manifestaciones que presuponen la igualdad entre mujeres y hombres, no obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en los últimos 10 años en jurisprudencia que la característica de igualdad no es absoluta, dado que las mujeres cuentan con diferencias psicosomáticas y fisiológicas, factor que ha marcado el rumbo de las políticas nacionales e internacionales en favor de las mujeres que estamos impulsando.

Los objetivos trazados con el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres en ésta, la fecha de celebración de tan importante evento para el país, constituye un logro, edificado con las voces de las mexicanas que reclamaron condiciones de vida exentas de discriminación y con igualdad de oportunidades, ante la vergonzosa necesidad de ejercer sus legítimos derechos de participar en los procesos electorales, disponer de su persona, estado civil, nacionalidad y patrimonio libremente sin requerir el consentimiento del cónyuge, de la autoridad jurisdiccional o de nadie más.

Por esto es importante pronunciar ante esta soberanía nuestro reconocimiento a las mujeres que legaron las bases necesarias para trabajar por un México en el que se dignifique nuestro papel en la sociedad.

Palacio Legislativo federal, a 17 de octubre de 2006.

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)

Iniciativas

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JUANA LETICIA HERRERA ALE Y JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos, Juana Leticia Herrera Ale y José Rosas Aispuro Torres, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXX, y la actual pasa a ser la XXXI, del artículo 3o.; se reforma la fracción II de la parte A) del artículo 13; y se adiciona el Título Décimo Primero Bis, todos de la Ley General de Salud, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. La sociedad y el gobierno deberán hacer frente a nuevos retos en el ámbito de la salud; esto se debe a los cambios epidemiológicos y demográficos ocurridos en el país en los últimos años.

Segundo. Quizás sea una de las palabras más utilizadas y que más asusta cuando se habla de salud y de su reverso, la enfermedad: cáncer es el término, y se emplea para un grupo de enfermedades que tienen un denominador común: la transformación de la célula normal en otra que se comporta de forma muy peligrosa para el cuerpo humano.

Tercero. El cáncer en México ha incrementado su frecuencia y ya se colocó en el segundo lugar general como causa de muerte; en mujeres de 35 años o más ocupa ya el primer lugar. En general, los dos tumores más frecuentes son, primero, el carcinoma cérvico-uterino, seguido del cáncer mamario; dichas neoplasias representan cerca del 50 por ciento de los tumores malignos que afectan al sexo femenino. Actualmente se prevé un incremento en el número de casos de cáncer de mama.

En algunos países desarrollados el 65 por ciento de los cánceres de mama es diagnosticado en etapas 0 y I.

En México, en el sector público, sólo en 5 a 10 por ciento de los casos se diagnostica la neoplasia en etapas tempranas, con altas posibilidades de curación; 40 a 50 por ciento de estos cánceres son descubiertos en etapas III y IV (avanzadas), cuando el costo del tratamiento es elevado y hay pocas posibilidades de curación.

En 20 a 34 por ciento de las pacientes no se puede clasificar el trastorno porque recibieron tratamiento previo -muchas veces inadecuado- antes de recibir la terapéutica definitiva.

Aproximadamente el 6 por ciento de las defunciones por cáncer corresponden al mamario, ocupando el sexto lugar dentro de las causas de muerte por cáncer, pero, el segundo lugar de muerte por cáncer en mujeres.

Se considera que para el año 2010 habrá una tasa de mortalidad de 13 por cada 100 mil mujeres adultas y cerca de 4 mil 500 defunciones por año por esta causa en México. Se conoce que cada día mueren 10 mexicanas por cáncer de mama, en el país.

Cuarto. El cáncer cérvico-uterino ocupa el primer lugar en incidencia causada por tumores malignos y el tercero en mortalidad relacionada con las neoplasias malignas en la población en general. En la población femenina este cáncer es la primera causa de muerte por neoplasias malignas, particularmente en el grupo de 25 a 64 años de edad.

En los países en que se tienen programas adecuados de detección masiva a través del estudio citológico cervical se ha observado una importante disminución de la mortalidad por cáncer cérvico-uterino, atribuible a la detección de las lesiones precursoras y preinvasoras, para las que el diagnóstico oportuno ofrece la posibilidad de tratamiento exitoso a un menor costo social.

Quinto. Se han resuelto muchas interrogantes sobre la etiología del cáncer cérvico-uterino y actualmente se encuentran en desarrollo nuevas alternativas tanto de detección como terapéuticas y de prevención, que se irán incorporando de acuerdo con los estudios de costo-efectividad que se realicen, para ofrecer un diagnóstico y tratamiento oportunos. Debido a la magnitud que muestra el cáncer cérvico-uterino en nuestro país, éste se considera un problema de salud pública, por lo que es necesario subrayar como estrategia principal la coordinación de los sectores público, privado y social para afrontar este padecimiento con mayor compromiso, eficiencia y eficacia.

Sexto. Es importante lograr una participación activa de la comunidad en la solución de estos problemas de salud, la cual se podrá lograr, entre otras vías, mediante la educación, las acciones de promoción, difusión e información de los factores de riesgo, así como la concienciación en el autocuidado. El cáncer mamario y el cérvico-uterino son enfermedades curables cuando se les diagnostica y trata en forma temprana. La información y el estudio son las dos palabras mágicas que pueden salvar muchas vidas.

Séptimo. El cáncer mamario y el cérvico-uterino constituyen uno de los grandes problemas médico-sociales de la actualidad, por su alta frecuencia y aumento progresivo en el número de mujeres que lo padecen. Por ello, resulta indispensable contar con un programa de detección temprana y atención especializada de cáncer mamario y cérvico-uterino en el país, ya que se trata de un asunto de interés prioritario en materia de salud pública, con el que se garantizan los derechos sociales de todas las mujeres que habitan en el territorio nacional.

Octavo. El cáncer mamario y el cérvico-uterino son problemas de salud que pueden ser detectados oportunamente a través de estudios como las mastografías, exámenes de la pelvis, pruebas de papanicolau y, de esta manera, proporcionar lo más pronto posible el tratamiento adecuado y requerido. Un dato que es importante resaltar es que en Europa, principalmente en España, se ha desarrollado una vacuna experimental, la cual ha conseguido evitar la aparición de cáncer cérvico-uterino, según un estudio realizado en 90 centros de 13 países durante dos años. El tratamiento se basa en la relación causa-efecto entre el virus del papiloma humano y el cáncer cérvico-uterino, un vínculo que empezó a estudiarse hace quince años. Dada la variedad de virus existentes, los investigadores se han centrado en las dos más frecuentes, la 16 y la 18, que se consideran la causa del 70 por ciento de los cánceres cérvico-uterinos, el segundo más frecuente en las mujeres.

Noveno. Algo novedoso dentro de esta iniciativa de ley es que se hace alusión a los derechos fundamentales de las pacientes, es decir, se habla del consentimiento informado, el cual comprende dos aspectos que se materializan en dos deberes que se imponen al profesional:

Por un lado, el médico debe obtener el consentimiento de la paciente para llevar a cabo un tratamiento; y

Por otro, el médico debe revelar información adecuada a la paciente, de manera tal que le permita a ésta participar en la toma de decisión de la intervención o tratamiento propuesto.

Décimo. El consentimiento informado ha llegado a la medicina desde el derecho y debe ser considerado como una de las máximas aportaciones que éste ha realizado a la medicina, por lo menos en los últimos siglos. Estamos ante el cumplimiento de un derecho humano primario y fundamental, esto es, ante una de las últimas contribuciones realizada a la teoría de los derechos humanos. Este consentimiento ha sido motivo de debate respecto a la conveniencia que la paciente pueda influir en las decisiones médicas, propiciando que las opiniones se dividan en dos grupos: los que consideran que el valor fundamental de la práctica médica es el bienestar de la enferma, dejando como algo secundario su participación, y los que piensan que lo realmente trascendente es el respeto a la decisión de la paciente, aunque en ocasiones ésta no propicie su bienestar.

Undécimo. Al paso del tiempo ha quedado atrás aquella medicina paternalista, basada esencialmente en el principio de beneficencia, donde el médico decidía aisladamente, en la mayoría de los casos, la actitud terapéutica adecuada para cada paciente.

Había, entonces, la errónea tendencia a pensar que un ser en estado de sufrimiento no era capaz de tomar una decisión libre y clara, por cuanto la enfermedad no sólo afectaba su cuerpo, sino también su alma. Este sustancial cambio de la relación entre el profesional médico y la paciente, transformando el tradicional esquema autoritario y vertical en otro tipo de relación democrática y horizontal, en el que se pasa de un modelo de moral de código único a uno pluralista, que respeta los diferentes códigos morales de cada persona, ha sido motivado por muy diversos factores: por una parte, la pérdida de esa atmósfera de confianza que, en épocas pretéritas, presidía indefectiblemente las relaciones médico-paciente y, por otra parte, la complejidad creciente y correlativa especialización del ejercicio de la medicina, determinante en último término, de una sensible deshumanización de su ejercicio.

Duodécimo. En la actualidad, el derecho a la autodeterminación y el respeto a la libertad de la enferma son factores preponderantes a considerar en la relación médico-paciente, en tal forma que el derecho a la información es una manifestación concreta del derecho de la protección a la salud y, a su vez, uno de los derechos de la personalidad, y ambos vinculados con la autonomía que necesariamente requiere ejercer el sujeto.

Decimotercero. El consentimiento informado es, por consiguiente, no sólo un derecho fundamental de la paciente, sino también una exigencia ética y legal para el médico. El consentimiento válidamente informado ofrece no solamente un compromiso del médico hacia la paciente en el respeto de sus derechos humanos, sino que también exige de él una conducta de responsabilidad asumida frente al rol de la paciente; conjuntamente le servirá de un medio preventivo contra las reclamaciones de las mismas. Asimismo, se mencionan las obligaciones y responsabilidades de los médicos que tratan a las mujeres que padecen cáncer mamario y cáncer cérvico-uterino.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto, a través del cual proponemos modificar los artículos 3 y 13, así como adicionar el Título Décimo Primero Bis, de la Ley General de Salud.

Decreto que adiciona la fracción XXX y la actual pasa a ser la XXXI, del artículo 3o.; reforma la fracción II de la parte A) del artículo 13; y se adiciona el Título Décimo Primero Bis; Todos de la Ley General de Salud:

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XXX y la actual pasa a ser la XXXI, del artículo 3o.; y se reforma la fracción II de la parte A) del artículo 13, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3º.- En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. a XXVIII. ........

XXIX. La sanidad internacional;

XXX. El Programa de Detección Temprana y Atención Especializada de Cáncer Mamario y Cérvico-Uterino; y

XXXI. Las demás materias que establezca esta ley y otros ordenamientos legales, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4o. constitucional.

Artículo 13. La competencia entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A) Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

I. ......

II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXX, del artículo 3o. de esta ley; organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con dependencias y entidades del sector salud;

III. a X. ......

Artículo Segundo. Se adiciona el Título Décimo Primero Bis a la Ley General de Salud, relativo al Programa de Detección Temprana y Atención Especializada de Cáncer Mamario y Cérvico-Uterino, para quedar como sigue:

Título Décimo Primero Bis
Programa de Detección Temprana y Atención Especializada de Cáncer Mamario y Cérvico-Uterino

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 193 A. El Programa de Detección Temprana y Atención Especializada de Cáncer Mamario y Cérvico-Uterino tiene por objeto establecer la promoción, prevención, detección temprana y tratamiento oportuno del cáncer mamario y cérvico-uterino en mujeres que habiten en el territorio nacional, de forma permanente y gratuita.

Artículo 193 B.- El Ejecutivo federal deberá incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación, una partida presupuestal para el funcionamiento y operación del programa.

Artículo 193 C. La Secretaría de Salud será la responsable de promover, coordinar y realizar la evaluación del programa, a través de sus propias instancias determinadas por su titular.

Artículo 193 D. La Secretaría de Salud se coordinará y podrá celebrar convenios con las autoridades estatales y demás dependencias, y entidades públicas y privadas, concernientes a la prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y rehabilitación de las mujeres afectadas por el cáncer mamario o cérvico-uterino.

Artículo 193 E. La Secretaría de Salud propiciará, a través del intercambio con los organismos y centros internacionales especializados en la materia, el adiestramiento del equipo médico y una continua información.

Capítulo II
De los Derechos Fundamentales de las Pacientes

Artículo 193 F. El consentimiento informado es el acto jurídico de decisión libre, voluntaria y revocable de la paciente, para admitir o rehusar; por sí o a través su representante legal, uno o varios actos médicos concretos en su persona, con fines de atención médica, fundado en la comprensión de la información revelada respecto de los riesgos y beneficios que le puedan ocasionar.

Artículo 193 G. El consentimiento informado será válido cuando reúna los siguientes requisitos:

I. Libertad de decisión;
II. Explicación suficiente; y
III. Capacidad para decidir. El consentimiento se sustentará en el principio de autonomía de la paciente.

Artículo 193 H. El consentimiento de la paciente deberá prestarse antes del acto médico que se pretenda llevar a efecto, y subsistirá a lo largo de todo el tratamiento.

Artículo 193 I. El consentimiento de la paciente es temporal, revocable y sin necesidad de expresar la causa que lo originó.

El respeto a esta decisión deberá basarse en la información completa de las consecuencias que el abandono de la intervención o tratamiento implica, y estará sujeta a las mismas limitaciones que la prestación del consentimiento.

Artículo 193 J. La paciente tendrá derecho a expresar su consentimiento, siempre por escrito, cuando acepte sujetarse con fines de diagnóstico o terapéuticos, a procedimientos que impliquen un riesgo, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables en la materia.

Artículo 193 K. La paciente tendrá derecho a recibir toda la información que esté disponible, que sea necesaria y que esté completa en relación a su padecimiento y a la intervención o tratamiento a seguir.

Por información disponible se entiende aquella a la que tiene acceso un médico idóneo, referida a la enfermedad que afecte a la paciente.

Por información necesaria, se entiende aquella que va a requerir la paciente de acuerdo a su interés subjetivo, con el objeto de emitir una declaración de voluntad razonable.

Por información completa, se entiende aquella que incluye las ventajas o beneficios, los inconvenientes, las alternativas y los riesgos.

Artículo 193 L. La información debe ser adecuada, comprensible, en un lenguaje sencillo, sin ostentaciones técnicas, y apropiada a las condiciones culturales de la paciente.

Artículo 193 M. Un formulario escrito de consentimiento informado deberá respetar, al menos, los siguientes criterios de información respecto a la intervención o tratamiento a seguir:

I. El diagnóstico y el pronóstico;

II. La naturaleza y el objetivo de la intervención o tratamiento;

III. Los costos de la intervención o tratamiento;

IV. Los riesgos que implica la intervención o tratamiento; tales como la naturaleza y magnitud del mismo, la probabilidad que éste se materialice, así como la inminencia de la posibilidad de materialización del riesgo;

V. Los beneficios de la intervención o tratamiento a corto, mediano y largo plazos;

VI. Las alternativas u opciones;

VII. El rechazo de la intervención o tratamiento propuesto luego de haber sido adecuadamente informada, debiendo destacarse en la información, las consecuencias médicas que acarrea el rechazo en su salud;

VIII. Las necesidades posteriores al alta, de parte del médico o de alguien que éste delegue;

IX. La comunicación a la paciente de la disposición del médico a ampliar toda la información si lo desea y a resolver todas las dudas que tenga; y

X. La comunicación a la paciente de su libertad para reconsiderar en cualquier momento la decisión tomada.

Artículo 193 N. Ninguna mujer puede ser obligada a someterse a un tratamiento médico sin obtener su consentimiento válido, respetando así su libertad y dignidad como paciente.

En caso de tratarse de menores de edad o de incapaces se requerirá el consentimiento de su representante legal.

Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior, las pacientes que se encuentren en un estado de inconsciencia o en casos de urgencia, en los cuales se puedan ocasionar lesiones irreversibles o pueda existir riesgo de muerte.

Capítulo III
De las Obligaciones y Responsabilidades de los Médicos

Artículo 193 Ñ. Se entenderá por responsabilidad profesional médica la obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores cometidos dentro del ejercicio de su profesión.

Artículo 193 O. El médico deberá respetar la autonomía de la paciente, el consentimiento o el rechazo a realizar la intervención o tratamiento médico que se le propone.

Artículo 193 P. El médico tendrá la obligación de suministrar a la paciente la información necesaria, con el objeto que ésta tome conocimiento de su estado de salud-enfermedad y de la intervención o tratamiento adecuado para curar el padecimiento que presenta.

Artículo 193 Q. El médico será responsable de la falta o deficiente información proporcionada a la paciente, independientemente de la responsabilidad que surja por la práctica de la medicina.

Artículo 193 R. El médico tendrá la obligación de guardar el secreto médico, respetando la intimidad de la paciente y de su núcleo familiar. En caso de no cumplir con lo dispuesto en este artículo, se sujetará a la responsabilidad civil o penal según corresponda.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al contenido del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.

Diputados: Juana Leticia Herrera Ale, José Rosas Aispuro Torres (rúbricas).

QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 49 Y 51 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE GARCÍA NORIEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Guadalupe García Noriega, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto; 71, fracción II; 72; 73, fracciones XXIX-G y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto en base a la siguiente

Exposición de Motivos

El mundo está lleno de paradojas, y el hecho de que México sea un país megadiverso es una de ellas. De acuerdo con el estudio de país publicado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad: "México es el país con mayor diversidad ecológica de América Latina y el Caribe, al estar presentes dentro de sus límites políticos los cinco tipos de ecosistemas, 9 de los 11 tipos de hábitat (82 por ciento) y 51 de las 191 ecorregiones identificadas (26.7 por ciento)".¹ Aunado a ello, está la riqueza biológica, que nos da la característica de megadiverso. Ésta, además, registra un elevado número de endemismos, por ejemplo, más de mil 200 especies de fanerógamas y más de 900 especies de vertebrados.

Cabe recordar que las especies de flora y fauna silvestre se encargan de llevar a cabo una serie de funciones específicas e irremplazables que, al estar íntimamente relacionadas, forman un delicado equilibrio que permite el buen funcionamiento de los ecosistemas que habitan. Como ejemplo podemos mencionar las siguientes: ser alimento potencial de otras especies y, por ende, reguladoras de poblaciones; actuar como agentes polinizadores; nutrir los suelos y recargar los mantos acuíferos, entre otras.

Sin embargo, como bien han documentado los expertos, el progreso de la humanidad ha colocando a un gran número de especies de flora y fauna silvestre al borde de la extinción. Las amenazas que se ciernen sobre la biodiversidad mexicana son directas e indirectas. En el primer caso, la sobreexplotación de las poblaciones silvestres y su aprovechamiento insustentable son algunas de las principales causas de inquietud; mientras que la destrucción y modificación del hábitat son consideradas como amenazas indirectas.

La singular riqueza biológica de México es cada vez más apreciada y reconocida, pero, como se señaló, paradójicamente nos posiciona como uno de los principales abastecedores de especies de vida silvestre en el mundo.

Información publicada por organizaciones como Traffic, dedicada al estudio de la biodiversidad de especies en el mundo, particularmente de aquella catalogada en peligro de extinción, refiere la proliferación de mercados y preferencias crecientes que tienen por objeto los elementos nacionales integrantes del formidable andamio biológico de flora y fauna silvestre para su aprovechamiento comercial, como materias primas, mascotas, o exhibición.

Si bien es cierto que a nivel internacional existen los mecanismos para evitar el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre, concretamente nos referimos a la Convención sobre el Tráfico Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la excesiva demanda, aunada a las supuestas oportunidades que ésta representa para las comunidades rurales, propietarios y organizaciones sociales, ha tenido consecuencias negativas, pues se ha detectado que, aun en la venta permitida de productos y subproductos se realizan transacciones irregulares, que dejan efectos secundarios no sólo para las especies, sino también para los ecosistemas, ya que han propiciado la introducción de enfermedades, de especies invasoras además de la reducción del número de individuos en los ecosistemas.

Sólo por mencionar dos ejemplos de los estragos ocasionados, durante el proceso de captura, transporte y venta, los animales y plantas sufren lesiones, mutilaciones e incluso perecen. De acuerdo con estudios de la Unión Internacional para la Conservación, durante la captura, la mortalidad se eleva significativamente, ya que para obtener un solo ejemplar es "necesario" eliminar a varios miembros del grupo. También, se ha calculado que aproximadamente la mitad de los ejemplares capturados perece antes de llegar a los mercados, tiendas o lugares de exhibición, debido a las condiciones de estrés, hacinamiento y falta de cuidado a que son sometidos.

Como se aprecia, la relación que guardan estas especies con los diferentes ecosistemas, hábitat y ecorregiones del país es compleja y, por ende, su gestión constituye uno de los principales retos para quienes tienen el encargo de preservar, restaurar y mejorar los componentes de la ecosfera, sobre todo si, de forma paralela, ha de procurarse el desarrollo económico del país.

A nivel interno, la autoridad ambiental cuenta con los mecanismos legales que le permiten tener un control determinado sobre el manejo de las especies de flora y fauna silvestre, particularmente aquellas que se encuentran en alguna categoría de riesgo. No obstante, las personas que adquieren ejemplares de flora y fauna silvestres carecen de la información necesaria para discernir si los lugares donde adquieren dichas especies cuentan con la autorización de la autoridad.

En estos últimos años hemos tenido conocimiento de la existencia de establecimientos clandestinos o de locales que, aún cuando están registrados, operan al margen de la ley. Si bien algunos de éstos ya han sido clausurados, aún existen muchos que son aún más difíciles de detectar, toda vez que se promocionan a través de páginas electrónicas y en los que las transacciones se realizan por este medio.

En las memorias de gestión de la administración de la maestra Julia Carabias quedó plasmado que uno de los aspectos a los que la Dirección General de Vida Silvestre tendría que dar continuidad, no por capricho, sino porque la experiencia adquirida a lo largo de ese sexenio así lo había demostrado, era el relacionado con la información: "en lo general, el éxito de la toma de decisiones está fincado en una información clara, oportuna, veraz y accesible, por lo tanto, faltas en la información llevan a faltas en las políticas o acciones de conservación y uso de la biodiversidad."²

En ese sentido, llama nuestra atención que, aun cuando la Ley General de Vida Silvestre dispone, entre otras medidas, el establecimiento de un Subsistema Nacional de Información sobre la Vida Silvestre, que tiene a su cargo la difusión de información relacionada con la conservación y aprovechamiento sustentable de la misma, no contemple la divulgación de información que brinde algún tipo de orientación al público en general respecto de los lugares que se dedican al comercio (compra y venta) de esos ejemplares.

Sobre el particular, estimamos de la mayor conveniencia que, además de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuente con el registro de los comercios, locales o establecimientos que se dedican a la compra-venta de ejemplares de vida silvestre, éste sea difundido a través del Subsistema Nacional de Información aquí referido. Precisamente con este propósito es que se propone adicionar una fracción VIII al artículo 49 de la Ley General de Vida Silvestre. Ello, sin duda alguna, contribuirá a evitar que las personas favorezcan la proliferación del tráfico ilícito de estas especies, muchas de ellas, catalogadas bajo alguna categoría de riesgo.

De igual forma, se propone adicionar un párrafo tercero al artículo 51 de la ley en comento. El objeto de esta adición es establecer la obligación de la autoridad no sólo de conformar el registro de comercios, locales o establecimientos que se dediquen a la compra-venta de ejemplares de vida silvestre, sino también de hacerlo público. Esta adición constituye el fundamento de la adición al artículo 49 antes señalado y da congruencia a lo dispuesto en el artículo 52 relativo a los comercios registrados. Asimismo, brinda claridad a la autoridad encargada de vigilar la aplicación de la ley, pues tal como se encuentra redactado sólo se hace referencia a comercios registrados, pero no se especifica dónde se puede consultar cuáles son.

Es claro que si las personas que gustan de adquirir ejemplares de flora y fauna silvestres tienen información detallada y fidedigna que les dé certeza de que los lugares que los comercian han demostrado llevar a cabo todas sus operaciones de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, se estará orientando la demanda hacia canales lícitos y también se estará fomentando el combate al tráfico ilícito de la riqueza natural mexicana.

En atención a lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía sometemos a la consideración de este honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona una fracción al artículo 49, y un párrafo tercero al artículo 51 de la Ley General de Vida Silvestre

Artículo Único. Se adicionan una fracción VIII, pasando las actuales fracciones VIII, IX, X y XI a ser fracciones IX, X, XI y XII del artículo 49; y un tercer párrafo, pasando el actual párrafo tercero a ser cuarto párrafo del artículo 51, de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 49

...

I. a VII. ...

VIII. La información derivada de la aplicación del artículo 51 de la presente Ley.

IX. El registro de las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, su ubicación geográfica, sus objetivos específicos y los reconocimientos otorgados.

X. Informes técnicos sobre la situación que guardan las especies manejadas en el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.

XI. Información disponible sobre el financiamiento nacional e internacional existente para proyectos enfocados a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y de su hábitat.

XII. El directorio de prestadores de servicios y organizaciones vinculados a estas actividades.

...

Artículo 51.

...

A fin de facilitar la supervisión de la legal procedencia, la secretaría deberá contar con un registro de los establecimientos nacionales certificados para el aprovechamiento extractivo de la vida silvestre. Dicho registro deberá de ser difundido al público.

De conformidad con lo establecido en el reglamento, las marcas elaboradas de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, podrán bastar para demostrar la legal procedencia.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan y, en su caso, se abrogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto.

Notas:
1 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 1988. La Diversidad Biológica en México: estudio de país. México, página 66.
2 Instituto Nacional de Ecología, 2000. Estrategia Nacional para la Vida Silvestre, México, página 118.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 17 días del mes de octubre de 2006.

Diputada Guadalupe García Noriega (rúbrica p.a.)

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 25, 32, 33 Y 34 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ LUIS VARELA LAGUNAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

El que suscribe, José Luis Varela Lagunas, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 25, 32, 33 y 34 de la Ley General de Educación, a partir de la siguiente

Exposición de Motivos

La nación mexicana, establece nuestra Constitución Política, "tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas..."

Esa disposición, que se encuentra en el artículo 2o., se complementa con el apartado B de dicho artículo, que señala claramente cuáles son las responsabilidades que deben asumir la federación, los estados y los municipios con objeto de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. En el propósito que ocupa a esta iniciativa, es importante destacar lo que se establece en la fracción II del apartado B del citado artículo constitucional en materia educativa:

"Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas..."

Por otra parte, y a pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se establece que la visión deseable de la educación en México debe trazarse hacia el México de 2025 y sentar las bases para construir un "enfoque educativo para el siglo XXI", a escasos meses de la conclusión de este gobierno nada se ha logrado avanzar en materia de educación indígena y no se sentaron las bases para hacer incluyente la educación.

Como se señala en dicho plan, la educación en 2025 será equitativa con buena calidad, pertinente, incluyente y formativa, en sentido integral.

Al respecto, destaco lo de incluyente porque atenderá la diversidad cultural regional, étnica y lingüística del país, viendo la riqueza de la unidad nacional como suma de las diferencias y no como uniformidad.

Con los datos duros con que contamos en la materia, la realidad gana a la voluntad, como en muchas otras áreas del gobierno federal. No existe una propuesta educativa en materia indígena; la discriminación, el racismo y la exclusión social se manifiestan de manera aguda por lo que respecta a la educación de nuestros pueblos y comunidades indígenas; son parte de la estrategia seguida por nuestros gobiernos para continuar manteniendo en el abandono y el analfabetismo a los indígenas de México.

Por ejemplo, según las cifras ofrecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, "en preescolar y en secundaria se localizan los mayores rezagos en la cobertura, si bien existen todavía 688 mil niños en edad de cursar la primaria que deben ser atendidos. Por otra parte, un tercio de los más de 2 millones de niños y jóvenes en edad de asistir a preescolar, primaria o secundaria (de 5 a 14 años) que no reciben servicios educativos se localizan en cuatro entidades federativas: estado de México, Veracruz, Chiapas y Puebla".

Me permito señalar algunos datos respecto a la situación de la educación en nuestro país; y de ahí que refiera que uno de los retos y asignaturas pendientes en los próximos años es precisamente sentar las bases para acabar con el rezago educativo a través de implantar políticas públicas centradas en este rubro, y que tendrán que contar con la participación, la colaboración y el apoyo del magisterio nacional.

