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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su postura sobre la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos de América, suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios.
- Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie porque el gobierno de Estados Unidos de América acate la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que exhorta a dicho gobierno a poner en libertad a presos políticos cubanos, a cargo del Grupo Parlamentario del PT.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones vigentes del gobierno federal a efecto de que, en coordinación con los gobiernos estatal y municipal de la región de los valles de Cuatrociénegas y El Hundido y las sierras La Fragua y La Madera, se protejan, conserven y reparen los daños ambientales causados, suscrita por los diputados Aleida Alavez Ruiz, Mayra Gisela Peñuelas Acuña, Yolanda Rodríguez Ramírez y Ricardo Cantú Garza, de los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, y del Trabajo, respectivamente.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Estado que intervienen en los consejos de administración de Petróleos Mexicanos y de Pemex-Refinación a analizar y revalorar la demanda de juicio de amparo que dicho organismo interpuso contra diversos artículos de la recientemente publicada Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para revisar a fondo en las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión la operación del Fonden, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal a coadyuvar en la solución de la problemática turística generada a partir del bloqueo de avenida Reforma y las calles del Centro Histórico, y a implantar un programa de reactivación del turismo en el DF, a cargo del diputado Francisco Dávila García, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, para solicitar a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público que se actualice por la Dirección General de Caminos y Puentes Federales el padrón de residentes exentos del pago de peaje, a cargo del diputado Pedro Pulido Pecero, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a concluir por las autoridades correspondientes las reparaciones de la carretera Cuernavaca-Acapulco y realizar los estudios técnicos para reducir el peaje en tanto no finalicen dichas obras, a cargo del diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, a fin de constituir una comisión plural de legisladores y exhortar al Ejecutivo federal a no utilizar la fuerza pública para solucionar el conflicto en Oaxaca, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob y al gobernador de Oaxaca a evitar el uso de la fuerza pública para solucionar el conflicto y fortalecer el diálogo, la negociación y el uso de la política en dicha entidad, a cargo del Grupo Parlamentario del PT.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que proporcione la estadística de los aportes realizados por el gobierno federal a las entidades federativas en el periodo 2000-2006, por todo concepto, y los resultados de las revisiones efectuadas por ella, a cargo de la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Sonora a cesar sus ataques contra el diario El Imparcial y sus editores, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores a la aprobación inmediata del sistema integral de combate del crimen organizado, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se manifiesta en favor de la promoción oficial para lograr que el castillo de Chichén Itzá quede incluido entre las siete nuevas maravillas del mundo, a cargo del diputado Joaquín Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a asumir la consecución del Plan Nacional de Cultura, parte del Plan Nacional de Desarrollo, o a explicar las razones del abandono de los programas y proyectos de gobierno, como establece el artículo 26 constitucional y de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el desarrollo sostenible de las zonas de sierra y de montaña, suscrita por los diputados María Oralia Vega Ortiz y Joel Guerrero Juárez, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronuncie sobre la renovación de las dirigencias de las secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, así como acerca de los despidos injustos de la sección 11 de dicho sindicato, a cargo del Grupo Parlamentario del PT.
- Con punto de acuerdo, para solicitar a la Cámara de Diputados la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el próximo 3 de diciembre, a cargo de la diputada Silvia Emilia Degante Romero, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial encargada del estudio de la problemática de las aguas subterráneas nacionales, a cargo de la diputada Soledad López Torres, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades municipales de Tijuana a realizar las acciones necesarias que permitan la depuración de los elementos de la policía municipal, así como a implantar un programa de acción emergente que abata los índices de criminalidad en dicha ciudad, a cargo del diputado Luis Rodolfo Enríquez Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, a cargo de la diputada Susana Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita que se dé continuidad a la comisión especial respecto de los fondos de los trabajadores mexicanos braceros, a cargo del diputado Ramón Salas López, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 recursos dirigidos a la Comisión Nacional del Agua para realizar las obras necesarias en el denominado "Dren de Tehuacán", a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a instalar una mesa de trabajo que realice la revisión integral de las tarifas eléctricas aplicadas en el país, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat, a la Profepa y a la Dirección del Sistema Estatal de Protección Civil de Puebla que remitan a esta soberanía los estudios realizados para la explotación del cerro de Necaxatépetl, a cargo del diputado Faustino Soto Ramos, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para continuar los festejos por el bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García, suscrita por los diputados Patricia Villanueva Abraján y Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para los festejos del bicentenario del natalicio de Benito Juárez, a cargo del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta soberanía convoque a la Sagarpa, a organizaciones de productores, empresas comercializadoras y a los consejos estatales agropecuarios a valorar que el pago de los apoyos a las cosechas de productores se realice en una sola exhibición, a cargo del diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a formar una comisión intersecretarial para reestructurar los precios al consumidor del gas natural, del gas licuado y de las gasolinas, a cargo del diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de ganadería, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, a fin de instaurar un código de ética para diputados federales, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a los titulares de la SRE, de la Semarnat y de la Conagua que envíen a esta soberanía un informe pormenorizado sobre la situación que guarda el revestimiento del canal Todo Americano, a cargo de la diputada María Manuell-Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a reintegrar en el presupuesto de la Sagarpa el resto de los recursos que formaron la reserva estratégica; y se solicita a la segunda de esas dependencias que dichos recursos se apliquen de acuerdo con la estructura programática establecida en el Programa Especial Concurrente, integrado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para el campo, a cargo del diputado Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculadas a los feminicidios en el país, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia y suscrito por diputadas de diversos grupos parlamentarios.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las secretarías de la administración pública federal competentes a reconocer el valor de la mujer rural y a otorgar mayores recursos a los programas destinados a su atención, suscrito por los diputados Leticia Díaz de León Torres y Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial plural encargada de observar y dar testimonio del desarrollo del proceso electoral que se celebrará en Tabasco el 15 de octubre de 2006, a cargo del diputado Pedro Landero López, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial del cacao, a cargo del diputado Andrés Carballo Bustamante, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Transportes, y de Trabajo y Previsión Social de esta Soberanía, a investigar lo relativo al cambio de condiciones laborales habidas después de la venta de Mexicana de Aviación, a cargo el Dip. Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, relativo a la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que será adoptada por la Asamblea General de la ONU, a cargo de la diputada Marcela Cuén Garibi, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la SEP a suspender la puesta en marcha de la reforma de la educación secundaria, ante el rechazo del magisterio nacional y las deficiencias que ha tenido su aplicación, a cargo del diputado Miguel Ángel Solares Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al Banco de México a no sustituir la imagen del héroe nacional Ignacio Zaragoza por la de Diego Rivera y Frida Kahlo en el billete de 500 pesos de la nueva familia que pondrá en circulación a partir de noviembre del presente año, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas legislaturas locales a modificar sus procesos electorales de manera que éstos coincidan con los federales, a cargo del diputado José Guillermo Velázquez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, relativo a la solicitud de declaratoria para el rescate del predio rústico El Zalate, localizado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, BCS, y la anulación del acuerdo de desincorporación emitido por la Semarnat, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se incluya la construcción de un instituto tecnológico de nivel superior entre las comunidades de San Francisco Altepexi, San José Miahuatlan, San Sebastián Zinacatepec y San Juan Ajalpan, en el valle de Tehuacán y Ajalpan, Puebla, a cargo del diputado Mario Mendoza Cortés, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Gobierno del Distrito Federal a diseñar un programa especial con recursos suficientes para atender los problemas de marginalidad y atraso en que se encuentran las familias de la zona de Cabeza de Juárez, Iztapalapa, a cargo del diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de México a investigar y, en su caso, fincar las responsabilidades correspondientes a funcionarios de la Secretaría de Educación de la entidad por el cobro ilegal que hacen por los servicios de inspección en las instituciones particulares de preescolar en el Valle de México, a cargo de la diputada Maribel Luisa Alva Olvera, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, a fin de crear una comisión especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sagarpa a realizar estudios técnicos con objeto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se incluyan recursos dirigidos a apoyar el cultivo, la comercialización e industrialización del nopal en el país, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a realizar estudios técnicos con objeto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se incluyan recursos dirigidos al rescate de la zona arqueológica del Distrito Federal, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que tenga a bien formular excitativa al Senado de la República para que dictamine la iniciativa que adiciona los artículos 36 Bis y 36 Ter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para la reforma del Estado, a cargo del diputado David Mendoza Arellano, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de la niñez, adolescencia y familias, a cargo de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD.
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTA SOBERANÍA EXPRESA SU POSTURA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO FRONTERIZO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SUSCRITO POR LOS COORDINADORES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Convergencia, Partido del Trabajo, Partido Nueva Alianza, y del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y de pronta resolución, destinado a fijar y hacer del conocimiento, en nombre del Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos, al Senado y Cámara de Representantes de la Unión Americana, nuestra posición de rechazo respecto a la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos de América, con base en las siguientes
Consideraciones
El pasado 13 de septiembre de 2006 se presentó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos la iniciativa HR-6061, la cual fue aprobada el 14 de septiembre de 2006, por la Cámara de Representantes y el 29 de septiembre del mismo año por el Senado.
La iniciativa HR-6061 prevé, entre otras medidas, la construcción de un muro fronterizo de mil 123 kilómetros; la utilización de tecnología de punta para vigilancia y el reforzamiento de la patrulla fronteriza, así como un presupuesto de 38 mmd al Departamento de Seguridad Interna.
La construcción de tales barreras físicas lastima la relación bilateral entre las dos naciones. Relación que debe guiarse por los principios de entendimiento, cooperación y responsabilidad compartida.
Esta soberanía sostiene que los mexicanos no constituyen una amenaza a la seguridad y a la economía de Estados Unidos de América. Por el contrario, nuestros trabajadores migrantes constituyen un impulso al desarrollo a través del trabajo honesto, el pago de impuestos y el aporte cultural que realizan.
El muro presenta una falsa salida al reto de la migración. Ya que propicia el crecimiento del mercado negro de personas; altera el flujo circular de los migrantes con lo que fomenta su estadía en los Estados Unidos, y aumentan los riesgos de muerte de los migrantes al intentar nuevos cruces más peligrosos, entre otros efectos negativos, medidas que poco ayudan al espíritu de cooperación.
Sostenemos que el Estado mexicano debe asumir con mayor profundidad y eficacia la responsabilidad de trabajar arduamente con políticas sociales y de desarrollo regional, para que los mexicanos no busquen en otros países las oportunidades laborares que en su patria no encuentran.
Afirmamos que la respuesta integral al ordenamiento de los flujos migratorios no debe estar sujeta a la coyuntura electoral, la solución no se encuentra en el levantamiento de muros, sino en la construcción de puentes, que busquen el desarrollo de ambas naciones.
Consideramos que los principios de la seguridad de Estado deben ser complementados con los valores que enmarcan la seguridad humana, porque resulta insuficiente y contradictorio intentar proteger las instituciones del Estado sin considerar el cuidado de las personas. La seguridad humana centra su preocupación en la defensa de la dignidad de la persona y sus derechos humanos.
La Cámara de Diputados plantea la necesidad garantizar la seguridad, promover el respeto a los derechos humanos y laborales, así como asegurar nuevas formas de convivencia y desarrollo de nuestros pueblos.
Como legisladores estamos a favor de iniciar un diálogo abierto a través de la diplomacia parlamentaria que permita lograr soluciones propicias para beneficio de ambas naciones.
Por lo anterior expuesto se pone a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados expresa su rechazo a la decisión del Congreso de Estados Unidos de América que aprueba la construcción del muro fronterizo de mil 123 kilómetros entre México y EUA.
Segundo. Respaldamos el pronunciamiento del Ejecutivo federal que demanda al Presidente George W. Bush que vete dicha resolución.
Tercero. La Cámara de Diputados expresa su solidaridad con los 6 millones de mexicanos indocumentados que laboran en Estados Unidos, a quines no se les puede catalogar como delincuentes, sino como trabajadores que contribuyen al desarrollo de ambos países.
Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer las medidas diplomáticas que tengan como objetivo la defensa de los derechos humanos y laborales de los mexicanos en Estados Unidos. Asimismo, lo instamos a acudir ante los tribunales y organismos internacionales para solucionar este diferendo.
Quinto. La LX legislatura de la Cámara de Diputados respalda plenamente el documento "México ante el fenómeno migratorio", emitido en marzo de 2006 por todas la fracciones parlamentarias, donde se asume el principio de responsabilidad compartida ante este problema.
Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2006.
Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Diputado Javier González Garza
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Diputada Gloria Angélica Lavara Mejía (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Diputada Aída Marina Arvizú Rivas (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIE PORQUE EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ACATE LA RESOLUCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DETENCIONES ARBITRARIAS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU, QUE LO EXHORTA A PONER EN LIBERTAD A PRESOS POLÍTICOS CUBANOS, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
Los embates del gobierno de Estados Unidos contra Cuba y su pueblo no tienen límite ni precedente en la historia reciente.
Uno de los hechos mas vergonzosos y aberrantes es el de la arbitraria detención y encarcelamiento en septiembre de 1998, de los 5 héroes cubanos que realizaban labores de inteligencia antiterrorista en territorio norteamericano.
Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Lanañino Salazar, Fernando González LLort, Antonio Guerrero Rodríguez y René González, sólo estaban protegiendo a su patria Cuba, de la violencia terrorista de grupos contrarrevolucionarios asentados en Miami.
Estos ciudadanos cubanos descubrieron toda una red de organizaciones anticubanas que contaban con la complacencia y apoyo del gobierno estadounidense.
Una de estas organizaciones, denominada "Hermanos al Rescate" promovió la incursión de avionetas en espacio aéreo cubano que culminó en el derribo de dos de ellas el 24 de febrero de 1996. De este lamentable hecho fue responsabilizado Gerardo Hernández acusado de homicidio en primer grado.
La realidad es que Hernández no tuvo nada que ver con el incidente. El gobierno norteamericano fue avisado de la alta posibilidad de que se diera una incursión de este tipo, gracias a las investigaciones hechas por Hernández. La Fuerza Aérea de Cuba alertó a sus pares de Estados Unidos, advertencia que encontró oídos sordos.
No obstante ello, el gobierno norteamericano no detuvo a ningún miembro de la organización "Hermanos al Rescate", ni emprendió ninguna acción para prevenir la tragedia.
Es preciso dejar asentado que los cinco acusados se encontraban en Miami en el momento del derribo de las avionetas, y ninguno de ellos estuvo implicado en transmitir o ejecutar la orden de derribar las avionetas, luego de que éstas ignorarán las advertencias de no penetrar el espacio aéreo de Cuba.
Las acusaciones de espionaje y de asesinato relacionado con el derribo de las dos aeronaves en aguas cubanas, no se registraron como crímenes realmente cometidos, sino como conspiraciones. El hecho de ser presentado como conspiradores, eximió a la fiscalía de tener que probar que los hechos delictivos realmente habían ocurrido.
Los 5 presos sufrieron una sistemática violación a sus derechos procesales. No tuvieron derecho a fianza, fueron aislados e incomunicados "por razones de seguridad nacional", la defensa tuvo acceso limitado a la evidencia y pruebas presentada por la fiscalía, varios integrantes no cumplían con los requisitos de imparcialidad y objetividad; la defensa solicitó un cambio de sede del juicio, buscando un entorno neutral para efectuarlo, el cual no fue concedido.
Sin importar todas estas irregularidades los 5 acusados fueron encontrados culpables.
Entre abril y mayo de 2003 los abogados defensores apelaron la decisión de la Corte de Miami, y consiguieron que un panel de tres jueces del Onceavo Tribunal de Circuito de Apelaciones de Georgia revisara el caso.
En agosto de 2005 dicho panel tras un exhaustivo análisis del caso determinó que hubo irregularidades en el juicio, por lo que revocó el fallo y las sentencias que se les habían impuesto y determinó que se llevará a cabo un nuevo juicio.
Ante esta nueva determinación, la fiscalía apeló y logró que el caso fuera revisado por el pleno del Tribunal de Apelaciones del Onceavo Circuito, que en una nueva decisión desestima lo determinado por el panel inicial y ratifica las condenas, este insólito hecho se da un año después, en agosto de 2006.
Cabe señalar que el 27 de mayo de 2005, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, emitió un reporte en el cual declaró la arbitraria detención Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Lanañino Salazar, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez y René González e instó al gobierno de Estados Unidos a adoptar de inmediato las medidas necesarias para solucionar su situación.
No queda duda que el gobierno de Estados Unidos ha avalado un proceso judicial en el que los 5 héroes han sido sometidos a una serie de vejaciones que lesionan su dignidad y sus derechos. No hay duda de que están injustamente presos y deben ser liberados de inmediato.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que disponen los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se pronuncia porque el gobierno de Estados Unidos de América acate la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que exhorta al gobierno de Estados Unidos a que sean puestos en libertad los cinco presos políticos cubanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil seis.
Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputados: Ricardo Cantú Garza, coordinador; Jaime Cervantes Rivera (rúbrica), vicecoordinador; Rubén Aguilar Jiménez, Rodolfo Solís Parga, Abundio Peregrino García, María Mercedez Maciel Ortiz, Santiago Gustavo Pedro, Silvano Garay Ulloa Cortés, Pablo Leopoldo Arreola, Joaquín Humberto Vela Ortega González, Anuario Luis Herrera Solís, Rosa Elia Romero Guzmán, Félix Castellanos Hernández.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS INSTITUCIONES VIGENTES DEL GOBIERNO FEDERAL A PROTEGER, CONSERVAR Y REPARAR, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL DE LA REGIÓN DE LOS VALLES DE CUATROCIÉNEGAS Y EL HUNDIDO, Y DE LAS SIERRAS LA FRAGUA Y LA MADERA, LOS DAÑOS AMBIENTALES CAUSADOS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL PRD, MAYRA GISELA PEÑUELAS ACUÑA, YOLANDA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, DEL PRI, Y RICARDO CANTÚ GARZA, DEL PT
Las y los suscritos diputados de distintos grupos parlamentarios de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión sometemos a la consideración del Pleno la proposición con punto de acuerdo relativo a solucionar la problemática ambiental en los valles de Cuatrociénegas y El Hundido, en el estado de Coahuila, con base en los siguientes
Considerandos
Primero. Que la importancia ambiental en los valles El Hundido y Cuatrociénegas, aunado a la de las sierras La Fragua y La Madera, en el estado de Coahuila se debe a su sustrato físico y biodiversidad muy particular que los hacen únicos en el planeta, sin embargo debido a la transformación histórica del espacio geográfico y particularmente los usos de suelo y demás permisos relacionados con ellos para la realización de actividades agropecuarias, principalmente, están causando un severo impacto que incluso puede causar el fin de la importancia biológica y geohidrológica que tiene este sitio a nivel mundial.
Segundo. Que existen evidencias sobre el uso humano temprano de esta región desde el paleolítico dado que se han hallado restos humanos, herramientas y arte rupestre en cuevas; seguido de incursiones nómadas y asentamientos eventuales a lo largo de la historia hasta finales del siglo XIX, toda vez que muy poca investigación arqueológica e histórica ha hecho el INAH en esta región.
Tercero. Que se han identificado sistemas de irrigación desde el siglo XIX que transformaron el sistema hidrológico de los humedales de la región según se comprueba con base en la cartografía temprana del siglo XX, que incluso se lograron conectar pozas que antes no lo estaban.
Cuarto. Que el uso de suelo agrícola comenzó a pequeña escala con el cultivo de maíz y animales de traspatio. Después de la mitad del siglo XX, las autoridades de la Ciudad de México se dieron cuenta de la importancia hidrológica del sitio así como sus recursos litológicos, iniciándose una transformación regional que persiste hasta nuestros días. Las extensas minas de yeso comprenden el 97 por ciento de la región de Cuatrociénegas. La candelilla y otras especies de flora silvestre recolectadas por los pobladores locales y los Kikapú del norte de Coahuila, se vende al mercado lucrativo estadounidense de la cera. Sin permisos legales para regular las cantidades recolectadas, los inventarios exactos de la población de candelilla se desconocen, pero son severamente bajos. En los últimos cuatro años, el uso de suelo agrícola se modificó para la producción de forrajes, principalmente de alfalfa y sorgo, que se utiliza como alimento de ganado para la región cercana de La Laguna, uno de los centros industriales lecheros más importantes de México y de gran demanda laboral.
Quinto. Que esta zona ecológicamente diversa contiene además sistemas agrícolas, minas de yeso, explotación de sal, el área protegida de Cuatrociénegas, y las regiones prioritarias terrestres, hidrológicas y de importancia de aves establecidas por la Comisión Nacional para el conocimiento y el uso de la Biodiversidad, Conabio.
Sexto. Que este oasis ocasionado por una sobrecarga del acuífero bajo Cuatrociénegas, aunque se ha utilizado para irrigar los cultivos de alfalfa y sorgo, estos cultivos sedientos también necesitan de grandes cantidades de agua que es mucho mayor al que del acuífero se puede disponer, causando que el agua se traiga también de corrientes del norte de la región y otras pozas cercanas. El resultado de estos sistemas de irrigación a gran escala han transformado drástica y dramáticamente el estado natural del humedal, aun conectando pozas que antes estaban separadas.
Séptimo. Que el desarrollo histórico-político de una región y el ambiente en el que se sitúa, han sido conceptos centrales de la tradición antropológica en los estudios de mercancías. El agua es la base del altísimo endemismo que caracteriza a Cuatociénegas, pero también es el principal sustento de la agroindustria del municipio que provee de empleo a unos 250 jefes de familia.
Octavo. Que en las zonas desérticas, los cultivos de riego suelen ser altamente tecnificados y particularmente agresivos con el ambiente. Este tipo de producción suele estar asociado con el discurso político (y hegemónico) de desarrollo regional. La creación de una reserva natural protegida en los linderos donde se cultiva alfalfa de manera intensiva muestra una profunda incongruencia en su propia naturaleza. Esta divergencia ha generado conflictos entre los conservacionistas y los distintos actores involucrados con las bondades de la agroindustria.
Noveno. Que la creciente industria de ecoturismo en Cuatrociénegas atrae el comercio de visitantes locales, nacionales y aún extranjeros en las ciénegas. No obstante, esta municipalidad no cuenta, por ejemplo, con relleno sanitario y la basura municipal se dispone a cielo abierto y se incinera sin ningún control o aplicación de la norma. Estas recientes prácticas agrícolas, turísticas y de extracción de materiales pétreos están comprometiendo la sustentabilidad de la delicada región de Cuatrociénegas y El Hundido.
Décimo. Que existen diversas disposiciones legales sobre humedales en la ley ambiental (LGEEPA), Vida Silvestre (LGVS), Aguas Nacionales (LAN) y los asuntos relacionados en la ley forestal (LGDFS). No obstante, se carece de disposiciones jurídicas para establecer una auténtica política de humedales. La institución protectora de la biodiversidad, la Conabio, definió una serie de regiones terrestres, hidrológicas y de aves prioritarias para implantar instrumentos de política para la conservación de la región de Cuatrociénegas y El Hundido. Desafortunadamente, se trata sólo de buenas intenciones ya que estos sitios carecen de certeza jurídica. Cuatrociénegas está lejos de ser una auténtica área protegida de flora y fauna. Aunque existe un programa de manejo en papel desde 1995, nunca se ha realizado una amplia evaluación sobre el estado en que se encuentra la región, y los efectos de los cultivos de alfalfa; explotación de yeso, sal y candelilla; y la conexión de los acuíferos locales, permanece sin evaluar.
Undécimo. Que uno de los principales problemas que enfrenta Cuatrociénegas es el de los permisos de uso del suelo (agrícola, minero y recolección) distintos a los de zonas federales. Debido a que las autoridades municipales carecen de suficiente información ambiental, el impacto de estos usos escasamente regulados sobre los humedales y sus zonas de influencia, es realmente preocupante.
Duodécimo. Que en 1995, Cuatrociénegas fue inscrita bajo la Convención Ramsar por tratarse de un humedal de importancia internacional. El último informe, dado en Kampala en 2005, refleja la falta de una política pública enfocada a la protección de los humedales, supuestamente por la falta de recursos para cumplir con las disposiciones legales. Asimismo, México no ha cumplido con la Evaluación del Milenio de los Ecosistemas por la falta de un estudio sobre vulnerabilidad. Sobre todo, la política nacional para humedales es muy débil, utiliza información desfasada (2003) y se refiere más a la Ley de Aguas Nacionales, la cual se enfoca sobre aguas superficiales y no en las subterráneas, ni mucho menos en los humedales.
Decimotercero. Que debido a sus particularidades geomorfológicas, hidrológicas y ecológicas de Cuatrociénegas y valle El Hundido, se necesita mayor profundidad en las investigaciones sobre los impactos ambientales del uso del suelo en esta región. El área protegida y las regiones prioritarias de la Conabio enfrentan severos impactos por las transformaciones históricas en el espacio geográfico que comprometen la sustentabilidad de la región misma. Los recursos naturales, incluidos el yeso, sal y candelilla, están siendo aprovechados con escasos lineamientos legales. Los recursos hídricos se explotan para cultivos agrícolas en una región que representa uno de los dos oasis en el desierto chihuahuense del suroeste estadounidense y el noreste mexicano.
Decimocuarto. Que la falta de políticas suficientes para los humedales relacionados con la Convención Ramsar, es una de las grandes debilidades para la protección de los valles de la región. La zona está, por lo tanto, sujeta al uso irracional del suelo debido a que no se cumplen las normas de manejo territorial, y los cambios recientes al régimen de uso de suelo protegen los intereses comerciales e industriales en detrimento de la diversidad física y biológica. Es urgente contar con una política ambiental integradora para Cuatrociénegas y el Hundido, con compromisos serios de las autoridades locales y federales para proteger los humedales.
Decimoquinto. Que empleando el método etnográfico y desde el enfoque de la ecología política, es posible explorar cómo los distintos actores locales entienden las diferentes orientaciones de desarrollo regional, poniendo énfasis en la articulación entre la distribución de poder y las actividades productivas, sociales y culturales. Por su naturaleza inductiva, esta exploración provee una alternativa para la implantación eficiente y congruente de políticas públicas al tomar en cuenta la construcción y percepción local de los fenómenos económicos y sociales que tienen como arena a este frágil ecosistema.
En consecuencia, y con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura hace un atento pero enérgico exhorto a las instituciones vigentes del gobierno federal, para que en coordinación con los gobiernos estatal y municipal de la región de los valles de Cuatrociénegas y El Hundido, y las sierras La Fragua y La Madera, se protejan, conservan y se reparen los daños ambientales causados, en el siguiente sentido:
Primero: Que el titular del Ejecutivo federal, Vicente Fox Quesada, expida de manera urgente el decreto para el establecimiento de la veda de aguas nacionales (superficiales y del subsuelo), así como la declaratoria de zona de desastre en la región de los valles de Cuatrociénegas y El Hundido, en el estado de Coahuila, con base en lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Aguas Nacionales y demás aplicables.
Segundo: Que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas junto con los institutos de Geología, y de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México realicen los diagnósticos para conocer el impacto ambiental real que existen en ambos valles, cuyas conclusiones se integren tanto al programa de manejo del área natural protegida, así como al programa que resulte de la declaratoria de zona de desastre a la que se refiere el punto anterior.
Tercero: Que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas realice de manera urgente los estudios correspondientes para aumentar la poligonal del área natural protegida de Cuatrociénegas de manera que se incluyan las sierras La Fragua y La Madera y el valle El Hundido, con base en los ya realizados por la Conabio y la UNAM.
Cuarto: Que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente investigue sobre el daño ambiental causado a la región de Cuatrociénegas por motivo de explotación irracional de los recursos hídricos que comprometen la biodiversidad y los sistemas geohidrológicos de importancia mundial y presente ante el ministerio público los resultados para que se finquen las responsabilidades penales por causa de daño ambiental.
Quinto: Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicite a la Secretaría de Hacienda recursos extraordinarios para instaurar un programa de pago por servicios ambientales del que puedan beneficiarse la población afectada por la expedición de las zonas de veda y de desastre a las que se refiere el primer punto de este acuerdo; así como coordinarse con las secretarías de Desarrollo Social y de Economía para que de manera urgente se realicen los diagnósticos y programas de sustitución de actividades económicas en la región.
Sexto: Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se aboque a cumplir con los compromisos adquiridos sobre los humedales nacionales en la Convención Ramsar, así como cumplir con la Evaluación del Milenio de los Ecosistemas, particularmente sobre los humedales y usos de aguas del subsuelo.
Séptimo: Que las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Medio Ambiente de las Cámaras de Diputados y de Senadores, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, convoquen de manera urgente y conjunta a una consulta pública nacional para elaborar un diagnóstico de la situación que impera en los humedales nacionales y se promuevan los cambios legislativos correspondientes para su protección y manejo sustentable.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil seis.
Por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica); por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica); por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputadas Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica) y Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS SECRETARIOS DE ESTADO QUE INTERVIENEN EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y DE PEMEX-REFINACIÓN A ANALIZAR Y REVALORAR LA DEMANDA DE JUICIO DE AMPARO QUE DICHO ORGANISMO INTERPUSO CONTRA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA RECIENTEMENTE PUBLICADA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS, A CARGO DEL DIPUTADO ADOLFO MOTA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional perteneciente a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. El pasado 1 de junio del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la cual entró en vigor a los 30 días naturales posteriores a su publicación.
2. El ordenamiento de referencia fue producto de un largo proceso legislativo que tuvo una duración de casi cinco años. El 12 de diciembre de 2002 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen correspondiente, enviándose como minuta al Senado de la República, que la aprobó un año después, y en virtud de que diversos artículos fueron reformados y adicionados, se devolvió a la Cámara de origen.
3. No fue sino hasta el pasado 25 de abril de 2006 que la Cámara de Diputados aprobó por 363 votos el dictamen con proyecto de Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el cual fue devuelto a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.
4. El 27 de abril del año en curso, la Cámara revisora aprobó por 82 votos el dictamen a la minuta enviada, por lo que se envió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Considerandos
Primero. Entre las Consideraciones formuladas por las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados se expresa lo siguiente:
b) La ley deberá dar respuesta a la problemática que enfrenta la marina mercante mexicana, ya que la gran mayoría de los permisos temporales de navegación de cabotaje son otorgados a un pequeño grupo de empresas navieras con bandera extranjera que generalmente son pabellones de conveniencia, y cuya actividad no reporta generalmente ingresos fiscales a nuestro país.
c) Uno de los propósitos fundamentales de la ley es delimitar el tiempo durante el cual las embarcaciones extranjeras podrán realizar navegación de cabotaje en nuestro país, cuidando que ello no genere desabasto para las actividades que realiza Petróleos Mexicanos (Pemex).
d) Las embarcaciones con bandera de conveniencia entran, dejando sin posibilidades de competir a las empresas mexicanas, las cuales tienen la obligación de cumplir con la normatividad fiscal y laboral, lo que implica que sus costos se eleven por encima de los que manejan las embarcaciones mencionadas. Debido a los bajos costos y precios de aquéllas es que las mismas logran obtener o ganar las licitaciones que realizan las dependencias públicas mexicanas, obteniendo la mayoría de los contratos y quitándole la posibilidad de desarrollo a la marina mercante nacional. Lo expuesto es la razón por la cual se da un paso para apoyar y fomentar su desarrollo, al establecerse que el precio no será el factor determinante en los procedimientos de licitación que realice el gobierno federal a través de sus dependencias en este sector.
El citado artículo 40 también establece la prelación para el caso de que no existan embarcaciones mexicanas disponibles en igualdad de condiciones técnicas o bien cuando impere una causa de interés público:
II. Naviero mexicano con embarcación extranjera, bajo cualquier contrato de fletamento.
Tercero. En la gran mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, las tareas de cabotaje están reservadas para sus nacionales, al ubicarse el sector como estratégico y de seguridad nacional.
De acuerdo con información publicada en la prensa escrita, la Jones Act en Estados Unidos, por ejemplo, no sólo exige que la navegación interna la realicen buques de su propia bandera, sino que la construcción de éstos se haya realizado en astilleros nacionales y naveguen con marinos nacionales; en la Unión Europea sólo se permite realizar tareas de cabotaje a los barcos de sus estados miembros; la Ley de Navegación brasileña acota la posibilidad a embarcaciones nacionales de empresas nacionales; Grecia hace lo propio en base a su decreto 187/32.
Cuarto. El artículo 2 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios establece que Pemex es un organismo descentralizado de la administración pública federal. Su artículo 6o. dispone que el Consejo de Administración es el órgano superior de gobierno.
Quinto. En el proceso legislativo que siguió la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el Ejecutivo federal estuvo pendiente, como debe estar de cualquier proyecto que se discuta en el Congreso de la Unión, máxime que se trata de una actividad estratégica para el desarrollo del país. La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, dio seguimiento y resulta obvio que participó de su evolución a las dependencias y organismos involucrados. Es decir, Pemex, que también tiene un área de enlace con el Congreso, estuvo al tanto de los objetivos y disposiciones del nuevo ordenamiento.
Sexto. De acuerdo con información dada a conocer en días recientes, Pemex y su subsidiaria Pemex-Refinación, presentaron juicio de amparo en contra de la recién publicada Ley de Navegación y Comercio Marítimos, curiosamente sobre los artículos 40, 41 y 42 que son los dispositivos que persiguen activar la marina mercante mexicana que ha sufrido la competencia desleal de navieros extranjeros con embarcaciones extranjeras. El Congreso y el Presidente de la República aparecen como autoridades responsables.
Lo anterior resulta no sólo ilógico, ya que se desdeña el trabajo legislativo desarrollado durante cinco años, sino que también resulta contradictorio, toda vez que el Ejecutivo federal no realizó observaciones al proyecto, total o parcialmente, como lo prevé el artículo 72 constitucional. Ahora tenemos que un organismo auxiliar del Ejecutivo realiza un acto en contra del titular de la administración pública a la cual pertenece.
Cabe preguntarse: ¿qué tipo de relaciones de subordinación y coordinación se dan en el sector público?, ¿qué intereses pueden estar presentes para que Pemex se oponga a la aplicación de una ley cuyo objetivo es la activación de este importante sector nacional y su generación de empleos para los marinos mercantes mexicanos?, ¿por qué se enfatiza en la demanda interpuesta contra el Congreso y el Presidente el interés en los navieros extranjeros?, ¿por qué el acento, en esa demanda, de argumentar que, según Pemex, la ley del Congreso contiene "ventajas exclusivas e indebidas a favor de los navieros mexicanos con embarcaciones mexicanas"?, ¿por qué la oposición a impulsar el abanderamiento de embarcaciones como mexicanas a fin de que la Secretaría de Hacienda certifique el cumplimiento de obligaciones fiscales que antes de la Ley no aplicaban a las extranjeras?
Pemex llega al grado de prácticamente acusar al Congreso, y así se dice en la demanda en contra del Poder Legislativo, de establecer un monopolio por la prelación que la ley da a los navieros mexicanos, imputación absurda. Además, confunde permiso de navegación con licitación; invoca la libertad de comercio como puerta de entrada ilimitada a los navieros extranjeros; tergiversa las normas del artículo 28 constitucional para equiparar la nueva ley a un "acuerdo" para evitar la libre competencia, otra vez para manifestar su interés por los navieros extranjeros; afirma que el factor precio es determinante en una licitación, lo cual es falso, como un argumento con el que pretende combatir la prelación para navieros mexicanos. En suma, pareciera que estamos ante un acto de boicot contra la nueva ley y resulta claro que el Congreso debe adoptar todas las medidas legales en su órbita de competencia para sostener sus disposiciones.
Por todo lo anteriormente expuesto, el suscrito somete a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los titulares de las secretarías de Estado que intervienen en los Consejos de Administración de Petróleos Mexicanos y Pemex-Refinación, para que indaguen, analicen y revaloren los intereses y motivos sobre la demanda interpuesta en contra del Congreso de la Unión y del Presidente de la República respecto a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
Segundo. Se exhorta a los titulares de las secretarías de Estado que intervienen en esos órganos de gobierno, para que en concordancia con los objetivos planteados en los dictámenes de las Cámaras del Congreso federal y las disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que buscan impulsar el desarrollo de la marina mercante mexicana, se analice la conveniencia de instruir el desistimiento del juicio interpuesto.
Tercero. Se requiere a los directores generales de Petróleos Mexicanos y Pemex-Refinación, para que informen las motivaciones que sirvieron para la interposición de la demanda.
Cuarto. Se instruye al área técnico-jurídica de esta Cámara, adscrita a la Secretaría General, para que ponga especial cuidado en la formulación de los contenidos que se inserten en el informe con justificación que habrá de rendirse a la autoridad de amparo que conozca del juicio respectivo debiendo hacerlos del conocimiento de la Comisión de Transportes, una vez que ésta quede integrada en los términos de la Ley Orgánica del Congreso a fin de que dicha comisión directamente supervise el curso del proceso jurisdiccional.
