Iniciativas
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE QUINTERO BELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado federal por el estado de Jalisco, Jorge Quintero Bello, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 4o., 71, fracción II; 72 y 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Capítulo III, artículo 33, fracciones IV y VIII, de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
México vive actualmente un proceso de transición demográfica que se expresa en un drástico descenso en la tasa de mortalidad y una clara disminución del índice de natalidad, así como del número de hijos por mujer, ya que el promedio pasó de 6.5 hijos en 1970 a 2.16 en 2004, todo esto como consecuencia de la anticoncepción, los servicios de salud y la consolidación de una cultura de planificación familiar. No obstante, a pesar de todas estas políticas de salud reproductiva en términos amplios y una evidente disminución en la fecundidad, es un hecho que la población adolescente está presentando un gran porcentaje de embarazos.
En nuestro país cada año se registran más de 400 mil embarazos en mujeres adolescentes; es decir, de 100 partos diarios, 60 corresponden a adolescentes en edades de 13 a 19 años, siendo 320 mil de ellos no deseados. Así, a nivel nacional se calcula que entre el 17 y 20 por ciento de las mujeres que tienen un nacimiento son menores de 20 años, llegando hasta el 25 por ciento en algunos estados.
Según la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, el 92.5 por ciento de las y los adolescentes conocen al menos un método anticonceptivo, mientras que solamente alrededor del 60 por ciento de quienes ya tienen relaciones sexuales los usan. Esta brecha entre el conocimiento de las formas de anticoncepción y su uso efectivo para la prevención de embarazos a edad temprana ha sido materia de diversas investigaciones, mismas que han llegado a la conclusión de que en esta problemática concurren una serie de factores como los patrones culturales y los roles de género; las condiciones socioeconómicas de origen; las opciones de vida de los adolescentes en sus contextos sociales; y el marco valorativo vigente respecto a las relaciones sexuales premaritales.
Esto fue confirmado recientemente por el Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud al sostener que el bajo nivel socioeconómico en poblaciones marginadas, indígenas o rurales se relaciona con el hecho de que las mujeres suelan embarazarse a muy temprana edad por la desinformación respecto a los anticonceptivos o métodos de prevención, además que no todas tienen la oportunidad de asistir a la escuela.
En el mismo sentido, el Fondo de Población de las Naciones Unidas afirmó que está comprobado que la relación directa entre poca o baja escolaridad y escasos recursos con frecuencia da como resultado embarazo en las adolescentes y, al mismo tiempo, quienes tienen más educación se embarazan menos, o quienes tienen menor nivel adquisitivo tienen menor acceso a métodos anticonceptivos.
De esta forma la educación se convierte en un aspecto fundamental tanto para la prevención del embarazo temprano como para el apoyo a las madres adolescentes, ya que en ambos casos las coloca en posibilidades de tomar decisiones sobre su futuro y cuidar su salud, pero sobre todo, contribuye al mejoramiento de las oportunidades y expectativas de vida de estas jóvenes, así como de sus hijos.
La atención a este aspecto adquiere mayor relevancia si consideramos que el 33.9 por ciento de los hombres y 22.9 por ciento de las mujeres entre 12 y 19 años de edad declaran ya haber tenido relaciones sexuales, según datos de la Encuesta Nacional de Juventud 2005. Esto implica que alrededor de la tercera parte de los adolescentes ya ha iniciado su vida sexual, por lo que el periodo que va de la primera relación sexual al momento de la unión en pareja se acrecienta cada vez más y, con ello, el riesgo de un embarazo a edades tempranas.
En cuanto a la planeación familiar, la paternidad responsable y la educación sexual, la legislación mexicana contempla ya los elementos suficientes como para que las y los adolescentes cuenten con información adecuada y oportuna. Tal es el caso del artículo 7, fracción X, de la Ley General de Educación; la Ley General de Salud que especifica las actividades que deben realizarse en materia de planificación familiar, en cuanto a información y orientación educativa, poniendo especial énfasis en los adolescentes y los riesgos asociados al embarazo temprano; la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que plantea la prevención de embarazos tempranos; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que considera la impartición de educación en cuanto al conocimiento integral de la sexualidad, estipulando como conducta discriminatoria: "negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas"; el Estatuto orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que prevé programas y proyectos sobre el embarazo adolescente; y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud que contempla programas y cursos de orientación e información sobre educación sexual y salud reproductiva.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el nivel educativo juega un papel importante en el embarazo adolescente. La Encuesta Nacional de Juventud 2005 revela que para ambos sexos la edad entre los 15 y 17 años es crucial para la deserción educativa, pero resulta preocupante el comportamiento femenino, ya que en este mismo rango de edad, superan a los hombres en más de 10 por ciento, y se observa una disminución considerable hacia los 18 y 20 años.
Por tanto, si consideramos que a menor escolaridad mayor riesgo de embarazo y que la mayor parte de las jóvenes que se embarazaron en la adolescencia ya había abandonado sus estudios, resulta entonces clara la necesidad de promover el acceso y la permanencia de las jóvenes en el sistema escolar como un mecanismo de prevención.
A su vez, el embarazo conlleva en muchas ocasiones la deserción escolar de la joven. Esto limita sus posibilidades de desarrollo personal, sus oportunidades de un empleo mejor remunerado y, en consecuencia, la disminución de su calidad de vida y la de su hijo, sobre todo si se considera que muchas de ellas se convierten en madres solteras. Por tanto, la reincorporación de estas jóvenes al sistema educativo constituye, también en este caso, un factor fundamental para apoyar y brindar mayores oportunidades a las madres adolescentes y un mejor futuro para sus hijos.
En esta materia existen políticas públicas como las becas de Oportunidades, el Programa de Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas de la Secretaría de Educación Pública y el Programa de Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (Paidea) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Sin embargo, es preciso redoblar los esfuerzos y asegurar el apoyo a las mujeres adolescentes para su ingreso, permanencia o reinserción en el sistema educativo, ya que, por ejemplo, el Paidea prácticamente carece de recursos para su operación y aunque se ha incrementado el número de becas destinadas a mujeres por el programa Oportunidades, el incremento es muy reciente como para tener efectos claros en la brecha educativa y nada garantiza que no se revierta esta medida en el futuro, por lo que propongo que debe garantizarse a las adolescentes el otorgamiento de becas y apoyos económicos para que puedan tener las mismas oportunidades de desarrollo, coadyuvando así a la prevención de embarazos tempranos y evitando que las jóvenes que se embarazan abandonen sus estudios y puedan entonces tener mejores expectativas de vida para ellas y para sus hijos.
Por otra parte, es importante considerar que además del embarazo adolescente existen otros factores importantes que derivan en el abandono o interrupción de los estudios, entre ellos problemas económicos, familiares, de salud, etcétera. Por lo que si bien deben realizarse acciones particulares para prevenir el embarazo adolescente y que es principal motivo de presentar esta iniciativa, la legislación por su carácter general deber atender la problemática expuesta de manera integral, a fin de que el Estado brinde oportunidades a todas las mujeres para continuar y culminar su educación.
En este tenor de ideas, se justifica completamente que los programas dirigidos a abatir el abandono escolar y particularmente las becas educativas estén destinadas preferentemente a mujeres, por los efectos multiplicadores que genera en su desarrollo personal y familiar, como en el bienestar social del país, al contar con una población más educada que puede ejercer sus derechos y obligaciones con responsabilidad y avanzar en la consolidación de una democracia con equidad social.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IV y VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación.
Artículo Único. Se adiciona la fracción IV y VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:
I. a III. ...
IV. Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular, que faciliten la terminación de la educación preescolar, primaria y la secundaria, otorgando facilidades de acceso, permanencia y egreso a las mujeres;
V. a VII. ...
VIII. Desarrollarán programas con enfoque de género para otorgar becas y demás apoyos económicos a educandos;
IX. a XIII. ...
...
Transitorios
Artículo Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Artículo Segundo. Las autoridades educativas realizaran las acciones necesarias que permitan dar cumplimiento a lo que establece la fracción IV y VIII del artículo 33 de la presente ley a los 90 días de la entrada en vigor del presente decreto y presentaran un informe al respecto a las Comisiones de Educación y de Equidad y Género de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre del 2006.
Diputado Jorge Quintero Bello (rúbrica)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMARO CORONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Alberto Amaro Corona, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre de los diputados que integramos el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En diciembre de 1999 la honorable Cámara de Diputados autorizó la incorporación del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2000, con el propósito de realizar acciones relacionadas con infraestructura pública, esta propuesta tiene al mismo tiempo fundamento en las demandas de la Asociación Nacional de Gobernadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Los recursos del Ramo General 39: Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y de las regiones.
Desde su inicio hasta el 2002, este programa formó parte del Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas. En el 2003, dejó de ser un programa para obtener el estatus de Ramo General 39: Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Cabe señalar que en numerosas propuestas realizadas en el marco de la Convención Nacional Hacendaria, celebrada del mes de febrero a julio de 2004, se solicitaba que el PAFEF se convierta en un Fondo. Sabemos que la Convención fue un gran esfuerzo del Estado Mexicano con la finalidad de fortalecer el federalismo pero los objetivos y planteamientos se han quedado muy cortos o no se han cumplido.
Para el ejercicio fiscal 2000, los apoyos que los estados recibieron de la Federación a través del PAFEF, fueron del orden de 6 mil 870 millones de pesos, que se canalizaron para fortalecer el gasto en obra pública y para infraestructura educativa en los sistemas públicos de educación de las entidades federativas.
Para los ejercicios fiscales 2001 y 2002 se destinaron exclusivamente para saneamiento financiero de las entidades federativas; apoyo a sus sistemas de pensiones, prioritariamente a las reservas actuariales; así como a la inversión en la infraestructura de las entidades federativas.
Para el ejercicio fiscal 2003 los ingresos ascendieron a 30 mil 171 millones de pesos, lo que se canalizaron para el saneamiento financiero de las entidades federativas, inversión en infraestructura y para fiscalizar el gasto federalizado, aquí podemos observar con respecto al año 2000 un incremento de alrededor del 380 por ciento.
En materia de ejecución del PAFEF, para el ejercicio fiscal 2004, el Ejecutivo federal propuso un presupuesto para este ramo por 10 mil millones de pesos. Si la Cámara de Diputados hubiera aprobado esta propuesta, este ramo tendría una asignación presupuestal inferior en 7 mil millones de pesos, respecto al decreto de PEF para el ejercicio fiscal 2003. Su descenso en términos reales se preveía por el orden del 58.82 por ciento respecto al 2003. Finalmente la propuesta se autorizó con 49 mil millones de pesos, fruto de la presión de la Cámara de Diputados, observando con lo anterior que el ramo comenzaba a sentir un manejo político más que económico, por parte del Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados.
Posteriormente la H. Cámara de Diputados autorizó el PAFEF en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, con el propósito de fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y de las regiones, en materia de saneamiento financiero; inversión en infraestructura; apoyo a los sistemas de pensiones de las entidades federativas, prioritariamente las reservas actuariales; modernización de los catastros, con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación de contribuciones; la modernización de los sistemas de recaudación locales; fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; y sistemas de protección civil, aprueba recursos por el orden de 46 mil 580 millones de pesos, mostrando una disminución de aproximadamente 3 mil millones de pesos.
Con los datos de los últimos presupuestos de egresos observamos que la Cámara de Diputados ha autorizado el PAFEF con montos muy variantes. Para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, con propósitos muy similares a los años 2003, 2004 y 2005. Pero debemos observar una reducción drástica; por ejemplo en el 2004 se presupuestaron 49,500 millones, en el 2005, 46 mil 580 millones y como lo observamos en el 2006 se autoriza 22,500 millones.
Como podemos darnos cuenta el objetivo de PAFEF, conlleva al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales y los alcances de estos recursos deberían promover el federalismo hacendario. Sin embargo, tenemos casos en los cuales el PAFEF, se utiliza por parte de los gobiernos estatales con fines políticos y electorales lo que desafortunadamente rompe con el espíritu que creo este Ramo 39. De ahí nuestra preocupación de que este programa de aportación de recursos económicos cumpla con la idea de fortalecer el federalismo y, que la variable política no tenga porque ser el elemento de mayor influencia para la determinación del monto presupuestal a las entidades federativas, el Distrito federal y municipios. Si bien el PAFEF surge de las propuestas de los gobernadores, no se debe quedar ahí e ir más allá por lo que con la misma intención federalista es necesario que los recursos también lleguen a los municipios, de esto se desprende nuestra propuesta.
Por otra parte retomando el análisis anterior el comportamiento cuantitativo de los recursos observamos un comportamiento atípico puesto que del 2003 en comparación con el 2005 tiene un incremento de un 50% y del presupuesto 2005 al 2006 desminuye aproximadamente un 100%, en estos momentos observamos, que se prevé un crecimiento de casi un 100% para el 2007 porque la propuesta que se maneja oscila en el orden de 30 mil millones a diferencia del 2006 que es de 22,500 millones.
Estas someras consideraciones aunadas al sin número de controversias y debates que ha generado este Ramo 39, y con la intención de dar certidumbre, transparencia a los recursos públicos y al mismo tiempo retomando la propuesta de la Conago para que este ramo se fortalezca y beneficie a entidades federativas y a los municipios dando un gran avance al federalismo y fortalecimiento de las finazas públicas estatales y municipales. Lo anterior evitaría los "jaloneos" en la discusión presupuestal como se ha venido dando en los últimos años respecto a este ramo y que a discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda se afecte con recortes sin previo aviso, esta postura del Ejecutivo federal, va en detrimento a fortalecer el federalismo, prueba de ello es el recorte anunciado al PAFEF por parte de Hacienda.
Por lo anteriormente expuesto me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Primero: Se modifica el párrafo primero, la fracción I y el último párrafo del artículo 85 de La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Artículo 85.- Los recursos correspondientes al Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se integrarán anualmente al presupuesto considerando un equivalente del 0.25 por ciento de la recaudación federal participable. La distribución entre las entidades federativas se realizará de acuerdo con la proporción que resulte del reparto de las participaciones federales del año fiscal anterior al ejercicio presupuestal que corresponde. Los recursos se destinarán a:
I. A los municipios en cuando menos el 50 por ciento de los recursos transferidos los que se aplicarán en la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura vial primaria, agua potable y alcantarillado, salud, educación, cultura, recreación y deporte; conservación del medio ambiente y conservación ecológica; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura;
II. a VIII. ...
Los recursos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y de las regiones. Para este fin y con las mismas restricciones, las entidades federativas podrán convenir entre ellas o con el gobierno federal, la aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones en obra pública no prioritaria y de gasto corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las fracciones anteriores.
Artículos Transitorios
Primero. El Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas tendrá un incremento anual de un 0.01 punto porcentual durante 5 años de la Recaudación Federal Participable hasta llegar al 0.30 del mismo, dicho incremento del 0.01 porcentual se aplicará a partir del presupuesto de 2008.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006.
Diputado Alberto Amaro Corona (rúbrica)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DEL DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 y el artículo 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 3, 17, 39, 43, 44, 45, 46 y 50 de la Ley General de Desarrollo Social, para descentralizar los programas sociales a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.
Exposición de Motivos (Síntesis)
La presente iniciativa enfatiza, nuevamente, el imperativo de la descentralización de la vida nacional, motivo de cinco iniciativas que preceden a la que hoy presentamos. Se trata de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Desarrollo Social, para transferir las funciones ejecutoras que hoy son responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social, a los estados y a través de éstos a sus municipios. A la vez que el gobierno nacional mantiene la rectoría en la planeación y coordinación de las funciones concurrentes en materia de desarrollo regional y superación de la pobreza.
1. Contexto de las reformas para la descentralización
Hemos reiterado que el afán por descentralizar facultades y recursos a estados y municipios, trasciende la mera disputa, en sí misma natural, por el presupuesto entre los tres órdenes de gobierno. El tema adquiere hoy relevancia y prioridad en tanto que enfrentamos el riesgo de que resurjan tendencias concentradoras bajo el argumento de que los estados y los municipios no están preparados para hacer frente a los retos de su entorno y, más aún, de que no existen las condiciones jurídicas, institucionales y políticas para que ejerzan a plenitud sus facultades.
Por el contrario, la convicción que anima a las iniciativas presentadas y a la que hoy someto a su consideración; se sustentan en la confianza, en la solidaridad y la determinación de los pueblos y las comunidades para construir, desde la base misma de la sociedad, el futuro de la nación.
Una nueva etapa en la descentralización de las políticas públicas y de competencias y recursos debe considerar:
La redistribución de potestades tributarias entre la federación, los estados y los municipios.
La distribución equitativa de la recaudación federal participable.
La reforma al rubro de Aportaciones Federales (Ramo 33) para consolidar la descentralización de los servicios de educación y salud.
La ampliación sustantiva del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, incluyendo la participación de los municipios.
La inclusión del Programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el rubro de Aportaciones de la Ley de Coordinación Fiscal o al Ramo de participaciones federales.
La incorporación del Programa de Infraestructura para los Pueblos y Comunidades Indígenas al rubro de Aportaciones Federales (Ramo 33).
La descentralización de los programas sociales y productivos incluyendo el correspondiente al gasto federalizado, que hoy en día están bajo la responsabilidad de las dependencias federales y de sus delegaciones en los estados.
Es en este último eje estratégico que hemos presentado, recientemente, la iniciativa de reformas a la ley de desarrollo forestal con vistas a descentralizar este servicio a estados y municipios y evitar duplicaciones y conflictos que están obstaculizando la conservación y reforestación de los bosques y selvas.
El artículo 73 Constitucional en su fracción XXIX inciso C estableció, por primera ocasión, el marco regulatorio para la promulgación de leyes generales que establecen la concurrencia de los tres ordenes de gobierno, en este caso en materia de asentamientos humanos, y de las cuales han derivado leyes de orden local aprobadas por los Congresos de los estados.
Este marco constitucional se ha extendido a otras en materias como: de desarrollo social (XXIX D); de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico (XXIX G); de protección civil (XXIX I); de deporte (XXIX J); de turismo (XXIX K); de pesca y acuacultura (XXIX L); de seguridad pública (XXIII); entre las más relevantes.
De manera que la tentativa para la descentralización de facultades y recursos debe considerar la revisión y, en su caso, reforma o adición de cada uno de estos ordenamientos, tal y como ya lo hicimos en el caso de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
2. Evolución de las políticas públicas y de la legislación en materia de desarrollo social
Después de la promulgación de la Constitución de 1917, los gobiernos nacionales se abocaron a cumplir el principio de justicia social teniendo como ejes los programas de educación y de salud; y la reforma agraria como instrumento de redistribución de la riqueza. De manera gradual, se fueron construyendo el sistema educación nacional y de salud, las instituciones de seguridad social, las de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, a la vez que se construyó la infraestructura de electricidad, caminos y abastecimiento de agua.
Al agotarse el modelo del desarrollo estabilizador, fue también evidente que el crecimiento económico por sí mismo y aún la expansión de los servicios de salud y educación, así como las medidas de protección al salario no eran suficientes para garantizar, por lo menos, una tendencia igualitaria en la distribución del ingreso y el acceso a una mejor calidad de vida.
La respuesta fue la expansión de los programas de apoyo a los trabajadores y la búsqueda de políticas sociales orientadas a la superación de la pobreza de las familias y a la marginación de las regiones con menor desarrollo. Esta responsabilidad estuvo bajo la coordinación primero en la denominada Secretaría de la Presidencia y, después, de la Secretaría de Programación y Presupuesto. En este contexto surgieron tentativas como el Programa de Inversión Pública para el Desarrollo Rural (Pider); el Sistema Alimentario Mexicano (SAM); el Programa Coplamar; la distribución y abasto de alimentos (Diconsa y Liconsa). La viabilidad de estos programas se puso en duda ante el surgimiento de crisis económicas recurrentes.
En este contexto, surge el Programa Nacional de Solidaridad como instrumento para integrar los esfuerzos institucionales acumulados y abrir una nueva etapa de la política social fundada en la participación de las propias comunidades en comités de obra, y en torno a acciones específicas. La magnitud que alcanzó el programa y el interés en los temas urbano y ecológico dio pie a la transformación de la Secretaría de Programación y Presupuesto en Secretaría de Desarrollo Social bajo un concepto integral de política social. A la vez, las competencias en materia presupuestal retornaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Finalmente, en 1997 los recursos integrados en Solidaridad se canalizan, fundamentalmente, a tres vertientes: al Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa); al fondo de Infraestructura Social Municipal (Ramo 33) que es descentralizado a estados y municipios; y a programas compensatorios que permanecen en el ámbito federal.
Esta estructura se mantiene en la actualidad con el Programa Oportunidades que sustituye a Progresa, siendo necesarios nuevos pasos en materia de descentralización.
Los recursos destinados a la superación de la pobreza han tenido el siguiente comportamiento:
Como puede observarse, el gasto total para los programas competencia de la Secretaría de Desarrollo Social pasó de 61,122 millones de pesos en el 2000 a 146,376 millones de pesos en el 2006, o sea un 139 por ciento. De este total, el asignado al Gobierno Federal creció en 186 por ciento, el ejercido por los estados 56 por ciento y el de los municipios 90 por ciento. Es decir el crecimiento ejercido a nivel central ha sido sustancialmente superior al de los estados y municipios.
Cabe mencionar, por último, que la Ley General de Desarrollo Social publicada el 20 de enero de 2004 constituye un marco regulatorio, producto del esfuerzo plural de los legisladores, que recoge experiencias acumuladas y que habrá de encauzar el desempeño de las dependencias y el rumbo de las políticas públicas por nuevos horizontes, en los que la responsabilidad de estados y municipios será primordial.
3. Propuesta
Es por ello que se propone reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 32 y diversos ordenamientos de la Ley General de Desarrollo Social, para descentralizar los programas que hoy están a cargo del gobierno federal, fortalecido a la vez, su función rectora en la política de desarrollo social y, en particular, en la superación de la pobreza extrema. Bajo tales consideraciones se propone el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se modifican y adicionan las fracciones III y VI del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
Artículo 32. A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
(.....)
III. Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un mejor nivel de vida, en lo que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos estatales y municipales, quienes ejecutarán los programas sociales, buscando en todo momento propiciar la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control;
VI. Coordinar con los gobiernos de los estados y los municipios, quienes serán los ejecutores, programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes, y con la participación de los sectores social y privado;
Artículo Segundo. Se reforman y adicionan los artículos 3, 17, 39, 43, 44, 45, 46 y 50 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
Artículo Tercero. La política de desarrollo social se sujetará a los siguientes principios:
(.....)
X. Descentralización. Proceso de transferencia de programas y recursos de la Federación a los Estados y, a través de éstos, a los municipios.
Artículo 17. Los municipios serán los responsables de la ejecución de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social, que se realicen en su circunscripción territorial de acuerdo a las reglas de operación que para el efecto emita el Ejecutivo federal excepto en los casos expresamente asignados por ley, a una dependencia, entidad u organismo federal, estatal o del Distrito Federal.
Artículo 39. La coordinación del Sistema Nacional compete a la Secretaría, con la concurrencia de las dependencias, entidades y organismos federales, de los gobiernos municipales y de las entidades federativas, así como de las organizaciones. La Secretaría diseñará y coordinará las políticas generales de desarrollo social, que serán ejecutadas en su ámbito territorial por las entidades federativas y los municipios. Al efecto, la secretaría coordinará y promoverá la descentralización a través de la celebración de convenios y acuerdos de desarrollo social.
Artículo 43. Corresponde al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, las siguientes atribuciones:
(.....)
X. Promover la descentralización de programas y recursos a los Estados y, a través de estos, a los municipios.
Artículo 44. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:
(.....)
VI. Ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en materia social y transferirlos a los municipios en los términos de las leyes respectivas; así como informar a la Secretaría sobre el avance y resultados generados con los mismos;
(.....)
Artículo 45. Corresponde a los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:
(.....)
II. Ejecutar los programas de desarrollo social a través de la coordinación con el Gobierno de su Entidad;
Artículo 46. En caso de duda sobre la interpretación de las disposiciones de esta ley para efectos administrativos, se estará a lo que resuelva el Ejecutivo Federal, por conducto de la secretaría, previa opinión de la Comisión Nacional.
Artículo 50. La Comisión Nacional estará facultada para atender la solicitud de colaboración de los sectores social y privado cuando se traten asuntos de su interés o competencia, y sus funciones son las siguientes:
I. Proponer Políticas Públicas de Desarrollo Social bajo los criterios de integralidad, transversalidad y descentralización;
(....)
VIII. Revisar el marco normativo del desarrollo social y, en su caso, proponer y promover modificaciones ante las instancias competentes; así como aprobar resoluciones sobre la interpretación de las disposiciones de esta ley para efectos administrativos.
Transitorios
Primero. La secretaría deberá iniciar en un periodo de 60 días las acciones de descentralización de los siguientes programas o sus equivalentes: Programa Hábitat; Programa de Opciones Productivas; Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones); Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas; Programa de Coinversión Social; Programa de Empleo Temporal (PET); Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; Programa de Atención a Adultos Mayores en zonas rurales; Programa de Vivienda Rural; Programa de Apoyo Alimentario; Programa 3x1 para Migrantes; Programa de Incentivos Estatales; Programa Jóvenes por México; Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Tu Casa.
Segundo. La Secretaría deberá iniciar, en un periodo de 180 días, la fusión de sus Delegaciones Estatales y, en su caso, las de los Programas a que alude el artículo anterior, en un periodo no mayor de 180 días.
Tercero. Las reformas y adiciones motivo de esta iniciativa entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Solicito que la presente iniciativa se turne a la Comisión de Desarrollo Social.
Palacio Legislativo, San Lázaro, México DF, a 23 de noviembre de 2006.
Diputado Alberto Amador Leal
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 3o. DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, A CARGO DEL DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Diego Cobo Terrazas, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable asamblea iniciativa mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Si bien es cierto que el agua se constituye como una fuerza impulsara del desarrollo sustentable y que, como tal, su aprovechamiento debe integrar aspectos de cuidado y conservación, también lo es que debemos contar con una dependencia que tenga los elementos que le permitan cumplir tan ambicioso objetivo.
No obstante, en México contamos con la Comisión Nacional del Agua como el órgano administrativo encargado de la gestión del recurso, órgano que si bien debe velar por su aprovechamiento sustentable, se ve limitado jurídica y estructuralmente para estar en condiciones de abordar la problemática del recurso desde una perspectiva integral.
Esto se debe a que orgánica y jerárquicamente depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por ser un organismo desconcentrado de dicha dependencia, lo que le genera imposibilidad técnica, financiera y decisoria para hacer frente a los compromisos y retos que tiene como encargada del cuidado del recurso, del cual pende nuestra supervivencia.
Analizando la naturaleza jurídica de la comisión, encontramos que por ser un organismo desconcentrado forma parte de la centralización administrativa y, a través de ella, regula el uso, el aprovechamiento y la preservación del agua.
Para entender la importancia del organismo, mencionaremos algunas características que diferencian la desconcentración de la descentralización.
Para el jurista español De la Vallina Velarde, la desconcentración es el "principio jurídico de organización administrativa en virtud del cual se confiere con carácter exclusivo una determinada competencia a uno de los órganos encuadrados dentro de la jerarquía administrativa, pero sin ocupar la cúspide de la misma".