Población de 5 años que no asiste 530.2 miles de personas, 23.6 por ciento

Población de 6 a 11 años que no asiste 687.7 miles de personas, 5.2 por ciento

Población de 12 a 14 años que no asiste 930.0 miles de personas, 14.5 por ciento

Esta situación de rezago educativo mantiene una relación directa con las condiciones de pobreza, marginación, abandono y exclusión social de que son objeto nuestros pueblos indígenas. Muchas veces, los gobiernos federal y estatales utilizan como pretexto que la población que está marginada de los servicios educativos es porque habita en localidades apartadas, alejadas y dispersas de los centros urbanos; pero cuando esos pueblos, en coordinación con sus autoridades, deciden juntar esfuerzos para terminar con los rezagos y solicitan los apoyos necesarios de los gobiernos federal y estatales, la respuesta siempre es negativa.

Si a eso agregamos que la pobreza impide que los niños y los jóvenes continúen la educación, porque muchas veces tienen que iniciar a trabajar en edad temprana y no establecemos una estrategia de adecuada atención a esas necesidades, entonces nos estamos negando a la posibilidad de que el gobierno contribuya a romper ese círculo vicioso que genera la pobreza y el analfabetismo.

Por otra parte, según cifras oficiales, la población indígena de nuestro país asciende a más de 12 millones 400 mil indígenas, de los que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Educación Indígena, atiende a 1 millón 311 mil 215 niños indígenas en edad de cursar preescolar y primaria, mientras que el Programa de Atención Educativa a Población Indígena del Consejo Nacional para el Fomento Educativo atiende aproximadamente a 30 mil.

Los servicios de la DGEI de la SEP se ofrecen a 49 pueblos en 24 de las 31 entidades federativas del país. La cuarta parte de las escuelas primarias es unitaria, es decir, un solo maestro atiende simultáneamente a niños de los diferentes grados. Para apoyar la educación bilingüe se cuenta con libros de texto gratuitos en 33 lenguas indígenas, con una producción aproximada de 1.2 millones de libros, que comprenden 189 títulos, para satisfacer las necesidades educativas de 55 variantes dialectales.

Los esfuerzos del Estado por una educación bilingüe de calidad se han concentrado en la educación inicial, preescolar y primaria. Quedan excluidas la educación secundaria, la media superior y la superior. Una demanda de los pueblos indígenas es la ampliación de la educación intercultural bilingüe en todos los niveles educativos.

De ahí que en el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se señalara que "abatir el rezago educativo en la población indígena es tarea primordial y que implica un desafío en materia de motivación, diseño de currículum, elaboración de materiales y atención con un enfoque intercultural y cercano a los intereses y las necesidades de esta población".

Considero fundamental que haya disposición de nuestras autoridades federales para que, en el marco de lo que establece la Ley General de Educación, se posibiliten la concurrencia y colaboración entre autoridades de los distintos niveles de gobierno para fomentar la educación indígena, para revalorar la importancia de la educación bilingüe intercultural.

No pretendo presentar una reseña de lo que han realizado los gobiernos anteriores y el actual en materia de educación indígena, pero sí señalar que hemos observado mínimos avances y cambios en la incorporación de nuevas metodologías y programas dirigidos a la población indígena, que toman en cuenta las nuevas corrientes pedagógicas en la enseñanza bilingüe, en el sentido de apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas, revalorizando su cultura, su identidad, acorde con la situación histórica de cada etnia, pero diversos especialistas refieren que nuestra educación indígena enfrenta una serie de obstáculos.

1. Los profesores indígenas bilingües se caracterizan por su deficiente capacitación; no cuentan con formación pedagógica adecuada para desarrollar programas tan ambiciosos de una educación bilingüe bicultural o intercultural. El conocimiento que poseen del español se remite únicamente a la enseñanza de las primeras letras.

2. La mayoría de los profesores bilingües aculturados se resiste a poner en práctica los programas bilingües para dar prioridad al español; en unos casos porque ya no conocen su propia lengua y en otros porque no son hablantes de la lengua donde enseñan como maestros.

3. En el ámbito de las comunidades, la lengua indígena aún es considerada inferior y los padres de familia se oponen a que sus hijos sean educados en su propia lengua.

4. Una buena parte de las escuelas del medio indígena carecen de materiales didácticos adecuados.

5. La calidad del servicio educativo en las comunidades indígenas continúa siendo deficiente.

Estas observaciones, que presentan algunos especialistas, podemos constatarlas cuando realizamos recorridos por las comunidades indígenas del país; pero, de igual manera, también somos testigos de que en algunas comunidades se ha comenzado a revalorar la importancia de recibir educación indígena.

Quiero señalar aquí que uno de los principales retos en materia educativa es el apoyo que debe darse a los jóvenes indígenas para continuar su formación educativa hasta el nivel medio superior y superior, ya que muchas veces, y pesar de que los jóvenes indígenas tengan deseos de continuar la preparación académica, se enfrentan a una realidad dolorosa: la imposibilidad de continuar estudios superiores, lo que se debe a diversas razones:

1. No cuentan con recursos para trasladarse a la capital del estado o algún centro urbano, que les representaría gastos económicos que no pueden cubrir.

2. No cuentan con una institución superior que rescate y reconozca su identidad indígena y revalore a través de las carreras que imparte las necesidades propias de la región, de los pueblos y de los propios estudiantes.

3. Desdén y desinterés de los gobiernos federal y estatal de impulsar, reconocer y apoyar los esfuerzos de las comunidades indígenas y sus autoridades para reconocer los proyectos educativos que impulsan en beneficio de su región, de sus jóvenes.

4. Caso especial, y hay que reiterarlo, son los proyectos educativos impulsados por algunos gobiernos estatales, como el de Mochicahui, en Sinaloa, y de las autoridades municipales de la zona norte de Chiapas, que hasta el momento no han recibido apoyos de los gobierno federal y estatal, respectivamente, y que por el contrario han sido atacados de manera por demás vergonzosa.

De ahí que sea necesario establecer de manera clara en la Ley General de Educación la responsabilidad que la federación, los gobiernos de los estados y los municipios deberán tener hacia los pueblos y las comunidades indígenas de país, principalmente en lo relativo a su formación educativa.

En los últimos años, el presupuesto destinado a la educación tiende a disminuir; y en materia de educación indígena no se le ha otorgado la atención necesaria.

En una solicitud presentada al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados para determinar el gasto en educación indígena en los últimos seis años del gobierno del presidente Vicente Fox se encontró que el gasto identificado para educación indígena es de 2 mil 270 millones de pesos, que equivale a 0.69 por ciento respecto al gato total en educación y únicamente a 0.03 por ciento del producto interno bruto destinado a la educación; que equivale a destinar para el millón 311 mil 215 alumnos del sistema de preescolar, primaria y secundaria la cantidad de mil 731 pesos por estudiante; pero esto no considera a los estudiantes indígenas de los niveles medio superior y superior.

De igual manera, se observa cómo dependiendo de los criterios políticos el presupuesto destinado a educación indígena se aumenta o disminuye; y debemos terminar con esos criterios.

De ahí que con esta propuesta se busque incidir de manera directa y a través de la Ley General de Educación en la obligatoriedad del Estado mexicano de garantizar un techo presupuestal mínimo para la educación de nuestros pueblos indígenas, a fin de terminar con siglos de abandono, marginación y analfabetismo en que se encuentran.

Por todo lo anterior, el suscrito, diputado del partido de Convergencia, somete a la consideración de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión el presente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 25, 32, 33, fracciones I, II y VIII, y 34 de la Ley General de Educación

Artículo 25. El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto públicos correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -federación, entidades federativas y municipios- destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor de 8 por ciento del producto interno bruto del país. De dicho monto se destinarán 0.5 por ciento del PIB a la educación indígena y al menos 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas...

...

Los gobiernos de las entidades con población indígena aplicarán los recursos correspondientes por concepto de educación indígena al que se refiere el párrafo primero de este artículo de manera íntegra y exclusiva al fortalecimiento de la educación indígena en todos sus niveles.

...

Artículo 32. .......

Dichas medidas estarán dirigidas de manera preferente a los pueblos y las comunidades indígenas, grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja.

Artículo 33. Para cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar localizadas en pueblos y comunidades indígenas o zonas urbanas marginadas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades;

II. Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que realicen su servicio en pueblos y comunidades indígenas o zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades;

III. a VII. ...

VIII. Desarrollarán programas para otorgar becas y demás apoyos económicos a educandos, considerando de manera especial a los estudiantes de origen indígena;

IX. a XIII. ...

...

Artículo 34. Además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de las entidades federativas con población mayoritariamente indígena y en la que se presenten mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se concierten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos.

El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa impulsarán proyectos de innovación educativa, en los niveles de educación básica, secundaria, media superior y superior con un enfoque intercultural, con la intención de su eventual aprobación como modelos educativos en los niveles señalados.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.

Diputado José Luis Varela Lagunas (rúbrica)

QUE REFORMA EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, A CARGO DEL DIPUTADO ISRAEL BELTRÁN MONTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal Israel Beltrán Montes, en nombre de los diputados federales del sector agrario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta asamblea iniciativa de reforma del artículo tercero transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006" sustentado en lo siguiente:

Exposición de Motivos

El espíritu esencial de la creación de marcos jurídicos se refiere al establecimiento de normas que faciliten la convivencia pacífica entre los individuos, lo que implica la búsqueda primordial del bien común.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se instituye como la base fundamental del orden jurídico mexicano; el principio de homogeneidad es un principio básico para su funcionamiento. Ante ello, las normas secundarias deben invariablemente observar este precedente.

Cuando los integrantes de un congreso privilegian las convergencias por encima de las divergencias, es posible llegar a acuerdos productivos. Se realiza un fuerte trabajo intelectual con la consideración invariable de los fenómenos sociales, a través del ineludible respeto de las necesidades reales de nuestros representados.

En este sentido, durante la elaboración de la Ley de Energía para el Campo, los diputados de la LVIII Legislatura construimos un espacio donde nuestras agendas coincidieron al grado de permitirnos votar una ley con mayoría absoluta.

Consideramos las condiciones de subdesarrollo del campo mexicano y la necesidad de fortalecerlo en el marco de la globalización y de un tratado de libre comercio donde nuestros socios comerciales aplican una política preferencial de precios para los energéticos utilizados para la agricultura, subsidiando los costos reales de su actividad agropecuaria, mientras que en nuestro país la falta de precios preferenciales hace que el costo de los energéticos usados en el campo aumente de 100 a 500 por ciento, en desventaja del costo de las cosechas, que en algunos casos valen lo mismo que en 1994, y en otros, han empequeñecido su valor hasta en 40 por ciento menos.

La Ley de Energía para el Campo establece el "uso estratégico para el desarrollo nacional" a todos los energéticos que se utilizan en el sector agropecuario, además de ordenarlos, regularlos y reglamentarlos para que tengan precios estratégicos y preferenciales que incentiven su reactivación y desarrollo.

En virtud de su consenso, esta ley cuidó ser integral para que su cobertura fuera lo más amplia posible. Por ello durante su redacción se estableció en el artículo 5, párrafo cuarto, lo siguiente: "Los precios y tarifas de estímulo que se autoricen para las diferentes actividades agropecuarias serán iguales para todos los productores del país".

Sin duda, la ponderación de éstos y otros argumentos fue producto del análisis y la discusión propios de una asamblea democrática con una preocupación inequívoca por el establecimiento de normas que beneficien a la mayor cantidad de mexicanos.

En este contexto y durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 se destinaron 51 mil 14.1 millones de pesos, como presupuesto de la Sagarpa, de los cuales en el artículo tercero transitorio se asignan poco más de 685 millones en beneficio de los productores agropecuarios, con el propósito de disminuir el impacto en los costos de producción por el concepto de energía eléctrica en el bombeo de agua para riego de cultivos agrícolas.

Sin embargo, en la parte final del artículo se expone: "Este apoyo será entregado únicamente a los usuarios que no tengan adeudos superiores a 200 mil pesos con la Comisión Federal de Electricidad".

La redacción en esos términos contrapone lo establecido en el precepto con lo previsto en la Ley de Energía para el Campo, en el artículo 5, referente a la igualdad de apoyos; y sobre todo cuestiona el accionar de los legisladores que, convencidos, votaron una ley de manera unánime.

Por ello, los diputados del sector agrario del Partido Revolucionario Institucional proponemos la reforma del artículo tercero transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, sustentados en la contradicción de los preceptos ya referidos, de la siguiente forma:

Iniciativa

Dice: "Se asignan $685, 600, 000.00 en el Presupuesto de la Secretaría de Agricultura durante el 2006, para disminuir, en beneficio de los productores, el impacto en los costos de producción por el concepto de energía eléctrica en el bombeo de agua para riego de cultivos agrícolas. Este apoyo será entregado únicamente a aquellos usuarios que no tengan adeudos superiores a los 200 mil pesos con la Comisión Federal de Electricidad".

Se propone que diga: "Se asignan $685, 600, 000.00 en el presupuesto de la Secretaría de Agricultura durante 2006, para disminuir, en beneficio de los productores, el impacto en los costos de producción por el concepto de energía eléctrica en el bombeo de agua para riego de cultivos agrícolas".

Transitorio

Esta medida entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, Palacio Legislativo, a 17 de octubre de 2006.

Diputado Israel Beltrán Montes (rúbrica)

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, A CARGO DE LA DIPUTADA BERTHA YOLANDA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita diputada integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa por la que se adicionan los artículos 11-A, 12-A, 30-A, 30-B, 30-C y reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La adición que se propone de los artículos 11-A, 12-A, 30-A, 30-B, 30-C y reforma del artículo 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, tiene perfectamente claro y establecido el bien jurídico tutelado de la protección de un área prioritaria establecida en nuestra Carta Magna así como del usuario mexicano o extranjero para que las empresas del ramo presten un servicio de magnífica calidad, eficaz, eficiente y con tarifas que promuevan la utilización de la comunicación vía satélite que se opera y presta con posiciones orbitales geoestacionarias asignadas a México así como se proteja esta área prioritaria, por lo que para ello se le otorgan facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la finalidad de que no sea un simple espectador sino participe en los procesos de transmisión, enajenación, cesión y venta de acciones representativas del capital social en sociedades concesionarias de comunicación vía satélite que operan y explotan posiciones geoestacionarias asignadas al país, sea que la tenencia accionaria y por tanto el control y toma de decisiones corporativo sea directo, indirecto o piramidado, ya que todos estos elementos deben ser regulados sin que dejar lugar a dudas o interpretaciones subjetivas que logren transmitir certeza y seguridad jurídicas.

México no puede ser un país que se mantenga al margen del fenómeno de la globalización económica y cultural que hoy en día se está experimentando y que no deja lugar a actividades o manifestaciones fuera, por lo que no es el caso hacerlo en las comunicaciones, pero sí es necesario cuidar el buen funcionamiento de las concesiones de industrias y áreas prioritarias que el capítulo económico de la Constitución ha establecido.

Se ha considerado la necesidad de establecer una modificación legal de fondo en la regulación concreta dentro de la esfera del Derecho Administrativo (Ley Federal de Telecomunicaciones).

Por ello las reformas y adiciones que se proponen respecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) son con la finalidad de establecer desde el punto de vista técnico - jurídico sustantivo las normas que deben regular la venta, enajenación o adjudicación de acciones representativas del capital social en empresas que cuentan con concesión por parte del Estado por ser áreas prioritarias para operar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias asignadas a México que son a las que se refiere el artículo 29 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

El sustento de la reforma radica en la base misma de la Constitución como decisión política fundamental de la nación, en la cual se contienen las normas y principios esenciales del orden jurídico y que conforman la realidad con arreglo a sus disposiciones.

La Constitución es una norma suprema de la cual derivan todas las demás, sólo a través del derecho adquiere permanencia el orden social.

Por ello en estas adiciones y reformas se logra el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos, buscando la conexión de la norma con la realidad social a través de lo dispuesto en la Carta Magna como un esquema normativo integrador y programático del desarrollo integral de la colectividad.

El establecimiento de la rectoría económica del Estado implicó ratificar el espíritu constitucional de que el Estado (a través del gobierno) pasara de testigo mudo del proceso económico al de regulador y actor del mismo.

En este sentido debe existir por parte del Estado una clara definición de la regulación que permita la libre competencia, libre concurrencia, protección al consumidor o usuario así como vigilar por el desarrollo de la economía mixta que el "capítulo económico" de la Constitución plantea.

En este sentido cabe resaltar los siguientes hechos:

1. La reforma del artículo 28 constitucional en el año de 1983 estableció con toda claridad las siguientes áreas estratégicas: acuñación de moneda, correos, telégrafos, radiotelegrafía y la comunicación vía satélite.

2. Durante 12 años la comunicación vía satélite fue considerada al nivel de la Ley Suprema como área estratégica.

3. La reforma del artículo 28 constitucional en el año de 1995 cambió a la comunicación vía satélite de área estratégica a que sea considerada área prioritaria, con la finalidad de llevar a cabo su desincorporación (privatización).

Los fundamentos y motivos que respaldan la necesidad de la rectoría del Estado, así como la trascendencia de las áreas prioritarias (comunicación vía satélite) dan el marco adecuado para dirigir la argumentación de los temas a la imperiosa necesidad de la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones para prever una mejor regulación y cuidado de la industria y empresas dedicadas a estas áreas prioritarias.

Respecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones es necesario crear un artículo 11-A, hacer adiciones en el artículo 12, y adicionar el artículo 12-A, para hacer una salvedad o excepción de que en tratándose de comunicación vía satélite que utilice posiciones orbitales asignadas al país debe existir un porcentaje de inversión mexicana entre el 80% y 100%, disponer preferencia para mexicanos, en todo caso disponer que efectivamente tengan la mayoría de inversión mexicana para evitar el incremento de la participación extranjera a través de la simulación jurídica que se crea por esquemas piramidados y la utilización de la figura de inversión neutra;

Es necesario crear un capítulo dentro de los artículos 29 a 35 porque en dicho capítulo no se prevé el hecho de la venta de acciones de las empresas a las que se otorgó la concesión de comunicación vía satélite y someterla a un procedimiento específico, sea cual sea el origen, motivo y montaje de dicha venta, enajenación y/o adjudicación, incluida una situación de concurso mercantil o quiebra.

La Ley Suprema establece un carácter de excepción que debe ser protegido en beneficio del interés general (interés social, interés público, bien común, seguridad nacional), por lo que las omisiones o lagunas detectadas en la Ley Federal de Telecomunicaciones hacen necesario una reforma y adición específica que tutele los casos de las empresas de áreas estratégicas y de áreas prioritarias.

Es necesario que el Poder Legislativo haga estas reformas y dote de facultades al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que regule la venta, enajenación y/o adjudicación de acciones representativas del capital social conteniendo la hipótesis de que sea consecuencia de un juicio o proceso de cualquier índoles incluso el concurso mercantil o quiebra, respecto de una empresa que represente, sea y/o forme parte de las áreas prioritarias para el Estado conforme a la rectoría económica del mismo, que cuenten con concesiones para operar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias asignadas al país y con ello cumplir con lo dispuesto en el artículo 28 constitucional.

Con esta reforma se disponen los parámetros para contar con principios de independencia respecto de la forma de privatización o desincorporación de este tipo de empresas o áreas y su reprivatización o reincorporación.

Es necesario hacer las reformas de la LFT para evitar la problemática que ha implicado para el país el hecho de no haber tenido bien regulado los casos de los rescates (carretero, bancario) económicos no tienen que ver sólo con las finanzas públicas sino que se realicen y cumplan los objetivos de la rectoría económica del Estado.

El espíritu de la reforma corrige el concepto de desregulación para que el mismo no tenga ni deba tener el sentido que le dieron los economistas como un relajamiento sino el concepto real de una regulación clara que garantice que se puede acceder a un mercado o sector cumpliendo los requisitos que dispone la ley, vigilar no sólo que le vaya bien económicamente a la empresa sino que se cumpla con el bien común.

El Estado no debe constreñirse a cuidar o vigilar a los agentes económicos, sino privilegiar la protección del área o sector en beneficio del usuario a través de una sana y libre competencia, así como libre concurrencia, ya que aunque parezca redundante sin usuarios no tiene razón de ser la producción o la prestación de servicios en ningún área.

Es necesario evitar los casos y ejemplos de problemática mal cuidada en su regulación para su desincorporación, su reprivatización y nueva privatización o venta, como en el caso de la aviación y bancos.

En este sentido cabe recordar que con respecto a los bancos, la mala situación y la falta de cuidado en las concesiones y la urgente necesidad evitar la quiebra de los mismos y la afectación de los usuarios "ahorradores", depositantes, hizo que se convirtiera en deuda pública.

Respecto a la aviación se ha tardado en llegar un despegue de esta área hasta la llegada de las líneas áreas de bajo costo (conocidas por su denominación en inglés "low cost") y de todas formas existe una regulación que tiene deficiencia y discrecionalidad que no da certeza completa al sector y esto finalmente tiene afectación al usuario y al desarrollo y crecimiento del área.

Asimismo la mala regulación hizo que en materia de aeropuertos, el mal otorgamiento y diseño de la concesión implicara que quienes licitaron y finalmente se convirtieron en concesionarios tengan la facilidad de "descremar" el mercado sin que tengan obligación alguna de mejorar, desarrollar y mantener la infraestructura de los aeropuertos concesionados, por lo que al final de dichas concesiones entregarán una infraestructura aeroportuaria muy deficiente, por lo que no se tiene ni se tendrá la infraestructura adecuada para el país.

Con relación a los bancos, la reprivatización causó, además de un costo excesivo y muy alto para el Estado, que este proceso resultara en que casi el 100 por ciento de los mismos sea propiedad de bancos extranjeros, de acuerdo a sus "autorizaciones", que ya no son concesiones, por lo que no tienen ninguna obligación de cumplir con el objetivo y definición clásica de banca (captar recursos del público y colocarlo); no tienen ninguna obligación de colocar un mínimo de los recursos que captan por lo que se dan el lujo de reducir y hasta nulificar el crédito en muchos sectores; se enfocan mucho al crédito al consumo (tarjeta de crédito) y en este tenor viven del cobro de comisiones, en síntesis no cumplen con el objetivo primordial de captar dinero y colocarlo.

Otro caso desastroso es el de los ferrocarriles cuya desincorporación no fue bien manejada, el Ferrocarril del Noreste (TFM) se licitó excesivamente caro y posteriormente el Estado licitó otros ferrocarriles a valores muy bajos, creando una inequidad y desigualdad en la competencia, además de que con ello afectó la viabilidad de cada empresa. En este sector ha creado la problemática de que el principal ferrocarril quedara en manos de una empresa americana (Kansas City Southern), poniendo en proceso de concurso a otra de las concesionarias, existiendo quejas constantes en el cabotaje (o sea en la prestación del servicio interno o doméstico) pues se han dedicado KCS a privilegiar la transportación del Pacífico hacia el norte (EUA) afecta al usuario nacional y con ello al bien común que se persigue en esta área prioritaria.

Hoy en día en materia de telecomunicaciones, se tiene una situación similar a la de los ferrocarriles, donde una sola empresa que representa toda la industria satelital mexicana fue desincorporada a un precio elevadísimo, obligando a un apalancamiento excesivo. Posteriormente el Estado (SCT) abre el mercado de manera indiscriminada y con total falta de visión, creando inequidad, competencia desleal y causando, con varios de sus actos, la falta de viabilidad de esta industria poniéndola al borde de la quiebra y tendiendo que entrar en concurso mercantil, favoreciendo a una serie de acreedores extranjeros que en muchos casos implican a prestadores del mismo servicio que tienen intereses en conflicto y prefieren exprimir a la empresa que buscar su viabilidad.

En esta área prioritaria de las telecomunicaciones (satélites) el Estado buscó cuidar más su posición como accionista y acreedor que cumplir con su papel de regulador de una industria.

El Estado a través de la SCT, tuvo una intervención inoportuna, ineficiente e ineficaz, anteponiendo sus temores político/fiduciarios a sus deberes como autoridad responsable de un servicio prioritario y concesionado. Dicha intervención, trajo como resultado: una pérdida financiera superior a 220 millones de dólares como accionista, de al menos 200 millones de dólares como acreedor y puso en riesgo la continuidad del servicio concesionado al haber podido perder todos los activos de la sociedad en una quiebra favorecedora a acreedores extranjeros.

Todos estos casos muestran que la regulación debe ser muy cuidada, los ejemplos anteriores no buscan una crítica destructiva sino que deben servir para observar lo que debe ser corregido y por tanto marcar lo que se debe de hacer.

En las regulaciones a nivel internacional para proteger este tipo de áreas estratégicas y prioritarias lo que se ha hecho es:

1. Elevar los requerimientos y elementos técnicos que deben cumplirse para obtener concesión o explotación.

2. Elevar los requerimientos y elementos financieros que deben cumplirse para asegurar la continuidad de la operación y explotación.

3. Facultades regulatorias expresas no discrecionalidad, en beneficio de certeza y seguridad jurídicas.

Por ejemplo en el caso de Teléfonos de México, SA de CV (Telmex) para otorgarle la concesión se establecieron una serie de reglas y obligaciones dentro de dicho instrumento para que se creara una infraestructura digna (buenas casetas, cableado, digitalización, cobertura social) y las telefónicas extranjeras en sus concesiones han buscado solamente atacar zonas residenciales, líneas corporativas, zonas urbanas y larga distancia sin querer asumir obligación alguna de cobertura social, buscando "descremar" el mercado, y exigiendo cuestiones en su beneficio sin crear infraestructura en esta área prioritaria de las telecomunicaciones.

En realidad existe precariedad en la Ley Federal de Telecomunicaciones y por ello la necesidad de reformar y adicionar la ley para prever normas y disposiciones concretas de la venta de acciones dentro de un concesionario de comunicación vía satélite, sea que dicha venta derive o no derive de un concurso mercantil o quiebra, sustentando en que es un área prioritaria.

Se debe regular la intervención de la autoridad reguladora para vigilar que quién adquiere reúne los mismos requisitos que se exige para el otorgamiento de la concesión y para ganar una licitación, así como otros adicionales porque la mala situación financiera en que puede encontrarse o la forma en que se ha estado operando la concesionaria requiere de un grado mayor de certeza para asegurar la viabilidad y continuidad de la explotación de la concesión y que la misma proteja el bien común.

Debe reglamentarse dentro de la LFT la solución para generar viabilidad y respetar el interés público de mantener las empresas en marcha con criterios concretos en la ley y establecer los mecanismos previos para afirmar la viabilidad de una industria prioritaria con sustento en la certeza y seguridad jurídicas.

Garantizar, en los casos de ventas, enajenación y/o adjudicación de acciones representativas del capital social, que en las empresas, sectores y/o áreas prioritarias se respeten los montos máximos de participación de capital extranjero y de capital nacional, (por ejemplo, como en el caso de satélites que el monto de inversión nacional debe ser del 51 por ciento y de extranjera del 49 por ciento); evitar casos de simulación con sustento en inversión neutra y otro tipo de figuras que permiten el control en la práctica, y que en lo formal dejan responsabilidad al Estado como accionista y como responsable de la toma de decisiones.

En este sentido, respecto de concesionarias que operan y explotan posiciones orbitales geoestacionarias asignadas al país debe regularse una participación mayor de mexicanos y reducir la inversión extranjera, ya que en este sentido es necesario también proteger la soberanía y seguridad nacionales.

La reforma garantiza en los casos de venta, enajenación y/o adjudicación de acciones representativas del capital social de sociedades que explotan áreas prioritarias que se generen los criterios claros, concretos y sin discrecionalidad en la autoridad administrativa para autorizar una venta, enajenación, adjudicación y/o transmisión de acciones representativas de capital social de una empresa que pertenezca al sector o área prioritaria.

La normatividad será aplicable sea cual fuere el origen de la operación o el instrumento de su adquisición (por ejemplo transmisión de derechos fiduciarios, escisión, fusión, adquisición, creación de holding, capital neutro, etcétera).