Quinto. Comuníquese a la colegisladora este acuerdo para los efectos que estime pertinentes en relación al informe con justificación que habrá de rendir en virtud de la demanda interpuesta en contra del Congreso federal.
Dado en el salón de Pleno de la Cámara de Diputados, a los 29 días del mes de septiembre de 2006.
Diputado Adolfo Mota Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA REVISAR A FONDO EN LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN LA OPERACIÓN DEL FONDEN, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS EDUARDO FELTON GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Mientras en la mayor parte de nuestra republica, los mexicanos todavía celebraban la gesta histórica que don Miguel Hidalgo y Costilla iniciara en Dolores Hidalgo en el año de 1810, los sinaloenses nos preparábamos con preocupación para recibir los embates de uno de los huracanes más devastadores que se hayan dejado sentir en nuestro estado en los últimos 40 años.
Fue precisamente en la madrugada del sábado 16, hace apenas unos días, que la furia del huracán Lane se empezó a dejar sentir con implacable violencia sobre las costas de Sinaloa. Con vientos sostenidos cerca de su centro de más de 210 kilómetros por hora y rachas de 250 kilómetros por hora Lane se ubico como huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, categoría que señala la gran peligrosidad del meteoro por lo que, la capitanía del puerto ordenó cerrar a la navegación todos los puertos del estado y el aeropuerto internacional de la ciudad de Mazatlán, así como la central de camiones cancelaron de igual manera todos los vuelos y todas las corridas entrantes y salientes de la ciudad.
El huracán Lane tocó tierra en el estado de Sinaloa alrededor de las 12:00 horas del mediodía del sábado 16 de septiembre en las inmediaciones de la Bahía Guadalupana al sur de la ciudad capital de Culiacán, a unos cuantos kilómetros de la población de la Cruz de Elota, causando severos daños materiales y miles de damnificados en nueve municipios del estado. La carretera de cuota que corre de Mazatlán a Culiacán quedó fracturada en siete diferentes tramos. Asimismo, la carretera libre, la Internacional México 15 quedó intransitable cuando menos en dos puntos, por lo que el tráfico al norte quedó suspendido y no se sabe cuántos días tomará reestablecer la comunicación.
Dentro de lo que cabe podemos decir que en Mazatlán corrimos con algo de suerte, ya que los daños pudieron ser mucho mayores. Afortunadamente no hubo desgracias personales que lamentar. Los principales daños reportados no fueron por los fuertes vientos sino por las precipitaciones que propiciaron que decenas de colonias y fraccionamientos quedaran prácticamente sepultados por el agua. Se reportan varios miles de damnificados. Familias principalmente de clase humilde que perdieron todas sus pertenencias y requieren ayuda inmediata.
Un comunicado de la red de noticias Notimex a nivel nacional dice lo siguiente: "La Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para nueve municipios de Sinaloa, por la afectación del huracán Lane.
Que alivio nos proporciona el saber que los mexicanos contamos con el Fondo de Desastres Naturales, Fonden, para paliar el dolor de miles de compatriotas que año tras año pierden todo lo ganado debido a algún fenómeno de la naturaleza.
Sin embargo, ¡la realidad es otra!
En el plano teórico, no debiera existir el menor problema para que el Fondo Nacional de Desastres apoyase con recursos financieros ya establecidos en el presupuesto, la recuperación de las zonas dañadas por el Lane. El problema es que ese fondo es manejado con una lentitud que exaspera, con un criterio burocrático que ofende.
Apenas el primero de septiembre, la Comisión Nacional Forestal anunció con gran beneplácito, que la Secretaría de Hacienda le había autorizado una partida de 233 millones de pesos para aplicar un programa forestal emergente, en beneficio de los afectados por dos huracanes: Stan y Wilma, los cuales golpearon a los habitantes de 5 estados de la República. El único problema es que esos huracanes golpearon el país en octubre de 2005.
Hoy, en el mejor de los ánimos y con el único propósito de corregir lo que deba ser corregido y lograr que el Fondo Nacional de Desastres sea realmente lo que se intentó que fuera, cuando el día 22 de Octubre de 2004 fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Llevar a cabo al interior de las comisiones correspondientes del honorable Congreso de la Unión, una revisión a fondo de la operación del Fonden con el animo de eliminar los cuellos de botella que seguramente por trámites burocráticos, no están permitiendo que dicho fondo cumpla su propósito principal, "atender oportunamente las necesidades de la población ante la eventualidad de un desastre natural".
Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2006.
Diputado Carlos Eduardo Felton González
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A COADYUVAR EN LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA TURÍSTICA GENERADA A PARTIR DEL BLOQUEO DE LA AVENIDA REFORMA Y DE LAS CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO, Y A IMPLANTAR UN PROGRAMA DE REACTIVACIÓN DEL TURISMO EN EL DF, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO DÁVILA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Francisco Dávila García, diputado del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal a coadyuvar en la solución de la problemática turística generada a partir del bloqueo de avenida Reforma y las calles del Centro Histórico, atendiendo de inmediato las necesidades del sector turismo del Distrito Federal y presentando, en un plazo no mayor de 15 días, un programa de reactivación de la industria turística en el Distrito Federal, que en un término no mayor de 45 días sea implementado informando sus resultados a esta soberanía, conforme a las siguientes
Consideraciones
En el turismo se encuentra una de las principales fortalezas en la economía de nuestro país, pues generó en 2004 el 8.2 por ciento del producto interno bruto, mientras que en 2005 contribuyó en un 7.7 por ciento debido a fenómenos como el huracán Wilma. Asimismo, la actividad genera uno de cada once empleos cuyo salario se caracteriza por ser 30 por ciento más alto que el salario medio de México, abarcando por igual a hombres y a mujeres que van desde los 18 hasta los 60 años de edad, lo cual es una característica única del turismo, y de gran importancia demográfica y social.
Las cifras de la estructura empresarial del turismo indican que la actividad está constituida, desde el punto de vista empresarial, por menos de un 10 por ciento de grandes empresas y por más de un 90 por ciento de empresas medianas, pequeñas y microempresas.
Existe evidencia de que la actividad turística influye sustancialmente en la disminución del índice de marginalidad y en el aumento del índice de desarrollo, no con acciones asistenciales sino con actividades productivas generadoras de ingreso. Prueba de ello es que dos terceras partes de los municipios turísticos tienen mejor nivel de vida y, consecuentemente, sus indicadores de bienestar como vivienda y servicios son superiores a los no turísticos.
Durante los últimos años México se ha posicionado como el séptimo lugar entre los destinos a nivel internacional en recepción de turistas.
La captación de divisas ha aumentado a una tasa anual de 11.5 por ciento en los últimos 30 años y sólo en el presente año se estima que aportará una cantidad superior a 12 mil millones de dólares a la economía, lo que obviamente se verá afectado por los acontecimientos que en nuestro país han dañado la actividad, como los sucesos en Oaxaca, y el bloqueo de la avenida Reforma y calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.
De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, de la Asociación Mexicana de Hoteles de la Ciudad de México, de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, las pérdidas en hotelería debido al bloqueo ascienden a 3 mil millones de pesos, en restaurantes a más de 800 millones de pesos, más de 5 mil empleos directos perdidos en todo el sector, caída de 40 por ciento de reservaciones para fin de año, y caída del 50 por ciento en ocupación hotelera.
Históricamente el centro de la Ciudad de México ha sido el corazón comercial del país, cientos de miles de personas compran diversos artículos para su comercialización en sus lugares de origen. Esta actividad se vio mermada sustancialmente, afectando tanto al comerciante como al comprador. Asimismo, no podemos olvidar que las cifras con las que contamos provienen de medianas y grandes empresas, por lo que ni siquiera existe una cuantificación real del daño con respecto a micro y pequeños comercios, así como de los empleos que indirectamente se han perdido.
En el mismo sentido, expresamos nuestra preocupación por el daño a nuestra democracia, aún cimentándose, y a la credibilidad en las instituciones construidas gracias al esfuerzo, trabajo y fe de miles de mexicanos.
Por otra parte y volviendo al punto, de acuerdo con la fracción II del artículo 9o. de la Ley de Participación Ciudadana vigente, las y los habitantes del Distrito Federal tienen, entre otras obligaciones, la de ejercer los derechos que les otorga la mencionada ley sin perturbar el orden y la tranquilidad públicos ni afectar el desarrollo normal de las actividades de los demás habitantes; en el mismo sentido el Bando 13, emitido por el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a la letra dice: "No permitiremos el bloqueo de avenidas o vialidades primarias que desquicien el tráfico, eleven la contaminación y afecten el libre tránsito de terceros", disposiciones que a todas luces se violan con la paralización de las actividades en la avenida mencionada y en el primer cuadro de la ciudad.
Así pues, y en cumplimiento a los ordenamientos mencionados y a las alarmantes cifras que arroja el bloqueo y con las que cuentan los empresarios afectados, es urgente que el jefe de Gobierno atienda las necesidades de los afectados, no únicamente aplicando la legislación vigente y garantizando el libre tránsito de la población en el futuro, sino presentando un programa de reactivación de la industria turística viable que subsane en la manera de lo posible los daños causados al turismo capitalino e indirectamente al nacional, ya que esta actividad representa en la ciudad de México una importante entrada de divisas para el país, así como un puente con otros destinos nacionales.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a esta asamblea el siguiente:
Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
Único: Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte al jefe de Gobierno del Distrito Federal a coadyuvar en la solución de la problemática turística generada a partir del bloqueo de avenida Reforma y las calles del Centro Histórico, atendiendo de inmediato las necesidades del sector turismo del Distrito Federal y presentando, en un plazo no mayor de 15 días, un programa de reactivación de la industria turística en el Distrito Federal, que en un término no mayor de 45 días sea implementado informando sus resultados a esta soberanía.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días del mes de septiembre de 2006.
Diputado Francisco Dávila García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LAS SECRETARÍAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO QUE, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES, SE ACTUALICE EL PADRÓN DE RESIDENTES EXENTOS DEL PAGO DE PEAJE, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO PULIDO PECERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal Pedro Pulido Pecero, en nombre de los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional: Gregorio Barradas Miravete, Gerardo Buganza Salmerón, Osiel Castro de la Rosa, Abel Ignacio Cuevas Melo, José de la Torre Sánchez, Antonio del Valle Toca, Ángel Rafael Deschamps Falcón, Edgar Mauricio Duck Núñez, Jorge Justiniano González Betancourt, María Victoria Gutiérrez Lagunas, Íñigo Antonio Laviada Hernández, Agustín Mollinedo Hernández, Marco Antonio Peyrot Solís, Marcos Salas Contreras y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política, y 55, 58, 59, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, así como en el 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se actualice el padrón de residentes exentos del pago de peaje que incluya a los habitantes del municipio de Tampico Alto, Veracruz.
Considerandos
En el año de 1988 fue inaugurado el puente nacional Tampico facilitando así la comunicación entre los estados de Tamaulipas y de Veracruz y abriendo con ello la puerta al desarrollo creciente de la zona norte de mi estado.
De entonces a la fecha el aforo vehicular que cruza diariamente a través de la caseta número 49 del puente nacional Tampico, calculado en 7 mil vehículos diarios, se ha incrementado proporcionalmente al aumento del número de habitantes que han tenido los municipios aledaños a esta infraestructura, mismos que siguen dependiendo de la ciudad de Tampico para realizar sus labores diarias como el ir a trabajar, asistir a la escuela, recurrir a servicios de salud o simplemente realizar actividades recreativas. Si se toma en cuenta el actual peaje es de 28 pesos, una persona que vive en el estado de Veracruz y trabaja en Tampico, Tamaulipas gasta al año alrededor de 13 mil 440 pesos, lo que para una familia de clase media baja implica un gasto extraordinario que podría utilizar en la educación de uno o varios de sus hijos. Ahora bien, si hablamos del sector productivo primario de un área de la Huasteca Veracruzana el impacto económico que se ocasiona es igualmente importante.
Tan sólo en el año 2005 se registraron 527 mil cruces del río Pánuco de usuarios de zonas aledañas y aunque gestiones anteriores han dado como resultado que ciudadanos del municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, tengan el libre tránsito a través de esta plataforma de acceso hacia Tamaulipas la realidad es que el padrón de beneficiarios para las personas originarias de municipios tales como Tampico Alto no ha sido actualizado desde el año en que este comenzó a dar servicio.
Por lo anteriormente expuesto y debido a que es esta una exigencia y una necesidad de los ciudadanos del municipio de Tampico Alto, Veracruz, someto al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Caminos y Puentes Federales, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implanten los mecanismos adecuados para que se actualice el padrón de residentes exentos del pago de peaje que incluya a los habitantes del municipio de Tampico Alto, Veracruz, al encontrarse éste dentro de la zona conurbana de Tampico, Tamaulipas.
Segundo. Se solicita a dichas autoridades informen sobre las acciones y mecanismos que lleven a cabo para solucionar la problemática aquí planteada.
Palacio Legislativo, San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.
Diputados: Pedro Pulido Pecero (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Osiel Castro de la Rosa (rúbrica), Abel Ignacio Cuevas Melo (rúbrica), José de la Torre Sánchez (rúbrica), Antonio del Valle Toca (rúbrica), Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Edgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Íñigo Antonio Laviada Hernández (rúbrica), Agustín Mollinedo Hernández (rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica), Marcos Salas Contreras (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A EFECTO DE QUE, A TRAVÉS DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, SE CONCLUYAN LAS REPARACIONES DE LA CARRETERA CUERNAVACA-ACAPULCO Y SE REALICEN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA REDUCIR EL PEAJE EN TANTO NO FINALICEN ÉSTAS, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS EVODIO VELÁZQUEZ AGUIRRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La carretera Cuernavaca-Acapulco, también conocida como Autopista del Sol, fue construida bajo el esquema de concesión durante la administración pública de Carlos Salinas por las empresas Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Tribasa y Grupo Mexicano de Desarrollo.
Esta carretera consta de casi 263 kilómetros de longitud y es operada y administrada por Caminos y Puentes Federales (Capufe) a través del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC). Pese a que esta carretera es la vía del flujo vehicular de uno de los destinos turísticos más importantes de México, Acapulco, Guerrero, es la autopista más conflictiva del sistema carretero por sus fallas y deficiencias, por las cuales desde su entrada en operación hace 13 años ha requerido permanentemente trabajos de conservación.
Diversas autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, han aceptado públicamente las condiciones del grave deterioro de índole diversa en la que se encuentra la Autopista del Sol. Tal afirmación, tiene sustento en comunicado de prensa oficial de Capufe del 10 de febrero de 2005; en declaraciones del delegado regional IV de Capufe, Ricardo Basurto Cortés del 18 de julio de 2006 y del propio secretario del sector el 14 de agosto de este año en el sentido de que la Autopista del Sol estuvo "mal construida".
De acuerdo con la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), este puerto ha recibido innumerables quejas de los turistas que visitan el puerto de Acapulco a propósito de múltiples accidentes ocurridos por las malas condiciones en la que se encuentra esta arteria vial. Inclusive, la propia Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), confirma lo expresado por los hoteleros y empresas turísticas.
La preocupación es añeja en esta soberanía. En la LIX Legislatura, se presentaron 3 puntos de acuerdo al respecto, turnados a la Comisión de Transportes. Inclusive, apenas el 14 de septiembre pasado, un compañero del Grupo Parlamentario del PAN, Diputado Gerardo Priego Tapia, ha manifestado preocupación similar respecto al mismo tema.
De acuerdo a las tarifas de Capufe, vigentes del 16 de enero de 2006, el costo por el tránsito de automóviles convencionales del tramo carretero Cuernavaca-Acapulco, asciende a 367 pesos, precio que resulta de los más onerosos del país; si consideramos el tramo México-Cuernavaca el pago total se incrementa a más de 450 pesos para poder utilizar una carretera que estuvo mal planificada, pésimamente construida y que afecta no sólo el bolsillo de los cerca de 15 mil usuarios que diariamente la utilizan, sino además, ha costado infinidad de vidas humanas por las malas condiciones que se encuentra la autopista en comento.
No podemos soslayar ni un minuto más esta problemática que afecta a los usuarios y a unos de los puertos más importantes del país.
Por lo antes expuesto, diputadas y diputados, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, concluyan a la brevedad las reparaciones pertinentes en la carretera Cuernavaca-Acapulco con el propósito de que ésta opere en condiciones seguras y convenientes para los usuarios.
Asimismo, se solicita atentamente a dichas dependencia a que informen a esta soberanía en un plazo de 30 días naturales, sobre el desarrollo y los avances de reparación de la carretera Cuernavaca-Acapulco.
Segundo. Se exhorta a los titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público para que realicen los estudios técnicos que permitan reducir el peaje de la carretera Cuernavaca-Acapulco en tanto no se haya concluido el proceso de reparación de la misma.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre del año dos mil seis.
Diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE CONSTITUIR UNA COMISIÓN PLURAL DE LEGISLADORES Y DE EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL A NO UTILIZAR LA FUERZA PÚBLICA PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO EN EL ESTADO DE OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ LENA CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, Humberto López Lena Cruz, diputado federal de la LX legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los recientes hechos de violencia suscitados el pasado domingo en la ciudad de Oaxaca, que fueron profusamente difundidos por diversos medios de comunicación nacionales, dan cuenta del grado de crispación y polarización que vive la entidad.
Como es del conocimiento de esta soberanía, el Grupo Parlamentario del Partido Convergencia presentó una proposición con punto de acuerdo, misma que fue rechazada, a fin de que se constituyera una Comisión Plural de legisladores no oaxaqueños para sostener reuniones con diversos sectores del estado de Oaxaca, con el fin de informarse de la situación que priva en la entidad.
A pesar de este rechazo, y tomando en consideración los nuevos hechos que todos conocemos, todavía creemos que entre los diputados del PAN y del PRI, cabe la prudencia política y habrán de aceptar esta nueva propuesta a partir de las consideraciones que me permito exponer.
Los días 23 y 24 del presente, una Comisión Plural Bicamaral Alterna de senadores y diputados, preocupados por el conflicto magisterial y popular de Oaxaca; atendiendo a las solicitudes de distintos sectores sociales de la entidad, decidimos entrevistarnos con los involucrados en el problema de Oaxaca, para que de manera conjunta, después de recoger todos los planteamientos posibles, presentáramos ante las instancia correspondientes, salidas políticas al conflicto.
Es por ello que la Comisión que constituimos, se dio a la tarea de reunirse con la dirigencia provisional de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca; con el subsecretario de Gobernación, licenciado Arturo Chávez Chávez, el miércoles y jueves de la semana pasada.
El sábado y domingo, la Comisión de senadores y diputados se trasladó a Oaxaca y sostuvo reuniones con diversos sectores sociales, con prestadores de servicios turísticos, con organismos no gubernamentales del estado, con integrantes del clero oaxaqueño y con el obispo de Oaxaca, con artistas y pintores, con responsables y propietarios de las cajas de ahorro y con legisladores locales, todos ellos expusieron la necesidad de solucionar ya el conflicto de Oaxaca.
Si bien es cierto que la destitución de Ulises Ruiz no es la solución al problema; tampoco, lo es su permanencia.
Los distintos actores políticos tenemos que buscar salidas negociadas al conflicto. Tenemos que encontrar una salida, por que de continuar con esta crispación social y tensión política, de continuar con la ausencia de niños en las escuelas, con las barricadas, con los hoteles y medios de comunicación tomados, con vuelos a Oaxaca cancelados, con empleos perdidos, el estado puede estallar, situación que repercutiría de manera negativa para la estabilidad política del país.
El conflicto magisterial en el estado de Oaxaca se ha convertido hoy en uno de los conflictos sociales, políticos y económicos más graves que un estado de la Federación haya enfrentado en los últimos años y no es convocando a las fuerzas públicas como saldremos de este atolladero.
A pesar de que el gobierno federal impulsó una mesa de diálogo para la solución del conflicto, a tres semanas de iniciado, y casi seis reuniones, el diálogo no ha rendido frutos, pues continúa el paro magisterial y hoy miles de niños oaxaqueños siguen sin poder acudir a la escuela a tomar sus clases.
Más de un mes ha transcurrido del presente ciclo escolar, y a pesar de las amenazas, de que los maestros regresaran a clases este lunes, sólo un mínimo porcentaje atendió el llamado.
En Oaxaca no hay gobierno, no hay estado de derecho, hay una ausencia total de poderes. Los tres poderes están completamente rebasados.
El Poder Legislativo aprueba leyes en la casa habilitada para tal efecto, a las afueras de la ciudad; y sin consideración alguna han tomado la decisión de presentarse ante el Presidente de la República y al Senado para solicitar protección a la entidad, ante el "trastorno interior" que se vive, solicitando el uso de la fuerza pública, sin imaginar que una solicitud de esta naturaleza solo confrontaría más a la sociedad oaxaqueña.
En su petición le exigen al Presidente de la República acatar su deber constitucional de auxiliar al estado de Oaxaca, mediante la presencia de las fuerzas federales a fin de restablecer la paz social, el orden público, y evitar actos vandálicos y dar protección a los ciudadanos en general.
No se puede gobernar con la fuerza de las armas. Todo gobernante tiene que entender que si ya no puede seguir gobernado con la fuerza de la razón, con la fuerza de la legitimidad política, debería entonces someterse al escrutinio del propio pueblo que lo eligió.
De hecho, a partir de esta solicitud, la Alianza Nacional de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, envió una carta al Presidente Vicente Fox en la que pide la atención al conflicto oaxaqueño y la no intromisión de la Policía Federal Preventiva ni mucho menos del Ejército, tras advertir que ello tendría resultados perjudiciales y fomentaría un clima político dominado por la violencia del abuso de los derechos humanos.
Por otra parte, la marcha de miles de maestros e integrantes de la APPO a la Ciudad de México debería ser un argumento más para que esta Cámara de Diputados contribuya a la solución del conflicto. Aquí seguramente tendremos a una comisión de quienes están marchando, es por ello que debemos adelantarnos y constituir desde ya una Comisión Plural para escucharlos, atenderlos y darles respuestas concretas.
Porque de no resolverse el conflicto antes de la llegada de los marchistas a la Ciudad de México, y de la decisión de los mismos de permanecer en la ciudad hasta la solución del conflicto, se pondrían en riesgo, incluso, los actos programados para el cambio de poderes.
De ahí que la salida de este problema debe buscar nuevas fórmulas políticas. Es cierto que en la Constitución local del estado de Oaxaca no existe la figura del plebiscito, pero ello no es impedimento para que a través de una reforma a la Constitución del estado, se propusiera como una salida.
Todos los actores políticos involucrados debemos de darnos a la tarea de encontrar la mejor solución a este problema, que como pudo observar la comisión plural bicamaral de legisladores que constituimos el pasado 20 de septiembre en el Senado de la República, la ingobernabilidad priva en la entidad.
De ahí que desde esta tribuna, emplacemos al titular del Ejecutivo estatal en Oaxaca a tomar una decisión política importante, más allá de si fue electo gobernador en una elección constitucional; y es el hecho de que si está seguro de poder seguir gobernando en el estado, se consulte al pueblo a través de un plebiscito.
Un plebiscito cuya organización quedaría en manos de un grupo de ciudadanos de reconocida calidad moral y pública, y que sea el pueblo, que sean los oaxaqueños quienes decidamos el futuro del gobernador y de Oaxaca.
Es por ello, que apelando a la disposición y voluntad política de todos los grupos parlamentarios aquí representados, aprobemos este punto de acuerdo.
Me permito recordar aquí al más ilustre de los oaxaqueños en su bicentenario: Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.
Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: Se constituye una comisión plural de legisladores para atender de manera inmediata el conflicto en el estado de Oaxaca. Dicha Comisión se trasladará de inmediato a esa entidad para reunirse con los distintos actores sociales y políticos involucrados en el conflicto, y allegarse de manera directa de toda la información con el fin de presentar propuestas de solución al mismo.
Segundo: En tanto se constituye la comisión plural, esta Cámara de Diputados exhorta al Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada a no enviar a las fuerzas federales al estado de Oaxaca con el fin de solucionar el conflicto que priva en la entidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.
Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEGOB Y AL GOBERNADOR DE OAXACA A EVITAR EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO Y FORTALECER EL DIÁLOGO, LA NEGOCIACIÓN Y EL USO DE LA POLÍTICA EN DICHA ENTIDAD, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El estado de Oaxaca enfrenta la peor crisis económica y social.
En Oaxaca no hay gobernabilidad.
Existe un desconocimiento del pueblo oaxaqueño hacia sus autoridades, a tal grado, que la principal demanda es que Ulises Ruiz dimita de su cargo a la gubernatura.
El conflicto inicio el 22 de mayo con un paro magisterial de la sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación en demanda de una rezonificación salarial.
La Cámara de Diputados en la Quincuagésima Novena Legislatura aprobó en el Presupuesto de Egresos para 2006, recursos por más de 11 mil 233.1 millones de pesos para atender previsiones salariales y económicas.
Sin embargo, la renuencia y la falta de voluntad de la Secretaría de Educación y del gobierno del estado de Oaxaca por atender las demandas, respondieron con mano dura.
Después de haber tomado por varias semanas el centro de la capital de Oaxaca, los manifestantes fueron reprimidos el 14 de junio por la fuerza pública del estado.
Lo anterior, condujo a que los actores del conflicto radicalizarán sus peticiones y sus acciones a emprender.
El movimiento social se reorganizó en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO, radicalizando sus protestas con la toma de carreteras, radiodifusoras e instalaciones del gobierno local y colocó la renuncia de Ulises Ruiz como su principal demanda.
Esta radicalización, no sólo es de la APPO, sino también proviene del gobierno federal y del gobierno estatal.
El pasado 19 de septiembre el secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza, señaló que se utilizaría a la Policía Federal Preventiva para solucionar el conflicto oaxaqueño.
Asimismo, el Congreso del estado pidió al gobierno federal la entrada de las fuerzas del orden federal, lo que ha sido secundado una y otra vez por el gobernador de la entidad.
El conflicto político en Oaxaca ya se desbordó y se trasladó desde el 21 de septiembre a otras entidades de la República, para concluir el 3 de octubre con una movilización en la Ciudad de México.
La violencia en la entidad es una constante. El sábado 23 del presente mes un grupo de manifestantes se enfrentó con agentes del Ministerio Público a balazos, resultando algunas personas heridas.
La riña comenzó porque corrió la voz entre el pueblo de que Ulises Ruiz se encontraba en un hotel del centro de la capital de Oaxaca.
Las diputadas y diputadas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que el conflicto se ha desbordado más allá de una exigencia salarial y ahora representa una amenaza que pende sobre la frágil estabilidad política del país.
Las experiencias pasadas en la siderúrgica Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde las autoridades reprimieron a los trabajadores y el caso de los pobladores de San Salvador Atenco, son muestras de que la violencia no resuelve nada, al contrario, termina agudizando el conflicto y lo desborda.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia o urgente resolución.
Punto de Acuerdo
Artículo Único. La honorable Cámara de Diputados en la Sexagésima Legislatura exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Gobernación y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca a evitar el uso de la fuerza pública para solucionar el conflicto y fortalecer el diálogo, la negociación y el uso de la política en esa entidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil seis.
Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputados: Ricardo Cantú Garza, coordinador; Jaime Cervantes Rivera (rúbrica), vicecoordinador; Rubén Aguilar Jiménez, Rodolfo Solís Parga, Abundio Peregrino García, María Mercedez Maciel Ortiz, Santiago Gustavo Pedro, Silvano Garay Ulloa Cortés, Pablo Leopoldo Arreola, Joaquín Humberto Vela Ortega González, Anuario Luis Herrera Solís, Rosa Elia Romero Guzmán, Félix Castellanos Hernández.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA ASF QUE PROPORCIONE LA ESTADÍSTICA DE LOS APORTES REALIZADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN EL PERIODO DE 2000 A 2006, POR TODO CONCEPTO, Y LOS RESULTADOS DE LAS REVISIONES EFECTUADAS POR ELLA, A CARGO DE LA DIPUTADA ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, Alma Edwviges Alcaraz Hernández, diputada de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 77, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Conocido es por todos el esfuerzo que cada año realizan las autoridades de las entidades federativas de la República Mexicana por lograr una participación presupuestaria cada vez más generosa por parte del Gobierno Federal para la realización de obras que -desde luego- tienen alta prioridad en cada uno de los estados solicitantes.
El ingreso al país de recursos adicionales provenientes de la elevación del precio internacional del petróleo que exportamos nos han proporcionado recursos que se han destinado prioritariamente al pago de parte de la deuda externa y no para incrementar irracionalmente el gasto público, además de que con esos recursos se ha garantizado el cumplimiento estricto de las metas del déficit fiscal, que aún subsiste en nuestro presupuesto público.
El Presupuesto de Egresos de la Federación establece que en caso de que los ingresos tributarios y los derechos petroleros resulten superiores a lo estimado, deben destinarse a los siguientes apartados:
II. Distribución a un fondo de estabilización de los ingresos petroleros;
III. Mejorar el balance fiscal; y
IV. A gasto de inversión de infraestructura en las entidades mediante las participaciones federales.
En el caso del destino de estos recursos para gasto de inversión de infraestructura en las entidades, por ejemplo, no se tiene cabal conocimiento de si los beneficios de estos ingresos adicionales realmente llegaron a los amplios sectores de la sociedad mexicana que los requieren y por lo que se motivó la ampliación presupuestal bajo comentario.
Al no contar con elementos que reflejen en su totalidad el manejo las finanzas públicas, así como el grado de cumplimiento de programas y subprogramas, los usos de los recursos expresados en su contexto, las estrategias tanto de política económica, financiamiento y administración de los recursos humanos y materiales; también de las políticas implantadas durante el ejercicio fiscal para llevar a cabo los sistemas de control y evaluación, estamos incumpliendo con la sociedad en cuanto a brindarle certidumbre, acerca de cómo, cuándo y en qué fueron empleados los recursos públicos constituidos por los recursos corrientes y los extraordinarios.
Dada esta situación, es menester que, como legisladores federales, los representantes podamos ejercer los instrumentos jurídicos necesarios que permitan al Congreso evaluar y proponer las adecuaciones normativas para aprovechar integralmente los recursos derivados del comportamiento del mercado internacional de petróleo, a la vez, exigir y permitir la total transparencia de los usos presupuestales por todo concepto.
En suma, requerimos de un esquema homogeneizado de parámetros de financiamiento de nuestro desarrollo y de fiscalización y transparencia que nos permita luchar eficientemente contra la pobreza, delimitando funciones para reorganizar la redistribución de los recursos, incorporando para ello la participación ciudadana en la vigilancia y transparencia de los recursos y no por sí mismo, sino por el destino, impacto y mejora en el bienestar de la población.
Por lo anteriormente expuesto
Considerando
Que la principal fuente de recursos para las administraciones municipales y estatales son los derivados del Ramo 33 y aquellos provenientes de los excedentes petroleros, rubro del que no ha sido posible llevar a cabo su efectiva fiscalización ni su evaluación;
Que tenemos la oportunidad de acelerar el desarrollo de los municipios marginados del país, con la participación de la sociedad como ente evaluador del ejercicio de gobierno;
Que es imperioso adecuar la legislación que corresponda para lograr, cuando menos, la fiscalización y la transparencia en la asignación y destino de dichos recursos;
Que tales recursos han sido enviados a las administraciones estatales y municipales, sin conocerse plenamente el destino, uso y beneficio de esta oportunidad que se le ha presentado al país para atender sus necesidades de desarrollo;
Que actualmente se presentan grandes desafíos en materia de desarrollo sustentable con los fondos municipales como instrumentos de transferencia de recursos hacia los municipios más pobres del país;
Que aun cuando estos recursos han estado fluyendo hacia las entidades federativas, no se cuenta con un inventario nacional de obras, proyectos, evaluación e impacto financiero de los recursos en los municipios y otras entidades estatales, así como tampoco del impacto en el desarrollo de las poblaciones receptoras;
Que permanece en la población, la idea de que existe un mal uso de dichos recurso para el desarrollo, más aún cuando no han sido fiscalizados los recursos aplicados en el ámbito federal ni en el estatal;
Que es necesario concertar modificaciones constitucionales para que la fiscalización de los recursos estatales y municipales y de todo orden público sean destinados a la creación de infraestructura, no sólo en el ámbito de la transparencia en el uso de los recursos federales, sino en el cumplimiento de metas de desarrollo sustentable. Por lo que una nueva reingeniería legislativa de vigilancia y fiscalización deberá incorporar todas las asignaciones de recursos, incluyendo los adicionales, para un desarrollo más acelerado de las zonas marginadas del país.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación que, en el ámbito de sus facultades, disponga lo necesario e informe a esta representación acerca de los montos presupuestales destinados a las entidades federativas desde el año 2000 a la fecha, ofreciendo el máximo detalle sobre el destino específico de esos fondos en cada caso, provenientes del Ramo 33, de los excedentes del precio del petróleo o de cualquier orden.
Dado en el salón de sesiones, a 29 de septiembre del 2006.
Diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE SONORA A CESAR SUS ATAQUES CONTRA EL DIARIO EL IMPARCIAL Y SUS EDITORES, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ERNESTO NAVARRO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución, al tenor de los siguientes
Considerandos
Que el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra dice:
En el estado de Sonora, el titular del Poder Ejecutivo de esa entidad ha violado flagrantemente dichas disposiciones, pues en un acto de represión política ha demandado por la vía civil a los editores del periódico El Imparcial, por el solo hecho de haber publicado en una columna de dicho periódico la demanda de que fueran transparentados los gastos de apoyo que el gobierno del estado otorga a las organizaciones no gubernamentales.
Como se menciona líneas arriba, el derecho a la información es una responsabilidad del Estado, los ciudadanos tienen todo el derecho de conocer en que se ejerce el gasto público, y el ejercicio de los medios de comunicación en este sentido cobra una relevancia fundamental.
El sexenio que esta por terminar ha sido uno de los peores en materia de derechos hacia los periodistas: 23 han sido asesinados y 3 están en calidad de desaparecidos del año 2000 a la fecha. Los casos emblemáticos recientes son el de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, la toma de medios de comunicación en Oaxaca y los atentados con granadas de fragmentación en dos diarios de Cancún, Quintana Roo, a la lista se suman nombres como los de Francisco Ortiz Franco, editor del semanario Zeta, ejecutado en junio de 2004; así como Alfredo Jiménez Mota, del diario El Imparcial, de Sonora, desaparecido desde el 2 abril del año pasado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un informe señala a México como el tercer país donde se han registrado más asesinatos de periodistas por motivos de su ejercicio profesional, del año 1995 al año 2005, sólo por debajo de países como Colombia y Brasil.
Todo esto es necesario recordarlo, pues la actitud que ha asumido el gobernador del estado de Sonora, Eduardo Bours, refleja que las condiciones para ejercer el periodismo crítico en dicha entidad son nulas. Las actitudes autoritarias y de censura por parte de las autoridades en contra de los medios de comunicación en las actuales circunstancias del país son inadmisibles.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita al titular del Ejecutivo estatal el cumplimiento irrestricto de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantizan la libertad de pensamiento y manifestación de las ideas, y la inviolable libertad de presentar escritos sobre cualquier materia.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo estatal cesar la campaña de represión contra el diario El Imparcial, de Sonora, y sus editores.
Tercero. Que se cumplan las indispensables garantías para que los medios de comunicación en el estado de Sonora puedan desarrollar su labor sin temor de ser reprimidos y hostigados por parte de la autoridad estatal.
Diputado Carlos Ernesto Navarro López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES A LA APROBACIÓN INMEDIATA DEL SISTEMA INTEGRAL DE COMBATE DEL CRIMEN ORGANIZADO, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN FRANCISCO RIVERA BEDOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El ciudadano Juan Francisco Rivera Bedoya, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión por el estado de Nuevo León e integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con un punto de acuerdo:
Segundo. Formar de inmediato en la Cámara de Diputados un grupo de trabajo que, en coordinación con la Conago, lleve a cabo la revisión del marco jurídico y de las necesidades presupuestales que permita una más eficaz coordinación de los esfuerzos de las instituciones de seguridad publica de los tres órdenes de gobierno.
Tercero. Que el grupo de trabajo que se propone en el punto anterior presente las propuestas a que haya lugar en las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados y presente un informe al Pleno de ésta, en todo caso deberá considerar una propuesta presupuestal específica en la materia para su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se someta a la aprobación del Pleno (de urgente resolución).
Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala..."
Que en términos de esta Constitución, en el artículo 73, es facultad del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos la de "establecer las leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en materia de seguridad pública..."
Que el artículo 89 de la Constitución establece que es facultad del Ejecutivo, fracción VI, preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva.
Que igualmente, en el artículo 74, fracción IV, señala como facultad de la Cámara de Diputados "aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal".
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer...
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito..."
Que el crimen organizado se manifiesta de muy diversas maneras, como el narcotráfico, el lavado de dinero, la falsificación de documentación, secuestros, homicidios, contrabando y la llamada "piratería", con lo que toda ella conlleva de delitos, ente otros; que están afectando ya de manera muy sensible la convivencia de los mexicanos, en su vida y en su patrimonio. Por ello debe ser abordado como un tema de seguridad nacional de la más alta prioridad para la nación, por lo que es necesario que se aboquen a su atención decidida y coordinada las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Que atendiendo a sus diversas vertientes de manifestación, el fenómeno del crimen organizado debe afrontarse de manera integral, como se plantea en el sistema integral de combate del crimen organizado, que se ha presentado en la Conago, que atiende a acciones inmediatas de prevención del delito, procuración de justicia, administración de justicia, readaptación social, participación ciudadana, información, investigación e inteligencia; de análisis legislativo, control de confianza, comunicación social y de valores; profesionalización. Todo ello, con base en la estrecha vinculación y la interoperatividad con pleno respeto de la autonomía, independencia y, en su caso, soberanía de las instancias e instituciones a cargo de la seguridad pública en el país.
Sabemos que el crimen organizado se manifiesta de maneras diferentes en sus formas y grados de intensidad en las diversas regiones del país; pero, independientemente de ello, vemos cómo cada vez se han vuelto más violentas sus acciones, llegándose a niveles nunca vistos en la historia de México.
Debemos reconocer que las autoridades federales y las locales han hecho su mejor esfuerzo por combatir el crimen organizado y que han caído en esa lucha miembros de las instituciones de todos los niveles. Debemos reconocer también que elementos de esas instituciones se han vinculado con estas organizaciones delictivas. Pero en el balance son siempre más los que están de parte de los mexicanos y sus instituciones, que los que se vinculan con las organizaciones delictivas del crimen organizado.
Sin embargo, debemos reconocer también que hasta ahora esos esfuerzos no han sido suficientes. Por lo mismo, se requiere fortalecer los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, en el marco de sus respectivas atribuciones. Debemos adecuar el marco normativo para hacer más eficiente esta coordinación de esfuerzos y, sobre todo, dotarlos de los recursos necesarios para que estén en condiciones de hacer frente, de manera más exitosa, a estos grupos delictivos, que se modernizan día tras día en sus armamentos.
En este momento de nada sirve lamentamos, o peor aún acusarnos, o tratar de sacar raja política con la presencia de este fenómeno delictivo, acusando a una u otra autoridad, federal o local, por la presencia de estos grupos. De igual forma, de nada sirve crear un grupo de trabajo para atender un caso en particular.
Lo que se requiere es que todos los mexicanos, autoridades y ciudadanía participamos en el combate decidido del fenómeno del crimen organizado, que amenaza la convivencia social y las instituciones del país desde un punto de vista integral.
Es el momento de que nos olvidemos de colores partidistas, o de cualquier interés de grupo que pudiera existir y, como un solo mexicano, afrontemos este grave peligro, que -se insiste- debe ser atendido como un problema de seguridad nacional.
Por ello se propone que se lleven acabo las acciones inmediatas necesarias para enfrentar este flagelo; el sistema integral de combate al crimen organizado es un buen punto de partida.
Por lo mismo se hace un llamado a todos los grupos parlamentarios a sumarnos de manera decidida a este esfuerzo creando de inmediato un grupo de trabajo que analice con la Conago las necesidades normativas y presupuestarias que den viabilidad al sistema que se propone, para actuar de manera inmediata. El país así lo reclama, es nuestra obligación como legisladores y como mexicanos responsables.
Por lo expuesto se presenta la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a la aprobación inmediata del sistema integral de combate del crimen organizado, presentado en la misma por su Secretaría Técnica.
Segundo. Formar de inmediato en la Cámara de Diputados un grupo de trabajo que, en coordinación con la Conago, lleve a cabo la revisión del marco jurídico y las necesidades presupuestales que permita una más eficaz coordinación de los esfuerzos de las instituciones de seguridad publica de los tres órdenes de gobierno.
Tercero. Que el grupo de trabajo que se propone en el punto anterior presente las propuestas a que haya lugar en las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados y presente un informe al Pleno de ésta, el que en todo caso deberá considerar una propuesta presupuestal específica en la materia para su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que se someta a la aprobación del Pleno.
Se solicita a la Presidencia que se considere de urgente resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.
Diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE ESTA SOBERANÍA SE MANIFIESTA EN FAVOR DE LA PROMOCIÓN OFICIAL PARA LOGRAR QUE EL CASTILLO DE CHICHÉN ITZÁ QUEDE INCLUIDO ENTRE LAS SIETE NUEVAS MARAVILLAS DEL MUNDO, A CARGO DEL DIPUTADO JOAQUÍN DÍAZ MENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 160 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes
Consideraciones
La zona arqueológica de Chichén Itzá fue declarada patrimonio mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1988.
Actualmente, esa organización realiza una consulta internacional, promovida por el antropólogo suizo Bernard Weber, para determinar las nuevas siete maravillas de la humanidad, mediante un voto popular por Internet, en la que ha sido postulada la candidatura del castillo de Chichén Itzá, dedicado a Kukulkán o serpiente emplumada, mensajero de los dioses.
Este castillo es un templo situado sobre un basamento piramidal con nueve niveles. Se asciende a él por cuatro escaleras, cada una de las cuales cuenta con 91 peldaños, de modo que la suma de éstos, incluida la plataforma, coincide con el número de días del año.
En esas ruinas mayas se manifiesta dos veces por año, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, un fenómeno excepcional: el descenso, durante el equinoccio, de una serpiente por el extremo oeste de la escalinata norte, un fenómeno de luz y sombra, que es símbolo de magisterio astronómico, arqueológico y matemático.
El fenómeno solar produce una sombra de triángulos isósceles sobre el castillo, dando la impresión de que se desliza hasta la cabeza en forma de serpiente que se localiza pirámide abajo. Este fenómeno pone de manifiesto la grandeza de nuestros antepasados mayas.
El castillo de Kukulkán, en la majestuosa ciudad de Chichén Itzá, es el más representativo de la cultura maya y lo visita más de 1 millón de visitantes al año, según informes del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Con el fin de lograr este reconocimiento, el 18 de septiembre del año en curso se realizó la presentación oficial de Chichén Itzá como candidata a una de las nuevas siete maravillas del mundo a cargo del presidente Vicente Fox Quesada y el gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, en Nueva York; con lo que inició una campaña internacional en favor del voto de los ciudadanos vía Internet para que Chichén Itzá logre este ansiado nombramiento de la UNESCO.
Cabe señalar que de nuestro país Chichén Itzá es el único centro cultural que está en tan prestigiada lista compitiendo y sólo cuatro lugares de América han sido incluidos en estas candidaturas: la Estatua de la Libertad, en Estados Unidos; la ciudad peruana de Machu Picchu; el Cristo del Corcobado, de Brasil; y la gran Chichén Itzá, en nuestro querido México.
Por el impulso tan importante que se daría al sector turístico mexicano de lograrse este nombramiento y la derrama económica que significaría la llegada de millones de visitantes a esta zona arqueológica y a las ciudades cercanas, como Valladolid y Mérida, además de que sería un orgullo para todos los mexicanos que se considere dentro de nuestro país una de las siete nuevas maravillas de la humanidad, ponemos a consideración de esta soberanía el presente
Punto de Acuerdo
Único. La LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se manifiesta en favor de la promoción oficial de la candidatura del castillo de Kukulkán, en la ciudad maya de Chichén Itzá, para ser considerada una de las siete nuevas maravillas de la humanidad, por lo que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que se unan, a través de sus delegaciones en la república, a la campaña de promoción del voto a favor de este centro cultural para lograr el título, que sería de gran importancia para la promoción turística de México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 29 de septiembre de 2006.
Diputados: Joaquín Díaz Mena, Sofía Castro Romero, Édgar Ramírez Pech, Gerardo Escaroz Soler, Lizbeth Medina Rodríguez, Iñigo Laviada Hernández (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, VICENTE FOX QUESADA, A ASUMIR LA CONSECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CULTURA, PARTE DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, O QUE EXPLIQUE LAS RAZONES DEL ABANDONO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GOBIERNO, COMO ESTABLECE EL ARTÍCULO 26 CONSTITUCIONAL Y DE ACUERDO CON EL FALLO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El diputado federal José Alfonso Suárez del Real, integrante del Grupo Parlamentario del PRD a la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numerales 1, inciso f), y 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Programa Nacional de Cultura se encuentra en el naufragio. Esto ya no es noticia, se publica todos los días. Si bien el presidente Vicente Fox Quesada ya quiere cerrar la agenda política, mientras que la agenda cultural pareciera haberse cerrado con la inauguración de la biblioteca José Vasconcelos. El sexenio cerró como su biblioteca, con goteras, a medio construir y con los sótanos y estacionamientos abarrotados de basura y escombros.
El plan nacional de cultura vuela por jirones y de sus retazos se pretenden justificar la ineficiencia y el dispendio. Las muestras son numerosas, pero me referiré al programa México a Escena, presentado como una de las aportaciones del sexenio foxista a la exposición de los colectivos y proyectos escénicos del país. Sin embargo, desde 2005 no ha considerado necesario poner los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
La falta de recursos en 2005 la subsanó la Cámara de Diputados con una reasignación de 50 millones de pesos. Sin embargo, para 2006, se procedió de manera consecuente al fallo de la Suprema Corte acerca del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2005.
Como es sabido por todos los integrantes de esta soberanía, en 2005 el presidente Vicente Fox Quesada promovió una controversia constitucional acerca del Presupuesto de Egresos de 2005. En el fallo que emitió la Suprema Corte de la Nación, en su título tercero: la Cámara de Diputados, al modificar el proyecto del decreto del PEF de 2005, haciendo total abstracción del sistema nacional de planeación, violó el artículo 26 de la Constitución.
¿Qué señala el artículo 26 constitucional? Cito algunos de los aspectos fundamentales que se refieren a las políticas sociales y culturales:
Se establece la obligación del Estado de "organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación". Aunque el Estado debe prever las formas de participación democráticas y las que la ley establece para la del Congreso de la Unión.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia otorga al Poder Ejecutivo federal la facultad de desarrollar las políticas de consecución del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas y planes derivados de éste, entre los que se cuenta el Plan Nacional de Cultura. Si éste fue el fondo de la litis que promovió el Poder Ejecutivo federal contra la Cámara de Diputados para que no invadiera sus atribuciones en la creación y el desarrollo de los programas de gobierno.
Ahora, solicito a esta soberanía que aprobemos este punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la República, de manera consecuente con sus facultades y responsabilidades constitucionales, a que asuma y respete su propio Plan Nacional de Cultura y libere recursos para los programas que se han suspendido sin ninguna justificación, entre los que se encuentra México a Escena. Incluyo en este exhorto al secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, y a la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, señora Sara Guadalupe Bermúdez, a que nos den a conocer el proceso de evaluación del Programa Nacional de Cultura y el diagnóstico que haya promovido el Conaculta sobre el estado en que se encuentra la cultura en nuestro país.
Por todo lo anterior, someto y solicito que sea considerada de urgente y obvia resolución la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortamos al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, a que asuma la consecución del Plan Nacional de Cultura, parte del Plan Nacional de Desarrollo, o que explique las razones del abandono de los programas y proyectos de gobierno, como le confiere el artículo 26 constitucional y de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, con relación a su controversia constitucional, que faculta y responsabiliza al Ejecutivo federal del Plan Nacional de Desarrollo y, por ende, del Plan Nacional de Cultura.
Segundo. Solicitamos al secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, y la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, señora Sara Guadalupe Bermúdez, a realizar las acciones administrativas, y presupuestales, para realizar la producción de México a Escena en 2006 en atención a la demanda de artistas, la comunidad cultural y del público, así como la elaboración de un informe pormenorizado del nivel de desarrollo del Plan Nacional de Cultura y de la situación en que se encuentra la cultura en nuestro país al final del sexenio, para su estudio por esta soberanía.
Salón de Sesiones, a los catorce días del mes de septiembre de 2006.
Diputado José Alfonso Suárez del Real (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE SIERRA Y DE MONTAÑA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS MARÍA ORALIA VEGA ORTIZ Y JOEL GUERRERO JUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de la diputación federal priista del estado de Hidalgo, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde el punto de vista del relieve, México posee elevaciones superiores a 5 mil 500 metros, mesetas externas, grandes depresiones y profundas barrancas. Tres series de cadenas montañosas, con orientación general de nordeste a sudeste, conforman el principal sistema orográfico que recibe el nombre de Sierra Madre: al oeste, la cordillera de Sierra Madre Occidental, con un promedio de altitud de 2 mil 250 metros; al este, la Sierra Madre Oriental, con 2 mil 220 metros; y, finalmente, la Sierra Madre del Sur, con 2 mil metros de altitud media.
El uso creciente de las zonas de montaña, con criterios predominantemente extractivos, se traduce en efectos agudos en determinados sectores como son los cuerpos de agua dulce, los suelos y bosques en las cuencas hidrográficas, impactando en el régimen hidrológico y disponibilidad del recurso hídrico en términos de calidad, cantidad y oportunidad.
En la actualidad se identifican, como factores que más frecuentemente atentan contra la conservación de los ecosistemas lacustres, la urbanización no regulada de sus riberas, la falta de tratamiento de las aguas residuales que vierten, la carencia de servicios de saneamiento básico para las poblaciones rurales de las cuencas y el uso inadecuado de los lagos con diferentes fines no sostenibles.
La construcción de caminos y urbanizaciones espontáneas, así como las actividades mineras y agropecuarias degradan los frágiles recursos naturales de las montañas que funcionan como cuencas abastecedoras de agua en beneficio de las tierras planas. Ello afecta en forma creciente las actividades productivas y la calidad de vida de la población local, la que presenta, por lo general en las zonas rurales, las mayores condiciones de pobreza e indigencia que el conjunto del país.
La concentración de la inversión industrial y agrícola ha determinado un mercado de trabajo segmentado, con fuerte informalización, que padece la exclusión en grandes proporciones.
En aquellas zonas en las que no se invierte persiste la producción doméstica agrícola o artesanal. Estas zonas corresponden en términos generales a sitios de población indígena, en donde la producción doméstica y la economía familiar tienen mucha relevancia para los hogares. El salario, como porcentaje del ingreso, tiene menor importancia. Se trata de zonas que expulsan población, tanto a las ciudades como al extranjero.
Son áreas con suelos erosionados y escasas tierras arables en las que el cultivo mecanizado es impensable, y el difícil acceso obstaculiza el aprovisionamiento y la comercialización. Estas fracturas espaciales del desarrollo económico se ubican en todo el territorio, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y parte de los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Chihuahua, etcétera.
El informe sobre desarrollo humano realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indicó en julio que los municipios indígenas de México presentan grados de subdesarrollo similares a los países más pobres de África.
Los conflictos en las montañas también son causados por la producción y comercio ilícito de drogas, ya que en estas montañas se producen arbustos tales como la coca y la amapola. Estas plantas muchas veces son la única fuente de ingreso de las personas que viven en las montañas, ya que la delincuencia organizada los utiliza aprovechándose de su necesidad de sobrevivencia.
El potencial productivo de las zonas de montaña es enorme, tanto en términos de potencial energético como forestal, zonas de captación y regulación de aguas, recursos genéticos, así como de producción sostenida agropecuaria en base al uso de tecnologías apropiadas. En sectores específicos, las zonas de montaña presentan un alto potencial turístico y recreativo, lo cual permite verlas con una perspectiva de alto potencial natural que debe ser aprovechado en forma sostenible con un ordenamiento territorial, tecnologías apropiadas y en un marco social participativo.
No obstante lo anterior, al margen de sus capacidades, la realidad es que los problemas económicos y sociales de las zonas de sierra y de montaña en todo el país se han agravado y someten a sus poblaciones a la pobreza más dramática.
Precisamente el estado de Hidalgo es un ejemplo vivo y válido de la realidad que aqueja a estas regiones del país. Es el quinto lugar entre los estados más pobres y en sus 84 municipios se presentan grados de marginalidad media a muy alta. Pero, como en cualquier estado, la mayor miseria se presenta en la serranía. Por ejemplo, la Sierra Huasteca tiene una gran abundancia de recursos naturales y una alta concentración poblacional, pero también, paradójicamente, muy alto grado de marginación.
Los problemas que definen su pobreza son, entre muchos otros, desnutrición, falta de servicios, escasez de vivienda digna, deficiencias de abasto, baja escolaridad, alto índice de enfermedades, bajos salarios, alta emigración, poca participación social, estructuras de gobierno desgastadas, corporativismo, etcétera.
Los habitantes de las zonas de las sierras y de las montañas del país son, sin lugar a dudas, pobres entre los pobres.
Esta representación popular no puede ser indiferente a esa realidad que aqueja a millones de personas. No puede hacerlo sin faltar a sus deberes de procurar la justicia, la no discriminación, la atención, la solidaridad, el bienestar y el desarrollo.
Por ello, creemos que procede y es urgente que se cree en este órgano colegiado una comisión especial que convoque a los estudiosos, a los habitantes de esas zonas, a los gobiernos federal y locales, a los municipios, que consensúe acciones inmediatas, con visión de mediano y largo plazos y formule un diagnóstico preciso de esta realidad.
Que, a partir de su aprobación por este honorable Pleno, esta comisión genere propuestas de reformas legales, programas de gobierno, acciones regionales y propuestas hacia el presupuesto federal del 2007, así como en los subsecuentes, para dar respuestas a sus habitantes, fundadas en hechos tangibles, que produzcan los resultados que esos mexicanos no pueden esperar más.
Esta comisión debe tener la capacidad de ofrecer opciones para generar empleos, mejores ingresos, fomentar el abasto rural regional, arraigar a la gente en sus comunidades, apoyar al sector productivo, mejorar el cuidado del patrimonio natural, mejorar las políticas sociales, es decir, darle dignidad a sus vidas y a su desarrollo.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se crea la Comisión Especial para el desarrollo sostenible de las zonas de sierra y de montaña, que tendrá los siguientes objetivos:
2. Proponer reformas legales, políticas públicas, programas de gobierno en los niveles federal, estatal y municipal, servicios públicos, asignaciones presupuestales, convenios de coordinación y todas las medidas que, en el marco legal, juzgue pertinentes para contribuir al mejoramiento de estas zonas y de sus habitantes.
3. La comisión se integrará por 19 miembros, con la siguiente distribución:
Grupo Parlamentario del PAN, 7; Grupo parlamentario del PRD, 4; Grupo Parlamentario del PRI, 3 (quien la presidirá); Grupo Parlamentario del PVEM, 1; Grupo Parlamentario de Convergencia, 1; Grupo Parlamentario del PT, 1; Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, 1; Grupo Parlamentario de Alternativa, 1.
La comisión tendrá un secretario del Grupo Parlamentario del PAN y uno del PRD.
Diputados: María Oralia Vega Ortiz, Joel Guerrero Juárez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SE PRONUNCIE SOBRE LA RENOVACIÓN DE LAS DIRIGENCIAS DE LAS SECCIONES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, ASÍ COMO ACERCA DE LOS DESPIDOS INJUSTOS DE LA SECCIÓN 11 DE ÉSTE, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
Mientras en nuestro país estamos luchando por construir una democracia participativa, donde el pueblo sea el que decida realmente el destino de nuestra patria, en los sindicatos corporativos continúa imperando el cacicazgo, el compadrazgo, la burocracia sindical, el desprecio a las conquistas de los trabajadores y el aniquilamiento sistemático de las disidencias.
Los métodos gangsteriles, la burla a la base trabajadora y la simulación de la democracia en la elección de la dirigencia sindical siguen siendo una práctica cotidiana de los dirigentes charros.
Lo que acabamos de describir se vive todos los días, en cada una de las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Con los mismos métodos con que se elige al secretario general de ese sindicato: a mano alzada y sin representación real de los trabajadores, así se quiere elegir a una nueva camarilla en la secciones del sindicato petrolero.
Como ejemplo está la sección 11 con asiento en Nanchital, Veracruz.
En esta sección tiene su señorío el vetusto cacique Ramón Hernández Toledo, conocido por la prensa nacional e internacional como el Tío Ramón, quién no deja de festinar que es el dueño de los destinos de los trabajadores petroleros de esa sección, a la que pertenecen casi 11 mil trabajadores.
Quienes por razones de ideología política contrarias a la dirigencia charril intentan evitar su participación en el próximo proceso electoral sindical.
Como parte de las artimañas para dejarlos fuera de la elección, la dirigencia charril, en contubernio con funcionarios de Petróleos Mexicanos gestionó la rescisión de contrato de dos trabajadores, liquidación de una trabajadora y la jubilación anticipada de 15 trabajadores jóvenes y productivos.
No les importó violentar la norma del contrato colectivo de trabajo y pasaron por encima de sus derechos laborales.
Por esta razón, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está preocupado por la suerte que están corriendo estos trabajadores y los de todas las secciones petroleras.
Nuestra preocupación está fundada en el hecho de que entre los meses de octubre y diciembre del presente año se producirá la renovación de las dirigencias sindicales de las 36 secciones del sindicato petrolero.
Pero sobre todo, hay una gran inquietud de la base trabajadora porque se tiene preparado un operativo conjunto que pretende imponer en el cargo a incondicionales de los secretarios generales en turno o designados por el propio Carlos Romero Deschamps.
Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hemos recibido información directa de los trabajadores de las diversas secciones sindicales, donde se nos narra la corrupción en que incurren los representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encargados de la toma de nota del proceso de elección sindical.
Estos representantes de la autoridad laboral no cumplen su función de vigilar que el proceso de elección sindical se apegue a los estatutos y además verificar que los votantes sean realmente trabajadores, en virtud de que no se cumple con el quórum legal, ya que quienes accedan al recinto sindical son empleados del sindicato y trabajadores transitorios sin derecho a voz ni voto.
Esta omisión se realiza porque a cambio reciben prebendas y regalos suntuosos que los obligan a hacerse de la vista gorda y permitir todo tipo de impunidad y de irregularidades, antes y durante el proceso de elección en las secciones del sindicato.
Los trabajadores petroleros están demandando a la autoridad laboral que el proceso de elección para la renovación de la dirigencia sindical que se llevará a cabo en las próximas semanas, sea equitativo, transparente y con certeza, tal como se establece en los estatutos que rigen la vida interna del sindicato petrolero.
Quieren que el proceso electoral se realice por el sistema de escrutinio, lo que permitirá la participación real y mayoritaria de los trabajadores que por la naturaleza de sus actividades se encuentran dispersos en toda la República Mexicana y, en el caso de las secciones con mayor membresía dar la oportunidad que la mayoría de los trabajadores sufraguen.
Los trabajadores no quieren que la actual dirigencia instrumente ninguna clase de albazo o de fraude en la renovación de la dirigencia sindical.
No quieren que Romero Deschamps meta las manos en el proceso de renovación de las 36 secciones sindicales.
Se oponen abiertamente a la política de simulación en el cambio de dirigencia de las secciones, consistente en imponer a personeros de la actual burocracia sindical nacional que no representan ningún cambio real que favorezca a los trabajadores.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. El Pleno de la honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar a designar inspectores que el día que se realice la elección para renovar la dirigencia sindical de la sección 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana cumplan con imparcialidad su función de supervisar que la elección se lleve a cabo con equidad, transparencia y certeza, como mandata el estatuto que rige la vida interna del sindicato petrolero.
Artículo Segundo. Exhortar a las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en acuerdo con los trabajadores de todas las secciones del citado sindicato, se privilegie el sistema de elección por escrutinio a que se refiere el artículo 288 inciso d) de los Estatutos Generales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, a fin de que se permita una mayor participación de los trabajadores con derecho a voto.
Artículo Tercero. Se exhorta a las autoridades de la Secretaría del Trabajo y a Petróleos Mexicanos a revisar y, en su caso, reinstalar a 19 trabajadores socios de la sección 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, a quienes se les rescindió el contrato individual de trabajo o se les jubiló de manera anticipada sin reunir los requisitos contractuales.
Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputados: Ricardo Cantú Garza, coordinador; Jaime Cervantes Rivera (rúbrica), vicecoordinador; Rubén Aguilar Jiménez, Rodolfo Solís Parga, Abundio Peregrino García, María Mercedes Maciel Ortiz, Santiago Gustavo Pedro Cortés, Félix Castellanos Hernández, Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Joaquín Humberto Vela González, Anuario Luis Herrera Solís, Rosa Elia Romero Guzmán, Silvano Garay Ulloa.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA CÁMARA DE DIPUTADOS LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL PRÓXIMO 3 DE DICIEMBRE, A CARGO DE LA DIPUTADA SILVIA EMILIA DEGANTE ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal Silvia Emilia Degante Romero integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar a las autoridades de la Cámara de Diputados se lleve a cabo la celebración del día internacional de las personas con discapacidad, conforme a las siguientes
Consideraciones
I. La Organización Mundial de la Salud, señala que en los países de Latinoamérica de su población general, de 7 a 13 % viven alguna discapacidad. En México más de diez millones de personas viven en condiciones de discapacidad, ya sea motora, intelectual o sensorial.
II. Los mexicanos desde 1982 hemos contribuido a impulsar la igualdad y equiparación de oportunidades y mejorar las condiciones de calidad de vida para las personas con discapacidad, a través de programas específicos para su atención, sin dejar de mencionar el trabajo que desde esta Cámara en donde se promovieron una serie de reformas a diversas leyes, y recientemente la Ley General de las Personas con Discapacidad, dando así el cumplimiento a las Normas Uniformes para las personas con discapacidad de la ONU, que aceptó México en 1982 y que hoy nuestro país cuenta con un marco jurídico amplio para este sector de la población en diversas leyes como:
Ley del Seguro Social
Ley Aduanera
Ley General de Educación
Ley General de Salud, y
Ley General de las Personas con Discapacidad entre otras
IV. Es motivo de celebración los avances que México y las organizaciones sociales de personas con discapacidad han alcanzado en los últimos años y que de manera unida sociedad, gobierno y partidos políticos trabajamos de manera comprometida por las mas de diez millones de personas con discapacidad, que sí debemos de celebrar que los mexicanos que viven una discapacidad contarán con políticas públicas tal y como lo establece la Ley General de las Personas con Discapacidad. Con la meta muy clara de que nuestra labor deberá asegurar una integración social plena, misma por la que habremos de esforzamos día a día.
A la sociedad civil le queda claro que se han alcanzado grandes logros, pero aun nos faltan verdaderos triunfos pues vencemos barreras físicas, pero las más difíciles de vencer son las barreras sociales, por las que hoy vengo a pedir que destaquemos las acciones buenas que se han hecho en más de 15 años de su lucha social, y les apoyemos para difundirlas y hacerlos mas fuertes.
La conmemoración del día internacional de las personas con discapacidad no es tan solo un gran pretexto para destacar todo el valor y la grandeza de estos seres humanos que pese a su situación han alcanzado el éxito en su ámbito de desarrollo como:
Gabriela Brimer.- Escritora
Josefina Cornejo.- Deportista
VI. Lo anterior no es mas sino un recordatorio para que esta Cámara dé una oportunidad para que las organizaciones sociales expongan sus productos y destaque lo que desarrollan todos los días, para que músicos como Teresa Landeros Castelar pianista y concertista destaquen y se les reconozca en vida, así mismo a los pintores que realizan sus obras con el pie y la boca, o los artesanos y toda aquella persona con discapacidad que haya encontrado la forma de desarrollarse en esta sociedad. Pues son un ejemplo no solo para su sector, sino para nuestra nación.
Por lo anteriormente expuesto, se somete al Pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único.- La suscrita diputada de la LX Legislatura, en pleno respeto a las competencias atribuidas por nuestra Carta Magna, solicita a la H. Cámara de Diputados, realice las acciones necesaria a fin de celebrar el día tres de diciembre del presente año, el día internacional de las personas con discapacidad, en el marco de una semana: del 27 de noviembre al 1 de diciembre, en la que Todos por la integración de las personas con discapacidad hacia el bien común, participemos en esta importante fecha.
Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 19 de septiembre de 2006.
Diputada Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DEL ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS NACIONALES, A CARGO DE LA DIPUTADA SOLEDAD LÓPEZ TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe diputada federal María Soledad López Torres, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. A nuestro planeta se le ha denominado "el Planeta Azul", debido a la importante presencia del vital líquido en su superficie, tres cuartas partes del mismo están cubiertas por el agua. De este gran total de agua el 94% se ubica en mares y océanos, un 4% son aguas subterráneas, 2% lo constituyen las aguas congeladas de los polos y glaciares; mientras que un insignificante porcentaje (menos del 0.01%) es el agua superficial, es decir, el agua que se encuentra en arroyos, ríos y lagos, en la atmósfera y en todos los seres vivos. De lo anterior resulta obvio darnos cuenta que la reserva más importante de agua dulce para la humanidad es el agua subterránea. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de organizaciones no gubernamentales (ONG) durante los próximos veinte años la población mundial crecerá exponencialmente, no así las reservas mundiales del vital líquido. Se calcula que 1,500 millones de seres humanos no tienen acceso a fuentes de agua potable. Por esta causa, en el mundo diariamente mueren 34,000 personas, principalmente menores de edad, a un ritmo apocalíptico: cada 8 segundos muere un niño. De hecho, enfermedades que se relacionan con la mala calidad del agua como son el cólera, la tifoidea, disentería, poliomielitis, hepatitis A y E, flourosis, cáncer y meningitis entre otras, constituyen las principales causa de mortandad en el mundo, aún por encima del sida.
2. Estas mismas fuentes aseguran que para el año 2030 más del 47% de la población mundial enfrentará terribles penurias por la falta del vital líquido; sólo dispondrán de reservas los países del norte de Europa, Canadá, Alaska, América del Sur, África Central, Rusia y Oceanía. El resto del mundo, incluido México, Estados Unidos y China tendrán grandes problemas para obtener el vital líquido.
3. En nuestro país 85 millones de habitantes dependemos casi totalmente del agua subterránea: para beber, consumo doméstico, riego agrícola, consumo animal y uso industrial. Esto pone de manifiesto la tremenda importancia del agua subterránea en el bienestar y salud de las y los mexicanos, así como en la seguridad de producción de alimentos y desarrollo humano y económico. No debemos pasar por alto que a esto se agrega que el 60% del territorio nacional es árido y semiárido (zonas norte y centro de México), esto significa que la disponibilidad de agua superficial es muy limitada, mientras que el agua subterránea representa, casi exclusivamente, la única fuente disponible de agua.
4. Estudios realizados en 1998 en el Valle de México y otras regiones de nuestro país generaron una alerta sobre el flujo de sales hacía los acuíferos. Se corre el riesgo de que una gran cantidad de sales presentes en el agua de poro de los acuitardos lacustres, tres veces mas concentrada que el agua de mar, y desde luego no apta para consumo humano, lleguen progresivamente al acuífero, lo cual anularía varias fuentes primarias de abastecimiento de agua para los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México y para zonas muy importantes en los estados de Guanajuato, Jalisco y Querétaro entre otros. Con más de 300 puntos de medición han detectado algunas regiones en la Ciudad de México, Querétaro y Guanajuato donde aparentemente ese tipo de agua ya está llegando. El impacto no es muy rápido pero si progresivo, donde empiezan a aparecer algunas sales como bicarbonatos, cloruros y sodio. El límite máximo de los cloruros para uso potable es de 250 mg/l para sodio; mientras que en el acuitardo se encuentran concentraciones cientos de veces más altas. Ya es visible la presencia de material blanco que tapa las regaderas y que cuando hierve el agua, deja un residuo. Estos son los primeros arribos de los bicarbonatos; detrás de ellos viajan otros elementos como podrían ser compuestos de nitrógeno y boro. Este último se encuentra hasta en 50 mg/l y el límite máximo para uso potable es de 1 mg/l; ya están saliendo pozos con estas nefastas características en Tláhuac e Iztapalapa, en la zona metropolitana; en el estado de Guanajuato presentan serios problemas de abastecimiento debido a contaminación y/o salinización algunos municipios como Pénjamo, Salamanca, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz, y en municipios del estado de Querétaro como son Querétaro capital, San Juan del Río, Pedro Escobedo entre otros. En Iztapalapa, en la zona metropolitana del DF, han tenido que instalar plantas de tratamiento a pie de pozo. Todo ello sin contar con el alarmante abatimiento de los acuíferos de Cuatro Ciénegas en el estado de Coahuila y demás a todo lo largo y ancho de nuestro territorio nacional.
5. Lo anterior se agrava con la gran cantidad de denuncias de corrupción formuladas por diversas ONG?s, particulares así como organismos operadores que mencionan que debido a la discrecionalidad que la Ley Nacional de Aguas otorga en todo lo relativo a la obtención de concesiones para perforación, extracción y uso de aguas subterráneas, descargas de aguas residuales y otros más análogos, además que los mentados Consejos Técnicos de Aguas Subterráneas (Cotas) han resultado inoperantes al ser meramente declarativos y sus decisiones sin fuerza vinculativa para las partes, por tal es urgente que de la aprobación de la presente propuesta se presenten a esta soberanía elementos idóneos, prácticos, pertinentes y democráticos para que a la luz de los mismos, estemos en posibilidades reales de hacer frente a la demanda de agua limpia y de calidad para todas y todos.
Por todo lo anterior y dada la importancia del tema, y por considerarse de urgente y obvia resolución nos permitimos presentar ante este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se constituye una Comisión Especial encargada del estudio de la problemática de las aguas subterráneas nacionales, en particular para dar seguimiento y evaluar el manejo, otorgamiento y efecto de las concesiones a que se refiere la Ley de Aguas Nacionales y elaborar propuestas legislativas para solucionar dicha problemáticas, así como la conservación y preservación de las aguas subterráneas nacionales.
El objeto de la Comisión Especial será el que derive de su denominación.
Para el cumplimiento de su objeto, dicha Comisión podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse con las autoridades federales, estatales y municipales responsables y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objeto.
Segundo. La Comisión Especial estará integrada por 30 legisladores, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de la Cámara de Diputados.
La Comisión Especial contará con una Mesa Directiva, que se conformará por un presidente y tres secretarios.
Tercero. La Comisión Especial tendrá una vigencia de 24 meses, para estos efectos deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
La Comisión Especial deberá presentar a la Junta de Coordinación Política, dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del plazo previsto, un informe en el que se sinteticen las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos.
Cuarto. La Comisión Especial contará con los recursos humanos, materiales y financieros que determine la Junta de Coordinación Política.
Diputada María Soledad López Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE TIJUANA A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN LA DEPURACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL, ASÍ COMO A IMPLANTAR UN PROGRAMA DE ACCIÓN EMERGENTE DIRIGIDO A ABATIR LOS ALTOS ÍNDICES DE CRIMINALIDAD EN DICHA CIUDAD, A CARGO DEL DIPUTADO LUIS RODOLFO ENRÍQUEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Luis Rodolfo Enríquez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades municipales de Tijuana a realizar las acciones necesarias que permitan la inmediata depuración de los elementos de la policía municipal, así como a implantar un programa de acción emergente tendente a abatir los altos índices de criminalidad en este municipio, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La violencia y la inseguridad cada vez más se apoderan de la ciudad de Tijuana, en los últimos meses se ha presentado una escalada de ejecuciones y secuestros; así lo indican las siguientes cifras: en lo que va del año han ocurrido 272 muertes violentas, 82 relacionadas con el crimen organizado y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del estado ha señalado que a la fecha se han registrado 60 secuestros.
Es tan preocupante el clima de inseguridad en el municipio de Tijuana que el Consejo Coordinador Empresarial ha exigido acciones necesarias para terminar con dicha situación en esa ciudad.
A tal grado han llegado las cosas que el pasado 16 de septiembre tan sólo en doce horas se registraron siete asesinatos en cuatro incidentes distintos ocurridos en diversas colonias. Resulta inaceptable que la autoridad municipal de Tijuana no responda ante esta ola de violencia.