Por otra parte, la descentralización se caracteriza por "confiar la realización de algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la administración central una relación que no es la de jerarquía"; como bien apunta el jurista Gabino Fraga, quien señala que "el único carácter que se puede fundamentar del régimen de descentralización es que los funcionarios y empleados que lo integran gozan de una autonomía orgánica y no están sujetos a los poderes jerárquicos".
Más aún, conforme al derecho administrativo, la descentralización es una forma jurídica en que se organiza la administración pública mediante la creación de entes públicos por el legislador, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, responsables de una actividad específica de interés público. A través de esta forma de organización y acción administrativas se atienden fundamentalmente servicios públicos específicos.
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, los organismos descentralizados son entidades creadas por la ley del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo federal que poseen personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.
Consideramos que toda vez que el cuidado del recurso agua ha sido considerado tema de seguridad nacional, la autoridad encargada de su gestión necesariamente debe contar con autonomía de gestión y en materia presupuestal que le permitan alcanzar los objetivos que supone la sustentabilidad y la preservación del recurso para la satisfacción de las generaciones futuras.
Por ello, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México proponemos que la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional del Agua cambie para que sea un organismo descentralizado, toda vez que -de origen- la preservación, el aprovechamiento y la gestión del agua corresponde al Estado; pero de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, los servicios correspondientes a dicha gestión pueden ser prestados por un organismo que posea autonomía financiera y de gestión.
Así, resulta adecuado que la Comisión Nacional del Agua sea un órgano descentralizado encargado del manejo y aprovechamiento sustentable del agua; contando con autonomía para la toma de decisiones, sin contar con las facultades de inspección y vigilancia, que seguirán en manos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Aunado a las consideraciones expuestas, cabe destacar las reformas que se hicieron en 2003, aprobadas por ambas cámaras, a la Ley de Aguas Nacionales, y que el 29 de abril de 2004 el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, evidencian la necesaria descentralización del sector hídrico.
Ello, en virtud de que dichas reformas hacen referencia a un organismo descentralizado. Como ejemplo, basta señalar lo previsto en el artículo 3o., que aun y cuando hace referencia a un órgano desconcentrado, de la misma definición ahí especificada se infiere que necesariamente se trata de un organismo descentralizado. Dicho artículo, en la fracción XII, a la letra dice: "XII. ?Comisión Nacional del Agua?: órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de derecho público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a esta ley corresponde tanto a ésta como a los órganos de autoridad a que la misma se refiere..."
Más aún, en las citadas reformas, a lo largo del texto de la ley, se hace referencia a la descentralización de la gestión del agua, como en los artículos 5o., fracción III, relativo a establecer que el Ejecutivo federal "favorecerá la descentralización de la gestión de los recursos hídricos conforme al marco jurídico vigente"; 15 Bis, donde se señala que "los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, conforme a su marco normativo, necesidades y prioridades, podrán realizar programas hídricos en su ámbito territorial y coordinarse con el organismo de cuenca correspondiente para su elaboración e instrumentación, en los términos de lo que establecen esta ley, la Ley de Planeación y otras disposiciones legales aplicables, para contribuir con la descentralización de la gestión de los recursos hídricos", así como las disposiciones en los artículos 20 y 113 del citado ordenamiento, donde se hace referencia a la necesaria descentralización del sector.
Así, consideramos necesario actuar en congruencia con las reformas aprobadas por el Congreso y publicadas por el Ejecutivo, en aras de contar con un organismo capaz de hacer frente a los retos que supone el adecuado aprovechamiento del recurso.
Por lo expuesto, respetuosamente sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa, mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, con objeto de que la Comisión Nacional del Agua sea un organismo descentralizado.
Por ello, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de
Decreto mediante el cual se reforma el artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales
Artículo Único. Se reforma el artículo 3o. de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
Artículo 3o. ...
I. a XI. ...
XII. "Comisión Nacional del Agua": órgano administrativo descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de derecho público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a esta ley corresponden tanto a ésta como a los órganos de autoridad a que la misma se refiere;
XIII. a LXVI. ...
...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales contará con un plazo de 180 días para adecuar su Reglamento Interior con objeto de dar cumplimiento al presente decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 28 de noviembre de 2006.
Diputado Diego Cobo Terrazas (rúbrica)
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 27, 32 Y 35 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
Martha Angélica Tagle Martínez, en su carácter de diputada federal del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 64, 71, fracciones II y III, de la Constitución General de la República; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 27, 32 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los estudios en materia de teoría del Estado han determinado que para obtener una transformación de las instituciones políticas en el aspecto social federalista, es indispensable que la nación se rija de manera respetuosa y congruente con el principio de soberanía para garantizar a los gobernados la alianza de las entidades federativas.
En el caso de los municipios, los Poderes de la Unión en diversos ordenamientos emanados de la Carta Magna han buscado crear normas que merezcan su participación en la vida nacional y procurar que en el ámbito de la jurisdicción propia de la libertad de que gozan alcancen la autosatisfacción de sus requerimientos más indispensables, sin que para ello se invadan competencias y se fortalezca la unidad del país.
Éste es el espíritu fundamental perseguido con la reforma constitucional, publicada en Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 1996, que pretendió fortalecer el federalismo distinguido por la forma plural de consensuar los acuerdos democráticos entre las fuerzas que guían del destino de México, factores que deben orientar la participación ciudadana de todos los sectores de la población del país y ello obliga al titular del Poder Ejecutivo federal a conducir su actuación sexenal con arreglo a los proyectos impulsados en su campaña que como aspirante al cargo de Jefe de Estado planteó a los mexicanos con el compromiso de asumir conductas gerenciales basadas en la Carta Magna.
Las actuaciones de Presidente de la República se distinguen por el ejercicio del poder público, manifestado en actos de autoridad emanados de la conducción de la administración pública centralizada, que entre otras actividades tiene las relativas al despacho de los asuntos inherentes a la política interior, el combate de la pobreza y el desarrollo de las familias rurales ubicadas en el campo, ámbitos en los que por disposición de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, en los artículos 27, 32 y 35, la presencia de las entidades federativas es necesaria para integrar políticas eficientes en la solución de los problemas de los ramos señalados, pero lamentablemente ello no se ha podido atender a satisfacción, en razón de que la cooperación activa de los ayuntamientos en el sector es nula, gracias a la reiterada práctica de programas concebidos en ideales transitorios de corte centralista que, tradicionalmente, aminoran los rangos de resultados efectivos para obtener el franco federalismo fortalecido en el territorio nacional, donde las proporciones del trabajo gubernamental en materia de asistencia social aún no son rebasadas frente a la demanda de soluciones, debido a las prácticas paternalistas y los cacicazgos rurales que tanto daño les ha causado sin lograr erradicarlos.
Basta ver cómo en todo el país se erigen extensiones urbanas y rurales, todas ellas visiblemente matizadas por contrastes sociales en las que se ubican comunidades municipales avecindadas con graves displicencias, donde la prosperidad de unos es la característica primordial de distinción frente a la pobreza extrema de otros en perímetros menores de una hectárea, acentuando las destrezas del terrible centralismo que aminora la calidad de vida de los grupos más vulnerables que habitan en un municipio que, en el marco de la Ley Suprema, son personas morales libres, autónomas y con personalidad jurídica propia y suficiente para ejercer sus facultades con voz y voto propios para satisfacer las necesidades de sus comunidades.
Esta problemática ha provocado la concentración de fenómenos políticos en los que la sociedad se involucra más cada día en forma directa, demandando del gobierno federal revertir los efectos de un México carente de normas federales que sirvan como modelo de funcionalidad del estado de derecho y que ello no debe estar sujeto a negociaciones de corte partidista, razón por la que los presidentes municipales de los 2 mil 439 municipios de la República Mexicana en los últimos años han pretendido destacar con el gobierno federal la necesidad de romper con las políticas que los subordinen a la voluntad de los 31 estados del país, dando lugar a crear instituciones promotoras de un auténtico federalismo, impulsar la descentralización y el desarrollo municipal con pleno respeto de la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios en la gestión pública a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal creado por la Secretaría de Gobernación, así como diversas asociaciones encabezadas por los Ejecutivos municipales que buscan la cooperación para alcanzar el desarrollo de sus colectividades; ello, sin mencionar que esfuerzos se han traducido en una constante suma de utopías por consumar los ideales del nuevo federalismo en materia de abatimiento de la pobreza, y crecimiento con calidad, equidad e igualdad entre mujeres y hombres.
La solución de esta problemática radica en gran parte en las graves lagunas legislativas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual como se advirtió en párrafos ulteriores sus preceptos legales alojan facultades al Poder Ejecutivo federal para que por conducto de las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación intervengan en la materialización de su encomienda sólo con las entidades federativas, sin que para ello se señalen de manera literal en esta legislación secundaria los municipios como actores en la dinámica de trabajo y participación en la conducción de sus objetivos, en forma contradictoria con el ideal del Constituyente Permanente, habida cuenta de que de manera indebida constriñen a los ayuntamientos a la voluntad de las entidades federativas como competentes únicas para procurarles bondades frente al gobierno federal, con ello evidenciando el principal motivo generador del estancamiento regional que les impide la comunicación eficiente con la federación de manera productiva.
Esta situación es un motivo justificado para entablar una responsable reforma que reconozca y devuelva a los municipios su autonomía conforme a lo ordenado en el artículo 115, fracciones I y V, de la Ley Fundamental, que los faculta para llevar a cabo las acciones de negociaciones en sus asuntos con el gobierno federal en lo relativo a la satisfacción de las exigencias sociales, dado que estos dispositivos señalan que el gobierno municipal puede participar en la formulación de los planes de desarrollo regional a nivel federal, dicho lo cual el dispositivo los involucra a fomentar el clima de gobernabilidad en el país en los sectores de la agricultura, la ganadería y la pesca eficientes mediante la vinculación coyuntural de sus asuntos políticos internos en el marco de su jurisdicción.
Por tanto, no existe causal desvirtuar a los argumentos jurídicos y políticos que demuestran los extremos del sustento constitucional, en este caso ignorado por legislación secundaria privativa del ejercicio pleno del régimen municipal, sin mediar base alguna más que el cumplimento de políticas desajustadas al respeto de la Carta Magna, lo cual quebranta la armónica evolución de las instituciones; por ende, ello de ningún modo es un asunto de orden regional susceptible de resolverse por los congresos locales o las entidades federativas y mucho menos con las acciones del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, por tratarse de una problemática de Estado y de justicia social de orden público.
Los actores políticos debemos ponderar la invaluable necesidad de atender la esencia de la división de poderes preceptuada en el artículo 39 de la Constitución federal, en armonía con la soberanía federal y local, exigiéndonos erradicar la desigualdad municipal mediante el fomento de sus tareas con la libertad y la autonomía con que han sido dotados, mediante la guarda extrema de las normas supremas, mediante la dictaminación aprobatoria de la reforma propuesta de los preceptos referidos a fin de responder a la confianza de la voluntad popular con el resultado transparente del ejercicio del servicio publico con una visión de federalismo basado en la democracia sustantiva.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona los artículos 27, 32 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 27, 32 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. a XVI. ...
XVII. Fomentar el desarrollo político del Estado federalista, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la activa participación ciudadana y favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de gobernabilidad democrática en los estados y municipios;
XVIII. a XXIV. ...
XXV. Formular, normar, coordinar y vigilar las políticas de apoyo a la participación de la mujer en los diversos ámbitos del desarrollo en los estados y municipios, así como propiciar la coordinación interinstitucional para la realización de programas específicos de equidad y género;
XXVI. a XXXI. ...
Artículo 32. A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. a VIII. ...
IX. Proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, conjuntamente con las dependencias y entidades de la administración pública federal que corresponda, así como coordinar las acciones que el Ejecutivo federal convenga con los Ejecutivos estatales y los ayuntamientos para la realización de acciones coincidentes en esta materia, con la participación de los sectores social y privado;
X. a XII. ...
XIII. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de construcción, en coordinación con las secretarías del Trabajo y Previsión Social, y de Economía estatales y municipales;
XIV. a XVI. ...
Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural en los estados y municipios, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias competentes;
II. Promover el empleo en el medio rural, así como establecer programas y acciones que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales en los estados y municipios;
III. a XIII. ...
XIV. Coordinar las acciones que el Ejecutivo federal convenga con los gobiernos locales y municipales para el desarrollo rural de las diversas regiones del país;
XV. a XXI. ...
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006.
Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS A CREAR UNA AGENDA LEGISLATIVA CONJUNTA ENCAMINADA A UNA REFORMA DEL ESTADO CONCRETA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, diputada María del Pilar Ortega Martínez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, atendiendo a las siguientes:
Consideraciones
El Partido Acción Nacional, en congruencia con sus 62 años de participación política, reitera su compromiso con México y asume la responsabilidad de responder ante los mexicanos que en las urnas se pronunciaron por un cambio que fuera más allá de la alternancia, para ser factor de rectificación profunda a partir de fortalecimiento de las instituciones fundamentales de la nación mexicana.
Con el impulso-aprobación de leyes y reformas constitucionales, desde 1946 en la Cámara de Diputados como en el Senado, así como la obtención de gobiernos municipales desde 1946 y estatales desde 1989, que aplicaron nuevas formas de gobernar hasta donde la tradicional resistencia gobiernista lo permitió; fue elemento esencial para el avance gradual de la Reforma del Estado.
Acción Nacional, ha contribuido en el diseño de las instituciones del Estado que hoy son valuarte de nuestra democracia y de nuestro ser social, así por ejemplo:
A la libertad de cátedra y la consolidación de la autonomía universitaria, como una de las contribuciones más importantes de nuestro fundador.
Fue Gómez Morín en 1927, quien siendo asesor en la Secretaría de Hacienda, propuso la creación del Seguro Social.
Fue Acción Nacional quien puso en la mesa de discusión el tema del derecho de las mujeres a votar y ser votadas.
Contribuimos a la creación de nuestras instituciones electorales, independientes y autónomas.
Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral.
El derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal.
La autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La judicialización para dignificar el sistema penal para adolescentes.
La autonomía constitucional del INEGI.
Ejemplos como los anteriores, son prueba del compromiso del PAN con el fortalecimiento de nuestras instituciones y del Estado.
Compañeras y compañeros diputados, entendemos que una reforma del Estado no estará completa sin las reformas en materia económica y social.
También reconocemos que hay rezagos dentro del perfeccionamiento de algunas de nuestras instituciones políticas, sin duda es tiempo de abordar las estructuras que habían sostenido al viejo régimen, para determinar -de una vez por todas- las bases institucionales de lo que debe ser un país en el que la justicia y la legalidad sean el motor para un desarrollo democrático incluyente.
En efecto, la consolidación de las instituciones democráticas, reclama la redefinición de normas constitucionales y legales que ajuste los preceptos previamente integrados, con el fin de hacer efectiva su función, delimitando y definiendo ámbitos y competencias, atribuciones y facultades, así como organizar los procesos democráticos y determinar los derechos y los deberes de los ciudadanos.
Entendemos que debe ser, a partir de la misma Constitución Política, donde habremos de abordar los cambios para fortalecer nuestras instituciones y nuestro sistema de gobierno. En este sentido, debemos definir cual será ese sistema, y dotarlo de condiciones para que sea un sistema equilibrado, mediante el ejercicio pleno de los otros poderes públicos, federalista, municipalista, democrático y constitucional.
Se trata de que la reforma política, o también llamada del Estado, avance y se procese dentro de los cauces institucionales, considerando siempre que no estamos empezando de cero, que si bien las instituciones son perfectibles, han dando sustento a la gobernabilidad.
Por tanto, se trata de encontrar nuevos instrumentos o mecanismos sin dejar de lado los ya existentes y que solo requieren reformarse a fin de ser eficaces. Es precisamente esto el contenido de la reforma política o como otros llaman la recuperación constitucional.
Hoy más que nunca, México necesita acuerdos. Por ello invito a todas y todos los diputados de cada una de las fracciones parlamentarias de esta honorable Cámara, para que fijemos una agenda legislativa en común, donde se plasmen los aspectos fundamentales sobre los cuales deba versar la reforma del Estado, y que con los puntos de vista de todos los partidos políticos enriquezcamos las propuestas de los otros y así, desde las comisiones de las cuales formamos parte, construyamos consensos que la hagan posible.
Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a todas y cada una de las comisiones ordinarias de esta honorable Cámara de Diputados, para que en el ámbito de su competencia y de manera urgente incluyan dentro de su plan anual de trabajo los temas relativos a las reformas institucionales o de Estado que habrán de abordarse en su análisis, estudio y aprobación, mismas que deben contribuir al desarrollo económico, político, social y cultural que requiere nuestro país.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados el día 28 de noviembre de 2006.
Diputada María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA ASF FISCALICE LOS RECURSOS PÚBLICOS TRANSFERIDOS PARA APOYAR EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO EVODIO VELÁZQUEZ AGUIRRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las y los suscritos, diputadas y diputados federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Que conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual señala que en el año en que termina su encargo, el Ejecutivo federal deberá elaborar anteproyectos de iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos en apoyo al Presidente Electo, incluyendo sus recomendaciones, a efecto de que éste último los presente a la Cámara de Diputados, a más tardar en la fecha y en los términos a que se refiere el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, dispone que para realizar las actividades referidas y la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, se podrán aprobar recursos en el correspondiente Presupuesto de Egresos para cubrir los gastos de un equipo de asesores que apoye los trabajos de un Presidente Electo, estableciendo para tal efecto un fondo específico que estará sujeto a las normas de ejercicio y fiscalización de los recursos federales que correspondan; de lo cual, se deberá informar en la Cuenta Pública.
Es en este sentido que el 5 de diciembre de 2005, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), publicó en el Diario Oficial los Lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, acceso a información gubernamental y rendición de cuentas, incluida la organización y conservación de archivos, respecto de recursos públicos federales transferidos bajo cualesquier esquema al Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos y a su equipo de colaboradores, entre el 3 de julio y el 30 de noviembre de 2006.
En las consideraciones de dichos lineamientos se expone la falta de claridad en la legislación, que existió entre el 3 de julio y el 30 de noviembre de 2000, con relación a las obligaciones de transparencia y al procedimiento de acceso a la información pública y rendición de cuentas al Presidente Electo así como de su equipo de colaboradores.
Para la transmisión del Poder Ejecutivo federal en el año 2006, la Secretaría de Hacienda tiene la obligación de informar en su sitio de Internet sobre los montos y las personas a quienes proporcione recursos públicos. Del mismo modo las dependencias y entidades deberán poner a disposición del público los documentos que formen la serie documental "archivos del Presidente Electo 2006", en la que deberán obrar todos los documentos que se generen, así como de guardar y conservar durante un año los archivos que serán transferidos al Archivo General de la Nación.
Mientras que la Secretaría de la Función Pública, suscribirá un convenio con el Presidente Electo a fin de establecer un programa de monitoreo, donde se asumen los siguientes compromisos:
I. Declaraciones unilaterales de integridad y transparencia por parte del Presidente Electo y sus colaboradores, en la que se comprometen a sujetarse a las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en los mismos términos que los servidores públicos federales;
II. Constitución de un fideicomiso público como único medio para la recepción de recursos públicos federales, con una cláusula de publicidad respecto de la totalidad de la información generada, obtenida, adquirida, transformada o conservada por cualquier título, donde el Presidente Electo será el fideicomisario;
III. Comprobación de recepción de recursos públicos federales, ejercicio de gasto, informe sobre uso y destino correspondiente, y sujeción a auditorías, en formatos preestablecidos; en su caso, las auditorías serán llevadas a cabo por auditores externos autorizados por la Secretaría de la Función Pública;
IV. Presentación de un informe público e integral sobre el uso de los recursos públicos federales, dentro del mes siguiente a la toma de posesión como Presidente de la República, y
V. Otros aspectos que se consideren relevantes por parte de la Secretaría de la Función Pública.
Es en este sentido que el pasado 10 de octubre de 2006, el IFAI envió un comunicado a los Comités de Información de la Administración Pública Federal para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información gubernamental y rendición de cuentas respecto de recursos federales transferidos durante la etapa de transición entre gobiernos.
No obstante lo anterior, la información que ofrece la Secretaría de Hacienda en su página en Internet, la cual se encuentra actualizada al 30 de septiembre de 2006, es limitada e incompleta. En dicho sitio se registra que con fecha 7 de septiembre de 2006 se constituyó un Fondo mediante la figura de un fideicomiso público, en donde se aportó la cantidad de 130 millones de pesos.
Mientras que con fecha del 27 de septiembre se traspasaron 20 millones de pesos del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas al Ramo Administrativo 02 Presidencia de la República para cumplir con las funciones de seguridad, apoyo logístico y administrativo de la Coordinación General de Transporte Aéreo Presidencial y el Estado Mayor de la Presidencia de la República.
En consecuencia se puede afirmar que, ante la ausencia de información también se da la inexistencia de sistemas de control, lo que se traduce en incumplimiento de las finalidades del acto de rendición de cuentas y pueden generar gastos innecesarios con cargo al presupuesto público.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión mandata a la Auditoría Superior de la Federación, para que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, la Función Pública y las dependencias y entidades relacionadas rindan cuentas sobre el destino de recursos para apoyar el cambio de administración del Ejecutivo federal, a efecto de que se cumpla con lo dispuesto en los artículos 3, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 2 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en el párrafo primero del artículo 108 de la Constitución.
Palacio Legislativo, a 28 de noviembre de 2006.
Diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE ASIGNEN MAYORES RECURSOS A LA CONAGUA PARA ATENDER LAS DEMANDAS EN MATERIA HIDRÁULICA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MANUEL PATRÓN MONTALVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Jesús Manuel Patrón Montalvo, diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el Pleno de esta Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dotar de mayores recursos fiscales a la Comisión Nacional del Agua, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 y en el decreto aprobatorio del mismo le sean asignados de mayores recursos a fin de atender las demandas de las entidades federativas en materia hidráulica, conforme a los siguientes.
Antecedentes
El agua, elemento consustancial a toda forma de vida, es también generador de desarrollo económico y social.
Sólo el 2.5 por ciento del agua del planeta es dulce, la mayor parte de ella se utiliza en la agricultura y se estima que el 60 por ciento del agua de riego se desperdicia.
Si consideramos estas estimaciones dentro del contexto nacional, y reconocemos que la mayor parte de nuestro territorio es semidesértico, coincidiremos en reconocer también que, en México, el agua es un tema de seguridad nacional que demanda tanto la actualización y perfeccionamiento de la legislación en la materia como la dotación suficiente de recursos para la generación de infraestructura hidráulica, que permita suministrar de este vital liquido a la población dentro de sus dos sectores, urbano y rural, para garantizar la viabilidad del país y su desarrollo sustentable.
Ya Luis Donaldo Colosio señaló que la demanda de agua en México era uno de los asuntos más sensibles planteados por la población. Hoy, muchos años después, sigue siendo una de las principales demandas sociales, particularmente entre los que menos tienen. Hay rezagos persistentes de personas que carecen del servicio de agua potable: 14 millones no cuentan con agua potable, 18 millones no tienen alcantarillado, y sólo son tratadas el 30 por ciento de las aguas residuales.
Por ello es urgente atender las legítimas demandas que en materia de recursos hidráulicos plantean las organizaciones, instituciones, organismos y usuarios, en especial de aquellos que viven en zonas rurales del país.
Para lograr este propósito, en la Comisión de Recursos Hidráulicos estamos decididos a realizar la función legislativa y los trabajos presupuestarios con eficiencia a fin de asignar de manera eficiente los recursos necesarios para atender las demandas planteadas.
En el Presupuesto de Egresos de 2006, a la Comisión Nacional del Agua sólo se le asignaron 15 mil 560 millones de pesos; 3 mil 58 millones menos que en 2005, lo que representó un decremento del 19.7 por ciento.
Ante los compromisos de la Comisión Nacional del Agua en materia de administración y gestión de recursos, es urgente fortalecer su presupuesto para el año de 2007, incrementando los recursos presupuestarios para que de cabal cumplimiento a las funciones que tiene encomendadas.
Para ello, es preciso buscar no solamente una mayor asignación de recursos para este próximo presupuesto de 2007, sino recuperar los niveles de asignación de recursos que se establecieron en 2005, con un adicional de la suma de los porcentajes de inflación que se presentaron durante los años 2005 y 2006.
Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que las Comisiones de Recursos Hidráulicos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, al momento de analizar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 y, en su caso, aprobar el dictamen correspondiente, asignen los recursos suficientes para satisfacer las demandas del país en materia hidráulica por parte de la Comisión Nacional del Agua.
Segundo. Que la Cámara de Diputados del honorable Congresos de la Unión exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a programar el ejercicio íntegro de los recursos asignados a la Comisión Nacional del Agua, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la correcta aplicación a los programas y proyectos prioritarios en la materia de su competencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006.
Diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LA IMPORTACIÓN DE ÁRBOLES NAVIDEÑOS NATURALES, A CARGO DE LA DIPUTADA SARA ISABEL CASTELLANOS CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Apenas hace algunas semanas nos enteramos de que habían entrado a nuestro país, procedentes de Estados Unidos, diversos productos vegetales -espinacas, lechugas y jugo de zanahoria- contaminados por diversos agentes patógenos. En ninguno de los casos los productos agrícolas cumplían con las normas de seguridad sanitaria, con lo que se evidenció la falta de mecanismos de vigilancia y prevención en México. Es muy lamentable, que en nuestro país no se impongan ni hagan valer las mismas exigencias que se solicitan a nuestras mercancías en el extranjero.
Efectivamente, es una lamentable realidad en nuestro país que miles de productos importados no cumplen con las normas de seguridad fitozoosanitarias necesarias. Aún con la escasa capacidad de vigilancia y la corrupción existente en nuestras fronteras, en lo que va del año, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ha rechazado 26 mil 818 embarques de mercancías de importación porque no cumplían con los requisitos mínimos de seguridad; lamentablemente, la sociedad no se entera de los riesgos que implican estos productos, hasta que los medios de comunicación informan al respecto. De igual forma, la cifra anterior, aunque parezca considerable, no lo es si consideramos la enorme cantidad de transacciones y operaciones de importación de productos agropecuarios que entran al país cada temporada.
En estos días están por empezar las fiestas decembrinas y muchas familias de nuestro país optan por adquirir árboles de navidad naturales. En este contexto, preocupa mucho que haya reportes que indican que algunos de los árboles importados de Estados Unidos tienen plagas o enfermedades que pueden poner en jaque a los de procedencia nacional e incluso a aquellos que crecen en sus zonas naturales, sin estar dedicados a la explotación comercial.
Al efecto, se ha informado oficialmente que la Profepa ha instrumentado programas de vigilancia en la frontera con Estados Unidos, considerando que la introducción de especies de pinos navideños se lleva a cabo prioritariamente durante la segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre. México es el principal país importador de árboles navideños producidos en Estados Unidos.
Esta Institución informó que al inicio de este mes se detuvo un cargamento de dos mil árboles de navidad procedentes de Óregon, Estados Unidos, en el punto fronterizo de Colombia, Nuevo León. Estos árboles fueron devueltos a su lugar de origen después de constatar que el embarque no cumplía los requerimientos. Los árboles presentaban larvas vivas del tipo Cylindrocopturus furnissi, según las muestras enviadas al Centro Nacional de Análisis y Referencia en Sanidad Forestal: plaga de importancia cuarentenaria. Los árboles eran de la especie douglas fir.