Uno de estos criterios será otorgar derechos de preferencia para adquirir a mexicanos a través de sociedades mexicanas: primero, con cláusula de exclusión de extranjeros, sin inversión neutra; segundo, a mexicanos a través de sociedades mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros sin inversión neutra; tercero a sociedades mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros con inversión neutra, estableciendo el piso y techo de participación extranjera y mecanismos que eviten la piramidación y simulación de control.

Garantizar que sean mexicanos o sociedades que hayan tenido experiencia en la industria, sector o área de que se trate (como en este caso en la industria satelital, área prioritaria de las telecomunicaciones).

Establecer los parámetros de riesgo país para exigir en la regulación mejores condiciones técnicas, económicas y tener una posición como Estado más firme y concreta diluyendo al máximo posible la discrecionalidad de las autoridades regulatorias para evitar cambios bruscos en la política que impiden dar la certeza y seguridad jurídicas necesarias para el inversionista, máxime en situaciones donde podría ser una solución el ingreso de un agente con liquidez y capacidad de financiamiento.

Se busca establecer mecanismos de financiamiento adecuados en México a los interesados. Estos apoyos financieros fortalecerán la legitimación de la oportuna intervención del Estado en caso de presentarse una problemática operativa/financiera de la concesionada.

Exigir la implementación de un plan de negocios, la probanza de su solvencia, su liquidez y su capacidad de endeudamiento así como la oferta de las fuentes de recursos, para evitar situaciones donde quienes (obtienen la concesión) adquieren las acciones, representativas del capital social de una empresa de área prioritaria, no puedan lograr mantenerla y poner en riesgo al área prioritaria de que se trate.

Respetar el espíritu de la ley, y evitar que quienes adquieren las acciones de empresas de áreas prioritarias sean operadores extranjeros porque pueden tener más interés en terminar con un competidor o crearle condiciones que lo expongan, regulando de manera expresa condiciones que deben estipularse en estas operaciones y en los convenios y contratos financieros.

Se dispone un articulado concreto de autorización para adquirir con base en claros y estrictos parámetros de capacidad técnica, experiencia previa, capacidad financiera, normatividad, ley.

Se requerirá de un análisis financiero que demuestre del propio flujo no se pueden adquirir y pagar estas concesiones y adquisiciones que se deben prever en todos los casos "fondos perdidos" de por lo menos un 20 por ciento, ya que de otra forma la transmisión, enajenación, cesión y/o venta de acciones de las concesionarias implicará un muy alto riesgo de que las empresas fracasen, caigan en concurso mercantil o quiebra.

Por ello se prevé la necesidad de acreditar la fuente precontratada para el financiamiento con el que se puede pagar muy caro una concesión o aprovechamiento, así como acreditar fondo, disponibilidad y sostenimiento de capital (equity).

La finalidad es proteger el bien común, proteger al usuario y por tanto el Estado debe tener facultades claras, concretas y no discrecionales para decidir quien compra y quien no puede comprar una empresa en estas áreas prioritarias.

Se logra prever la intervención oportuna del Estado, a través del regulador (dependencia del Ejecutivo) en caso de síntomas de inviabilidad operativo/financiera de la empresa concesionada para actuar a tiempo y en forma en caso de que se saliera del plan original de concesión/desincorporación.

Por ello al Poder Legislativo, donde radica la soberanía del pueblo, y como órgano encargado de crear las leyes que nos rijan con visión, por lo menos, de mediano plazo nos es obligado realizar las adecuaciones, adiciones, modificaciones a la ley que sean pertinentes para que nuestros gobernados tengan una legislación de vanguardia y acorde con el ámbito internacional, dejando atrás los principios dogmáticos de generalizar en la apertura total por la globalización sin tomar en cuenta el caso específico de cada tipo de industria, como es el caso de la industria de la comunicación vía satélite y en especial la que se presta, opera y explota a través de posiciones orbitales geoestacionarias asignadas a México, por lo que la ley debe evolucionar y adecuarse a los tiempos en que nos toca vivir, por lo que es urgente la adición y reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que se verá reflejado en la interpretación y resoluciones que tomen las autoridades competentes y evitar que las normas jurídicas e interpretaciones actuales nos continúen impidiendo tener una mentalidad más abierta que permita el desarrollo económico y social de esta área prioritaria, por no querer entender que todo ha sufrido una evolución y que es necesario adecuarse a los tiempos que nos toca vivir, pues es aquí donde el principio filosófico del devenir toma plena vigencia.

Es por ello indispensable olvidarse de normatividad que impide al gobierno de México impulsar la revitalización del sector de la industria mexicana de la comunicación vía satélite y así competir leal y exitosamente en el ámbito de la economía globalizada internacional, sustentado adecuadamente en el fortalecimiento y presencia de esta industria nacional prioritaria.

La adición que se propone para la Ley Federal de Telecomunicaciones refleja claramente la intención del Estado mexicano de que su industria de comunicación vía satélite a través de posiciones orbitales geoestacionarias asignadas a México se desarrolle en circunstancias de igualdad mundial y no con desventajas, por lo que dicha comunicación vía satélite es considerada como área prioritaria para el desarrollo nacional.

Todo lo anterior, con el único y exclusivo objetivo de que esta actividad sea considerada como una actividad prioritaria para el desarrollo nacional de acuerdo al artículo 28 de nuestra Carta Magna en todos sus aspectos, lo cual permite que exista regulación jurídica recíproca y equitativa en la realidad, sobre todo entre las empresas nacionales y frente a las organizaciones extranjeras, que permitan a la industria nacional de la comunicación vía satélite en el corto plazo terminar con las desventajas, asimetrías y competencia desleal.

Esta adición, contempla la protección al usuario y a fomentar que cuente con una mayor oferta del servicio por el crecimiento de la industria de la comunicación vía satélite, a la ley propone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes regule el aspecto de la transmisión, enajenación, cesión y/o venta de las acciones de empresas concesionarias de posiciones orbitales geoestacionarias asignadas a México, para proteger al público en general y a los usuarios y así evitar que se puedan dar prácticas monopólicas relativas o absolutas, ya que debe quedar claro que al ser una actividad o área económica prioritaria para el Estado mexicano no pueden considerarse que hay monopolio, sobre todo por lo expuesto con anterioridad y tomando en cuenta que es indispensable para el desarrollo del país.

En este sentido la adición de los artículos 11-A, 12-A, 30-A, 30-B, 30-C y la reforma del artículo 12 a la Ley Federal de Telecomunicaciones es reflejar la expresión de las necesidades de México para el adecuado desarrollo y crecimiento de la industria nacional de la comunicación vía satélite que es urgente, necesaria e indispensable por ser un área prioritaria en términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Conclusión

La ley suprema establece un carácter de excepción que debe ser protegido en beneficio del interés general (interés social, interés público, bien común, seguridad nacional), por lo que las omisiones o lagunas detectadas en la Ley Federal de Telecomunicaciones hacen necesario una reforma y adición específica que tutele los casos de las empresas de áreas estratégicas y de áreas prioritarias, en los que a través de la venta de acciones de dichas sociedades el Estado, a través del Ejecutivo federal, deja de ejercer sus facultades de regulador y queda como simple espectador.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración del honorable Constituyente Permanente, por conducto de esta Cámara de Diputados, el siguiente decreto:

Por el que se adicionan los artículos 11-A, 12-A, 30-A, 30-B, 30-C y reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Primero. Se adicionan los artículos 11-A. 12-A, 30-A, 30-B, 30-C, para quedar como sigue:

Artículo 11-A. Se requiere de aprobación y autorización expresa de la Secretaría para adquirir acciones de las sociedades mercantiles o personas morales que:

I. Cuenten con una concesión para ocupar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales asignadas al país, y explotar sus respectivas bandas de frecuencias; y

II. Exploten los derechos de emisión y recepción de señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional.

Artículo 12-A. La transmisión de las acciones de sociedades mercantiles o personas morales que ya cuenten con concesiones relativas a los casos que disponen las fracciones III y IV del artículo 11 de esta ley solamente se aprobarán y autorizarán por parte de la Secretaría a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. La participación de la inversión extranjera, en ningún caso, podrá exceder del 20 por ciento, y para contar con una inversión mayor, que únicamente puede llegar hasta el 49 por ciento,) se requerirá resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para el caso concreto.

Sección IV Bis

Artículo 30-A. La transmisión de las acciones de sociedades mercantiles o personas morales que ya cuenten con concesiones relativas a los casos que disponen las fracciones III y IV del artículo 11 de esta ley, con sus respectivas bandas de frecuencias y derechos de emisión y recepción de señales se otorgarán mediante procedimiento de licitación pública al que se refiere la Sección II del presente capítulo, sin que el gobierno federal pueda requerir una contraprestación económica en virtud de que la misma ha podido ser cubierta con anterioridad al momento del otorgamiento de dichas concesiones conforme dispone el artículo 29 de esta ley.

Tratándose de dependencia y entidades de la administración pública federal, la Secretaría otorgará mediante asignación directa dichas posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas satelitales.

Artículo 30.B. La solicitud para obtener la aprobación y autorización de la Secretaría para la transmisión de acciones de sociedades mercantiles o personas morales que cuenten con concesiones a las que se refieren las fracciones III y IV del artículo 11 de esta ley, debe estar acompañada de los documentos que permitan acreditar lo siguiente:

I. Por lo que respecta a la capacidad técnica, un estudio técnico operativo, que contenga lo siguiente:

a) La descripción de las características principales del servicio o servicios que pretende proporcionar;

"b) La relación de personal directivo y gerencial que tendrá a su cargo las áreas de mantenimiento, operaciones y, en su caso, de aseguramiento de la calidad o seguridad de la comunicación vía satélite, así como los jefes de los técnicos responsables de la operación. Este personal deberá acreditar su conocimiento para ejercer dichas funciones, así como contar con experiencia laboral en el sector de comunicación vía satélite, de por lo menos dos años.

Las personas a que se refiere este inciso deberán presentar manifestación bajo protesta de decir verdad de que, en los últimos cinco años, no han sido sentenciados o sancionados por delitos o infracciones administrativas derivadas o relacionadas con el desempeño de sus funciones;

c) La relación del personal técnico de comunicación vía satélite disponible a emplear directamente o a través de terceros, de conformidad con las normas oficiales mexicanas correspondientes;

d) El documento, convenio o similar que acredite que tiene o tendrá la propiedad o legal posesión y el derecho de explotación de los satélites y equipos satelitales, que permita su exacta identificación, y

e) La relación de las estaciones terrenas transmisoras, instalaciones y demás infraestructura disponible para la prestación del servicio o servicios.

En el caso de que se acredite la capacidad técnica con una sociedad mercantil mexicana asociada, ésta deberá proporcionar lo señalado en los incisos b) y c), así como una descripción de la asistencia técnica que prestará el asociado solicitante y el documento idóneo en el que se haya establecido dicha asociación;

II. En relación con la capacidad financiera:

a) La documentación que acredite su solvencia económica;

b) Acreditar que el solicitante tiene acceso a los recursos financieros requeridos para operar y que éstos sean de disponibilidad inmediata. El solicitante deberá acreditar que por lo menos el cincuenta por ciento de los recursos financieros necesarios para sustentar la operación solicitada por los primeros doce meses, estarán suscritos y pagados en el capital social fijo, sin derecho a retiro por un periodo de doce meses a partir de la aprobación y autorización de la adquisición de las acciones representativas del capital social de la sociedad o persona moral que detenta la concesión;

c) Un plan de negocios que contenga, por lo menos:

i. Las bases o supuestos utilizados, el estudio de mercado o cualesquiera otra investigación realizada para calcular la demanda del mercado, los ingresos y los costos relacionados con la propuesta operativa;

ii. Un programa de inversión, de conformidad con las características del servicio que pretende prestar y su proyección a un plazo no mayor a tres años;

iii. Una proyección financiera detallada que refleje la operación propuesta por los tres años siguientes a la aprobación y autorización de la adquisición de las acciones representativas del capital social de la concesionaria con una base mensual para el primer año y trimestral para los subsecuentes, que incluya:

1. Una estimación tanto de los ingresos operativos como no operativos, clasificándolos, en su caso, en aquéllos que generará por sí mismo o a través de convenios con terceros, así como estimados, entre otros, de ingreso por hora de operación por tipo de satélite o servicio;

2. Una estimación de los costos operativos y no operativos por rubro de gasto, incluyendo todo tipo de costos, incluyendo costos medios variables desagregados;

3. Una estimación de la utilidad o pérdida neta para el periodo;

4. Una estimación del monto en efectivo que será necesario para cubrir las operaciones propuestas, considerando, por lo menos, instalaciones de apoyo y equipo; amortización de deuda; capital de trabajo y resultados operativos diferentes a depreciación y amortización, y

5. Una estimación del monto en efectivo que estará disponible, derivado de, por lo menos, deuda nueva; inyección de capital social; reducciones en el capital de trabajo; ganancias derivadas de la operación y depreciación y amortización;

6. Un balance general, y

d) Cualquier otra información que el interesado desee proporcionar que permita determinar que cuenta con recursos financieros suficientes para garantizar la viabilidad y seguridad de sus operaciones.

La información financiera presentada por el solicitante deberá prepararse con base en principios de contabilidad generalmente aceptados en México;

III. En lo que respecta a la capacidad jurídica:

a) La copia certificada de la escritura constitutiva, con sus modificaciones, inscrita en el Registro Público de Comercio, en cuyo objeto social conste como actividad principal, la prestación del servicio público de comunicación vía satélite;

b) La copia certificada del poder del representante legal otorgada ante fedatario público, y

c) En el caso de participación de inversión extranjera, la constancia de inscripción en el registro correspondiente, y

IV. En cuanto a la capacidad administrativa:

a) La relación de todas aquéllas personas que, de una u otra forma, contarán con poder de decisión administrativa, y financiera en la sociedad, entre otros, personas que detenten el control de la sociedad, miembros del consejo de administración o administrador único, o sus equivalentes.

b) En relación con las personas a que se refiere el inciso anterior, la manifestación a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo.

La Secretaría puede requerir que se aclare el contenido de la solicitud o la documentación que acompañe dentro de un término de treinta días hábiles, contados a partir del momento en que se presenten todos los requisitos.

Salvo lo establecido en el presente párrafo y las autorizaciones previstas en esta Sección, no se requerirá trámite adicional alguno para realizar la actualización de que se trata.

Artículo 30-C. Debidamente integrada la solicitud para obtener la aprobación y autorización para adquirir acciones del capital social de la concesionaria, la Secretaría ordenará publicar, a costa del interesado, un extracto de la misma en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de que los concesionarios que presten servicios de comunicación vía satélite o terceros interesados en la adquisición de acciones del capital social de la concesionaria manifiesten lo que a su derecho convenga, en un plazo de treinta días naturales.

El extracto a que se refiere el párrafo anterior deberá contener, cuando menos, la denominación o razón social del solicitante y su domicilio, las posiciones orbitales geoestacionarias y/u órbitas satelitales asignadas al país, con sus respectivas bandas de frecuencia, derechos de emisión y recepción de de señales que opera la concesionaria de la cual desea adquirir las acciones representativas del capital social, así como la relación de los satélites que utilizar y de los satélites nuevos que utilizaría.

Al resolver la solicitud de la Secretaría tomará en cuenta las manifestaciones que se hayan presentado conforme a lo previsto en el primer párrafo.

Segundo. Se reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 12. ...

...

En los casos del otorgamiento de concesiones que disponen las fracciones III y IV del artículo 11 de esta ley la participación de inversión extranjera, en ningún caso, podrá exceder del 20 por ciento, y para contar con una inversión mayor, que únicamente puede llegar hasta el 49 por ciento, se requerirá resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para el caso concreto.

Artículo Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de octubre de 2006.

Diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica)

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR VALENCIA DE LOS SANTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado Víctor Valencia de los Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 del Código Penal Federal, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el primer párrafo:

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Con fundamento en la disposición constitucional citada, hasta hace poco tiempo prevaleció el criterio de que la cadena perpetua o la prisión vitalicia eran consideradas penas inusitadas y trascendentales. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo ese criterio en diversas tesis jurisprudenciales, de las cuales rescatamos la parte medular en el siguiente resumen: ... Ha de concluirse que la prisión vitalicia o cadena perpetua es inusitada y, por tanto, prohibida por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que en la legislación mexicana la pena de prisión siempre ha tenido un límite determinado, por estimarse que cuando es de por vida es inhumana, cruel e infamante, y se aparta de la finalidad esencial de la pena establecida en el artículo 18 del propio ordenamiento, la readaptación social del delincuente. De esa manera, el criterio prevaleciente era que la finalidad de la pena y garantía del sentenciado es la readaptación social del delincuente sobre la base del trabajo, la capacitación y la educación como medios para lograr ese fin.

De acuerdo con ese criterio, según se señala en la misma tesis jurisprudencial, la legislación penal mexicana ha establecido un límite a través de la figura de la "pena máxima". Así, el artículo 25 del Código Penal Federal establece:

Artículo 25. La prisión consiste en la privación de la libertad corporal. Su duración será de tres días a sesenta años, y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. Se extinguirá en las colonias penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o la autoridad ejecutora de las penas, ajustándose a la resolución judicial respectiva. En los últimos años, principalmente en las últimas dos décadas, en que la criminalidad ha tenido un crecimiento explosivo y lacerante para la sociedad mexicana, los criterios sumariamente expresados con anterioridad han tenido que sujetarse a un proceso de revisión y rectificación.

El desarrollo del crimen organizado, el narcotráfico y el secuestro, así como delitos ominosos como los homicidios dolosos de mujeres y de niños, la corrupción de menores de edad, que incluye la prostitución y la pornografía infantiles, el concurso real entre conductas delictivas como el secuestro y el homicidio de mujeres y de menores; la violación y la corrupción, que incluyen la adicción de las drogas de infantes y menores, por citar algunos ejemplos, ha hecho reflexionar a la sociedad mexicana sobre la validez de los principios prevalecientes y ahora se proyecta con fortaleza la convicción de que el valor jurídico y social por proteger en diversos delitos de gravedad especial y que ofenden y lastiman sensiblemente a nuestra sociedad es la preservación y, en su caso, la restauración del orden jurídico y la seguridad pública. Lo anterior, aunado a la desconfianza en el sistema penitenciario nacional y en la certeza comprobada por la experiencia, reiterada en todo el territorio federal y durante muchas décadas, de que los denominados "centros de readaptación social" distan mucho de cumplir esa función primordial de educación, capacitación y reincorporación de los delincuentes a una vida útil para sí mismos y para la sociedad, eliminando milagrosamente la amenaza y el riesgo que en otros tiempos significaron para la misma sociedad.

Esa tendencia se consolida con relación a delitos que ofenden de manera sensible y trascendente a la sociedad. Tal es el caso de la Legislatura de Chihuahua, que reformó el artículo 27 del Código Penal del estado, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la entidad el 27 de agosto de 2003. Dicho artículo quedó redactado de la siguiente manera:

Artículo 27. La prisión consiste en la privación de la libertad, que podrá ser de tres meses a sesenta años, recluyendo al sentenciado en la institución que designe el Ejecutivo del estado. Tratándose del delito de homicidio doloso en perjuicio de mujeres o de menores de edad, o del delito de secuestro, deberá imponerse pena por cada delito cometido, aun y cuando con ello se exceda el máximo de la pena de prisión.

Dicha reforma fue materia de una acción de inconstitucionalidad promovida, por algunos diputados locales de la oposición, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada precisamente en el criterio tradicional de que la cadena perpetua, vitalicia o cualquier fórmula equivalente que exceda del máximo legal de 60 años debe considerarse pena inusitada y trascendente y, por ello, contraria a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución General de la República. El criterio que inspira esta tesis, como se dijo, es que tal pena no permite que se cumpla el objetivo fundamental del derecho penal y, concretamente, de la imposición de penas, la readaptación del delincuente y su reinserción en la sociedad.

Afortunadamente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el 6 de septiembre de 2005 (en el expediente correspondiente a la acción de inconstitucionalidad número 20/2003) que la reforma del Código Penal chihuahuense comentada no era inconstitucional, por la consideración fundamental siguiente:

... de una interpretación armónica de los preceptos constitucionales en comento se infiere, que la pena debe considerarse una medida aflictiva para el delincuente, pero necesaria para la coexistencia pacífica y armónica de los miembros de la sociedad; la sanción penal adquiere, por otra parte, el carácter de preventiva, al inhibir la proliferación de conductas antisociales, al mismo tiempo que reestablece el orden jurídico que se ve perturbado por la comisión de los delitos. Desde esa perspectiva, la pena forma parte de la defensa social, que responde de manera proporcional a la gravedad del ilícito cometido, independientemente de que su finalidad sea también la readaptación social del delincuente sobre la base del trabajo, la capacitación para éste y la educación para que pueda convivir en la comunidad a que pertenece. Así, la pena privativa de la libertad de por vida no es inusitada ni trascendental, dado que lo que proscribe el artículo 22 constitucional al respecto es el contenido mismo de la pena, esto es, que se convierta en una práctica inhumana, como en forma ejemplarizadora destaca el propio precepto al prohibir las penas de mutilación y de infamia, los azotes, los palos y el tormento de cualquier especie, así como que sean trascendentales, esto es, que afecten a la familia del delincuente. ... se concluye que la pena de prisión vitalicia o de cadena perpetua no contraviene la naturaleza de la pena, pues ésta, como se dijo, debe atender a la gravedad de la conducta delictiva en correlación con el riesgo social y la necesidad de preservar el orden jurídico. El hecho de que precisamente en Chihuahua se haya aprobado esa reforma del Código Penal estatal, la que modifica el criterio tradicional que se sustenta en el carácter prioritario de la readaptación del delincuente, para dar mayor valor a los principios que inspiran el orden y la seguridad pública, la vida e integridad de los miembros del conjunto social, se explica porque en esta entidad sufrimos de manera sensible incidencias criminales graves que ofenden y lesionan particularmente a la sociedad chihuahuense, igual que sucede en otros estados de la república, como son los homicidios de mujeres y de menores y diversos delitos relacionados con el narcotráfico. En Chihuahua tuvimos que revalorar, en la escala de valores jurídico-sociales, el respeto de la vida y la tranquilidad de las personas frente a las garantías constitucionales de los delincuentes.

Inspirados en estos principios, queremos promover su adopción en el Código Penal Federal para que se vuelva normatividad vigente en este ámbito de aplicación legislativa y para que sirva de ejemplo y guía para las legislaciones de otros estados que padecen igualmente el flagelo de esta clase de conductas delictivas, de significativo impacto y trascendencia humana y social.

Queremos impulsar esta corriente de ideas que anteponen los valores sociales frente a los individuales; que enaltecen la seguridad pública como función estatal insoslayable e impostergable del Estado mexicano en su integridad, que da mayor valor a la convivencia social, en un ámbito de libertad, tranquilidad, confianza y respeto, que a supuestas garantías tradicionales pero obsoletas de los delincuentes.

Debe aclararse que no estamos proponiendo la derogación del derecho a la readaptación y a la reinserción social de los delincuentes sino que en el estado de cosas actual, crítico en materia de inseguridad pública y desconfianza social en las instituciones de prevención y persecución de los delitos, en el que imperan la impunidad y la corrupción, queremos establecer excepciones con relación a los delitos en que, por la ofensa y el daño social, se impone el criterio preventivo e inhibitorio a la proliferación de conductas antisociales especialmente graves y dañinas.

Tal es el caso de los delitos de homicidio doloso en perjuicio de mujeres o de menores de edad, o del delito de secuestro, como establece el artículo 27 vigente del Código Penal del estado de Chihuahua, y reconoce y acepta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución a la acción de inconstitucionalidad citada, pero también debe aplicarse nuestro criterio a otras conductas delictivas igualmente impactantes, trascendentes y dañinas como la corrupción de menores, el abuso sexual y la violación de menores y de discapacitados, el tráfico de menores y de estupefacientes, delitos que, junto con el homicidio doloso de mujeres y de menores y el secuestro, se realizan frecuentemente en concurso con otro u otros de los delitos citados, o con delitos de otra índole, pero que al asociarse diversas conductas delictivas, ofenden y lastiman de manera grave la vida social.

Por ello proponemos una reforma del artículo 25 del Código Penal Federal en la que se ratifica como principio general que la duración de las penas será de tres días a 60 años, pero ampliamos la excepción legal de que el límite máximo de la pena, es decir, 60 años, podrá rebasarse (además del caso del delito en reclusión que prevé la norma vigente) en el caso de concurso de delitos, cuando una o más de las conductas delictivas configuren los tipos penales siguientes: tráfico de estupefacientes; corrupción de menores; violación de menores y de discapacitados; abuso sexual y violación de menores y de discapacitados por parte de padres, tutores o responsables; homicidio calificado contra menores, mujeres, personas adultas mayores y discapacitados o cuando se cometa a propósito de una violación, privación de la libertad o robo, por el sujeto activo de éstos; privación de la libertad; y tráfico de menores.

En esos casos proponemos que no sea aplicable el principio del límite máximo de la pena y que, por consecuencia, se aplique la pena por cada delito cometido, aun cuando la acumulación de ellas exceda del máximo de la pena en prisión establecido en el propio artículo. Con ello estamos abriendo la posibilidad de que los jueces, en respuesta a los reclamos urgentes -por la sociedad en general- de seguridad y defensa social contra la delincuencia, puedan aplicar a una misma persona penas que en su conjunto rebasen 60 años y que signifiquen prácticamente la prisión vitalicia o la cadena perpetua.

En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Proyecto de Decreto

Único. Se reforma el artículo 25 del Código Penal Federal, para quedar redactado como sigue:

Artículo 25. La prisión consiste en la privación de la libertad corporal. Su duración será de tres días a sesenta años, y sólo podrán imponerse penas cuya acumulación rebase el límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión o se trate de concurso de delitos previsto en el artículo 18 de este código, en los que deberá imponerse pena por cada delito cometido, aun cuando excedan del máximo de la pena en prisión, cuando una o más de las conductas delictivas configuren alguno de los siguientes tipos penales:

I. Tráfico de estupefacientes a que se refiere el artículo 194 de este código.

II. Corrupción de menores prevista en el artículo 201 de este código.

III. Violación de menores y de discapacitados a que se refiere el artículo 266 del mismo código.

IV. Abuso sexual y violación a que se refiere el artículo 266 Bis, cuando se realice contra menores o discapacitados.

V. Homicidio calificado previsto en el artículo 320, cuando se cometa contra menores, mujeres, personas adultas mayores y discapacitados o cuando se cometa a propósito de una violación, privación de la libertad o robo por el sujeto activo de éstos, en los términos previstos en los artículos 315 Bis y 366, todos de este código.

VI. Privación de la libertad, en los términos del artículo 366 de este ordenamiento.

VII. Tráfico de menores a que se refiere el artículo 366 Ter de este código.

Tampoco se aplicará la regla del límite máximo establecida en el primer párrafo de este artículo cuando el agente de la comisión de alguno o algunos de los delitos mencionados en los incisos I) a VII) anteriores utilice o se sirva de persona menor de dieciocho años de edad o persona de cualquier edad que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho.

La prisión se extinguirá en las colonias penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o la autoridad ejecutora de las penas, ajustándose a la resolución judicial respectiva. En los casos previstos en las fracciones I a VII de este artículo, la pena se compurgará preferentemente en centros federales de readaptación social de máxima seguridad.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.

Diputado Víctor Valencia de los Santos (rúbrica)

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 5, 6 Y 56 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES, A CARGO DEL DIPUTADO HÉCTOR HUGO OLIVARES VENTURA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXIX-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo establecido en los numerales 55, fracción II, 56, 62, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 5o., 6o. y 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, de conformidad con la siguiente exposición de motivos.

Exposición de Motivos

La bandera y el escudo nacionales simbolizan la patria y la nacionalidad mexicana, contienen una raíz histórica y un significado esencial sobre los ideales que inspiraron la vida del pueblo mexicano.

El escudo tiene su origen en el jeroglífico de la fundación de la gran Tenochtitlan, es la expresión gráfica donde se resume la historia de un gran pueblo: el Azteca, cuyos valores culturales son la base de nuestra nacionalidad.