Inclusive, ante este escenario el Departamento de Estado de Estados Unidos advierte a sus ciudadanos que extremen precauciones si visitan Tijuana, debido a la serie de asesinatos que ahí se registran. Tristemente podemos decir que en los últimos años la ciudad de Tijuana además de ganarse el reconocimiento de ser una de las más importantes del norte del país, es también ampliamente conocida por ser una de las más peligrosas e inseguras de la República.
El clima de inseguridad que vive Tijuana es preocupante; agentes y ex agentes policiacos que encubren o encabezan bandas criminales; secuestradores que huyen de su guarida evitando su captura con el apoyo de funcionarios corruptos. La ola de asesinatos que registra ese municipio es de graves consecuencias para sus habitantes, no solamente es el miedo de salir a la calle, de ir al trabajo o escuela y ser víctima de algún delito, además se refleja en la actividad económica, ya que al no haber condiciones de seguridad no alcanza niveles de desarrollo competitivo en beneficio de sus habitantes. Por ello, la magnitud del problema de la inseguridad y los costos que ocasiona a la ciudadanía de Tijuana la representa el gran reto de las autoridades locales para controlar y reducir la delincuencia y no permitir la destrucción del tejido social que hace posible la convivencia ciudadana y el desarrollo económico del municipio.
Ante esta ola de inseguridad que azota a la población de Tijuana, sus habitantes, cansados de la parálisis y complacencia de las autoridades municipales encargadas de la prevención del delito en dicha ciudad, exigen acciones claras y contundentes para tratar de contrarrestar este cáncer social que inclusive ha llegado a penetrar de forma preocupante en las entrañas de los cuerpos de seguridad pública municipal tijuanense, que con una sospechosa displicencia han dejando que la ciudad quede a merced del hampa, al grado tal de llegar a considerar la existencia de una colusión entre diversos mandos municipales de seguridad pública y el crimen organizado.
Compañeras y compañeros, no es posible que al ser la autoridad municipal tijuanense el primer órgano político y de gobierno en donde se suscitan de manera directa la comisión de este tipo de conductas delictivas, dicha autoridad no asuma su debida responsabilidad constitucional ante esta lamentable situación y tome cartas urgentes en el asunto.
En los últimos meses, la actuación de las autoridades municipales sólo ha evidenciado negligencia y una sospechosa falta de voluntad para tratar de solucionar el problema de la inseguridad en esta ciudad.
Inclusive, el pasado 25 de julio en una reunión de trabajo celebrada en la ciudad de Tijuana, entre funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y funcionarios municipales, entre ellos el presidente municipal de Tijuana, Jorge Hank Ron, las autoridades federales manifestaron directamente al edil tijuanense una serie de indicios y probanzas que demuestran que gran parte del problema de la inseguridad generada en dicha localidad deviene de la corrupción y descomposición que está sufriendo la policía municipal de Tijuana, bajo el mando directo del señor Hank, en donde incluso se ponen al descubierto acciones de complicidad entre los cuerpos policiales locales y el crimen organizado.
En ese sentido, era de esperarse que el presidente municipal de Tijuana, primera autoridad e incluso quien detenta el mando directo de la fuerza pública municipal, tomara inmediatamente las medidas necesarias tendentes a sanear de manera contundente la estructura de sus cuerpos policiales y deslindar las responsabilidades penales a que haya lugar; sin embargo, han pasado ya dos meses y, hasta donde se tiene conocimiento, no se ha realizado acción alguna al respecto, evidenciando una falta de interés por querer entrar al fondo del asunto.
Sin duda, la autoridad tijuanense ha faltado a su deber, no ha propiciado las condiciones necesarias de seguridad de la ciudadanía, el principal problema que sustenta la inseguridad suscitada en Tijuana parece ser la corrupción de sus cuerpos policiales; mientras no exista una verdadera voluntad política para lograr el debido saneamiento de dichos cuerpos de seguridad municipal, el combate a la delincuencia será más complicado.
Esta situación de corrupción e impunidad de los elementos de seguridad pública municipal ha quedado evidenciada al momento de que la Procuraduría del estado logra la detención dos bandas de secuestradores en donde se ven involucrados un policía municipal activo y un ex policía, cuando la PGR en últimas fechas ha consignado a tres miembros de la policía municipal; ha arraigado a cuatro policías municipales, entre ellos quien fuera escolta del actual presidente municipal de Tijuana; ha cumplimentado diversas órdenes de aprehensión en contra de elementos municipales, entre otras acciones, que inclusive han derivado en un señalamiento público de la PGR en contra de algunos elementos de la Policía Municipal de Tijuana.
Sin embargo, aunado a estas importantes acciones emprendidas por las autoridades estatales y federales, es necesario que las autoridades municipales de Tijuana también realicen su parte en el combate a la criminalidad por ser esta una labor compartida y corresponsable; no es legítimo salir de esta situación por la puerta de escape, responsabilizando de manera sistemática a otras autoridades u órdenes de gobierno respecto de esta situación de inseguridad prevaleciente en Tijuana; es momento de asumir las responsabilidades que implica la acción de gobierno de esta importante ciudad; es momento de realizar acciones contundentes que demuestren efectivamente que se esta combatiendo a la delincuencia, y la mejor forma de combatirla es empezando por la propia casa, saneando la policía municipal y sancionando de manera ejemplar todo acto de corrupción que exista en las instituciones de seguridad pública municipal.
Lo contrario hará suponer la participación o, en su caso, encubrimiento de autoridades municipales en actividades ilícitas. En ese sentido, la autoridad local tiene la urgencia de erradicar la corrupción y violencia generada en la ciudad, así lo exigen la ciudadanía tijuanense, las organizaciones sociales y la iniciativa privada.
Finalmente habría que señalar que, hasta donde se tiene conocimiento, el propio presidente municipal de Tijuana, Jorge Hank Ron, ha manifestado su disposición por someterse a cualquier tipo investigación; en ese sentido, por la salud de las instituciones es necesario tomarle la palabra y veremos si dicha disposición es verdadera o sólo constituye un mero acto de simulación. Es necesario comprobar su disposición con hechos no con meras palabras.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, el abajo firmante, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al presidente municipal de la ciudad de Tijuana, así como al secretario de Seguridad Pública de dicho municipio a realizar las acciones necesarias que permitan la inmediata depuración de los elementos de la policía municipal, se hagan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades penales a los servidores públicos que hubieren incurrido en actos de corrupción, complicidad o encubrimiento en actos delictivos, así como para que implementen en dicha localidad un programa de acción emergente, tendente a abatir los altos índices de criminalidad que han generado una ola de inseguridad y violencia en este municipio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.
Diputado Luis Rodolfo Enríquez Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS FONDOS DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS, A CARGO DE LA DIPUTADA SUSANA MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, Susana Monreal Ávila, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. El 4 de agosto de 1942 los Gobiernos de EU y de México celebraron, a través de canje de notas diplomáticas y por ende no se requirió de ratificación, un Acuerdo para Reglamentar la Contratación (temporal) de Trabajadores Agrícolas Migratorios Mexicanos.
2. El 26 de abril de 1943, ambos países celebraron un Acuerdo que modifica el Convenio del 4 de agosto de 1942 para Reglamentar la Contratación de Trabajadores Agrícolas Migratorios Mexicanos.
3. El 29 de abril de 1943, los Gobiernos de EU y México celebraron un Acuerdo para Reglamentar la Contratación de Trabajadores no Agrícolas Migratorios Mexicanos.
4. El 21 de febrero de 1948, los Gobiernos de EU y México celebraron el Acuerdo Relativo a la Migración de Trabajadores Agrícolas Mexicanos.
5. Ambos países celebraron diversas prorrogas respecto del Acuerdo Sobre Trabajadores Migratorios de 1951, reformado hasta el año de 1964, sin que hasta la fecha se sepa donde quedaron los fondos retenidos a los braceros.
6. Ante tan grave problema, el 17 de abril de 2001, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros, la cual quedó instalada el 19 de septiembre del mismo año. La existencia de la citada comisión se prorrogó hasta el fin de la LVIII (quincuagésima octava) Legislatura y continúo sus trabajos durante toda la LIX (quincuagésima novena) Legislatura.
7. Paralelamente, fueron presentadas diversas iniciativas de ley que, en lo general, plantearon la necesidad de crear un fideicomiso para lograr el pago de una mínima indemnización a las ex braceros que trabajaron en los Estados Unidos de 1942 a 1964.
8. El 21 de abril de 2005 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, por 361 votos a favor y 4 abstenciones, el cual fue turnado al Senado de la República para los efectos legales conducentes.
9. El 28 de abril de 2005 el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, por 78 votos a favor.
10. Finalmente, el 25 de mayo de 2005, el titular del Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que crea el citado fideicomiso.
11. Conviene señalar que en el artículo 2o. del Fideicomiso expresamente se define a una Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
12. Con la responsabilidad que nos demanda el ser representantes sociales, tenemos la obligación de atender los reclamos de los ex braceros y garantizar que el pago correspondiente sea efectuado de manera eficaz y expedita.
13. Es por ello que consideramos necesario que sea creada una Comisión Especial con el fin de vigilar y apoyar, en todo lo posible, a nuestros trabajadores braceros y que reciban el pago que les corresponde.
14. Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración del honorable Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Con fundamento en lo que establecen los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General y 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicite a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados la creación de una Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros que se deberán aplicar a través del Fideicomiso que administrará dichos fondos y cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005.
Segundo. El objeto de la Comisión será la de dar seguimiento a los informes trimestrales que el Comité Técnico del Fideicomiso deberá entregar conforme lo establece el artículo sexto transitorio del decreto que crea al citado Fideicomiso, así como servir de coadyuvante para que las entidades federativas y el Distrito Federal celebren con el fideicomiso, a la brevedad posible, los acuerdos de las aportaciones a las que se refiere la fracción II del artículo 4o. del citado decreto.
Tercero. La Comisión Especial se integrará por veintiún diputados en la siguiente proporción: siete serán designados por el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, seis por el por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tres por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, uno por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y uno por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, uno por el grupo parlamentario de Convergencia, uno por el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza y uno por el grupo parlamentario del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios realizarán las designaciones de los integrantes de su propio grupo; la directiva de la Comisión Especial será propuesta por la Junta de Coordinación Política, dando aviso de ello a la Mesa Directiva, para los efectos procedentes.
Cuarto. La duración de la Comisión será hasta el 31 de agosto de 2009.
Quinto. Esta Cámara de Diputados respetuosamente exhorta a la Secretaría de Gobernación para que entregue a esta soberanía el padrón que contiene los datos de todos los trabajadores mexicanos braceros que se inscribieron ante esa dependencia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.
Diputada Susana Monreal Ávila (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA QUE SE DÉ CONTINUIDAD A LA COMISIÓN ESPECIAL RESPECTO DE LOS FONDOS DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS BRACEROS, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN SALAS LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Me permito presentar a este Pleno una proposición con punto de acuerdo para solicitar que esta honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura constituya la Comisión Especial para darle seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros, de conformidad con la siguiente:
Exposición de Motivos
El 4 de agosto de 1942 se firmó el convenio Binacional para Trabajadores Braceros Agrícolas y en 1943 el ferroviario, en el que se establece la creación del fondo de retención del 10 por ciento de los salarios que percibían los trabajadores en los Estados Unidos de América, mismos que se depositaron vía Wells Fargo, siendo transferidos al Banco de México y posteriormente al Banco del Ahorro Nacional, con la finalidad de entregarlo a los trabajadores braceros a su regreso a México. El Convenio Binacional duro hasta 1964.
El Convenio Binacional concluyó oficialmente el 30 de mayo de 1963, sin embargo cabe señalar que gran cantidad de braceros siguieron trabajando hasta el año siguiente, 1964.
Con la firma del Convenio Binacional se establece la creación de un fondo de ahorro del campesino y que consistía en la retención de un 10 por ciento de sus salarios devengados, los cuales debían ser depositados en Banco Nacional de Crédito Agrícola, SA.
Esta retención, hecha de común acuerdo, decía en su artículo 5o.: "El trabajador manifiesta su conformidad para que le sea descontado de su salario el 10 por ciento y autoriza a la administración para recibirlo de su empleador y conservarlo en calidad de depósito para serle reintegrado a su regreso al punto del lugar que partieron, o tan pronto como sea practicable en forma de crédito a su cuenta en el Banco de Crédito Agrícola de México, en moneda corriente de los Estados Unidos Mexicanos, al tipo de cambio de la fecha en que el banco mencionado haya recibido la cantidad correspondiente".
El problema que se genera en estos tiempos, es que los recursos que se depositaron en esas fechas vía Wells Fargo-Banco de Crédito SA-Banco del Ahorro Nacional, no existen. Al fusionarse el 12 de julio de 1975 el Banco Nacional de Crédito Agrícola Rural y que dio origen a Banrural, se hizo un revisado del proceso de transmisión de recursos provenientes del Fondo de Ahorro Campesino o de depósitos en lo individual, relacionado con dicho fondo y la sorpresa fue que no había antecedentes ni recursos.
Estamos seguros de que retomando lo que hasta hoy se ha visto y realizado a través de la Comisión Especial en esta honorable Cámara de Diputados, en la Secretaria de Gobernación, con los representantes de los braceros en las entidades federativas y en los Estados Unidos, podremos encausar nuevamente como asunto de urgente y obvia resolución, esta problemática que afecta a tantos mexicanos.
Con base en lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento Interior, propongo el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Que la honorable Cámara de Diputados acuerde dar continuidad a la Comisión Especial para darle seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros para que se encargue a lo iniciado por la LX Legislatura en la recuperación de información necesaria acerca del destino de los fondos de depósito de los trabajadores mexicanos braceros entre 1942-1964 en los campos agrícolas y ferroviarios en los Estados Unidos, instalando nuevamente esta Comisión Especial.
Segundo. Que fundamentado en lo establecido en el artículo 89 de nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, la Comisión Especial tenga la facultad que le permita llegar al fondo de la investigación, sin importar las dependencias que estén involucradas en la solución de este problema, con el fin de encontrar los fondos retenidos a los braceros mexicanos.
Tercero. Si fuera necesario, que comparezcan los funcionarios que permitan llegar al esclarecimiento de esta investigación.
Cuarto. Si existen indicios a través de documentos fehacientes que logren ubicar a dónde fueron a parar los fondos que se retuvieron con este Convenio Binacional, se busque la forma de canalizar estos fondos a una de pendencia gubernamental o a un fideicomiso creado con este fin.
Quinto. Que en caso de no existir ya ningún fondo de esas retenciones, la Cámara de Diputados a través de la Comisión Especial, busque la forma legal de obtener el monto que permita resarcir a los braceros mexicanos.
Sexto. La comisión deberá concluir su mandato en un plazo de seis meses, a partir de la fecha de su instalación.
Séptimo. La comisión estará integrada por los diputados que designen los grupos parlamentarios existentes en la LX Legislatura, de acuerdo a la proporción que corresponda.
Octavo. Esta Comisión Especial deberá informar mensualmente del avance y resultados de los trabajos realizados, ante el Pleno de la Cámara de Diputados o en su caso a la Comisión Permanente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2006.
Diputado Ramón Salas López (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 RECURSOS DIRIGIDOS A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PARA REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS EN EL DENOMINADO "DREN DE TEHUACÁN", A CARGO DEL DIPUTADO MARIO MENDOZA CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal a la Sexagésima Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
1. El dren de Tehuacán es conocido también como dren de Valsequillo, situado en la Ciudad de Tehuacán, Puebla, donde hasta hace aproximadamente 15 años era una cañada natural por la que transitaba agua limpia, éste se utilizaba como caudal acuoso para diversos usos de las poblaciones por las que atraviesa.
Sin embargo, al acrecentarse los asentamientos humanos, poco a poco se establecieron diversos giros mercantiles a lo largo de la zona que comprende el dren, los cuales han venido descargando sus aguas contaminadas sobre el mismo.
2. Se pretendía utilizar el dren a fin de desahogar las aguas de la presa Cacaloapan, que almacenaría el agua proveniente de la presa Valsequillo, para el aprovechamiento de ésta y favorecer la agricultura de la zona.
3. La longitud del dren de Tehuacán alcanza 29 kilómetros, que son contaminados por las crecientes empresas que se encuentran en los alrededores de ocho localidades, siendo 531 (quinientos treinta y un) litros por segundo, los que se descargan de agua contaminada. Por cada minuto se contaminan 31 mil 860 (treinta y un mil ochocientos sesenta) litros.
4. El dren, por ser una cuenca hidrológica, se denomina como un cuerpo de agua federal, por lo que se encuentra bajo supervisión y administración de la Comisión Nacional del Agua. Así, ese organismo desconcentrado es responsable de otorgar y revocar permisos sobre el dren.
Consideraciones
Es evidente que lo señalado en los párrafos que anteceden, agravia a la población que vive en toda esa zona, debido a que la contaminación del agua va en aumento, descuidándose principalmente la salud pública.
Las denuncias ciudadanas han ido en aumento desde hace varios años, pues los problemas principales que generan esas descargas indiscriminadas son contaminación ambiental, sociales y de salud pública, que afectan la zona agrícola.
En cuanto a salud pública, existen brotes de enfermedades por infecciones y en vías respiratorias y alergias, pues los malos olores que se desprenden de ahí se han vuelto insoportables para los habitantes de la zona mencionada.
De igual manera, hay contaminación por filtración al subsuelo o mantos freáticos, así como de contaminación por cloración del dren.
El origen de las descargas hacia el dren principalmente son de granjas porcícolas y avícolas, lavanderías, aguas contaminadas con colorantes artificiales, productos químicos, como son: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio provenientes de industrias y laboratorios, descargas de aguas negras municipales, rastros, clínicas y demás giros comerciales, así como de casas habitación.
Se hace necesario instaurar las mejoras necesarias para que los ciudadanos de la región cuenten con un sistema de salud y una mejor calidad de vida.
El compromiso debe ser vigilar el manejo de cuencas, el uso eficiente del agua para beneficio de la agricultura, el tratamiento eficiente de aguas residuales y combatiendo la contaminación de nuestros drenes, con el fin de lograr el bien común para todas las familias de la región.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Recursos Hidráulicos, en el momento de analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo ejercicio fiscal y con base en el análisis que se efectué de la situación actual del dren de Tehuacán, determinen una partida específica a fin de llevar a cabo las obras necesarias para el revestimiento de dicho dren.
Segundo. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, mediante la Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de ella, instaure las políticas necesarias para la verificación de los permisionarios y de la situación actual del dren de Tehuacán.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.
Diputado Mario Mendoza Cortés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A INSTALAR UNA MESA DE TRABAJO QUE REALICE LA REVISIÓN INTEGRAL DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS APLICADAS EN EL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO MOISÉS DAGDUG LÜTZOW, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:
Consideraciones
El consumo energético es una de las variables internacionalmente reconocidas como indicadores del nivel de bienestar de un país. El consumo de energía eléctrica en particular muestra el acceso a ciertos satisfactores que proporcionan un mayor confort a la vida cotidiana. La plena inserción social no se reduce al consumo que permite garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, sino que cada vez está más asociada con los llamados satisfactores inmateriales que, como en el caso de la electricidad, son indispensables para acceder a la educación y la cultura.
Esto es precisamente lo que da sentido a los objetivos que llevaron a la creación de la Comisión Federal de Electricidad en 1937, a la nacionalización del sector eléctrico en 1960 y a la incorporación de Luz y Fuerza del Centro como empresa pública en 1994:
Que el aparato productivo disponga de un abasto de electricidad continuo, estable y a precios competitivos para aumentar su productividad y por ese medio alentar el máximo desarrollo económico;
Que la nación controle ese proceso y los recursos utilizados para ello, para que tanto su usufructo como la introducción de nuevas tecnologías a lo largo de la cadena eléctrica se traduzcan en beneficios para toda la sociedad y no sólo para unos cuantos.
Como atestiguamos todos en la pasada campaña electoral, una de las preocupaciones recurrentes de la población y que fue recogida desde el primer momento por el candidato presidencial de la Coalición por el Bien de Todos, fue precisamente el nivel y estructura de las tarifas eléctricas. Si al inicio el resto de los candidatos no retomó el problema o incluso hizo mofa del mismo, al final tuvieron que recogerlo como súbita bandera de campaña.
Ahora bien, la estructura tarifaria era y siguió siendo compleja después del decreto en cuestión:
Hay tarifas de verano y de invierno.
En las tarifas de verano el tamaño de los bloques crece con la temperatura media de la localidad.
Hay una tarifa especial para altos consumos, con diferencias regionales. Esto hace que el precio final de la electricidad que paga un usuario dependa de dos factores: la tarifa, que se define en función del clima de la localidad en que vive; y su nivel de consumo, que responde al equipamiento y su uso.
Como lo hemos planteado en nuestra agenda legislativa, las tarifas deben ser equitativas y sustentadas en criterios técnicos, ambientales, económicos y sociales; agregando una asignación debidamente ponderada del costo de depreciación. Asimismo, se debe reafirmar el compromiso estatal de apoyar a las regiones y los sectores que realmente lo necesitan, con subsidios suficientes, claros y transparentes. Dichos subsidios deben provenir del fisco y no gravar las finanzas de las empresas públicas. Los subsidios cruzados entre sectores de consumidores deben desaparecer. El monto y destino de los subsidios deben ser determinados, revisados y evaluados periódicamente por el Congreso.
Además, es indispensable tener una visión de conjunto del sector energético ya que, por ejemplo, la compra de hidrocarburos, tiene una participación del orden del 50 por ciento en la estructura de costos del servicio eléctrico. De ahí que una disminución en los precios de transferencia entre los organismos públicos del sector, incidiría en una reducción significativa de las tarifas eléctricas. Dentro de los procesos inherentes al sector, debe ponerse atención en la calidad y eficiencia de la comercialización, que para el servicio doméstico representa el 20 por ciento de sus costos. Esto significa que se tiene una ventana de oportunidad para modernizarlo, lo que redundaría en menores costos, así como en el mejoramiento de la calidad del servicio prestado a los usuarios domésticos.
A partir de todo lo expuesto someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instalar una mesa de trabajo con la participación de las secretarías de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía para efectuar una revisión y reestructuración integral y equitativa de las tarifas eléctricas, tomando en cuenta los criterios señalados en los considerandos.
Diputado Moisés Dagdug Lützow (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SEMARNAT, A LA PROFEPA Y A LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE PUEBLA QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA LOS ESTUDIOS REALIZADOS PARA LA EXPLOTACIÓN DEL CERRO DE NECAXATÉPETL, A CARGO DEL DIPUTADO FAUSTINO SOTO RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal Faustino Soto Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al conocimiento de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado seis de septiembre en el municipio de Juan Galindo, estado de Puebla se registró el deslave del cerro de Necaxatepetl que provocó trágicos y lamentables hechos dejando incomunicada a la población, y desaparición de cuerpos de personas bajo el lodo y diversos daños en bienes materiales.
Ante los hechos, la autoridad municipal y del estado han externado que fue un desastre natural debido a las constantes precipitaciones fluviales en la zona, sin embargo hay quienes afirman que la responsable fue la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) pues el director operativo del Sistema Estatal de Protección Civil, Miguel Ángel Martínez, quien ha declarado en distintos medios de comunicación que el cerro se derrumbó por las erradas excavaciones que efectuó ICA, ya que la empresa tiene a su cargo la construcción de la autopista México-Tuxpan, cuestionando a las autoridades federales haber concedido el permiso de explotación en una zona de suelos inconsistentes, porosos y con alta filtración de agua. Recalcó que la zona fue mal explotada; pues debió ser de arriba hacia abajo, aquí se dio una excavación copete, es decir, de abajo hacia arriba, por eso se vino a bajo.
Asimismo, el delegado de la Profepa en Puebla, Rubén Pedro Rodríguez Torres declaró que la dependencia hizo las revisiones al inicio de la actividades en donde se le reiteró a la empresa las medidas correctivas y ambientales. en consecuencia se realizo, un emplazamiento en marzo del presente año para que la empresa cumpliera con las medidas sobre impacto ambiental, ingeniería, conservación del suelo, conservación de la vegetación y para la estabilidad de aludes en la etapa de conclusión de la actividad.
Por su parte, César Solís, José Castillo y Vicente Nolasco, investigadores del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la Universidad Autónoma de Puebla (Cupreder) visitaron la zona de desastre y establecieron que la principal causa del derrumbe fueron las obras que llevó a cabo ICA y advirtieron que los trabajos que se están realizando podría generar más desgajamientos.
El periódico digital econsulta informó que durante una entrevista con Carlos Albiker Albiker (delegado de la Semarnat en Puebla) sostuvo que es necesario investigar la tragedia a fondo, y anunció la creación de una comisión para esclarecer los hechos y manifestó que la Semarnat sólo reguló que se restituyera la vegetación destruida.
La respuesta del gobierno estatal encabezado por Mario Marín Torres ha sido crear una comisión interinstitucional integrada por la Semarnat, Profepa, el Sistema de Estatal de Protección Civil, la compañía Luz y Fuerza de Centro, para indagar las causas de la tragedia, sin embargo la respuesta inmediata del gobierno estatal y municipal no tienen que ver con la creación de una comisión, sino el compromiso real de resolver las necesidades del municipio Juan Galindo y de fincar las responsabilidades penales a quien resulte responsable.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Esta honorable Cámara solicita a la delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y a la Dirección del Sistema Estatal de Protección Civil del estado de Puebla, remita a esta soberanía los estudios realizados para la explotación del cerro de Necaxatépetl.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta y solicita al órgano interno de control de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y a la Dirección del Sistema Estatal de Protección Civil del estado de Puebla, inicien las investigaciones contra los servidores públicos involucrados en el otorgamiento de los permisos para la explotación del cerro de Necaxatépetl y proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda y turne a esta honorable Cámara de Diputados los resultados de las investigaciones.
Tres. Esta honorable Cámara de Diputados se manifiesta por establecer las responsabilidades legales de quien, o quienes, resulten responsables así como las sanciones y reparación de daños e indemnizaciones correspondientes que por acción u omisión existan, como efecto del desprendimiento masivo de material petro, en tan lamentable suceso.
Cuatro. Que instaladas una vez las comisiones ordinarias de la honorable Cámara de Diputados se conozca, ante la comisión o comisiones correspondientes, el dictamen de impacto ambiental de la construcción de la carretera México-Tuxpan; así como el estado que guarda actualmente el cumplimiento de las metas y objetivos de el Programa de Saneamiento Integral de la Zona Hidrológica de Necaxa.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días de septiembre de 2006.
Diputado Faustino Soto Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONTINUAR LOS FESTEJOS POR EL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE DON BENITO JUÁREZ GARCÍA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS PATRICIA VILLANUEVA ABRAJÁN Y JORGE TOLEDO LUIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, licenciada Patricia Villanueva Abraján e ingeniero Jorge Toledo Luis, diputados federales de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el inciso f) del artículo 23 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se constituye la comisión especial para la continuación de los festejos por el bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García, con base en los antecedentes y consideraciones siguientes
Antecedentes
1. Nuestra nacionalidad ha sido conformada con el esfuerzo, sacrificio y la sangre de nuestros mejores hombres; los nombres sobran porque grande es la lista de valerosos combatientes, que con sus acciones sustentadas en la razón y el derecho forjaron una nación libre y soberana; el 21 de marzo de 2006, se cumplió el Bicentenario del Natalicio de uno de estos grandes hombres; que por su defensa de la legalidad constitucional, su calidad de reformador y pacificador de la republica, fue llamado en Colombia y Republica Dominicana, Benemérito de las Américas, e instituyó para la posteridad su apotegma "Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".
La grandeza de don Benito Juárez García se expresa también en su dimensión humana, personal, familiar y social, mediante el pensamiento y acciones constantes, congruentes con valores y principios de validez universal.
2. En esa tesitura y con la finalidad de generar un espacio de concertación, vinculación, intercambio y dialogo permanente entre la legislatura federal y las diversas legislaturas locales, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, representantes juaristas de los diferentes estados de la republica mexicana, sociedades civiles, público en general y escuelas públicas; en sesión celebrada el 29 de abril de 2004, el Pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura conoció y aprobó por unanimidad la creación de la Comisión Especial para los festejos del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García, y se instaló formalmente el 29 de junio de ese año.
Así también, en sesión celebrada el 14 de diciembre de 2005, el honorable Congreso de la Unión aprobó el decreto por el que se declaró el 2006, año del bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del mismo año.
Consideraciones
I. Sin duda es substancial para la viabilidad del país fomentar en los educandos y en toda la población el amor a la patria, a través del recuerdo y la celebración de los héroes nacionales, quienes, como don Benito Juárez García, han forjado nuestra nación.
Por ello y a fin de impulsar los principios juaristas, es necesario continuar hasta el mes de marzo de 2007, con la programación, aprobación, instrumentación, operación y evaluación de todos aquellos proyectos y actividades de carácter cívico, institucional, social, cultural, artístico, deportivo y recreativo, que han quedado pendientes en la anterior legislatura y que entre otros son; la construcción de una lámpara votiva en el Hemiciclo a Juárez que se ubica en la Alameda Central del Distrito Federal, la publicación del resumen del libro una Luz de San Pablo Guelatao, la presentación del libro Juárez y la Educación, editado por el Instituto Politécnico Nacional, conferencias magistrales y develación de placas conmemorativas en la república mexicana.
II. En virtud de que faltan 3 meses y 9 días para que termine el año de 2006 y con la finalidad de concluir los trabajos pendientes antes mencionados, solicitamos se someta a consideración de esta soberanía, de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para la continuación de los festejos del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García; con el objeto de que esta, organice, impulse y de seguimiento a los trabajos pendientes en honor de aquel prócer, dentro del territorio nacional e internacional, en el ámbito de competencia del Poder Legislativo Federal.
Segundo. La Comisión Especial estará integrada por un diputado de cada grupo parlamentario de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Tercero. La Comisión Especial tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2007.
Cuarto. La Comisión Especial asumirá las siguientes funciones:
B) Apoyar a las comisiones y representantes juaristas de las entidades federativas y demás organizaciones que se hayan constituido para el mismo objeto de la comisión especial, contribuyendo en el desarrollo, coordinación e implantación de los proyectos de la correspondiente agenda de trabajo.
C) Dar seguimiento a los asuntos pendientes de ejecución de la comisión, elaborando un programa de trabajo que se desarrollará en el tiempo de su vigencia.
San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.
Diputados: Patricia Villanueva Abraján, Jorge Toledo Luis (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ROBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Quien suscribe, originario de Guelatao de Juárez, Oaxaca -tierra del Benemérito de las Américas-, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23 inciso f), 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para crear la comisión especial para los festejos del bicentenario del natalicio de Benito Juárez, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. La figura de don Benito Juárez García, representa para los mexicanos un paradigma humano, familiar, político y social, por su grandeza de pensamiento y obra congruentes y fundados en valores y principios de validez universal, por lo que resulta de la mayor importancia mantener vivas tanto su memoria como la vigencia de sus principios y su ejemplo.
2. Don Benito Juárez García, quien fuera un hombre excepcional, generoso de principio a fin, defensor incansable de la soberanía nacional, hombre entregado a las causas superiores de México, del restaurador de la República, los mexicanos tenemos el deber de recordar y recuperar el ejemplo de don Benito Juárez y fortalecer las instituciones que hicieron posible la formación del Estado nacional.
3. Que por su defensa de la legalidad constitucional y su calidad de reformador y pacificador de la República, fue llamado, incluso en Colombia y República Dominicana, Benemérito de las Américas e instaurado para la posteridad su apotegma "Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre lo individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".
4. La historia nos demanda traer al siglo XXI el pensamiento y el ejemplo del impulsor de las leyes de reforma, las que consolidaron al poder civil frente a los poderes de facto, las que marcaron la separación del Estado y del clero, las que instauraron las libertades públicas y establecieron el respeto a los distintos credos y que son parte fundamental del proceso social de nuestra República independiente, libre y soberana.
5. Que ayer, hoy y siempre ha sido y será determinante para la viabilidad del país fomentar en los educandos y en toda la población el amor a la patria, a través del recuerdo y la celebración de los héroes nacionales, quienes, como Juárez, han forjado nuestra nación.
Considerando
Que en sesión celebrada el 29 de abril de 2004, el Pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura conoció y aprobó la propuesta de la Junta de Coordinación Política, en el sentido de constituir una Comisión Especial para los festejos del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García, misma que fue aprobada en forma unánime.
Instalándose formalmente el 29 de junio del 2004, integrada por un diputado de cada grupo parlamentario con una presidencia rotativa, para que desde el ámbito de competencia del Poder Legislativo federal participe en todas las actividades conmemorativas de los festejos.
Esa comisión estableciendo un espacio de concertación, vinculación, intercambio y diálogo permanente entre las diversas comisiones, del Senado de la República, asamblea del Distrito Federal, representantes juaristas de los diferentes estados de la República, sociedades civiles, público en general, organizaciones de las grandes logias masónicas, así como escuelas públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, coadyuvando en el desarrollo e implementación de los proyectos de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2006.
Dentro de su programa de trabajo destacaron el punto de acuerdo para la emisión de un timbre postal, la reasignación al aeropuerto internacional de la Ciudad de México el nombre de Benito Juárez, el decreto de la moneda conmemorativa del bicentenario, así como también las emisiones de billetes de lotería nacional conmemorativos al bicentenario, ciclos de conferencias magistrales, develaciones de placas conmemorativas, presentaciones del libros, etcétera.
Promovió y realizo la planeación, programación, aprobación, instrumentación, operación y evaluación de todos aquellos proyectos y actividades de carácter cívico, institucional, social, cultural y recreativo, a fin de impulsar los principios juaristas.
En sesión celebrada el 14 de diciembre de 2005, el honorable Congreso del la unión aprobó el decreto por el que se declare "2006, año del bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García", y publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 29 de diciembre de 2005.
En tal virtud, esa comisión dejó asuntos pendientes de resolver, como:
La aprobación del punto de acuerdo para la emisión de un timbre postal conmemorativo del bicentenario del natalicio de don Benito Juárez García, turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, el 23 de noviembre de 2004.
La construcción de una lámpara votiva en el hemiciclo a Juárez de la alameda central del Distrito Federal.
La aprobación del punto de acuerdo para la ratificación oficial para asignar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México el nombre de Benito Juárez.
Que esta honorable Cámara de diputados de la LX Legislatura declare el decenio juarista (enmarcado en el decenio de los pueblos indígenas).
La publicación del resumen del libro Una luz de San Pablo Guelatao.
La presentación del libro Juárez y la educación.
Conferencias magistrales, en el marco de los doscientos años del natalicio de don Benito Juárez García.
Develación de placas conmemorativas en la República Mexicana.
Restauración de bustos y monumentos.
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. Se crea la Comisión Especial para los festejos del bicentenario del natalicio de Benito Juárez, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LX Legislatura, con las facultades de organizar, impulsar y dar seguimiento a los trabajos pendientes de realizar en honor de este prócer dentro del territorio nacional e internacional, desde en el ámbito de competencia del Poder Legislativo federal.
Artículo Segundo. La Comisión Especial para los festejos del bicentenario del natalicio de Benito Juárez estará integrado por un legislador de cada grupo parlamentario que integran LX Legislatura del honorable Congreso de la unión y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2006, con las siguientes funciones:
b) Apoyar a las comisiones y representantes juaristas de las entidades federativas y demás organizaciones que se hayan constituido para la conmemoración del bicentenario, coadyuvando en el desarrollo, coordinación e implementación de los proyectos de su respectiva agenda de trabajo, hasta el 31 de diciembre de 2006.
c) Dar seguimiento a los asuntos pendientes de ejecución de la comisión, así como elaborar un programa de trabajo hasta el 31 de diciembre con fechas, lugares y participantes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 29 de septiembre de 2006.
Diputados: Carlos Roberto Martínez Martínez, Daisy Selene Hernández Gaytán, Daniel Dehesa Mora, Carlos Altamirano Toledo, Othón Cuevas Córdova, Joaquín Conrado de los Santos Molina, Benjamín Hernández Silva.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE ESTA SOBERANÍA CONVOQUE A LA SAGARPA, A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES, EMPRESAS COMERCIALIZADORAS Y A LOS CONSEJOS ESTATALES AGROPECUARIOS A VALORAR QUE EL PAGO DE LOS APOYOS A LAS COSECHAS DE PRODUCTORES SE REALICE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MANUEL PATRÓN MONTALVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Jesús Manuel Patrón Montalvo, diputado federal en la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
Al terminar la política de precios de garantía y la desaparición de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (hoy Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) implantó un nuevo esquema de apoyos con el propósito de facilitar la comercialización agropecuaria.