El ingreso de árboles de navidad a nuestro país está regulado por la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SEMARNAT-2004, que establece los requisitos fitosanitarios que deben cumplir los árboles naturales de las diversas especies como pino, oyamel y abeto. Esta norma es de cumplimiento obligatorio para las personas físicas o morales que se dedican a su importación con fines comerciales y no comerciales. Los árboles importados deben ingresar a México sin raíz ni tierra, así como libres de pintura en el follaje; no presentar plagas y enfermedades, estar sanos y sin ramas, ramillas o brotes muertos.
Los interesados deben presentar certificado fitosanitario expedido por las autoridades oficiales de Agricultura del país exportador, en donde se certifique que está libre de plagas. No obstante, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha reconocido que a pesar del fuerte control fitosanitario para la importación de árboles navideños, existe la posibilidad que ingresen plagas por esa vía.
La mayoría de los árboles importados vendrán de Óregon, Washington, Michigan y Carolina del Norte. El valor de las exportaciones a México podrían alcanzar este año los 18 millones de dólares si se toma como promedio un precio de venta al mayoreo de 12 dólares por árbol (el precio es variable y, dependiendo del tamaño y la calidad del árbol, éste puede ser desde ocho dólares hasta 18 dólares o más, pero el promedio es de 10 a 12 dólares). Nuestro país importa casi exclusivamente árboles de la variedad douglas, de mayor duración en los climas templados del sur de la frontera y de un precio menor al de las variedades noble o fraser.
Un 23 por ciento del total de la producción de Óregon de árboles navideños douglas se exportó a México el año pasado. Los productores norteamericanos esperan que la tendencia a adquirir árboles douglas conduzca a la exportación de otros de más alto precio. Nos mantenemos como el principal país importador de árboles navideños producidos en Estados Unidos; además, esta tendencia se ha incrementado en 5 por ciento en los últimos dos años.
En noviembre del 2006, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente instrumentó un programa para vigilar que no se internen árboles de navidad contaminados, desplegando 450 inspectores en los puntos de internación del país. Lamentablemente, es claro que las medidas de importación muchas veces son violadas, quedando la duda sobre si serán suficientes esos delegados para inhibir la introducción ilegal. La vigilancia se está efectuando en las principales carreteras del país, así como en los sitios de venta, con el objetivo de reducir al máximo los riesgos de introducción y diseminación de plagas forestales. Se espera la importación de un millón 200 mil árboles procedentes principalmente de Estados Unidos y Canadá.
La Comisión Nacional Forestal (Conafor) trata de apoyar el desarrollo de plantaciones forestales de árboles de navidad en el país con recursos en efectivo que se otorgan a los silvicultores; lamentablemente nunca se podrán comparar con los que llegan a los productores norteamericanos por parte de su gobierno. En este contexto, resultaría fundamental que se inicien campañas de difusión masiva, exhortando la compra de arbolitos nacionales, ya que con esto se beneficiaría a los campesinos mexicanos y al medio ambiente mexicano.
Los arbolitos de navidad tienen un simbolismo muy especial para las familias mexicanas. La vigilancia para que no entren contaminados, además de ser una prioridad ambiental y de seguridad fitozoosanitaria, debe ser asumirse como un compromiso social.
Cada año la demanda de árboles de navidad naturales es de aproximadamente dos millones de unidades, por lo que los productores nacionales pretenden acaparar el mercado interno a corto plazo, ya que actualmente más de la mitad de esta cifra es abastecida con árboles importados. La competencia es muy fuerte, en términos masivos, porque las grandes tiendas comerciales colocan en exhibición un mayor número de los importados, debido a que son más baratos. Un precio más bajo no considera que muchas veces esos árboles, estuvieron refrigerados por casi un mes y cuando lo exponen a la venta ya es un árbol en vías de secarse rápidamente.
Esto se asocia con la idea de que sólo durarán un mes los festejos y después podrán desecharse, sin la más mínima conciencia ecológica. Para que un árbol pueda ser comercializado es necesario cultivarlo durante un periodo de 8 años, y en esta temporada navideña se pondrán a la venta 800 mil árboles nacionales, con una derrama económica de 800 millones de pesos. Esta cifra representa un incremento de diez por ciento en la producción respecto a la registrada el año pasado. Los árboles que están listos para cosecharse fueron cuidadosamente cultivados por plantadores de Baja California Norte, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla y Veracruz, observando importantes cuidados para que alcanzaran las dimensiones y la forma típicamente cónica que los caracteriza. Se ha hecho un gran esfuerzo por mantener estas plantaciones comerciales de árboles de navidad y sería muy negativo que se vieran afectadas por enfermedades de origen extranjero.
Además de fomentar la cultura por la forestación en el cultivo de árboles de navidad, se debería propiciar el respeto a las áreas donde se cultivan y pueden ser explotados de manera sustentable, sobre todo considerando que los pinos navideños ya no proceden de los bosques naturales, sino de plantaciones y viveros especializados. La población no debe de adquirir cualquier árbol cortado sin que tenga el sello correspondiente, que garantice que cumple con la normatividad otorgada por la Conafor. Asistir a los viveros forma parte de una nueva cultura ecologista con un alto sentido de integración familiar. Aunque siempre sería más importante que la población en general adquiriera árboles con raíz, de procedencia eminentemente nacional, para que puedan conservarse con vida y ser replantados. No olvidemos que en los últimos 30 años México ha perdido una superficie forestal equivalente a los estados de Campeche y Guanajuato; las causas: tala clandestina, incendios y, por supuesto, las plagas. De no tomar las medidas necesarias, dentro de poco, estaremos sin bosques ni selvas.
En el 2004 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación manifestó su preocupación porque diariamente son destruidos y saqueados nuestros recursos forestales. Informó que en México se pierden diariamente 631 mil hectáreas de bosques y selvas. Greenpeace sostiene que esto significa perder la superficie de dos canchas de futbol cada minuto. La situación es alarmante, porque no hay ninguna política de reforestación que pueda hacer frente a este desastre. Por cada metro cúbico de árboles que se plantan, se talan cinco, es decir, hay una diferencia de cuatro. La Semarnat advirtió en un reporte del año 2001 que si las tasas de deforestación persisten los bosques mexicanos dejarán de existir en 127 años y las selvas en 58. Según otros analistas, esas perspectivas son optimistas, ya que de acuerdo con sus cálculos, el daño será mayor en un plazo más corto.
Las plantaciones forestales dedicadas a la producción de árboles de navidad, son negocios ambientalmente sustentables y financieramente rentables, puesto que, además de permitir la reincorporación del suelo al uso forestal, mejoran el suelo, capturan carbono y permiten la recarga de mantos acuíferos.
De acuerdo con Tendencias económicas y financieras, la producción de árboles de navidad también contribuye a la reactividad económica de las áreas rurales donde se establece, gracias a los empleos directos e indirectos que genera dicha actividad. "Se estima que este tipo de plantaciones, que actualmente cubre cerca de mil 200 hectáreas, proporcionan 15 por ciento de los más de 10 mil empleos que generan las plantaciones forestales en México".
Por tal motivo, es fundamental que las autoridades ambientales federales sancionen a quienes contravengan la ley y permitan la entrada de pinos contaminados con plagas o enfermedades. Las autoridades no deben minimizar el problema, porque bajo esa concepción han entrado plagas como el tizón suizo, la palomilla gitana, el escarabajo barrenador, el barrenador europeo y la roya, que pueden dañar a la vegetación que se encuentra a su alrededor. Distintos expertos han exigido que haya una mayor vigilancia sobre los árboles importados, porque los efectos serían devastadores por el impacto de una plaga, que podría exterminar por lo menos la mitad de nuestros bosques.
Algunos ilustran este riesgo con la experiencia sufrida hace algunos años en el Ajusco, donde una extraña enfermedad acabó con 10 mil pinos. La zona afectada fue de 20 hectáreas de árboles, algo desastroso para un productor mexicano, pues la producción de estos árboles requiere muchos años de espera.
Para no importar tantos árboles navideños, México debería tener autosuficiencia en esas especies, ya que actualmente se produce en el país cerca de la tercera parte de los que se demandan. Debe considerarse como un negocio, porque las ganancias son muy atractivas, pueden superar los 500 mil pesos por hectárea. Lamentablemente, todavía no estamos en capacidad de ofrecer una competencia con nuestros vecinos países del norte; aún así, el gobierno federal debe instrumentar todas las medidas que estén a su alcance para evitar la contaminación de nuestros bosques.
En razón de lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del los Estados Unidos, la suscrita, diputada Sara I. Castellanos Cortés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a redoblar esfuerzos en la vigilancia para prevenir y evitar la entrada al país de árboles naturales de navidad procedentes, principalmente, de Estados Unidos y Canadá que no cumplan con la normatividad nacional en materia de sanidad forestal y agropecuaria.
Segundo: Se solicita a la Semarnat que realice una amplia campaña de difusión, exaltando las virtudes ambientales, sociales y económicas de los árboles de navidad mexicanos, con el objetivo de apoyar a los productores.
Tercero: La Semarnat y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberán iniciar acercamientos con los grupos económicos y empresas sociales o comunitarias que estén interesados en invertir en plantaciones de árboles de navidad, con el propósito de establecer programas de fomento y desarrollo para incrementar la productividad nacional y depender menos de las importaciones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de noviembre de 2006.
Diputada Sara Isabel Castellanos Cortés (rúbrica p.a.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE PERIODISTAS A ATRAER LAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LAS MUERTES DE LOS COMUNICADORES BRADLEY RONALD WILL, JOSÉ MANUEL NAVA SÁNCHEZ Y ROBERTO MARCOS GARCÍA, A CARGO DEL DIPUTADO HUMBERTO LÓPEZ-LENA CRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El que suscribe, Humberto López Lena Cruz, diputado federal de la LX Legisladora del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primero. El pasado 27 de octubre, en medio del conflicto político que vive el estado de Oaxaca fue asesinado el periodista estadounidense Bradley Ronald Will, a consecuencia de disparos realizados por presuntos integrantes de los cuerpos de seguridad municipal del ayuntamiento.
Bradley Ronald Will, se desempeñaba como documentalista y colaborador en Nueva York y en varios países latinoamericanos del portal electrónico Indymedia.
Este asesinato provocó un airado reclamo del presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gónzalo Marroquín y exigió a las autoridades federales a asumir su responsabilidad en las investigaciones hasta dar con los responsables del crimen.
Segundo. El pasado jueves 16 de noviembre fue asesinado a puñaladas en su departamento de la colonia Juárez, en la Ciudad de México, el periodista José Manuel Nava Sánchez, ex director del periódico Excélsior, de reconocida trayectoria en el ámbito periodístico.
José Manuel Sánchez Nava se había desempeñado durante 22 años como corresponsal del periódico Excélsior, en la Ciudad de Washington.
Tercero. El 21 de noviembre en la carretera Veracruz-Alvarado fue ejecutado el periodista Roberto Marcos García, reportero de la revista Testimonio, cuando se dirigía a la comandancia del agrupamiento marítimo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz. En el lugar de los hechos fueron encontrados 12 casquillos calibres 9 y 10 milímetros.
Cuarto. La organización de defensa de la libertad de prensa, Reporteros sin Fronteras (Rsf), con sede en Paris, Francia, condenó el miércoles el asesinato del periodista mexicano Roberto Marcos García, crimen que eleva a siete el número de reporteros asesinados desde enero en el país, "el más peligroso para los informadores, después de Irak".
Quinto. Esta condena y denuncia realizada por una de las organizaciones más importantes del mundo en materia de protección de la libertad de prensa, y el lugar en el que ubican a México, debería ser motivo de preocupación para el gobierno federal, y para la Cámara de Diputados.
Para Reporteros sin Fronteras, "El mandato del presidente Vicente Fox (que comenzó en 2000) termina el 1 de diciembre con el sombrío balance de veinte periodistas asesinados, sin que en ningún momento se haya molestado a ninguno de los autores intelectuales de estos crímenes"
Reporteros sin Fronteras, exige que estos hechos movilicen, tanto al poder político como a las autoridades judiciales y policiales, así como a los medios de comunicación nacionales, y exige de igual manera, que es necesario dotar de medios suplementarios a la Fiscalía Federal especial, encargada de reprimir los ataques a la prensa".
Sexto. El pasado 12 de octubre presenté ante este honorable Pleno, una proposición con punto de acuerdo para que fuera creada la Comisión especial para dar seguimiento a las agresiones a los periodistas y medios de comunicación.
Séptimo. Que el derecho a la libertad de expresión es parte de las garantías constitucionales consagradas en los artículos 6o. y 7o. de la Carta Magna, y corresponde a los poderes del Estado, impulsar acciones que fortalezcan su pleno respeto.
Octavo. Que en los últimos años han incrementado las desapariciones y agresiones contra periodistas y medios de comunicación. En este sexenio, según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos han sido asesinados 31 periodistas.
Noveno. Para la Cámara de Diputados no pueden pasar desapercibidos los hechos tan lamentables -que se presentan en todo el país- en los que la libertad de expresión y de información se encuentran en grave riesgo por la impunidad con la que actúan diversos grupos desde el poder, en contra de los medios de información y de los comunicadores y periodistas.
Décimo. Que para esta representación nacional estos hechos condenables tienen que ser esclarecidos por las autoridades correspondientes.
Por todo lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Fiscalía especial para la atención de los delitos cometidos en contra de periodistas, dependiente de la Procuraduría General de la República, a que atraiga las investigaciones relacionadas con los asesinatos de los periodistas Bradley Ronald Will; José Manuel Sánchez Nava y Roberto Marcos García.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006
Diputado Humberto López-Lena Cruz
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PROMUEVA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ADICIONALES A LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
Las universidades públicas estatales han sufrido los embates de las políticas neoliberales aplicadas en México desde la década de los ochenta del siglo pasado.
Lo anterior las ha llevado a una situación de atraso en su infraestructura física, nula contratación de plazas, ya sea para personal administrativo o docente, e incumplimiento de las prestaciones sociales.
Es muy triste señalar que la tecnocracia gobernante no tiene como prioridad la educación pública y, mucho menos, la formación de profesionales en las distintas ramas del conocimiento científico y de las ciencias sociales.
Las universidades estatales apenas sobreviven con los recursos que a través de subsidios reciben por parte del gobierno federal.
En casos extremos, no pueden hacer frente a compromisos contractuales, como el pago de salarios y de prestaciones, por ejemplo, el aguinaldo y las gratificaciones de fin de año.
No obstante estas cuestiones adversas, hay instituciones que están realizando esfuerzos importantes por mejorar las condiciones de enseñanza a los alumnos.
Tal es el caso de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que en años recientes ha incrementado su calidad educativa, abierto nuevas carreras y logrado que varias de sus licenciaturas estén dentro de los programas de calidad que marca la Secretaría de Educación Pública.
Hay que destacar que 8 de cada 10 estudiantes inscritos en dicha universidad están en carreras avaladas por los parámetros de alta calidad educativa.
Asimismo, 7 de cada 10 profesores de esta casa de estudios cuentan con estudios de posgrado; de 2004 a 2006 la cifra de profesores con doctorado se incrementó de 42 a 86, lo que implica un crecimiento del más del 100 por ciento.
Del total de académicos del estado de Durango que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, la mitad, es decir, 23, están adscritos, dan cátedra y realizan labores de investigación en la Universidad Juárez de Durango.
Esta institución educativa tiene un compromiso muy claro con la sociedad duranguense, especialmente con aquéllos de menos recursos, brindándoles atención médica, odontológica, psicológica, asesoría legal, por sólo mencionar las más importantes, a través de brigadas compuestas por los estudiantes que están realizando su servicio social.
Los logros antes reseñados sólo son una muestra de lo que ha logrado la Universidad Juárez de Durango, no obstante lo limitado de los recursos que recibe.
La situación de esta universidad es delicada, arrastra un pasivo de casi 280 millones de pesos, que provienen de acuerdos de mejora en prestaciones al personal académico y administrativo.
Además, desde 1996 no ha podido incrementar las plazas para personal administrativo.
La Universidad Juárez de Durango recibe un subsidio de 26 mil 200 pesos por alumno, menor a la media nacional que es de 38 mil 600 pesos. El gobierno del estado se ha comprometido aportar recursos hasta poder llegar a dicho porcentaje, pero también se hace necesario el apoyo por parte del gobierno federal.
Es por ello, que los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos presentando este punto de acuerdo, para lograr que puedan asignarse recursos adicionales, en el Presupuesto de Egresos para 2007, para la Universidad Juárez de Durango, con el fin de resarcir las carencias y rezagos que sufre esta institución educativa.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propone, el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión promoverá que se asignen recursos adicionales a la Universidad Juárez de Durango, a fin de que pueda cubrir el rezago en prestaciones económicas del personal, que asciende a 287 millones de pesos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil seis.
Diputados: Abundio Peregrino García, Santiago Gustavo Pedro Cortés (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE REQUERIR AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON OBJETO DE QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, REDUZCA LOS COSTOS DE CAMPAÑA PARA LOS CARGOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR Y DE QUE DICHOS RECURSOS SE DESTINEN AL RUBRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARINA ARVIZU RIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
La suscrita, diputada federal en la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Base II, inciso a), establece el denominado "costo mínimo de campaña" entre los factores para determinar el financiamiento público ordinario a los partidos políticos nacionales, el cual debe ser calculado por el órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral.
Por su parte, el artículo 49, párrafo 7, inciso a), fracción I, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente, con base en los estudios que presente su consejero presidente, los costos mínimos de una campaña para diputado, senador y presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tomando como base los costos aprobados en el año inmediato anterior, actualizándolos mediante el índice nacional de precios al consumidor, así como los demás factores que el consejo determine.
Asimismo, el citado precepto señala que una vez concluido el proceso electoral ordinario, el Consejo General del Instituto Federal Electoral podrá revisar los elementos o factores conforme a los cuales se hubiesen fijado los costos mínimos de campaña.
Conforme a lo anterior, se desprende, en primer lugar, que la propia legislación secundaria permite revisar, una vez concluido el recién transcurrido proceso electoral, los elementos constitutivos de los citados costos mínimos, sea al alza o a la baja, sin que sea necesaria, por tanto, una reforma constitucional o legal para modificar y reducir los montos de financiamiento público ordinario a los partidos políticos.
En segundo término que, conforme a la normativa citada, es responsabilidad exclusiva del consejero presidente y del Consejo General del Instituto, aprobar tales costos mínimos, al encontrarse tal facultad expresamente señalada en su ámbito de competencias.
En tercer lugar, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró, en su tesis relevante S3EL 004/2003, que cuando el referido artículo 49 del código de la materia emplea el término actualizar, dicho vocablo no necesariamente implica incrementar, lo que se refuerza con el señalamiento expreso en dicho código de que, además del índice nacional de precios al consumidor, se pueden introducir todos aquellos factores que el propio Consejo General del IFE determine.
En cuarto lugar, la determinación por introducir factores adicionales para modificar los citados costos mínimos ya ha sido una práctica empleada por la autoridad federal electoral, como concretamente lo ha hecho desde al año 2003.
Por otra parte, y conforme establecen las fracciones II y III del inciso a), párrafo 7, del citado artículo 49 del código de la materia, para determinar el monto de financiamiento público ordinario a los partidos políticos, debe considerarse el número de partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso, razón por la cual, al pasar de 6 a 8 los partidos políticos representados en esta Cámara de Diputados, el financiamiento público se incrementará por esta situación, independientemente del aumento derivado del índice nacional de precios al consumidor.
Concretamente, y tomando como base la nueva integración de éste órgano legislativo, el financiamiento público ordinario correspondiente al año 2006, equivalente a mil 988 millones 822 mil 705.51 pesos, habrá de elevarse a 2 mil 565 millones 577 mil 697.28 pesos para 2007, sin considerar aún el aumento derivado del efecto inflacionario, es decir, un incremento de alrededor del 25 por ciento entre un año y el siguiente.
En tal sentido, esta Cámara de Diputados es el espacio idóneo para demostrar a la ciudadanía que existe la voluntad de todas fuerzas políticas de sobreponer los intereses de la nación a los propios. Por eso debe ser determinación de esta Cámara aprobar el presente punto de acuerdo, para que la autoridad electoral reduzca el monto de los costos mínimos de campaña en un 20 por ciento. Esto es, al reducir el señalado porcentaje, el monto del financiamiento ordinario para partidos políticos habrá de ser equivalente a 2 mil 52 millones 462 mil 157.82 pesos, lo que implicará un ahorro de 513 millones 115 mil 539.46 pesos, independientemente del incremento derivado del índice nacional de precios al consumidor.
Dicha cifra permitirá que el financiamiento a los partidos crezca en un monto mucho menor al proyectado, y apenas superior al ejercido por este mismo concepto durante 2006, sin considerar la inflación, y sin perjudicar los compromisos contraídos con terceros por los propios partidos políticos, así como independiente de otros rubros de financiamiento.
Es un hecho que esta reducción no es la deseada, pero si resulta útil para contener la tendencia de persistente incremento de financiamiento a partidos políticos y constituye un primer paso para su inversión hacia fórmulas más acordes a la realidad del país.
Finalmente, los recursos no ejercidos por esta vía podrán ser canalizados a uno de los requerimientos más importantes para el propio proyecto nacional y su viabilidad a futuro, tal como es el desarrollo de la ciencia y la tecnología y de las instituciones académicas y de investigación que se abocan a tales actividades, dado que los recursos destinados a dicho rubro son inferiores a los establecidos en los parámetros internacionales.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que esta honorable Cámara de Diputados requiera al consejero presidente del Instituto Federal Electoral para que en los estudios que presente relativos a los costos mínimos de campaña incluya una reducción del 20 por ciento a los mismos, en relación con los presentados en el 2006.
Segundo. Que esta honorable Cámara de Diputados requiera al Consejo General del Instituto Federal Electoral para que, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 49, párrafo 7, inciso a), fracción I, apruebe los costos mínimos de campañas de diputado, senador y presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que incluyan una reducción del 20 por ciento a los costos mínimos aprobados para el año 2006.
Tercero. Que esta honorable Cámara de Diputados acuerde que los recursos que se deriven de esta reducción se canalicen al rubro de Ciencia y Tecnología para el ejercicio presupuestal 2007.
Cuarto. Que el presente punto de acuerdo se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a efecto de que considere, en la elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007, la reducción motivo del presente punto de acuerdo y destine los recursos que del mismo se deriven al rubro de ciencia y tecnología del citado Presupuesto de Egresos de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006.
Diputada Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SE, A LA SENER Y A LA SEMARNAT A ELABORAR Y EXPEDIR UNA NORMA OFICIAL MEXICANA QUE REGULE LA COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO QUE PEMEX ADQUIERE EN EL EXTRANJERO, A CARGO DEL DIPUTADO FELIPE GONZÁLEZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Felipe González Ruiz, presenta ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo, que tiene como finalidad hacer un exhorto a la Secretaría de Energía, que en coordinación con la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía elabore y expida de manera urgente y a la brevedad, una Norma Oficial Mexicana en la que se regule la composición de la mezcla del gas que adquiere Pemex en el extranjero y, que se utiliza principalmente en los estados fronterizos del norte del país, basado en las siguientes
Consideraciones
Resulta de la mayor relevancia la regulación y control de la calidad del gas que se consume en nuestro país, los consumidores recibimos en nuestros hogares y negocios una mezcla de gas LP que debe contar con un poder calorífico adecuado a las condiciones climatológicas, de cada región en la que habitamos.
Este gas LP que consumimos es, en realidad, una mezcla que se compone básicamente de dos elementos, de gas butano y de gas propano.
A nivel mundial, la composición recomendada debe ser, en términos generales, conformada en promedio por un 60 por ciento de gas propano y el restante 40 por ciento de gas butano. En México, Petróleos Mexicanos realiza mezclas relativamente homogéneas con esta composición. Sin embargo, hay estados en el norte del país en donde el consumo de gas LP se realiza con combustible que Petróleos Mexicanos compra en el extranjero y, en estas compras de gas LP importado, no se sabe con exactitud cuál es esta composición.
Como referencias, les comento que la participación de las importaciones dentro del abasto nacional, pasó del 13 por ciento del consumo total en 1995 hasta el 25 por ciento en el año 2004 y que el gas butano cuenta con un poder calorífico de 27,209 Btu por litro, y el gas propano cuenta con un poder calorífico de 24,208 Btu por litro.
Para efectos de un adecuado rendimiento de este gas LP se requiere que en regiones predominantemente cálidas tenga mayor proporción de gas butano en la mezcla, y por el contrario, en regiones primordialmente frías el gas propano debe ser el que predomine en la mezcla del energético.
En México no se realizan diferenciaciones en la mezcla, ni por regiones, ni por temperaturas y tampoco existe una regulación de la calidad del gas LP que los consumidores finales recibimos. Sin embargo, para otros energéticos como en el caso del gas natural y la gasolina, si existen normas oficiales mexicanas que regulan entre otros factores, la calidad energética de los mismos.
Dado que el gas lo compramos por unidad de peso o volumen entregado, también es importante determinar con la mayor exactitud posible el poder calorífico del mismo. Ya que de esta manera, el usuario tendrá la certeza de que está pagando por la energía que produce el combustible y no sólo por el peso o volumen del gas que compra.
En los estados del norte del país, el rendimiento de este combustible en los hogares no es el óptimo y esto repercute de manera directa en la economía familiar, pues el consumo de un tanque de gas que duraría en condiciones normales 30 días, rinde a las amas de casa solo 20 días aproximadamente. Así, en estas entidades federativas con climas más extremosos terminan pagando importes adicionales ya que obtienen el mismo poder calorífico que los estados con climas templados, ya que requieren incrementar su consumo de gas LP para satisfacer sus necesidades calóricas.
Lo anterior se presenta debido a que no existe una normatividad respecto de las importaciones de gas LP que Petróleos Mexicanos realiza. Por lo que, atendiendo a la situación económica de las familias mexicanas, vemos la necesidad de que se revise que la mezcla de este combustible de uso básico en nuestro país sea siempre la adecuada y que corresponda a las condiciones climatológicas de la región en que se consume, como es el caso de los estados del norte del país.
Así, el punto de acuerdo que pongo a su consideración, tiene como objetivo proteger los intereses de los consumidores mexicanos del gas LP que se importa y que Pemex distribuye sobretodo en los estados fronterizos del norte del país.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía para que a través de la Comisión Nacional de Normalización y en coordinación con la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, elabore y expida una Norma Oficial Mexicana en la que se regule la composición de la mezcla del gas licuado de petróleo que adquiere del extranjero la empresa de participación estatal mayoritaria Petróleos Mexicanos, gas que se utiliza principalmente en los estados fronterizos del norte del país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 28 de noviembre de 2006.