Está compuesto por tres elementos: el águila, el nopal y la roca, ya que fue hasta la segunda mitad del siglo XVI cuando los españoles introdujeron la figura de la serpiente. El águila representa la fuerza cósmica del sol. El águila representa para los mexicas una planta propia del paisaje del Anáhuac, y la serpiente representa las potencialidades de la tierra.

Con algunas variantes, la figura del águila sobre el nopal fue utilizada como símbolo durante mucho tiempo; a fines del siglo XVIII se le agregaron ramas de encino y laurel, pero fue hasta 1824 cuando se le conformó con todos sus elementos.

Instaurado el primer Imperio, se ordenó, por decreto del 2 de noviembre de 1821, que el lábaro patrio fuera tricolor, pero con las franjas en el sentido vertical, y el orden: verde, blanco y rojo; "al centro un águila ligeramente de perfil y ciñendo una corona imperial; las alas caídas, sin culebra y posando con ambas garras sobre el legendario nopal".

Durante el gobierno del Poder Ejecutivo (1823), el Soberano Congreso Constituyente Mexicano decretó, el 14 de abril, que se conformara el símbolo patrio de acuerdo con la tradición indígena: el águila de perfil posada sobre un nopal, devorando la serpiente y sin corona imperial, orlando la figura ramas de encino y de laurel. "A partir de entonces el escudo conserva la forma y diseños que actualmente vemos en nuestra Bandera nacional: consagración del México republicano".

Durante los años de la intervención francesa en México (1862-1867), el escudo volvió a representarse con el águila coronada. El emperador Maximiliano ordenó (abril de 1865) que el escudo de armas nacional de México fuera: "un manto imperial recogido en sus extremos y formando un pabellón con un lazo tricolor verde, blanco y rojo rematando una corona imperial con el lema: Religión, Independencia y Unión. El águila mexicana aparecía dentro de un escudo realzado ciñendo una corona y estrangulando una culebra; en lo alto del escudo se hallaba un penacho de siete plumas saliendo de una especie de diadema de antiguos monarcas aztecas".

A partir de la restauración de la república, se utilizaron varios diseños del escudo en papeles oficiales, papel sellado, monedas, sellos de correo, sellos oficiales, etcétera, "pero siempre con el águila de frente". En la época porfirista la bandera nacional volvió a modificarse con carácter oficial: el águila de frente con las alas recogidas y la serpiente en el pico, parada sobre un nopal; abajo los laureles y su escudo monárquico. A partir de entonces, empezaron a proliferar las modificaciones al escudo, aun mas cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, ya que las diversas fracciones revolucionarias y los distintos gobiernos provisionales se dieron a la tarea de emitir membretes, timbres postales, papel moneda, etcétera, con algunas variaciones al escudo.

Por esa razón Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, expidió el 20 de septiembre de 1916 un decreto que rectificaba el expedido el 14 de abril de 1823, por el que dispuso el Soberano Congreso Constituyente que el escudo nacional fuera " el águila mexicana de perfil izquierdo parada sobre un nopal que brota de una peña rodeada de agua y orlada, en la parte de abajo, por ramas de encina y laurel, conforme al diseño que usaba el gobierno de los primeros defensores de la Independencia".

Sin embargo, por las vicisitudes políticas de la época, el decreto de 1916 no llegó a entrar en vigor.

Se continuaron los intentos por establecer en forma definitiva el diseño del escudo nacional, y fue durante el gobierno del Presidente Abelardo L. Rodríguez cuando se expidió un nuevo decreto (5 de febrero de 1934), mediante el cual "se conservó el águila de perfil, se estilizó su plumaje y se rectificó la posición de la serpiente, a partir de entonces su diseño fue declarado oficial y único como emblema nacional".

Actualmente, regula el uso de la bandera nacional la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales del 8 de febrero de 1984. Corresponde a la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplimiento de esta disposición.

En lo que respecta al Escudo Nacional, el artículo 2o. del ordenamiento en vigor señala lo siguiente:

Artículo 2. El Escudo Nacional está constituido por un águila mexicana, con el perfil izquierdo expuesto, por la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho y ligeramente desplegadas en actitud de combate, con el plumaje de sustentación hacia abajo tocando la cola y las plumas de ésta en abanico natural. Posada su garra izquierda sobre un nopal florecido, que nace en una peña que emerge de un lago, sujeta con la derecha y con el pico, en actitud de devorar a una serpiente curvada, de modo que armonice con el conjunto. Varias pencas de nopal se ramifican a los lados. Dos ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto, forman entre ambas un semicírculo inferior y se unen por medio de un listón dividido en tres franjas que, cuando se representa el Escudo Nacional en colores naturales, corresponden a los de la Bandera Nacional.

Cuando el Escudo Nacional se reproduzca en el reverso de la Bandera Nacional, el águila mexicana se presentará posada en su garra derecha, sujetando con la izquierda y el pico la serpiente curvada.

Un modelo de Escudo Nacional, autenticado por los tres Poderes de la Unión, permanecerá depositado en el Archivo General de Nación, uno en el Museo Nacional de Historia y otro en la Casa de Moneda.

Adicionalmente el artículo 5o. de la misma ley dispone lo siguiente:

Artículo 5. Toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el artículo 2o. de esta ley.

Aunado a lo anterior, el artículo 6o. del citado ordenamiento señala en su párrafo segundo que:

Artículo 6. ...

El Escudo Nacional solo podrá figurar en los vehículos que use el Presidente de la República, en el papel de las dependencias de los poderes federales y estatales, así como de las municipalidades, pero queda prohibido utilizarlo para documentos particulares. El Escudo Nacional solo podrá imprimirse y usarse en la papelería oficial, por acuerdo de la autoridad correspondiente.

Asimismo, el Ejecutivo federal, a través del secretario de Gobernación, está obligado a cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en la ley referida, tal como lo dispone en su artículo 55, que a la letra dispone:

Artículo 55. Compete a la Secretaría de Gobernación vigilar el cumplimiento de esta ley; en esa función serán sus auxiliares todas las autoridades del país. Queda a cargo de las autoridades educativas vigilar su cumplimiento en los planteles educativos. Lo anterior se llevara a cabo de conformidad con los reglamentos correspondientes.

Las disposiciones articuladas de los preceptos 2° y 5° no dejan lugar a dudas de que "toda" reproducción del Escudo Nacional debe hacerse conforme al modelo descrito en la ley. Es público y notorio que en esta Administración Pública Federal que concluye el 30 de noviembre, se usó en la papelería oficial una reproducción del Escudo Nacional que no corresponde a los dispuesto en la ley, pero también lo es que la misma reproducción se usó en medios de distinta índole, y no sólo en papelería, que si bien estrictamente no están en los enunciados por el artículo 6°, si quedarían comprendidos en los alcances del imperativo del artículo 5°, consistente en que "toda" reproducción se corresponda fielmente a lo ordenado por el artículo 2°. Tal es el caso, por ejemplo, de las imágenes que se difunden a través de la televisión mediante las cuales se publicitan programas de desarrollo social.

No debe haber ningún resquicio que se utilice para no observan un dispositivo contundente como lo es la reproducción del Escudo Nacional y por otra parte debe hacerse la remisión a la legislación en materia de responsabilidades públicas para el caso de que servidores públicos de cualquier nivel, contravengan las normas legales.

En virtud de lo antes expuesto, la presente iniciativa plantea por un lado, reformar los artículos 5° y 6° para, en el caso del primero, vincular el imperativo de "toda" reproducción del escudo con el agregado de que su diseño e imagen no puedan variarse o alterarse "bajo ninguna circunstancia o en cualquier medio de uso oficial". La reforma al artículo 6° persigue disponer que la impresión y el uso del Escudo Nacional hecho no sólo en papelería oficial sino en cualquier otro medio de uso también oficial, autorizado por acuerdo de la autoridad competente, se haga en los términos del artículo 2o.

Por otra parte, la iniciativa modifica el artículo 56 para que, en caso de desacato, se instrumente el procedimiento y se apliquen las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos sin perjuicio de que la Secretaría de Gobernación imponga la multa a que alude dicho precepto. Se hace la adecuación sobre la mención del Código Penal ya que, como es sabido, no existe ya el Código Penal en materia del fuero común y del fuero federal.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar el siguiente.

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5o., 6o. y 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Único. Se reforman los artículos 5o., 6o. y 56 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 5. Toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el artículo 2o. de esta ley y su diseño e imagen no podrán variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia o en cualquier medio de uso oficial.

Artículo 6. Con motivo de su uso en monedas, medallas oficiales, sellos, papel oficial y similares, en el Escudo Nacional solo podrán figurar, por disposiciones de la ley o de la autoridad, las palabras Estados Unidos Mexicanos, que formaran el semicírculo superior.

El Escudo Nacional sólo podrá figurar en los vehículos que use el Presidente de la República, en el papel de las dependencias de los poderes federales y estatales, así como de las municipalidades, pero queda prohibido utilizarlo para documentos particulares. El Escudo Nacional solo podrá imprimirse y usarse en la papelería oficial, por acuerdo de la autoridad correspondiente y su uso en papelería o en cualquier otro medio también oficial deberá apegarse estrictamente a lo establecido en los artículos 2o. y 5o. de la presente ley.

Artículo 56.- Las contravenciones a la presente ley que no constituyan delito conforme a los previsto en el Código Penal Federal, pero que impliquen desacato o falta de respeto a los símbolos patrios, se castigarán, según su gravedad y la condición del infractor, con multa hasta por el equivalente a doscientas cincuenta veces el salario mínimo, o con arresto hasta por treinta y seis horas. Si la contravención es cometida por un servidor público, se instrumentará el procedimiento y se aplicarán las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin perjuicio de que la Secretaría de Gobernación imponga la multa a que alude este precepto. Si la infracción se comete con fines de lucro, la multa podrá imponerse hasta por el equivalente a mil veces el salario mínimo. Procederá la sanción de decomiso para los artículos que reproduzcan ilícitamente el Escudo, la Bandera o el Himno Nacionales.

Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de octubre de 2006.

Diputado Héctor Hugo Olivares Ventura (rúbrica)

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO GUSTAVO ILDEFONSO MENDÍVIL AMPARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El federalismo es un tema, que en ésta como en otras legislaturas, todos invocamos, pero en el que poco o nada avanzamos, y que por su importancia para la vida nacional exige una revisión profunda e impostergable, seria y objetiva, tendiente a lograr una renovación del pacto federal que restablezca el equilibrio entre los poderes de la Unión, entre los distintos órdenes de gobierno y fortalezca la participación social para resolver problemas locales y regionales, respetando siempre los principios de unidad y equidad.

Con la idea de contribuir al fortalecimiento del orden de gobierno más vulnerable, el municipio, como base y sustento de un auténtico federalismo, justo es que revisemos el origen de su compleja problemática:

En efecto, no es necesario hacer una encuesta para que arribemos a la conclusión de que las limitadas fuentes de ingreso municipales imposibilitan atender a cabalidad las múltiples funciones y servicios que el municipio tiene responsabilidad de proveer. Así encontramos que la fracción IV del artículo 115 de nuestra Carta Magna, dispone como fuentes de ingresos municipales, las siguientes:

a). Contribuciones derivadas de la propiedad inmobiliaria;
b). Las participaciones federales; y
c). Ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. De esta última fuente de ingresos, los percibidos con motivo de la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, es hoy por hoy, el más importante, al grado de ser considerado factor en la fórmula para la distribución de participaciones, prevista en la Ley de Coordinación Fiscal.

No obstante lo anterior y, en franca oposición al criterio impulsado por el gobierno federal, de concebir a los organismos operadores de agua como unidades económicas de producción de servicios, que no sólo deben ser rentables socialmente, sino económicamente sustentables, mediante el impulso a su autonomía financiera, prevalece aún la arcaica e injustificada disposición de exentar a los bienes de dominio público de la obligación de pagar no sólo los derechos derivados de los servicios públicos que recibe del municipio, como el del agua, sino que se le exime igualmente de contribuir al órgano más débil de gobierno por la propiedad inmobiliaria.

En este sentido, compañeras y compañeros legisladores, es que considero urgente hacer una revisión al texto del artículo constitucional para lograr la equidad y democracia que hoy reclama el fortalecimiento municipal.

Por ello, propongo centrar nuestra atención en el porcentaje de ingresos administrados directamente por el municipio, tales como impuestos a la propiedad inmobiliaria, derechos y aprovechamientos, en donde el actual texto constitucional, propone una relación injusta otorgando beneficios mayores a la federación en detrimento del municipio, al mandar en el artículo 115, párrafo primero de la fracción IV de la ley fundamental que: "las leyes federales no limitaran la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la federación, de los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público."

Lo cual es a todas luces injusto e inequitativo, no sólo por los problemas económicos que enfrentan los municipios y las responsabilidades a las que tienen que hacer frente, como son las funciones y servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y alumbrado público, traslado y disposición final de residuos, entre otras, sino porque los servicios que son responsabilidad de la federación como el de la energía eléctrica sí son cobrados a los municipios, esto sin mencionar el injusto cobro del mal llamado "derecho" por la explotación, uso o aprovechamiento del agua, a que se refiere el artículo 223 y relativos de la Ley Federal de Derechos.

Es decir que por servicios públicos básicos, los bienes del dominio público de los municipios sí realizan contribuciones a los estados y la federación, pero estos últimos no contribuyen al municipio.

Por ello, propongo reformar el citado párrafo, con el objeto de eliminar la exención a que hace referencia, logrando con ello, colocar a los tres niveles de gobierno en condiciones de igualdad.

En este sentido, compañeras y compañeros diputados pido su solidaridad con esta iniciativa y con los municipios del país. Por lo que someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el primer párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera:

Artículo 115. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

a) ...

b) ...

c) ...

Las leyes federales no limitaran la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones.

...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

X. ...

Transitorios

Único. Estas reformas entrarán en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.

Diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán (rúbrica)

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PRI, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Exposición de Motivos

1. Origen y comportamiento de los recursos asignados al Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Como hemos expuesto en diversas iniciativas de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, el afán de los estados y los municipios por un federalismo fiscal más equitativo ha sido permanente. Si bien se tienen avances, ha llegado el momento de que todos: el gobierno federal, los estados y, desde luego, este Poder Legislativo reconozcamos que los resultados no son satisfactorios, en la medida que prevalecen obstáculos para avanzar en este legítimo propósito de equidad y de igualdad entre los tres órdenes de gobierno.

En efecto, desde las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal realizadas en 1997, mediante las cuales se transfirieron recursos a los municipios, a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, la ruta para fortalecer las finanzas de los estados y los municipios ha sido azarosa y plagada de obstáculos e indefiniciones.

La LVIII Legislatura, en el marco de las negociaciones previas a la aprobación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2001, impuso el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) con un monto inicial de 13 mil 157.8 millones de pesos. A partir de dicho ejercicio, la partida, se ha mantenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación con el siguiente comportamiento:

La incorporación del PAFEF al presupuesto federal se realizó, inicialmente, a través del denominado Ramo 23, referido a previsiones salariales, al que posteriormente se incorporaron el Fondo de Desastres Naturales, y el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

El propio decreto estableció que "los recursos previstos para el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se destinarán exclusivamente para saneamiento financiero; apoyo a los sistemas de pensiones de las entidades federativas, prioritariamente a las reservas actuariales, así como a la inversión en la infraestructura de las entidades federativas. Dichos recursos no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente y de operación, salvo en el caso de dichos sistemas de pensiones".

En el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación) para el Ejercicio Fiscal 2002, nuevamente el gobierno federal, de manera deliberada, omitió la partida a este programa, de modo que se utilizó como instrumento de negociación, en aras de concretar la reforma fiscal. En tal contexto, la Cámara de Diputados decidió incorporar nuevamente la partida con 14 mil 700 millones de pesos corrientes. El decreto respectivo estableció que los recursos del programa serían utilizados exclusivamente para saneamiento financiero, apoyo a los sistemas de pensiones de las entidades federativas, prioritariamente a las reservas actuariales, así como a la inversión en la infraestructura de las entidades federativas.

Asimismo, se decretó que dichos recursos no podrían destinarse para erogaciones de gasto corriente y de operación, salvo en el caso de dichos sistemas de pensiones. De igual forma se estableció que la Cámara, por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, debería acordar con los respectivos órganos técnicos de vigilancia de las legislaturas locales medidas para que la comprobación del ejercicio de los recursos del PAFEF se realizara en los términos de las disposiciones presupuestarias federales.

Para el Ejercicio 2003, se crea el Ramo 39, al cual se incorporaron los recursos de PAFEF, con un monto de 17 mil millones de pesos y se establece que se destinarán a:

Saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, expresada como reducción del principal. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales;

Inversión en infraestructura, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas, infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal de 2003, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura, y

Las erogaciones del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado se distribuirán de acuerdo con la fórmula establecida para el PAFEF en el decreto de Presupuesto de Egresos del 2002.

El decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2003 estableció que los recursos del Ramo General 39 tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y de las regiones. Para este fin, y con las mismas restricciones, las entidades federativas podrán convenir, entre ellas o con el gobierno federal, la aplicación de estos recursos, que no podrán destinarse para erogaciones de gasto corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las fracciones anteriores.

Para el año 2004, en el proyecto de Presupuesto de Egresos enviado a la Cámara de Diputados por el Ejecutivo federal, se asignaron recursos por un monto de 10 mil millones de pesos, cantidad que fue modificada durante el proceso de dictamen, aprobándose finalmente un monto por 17 mil millones de pesos.

En el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2004 se estableció que tales recursos tuvieron el carácter de trasferencias federales hacia las entidades federativas; asimismo, para este ejercicio se ampliaron los objetivos y el destino señalando que tienen como finalidad:

El saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, expresada como reducción del principal;

Inversión en infraestructura, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura, adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas, para infraestructura hidroagrícola hasta un 3 por ciento del costo del proyecto programado para el ejercicio fiscal de que se trate;

Apoyo a los sistemas de pensiones de las entidades federativas, prioritariamente a las reservas actuariales;

Modernización de los catastros, con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación de contribuciones; y

Modernizar los sistemas de recaudación locales.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, de manera reiterativa no se consideró recursos para el PAFEF, debido a la restricción financiera prevaleciente, por lo que en la exposición de motivos presentada por el Ejecutivo federal se menciona que corresponderá a la Cámara de Diputados determinar, en su caso, el financiamiento para dicho programa. Por lo que durante las deliberaciones de los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se asignaron recursos por un total de 20 mil 386.0 millones de pesos.

El artículo 57 del decreto que aprueba el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, le asignó al PAFEF el carácter de subsidios que otorga el gobierno federal a las entidades federativas distribuidos y destinados a:

Cuando menos el 50.0 por ciento a la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura, adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas para infraestructura hidroagrícola; y hasta un 3.0 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura;

Saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública, expresada como reducción del principal al saldo registrado al 31 de diciembre de 2004. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales;

Apoyar para sanear y reformar los sistemas de pensiones de las entidades federativas, prioritariamente a las reservas actuariales;

Modernización de los catastros, con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación de contribuciones;

Modernizar los sistemas de recaudación locales;

Desarrollar mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales;

Fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; y

Para los sistemas de protección civil en las entidades federativas.

Finalmente para el ejercicio presupuestal del 2006, el gobierno federal se abstuvo, otra vez, de incluir la partida en la iniciativa del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación argumentando las restricciones presupuestales, por lo que la Cámara de Diputados volvió a incluir la partida, con un monto de 22 mil 500 millones de pesos con los mismos criterios de ejecución del ejercicio anterior.

2. Inclusión del PAFEF en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Durante el lapso de la creación del PAFEF hasta su aprobación en el ejercicio del 2006, se han presentado diversas iniciativas en la búsqueda de otorgarle un carácter permanente a esta partida, a través de su incorporación al Ramo de Aportaciones Federales 33, en la Ley de Coordinación Fiscal.

En efecto, los gobiernos de los estados y los legisladores han perseverado en mantener la partida y darle un carácter permanente, en el legítimo y justo afán de fortalecer las finanzas de los estados.

Desde luego que las alternativas son varias; por ejemplo, la incorporación de estos recursos a participaciones federales o la ampliación de los fondos de aportaciones ya existentes. No obstante, sólo se logró el consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo para incorporar el PAFEF a la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La decisión no es menor, pero es cuestionable no sólo por técnica legislativa, al incorporar un programa en un ordenamiento que es de carácter general, sino también porque define a los recursos de este programa como subsidios los cuales, en los términos de la propia ley, tienen un conjunto de limitaciones para su ejercicio, empezando por su definición como recursos que son asignados de manera temporal.

3. Conclusiones

Es posible concluir que la creación del PAFEF ha sido producto de la demanda de los estados y de la vocación federalista de los diputados federales.

La permanencia del programa, durante seis ejercicios, implica que ha trascendido ya el carácter temporal que el gobierno federal ha insistido en asignarle. El gobierno federal ha mantenido una posición de reserva, al considerarlos como subsidios.

Independientemente de que es indispensable una reforma integral que permita una revisión a todas las partidas transferidas a estados y municipios, así como las potestades fiscales de los tres órdenes de gobierno, hoy proponemos esta iniciativa en ánimo de corregir, aún parcialmente, la distorsión generada al incluir este programa en la Ley de Presupuesto Federal y Responsabilidad Hacendaria y no en la de Coordinación Fiscal.

4. Propuesta

La propuesta consiste en modificar el artículo 85 para suprimir el carácter de subsidios a los recursos del PAFEF, así como establecer un monto de 0.26 por ciento de la recaudación federal participable, equivalente a 30 mil millones de pesos, de acuerdo con la estimación prevista en la Ley de Ingresos de la Federación para el 2006. Asimismo, se propone que la distribución de los recursos entre las entidades federativas se realice conforme a las proporciones que deriven del reparto de las participaciones federales del ejercicio fiscal precedente.

En consecuencia de lo anterior, se propone la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 85. Los recursos correspondientes al Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se integrarán anualmente al presupuesto considerando un equivalente del 0.26 por ciento de la recaudación federal participable. La distribución entre las entidades federativas se realizará de acuerdo con la proporción que resulte del reparto de las participaciones federales del año fiscal anterior al ejercicio presupuestal que corresponde. Los recursos se destinarán a:

Transitorios

Único. Los recursos necesarios para integrar la partida presupuestal motivo de esta reforma provendrán de las reasignaciones realizadas en los últimos seis ejercicios, mismas que serán permanentes.

Mucho le agradeceré que la presente iniciativa sea turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Palacio Legislativo San Lázaro, México, DF, a 17 de octubre de 2006.

Diputado Alberto Amador Leal (rúbrica)

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 7 DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, Y 46 DE LA LEY DEL BANCO DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO RAÚL CERVANTES ANDRADE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

El suscrito diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, inciso c), del Reglamento Interior del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a la LX Legislatura, por acuerdo del pleno del grupo parlamentario, como da fe uno de los Secretarios del mismo, a nombre de mis compañeros integrantes del grupo parlamentario, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de reforma al artículo 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y se adiciona la fracción XXI, pasando el contenido de esta fracción a una nueva fracción XXII del artículo 46 de la Ley del Banco de México, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El 13 de agosto de 2003, el senador Alejandro Gutiérrez, integrante del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa de ley con proyecto de decreto para crear la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en su exposición de motivos senador Gutiérrez, estableció que:

"?las comisiones se han constituido como una fuente adicional de ingresos que permite a las instituciones financieras compensar la reducción en ingresos generados a partir de una menor actividad económica...

"...se ha encontrado que dichos cobros exceden el costo de brindar los diversos servicios, lo que genera dos efectos adversos: por una parte, significan una importante carga para quienes hacen uso de dichos medios, y en consecuencia se desincentiva el uso de medios [...] capaces de estimular el dinamismo económico...".¹

El sentido de la iniciativa, era establecer mecanismos para resolver el problema de las altas comisiones impuestas por los bancos. Desgraciadamente, las comisiones dictaminadoras en ambas cámaras y el pleno de las mismas, no resolvieron esta problemática, y es por eso que planteo esta iniciativa.

De acuerdo al análisis financiero contenido en el Boletín Estadístico de las instituciones de Banca Múltiple, elaborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en junio del 2006², "Durante la primera mitad de 2006 las instituciones de Banca Múltiple acumularon utilidades por 29,502 millones de pesos, 17.93 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. De los mismos, 15,884 millones de pesos fueron generados en el segundo trimestre del año, gracias a crecimientos reales de 6.23 por ciento y de 5.10 por ciento en los flujos trimestrales del Margen Financiero y de las Comisiones Netas, respectivamente. Éstos ayudaron a contrarrestar un aumento de 5.45 por ciento en los gastos de administración y promoción, así como un descenso significativo en las utilidades provenientes del Resultado por Intermediación con respecto al trimestre anterior.

Los ingresos por comisiones netas, que mantienen una tendencia creciente desde el segundo trimestre del 2005 y que se componen en gran medida por cobros relacionados con un mayor uso de Tarjetas de Crédito, registraron una variación trimestral positiva de 5.10%. No obstante, el Resultado por Intermediación arrojó utilidades por 404 millones de pesos en el periodo, muy inferiores a las obtenidas en trimestres anteriores debido a pérdidas en la compraventa de divisas.

Como resultado, los Ingresos No Financieros³ presentaron un flujo nominal de 13,509 mdp, 10.89 por ciento inferior al registrado en el primer trimestre del 2006. A su vez, su participación en los Ingresos Totales Netos⁴ se redujo de 28.63 a 25.18 por ciento en el mismo lapso".

Los ingresos por comisiones tienen cada vez más importancia para las operaciones de la banca comercial en México, según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Los bancos no deben basar sus ganancias en el cobro de comisiones, sino en ser intermediarios financieros para que el crédito tenga un lugar importante en el desarrollo de la economía.

Si los bancos pusieran mayor énfasis en su función como intermediarios financieros ello redundaría en el incremento de los créditos al pequeño, mediano y gran productor, lo que afectaría positivamente al empleo al aumentar los niveles de inversión.

De acuerdo a información proporcionada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef),⁵ y con relación a datos tomados del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, durante el primer trimestre de este año, hubo ingresos por comisiones netas (cobradas menos pagadas) por doce mil 520 millones de pesos, lo que representa 27.8 por ciento de sus ingresos totales de operación.

Un estudio realizado por la Condusef, que muestra el comportamiento de las comisiones en diferentes productos y servicios bancarios, revela que tan solo en tarjetas de crédito existen más de 50 conceptos o motivos de cobro.

El doctor Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, en la LVIII Convención Bancaria destacó que si bien las comisiones de diversos servicios bancarios bajaron en los últimos años, todavía hay un largo camino para que disminuyan.⁶

Y en el mismo sentido Jonathan Davis Arzac, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, manifestó que existe bastante margen para reducir los montos de las comisiones que cobran los bancos por los servicios que prestan.⁷

Incluso, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) insistió en que las tarifas que aplican los intermediarios en préstamos al consumo son elevadas, incluso, prohibitivas, por lo que recomendó limitar al máximo el uso de este medio de pago.⁸

En el periodo enero-marzo de 2000, las comisiones representaron 18.9 por ciento de los ingresos totales por operación, pero subieron a 26.2 por ciento al cierre del año pasado y llegaron a un máximo en el primer trimestre de este año.

Y algunos bancos superan el promedio del sistema, como Banamex, que durante el primer trimestre registró comisiones netas por 3 mil 355 millones de pesos, que representaron 37.2 por ciento de sus ingresos totales por operación. En el mismo caso está HSBC con 31.5 por ciento.

La guerra que se está observando en el crédito al consumo por parte de los bancos comerciales, principalmente vía tarjetas de crédito, responde a las ganancias que provee este servicio derivadas de las comisiones, señaló René Ibarra, director de instituciones financieras de Fitch Rating.

Por su parte, Moraima Carvajal, especialista del sector financiero en la firma Consultores Internacionales, señaló que la tarjeta de crédito se ha convertido en el negocio principal de la banca, por las comisiones que pueden llegar a cobrar.

Y el dinamismo de los ingresos por comisiones es muy alto, ya que mientras los ingresos netos por comisiones aumentaron 101.6 por ciento en términos reales entre el primer trimestre del 2000 e igual periodo de este año, los ingresos totales por operación lo hicieron 36.6 por ciento.⁹

En este sentido, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, ha expresado en diversos foros la crítica al sistema bancario por las altas comisiones que cobran por sus servicios en detrimento de los ciudadanos que se ven forzados a la utilización de tarjetas de crédito, débito, apertura de cuentas, uso de cheques, pago de servicios, entre otros.