El 15 de abril de 1991, por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, se crea Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) como órgano administrativo desconcentrado de dicha secretaría, y tiene por objeto apoyar a los productores para la comercialización de sus productos, así como el fomento de mercados regionales para el ingreso de los productos y promover su permanencia en la actividad.
Esta nueva situación llevó a la implantación de un esquema de compensaciones de precios a los productos agrícolas a través de pagos directos con programas de apoyos a la comercialización. El esquema en comento ha venido beneficiando a productores de maíz, sorgo y trigo.
Los apoyos en referencia, tanto al ingreso objetivo como a la competitividad y a la productividad, se canalizaban en principio a los productores a través de los compradores. Sin embargo, el procedimiento se canceló a partir del año 2000 y se optó por otro mecanismo, operado de manera directa en ventanillas dependientes del gobierno federal.
La modificación en el esquema que operaba desde el primer momento de su implantación ha generado que los apoyos en referencia no sean asignados de manera oportuna.
Es conveniente revisar los procedimientos para que los pagos a los beneficiarios lleguen oportunamente; de igual manera, es necesario que el pago se realice en una sola exhibición.
Aunado a lo anterior, hay reportes que indican además que los tres apoyos han sido entregados a los productores en fechas diferidas, con un desfasamiento de entre tres y seis meses. Esto no sólo les acarrea pérdidas de tiempo, sino también que los productores se vean presionados por los bancos para que cubran oportunamente los pagos de los créditos de avío que les otorgaron en el ciclo agrícola que concluyó, sin dejar de tomar en cuenta también la presión a que son sometidos para cubrir adeudos con proveedores de insumos.
Esto último ha sido una situación permanente de los productores y sus organizaciones, se requiere iniciar negociaciones entre productores y las instancias responsables para dar una solución favorable a esta justificada inquietud.
Es necesario evaluar la posibilidad del pago único al productor, consideramos que es posible llegar a un acuerdo, cuya finalidad sea mejorar la actividad productiva del campo y de obtener un mayor beneficio para los productores.
Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Que el pago de los apoyos a las cosechas de los productores se realice oportunamente.
Segundo. Que la Comisión de Agricultura y Ganadería de la honorable Cámara de Diputados convoque a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a organizaciones de productores, a empresas comercializadoras y a los Consejos Estatales Agropecuarios a valorar que el pago de los apoyos a las cosechas de los productores se realice en una sola exhibición.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2006.
Diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FORMAR UNA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA REESTRUCTURAR LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL GAS NATURAL, DEL GAS LICUADO Y DE LAS GASOLINAS, A CARGO DEL DIPUTADO FAUSTO FLUVIO MENDOZA MALDONADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
En el Grupo Parlamentario del PRD consideramos que es urgente abrir un debate sobre el marco general para fijar los precios de los combustibles. Este debate nacional debe estar inserto en el diseño, la aprobación y el impulso de una política energética nacional, integral y de largo aliento, que permita la superación de los procesos viciosos en los que ha caído nuestra industria energética, profundice sus aspectos virtuosos y abra una nueva fase que siente las bases para garantizar la soberanía energética y permita el incremento del bienestar de personas y familias en México.
Décadas de políticas neoliberales han traído como consecuencia el agotamiento del patrimonio petrolero del país y el abandono de la inversión pública en las actividades de transformación de las cadenas productivas petroleras. Hoy existen muchos asuntos delicados que generan gran preocupación social. Entre ellos el precio del gas natural y el del gas licuado, así como la insuficiencia de la producción nacional de gasolinas. Estos tres ejemplos, con repercusiones significativas en las economías domésticas, ponen de manifiesto la complejidad de una realidad que exige ser abordada con renovada visión y perspectiva.
Como lo señalamos a lo largo de la campaña presidencial, el sector energético nacional puede y debe ser la base material para establecer un régimen de acumulación y un modelo alternativos de desarrollo en México. Para ello se requiere de una adecuada y activa política sectorial encaminada a poner fin a los contrastes actuales en cuanto a grado y tipo de desarrollo, así como a definir una nueva forma de inserción del sector energético nacional en el mercado mundial.
En efecto, el problema fundamental en torno a la fijación del precio del gas tiene que ver con la forma en que se ha manejado la articulación de la economía nacional con el mercado internacional.
Esta forma de articulación, que se refleja en el Reglamento de Gas Natural, ha resultado nociva tanto para los consumidores como para la industria nacional. Dicho reglamento establece que para la fijación del precio se deben considerar "los costos de oportunidad y condiciones de competitividad del gas respecto al mercado internacional y al lugar donde se realice la venta".
Ahora bien, en la práctica, el algoritmo empleado para la determinación del precio da un peso excesivo al valor del gas en el mercado texano. Obviamente no se trata de una mera paradoja aritmética, sino que refleja la voluntad de atraer capitales extranjeros pues de esta manera las trasnacionales, que aprovechan en nuestro país la apertura al sector privado del almacenamiento, transporte y distribución de gas, obtienen en nuestro mercado doméstico ganancias similares a las obtenidas a nivel internacional, con plena independencia de la paridad del poder adquisitivo.
De su lado, debido a su asfixiante régimen fiscal y al mecanismo legal de precios de transferencia, Petróleos Mexicanos no obtiene, ni de lejos, los beneficios de las empresas privadas.
En el caso de la gasolina, no soslayamos el hecho de que su precio no puede dejar de reflejar que somos un país petrolero, pero que por falta de inversión importa un porcentaje creciente de la gasolina que consume. De manera que la determinación del precio de la gasolina es algo que por su complejidad -en tanto el transporte por tierra es un sector de fuertes y amplios impactos en el desenvolvimiento general de la economía- debe hacerse de manera transparente, flexible y con la participación de los sectores involucrados.
También, sin menoscabo de las consideraciones anteriores, se debe evitar que el precio de las gasolinas lesione directa o indirectamente (por la vía de la inflación) la economía de las familias menos favorecidas por el modelo económico que impera en nuestro país.
Hacer uso pleno de nuestras facultades en la materia, sin duda que sería un avance que rebasaría por la izquierda y por lo mismo, en favor de millones de familias mexicanas, a los últimos guardianes del templo neoliberal y a la cofradía de adoradores del costo de oportunidad.
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que instruya la conformación de una comisión intersecretarial con objeto de reestructurar los precios al consumidor del gas natural, el gas licuado y las gasolinas, buscando conciliar las preocupaciones fiscales del Estado, la salud financiera de Petróleos Mexicanos y la protección de las economías familiares.
Segundo. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que, en tanto la comisión intersecretarial cumple su objetivo, se congelen en términos reales los precios al consumidor de los combustibles señalados.
Diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE GANADERÍA, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR BARAJAS DEL TORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de nuestra Constitución Política; 55, 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, así como en el 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Salvador Barajas del Toro integrante del grupo parlamentario del PRI, somete a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Exposición de Motivos
En México existen las condiciones naturales para que en su territorio se efectúe la cría de ganado, en particular del bovino, ovino, equino, porcino, caprino y de aves. La nación cuenta con 110 millones de hectáreas de tierras de pastoreo en toda la República Mexicana, donde se puede realizar esta actividad.
Hay dos campos en los que la actividad ganadera juega un papel de suma importancia, como es el campo económico y el de salud pública.
En el ámbito económico es importante señalar las cifras que se han obtenido en esta importante actividad, las cuales podemos mencionar la de la producción del ganado total del año pasado la cual fue de 5 millones 79 mil 560 toneladas, lo que demuestra que la producción ha sido incrementada en aproximadamente en dos por ciento sobre la producción de 2004, siendo de 4 millones 974 mil 230 toneladas de las especies de ganado bovino, porcino ovino, caprino y ave, según la fuente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Por esa razón hoy, más que nunca los gobernantes, los representantes de este sector agrupados en diversas organizaciones y la sociedad en general debemos seguir impulsando esta actividad para que el crecimiento sea mayor, tomando en cuenta que se tuvo un promedio de consumo per capita de 60.2 kilogramos en 2005.
Por otro lado tenemos la cifra poco alentadora del 27.8 por ciento en la estructura de la actividad agropecuaria el cuales la del 3.4 por ciento en el Producto interno Bruto con relación al primer trimestre del año en curso, lo cual indica que ha existido un rezago constante en este sector, en razón de que esta cifra no ha variado considerablemente desde ya hace más de 15 años, por lo que resulta impostergable el impulso de políticas públicas que permitan el incremento de la productividad en esta actividad, para que con ello la actividad ganadera crezca y se refleje con un porcentaje más elevado en la aportación del sector agropecuario.
La actividad pecuaria en México constituye un sector productivo de suma importancia para México, en virtud de que la actividad ganadera sostiene de manera directa a un millón y medio de familias rurales y es un pilar fundamental para la seguridad alimenticia de la nación. Es evidente que el sector ganadero es fundamental para el desarrollo integral del país. La carne, la piel, la leche y sus derivados son esenciales en nuestra alimentación y, sobre todo, para el desarrollo sano de nuestros hijos.
Así, tan importante es que el gobierno federal ha implementado programas encausados a alentar la productividad avícola y ganadera, financiados con la asignación de recursos públicos como es el caso del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera o Progan, el de Fomento Ganadero de la Alianza para el Campo, y el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado. Dichos programas responden a la necesidad de seguir trabajando en beneficio del desarrollo de este sector, por ende los diputados como representantes del pueblo de México debemos apoyar y vigilar que estos mandatos se realicen y obtengan las metas propuestas.
Por ello es menester conocer cómo se han aplicado los recursos durante este año y si han sido suficientes o no; así como saber si continuarán bajo los mismos criterios y reglas de operación durante la nueva administración que comienza sus funciones en diciembre próximo.
Al mismo tiempo, se hace necesario hacer una planificación del uso de la tierra, su potencial actual, y futuro utilizando instrumentos como sistemas geográficos, lo cual implica la conservación de los recursos bióticos o abióticos, así como considerar la calidad de los productos e inocuidad de los productos.
En la pasada legislatura la gestión de la Comisión Especial de Ganadería cumplió en buena medida con sus encomiendas, sin embargo queda por ahí un asunto de suma importancia, como es el caso de la Ley Federal de Sanidad Animal y, en efecto, hace pocos meses el Senado de la República remitió a esta Cámara una minuta con proyecto de decreto que crea la Ley Federal de Sanidad Animal, lo que indica la importancia del tema ganadero en la agenda legislativa, ya que esta ley regula, entre otras cosas, las medidas que deben adoptar las personas y autoridades que pertenecen a este sector para realizar tal actividad, lo que supone un tema de seguridad nacional.
Por lo anterior, uno de los principales compromisos de esta comisión especial será revisar detalladamente este nuevo proyecto de ley, con la finalidad de expedir una ley que corresponda a las necesidades sanitarias para el óptimo desarrollo de dicha actividad y garantizar la sanidad del ganado así como la seguridad alimenticia en México.
Debemos mencionar la existencia de otros rubros dentro del sector ganadero que deben ser atendidos en virtud de que revisten una importancia especial, pues aportan de manera trascendental elementos para que la actividad ganadera se desarrolle de manera más eficaz. Estos rubros los podemos encontrar en el área de las ciencias pecuarias, que tienen como líneas de investigación los forrajes, salud animal y biotecnología, mejoramiento genético y reproducción, que sirven como base en la conservación de los recursos naturales y de los sistemas agropecuarios.
De igual manera, debemos estar conscientes de que la globalización trae como consecuencia la necesidad de crear y transferir sistemas de producción agropecuarios eficientes, competitivos, rentables, amigables con los componentes del medio ambiente y que hagan un uso estratégico de la biodiversidad, ya sea a nivel de especie, razas o poblaciones y de los recursos naturales, todos ellos basados en el uso de la información oportuna de mercados e instituciones de investigación, por lo que con la creación de la Comisión Especial de Ganadería este órgano legislativo buscará el acercamiento estrecho para que los científicos puedan participar en la elaboración de leyes, como es el caso de la nueva Ley Federal de Sanidad Animal, así como en los pronunciamientos y recomendaciones de esta Cámara hacia instituciones públicas y privadas en temas referentes a la actividad ganadera.
Para el cumplimiento del objetivo planteado, que no es otro que dar oportuno seguimiento a las actividades y trabajos realizados por la Comisión Especial de Ganadería de la pasada legislatura, así como revisar la nueva Ley Federal de Sanidad Animal remitida por el Senado, esta comisión podrá solicitar la información que estime pertinente; así como poder reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, como son la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Economía; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las demás instituciones vinculadas a este sector, así como con las autoridades estatales y municipales responsables y organizaciones civiles, para tener mayor efectividad en la realización del citado objetivo.
En el ámbito sanitario, así como en el económico, se puede adicionar la competencia desleal en la importación de cárnicos, que se ve agravada por el uso de sustancias que pueden dañar el medio, problema que va en aumento por la falta de eficacia en la Ley Federal de Sanidad Animal vigente y en la verificación y vigilancia de los cárnicos introducidos al país, situación zoosanitaria alarmante, en razón de que en el mercado mundial existen riesgos de enfermedades en las especies de ganado tales como la influenza aviar, la encefalopatía espongiforme bovina, conocida como "mal de las vacas locas", la fiebre porcina clásica y la fiebre aftosa, entre muchas más.
Con base en lo anterior se propone de manera urgente la necesidad de que se continúe con la comisión especial de ganadería de manera que atienda los asuntos del sector donde la prioridad debería ser favorecer a los ganaderos mexicanos, así como proteger la sanidad y la seguridad alimenticia de los mexicanos.
Teniendo como antecedente en la pasada legislatura que al beneficiarse con el trabajo de una comisión especial de ganadería, lo cual produjo avances en los asuntos relativos al sector ganadero.
Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General propongo a esta honorable soberanía, previa intervención de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que emita el siguiente
Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de Ganadería de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, encargada de dar seguimiento a los trabajos que han quedado pendientes de resolver, así como de vigilar los recursos destinados a los programas de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; asimismo, que realice una mesurada revisión a la minuta del Senado de la República que crea la nueva Ley Federal de Sanidad Animal.
Segundo. La comisión especial materia de este acuerdo se integrará con 30 diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule al Pleno de los diputados la Junta de Coordinación Política.
Tercero. La comisión especial materia del presente acuerdo funcionará por el término de la LX Legislatura del Congreso de la Unión.
Diputado Salvador Barajas del Toro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE INSTAURAR UN CÓDIGO DE ÉTICA PARA DIPUTADOS FEDERALES, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ MANUEL DEL RÍO VIRGEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX legislatura, con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para instaurar un código de ética para legisladores.
Antecedentes
La consolidación de la democracia mexicana demanda, entre otras cosas, nuevas conductas públicas y privadas de parte de los servidores públicos.
Los diputados federales somos representantes de la voluntad popular y como tales debemos enarbolar conductas republicanas -tolerancia, diálogo, respeto a los derechos individuales y colectivos, no discriminación, equidad, solidaridad, respeto a las instituciones- y ser ejemplo de conductas éticas conforme a los principios y valores que fija la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esos valores republicanos, laicos y democráticos son el marco esencial de la convivencia civilizada que los mexicanos nos hemos dado para construir un país nuevo más democrático y más justo.
Es evidente que los valores éticos no se pueden imponer de manera jurisdiccional. Cada ciudadano mexicano debe adoptar los valores éticos conforme a los dictados constitucionales y lo que señale su propia conciencia.
Corresponde a los ciudadanos -en los que recae la soberanía popular- juzgar a cada uno de los servidores públicos a partir de su desempeño. Y toda vez que el pueblo elige a sus gobernantes, decidir si en el futuro les ratifica o retira su confianza.
Los diputados, de nuestro lado, adoptamos libremente el compromiso de respetar y hacer respetar un conjunto de valores éticos enmarcados en los principios republicanos, laicos y democráticos que los mexicanos nos hemos dado para una sana convivencia.
Por lo que someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Proponemos por tanto constituir un comité ético, conformado por los decanos de cada legislatura, que se encargue de velar por el respeto a los principios republicanos.
En caso de violaciones a esos principios, el comité ético realizará recomendaciones públicas o privadas -de acuerdo a la gravedad de la falta- a los legisladores que rompan su compromiso de respetar y hacer respetar esos valores.
Reiteramos, son los ciudadanos los que realizarán la última y definitiva valoración de las conductas de los legisladores.
Contenido
1. Los diputados son representantes de la nación y por tanto están obligados a respetar la investidura y coadyuvar a mejorarla imagen del poder legislativo.
2. Los legisladores no pueden portar armas de fuego dentro del recinto legislativo, aunque tengan permiso y cumplan con las disposiciones de ley en la materia.
3. Los diputados no pueden encabezar marchas o protestas cuya logística dañe el patrimonio del Poder Legislativo, ni de ninguna otra institución del Estado.
4. Los legisladores se comprometen a hacer pública su declaración patrimonial.
5. Los diputados dejarán cualquier actividad profesional o empresarial -aunque fuera a título honorífico- que los distraiga de su tarea central de legislar durante el tiempo que dure su encargo.
6. Los legisladores no pueden litigar en contra las instituciones del Estado.
7. Cuando el Congreso legisle en temas específicos que afectan o benefician a empresas o sectores específicos, los diputados que tengan conflicto de interés -ya sea porque trabajaron, prestan servicios o son accionistas- se abstendrán de votar, asesorar o patrocinar en esa materia. El diputado podrá excusarse de votar el tema, en comisiones o en el pleno, con el argumento de conflicto de interés.
8. Los legisladores se comprometen a no usar, ni divulgar la información privilegiada que obtuvieran en el desempeño de su función para fines personales.
9. Los diputados y sus familiares cercanos, hasta el tercer grado, no pueden aceptar regalos, viajes, asesorías o cargos de empresas o ciudadanos que cabildean en el Congreso a favor de leyes específicas.
10. Los legisladores podrán hacer uso de sus pasaportes diplomáticos sólo cuando viajan en comisión autorizada por el Pleno o los órganos de gobierno de la Cámara. En viajes personales, los diputados deberán usar pasaportes ordinarios.
11. Los diputados se comprometen a informar a los ciudadanos de su distrito o circunscripción de todos los viajes internacionales que realicen; así como de los motivos y resultados del mismo.
12. Los diputados informarán a los ciudadanos de su distrito o circunscripción del uso que hagan de los recursos que la Cámara de Diputados les entrega para atención ciudadana.
13. Los diputados no admitirán que se realicen "puentes vacacionales", ni que las sesiones ordinarias de cada semana se adelanten sin causa justificada por las necesidades parlamentarias.
14. Los diputados se comprometen asimismo a informar a sus electores (en el distrito o circunscripción) de las faltas y descuentos por inasistencias a las que se hubieran hecho acreedores en cada uno de los periodos ordinarios o extraordinarios de sesiones.
15. Para velar por la aplicación del presente código se integrará un comité de ética integrado por la mesa de decanos de cada legislatura. El comité de ética podrá emitir recomendaciones privadas o públicas a los legisladores que contravengan el presente código de ética.
16. Los legisladores que en estado de ebriedad escandalicen en público y que dañen la imagen de la Cámara de Diputados serán reconvenidos por el comité ético de manera pública.
17. Los diputados no podrán aceptar bonos o remuneraciones secretas. Todos los ingresos que reciban los diputados como aguinaldos o bonos deberán hacerse públicos conforme a los ordenamientos respectivos de la Cámara de Diputados.
18. Los diputados no pueden gestionar contratos dentro del sector público para empresas con las que tengan intereses, ni ninguno de sus familiares hasta el tercer grado.
19. El uso de vehículos, boletos de avión y cualquier otro beneficio a que tienen derecho los diputados deberán ceñirse a la función pública.
20. En temas de interés nacionales que deban votarse en el congreso los diputados tienen la obligación ética, moral y política de fijar su posición frente a la ciudadanía de manera clara y sin ambigüedades.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal a los 19 días del mes de septiembre del año 2006.
Diputado José Manuel del Río Virgen (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SRE, DE LA SEMARNAT Y DE LA CONAGUA QUE ENVÍEN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL REVESTIMIENTO DEL CANAL TODO AMERICANO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA MANUELL-GÓMEZ ANGULO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada federal Dolores de María Manuell-Gómez Angulo a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta asamblea punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al director general de la Comisión Nacional del Agua a que envíen a esta honorable Cámara de Diputados un informe pormenorizado sobre el estado que guarda el proyecto del canal Todo Americano, señalando el impacto ambiental que tendrá en nuestro país, e informen sobre las pláticas binacionales que sobre el tema se han llevado hasta la fecha entre las autoridades de ambas naciones, razonado en las siguientes
Consideraciones
Antes de entrar de lleno en el tema del revestimiento del canal Todo Americano es importante hacer un poco de referencia geográfica e histórica.
El canal Todo Americano corre paralelo a la línea divisoria de la frontera entre México y los Estados Unidos de Norteamérica, conduciendo aguas del río colorado desde la presa Imperial hacia el área agrícola del valle Imperial. Al tratarse de un canal sin revestimiento, y aquí la importancia de este punto de acuerdo, alimenta al acuífero de Mexicali proveyéndose con parte de las aguas que conduce el cauce, con las cuales se han provisto los agricultores de valle de Mexicali durante varias décadas para el riego de sus parcelas.
El proyecto del canal Todo Americano lleva muchos años tratando de llevarse a cabo, pero ha sido detenido en varias ocasiones por los propios norteamericanos. Ya en los setentas el gobierno de aquel país informó al nuestro de su intención de realizar una obra cuyas características consistían en el revestimiento del canal, teniendo como objetivo, evitar las filtraciones del cauce y proveer de esta manera de mayores recursos a la zona urbana de Los Ángeles.
Sin embargo, el Congreso de Estados Unidos de América decidiría sobre el tema hasta los años noventa. Fue 1998 que se consintió en llevar a cabo el proyecto de revestimiento en un periodo de dos años, comenzando en el 2006, es decir que su ejecución ya esta proyectada en este año para ser concluido en el 2008, de aquí la importancia y la inquietud de solicitar toda la información que al respecto se tenga por parte de nuestras autoridades, así como las actuaciones que sobre el tema se han llevado a cabo.
Sin desconocer el hecho de que una decisión de este carácter implícitamente representa el ejercicio mismo de la soberanía de aquel país, no menos cierto es que en el escenario del derecho internacional y respeto a las relaciones entre países, el tomar una medida de estas características implica el respeto y la negociación entre aquel que tome la decisión y cualquiera que pueda ser afectado por la misma.
De otra manera que sentido tiene signar tratados internacionales entre ambas naciones, de que han servido los tratados de aguas, si al final no hay un respeto con quienes son sus vecinos, pero más aún quienes en el pasado fueron sus aliados y en el presente son sus socios comerciales.
Al haber tomado una decisión como esta, las autoridades de nuestro vecino país están sentando un precedente negativo en las relaciones binacionales. Pues esta decisión deriva de una mera actitud unilateral, la cual no tuvo consulta con sus similares en México, ya que se pensó exclusivamente en el interés de aquél país, sin medir las consecuencias ambientales que dentro de nuestro territorio puedan impactar de manera negativa.
El argumento para tomar esta decisión unilateralmente fue connotarla con el carácter de seguridad nacional, y no de uso común de un recurso natural entre ambos países, para con ello justificar su actuación sin consulta previa de su contraparte afectada.
Con la realización de esta obra no sólo se afecta a los agricultores de Mexicali y sus parcelas, se estará afectando a todo un entorno natural, llámese fauna y flora, misma que empezará a desaparecer al paso de unos pocos años del ecosistema que hoy enriquece esta zona.
El tema no es menor, y por ello no es poco el interés que despierta entre los mexicalenses esta construcción. De igual manera ya es amplia la bibliografía que existe sobre el revestimiento de este canal, el interés ya lo han tomado seriamente sociedad civil, medios de comunicación y diversos centros de investigación, entre los que se encuentran el Colegio de la Frontera Norte, entre muchos otros, habiendo también una gran preocupación del gobierno de Baja California.
Es con fundamento en lo anterior que requerimos la respuesta del gobierno federal que sobre el tema nos tiene que ofrecer a esta honorable Cámara de Diputados, y muy particularmente a los habitantes de estas zonas, quienes no ven con desdén su futuro mediato, y tienen una preocupación justificada.
Por ello, como representante del estado de Baja California, y muy especialmente del Valle de Mexicali, no puedo menos que venir a esta alta tribuna a hacer partícipes a todos mis compañeros de esta problemática y solicitarles su más alta consideración y solidaridad, ya que como representantes nacionales debemos atender las necesidades de aquellos que votaron por nosotros.
Esta preocupación, que ya ha sido puesta a consideración de los diputados de la pasada legislatura, no puede seguir sin ser atendida por los motivos ya expuestos, razón por la que se requiere la pronta respuesta de las autoridades del gobierno federal.
Solicitando que sea atendido con la mayor brevedad en comisión, debido a la urgencia del asunto.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al director general de la Comisión Nacional del Agua a que envíen a esta honorable Cámara de Diputados, un informe pormenorizado sobre el estado que guarda el proyecto del canal Todo Americano, señalando el impacto ambiental que tendrá en nuestro país, e informen sobre las pláticas binacionales que sobre el tema se han llevado hasta la fecha entre las autoridades de ambas naciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiocho días de septiembre de 2006.
Diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SHCP A REINTEGRAR EN EL PRESUPUESTO DE LA SAGARPA EL RESTO DE LOS RECURSOS QUE FORMARON LA RESERVA ESTRATÉGICA; Y SE SOLICITA A LA SEGUNDA DE ESAS DEPENDENCIAS QUE DICHOS RECURSOS SE APLIQUEN DE ACUERDO CON LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE, INTEGRADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006, A CARGO DEL DIPUTADO ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
Durante junio del presente año, los productores agropecuarios del país sufrieron un golpe más por parte del Poder Ejecutivo: en una reunión de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA) con el secretario de Agricultura, licenciado Francisco Mayorga, y sus subsecretarios se confirmó que se había formado una reserva precautoria del presupuesto de la secretaría por 4 mil 800 millones de pesos en el presupuesto para el campo. En esa reunión, la única explicación consistió en señalar que eran disposiciones del secretario Francisco Gil Díaz y que se afectaban programas fundamentales de la Secretaría de Agricultura.
Como a lo largo de todo el sexenio, el Poder Ejecutivo desatendió los mandatos de la Cámara de Diputados en cuanto al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado y demostrando en este caso su despreció por el sector rural.
El recorte representaba 9.5 por ciento del presupuesto original aprobado por la Cámara de Diputados para la Sagarpa e implicaba importantes recortes en programas prioritarios para el desarrollo rural y de pesca. Se afectaba programas como el de Reconversión Productiva de Alianza para el Campo, que disminuía 37 por ciento su presupuesto, y el de Microcuencas, que bajaba 36 por ciento.
Se recortaban en 36 por ciento los recursos destinados a programas de Alianza para el Campo que contribuyen a elevar el nivel de vida de los productores pesqueros y de sus familias, programa que el Ejecutivo había pretendido casi desaparecer en el proyecto de Presupuesto, pero que los diputados de la LIX Legislatura habían resarcido en el Presupuesto aprobado.
De inmediato, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en voz del senador Abel López Sánchez, solicito una explicación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la de Agricultura sobre las razones por las que estaban implantando reservas precautorias al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006, en virtud de que se dañaba dramáticamente el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.
El órgano legislativo solicitó que se detallaran los recortes que se hicieron al presupuesto destinado al desarrollo rural sustentable, pues se trataba de una modificación presupuestal sin bases jurídicas. Dicha reserva precautoria no está establecida legalmente y no tiene sustento; por el contrario, se trata de recursos aprobados por el Congreso de la Unión para ser destinados a los productores del campo.
Asimismo, el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural pidió que se explique "por qué se debilitó económicamente a este sector, de por sí vulnerable, justo a unos meses de que se libere por completo la competencia comercial agropecuaria con Canadá y Estados Unidos".
De inmediato intervinieron los gobernadores. La de Zacatecas, Amalia García, hizo una amplia convocatoria a todos los sectores, no sólo del estado sino a escala nacional, con la certeza de que el sector y la entidad entrarían en un caos si el gobierno federal persistía en el recorte. La mandataria reiteró que un recorte tan injusto significaría un impacto gravísimo para el campo y señaló que, de concretarse, significaría un desastre para el campo y complicaría aún más la situación de miles de familias que entrarían en un abandono de enormes proporciones y, sin duda, se registraría mayor migración.
A la petición de que se liberen los 4 mil 800 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal de 2006, debidamente aprobados por la Cámara de Diputados, se sumaron los gobernadores durante el Seminario de discusión sobre políticas públicas del campo mexicano, efectuado en Morelia. La propuesta fue respaldada por los secretarios de Desarrollo Agropecuario de las entidades federativas.
Por su parte, las organizaciones de productores apuntaron que la reserva contribuía a la generación de un ambiente adverso en el campo y agravaba el de por sí descompuesto contexto político del país.
Ante eso, el pasado 15 de septiembre el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, en gira por Zacatecas informó que la Secretaría de Hacienda reintegró al presupuesto de la dependencia 2 mil 500 millones de pesos de la reserva precautoria, que se determinó en 4 mil 870 millones. Mayorga Castañeda destacó que varios gobernadores, entre ellos la de Zacatecas, Amalia García, "hicieron su tarea para que buena parte de esos recursos regresaran y se pudieran fortalecer algunos proyectos productivos".
Resulta increíble que el secretario de Agricultura declare que los gobernadores hicieron su tarea. Ante ese cinismo, nos preguntamos si él, como secretario, cumple su tarea, pues se están reintegrando únicamente un poco más de la mitad de los recursos, y nos preguntamos: ¿dónde está el resto de los recursos?
Por todo lo anterior, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que con la mayor brevedad se reintegre al presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) el resto de los recursos presupuestarios que formaron la reserva estratégica.
Segundo. Se solicita a la Sagarpa que los recursos reintegrados se apliquen de acuerdo con la estructura programática establecida en el Programa Especial Concurrente integrado al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2006.
Diputado Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL CAMPO, A CARGO DEL DIPUTADO RUBÉN ESCAJEDA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de la facultad que les confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, para la creación de la Comisión Especial para el Campo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
La realidad social del campo mexicano es totalmente distinta a la de la época revolucionara, a la de los años treinta, cincuenta e incluso de los ochenta. Nuestro campo está siendo avasallado por los efectos de la globalidad y la marcada desigualdad en el desarrollo regional, que ha propiciado el atraso, la marginación y la exclusión social de la mayoría de las familias del campo.
Durante décadas, los programas gubernamentales no han contenido elementos programáticos ni presupuestales suficientes que fomenten el desarrollo económico y social del campo mexicano.
Ello ha obligado a millones de campesinos a abandonar sus tierras y, en muchos casos, a sus familias. Esta situación se agrava principalmente entre la población indígena, al no contar en sus lugares de origen con ninguna alternativa de subsistencia. Ante esta realidad, prácticamente este extracto de la sociedad está siendo expulsado a las grandes ciudades, donde ha pasado a formar parte de los cinturones de miseria; o bien, ha emigrado hacia el extranjero en calidad de indocumentado, arriesgando su vida y -en muchos casos- muriendo en el intento.
A partir de los años setenta y principios de los ochenta, el gobierno implantó algunos programas para lograr la autosuficiencia alimentaria. En este sentido, el objetivo central de la política agrícola fue asegurar una oferta abundante y barata de alimentos, pero sólo quedó en buenas intenciones.
Durante los años noventa se llevaron a cabo las modificaciones del artículo 27 constitucional y se establecieron la globalización y la apertura comercial, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), causando graves daños a la agricultura social, principalmente por la falta de programas para la reactivación productiva y subsidios diferenciados que permitieran la competitividad del sector ante nuestros socios comerciales de América del Norte.
Derivado de lo anterior, es importante destacar que las reformas constitucionales y la apertura comercial han causado graves estragos a la agricultura tradicional y de subsistencia del país, que ocupan la mayor parte del suelo destinado a fines agropecuarios, mientras que -por otra parte- fue favorecida una minoría de agricultores que concentra la mayor parte de las exportaciones de productos agropecuarios.
Actualmente, el campo mexicano se caracteriza por una amplia heterogeneidad productiva y una grave dispersión social, con una economía en peligro de generar estallidos sociales y un marcado deterioro de los recursos naturales. A lo anterior se suma un arraigado minifundismo de la tierra ejidal, amplias regiones en pobreza extrema y niveles vergonzantes de desnutrición.
Para lograr lo anterior se requiere un Estado activo en la economía, fundamentalmente como promotor, encabezando los esfuerzos y corrigiendo los desequilibrios del mercado, con una visión integral de largo plazo que contribuya al desarrollo rural, integral y sustentable, con especial atención a las regiones marginadas y excluidas donde sobreviven los mexicanos en pobreza extrema. Un Estado responsable, eficaz, evaluable por sus resultados, solidario con la sociedad rural, honesto en el manejo de los recursos públicos y comprometido con la organización para el desarrollo rural de los productores.
Estos compromisos económicos y sociales fueron plasmados en la Constitución Política de 1917, manteniéndose vigentes hasta la fecha.
El artículo 25 constitucional registra las siguientes obligaciones del Estado mexicano:
2. El fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución de la riqueza que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución.
3. El sector público, el sector social y el sector privado concurrirán con responsabilidad social.
4. Bajo criterios de equidad social y productividad apoyará o impulsará las empresas de los sectores social y privado de la economía.
5. La reglamentación de los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica de los ejidos, las comunidades agrarias y los trabajadores.
b) Expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.
La Ley General para el Desarrollo Rural Sustentable fue concebida como el marco jurídico para iniciar un proceso dirigido a mejorar las condiciones económicas y sociales del campo, pero requiere, en primer término, que se expida su reglamentación, donde se establezcan los sistemas, servicios y fondos que se mandatan, la estructura de coordinación y el Programa de Soberanía Alimentaria, en los cuales poco se ha avanzado y además es necesaria su revisión para proveer los objetivos de la reactivación productiva del minifundio y el desarrollo rural integral en beneficio de las familias que viven principalmente en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
El Acuerdo Nacional para el Campo, que se presentó como la mejor opción operativa para la reactivación del medio rural en lo inmediato y a mediano y largo plazos, aún no ha logrado llevar a cabo las acciones sustantivas que permitan la redefinición de las políticas del campo contenidas en él, principios rectores, reforma estructural y la soberanía alimentaria; además, están pendientes importantes aspectos, como:
b) Agenda legislativa integral;
c) Planeación;
d) Prioridad del presupuesto agropecuario y presupuestos multianuales; y
e) Redefinir los porcentajes de apoyo de los programas para los militantes de las organizaciones campesinas firmantes del acuerdo.
Para el financiamiento al campo no hay disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para definir el sistema financiero rural que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable mandata, y en el análisis actual destacan las quejas sobre la limitada operación de la Financiera Rural, el fuerte apoyo financiero que los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) otorgan a la banca comercial y la poca disposición de éstos para apoyar a los pequeños productores con potencial productivo, y la poca disposición de los FIRA para abrir a los productores sus opciones de intermediarlos financieros exitosos (agentes Procrea). Destaca el exceso de recursos que maneja el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural y los pobres resultados que presenta.
Consideraciones
La constitución de la Comisión Especial para Campo se justifica plenamente por las razones siguientes:
Primera. Que el Acuerdo Nacional para el Campo es el primer instrumento en la historia del país, producto del diálogo de las organizaciones campesinas y de productores con el gobierno federal para construir una política de Estado dirigida al campo y su vigencia se estableció durante toda la administración del Presidente Vicente Fox.
Segunda. Que la mayor parte de la sociedad rural, así como los funcionarios federales, estatales y municipales desconocen la existencia del Acuerdo Nacional para el Campo; por esta razón es de suma importancia que la honorable Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial para el Campo, lleve a cabo un amplio programa de difusión del acuerdo.
Tercera. La participación de la sociedad civil quedó de manifiesto en los tres foros regionales, el taller de evaluación realizado en las instalaciones de la honorable Cámara y en los trabajos de evaluación donde participaron académicos, investigadores, dirigentes sociales y de la iniciativa privada, y la representación de los gobiernos estatales a través de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, que sin duda vendrán a contribuir de manera significativa para la construcción de una política de Estado para el campo mexicano.
Cuarta. Que los avances en el cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo por parte de las dependencias federales encargadas de su ejecución son aún muy limitados.
Quinta. Que los legisladores federales, más allá de las diferencias ideológicas y posturas políticas, alcancen consensos para atender al campo mexicano.