Diputado Felipe González Ruiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SEGOB Y DE LA STPS A INTERVENIR ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN PARA PONER FIN A LA POLÍTICA DE VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE ÉSTE, A CARGO DEL DIPUTADO VICTORIO MONTALVO ROJAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo con el objeto de que se exhorte al secretario de Gobernación, licenciado Carlos Abascal Carranza y al secretario del Trabajo y Previsión Social, ingeniero Francisco Javier Salazar Sáenz, para que en la esfera de sus respectivas atribuciones intervengan de inmediato ante el comisionado del Instituto Nacional de Migración, licenciado Hipólito Treviño Lecea, a fin de que se detenga la política de violación sistemática a los derechos laborales de los trabajadores de ese instituto.
Consideraciones
1. El 19 de octubre de 1993 se creó el Instituto Nacional de Migración, como un órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, teniendo como objeto la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, así como las relaciones de coordinación con las diferentes dependencias de la administración pública federal que concurran en la atención y solución de los asuntos en la materia.
2. El Instituto Nacional de Migración señala como su "visión" el "ser un órgano respetuoso de la dignidad y los derechos humanos de los migrantes; que facilite a los extranjeros el ejercicio de sus derechos..."
3. Lo paradójico es que a sus propios trabajadores el Instituto Nacional de Migración no les respeta su dignidad y sus derechos humanos, y les pisotea sistemáticamente el ejercicio de sus derechos laborales. Esto ha venido sucediendo durante todo el sexenio foxista, especialmente a partir de que el cargo de comisionado es ocupado por el licenciado Hipólito Treviño Lecea.
4. Los trabajadores de este Instituto sufren, entre otras, las siguientes arbitrariedades: las trabajadoras embarazadas son hostigadas laboralmente y cambiadas de área sin previo aviso, no son recibidas las licencias médicas de los trabajadores para levantarles actas administrativas, sufren cambios de adscripción a Veracruz y Oaxaca entre otros sitios; sin que se justifique en necesidades del servicio, a las madres trabajadoras se les cambia su horario de labores para que ya no puedan estar con sus hijos ni apoyarlos en sus actividades escolares o se les transfiere a oficinas más lejanas lo que les acarrea mayores gastos y más tiempo en el traslado, se ha suprimido el tiempo para ingerir alimentos o para el descanso durante la jornada laboral, se niegan o condicionan las vacaciones, días económicos y otros permisos, los ascensos son negados a las personas con mayor experiencia y antigüedad y se prefiere a personas recomendadas; los trabajadores se ven obligados a comprar sus propios uniformes, se solapa a los mandos medios que acosan sexualmente a las trabajadoras, los viáticos no se otorgan en tiempo y forma, los premios y estímulos no son entregados. Todas estas aberrantes violaciones, que están debidamente documentadas, agraden al artículo 123 constitucional, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y a las condiciones generales de trabajo vigentes en la Secretaría de Gobernación.
5. Además, los trabajadores que han denunciado estas irregularidades ante las autoridades superiores del Instituto, el órgano de control interno o incluso han demandado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, son víctimas de diversas represalias como el ser obligados a desarrollar actividades que no concuerdan con su nivel de calificación, cambios de horarios o de adscripción, por mencionar algunas.
6. Todo este panorama de ilegalidad no sólo pisotea los derechos humanos laborales de los trabajadores, sino pone en riesgo el buen funcionamiento del Instituto Nacional de Migración, esencial para la soberanía y seguridad nacionales y a la tutela de los migrantes. Lo que incluso nos debe llevar a pensar en la necesidad de refundar a este Instituto en un organismo descentralizado o incluso en un organismo público autónomo que le permita desempeñar sus atribuciones con mayor dignidad y autonomía.
En base a todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte al secretario de Gobernación, licenciado Carlos Abascal Carranza y al secretario del Trabajo y Previsión Social, ingeniero Francisco Javier Salazar Sáenz, para que en la esfera de sus respectivas atribuciones intervengan de inmediato ante el comisionado del Instituto Nacional de Migración, licenciado Hipólito Treviño Lecea, con el objeto de que se ponga fin a la política de violación sistemática a los derechos laborales de los trabajadores de ese Instituto, restituyéndoles, en su caso, en el goce de los mismos. Al propio tiempo inicien las investigaciones para determinar las responsabilidades de los involucrados, ejerciéndose las acciones legales que procedan.
Diputado Victorio Montalvo Rojas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL DIRECTOR GENERAL DE LA CONAGUA QUE MODIFIQUE LA REGLA IV.4.4, RELATIVA A LOS COMPONENTES GENERALES DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES, A CARGO DE LA DIPUTADA YARI DEL CARMEN GERBHARDT GARDUZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:
Antecedentes
La Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, expidió las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, los cuales se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 7 siete de abril de 2003, las que fueron modificadas y publicadas, respectivamente, con fecha 1 de septiembre y 24 de diciembre de 2003.
Dichas Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento se establecieron con la finalidad de enfrentar los retos que en materia hidráulica existen en el país, considerados en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y el Programa Nacional Hidráulico 2001-2006, de tal manera que se intentó establecer una política hidráulica integral, buscándose la creación de programas con una cobertura amplia en las diversas necesidades de la población, promoviendo condiciones de equidad para tener acceso a los beneficios de los programas que en materia de infraestructura hidroagrícola, de agua potable, alcantarillado y saneamiento tiene a su cargo la Comisión Nacional del Agua.
Los recursos que se asignan para la ejecución de los programas que se integran en las referidas reglas de operación están sujetos a los mecanismos de control, vigilancia y evaluación de los resultados.
Consideraciones
Base funcional del Estado mexicano, pues representa la principal célula de la organización administrativa y territorial en él, lo constituye el municipio, que encuentra su naturaleza jurídica, estructura y organización en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Mediante las reformas y adiciones realizadas el referido precepto constitucional en 1983 se establece como una responsabilidad a cargo de los municipios la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
La fracción III, inciso a), del artículo 115 constitucional hace referencia a que los municipios tendrán a su cargo el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
La regla IV.4 de las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua hace referencia al Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, que está orientado a responder a las necesidades de la población rural de México en sus responsabilidades constitucionales, teniendo como principal objetivo incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento mediante la construcción de infraestructura, con la participación comunitaria organizada, sin distinción de género o etnia, a fin de inducir la sostenibilidad de los servicios.
La regla IV.4.4, denominada "Componentes Generales de Apoyo", hace referencia a los recursos federales para los referidos ejercicios fiscales, de tal manera que en los mismos se señala lo siguiente:
"El apoyo federal en lo general podrá ser hasta de 50 por ciento de la inversión convenida con los gobiernos estatales y se complementará con los recursos provenientes de éstos y, en su caso, de los municipios participantes hasta alcanzar el 100 por ciento de la inversión requerida. Para las localidades de alta y muy alta marginación, dicho apoyo podrá incrementarse hasta 60 por ciento del costo.
"En los casos que la CNA oficinas centrales determine previa justificación del ejecutor y previo dictamen técnico del gerente estatal o regional de la CNA, como un problema para la salud de los habitantes, pudiendo ser problemas de tracoma o de contaminación asociada a contenidos altos de arsénico, los 50 municipios con menor índice de desarrollo humano, el apoyo federal podrá ser hasta de 100 por ciento y, en estos casos y a solicitud del estado, la CNA, podrá ejecutar las obras."
Considero que el actual contenido de dicha regla es muy limitado, pues en el país hay entidades federativas y municipios con un presupuesto muy reducido, debido a las diversas necesidades que debe atender, lo que genera que si llegan a ser considerados en el Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, no podrán contar con recursos económicos suficientes, para completar el costo de esta obra hidráulica, lo que obligaría a que sean reintegrados a la Tesorería de la Federación los recursos federales que se encuentren autorizados y no sean devengados al 31 de diciembre de cada año, acorde con lo establecido en el artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Con lo anterior, seguramente con los millones de pesos etiquetados para atender las necesidades de varias comunidades indígenas pobres del país éstas se quedan sin ser beneficiadas con la construcción de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales, al ver cómo lamentablemente se deben reintegrar a las arcas públicas patrimoniales dichos recursos económicos al no haberse destinado a la finalidad para la cual se encontraban presupuestados.
La situación no es nada fácil en varias de las comunidades indígenas de México, pues según diversos informes sobre desarrollo humano, entre los que destaca el realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los municipios indígenas de México presentan grados de subdesarrollo similares a los países más pobres de África. Si a lo anterior agregamos que los pocos recursos destinados a mejorar la vida de dichas comunidades indígenas no son ejercidos, la situación se vuelve más caótica y lamentable.
Asimismo según cifras oficiales de los 21 millones 513 mil 235 de viviendas indígenas existentes en México, solamente 84.3 por ciento cuenta con el servicio de agua potable entubada, lo que seguramente se debe a la falta de la infraestructura necesaria que permita brindar dicho servicio público a toda la población, lo cual no es aceptable, pues una de las características principales de todo servicio público es su generalidad, lo que implica que todos los mexicanos debemos disfrutar de las condiciones mínimas que nos permitan vivir en un ambiente adecuado, y por lo que vemos en materia de agua potable esto no se está cumpliendo, como si nuestros hermanos indígenas fueran habitantes de un segundo nivel.
Por lo anterior es evidente la necesidad de reformar la regla IV.4, en el apartado relativo a los componentes generales de apoyo, contenido en el apartado IV.4.4, en sus párrafos segundo y tercero, para incluir en el apoyo federal de hasta 100 por ciento de este programa los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano, así como dar prioridad a los gobiernos estatales de mayor marginación, proponiéndose para tal efecto el siguiente texto:
"IV.4.4. Componentes generales de apoyo.
...
El apoyo federal, en lo general podrá ser hasta de 70 por ciento de la inversión convenida con los gobiernos estatales de mayor marginación y se complementará con los recursos provenientes de éstos y, en su caso, de los municipios participantes alcanzará 100 por ciento de la inversión requerida. Para localidades de alta y muy alta marginación, dicho apoyo podrá incrementarse hasta 90 por ciento del costo.
En los casos que la CNA oficinas centrales determine previa justificación del ejecutor y previo dictamen técnico del gerente estatal o regional de la CNA, como problema para la salud de los habitantes, pudiendo ser problemas de tracoma o de contaminación asociada a contenidos altos de arsénico, los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano, el apoyo federal podrá ser hasta 100 por ciento y, en estos casos y a solicitud del estado, la CNA podrá ejecutar las obras.
...
...
A. a C. ..."
La anterior reforma permitirá que los estados y los municipios más pobres de México puedan contar con obras dignas por lo que a construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales compete, y con ello construir las condiciones para que se comiencen a generar mejores condiciones de vida en los municipios indígenas, los cuales históricamente han sido marginados; la deuda social con ellos ya no debe existir.
Como diputada federal, es mi deber ser el garante de los intereses del pueblo y exponer ante la máxima tribuna de la nación esta problemática, ya que las condiciones en que viven las comunidades indígenas de nuestro país son lamentables.
Por lo anterior, propongo a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortar al director general de la Comisión Nacional del Agua para que modifique la regla IV.4.4, relativa a los componentes generales de apoyo, por lo que compete al programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales, en los términos contenidos en este punto de acuerdo.
Segundo. Exhortar al director general de la Comisión Nacional del Agua para que informe a la Cámara de Diputados de su opinión sobre el tema materia de este punto de acuerdo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006.
Diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SEGOB Y AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN QUE GARANTICEN EL TRATO DEBIDO A LOS EXTRANJEROS ASEGURADOS EN LAS ESTACIONES MIGRATORIAS DEL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA MARINA ARVIZU RIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA
La suscrita, diputada federal en la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable órgano legislativo el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Primera. La política exterior del Estado mexicano se ha caracterizado por incorporarse en las posiciones de avanzada en el marco del derecho internacional, suscribiendo diversidad de tratados, protocolos y demás instrumentos internacionales que promueven una más justa y digna condición humana.
Dentro de ese marco se inscribe la defensa de los derechos de nuestros connacionales en otros países, remarcando la congruencia entre los principios que se buscan garantizar para todos los individuos del mundo, con el trato que exigimos para nuestros compatriotas.
Segunda. Que el trato digno a la persona no es prerrogativa de los mexicanos, sino que se extiende a todos aquellos individuos que ingresan al territorio nacional; tampoco se puede restringir sólo a aquellas personas que no han cometido delitos o faltas de cualquier tipo, toda vez que el referido trato digno debe concebirse como un precepto de orden universal. La propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece diversidad de derechos y prerrogativas que buscan amparar tal garantía.
En ese contexto, las normas secundarias relativas a la estancia de extranjeros asegurados en nuestro país también están orientadas en tal sentido. Así, de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley General de Población, corresponde a la Secretaría de Gobernación establecer las estaciones migratorias en los lugares de la república que estime conveniente para alojar en las mismas, como medidas de aseguramiento, si así lo estima pertinente, a los extranjeros cuya internación se haya autorizado en forma provisional, así como a aquéllos que deben ser expulsados.
Por su parte, el reglamento de la referida ley establece, en su artículo 208, que las estaciones migratorias estarán a cargo del Instituto Nacional de Migración y corresponde al secretario expedir las disposiciones administrativas que regirán tales estaciones, garantizando el respeto a sus derechos humanos. Asimismo, el artículo 209 del citado reglamento señala que, durante su estancia en tales estaciones, a los extranjeros les será proporcionado un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de que sea necesario.
Adicionalmente, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación confiere al comisionado del Instituto Nacional de Migración, en su artículo 62, la atribución de dirigir las estaciones migratorias y el artículo 64 de la misma norma establece la facultad de la Coordinación de Control y Verificación Migratoria, de organizar, supervisar y aplicar las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias en lo relativo al ingreso, estancia y disciplina de los extranjeros asegurados.
Tercera. A la fecha funcionan más de 50 estaciones migratorias en el territorio nacional, a cargo de las autoridades antes descritas, que son responsables de la estancia de los extranjeros asegurados en las mismas.
Cuarta. Que una de las estaciones migratorias con mayor población es la de Iztapalapa, en esta ciudad de México.
Quinta. Desde el mes de marzo de 2004, respondiendo a una invitación hecha por el propio Instituto Nacional de Migración, la Fundación Murrieta, AC, se dio a la tarea de implementar un programa de atención a los migrantes asegurados.
Sexta. La citada Fundación Murrieta, AC, es una institución privada, no lucrativa, con más de 20 años de trabajo social en beneficio de los grupos más vulnerables en nuestro país. Entre sus objetivos se encuentran proporcionar servicios de capacitación, asistencia social, salud, educación y desarrollo social en apoyo a organizaciones que trabajen con grupos vulnerables o directamente con dichos grupos -menores de edad, ancianos, mujeres, jóvenes, migrantes, indígenas, discapacitados, entre otros.
Séptima. El programa de atención a migrantes asegurados integra diversas actividades y apoyos, que incluyen, entre otros, la donación de equipo, como cunas para bebé, ludotecas para jóvenes y adultos, biblioteca, así como la incorporación del Programa de Actividades Recreacionales e Informativas, el cual tiene como objetivo la impartición de cursos y talleres de contenido ocupacional e informativo que colaboren a la armonía del lugar mientras se resuelve la situación migratoria de las personas ahí aseguradas.
Octava. El funcionamiento de las actividades y el otorgamiento de apoyos mencionados en el considerando anterior fueron financiados con los excedentes de la operación del programa La Tienda.
Novena. Los objetivos de la instalación del programa La Tienda fueron la desaparición del mercado negro de mercancías tales como tarjetas telefónicas y cigarrillos entre otros, los cuales llegaron a alcanzar precios de hasta 5 veces su valor comercial; evitar la asignación del personal de otras áreas del instituto (principalmente de trabajo social) de la estación a la labor de compra de productos para el personal asegurado; el abasto de mercancía miscelánea los 365 días del año, durante 8 horas diarias, con precios competitivos e iguales a los de la calle.
Décima. Adicionalmente, como ha sido mencionado, el programa la tienda permite financiar los apoyos consistentes en donaciones de equipo y actividades dentro de la estación migratoria para el mejoramiento de las condiciones de los migrantes ahí asegurados, tales como talleres, ludotecas, biblioteca y, en general, actividades recreativas e informativas.
Décima Primera. Tales objetivos han sido cumplidos desde el inicio del programa de apoyo a migrantes, para lo cual se han implementado estrictas medidas de control y seguridad, así como otras actividades para su mejor funcionamiento.
Décima Segunda. Para el funcionamiento transparente y seguro del programa se establecieron las siguientes medidas:
a) Fueron contratadas personas pertenecientes a grupos vulnerables, quienes cuentan con todas las prestaciones de ley, seguridad social y pago de impuestos al corriente;
b) Se realizaba la supervisión diaria por el personal del instituto antes del ingreso del personal que atendía el programa; así como la revisión semanal del local;
c) La mercancía era inspeccionada por el personal de seguridad, verificando que no estuviera adulterada, fuera nueva y se encontrara en sus empaques originales; cuenta con facturas que amparan su compra y, en su caso, el pago de impuestos correspondientes;
d) La lista de precios exhibida a la vista del público, además de que se entregaba una copia de la misma a la dirección de la estación;
e) Se cuenta con un sistema de cómputo con lector de código de barras que permite atender con mayor velocidad a los usuarios, así como entregarles un recibo por su compra, lo que permite verificar la cantidad y tipo de productos adquiridos, el precio de venta, así como el cambio correspondiente entregado.
Décima Tercera. El 11 de julio del presente año se recibió oficio INM/CCV/1748/2006, emitido por el coordinador de Control y Verificación Migratoria, en donde se notificó que, debido a que a la fecha no ha sido posible concretar jurídicamente el convenio de operación del programa denominado La Tienda, se disponía de un plazo de 72 horas para realizar la entrega del espacio en donde opera el programa de la Fundación Murrieta.
Décima Cuarta. A la fecha, el programa de apoyo a migrantes asegurados cuenta con más de dos años y medio operando, sin que hasta ese momento haya presentado ninguna irregularidad; muy por el contrario, estaba cumpliendo plenamente con los objetivos planteados sin ningún contratiempo.
Décima Quinta. Con la aplicación del programa de apoyo a migrantes asegurados se producen importantes beneficios sociales, de atención y cooperación, por lo que tal labor debe ser reconocida y concretada jurídicamente, mediante la celebración del convenio de colaboración, principalmente por no existir impedimento legal o administrativo para su celebración, y en virtud de estarse cumpliendo los objetivos y beneficios desde hace más de dos años.
Décima Sexta. La inexistencia del referido convenio de colaboración no puede ser imputable a un organismo civil que en el desarrollo de sus actividades no tiene fines de lucro, y que genera beneficios lo mismo a mexicanos en situación vulnerable, así como a los propios extranjeros ubicados en las estaciones migratorias, y sí lo es, en cambio, a la autoridad responsable, la cual tiene el encargo de garantizar un trato digno a las personas y tomar las acciones que aseguren un desarrollo más eficiente de sus actividades.
Décima Séptima. Que lo ocurrido en la Estación Migratoria de Iztapalapa genera preocupación y dudas sobre lo que puede acontecer en el resto de las estaciones migratorias en el país, sea por la eventualidad de que se presente este trato injusto para los extranjeros sujetos a un eventual mercado negro, como de las medidas tomadas por la autoridad para resolver o evitar que ello suceda.
Décima Octava. Nuestro país reclama un trato justo, humanitario y de respeto irrestricto a los derechos humanos de nuestros connacionales asegurados por autoridades migratorias de otros países, por lo que las autoridades migratorias de nuestro país deben alentar programas, como el que lleva a cabo la Fundación Murrieta, para mejorar las condiciones de los migrantes y el respeto a sus derechos.
Por lo antes expuesto, se somete al Pleno de esta honorable soberanía, la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Gobernación que, en el marco de sus atribuciones, emprenda las acciones conducentes a garantizar el trato debido a los extranjeros asegurados en las estaciones migratorias que existen en el país, en términos de las consideraciones expuestas en el presente punto de acuerdo.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados solicita al Instituto Nacional de Migración para que, a la brevedad, celebre un convenio de colaboración con la Fundación Murrieta, AC, a fin de regularizar el programa de apoyo a migrantes asegurados en las instalaciones de la estación migratoria de Iztapalapa.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006.
Diputada Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO A IMPLANTAR DIVERSAS ACCIONES PARA ERRADICAR LOS HOMICIDIOS DOLOSOS CONTRA MUJERES, SUSCRITA POR DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los suscritos diputados Laura Angélica Rojas Hernández, Claudia Sánchez Juárez, Luis Gustavo Parra Noriega del PAN, Martha Hilda González Calderón del PRI, Ana Yurixi Leyva Piñón del PRD, Mónica Arriola Gordillo del Panal, Elsa Conde Rodríguez de Alternativa y Martha Angélica Tagle Martínez de Convergencia con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presentamos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
El feminicidio es la violencia ejercida contra niñas y mujeres, en su máxima expresión. Haydee Birgin, relator de las Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres en México, encuentra la explicación del feminicidio en el dominio de género que se caracteriza por la supremacía masculina, así como por la opresión, discriminación, explotación y exclusión social de niñas y mujeres.
Los tratados internacionales que se manifiestan en contra de la violencia ejercida hacia las mujeres, principalmente Belém Do Pará, la Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y la Conferencia de Beijing; coinciden en que la violencia es un mecanismo de dominio, control y opresión de género contra las mujeres. Recordemos que México ha firmado cada uno de estos tratados y por ende está obligado a erradicar cualquier forma de violencia y discriminación hacia el género femenino.
Sin embargo, en varios estados la violencia contra las mujeres se enmarca dentro de la violencia familiar. No se reconoce jurídica ni judicialmente la violencia específica contra las mujeres. Este es el caso del estado de México, en el que no está tipificado el delito de feminicidio, ni la violencia de género.
De acuerdo con el documento "Violencia feminicida en 10 entidades de la República Mexicana", investigación realizada por la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana de la LIX Legislatura, en nuestro país tres mujeres son asesinadas al día sólo por su condición de género. Estos datos revelan que los feminicidios en nuestro país van más allá del caso de las muertas de Juárez, pues en seis años, de 1999 a 2005, 6 mil mujeres fueron victimadas en 10 estados del país.
Este estudio revela también que Veracruz encabeza la lista de mujeres asesinadas con mil 494 víctimas en el periodo 2000-2005, mientras que el estado de México reporta mil 288 casos entre 2000 y 2003.
Puede concluirse entonces que los asesinatos de niñas y mujeres no están vinculados a una región específica, se dan en diferentes entidades federativas, en municipios urbanos y rurales, zonas metropolitanas y suburbanas. Sin embargo, dentro de toda esta diversidad, las víctimas en su mayoría habitan en lugares con un alto grado de inseguridad, y nula protección social e institucional.
Un caso particular que ilustra lo anterior es el estado de México. De acuerdo con el registro judicial, año con año el número de homicidios dolosos contra mujeres se ha incrementado. En 2000 fueron 32 los casos, en 2001 se registraron 26, en 2002 fueron 42, en 2003 se conocieron 38, pero en 2004 se disparó la cifra a 74. Más aún, esta entidad alcanzó en 2005 la máxima cifra con 104 y de mantenerse el ritmo en 2006 con 52, en poco menos de ocho meses, esa cantidad permanecerá o podría superarse (El Universal, 14 de agosto de 2006, p. 5).
Las mujeres mexiquenses están expuestas a las dos formas de violencia extrema: el homicidio doloso y la violación tanto dentro como fuera del hogar.
Los estudios realizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demuestran que el estado de México incrementó en un 50 por ciento los casos de homicidios dolosos contra mujeres alcanzando una tasa del 200 por ciento muy por encima a la tasa nacional.
Especial atención merece la zona oriente del estado, considerada como la de mayor incidencia de crímenes contra mujeres muchas de ellas menores de edad.
Los municipios con mayor incidencia entre 2000 y lo que ha transcurrido de 2006 son: Naucalpan con 32 de los casos, Ecatepec con 30, Chimalhuacán con 30, Tlalnepantla con 24, Ixtapaluca con 23, Nezahualcóyotl con 18, Valle de Chalco con 18, Toluca con 16, Amecameca con 12 y Chalco con 11 (El Universal, 14 de agosto de 2006, p. 5).
Según la Procuraduría General de Justicia del estado de México, "las principales causas médicas legales han sido: asfixia por estrangulación, heridas producidas por disparo de arma de fuego penetrante en cráneo, tórax y abdomen y heridas producidas por armas punzocortantes. La mayoría acompañadas de violación previa.
El 5 de septiembre del año en curso, la Procuraduría General de Justicia del estado de México creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Homicidios Dolosos cometidos contra las Mujeres y Delitos Relacionados con Violencia Familiar y Sexual. Este hecho merece un reconocimiento al gobierno del estado por su interés en combatir este mal.
Asimismo, resulta encomiable el hecho de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México haya diseñado un programa de septiembre a diciembre para que diversas dependencias, en coordinación con los ayuntamientos de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ecatepec, Valle de Chalco y Chalco brinden asesoría legal, jurídica, sicológica, orientación y difusión de temas de prevención de violencia a las mujeres de esas zonas donde en el presente año se han registrado la mayor cantidad de asesinatos (El Universal, 8 de septiembre de 2006, p. 4).
Sin embargo, las diputadas y diputados suscritos consideramos que es necesario redoblar los esfuerzos en esta materia y generar una política integral de combate a la violencia de género, partiendo de una estrategia no solamente del tipo judicial, sino más bien de cambio cultural basado en la educación de la sociedad mexiquense. La raíz del problema está en la erosión del tejido social, está en la cultura de las personas y en el tipo de relaciones de género que de ésta se derivan.
En este mismo sentido van las observaciones y recomendaciones que el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres de las Naciones Unidas, hizo a México después de revisar el sexto informe que sustentó nuestro país en cumplimiento de este protocolo internacional.
Por lo anterior, las suscritas diputadas y diputados proponemos la siguiente proposición con puntos de
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de México a generar una estrategia integral preventiva y restaurativa e implementar políticas públicas que erradiquen la violencia de género y la comisión de homicidios dolosos en contra de mujeres.
Segundo. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría de Justicia del estado de México a incorporar la perspectiva de género en la procuración y administración de justicia, designando a mujeres ministerios públicos y médicos legistas capacitadas en la atención a víctimas de violencia de género, abuso sexual e intrafamiliar.
Tercero. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, solicita a la Procuraduría de Justicia del estado de México información sobre los avances de las investigaciones de los homicidios dolosos en contra de mujeres.
Cuarto. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México a generar acciones de reparación del daño y atención a las familias de las víctimas.
Quinto. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Legislatura del estado de México a generar una legislación que fortalezca los órganos del Ejecutivo responsables del diseño de políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de vida para las mujeres y las familias mexiquenses en el contexto de la equidad. Asimismo, a armonizar la legislación estatal con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres y tipificar el feminicidio como delito, allanando así los vacíos legales en la impartición de justicia y poniendo fin a la impunidad que priva en los feminicidios.
Sexto. La Cámara de Diputados de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Legislatura del estado de México a destinar presupuesto suficiente a los rubros destinados a combatir la inequidad entre los géneros y la violencia de género y familiar.
Palacio Legislativo de San Lázaro.- México Distrito Federal, 28 de noviembre de 2006.