Ante las cifras planteadas, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, preocupado por atender uno de los problemas más sentidos en la actualidad y que afecta de manera directa la economía familiar, considera que es necesario proponer la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y se adiciona la fracción XXI, pasando el contenido de esta fracción a una nueva fracción XXII, del artículo 46 de la Ley del Banco de México, con la finalidad de establecer un mecanismo para establecer las comisiones que cobran los Bancos por los servicios que prestan y otorgar facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para, aprobar las modificaciones y establecimiento de nuevas comisiones bancarias.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable Pleno el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y se adiciona la fracción XXI, pasando el contenido de esta fracción a una nueva fracción XXII del artículo 46 de la Ley del Banco de México.

Artículo Primero. Se reforma el artículo 7 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 7. El Banco de México, determinará mediante reglas de carácter general, el régimen de las comisiones que las entidades financieras puedan cobrar por los servicios de pago que ofrecen al público y sus modificaciones, previa opinión favorable de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

En dichas disposiciones el Banco de México definirá e instrumentará los mecanismos para que las Entidades Financieras den a conocer al público en general, las Comisiones que cobran y la fecha de entrada en vigor de las modificaciones, aprobadas.

Artículo Segundo. Se adiciona una nueva fracción XXI, pasando el contenido de la actual a una nueva fracción XXII del artículo 46 de la Ley del Banco de México, para quedar como sigue:

Artículo 46. La Junta de Gobierno tendrá las facultades siguientes:

I a XX. ...

XXI. Determinar mediante reglas de carácter general el régimen de las comisiones que las entidades financieras, podrán cobrar por los servicios que ofrecen al público, previa opinión favorable de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros;

XXII. Resolver sobre otros asuntos que el Gobernador someta a su consideración.

Transitorios

Único. El presente decreto, iniciará su vigencia en el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Salón de Plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de octubre de 2006.

Notas:
1 Diario de los Debates, Senado de la República. 13 de agosto de 2003.
2 http://sidif.cnbv.gob.mx/Documentacion/Boletines/BM%20Junio%202006.pdf
3 Ingresos No Financieros = Comisiones Cobradas - Comisiones Pagadas + Resultado por Intermediación.
4 Ingresos Totales Netos = Margen Financiero + Ingresos No Financieros.
5 Revista Condusef, año 7, número 78, septiembre de 2006, ISSN 1405-955X.
6 www.banxico.org.mx/gPublicaciones/Discursos/palabrasDrOrtizConvencionBancaria06.pdf
7 Entrevista con Notimex, 23 de marzo de 2006
8 Romina Román Pineda. El Universal. Viernes 8 de septiembre de 2006. Finanzas, página 1.
9 Gabriela Cabrera. Reforma. Edición impresa.

Diputado Raúl Cervantes Andrade (rúbrica)

Da fe para constancia

Diputado Eduardo Sánchez Hernández (rúbrica)
Secretario del Grupo Parlamentario

Dictámenes

DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 39 Y 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidencia de la Cámara de Diputados turnó a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias (en adelante comisión), la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Ley Orgánica).

Esta representación procedió al estudio y análisis de la iniciativa para la formulación del presente dictamen, conforme a lo siguiente.

I.- ANTECEDENTES.

A) En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el 10 de octubre de 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio cuenta de la iniciativa que reforma el numeral 2 del artículo 39 y adiciona un segundo párrafo al numeral 1 del artículo 43 del la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y determinó que se turnara a esta comisión. II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. A) La iniciativa propuesta sugiere:

1. Organizar el trabajo de la Cámara de Diputados y darle relevancia a las diversas materias que se tienen que trabajar en beneficio de nuestro país.

2. Dividir a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos comisiones: Comisión de Justicia y Comisión de Derechos Humanos.

3. Fortalecer la capacidad de acción de cada una de estas comisiones y precisar sus funciones.

4. Que la Comisión de Derechos Humanos formule iniciativas que reflejen cambios que alcancen la plena realización de los principios del respeto a los derechos individuales de los gobernados.

5. Fortalecer la organización y funcionamiento tanto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público como de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

6. Asegurar la oportunidad de acción de los grupos parlamentarios, a través de su representación en estas comisiones.

B) Tales propuestas se sustentan en los siguientes argumentos:

1. La división de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos comisiones permitirá definir la materia de acción de cada una de ellas, según su propia naturaleza.

2. La necesidad de garantizar la pluralidad y reflejar la proporcionalidad de los grupos parlamentarios en la integración y el funcionamiento de las comisiones de acuerdo al artículo 43 de la Ley Orgánica, y tomando en cuenta la representación de fuerzas políticas en la Cámara de Diputados en esta LX Legislatura.

3. La necesidad de apuntalar los trabajos legislativos vinculados con la justicia.

4. La necesidad de que el Congreso y particularmente la Cámara de Diputados se organice de la mejor manera para darle atención suficiente y apropiada a las materias de justicia y de los derechos humanos.

5. La conveniencia de fortalecer la organización y funcionamiento de comisiones como la de Hacienda y Crédito Público, y la de Presupuesto y Cuenta Pública.

III.- CONSIDERACIONES Y ANÁLISIS. A) La iniciativa presentada cumple con los requisitos formales que exige la práctica parlamentaria: se formuló por escrito, se presentó con un título, por quienes están facultados para iniciar el proceso legislativo, contiene los nombres y firmas de los proponentes, contiene un apartado expositivo de los motivos que la animan, presenta el texto legal que propone, y señala la vigencia del decreto.

B) La Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y resolver la iniciativa en comento, de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 70 constitucional.

C) Compete a esta comisión emitir dictamen a esta propuesta, conforme a lo que dispone el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

D) Hasta hoy, la Ley Orgánica contempla la existencia de 43 comisiones ordinarias, por lo que la creación de una comisión más, necesariamente tiene que pasar por una modificación a este ordenamiento.

E) La exposición de motivos de la iniciativa plantea la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos formule iniciativas en la materia. Propuesta que si bien no recoge en el proyecto de decreto, si da oportunidad a la duda respecto a las funciones que podría tener la comisión. Al respecto cabe recordar que de acuerdo al artículo 71 constitucional el derecho de iniciar leyes o decretos compete: al Presidente de la República; a los diputados y senadores al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados.

F) Por lo que hace a la forma de integración de las comisiones, ésta puede modificarse a través de una reforma en el artículo 43 de la misma ley, tal y como lo propone la iniciativa para el caso de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

IV.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

En razón de lo antes expuesto, toda vez que el problema planteado es real, y atendible por la vía legislativa; los argumentos vertidos corresponden a la proposición legislativa, son ciertos y válidos; los enunciados jurídicos sugeridos son adecuados, no presentan antinomias constitucionales ni legales, son concordantes con el resto de las disposiciones normativas, no existe discordancia de su texto con lo estipulado en convenios y tratados ni con los criterios o tesis jurisprudenciales aplicables; y la formulación jurídica es suficiente y adecuada, sólo se observa la pertinencia continuar con el orden adoptado por la Ley Orgánica vigente, en el sentido de atribuirle a cada párrafo un número. Por ello se propone incluir un nuevo texto al párrafo segundo, que la iniciativa sugiere como segundo párrafo del numeral dos, y recorrer el número de los párrafos restantes.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 39 Y 43 DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo Único.- Se reforma la actual fracción XX, del numeral 2, del Artículo 39, se adicionan los artículos 39, numeral 2, con una fracción VIII recorriéndose las demás fracciones en su orden y 43, con un numeral 2, recorriéndose los demás numerales en su orden, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. ...

2. ...

I. a VII ...

VIII. Derechos Humanos;
IX. Desarrollo Metropolitano;

X. Desarrollo Rural;
XI. Desarrollo Social;

XII. Economía;
XIII. Educación Pública y Servicios Educativos;

XIV. Energía;
XV. Equidad y Género;

XVI. Fomento Cooperativo y Economía Social;
XVII. Fortalecimiento al Federalismo;

XVIII. Función Pública;
XIX. Gobernación;

XX. Hacienda y Crédito Público;
XXI. Justicia;

XXII. Juventud y Deporte;
XXIII. Marina;

XXIV. Medio Ambiente y Recursos Naturales;
XXV. Participación Ciudadana;

XXVI. Pesca;
XXVII. Población, Fronteras y Asuntos Migratorios;

XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública;
XXIX. Puntos Constitucionales;

XXX. Radio, Televisión y Cinematografía;
XXXI. Recursos Hidráulicos;

XXXII. Reforma Agraria;
XXXIII. Relaciones Exteriores;

XXXIV. Salud;
XXXV. Seguridad Pública;

XXXVI. Seguridad Social;
XXXVII. Trabajo y Previsión Social;

XXXVIII. Transportes;
XXXIX. Turismo, y

XL. Vivienda.

3. ...

Artículo 43.

1. ...

2. Las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública podrán tener más de treinta miembros; se incrementarán para incorporar a un diputado de cada grupo parlamentario que no haya alcanzado a integrarse en razón de su proporción, y el número que sea necesario para que los demás grupos no pierdan su representación proporcional en ellas.

3. Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones.

4. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos Grupos Parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno, y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados.

5. En caso de que la dimensión de algún Grupo Parlamentario no permita la participación de sus integrantes como miembros de la totalidad de las comisiones, se dará preferencia a su inclusión en las que solicite el Coordinador del Grupo correspondiente.

6. Si un diputado se separa del Grupo Parlamentario al que pertenecía en el momento de conformarse las comisiones, el Coordinador del propio Grupo podrá solicitar su sustitución.

7. Los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara no formarán parte de las comisiones.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en sesión del once de octubre del año dos mil seis.

Diputados: Chaurand Arzate Carlos (rubrica), Presidente, PRI; Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles, Secretaria, PAN; Espejel Lazcano Jaime (rúbrica), Secretario, PRD; Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles (rúbrica), Secretaria, PAN; Castellanos Cortés Sara Isabel (rúbrica), PVEM; Cárdenas Márquez Elías (rúbrica), Convergencia; Delgado Oscoy Alejandro Enrique (rúbrica), PAN; Escandón Cadenas Rutilio, PRD; Flores Morfín Jesús Vicente (rúbrica), PAN; Garay Ulloa Silvano (rúbrica), PT; García Méndez Armando (rúbrica), Alternativa; Guerra Ochoa Juan N. (rúbrica), PRD; Lezama Aradillas René (rúbrica), PAN; Luna Rodríguez Silvia, Nueva Alianza; Martínez Padilla Hugo Eduardo (rúbrica), PRD; Medina de la Cruz Rodrigo, PRI; Medina Macías Alma Hilda (rúbrica), PAN; Palma César Víctor Samuel, PRI; Rodríguez Prats Juan José (rúbrica), PAN; Velázquez Gutiérrez José Guillermo (rúbrica), PAN; Zataraín González Carlos Ernesto (rúbrica), PRI.

Proposiciones

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR AL EJECUTIVO FEDERAL QUE SE INCLUYA EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 EL PROGRAMA INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales de los estados de Nuevo León y Tamaulipas, someten a la consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo para que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 el Programa Integral de Infraestructura de la Red Carretera del Estado de Nuevo León, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En México, el transporte carretero es el medio más importante, debido al considerable número de pasajeros y carga que son movilizados a lo largo del territorio nacional, de ahí la importancia estratégica que tiene para la economía nacional el impulso de su infraestructura carretera.

Por su parte, la red carretera del estado de Nuevo León representa uno de los factores más importantes del desarrollo económico del estado, de la región y del país en general.

De acuerdo con información del la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivo federal, del total de la red nacional carretera, el 57 por ciento tiene más de 30 años de servicio y sólo el 14 por ciento tiene menos de 15 años, lo cual indica que fue diseñada y construida utilizando normas y técnicas que en la actualidad ya han sido superadas, no sin considerar el deterioro normal por su uso.

El 25 por ciento de la longitud de la red federal soporta tránsitos diarios de más de 6 mil vehículos, y el 21 por ciento tiene problemas de capacidad para atender sus tránsitos en condiciones óptimas de seguridad y economía, ya que en los últimos años el número de pasajeros transportados por carretera se ha incrementado más de 25.0 por ciento y la carga en más del 20.0 por ciento. En el mismo sentido, las cargas autorizadas de los vehículos han crecido de manera importante, al pasar de 34 toneladas en 1960, a más de 60.0 en los últimos años.

Por lo que hace a la infraestructura carretera en Nuevo León, al día de hoy cuenta con una longitud total de 7 mil 190.25 kilómetros, de las cuales mil 143.45 kilómetros son de carreteras federales, 2 mil 691 kilómetros de carreteras estatales y 3 mil 355.7 kilómetros de caminos rurales.

En virtud de lo anterior, los diputados federales que conformamos las bancadas de Nuevo León y Tamaulipas, con el acuerdo de sus miembros, formulamos la presente proposición con punto de acuerdo, por la que se solicita que esta Cámara la haga suya y exhorte al Poder Ejecutivo federal para que en el Presupuesto de Egresos del próximo año se incluya un Programa Integral de Infraestructura de la Red Carretera del Estado de Nuevo León que beneficie al estado, a la región y al país, con la generación de infraestructura carretera, que permita obtener mayores recursos en beneficio de la población.

Para lograrlo se requiere rehabilitar y modernizar la red carretera estatal, que opera por debajo de las condiciones actuales de pesos y dimensiones, ocasionando con esto un deterioro dinámico estructural de las carreteras y representando un alto riesgo de accidentes para los usuarios. Asimismo, se requiere ampliar la cobertura y accesibilidad de la infraestructura carretera y modernizar los corredores carreteros mediante proyectos de cobertura regional.

Las acciones y esfuerzos estatales necesarios se encuentran debidamente identificados y contemplados en los planes Nacional y Estatal de Desarrollo. Sin embargo, la problemática real que enfrenta el Ejecutivo estatal es la derivada de los recursos exiguos.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2006, en el Ramo 09, "Comunicaciones y Transportes", en el rubro correspondiente a "Programas y Proyectos de Inversión", fueron aprobados para Nuevo León, por esa dependencia, sólo 8 proyectos o programas, de los cuales 2 quedaron sin asignación de recursos en el decreto correspondiente al ejercicio 2006; esto redujo en más de 600 millones de pesos por asignarse a nuestro estado y solamente fueron aprobados 6 proyectos con aplicación de recursos, de una bolsa total nacional que asciende a 25 mil 480 millones de pesos.

Al día de hoy, con los recursos aprobados se están construyendo y modernizando algunos tramos, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Cabe advertir que en el PEF 2006 a Nuevo León se le asignó únicamente la cantidad de 717.7 millones de pesos, por lo que al cuadro anterior hay que adicionarle 99.3 millones de pesos para la carretera Sabinas-Colombia; así como 119.7 millones de pesos para conservación de carreteras; 23 millones de pesos para el Programa de Empleo Temporal y 155 millones de pesos para caminos rurales.

Es importante señalar que en la asignación de recursos para la construcción y modernización de carreteras el estado de Nuevo León ocupa el noveno lugar, atrás de estados como Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco, mientras que el estado ocupa el tercer lugar en participación del PIB Nacional, después del Distrito Federal y el estado de México.

Por lo anterior, es necesario que la asignación de recursos para programas y proyectos de inversión en carreteras deba ser lo más acorde posible con la participación económica del estado en el país para poder mantener dichas expectativas y continuar generando riqueza, no sólo en el estado, sino a nivel regional y nacional.

La propuesta que se plantea es viable, de conformidad con lo establecido por la nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 42, fracción VIII, inciso f), y fracción IX, que a la letra dice:

"f) En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas comisiones deberán tomar en cuenta en sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales." "IX. Podrán establecerse mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer más eficiente el proceso de integración, aprobación y evaluación del Presupuesto de Egresos."

En virtud de lo anterior y considerando que el programa que a continuación se propone es acorde con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo; el programa sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; el propio Plan Estatal de Desarrollo; y que, a su vez, todos los proyectos que a continuación se describen cuentan con proyecto ejecutivo, es dable señalar que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incluya en la programación y presupuestación anual del gasto público para el año 2007 el Programa Integral de Infraestructura de la Red Carretera del Estado de Nuevo León, con los proyectos y recursos que se describen en esta proposición con punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión propone al Ejecutivo federal que se incluya en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 el Programa Integral de Infraestructura de la Red Carretera del Estado de Nuevo León, que a continuación se describe:

Lo anterior, en atención de lo establecido por los planes y programas sectoriales, de conformidad con lo establecido en los artículos 24, 25, 26, 27, 35, 42 y demás relativos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Segundo. Túrnese el presente punto de acuerdo a las comisiones de Comunicaciones, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.

Diputados: Marco H. Orozco Ruiz Velazco, Juan Francisco Rivera Bedoya, Juan E. Barrios Rodríguez, Gustavo F. Caballero Camargo, Cristian Castaño Contreras, Jesús R. Canavati Tafich, Marha M. García Muller, Rodrigo Medina de la Cruz, José Martín López Cisneros, Juan Manuel Parás González, José Luis Murillo Torres, Ramón Salas López, Gustavo Ramírez Villarreal, Juan Manuel Villanueva Arjona, Javier M. Zambrano Elizondo, Ana María Ramírez Cerda, Ricardo Cantú Garza, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, Beatriz Collado Lara, Carlos Alberto García González, Raúl García Vivián, Omeheira López Reyna, Luis Alonso Mejía García, César Augusto Verástegui Ostos, Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Enrique Cárdenas del Avellano, Horacio Emigdio Garza Garza, Tomás Gloria Requena, Miguel Ángel González Salum (rúbricas).

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SHCP A ENTREGAR AL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES CONFORME AL ARTÍCULO 254 BIS DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Instituto Mexicano del Petróleo tiene como objetivo realizar investigación y desarrollo tecnológico para el sector petrolero. Sus ámbitos de trabajo incluyen estudios en geología, geofísica, química, protección al medio ambiente, microscopía electrónica, refinación y explotación de yacimientos de aguas profundas, entre otros aspectos relevantes para la industria.

Pese a su importancia, desde hace más de 25 años el Congreso no le dota de recursos presupuestales, por lo que sobrevive de los servicios que vende a Petróleos Mexicanos (Pemex). Esta situación significa una desnaturalización del Instituto Mexicano Petróleo, el cual se ha convertido en una empresa parapetrolera, en lugar de seguir siendo un instituto de investigación.

Con la aprobación del nuevo régimen fiscal de Pemex, que entró en vigor este año, en el artículo 254 Bis de la Ley Federal de Derechos se estableció que Pemex Exploración y Producción estará obligada al pago del derecho para el fondo de investigación científica y tecnológica en materia de energía, aplicando la tasa de 0.05 por ciento al valor anual de la producción de petróleo crudo y gas natural extraídos en el año y entregando el monto correspondiente al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

Por otra parte, la Ley de ingresos para el 2006 calcula este monto en 248.9 millones de pesos. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha entregado al IMP los recursos correspondientes al primer semestre de 2006, argumentando que este monto no está contemplado en el Presupuesto de Egresos 2006. Esto último, a pesar de que el artículo 23 Bis del Presupuesto de Egresos sí contempla este derecho y de que la misma Secretaría de Hacienda, a través de su Subsecretaría de Egresos generó los lineamientos para la entrega y aplicación de estos recursos el pasado 14 de marzo.

Ahora bien, de los anticipos que Pemex Exploración ha transferido, la Secretaría de Hacienda sólo le ha entregado al IMP 12 millones y 25 millones de pesos, correspondientes al primero y segundo trimestres de 2006, respectivamente. Esto último porque la Secretaría de Hacienda considera que el artículo 25 del decreto del Presupuesto de Egresos, que permite realizar erogaciones adicionales con cargo a los ingresos excedentes, sí se puede aplicar al IMP y por ello han decidido liberar solamente este excedente, que para todo 2006 se calcula en alrededor de 100 millones de pesos.

En conclusión, al IMP se le deben aportar recursos por la suma de los 248.9 millones calculados en la Ley de Ingresos, más los eventuales 100 millones derivados de los excedentes, ya que el artículo 254 Bis señala con claridad que el .05% se debe calcular con respecto al valor total de la producción de crudo y gas natural.

Por todo lo anterior someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente resolución:

Único. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, con la mayor brevedad, entregue al Instituto Mexicano del Petróleo los recursos a que se refiere el artículo 254 Bis de la Ley Federal de Derechos, dando con ello fiel cumplimiento a la disposición que obliga a Pemex Exploración y Producción a cubrir el pago anual del derecho para el Fondo de Investigación Científica y Tecnológica en materia de Energía.

Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA EL COMITÉ DE COMPETITIVIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO MARIANO GONZÁLEZ ZARUR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Mariano González Zarur, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, fundada en las siguientes

Consideraciones

La competitividad es determinante para incrementar las posibilidades de desarrollo de un país. En su acepción más amplia genera condiciones para la creación de empleos, estabilidad macroeconómica, distribución de la riqueza, mejores niveles educativos y promoción de una cultura empresarial.

Para lograr que los efectos de la competitividad redunden en el beneficio de la población es necesario verla desde la óptica del desarrollo sostenible. Ello implica definir sus condiciones a partir de una lógica basada en el mantenimiento de los recursos naturales y el crecimiento de las inversiones y el ahorro, como fundamento para que pueda ser mantenida en el largo plazo.

La globalización ha traído beneficio y desarrollo para empresas y consumidores, sin embargo el beneficio no ha sido completo, porque solo un pequeño porcentaje de las empresas de los países en desarrollo ha alcanzado los niveles de competitividad necesarios para participar en el comercio mundial.

Es evidente que los países más avanzados tienen mayor capacidad para penetrar los mercados supranacionales. Sus grandes empresas transnacionales toman el control de algunos sectores económicos claves en las economías nacionales.

La precisión y rapidez con la que los países han adecuado sus estrategias, planes y programas así como su legislación interna, es lo que ha permitido que muchos países hayan logrado beneficiarse más que otros de las ventajas que trae consigo la globalización.

La unidad de medición que los países han adoptado para evaluar su avance en la globalización es la "competitividad". Un alto nivel de competitividad genera la posibilidad de inversiones, empleo, estabilidad social, certeza jurídica, y al final mayor y mejor calidad de vida.

Desde la década de los ochenta, México inició procesos para la modernización e incorporación a la globalización. Destaca en este proceso la suscripción del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la firma de una extensa red de tratados y acuerdos comerciales con alrededor de 42 países.

Después de más de 20 años de esfuerzos, México ha logrado avanzar, sin embargo otros países han reportado un avance mucho más acelerado, lo que indica que México se está quedando rezagado.

Durante la primera mitad de los años noventa, la posición competitiva de México mejoró considerablemente. Como resultado del proceso de cambio estructural adoptado y, en particular, la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): entre 1991 y 1994, la posición relativa de México pasó de ocupar el lugar número 30 (de 33 países) a la posición número 26 (de 41 países).

Sin embargo, en los últimos años la posición competitiva de México se ha deteriorado. Según el Índice Global de la Competitividad (IGC) del Instituto Internacional de Desarrollo Gerencial (IMD), entre 1999 y 2002, el país pasó del lugar 35 al 41.

Actualmente, de acuerdo al Reporte Global de Competitividad 2006-2007, presentado el 26 de septiembre en Ginebra, Suiza, por el Foro Económico Mundial (WEF) México se ubica en el lugar 54 en el Índice de Competitividad Global (ICG).

Si bien se logró escalar una posición, el comportamiento ha sido un tanto errático en los distintos pilares que conforman el ICG.

Por un lado se manifiesta una puntuación relativamente alta en salud pública y educación primaria, eficiencia del mercado de bienes y en ciertos componentes indicadores de la preparación tecnológica, es decir, inversiones directas extranjeras y transferencia de tecnologías.

Sin embargo, seguimos padeciendo graves debilidades institucionales. Una reglamentación y burocracias excesivas. Las instituciones públicas -como el sistema judicial y la policía- necesitan operar con mayor apertura y transparencia. El problema de seguridad pública incrementa los costos de las empresas y menoscaba la competitividad.

EL IMCO ha definido la competitividad como la capacidad de un país para atraer y retener inversión, si profundizamos en esta definición en el ámbito de la globalidad haríamos referencia a la "meritocracia" es decir, una acción para conseguir "algo" que otra región o conjunto de regiones buscan también.

Una de las formas que ha probado más efectividad para crecer, en el contexto de la economía globalizada, es la acumulación de inversiones a largo plazo. Pues es precisamente por ellas que existe una competencia entre las regiones, al igual que entre las personas y las empresas.

En el modelo aplicado por el IMCO se consideran 10 factores que analizan: el sistema de derecho, el medio ambiente, la sociedad incluyente, el sistema político, mano de obra, energía, capital, telecomunicaciones, transporte, sector financiero, sectores económicos con potencial y relaciones internacionales. El reto de la competitividad en los países es concentrar su resultado final en la mayor parte de las variables económicas, políticas y sociales que definen una economía.

No es posible hablar de competitividad sin tomar en consideración las reglas del juego que rigen un mercado. Contar con reglas claras, objetivas y confiables genera certidumbre en los participantes de una economía. El sistema de derecho en México no es óptimo para competir con éxito en la economía global. Se requiere no solo elaborar un conjunto de leyes que cumplan con dichos fines y promuevan el crecimiento, inversión y empleo en diferentes sectores de la economía, sino también lograr que su observación y acatamiento sea una constante.

La dificultad de emprender negocios y, por lo tanto, la competitividad de un país, también dependen del ambiente regulatorio en el que las empresas realizan sus actividades. Los requisitos exigidos para operar legalmente una nueva empresa son indicadores del nivel de regulación de un país.

Los países con mayor número de trámites para operar legalmente una nueva empresa, tienden a tener mayores niveles de corrupción. La evidencia para México es congruente con la experiencia internacional. La simplificación de los trámites que afectan a las empresas genera un doble impacto en la competitividad: reduce el costo directo de los negocios, y aminora los costos indirectos para emprender negocios asociados con un elevado nivel de corrupción.

La generación de un sistema de derecho que contribuya a la competitividad de México en el contexto internacional es una prioridad que debemos afrontar. Por ello se considera necesaria la conformación de un Comité en la Cámara de Diputados para proponer adecuaciones y cambios legislativos que avancen en la agenda de la competitividad.

Para hacer eficientes sus resultados es necesario sostener un diálogo permanente con los representantes del sector empresarial, especialistas, académicos e instituciones de estudio del sector privado.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 70 y 71 de su Reglamento para el Gobierno Interior se somete a consideración del Pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.- Se conforma el Comité para la Competitividad como un cuerpo de apoyo a las comisiones relacionadas con la materia en la Cámara de Diputados con el objeto de proponer una agenda legislativa para fomentar la competitividad, y coadyuvar en el logro de los acuerdos necesarios para la aprobación de los temas de dicha agenda.

Segundo.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política definir la integración de dicho Comité, a fin de que pueda iniciar sus trabajos a la brevedad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.

Diputado Mariano González Zarur (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA LA CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO QUE SIRVA DE ENLACE ANTE LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM

Los diputados que firman al calce, de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparecemos a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La Conferencia Nacional de Gobernadores ha surgido como un mecanismo plural que tiene la finalidad el fungir como un espacio institucional permanente de vinculación, consulta, deliberación, diálogo y concertación para lograr un mayor equilibrio, así como la redistribución de las potestades que corresponden a los órdenes de gobierno federal y estatal. Este equilibrio, es de reconocerse, se logra a través del fortalecimiento de las entidades federativas para que contribuyan en mayor medida al desarrollo nacional, cuenten con los recursos y capacidad de respuesta a las demandas de sus comunidades.

Cierto es que, dentro de nuestro sistema, en el pacto social que es contenido en nuestra Constitución General, la representatividad de los estados en el pacto federal a través de la Cámara de Senadores, también lo es que es necesario el reconocer el derecho de las entidades para que, por conducto de los titulares de los poderes ejecutivos locales, se organicen a fin de lograr mayores y mejores canales de comunicación con los poderes de la Unión y se maximice el ejercicio del poder para el servicio del pueblo.