Sexta. Es importante que el Pleno de la honorable Cámara de Diputados considere la constitución de la Comisión Especial para el Campo a fin de establecer los mecanismos que nos permitan avanzar de manera urgente en las reformas estructurales y al marco legal para el sector agropecuario, por ello;
Séptima. Que debe existir una instancia de la honorable Cámara de Diputados que se encargue de la evaluación del cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, del avance en las reformas estructurales y la adecuación del marco jurídico para el campo mexicano, en concurrencia y con pleno respeto a los ámbitos de competencia del Poder Ejecutivo federal, entidades federativas y Comisiones Unidas del Sector Agropecuario de la Cámara de Diputados.
Por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados federales a la LX Legislatura sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se aprueba la constitución de la Comisión Especial para el Campo durante la vigencia de la LX Legislatura.
Segundo. Se aprueba la constitución de la Comisión Especial para el Campo, con objeto de dar seguimiento y vigilar los recursos destinados al campo, a lo establecido en el Acuerdo Nacional para el Campo y en la Ley General para el Desarrollo Rural Sustentable.
Tercero. La Comisión Especial para el Campo se integrará con 30 diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule al Pleno de los diputados la Junta de Coordinación Política.
Transitorio
Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 5 de octubre de 2006.
Diputado José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONOCER LAS POLÍTICAS Y LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA VINCULADAS A LOS FEMINICIDIOS EN EL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA Y SUSCRITO POR DIPUTADAS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los suscritos, diputados federales en la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica y 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos proposición con punto de acuerdo para crear y dar continuidad a la Comisión Especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada con los feminicidios en el país, de conformidad con los siguientes
Antecedentes y consideraciones
La violencia en el México de nuevo siglo continúa en auge, parece no tener límites; la sociedad está indefensa ante este panorama, la furia y brutalidad de acción de los delincuentes es incontrolable, un escenario de estas características es detestable, pero lo es más cuando se agrede a mujeres de todos los rincones del país, donde el perfil de los actos, sigue siendo el tráfico de mujeres, de sus órganos, la violación y tortura. Aunado a ello, continúan las viejas prácticas que debemos erradicar con firmeza: la exclusión, la falta de oportunidades, la discriminación y el maltrato; con lo cual el acceso a la justicia de las mujeres víctimas y de la sociedad agraviada se vuelve más difícil y complicado.
A pesar del grave problema de la violencia contra las mujeres y de la obligación de parte de las instituciones de satisfacer la demanda social de dar solución a los feminicidios, nos indica que no ha sido fácil convencer a sus titulares, ya que algunas autoridades continúan reaccionando con resquemor, desconfianza, demora, burocratismo y hasta con rechazo para dar solución a los asesinatos de niñas o mujeres; lamentablemente, esto no ocurre en una sola región o estado, dichas prácticas se han generalizado en todo el país.
Otros aspectos en los cuales se debe profundizar, están relacionados con los asesinatos, las desapariciones, la trata, la prostitución forzada, la violencia familiar, la explotación y cualquier otra forma de violencia contra niñas y mujeres, a fin de terminar con la información amañada, sexista y misógina, y de esta manera colaborar en el esclarecimiento de la violencia feminicida, acabar con la impunidad que la caracteriza y así hacer realidad el ideal de nuestra Constitución: la impartición de justicia. Por ello, es importante conocer las causas, los tipos de violencia, sus mecanismos sociales, culturales y jurídicos, para poner en marcha políticas de gobierno tendentes a prevenir, atender y sancionar estos delitos.
Lo anterior significa que debemos dar continuidad a los esfuerzos de la Comisión Especial de la LIX Legislatura, para consolidar un conjunto de acciones que contribuyan a crear una política de Estado capaz de hacer frente y erradicar la violencia feminicida, en particular, y todas las formas de violencia contra las mujeres. En esta nueva etapa la Comisión Especial sumará sus esfuerzos con las Comisiones de Equidad y Género de las Cámaras de Diputados y de Senadores en las iniciativas y acciones que están impulsando en la protección de los derechos de las mujeres.
Otra tarea fundamental de esta comisión, consistirá en crear conciencia que la violencia contra las mujeres, constituye una violación a los derechos y a las libertades humanas, por tanto, constituye una ofensa a la dignidad de la sociedad en su conjunto.
Entre las prioridades de esta Comisión Especial se encuentra el acuerdo y entendimiento con los poderes de la Unión, las instituciones y las organizaciones sociales para que el Ejecutivo Federal, de una respuesta más firme y sólida a la violencia contra las mujeres; esto es posible a partir de la organización de reuniones de trabajo en coordinación con los legisladores integrantes de las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado ocupadas en el tema. El reto en sí mismo está en que el feminicidio ha rebasado a la sociedad y no se ha podido detener debido a la falta de coordinación de las distintas instituciones en los distintos niveles de gobierno.
La comisión caminará en el sentido de arribar a un nuevo pacto entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, a fin de evitar el colapso del estado de derecho en la materia, no sin antes impulsar la convergencia de criterios jurídicos a lo largo y ancho de la nación para lograr la colaboración estrecha entre las distintas instituciones de seguridad pública del país.
Se profundizará en la investigación de más de diez estados de la República, donde los niveles de incidencia feminicida son altos y las denuncias al respecto continúan en aumento (Chihuahua, Sonora, Baja California, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Estado de México, Morelos y DF). Los datos al respecto son estremecedores, ya que en uno de los informes de la Comisión Especial se indica que de 1999 a 2005 fueron asesinadas más de seis mil niñas y mujeres en diversos estados de la República. El estudio realizado en 2004 por la Comisión reveló que en ese año fueron asesinadas en todo el país mil 205 niñas y mujeres; es decir, un promedio de 4 muertes de mujeres al día.
Una tarea pendiente de suma importancia está relacionada con la continuidad de la participación de México en la Red Parlamentaria frente al Feminicidio, en la cual participan legisladoras de México, España y Guatemala, donde las incidencias feminicidas van en aumento, continuando con los compromisos establecidos por la comisión anterior respecto a las reformas al artículo 73 y la Ley Penal Federal se debe continuar con su trámite ante la Haya.
Un aspecto de no menos importancia es el acceso de la Presidencia de la Comisión Especial a los expedientes de las investigaciones para establecer criterios de acción con las instancias y mecanismos que ya fueron creados para enfrentar esta situación. En este sentido, es importante establecer los mecanismos para consolidar una ayuda efectiva y coordinada con las familias de las víctimas, sin que la ayuda dependa de las características o tipo de crimen, además se debe garantizar su derecho a mantenerles informados sobre el progreso de su investigación o procedimiento judicial; todo esto es posible a partir del impulso de un modelo de investigación científica dirigida y organizada por universitarias especialistas en el campo de estudios de género, con orientación y perspectiva de género, para encaminar todos los esfuerzos a una vida sin violencia para las mujeres.
Todos los esfuerzos en este sentido pasan por superar los factores de incidencia en lo familiar, la comunidad y las instituciones. En lo que respecta al combate de la violencia feminicida, se debe impulsar una política integral que articule los tres niveles de gobierno para prevenir, atender, perseguir, sancionar, procurar justicia y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.
Estas tareas no deben esperar mas tiempo, fundamentalmente porque los últimos estudios realizados por la Comisión Especial anterior, revelaron que de nueve millones de mujeres mexicanas que viven con su pareja, el 47 por ciento reporta un incidente de violencia, el 38.4 por ciento padece violencia emocional, el 29.3 por ciento económica, el 9.3 por ciento física y el 7.8 restante, sexual.
En cuanto al informe mencionado, destacan, entre otros aspectos, que los feminicidios, las desapariciones y los asesinatos de niñas y mujeres son el resultado de un clima generalizado de violencia y discriminación, que se enlazan en un tiempo y territorio determinado, dando como resultado muertes violentas, homicidios, accidentes mortales e incluso suicidios, que no son detenidos o prevenidos por el Estado. Otro dato relevante muestra que las investigaciones están dando como resultado que algunos casos de violencia contra las mujeres se relacionan de manera estrecha con el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero, la explotación de la prostitución y pornografía infantil, los datos mencionados nos permiten concluir sobre la importancia de seguir impulsando reformas judiciales sobre el particular.
Los datos del estudio revelan que las instituciones encargadas de procurar justicia aún carecen de infraestructura material y de personal para sistematizar la información sobre los delitos y homicidios contra las mujeres. Por tanto, propiciar una política con transversalidad de género, que articule acciones con el objetivo de erradicar las desigualdades entre mujeres y hombres a través del impulso de la igualdad de oportunidades, permitirá afianzar los derechos de las mujeres en nuestro país.
Respecto a los medios de información, desde la Comisión Especial se deben impulsar acciones a través de los órganos facultados para capacitar a los comunicadores y las comunicadoras en la perspectiva de género, a fin de difundir una campaña nacional sobre los derechos de las niñas y las mujeres tendentes a la comprensión global del problema y el desmontaje de los estereotipos de las mujeres víctimas de violencia.
Esta Comisión Especial obedece a una de las demandas más sentidas de la sociedad, cuyos principios y congruencia social han permitido realizar múltiples acciones para solucionar esta penosa situación; por tanto, es indispensable darle continuidad para transparentar e impulsar los esfuerzos en este sentido de los tres poderes y así, de manera paulatina y profunda, dar solución definitiva al feminicidio sistemático en el país.
Por lo anterior, de conformidad con los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea en esta soberanía y en el marco de sus atribuciones la Comisión Especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada a los feminicidios en el país, tendente a fortalecer el esfuerzo de las distintas instituciones en sus tres niveles de gobierno, esclarecer y procurar la impartición de justicia.
Segundo. La Comisión Especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero.- Esta comisión de investigación contará con los recursos materiales y financieros necesarios para el desempeño de sus funciones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de octubre de 2006.
Diputadas: Martha Tagle Martínez, Elsa Guadalupe Conde, Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, Blanca Luna Becerril, Aurora Cervantes Rodríguez, Rosario Ortiz Magallón, Rosa Elia Romero Guzmán (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPETENTES A RECONOCER EL VALOR DE LA MUJER RURAL Y A OTORGAR MAYORES RECURSOS A LOS PROGRAMAS DESTINADOS A SU ATENCIÓN, SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS LETICIA DÍAZ DE LEÓN TORRES Y FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los que suscriben, diputada Leticia Díaz de León Torres y diputado Francisco Domínguez Servien, pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en el articulo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo para exhortar a esta Cámara de Diputados a reconocer el valor de la mujer rural y a las secretarías de la administración pública federal responsables de dar atención a la mujer rural, a fortalecer sus políticas publicas en esta materia mediante una asignación adecuada y suficiente de recursos, con base en las siguientes:
Consideraciones
El 15 de octubre se celebra el Día mundial de la mujer rural, y el 17 el Día internacional para la erradicación de la pobreza por lo que es importante detenernos a reflexionar en estos temas tan importantes.
La celebración del Día mundial de la mujer rural surgió en la cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer realizada por la ONU en Pekín en septiembre de 1995, como resultado de las propuestas de la Federación Internacional de Productores Agrícolas (FIPA), la Red de Asociaciones de Mujeres Campesinas Africanas (NARWA) y la Fundación de la Cumbre Mundial de Mujeres (FCMM), por el reconocimiento mundial de los múltiples roles que desempeñan las mujeres productoras, campesinas y agricultoras en la economía y la sociedad en general.
A las mujeres rurales debemos reconocerlas, por la diversidad de labores que asumen para el bienestar de sus familias y comunidades: como madres de familia, comerciantes, campesinas y agricultoras en la producción de alimentos. Es sobre todo por este último rol y por el impacto que tiene sobre la producción mundial de alimentos, que se decidió celebrar el día de la mujer rural, un día antes del Día mundial de la alimentación.
Cuando el acceso a las oportunidades y recursos son iguales, tanto las mujeres como los hombres han demostrado ser eficientes, dinámicos y participantes indispensables en el desarrollo. Juntos en la granja, y en todos los niveles sociales, mujeres y hombres representan una formidable asociación para lograr la seguridad alimentaria en el siglo XXI.
Se propone reconocer debidamente la condición jurídica y social de ellas, ya que a menudo carecen de facultades para adquirir derechos de propiedad sobre la tierra o tener acceso a servicios como crédito, insumos agrícolas, capacitación y enseñanza. La definición de la agricultura como profesión masculina ha impedido que las trabajadoras rurales tengan un trato equitativo en las labores del campo.
Aunque hay varios textos que lo abordan, nunca está de más reiterar que las mujeres en el campo trabajan alrededor de 15 horas diarias, en promedio cinco más que los hombres, porque ellas atienden tareas productivas y reproductivas.
Las mujeres rurales tienen menos oportunidades para trabajar por cuenta propia y aportan un mayor porcentaje en las tareas no remuneradas. Las entidades estatales podrían reconocerlas como actoras productivas capaces de tomar sus decisiones, en lugar de personas a quienes hay que dar recursos de manera asistencialista y sin consulta.
Las mujeres siempre han ocupado un lugar importante en el mundo y más en la actualidad. No obstante ello, muchas mujeres aún hoy se encuentran injustamente sometidas a la pobreza, la marginación, la violencia, el abuso y la ignorancia.
Estamos seguros que la mujer en el campo, como encargada del cuidado de la empresa agrícola, ante la ausencia de su marido, puede y debe ser considerada como salvaguarda del campo, como guardiana del ambiente cono una posición privilegiada para conservar los recursos naturales, especialmente de la diversidad biológica de las distintas especies de flora y fauna del suelo y del agua.
Entre los más pobres de los pobres, entre los más marginados de los marginados están las mujeres indígenas, ya que con frecuencia los sistemas sociales de sus propias comunidades también las excluyen.
Las entidades federativas con mayores índices de marginalidad coinciden con las de mayor porcentaje de población rural, lo cual repercute directamente en las condiciones de vida de la mujer campesina y singularmente en las de la mujer indígena.
Con una discriminación en cuanto al acceso a la educación y a la salud, y sin el beneficio de una segunda lengua, las mujeres indígenas no sólo quedan al margen de mejores oportunidades de empleo, sino que además se encuentran en franca desventaja a la hora de luchar contra la pobreza y la exclusión social.
México es el país con la mayor brecha de género en la materia, pues las mujeres sólo representan 21 por ciento de los propietarios de tierras ejidales. Actualmente el monto de población femenina que habita en las comunidades rurales representa el 24 por ciento del total de mujeres del país, (48.8 millones de mujeres).
Ahora bien, los problemas de discriminación, desigualdad y falta de oportunidades en las mujeres deben ser abordados desde todos los sectores de la sociedad. Se requiere de un esfuerzo conjunto de parte de nosotras como legisladoras, así como de la sociedad civil para generar acciones que permitan lograr cambios reales, que incidan en el desarrollo integral de la mujer rural.
Debemos dirigir el trabajo hacia la formulación de marcos jurídicos con perspectiva de género y la eliminación de los factores culturales e institucionales que impiden el reconocimiento de la mujer, ya que ello es esencial para garantizar el acceso de la mujer rural a la tierra y a las oportunidades de desarrollo.
Por lo anteriormente expuesto, señor Presidente, pongo a consideración de este honorable Congreso el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Que esta soberanía reconozca el valor de la mujer rural considerando que el 15 de octubre se celebra el Día mundial de la mujer rural y por lo tanto, apruebe la entrega de un reconocimiento a las presidentas de los comisariados ejidales y comunales del país; 982 presidentas que representan el 4 por ciento de 24 mil 671 presidentes de comisariado y 61 comisariados comunales que representan el 3.1 por ciento de 1968 presidentes comunales.
Segundo. Exhortar a las secretarías de la administración pública federal responsables de dar atención a la mujer rural, a que fortalezcan sus políticas públicas mediante la creación de programas, con una asignación adecuada y suficiente de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, a fin de que se realicen avances significativos en la erradicación de la pobreza, la marginación, la violencia y el abuso que padecen las mujeres del campo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2006.
Diputados: Leticia Díaz de León Torres (rúbrica), Francisco Domínguez Servién (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR UNA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL ENCARGADA DE OBSERVAR Y DAR TESTIMONIO DEL DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL QUE SE CELEBRARÁ EN TABASCO EL 15 DE OCTUBRE DE 2006, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO LANDERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con punto de acuerdo que presenta el diputado Pedro Landero López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con las elecciones del estado de Tabasco por realizarse el próximo 15 de octubre del 2006. Los abajo firmantes diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El próximo 15 de octubre de 2006 se llevarán a cabo elecciones para renovar los poderes en el estado de Tabasco, sin embargo para nadie es desconocida la historia de fraudes electorales en dicha entidad así como las intromisiones de los gobernadores en turno en los procesos locales, al grado de que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló hace seis años la elección a gobernador.
Qué decir del despilfarro de recursos públicos en los gastos de campaña del entonces candidato Roberto Madrazo quien para realizar el fraude electoral en Tabasco gastó 72 millones de dólares, más de lo que Bill Clinton gastó durante su campaña en los Estados Unidos.
De ahí la necesidad de que este proceso electoral se desarrolle dentro de la normalidad democrática y con garantías plenas para que los tabasqueños puedan elegir de manera libre a sus autoridades y sin que servidores públicos sean estos locales o federales desvíen recursos o programas sociales para beneficiar algún candidato o coaccionen el voto bajo a menazas, como lo hiciera el subsecretario de Transporte, Tránsito y Vialidad del gobierno de Tabasco, José del Carmen Domínguez Nares, quien de manera intolerante y haciendo mal uso de sus funciones amenazó veladamente a los transportistas tabasqueños con revocarles sus concesiones si portaban en sus vehículos propaganda del candidato de la coalición Por el Bien de Todos; en tal virtud, proponemos la creación de una comisión plural de diputados encargada de vigilar que no se desviarán recursos federales en éste proceso electoral.
Por tanto, la Cámara de Diputados, al tener la facultad de vigilar e incluso investigar la malversación de fondos federales no incurre en violación alguna al procedimiento electoral, ya que no interviene políticamente en el desarrollo de éste y mucho menos influye en el resultado, respetando así la autonomía de los comicios electorales y las facultades de los órganos creados para dicho fin; así nuestra comisión vigilará que no se desvíen recursos federales en los procesos electorales locales, así como recabar todos los elementos probatorios que permitan a este Congreso proceder conforme a sus atribuciones constitucionales y legales.
Sólo la certeza y transparencia en este proceso electoral podrá cimentar en todos los actores políticos la confianza necesaria a fin de construir un verdadero estado de derecho con el cual retome el rumbo democrático que tanto necesitamos los mexicanos.
Honorable asamblea:
Coadyuvemos para que los actores políticos de nuestro país permeen con sus propuestas y no con argucias y manipulaciones electoreras, el ejercicio del voto libre y secreto de los tabasqueños. Que sea la voluntad ciudadana la que determine quien debe de gobernar. Por ello y en virtud de las consideraciones expuestas solicitamos al Pleno de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados por conducto de la Junta de Coordinación Política considera necesario la creación e integración de una Comisión Especial de observación plural de legisladores que acuda al estado de Tabasco a observar y dar testimonio del desarrollo del proceso electoral que se celebrará el próximo 15 de octubre de este año.
Segundo. Que entre las actividades a desarrollar por la comisión a que se alude en el numeral que antecede, y con respeto a la soberanía del estado de Tabasco, sea la de vigilar las condiciones de equidad, legalidad, imparcialidad, y certeza y respeto irrestricto de la voluntad popular, así como la de atender que no se desvíen recursos públicos en forma indebida para actividades electorales. La comisión actuaría con el fin de coadyuvar al buen desarrollo del proceso electoral en el estado de Tabasco.
Tercero. Hágase del conocimiento a las autoridades electorales del estado de Tabasco de la integración de la Comisión Especial, para el debido cumplimiento de sus actividades.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, octubre 5 de 2006.
Diputados: Pedro Landero López (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos (rúbrica), Roberto Mendoza Flores, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Moisés Félix Dagdug Lützow, Mónica Fernández Balboa, Silvestre Álvarez Ramón (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DEL CACAO, A CARGO DEL DIPUTADO ANDRÉS CARBALLO BUSTAMANTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proponen la creación de la comisión especial del cacao, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
México ocupa el undécimo lugar mundial en superficie cultivada de cacao: presenta 83 mil 158 hectáreas. El comportamiento de la producción en México en el periodo comprendido entre 1993 y 2003 decreció 10.33 por ciento; esto es, de las 53 mil 986 toneladas producidas en el 1993 se produjeron 48 mil 405 en 2003. En el presente año cuenta con una producción anual de 40 mil toneladas.
En la actual administración, los cupos de importación para el cacao se han incrementado en más de 100 por ciento: pasaron de 2.0 miles de toneladas en 2001 a 5.4 en 2004.
Las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación indican que la producción de cacao en Latinoamérica aumentará de 397 mil toneladas a 520 mil hacia 2010, con expectativas de que la producción en México crezca 0.5 por ciento, muy por debajo de otros países, como Brasil, del cual se espera un incremento de 2.2 por ciento.
La perspectiva anterior sobre el crecimiento de la producción cacaotera nacional se debe a que esta industria enfrenta diversos problemas; entre ellos: bajos precios y rendimientos; dificultades en la comercialización y organización por la estrategia de globalización y liberalización del mercado, que ha generado desintegración de las asociaciones; falta de capital para pagar oportunamente a los productores; y competencia entre los intermediarios con las asociaciones para comercializar. Los cacaoteros carecen de asistencia técnica, de capacitación, de capital para mejorar sus rendimientos, de canales de organización y comercialización.
El cultivo de cacao presenta factores que afectan su productividad. Esos elementos vulneran brutalmente el nivel de competitividad de la industria cacaotera de México.
Ante ese panorama, creando una comisión especial del cacao la honorable Cámara de Diputados asumirá su posición de proponer una visión estratégica en el diseño de planes y programas para fomentar el desarrollo de esta industria -con visión de corto, mediano y largo plazos- y, al mismo tiempo, vigilar que los recursos destinados a dicha actividad se empleen en forma plena y efectiva.
Por lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 70 y 71 de su Reglamento para el Gobierno Interior se somete a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial del Cacao, cuyo objeto será dar seguimiento y vigilar los recursos destinados a la industria del cacao para diseñar planes y programas de fomento del desarrollo de esta industria, con visión de corto, mediano y largo plazos, a efecto de generar ventajas competitivas para el sistema productivo del cacao mediante la integración, el desarrollo y la regionalización de la cadena productiva de dicho producto.
Segundo. La comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. La Comisión Especial del Cacao funcionará por la duración de la LX Legislatura, o hasta en tanto quede agotado su objeto, si esto sucediere antes.
Transitorio
Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2006.
Diputado Andrés Carballo Bustamante (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS COMISIONES DE TRANSPORTES, Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESTA SOBERANÍA, A INVESTIGAR LO RELATIVO AL CAMBIO DE CONDICIONES LABORALES HABIDAS DESPUÉS DE LA VENTA DE MEXICANA DE AVIACIÓN, A CARGO EL DIPUTADO CUAUHTÉMOC VELASCO OLIVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados de Congreso de la Unión, con base en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y acorde con el artículo décimo segundo del Acuerdo parlamentario relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y operación del sistema electrónico de votación, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados realice un respetuoso exhorto a las comisiones de Transportes, y de Trabajo y Previsión Social para que se investiguen las condiciones de la venta realizada de Mexicana de Aviación a Grupo Posadas y los efectos previsibles en los derechos laborales de los trabajadores de la línea, así como esté atenta a las negociaciones laborales entre la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) y la empresa Mexicana de Aviación con objeto de proteger el capital humano de esa línea aérea, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 15 de septiembre de 2006, la ASSA comunicó a las autoridades laborales su decisión de desistirse del emplazamiento a huelga en Mexicana de Aviación. La empresa consideró que la revisión salarial en ceros, consecuencia del desistimiento, no es suficiente para asegurar la estabilidad de las fuentes de trabajo y la viabilidad de largo plazo de la empresa e insiste en reducciones en costos del orden de 30% que muy probablemente se contempla con cargo a los trabajadores.
Hay que recordar que Mexicana de Aviación se constituye en 1921 y para 1970 ya es considerada la primera línea aérea de Latinoamérica. Fue en 1982 cuando el gobierno federal adquirió el 54% de las acciones de la empresa y en 2004 concluye la sustitución de su equipo convirtiéndose en la primera línea aérea de América Latina que cuenta con la flota más moderna del mundo conformada por aviones comerciales "Airbus" A320, A319 y A318.
Tanto Mexicana como Aeroméxico -las empresas más tradicionales e importantes de bandera nacional- eran controladas desde 1995 por Cintra, que en su mayor parte era propiedad de Nacional Financiera y que se creó para capitalizar y reestructurar los pasivos de ambas empresas. Posteriormente fueron "rescatadas" por el IPAB que le pagó su parte a BBVA Bancomer a valores artificiales y premeditadamente elevados.
Una vez saneada con cargo al erario, Méxicana de Aviación se vendió a finales de 2005 en la ridícula cantidad de 165 millones de dólares (cuando se había estimado un valor de 400 millones) a Grupo Posadas encabezado por Gastón Azcárraga, entusiasta colector de "Amigos de Fox". Hoy todavía reclama reducción del precio y ya despidieron cerca de 1,800 trabajadores de confianza y sindicalizados seguramente con el propósito de disminuir las obligaciones laborales y vender la empresa, en condiciones para contratar nuevo personal, a una línea aérea extrajera simulando la parte mayoritaria nacional con prestanombres mexicanos. Este es el mismo mecanismo, obteniendo cuantiosas utilidades, que hemos observado en los fines de sexenio (como fue con Roberto Hernández en Banamex).
Es importante destacar que en octubre de 2005, en comparecencia a solicitud de la Comisión de Comunicaciones de la LIX Legislatura al anunciarse la venta de las líneas aéreas, Cintra informó a los diputados que "en 2004 obtuvo utilidades por primera vez, desde el inicio de la crisis de 2002, ello a pesar del crecimiento considerable en el precio de la turbosina". Asimismo, tanto Aarón Dychter subsecretario de Transportes, como Andrés Conesa presidente del consejo de administración de Cintra habían ofrecido que no habría despido de personal con la venta de Mexicana a Posadas y ello está ocurriendo, además de la cancelación de prestaciones y reducción de salarios, que puede ser el modelo de lo que ocurrirá en Aeroméxico cuando se privatice.
Actualmente, el total de la planta de pilotos es de 800, y esta representa un costo total para la empresa de apenas el 5%, el cual se subdivide en 44% por pilotos, 19% por sobrecargos, 18% por personal de tierra y 19% por personal administrativo.
No obstante la importante disminución de personal, en los primeros ocho meses de operación del presente año se ha registrado un incremento en pasajeros de Aeroméxico y Mexicana del 2.6% con respecto al año pasado, registrándose 4?826,254 pasajeros en Aeroméxico y 4?697,816 por lo que se refiere a Mexicana.
Es claro pues, que se entregaron empresas entonces públicas a un valor inferior del real, con una evidente e inocultable afectación a los derechos de los trabajadores.
Por ello, en Convergencia condenamos que las privatizaciones sirvan para hacer maniobras que repunten pingües ganancias a sus ejecutores y presumiblemente a los funcionarios involucrados en este tipo de operaciones.
Por ser el desarrollo de la transportación aérea y la inversión que el estado ha comprometido en sus dos principales líneas nacionales como sector estratégico de primer interés nacional, y en virtud que hay un recurso valioso que es el capital humano, que ha sido capacitado y certificado al contar con los conocimientos, habilidades y destrezas para garantizar las condiciones máximas de calidad en el servicio además de seguridad de la aeronave y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los usuarios; me permito someter a esta soberanía el siguiente:
Acuerdo
Único.- Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Transportes y de Trabajo y Previsión Social para que se analice, investigue e informen a fin de aclarar ante la representación nacional, las condiciones de la venta realizada de Mexicana de Aviación a Grupo Posadas y los efectos previsibles en los derechos laborales de los trabajadores de la línea y lo que se espera de la privatización próxima de Aeroméxico.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2006.
Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA FIRMA Y RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, QUE SERÁ ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU, A CARGO DE LA DIPUTADA MARCELA CUÉN GARIBI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Marcela Cuén Garibi, diputada federal en esta LX Legislatura, en nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual esta soberanía, teniendo presente la conclusión de las negociaciones en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para elaborar una Convención Internacional para Promover y Proteger los Derechos de las Personas con Discapacidad, propuesta por México, exhorta al Gobierno Federal y a la Cámara de Senadores para que México sea la primera nación en firmar y ratificar dicho instrumento; lo anterior, con fundamentado en las siguientes
Consideraciones
I.- Desde de su creación, la Organización de las Naciones Unidas ha tratado de mejorar la situación de las personas con discapacidad para lograr su plena integración social y productiva.
El interés de las Naciones Unidas por el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad tiene su origen en los principios que dieron cimiento a su fundación, que están basados en los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad de todos los seres humanos.
Como se afirma en diversos instrumentos emanados de la Organización de las Naciones Unidas relacionados con los derechos humanos, las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales en igualdad de condiciones frente al resto de las personas.
Al término de la octava ronda de negociaciones celebrada en agosto pasado, los 192 países de la ONU trabajaron muy de cerca con organizaciones no gubernamentales y finalmente consiguieron adoptar este convenio que obligará a los gobiernos a tomar medidas específicas a favor de las personas que sufren alguna discapacidad.
Uno de los temas más controvertidos en el debate fue el relativo al termino de "discapacidad", que finalmente se acordó dejarlo en el sentido que una persona discapacitada es aquella que sufre un menoscabo físico, mental o sensorial que le limita de llevar a cabo sus actividades cotidianas y es causado o agravado por condiciones sociales y ambientales.
II. Según cifras aportadas por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen más de 500 millones de personas que sufren algún tipo de discapacidad mental, física o sensorial.
Independientemente del lugar geográfico en que se encuentren, sus vidas están limitadas muy a menudo por obstáculos físicos o sociales. Más aún, debido a que aproximadamente el 80 por ciento de la población mundial con discapacidad vive en países en desarrollo, donde se carece de o no está consolidada una cultura de inclusión y acciones gubernamentales específicas para la igualdad de oportunidades y de trato.
Otras cifras aportadas por los mismos organismos internacionales revelan que el veinte por ciento de las personas más pobres del mundo tienen discapacidad y su marginalidad se refleja en el ámbito educativo, un ejemplo de ello es que el noventa por ciento de los niños con discapacidad no asisten a la escuela.
Asimismo, datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) relativos al índice mundial de alfabetización de adultos con discapacidad señala que éste llega al 3 por ciento y, en el caso de mujeres, es de apenas el 1 por ciento.
III. En el plano nacional, la administración del Presidente Fox tuvo sensibilidad respecto del tema de discapacidad, al instalar la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social de las Personas con Discapacidad, sustituida por la creación del Consejo Nacional para las personas con Discapacidad, por mandato de ley.
Es preciso reconocer los avances y aciertos que este gobierno ha tenido al impulsar y poner en la agenda nacional el tema de la discapacidad, pues si bien la idea de esta convención fue lanzada por Italia hace dos décadas, el Presidente Fox la hizo suya y fue quien reactivó en el 2001 esta iniciativa, que dio como resultado en 2002 la creación del comité especial para la elaboración y negociación de este documento.
Así también, es preciso destacar y reconocer que el Ejecutivo federal no ha sido el único en poner como tema de prioridad a la discapacidad, pues en anteriores legislaturas se han dado avances trascendentes, basta recordar la creación, durante la LVII Legislatura, de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, y que decir de la LIX Legislatura, los diversos grupos parlamentarios pudieron anteponer el interés de este sector de población a conflictos y diferencias, situación que dio como fruto la aprobación en abril de 2005 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
IV. Sin embargo, aún falta mucho por hacer en este tema: lograr la igualdad de oportunidades, una cultura de respeto a los derechos de las personas con discapacidad, y la integración laboral de ellas son algunas de las asignaturas pendientes y cuya tarea corresponde no sólo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo, al Judicial y a la sociedad, en su conjunto.
V. Las personas con discapacidad suelen ser objeto de discriminación a causa de los prejuicios o la ignorancia, y además es posible que no tengan acceso a los servicios esenciales.
Lo anterior deriva en la aparición de la llamada "crisis en silencio", que afecta no sólo a las propias personas con discapacidad y sus familiares, sino también el desarrollo social y económico de sociedades enteras, en las que una buena parte del potencial humano se queda sin aprovechar, implicando un retroceso y rezago en la materia de desarrollo humano.
En 2005, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, elaborada por la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con el Consejo Nacional de Discriminación, 1 de cada 3 mexicanos está de acuerdo en que en las escuelas donde hay muchos niños con discapacidad la calidad de la enseñanza disminuye. Cerca del 42 por ciento de las personas encuestadas opinan que, dadas las dificultades de empleo en México, sería preferible dar trabajo a las personas sin discapacidad que a los discapacitados.
VI. Por esa razón, es importante que México mantenga dentro de la agenda nacional el tema de la discapacidad, a través de la implementación y armonización, en leyes y políticas, de los instrumentos internacionales.
Al ratificar esta convención, sus efectos serán vinculantes para los Estados parte, toda vez que los obligará a introducir cambios en sus legislaciones tendentes a mejorar y promover el acceso a la educación y al empleo de las personas discapacitadas, así como el derecho de tener acceso a la información y sistemas de salud adecuada para que puedan moverse sin obstáculos físicos ni sociales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: Que la honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al Ejecutivo federal a firmar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una vez que se abra este proceso en el marco de la Organización de las Naciones Unidas.
Segundo: Que la Cámara de Diputados exhorte a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión a que, firmada la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de conformidad con sus atribuciones y compromiso con las personas con discapacidad, ratifique con la mayor brevedad dicho instrumento y se dé lugar a su armonización y aplicación en la legislación mexicana y en las políticas públicas necesarias.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2006.
Diputada Marcela Cuén Garibi (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL TITULAR DE LA SEP A SUSPENDER LA PUESTA EN MARCHA DE LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA, ANTE EL RECHAZO DEL MAGISTERIO NACIONAL Y LAS DEFICIENCIAS QUE HA TENIDO SU APLICACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SOLARES CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal Miguel Ángel Solares Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática e integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes
Consideraciones
Al conocer, en agosto del año 2005, la puesta en marcha del plan piloto de la entonces llamada reforma integral de la educación secundaria (RIES), el gran historiador mexicano Álvaro Matute, miembro de número de la Academia Mexicana de Historia, advirtió que, si bien es cierto que todas las reformas se planean en los escritorios, éstas no obstante se hacen vivas en los salones de clase; pues si no es así, las transformaciones no sirven para nada, es decir, son un fracaso.
Y justamente la ahora llamada reforma de la educación secundaria (RES), implantada a partir del presente ciclo escolar 2006-2007, está destinada al fracaso, porque el magisterio nacional no la hizo suya ni desde el principio ni tampoco actualmente ya en operación.
Los maestros, quienes son la parte sustantiva de cualquier reforma educativa, por ser ellos los directamente involucrados en ponerla en práctica, han expresado públicamente su inconformidad por considerarla una imposición de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, a las que les imputan haber realizado una consulta simulada entre el magisterio del país y que únicamente buscó avalar un proyecto hecho desde el escritorio y no desde la experiencia académica y docente.
A la inconformidad y el rechazo del magisterio se sumaron las voces de destacados historiadores, pedagogos, geógrafos y otros especialistas en materia educativa, por la visión estrecha y reduccionista del nuevo mapa curricular de la educación secundaria.
En un foro realizado en julio pasado por el periódico La Jornada, los ponentes coincidieron en que la reforma de secundaria nació viciada de origen, por su carácter centralista y vertical, excluyendo a los actores fundamentales del proceso educativo, esto es, maestros, alumnos y sociedad en conjunto.
También criticaron el "ocultamiento" en que se llevó a cabo la RES, lo que ejemplifica el "autoritarismo" de este gobierno, la falta de articulación en los contenidos de la enseñanza secundaria, con los niveles básico y medio profesional, y la preponderancia de contenidos curriculares "desarticulados", orientados a un modelo educativo globalizador y neoliberal.
Y es que, entre otras cosas, la reforma reduce a dos años la enseñanza de historia, ética y civismo, en un momento en que el proceso globalizador persigue el establecimiento de un pensamiento único y la desintegración de las identidades nacionales. Además, hay un solo curso de geografía de México y del mundo, y se compactan las materias de física, química y biología en una sola asignatura.
Otro problema del nuevo mapa curricular es que desatiende cuestiones importantes en la formación integral de los educandos, como las actividades artísticas y la educación física.
Es evidente que la educación secundaria requiere una reforma a profundidad, pero ésta debe ser planteada en otros términos, particularmente partiendo de dos elementos centrales: uno, qué país queremos y necesitamos; y, dos, qué sujetos sociales queremos formar.