Diputados: Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Mónica Arriola Gordillo (rúbrica), Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A DICTAMINAR LAS CUENTAS DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2002, DE 2003 Y DE 2004, A CARGO DEL DIPUTADO HUGO EDUARDO MARTÍNEZ PADILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las y los suscritos, diputadas y diputados federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1. Que la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF), es el informe que rinden los poderes de la Unión y los entes públicos federales sobre su gestión financiera, presupuestaria, programática y económica, que de manera consolidada presenta el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. La Cuenta Publica tiene por objeto comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante un ejercicio fiscal, que abarca del primero de enero al 31 de diciembre de cada año, se hizo en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables conforme a los criterios establecidos y con base en los programas aprobados.
La formulación de la CHPF se fundamenta jurídicamente en la Constitución y en un conjunto de ordenamientos y de normas específicas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 74, fracción IV, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual otorga a esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de manera exclusiva la facultad y obligación de revisar la Cuenta Pública del año anterior.
Por su parte, el artículo séptimo de la Ley Superior de Fiscalización señala que la Cuenta Pública estará constituida de la siguiente forma: Los estados contables, financieros, presupuestarios, económicos y programáticos; la información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación; los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo totales de la Hacienda Pública federal y en su patrimonio neto, incluyendo origen y aplicación de los recursos, y el resultado de las operaciones de los poderes de la Unión y entes públicos, además de los estados detallados de la deuda pública federal.
2. El 30 de julio de 1999 se publicaron en el Diario Oficial las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión, las cuales dieron origen a la Auditoría Superior de la Federación. Mientras que el 20 de diciembre de 2000 la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Actualmente el ente fiscalizador de la Cámara de Diputados goza de autonomía técnica y de gestión, en el ejercicio de sus atribuciones y asume sus responsabilidades en el proceso de rendición y revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
La ASF, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de las que le confiere la Ley de Fiscalización Superior de la Federación (LFSF), efectúa la revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera (IAGF), así como de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y determina observaciones sobre las irregularidades y deficiencias detectadas, que dan origen a la promoción de acciones correctivas y preventivas.
Es importante mencionar que una de las facultades más importantes de la ASF son las relacionadas con el fincamiento de responsabilidades; es decir, las facultades sancionatorias y resarcitorias. A partir de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2001, la propia ASF finca responsabilidades en caso de daño al erario público federal.
3. La Ley de Fiscalización Superior de la Federación, es la que regula las acciones de la Auditoría Superior de la Federación, cuyo titular lo designa el Pleno de la Cámara de Diputados, con la cual se comunica a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y es esta última la que dictamina la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los ejercicios fiscales de 2002, 2003 y 2004 fueron turnadas a la Auditoría Superior de la Federación, para que en ejercicio de sus facultades llevara a cabo su revisión y fiscalización.
La Auditoría Superior de la Federación presentó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública de los Ejercicios Fiscales de 2002, 2003 y 2004, en apego a lo dispuesto por los artículos 31 y 32 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, según lo dispuesto por el artículo 67, fracción III, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presenta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública. La información contenida en este informe es considerada para el análisis y elaboración del respectivo dictamen.
4. El 21 de abril de 2005, con 241 votos a favor, 113 en contra y 3 abstenciones se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal de 2001. Sin embargo fue hasta el 21 de junio que se publicó el decreto en el Diario Oficial. Luego de cuatro años de retraso, la Cámara logró aprobar el dictamen, correspondiente al primer año de gobierno de Vicente Fox, no obstante, se debe destacar que prevalecieron observaciones por 16 mil millones de pesos.
El dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio Fiscal de 2001, fue una resolución importante que la Cámara de Diputados venía postergando. El retraso de este dictamen, fue motivado entre otras causas por las distintas interpretaciones de la reforma al artículo 79 constitucional con la que se creó el Órgano Superior de Fiscalización y de la que se desprendió un nuevo marco normativo: la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
En la pasada Legislatura, un grupo de diputados sostenía que ya no correspondía el dictamen a la Cámara de Diputados, en virtud de las atribuciones del órgano fiscalizador. Con este argumento se bloqueó cualquier intento de dictamen. No obstante, en la misma LIX Legislatura, se reclamó desde la Junta de Coordinación Política y en diversos momentos en la Comisión de Presupuesto, la facultad de la Cámara de Diputados de revisar la Cuenta Pública, como lo dispone la fracción IV del artículo 74 constitucional.
Se argumentaba que la Cámara no podía renunciar a sus facultades en el control del gasto a través del examen de la Cuenta Pública, en la medida que la Auditoría Superior de la Federación era sólo un órgano técnico auxiliar. Esta postura ganó consenso entre los legisladores y fue la que se impuso al final para realizar el dictamen.
5. Con la revisión de la Cuenta Pública 2001 se pudo constatar que se observaron excepciones al cumplimiento de los principios de rendición de cuentas, entre las que se pueden destacar: registros extemporáneos de ingresos y gastos realizados o devengados; deficiencias en el control físico y documental de los bienes existentes; estados financieros cuya información es incompleta, al no reconocer el efecto de la inflación; además de que en las cuentas de activo no se registraron algunos bienes adquiridos.
El dictamen elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados concluye que se comprobó que los resultados de la Cuenta Pública 2001 no se ajustan a los criterios señalados por el Presupuesto ni se han cumplido los objetivos contenidos en los programas.
También, se pudo constatar que diversas dependencias y entidades del sector paraestatal, en su caso, presentaron sus estados financieros con información incompleta, por la omisión de la actualización de sus cifras; no efectuaron recuentos físicos de los bienes inventariables; no crearon las reservas de las obligaciones laborales; no cumplieron con la consistencia en el cálculo de la depreciación de los activos fijos; tienen activos excedidos respecto a su valor de recuperación; y no consolidan ni valoran las inversiones a través del método de participación.
Asimismo, algunas entidades registraron inobservancias a los principios básicos de contabilidad gubernamental. Se constató que las operaciones y su registro no se ajustaron a las disposiciones de las leyes y reglamentos aplicables, los estados financieros y los registros de los sistemas informáticos no incluyen toda la información que resulta de las operaciones, y los registros se realizaron en forma extemporánea, consignando gastos que no fueron devengados y se presentaron como ejercidos en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001.
El dictamen contiene una seria autocrítica a los legisladores, a fin de que no se repita este hecho y comprometerlos para revisar lo más pronto posible las Cuentas Públicas 2002, 2003 y 2004, las cuales aún no se han dictaminado.
Abordar con tanto retraso la dictaminación de la Cuenta Pública del año 2001 canceló muchas acciones que pudieron implementarse, de haberse dado este proceso con mayor oportunidad.
Es innegable el avance que en los últimos años se ha registrado en materia de transparencia de información, aunque hay pendientes, de lo que se ha logrado alcanzar con una mejor fiscalización, no obstante falta lograr más objetivos y aún falta mucho en lo relativo a la rendición de cuentas, para lo cual es necesario que el Ejecutivo proporcione al Legislativo mayor información en tiempo y forma para que se cierre exitosamente el ciclo presupuestario en la parte del control.
Finalmente, el dictamen de la Cuenta Pública tiene la importancia de recuperar para la Cámara de Diputados sus atribuciones constitucionales en materia de revisión de los ingresos, egresos y deuda de cada ejercicio fiscal, atribuciones eminentemente de control.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Esta soberanía solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que proceda a elaborar los dictámenes de las Cuentas de la Hacienda Pública Federal de los años 2002, 2003 y 2004 para que los presente al Pleno de esta asamblea y que para dicho encargo solicite a las comisiones ordinarias legislativas opinión fundada, a efecto de que se cumpla con lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numeral 1, 40 numeral 1, y 45 numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, 81 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo, a 28 de noviembre de 2006.
Diputado Hugo E. Martínez Padilla (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESPECIAL DE ATENCIÓN DE LA FRONTERA SUR, A CARGO DEL DIPUTADO ARNULFO ELÍAS CORDERO ALFONZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal por el distrito VIII electoral del estado de Chiapas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, párrafo primero, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 58, fracción I, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo,al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios ha realizado un trabajo importante, pero centrado en asuntos migratorios y poblacionales de la frontera norte. Los resultados de esta comisión han puesto especial énfasis en los problemas surgidos de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos de América, tales como la migración informal, derechos humanos de nuestros connacionales, así como el tema del voto de los mexicanos en el exterior, tan sólo por enumerar algunos temas. Sin embargo, la problemática de la frontera sur ha sido escasamente abordada por esta comisión, incluso de forma parcial; además de que existen asimetrías económicas y de desarrollo, debido a que son realidades distintas respecto a la frontera norte y, por tanto, problemáticas diferentes donde se deben diseñar y promover políticas públicas y estrategias específicas para superarlas. Ambas problemáticas son de gran importancia, pero con impactos y realidades peculiares e inconciliables, que no pueden analizarse y discutirse en un mismo contexto, toda vez que México es una pluralidad sociocultural y, por tanto, deben abordarse estos rubros en específico.
Los estados que conforman la frontera sur de México comparten características sociodemográficas, territoriales y de recursos naturales que los entrelazan y los condicionan como una región estratégica en el contexto nacional y de Mesoamérica, de tal manera que se tiene que atender la frontera sur de una forma integral, con planeación, no sólo vinculado al aspecto migratorio, sino además de otros fenómenos colaterales prioritarios y que constituyen un tema de seguridad nacional (migración, salud pública, empleo, seguridad y derechos humanos) y de desarrollo integral de la región.
Prueba fehaciente del trato diferencial entre la frontera norte y la frontera sur es que no existen investigaciones que documenten de forma estadística y científica la realidad que viven los gobiernos de los estados y la ciudadanía en general de la frontera sur; mientras que en la frontera norte se han destinado recursos en el plano de investigación e instrumentación de acciones gubernamentales referente al fenómeno migratorio, la frontera sur ha pasado al olvido.
A su vez, la frontera sur ha sido tratada como un caso casi exclusivamente delincuencial; sin embargo, rebasa esta esfera, ya que el fenómeno migratorio de esa región no impacta exclusivamente en cuanto a la seguridad fronteriza sino que se diversifica en aspectos del desarrollo económico, del desarrollo sustentable y de salud, lo que lo convierte en una situación compleja en cuanto a su tratamiento, sin dejar de reconocer que representa un tema de seguridad nacional.
Esta es una lamentable realidad que se vive en los estados de la frontera sur, sobre todo en el estado de Chiapas, la entidad más impactada. Se debe hacer énfasis en que la frontera sur es un conjunto geopolítico y sociocultural que comparten ancestrales problemas y nuevos desafíos; en él confluyen problemas de marginación, pobreza, atención a grupos vulnerables -entre ellos los grupos indígenas-, tráfico ilegal de personas, armas y drogas, afectaciones ambientales, zonas de riesgo para la seguridad nacional, así como asimetrías económicas y sociales con otras regiones del país, problemas que, si no se atienden con prontitud, en los próximos años rebasarán a las instituciones democráticas del Estado mexicano.
Todo esto sucede en un espacio geográfico de poco más de 194 mil kilómetros cuadrados, que representan el 10 por ciento del territorio nacional, conformado por los estados federados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. En conjunto, estos estados cuentan con una población cercana a los 8 millones de habitantes (8 por ciento nacional) y comparten una franja fronteriza de mil 138 kilómetros, distribuida en 24 municipios.
Por ello, la importancia de este punto de acuerdo, que busca aglutinar los esfuerzos de los legisladores federales provenientes de esta región y dirigir los esfuerzos para encontrar soluciones concretas, analizando y proponiendo soluciones para la frontera sur, de una forma integral, donde no sobresalga exclusivamente el tema migratorio, sino también los aspectos de desarrollo regional y social, derechos humanos, seguridad nacional y salud; por tal efecto es necesario que la Cámara de Diputados organice de mejor manera los trabajos de las comisiones y que éstas atiendan temas específicos para que doten de fortaleza institucional el trabajo legislativo.
Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial de atención de la frontera sur, cuyo objetivo será definir una estrategia integral de desarrollo social y económica, de seguridad nacional, derechos humanos y de salud; asimismo, realizar las acciones legislativas oportunas para dar atención oportuna en los rubros señalados y propiciar el estrechamiento de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno.
Segundo. La comisión cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pero tomando en consideración -por ser ésta una comisión sui generis- que la composición de su pleno, así como de la mesa directiva concurran los diputados federales provenientes de los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.
Tercero. La Comisión Especial de atención de la frontera sur funcionará por la duración de la LX Legislatura o hasta en tanto quede agotado su objeto, si esto sucediere antes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre del 2006.
Diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A FORTALECER, EN EL MARCO DE LA TRANSICIÓN DEL NUEVO GOBIERNO, LA POLÍTICA DE ESTADO EN FAVOR DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, A CARGO DEL DIPUTADO ROLANDO RIVERO RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado federal Rolando Rivero Rivero a la LX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, para que en el marco de la transición al nuevo gobierno, fortalezca la política de Estado a favor de las Mipymes, en donde se consideren los ejes de acción consignados en esta proposición, a fin de fortalecerlas y que contribuyan efectivamente en la generación de mayores fuentes de empleo, por medio de las siguientes:
Consideraciones
Compañeras y compañeros legisladores, sin lugar a dudas la generación de empleos constituye una de las responsabilidades de mayor prioridad para el gobierno federal. Tomando en cuenta que nos encontramos en un periodo de transición hacia una nueva administración, considero imprescindible hacer el presente exhorto para contribuir de manera efectiva a la generación de más fuentes de empleo, a través de la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas mejor conocidas como Mipymes.
Resulta indudable que el gran éxito que han tenido los países industrializados se basa en el sólido apoyo brindado a sus empresas, por medio de programas públicos, incentivos fiscales y desregulación administrativa que hace más ágiles los trámites para abrir empresas nuevas.
Para el caso de México, reconocemos que el actual gobierno federal ha considerado a las Mipymes como un tema de alta prioridad, dando los apoyos más importantes de la historia. No obstante, también apreciamos que las empresas nacionales, especialmente las Mipymes no han podido consolidarse porque aún encuentran obstáculos que deben superarse para alcanzar un grado de desarrollo competitivo que permita acceder a mejores condiciones tanto para las empresas, como para los empleados de las mismas.
Por ello, se hace una serie de propuestas para que sean consideradas por el actual y próximo gobierno federal, a efecto de que se cuente con una política de Estado encaminada a fortalecer a las Mipymes y a conseguir un mayor nivel de empleo en nuestro país. De esta forma, se solicita que la estrategia de gobierno incluya los siguientes ejes de acción.
Primero. Eliminar la excesiva tramitología que impera en nuestro país para abrir nuevas empresas. Sabemos que hoy en día se cuenta con el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), pero es necesario reforzar este sistema y aplicar medidas adicionales para que la apertura de empresas en México sea similar a los tiempos que se emplean en otros países con alto desarrollo económico.
Segundo. Simplificar los trámites fiscales a las empresas, tales como la declaración de impuestos, ya que éstos son costosos y engorrosos, lo que se constituye en un problema adicional que deben resolver las empresas. En la medida en que contemos con una simplificación fiscal, nuestras empresas contarán con mayores incentivos para crecer y contratar más fuerza laboral.
Tercero. Asimismo, se requiere hacer una revisión profunda sobre el impuesto sobre la renta que se cobra a las Mipymes, con la finalidad de encontrar tasas accesibles para fomentar el desarrollo de las mismas y, por ende, del empleo.
Cuarto. Se requiere que la Secretaría de Economía intensifique la aplicación de programas fundamentales para el desarrollo empresarial, como el Programa de Cadenas Productivas, con la intención de aprovechar más los insumos y la producción nacional, en lugar de recurrir a la importación de productos. Esta medida fomentará el consumo interno, nos hará menos dependientes del exterior y consecuentemente, propiciará la generación de más empleo, toda vez que nuestras empresas nacionales se fortalecerán.
Quinto. Se deben revisar las tarifas de servicios públicos, para que sean un gasto manejable de las Mipymes, ya que en la actualidad las tarifas de electricidad y gas se consideran dentro de las más elevadas del mundo. Para ello, se requiere mejorar la operación y administración de nuestras empresas paraestatales, a fin de que ofrezcan tarifas accesibles para las Mipymes, por los servicios que prestan.
Sexto.- Se recomienda hacer una reclasificación del tamaño de las empresas de acuerdo con su número de trabajadores, para reflejar de una manera fidedigna las características de las Mipymes. Esta medida es aplicable a través de aumentar el límite máximo de trabajadores en cada empresa considerando su tamaño.
Séptimo.- Se requiere una política de financiamiento efectiva para las Mipymes, a efecto de que éstas accedan a mejores condiciones crediticias que les permita desarrollarse y competir al interior del país y en el extranjero. Para lograr esto, es necesario contar con esquemas que permitan un mayor acceso al crédito y ofrecer bajas tasas de interés.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al gobierno federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, para que en el marco de la transición al nuevo gobierno, fortalezca la política de Estado a favor de las Mipymes, en donde se consideren los ejes de acción consignados en esta proposición, a fin de fortalecerlas y que contribuyan efectivamente en la generación de mayores fuentes de empleo.
Palacio Legislativo, a 28 de noviembre de 2006.
Diputado Rolando Rivero Rivero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA SCT EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA CONCESIÓN QUE OTORGÓ A LA CFE PARA OPERAR UNA RED PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES, A CARGO DEL DIPUTADO ANTONIO SOTO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado federal Antonio Soto Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 10 de noviembre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a la Comisión Federal de Electricidad la concesión para operar una red pública de telecomunicaciones, lo que diversifica la naturaleza de la paraestatal, le abre nuevas posibilidades de desarrollo y hace aún más compleja su operación; pues debemos de recordar que CFE no sólo es una de las seis empresas más grandes del mundo en términos de su capacidad de generación y transmisión de electricidad, ya es un gran operador del negocio de gas natural y podrá operar una red de telecomunicaciones que, en su extensión, sólo es inferior a la de Teléfonos de México.
Según declaraciones y comunicados dados a conocer por autoridades de la SCT, la concesión que se otorga a CFE es por quince años y no es para proporcionar servicios de telecomunicación en forma directa, sino para facilitar la interconexión a los diversos operadores de servicios de telefonía, internet e incluso televisión por cable, lo cual permitirá equilibrar el desarrollo de las telecomunicaciones, mejorar servicios y precios al consumidor final.
Comisión Federal de Electricidad cuenta con una red de fibra óptica montada sobre las estructuras que portan la red eléctrica nacional, que se extiende por más de 20 mil kilómetros (y que han tenido un costo superior a los 120 millones de dólares), de los cuales 11 mil 659 ya están habilitados para prestar servicio a otros concesionarios de telecomunicaciones que ahora podrán llegar a toda la República independientemente de su tamaño.
La concesión permite utilizar la infraestructura pública para hacer más eficiente las actividades de telecomunicación y que, según especialistas de Cofetel, podría reducir hasta en un 30 por ciento los costos de transporte en una red básicamente en manos de Telmex. El título de concesión establece que Comisión Federal de Electricidad deberá iniciar la explotación de la red, en un plazo máximo de 360 días naturales, contado a partir de la fecha de otorgamiento de la concesión. Asimismo, señala que el concesionario se obliga a instalar, operar y explotar la red pública de telecomunicaciones y obtener los permisos relativos ante las autoridades competentes y a respetar las disposiciones estatales y municipales en materia de desarrollo urbano y de protección ecológica aplicables.
Por lo tanto, cabría presumir que en un corto plazo los usuarios nacionales podrían disfrutar de una mejor calidad y una disminución considerable de los precios. Los operadores de telecomunicaciones no sólo ampliarán las posibilidades de arrendamiento, tendrán ahorros de inversión y quizás lo más importante es que podrá llegar prácticamente y de inmediato a cualquier punto del territorio nacional, ahí donde encuentren algún consumidor que quiera adquirir sus servicios ya que CFE tiene una cobertura nacional.
Estamos realmente ante una transformación de grandes dimensiones por lo que significan hoy en día las telecomunicaciones y los procesos de convergencia digital para la modernización de la sociedad mexicana. Es gratificante que una empresa del Estado haya asumido esta trascendente tarea y muestra la relevancia que puede tener el concepto de servicio público en manos del Estado.
Sin embargo, antes de que la CFE pueda ofrecer sus servicios como transportador de señales (que física y técnicamente también lo podría hacer hasta el consumidor final), es indispensable garantizar que pueda ofrecer esos servicios en condiciones no discriminatorias y en igualdad de condiciones, sin ofrecer precios especiales a las empresas que adquieran mayor capacidad. Por lo que la CFE deberá será sometida a un riguroso y detallado proceso de vigilancia (e incluso revisar su marco legal), para evitar que algún operador monopolice el uso de esa red y anule el beneficio para otras empresas de telecomunicaciones.
Es necesario que el Congreso examine cómo esta nueva actividad de Comisión Federal de Electricidad se ubica dentro del mandato legal que norma la vida de la paraestatal, pues ha quedado claro que este nuevo desarrollo no es en modo alguno secundario.
"Al ser una operación distinta a la naturaleza propia de la CFE, deberá mantener la operación de esta concesión, y establecer claramente sus costos y sus gastos de operación para poder saber sobre qué bases hacer los cargos a los usuarios de la red, ésta deberá cubrir ciertos requisitos, entre los que se encuentran la aplicación de una separación contable como si fuera una empresa virtualmente distinta". Como lo ha señalado el propio secretario Pedro Cerisola.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este honorable Pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de su Mesa Directiva, solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes el texto integro de la concesión que otorgó a la Comisión Federal de Electricidad para operar una red pública de telecomunicaciones.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de su Mesa Directiva invita a una reunión de trabajo al director general de la Comisión Federal de Electricidad al seno de la Comisión de Energía, con objeto de que informe sobre el proyecto de explotación de la concesión obtenida para operar una red pública de telecomunicaciones y la manera como se vincula con los propósitos establecidos en la Ley del Servicio Publico de Energía Eléctrica.
Honorable Cámara de Diputados, a 28 de noviembre de 2006.
Diputado Antonio Soto Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA DISMINUCIÓN DEL PRECIO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER LAS ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS, A CARGO DEL DIPUTADO EDUARDO ELÍAS ESPINOSA ABUXAPQUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General y artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; se permite poner a la consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes
Consideraciones
La industria farmacéutica en México se ha convertido en un negocio multimillonario, la gran mayoría de medicamentos recetados -que son indispensables- para el tratamiento de graves enfermedades, permanecen fuera del alcance de las personas que los necesitan.
Las familias pobres, en particular en áreas rurales, no pueden afrontar los altos costos de los medicamentos; enfrentan la agónica elección entre alimentos o medicinas. Alimente a su hijo o cure su enfermedad, pero no ambas, en el país no podemos permitir que esta sea una alternativa ya que ninguna familia merece vivir el sufrimiento de alguno de sus miembros.
Según la revista británica The Economist, el 90 por ciento de las enfermedades en el planeta recae en los países en desarrollo, pero apenas el 3 por ciento de presupuesto de investigación y desarrollo de las farmacéuticas está destinado a esas enfermedades, el resto de presupuesto, es decir el 97 por ciento, va dirigido a tratar las enfermedades de países ricos como la depresión, la ansiedad o la disfunción sexual.
En 2002, las ventas en Norteamérica, Europa Occidental, Japón y Australia representaron aproximadamente el 79 por ciento de los ingresos de la industria; América Latina y el Caribe aportaron el 7.5 por ciento. En otras palabras, un cambio de los medicamentos patentados a los genéricos en el mundo en desarrollo significaría una perdida pequeña para la industria farmacéutica, recordemos que la investigación se concentra cada vez más en medicamentos para los padecimientos relacionados con los modos de vida, y menos en el tratamiento de enfermedades graves.
Gran parte de las investigaciones sobre enfermedades que amenazan la vida, como el vih/sida y el cáncer, se realizan en instituciones públicas y con dinero del Estado. Son muy pocas las investigaciones que la industria farmacéutica dedica a las enfermedades que sólo afectan a ciertas poblaciones, como el mal de Chagas, o que afectan sobre todo al mundo en desarrollo, como la tuberculosis, ya que la mayoría de sus costos se trasladan a los consumidores.
Señores legisladores, necesitamos urgentemente que se tomen medidas económicas y para el desarrollo que permita aumentar la cobertura del tratamiento, y disminuir su costo para poner los medicamentos al álcense de las posibilidades de pago de la gente.
Nuestro máximo ordenamiento contempla el derecho a la salud y toda sociedad aspira a tener una vida digna; la industria de los servicios de salud -en el sentido más amplio del término- esta pensada para curar, "no para asfixiar la esperanza de quienes más lo necesitan; no para asfixiar y acotar un derecho constitucional".
Sabemos que ningún instrumento legislativo es perfecto, pero millones de mexicanos no pueden esperar mientras se logra la perfección en una ley o en un punto de acuerdo, nosotros como representantes populares debemos atender este problema urgentemente.
Por tanto, necesitamos bajar el precio de las medicinas, las familias mexicanas son víctimas de un padecimiento aún mayor a las enfermedades crónico degenerativas, el enriquecimiento de las empresas farmacéuticas a la sombra de la malversación y distribución de los medicamentos, desde la salida de los laboratorios que lo fabrican y los intermediarios los aumentan, logrando un mercado en clara desventaja para el consumidor.
Entre las enfermedades crónico-degenerativas -se caracterizan porque duran hasta la muerte, y exigen tratamientos costosos, inaccesibles para los más pobres-, se encuentran el cáncer, diversos tipos de artritis, la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal, el alzheimer, el vih, por mencionar algunos.
El cáncer ha crecido más de cinco veces en 18 años. Mientras en los años 80 se registraban 16 mil nuevos casos en promedio por año, en estos años se contabilizan cerca de 100 mil pacientes y se ha vuelto la segunda causa de muerte, detrás de los padecimientos cardiacos. Lamentablemente las mujeres son las más afectadas por su incidencia.
Tener una enfermedad de este tipo constituye un verdadero drama personal y familiar. Pero cuando se presentan en nuestros hermanos campesinos o indígenas es verdaderamente angustiante y pone término a las expectativas no sólo del paciente, sino de la familia en su conjunto, pues difícilmente pueden acceder a la atención médica ante la carencia de servicios y los altos costos de los medicamentos.
Por lo anterior, esta propuesta es, al mismo tiempo, un llamado de atención urgente, para convocar a todos los grupos parlamentarios a unir esfuerzos ya que es un reclamo social, y un tema que ha estado en los medios informativos, para proponer soluciones inmediatas y amplias, al amparo de la solidaridad y la justicia social, para enfrentar estos padecimientos y para tomar medidas que protejan a los más pobres. Este problema de salud pública puede superar las diferencias políticas y alcanzar el apoyo unánime para que, como una sola voz, esta representación popular se manifieste en su favor.
La proposición es hacer un llamado a las autoridades de salud para que promuevan que bajen los precios de los medicamentos mediante convenios, acuerdos y los estímulos que sean necesarios con los laboratorios y las distribuidoras. Asimismo, que en este esfuerzo se aplique la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita al Ejecutivo federal que, por conducto del Sistema Nacional de Salud, emprenda acciones eficaces para disminuir de manera significativa los precios de medicamentos para prevenir y combatir las enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas el cáncer y el vih/sida, con énfasis en las zonas con mayor pobreza del país, con una estrategia de coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Segundo. Que se incorporen al cuadro básico de medicamentos los que corresponden al tratamiento de dichas enfermedades y que, ejerciendo sus facultades legales, mediante la concertación, licencias, estímulos fiscales y subsidios, se logre la disminución del precio de dichos medicamentos, para que sean accesibles a las familias más pobres. Se solicita que en materia de salud pública se mantengan siempre en alto los principios de la justicia para los que menos tienen, y el derecho universal a una vida sana y digna.