Por ello y como es afirmado por la Conago, la búsqueda de coincidencias con el gobierno federal en la persecución de soluciones a las demandas sociales, de infraestructura y de servicios públicos con base en los siguientes principios: de solidaridad, para la búsqueda de relaciones de justicia y equidad entre los órdenes de gobierno; de subsidiariedad, para propiciar gobiernos locales capaces y comprometidos con las facultades, funciones, responsabilidades y recursos que les competen conforme a ley; de resarcitoriedad, para retribuir a las entidades federativas de forma proporcional a sus esfuerzos recaudatorios.

Que esta Conferencia, debe ser y es reconocida como una instancia válida para la interrelación e intercomunicación de los distintos niveles de gobierno y una nueva forma de da vida al pacto federal.

Reconociendo que la Conferencia Nacional de Gobernadores tiene dentro de sus objetivos el realizar los proyectos y estudios políticos, económicos, sociales y jurídicos para deliberar, acordar, proponer y evaluar soluciones conjuntas sobre asuntos relativos a: política presupuestaria, criterios para la transferencia de potestades y recursos, desarrollo social, seguridad pública, costo de los servicios públicos, políticas de inversión pública, procesos de desarrollo y descentralización administrativa, fortalecimiento a los gobiernos locales y relaciones intergubernamentales.

Por lo anterior, es que los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en esta soberanía, reconocemos la necesidad de que se constituya un Grupo de Trabajo a fin de mantener el diálogo constante y respetuoso con la Conferencia Nacional de Gobernadores, por lo que me permito presentar a consideración de esta Cámara, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que, dentro de sus atribuciones, acuerde la conformación de un Grupo de Trabajo integrado, de forma plural, por diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios a fin de llevar a cabo acciones concretas, encaminadas a establecer canales de comunicación con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) durante la presente LX Legislatura.

Segundo. Que dicho Grupo de Trabajo deberá funcionar bajo los principios de pluralidad, institucionalidad y respeto de los derechos y competencias de la Federación, estados y municipios actuando de forma periódica con los gobernadores integrantes de dicha Conferencia, en los lugares que, de común acuerdo, señalen para llevar a cabo reuniones.

Dado en la sede de la Cámara de los Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 17 días del mes de octubre de 2006.

Diputada Guadalupe García Noriega (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA PROMOVER LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y LA EDUCACIÓN INICIAL EN MÉXICO, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

Con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Junta de Coordinación Política la siguiente propuesta para considerar la creación y constitución de la Comisión Especial para Promover la Estimulación Temprana y la Educación Inicial en México, conforme a las siguientes

Consideraciones

Como se sabe, la estimulación temprana tiene como propósito dotar de los medios materiales y sicológicos, necesarios a los bebés, garantizando la alimentación de las mamás, desde que los bebés se encuentran en el vientre, para que el cerebro de ellos se fortalezca y desarrolle adecuadamente, desplegando todas sus potencialidades, mediante la estimulación y el desarrollo de su capacidad neuronal y motriz. Asimismo, implica formar de manera consciente a las madres y a los padres para que la cultura de afectividad, de seguridad emocional y firmeza en el carácter de los infantes, se desarrolle desde que está en el vientre materno.

Estos medios sicológicos y materiales, constituyen la base para potenciar la capacidad de aprendizaje de los niños, así como para garantizar que al nacer, se involucren en mejores condiciones al aprendizaje y al conocimiento del mundo exterior en el cual vivirán, además de que su inteligencia, se desarrolla en esta edad de manera rápida.

Por su parte, la educación inicial es un proceso continuado de la estimulación temprana que inicia desde que los bebés nacen hasta que arriban a los tres años, porque aquí es cuando germinan la semillas de la individualidad humana, como lo ha planteado la UNICEF, al tiempo que se multiplican vertiginosamente las sinapsis y los educandos adquieren la capacidad de pensar y razonar, además de que desarrollan las bases y las conductas sociales que tendrán cuando sean adultos.

Diversos estudios muestran que los infantes que reciben estimulación temprana y educación inicial, tienen mejor desempeño emocional, escolar y de integración social, en comparación con aquéllos que no son beneficiados con este esquema educativo.

Asimismo, muestran que quienes se involucran desde antes de nacer a estas estrategias educativas desarrollan con mayor velocidad múltiples inteligencias, asociadas a la capacidad de razonamiento, al desarrollo de las habilidades y al autoconocimiento de la personalidad.

También, desarrollan mayor capacidad para tomar decisiones y resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.

Incluso, el Estado mexicano reconoce a nivel constitucional que la educación inicial es una modalidad educativa, que requiere ser promovida y apoyada por el gobierno y la sociedad.

A partir de este reconocimiento, diversas organizaciones e instituciones privadas con y sin fines de lucro, han promocionado y alentado la creación de espacios educativos, que imparten esta modalidad de la educación en nuestro país.

En estos centros educativos no sólo se estimula y se enseña la integración de los niños de entre 45 días de nacidos y 3 años de edad, sino que también se involucra a los padres, preparándolos para tener una mejor integración como pareja y con sus hijos.

Asimismo, en aquellos centros que son de carácter social o públicos, se les proporciona la alimentación óptima, para garantizar su desarrollo físico y neurológico.

En diversos estados de nuestro país ha ido ganando terreno la implantación de la estimulación temprana y la educación inicial, así como la formación de padres y la importancia que tiene la relación con los hijos y la integración social.

A pesar de que esta modalidad educativa no es obligatoria, la respuesta del Estado mexicano no se ha hecho esperar, y muchos de esos centros reciben recursos públicos que alientan el desarrollo de la capacidad neuronal, emocional, una personalidad segura, autosuficiente y un carácter firme de un número cada vez mayor de niñas y niños mexicanos.

Algunos de estos centros han sido merecedores de reconocimientos internacionales, tanto a nivel de gobiernos, como de organizaciones internacionales.

Por todas las bondades y la importancia que tiene la estimulación temprana y la educación inicial, consideramos que es necesario crear espacios que promuevan su implantación obligatoria y su articulación con el resto de los niveles educativos que conforman a la educación de nuestro país, para formar a las nuevas generaciones con criterios humanos y principios científicos, para que tengan un mejor desempeño en todos los ámbitos y ante la vida.

Por las consideraciones expuestas, ponemos a consideración de la Junta de Coordinación Política y de las legisladoras y legisladores la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Artículo Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, acuerda la creación y constitución de la Comisión Especial para Promover la Estimulación Temprana y la Educación Inicial.

Artículo Segundo. El mandato de dicha comisión, será la de promover la obligatoriedad de la estimulación temprana y la educación inicial como modalidad educativa que está consagrada en nuestra Constitución Política.

Será el espacio legislativo para desarrollar una amplia discusión y análisis sobre la pertinencia de establecer en México, con carácter de obligatoriedad, la educación inicial, porque como lo acreditan las experiencias en otras naciones, en este nivel educativo es cuando los niños tienen una gran capacidad de asimilación de conocimientos y de potenciar su capacidad creativa. Además, es mejor que un país cuente con ciudadanos conscientes, críticos y propositivos, al confrontar la problemática nacional y proponer sus eventuales soluciones.

Artículo Tercero. La comisión estará integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, buscando que estén debidamente representados de manera plural y equitativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecisiete días del mes de octubre de dos mil seis.

Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL SUR-SURESTE, A CARGO DEL DIPUTADO DELIO HERNÁNDEZ VALADÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA

Con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Junta de Coordinación Política la siguiente propuesta para considerar la creación y constitución de la comisión especial sur-sureste, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Como se sabe, el Programa Sur-Sureste forma parte del Plan Puebla-Panamá que fue una iniciativa del actual gobierno federal, que tiene como propósito crear las condiciones generales para potenciar el crecimiento económico en las entidades federativas, que comprende dicho programa y convertir a la región Sur-Sureste en una zona dinámica que pueda insertarse en el futuro a la economía y al mercado mundiales.

La visión del gobierno federal es profundizar la integración progresiva de México con la región centroamericana, a las corrientes mundiales de comercio e inversiones en el marco de la posible implementación del ALCA. Pero eso únicamente será posible a través de la integración de las entidades federativas de México, que forman parte del corredor de integración con América Central.

Estos estados son Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, cuya característica es que forman parte de una de las regiones de nuestro país, que más se rezagaron en el desarrollo de las industrias, tanto en la época de la etapa de sustitución de importaciones, como en la era de la apertura al mercado mundial.

La región Sur-Sureste de nuestra nación, no sólo presenta un serio atraso en su desarrollo industrial con respecto a las regiones centro y norte del territorio nacional, sino que además, algunas entidades como Oaxaca, Guerrero y Veracruz están consideradas como los estados más pobres del país.

Esta región contribuye actualmente con el 17.6 por ciento del total del producto interno bruto, destacando la importancia de Veracruz y Puebla en la aportación que hacen a la creación de riqueza regional. También da asiento al 28.1 por ciento de la población de nuestro territorio y en las entidades que conforman esta región, vive el 72 por ciento del total de la población indígena de México.

Otra característica importante de la región sur-sureste, lo representa el nivel de atraso educativo de la población asentada en ella, pues los niveles de analfabetismo son más altos que en el resto del territorio nacional.

Por ejemplo, mientras el nivel promedio de las personas sin instrucción escolar es en el estado de Nuevo León de 3.1 por ciento, en el estado de Chiapas alcanza el 20.4 por ciento, frente al 8.4 por ciento que es la media nacional en esta materia. En el estado de Guerrero alcanza el 18.8 por ciento y en Oaxaca el 17.4 por ciento. Es decir, estamos hablando de un atraso abismal frente a las entidades federativas mejor situadas en este renglón.

Por lo que respecta a las personas con primaria incompleta, el estado de Nuevo León tiene el 9.3 por ciento frente al 14.3 por ciento que es la media nacional. En cambio, Chiapas tiene el 21.8 por ciento y Guerrero el 20.5 por ciento. Es decir, muy por encima del promedio nacional.

Si a la situación anterior le agregamos que gran parte de los habitantes de la región sur-sureste no cuentan con la cobertura de los servicios médicos públicos, porque una parte significativa habita en pequeñas localidades alejadas de los centros urbanos y también, por el hecho de que vive en el medio rural, entonces el panorama de esta región resulta poco alentador.

En síntesis, la región sur-sureste se caracteriza por sus altos índices de pobreza y de marginación, que es necesario enfrentar con firmeza y determinación para reducirlos y favorecer el desarrollo económico y social de sus pobladores.

Por esa razón, resulta de fundamental importancia que el Programa Sur-Sureste continúe vigente y además, se le canalicen mayores recursos públicos y privados para que se pueda reducir el atraso relativo que presenta frente al resto del país, que no sólo se observa con relación a graves problemas como la falta de infraestructura hidráulica o la carencia de agua potable y alcantarillado, sino sobre todo en la ausencia de dinamismo en su desarrollo económico, producto de la falta de implementación de programas y acciones articuladas tanto en el ámbito público como en el privado.

Por lo tanto, la importancia de crear nuevamente en esta LX Legislatura federal, la Comisión Especial Sur-Sureste tendría como objetivos inmediatos el dar seguimiento al cumplimiento de los programas que emanen del Ejecutivo federal, del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, de los gobiernos estatales y municipales y del sector privado y social. Asimismo, para evaluar el impacto productivo, social y ambiental que generen en el entorno de las comunidades y municipios que conforman esta región.

Asimismo, para dar seguimiento a los propósitos y a la consecución de las metas que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 y a todos aquellos programas que se relacionen con el desarrollo de esta región.

Es necesario recordar que esta Comisión fue creada por primera vez en abril de 2001 y nuevamente en marzo de 2004 y entre los precedentes de su actuación, destaca el hecho de haberse convertido en un puente importante de comunicación y de coordinación entre todos los actores involucrados en la problemática que aqueja a la región sur-sureste de nuestro país.

El propósito de nuestra propuesta de crear nuevamente a la Comisión Especial de la Región Sur-Sureste, es con el fin de consolidar este espacio tan importante de comunicación y que además, cuente con la representación de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados.

Por las consideraciones expuestas, sometemos a la consideración de la Junta de Coordinación Política y de las diputadas y diputados la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo

Artículo Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda crear la Comisión Especial Sur-Sureste.

Artículo Segundo. El mandato de dicha comisión será el de coadyuvar y dar seguimiento a los programas de desarrollo integral y sustentable que se instrumenten para esta región. Asimismo, para dar seguimiento a la evaluación del impacto productivo, social y ambiental que genere la instrumentación de los programas y las acciones en el entorno de las comunidades y municipios que conforman esta región. También tendría la función de ser un espacio para proponer las iniciativas de ley o de reformas a la legislación federal que resulten fundamentales para normar y regular las inversiones productivas en la región, así como de todas aquellas que sirvan para promover políticas para el desarrollo integral de las comunidades, que tiendan al mejoramiento de sus condiciones de vida.

Artículo Tercero. La comisión estará integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, buscando que estén debidamente representados de manera plural y equitativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecisiete días del mes de octubre de dos mil seis.

Diputado Delio Hernández Valadés (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO ORTIZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El que suscribe, diputado federal Eduardo Ortiz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de proponer la creación de la comisión especial para el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, con base en los siguientes

Considerandos

En los últimos años, el Poder Legislativo mexicano ha visto fortalecida su autonomía y capacidad de diálogo con el Poder Ejecutivo. Esto le ha permitido tener mayor injerencia en la determinación de las políticas públicas que el país necesita para lograr su desarrollo.

Todo esto, con la finalidad simple y llana de realizar el mejor trabajo posible para el bienestar de todos los mexicanos.

En este marco, resulta importante evaluar la situación actual de las micro, pequeñas y medianas empresas del país. En la actualidad, el ámbito empresarial cuenta con el mayor respaldo que se haya brindado a lo largo de la historia moderna de México, tanto por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo como por el propio sector privado.

Las Mipyme han contado con el apoyo de todos los sectores de la sociedad mexicana, con el objetivo compartido de crear un clima favorable a la inversión privada y social que aliente el desarrollo empresarial, en el que se genere más empleo por inversión y autoempleo.

Derivado de ese objetivo se han desarrollado diferentes programas para la atención y el desarrollo de las Mipyme por parte del gobierno federal, como los programas sectoriales para la competitividad, de los que se han concluido los programas de la industria electrónica, la industria del software, las cadenas fibras-textil-confección y la industria del cuero y calzado.

Por el lado del Poder Legislativo, se han dictaminado favorablemente diversas iniciativas, logrando -entre otras cosas- ampliar el objeto de las cámaras y sus confederaciones, a fin de incorporar experiencias provechosas de cámaras en México y otros países, reformar las atribuciones y facultades de la Secretaría de Economía y reformar la Ley de la Propiedad Industrial, en el tema de las marcas notoriamente conocidas y famosas.

El mismo Grupo Parlamentario del PAN, con otros partidos políticos, ha trabajado en la ley para el desarrollo de la competitividad de las Mipyme. Sin embargo, después de todas esas acciones, existe la clara conciencia de que este importantísimo sector no ha podido despegar y estar en condiciones de competir a la par con empresas de otras partes del mundo, ni integrarse completamente a las cadenas productivas internas, razón por la que se vuelve necesario hacer una reflexión y evaluar todas las acciones llevadas a cabo.

Este ejercicio de evaluación debe hacerse de forma integral, involucrando a todos los actores que participan en los distintos programas y esfuerzos del gobierno federal, con el ánimo de identificar si los canales y conductos de apoyo establecidos para la Mipyme han sido los adecuados, para evaluar si se requieren más recursos presupuestarios o si en realidad se requiere gastarlos mejor.

En términos generales, se requiere llevar a cabo una evaluación integral de las políticas públicas aplicadas para el desarrollo de las Mipyme.

Este gran esfuerzo implica la participación de una comisión que maneje todos los aspectos, cuantitativos y cualitativos, de las micro, pequeñas y medianas empresas, que coordine en un solo espacio la evaluación de los programas federales orientados al fortalecimiento de las Mipyme, a fin de que puedan generarse recomendaciones integrales tanto en materia de políticas públicas como de reformas legales que coadyuven a mejores resultados de las acciones que se llevan a cabo en favor de este sector.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, es considerada una prioridad para la presente legislatura la atención de la problemática que enfrentan las Mipyme, razón por la que promovemos la creación, en este cuerpo legislativo, de una comisión especial que promueva y coadyuve con el Ejecutivo y al desarrollo de la competitividad de las Mipyme, desde una perspectiva de pluralidad de visiones y objetividad de juicios, con el fin último de cooperar en el óptimo desarrollo de las políticas públicas en la materia.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se propone la creación de la Comisión Especial para el desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en México. Tendrá el carácter de especial y se integrará conforme a lo dispuesto para las comisiones ordinarias y especiales en la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo, a 17 de octubre de 2006.

Diputado Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CONSTITUYE UN GRUPO PLURAL DE LEGISLADORES PARA INVESTIGAR LAS AGRESIONES QUE SUFRIERON DIPUTADOS FEDERALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, ASÍ COMO LA DIRIGENCIA DE DICHO PARTIDO, POR AUTORIDADES LOCALES DEL ESTADO DE TABASCO, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER HERNÁNDEZ MANZANARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

El que suscribe, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado martes de 10 de octubre, durante la sesión en esta honorable Cámara de Diputados, el diputado federal Pedro Landero López presentó una "proposición con punto de acuerdo para crear una comisión especial encargada de observar y dar testimonio del desarrollo del proceso electoral en Tabasco", que no fue votada como de urgente resolución, como proponía el diputado postulante y, en cambio, fue turnada a la Junta de Coordinación Política. La Cámara de Diputados evadió su responsabilidad en la coadyuvancia de los asuntos prioritarios para el país, y ahora las consecuencias están a la vista.

Todos los actores políticos del país sabemos que día 15 de octubre del año en curso se desarrollaron las elecciones para elegir la titular del Poder Ejecutivo del estado de Tabasco, alcaldes y diputados locales en dicha entidad. La celebración de elecciones periódicas para renovar a las autoridades locales es una condición indispensable de todo estado que aspira a ser democrático.

El pasado jueves 12 de octubre las autoridades policiales del estado de Tabasco detuvieron a 8 personas integrantes del Partido de la Revolución Democrática, por presuntas y nunca comprobadas violaciones a diversas disposiciones legales. Dichas personas fueron trasladas a la 6ª Agencia del Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia del Estado de Tabasco, en donde sufrieron diversas violaciones a sus inalienables derechos humanos, consagrados en nuestra Carta Magna, entre ellos la tortura y la incomunicación para declarar, referidos al artículo 20, fracción II, de dicho ordenamiento.

Diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura federal acudieron a la citada agencia a verificar el estado de salud de dichas personas, y a preguntar los supuestos delitos de los que habían sido acusados.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tabasco impidió a los diputados federales el acceso a la Agencia del Ministerio Público. En cambio, dichos elementos de la corporación policíaca arremetieron a golpes en contra de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y a los ciudadanos que se encontraban presentes en dicho lugar.

La represión por parte de las autoridades locales a miembros de un poder soberano de nuestra República es una clara violación a las garantías individuales y a los preceptos generales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El desarrollo de un proceso democrático debe estar suscrito a las leyes, y lo que sucedió a los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática son hechos que no pueden ser obviados.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a esta Soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La constitución de un grupo plural de legisladores para investigar las agresiones en contra de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así como de la dirigencia de este partido por parte de las autoridades del estado de Tabasco.

Segundo. Que, con fundamento en el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 22 de la Ley General del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados presente todas las acciones a su cargo, a fin de velar por el respeto al fuero Constitucional de cada uno de los miembros de esta honorable Cámara de Diputados.

Tercero. Se solicita al gobernador constitucional del estado de Tabasco, licenciado Manuel Andrade Díaz, que explique las razones del violento operativo policiaco en el cual fueron reprimidos los integrantes de esta honorable Cámara de Diputados.

Cuarto. Se exhorta al gobernador antes citado a iniciar una investigación para deslindar las responsabilidades que fueran necesarias respecto de este hecho violento en contra de los integrantes de este Poder de la Unión.

Diputado Javier Hernández Manzanares (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES A DICTAMINAR Y, EN CONSECUENCIA, PUBLICAR EL DECRETO DE RECLASIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALGUNAS CIUDADES DE TAMAULIPAS, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SALUM, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Los suscritos, diputados federales por el estado soberano de Tamaulipas, integrantes del grupo parlamentario del PRI; con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter al conocimiento de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo a instruir; con fundamento en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; a las Secretarías de Hacienda y Crédito publico, de Energía, y de Economía, así como a la Comisión Federal de Electricidad, a reclasificar a la baja las tarifas eléctricas de uso doméstico, considerando las altas temperaturas que se registran durante la mayor parte del año, en todos los municipios del estado de Tamaulipas.

Exposición de Motivos

La Comisión Federal Electricidad como depositaria del mandato supremo del pueblo de México y establecido en el artículo 7º de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional; en el sentido de que este servicio público se preste con carácter social. Fue observando hasta hace poco un comportamiento dentro del ámbito tarifario, que obedecía siempre al marco jurídico, es decir, permitiendo el desarrollo de los diferentes sectores del país a través de las tarifas eléctricas y la forma de aplicarlas; y en el caso de los subsidios, aplicándolos de manera generalizada, de acuerdo al último párrafo del artículo 28 constitucional. Sin discriminar a diferentes sectores de la población por su consumo, tal como sucede hoy, mediante el establecimiento de tarifas domésticas sin subsidios, como es el caso de la Tarifa de Alto Consumo (DAC).

Sin embargo, desde el año de 1992 en que fue modificada inconstitucionalmente la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el comportamiento de la Secretaría de Energía y de la CFE, ha sido distinto y contrario a lo que esta plasmado en nuestra Constitución.

El secretario de Hacienda y Crédito Público emitió un decreto el 6 de febrero del año de 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero del mismo año, conteniendo el "Acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y disminuye el subsidio a las tarifas domésticas", en el que, sin fundamentarlo legalmente y otorgándose una facultad que no tiene e invadiendo la esfera de competencia del Poder Legislativo, en especial de la Cámara de Diputados, toda vez que los subsidios se establecen en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual es facultad exclusiva de esta honorable Cámara, según los establece el artículo 74, fracción IV, constitucional; generó un nuevo sistema de tarifas de energía eléctrica para consumo doméstico más cara en un 187 % que la tarifa de consumo de energía eléctrica comercial afectando al 100 % de los usuarios.

Por todo lo anterior y

Considerando

Que en todo el país se han presentado conflictos en torno al aumento en el costo de las tarifas eléctricas.

Que la población de los distintos estados de la República se han manifestado por una disminución en el cobro de las mismas.

Que la población, sobre todo de escasos recursos, requiere de una mayor sensibilidad para que se les cobre de forma justa, y no con recibos que están imposibilitados de pagar.

Que no existe una negativa a pagar por parte de la ciudadanía sino que exigen tarifas justas, de acuerdo a lo que consumen.

Que los habitantes de todos los municipios del estado de Tamaulipas están siendo afectados gravemente en su economía familiar al pagar altos costos en el consumo intenso de energía eléctrica, producto de las altas temperaturas que durante la mayor parte del año sufren y debido al bajo subsidio con el que cuentan.

Que la temperatura promedio que presentan la mayoría de los municipios del estado, en temporada de verano asciende hasta 45 grados centígrados.

Que ante esta H. Cámara de Diputados en diferentes legislaturas, se han venido presentando diversos puntos de acuerdo, con referencia a la inconformidad de la población mexicana sobre el alto costo de las tarifas eléctricas en diversas regiones del país, sobre todo en aquellas ciudades donde prevalece el clima extremoso y que fueron afectadas con el recorte del subsidio eléctrico del decreto del 7 de febrero de 2002.

Que no sólo las familias se ven afectadas por el incremento de la temperatura y la humedad. Los comercios, restaurantes y hoteles, que destinan aproximadamente 50 por ciento de su gasto operativo al pago del recibo de energía eléctrica, llegan a verse afectados con incrementos de hasta 300 y 400 por ciento en el pago del recibo de electricidad durante el verano.

Que es indispensable, la urgente implementación por el Ejecutivo federal, a fin de no posponer por más tiempo la necesaria aplicación de criterios justos, equitativos y no discriminatorios en los cobros de los recibos de luz.

Que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica concede gran discrecionalidad al Ejecutivo federal, lo que ha dado lugar a que se realicen ajustes y modificaciones a las tarifas eléctricas para el consumo doméstico, lo cual a traído como consecuencia el detrimento de la economía familiar de la mayoría de los consumidores del servicio, con lo cual se violentan los principios de equidad y justicia social que deben de prevalecer en la prestación de todo servicio público, situación que es incompatible con el sentido social que debe caracterizar la actividad y la función de las empresas públicas del Estado.

Que ante la evidencia claramente desproporcionada de las tarifas se hace urgente conocer cuáles son los criterios utilizados por la Comisión Federal de Electricidad para aplicar las tarifas no sólo en el estado Tamaulipas, sino en todo el país, y en especial saber que ocurre en aquellas entidades y municipios donde la época de verano, y en algunos casos como en mi estado donde es casi todo el año, conlleva la alta elevación de las temperaturas, y por consecuencia el uso obligado por parte de miles de usuarios, de diversos aparatos eléctricos para aclimatar sus hogares y espacios de trabajo, incluso en el día y la noche.

Que el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que: "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía. A través del procedimiento señalado, la SHCP podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas".

Que en virtud de esto, no es posible que el consumidor final sea el que pague las ineficiencias de la Comisión Federal de Electricidad, en su operación de distribución.

Y en virtud a lo anterior, nos permitimos proponer a esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. Se solicite al titular del Ejecutivo federal, para que con fundamento en el artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15, fracción V, de la Ley de Planeación y artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que con la participación de las Secretarías de Energía, Economía y la Comisión Federal de Electricidad, reclasifique a la baja las tarifas eléctricas de consumo doméstico o residencial para el estado de Tamaulipas y todas aquellas entidades donde las temperaturas excedan los 32 grados centígrados, y asimismo, informen a esta H. Cámara de Diputados los criterios económicos, poblacionales, geográficos, climatológicos, o de cualquier índole, bajo los cuales han sido definidas las tarifas del decreto del 7 de febrero del año 2002.

Diputados federales del estado soberano de Tamaulipas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Miguel Ángel González Salud, Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez, Tomás Gloria Requena, Horacio E. Garza Garza, Enrique Cárdenas del Avellano.

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA COMBATIR Y PREVENIR LAS ADICCIONES, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

Con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Junta de Coordinación Política la siguiente propuesta para considerar la creación y constitución de la comisión especial para el combate y la prevención de las adicciones, conforme a las siguientes

Consideraciones

El combate y la prevención de las adicciones debe ser un tema prioritario de la política de salud en México.

Sin embargo, la creación del Consejo Nacional Contra las Adicciones fue una buena intención del gobierno federal, pero su desempeño y los resultados que arroja su existencia no son los deseados para reducir y prevenir el impacto de las adicciones en la población mexicana.

La visión que sustentan el Consejo Nacional contra las Adicciones y la Secretaría de Salud de nuestro país está alejada de la problemática real de quienes padecen adicciones.

Lo que sí es real, es que las adicciones han ido en aumento en nuestro país, tanto en los centros urbanos como en el medio rural, en las últimas dos décadas.

Este aumento está asociado a la destrucción del núcleo familiar, producto de un modelo económico que provocó el empobrecimiento masivo de las familias mexicanas, porque privilegió la competencia a ultranza y la intensificación de los ritmos del trabajo.

Fue así como millones de padres de familia de todos los estratos sociales fueron involucrados en una dinámica de destinar mayor tiempo a las actividades laborales en detrimento del tiempo destinado a la convivencia familiar y con los hijos.

Por esa razón, el aumento en el consumo de drogas, el alcoholismo, el tabaquismo, y otra serie más de conductas adictivas que distorsionan la personalidad de los individuos, fue abarcando a todos los estratos sociales de nuestro país, incluidos algunos padres de familia.

El resultado del aumento de las adicciones produjo que se desarrollaran conductas asociadas a la delincuencia, a problemas de violencia en las familias y, en el conjunto de la comunidad, a la delincuencia organizada, que utiliza a un sector cada vez más creciente de la población en alta dependencia de las drogas y el alcoholismo en sus actividades ilícitas.