En consecuencia, es pertinente que se suspenda la reforma de la educación secundaria, dado que no cuenta con el consenso del magisterio del país y existen diversos problemas en su aplicación como es el desconocimiento de los nuevos planes y programas de estudio por los docentes, la no entrega a tiempo de los materiales para los maestros y los cuestionamientos de especialistas y expertos por la visión reduccionista y poco integradora en la formación de los educandos.
A fin de analizar y evaluar la reforma de la SEP y plantear un proyecto incluyente y participativo, es necesario que se forme un grupo plural de trabajo integrado por todos los involucrados en el quehacer educativo, particularmente el magisterio nacional, así como especialistas en la materia de las instituciones públicas de educación.
Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito proponer al pleno de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados solicita de la manera más atenta y respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, que suspenda la aplicación de la reforma de la educación secundaria, ya que no cuenta con el consenso del magisterio del país y existen diversos problemas en su aplicación, como es el desconocimiento de los nuevos planes y programas de estudio por parte de los docentes, la no entrega a tiempo de los materiales para los maestros y los cuestionamientos de especialistas de las disciplinas que integran el nuevo plan de estudios de secundaria.
Segundo. Asimismo, a efecto de realizar una verdadera reforma de la educación secundaria y que cuente con el respaldo del magisterio del país, se propone la creación de un grupo plural de trabajo integrado por funcionarios de máximo nivel de la Secretaría de Educación Pública, los titulares de educación de los 31 estados de la República Mexicana, los representantes de todas las expresiones del Sindicato Nacional de Trabajadores y los legisladores de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la honorable Cámara de Diputados.
Tercero. A partir de que se constituya el grupo plural de trabajo, en un tiempo no mayor de 30 días hábiles, sus integrantes establecerán conjuntamente un programa de trabajo tendente a revisar y evaluar la reforma de la educación secundaria y plantear un proyecto incluyente, participativo y académico. Para lo anterior, deberán emitir, también en el lapso referido anteriormente, una convocatoria pública y abierta a especialistas de las disciplinas involucradas en la educación secundaria.
Diputado Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL BANCO DE MÉXICO A NO SUSTITUIR LA IMAGEN DEL HÉROE NACIONAL IGNACIO ZARAGOZA POR LA DE DIEGO RIVERA Y FRIDA KAHLO EN EL BILLETE DE 500 PESOS DE LA NUEVA FAMILIA QUE PONDRÁ EN CIRCULACIÓN A PARTIR DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO MENDOZA CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El Banco de México, mediante comunicado de prensa de fecha 26 de septiembre del presente año, informó que iniciará en forma gradual la puesta en circulación de una nueva familia de billetes, compuesta de las mismas denominaciones que están en uso actualmente.
Las razones principales que se dan a conocer para la circulación de la nueva familia de billetes es facilitar a los invidentes la identificación de la denominación de cada una de las piezas y mejorar sus características de seguridad para dificultar su falsificación.
De igual forma, se ha informado que los nuevos billetes mantendrán las denominaciones existentes y sus colores serán similares a los de los billetes actuales, y que éstos gradualmente serán retirados de la circulación conforme se deterioren y sean captados por los bancos.
Por lo que se refiere a las características que tendrán los nuevos billetes, se ha difundido que el billete de 20 pesos conservará al frente la imagen de Benito Juárez y en el reverso tendrá una representación de Montealbán, el cual entrará en circulación en 2007.
Que el billete de 50 pesos conserva a Morelos al frente y en la parte de atrás aparecerá el acueducto de Morelia con mariposas monarca, y su circulación iniciará en noviembre del presente año.
Que el último rey azteca, Nezahualcóyotl, seguirá al frente del billete de 100 pesos y en su reverso se podrá observar una representación de Tenochtitlán, y entrará en circulación en 2008, igual que el de 200 pesos.
El de 200 pesos mantiene la efigie de sor Juana Inés de la Cruz; y en la cara posterior se mostrará una imagen de la hacienda de Panoayan.
El billete que cambia su diseño total es el de 500 pesos, debido a que la imagen del general Ignacio Zaragoza será sustituida por la del pintor Diego Rivera, y en el reverso tendrá una imagen de Frida Kahlo y una de sus obras.
El billete de mil pesos mantiene su tamaño actual, con el padre de la patria Miguel Hidalgo, y lucirá en el reverso la fachada de la universidad de Guanajuato.
Ante tales circunstancias, y debido a que es de interés público la preservación de los lugares de honor de los héroes de la patria, antes que personajes artísticos, se hace necesario exhortar al Banco de México para que en los nuevos billetes de 500 que pondrá en circulación no sustituya la imagen actual del frente y adverso por la del pintor Diego Rivera y de Frida Kahlo sino que, por el contrario, mantenga la imagen del general Ignacio Zaragoza, como hasta ahora, con base en las siguientes
Consideraciones
De conformidad con los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 1o. de la ley reglamentaria de dichos artículos, el Banco de México es una institución de carácter público y, por ende, sus determinaciones benefician o perjudican a la sociedad mexicana.
Por ello, la resolución adoptada por el Banco de México en el sentido de que sustituirá la imagen del general Ignacio Zaragoza por la del pintor Diego Rivera y de Frida Kahlo es de considerarse de interés público, como también lo es la preservación de los lugares de honor que la sociedad mexicana ha otorgado a los héroes que contribuyeron a la trasformación de nuestro país, sobre todo los que lucharon y dieron su vida para darnos libertad y que por sus méritos la historia de nuestro pueblo los coloca en el lugar que hoy tienen.
El Poder Legislativo, concebido como representante de la sociedad, está obligado a velar por los intereses de ésta. Y en este punto, cabe destacar el interés que la sociedad tiene en la conservación de los lugares de honor que el Estado mexicano ha otorgado al generalísimo don Ignacio Zaragoza, como es que su imagen aparezca en los billetes de 500 pesos, emitidos por el Banco de México y que la sociedad ha tenido a bien aceptar.
En efecto, el general Ignacio Zaragoza luchó en defensa de la Constitución de 1857 y en favor de los principios liberales durante la Guerra de Reforma (1858-1861). Finalizado dicho conflicto, con el triunfo de las fuerzas de Benito Juárez, éste lo designó ministro de Guerra y Marina en abril de 1861, cargo que ejerció a lo largo de ocho meses. Se enfrentó y derrotó seguidamente a las tropas invasoras francesas que sitiaban Puebla, el 5 de mayo de 1862, cuatro meses antes de fallecer, en aquella ciudad. Eso lo hace meritorio, más que cualquier personaje artístico mexicano, para seguir ocupando el lugar de honor que hasta ahora ha tenido al estar plasmada su imagen en los billetes de 500 pesos.
Por ello, ante el anuncio del Banco de México en el sentido de que sustituirá la imagen del generalísimo Ignacio Zaragoza por las de Diego Rivera y Frida Kahlo, y dado que hasta ahora nunca se había desplazado a los próceres de la patria en la moneda nacional y mucho menos por artistas plásticos, es necesario exhortar al Banco de México para que en los nuevos billetes de 500 pesos que pondrá en circulación no sustituya la imagen del héroe Ignacio Zaragoza por la del pintor Diego Rivera, y de Frida Kahlo y una de sus obras.
Lo anterior, sin que se soslaye la autonomía del Banco de México, establecida en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala entre otras cosas que el Estado tendrá un banco central, que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración, así como las facultades que le otorga su ley reglamentaria en cuanto a la emisión de billetes y moneda nacional, en virtud del carácter que la ley le otorga de persona moral de derecho público y debe preservar el interés de la sociedad mexicana.
Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al Banco de México a no sustituir la imagen del héroe nacional Ignacio Zaragoza por la del pintor Diego Rivera y Frida Kahlo en el billete de 500 pesos de la nueva familia que pondrá en circulación a partir de noviembre del presente año.
Segundo. Se exhorta al Banco de México a mantener la imagen del general Ignacio Zaragoza en los billetes de 500 pesos que, según anunció, pondrá en circulación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 5 de octubre de 2006.
Diputado Mario Mendoza Cortés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ LENA CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El que suscribe, Humberto López Lena Cruz, diputado federal de la LX Legisladora del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1, y 43, párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primero. Que el derecho a la libertad de expresión es garantía constitucional consagrada en los artículos 6o. y 7o. de nuestra Carta Magna, y corresponde a los poderes del Estado, impulsar acciones que fortalezcan su pleno respeto.
Segundo. Que en los últimos años se han incrementado las desapariciones y agresiones a periodistas y medios de comunicación. En este sexenio, más de 15 periodistas han sido asesinados en el cumplimiento de sus responsabilidades; desde los gobiernos locales se amenaza o intimida a quienes ejercen la actividad del periodismo. Una de las tareas más nobles que exigen congruencia ética y profesionalismo de quienes la ejercen.
Tercero. Que el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, reconoce en su diagnóstico sobre la situación en la que se encuentran los derechos humanos en nuestro país, que los periodistas que son víctimas de ataques son quienes han denunciado las relaciones del narcotráfico con agentes oficiales y que denunciaron abusos del poder con agentes del Estado.
Que como bien señala la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en relación a los 10 principios de la libertad de prensa; Diana Daniels: "No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo".
Y que "el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad".
Cuarto. Que para la Cámara de Diputados no pueden pasar inadvertidos los hechos tan lamentables que se presentan en todo el país en el que la libertad de expresión y de información se encuentran en grave riesgo; por la impunidad con la que actúan diversos grupos desde el poder en contra de los medios de información y de los comunicadores y periodistas.
Como bien señala, Juan Francisco Ealy Ortiz, "en México las libertades se hallan restringidas en diversas regiones del país donde autoridades locales se resisten a erradicar actos autoritarios contra periodistas independientes, a los que presionan políticamente, los acosan con acciones de presunto carácter legal o incluso agraden físicamente".
Por su parte, organizaciones civiles y no gubernamentales, como la Fundación Manuel Buendía, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Periodismo y Ética Pública, la Fraternidad de Reporteros de México, La Academia Mexicana de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dan cuenta, en diversos reportes y estudios, de la grave situación que enfrentan la libertad de prensa en nuestro país.
Por citar algunos datos; según estadísticas de la CNDH, del primero de noviembre de 2000 al 31 de julio de 2006 se han presentado 246 quejas de agresiones a periodistas, mientras que en el sexenio de Ernesto Zedillo se registraron 157; en 2004 se registraron cinco asesinatos de comunicadores, en 2005, cuatro, y en lo que va de 2006, tres, además de la desaparición de dos periodistas, una en Sonora y otra en Coahuila.
Por otra parte, de los recientes ataques que se han presentado en contra de quienes se dedican a la labor periodística, podríamos señalar el caso de la periodista Lidia Cacho; el Diario Noticias de Oaxaca, cuyas bodegas siguen tomadas desde hace 24 meses; o los medios electrónicos tomados en esa misma entidad desde hace un mes debido al conflicto que prevalece en la entidad; Por Esto, de Yucatán; el semanario Qué, de Quintana Roo, en cuyas instalaciones desconocidos arrojaron granadas de fragmentación.
O la demanda que en contra de Proceso, por el caso Olga Wornat se inició desde el poder; así como los ataques en contra de La Jornada de San Luis y su director, Julio Hernández.
Es importante también señalar los casos de los periodistas asesinados, Ramiro Téllez Contreras, reportero de radio en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Enrique Perea Quintanilla, de la revista Dos Caras, en Chihuahua; y la desaparición de Rafael Ortiz Martínez, reportero del periódico Zócalo, entre muchos otros.
Esta situación no es desconocida para el proponente, en virtud de que en mi persona y en mis medios de comunicación, radio y periódico, he sido sujeto, por parte de los gobiernos de Oaxaca, de ataques, cárcel y destrucción de mis instrumentos de trabajo.
De ahí que ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.
Quinto. Que es fundamental que la Cámara de Diputados coadyuve con las instancias correspondientes y con las organizaciones de la sociedad civil para garantizar el derecho constitucional de la libertad de expresión.
Sexto. Que la gravedad de la situación que enfrentan los medios de comunicación, los comunicadores y periodistas en nuestro país, obligó al gobierno federal que está por concluir su gestión a crear una Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en contra de Periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República.
Séptimo. Que a finales de la LIX da legislatura, la Junta de Coordinación Política constituyó un Grupo de Trabajo que dio seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación; y que dicho grupo de trabajo contó con la participación de todos los grupos parlamentarios y fue un espacio que permitió que los medios de comunicación y los que ejercen la actividad del periodismo pudieran hacer llegar sus denuncias y quejas en contra de quienes atentaban contra la libertad de expresión.
Por todo lo anterior, con fundamento en lo que establece el artículo 93 Constitucional; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1 y 43 párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación. El objeto de la comisión será garantizar y fortalecer la libertad de expresión, escuchando y atendiendo las proposiciones de quienes vean conculcados su derecho a ejercer la garantía constitucional que consagra nuestra Carta Magna en sus artículos 6o. y 7o.
Segundo. La duración de la comisión será por toda la LX Legislatura y contará con los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento.
Tercero. La comisión se integrará de manera plural, por 30 diputadas y diputados, representantes de todos los partidos políticos.
Diputado Humberto López Lena Cruz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A DIVERSAS LEGISLATURAS LOCALES A MODIFICAR SUS PROCESOS ELECTORALES DE MANERA QUE ÉSTOS COINCIDAN CON LOS FEDERALES, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ GUILLERMO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
José Guillermo Velázquez Gutiérrez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía punto de acuerdo a través del cual la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas a modificar el marco normativo de sus procesos electorales locales, a efecto de que coincidan con los federales.
Lo anterior, con fundamento en las siguientes
Consideraciones
México ha dado pasos firmes en la transición a la democracia, pero no es suficiente. La consolidación de un régimen democrático, representativo, legítimo y eficaz requiere que incrementemos los esfuerzos; Existe entre los partidos políticos plena conciencia de la necesidad de dar los pasos pendientes, empezando por atender los reclamos ciudadanos contra el despilfarro en los procesos electorales, obteniendo con esto beneficios que se consoliden con altos niveles de participación, legitimidad, efectividad y austeridad.
Nada más urgente que legitimar la vida política; que devolver a la política su prestigio y dignidad. Hay la voluntad colectiva de realizar las acciones necesarias, aun y cuando éstas obliguen a una mayor austeridad de los partidos y las campañas, así como a reglas estrictas de transparencia en la vida interna de los partidos políticos.
Para el Partido Acción Nacional, las bondades de las elecciones concurrentes son evidentes. Basta comparar el costo de los comicios federales y los locales con las partidas presupuestales de gasto social para percatarse de que la democracia en México cuesta demasiado a los mexicanos: las elecciones presidenciales de 2000 costaron 3 mil 197.3 millones de pesos, el equivalente a una cuarta parte del presupuesto total para salud o una cuarta parte del presupuesto total para desarrollo social.
Homologar los comicios generaría, por lo menos en el área de capacitación, ahorros hasta de 50 por ciento.
Por ello hemos impulsado la inclusión de las elecciones concurrentes en artículos de opinión, agenda legislativa e incluso en una iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados el 23 de marzo de 2004.
Para consolidar los avances alcanzados en la transparencia, equidad e imparcialidad de las elecciones, que han permitido avances indudables en la transición democrática, es indispensable llevar a cabo un trabajo coordinado con las legislaturas locales tomando en cuenta la experiencia nacional y las internacionales, conforme al principio de austeridad, con el objetivo de reducir a la sociedad el costo de la organización de las elecciones y de la política. Con la excepción de Estados Unidos, México es el país que más gasta en los procesos electorales. El alto costo anual es un factor que contribuye a deslegitimar el proceso político en un país con tantas carencias sociales y desigualdades económicas.
No puede concebirse que un país con grandes carencias y diferencias destine a los partidos políticos y a sus campañas tantos recursos.
Países como España y Costa Rica han reducido el costo de las elecciones repartiendo el financiamiento entre su gobierno central y los autónomos.
En nuestro país, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora han llevado a cabo elecciones concurrentes. Asimismo, Yucatán, Michoacán y Oaxaca reformaron sus ordenamientos constitucionales para hacer coincidir las elecciones locales con las federales, a pesar de que los gobiernos de esas entidades emanaron de diferentes partidos políticos.
Las elecciones generan sin duda desgaste en la población, pues durante meses las campañas se encuentran de manera permanente en los diversos medios de comunicación masiva, así como en diversos productos publicitarios.
Durante décadas, los ciudadanos de 22 entidades federativas han sido convocados a las urnas entre 3 y 5 veces en un periodo de 6 años. Esta constante competencia genera polarización, desgaste, parálisis gubernamental y gastos millonarios.
En este contexto, nos vemos motivados a impulsar la concurrencia electoral, ya que estamos convencidos de que con menos elecciones el ambiente será más propicio para construir los acuerdos necesarios para el desarrollo del país.
Aunado a eso, en un sistema democrático la participación social desempeña un papel preponderante. Por ello, los actores políticos debemos generar condiciones para abatir el abstencionismo. Los estados cuyos procesos electorales coincidieron con la reciente elección federal incrementaron la participación ciudadana hasta en 15 por ciento.
Requerimos una democracia que represente más, pero que cueste menos. La constante organización y desarrollo de las jornadas electorales encarece el costo por elector.
La concurrencia de elecciones locales con las federales permitirá celebrar comicios sólo cada tres años, generando sinergias entre los organismos electorales federales y los locales.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión formula un atento y respetuoso exhorto para que las legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas modifiquen el marco normativo de sus procesos electorales para hacer coincidir sus elecciones locales con las federales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2006.
Diputado José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA SOLICITUD DE DECLARATORIA PARA EL RESCATE DEL PREDIO RÚSTICO EL ZALATE, LOCALIZADO EN SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS, Y LA ANULACIÓN DEL ACUERDO DE DESINCORPORACIÓN EMITIDO POR LA SEMARNAT, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL LIZÁRRAGA PERAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del PRD ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Mediante el oficio número PM/423/2006, el honorable ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, solicitó a la Dirección General de la Zona Federal Marítimo-Terrestre y Ambientes Costeros que proceda a rescatar por interés público o beneficio social una fracción del predio rústico El Zalate, localizado en la jurisdicción de San José del Cabo, municipio de Los Cabos, con superficie de 5 mil 186.76 metros cuadrados.
2. Históricamente, en el bien inmueble referido, llamado también "Playa Palmilla" o "Balneario Palmilla", se realizan actividades diarias de esparcimiento familiar, de pesca y buceo, y eventualmente algunos actos solemnes.
3. Derivado de lo anterior, la sociedad del municipio ha exigido que el predio se reconozca legal y jurídicamente como un patrimonio municipal; por su parte, el ayuntamiento de Los Cabos ha asumido la responsabilidad de defender este interés popular.
4. La propiedad en mención fue donada el 19 de octubre de 1978 por el señor Manuel González Canseco a la autoridad estatal o municipal que indicara la Dirección General de la Junta Federal de Mejoras Materiales. El acto jurídico respectivo fue protocolizado el 7 de noviembre de 1978, y a partir de 1985 quedó registrado en la Dirección de Catastro a nombre de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
5. El ayuntamiento de Los Cabos obtuvo informes de que, mediante decreto publicado el 21 de diciembre de 2004, se dio a conocer un acuerdo emitido por el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del cual se desincorpora del régimen de dominio público de la federación una superficie consistente en 9 mil 791.90 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, así como las instalaciones y construcciones ahí existentes, localizada en el Balneario Palmilla, y se autoriza su enajenación, a título oneroso, en favor de la persona moral denominada "Palmilla San José Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable", para que la utilice como complemento de un desarrollo turístico, resultando afectada con este decreto una superficie de 1 mil 449.71 metros cuadrados, de los 5 mil 186.76 correspondientes al predio objeto de donación.
6. El 11 de noviembre de 2005, según se expone en el boletín de prensa número 333, publicado por el Congreso de Baja California Sur, el gobierno federal, representado por la Dirección de Zona Federal Marítimo-Terrestre y Ambientes Costeros, concretó la venta del Balneario Palmilla a la sociedad mercantil indicada, en la que también se incluye una fracción de terreno correspondiente a la zona federal marítimo-terrestre que, de acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Bienes Nacionales, es un bien de uso común, del dominio público de la federación, y que, por tanto, no es susceptible de enajenación.
7. Los hechos señalados contravienen lo dispuesto en diversos artículos de la Ley General de Bienes Nacionales, y del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo-Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, y se traducen en el más claro agravio y perjuicio a los intereses de la sociedad, así como al gobierno del estado de Baja California Sur y al municipal de Los Cabos.
Por lo anterior, y tomando en cuenta la importancia y urgencia del asunto, nos permitimos presentar ante este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a anular el acuerdo de desincorporación de 9 mil 791.90 metros cuadrados emitido a favor de la persona moral Palmilla San José Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2004, por haber vulnerado y dejado de acatar, por parte de la autoridad federal, lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo-Terrestre y Terrenos Ganados al Mar; y por estar afectando mil 449.71 metros cuadrados de la superficie de 5 mil 184.76 metros cuadrados, cuya posesión física y material han ostentado el estado de Baja California Sur y el municipio de Los Cabos, desde 1978.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a emitir de manera urgente la declaratoria de rescate del bien inmueble señalado en los espacios anteriores, por considerarlo invariablemente patrimonio del gobierno de Baja California Sur y del municipal de Los Cabos, para uso y disfrute de toda la sociedad, afirmación que se sustenta con la documentación que se anexa al presente.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2006.
Diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE INCLUYA LA CONSTRUCCIÓN DE UN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NIVEL SUPERIOR ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN FRANCISCO ALTEPEXI, SAN JOSÉ MIAHUATLAN, SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC Y SAN JUAN AJALPAN, EN EL VALLE DE TEHUACÁN Y AJALPAN, PUEBLA, A CARGO DEL DIPUTADO MARIO MENDOZA CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Sexagésima Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, un punto de acuerdo, conforme a los siguientes:
Antecedentes
I. Puebla presenta una geografía accidentada en amplias zonas de su territorio, lo que ha limitado la expansión y eficacia del sistema de comunicaciones carreteros, sobre todo en el Valle de Tehuacán y Ajalpan, así como otros municipios comprendidos dentro de la Sierra Negra, que presenta carencia en infraestructura carretera en gran parte de sus comunidades, al extremo de que son escasas las que comunican las cabeceras municipales.
II. El Valle de Tehuacán y Ajalpan, del estado de Puebla, esta compuesta por ocho municipios que de acuerdo con el Segundo Conteo de Población 2005, realizado por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), suman en total una población de 397 mil 26 habitantes, y su único eje carretero es el que va del municipio de Tehuacán, al municipio de Coxcatlan, que colinda con el estado de Oaxaca. Éste es insuficiente y provoca retrasos en las actividades económicas, debido a la gran afluencia de habitantes que lo transita cotidianamente al realizar sus actividades de trabajo y comercio, sobre todo para quienes viven alejados de esta vía carretera y que sólo cuentan con escasos caminos rurales.
Por ello, es fundamental desarrollar esquemas de conectividad intermunicipal con especial énfasis en las cabeceras municipales, para satisfacer la demanda actual y futura de bienes y servicios. Siendo las principales prioridades para los habitantes de ésta zona, las siguientes:
b) Ampliación a cuatro carriles de la carretera estatal comprendida entre el municipio de Zinacatepec y la comunidad de San José Tilapa, Municipio de Coxcatlan, Puebla, que colinda con el estado de Oaxaca.
Por ello, se requiere la creación de un tecnológico de nivel superior, descentralizado, que se constituya en opciones para atender regionalmente la demanda de los jóvenes y al mismo tiempo, generar el conocimiento para desarrollar en el futuro la economía de la zona.
El desarrollo en el estado de Puebla depende en gran medida de los programas y proyectos productivos que se elaboran en las escuelas de nivel superior, y a las investigaciones de los catedráticos y científicos dedicados a diversos temas de desarrollo. En el caso, por no existir una oferta académica universitaria que cumpla con los requerimientos del Valle de Tehuacán y Ajalpan, no se han realizado proyectos acerca de nuevos métodos para detonar la economía de la zona y por lo tanto, elevar la calidad de vida de sus habitantes; al mismo tiempo al no existir una oferta académica para los jóvenes, muchos se ven obligados a viajar a otros estados y otros abandonando sus estudios para emigrar a los Estados Unidos de América en busca de mejores oportunidades.
En ese sentido, hoy en día la prioridad de los habitantes del Valle de Tehuacán y Ajalpan, estado de Puebla, es:
La construcción de un Instituto Tecnológico Nivel Superior entre las comunidades de San Francisco Altepexi, San José Miahuatlan, San Sebastián Zinacatepec y San Juan Ajalpan, que contemple proyectos acerca de métodos que ayuden a detonar la economía de la zona y así, elevar la calidad de vida de sus habitantes; con lo cual se beneficiara una población estudiantil de 8 municipio del Valle de Tehuacán, 5 de la Sierra Negra y 2 de la Sierra Mixteca, que en total suman una población de 490 mil 649 habitantes.
IV. En lo que respecta a la infraestructura carretera de los municipios del estado de Puebla, comprendidos dentro de la Sierra Negra y con la visión de un polo de desarrollo estratégico, es urgente:
La construcción de un puente que comunique a la comunidad de Tepanzacualco, municipio de Ajalpan, con la comunidad de Tehuipango, estado de Veracruz, con la que se beneficiará un total de 54 mil 740 habitantes.
La pavimentación de la carretera que comunica la comunidad de Zacacoapan, municipio de San Miguel Eloxochitlan, con la comunidad de Temaxcalapa, estado de Veracruz, beneficiándose un total de 11 mil 347 habitantes.
Consideraciones
El déficit en la infraestructura carretera que presenta el Valle de Tehuacán y Ajalpan, tiene un impacto directo en la marginación social y económica de sus habitantes, puesto que redundan en un aislamiento que hace muy complicada la comunicación de los centros de población y por ende la actividad económica de la región se ve afectada.
Por ello, se requiere la voluntad colectiva que enfrente sistemáticamente los problemas de infraestructura carretera que permita incrementar la capacidad y la eficiencia de la comunicación de los centros de población con actividad predominantemente comercial y la conectividad de los municipios.
Igualmente, es importante destacar que la educación es el eje fundamental del desarrollo social, científico y económico, teniendo como sustento el desarrollo integral del individuo, mediante la adquisición de conocimientos y habilidades, así como la formación de hábitos y valores que favorezcan su realización personal y sobre todo laboral.
Por su parte, la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 18, establece que los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés publico, por lo cual será objeto de seguimiento y evaluación, y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales.
Asimismo, el numeral 19 de la citada ley, establece que son prioritarios lo programas de educación y las obras de infraestructura de vías de comunicación terrestre.
Por ello, para garantizar el pleno ejercicio de esos derechos fundamentales que emanan de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprendidos en el marco de desarrollo social, se debe asegurar el acceso al desarrollo de una infraestructura carretera y educativa para el Valle de Tehuacán y Ajalpan, así como de los municipios de Puebla comprendidos en la Sierra Negra.
Por lo que con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congresos de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a autorizar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, dentro de las partidas correspondientes al estado de Puebla, la inclusión de la construcción de un Instituto Tecnológico Nivel Superior entre las comunidades de San Francisco Altepexi, San José Miahuatlan, San Sebastián Zinacatepec y San Juan Ajalpan, del Valle de Tehuacán y Ajalpan, en el estado de Puebla.
Segundo. Asimismo, se autorice para los municipios del estado de Puebla, que se encuentran ubicados en la Sierra Negra, las siguientes obras:
La construcción de una carretera que comunique a las comunidades de Tepetzizintla, municipio de Vicente Guerrero, con el municipio de Tehuipango, estado de Veracruz;
La construcción de un puente que comunique a la comunidad Tecpanzacualco, municipio de Ajalpan, con la comunidad de Tehuipango, estado de Veracruz, con la que se beneficiará un total de 54 mil 740 habitantes;
La pavimentación de la carretera que comunica la comunidad de Zacacoapan, municipio de Eloxochitlan, con la comunidad de Temaxcalapa, estado de Veracruz, beneficiándose un total de 11 mil 347 habitantes; y,
La pavimentación de la carretera que comunique a la comunidad de El Tepeyac, con la comunidad de Limonestitla, estado de Veracruz.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2006.
Diputado Mario Mendoza Cortés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A DISEÑAR UN PROGRAMA ESPECIAL CON RECURSOS SUFICIENTES PARA ATENDER LOS PROBLEMAS DE MARGINALIDAD Y ATRASO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS FAMILIAS DE LA ZONA DE CABEZA DE JUÁREZ, IZTAPALAPA, A CARGO DEL DIPUTADO DAVID MENDOZA ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter esta proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Revertir la marginación social es un compromiso pendiente del Estado con los que menos tienen. No obstante el esfuerzo de algunos gobiernos, que han puesto el acento de su trabajo en el combate a la pobreza, existen en la Ciudad de México, y particularmente en la zona de Cabeza de Juárez, en la delegación Iztapalapa, comunidades que albergan a miles de familias en condiciones de pobreza extrema.
El hacinamiento, la precariedad de las viviendas y la falta de oportunidades han puesto a estos mexicanos en una condición de miseria que lesiona su dignidad y los expulsa de la perspectiva del desarrollo.
La esperanza y el anhelo de un patrimonio ha llevado a estas familias poseedoras de diversos inmuebles originalmente propiedad del Gobierno del Distrito Federal y desincorporados en su favor, a emprender un largo camino que, a través de su propia organización, les permitió obtener el reconocimiento de su derecho posesorio y, por tanto, la certeza jurídica de su propiedad.
Este reconocimiento fue expresado en el convenio suscrito entre el Gobierno del Distrito Federal y las comunidades de la zona de Cabeza de Juárez en el año 2001. En dicho convenio también se estableció el compromiso del gobierno de otorgar créditos para la sustitución y mejoramiento de vivienda; concluir los trámites de regularización de tenencia de la tierra, así como la dotación de los servicios urbanos más indispensables. Por su parte, la comunidad se comprometió a contribuir al desarrollo sustentable de la ciudad.
El problema de la pobreza no es un asunto que debamos resolver por caridad, buena voluntad o generosidad. Necesitamos hacer frente a este problema con programas integrales porque la marginación representa una amenaza a la integridad de las personas, que comienzan perdiéndose a sí mismas y terminan por descomponer su entorno.
Es amedrentadora la idea de imaginar que los códigos de conducta de los reclusorios se trasladen hasta nuestras calles. La marginalidad en la que se encuentran miles de familias en Iztapalapa representa no sólo una grave situación precaria, sino también una señal de alarma que debe consternarnos y alertarnos.
Las familias que habitan en la zona de Cabeza de Juárez se encuentran en un estado de emergencia y la atención a este problema no puede postergarse.
Por eso vengo hoy a esta tribuna a solicitar, con fundamento en los artículos 25, 26 y en el 122, base segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Gobierno del Distrito Federal, que instrumente un programa de desarrollo integral para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en la zona de Cabeza de Juárez, y que en dicho programa se establezcan metas, flujo de recursos y plazos de cumplimiento.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, con profundo respeto a la división de poderes, al Gobierno del Distrito Federal a diseñar un programa especial con recursos suficientes para atender los problemas de marginalidad y atraso del Distrito Federal y en especial de las familias que viven en la zona de Cabeza de Juárez en Iztapalapa, en el Distrito Federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2006.
Diputado David Mendoza Arellano (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO A INVESTIGAR Y, EN SU CASO, FINCAR LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA ENTIDAD POR EL COBRO ILEGAL QUE HACEN POR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN EN LAS INSTITUCIONES PARTICULARES DE PREESCOLAR EN EL VALLE DE MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARIBEL LUISA ALVA OLVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe Maribel Luisa Alva Olvera, diputada de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes:
Consideraciones
A nivel mundial, la supervisión o inspección escolar están consideradas como procesos claves para lograr el propósito de mejorar la calidad de la educación. Baste mencionar que desde 1963, la UNESCO creó el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, el cual ha implantado un programa mundial de supervisión escolar.
La inspección escolar también es un factor decisivo para una mejor relación en el seno de la escuela, es decir, entre el director y los profesores, entre éstos mismos y con los alumnos. Pero igualmente importante es la relación entre todos esos actores de la escuela y los inspectores escolares.
En consecuencia, el deterioro o mejora -como se quiera ver- de la calidad educativa tiene estrecha vinculación con el debilitamiento de la supervisión o inspección escolar.
En México la supervisión escolar también tiene el propósito de elevar la calidad educativa, y se realiza tanto en las escuelas públicas como en los plantes particulares de educación.
Sin embargo, en escuelas de educación preescolar del sector particular del Valle de México, este importantísimo proceso de supervisión está siendo vulnerado por funcionarios educativos responsables de llevarlo a cabo, al cobrarle a directoras y docentes de plantes escolares particulares "cuotas" o "aportaciones" económicas y en especie para la adquisición de equipo de cómputo, renta de la escuela donde funciona la oficina de supervisión, papelería y otros materiales utilizados en las actividades de supervisión.
Este es el caso de la actuación indebida de la responsable del sector 12, profesora Guillermina Soberanes Zamora, perteneciente al Departamento de Educación Preescolar del Valle de México, quien les ha exigido pagos por los servicios de supervisión a directoras y docentes de 32 planteles escolares de ese sector.
Esa actuación de la supervisora Soberanes Zamora tiene todas las características de corrupción y de extorsión, pues si las docentes y directoras se niegan al pago de los servicios de supervisión, la funcionaria educativa remite información negativa del plantel y del personal docente.
No omito señalar que recientemente, las autoridades educativas de la entidad advirtieron al personal de inspección del Departamento de Educación Preescolar del Valle de México que es gratuito el servicio de supervisión que deben realizar los responsables sectoriales; y que por tanto "ningún trabajador en el desempeño de su función puede obtener beneficios adicionales".
La anterior advertencia consta en un documento emitido, al principio de este mes de septiembre, por la titular del Departamento de Educación Preescolar en el Valle de México, profesora María Teresa Aragón Cattar.
Empero, esa situación de corrupción se sigue presentando y esto no debe continuar, por lo que estamos solicitando la intervención del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, a fin que instruya al titular de la Secretaría de Educación de la entidad a investigar esos hechos inadmisibles y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes.
La solicitud para que el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, instruya a las autoridades competentes a que se investigue y, en su caso, se finquen las responsabilidades a los servidores públicos de la Secretaría de Educación de la entidad, se fundamenta en la Ley General de Educación, que estipula que las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios a las instituciones particulares, deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos de los cuales concedieron dichas autorizaciones y reconocimientos.
Por lo anteriormente fundado y motivado, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa, y con estricto apego al pacto federal, al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto a que instruya al titular de la Secretaria de Educación de la entidad, para que investigue el cobro ilegal de los servicios de supervisión escolar en las escuelas particulares de preescolar en el Valle de México. Asimismo, en caso de comprobarse la comisión de cualquier ilícito, proceda al fincamiento de responsabilidades correspondientes.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2006
Diputada Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE CREAR UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE ACCESO AL AGUA Y LA PROTECCIÓN DE AMBIENTES ACUÁTICOS, A CARGO DE LA DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los que suscriben, diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios de la LX Legislatura, someten a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo para la defensa de los derechos sociales del acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, con base en los siguientes
Considerandos
Primero. Que dada la importancia de la situación que impera en torno a la salvaguardia de los recursos hídricos y el acceso a los servicios hidráulicos de la población en general resulta impostergable que el Legislativo acuda en defensa de los derechos sociales que involucran la disponibilidad de agua necesaria tanto en cantidad como en calidad para el desarrollo de las actividades humanas y la vida misma de todas las especies que habitamos este planeta.
Segundo. Que el discurso que está permeando en los gobiernos del orbe surge del enorme empuje que han tenido las compañías trasnacionales del agua, que disimulan con sus cumbres mundiales del agua, por adueñarse de este recurso. Recordemos que la Organización Mundial del Agua no proviene de la sociedad civil, ya que su inclusión es minoritaria y en múltiples casos creadas o subvencionadas con recursos de estas trasnacionales, toda vez que la mayoría la componen empresas privadas que se dedican al manejo del agua y que tienen interés por la apertura del sector hidráulico a la iniciativa privada. Resalta el hecho de que el actual director de la Organización Mundial del Agua pertenece a la empresa francesa Agua de Lyon. Incluso, las empresas francesas junto con las empresas inglesas controlan el 70 por ciento del mercado privado de los recursos hidráulicos a nivel mundial.
Tercero. Que en México, empresas como Vivendi, Thames Water y Suez se han aliado con los grandes consorcios mexicanos como Tribasa, Peñoles e ICA y están presionando al gobierno mexicano para que existan mayores concesiones (privatizaciones) para el manejo y gestión del agua. Asimismo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, organismos que han aportado importantes recursos para la realización de los foros mundiales del agua, tienen dentro de sus objetivos la eliminación gradual de subsidios al vital líquido y la entrada del capital privado a la gestión del agua entre otras de sus prioridades.
Cuarto. Que en la mayoría de los casos, estas políticas provenientes allende nuestras fronteras, lejos de resolver los problemas de acceso al agua y al saneamiento, tienden a excluir a los grupos más vulnerables, al convertir en mercancías servicios esenciales cuya provisión históricamente ha sido considerada una obligación del Estado mexicano y su acceso, un derecho social de carácter universal.
Quinto. Que resulta de enorme preocupación la insistencia de los empresarios del agua sobre la exigencia para que el gobierno prometa la eliminación de los subsidios al consumo de agua de uso doméstico así como el que reciben los agricultores del país, resumiéndose en una afrenta de consecuencias insospechadas en detrimento de la población más necesitada.
Sexto. Que los empresarios del agua y el saneamiento, sin ton ni son, han sido claros en sus pretensiones: modificar las políticas federal, estatales y municipales basadas en la legislación vigente porque, según estos paladines del mañana, "cuando los sistemas consiguen autonomía, logran tener su propio sistema de operación, sin injerencias políticas, es cuando logramos tener muy buenos resultados". De tal suerte surgen importantísimos cuestionamientos que el Legislativo debe responder: ¿resultados benéficos para quién? Si el Estado mexicano se desobliga de una de sus funciones primordiales, incluso sustentadas en nuestra Carta Magna, ¿qué se podría esperar cuando sean el mercado y sus empresas las que decidan cuánta agua debemos consumir, en qué condiciones y qué calidades se recibirían? ¿Qué pasaría con el agro mexicano, de por sí ya tan vapuleado que ha sido por las reformas neoliberales? ¿De quién dependerían los campesinos y productores de básicos para desarrollar sus cultivos?
Séptimo. Que recientemente hemos escuchado las campañas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en las que se señala la necesidad de poner un mayor valor al agua en términos monetarios. Con el pretexto de que existe un gran rezago en términos de infraestructura hidráulica el gobierno federal está apostando a las concesiones en el manejo del agua. Esto también lo podemos constatar en la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales por parte de la LIX Legislatura, cuyos cambios facilitaron la concesión de la gestión del agua en los tres niveles de gobierno.
Octavo. Que podemos confirmar que las concesiones que el actual gobierno ha otorgado a las empresas embotelladoras de agua se han triplicado en los últimos cinco años. Estas concesiones o privatizaciones casualmente se han otorgado en un gran número a subsidiarias de la empresa FEMSA-Coca Cola y a la empresa Nestlé. Nuestro país se ha convertido en el segundo consumidor de botellas de agua en el mundo, después de Italia. A esto tenemos que agregar la gran cantidad de residuos que esta situación está generando. El residuo más abundante de nuestro país es actualmente el PET. Además, los productores mexicanos de este plástico duplicarán su producción con las nuevas plantas que se abrirán en el norte del país y en los Estados Unidos, con el fin de cubrir la demanda del consumo del agua en nuestro país.
Noveno. Que la gran embotelladora mundial está incluso afectando nuestras áreas protegidas como lo es el caso del Cerro Huitepec en Chiapas, donde, en contubernio con organizaciones no gubernamentales que financia, se aprobó el año pasado la explotación de las aguas del subsuelo para las necesidades industriales que requiere dicha empresa, en detrimento de la conservación ambiental. Este es un claro ejemplo de la ineficacia de los instrumentos de política y legislación ambiental, como los ordenamientos territoriales y los programas de manejo frente a las estrategias de cambio en la normatividad ambiental, para hacerlas más laxas o inaplicables en los casos donde exista inversión privada nacional y extranjera. Es decir, cómo el discurso ambiental gubernamental pretende presentarnos una forma de supuesta protección ambiental cuando en la realidad se preocupa por derribar las barreras legales para beneficiar al capital.
Décimo. Que vemos también con preocupación que esta Cámara de Diputados no haya avanzado en la pasada Legislatura en dictaminar diversas iniciativas presentadas para reconocer la constitucionalidad y legalidad del acceso y disponibilidad de este recurso, como un derecho social y una forma de apropiación cultural. Este reconocimiento garantiza que todo individuo o grupos de la sociedad tengan acceso al agua, independientemente de su nivel socioeconómico, privilegiándose a los sectores de más bajos ingresos. Aquí es donde las autoridades operadoras de este recurso tienen que poner el énfasis y asumir su responsabilidad.
Undécimo. Que ante todas estas evidencias consideramos que se vuelve prioritario dar un giro para sentar las bases jurídicas que reconozcan el acceso y disponibilidad del agua, inicialmente como un recurso de interés social, pero además como un derecho social y cultural de acceso equitativo, fomentando la protección de los entornos ambientales que sustentan la producción de agua.
Duodécimo. Que los ayuntamientos tienen el inalienable derecho a -según establece la fracción III del artículo 115 constitucional, así como el Distrito Federal, conforme a lo estipulado en el artículo 122- tener a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales, que debe prevalecer y fortalecerse incluso mediante mecanismos presupuestarios para que puedan desarrollar esta facultad constitucional y no como pretenden los empresarios a quienes el gobierno actual ha pretendido cumplir sus cartas navideñas, como eliminar este precepto constitucional y otorgárselo a ellos.
Decimotercero. Que aunado a la problemática anteriormente descrita, se torna impostergable analizar, diagnosticar y proponer medidas jurídicas más eficaces en torno a la protección de nuestros recursos hídricos, velando en todo momento por su protección y conservación, ya que el empecinamiento de los actuales funcionarios ha promovido el decremento de los humedales mexicanos, muchos de ellos considerados bajo la Convención Ramsar como de importancia mundial. La retrógrada modificación a la norma oficial mexicana 022 sobre humedales que permite su destrucción cuando impere la inversión privada es una clara afrenta a la sociedad conservacionista mexicana y a la viabilidad misma de las comunidades que dependen de estos humedales para evitar desastres.
En tal sentido, y con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se aboca a trabajar en la defensa de los derechos sociales y defensa del régimen constitucional vigente para proteger el uso social del agua, su acceso y la subsidiariedad en el costo de los servicios públicos.
Segundo. Se solicita a los ayuntamientos y al Gobierno del Distrito Federal, en el marco de sus respectivas competencias, que protejan los derechos sociales de acceso al agua en calidad y cantidad suficientes y la subsidiariedad en el costo de los servicios públicos hidráulicos, encaminados a la protección de los grupos sociales menos favorecidos económicamente; protegiendo el valor cultural que se tiene del agua y ver este recurso, antes que como un valor mercantil, como un recurso social y cultural.
Tercero. Conminamos a los empresarios del agua y servicios hidráulicos a contenerse de seguir buscando cambios constitucionales y jurídicos que les otorguen el manejo de este recurso de manera total, ya que, contrariamente, sus acciones significarían una afrenta de lesa humanidad.
Cuarta. La Cámara de Diputados se pronuncia por la creación de una Comisión Especial para la defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos, que se abocará al estudio, análisis y recomendación en torno, entre otras, a las siguientes materias:
b) Aplicar todas las medidas a su disposición para conminar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a regresar a la disposición original de la NOM 022, que protege los humedales, en las que se evite su destrucción ante causas de inversión privada; así como instaurar con la mayor brevedad una consulta nacional pública en dos sentidos: el primero en función de la instauración de la garantía constitucional al acceso y disponibilidad de toda persona al agua y sus servicios; y el segundo sobre protección de humedales y demás recursos acuáticos, costeros y marinos.
c) Formular modificaciones constitucionales y legales para el reconocimiento del derecho de toda persona al acceso y disponibilidad del agua para su desarrollo y bienestar.
d) Defender el interés social del acceso y disponibilidad al agua frente al interés privatizador del recurso.
e) Involucrarse en la solución de los problemas sociales derivados de los proyectos y desarrollos de infraestructura, principalmente los casos relacionados con los proyectos hidroeléctricos, tales como los de La Parota, en Guerrero; Arcediano, en Jalisco; y El Cajón, en Nayarit; el abastecimiento de aguas en la región mazahua como parte del sistema Cutzamala; Tepeaca Tecamachalco, en Puebla; San Miguel y Santo Tomás Ajusco; las comunidades de San Juan Jaltepec y Yaveo, en Oaxaca; la urbanización masiva en Claco y Cocotitlan; la construcción de la gasolinera encima del pozo de abasto para consumo humano en Cuautla, Morelos, y demás que se le presenten a esta comisión especial.
f) Analizar y proponer los requerimientos presupuestales que sirvan tanto para el diseño de estrategias de solución de los problemas más evidentes y coadyuvar en la actualización de las legislaciones estatales y los reglamentos municipales. Ninguna alza de tarifas debe de realizarse sin contar con la debida justificación suficiente y sin que se reconozca la situación económica de la población.
g) Evitar las modificaciones legales y normativas en torno a los instrumentos de ordenación territorial y ecológica, en detrimento de los espacios protegidos y para fomentar inversiones que afecten los sistemas ecológicos frágiles en todo el territorio nacional, ya que de ellos dependen la generación de agua para el consumo humano futuro.
h) Instrumentar modificaciones jurídicas para limitar la producción de envases destinados a la industria refresquera y de agua potable, fundamentalmente de PET, así como establecer los mercados de depósito-retorno de envases retornables, de manera que se evite una mayor producción de residuos sólidos, así como generar una cultura la reutilización de envases.
i) Ampliar la perspectiva en el uso de tecnologías alternas de beneficio ambiental, así como medios más eficientes de corresponsabilidad social en este rubro, como la autogestión del agua, es decir, captación pluvial, filtros caseros, riego por goteo, baños secos, ecotecnias, entre otros.
j) Reforzar las medidas jurídicas para proteger los ecosistemas acuáticos, costeros y marinos.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de octubre de 2006.
Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SAGARPA A REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS CON OBJETO DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE INCLUYAN RECURSOS DIRIGIDOS A APOYAR EL CULTIVO, LA COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DEL NOPAL EN EL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El cultivo del nopal se registra de manera principal en zonas del país económicamente deprimidas, siendo por lo general la base del sustento de un amplio sector de la población. La producción de nopal se puede y debe vincular con los programas de reconversión productiva, lo que permitiría al producto ser destinado a un proceso industrial.
La siembra del nopal es en si misma un importante factor para la conservación de los suelos y preservación del ambiente, con la característica de requerir baja cantidad de agua y su tolerancia a condiciones adversas de clima, cuyo cultivo se localiza en las regiones áridas y semiáridas, que abarcan más de 52.0 por ciento del territorial nacional.
En la actualidad, los productores de nopal se sitúan en 27 entidades federativas del país, destacando el Distrito Federal y los estados de México, Morelos, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Hidalgo y Puebla, que aportan casi 95.0 por ciento de la producción nacional, que en 2004 alcanzó un valor de mil 200 millones de pesos.
No debe soslayarse la importancia que adquiere el nopal mexicano en los mercados internacionales: representa 90 por ciento de las exportaciones de nopal verdura, principalmente al mercado que constituyen los residentes de origen mexicano en Estados Unidos.
Sin embargo, el cultivo del nopal no ha sido objeto de atención adecuada por parte de las autoridades del sector, lo cual exige que se hagan explícitos los apoyos que se otorgan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en los hechos ser tratado con el esquema de sistema-producto, como se aplica al maíz y el frijol.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, la Cámara de Diputados aprobó, en el Anexo 17, "Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable", 39.6 millones de pesos para el apoyo de la competitividad del maguey y del nopal.
En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2005, la Sagarpa no reporta autorización sobre el apoyo de la competitividad del maguey y del nopal. Sin embargo, en el anuario estadístico de la producción agrícola se registra que, a escala nacional, considerando los periodos de riego y temporal, la producción de nopal tuvo un comportamiento al alza durante el periodo 1995-2004, con una tasa de crecimiento de 37.2 por ciento en la superficie sembrada, de 57.5 de la superficie cosechada y de 106.2 por ciento en la producción. Asimismo, el rendimiento promedio nacional se ha elevado de 46.4 a 60.7 toneladas por hectárea.
En el anexo 3, "Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable", del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 se señala la autorización de 25.0 millones de pesos para el apoyo a la competitividad del nopal en el Ramo 08, "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación".
De esa manera, el decreto referido indica que los productos agroindustriales (como copra, hule natural, henequén, palma de aceite, maguey y nopal) serán objeto de atención a través del Programa de Apoyo a la Competitividad de las Ramas Productivas, a fin de fortalecer la integración de las cadenas productivas e impulsar la competitividad de todos los eslabones de la cadena productiva que permitan a la rama de producción participar con suficiencia en los mercados nacionales e internacionales e incluir la participación del productor primario en todos los eslabones de la cadena productiva.
Para tales efectos, la Secretaría de Agricultura firmará convenios con los consejos y comités del sistema producto correspondientes para el ejercicio y seguimiento de los recursos presupuestales asignados a los programas de que son beneficiarios.
Esto es, se observa una contradicción entre lo dispuesto en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 y los tomos presupuestales que lo integran, dado que la asignación de recursos para el apoyo del nopal, contenida en el anexo 3 del decreto, no se le otorga clave presupuestaria en los referidos tomos, por lo cual se requiere desagregar la información para transparentar y brindar certidumbre a los productores agropecuarios.
Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo los estudios técnicos necesarios para incluir una partida presupuestal etiquetada, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, que canalice de manera directa recursos a efecto de apoyar el cultivo, la comercialización e industrialización del nopal en el país.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a promover y ampliar sus acciones de apoyo de la producción de nopal e impulsar una cultura empresarial con carácter social que diversifique las actividades económicas vinculadas con este producto.
Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SEMARNAT A REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS CON OBJETO DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE INCLUYAN RECURSOS DIRIGIDOS AL RESCATE DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, la Cámara de Diputados aprobó, en su Anexo 17 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 30.0 millones de pesos para la Restauración de suelos y agua en la zona sujeta a conservación ecológica Xochimilco, Distrito Federal y 99.0 millones de pesos para el Programa Recuperación de Suelo Conservación DF (Semarnat).
Derivado de lo anterior, en el 2005, la Semarnat y el Gobierno del Distrito Federal suscribieron un convenio de coordinación que tiene por objeto establecer las bases institucionales en el sector ambiental, a fin de llevar a cabo proyectos, obras y acciones en el marco del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.
En el convenio se dispone que la Semarnat transferirá los recursos financieros autorizados al Gobierno del Distrito Federal a través de la partida 4209 para atender los Programas mencionados, los cuales serán ejecutados por las delegaciones y serán aplicados a proyectos, obras y acciones que rescaten y salvaguarden el suelo de conservación.
De esta manera, la Semarnat transfirió al Gobierno del Distrito Federal, hasta 94.8 millones de pesos al amparo del Programa de Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito Federal, con recursos para las 7 delegaciones que cuentan con suelo de conservación (Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlahuac, Tlalpan y Xochimilco), y 22.0 millones de pesos para los proyectos aprobados conforme al Programa de Restauración de Suelo y Agua de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica de Xochimilco.
Cabe señalar, que en el convenio indicado se establece que "Por tratarse de programas nuevos y sólo por esta ocasión, la distribución de recursos se conviene se haga de manera equitativa entre las delegaciones participantes excepto para el de Restauración de suelo y agua de la zona sujeta a conservación ecológica de Xochimilco, en virtud de que los recursos a dicho programa están asignados específicamente a la delegación Xochimilco", esto es, su ámbito de aplicación se circunscribió al ejercicio fiscal 2005, cuando la problemática de la reserva ecológica de la ciudad requiere de acciones de corto, mediano y largo plazo.
Por ello, en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 se consigna una autorización global de 440.2 millones de pesos para Restauración de suelos y agua en el Ramo 16 Medio ambiente y recursos naturales. Esto es, en la asignación de recursos no se desagregan las autorizaciones por entidad federativa y conceptos, siendo el caso concreto el del Distrito Federal cuando en el 2005 se aprobaron montos específicos para la Restauración de suelos y agua en la zona sujeta a conservación ecológica Xochimilco, DF y para el programa Recuperación de suelo de Conservación DF (Semarnat).
En este tenor, se debe considerar que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece la concurrencia entre la federación, los estados y los municipios en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, determinando que la Semarnat deberá apoyar técnicamente la formulación y la ejecución de los programas de ordenamiento ecológico del territorio en sus modalidades regional y local, y faculta a los gobiernos de los estados para formular y expedir ordenamientos ecológicos del territorio regionales que abarquen la totalidad o parte del territorio de una entidad federativa.
En consecuencia, la presente proposición no pretende, en ningún sentido, limitar las facultades que le asigna la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable a la Semarnat, como es el de formular y conducir la política nacional de desarrollo forestal sustentable y asegurar su congruencia con la política ambiental y de recursos naturales, así como las relacionadas con el desarrollo rural, respetando el conocimiento de la naturaleza, cultura y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas y su participación directa en la elaboración y ejecución de los programas forestales en las áreas que habitan.
Por el contrario, la transparencia en la asignación de recursos a las entidades federativas, para la conservación y restauración de sus áreas ecológicas, resulta fundamental para asegurar que la concurrencia de acciones de los tres niveles de gobierno sea efectiva, más aún, cuando en el Distrito Federal se requiere, de manera urgente, revertir las tendencias de degradación de su territorio.
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar los estudios técnicos convenientes para crear una partida presupuestal específica que se refleje en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, e identifique y otorgue recursos para la Restauración de suelos y agua en la zona sujeta a conservación ecológica Xochimilco, Distrito Federal y para el programa Recuperación de suelo conservación DF (Semarnat).
Segundo. Se solicita a la Semarnat informe a esta soberanía, en un término de 30 días naturales, respecto a los montos y acciones llevadas a cabo durante el ejercicio fiscal 2006, para apoyar la Restauración de suelos y agua en la zona sujeta a conservación ecológica Xochimilco, Distrito Federal y para el programa Recuperación de suelo conservación DF (Semarnat).
Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA QUE TENGA A BIEN FORMULAR EXCITATIVA AL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE DICTAMINE LA INICIATIVA QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 36 BIS Y 36 TER DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, A CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMACHO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que formule excitativa al honorable Senado de la República, con base en las siguientes
Consideraciones
El 7 de diciembre de 2004, la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una iniciativa que adiciona los artículos 36 Bis y 36 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura.
El 28 de abril del 2005, las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura sometieron a consideración del Pleno el dictamen en sentido positivo de dicha iniciativa, el cual fue aprobado en la Cámara de Diputados con 343 votos en pro y 5 abstenciones. En consecuencia, se turnó a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.
Cabe señalar que el dictamen favorable de la iniciativa de ley enumera los siguientes aspectos:
2. Ofrecer una perspectiva histórica sobre el surgimiento de esta convención, diferente de la convención que establece los sitios y zonas patrimonio cultural de la humanidad.
3. Garantizar la preservación, conservación e inversión en infraestructura y servicios de las ciudades mexicanas inscritas en esta convención, para lo cual se asignará un financiamiento específico que no podrá reducirse en términos reales en los ejercicios fiscales futuros.
4. Determinar el uso de los recursos financieros que no podrán aplicarse a ningún otro fin que en sujeción a los criterios que determina en servicios y obras de las ciudades patrimonio mundial la Asociación de Ciudades Patrimonio Mundial y la UNESCO. Tales recursos sean propios o se negocien con la federación, los gobiernos estatales, municipales o por medio instituciones financieras o culturales nacionales o internacionales.
Punto de Acuerdo
Único. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remite a la Mesa Directiva del Senado de la República del honorable Congreso de la Unión excitativa presentada por el diputado Alejandro Sánchez Camacho para que sea dictaminada la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 36 Bis y 36 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, presentada el 7 de diciembre de 2004 por la diputada Nancy Cárdenas Sánchez.
Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO DAVID MENDOZA ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
El 15 de noviembre de 2000 la LVIII Legislatura publicó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara para la integración de la Comisión Especial para la reforma del Estado, que se instaló el 6 de diciembre de aquel año y trabajó hasta el término de la legislatura. En noviembre de 2003 se presentó ante el pleno de esta Cámara la proposición con punto de acuerdo para reinstalar la Comisión Especial para la reforma del Estado durante la LIX Legislatura, para apoyar las reformas constitucionales y legales para lo que en su momento se pensó sería la consolidación del proceso de transición a la democracia en México.
Tras la alternancia del año 2000 en la titularidad del Poder Ejecutivo federal, supusimos que entraríamos de lleno en un proceso para modificar los fundamentos del régimen autoritario, haciendo las reformas necesarias al marco constitucional para despojar a la presidencia de sus facultades discrecionales y hacerla en consecuencia una presidencia equilibrada con el resto de los poderes, moderna, democrática; al tiempo en que se irían fortaleciendo los otros dos poderes. Donde el espacio plural del Congreso de la Unión equilibrara a aquél y en donde se discutieran la necesidad de cambiar distintas piezas legislativas en torno al marco normativo que deberían de acatar las diversas instituciones del Estado y/o actividades de particulares en el marco de un país incipientemente democrático y marcadamente plural, con una agenda amplísima de temas por abordar y necesidades por satisfacer.
El balance de la reforma del Estado en la legislatura inmediata anterior es magro, a pesar de ello es posible reconocer algunos avances. Por ejemplo, en el ámbito de la reforma del Congreso fue posible la ampliación del segundo periodo legislativo, el mandato para construir una agenda legislativa común, se logró adelantar la fecha de presentación del paquete económico y por tanto se amplió el periodo para el análisis de la propuesta del Ejecutivo de Ley de Ingresos, del presupuesto de egresos de la federación y de la miscelánea fiscal. También se crearon centros de investigación especializados en la Cámara de Diputados para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género y para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.
Se avanzó también en conferir autonomía al INEGI; la agencia de noticias del Estado también adquirió la calidad de órgano autónomo; se creó la Ley de Transparencia y acceso a la información que da vida al IFAI, que es el mayor avance de este periodo por su implicación y su alcance potencial a futuro; finalmente se instrumentó -con limitaciones- el voto de los mexicanos en el exterior.
Quedan aún pendientes la nueva generación de reformas electorales; profundizar la reforma al Congreso para dotar a este poder de elementos sustantivos de conducción parlamentaria en los asuntos que afectan cotidianamente a los ciudadanos; reformas a las instituciones de administración y procuración de justicia.
Persiste la necesidad de seguir la lucha por la transformación democrática del Estado mexicano y de mantener estos espacios de deliberación y elaboración, retomar el trabajo para procesar las iniciativas que en torno a estos temas existen ya en el seno de esta Cámara y así tratar de avanzar con mayor fuerza y con mayor celeridad en la agenda pendiente para la reforma del Estado.
No desaprovechemos la oportunidad de asumir la responsabilidad de hacer una patria justa, democrática y soberana para todos, los costos de no hacerlo aquí, en el único lugar legítimo con que cuenta la república, serán siempre infinitamente mayores a los costos que en lo particular tendríamos que soportar por hacer lo que estamos llamados a hacer.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en el artículo 42, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para la reforma del Estado de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LX Legislatura, encargada de coadyuvar, dar seguimiento y retomar en el ámbito de las competencias del Poder Legislativo federal, las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo encaminadas a proponer cambios en el régimen político del país y sus instituciones.
Segundo. La Comisión Especial para la reforma del Estado estará integrada por diputados y diputadas, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, su presidencia será rotatoria entre los tres grupos parlamentarios más numerosos de suerte que cada uno presida un año el ejercicio de esta comisión especial y cada grupo parlamentario que no ocupe la presidencia contará con un secretario; y funcionará por el término de la LX Legislatura del Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2006.
Diputado David Mendoza Arellano
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARICELA CONTRERAS JULIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), y 42, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, diputadas y diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión sometemos a consideración y aprobación del Pleno de la honorable Cámara de Diputados punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Datos del UNICEF revelan que millones de niñas y de niños son víctimas de graves formas de explotación, discriminación y abuso en el mundo. Se calcula que alrededor de 1 millón de menores de edad son víctimas de las redes del multimillonario comercio sexual, víctimas de la degradación y sometidos a un riesgo que amenaza su vida.
Nuestro país está entre los primeros 28 países y el quinto en Latinoamérica en el que las bandas de traficantes de personas "enganchan" a más víctimas, que en su mayoría son destinadas a explotación sexual comercial y el trabajo forzado, según reportó en abril pasado la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Asimismo, el organismo identificó 127 países de origen, 98 de tránsito y 137 de destino de las víctimas de trata, con distintos grados de participación: muy alta, alta, media, baja y muy baja. México está con la calificación "alta" como origen de personas traficadas.
2. Los artículos 34 y 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño establecen que los gobiernos deben proteger a las niñas y a los niños de todas las formas de explotación y abuso sexuales y tomar todas las medidas posibles para asegurar que no se les secuestre, se les venda o se trafique con ellos.
El Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía sirve de complemento a la convención, pues exige a los Estados una serie de requisitos precisos para poner fin a la explotación y el abuso sexuales de la infancia. Establece una protección a las niñas y los niños con relación a la venta con objetivos no sexuales -por ejemplo, otras formas de trabajo forzado, adopciones ilegales o donación de órganos.
México, al adoptar tanto el protocolo como la convención, debe proporcionar todas las garantías necesarias para que las niñas y los niños se desenvuelvan en un ambiente propicio que les garantice su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad.
3. En esta legislatura debemos ser tajantes contra el abuso de menores de edad y luchar por identificar a quienes participan en las redes e incidir para que se aplique con rigor la ley y el perfeccionamiento del marco legal, para acabar con la impunidad que ha minado gran parte del sistema de procuración e impartición de justicia.
La existencia de abusos sexuales contra niñas y niños en la iglesia católica es ya un hecho innegable. En México, casi 30 por ciento de los 14 mil sacerdotes católicos cometen algún tipo de abuso sexual con su feligresía. El Departamento de Investigaciones sobre Abusos Religiosos registró de 1993 a 2004 un total de 250 denuncias; a pesar de ello, el mismo estudio señala la estimación de que esas cifras sólo representan 10 por ciento de los abusos cometidos por líderes religiosos.
Recordemos los casos del padre Maciel, quien en 1998 fue acusado formalmente por un grupo de ex legionarios de Cristo, quienes sostienen que fueron abusados sexualmente cuando eran adolescentes; el Vaticano lo absolvió. Con posterior a ello las víctimas informan ante la opinión pública dichos delitos, sin que hasta la fecha se haya ejercido justicia alguna para las víctimas, ahora adultos.
Otro ejemplo es el caso del sacerdote católico Juan Aguilar, de Puebla, acusado penalmente desde 1997 de abusar sexualmente de 60 niñas y niños que estudiaban catecismo. En el mismo caso, de acuerdo con una investigación realizada por la revista Proceso, a finales de los años ochenta Norberto Rivera Carrera, entonces obispo de la diócesis de Puebla, en presunta complicidad con el cardenal Roger Mahony, arzobispo de Los Ángeles, California, protegió a Nicolás Aguilar Rivera (antes mencionado) tanto en Estados Unidos como en México.
Por otro lado, recordemos la detención en Estados Unidos y posterior extradición a México de Jean Succar Kuri, bajo la acusación de tener una red de prostitución infantil en Cancún, Quintana Roo, que se extiende por el caribe mexicano, donde el turismo sexual con menores es una actividad delictiva en auge.
Asimismo, no podemos negar la existencia de las redes; se extienden a ciudades, en especial las fronterizas y varios centros turísticos, donde ofrecen además a niñas y a niños como parte del turismo sexual. Más de 40 páginas de Internet señalan a México como "sitio ideal", de acuerdo con el Centro de Investigaciones Sociales.
La Cámara de Diputados no debe convertirse en cómplice y sí en el garante del respeto de un justo estado de derecho. No podemos permitir que la impartición de justicia esté consignada sólo en el papel. Debemos impulsar para que las investigaciones judiciales que se realizan sean imparciales y ajustadas a derecho, buscando en este caso justicia para las niñas, los niños y los adolescentes que han sido víctimas, velando siempre por el interés superior de nuestras niñas y niños.
Por lo anterior, y sabedores de que no podemos quedarnos con las manos cruzadas, llamamos a su conciencia para formar la comisión especial encargada de dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura encargada de dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.
El objeto de la comisión especial será el que se deriva de su denominación.
La comisión especial atenderá las proposiciones que se realicen por esta soberanía en materia de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.
Esta comisión especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.
Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño.
Segundo. La comisión especial estará integrada por 30 legisladores, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de los diputados.
Tercero. La comisión especial contará con un plazo suficiente para efectuar sus trabajos y deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Cuarta. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2006.
Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIAS, A CARGO DE LA DIPUTADA AURORA CERVANTES RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución al tenor de los siguientes
Antecedentes
El martes 7 de octubre del 2003, diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios de la LIX Legislatura sometieron a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para solicitar la creación de la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias, que fue turnado a la Junta de Coordinación Política.
El 17 de marzo del 2004, la Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emitió un acuerdo en el que aprueba la constitución de la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias con el objeto de garantizar la transversalidad de la legislación federal en función del reconocimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, y lograr la protección, prevención, promoción y participación de sus derechos, fijándosele una vigencia al 30 de abril del 2006.
La comisión se integró por veintidós miembros propuestos por los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, y de Convergencia, de manera proporcional.
Para el cumplimiento de su objetivo, se le facultó para allegarse de la información que considerase pertinente, así como para reunirse con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles y sociales, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales acordes con su objetivo, así como a desempeñar cualquier otra acción que contribuyese a su cumplimiento.
El 28 de febrero del 2005, la diputada Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, en nombre de las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias, presentó a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando una fracción XXIII y estableciendo como comisión ordinaria la Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias.
Consideraciones
Sin los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes no hay derechos humanos. El concepto de "niño" ha sido definido por la Convención sobre los Derechos del Niño como "todo ser humano menor de dieciocho años de edad" que goza de una gama plena de derechos y además de específicas medidas de protección debido a su condición especial.
Los derechos de la niñez tienen por objeto la protección integral del ser humano hasta que alcance la capacidad de obrar, que se inicia con la mayoría de edad, para integrarle armónica y plenamente en la convivencia social.
El reconocimiento, adecuación y armonización a nuestro ordenamiento legal de los tratados internacionales, es una obligación para nuestro país y representa un avance en el cumplimiento de los compromisos que como Estado y como sociedad tenemos a favor de los derechos humanos y en este caso con los derechos de la niñez.
No obstante, muchos niños viven en situación de calle, son víctimas de la delincuencia, de la pobreza, del trabajo infantil, de la prostitución forzada y del tráfico de órganos, y en otras ocasiones son huérfanos del sida, refugiados o desplazados. En particular, las niñas son aún más vulnerables y, sobre todo, son objeto de tratos discriminatorios intencionados o víctimas de abusos. Estas condiciones afectan negativamente su formación, provocan abandono escolar, daños psicológicos, daños físicos o incluso la muerte.
Según cifras de las Naciones Unidas proporcionadas en el año 2005, uno de cada 12 niños o jóvenes menores de 18 años trabaja en el mundo bajo las peores formas de explotación, el 97 por ciento de ellos se halla en los países pobres o en desarrollo; mil millones de niños y niñas se encuentran arruinados por la pobreza; 640 millones de niños y niñas de los países en desarrollo sufren una privación grave de vivienda; en la década de los noventa alrededor de 20 millones de niños y niñas se vieron forzados a abandonar sus hogares, debido a los conflictos o a violaciones de los derechos humanos, y en el año 2003 15 millones de menores de 18 años habían quedado huérfanos a causa del VIH/sida.
La gama que comprende los derechos de los niños y las niñas es amplia, pero entre ellos podemos citar algunos: el derecho a la salud, a la educación, a tener una vivienda digna, una vida libre de violencia, a ser protegidos, a tener un nombre, a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos, a tener una familia, a tener una nacionalidad, a expresar libremente su opinión, a tener libertad de pensamiento, conciencia y religión, a ser adoptados, a ser asistidos en caso de impedimento físico y mental, a tener un nivel de vida adecuado y a recibir pensión alimenticia, al descanso y al juego, a la no explotación económica, a ser protegido contra todas las formas de explotación y abuso sexual, a tener protección contra la discriminación.
La defensa por los derechos de los niños y las niñas no corresponde sólo al ámbito de derecho interno, con la firma de tratados y declaraciones internacionales se ha pretendido crear y organizar la conciencia mundial de la dignidad de la persona humana con todas sus consecuencias a fin de que a través de ellos se influya en la actuación e instituciones del Estado.
Gracias a acontecimientos como el primer Congreso Nacional -en nuestro país- sobre el Régimen Jurídico del Menor en 1973, y la instauración del año internacional del niño en 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas, en 1980 se reformó nuestra Constitución Política adicionando un párrafo al artículo 4o. constitucional, consagrando los derechos de la niñez al establecer el deber de los padres de velar por el derecho de los menores, y no fue sino hasta el año 2000 que contamos con su ley reglamentaria, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ardua ha sido la lucha que a nivel internacional por el reconocimiento y respeto a los derechos de los niños y las niñas, a través de la firma de tratados, sus antecedentes los encontramos en la Declaración de Ginebra de 1924, aprobada por la Sociedad de Naciones y en la que encontramos la primera declaración sistemática de los derechos de los niños y las niñas, y que contiene siete principios fundamentales referidos exclusivamente a los niños y las niñas, y revisada en 1946; la Carta de Organización de Naciones Unidas firmada en San Francisco, en 1945; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948; la Declaración de los Derechos del Niño, también conocida como Decálogo de los Derechos del Niño, de 1959; el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, 1966; el Pacto Internacional sobre Derechos Sociales y Culturales; la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. De estos instrumentos se derivan tratados que tutelan derechos en particular.
En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, los líderes del mundo convinieron en establecer objetivos y metas mesurables, con plazo al 2015, para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del ambiente y la discriminación contra la mujer. A estos objetivos y metas, que constituyen la esencia del programa mundial, se les denominó Objetivos de Desarrollo del Milenio. En ellos se fija reducir en dos terceras partes entre los años de 1990 y 2015, la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años, ya que según datos de la ONU, cada año mueren 11 millones de niños pequeños.
Nuestra obligación como Estado, de acatar los tratados internacionales que en materia de derechos humanos hemos firmado, se encuentra fundamentada en el artículo 133 constitucional, que nos da la pauta al señalar que "las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión"; si bien es cierto que no podemos aplicar dichos preceptos de manera directa, pues no contamos con un adecuado sistema jurídico, también es cierto que corresponde transitar en un proceso de armonización en el que las barreras entre los sistemas jurídicos tiendan a desaparecer e incorporen aquellas normas que ex profeso nuestro país se ha comprometido a cumplir.
Hemos avanzado, pero no lo suficiente y debemos continuar con lo hasta hoy logrado: "ni un paso atrás en el reconocimiento y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes".
La creación de la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias en la LIX Legislatura y sus acciones de trabajo nos dan la pauta a seguir, no podemos desestimar su trabajo y es nuestra obligación continuar con sus acciones, como la revisión del estado que guardan nuestras leyes federales, con la promoción de reformas, adiciones y derogaciones necesarias para adecuar nuestras leyes conforme a la Convención de los Derechos de los Niños y demás tratados internacionales, el seguimiento del trabajo de incorporación de la perspectiva de infancia en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la participación en reuniones tanto nacionales como internacionales relacionadas con la materia y con la organización de manera coordinada con el Senado de la República y demás instancias de la Administración Pública Federal y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia del Parlamento de las Niñas y los Niños de México, entre otras.
Sólo si trabajamos de manera integral y conjunta podremos cumplir con los compromisos internacionales y con la armonización de nuestra legislación, pero sobre todo con el presente de nuestros niños, niñas y adolescentes, quienes también representan el futuro de nuestro país, brindándoles un panorama de respeto a sus derechos humanos y leyes eficaces que les brinden seguridad jurídica en todos sus ámbitos.
Por ello, con fundamento en los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de la niñez, adolescencia y familias, cuyo objeto será garantizar la transversalidad de la legislación federal en función del reconocimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia y lograr la protección, prevención, promoción y participación de sus derechos.
Segundo. Dicha Comisión Especial se formará con 30 integrantes pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, que serán elegidos conforme a los criterios de pluralidad y proporcionalidad.
Tercero. La Comisión Especial subsistirá durante la presente legislatura, en tanto se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para constituirse en comisión ordinaria, conforme a la iniciativa presentada el 28 febrero de 2005.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2006.
Diputada Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica)
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