Palacio Legislativo, a 28 de noviembre de 2006.
Diputado Eduardo E. Espinosa Abuxapqui (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 SE INCREMENTE LA PARTIDA DESTINADA A PROMOVER LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES Y LAS SELVAS DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO ÁNGEL HUMBERTO GARCÍA REYES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal Ángel Humberto García Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en ésta Sexagésima Legislatura, presenta ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo que tiene como finalidad solicitar al Ejecutivo federal que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2007 se incluya un incremento significativo en la partida destinada a promover y apoyar la conservación de los bosques y selvas de México, la cual se ejercería a través de mecanismos que permitan a los ejidos y comunidades agrarias de nuestro país el manejo forestal sustentable de dichos recursos naturales.
Considerando
1. Que la presente administración pública federal ha declarado los bosques y las aguas comprendidos dentro de los límites del territorio del Estado mexicano como un asunto de seguridad nacional.
2. Que en el presente ejercicio se asignó para la protección de dichos recursos naturales la cantidad de mil 975 millones de pesos, lo que representa solamente el 0.11 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, cifra similar a la que se aprobó para tal efecto en los años 2004 y 2005.
3. Que el porcentaje anterior, además de ser similar al que se aprobó para tal efecto en los años 2004 y 2005, equivale a menos de la mitad de lo que recibieron los partidos políticos en el año actual.
4. Que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los beneficios ambientales que otorgan los bosques y selvas de México, tales como la captación de dos tercios del agua que consumimos, la regulación del clima, la abundante biodiversidad, belleza escénica, sustento a más de 10 millones de personas, entre otros, implican un valor total de 136 mil 770 millones de pesos anuales, cifra que equivale a casi 70 veces el presupuesto adjudicado al sector forestal en 2006.
5. Que, según afirma la organización Greenpeace México, otros estudios estiman que el valor del servicio de captura de agua que proporcionan los bosques de México podría ascender a 300 mil millones de pesos.
6. Que la insuficiencia e inadecuada distribución de los recursos presupuestales antes citados está ocasionando la extinción de bosques y aguas a un ritmo tal que coloca a México en quinto lugar en materia de deforestación a nivel mundial.
7. Que de conformidad con informes científicos confiables, los principales programas federales para detener la deforestación, como los relativos al combate de incendios, la reforestación y la plantación, no están funcionando, ya que anualmente se pierden 600 mil hectáreas de bosques y selvas.
8. Que en éste sexenio se deforestaron 3 millones 600 mil hectáreas y se plantaron mil millones de árboles, los que de sobrevivir en su totalidad hubiera significado la reforestación de un millón de hectáreas. Sin embargo, un reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) indica que se rehabilitaron con éxito apenas 287 mil hectáreas en éste sexenio, menos de la doceava parte de lo que se deforestó en el mismo periodo.
9. Que la tala ilegal y además impune produce anualmente 7 millones de metros cúbicos de madera, cantidad casi igual a la que se genera legalmente (8 millones de metros cúbicos).
10. Que, debido a lo anterior, el 65 por ciento de la superficie forestal de México (36 millones de hectáreas de bosques y selvas) se encuentra en el abandono. De acuerdo con la Conafor, sólo 8.7 millones de hectáreas están incorporadas al manejo forestal sustentable (15 por ciento).
11. Que, según estudios realizados por el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México en los estados de Quintana Roo y Guerrero, las zonas donde las comunidades agrarias y los ejidos llevan a cabo un manejo forestal sustentable, la tasa de deforestación es comparable a la tasa de deforestación promedio de las áreas naturales protegidas de nuestro país.
12. Que, de conformidad con dichos estudios, se desprende que el manejo forestal sustentable que efectúan los ejidos y las comunidades agrarias cuando cuentan con apoyos gubernamentales suficientes, constituyen una excelente opción para conservar los bosques y selvas de nuestro país.
En vista de la situación anteriormente expuesta y con el propósito de contener la acelerada degradación y deforestación que sufren los bosques de México, es necesario destinar por lo menos 10 mil millones de pesos más para apoyar a las comunidades que administren correctamente sus bosques y con ello incorporar al manejo forestal sustentable los 36 millones de hectáreas de bosques de bosques y selvas que no reciben ningún apoyo de los programas del gobierno federal.
Si se toman en cuenta todos los beneficios que los bosques nos brindan a todos los mexicanos, destinar 10 mil millones de pesos más para evitar la deforestación es una propuesta muy razonable, toda vez que dicha cantidad representa sólo el 0.53 por ciento del presupuesto.
Se sustenta ésta propuesta en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional que otorga a la nación el derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
El mismo párrafo dispone que, en consecuencia, deberán dictarse las medidas necesarias para establecer las adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de planear y regular el mejoramiento y crecimiento de los centros de población, así como de preservar y restaurar el equilibrio ecológico.
Por todo lo anteriormente expuesto, me permito presentar el siguiente:
Punto de Acuerdo
Unico. Se solicita al Ejecutivo federal que, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establezca en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2007 una partida de diez mil millones de pesos destinada a promover y apoyar la conservación de los bosques y selvas de México, la cual se ejercería a través de mecanismos administrativos y de operación que permitan a los ejidos y comunidades agrarias del país que cumplan con los requisitos de ley correspondientes, el manejo forestal sustentable de dichos recursos naturales.
Diputado Ángel Humberto García Reyes (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA ASF QUE REALICE UN INFORME ESPECIAL DE LAS OMISIONES O ACTOS ADMINISTRATIVOS SIN CUMPLIMENTAR POR LAS INSTITUCIONES DEL SUBSECTOR DE CULTURA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, EMILIO ULLOA PÉREZ, TONATIUH BRAVO PADILLA, ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ Y MIGUEL ÁNGEL SOLARES CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los que suscriben, diputados Alfonso Suárez del Real y Aguilera, Tonatiuh Bravo Padilla, Antonio Ortega Martínez, Miguel Ángel Solares Chávez y Emilio Ulloa Pérez, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación realice un informe especial de la omisiones u actos administrativos sin cumplimentar por parte de las instituciones del subsector cultura, así como al Comité Administrador para el Programa Federal de Construcción de Escuelas y al Fondo de Cultura Económica, complementariamente, de igual manera lleve al cabo auditorías especiales a las instituciones federales referidas con el fin de que se respete la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en sus artículos 8, 12 y 13 que sancionan tales faltas a las observaciones, recomendaciones y posibles sanciones que se solicitan en los informes de la Cuenta Pública de parte de la Auditoría Superior de la Federación; y que esta soberanía conozca la situación financiera y administrativa en que las autoridades salientes entregarán al siguiente gobierno las instituciones culturales, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Una de las aportaciones del sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, fue la Ley de Transparencia, sin embargo, a últimas fechas los problemas relativos a la gestión del presupuesto en las instituciones del subsector cultura, han arrojado algunas dudas, y lo que es más, observaciones y recomendaciones en los reportes sobre la Cuenta Pública, llevados al cabo por la Auditoría Superior de la Federación.
De hecho, el informe sobre la Cuenta Pública 2006, está por publicarse, por lo que la evaluación de los actos administrativos de los reportes de los años anteriores no sabremos si se cubrieron de manera satisfactoria, o se dejaron sin cumplimentar los actos solicitados por la Auditoría Superior de la Federación.
Por tal motivo, solicitamos que la Auditoría Superior de la Federación elabore un informe detallado con las observaciones, recomendaciones y actos administrativos realizados o no atendidos por parte de los responsables de las instituciones culturales del subsector cultura.
Pedimos de manera complementaria, que se lleven al cabo auditorías especiales sobre: ejecución de las reasignaciones presupuestales etiquetadas por esta soberanía durante la LIX Legislatura, las razones de las modificaciones a la ejecución del gasto en referencia al mandato del decreto del Presupuesto 2006, viajes, gratificaciones de fin de año, adquisición de bienes muebles e inmuebles, transferencias, proyectos de inversión, contratación de servicios, contratación de obras. Por ser de interés de parte de esta soberanía, y de manera consecuente con los informes de la Cuenta Pública 2003, 2004 y 2005, se solicita se incluya al Comité Administrador del Programa Federal para la Construcción de Escuelas y al Fondo de Cultura Económica.
De encontrarse omisiones en las recomendaciones y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en sus auditorías a la Cuenta Pública de los años 2000-2006, por parte de las o los titulares de las instituciones culturales, se de cumplimiento a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en sus artículos 8, 12 y 13 que sancionan tales faltas a las observaciones, recomendaciones y posibles sanciones que se solicitan en los informes de la Cuenta Pública de parte de la Auditoría Superior de la Federación. Cito:
Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
I. Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;
IV. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes;
XVI. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de la Secretaría, del contralor interno o de los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, conforme a la competencia de éstos;
XVII. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo;
XVIII. Denunciar por escrito ante la Secretaría o la contraloría interna, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad administrativa en los términos de la ley y demás disposiciones aplicables;
Artículo 12. Los servidores públicos de la Secretaría que incurran en responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8, serán sancionados conforme al presente capítulo por la contraloría interna de dicha Secretaría. El titular de esta contraloría será designado por el Presidente de la República y sólo será responsable administrativamente ante él.
Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en:
I. Amonestación privada o pública;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de tres días ni mayor a un año;
III. Destitución del puesto;
IV. Sanción económica, e
V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
En particular me parece necesario atender en el mismo artículo a:
En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley.
Y de manera fundamental al párrafo final:
La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado.
Por todos estos motivos someto a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo bajo los siguientes elementos:
Uno. Esta soberanía solicita a la Auditoría Superior de la Federación un informe especial en el que se detallen las observaciones, las recomendaciones y las posibles sanciones a funcionarios públicos que hayan quedado sin ser atendidas suficientemente, a juicio de esta institución fiscalizadora.
Dos. Pedimos a la Auditoría Superior de la Federación que lleve al cabo auditorías especiales sobre: ejecución de las reasignaciones presupuestales etiquetadas por esta soberanía durante la LIX Legislatura, las razones de las modificaciones a la ejecución del gasto en referencia al mandato del decreto del Presupuesto 2006, viajes, gratificaciones de fin de año, adquisición de bienes muebles e inmuebles, transferencias, proyectos de inversión, contratación de servicios, contratación de obras. Por ser de interés de parte de esta soberanía, y de manera consecuente con los informes de la Cuenta Pública 2003, 2004 y 2005, se solicita se incluya al Comité Administrador del Programa Federal para la Construcción de Escuelas y al Fondo de Cultura Económica.
Tres. Sobre la base de los resultados que arrojen tanto las auditorías y los informes especiales, esta soberanía se pronuncia por el cumplimiento de la ley, y las sanciones que prevé a los posibles delitos o inconsistencias administrativas, específicamente la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en sus artículos 8, 12 y 13 que sancionan tales faltas a las observaciones, recomendaciones y actuaciones de los órganos fiscalizadores de control interno, propuestos en los informes de la Cuenta Pública, por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
Palacio Legislativo, a 28 de noviembre de 2006.
Diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Emilio Ulloa Pérez (rúbrica), Tonatiuh Bravo Padilla, Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Miguel Ángel Solares Chávez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ASF Y AL CONGRESO DE OAXACA A CELEBRAR UN CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA FISCALIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES EJERCIDOS EN DICHO ESTADO, A CARGO DEL DIPUTADO OBDULIO ÁVILA MAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación y al Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca a celebrar convenio de coordinación y colaboración para la fiscalización de los recursos federales ejercidos por las entidades federativas, los municipios y los particulares transferidos al gobierno de dicho estado, que se prevén en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que el 13 de octubre del año en curso se dio a conocer por los medios de comunicación que el contador público Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación, afirmaba que se habían suscrito convenios de coordinación y colaboración con 29 congresos locales, y sólo estaban pendientes los de los estados libres y soberanos de Chihuahua, Oaxaca y Tamaulipas.
2. Que por el oficio número HCD/OAM/028/X-06, de veinticinco de octubre de dos mil seis, solicité al auditor superior de la Federación que me informara por qué estaba pendiente la suscripción de los convenios de coordinación y colaboración con los congresos de los estados libres y soberanos de Chihuahua, Oaxaca y Tamaulipas, y qué acciones se habían ejercido con el fin de cumplir tal cometido.
3. Que por el oficio número OASF/1889/06, de siete de noviembre pasado, el titular de la Auditoría Superior de la Federación me informó que antes de finalizar el presente año se prevé suscribir el respectivo convenio de coordinación y colaboración con los congresos de los estados libres y soberanos de Tamaulipas y de Chihuahua.
Asimismo, que la suscripción del correspondiente convenio de coordinación y colaboración con el Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en última instancia, es decisión de éste.
4. Que expuestos los hechos, queda incertidumbre respecto de las acciones que se han ejercido con el fin de que la Auditoría Superior de la Federación y el Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca suscriban convenio de coordinación y colaboración.
5. Que a partir del ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y ocho se establecieron en el Presupuesto de Egresos de la Federación nuevos mecanismos de distribución de los recursos federales hacia los estados de la República Mexicana y, en su caso, a los municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, como las aportaciones federales y el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
6. Que tales mecanismos identifican el destino de los recursos federales y su magnitud, así como las responsabilidades de supervisión, inspección, vigilancia y fiscalización a cargo de las instancias federales, estatales, municipales y del Gobierno del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales.
7. Que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.
Asimismo, que la revisión de la Cuenta Pública estará a cargo de la entidad de fiscalización superior de la federación (Auditoría Superior de la Federación) y tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y al cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
8. Que, atento a lo previsto en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 79 de la Carta Magna, la entidad de fiscalización superior de la federación fiscalizará los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.
De igual forma, que de acuerdo con lo estipulado en el penúltimo párrafo del citado numeral de la Ley Fundamental, los Poderes de la Unión y los sujetos de fiscalización facilitarán los auxilios que requiera la entidad de fiscalización superior de la federación para el ejercicio de sus funciones.
9. Que, de acuerdo con lo estipulado en la fracción VI del artículo 2o. de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, por entidades fiscalizadas se entienden, entre otros, las entidades federativas y los municipios que ejerzan recursos públicos federales, así como, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido dichos recursos.
10. Que de conformidad con lo previsto en la fracción XVIII del numeral 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación tendrá, entre otras, la atribución de concertar y celebrar convenios con las entidades federativas, con el propósito de regular la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública.
11. Que, según lo dispone el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, para efectos de la fiscalización de los recursos federales que ejerzan las entidades federativas y los municipios, la Auditoría Superior de la Federación propondrá los procedimientos de coordinación con las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, en el ejercicio de las atribuciones de control que éstas tengan conferidas, colaboren con aquélla en la verificación de la aplicación correcta de los recursos federales recibidos por dichos órdenes de gobierno.
12. Que, atento a lo previsto en la fracción XVII del numeral 74 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, el titular de la auditoría tendrá, entre otras, la atribución de celebrar convenios de coordinación o colaboración con los Poderes de la Unión y los gobiernos estatales y los municipales.
13. Que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XI del segundo párrafo del artículo 14 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil seis, la Auditoría Superior de la Federación, en los términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, deberá acordar con los órganos técnicos de fiscalización de las legislaturas de los estados de la república las reglas y los procedimientos para fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos federales.
14. Que del anexo 18, "Adecuaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados", del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil seis se desprende que el Estado Libre y Soberano de Oaxaca maneja o ejerce recursos públicos federales, ya que este órgano legislativo aprobó para él, en el Ramo General 39, "Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas", la cantidad de quinientos veintinueve millones ochocientos diecisiete mil ciento noventa y dos pesos.
En este orden de ideas, se somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y al Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para que celebren convenio de coordinación y colaboración para la fiscalización de los recursos federales ejercidos por las entidades federativas, los municipios y los particulares, transferidos al gobierno de dicho estado, que se prevén en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Presentado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006.
Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A CONSIDERAR EN SU PROGRAMA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A 2007 LOS RECURSOS NECESARIOS PARA FORTALECER Y DESARROLLAR LA OPERACIÓN DEL VIVERO DE COYOACÁN, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, JAVIER GONZÁLEZ GARZA Y GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Vivero de Coyoacán goza actualmente de un enorme valor simbólico para la población de la Ciudad de México y para la política ambiental de la Federación. El Vivero de Coyoacán es ante todo, un símbolo de la historia de la conservación de la naturaleza para nuestro país. El vivero fue propuesto y concebido por el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo a principios del siglo XX. El llamado "Apóstol del Árbol", lo estableció en terrenos de su propiedad con sus propios recursos. En el año de 1907, obtiene el apoyo oficial del entonces presidente Porfirio Díaz, con lo que logra ampliar la extensión original del vivero. Díaz y sus ministros al visitar al Vivero de Coyoacán, quedaron ya entonces impresionados, ante los miles de árboles en producción que ven en ellos. Se considera por ello, que en el 2007 se conmemora el centenario de la fundación del Vivero de Coyoacán.
Desde esa época, muchos árboles producidos en el Vivero de Coyoacán han sido sembrados en las calles, lechos secos de los lagos y laderas deforestadas de lo que es el Valle de México. Estos árboles los admiramos grandes y frondosos en muchas partes de la actual ciudad de México.
En 1923, el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo y su familia, a título gratuito, donan al gobierno federal la propiedad de los terrenos del Vivero de Coyoacán, por lo que en la actualidad, el vivero es administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El Vivero de Coyoacán cuenta con 39 hectáreas de superficie total, en su mayoría áreas arboladas. En la actualidad tiene una producción anual de 300 mil árboles para donación. Se producen especies de árboles como trueno, piracanto, liquidámbar, cedro blanco, jacaranda, pino azul, pino blanco, arrayán, ahuehuete, entre otras.
Los servicios ambientales que presta el Vivero de Coyoacán a los habitantes de la ciudad de México para mejorar su calidad de vida son múltiples y de enorme importancia, entre ellos se pueden citar: la generación de oxígeno, la captura de contaminante en el aire, retención de agua, amortiguador de ruido, regulador de temperatura y hábitat de fauna silvestre.
Adicionalmente, el Vivero de Coyoacán recibe diariamente a más de 2,500 visitas, que cotidianamente acuden a realizar actividades recreativas, deportivas, de información, contacto y observación de los elementos naturales que lo conforman.
Al Vivero de Coyoacán se le considera un lugar idóneo para el fomento de las actividades de educación, investigación y divulgación ambiental. De tal forma que el lunes 21 de diciembre de 1998 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que lo hace un Centro de Cultura Ambiental para un mejor aprovechamiento de dicha área, sin que esto implique el desvío de su uso eminentemente viverístico.
Por todos estos antecedentes, es indudable la importancia del Vivero de Coyoacán para la sociedad mexicana. Sin embargo, el Vivero de Coyoacán tiene necesidades urgentes. En la actualidad cuenta con un sistema de riego por aspersión y por inundación. Anualmente se paga un millón y medio de pesos por el uso de agua tratada, se estima que con el uso de tecnología apropiada y más eficiente, se puede bajar dicho costo a quinientos mil pesos anuales y aumentar la producción de 300 mil, a 3 millones de árboles anualmente. Para lograr un manejo eficiente del vivero y revertir su ya evidente deterioro, se requiere un presupuesto de inversión por 7 millones de pesos. Con estos recursos se instalaría el sistema de riego eficiente para reducir el consumo de agua tratada y se pondría en funcionamiento una planta de tratamiento de agua, esto permitiría el manejo del Vivero de Coyoacán, en condiciones óptimas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Uno. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que considere en su programa de trabajo y de ejercicio presupuestal 2007 los recursos necesarios que permitan fortalecer y desarrollar en forma óptima e integral las diversas actividades relacionadas con la operación del Vivero de Coyoacán, para celebrar el centenario de su fundación.
Dos. Se solicita que en apego a las facultades constitucionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que inicie los trabajos técnicos para la evaluación de la posible cesión de los Viveros de Coyoacán al gobierno del Distrito Federal.
Palacio Legislativo, a 28 de noviembre de 2006.
Diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica), Javier González Garza (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LOS PODERES EJECUTIVOS LOCALES QUE ASIGNEN RECURSOS CRECIENTES A SUS UNIVERSIDADES ESTATALES, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE ALEJANDRO SALUM DEL PALACIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente propuesta con punto de acuerdo a efecto de exhortar respetuosamente a los poderes ejecutivos locales a asignar recursos crecientes a sus universidades estatales para atender con pertinencia las demandas educativas del sector, con base en las siguientes
Consideraciones
El financiamiento público a la educación superior ha sido uno de los temas más importantes en las agendas institucionales y de los gobiernos; desafortunadamente, los recursos son escasos y las fuentes de ingreso de las universidades son limitadas.
El modelo de financiamiento para la educación superior pública se basó durante muchos años en la matrícula total de las instituciones; sin embargo, los mecanismos no generaron graves distorsiones por las cifras de matrícula que reportaban las instituciones. Al inicio de la década de los años ochenta se reemplazó por otro, basado en el tamaño de la plantilla de los trabajadores. La introducción de esta nueva pauta se acompañó de la homologación de los tabuladores para el personal académico en las universidades públicas.
Desafortunadamente, este nuevo modelo asumió como dada la situación existente en aquel entonces en cuanto a las características de la plantilla del personal académico, que era sumamente desigual, debido al desarrollo histórico de cada institución. A pesar de estas diferencias iniciales, casi todas las universidades públicas registraron en el periodo de 1982 a 1994 un elevado crecimiento en la plantilla del personal académico, aunque la proporción de este fenómeno fue nuevamente desigual.
De manera similar, la proporción de personal de apoyo o administrativo en relación con el académico era muy heterogénea, lo mismo que la relación entre la plantilla, en sus diversas modalidades, y el alumnado.
En general, a partir de la mitad de la década los años ochenta y toda la de los noventa, los recursos regularizables se asignaron como incrementos porcentuales a partir de la base antes mencionada, por lo que las aparentes desigualdades han persistido, independientemente de las transformaciones o mejoras en el desempeño institucional ocurridas a lo largo de este periodo.
Posteriormente, las decisiones presupuestales se permearon también con base en la capacidad de gestión de cada institución y a través de fondos de recursos extraordinarios, como el Fondo para la Modernización de la Educación Superior y el Programa para el Mejoramiento del Profesorado; se han destinado a las instituciones recursos adicionales a los regularizables de manera diferenciada, considerando la calidad de los proyectos presentados por las universidades a la Secretaría de Educación Pública.
En la actualidad existe una demanda de las propias universidades públicas sobre la necesidad de contar con criterios claros, equitativos y ampliamente conocidos para el otorgamiento del subsidio con base en el desempeño institucional.
No obstante, existen complicaciones para realizar un análisis objetivo de la situación que prevalece en cada institución, y ésta va aparejada de la determinación de los costos frente a los beneficios o resultados que se obtienen.
En el nivel institucional la discusión parte del supuesto "gasto por alumno" obtenido mediante la división simple del presupuesto total que recibe cada una de la IES entre su matrícula total; sin embargo, este concepto es insuficiente.
Por una parte, se debe reconocer que el proceso de formación de los alumnos no cuesta lo mismo en los diferentes niveles educativos y en los diversos programas de estudio; en efecto, la atención a un alumno de educación media superior tiene un costo menor que el de licenciatura y éste, a su vez cuesta menos, que el de postgrado. Asimismo, no tiene un costo similar la atención de un alumno inscrito en un programa de estudios que requiere esencialmente aulas y centros de documentación durante su proceso formativo, que el de estudiantes que requieren además laboratorios, talleres, insumos y materiales diversos y costosos.
Además, la calidad de los estudios que reciben los alumnos es una variable que modifica la ecuación de manera definitiva. En ocasiones se podrá observar un considerable monto invertido, pero a la vez vendrá acompañado de un desempeño escolar sobresaliente, lo cual dificulta exponer los resultados como "caros", o bien, una situación inversa difícilmente se le podrá considerar como "barata".
De lo anterior se desprende la necesidad de profundizar y precisar la metodología adecuada para la determinación del costo de las actividades que llevan a cabo las IES, a fin de lograr un esquema de financiamiento que propicie la existencia de condiciones idóneas.
En años recientes, las IES han desarrollado programas para allegarse recursos propios, como son la prestación de servicios de asesoría, de investigación y desarrollo tecnológico dirigidos al sector productivo; la celebración de convenios para la capacitación de personal especializado; la participación de los estudiantes y campañas de aportaciones voluntarias con los egresados, entre otros. No obstante, los ingresos propios son, en general, poco significativos en relación con el total de los provenientes del subsidio federal y estatal.
Aunado a ello, y pese a que en los últimos años ha habido un esfuerzo considerable por parte del gobierno federal para atender las demandas financieras del sector, los recursos son aún insuficientes para atender la demanda educativa creciente y mejorar en calidad. Por esta razón creemos necesario que las entidades federativas deben asumir de manera más enfática la corresponsabilidad que comparten con la federación e incrementar las partidas presupuestales que asignan a las universidades radicadas en su territorio.
Con la participación decidida de los gobiernos locales y el gobierno federal, ambos robusteciendo la asignación de recursos para la educación superior, podremos afrontar con mayor éxito las demandas de la sociedad en la construcción de ciudadanos capaces y aptos para insertarse en su vida laboral. Es también nuestra responsabilidad, como legisladores, no sólo solicitar a la federación más recursos para las universidades de nuestros estados, es también necesario convocar a los ejecutivos estatales a participar de manera mas activa en la asignación presupuestal a las universidades publicas, sobre todo en aquellos estados cuya aportación a la educación superior pública es por mucho inferior al esfuerzo federal y al promedio de otros estados.
Anexo a la presente, relación escrita de las aportaciones federales y estatales de cada uno de los estados para su comparación y análisis, mismo que solicito sea también publicada en la gaceta parlamentaria correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los poderes ejecutivos locales a asignar, en su correspondiente ámbito de competencia, recursos crecientes a las universidades estatales para su mejor funcionamiento, en un esfuerzo de corresponsabilidad con los recursos que asigna la federación para este mismo propósito.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006.
Diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS EN EL RIEGO AGRÍCOLA EN EL ESTADO DE ZACATECAS, A CARGO DE LA DIPUTADA AURORA CERVANTES RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que suscribe diputada federal, Aurora Cervantes Rodríguez, integrante del grupo parlamentario del PRD, presento ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, por el que se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 se consideren recursos para el aprovechamiento de aguas residuales tratadas en el riego agrícola en el estado de Zacatecas al tenor de los siguientes:
Antecedentes
El estado de Zacatecas cuenta con una superficie territorial de 75 mil 040 kilómetros cuadrados de los cuales el 65.6 por ciento o sea 49 mil 248 kilómetros cuadrados que corresponden a 31 de los 58 municipios, se localizan en las denominadas zonas áridas, donde el clima generalmente es adverso para las actividades agrícolas con precipitaciones muy irregulares tanto en cantidad como en oportunidad con promedio de 350-400 mm., heladas muy tempranas y a la vez muy tardías, suelos salinos en una gran parte de ellos, escasos de vegetación, esqueléticos en profundidad y con pobres contenidos de materia orgánica, así como con fuerte presencia de erosión hídrica y eólica, en donde para hacer agricultura como actividad rentable se hace indispensable el riego agrícola.