Por ejemplo, en años recientes un porcentaje importante de niños de entre 8 y 10 años han pasado a formar parte de los adictos al alcohol, cuando antes se iniciaban entre los 12 y 14 años.

Las mujeres con padecimiento de alcoholismo fueron en aumento y abarca también a todas las clases sociales.

El consumo de drogas cobró cada vez más víctimas y su incidencia abarca incluso a los niños que se encuentran estudiando la primaria.

Es cada vez mayor el consumo de drogas sintéticas de bajo costo, como el "crack", el "cristal", "las tachas", entre otras, cuyas repercusiones en los adictos son muy graves.

A pesar de que el consumo de drogas, el tabaquismo, y el alcoholismo han crecido considerablemente en la sociedad mexicana, la respuesta del Estado a la problemática de las adicciones no fue acorde con la dimensión que tomó este problema de salud pública.

El Programa Nacional de Salud del actual gobierno sólo planteó líneas generales para reducir las adicciones al tabaco, al alcohol y las drogas.

Pero nunca se articularon programas y acciones gubernamentales que enfrentaran de manera radical el combate y la prevención de las adicciones.

Incluso, las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que se abocaron a atender este flagelo social hicieron más y lograron mejores resultados que las acciones y los programas del gobierno.

Para nadie es desconocido el papel y los resultados que ha producido en el campo del combate al alcoholismo de organismos no lucrativos como Alcohólicos Anónimos, que ha logrado rehabilitar a un alto porcentaje de quienes se acercan a pedir ayuda para enfrentar esta enfermedad.

El gobierno federal y la sociedad en su conjunto tampoco alentaron una política que tomara un carácter de Estado para fomentar la integración familiar y la preparación de los padres de familia para que se reforzara a nivel emocional, familiar y social la relación entre padres e hijos, cuya ausencia es uno de los factores que condicionaron el aumento de las adicciones en un contexto en que la sociedad se complejizaba.

Por lo tanto, el Partido del Trabajo y su grupo parlamentario tienen claro que para enfrentar el problema de las adicciones debemos construir una política de Estado que involucre a todas las instancias del Sector Salud, a la sociedad en su conjunto, a las instituciones de educación superior y al Congreso de la Unión.

En este sentido, estamos proponiendo la creación una comisión especial de combate y prevención de las adicciones, que se constituya en un espacio de enlace entre las instancias involucradas en la prevención y combate a las adicciones.

Asimismo, para que se convierta en un espacio para proponer iniciativas de ley, programas y acciones de gobierno que promuevan el combate y la prevención de las adicciones, así como proponer la instrumentación de mecanismos que permitan a las familias mexicanas rehabilitar a los que sufren de estos padecimientos.

Por ello, ponemos a consideración de la Junta de Coordinación Política y de las legisladoras y legisladores la siguiente

Propuesta

Artículo Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda la creación de la Comisión Especial para el combate y la prevención de las adicciones.

Artículo Segundo. El mandato de dicha comisión será revisar el cumplimiento de las políticas de salud relativas al combate y prevención de las adicciones consagradas en las políticas de salud pública de la dependencia encargada de esta materia, incluido el desempeño del Consejo Nacional Contra las Adicciones.

Asimismo, servirá de enlace entre las dependencias encargadas del combate y la prevención de las adicciones y se convertirá en un espacio que aliente la promoción de políticas públicas, programas y acciones articuladas de gobierno para enfrentar este flagelo social, así como ser un espacio para dar seguimiento a las políticas y los programas contra este flagelo y coadyuve en la solución de esta problemática.

Artículo Tercero. La comisión estará integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, buscando que estén debidamente representados de manera plural y equitativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil seis.

Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA PROMOVER Y RESCATAR LAS LENGUAS INDÍGENAS Y FOMENTAR LA LECTURA, A CARGO DEL DIPUTADO DELIO HERNÁNDEZ VALADÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA

Con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Junta de Coordinación Política propuesta para considerar la creación y constitución de la comisión especial para la promoción y el rescate de las lenguas indígenas y el fomento de la lectura, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país multicultural y pluriétnico. Somos una nación donde han quedado asentadas diversas culturas, desde las culturas indígenas que forman nuestras raíces hasta algunas culturas europeas, así como de otros continentes, que con el paso del tiempo se amalgamaron para formar a la población mexicana.

Los grupos étnicos más vulnerables a los prejuicios, a la exclusión y a la marginación son los indígenas, que habitan principalmente en estados como Chihuahua, Sonora, San Luis Potosí, Michoacán, México, Querétaro, Zacatecas, Durango, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, así como la población negra asentada en lo fundamental en Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Los indígenas representan más de 10 millones de mexicanos, mientras que la población negra rebasa 1 millón.

La lucha por el reconocimiento de sus derechos y de su autonomía es una vieja demanda que no se ha cumplido; la deuda histórica y social con estas comunidades no podría pagarse jamás, aun si empezáramos a liquidarla hoy, empezando por el rescate de sus lenguas.

Por otro lado, como se sabe, México se encuentra en los últimos lugares en lectura. Nuestro promedio de lectura es de 2.8 libros al año, que está muy debajo de los 26 volúmenes que recomienda la UNESCO, así como de naciones como Japón, Noruega, Finlandia y Canadá, que ocupan los primeros lugares, con un promedio per cápita superior a 48 libros por año.

Las razones que explican nuestro atraso relativo en materia de lectura tiene muchas causas; las más importantes son las relativas a la falta de una política de Estado que promueva la formación de lectores tempranos, mediante programas y acciones articuladas que habitúen a la población infantil a la lectura, como un proceso continuado y permanente que debe nacer desde que aprendemos a leer y sostenernos a lo largo de la vida.

Está probado que las personas que fueron educadas desde su niñez en el hábito de la lectura lo continúan cuando son adultas. Es decir, se cumple el principio psicológico de que quien adquiere buenas costumbres desde niño por extensión las mantiene hasta que muere.

Sin embargo, no sólo se debe alentar y promover el hábito de la lectura y la formación de lectores tempranos, sino también impulsar el conocimiento de las habilidades cognoscitivas asociadas a ella. Es decir, enseñar a los niños a leer, pero también a comprender lo que se lee, a razonar el contenido abstracto de la lectura, cuando ésta presente ese nivel, a interpretar y a analizar sus contenidos, así como a tener capacidad para hacer una síntesis y la evaluación del conjunto de esa lectura.

Esto es, seguir el principio del gran pensador y filósofo chino Confucio, quien dijo que "es muy importante leer y razonar, ya que razonar sin leer previamente es muy peligroso".

Por otra parte, es importante señalar que la crisis de la lectura y de la educación en México se profundizó a partir del momento en que la visión neoliberal de la educación se extendió al conjunto del sistema educativo nacional, porque es concebida como un campo muy amplio para los negocios privados, como una fuente de rentabilidad económica. La idea es desarrollar las habilidades de las personas a fin de formar cuadros para la empresa y no para que sea una poderosa palanca para formar seres humanos con un conocimiento global de nuestra realidad y que sean capaces de transformarla.

Para el Grupo Parlamentario de Alternativa, la lectura es un instrumento muy poderoso para elevar nuestra capacidad de pensamiento y entendimiento, pero también para dotarnos de las herramientas necesarias para flexibilizar nuestro cerebro e inteligencia y resolver con mayor facilidad los problemas cotidianos de nuestro entorno y ser más creativos.

Sin embargo, la falta del hábito de la lectura no es privativo de México porque también en los países industrializados es un tema que no sido resuelto. Por ejemplo, en la Unión Europea el nivel de lectura de los habitantes no es el deseado.

Cincuenta y uno por ciento de la población española dice que, francamente, no le gusta leer. En Estados Unidos, una tercera parte de la población tiene problemas de lectura y una reducción notable de comprensión de ésta entre los jóvenes. Para revertir esa falta de lectura, se han constituido asociaciones de lectores y han establecido el año de la lectura en esa nación.

En la mayoría de los países emergentes, incluido México, salvo Corea del Norte, Singapur, Hong Kong y Taiwán, la crisis de lectura se ha agudizado porque la mayoría de los estudiantes de estos países de entre los 15 y 16 años que han sido evaluados por la OCDE presentan índices de lectura muy por debajo del promedio de la propia organización.

En cambio, hay países que han desarrollado el hábito de la lectura, como es el caso de Japón: conforme a la UNESCO, su población tiene el primer lugar mundial en el hábito de la lectura, con una puntuación de 91 por ciento, seguido Alemania, con 67 por ciento, y Corea del Sur, con 65 por ciento.

México ocupa el penúltimo lugar de un total de 108 naciones que han sido objeto de la evaluación de la UNESCO en hábitos de lectura.

La crisis de lectura que vive la sociedad mexicana se ha convertido en una amenaza para nuestro proceso educativo y cultural porque nuestro pueblo y, en particular, nuestros estudiantes carecen de habilidades y hábito de la lectura. A pesar de que contamos con la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, nuestro avance ha sido prácticamente nulo en la materia.

Incluso, la televisión ha desplazado la lectura de libros y se ha convertido en el principal medio de culturización del hombre moderno; pero, al mismo tiempo, ha creado a potenciales lectores que no siguen ningún orden de lectura ni tienen respeto por el lector de libros sino que se rigen en lo fundamental por datos, hechos e imágenes, que les sirven de base para tomar decisiones.

Asimismo, estudios realizados por la ANUIES revelan que casi la mitad de nuestros estudiantes universitarios no emplean el tiempo necesario para leer los textos que incluyen el currículum universitario y la mayoría carece de habilidades y motivaciones para leer y realizar trabajos en grupo.

En las condiciones actuales, la lectura y la educación son fundamentales para que caminemos hacia adelante en materia económica, política, social y cultural.

Por esa razón creemos necesario reforzar todos los instrumentos a nuestro alcance y crear los necesarios para revertir el atraso en lectura y crearnos una cultura de ésta para que en un tiempo no lejano podamos decir con orgullo que estamos en los primeros lugares a escala mundial en la materia.

Por tanto, la importancia de crear en la LX Legislatura federal la comisión especial para la promoción y el rescate de las lenguas indígenas y el fomento de la lectura estriba en revertir nuestro atraso cultural y proponer soluciones que eleven nuestros hábitos de lectura y rescaten la pluralidad étnica del país a través de las lenguas indígenas.

También daría seguimiento a los propósitos y a la consecución de los programas y las metas que forman parte del programa de cultura del gobierno federal, como parte del Plan Nacional de Desarrollo y de todos los programas que tengan como propósito elevar el nivel de lectura del pueblo mexicano y rescatar nuestras lenguas indígenas.

Por los motivos expuestos sometemos a la consideración de la Junta de Coordinación Política y de las diputadas y los diputados la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda crear y constituir la Comisión Especial para la promoción y el rescate de las lenguas indígenas y el fomento de la lectura.

Segundo. El mandato de dicha comisión será coadyuvar y dar seguimiento al cumplimiento de los programas que promuevan el rescate de las lenguas indígenas, y los dirigidos al fomento de la lectura del pueblo mexicano; proponer programas y acciones que promuevan el rescate de nuestras lenguas indígenas y fomenten el hábito de la lectura y las habilidades de la misma, así como proponer una política de Estado que incentive el hábito de la lectura y desarrolle las habilidades de la misma, para que los mexicanos podamos resolver con mayor facilidad los problemas reales a que nos enfrentamos de forma cotidiana.

Tercero. La comisión estará integrada por miembros de todos los grupos parlamentarios, buscando que estén debidamente representados de manera plural y equitativa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.

Diputado Delio Hernández Valadez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX A CUMPLIR LOS COMPROMISOS Y LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDOS CON EL AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO Y CON LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE DICHO MUNICIPIO, A CARGO DEL DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

El suscrito, diputado federal Nabor Ochoa López, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, miembro del grupo parlamentario del PAN, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante ustedes someto la proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Desde hace varias décadas, en el municipio de Manzanillo, Colima, existen dos terminales de almacenamiento y distribución de Pemex; una, ubicada en pleno centro de la ciudad; y otra ubicada en la comunidad de Tapeixtles, dentro de la misma zona urbana. Lo anterior implica que tres ductos que transportan combustóleo, diesel y gasolina, atraviesen la ciudad desde el centro de Manzanillo (jardín principal).

Esta situación ha provocado que los habitantes de Manzanillo, sobre todo los asentados en las áreas cercanas donde se encuentran las instalaciones de Pemex, manifiesten permanentemente a las autoridades municipales su preocupación por los riesgos y peligros que existen debido a la operación de Pemex.

Precisamente, el pasado 27 de julio del año en curso ocurrió en Manzanillo, Colima, el mayor derrame de hidrocarburos de su historia.

En la madrugada de ese día, la ruptura de un ducto de Pemex ubicado en el centro de Manzanillo, provocó el derrame de mas de 200,000 (doscientos mil) litros de combustóleo, según información de la propia paraestatal.

Este hecho causó la contaminación de la bahía y daños en la explanada del jardín principal, áreas verdes, alumbrado, calles aledañas, así como en la red de drenaje sanitario y agua potable.

Hubo pues, afectación al medio ambiente y daños en la infraestructura urbana y sanitaria, afectando también al comercio establecido del centro histórico. La noticia, por sus implicaciones, fue dada a conocer nacionalmente afectando la actividad turística, una de las principales actividades del municipio.

Desde las primeras horas de este accidente protección civil municipal y personal del ayuntamiento, Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (CAPDAM) y la Armada de México se dieron a la tarea de controlar el siniestro. Gracias a su oportuna intervención, se evitaron mayores daños a la bahía de Manzanillo, a la red sanitaria y de agua potable, y a la planta de tratamiento de aguas negras del municipio.

Posteriormente funcionarios de Pemex Refinación, entre otros el ingeniero José Manuel Olivares Páez, gerente corporativo de Protección al Ambiente signaron compromisos con el suscrito en mi calidad de presidente municipal de Manzanillo, en ese entonces, así como con funcionarios municipales y directivos del organismo operador del agua del municipio (CAPDAM).

Dentro de los compromisos que se acordaron con el ayuntamiento de Manzanillo, destacan los siguientes:

El ingeniero José Manuel Olivares Páez, gerente corporativo de Protección Ambiental de Pemex Refinación se obligó a entregar al ayuntamiento de Manzanillo lo siguiente:

5,000 (cinco mil) toneladas de asfalto ac-20
300,000 (trescientos mil) litros de gasolina

300,000 (trescientos mil) litros de diesel.
$3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 mn), para obras de infraestructura urbana en el centro histórico (Av. México y calle Morelos).

Para dar cumplimiento a las obligaciones antes referidas el ingeniero Olivares Páez en representación de Pemex se comprometió a darle trámite en la siguiente sesión del Consejo de Administración de Pemex, a celebrarse a fines de agosto del año en curso; mismos compromisos y obligaciones que fueron ratificados al suscrito vía telefónica por el licenciado Saúl López de la Torre, gerente corporativo de Desarrollo Social.

Asimismo, se hizo el compromiso por escrito por parte del ingeniero Olivares Páez, en cumplir a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM) con motivo de los daños sufridos a la infraestructura de ese organismo por parte de Pemex, de las obligaciones que enseguida se detallan:

El pago de la cantidad de:

$2`635,048.06 (dos millones seiscientos treinta y cinco mil cero cuarenta y ocho pesos 06/100) que incluyen los trabajos realizados con personal de la CAPDAM y la reposición de equipos de rebombeo utilizado de manera extraordinaria por el organismo operador. Sin embargo, hemos sido enterados que Pemex sólo autorizó una parte mínima de los compromisos hechos con el ayuntamiento de Manzanillo y la CAPDAM, haciendo caso omiso de las obligaciones adquiridas por los representantes de la paraestatal.

Por lo anteriormente expuesto y por considerar que es una exigencia justa de los habitantes del municipio de Manzanillo, someto al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: Se exhorta al director general de Pemex a cumplir con todos los compromisos y obligaciones contraídos con el ayuntamiento de Manzanillo y con la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

Segundo: Se solicita al director general de Pemex la realización de los estudios necesarios para proponer una serie de soluciones respecto a la forma en que dicha paraestatal opera actualmente, y que garanticen la seguridad de los habitantes del municipio, así como las condiciones ambientales de esta zona. Entre estas soluciones, se solicita considerar la posibilidad de reubicar las instalaciones de Pemex, para compararla con la evaluación de otras alternativas que garanticen el mismo objetivo.

Tercero: Se solicita al director general de Pemex que los resultados del estudio mencionado, sean remitidos al Pleno de esta soberanía.

Palacio legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.

Diputado Nabor Ochoa López (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO, A CARGO DEL DIPUTADO ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

EL suscrito, diputado federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se crea la comisión especial de seguimiento al Acuerdo Nacional para el Campo.

Considerandos

La emergencia del movimiento campesino a lo largo de 2003 llamó la atención de la opinión pública hacia el sector primario de la economía mexicana. Este movimiento llevaba en su nombre la situación apremiante que se vive en el campo desde hace cerca de cincuenta años. "El campo no aguanta más" es una frase que refleja la desesperación de nuestros campesinos que en su arribo a la Ciudad de México el 31 de enero de 2003; nos recordaron la importancia que revisten para nuestro país.

Uno de los resultados de esta gran movilización fue la firma del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), suscrito el 28 de abril de 2003. Este documento signado entre el Poder Ejecutivo, Presidente y las organizaciones campesinas representó la necesidad de establecer una nueva política hacia el campo y un nuevo trato entre el Estado y la sociedad rural.

Este acuerdo fue firmado también por las directivas de las comisiones de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, de Desarrollo Rural y de Agricultura y Ganadería del Senado de la República, y como testigos de honor por los presidentes de ambas Cámaras del Congreso General. Por ello, en la LIX Legislatura se impulsó la Comisión Especial de seguimiento al Acuerdo Nacional para el Campo.

Esta Comisión realizó múltiples acciones para darle seguimiento al mencionado Acuerdo Nacional para el Campo, desarrolló una metodología de evaluación, implementó talleres para hacer una evaluación del cumplimiento de cada numeral. Entre los resultados obtenidos resaltó la claridad de que el gobierno federal ha desperdiciado la extraordinaria oportunidad del diálogo y negociación democráticos que ofrecía el acuerdo para enfrentar los grandes problemas del campo.

La situación del campo continúa deteriorándose y creemos que no debemos despreciar los esfuerzos realizados en estos tres años y, sobre todo, la trascendente movilización campesina y el acuerdo de 2003.

El Poder Ejecutivo ha incumplido con el pacto signado y con los mandatos de la Cámara de Diputados: no se respetan los presupuestos. Fue en el sector rural donde el Presidente Fox demostró, de inmediato, la relación de abierta confrontación que establecería con el Congreso a lo largo del sexenio: la Ley de Desarrollo Rural Sustentable fue la primera ley observada por el representante del Poder Ejecutivo, aun cuando era una iniciativa ampliamente consensuada entre los partidos y los sectores de la sociedad. En su momento y en abierta afrenta a las movilizaciones del sector azucarero vetó también la Ley de la Caña de Azúcar. Ahora, iniciamos la LX Legislatura con el veto a la Ley de Pesca.

La situación que se vive en México nos obliga a los legisladores a darle continuidad y respuesta a las demandas de los movimientos sociales. El Acuerdo Nacional para el Campo sentó las bases para resarcir la deuda histórica que el país tiene con el sector rural. Por eso hoy sigue teniendo vigencia y debemos darle seguimiento para atender la crisis del sector e incorporar al campo en un nuevo proyecto de nación.

Nuestra obligación como legisladores es coadyuvar al cumplimiento cabal de todos los puntos del Acuerdo Nacional para el Campo.

Por todo lo anterior someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial de Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo de la Cámara de Diputados para observar el cumplimiento del mismo, así como para evaluar su desarrollo, detectar las omisiones y proponer nuevos elementos de acuerdo entre el Gobierno y los actores sociales presentes en el campo.

Segundo. Las acciones que realice esta Comisión se harán con respeto a los ámbitos de competencia del Poder Ejecutivo federal, los Ejecutivos estatales y municipales, y con la participación amplia de los actores sociales presentes en el campo.

San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.

Diputado Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 LOS RECURSOS SE DISTRIBUYAN EN FORMA EQUITATIVA A TODOS LOS ESTADOS, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Motivos

En días pasados la prensa nacional ha dado cuenta de los premios que con las gestiones de la Presidencia de la República, se han favorecido a los gobiernos panistas, en detrimento del resto de los estados encabezados por gobiernos opositores al partido en el poder. Dicha información figura en el Informe de Rendición de Cuentas 2000-2006, de la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia. En donde se hace constar que desde las oficinas de la Presidencia de la República se impulsaron en la actual administración 17 megaproyectos, de los cuales 15 fueron en beneficio de entidades en poder de Acción Nacional, y los dos restantes fueron la remodelación del Aeropuerto de la Ciudad de México.

El documento informativo de las oficinas de Presidencia de la República, señala que el total de dichas obras es de 30 mil 100 millones de pesos, pero tan sólo cuatro de estas, ubicadas en Guanajuato, absorben 21 mil millones, es decir, las dos terceras partes. Además de Guanajuato, los beneficiados fueron Jalisco, Querétaro, Tlaxcala, San Luis Potosí y Morelos.

Lo anterior, compañeros y compañeras, es una evidencia clara de que el actual gobierno, es un gobierno de componendas y privilegios, en donde la inequidad y uso abusivo del poder son sus sellos característicos.

Mientras a los estados gobernados por el PAN les llegan recursos millonarios, al resto de las entidades se le da un trato discriminatorio negándoles la entrega de los recursos previamente comprometidos.

Este hecho, desde luego no puede verse aislado sino que indiscutiblemente está estrechamente relacionado con el reciente proceso electoral y el desvío de recursos utilizados como presión o estímulo para obtener beneficios electorales.

Es claro, que esta Cámara de Diputados no pude quedarse de brazos cruzados ante el abuso, la arbitrariedad y la ilegalidad. Es tiempo de entender, que el establecimiento del autoritarismo, la hegemonía, la corrupción y el abuso de influencias, ha quedado atrás. El presidencialismo está agotado, por lo que se deben deslindar responsabilidades y castigar con todo el peso de la ley, a quien haya utilizado recursos públicos en beneficio propio o de grupo.

Es inadmisible que el Presupuesto Público sea distribuido en base a simpatías y adhesiones doctrinarias y no en función de las necesidades que la población en cada región presenta.

En razón de lo aquí expuesto, es que someto a consideración de esta honorable Asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, el presente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal, una explicación sobre los criterios utilizados en la distribución inequitativa de los recursos, privilegiando a las entidades cuyos gobiernos tienen filiación panista, así como los motivos por los cuales los recursos comprometidos con entidades federativas cuyos gobiernos son de extracción diversa a la de gobierno, no han sido entregados para cumplimentar sus fines.

Segundo.- Se exhorta al Ejecutivo federal para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, enviado a esta soberanía se asignen con toda claridad y se evite con ello la discrecionalidad en el manejo de los dineros públicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.

Diputado Juan Manuel Parás González (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN Y PENSIONES DE EX TRABAJADORES DE FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

La venta de las empresas del Estado, que es uno de los paradigmas de la doctrina neoliberal, en México se ha caracterizado por una serie de actos de corrupción, irregularidades y malos manejos.

Estas anomalías ya eran padecidas por los trabajadores de la paraestatal Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) en 1992, cuando se aplicó el Programa de Retiro Voluntario, el cual se caracterizó por un sinfín de irregularidades, que fueron avaladas por las autoridades y los líderes sindicales, lo que dio paso a miles de demandas en la Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.

Las condiciones laborales de los trabajadores ferrocarrileros empeoraron a raíz de la reforma constitucional, en 1995, que derogó de nuestra Norma Fundamental el carácter estratégico reservado al Estado de la actividad económica de los ferrocarriles y, más tarde, con la privatización de Ferronales en 1997.

Para garantizar las jubilaciones y las pensiones de los ex trabajadores de dicha empresa, se constituyó, el 19 de diciembre de 1997, el Fideicomiso 5012-6, denominado Ferronales Jub, para administrar los recursos destinados por el organismo en extinción al pago de las jubilaciones y pensiones.

Con el Gobierno de Vicente Fox Quesada se publicó, en 2001, el decreto que extinguía Ferronales, señalando en su artículo 4 que:

"Los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, generados conforme al contrato colectivo de trabajo aplicable y a la ley, serán respetados. En toda época el gobierno federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados de Ferrocarriles Nacionales de México, en el caso de que el fondo de jubilaciones sea insuficiente".

Además, se establece lo siguiente: "hasta en tanto el Comité Técnico del Fideicomiso Ferronales Jub", constituido en Nacional Financiera, SNC, con su número de registro 5012-6, determine que otra institución pública preste los servicios materia del referido fideicomiso para la atención de los trabajadores jubilados, el organismo que se extingue continuará prestándolos con sus propios recursos humanos y materiales".

Sin embargo, miles de ex trabajadores han exigido se reconozcan sus derechos, por lo que han interpuesto más de 53 mil demandas ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Por otra parte, la resolución de los laudos ha sido en muchos casos desfavorable, debido a una interpretación del contrato colectivo de trabajo discrecional y diferenciada, lo cual es a todas luces irregular.

Y en los casos donde los ex trabajadores obtuvieron un laudo favorable, la empresa Ferronales, en liquidación, no ha cumplido con el pago de las liquidaciones y las pensiones que por ley tienen derecho y otras más se pagan de forma irregular, a tal grado que tardan hasta 12 meses en cumplir con este derecho.

Las autoridades de Ferronales argumentan que no tienen recursos para hacer frente a estas obligaciones extraordinarias.

Incluso la Secretaría de Hacienda ha erogado recursos, en calidad de préstamo a Ferronales, para cubrir los adeudos de los pensionados y jubilados.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somete a la consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Primero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, a pagar a sus ex trabajadores pensionados y jubilados.

Artículo Segundo. Se exhorta a Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, a regularizar el pago de los ex trabajadores pensionados y jubilados que resultaron con un laudo a su favor.

Artículo Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a considerar recursos en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2007, a fin de hacer frente a las pensiones y jubilaciones de los ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, que tuvieron un laudo favorable.

Artículo Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría integral al fideicomiso público 5012-6 "Ferronales JUB", a su administración, número en beneficiarios y recursos con que cuenta.

Dado en el Palacio Legislativo, a los diecisiete días del mes de octubre de 2006.

Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LAS COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DE RECURSOS HIDRÁULICOS, DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, DE DESARROLLO RURAL, DE SALUD, DE TURISMO, Y DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO FORMEN UNA COMISIÓN ESPECIAL CONJUNTA PARA DAR CUENTA DE LOS DIFERENTES ASPECTOS Y SITUACIONES QUE AQUEJAN LA CUENCA LERMA-CHAPALA-SANTIAGO, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Los suscritos, diputados federales del estado de Jalisco, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional perteneciente a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 34 y 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, 58 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la asamblea proposición con punto de acuerdo legislativo a fin de que se forme la comisión especial para analizar la situación en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

Exposición de Motivos

La sociedad y todos los órdenes de gobierno deben actuar coordinada y permanentemente para evitar la degradación del ambiente, renovar la conciencia ciudadana, desalentar procesos productivos contaminantes y sancionar las prácticas dañinas del ambiente.

Al cabo de los años y acorde con las necesidades más imperiosas de la humanidad, aparece junto a éstas la necesidad de acuñar, pero sobre todo de adoptar nuevos paradigmas que nos lleven a la ejecución de nuevas y mejores prácticas para la obtención del anhelado desarrollo, que ahora se busca que sea sustentable.

Pensar en el desarrollo hoy día inevitablemente nos lleva a reflexionar sobre la situación medioambiental, una situación ambiental que es concebida en varios contextos: el internacional, el nacional y el local.

Este último es sin duda uno de los contextos que posee mayor fuerza para el correcto funcionamiento y puesta en marcha de todos los elementos del desarrollo mismo, ya que se encuentra en contacto directo con su gestor, promotor y usuario. Aquí cobra gran fuerza la frase ya tan conocida por todos: "pensar globalmente y actuar localmente".

En ese sentido, las cuestiones del ambiente y los procesos de desarrollo humano son inseparables; toman forma en planteamientos estratégicos y de aplicación concreta en el contexto local, que es de donde emanan dichas directrices de aplicación para la obtención del desarrollo humano sustentable.