Zacatecas tiene una población total de 1 millón 353 mil 606 habitantes con enormes contrastes de desarrollo económico y bienestar, los cuales habitan en 4 mil 821 localidades rurales menores de 2 mil 500 habitantes y 61 localidades urbanas.
En el contexto nacional, nuestro país tiene un gasto en sus diferentes usos consuntivos de 72 mil millones de metros cúbicos anuales, mientras que en la entidad zacatecana se extraen como aguas subterráneas 1 mil 111.5 millones de metros cúbicos por año y se dispone en el mismo periodo de 760.6 millones de metros cúbicos de aguas superficiales, cuando existe suficiente precipitación.
La importancia del sector agropecuario en la entidad es manifiesta, ya que en el participa el 27 por ciento de la población económicamente activa y genera el 26 por ciento del PIB estatal. A su vez, la agricultura de riego genera el 60 por ciento del valor de la producción agrícola con un valor cercano a los 6 mil millones de pesos.
En México la superficie de riego agrícola es de 6.3 millones de hectáreas correspondiendo al estado de Zacatecas tan sólo el 2.4 por ciento que equivalen a 150 mil hectáreas.
La infraestructura hidroagrícola del estado se compone por más de 7 mil 500 pozos y norias y 125 presas.
De las 125 presas del estado, una gran parte de ellas son pequeños almacenamientos, correspondiendo los de mayor importancia y capacidad a los 6 módulos del distrito de riego 034 que son El Chique, Leobardo Reynoso, Miguel Alemán (Excamé), Julián Adame Alatorre, El Cazadero y Santa Rosa.
De la superficie de riego el 70 por ciento la abastece las aguas subterráneas y el 30 por ciento las aguas superficiales.
De los 34 acuíferos existentes, el 80 por ciento de ellos se encuentran sobreexplotados, presentándose un déficit hidráulico a nivel estatal de más de 220 millones de metros cúbicos por año.
La situación actual de las aguas subterráneas en el estado es preocupante ya que a nivel general las condiciones ecogeográficas de la entidad son poco favorables puesto que los acuíferos son cuencas hidrológicas del tipo cerrado y en donde la explotación de los mismos inicia al final de la década de los setenta con niveles dinámicos donde se bombea el agua de entre 10 y 20 metros, siendo actualmente el abatimiento de entre 60 y más de 100 metros.
A su vez, en el volumen de los acuíferos sobreexplotados que representan el 80 del total extraído se localiza la mayoría del área de riego, la industria y los grandes centros urbanos de la entidad.
Lo anterior tiene orígenes de diversa índole, pero en términos generales, tal situación ha sido generada principalmente por un uso indiscriminado del recurso agua, provocado por la falta de conciencia ecológica y de cultura sustentable de la sociedad en general; así como por la insuficiente inversión en infraestructura hidroagrícola y de servicios necesarios.
Por otra parte, la descarga de aguas residuales de manera indiscriminada a los ríos y arroyos ha generado una contaminación, que al paso de los años, representa un problema serio que urgentemente se tiene que atender. Tal situación nos da una posibilidad de doble vía, ya que por un lado se estaría atacando el deterioro del recurso suelo, agua y medio ambiente; y por otra parte, se estaría aprovechando la alternativa que representa un reuso de las aguas residuales tratadas para el riego agrícola.
En Zacatecas a la fecha se encuentran en operación 25 plantas de tratamiento de aguas residuales en distintos municipios del estado, si se agregan las que se construirán en el año 2007 se contará con una capacidad para disminuir la sobreexplotación de acuíferos para el riego agrícola mediante el uso de aguas residuales tratadas en una superficie superior a las 8 mil hectáreas, lo cual permitiría mejorar la situación económica de 800 a mil familias zacatecanas.
Consideraciones
1. Que la mayor parte del territorio zacatecano se localiza en las zonas áridas del país, por sus condiciones ecogeográficas, se requiere del uso del riego agrícola para hacer agricultura como actividad rentable.
2. Que de los 34 acuíferos existentes en Zacatecas, el 80 por ciento de ellos se encuentran en condición de sobreexplotación, se requiere de implementar acciones y estrategias para eficientar el uso del agua.
3. En congruencia con los objetivos del milenio en torno al saneamiento de agua, Zacatecas está ampliando su infraestructura en saneamiento de aguas residuales.
4. Que el agua tratada cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 le da la posibilidad a la entidad de ampliar la sobreexplotación de los acuíferos para el riego agrícola en beneficio de la economía del estado.
En consideración de lo anteriormente expuesto, someto de la manera más atenta y respetuosa a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, se considere un presupuesto de cuando menos 50 millones de pesos para aprovechar las aguas tratadas de las plantas en la conducción de las mismas y la construcción de zonas de riego; así como un presupuesto de cuando menos 50 millones de pesos adicionales para la tecnificación del riego interparcelario en el estado de Zacatecas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de noviembre de 2006.
Diputada Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL DE NUEVO LEÓN QUE IMPLANTEN EN COORDINACIÓN CON LA PGR Y LA SSP ACCIONES PARA PREVENIR Y COMBATIR LA VIOLENCIA QUE AQUEJA DICHA ENTIDAD, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA GARCÍA MÜLLER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe Martha García Müller, diputada federal integrante de la LX Legislatura y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar, y solicitar se apruebe de urgente y obvia resolución, ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La delincuencia organizada es la más grave amenaza a la salud de la sociedad, amenaza a la tranquilidad y el orden público, es la más grave amenaza contra el estado de derecho y atenta -de manera alarmante- contra la seguridad nacional.
Debemos estar consientes de que al luchar contra el narcotráfico, estamos luchando contra el fenómeno de crimen organizado más poderoso, persistente, extendido y lucrativo en la historia de la humanidad.
El crimen organizado se ha expandido por encima de las autoridades encargadas en combatirlo y ha definido su propia racionalidad económica, y sus propios valores de corrupción, muerte y destrucción.
En nuestros días este fenómeno representa la mayor amenaza para la paz y la seguridad social y se ha vuelto a manifestar, y con más fuerza, en el estado de Nuevo León.
El pasado 13 de febrero del 2006 asesinaron al secretario de Seguridad Pública del municipio Sabinas Hidalgo, y por la noche ultimaron a su similar del municipio de San Pedro Garza García. El 5 de septiembre del presente, el titular de la Agencia Estatal de Investigaciones, de igual forma fue asesinado, a los siete días el secretario del municipio de Linares fue acribillado frente a su domicilio; poco después el 13 de noviembre del actual, ejecutaron al coordinador de la Zona Poniente del municipio de San Nicolás, y en estos últimos días fueron ejecutados el titular de Seguridad del municipio de Santa Catarina y el noveno regidor, asimismo la octavo regidora salio herida y la síndico salió ilesa.
Cabe mencionar que el gobierno del estado de Nuevo León a refrendado su compromiso con la vigilancia del estado derecho, y de colaborar plenamente con las autoridades federales para combatir este grave problema, y que en lugar de disminuir ha aumentado más que en otros años.
Hago un llamado a la paz y a la tranquilidad social de nuestro estado y a su vez exhorto a quienes velan por la seguridad de los habitantes de Nuevo León implante mejores acciones para combatir la ola de violencia y ejecuciones que se han desatada en la entidad.
Por lo antes expuesto, diputadas y diputados, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo, mismo que solicito se apruebe de urgente y obvia resolución
Primero. Se exhorta al titular de Poder Ejecutivo estatal del gobierno de Nuevo León para que, a través de la Procuraduría Estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, instrumenten las acciones pertinentes a fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada y la ola de violencia y ejecuciones que aquejan a la sociedad del estado de Nuevo León.
Segundo. Se exhorta a dichas dependencias a informar en un plazo de 30 días naturales, a esta soberanía, sobre los programas y acciones desarrolladas para el combate a la delincuencia organizada, así como los resultados obtenidos y a la vez que la Procuraduría del Estado de Nuevo León informe del avance que guardan las averiguaciones previas de los crímenes ya mencionados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006.
Diputada Martha García Müller (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS FEDERALES ADICIONALES PARA COYOTEPEC, MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las y los suscritos, diputadas y diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Que de acuerdo con cifras del II Conteo de Población y Vivienda 2005, el estado de México cuenta con una población de 14 millones 7 mil 495 habitantes, que representan el 13.56 por ciento de la población nacional. La población económicamente activa del estado de México representa 14.37 a nivel nacional, mientras que el número de trabajadores permanentes representa el 7.68 por ciento; en tanto que la contribución promedio del estado de México al producto interno bruto (PIB) nacional en el periodo 1998 a 2004 fue de 10.45 por ciento.
Según el documento Monografías de economía y finanzas públicas para las entidades federativas, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta soberanía, los principales ingresos del estado de México corresponden a las participaciones y aportaciones federales, que en suma representan entre el 87 y 94 por ciento de los ingresos totales de la entidad. De manera que los ingresos del estado muestran una gran dependencia de los recursos federales, ya que los ingresos propios son inferiores al 9 por ciento de los ingresos totales del estado, según el citado documento.
El municipio de Coyotepec es uno de los 125 que conforman el estado de México y se localiza en la parte noroeste de la entidad; limita al norte con el municipio de Huehuetoca; al sur con Teoloyucan, al oriente con Teoloyucan y una parte de Zumpango, y al poniente con Tepotzotlán y el poblado de Santa Cruz del Monte, perteneciente al municipio de Teoloyucan.
Coyotepec es la cabecera municipal con las siguientes localidades: Acocalco, Caltenco, Chautonco, Ixtapalcalco, Pueblo Nuevo, Los Reyes, San Juan, Santiago, Zimapan, La Planada (barrio y pueblo), San Francisco (barrio y caserío) y Santa Barbara (barrio y caserío), según la enciclopedia de los municipios del estado de México.
Es importante señalar que para el año 2000, de acuerdo con los resultados del Censo General de Población y Vivienda efectuado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), para entonces existían en el municipio un total de 35 mil 289 habitantes, de los cuales 17 mil 429 son hombres y 17 mil 860 son mujeres; esto representa el 49 por ciento del sexo masculino y el 51 por ciento del sexo femenino; mientras que, según el Conteo de Población y Vivienda de 2005 del INEGI, la población del municipio de Coyotepec asciende a 39 mil 341 habitantes.
2. De acuerdo con el anexo del VI Informe de Gobierno 2006, el estado de México, para el ciclo escolar 2005-2006, cuenta con una matrícula en educación básica -que incluye los niveles de preescolar, primaria y secundaria- de 3 millones 269 mil alumnos, distribuidos en 19 mil 148 escuelas; mientras que, para el mismo periodo, la matrícula en educación media superior -que incluye los niveles profesional técnica y bachillerato- es de 424 mil alumnos distribuidos en mil 175 planteles.
En ese contexto, deseamos destacar que el municipio de Coyotepec no cuenta con una preparatoria oficial para absorber a la gran cantidad de alumnos que egresan de las secundarias con que cuenta el municipio. A pesar de que existe una solicitud de construcción de una preparatoria que data de hace 10 años, aún no se ha logrado la realización de esta importante obra para la comunidad estudiantil. Cabe señalar que el municipio cuenta con el terreno ex profeso para la construcción de la preparatoria.
3. Por otro lado, el sistema hidrológico lo conforma la presa San Guillermo, la cual tiene una extensión de 47.25 hectáreas, aproximadamente, y un volumen de un millón 181 mil 250 metros cúbicos; sin embargo, a la presa llega agua de drenaje, lo que implica, además de la contaminación, una potencial fuente de infecciones para los habitantes. Por la situación descrita, se ha planteado la necesidad del dragado y reforestación de la presa.
4. Por otra parte, desde hace tiempo se viene manifestando la necesidad de contar con un libramiento que evite el tráfico de automóviles pesados en la cabecera municipal, situación que posibilitaría una mejor convivencia y agilizaría los tramites que se desarrollan en el municipio.
5. De acuerdo con la información del Centro de Estudios las Finanzas Públicas de esta soberanía, en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 que presentó el Ejecutivo federal y fue examinado, modificado y aprobado por la honorable Cámara de Diputados, dentro de las reasignaciones totales para las entidades federativas, se consideraron recursos adicionales en el gasto federalizado; en particular, se destinaron recursos al Ramo 39, "Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas" (PAFEF), al programa carretero y al Programa Especial de Seguridad Pública dentro del Ramo 36.
Para el estado de México, considerando los conceptos anteriores se tuvo una ampliación total de 8 mil 316.4 millones de pesos, lo que equivale a 13.3 por ciento de recursos adicionales y a una variación real de 5.5 por ciento respecto a los recursos aprobados para el año 2005.
Según el documento PEF 2006, gasto federal descentralizado, también del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006, presentado por el Poder Ejecutivo consideró recursos totales para el estado de México por 62 mil 764.2 millones de pesos. La Cámara de Diputados reasignó un total de 8 mil 316.4 millones de pesos para dicha entidad federativa, de los cuales 4 mil 684.8 millones de pesos correspondieron al gasto federalizado, distribuido de la siguiente manera:
975.5 millones de pesos para el Ramo 33, "Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios";
969.2 millones de pesos en el Ramo 28, "Participaciones a Entidades Federativas";
2 mil 726.4 millones de pesos por recursos adicionales en el PAFEF; y
13.7 millones de pesos para el Programa Especial de Seguridad Pública, dentro del Ramo 36.
El Centro de las Finanzas Públicas señala que adicionalmente se incrementaron 3 mil 631.6 millones de pesos para ejercerse a través de las delegaciones federales. Dentro de estos recursos se contemplaron 1 mil 389.1 millones de pesos adicionales para el programacarretero y los estudios de factibilidad para la ampliación de la Línea 3 del Metro. Al considerar las ampliaciones anteriores, el estado de México podría disponer de aproximadamente 71 mil 80.6 millones de pesos para el ejercicio 2006.
6. Recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo una disminución al Programa de Apoyos para el PAFEF por 4 mil 922 millones de pesos.
No obstante, según Hacienda, con información más actualizada para el cierre de la recaudación no-petrolera, se calcula que las participaciones excederán en 36 mil 561 millones de pesos a la estimación contenida en la ley, que sumados a la cifra definitiva para el FIES, menos los 4 mil 922 millones de reducción al PAFEF arrojan un total de 57 mil 151 millones de pesos.
Para Hacienda, las entidades federativas no sólo recibirán un monto considerable por encima de la estimación original, sino que la reducción al PAFEF sólo representa un efecto neto de 45 millones de pesos menos.
7. En este contexto, un grupo de ciudadanos de las comunidades que conforman el municipio de Coyotepec, estado de México, se acercaron a esta soberanía para manifestar lo siguiente:
Que es necesaria la rehabilitación de la presa San Guillermo, ubicada en el barrio Pueblo Nuevo, la cual contempla un colector para desvío de aguas residuales, dragado y desazolve y reforestación, que tiene un costo aproximado de 4.5 millones de pesos.
Se cuenta desde hace varios años con una propuesta de plantel educativo a nivel medio superior (preparatoria) que se ubica en el Barrio Santiago, con un costo aproximado de 4.5 millones de pesos.
Además, se requiere de un libramiento sur, ubicado en varios barrios, para el desvío de vehículos pesados del primer cuadro del municipio, con un costo aproximado de 16 millones de pesos.
Estimamos que la suma de las tres solicitudes, que representan 25 millones de pesos, podría esta contemplada dentro de los recursos federales que se canalizan a la entidad a través de los ramos 28, 33, 36 y 39. Es importante señalar que se cuenta con los tres anteproyectos de las obras solicitadas, y que se tiene contemplado que se puedan realizar por el honorable ayuntamiento de Coyotepec en el periodo comprendido de 2006 a 2009.
Otro aspecto que se puede señalar es que, si tomamos como referencia el documento citado del Centro de las Finanzas Públicas PEF 2006, gasto federal descentralizado, la parte relativa a gasto identificado para el estado de México por delegaciones federales y reasignaciones, se tiene que el moto de 25 millones que solicita el municipio de Coyotepec es ligeramente inferior al que se solicita para equiparar y operar una nueva instalación hospitalaria en Texcoco, por un monto de 31 millones de pesos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se considere aumentar los recursos públicos de los Ramos 28, 33, 36 y 39; asimismo, se exhorta respetuosamente a las autoridades competentes del estado de México para que se apoye con dichos recursos al municipio de Coyotepec, con objeto de realizar las siguientes obras: construcción de una preparatoria, draga y reforestación de la presa San Guillermo y construcción del libramiento sur, por un monto total de 25 millones de pesos (veinticinco millones de pesos 00/100 m.n.), con lo cual se estaría apoyando el desarrollo municipal, al mismo tiempo que se daría respuesta a las demandas de la comunidad.
Palacio Legislativo, a 28 de noviembre de 2006.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALDF A CUMPLIR INMEDIATAMENTE LA SENTENCIA DICTADA POR LA SCJN EN EL AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO 1426/2006, A CARGO DEL DIPUTADO OBDULIO ÁVILA MAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración, para su discusión y, en su caso, aprobación, con carácter de urgente resolución, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a cumplir inmediatamente con la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1426/2006, por la que se concede el amparo y protección de la justicia federal a María Elena Pérez-Jaén Zermeño, y se le restituya en su cargo como comisionada ciudadana en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El 8 de mayo de 2003, se publicó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, conforme a la cual fueron electos como consejeros ciudadanos María Elena Pérez-Jaén Zermeño, Odette Rivas Romero, y Leoncio Lara Sáenz, quien renunció a consecuencia de la controversia constitucional que interpuso el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, para evitar la instalación y operación del Consejo de Información Pública del Distrito Federal.
2. La Suprema Corte de Justicia de Justicia de la Nación sostuvo que no existía razón para suspender la instalación del Consejo de Información Pública y determinó que la suspensión en su instalación concedida en la controversia constitucional 50/2003, interpuesta por Andrés Manuel López Obrador, como jefe de Gobierno del Distrito Federal, constituyó un ataque a las instituciones democráticas, como lo es el derecho a la información pública. Ante esta situación, la instalación del órgano garante del derecho de acceso a la información fue consolidada con el único propósito de brindar a la ciudadanía el derecho legítimo de acceder a la información pública del gobierno de la Ciudad de México, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas con que todo gobierno debe conducirse.
3. El 2 de marzo de 2004, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal instaló formalmente el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, encontrándose representados en él los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial locales, los cinco órganos autónomos del Distrito Federal, y la ciudadanía, a través de las consejeras ciudadanas Odette Rivas Romero, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, y el consejero Gustavo Velásquez de la Fuente; éste último, solo votado a favor por los diputados del Partido de la Revolución Democrática.
4. El día 31 de diciembre de 2003, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la primera reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, tras haberse superado el peligro de una contrarreforma presentada por el Partido de la Revolución Democrática, que pretendía que el mencionado consejo se convirtiera en un órgano de consulta, sin facultades para investigar y revocar las negativas de información y el ocultamiento de la misma por el Gobierno del Distrito Federal, y los demás entes obligados a la transparencia y a la rendición de cuentas.
5. Desde su regulación, la transparencia y el derecho a la información fueron objeto de constantes ataques desde el Gobierno del Distrito Federal. La opacidad en la ciudad, siempre encontró nuevas fórmulas para cerrar la información gubernamental al escrutinio público, para ponerle diques a la rendición de cuentas, los que son importantes tener presentes para valorar en su justa dimensión el grave problema de la opacidad en la capital de la república, y que a continuación refiero:
a) Veto formal. El 27 de noviembre de 2002, el jefe de Gobierno del Distrito Federal vetó la Ley de Transparencia, con el argumento de que la Asamblea Legislativa no tenía facultades para legislar en la materia, aún y cuando su grupo parlamentario había aprobado unánimemente la emisión de la ley mencionada, y la Contraloría General del Distrito Federal, en sus proyectos presentados al órgano legislativo local, aceptó que el órgano legislativo contaba con atribuciones para legislar en la materia.
b) Controversia constitucional. El 15 de julio de 2003, el titular del Ejecutivo local, interpuso la controversia constitucional 50/2003, oponiéndose a la instalación del Consejo de Información Pública, argumentando que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no tenía facultades para legislar en materia de transparencia.
Esta controversia retrasó la operación del órgano garante de la transparencia en el Distrito Federal, y el ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos por 4 meses, ya que la suspensión fue revocada el 14 de noviembre del mismo año.
c) Veto de bolsillo. El jefe de Gobierno del Distrito Federal tardó mes y medio en publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el decreto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que incluía el 50 por ciento de sus observaciones contenidas en el veto, y después la publicó. El retraso fue para elegir después del 2 de julio de 2003, con René Bejarano como coordinador del Grupo Parlamentario de su partido, al presidente del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, al ingeniero químico Gustavo Velásquez de la Fuente.
d) Contrarreforma. El día 6 de noviembre de 2003, el ex diputado René Bejarano y la diputada Alejandra Barrales Magdaleno, presentaron una iniciativa que proponía convertir al Consejo de Información en un órgano consultivo y de opinión, sin autonomía ni facultades para revocar las negativas de la administración pública a entregar información y el ocultamiento de la misma. El contenido de estas iniciativas eran los mismos que los de las propuestas de un año antes, presentadas por Alejandro Encinas Rodríguez, como secretario de Gobierno, y Bertha Elena Lujan Uranga, como contralora general, ambos del Distrito Federal.
e) Cerco financiero. Para el ejercicio fiscal de 2003, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal autorizó un presupuesto de 25 millones de pesos para el Consejo de Información Pública del Distrito Federal, que no se ejerció, ya que no pudo operar dicho órgano por la controversia constitucional.
Para el año 2004, la mayoría perredista en la Asamblea Legislativa, por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador, como jefe de Gobierno, sólo le autorizó un presupuesto de 12 millones de pesos, que significó una reducción de un 52 por ciento en términos nominales, con relación al del año anterior.
Para el año 2005, el presupuesto fue de 25 millones, en términos reales, menor que el del año 2003.
f) Clasificación ilegal de información. Durante 2004, y hasta el 18 de marzo de 2005, fecha en se publicó el acuerdo del jefe de Gobierno del Distrito Federal, en que se desclasificó toda la información de la administración pública local, el gobierno de la ciudad, mediante la expedición de acuerdos clasificatorios, ocultó la mayoría de información, pues 38 de 58 entes restringieron información pública, lo que significó que el 65 por ciento de la administración capitalina restringió información sin fundamento.
Los casos más claros de opacidad se encontraron en el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación, el Sistema de Transporte Colectivo, en la Secretaría de Seguridad Pública, y en la Secretaria de Obras y Servicios del Distrito Federal, quienes ocultaron los contratos de obra, adquisiciones, y prestación de servicios.
g) Información cara. El Gobierno del Distrito Federal cobró ilegalmente la entrega de información pública sin ajustarse a las Ley de Transparencia, pues, aunque sólo debía cobrar el valor de los materiales empleados en la reproducción de información, en casos como el de la Contraloría General se cobraba hasta 600 veces el costo de la información, y montos de hasta 700 mil pesos por la información relacionada con auditorías; el Fimevic cobraba hasta 400 mil pesos por los planos de los segundos pisos; y la Jefatura de Gobierno, por las agendas de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como jefe de Gobierno, hasta 9 mil pesos.
h) Ocultamiento de información. Andrés Manuel López Obrador, tras haber perdido como jefe de Gobierno un amparo por negarse a entregar información de sus agendas de gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, en su calidad de jefe de Gobierno sustituto, entregó la información de estas agendas, pero las entregó "rasuradas", pues en ellas no aparecieron registradas, entre otras actividades, las conferencias matutinas de su antecesor.
i) Imposición del presidente del consejo. Siendo presidente de la Comisión de Gobierno el entonces diputado René Bejarano Martínez, el 1 de marzo de 2004, impuso al presidente del Consejo de Información Pública, quien fue electo con el voto en contra de todos los partidos representados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, salvo del Partido de la Revolución Democrática.
j) Nombramiento ilegal e ilegítimo de los comisionados ciudadanos. Sin el consenso los grupos parlamentarios de oposición, unilateralmente la mayoría perredista designó a los comisionados ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información, a pesar de que ninguno satisfizo a cabalidad los requisitos de la Ley de Transparencia para ser designado; y no obstante el amparo concedido a la consejera ciudadana María Elena Pérez-Jaén Zermeño, la mayoría parlamentaria en la II Legislatura de la Asamblea Legislativa, designó a cinco comisionados ciudadanos y no a cuatro, como correspondía.
k) Si no los convences, confúndelos. Bajo esta táctica el gobierno de la ciudad oculta información, y consiste en decirle al peticionario, en la respuesta a su solicitud de información, que "existe un procedimiento en una ley especial", para obtener la información, o que debe "acudir al módulo de la dependencia" para obtener la información. De esta manera, el gobierno de la ciudad no da una negativa expresa a la solicitud de información, sino que satura al peticionario con todo tipo de trámites burocráticos hasta cansarlo y que desista de pedir información.
l) Retroceso de la apertura informativa. Según los informes presentados por el Instituto de Acceso a la Información a la Asamblea Legislativa sobre transparencia y derecho a la información, en el año 2005, el GDF fue 13.63 por ciento menos transparente que en 2004. En 2005, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal fue 29 por ciento menos transparente; la Oficialía Mayor 38 por ciento; la Secretaría de Salud 18 por ciento; la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 17 por ciento, todas con respecto al año 2004.
m) Rechazo de solicitudes. Bajo el argumento de que se ha instaurado el sistema Infomex, las dependencias del Distrito Federal actualmente ya no reciben solicitudes escritas de los ciudadanos, contraviniendo la Ley de Transparencia, no obstante que dicho sistema apenas comienza a operar.
n) Cobro de respuestas que niegan información. En casos como el de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ilegalmente se cobran hasta las negativas a entregar información, que entrega como respuesta a las solicitudes de información, no obstante que los artículos 272 B del Código Financiero del Distrito Federal, y 41 de la Ley de Transparencia local, señalan que sólo se deben cobrar las copias de los documentos que obran en los archivos de los entes públicos, y no así las negativas de información.
6. El último intento para minar la transparencia en la Ciudad de México lo fue querer aprobar en la Asamblea Legislativa el artículo 44 Bis, que representaba una censura previa a la liberación de información, sólo porque el jefe de Gobierno, el 11 de julio de 2005, había declarado que debía sancionarse a los ciudadanos que hicieran mal uso de la información que entregara el Ejecutivo.
7. Desafortunadamente no todos los ataques a lo que representa el derecho a la información, la transparencia y rendición de cuentas en el Distrito Federal, quedaron en intentos. Muchos de ellos se concretaron.
El último, que representó uno de los casos más sonados en el Distrito Federal, lo fue la destitución de los integrantes del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, y entre ellos a la consejera ciudadana María Elena Pérez Jaén-Zermeño, tras haber aprobado la mayoría en la Asamblea Legislativa, un decreto de reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, publicado el 28 de octubre de 2005, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
8. Ante la ilegal destitución de los entonces consejeros ciudadanos, la única que se inconformó fue la ahora comisionada ciudadana, María Elena Pérez-Jaén Zeremeño, quien acudió al Poder Judicial de la Federación en busca de amparo y protección de la justicia de la Unión.
Así, con motivo de la demanda que interpuso dicha servidora pública en noviembre de 2005, el juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Humberto Suárez Camacho, con fecha 28 de noviembre de ése año, en el expediente 1296/2005, ordenó a la Asamblea Legislativa suspendiera provisionalmente la remoción de la entonces consejera ciudadana, y 8 de diciembre, resolvió que esta suspensión sería definitiva, hasta que se resolviera el juicio de amparo.
9. Finalmente, el 26 de enero de 2006, el juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por sentencia definitiva, resolvió conceder el amparo y protección de la justicia de la unión a la hoy Comisionada Ciudadana, María Elena Pérez Jaén-Zermeño; sentencia que fue recurrida por la Asamblea Legislativa, la Comisión de Administración Pública Local de dicho Órgano Legislativo, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como diversas dependencias de la administración pública capitalina.
10. No obstante haberse remitido al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal, la impugnación contra la sentencia que amparó y protegió a dicha Comisionada, para que se resolviera en definitiva el asunto, por tratarse el derecho a la información de una institución democrática en la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció la facultad de atracción, y por segunda vez, intervino para evitar el segundo ataque más significativo a lo que dicho derecho representa, después de la aludida controversia constitucional contra la instalación del multicitado Consejo.
11. Finalmente, tras una larga espera de diez meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el viernes 24 de noviembre del año en curso, confirmar la sentencia dictada por el juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, y concedió el amparo y protección de la justicia federal a la ahora comisionada ciudadana María Elena Pérez Jaén Zermeño, tras haber llegado a la conclusión de que la Asamblea Legislativa aplicó retroactivamente en su perjuicio los artículo 58, 59 y 60 y noveno transitorio del decreto de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, emitido el 27 de septiembre de 2005, y publicado el 28 de octubre de dicho año; además de considerar que no se actualizaron ninguno de los supuestos de remoción a que se refiere el artículo 60 de dicha ley, entre otros argumentos.
12. Teniendo presente la mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que la remoción de la consejera ciudadana, hoy comisionada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, se trataba, más que de un acto apegado a derecho, de una maniobra política en contra de dicha servidora pública, por su efectivo combate a la opacidad en la capital de la república, publicó el 31 de marzo del año 2006, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el decreto por el que se designan a los comisionados ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cuyo artículo primero dispone:
Primero. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se someterá en sus términos a lo dispuesto por el Poder Judicial de la Federación, una vez que sea resuelto en definitiva el juicio de garantías promovido por la consejera ciudadana al Consejo de Información Pública del Distrito Federal.
13. Debido a que las sentencias dictadas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o de sus salas, no son recurribles; y que el artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que las sentencias de amparo deben cumplirse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables, verbigracia, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el entendido de que, de no hacerse así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación procederá de inmediato a la destitución del cargo de las autoridades responsables y las consignará al juez de distrito en materia de procesos penales federales, por delito contra la administración de justicia, lo procedente es que, en el presente caso, el órgano legislativo de la capital del país cumpla de inmediato dicha sentencia, y evite en convertirse en contumaz.
Consideraciones
Primero. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado viernes 24 de noviembre del año en curso, resolvió el amparo en revisión 1426/2006, promovido por María Elena Pérez-Jaén Zermeño, en su carácter de consejera ciudadana del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, en el que determinó que los artículos 58, 59 y 60 y noveno transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, afectan los derechos de dicha servidora pública para ejercer el cargo que le fue conferido por el órgano legislativo local en el Consejo de Información Pública del Distrito Federal.
Segundo. Que el efecto de la sentencia de amparo dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es restituir a María Elena Pérez-Jaén Zermeño en el cargo que tenía en el órgano garante del derecho de acceso a la información pública en el Distrito Federal, así como el pago de los salarios caídos.
Tercero. Que la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que concede el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa María Elena Pérez-Jaén Zermeño, constituye una resolución definitiva e inatacable.
Cuarto. Que el cumplimiento de las sentencias de amparo son de orden público, mismas que, en términos de lo dispuesto por el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el mismo deberá hacerse en los términos que establezcan las leyes federales y locales.
Quinto. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para dar cumplimiento a la sentencia de amparo dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que ya se hizo mención, es de veinticuatro horas, a partir de la notificación que se le haga a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, so pena de que el máximo tribunal del país inicie el procedimiento de destitución de la autoridades que no cumplan con dicha sentencia.
Sexto. Que el decreto de 30 de marzo de 2006, emitido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado el 31 del mismo mes y año en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, por el que se designan a los comisionados ciudadanos del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en su artículo primero señala: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se someterá en sus términos a lo dispuesto por el Poder Judicial de la Federación, una vez que sea resuelto en definitiva el juicio de garantías promovido por la consejera ciudadana al Consejo de Información Pública del Distrito Federal.
Séptimo. Que a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como autoridad responsable, ordenadora y ejecutora en el amparo en revisión 1426/2006, corresponde el cumplimiento absoluto de la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es a éste órgano de gobierno del Distrito Federal a quien corresponde realizar todos los actos tendientes al cumplimiento de la referida sentencia, a fin de restituir en su cargo a María Elena Pérez-Jaén Zermeño, como comisionada ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y de esta manera pueda cumplir con el cargo que le fue conferido hasta el 11 de julio de 2009.
Octavo. Que desde el 8 de mayo de 2003, fecha de publicación de la ley de la materia en la ciudad, hasta hoy, no se ha podido concretar la plena operación del órgano regulador de la transparencia, dado los innumerables diques puestos en su contra, por lo que hace imperativo que la sentencia del alto tribunal de la nación, que zanja el asunto en definitiva, sea acatada por el ente público impugnado inmediatamente, dado el beneficio social que una resolución de esta naturaleza implica.
Por anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a cumplir inmediatamente con la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1426/2006, por la que se concede el amparo y protección de la justicia federal a María Elena Pérez-Jaén Zermeño, y se le restituya en su cargo como comisionada ciudadana en el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Palacio Legislativo, a 28 de noviembre de 2006.
Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL TITULAR DE LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR QUE AUDITE LOS RECURSOS DESTINADOS AL FONDO DE APOYO AL RESCATE CARRETERO, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO TREJO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
En los últimos 60 años la construcción de obras como las autopistas y puentes, ha contribuido al desarrollo económico, social y político de México, integrando y comunicando a diversas zonas y regiones.
En la administración de Carlos Salinas de Gortari se llevó a cabo un proceso importante de privatización, entre ellos el del sistema carretero nacional, ya que la ampliación de la red carretera requería de cuantiosas inversiones para el mantenimiento y eficiente operación de las mismas; por lo anterior se concesionó al sector privado 52 autopistas por una vigencia de 50 años, equivalente a 5 mil kilómetros de un total de 224.2 mil kilómetros de la red carretera nacional, las cuales por su ubicación eran de las mayor aforo vehicular, siendo los principales beneficiarios las constructoras: Ingenieros Civiles y Asociados, Sociedad Controladora, Triturados Basálticos, SA (Tribasa) y Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD).
Los concesionarios durante la construcción de las autopistas vieron incrementarse aceleradamente los costos de la obra, al tiempo que sobrestimaron el aforo vehicular proyectado, a todo esto se sumó la situación económica de finales del año de 1994, que aumentó considerablemente los costos financieros de los créditos que contrajeron las empresas concesionarias para financiar estos proyectos, en adición al capital propio que invirtieron, lo que derivó en problemas de operación, mantenimiento y amortización de los créditos contratados con la banca.
Las empresas operadoras no pudieron sostener sus esquemas financieros y de gestión de riesgos, asumiendo pérdidas de capital por aproximadamente 6 mil millones de pesos, declarándose en suspensión de pagos, excepto Ingenieros Civiles y Asociados, por otro lado el gobierno federal reconoció un adeudo de más de 25 mil millones de pesos, considerando en ello los intereses contractuales.
En este contexto el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó el 27 de agosto de 1997 en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se declaran de utilidad e interés público y se rescatan cada una de las concesiones que en el mismo se indican, es decir, 23 de las 52 autopistas concesionadas, asumiendo la deuda de los concesionarios mediante el pago de Pagarés de Indemnización de Carreteras (PIC), por 58 mil 123 millones de pesos.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), como institución fiduciaria, la concesión de los tramos rescatados. Los derechos derivados de la concesión se traspasaron al Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac), constituido por Banobras como un fideicomiso público no paraestatal encargado de administrar los recursos provenientes de los tramos rescatados y cubrir la indemnización a los ex concesionarios afectados, emitir títulos de crédito para solventar las indemnizaciones, redocumentar la deuda bancaria de los proyectos, administrar los recursos provenientes de las autopistas rescatadas, proveer lo necesario para su operación y mantenimiento y establecer un esquema de administración de los caminos.
No obstante el objeto del Farac, comenzaron las anomalías en su administración, toda vez que el rescate implicaba en total 23 tramos, pero la entidad recibió en concesión otros 26 no incluidos en el decreto de 1997; asimismo la deuda original de 53 mil millones de pesos ascendió a 141 mil 811 millones de pesos, al cierre del primer semestre de 2004, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cifra que representa el 13 por ciento de la deuda interna bruta, la cual para ese periodo se situó en un billón 78 mil 896 millones de pesos.
Por otra parte, es de señalarse que se adquirió deuda pública sin autorización del Congreso; los recursos obtenidos por la explotación de las carreteras rescatadas se destinaron al pago de las indemnizaciones; se dejó en manos del fideicomiso una tarea que originalmente se asignó a Banobras.
De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en informe de 2004, la deuda pública generada por la recuperación de las 23 autopistas que habían sido concesionadas a inversionistas privados, ha significado una fuerte carga fiscal para las finanzas públicas, pues al superar los 165 mil millones de pesos en el lapso de 1997 a 2002, creció en más de 185 por ciento, por lo que resulta inadmisible que la federación siga inyectando recursos a carreteras concesionadas, cuando la recaudación de éstas -en el año 2005-, ascendió a 17 mil 578 millones de pesos.
Al respecto la Auditoría Superior de la Federación ha señalado que con las emisiones adicionales de los PIC se solventarían las obligaciones del periodo 2007 a 2012, que se considera crítico, porque en esos años los ingresos netos de operación no serán suficientes para pagar los vencimientos por concepto de adeudos bancarios, por 7 mil 224.2 millones de pesos anuales, los PIC P77U y P712U por 4 mil 775 millones de Unidades de Inversión (Udi) cada uno, y los intereses de las demás emisiones.
Recientemente, el Fideicomiso constituido en el Banco Nacional de Obras y Servicio Públicos, ha venido sustituyendo deuda a tasa nominal variable por deuda a tasa real fija. Se pretende refinanciar los pasivos del fideicomiso a través de la sustitución de deuda bancaria con vencimiento en el año 2012, por nueva deuda generada a través de la emisión de Certificados Bursátiles de Indemnización Carretera (CBIC) a 20 y 30 años. En 2003, Banobras realizó la emisión de dos series de CBI a 20 y 30 años con cupones de 4.0 por ciento, las series se han colocado en el mercado mediante subastas mensuales.
Se puede afirmar que la información con la que cuenta esta soberanía sobre el Farac, es poco precisa, además de que es limitada la información con que se cuenta sobre el manejo de recursos públicos del fideicomiso. Consideramos por lo tanto, que es necesario seguir insistiendo en contar con mayor información del Farac de manera que se transparente el uso de recursos públicos. Aun cuando el propósito fundamental consista en garantizar la operación segura de las autopistas y la solvencia en sus obligaciones financieras, el rescate carretero se ha convertido en una carga para la hacienda pública.
Es indispensable transparentar la información precisa sobre los fideicomisos, ya que estos se manejan con recursos públicos y por tanto, están obligados a rendir cuentas sobre el destino del dinero que se les entrega, y las irregularidades documentadas acerca de su administración hacen presumir la existencia de un fraude de proporciones multimillonarias sin que hasta la fecha se haya aplicado responsabilidad a ninguno de los funcionarios, que han venido afectando las finanzas públicas del país en beneficio de particulares.
Si las acciones del fideicomiso carretero nos afectan a todos, tenemos pleno derecho y estamos obligados a demandar absoluta transparencia en su administración.
Por lo anteriormente expuesto sometemos la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación instruye al titular de la entidad de fiscalización superior a llevar a cabo una auditoria al Fondo de apoyo al rescate carretero, Farac, por existir la presunción de un daño patrimonial contra el Estado en su hacienda pública federal, y proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiocho días de noviembre de 2006.
Diputado Pablo Trejo Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDERE UN INCREMENTO PARA LA SEDESOL DESTINADO AL PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE LECHE DE LICONSA, A CARGO DE LA DIPUTADA CLAUDIA LILIA CRUZ SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México, la falta de alimento, la deficiente ingestión de calorías y la desnutrición son fenómenos que afectan de forma directa el disfrute de casi todos los derechos fundamentales, además de que tiene un impacto directo en el derecho a la salud.
La lucha contra el hambre que encabezan las Naciones Unidas y la FAO es un campo propicio para hacer sentir la presencia y el liderazgo solidarios de México del derecho a la alimentación.
Hay sobre la materia una abundante y consistente base jurídica que tiene su origen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El 23 de marzo de 1981 el Senado de la República ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966.
Nuestro país ha ratificado la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada el 2 de mayo de 1948, y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada el 22 de noviembre de 1969; ambos instrumentos internacionales se refieren de manera muy destacada al derecho a la alimentación.
Entre las normas y compromisos internacionales relativos a la alimentación debo mencionar de manera muy especial la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, adoptada por el pleno de las Naciones Unidas el 16 de noviembre de 1974, a la que México se adhirió poco después.
Todas las naciones del mundo -incluida la nuestra- convocadas por las Naciones Unidas se reunieron en Roma en 1996, en la Primera Cumbre Mundial sobre el Hambre; al término de sus deliberaciones, la cumbre se fijó como meta reducir para el año 2015 a 400 millones los 815 millones que al momento de la cumbre padecían hambre.
México ha celebrado múltiples tratados internacionales respecto al derecho a la alimentación y hoy el gobierno federal ha decidido incrementar el precio de la leche violando un principio universal de alimento para todos.
En los últimos 6 años Liconsa generó ahorros a sus beneficiarios por más de 22 mil 284 millones de pesos, producto del diferencial de precios entre la leche fortificada que produce y distribuye y el precio promedio de las marcas comerciales de lácteos.
Ello significa, que por cada peso de recursos fiscales asignado a Liconsa se detonó un ahorro de 8.50 pesos en beneficio de la población de escasos recursos atendida por esta empresa, y que actualmente es de 5.8 millones de personas.
Para llevar la leche a 2.8 millones de hogares mexicanos, la institución cuenta con 33 programas de abasto social, uno por cada estado y dos en el área metropolitana de la Ciudad de México. El sistema de distribución se apoya en 7 mil 213 puntos de venta, los cuales se surten a través de 539 rutas fijas con personal y vehículos que recorren más de 100 mil kilómetros diariamente, distancia que equivale a más de dos vueltas a la tierra.
De acuerdo con la propia información de Liconsa, ésta recibió recursos fiscales por 2 mil 614 millones de pesos, que representan el 9.1 por ciento de los ingresos totales de la empresa, y el resto se obtuvo mediante la venta de su producto. El precio de la leche fortificada Liconsa se mantenía en 3.50 pesos el litro desde el primero de junio de 2001, beneficiando con ello a cerca de 3 millones de hogares de escasos recursos.
De acuerdo con la estrategia programática sectorial del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, el Programa de Abasto Social de Leche producirá y comercializará cerca de 900 millones de litros de leche de alta calidad. Esto contribuirá al desarrollo de capacidades y a la disminución o prevención del déficit nutricional en las niñas y niños de 6 meses a 13 años, mujeres adolescentes de entre 12 y 15 años, mujeres en periodo de gestación y lactancia, mujeres de 45 a 59 años, enfermos críticos o personas con discapacidad mayores de 12 años, y adultos mayores de 60 años.
Sin embargo, y como es del conocimiento de las diputadas y de los diputados de esta Cámara, el gobierno federal anunció el incremento de 1 peso al precio por litro de la leche que distribuye Liconsa. Con ello, el costo de este producto ascendería de 3.50 pesos, como vino costando los últimos cinco años, a 4.50 pesos, a partir del viernes 17 del mes de noviembre. Esto representa una aumento de casi 29 por ciento, superior al 26.8 por ciento acumulado en el sexenio.
Inclusive, expertos han comentado que si bien el reciente aumento en el precio de la leche de 29 por ciento sólo aplica a la distribuida por el gobierno a través de Liconsa, refleja una tendencia al alza de 2 por ciento en los productos lácteos que se observa desde el tercer trimestre y que puede asociarse a los incrementos en los precios del alimento para ganado, particularmente maíz. En los últimos meses las presiones de inflación han venido de los alimentos, por lo que se espera que éste sea un tema a vigilar como posible factor de riesgo para la inflación en 2007.
En este orden de ideas, cabe mencionar que el hambre y la desnutrición no es, infortunadamente, un fenómeno del pasado. En México, la pobreza y la falta de una alimentación adecuada prevalecen en pleno siglo XXI; mantener el precio de la leche en 3.50 pesos es una situación que permite atemperar la desnutrición de las niñas y niños, de personas discapacitadas y de adultos mayores.
Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD pronuncia su más enérgico rechazo al anuncio y aplicación de un aumento del 29 por ciento a la leche que distribuye Liconsa a precios subsidiados.
Por tal motivo, es menester dotar de mayores recursos en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 al rubro particular de la leche en comento, con el objetivo de mantener el beneficio a casi 6 millones de mexicanos de bajos recursos. El incremento presupuestario, además de reducido, no es comparable con los más de 33 mil millones que se asignó este año para el pago de intereses del IPAB. Tampoco se compara con los gastos superfluos de los vestidos de la esposa del presidente saliente. Ni se compara con la evasión y elusión fiscal, que asciende a cerca de 400 mil millones de pesos, al amparo del gobierno por mantener privilegios fiscales a los grandes corporativos.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar en el análisis, discusión y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 un incremento a la Secretaría de Desarrollo Social, específicamente al Programa de Adquisiciones de Leche a cargo de Liconsa, SA de CV, y al Programa de Abasto Social de Leche, por un monto adicional de un mil millones de pesos para poder mantener un precio de 3.50 pesos por litro de leche.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006.
Diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LA SITUACIÓN DEL BACHILLERATO COMUNITARIO DE SANTA MARÍA QUIEGOLANI, OAXACA, A CARGO DEL DIPUTADO OTHÓN CUEVAS CÓRDOVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, Othón Cuevas Córdova, diputado de la LX Legislatura por el Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Bachillerato de Asunción Ixtaltepec, módulo Quiegolani, es una preparatoria incorporada a la Secretaría de Educación Pública con el número EMS-3/49, y se encuentra registrada ante la Dirección General de Bachillerato de la Subsecretaría de Educación Media superior.
En el ciclo escolar de 1986-87 se inicia el bachillerato Tecnológico Industrial Asunción Ixtaltepec. La finalidad era proporcionar educación media superior con opción técnica, y especialidad en máquinas de combustión interna y administración, para facilitar a los jóvenes de la región el acceso a un trabajo inmediato, dadas las dificultades de continuar estudios superiores en ese momento.
En 1991, para poder prestar un mejor servicio, según las necesidades de los jóvenes, el proyecto se transforma iniciando como bachillerato general. Esto permitió ofrecer una mejor preparación de acuerdo a las necesidades que algunos jóvenes planteaban y poder continuar estudios de nivel superior. En ese mismo año inició la construcción de un internado para 96 alumnos con la finalidad de hacer accesible la educación media superior a los jóvenes de las regiones serranas que rodean al Istmo de Tehuantepec. Poco a poco fueron llegando jóvenes ikoods, mixes, zapotecos de la sierra, chontales y zoques.
Fruto del trabajo en la preparatoria y el internado ha sido el surgimiento de diversos módulos de la misma: En la región mixe en Jaltepec de Candayoc, y recientemente en San Felipe Cihualtepec. En la zona chontal-zapoteca Santa María Quiegolani. Entre los ikoods San Mateo del Mar, y en la colonia Cuauhtémoc perteneciente al municipio de Matías Romero. En la actualidad estas preparatorias son dirigidas en su mayoría por exalumnos de Ixtaltepec e inclusive exalumnos de las propias extensiones que continúan multiplicando el trabajo educativo.
A este proyecto se incorporan diferentes mecanismos de organización y trabajo tales como las comisiones, el trabajo en áreas, el servicio a la comunidad, el trabajo manual y el desarrollo de habilidades artísticas y culturales junto con una formación humanista abierta e incluyente. Todo ello con la finalidad de formar sujetos sociales que colaboren en sus comunidades y en su región a la atención de las necesidades.
No obstante el éxito de este modelo ejemplar de educación comunitaria, la autoridad municipal de Santa María Quiegolani, lejos de apoyarlo, ha deslegitimado sus esfuerzos, difamando a la organización del proyecto educativo en toda la región.
Ante los reclamos justificados de los estudiantes por conocer las razones de este comportamiento por parte de las autoridades del municipio, y por tener información sobre el manejo de los recursos públicos en la comunidad, el presidente municipal respondió con violencia en una reunión celebrada en enero de este año, confiscándoles material de trabajo y señalándoles que no tenían derechos por ser jóvenes y principalmente mujeres. Asimismo se les han confiscado becas alimenticias para desviarlas a otra institución, y se les han negado recursos para el pago de luz del internado y gas para el servicio de la cocina comunitaria. En el extremo de la ilegalidad, han amenazado de muerte, con armas de fuego, a quienes reclaman sus derechos.
Es por ello que solicitamos a las autoridades federales su intervención para frenar estas arbitrariedades y apoyar al modelo de bachillerato comunitario.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se hace un atento exhorto a la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de su competencia otorgue el apoyo necesario para el correcto funcionamiento del Bachillerato Asunción Ixtaltepec, Módulo Quiegolani.
Segundo. Se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos su intervención a fin de investigar las denuncias de violación de los derechos humanos de los alumnos y del personal académico y administrativo del centro de bachillerato antes mencionado, y de esta manera se ejerzan las acciones legales en contra de las autoridades correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2006
Diputado Othón Cuevas Córdova (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA A CONVOCAR, CON EL CONGRESO DE LA UNIÓN, A FOROS ESTATALES PARA ANALIZAR Y DISCUTIR LOS CONTENIDOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE VIVIENDA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA ELENA TORRES BALTAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal María Elena Torres Baltazar, de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y secretaria de la Comisión de Vivienda de este órgano legislativo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Que los productos legislativos resultantes de los trabajos del Congreso de la Unión responden al mandato de nuestra Carta Magna, que en el artículo 49 establece la división de poderes; principio básico de la organización institucional de nuestro país.
Que al ejercer su derecho para iniciar leyes, conforme al artículo 71 constitucional, el Congreso de la Unión asume su responsabilidad de contribuir al desarrollo nacional.
Que es necesario avanzar en los trabajos conjuntos entre los poderes Legislativo y Ejecutivo para dar coherencia al marco jurídico y reglamentario, a fin de superar las contradicciones e inconsistencias que se observan en el marco jurídico mexicano, ya que en varios casos los reglamentos contradicen a las leyes; o bien, hay leyes sin reglamentación.
Que la LIX Legislatura realizó un intenso trabajo parlamentario en conferencia y de consulta para crear un nuevo marco legislativo en materia habitacional, resultando de ello la Ley de Vivienda, promulgada el 27 de junio de este año.
Que la falta de reglamentos de leyes en materia de vivienda es tan común como el hecho de que, por 22 años, la Ley Federal de Vivienda, recientemente abrogada, careció de este instrumento para definición de aspectos fundamentales, como la planeación, la programación y el presupuesto, por lo que no fueron consideradas en los programas institucionales federales, dado el centralismo con que han sido operados.
Que hay dispersión en las leyes federales y estatales de vivienda, dando lugar a la falta de unificación de criterios jurídicos, reglamentarios y programáticos, razón por la cual no se ha cuenta con una política de Estado de visión federalista que atienda e incorpore las particularidades regionales, estatales y locales.
Que el titular de la Comisión Nacional de Vivienda, conforme al artículo 19 de la Ley de Vivienda, tiene atribuciones para coordinar la política nacional de vivienda y coadyuvar a que la política y los programas observen el marco legal.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Exhortamos al titular de la Comisión Nacional de Vivienda para que el gobierno federal, junto con el Congreso de la Unión, convoque la realización de foros estatales de consulta para analizar y discutir los contenidos del reglamento de la Ley de Vivienda.
Segundo. Para llevar a cabo los foros estatales se deberá establecer coordinación con los 31 gobiernos estatales y el del Distrito Federal, así como con los 31 Congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, debiéndose invitar a académicos y estudiosos del tema, así como a todos los sectores interesados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006.
Diputada María Elena Torres Baltazar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007 SE CONSIDERE UN INCREMENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CLAUDIA LILIA CRUZ SANTIAGO Y OTHÓN CUEVAS CÓRDOVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil fue aprobada por unanimidad por la LIX Legislatura el 15 de diciembre de 2003 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2004; garantiza a las organizaciones de la sociedad civil su derecho a participar en el diseño de políticas públicas y su acceso a los estímulos y apoyos del gobierno federal que faciliten y fortalezcan el desarrollo de sus actividades.
Para su instrumentación, la ley dispuso la constitución de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, conformada por instancias del gobierno federal y del Consejo Técnico Consultivo, formado en su mayoría por representantes de las dichas organizaciones, incorporando también a los sectores académico, profesional, científico y cultural, así como al Ejecutivo y Legislativo federales.
La ley establece la constitución y funciones del Consejo Técnico Consultivo como un órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, cuyo objeto es proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la administración, dirección y operación del registro, así como concurrir anualmente con la Comisión para realizar una evaluación conjunta de las políticas y acciones de fomento.
Asimismo, se faculta al consejo para analizar las políticas del Estado mexicano relacionadas con el fomento a las actividades señaladas en el artículo 5 de la misma ley, formulando opiniones y propuestas sobre su aplicación y orientación, impulsando la participación ciudadana y de las organizaciones, así como sugerir la adopción de medidas administrativas y operativas que permitan el cumplimiento de sus objetivos y el desarrollo eficiente de sus funciones, facultándole también para emitir recomendaciones en la determinación de infracciones y su correspondiente sanción.
Para el cumplimiento de dichas funciones, el Consejo Técnico Consultivo requiere un presupuesto que asciende a 6 millones de pesos, que serán destinados a la desarrollar las diversas actividades que le permitan cumplir cabalmente con las facultades que le han sido conferidas.
Por lo anteriormente expuesto y en virtud de que es de gran importancia que el Consejo Técnico Consultivo pueda desarrollar las funciones encomendadas por la ley, proponemos a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 un incremento al Instituto Nacional de Desarrollo Social, específicamente para fomentar el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, por un monto de 6 millones de pesos, con el propósito de fortalecer las actividades que desempeña el Consejo Técnico Consultivo a que se refiere la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006.
Diputados: Claudia Cruz Santiago (rúbrica), Othón Cuevas Córdova.