Cabe destacar que desde esta perspectiva es éticamente obligada la protección del ambiente, aprovechando, y no explotando, más de lo que sea la capacidad de carga de cada ecosistema los recursos naturales, ya que sin una base de capital natural no se puede generar un crecimiento económico a ningún plazo, mucho menos se puede velar por la calidad de vida de todos los mexicanos.

La presente propuesta dará la pauta a fin de crear políticas públicas que vigilen todos los aspectos para la satisfacción de las necesidades de la comunidad, velando así por una economía fuerte y pujante, un desarrollo social y humano integral y un claro cuidado del ambiente; sin el cuidado de éste afectaremos todo el proceso de desarrollo.

Por ello es preciso velar por un ambiente sano, situándonos en la necesidad de abordar la problemática de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago con una visión integral, con diversas ópticas y saberes que, por su naturaleza y grado de especialización, observarán y evidenciarán la totalidad de los problemas tan complejos que posee la cuenca desde la perspectiva social, ecológica y de salud ambiental, para que en corresponsabilidad se planteen las estrategias necesarias para el rescate de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y, con estas acciones, el rescate de la salud física y económica de los mexicanos que están en contacto con ella. Por eso se requiere la intervención de las comisiones ordinarias señaladas.

Objetivos de la comisión especial

Uno de los propósitos primordiales de la comisión será analizar la situación social, ecológica y económica de la cuenca, verificando la calidad del agua, sus volúmenes, las instalaciones y el funcionamiento de las estaciones hidrométricas y el uso y la gestión que se hace de ella, para dar cuenta de los diferentes aspectos y las situaciones existentes.

La presente propuesta no es azarosa sino que obedece a un problema de primer orden y de seguridad nacional para su pronta atención, ya que es sumamente preocupante el grado de contaminación de la cuenca, una de las más importantes del país: desde el centro de éste hasta el Pacífico se concentra más de 11 por ciento de la población nacional, y el recurso hídrico se emplea en la actividad agrícola, seguida de la actividad industrial, que ocupan más de 52 por ciento de la superficie de la cuenca, respaldando aún más la necesidad de abordar lo expuesto con visión multidisciplinaria, por tanto multicomisionaria.

Honorable asamblea, al amparo de los datos y las reflexiones expuestos solicitamos y apelamos a la sensibilidad y voluntad política de todos los grupos parlamentarios de la LX Legislatura para crear la citada comisión especial; así, esta soberanía estará buscando y respondiendo corresponsablemente a la solución de la problemática de la cuenca. Los suscritos, diputados federales jaliscienses del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, someten a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Uno. Que las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Recursos Hidráulicos, de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Salud, de Turismo, y de Fortalecimiento del Federalismo formen una comisión especial conjunta para dar cuenta de los diferentes aspectos y situaciones que aquejan la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, correspondiente a los estados de México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Jalisco.

Dos. La comisión especial se constituirá por lo menos por un miembro de cada grupo parlamentario que integra la honorable Cámara de Diputados.

Tres. La comisión especial estará vigente hasta el 30 de abril de 2009. Para estos efectos deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso General, de los avances obtenidos por la comisión.

Cuatro. La comisión especial contará con recursos presupuestales suficientes a fin de ejecutar los programas y proyectos que se implanten respecto a la puesta en marcha de las acciones requeridas para atacar la problemática en cuestión.

Transitorio

Único. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.

Diputados: Gerardo Amezola Fonseca, Joel Arellano Arellano, Omar Antonio Borboa Becerra, Leobardo Curiel Preciado, Francisco Javier Gudiño Ortiz, José Gildardo Guerrero Torres, Alonso Manuel Lizaola de la Torre, Gustavo Macías Zambrano, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Fabián Fernando Montes Sánchez, José Nicolás Morales Ramos, Mario Eduardo Moreno Álvarez, Rocío del Carmen Morgan Franco, José Antonio Muñoz Serrano, Raúl Alejandro Padilla Orozco, Francisco Javier Plascencia Alonso, Jorge Quintero Bello, Ricardo Rodríguez Jiménez, Martha Angélica Romo Jiménez, Mario Alberto Salazar Madera, Carlos René Sánchez Gil, José de Jesús Solano Muñoz, Lucía Susana Mendoza Morales (rúbrica).

CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 SE INCLUYA UNA PARTIDA DESTINADA A CUBRIR EL APOYO SOCIAL DE LOS EX TRABAJADORES MIGRANTES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, A CARGO DE LA DIPUTADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI

La suscrita, diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo donde solicita la incorporación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 de una partida especial por 20 millones de pesos, sectorizada en la Secretaría de Gobernación, destinada a cubrir el apoyo social de ex trabajadores migratorios del estado de Aguascalientes, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Un justo reclamo de los ex trabajadores migratorios que laboraron a través del convenio entre México y Estados Unidos en los años que van de 1942 a 1964 es recuperar para ellos o sus familias parte de los ahorros que durante ese periodo hicieron a través del banco Wells Fargo y transferidos posteriormente al Banco de Crédito Rural (hoy Financiera Rural).

Con la creación del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los ex Trabajadores Migratorios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005, se abrió la expectativa para que las decenas de miles de ex trabajadores migrantes contaran con un apoyo social que resarciera parte de lo que legítimamente les corresponde.

Sin embargo, de esa fecha al día de hoy, de los casi 223 mil ex trabajadores migratorios registrados en la Secretaría de Gobernación sólo han tenido acceso al apoyo social alrededor de 14 mil 800, apenas 6.4 por ciento.

En el caso de Aguascalientes, de un padrón de 505 ex trabajadores, alrededor de 280 han sido apoyados.

Una de las razones por las que -se presume- muchos no han sido atendidos es el exceso de burocratismo, tramitación y papeleo de que son objeto. Simplificarlo fue abordado por la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados a través de la aprobación de la iniciativa de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y que se encuentra como minuta en el Senado de la República. Diputados de la LX legislatura del PRI hemos hecho una solicitud respetuosa a nuestras compañeras y compañeros senadores en el sentido de agilizar los trámites legislativos de la minuta en cuestión, su discusión en comisiones y su eventual aprobación.

En ese sentido, es importante que en el Presupuesto de Egresos de la Federación que esta Cámara aprobará para el ejercicio fiscal de 2007 se cuente con recursos para atender la demanda de los ex trabajadores migrantes, entre ellos los del estado de Aguascalientes.

Por lo anterior, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2007 una partida especial por 20 millones de pesos, sectorizada en la Secretaría de Gobernación, a fin de destinarla a cubrir el apoyo social de ex trabajadores migrantes del estado de Aguascalientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2006.

Diputada Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica)

Efemérides II

RELATIVA AL 19 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE MAMA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA

Martha Angélica Tagle Martínez, en mi carácter de diputada federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 39, inciso 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promuevo efeméride relativa al Día Mundial del Cáncer de Mama.

Los estudios practicados en materia de salud señalan que la segunda causa de muerte de la mujer en los últimos veinte años es el cáncer de mama, manifestado en el resultado de la práctica del examen de mamografía en organismos con la edad promedio de cuarenta años, por lo que, al tratarse de una enfermedad terminal, la comunidad internacional ha sumado sus esfuerzos por alentar campañas informativas para sensibilizar sobre la importancia de invertir recursos financieros, científicos, sociales y humanos para la lucha contra esta enfermedad.

El Día Mundial del Cáncer de Mama tiene como antecedentes la labor realizada en octubre de 1992 por la empresa de cosméticos Estée Lauder con actividades en el mundo de difusión con organismos privados internacionales de la cultura de la prevención, con el lema "Querer saber es querer vivir", y en el año 2000 promovió otro proyecto en pro de humanizar las consecuencias del padecimiento, iluminando los monumentos más representativos de las principales ciudades de los 43 países participantes de los cinco continentes, logrando decretar esta importante fecha un espacio pertinente para que los Estados participantes, como México, se sumaran al esfuerzo de velar por la salud de la mujer y, en ese marco, la noche del pasado 3 de octubre del 2006, las autoridades del gobierno de la ciudad capital del país alumbraron con luces rosadas por más de veinte minutos la estatua de la Diana Cazadora, recordando que el cáncer de pecho aun cobra muchas vidas.

La Organización Mundial de la Salud, como actividad permanente, emite diversos programas de apoyo a la mujer para concienciar sobre los alarmantes alcances de esta problemática sanitaria y, en México, por conducto de la Secretaría de Salud, realiza una constante tarea para tratar de revertir las cifras reportadas por esta dependencia de la administración pública federal, la cual señala que el cáncer de mama es el segundo motivo de muertes femeninas en menores de sesenta años de edad, es decir, constituyen el 12.7 por ciento del total de la población desde el 2001, demostrando con ello que las acciones del gobierno federal por aminorar el riesgo de cáncer de mama y tratarlo con los medicamentos necesarios para que la paciente goce de una calidad de vida razonable es una tarea prioritaria y que no ha sido cumplida.

A mayor abundamiento debemos conocer que, conforme al resultado de los estudios realizados por docentes del Instituto de Investigaciones de Inglaterra en el último bimestre, el nacimiento del cáncer de mama deriva de la mutación de un gen denominado BRIP1, que produce alteraciones al ADN, propiciando su aparición de células con cáncer, que pronosticándose en el tiempo adecuado es controlable mediante el suministro de las sustancias de un molusco originario de Sudamérica, porque sus propiedades alimenticias mitigan la alteración del funcionamiento bioquímico humano, con esta información, que constituye un aspecto de la que debe ser prioridad para la industria médica farmacéutica, en aras de eficientizar la lucha contra el cáncer de mama, deseo invitar a la reflexión de que este día debe fungir como momento idóneo para recordar a las mujeres que prematuramente perdieron la vida y tuvieron la oportunidad de gozar de la atención que como pacientes debieron oportunamente recibir, o bien, las que lo sufren en estos momentos.

Esta efeméride también es un pronunciamiento ante esta soberanía para reflexionar en la imperiosa necesidad de obligar al gobierno federal a invertir mayores esfuerzos y recursos en el combate del padecimiento en todas las fases, para que las miles de mujeres que cotidianamente son tratadas en las clínicas publicas o privadas del país adquieran conciencia de que el tema es un problema de salud Pública, pero radica en las políticas de Estado resolverlo, sin que los resultados sean promisorios, no obstante que la Asociación de Lucha contra el Cáncer, los institutos de mujeres, la industria nacional de cosméticos y las diversas organizaciones en pro de los derechos de género han remitido a la Secretaria de Salud planeamientos encaminados a satisfacer la creciente demanda de solución al deficiente otorgamiento de los servicios públicos de oncología para la mujer que coadyuven a reducir la tasa de mortalidad, máxime que los programas de prevención no parten de una estrategia planeada para cumplir con la obligación del gobierno de garantizar el derecho a la salud que se establece el articulo 4 del Pacto Federal.

En virtud de ello, hago un respetuoso llamado a esta honorable asamblea no sólo para que recordemos esta fecha, sino para que al interior de nuestras representaciones políticas realicemos el trabajo legislativo para aminorar los riesgos de cáncer de mama y darle un mejor destino a las mujeres de nuestro país.

Palacio Legislativo Federal, a los 19 días del mes de octubre del dos mil seis.

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)

Indicadores

DE LA ECONOMÍA MEXICANA Y LAS FINANZAS PÚBLICAS. CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS MENSUALES

	2005						2006
	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
	Producción
	(variación porcentual anual)
IGAE ¹	1.9	4.3	4.0	3.1	2.5	2.4	5.6	4.3	7.0	1.5	6.2	6.8	5.0	-	-
Producción manufacturera ²	-2.0	1.7	1.1	2.4	3.0	1.8	6.2	4.7	10.2	-1.8	6.1	7.5	5.7	5.6	-
	Empleo, Salarios y Productividad
Tasa General de Desempleo Abierto (%) ³	4.0	3.7	3.7	3.6	3.0	2.8	3.5	3.6	3.4	3.3	2.9	3.3	4.0	4.0	-
Trabajadores asegurados en IMSS (miles) ⁴	12,897	12,951	13,080	13,222	13,335	13,185	13,222	13,345	13,484	13,549	13,614	13,702	13,787	13,866	-
Personal ocupado Ind. Manufacturera (var.% anual)	-1.1	-0.8	0.0	-0.4	-0.5	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.6	2.0	2.0	-	-
Productividad en la Ind. Manufacturera (var.% anual) ⁵	0.1	0.6	0.1	2.5	0.8	-0.4	5.2	4.6	4.5	3.6	5.2	4.2	3.0	-	-
Salario base de cotización al IMSS ⁶	167.9	166.7	165.2	164.1	164.0	163.4	168.0	168.8	167.3	167.6	169.9	169.6	-	-	-
Remuneraciones medias Ind. Manufacturera. (var. % anual) ⁷	-1.5	0.4	-0.8	0.6	1.3	-0.7	0.3	1.0	0.2	0.9	1.3	-0.1	0.7	-	-
	Inflación ⁸
	(variación porcentual)
Mensual	0.4	0.1	0.4	0.2	0.7	0.6	0.6	0.2	0.1	0.1	-0.4	0.1	0.3	0.5	1.0
Acumulada	1.2	1.3	1.7	2.0	2.7	3.3	0.6	0.7	0.9	1.0	0.6	0.7	0.9	1.4	2.5
Anual	4.5	3.9	3.5	3.1	2.9	3.3	3.9	3.7	3.4	3.2	3.0	3.2	3.1	3.5	4.1
	Sector Monetario y Financiero
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio) ⁹	10.7	10.7	10.8	10.8	10.7	10.6	10.5	10.5	10.7	11.0	11.1	11.4	11.0	10.9	11.0
Cetes 28 días (%)	9.6	9.6	9.2	8.9	8.7	8.2	7.9	7.6	7.4	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1
Reservas Internacionales (mdd)¹⁰	59,331	60,880	62,836	65,145	66,998	68,669	67,305	67,329	67,487	70,611	75,619	78,743	77,624	65,866	-
	Sector Externo
	(millones de dólares)
Balanza comercial ¹¹	-721	-637	-330	-679	-1,457	-1,208	694	231	-192	257	-83	-366	-319	-784	-
Exportaciones	16,377	19,499	18,307	19,560	20,224	19,394	19,206	18,729	20,917	19,761	22,721	21,292	19,876	22,826	-
Importaciones	17,098	20,136	18,638	20,240	21,681	20,601	18,512	18,499	21,108	19,504	22,804	21,657	20,195	23,610	-
	Petróleo
Precio mezcla mexicana (USD por barril)	46.6	50.3	51.0	48.0	43.7	44.9	50.2	48.5	51.4	57.2	56.8	55.5	60.1	-	-
Volumen de exportaciones (mbd)	1,714	1,766	1,677	1,908	1,909	1,848	2,052	1,968	1,986	1,833	1,831	1,776	1,635	-	-
	Finanzas Públicas
	(millones de pesos)
Balance Público	20,718	22,282	17,527	3,290	2,592	-114,989	11,354	13,097	25,457	36,575	21,603	-25,021	-3,949	33,491	-
Balance Presupuestario	22,894	16,653	15,953	7,219	3,679	-112,881	14,512	10,745	26,212	38,900	21,886	-27,409	-3,451	29,011	-
Ingresos Presupuestarios	156,618	155,689	163,038	156,920	168,479	195,723	194,487	175,957	193,242	189,974	183,101	184,761	198,714	183,698	-
Gasto neto presupuestario	133,724	139,036	147,085	149,701	164,800	308,604	179,975	165,213	167,031	151,074	161,215	212,169	202,165	154,687	-
Balance No Presupuestario	-2,176	5,629	1,573	-3,928	-1,087	-2,108	-3,158	2,352	-755	-2,325	-283	2,611	-498	4,479	-
Balance Público Primario	44,067	41,428	33,764	14,030	10,819	-89,352	37,559	26,297	46,942	56,251	36,754	12,585	19,431	51,955	-
Deuda pública externa bruta (mdd)	75,315	74,544	73,946	72,813	71,962	71,675	74,857	72,221	72,048	71,871	71,531	73,003	69,786	68,851	-
Deuda interna bruta del Gobierno Federal	1,176,134	1,191,851	1,213,612	1,219,407	1,233,882	1,242,154	1,255,274	1,286,332	1,284,643	1,316,380	1,348,965	1,380,169	1,403,600	1,533,047	-
	Economía Internacional
Estados Unidos
Índice de producción industrial ¹²	3.1	3.1	2.0	2.4	3.2	3.5	3.2	3.1	3.7	4.6	4.4	4.7	5.2	4.7	-
Inflación mensual (%)	0.5	0.5	1.2	0.2	-0.6	-0.1	0.7	0.1	0.4	0.6	0.4	0.2	0.4	0.2	-
Inflación acumulada (%)	2.0	2.6	3.8	4.0	3.5	3.4	0.7	0.8	1.1	1.7	2.1	2.3	2.8	3.0	-
Comercio Exterior (mdd) ¹³	-58,080	-58,742	-65,585	-66,598	-64,002	-64,174	-66,302	-62,744	-62,096	-63,590	-65,407	-64,818	-68,044	-	-
Exportaciones (mdd)	106,536	107,992	106,327	108,593	110,006	112,567	114,733	113,787	115,910	116,063	118,571	121,246	119,966	-	-
Importaciones (mdd)	164,616	166,734	171,295	175,191	174,008	176,741	181,035	176,531	178,006	179,653	183,978	186,064	188,010	-	-
Tasa Prime Rate (promedio % anual)	6.3	6.4	6.6	6.8	7.0	7.2	7.3	7.5	7.5	7.8	7.9	8.1	8.3	8.3	8.3
Tasa Libor un mes (promedio % anual)	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.5	4.6	4.8	4.9	5.1	5.3	5.4	5.3	5.3
Euro (pesos por divisa)	12.9	13.1	13.2	13.0	12.6	12.5	12.8	12.5	12.9	13.6	14.3	13.8	13.2	13.8	14.0
Yen (pesos por divisa)	0.095	0.097	0.097	0.094	0.090	0.090	0.091	0.089	0.092	0.094	0.098	0.105	0.098	0.098	0.094

Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA

A su reunión de instalación, que se verificará el martes 17 de octubre, a las 11 horas, en los salones C y D del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y presentación de los integrantes.
2. Declaratoria de quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Intervención y declaración formal de instalación, a cargo del diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco.
5. Intervención a cargo de los diputados secretarios de la mesa directiva de la comisión.
6. Asuntos generales.
7. Clausura. Atentamente
Diputado Raúl Alejandro Padilla Orozco
Presidente

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A la primera reunión de su mesa directiva, que se realizará el martes 17 de octubre, a las 12 horas, en la sala de juntas de la comisión (edificio F, tercer piso).

Atentamente
Diputado Diego Cobo Terrazas
Presidente

DE LA COMISIÓN DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS

A su reunión de instalación, que se efectuará el martes 17 de octubre, a las 12 horas, en la zona C del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Presentación de integrantes.
5. Declaración formal de instalación.
6. Mensaje a cargo del presidente de la comisión.
7. Intervención de los ciudadanos secretarios de la comisión.
8. Asuntos generales.
9. Clausura. Atentamente
Diputado Andrés Bermúdez Viramontes
Presidente

DE LAS COMISIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SEGURIDAD SOCIAL

A la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social, ingeniero Francisco Javier Salazar Sáenz, que se llevará a cabo el miércoles 18 de octubre, a las 10 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).

Atentamente

Diputado Tomás del Toro del Villar
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social

Diputado Miguel Navarro Quintero
Presidente de la Comisión de Seguridad Social

Acuerdo por el que se establecen las bases para el desarrollo de la comparecencia del titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ante las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social.

Las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con fundamento en el resolutivo cuarto del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, fechado el 10 de octubre de 2006, relativo a las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo federal ante comisiones ordinarias, para el análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, y

Considerando

Primero: Que la Cámara de Diputados acordó la comparecencia de funcionarios del Ejecutivo federal ante comisiones ordinarias, en el marco de lo dispuesto por los artículos 29 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo: Que entre las comparecencias que se acordó se llevaran a cabo se encuentra la del titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ingeniero Francisco Javier Salazar Sáenz.

Tercero: Que la Junta de Coordinación Política acordó que las comparecencias de los funcionarios del Ejecutivo federal se desarrollen conforme a las bases y al formato que acuerden y establezcan las propias comisiones, y

Cuarto: Que la Junta de Coordinación Política acordó también que la comparecencia del titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se haría ante las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y la de Seguridad Social.

Con las consideraciones expuestas, las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, acuerdan desarrollar la citada comparecencia conforme a las siguientes

Bases

Primera: El titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social hará una primera intervención hasta por ocho minutos.

Segunda: Las intervenciones y preguntas de las diputadas y los diputados integrantes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, tendrán cada una de ellas una duración de hasta cuatro minutos y se harán en tres rondas.

Tercera: En las tres rondas, el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dará respuesta a cada una de las intervenciones de los diputados y las diputadas, con una duración de hasta cuatro minutos, y estos últimos tendrán derecho a hacer, si lo desean, una réplica con una duración de hasta dos minutos.

Cuarta: En la primera ronda de intervenciones, sobre temas relativos a la competencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, las intervenciones de los grupos parlamentarios se harán en el siguiente orden: G.P. Nueva Alianza, G..P. Partido del Trabajo, G.P. Partido Verde Ecologista de México, G.P. del Partido Revolucionario Institucional, G.P. del Partido de la Revolución Democrática y G.P. del Partido Acción Nacional.

Quinta: En la segunda ronda de intervenciones, sobre temas relativos a la competencia de la Comisión de Seguridad Social, las intervenciones de los grupos parlamentarios se harán en el siguiente orden: G.P. del Partido del Trabajo, G..P. de Convergencia, G.P. del Partido Verde Ecologista de México, G.P. del Partido Revolucionario Institucional, G.P. del Partido de la Revolución Democrática, y G.P. del Partido Acción Nacional.

Sexta: En la tercera ronda de intervenciones, sobre temas relativos a la competencia de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y a la de Seguridad Social, las intervenciones de los grupos parlamentarios se harán en el siguiente orden: G.P. del Partido Revolucionario Institucional, G.P. del Partido Acción Nacional, G.P. del Partido de la Revolución Democrática, y G.P. del Partido Acción Nacional.

Séptima: Cada grupo parlamentario registrará ante los presidentes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, las diputadas y los diputados que intervendrán en cada una de las rondas mencionadas al inicio de la comparecencia.

Octava: La primera ronda de preguntas será moderada por el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; la segunda lo será por el presidente de la Comisión de Seguridad Social, y la tercera ambos presidentes lo resolverán de común acuerdo.

Novena: La comparecencia del titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se celebrará el día 18 de octubre a las 10:00 horas en el Salón Legisladores de la República (salón verde) y el Secretario será convocado por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Décima: Las diputadas y los diputados integrantes de las comisiones ordinarias ante las que comparecerá el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que no hayan podido intervenir, podrán formular preguntas por escrito que se entregarán al final de la comparecencia, para que el funcionario en un término de 15 días dé contestación por escrito a las mismas, remitiéndolas a los presidentes de las comisiones y ellos, a su vez, las den a conocer a los integrantes de las mismas.

Décima Primera: Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2006.

Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputado Tomás del Toro del Villar

Comisión de Seguridad Social
Diputado Miguel Ángel Navarro Quintero

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

A su reunión de trabajo con funcionarios públicos de la Secretaría de Desarrollo Social, que se verificará el miércoles 18 de octubre, a partir de las 9 horas, en el salón D del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Presentación de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, por parte de los servidores públicos de dicha dependencia.
4. Clausura de los trabajos. Atentamente
Diputado Héctor Hugo Olivares Ventura
Presidente

DE LA COMISIÓN DE PESCA

A su reunión de instalación, que se verificará el miércoles 18 de octubre, a las 8 horas, en primera convocatoria, y a las 9, en segunda, en el salón B del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia.
2. Declaratoria de quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Intervención y declaración formal de instalación, a cargo del diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez, presidente de la comisión.
5. Intervención a cargo de los diputados integrantes de la mesa directiva.
6. Intervención a cargo de los diputados integrantes de la comisión.
7. Asuntos generales.
8. Clausura. Atentamente
Diputado Carlos Orsoe Morales Vázquez
Presidente

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

A su reunión plenaria, que se realizará el miércoles 18 de octubre, a las 9 horas, en la zona C del edificio G.

Atentamente
Diputado Jorge Charbel Estefan Chidiac
Presidente

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS

A su reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 18 de octubre, a las 10 horas.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura del acta de la sesión anterior.
4. Resumen de los acuerdos de la reunión de mesa directiva.
5. Propuesta de calendario de reuniones de la comisión.
6. Recepción de propuestas para la organización de la comisión, así como para la integración del plan de trabajo por parte de las diputadas y los diputados.
7. Integración de las subcomisiones de trabajo de la comisión.
8. Asuntos varios. Atentamente
Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Presidente

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

A la comparecencia del ingeniero Francisco Javier Salazar Sáenz, secretario del Trabajo y Previsión Social, que se llevará a cabo el miércoles 18 de octubre, a las 10 horas, en el salón Verde (edificio A, segundo piso).

Atentamente
Diputado Tomás del Toro del Villar
Presidente

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

A su primera reunión de trabajo, que se llevará a cabo el miércoles 18 de octubre, a las 11:30 horas, en el salón E del edificio G.

Atentamente
Diputado Rodrigo Medina de la Cruz
Presidente

DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE

A su primera reunión de trabajo, que se efectuará el miércoles 18 de octubre, a las 12:30 horas, en el salón B del edificio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura del acta de la sesión anterior.
4. Resumen de los acuerdos de la reunión de mesa directiva.
5. Propuesta de calendario de reuniones de la comisión.
6. Presentación general de los avances para la integración del plan de trabajo de la comisión.
7. Asuntos generales. Atentamente
Diputada Elizabeth Morales García
Presidenta

DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A su reunión de instalación, que se llevará a cabo el miércoles 18 de octubre, a las 13 horas, en el salón de protocolo situado en el edificio A, planta baja.

Atentamente
Diputado Alberto Esteva Salinas
Presidente

DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

A su reunión ordinaria, que se verificará el miércoles 18 de octubre, a las 13 horas, en el salón D del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
4. Presentación de la propuesta de lineamientos generales para el programa anual de trabajo de la comisión.
5. Propuestas para la formación de los grupos de trabajo.
6. Clausura. Atentamente
Diputado Carlos Chaurand Arzate
Presidente

DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

A su reunión de trabajo, que se realizará el miércoles 18 de octubre, a las 14:30 horas, en la sala de juntas de la comisión (edificio D, segundo piso).

Atentamente
Diputado Héctor Padilla Gutiérrez
Presidente

DE LA COMISIÓN DE TURISMO

A la comparecencia del secretario de Turismo, licenciado Rodolfo Elizondo Torres, que se efectuará el miércoles 18 de octubre, a las 17 horas, en el salón Legisladores de la República (Salón Verde).

Atentamente
Diputado Octavio Martínez Vargas
Presidente

DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA

A su reunión de trabajo con la Comisión Nacional de Vivienda, que se verificará el miércoles 25 de octubre, a las 13 horas, en la zona C del edificio G.

Orden del Día

1. Pase de lista.
2. Verificación de quórum.
3. Palabras de bienvenida, por parte del presidente de la comisión, diputado Diego Aguilar Acuña.
4. Exposición del director general de la Comisión Nacional de Vivienda, Carlos Gutiérrez Ruiz.
5. Sesión de preguntas y respuestas por parte de las diputadas y los diputados secretarios e integrantes de la comisión.
6. Clausura. Atentamente
Diputado Diego Aguilar Acuña
Presidente

DE LA COMISIÓN DE SALUD

A la comparecencia del secretario de Salud, doctor Julio Frenk Mora, que se efectuará el miércoles 25 de octubre, a las 17 horas, en lugar por definir.

Atentamente
Diputado Ector Jaime Ramírez Barba
Presidente

Invitaciones

DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO

A la conmemoración del LIII Aniversario del Voto de las Mujeres en México, que se llevará a cabo el martes 17 de octubre, a las 17 horas, en los salones C y D del edificio G.

Atentamente
Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta