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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Economía que destine recursos para crear consejos de competitividad y desarrollo regional en cada entidad federativa, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para que la SCT elabore un proyecto de servicio público de trasporte ferroviario de pasajeros entre México y Guadalajara, a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para construir una casa hogar en Ecatepec, México, crear e impulsar pequeños proyectos productivos sociales y rescatar el río Totolica, de la misma entidad, a cargo del diputado Joaquín Humberto Vela González, del Grupo Parlamentario del PT.
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para construir un buque tipo patrulla oceánica que vigile las instalaciones estratégicas de Pemex en la sonda de Campeche, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Marina.
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 se consideren recursos para llevar a cabo los programas prioritarios que garanticen el bienestar de los mexicanos en el extranjero, suscrita por diputados integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que -mediante la Segob- informe y reconvenga al partido político español Izquierda Unida por la intervención política de sus militantes en el conflicto del estado de Oaxaca, suscrita por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez y Cristián Castaño Contreras, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se crea una comisión plural encargada de vigilar el cumplimiento de los objetivos del programa Paisano, a cargo de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, relativo al Día Internacional del Migrante, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales a integrar una comisión de turismo, a cargo del diputado Francisco Dávila García, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a actualizar e impulsar mediante la STPS y la Sener programas de prevención y atención de siniestros en las minas mexicanas, a cargo del diputado Israel Beltrán Montes, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a aplicar de manera obligatoria, pública y sin excepción los exámenes de oposición para el ingreso de docentes en el sistema de educación básica, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, sobre las reglas de operación correspondientes a los programas del sector agropecuario para 2007, a cargo del diputado Víctor Ortiz del Carpio, del Grupo Parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, a cumplir la normatividad vigente para la construcción del distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la SE y a la SHCP a efecto de que consideren retomar el cierre de las importaciones de carne proveniente de los países infectados con fiebre aftosa, a cargo del diputado Pedro Pulido Pecero, del Grupo Parlamentario del PAN.
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA QUE DESTINE RECURSOS PARA CREAR CONSEJOS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO REGIONAL EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA, A CARGO DEL DIPUTADO CARLOS ARMANDO REYES LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Carlos Armando Reyes López, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La política económica aplicada en nuestro país, ha tenido un impacto heterogéneo entre las diferentes regiones que componen nuestra nación. Se reconoce el esfuerzo del gobierno para combatir el rezago, pero no podemos obviar la complejidad de cada región y el desequilibrio económicos de las entidades federativas.
Si coincidimos en que el éxito de la política empresarial es un esfuerzo coordinado, en donde todos los niveles de gobierno, la iniciativa privada, las instituciones de educación superior y la sociedad en general, deben colaborar en el cumplimiento de las metas económicas y generar las condiciones para que el país eleve su competitividad, será importante coordinar el esfuerzo de todos para que el crecimiento de las regiones del país sea mucho más dinámico y participativo.
La prioridad para Acción Nacional es la de sentar las bases que generen la corresponsabilidad sincera y comprometida de todos los niveles de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil, para organizar e impulsar proyectos con visión a largo plazo, en donde se respeten las vocaciones económicas de cada región y se favorezca la consolidación de las empresas.
Para ello se propone la creación en todas las entidades federativas de consejos de competitividad y desarrollo regional, los cuales tendrán la responsabilidad de realizar la evaluación, el diseño y la ejecución de proyectos integrales con visión de largo plazo, en donde se identifiquen la vocación económica, y se garantice la corresponsabilidad de los actores públicos y privados.
Estos consejos fungirán como órgano de consulta para la toma de decisiones en materia de políticas para el fomento económico, impulsarán el desarrollo tecnológico para apoyar la planta productiva y el empleo, así como la modernización y competitividad de las empresas; en particular de las micro, pequeñas y medianas.
Estos consejos serán el espacio en donde se concentren a los líderes de desarrollo de cada región que representen a los diferentes niveles de gobierno, a la iniciativa privada ya la sociedad civil.
El trabajo desarrollado por estos consejos propiciará un sector empresarial más eficiente, se garantizará la correcta movilización de las inversiones públicas y privadas hacia objetivos claros y previamente determinados por cada entidad federativa, para alcanzar un crecimiento armónico en el país.
En conclusión, se busca la cohesión de los diferentes niveles de gobierno, la iniciativa privada, las instituciones de educación superior y de la sociedad civil, para establecer las condiciones que permitan la generación de la riqueza, un incremento tácito en la competitividad y la generación de mejores empleos, así como el incremento en el bienestar social.
Para tales efectos, se requieren recursos del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía para la concreción de dicho proyecto.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Secretaría de Economía destine 96 millones de pesos para la creación de consejos de competitividad y desarrollo regional en cada entidad federativa.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados a 14 de diciembre de 2006.
Diputado Carlos Armando Reyes López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA QUE LA SCT ELABORE UN PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRASPORTE FERROVIARIO DE PASAJEROS ENTRE MÉXICO Y GUADALAJARA, A CARGO DEL DIPUTADO ALFREDO BARBA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Que la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario en su artículo primero en su segundo párrafo especifica que el servicio ferroviario es una actividad económica prioritaria y que al Estado corresponde ser el rector de su desarrollo.
Que las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y sus servicios auxiliares, son parte de la responsabilidad que tiene a cargo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Que la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario en su artículo 6, fracciones I, II, y III, a la letra dice:
Artículo 6. Corresponde a la Secretaría, en materia de servicio ferroviario, el ejercicio de las atribuciones siguientes:
II. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta ley, verificar su cumplimiento y resolver sobre su modificación o terminación;
III. Determinar las características y especificaciones técnicas de las vías férreas, del servicio público de transporte ferroviario y de sus servicios auxiliares, mediante la expedición de normas oficiales mexicanas.
Artículo 10. La Secretaría podrá otorgar asignaciones a los estados, municipios y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, sin sujetarse al procedimiento de licitación a que se refiere esta ley.
En el capítulo tercero referente a la construcción, conservación, mantenimiento y operación de las vías férreas, a la letra menciona:
Artículo 25. Es de utilidad pública la construcción, conservación y mantenimiento de las vías férreas.
La secretaría por sí, o a petición y por cuenta de los interesados o concesionarios, efectuará la compraventa o, en su defecto, promoverá la expropiación de los terrenos, construcciones y bancos de material, necesarios para la construcción, conservación y mantenimiento de vías férreas, incluyendo los derechos de vía.
Los terrenos federales y aguas nacionales, así como los materiales existentes en éstos, podrán ser utilizados para la construcción, conservación y mantenimiento de las vías férreas, y derechos de vía correspondientes, conforme a las disposiciones legales aplicables.
Consideraciones
Que los tiempos actuales obligan al Estado a contar con una política de transporte sostenible.
Que las ventajas competitivas del tren representan la mejor justificación de buscar un sistema ferroviario que responda a las expectativas de la economía global que enfrentamos.
El medio ambiente es un tema prioritario y en ese sentido los nuevos sistemas ferroviarios presentan grandes ventajas, por ejemplo:
Un tren de alta velocidad consume 2.5 litros de gasolina por cada 100 viajeros, por kilómetro, frente a los 5.9 litros del automóvil.
Para transportar 100 viajeros a 1 kilómetro de distancia, un TGV emite 4.2 kilogramos. de CO2, frente a los 14.1 del automóvil y los 17.1 del avión.
El ferrocarril de transporte pasajeros en muchos países representa el medio de transporte más importante y el más utilizado, además de seguro, cómodo, económico es menos contaminante.
Actualmente los avances tecnológicos permiten a los trenes de pasajeros desarrollar altas velocidades con seguridad, reduciendo tiempos en sus recorridos.
Entre la ciudad de Guadalajara y la Ciudad de México existe una afluencia de pasajeros permanente, y que el costo del transporte aéreo se ha venido incrementando, y aun así en ocasiones es insuficiente el numero de vuelos que se ofertan.
Que una ruta de servicio público ferroviario entre México y Guadalajara presentaría una atractiva oferta a quienes constantemente están viajando en estos destinos, además de que sería una alternativa a la rama turística.
Que el transporte ferroviario en el presente siglo puede representar una oportunidad de desarrollo económico y disminución de la contaminación del ambiente.
El país requiere para su desarrollo una infraestructura ferroviaria cuyo costo sea accesible para la mayoría de los usuarios del transporte público.
Por su ubicación estratégica y por el impacto social y económico que representa esta ruta debe ser una prioridad para presupuestar en el proyecto del 2007.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que esta soberanía, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, considereuna partida presupuestal suficiente para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes elabore un proyecto y dé inicio al mismo, del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros entre México y Guadalajara.
Segundo. Que la Comisión de Comunicaciones y Transportes de esta soberanía por conducto del grupo de trabajo correspondiente, dé seguimiento a la presente solicitud.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de diciembre de 2006.
Diputado Alfredo Barba Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR UNA CASA HOGAR EN ECATEPEC, MÉXICO, CREAR E IMPULSAR PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS SOCIALES Y RESCATAR EL RÍO TOTOLICA, DE LA MISMA ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO JOAQUÍN HUMBERTO VELA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presenta a la consideración de esta honorable asamblea, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:
Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, lo representa la pobreza, la marginación, abandono y la falta de oportunidades para nuestros jóvenes. Situación que origina que muchos de ellos incurran en la vagancia y drogadicción.
Dichas personas poseen la capacidad física e intelectual suficiente para desarrollarse y sobresalir. Por lo tanto requieren del apoyo de nuestra sociedad para reencausar esa fuerza hacia acciones de beneficio social. Requerimos reintegrarlos a la sociedad productivamente, a través de programas y apoyos gubernamentales de carácter social.
Esta problemática se agudiza aun más en las grandes concentraciones y aglomeraciones sociales, tal es el caso del municipio de Ecatepec estado de México, que según cifras de los últimos censos cuenta con una población de cerca de tres millones de personas, con un elevado índice de pobreza y desempleo.
Por tal motivo es que se hace necesario que en forma paralela al apoyo de infraestructural social, se impulse, reactive, dinamice y se desarrolle la economía local, a fin de crear las condiciones y empleos suficientes para incorporar a la población a las actividades productivas, que les generen un ingreso para la sobrevivencia de ellos y sus familias.
Por lo que se requiere el financiamiento de actividades económicas de carácter social como la creación de asociaciones de pequeños productores agropecuarios y microindustriales, vinculados a la cría y engorda de ganado, para lo cual se requiere el soporte en materia de paquetes de insumos en especia por parte del gobierno federal. En coordinación con las agrupaciones y asociaciones civiles, vinculadas con el quehacer y problemática local y regional, como es el caso de la unión nacional de ciudadanos Súmate.
La otra problemática que se inserta en esta situación es el deterioro del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales, específicamente nos referimos al agua potable y al deficiente tratamiento de las aguas residuales. Específicamente nos referimos al río Totolica mismo que necesita ser rescatado a fin de preservar la naturaleza y las fuentes naturales.
Una grave crisis económica que se traduce finalmente en crisis social, de ahí que el gobierno federal tiene más que una obligación, una deuda con dichos sectores del estado de México, una de las entidades que más aporta a la federación en materia de ingresos, y que ahora, requiere con urgencia el apoyo y solidaridad de la federación y de esta honorable Cámara de Diputados.
Es por lo antes fundado que proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Uno. La Comisión de Desarrollo Social y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de diputados, tienen a bien disponer de 20 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, turnados y etiquetados al Ramo 20, "Desarrollo Social", para la realización de obras de infraestructura urbana y social, entre los que se encuentran, la construcción de una casa hogar para la atención de los ciudadanos que han sido víctimas del deterioro y degradación social, derivado de la falta de oportunidades.
Dos. La Comisión de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de diputados, tienen a bien disponer de 60 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, turnados y etiquetados al Ramo 10, "Economía", para el apoyo a proyectos productivos de carácter social, como son paquetes de ganado, porcino, avícola y ganadero, así como la adquisición de maquinas de coser, procesamiento y enlatado de productos, entre otros.
Tres. La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de diputados, deponemos de un monto por 70 millones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, para el rescate del río Totolica, a través del Ramo 16, "Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales", a fin de detener en deterioro ambiental y la contaminación que daña y atenta en contra de miles ciudadanos en el su salud y bienestar.
Diputado Joaquín Humberto Vela González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA CONSTRUIR UN BUQUE TIPO PATRULLA OCEÁNICA QUE VIGILE LAS INSTALACIONES ESTRATÉGICAS DE PEMEX EN LA SONDA DE CAMPECHE, SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE MARINA
Los que suscriben diputados integrantes de la Comisión de Marina con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante el Pleno de este Poder de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, se asigne adicionalmente a la Secretaría de Marina en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2007 la cantidad de 900 millones de pesos para la construcción de un buque tipo Patrulla Oceánica destinado a reforzar las labores de vigilancia en las instalaciones estratégicas de Pemex en la Sonda de Campeche.
I. Antecedentes
1. La soberanía nacional salvaguarda la integridad del territorio nacional, la libertad de su población y el apego irrestricto al estado de derecho, y la prioridad del Estado es garantizar el orden público con respeto a las libertades y derechos de los mexicanos.
La seguridad nacional tiene como objetivo velar por la protección y preservación del interés colectivo, evitando en lo posible o minimizando cualquier riesgo o amenaza a la integridad física de la población y de las instituciones, para lo cual el gobierno federal ha emprendido acciones efectivas contra el crimen, la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo; flagelos que junto con la pobreza y la desigualdad, la vulnerabilidad de la población frente a los desastres naturales y la destrucción ambiental, representan las verdaderas amenazas a la seguridad nacional y son principalmente las Fuerzas Armadas Nacionales los organismos responsables de esa seguridad nacional.
2. En el inicio del presente milenio el mundo entero enfrenta nuevos retos y adversidades, todas las naciones se encuentran inmersas en el ámbito político, económico y social mundial, nuestro país no es ajeno a ese panorama, incluso, participa de manera activa; ello ha traído como consecuencia que entremos en un profundo proceso de transformación a fin de modernizar las instituciones del Estado y a cambiar las formas de organización.
A nivel mundial la principal preocupación es la amenaza a la seguridad de las naciones, por lo que es ineludible garantizar la supervivencia del individuo, la familia, la sociedad nacional y el Estado.
II. Consideraciones
Primera. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos corresponde al Congreso de la Unión levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea nacionales, así como reglamentar su organización y servicio.
Segunda. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal es facultad exclusiva de esta soberanía, aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal.
Tercera. Nuestro país se localiza entre los dos océanos más importantes del mundo, contamos con más de 11 mil kilómetros de litorales y casi 3 millones 200 mil kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva en la cual se encuentra una gran biodiversidad de recursos marítimos.
El valor estratégico y económico de nuestros mares se encuentra definido por el ejercicio soberano del Estado Mexicano para la protección de los intereses de la nación; son áreas donde los bienes y valores nacionales se constituyen en vitales para el desarrollo económico del país y donde la necesidad de seguridad y de defensa es prioritaria, y corresponde a la Secretaría de Marina-Armada de México la vigilancia y protección esos intereses para garantizar el desarrollo de las actividades productivas que ahí se llevan a cabo.
La misión de la Armada de México es salvaguardar nuestra independencia, soberanía e integridad del mar territorial, asimismo se encarga de proteger las instalaciones estratégicas y el patrimonio marítimo, tiene encomendado el cumplimiento de las leyes en el mar territorial y zona económica exclusiva en contra del narcotráfico, la piratería, el tráfico ilegal de personas, sabotaje y el terrorismo, salvaguardando también la vida humana en la mar y brindando auxilio a nuestra población en casos y zonas de desastre o emergencia.
Cuarta. La funciones que realiza la Armada de México son de vital importancia en el desarrollo económico y social de nuestro país, destacando la vigilancia en zonas e instalaciones estratégicas ubicadas en la Sonda de Campeche, en la cual se produce aproximadamente el 82% de la producción de crudo del país y el 35% de gas natural, lo cual representa aproximadamente el 34% del producto interno bruto; tareas de seguridad que cobraron relevancia a raíz de los actos terroristas que sufrieron Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, España el 11 de marzo de 2004 y Gran Bretaña el 7 de julio de 2005, motivo por el cual se ha redoblado la presencia de esta Institución en esa área.
La importancia de la presencia de la Armada de México en nuestros mares estriba en la necesidad de hacer frente a los actos terroristas que pudieran llevarse a cabo en contra de los intereses nacionales que se encuentran en nuestras aguas jurisdiccionales y que de concretarse traerían indudablemente una repercusión económica y social de graves consecuencias.
Quinta. En el Plan Institucional de Desarrollo 2001-2006 de la Secretaría de Marina se señalan, entre otros objetivos rectores, los siguientes: a) Preservar la soberanía, integridad territorial y los intereses marítimos nacionales, b) Desarrollar en forma armónica y equilibrada la capacidad de la Armada, fortaleciendo su participación, coordinación operativa y proceso de modernización de conformidad con las prioridades de seguridad nacional, y c) Preservar el estado de derecho en las zonas marinas mexicanas y mejorar los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional, en atención a las condiciones de seguridad que la sociedad demanda.
En dicho plan institucional la Armada de México proyectó la construcción de 20 buques tipo Patrulla Oceánica bajo el concepto de trinomio, que incluye: buque-helicóptero-interceptora, lo que permite ampliar el radio de acción en las operaciones realizadas para el ejercicio de las funciones del Estado en la mar, eficientar el uso de los buques de guerra disponibles con un ahorro sustancial en los costos de operación, incrementar el área de cobertura de vigilancia y así obtener mayores resultados en la detección e intercepción de embarcaciones transgresoras de la ley.
Sin embargo la reducción presupuestal que sufrió dicho instituto armado durante la pasada administración le impidió desarrollar dicho programa al 100 por ciento habiéndose construido únicamente 10 de las 20 patrullas proyectadas, las cuales fueron construidas en astilleros de la Armada de México y se encuentran incorporadas a las operaciones de ese instituto armado.
Dicha reducción presupuestal afectó principalmente a los capítulos de gasto corriente y gasto de inversión, consecuentemente el proyecto de construcción naval no se pudo desarrollar en su totalidad.
Resulta de suma importancia hacer notar que durante el periodo comprendido de 2001 a 2006 fueron dados de baja 44 buques de guerra toda vez que habían cumplido con su tiempo de vida útil y no reunían las condiciones mínimas de operatividad para el cumplimiento de misiones asignadas a la institución, así como por su alto costo de mantenimiento.
Sexta. En el reporte trimestral de resultados financieros de Pemex se establece que durante el periodo comprendido de enero a agosto del presente año la producción de petróleo crudo fue de 3,368.6 miles de barriles diarios y que en el tercer trimestre del presente año dicha paraestatal obtuvo un rendimiento neto de 29 mil millones de pesos ascendiendo el rendimiento total a 191 mil millones de pesos. En los primeros nueve meses del año el rendimiento neto ascendió a 48 mil 528 millones de pesos.
Asimismo se informa que de julio a septiembre las ventas totales de la empresa se incrementaron 10 por ciento en relación con el tercer trimestre del año pasado, alcanzando un total de 276 mil 500 millones de pesos.
También en dicho reporte se indica que en el tercer trimestre las ventas en México se incrementaron seis por ciento al subir de 132 mil 200 millones a 139 mil 700 millones de pesos.
Teniendo como base la información anterior, en el mencionado reporte financiero se concluye que el patrimonio de Pemex aumentó nueve mil 500 millones de pesos al pasar de tres mil 912 a 13 mil 411 millones de pesos en el periodo. Al 30 de septiembre los activos sumaron 1,139 miles de millones y los pasivos 1,126 miles de millones de pesos.
Las cifras anteriores nos permiten dimensionar la importancia de los recursos económicos que obtiene dicha paraestatal lo cual se acrecenta aún más si tomamos en consideración que de los 2,214.4 miles de millones que se tienen presupuestados para el ejercicio fiscal del año 2007, 811.3 miles de millones provendrán de los recursos petroleros.
Los 900 millones de pesos que se solicita se otorguen adicionalmente a la Secretaría de Marina para la construcción de un buque tipo patrulla oceánica destinado a reforzar la seguridad de las instalaciones petroleras ubicadas en el Golfo de México equivalen al 0.001% del total de los recursos que aportará Pemex al presupuesto de egresos para el próximo ejercicio fiscal.
Si tomamos en consideración no sólo la cantidad tan importante de recursos que se obtienen de las instalaciones de Pemex ubicadas en nuestro mar territorial, sino también el valor mismo de esas instalaciones, concluimos que la inversión del 0.001% que se haga para que la Secretaría de Marina continúe desarrollando el programa de construcción de patrullas oceánicas a fin de realizar la vigilancia marítima de manera más eficiente y eficaz, será por demás benéfica.
Séptima. En el informe de labores correspondiente al presente año, la Secretaría de Energía establece que la intensa actividad exploratoria que realizó Pemex durante el presente año permitió incorporar una reserva de 950.2 millones de barriles de petróleo crudo.
En la actualidad Pemex ha perforado los pozos Chuktah-201, Nab-1 y Noxal-1 confirmándose la existencia de hidrocarburos en los dos últimos, asimismo se está perforando un cuarto pozo el Lacach-1 el cual se encuentra localizado a 124 kilómetros al noroeste de Coatzacoalcos, Veracruz, dichas labores de exploración se llevan a cabo con el objetivo de evaluar el potencial de hidrocarburos en el proyecto denominado Golfo de México B, éste es el pozo con mayor tirante de agua perforado en México, con 988 metros y una profundidad programada de más de 4 mil metros verticales, de los que a la fecha se han perforado tres mil 800 metros.
Resulta obvio señalar que las nuevas zonas de explotación deberán ser resguardadas por la Armada de México, motivo por el cual deberán considerarse mayores recursos económicos para cumplir con esa misión.
Por lo anterior, sometemos a consideración del Pleno de este Poder de la Unión, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía se asigne adicionalmente a la Secretaría de Marina en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2007 la cantidad de 900 millones de pesos para la construcción de un buque tipo Patrulla Oceánica destinado a reforzar las labores de vigilancia en las instalaciones estratégicas de Pemex en la Sonda de Campeche.
Diputados: José Manuel del Río Virgen (rúbrica), Marco Antonio Peyrot Solís (rúbrica), Ángel Deschamps Falcón (rúbrica), Esmeralda Cárdenas Sánchez (rúbrica), Juan Victoria Alva (rúbrica), Pedro Pulido Pecero (rúbrica), Efraín Arizméndi Uribe (rúbrica), Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), Adrián Fernández Cabrera (rúbrica), Luis Alonso Mejía García (rúbrica), Leonardo Melesio Magallón Arceo (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Víctor Manuel Torres Herrera (rúbrica), Félix Castellanos Hernández (rúbrica), José Luis Blanco Pajón (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto (rúbrica), Carlos Chaurand Arzate, Mariano González Zarur, Sergio González García (rúbrica), Arturo Martínez Rocha, Jorge Toledo Luis (rúbrica), Javier Estrada González, Maribel Luisa Alva Olvera, Alberto Amaro Corona, Miguel Ángel Navarro Quintero, Cuitláhuac Condado Escamilla, Claudia Lilia Cruz Santiago, Odilón Romero Gutiérrez, Carlos Ernesto Navarro López, Higinio Chávez García.
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE CONSIDEREN RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS QUE GARANTICEN EL BIENESTAR DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO, SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, someto a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
El Estado mexicano tiene una vinculación esencial con los 11 millones de nacionales mexicanos que residen en el exterior, particularmente en Estados Unidos de América. Los mexicanos de fuera conservan lazos familiares en el país, aportan cuantiosos recursos que son fundamentales para comunidades en todo el territorio nacional y con su trabajo construyen, de facto, un vigoroso mercado laboral binacional.
El pueblo de México ha encomendado a sus autoridades velar por la protección de los derechos de los nacionales en el exterior y promover el incremento de sus niveles de bienestar. Conforme al derecho internacional, la protección de los derechos e intereses de los nacionales en el exterior es una de las responsabilidades fundamentales del Estado. En atención a la importancia de estas tareas, el Poder Legislativo ha autorizado desde el año 2004 recursos presupuestales etiquetados específicamente a la protección consular y a los apoyos a las comunidades mexicanas y de origen mexicano. Dichos recursos han sustentado programas tan importantes como el de Asesorías Legales Externas, Repatriación de Restos y Becas IME.
Gracias a los recursos autorizados por el Congreso de la Unión, se ha podido llevar a cabo a través de la Red Consular en Estados Unidos acciones sistemáticas de atención a grupos vulnerables, protección preventiva y auxilio en casos de emergencia. Asimismo, ha sido posible emprender estrategias de respuesta frente a las crecientes amenazas de vigilantismo y xenofobia.
El mandato constitucional de garantizar el derecho de los mexicanos a la salud y a la educación apunta claramente a que los esfuerzos en el ámbito no pueden limitarse a aquellos que se realizan en territorio nacional, sino que es indispensable que el Estado mexicano contribuya a su vez al adecuado acceso de los migrantes a los servicios de salud y a los programas de educación disponibles en su lugar de residencia.
En materia de salud, nueve consulados mexicanos en Estados Unidos llevan a cabo un programa que ha sido pionero a nivel internacional desde el año 2003, las Ventanillas de Salud. Estas son oficinas de referencia médica, operadas por profesionales certificados localmente, que aprovechan el espacio neutral de los consulados para asesorar a una población cuya irregularidad en el status migratorio la hace desconfiar de casi cualquier otra institución. A través de las Ventanillas, México puede desplegar un amplio programa de orientación que combate la subutilización de los recursos disponibles, estimula la cultura de la prevención e integra a diversas organizaciones sin fines de lucro y proveedores de salud para ponerse a disposición del medio millón de usuarios que anualmente visitan las nueve oficinas consulares en el programa. Cabe señalar que, hasta ahora, las Ventanillas han sido financiadas casi por entero con patrocinios privados, lo que limita sus perspectivas de crecimiento hacia nuevas circunscripciones consulares, puesto que Fundaciones como el California Endowment -que las han hecho posible en estos primeros cuatro años- demandan, para seguir colaborando un compromiso tangible, en recursos frescos, por parte del gobierno mexicano, que complemente el que ya aportan donadores privados estadounidenses.
En el ámbito de la educación, los estudios más serios, como los realizados por la Universidad de California y por el Pew Hispanic Center, muestran que la comunidad mexicana tiene un rezago sustantivo respecto al resto de la sociedad norteamericana. Se vive la paradoja de que nuestros migrantes se desplazan a otro país para brindar a sus familias una vida mejor y, sin embargo, a pesar de su duro esfuerzo cotidiano, ven limitadas sus opciones reales de progreso por no tener acceso suficiente a programas de educación en español. El rezago es transgeneracional, si se considera que apenas un tercio de los inmigrantes mexicanos de segunda generación completan su bachillerato.
A fin de que los mexicanos de fuera puedan beneficiarse de los programas de educación a distancia en español que ofrece el Gobierno de México, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior ha promovido (a través de la Red Consular) la apertura de plazas comunitarias y ha puesto en marcha, desde el año 2005, un programa piloto de Becas IME, que en sólo dos años ha logrado beneficiar a más de 8 mil estudiantes inscritos en programas de alfabetización, educación media básica, bachillerato en español e inglés y computación. La relación costo-beneficio resulta sumamente favorable si se toma en consideración que las asignaciones totales de los dos años de operación de las Becas IME ascienden a veinte millones de pesos.
En materia de protección consular, la demanda de servicios se ha incrementado en más de 300 por ciento durante los últimos 6 años. La actividad de la red consular en materia de protección refleja este aumento de demanda al pasar de 38 mil, en el 2001, a más 106 mil casos de protección atendidos en el 2006.
Por otra parte, los migrantes recién llegados tienden a asentarse en regiones distintas a las tradicionales en California, Texas e Illinois, atraídos por las oportunidades de empleo existentes en las llamadas "comunidades emergentes" del medio-oeste, sur y este de Estados Unidos. Ello obliga a la apertura de nuevas oficinas consulares, así como al diseño de programas de protección, especialmente dirigidos a trabajadores mexicanos de baja escolaridad e ingreso, que no cuentan en sus lugares de residencia con la infraestructura de apoyo que las comunidades latinas más asentadas ofrecen a los recién llegados en el suroeste de Estados Unidos. Ejemplo de lo anterior son los programas que administra la Dirección General de Protección y Asuntos Consulares de la SRE, tales como los programas de repatriación; atención especial a grupos vulnerables; de asesoría legal a mexicanos, incluyendo los connacionales que enfrentan procesos de pena capital; de ayuda directa a personas en situación de indigencia; de repatriación de restos; de consulados móviles; de centro telefónico de atención consular y de visitas a centros laborales y penitenciarios, entre otros.
Por lo anteriormente expuesto, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios someto a la consideración de esta asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados reconoce como prioritarias las labores de protección consular y de apoyo a las comunidades mexicanas en el exterior.
Segundo. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, por la importancia que tienen los programas específicos de salud y educación que, sin menoscabo de la necesaria rendición de cuentas y en el marco de los esfuerzos por hacer más eficiente el ejercicio presupuestal, se autoricen para el año 2007, dentro del presupuesto del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la SRE, recursos adicionales por 30 millones de pesos, etiquetados especialmente de la siguiente forma: 15 millones de pesos para el programa Ventanillas de Salud y 15 millones de pesos para el programa Becas IME.
Tercero. Asimismo, por la importancia que tienen los programas específicos de protección consular, se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que, sin menoscabo de la necesaria rendición de cuentas y en el marco de los esfuerzos por hacer más eficiente el ejercicio presupuestal, se autoricen para el año 2007, dentro del presupuesto para la SRE, recursos adicionales a los otorgados el año pasado, por un monto de 65 millones de pesos, a ser ejercidos en los siguientes rubros: incremento a los apoyos para el traslado de restos de mexicanos fallecidos en el exterior (15 millones de pesos); mayor número de visitas dentro del Programa de Consulado Móvil (16 millones de pesos); ampliación del servicio del Centro Telefónico de Atención Consular a todas las Representaciones consulares en Estados Unidos (10 millones de pesos); reapertura de la sede consular en Nueva Orleans y apertura de consulados en Idaho y Hawai, localidades donde se ha multiplicado la presencia de nacionales mexicanos (24 millones de pesos).
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, a los 18 días del mes de diciembre del dos mil seis.
La Comisión de Relaciones Exteriores
Diputados: Gerardo Buganza Salmerón (rúbrica), presidente; María Eugenia Campos Galván (rúbrica), Óscar Miguel Mohamar Dainitin, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Alejandro Olivares Monterrubio (rúbrica), Rodolfo Solís Parga (rúbrica), secretarios; Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Mario Enrique del Toro (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo, Felipe Díaz Garibay (rúbrica), César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica), Cristián Castaño Contreras (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), María Dolores González Sánchez (rúbrica), Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), Víctor Samuel Palma César, Alejandro Landero Gutiérrez (rúbrica), Miguel Ángel Peña Sánchez, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), José Murat, Lourdes Quiñones Canales, Luis Fernando Rodríguez Ahumada (rúbrica), Artemio Torres Gómez, Antonio Soto Sánchez (rúbrica), Jesús Humberto Zazueta Aguilar (rúbrica), Érika Larregui Nagel (rúbrica).
La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios
Diputados: Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica), presidente; José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), José Edmundo Ramírez Martínez, secretarios; José Luis Aguilera Rico, Silbestre Álvarez Ramón, Alberto Amaro Corona (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido (rúbrica), Roberto Badillo Martínez, Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica), Daniel Chávez García, Joaquín Conrado de los Santos Molina, Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), David Figueroa Ortega, Carlos Alberto García González, María Dolores González Sánchez (rúbrica), Elia Hernández Núñez (rúbrica), Érick López Barriga (rúbrica), Omeheira López Reyna, Camerino Eleazar Márquez Madrid, Mario Mendoza Cortés, Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Irma Piñeyro Arias, Ana María Ramírez Cerda, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (rúbrica), Antonio Valladolid Rodríguez, Isael Villa Villa (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE -MEDIANTE LA SEGOB- INFORME Y RECONVENGA AL PARTIDO POLÍTICO ESPAÑOL IZQUIERDA UNIDA POR LA INTERVENCIÓN POLÍTICA DE SUS MILITANTES EN EL CONFLICTO DEL ESTADO DE OAXACA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ALEJANDRO LANDERO GUTIÉRREZ Y CRISTIÁN CASTAÑO CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputados federales Alejandro Landero Gutiérrez y Cristián Castaño Contreras, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, que informe por los medios diplomáticos conducentes al partido político español Izquierda Unida, el contenido del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que reconvenga a sus militantes por su participación activa dentro de la crisis política que vive el estado de Oaxaca y se le solicite que en las próximas visitas que realicen se abstengan de inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Asimismo, se le solicita a la Secretaría de Gobernación dé puntual seguimiento al apoyo político y económico de los militantes del partido político español Izquierda Unida en el conflicto oaxaqueño, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El conflicto político y social que vive actualmente el estado de Oaxaca contiene tras de sí una problemática compleja en la que conviven causas políticas, económicas y sociales.
Es un conflicto que nos duele a todos los mexicanos porque su intensidad y duración posterga la posibilidad de encontrar caminos para el desarrollo de los oaxaqueños.
La complejidad del conflicto no debe ser causa para que grupos radicales que, en realidad desconocen el sentir popular, se inmiscuyan en el conflicto alentando la división de los oaxaqueños. Menos aceptable es, que personas extranjeras portadoras de un ideologismo extremo se introduzcan al país con fines de desestabilización política y se comprometan a financiar determinadas causas políticas.
La solución política a los problemas de Oaxaca compete en primer lugar a los oaxaqueños y a todos los mexicanos por igual. El reto de un mejor Oaxaca es un reto de los mexicanos. La solución vendrá de nosotros, no de un grupo de extranjeros que se inmiscuye en la política interna de nuestra nación soberana.
Diversos medios nacionales y extranjeros han dado a conocer hace unos días, que militantes del partido español Izquierda Unida, encabezados por Milagros Hernández, responsable de Asuntos Sociales de dicho partido, participaron en el primer congreso de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca los pasados 11 y 12 de noviembre.
La señora Milagros Hernández, de ciudadanía española, ha externando ante medios de comunicación de su país y de México, la intención de llevar la situación del conflicto oaxaqueño ante el Congreso de los Diputados español, con el objetivo de que se envíe una comisión parlamentaria a Oaxaca.
Aunado a ello, la representante del partido Izquierda Unida, ha sostenido: "Queremos con nuestra presencia, demostrar al pueblo de Oaxaca nuestro apoyo y solidaridad a la lucha de sus maestros y de sus ciudadanos... Hemos estado en contacto con movimientos sociales de Oaxaca y del Distrito Federal que nos han pedido que como partido canalicemos los apoyos sociales, políticos y económicos de partidos y organizaciones de los países europeos, es lo que vamos a hacer", declaró la responsable de Asuntos Sociales de Izquierda Unida.
El apoyo y la intención de enviar recursos económicos por parte de un partido político extranjero a un movimiento político nacional es una clara trasgresión al artículo 33 de nuestra Constitución Política, que violenta nuestra soberanía.
No consentimos que un partido de resabios comunistas, con todo lo que ello significa en materia de violación de los derechos humanos, venga a querer darnos lecciones de humanismo.
Los mexicanos hemos ido construyendo instituciones que tienen como objetivo vigilar el uso y el posible abuso del poder. Aunado a estas instituciones, nuestro país ha abierto sus puertas para que haya un relator de Naciones Unidas de forma permanente que vigile el cumplimiento de los derechos humanos.
Estamos abiertos a que organizaciones serias e independientes puedan desarrollar un trabajo de observación para garantizar la defensa de los derechos de las personas, pero no consentimos, por ningún motivo que un grupo de alborotadores venga a dar asesoría, apoyo logístico y apoyo económico a un movimiento político.
Nuestra soberanía no puede ser vulnerada por ningún movimiento político extranjero, independientemente de su ideología. Rechacemos enérgicamente la intromisión de militantes del partido Izquierda Unida en asuntos que sólo competen a los mexicanos.
Por las razones expuestas, se solicita poner a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, que informe por los medios diplomáticos conducentes al partido político español Izquierda Unida el contenido del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que reconvenga a sus militantes por su participación activa dentro de la crisis política que vive el estado de Oaxaca y se le solicite que en las próximas visitas que realicen sus militantes se abstengan de inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Asimismo, se le solicita a la Secretaría de Gobernación dé puntual seguimiento al apoyo político y económico de los militantes del partido político español Izquierda Unida en el conflicto oaxaqueño.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados, a 19 de diciembre de 2006.
Diputados: Alejandro Landero Gutiérrez, Cristián Castaño Contreras (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA UNA COMISIÓN PLURAL ENCARGADA DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA PAISANO, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSA ELVA SORIANO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en su carácter de secretaria de la Comisión de Turismo de esta LX Legislatura y en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, atendiendo a las siguientes
Consideraciones
El programa Paisano, como es sabido según se desprende del propio programa, fue creado para "garantizar que los connacionales que ingresan, transitan y salen del país, lo realicen con absoluta garantía de sus derechos, la seguridad en sus bienes y personas y el pleno conocimiento de sus obligaciones". Con este programa, el Gobierno Federal ha pretendido que se implementen funciones de atención y vigilancia para supervisar que los migrantes no estén expuestos a acciones como el robo, la extorsión, el maltrato e incluso, a la prepotencia de algunos funcionarios públicos locales y federales.
El programa en comento, iniciado en el año de 1989, fue creado bajo la figura de una Comisión Intersecretarial en la que participaban originalmente 15 secretarías y dos entidades del Ejecutivo Federal, así como tres procuradurías, con el propósito de salvaguardar las garantías y la integridad de los mexicanos que están en el exterior y que retornan al territorio nacional particularmente en el periodo vacacional de fin de año.
Durante estos 17 años de existencia, el programa Paisano no ha respondido como todos quisiéramos en proporción a la magnitud de connacionales que retornan a territorio nacional; en parte por la desigualdad presupuestal y en parte por la falta de una política migratoria integral interna que respalde las acciones de este y otros programas de similares características.
Los legisladores de las diferentes bancadas representadas en esta cámara, reconocemos y apoyamos las fortalezas y debilidades de este programa; sin embargo, y a pesar del dispositivo que cada año se implementa para recibir a los migrantes de la mejor manera, y sobre todo de la coordinación que se genera entre las diversas Secretarías de Estado para cumplir el objetivo primordial del programa, no se advierte que sus propósitos sean cumplidos cabalmente, y es el propio Poder Ejecutivo, quien lo reconoce al expresar lo siguiente:
La Presidencia de la República ha instruido a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración, Coordine estos esfuerzos intersecretariales para que en su bienvenida al país estos "héroes anónimos" reciban un trato cálido, honesto y responsable y se superen las prácticas viciadas que lamentablemente aun no hemos podido erradicar.
Los diputados que formulamos esta propuesta, pensamos que la estructura del programa debe de reforzarse a la brevedad posible ya que no podemos permitir que los connacionales que aportan una cantidad considerable a la economía nacional por concepto de remesas (cerca de 25 mil millones de dólares en este año) sigan padeciendo situaciones contrarias al propósito del programa Paisano. Porque hay que reconocer que existen quejas de maltrato y diferentes irregularidades no solamente en el norte del territorio nacional sino también en la zona sur, por parte de funcionarios y policías que intentan ver en los visitantes un botín navideño.
En virtud de la proposición con punto de acuerdo denominado "Legislador al cuidado del paisano" aprobado recientemente en el Senado de la República, cuyo principal objetivo es el vigilar las acciones de las autoridades que reciben a nuestros paisanos a fin de prevenir actos de corrupción y abusos de autoridad en su traslado por el país en los cruces fronterizos, creemos que es una magnífica oportunidad para que desde la misma Cámara de Diputados esta acción sea reforzada con un delegación de diputados que representen -desde el ámbito de su competencia y de sus respectivas comisiones- a las secretarías de estado involucradas en el programa Paisano.
Con esta propuesta podemos lograr un doble propósito, a saber:
Revisar y supervisar los objetivos tanto del programa Legislador al Cuidado del Paisano como del programa Paisano, no sólo desde el Senado de la República sino también desde la Cámara de Diputados, logrando de esta manera una representación del Congreso Mexicano en torno a estos programas.
De igual manera, se tendría una importante representación del Congreso Mexicano tanto en las zonas fronterizas -como lo propone el Senado de la República- como en las principales zonas de tránsito y llegada de nuestros paisanos, supervisada por los diputados desde el estado o distrito que representen.
Debe quedar claro que este tipo de acciones no deben politizarse exhibiendo banderas o posiciones ideológicas ya que el propósito central de estos programas es fundamentalmente velar por los derechos e intereses de nuestros paisanos y sus familias.
Bajo este panorama, es imperativo impulsar medidas que refuercen las acciones emprendidas por los funcionarios de las secretarías involucradas en el programa, con la finalidad de que se cumpla fielmente los objetivos por el que fue creado y lograr así que la operatividad del mismo arroje resultados satisfactorios en beneficio de nuestros paisanos. En este caso ningún esfuerzo será menor para poder consolidad el programa Paisano y lograr que todos los mexicanos podamos sentirnos orgullosos y seguros de su funcionamiento.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a la Junta de Coordinación Política autorice la creación de una comisión plural de diputados para que se encarguen de vigilar que los objetivos por los que fue creado el programa Paisano se cumplan a cabalidad.
Esta comisión estará integrada por diputados de las comisiones de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comunicaciones y Transportes, Salud y Turismo, para que desde el ámbito de su competencia y por voluntad propia, puedan fortalecer con su presencia y atención específica al programa Paisano, velando ante todo por el legitimo respeto de los derechos plenos de los migrantes que retornan y de sus familias.
En legítima correspondencia a nuestra representación nacional, los legisladores que integren esta delegación participarán en la vigilancia y supervisión desde sus respectivas entidades federativas.
Segundo. El periodo de supervisión comprenderá del 15 de diciembre al 30 de enero y los legisladores comisionados deberán presentar un informe a la Junta de Coordinación Política y esta a su vez lo turnará a las comisiones que participan en este programa para que desde el ámbito legislativo se estudie el programa Paisano y se adecue o, en su caso, se emita las recomendaciones necesarias a los órganos correspondientes, con el fin de actualizar y ubicar al programa Paisano en el contexto de la realidad migratoria del país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 19 del mes de diciembre de 2006.
Diputada Rosa Elva Soriano Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO AL DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE, A CARGO DEL DIPUTADO EDMUNDO RAMÍREZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción I del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición al tenor de las siguientes
Consideraciones
Estados Unidos se ha beneficiado de la fuerza laboral migrante. La ha propiciado y administrado de acuerdo con sus necesidades y, lejos de ser una carga, el trabajador migrante ha sido pieza clave en la edificación de la fortaleza económica de ese país.
El fenómeno migratorio constituye una preocupación constante para los mexicanos. Aproximadamente cuatrocientos mil mexicanos cruzan cada día la frontera norte en busca de mejores condiciones económicas, pese a las situaciones de riesgo de ser detenidos y deportados a nuestro país sin el menor respeto a sus derechos humanos.
En múltiples ocasiones el migrante no sabe a qué se enfrentará al pretender cruzar con destino a Estados Unidos y, por la frecuente frustración de sus propósitos, acude a los poderes públicos del Estado en busca de ayuda asistencial urgente para sobrevivir, así como para regresar a su lugar de origen en el mejor de los casos.
Por otro lado, este problema no sólo es económico, sino social. Pues las familias están sufriendo las repercusiones de este fenómeno en crecimiento. El daño social provocado abarca todos los estratos de la desunión familiar.
Se requiere impulsar una política de medios para la preservación de la unidad familiar, pues destruirla es acabar con la nación y sus principios básicos, es necesario que el Estado desarrolle mecanismos para evitar que este fenómeno afecte la estabilidad familiar.
El efecto migratorio exige la atención de todos los órganos de gobierno, debido a las causas y problemática que viven millones de personas quienes han vivido el fuerte impacto de este fenómeno.
Hay que reconocer que los gobiernos estatales han desarrollado su propio esfuerzo para atender a la comunidad migrante originaria de sus estados.
La creación de órganos administrativos para proteger al migrante han sido insuficientes, ya que no se cuenta con la normatividad administrativa ni con los instrumentos de coordinación y los procedimientos que se aplican por las instituciones del gobierno federal en los programas que tienen que ver con la gestión pública de atención a los mexicanos en el extranjero.
Existe una multiplicidad de programas que no guardan conexión entre sí y, por el contrario, implican una confusión de esfuerzos que se traducen en una inadecuada atención a la población objetivo de sus atribuciones. Es preciso crear los marcos jurídicos locales que posibiliten y delimiten las instituciones y los procedimientos que concreticen esas acciones.
Los poderes públicos no pueden olvidarse de las múltiples y a menudo graves motivaciones que impulsan a tantos migrantes a abandonar sus lugares de procedencia. La migración no surgió sólo de la necesidad de mayores oportunidades, sino por la necesidad de escapar a conflictos culturales, sociales y religiosos, a leyes injustas y discriminatorias.
Por ello el gobierno mexicano debe llevar a cabo un programa integral para analizar este problema y darle efectiva atención.
Para arribar a esa política de atención del migrante se requieren la promoción, el enlace y la gestoría de los asuntos y las demandas de la comunidad migrante a lo largo y ancho del territorio nacional.
Hoy más que nunca debemos generar una política de solidaridad, atención y protección de las personas migrantes, pues detrás de éstas preceden necesidades, familias y condiciones sociales que motivan el fenómeno migratorio.
Hay que estudiar la posibilidad de promover un acuerdo migratorio con nuestros países vecinos. Cuestiones como migración indocumentada, narcotráfico, medio ambiente, seguridad fronteriza y salud pública son temas clave en la política exterior estadounidense, donde necesariamente figura la participación de México.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a establecer un programa integral para combatir el creciente fenómeno migratorio y conciliar un acuerdo nacional con las instancias del gobierno estatal y municipal a efecto de crear políticas públicas que permitan a los migrantes mejores condiciones de vida sin salir de su país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de diciembre de 2006.
Diputado Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS ESTATALES A INTEGRAR UNA COMISIÓN DE TURISMO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO DÁVILA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El diputado Francisco Dávila García, a nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos estatales a crear e integrar una Comisión de Turismo.
Consideraciones
La atención en lo particular, al tema del turismo, implica una gran diversidad de estudios, acciones, programas y estrategias, teniendo como única finalidad el desarrollo, de la actividad en los destinos con oportunidad para su potencialización generándoles un crecimiento económico, y por tanto un beneficio social a sus habitantes, ejemplo de ello lo encontramos en los cinco centros integralmente planeados por el Fondo Nacional para el Turismo, Fonatur, en los destinos Los Cabos, Loreto, Ixtapa, Cancún y Huatulco, estos se iniciaron a finales de los años setentas, con una política de visión a futuro, que tubo como objetivo el crear fuentes de empleo que permitieran urbanizar y dotar de la infraestructura básica a nuevas poblaciones para elevarlas a rango de ciudades con todos los servicios públicos. Como resultado exitoso de estas acciones y conocido a nivel mundial es el municipio de Benito Juárez en el cual se encuentra Cancún, siendo este el polo turístico mas importante del país y el mayor captador de ingresos en sus tres ordenes de gobierno y ejemplo como modelo turístico para otros lugares, actualmente el Aeropuerto Internacional de benito Juárez Cancún, ocupa el 2 lugar en vuelos internacionales, siendo puerta de entrada para el turismo internacional, y en la búsqueda de estrategias para un mayor crecimiento y desarrollo, a principios de los noventas, se conformo una organización tripartita integrada por el gobiernos federal, Estatal y los prestadores de Servicios Turísticos de Cancún, para promocionar el destino a nivel mundial denominada Coprotur, Consejo de Promoción Turística, esto sentó las bases para que a finales de década anterior se constituyera a nivel Nacional el Consejo de Promoción Turística de México, CPTM.
Con este antecedente, de el diseño, creación y desarrollo de un destino turístico puedo asegurar, que la atención integral para la actividad turística puede acrecentar de manera sustantiva el crecimiento económico de un municipio, región o estado, por ello propongo que los Congresos Estatales que aun no cuenten con una Comisión que atienda únicamente este tema, analicen las oportunidades, ventajas y beneficios que el turismo generará en sus Estados, con el implementación de políticas propias para el tipo o modalidad de turismo que se pueda aprovechar en cada una de estas entidades con un ordenamiento jurídico, que tenga como base de referencia la Ley General de Turismo y particularizando, lo relativo a las necesidades propias del Estado, Lo anterior deberá ser en cumplimiento en la disposición constitucional estipulado en el inciso K fracción 29 del articulo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece la facultada que tiene el Congreso de la Unión para legislar en materia de turismo y la concurrencia con las entidades de la federación para establecer las bases en esta materia. Al contar con una Comisión propia de la materia, los congresos podrán estudiar, analizar y legislar lo relativo en materia de turismo para su estado y coparticipar en diseño, supervisión y evaluación de las políticas que se formulen para potencializar las oportunidades que el turismo le otorgue al estado.
Único. Proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el que se exhorta a los congresos estatales a crear e integrar una Comisión de Turismo.
Diputado Francisco Dávila García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ACTUALIZAR E IMPULSAR MEDIANTE LA STPS Y LA SENER PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SINIESTROS EN LAS MINAS MEXICANAS, A CARGO DEL DIPUTADO ISRAEL BELTRÁN MONTES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Israel Beltrán Montes, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la República a que dicte instrucciones para que los secretarios del Trabajo y Previsión Social, y de Energía, actualicen e impulsen programas urgentes de prevención y atención de siniestros en las minas mexicanas.
Consideraciones
En el último año hemos sido impactados con la información, a través de los medios de comunicación masiva nacionales, de varios accidentes que han puesto de manifiesto la situación imperante en las instalaciones mineras mexicanas, en las cuales priva la obsolescencia, el descuido y la irresponsabilidad en la adopción y aplicación práctica de medidas de seguridad e higiene, lo que evidencia la presencia, corrupción, complicidad o al menos complacencia, de las autoridades responsables de la supervisión y control de estas medidas.
Sabemos que tales condiciones no se han producido en los últimos tiempos, pero sí afloraron como un mal de proporciones gigantescas en virtud de diversos acontecimientos que nos sacudieron durante el desarrollo de la administración pública federal por el periodo 2000-2006. Bástenos citar los ejemplos más sobresalientes:
Chapayal. El 18 de marzo de 2006 dos indígenas tzeltales murieron y uno más resultó lesionado debido al derrumbe en una mina de ámbar, localizada en la comunidad de Chapayal, Chiapas. El siniestro se originó debido a que no se cuenta con el mínimo de seguridad en la mina. Los trabajadores no tenían equipo de seguridad. En realidad no eran mineros, sino campesinos indígenas que trabajan en la extracción de ámbar con la finalidad de mejorar sus ingresos. Las excavaciones se hacen de forma rudimentaria, no cuentan con la tecnología necesaria para apuntalar los túneles, que pueden llegar a una profundidad de 30 metros.
La Luz. El 23 de mayo de 2006 se registró un siniestro en la mina La Luz, situada en Progreso, Coahuila. Provocó la muerte de un trabajador y dejó lesionados a cuatro trabajadores más. El accidente se originó al romperse el cordón que sostenía el carro de arrastre que conducía al fondo de la mina, ocasionando que el vehículo cayera a 300 metros de profundidad. La mina es propiedad de la empresa carbonífera San Patricio.
Autlán. El 3 de junio de 2006 se registra una explosión en uno de los 11 hornos que pertenecen a la Compañía Minera Autlán, localizada en la comunidad Tamós, municipio de Pánuco, estado de Veracruz. Resultaron 3 trabajadores muertos y 4 heridos. Las causas que ocasionaron la explosión no se han determinado; quedó a cargo de la investigación la Procuraduría General de Justicia del Estado. El delegado federal de la Secretaría del Trabajo en Veracruz, Javier Bolaños, señaló que la Secretaría del Trabajo realizó una inspección de las instalaciones, a fin de determinar si la empresa cumplía las normas exigidas por la ley en materia de seguridad laboral.
La Escondida Americana. El accidente ocurrió el 21 de junio de 2006, en el mineral La Florida, en el municipio de Múzquiz, Coahuila, debido a las deficientes condiciones de seguridad en la mina. De acuerdo con testimonios, los trabajadores se negaron a utilizar explosivos para el desarrollo de un nuevo "cañón" (área de trabajo), porque las lecturas de gas metano eran riesgosas. El "mayordomo" se negó a detener los trabajos y, personalmente, colocó dos conjuntos de explosivos, los cuales no detonaron al mismo tiempo. En consecuencia, el gas que se había concentrado, más el polvo de carbón levantado por la primera detonación, provocaron que al ocurrir la segunda se produjera una explosión no controlada. Resultaron siete mineros heridos, tres de ellos de gravedad.
26 de noviembre de 2006. Un accidente cobró la vida de un minero y dejó a otro con lesiones de consideración cuando el contracielo del túnel en que trabajaban se les vino encima al estar barrenando. Este suceso se suma al registrado cinco días antes, cuando otro minero, un ingeniero con categoría de supervisor, falleció prensado por un tractor en una mina de San Francisco del Oro, estado de Chihuahua.
Este año, 2006, es simbólico para la minería mexicana, pues se conmemoran 100 años del movimiento minero reivindicador de Cananea. Los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, incluyendo en este último a los legisladores de los grupos parlamentarios de todos los partidos, no pueden voltear la espalda al hecho de que, a 100 años de Cananea, la minería nacional se sigue caracterizando por la explotación y la desigualdad, en un esquema arcaico y tradicionalista que beneficia a unos cuantos inversionistas y sacrifica a la masa trabajadora en materia de ingresos, prestaciones, condiciones de vida y seguridad e higiene, que incide gravemente en la vida y en la salud de numerosos miembros de la clase minera trabajadora del país.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que, en el ámbito de colaboración entre los poderes, dicte sus instrucciones a los secretarios del Trabajo y Previsión Social, y de Energía, para que realicen con urgencia los estudios y consultas, a fin de que se atienda la problemática de seguridad e higiene de los centros de trabajo mineros del país, orientados a la modernización, eficiencia, transparencia y corresponsabilidad de las instituciones competentes. Sus propuestas deberán proyectarse para ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 y en los programas anuales y sexenal específicos de las secretarías citadas.
Segundo. Se solicita de los secretarios del Trabajo y Previsión Social, y de Energía que, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirvan informar a esta soberanía, por conducto de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Energía, de la situación prevaleciente en materia de seguridad e higiene en la minería nacional, y de las medidas que hayan acordado, implantado o se vayan a implantar para atenderlo y resolverlo, dentro del plazo de tres meses.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2006.
Diputado Israel Beltrán Montes (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEP A APLICAR DE MANERA OBLIGATORIA, PÚBLICA Y SIN EXCEPCIÓN LOS EXÁMENES DE OPOSICIÓN PARA EL INGRESO DE DOCENTES EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal a que, en el ámbito de sus facultades, instrumente las medidas necesarias para que se apliquen de manera obligatoria, pública y sin excepción, los exámenes de oposición para el ingreso de docentes al sistema de educación básica en las plazas que le corresponden a la secretaría, de acuerdo con los siguientes
Antecedentes
Una educación de buena calidad es fundamental para que un país alcance altos niveles de desarrollo, lo cual incluye que sea productivo, equitativo, libre, democrático y culto.
Al reconocer el papel privilegiado de la evaluación como una herramienta para lograr la calidad en la educación, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 propuso la consolidación de un sistema de evaluación, como meta prioritaria de la política educativa.
Una parte fundamental en el sistema educativo nacional, es sin duda, el nivel profesional de los docentes, por lo que la asignación de plazas para ingresar al Sistema de Educación Básica, debe estar orientada hacia una política de examen abierto que promueva que los mejores perfiles en cuanto habilidades y conocimientos sean los que accedan a un plaza.
Así entonces, la aplicación de exámenes para el ingreso de maestros al sistema de educación básica se refleja necesaria para mejorar la calidad de la enseñanza y hacer más transparente la inversión pública.
Con esta forma de ingreso, se está coadyuvando a elevar la calidad de educación en el país, y da certidumbre legal en cuanto a los procedimientos para la asignación de plazas.
Por otro lado, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, establece lo siguiente:
Artículo 62. Las plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada grupo, una vez corridos los escalafones respectivos con motivo de las vacantes que ocurrieren, y previo estudio realizado por el Titular de la Dependencia, tomando en cuenta la opinión del Sindicato, que justifique su ocupación, serán cubiertas en un 50 por ciento libremente por los Titulares y el restante 50% por los candidatos que proponga el Sindicato.
Los aspirantes para ocupar las plazas vacantes deberán reunir los requisitos que para esos puestos, señala cada una de las Dependencias.
Lo anterior, otorga la facultad al Sindicato para decidir sobre el 50 por ciento de las vacantes, empero, a la fecha el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, asigna sus plazas de manera discrecional sin definir ni difundir públicamente los criterios para hacerlo.
Actualmente, en México solamente los Estados de Baja California, Chiapas y Quintana Roo, aplican exámenes de oposición para el 100 por ciento de las plazas vacantes. Lo anterior, es sin duda un avance significativo entre las autoridades educativas locales y el Sindicato, quiénes con estas acciones han contribuido a elevar la calidad educativa aceptando que las plazas que les corresponden sean asignadas mediante la aplicación de pruebas.
En las demás entidades se siguen otorgando las plazas sin aplicar pruebas de ingreso para los docentes. En las entidades federativas como Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Michoacán, Morelos Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán; se aplican los exámenes de ingreso y promoción de maestros de educación básica de manera parcial, es decir, que las autoridades educativas locales ponen a concurso una parte o el 50 por ciento de las plazas que les corresponden, y que el Sindicato no específica claramente como es el procedimiento para que asigne una plaza.
La Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) de la Secretaría de Educación Pública, elabora y califica los exámenes de selección de maestros de educación básica que utilizan diversas entidades. La DGEP capacita a los funcionarios de las entidades federativas, mismos que serán los encargados de realizar los exámenes a los aspirantes que concursan por una plaza o por un ascenso a directivos escolares, supervisores y jefes de sector.
A través de estas pruebas y exámenes, se busca que ingresen al servicio los maestros con las mejores competencias, transparentar la asignación de plazas y eliminar los mecanismos discrecionales o arbitrarios para otorgarlas.
Las pruebas constan de entre 60 y 80 preguntas, que sirven para evaluar el grado de manejo de los conocimientos a impartir, los concursos que se llevan a cabo actualmente, se realizan mediante convocatoria pública, empero existen algunos lugares donde los resultados no se hacen públicos.
Considerandos
Primero. Que la educación que tenemos no es aún la que necesitamos para construir el país que queremos: un México democrático, libre, justo y próspero; orgulloso de su cultura ancestral y a la vez competente para participar en la comunidad internacional contemporánea;
Segundo. Que los medios para impulsar el desarrollo integral de los mexicanos y de la sociedad en general es contar con un sistema educativo de buena calidad, que este orientado a mejorar la educación pública y privada en todos sus niveles y modalidades, creando una cultura nacional de evaluación continua para el mejor desarrollo de las capacidades;
Tercero. Que el Compromiso Social por la Calidad de la Educación suscrito por las autoridades federales, estatales, los padres de familia, por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por el poder Legislativo y Judicial, por las instituciones de educación superior y media superior, por el Sector de Empresarios y Productores de Bienes y Servicios, por las Asociaciones Científicas y Culturales y por los Organizaciones Sociales, dentro del marco del Programa Nacional de Educación 2001-2006, fue un paso importante para hacer realidad la premisa de que la educación es asunto de todos;
Cuarto. Que en la actualidad, nuestro sistema educativo presenta, en diferentes medidas, fallas de articulación; rigidez en los programas de estudio; insuficiente diversificación de las instituciones; repetición y deserción; falta de aprovechamiento; problemas de cobertura; así como desigualdades entre los Estados, las regiones y los diversos sectores sociales;
Quinto. Que la baja calidad de nuestra educación intervienen, entre otros, los siguientes factores: Existencia de profesores con perfiles inapropiados para el adecuado desempeño de su función y la falta de instrumentos de evaluación integral y, en general, un avance insuficiente en la cultura de rendición de cuentas;
Sexto. Que en un informe sobre la formación de docentes presentado en el año 2004, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Gobierno mexicano reconoció que prevalecen en el País procedimientos discrecionales en la asignación de plazas magisteriales, lo que promueve su corrupción;
Séptimo. Que actualmente y porque la normatividad así lo permite, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tiene derecho a otorgar el 50 por ciento de las plazas vacantes de docentes, empero no existe una metodología conocida para asignarlas;
Octavo. Que es menester señalar que las plazas que otorga directamente la Secretaría en las diferentes entidades federativas, tampoco existe la aplicación integral de exámenes de oposición para el ingreso de docentes en el Sistema de Educación Básica;
Noveno. Que a la fecha solamente tres entidades federativas, realizan exámenes para el 100 por ciento de las plazas magisteriales-Baja California, Chiapas y Quintana Roo;
Décimo. Que conforme a lo dispuesto en la Ley General de Educación, se deben mejorar los mecanismos de participación social para elevar la calidad educativa en todos los niveles, con especial énfasis en la orientación para que los docentes sean profesionales e ingresen al sistema educativo conforme a sus capacidades;
Décimo Primero. Que en el marco del Compromiso Social para la calidad en la educación, las autoridades educativas de los gobiernos federal y estatales asumieron la responsabilidad de realizar la evaluación integral de los procesos educativos y la rendición de cuentas;
Décimo Segundo. Que en el mismo compromiso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Nacional (SNTE), convencido de la necesidad de llevar a cabo una profunda transformación en el sistema educativo, asumió el compromiso de impulsar una nueva cultura laboral orientada hacia la mejora de la calidad, de las formas de organización y gestión escolar; así como de fomentar una actitud responsable y comprometida entre los trabajadores de la educación con su materia de trabajo y con el derecho de los mexicanos a contar con una educación de buena calidad y equitativa.
Se comprometió además a impulsar acciones para alentar la capacitación permanente del magisterio; a fomentar la innovación desde la comunidad educativa e incidir en el fortalecimiento de los perfiles de los responsables de la docencia, la dirección, la supervisión y la jefatura de sector, impulsando medidas para que el acceso a estos cargos sea mediante exámenes de ingreso al servicio y las promociones de los docentes y los directivos se lleven a cabo por medio de concursos de oposición.
Décimo Tercero. Que la relación entre el Sindicato y las autoridades educativas debe ser respetuosa clara, transparente y propositiva, privilegiando la construcción de acuerdos, que coadyuven con los retos que enfrenta la educación en el país;
Décimo Cuarto. Que conforme a las facultades exclusivas que otorga la Ley General de Educación a la Secretaría de Educación Pública, la fracción XI del artículo 12, señala que la Secretaría debe realizar la planeación y la programación global del sistema educativo nacional, evaluar a éste y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales deben realizar; por lo anterior es necesario que la Secretaría promueva entre las diferentes autoridades educativas la asignación de plazas mediante convocatorias públicas y transparentes al igual que los resultados de éstas;
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal a que, en el ámbito de sus facultades, instrumente las medidas necesarias para que se aplique de manera obligatoria, pública y sin excepción los exámenes de oposición para el ingreso de docentes al sistema de educación básica, en las plazas que le corresponden a la secretaría.
Segundo. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal que promueva a través de los acuerdos necesarios con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el cumplimiento del compromiso social por la calidad de la educación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el día 19 de diciembre de 2006
Diputada María Gabriela González Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE LAS REGLAS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS DEL SECTOR AGROPECUARIO PARA 2007, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR ORTIZ DEL CARPIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Víctor Ortiz del Carpio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida a los diputados federales a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea una proposición en relación a la aplicación de las reglas de operación en los programas del sector agropecuario para el año 2007. Al tenor de las siguientes consideraciones y
Antecedentes
Primero. En el Programa Alianza Contigo, del presupuesto especial concurrente del año 2006, se presupuestaron 6 mil 227 millones 950 mil pesos. En el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2007 se están considerando 2 mil 660 millones 900 mil pesos, lo que significa una reducción de 3 mil 567 millones 50 mil pesos, es decir un 55.93 por ciento.
Segundo. Al 30 de noviembre de 2006, el presupuesto total convenido por la Sagarpa y los gobiernos de los estados era de 7 mil 24 millones 683 mil pesos, de los cuales, 5 mil 9 millones 973 mil pesos corresponden al recurso convenido por la Sagarpa, los otros 2 mil 14 millones 709 mil pesos corresponden al compromiso de los gobiernos estatales. Por otra parte, los productores, que son el tercer actor de este importante programa, comprometieron 4 mil 452 millones 497 mil pesos.
Tercero. Respecto al avance de lo efectivamente pagado al 30 de noviembre se tiene 4 mil 142 millones 248 mil pesos, que representa el 58.97 por ciento de lo comprometido. La Sagarpa ha pagado 2 mil 910 millones 910 mil pesos y los gobiernos de los estados han aportado mil 240 millones 337 mil pesos, por su parte los productores ya han pagado 2 mil 527 millones 624 mil pesos.
Este recorte presupuestal del Programa Alianza Contigo no tiene fundamento, ya que se dio por falta de conocimiento de las reglas de operación y no por falta de demanda. Por ello considero de vital importancia exponer a ustedes las siguientes:
Consideraciones
Ante la discusión que todos nosotros tenemos desde nuestras comisiones y en el Pleno de este recinto legislativo, en el marco del Presupuesto de Egresos de 2007, cuando los aspectos a discutir se centran entre un incremento real a determinados rubros del presupuesto o una reasignación a rubros de mayor prioridad desde la óptica de algunos compañeros, me parece importante introducir en esta discusión un elemento de mayor trascendencia.
Año con año, discutimos y acordamos la modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos, que en síntesis, se centra en incrementos y reasignaciones de los recursos presupuestados por el Ejecutivo federal, pero poca importancia le damos al papel que juegan las reglas de operación en la utilización de los recursos públicos, el ejemplo señalado en los antecedentes descritos respecto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, es debido a que 43 programas se encuentra sujetos a reglas de operación.
Pero ¿qué son la reglas de operación? Las reglas de operación son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un programa, las cuales tienen el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia en la utilización de los recursos asignados. Le corresponde al Ejecutivo federal, mediante las distintas secretarías, publicar en el Diario Oficial de la Federación dichos lineamientos.
Ahora bien; ¿de qué nos sirve conocer las reglas de operación?
Conocer los apoyos específicos que ofrecen los programas, así como los requisitos para obtenerlos.
Para saber cómo pueden contribuir al desarrollo de las personas y sus comunidades.
Para vigilar que los recursos públicos se apliquen de acuerdo a como han sido programados.
Además de lo anterior, no es extraño encontrar que en los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se ha ejercido a plenitud el presupuesto para un número importante de programas federales, debido a que las reglas de operación no han sido cumplidas por los posibles beneficiarios.
Compañeros diputados, no podemos permitir que después de una discusión seria por parte de todos los legisladores para decidir el destino de los recursos públicos, éstos no cumplan con su objetivo final, es decir, no podemos permitir que no lleguen beneficios a la población necesitada debido a cuestiones meramente administrativas.
Es por ello compañeros legisladores y aun sabiendo que en el proyecto de Presupuesto de Egresos, en su capítulo II, denominado "De los criterios generales para programas específicos sujetos a reglas de operación", específicamente en el artículo 34, supone las condiciones y casos en donde se modificarán las reglas de operación, propongo en tramite de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer los mecanismos institucionales para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, la utilización de los recursos contenga los máximos criterios de eficacia administrativa y transparencia, a fin de evitar el subejercicio de los recursos públicos destinados al campo. Implementando un formato único de solicitud a las dependencias federales y entidades federativas.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que durante el año 2007 entregue a esta soberanía el proyecto de reglas de operación vigentes 2008-2012 para las dependencias federales y entidades federativas. En donde se sustituya el periodo tan corto de recepción de solicitudes, conocido como ventanilla única, estableciendo que sea por 30 días durante el primer trimestre de cada año, con el fin de proporcionar certeza jurídica y continuidad para los beneficiarios.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que capacite adecuadamente a los funcionarios responsables de aplicar los programas sujetos a reglas de operación, en especial los relacionados con el sector agrícola, a fin de que dichos funcionarios conozcan a cabalidad la normatividad vigente y así evidenciar rezagos en la entrega de recursos.
Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Agricultura a informar de manera clara y amplia, en las comunidades rurales y entre los productores, los procedimientos necesarios para el acceso y disfruten de los programas federales de apoyo al campo sujetos a reglas de operación.
Quinto. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que durante el año 2007 entregue un informe trimestral detallado a esta soberanía sobre los avances en la entrega de recursos de los programas bajo reglas de operación, a fin de acreditar el buen uso en tiempo y forma de los mismos.
Por la naturaleza, trascendencia y gravedad del asunto, convoco a mis compañeros legisladores, a que este punto de acuerdo se apruebe como de urgente resolución.
Dado en el Palacio Legislativo, a los 19 días del mes de diciembre de 2006.
Diputado Víctor Ortiz del Carpio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, A CUMPLIR LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL SOBRE EL CANAL DE AGUAS BLANCAS, A CARGO DEL DIPUTADO OBDULIO ÁVILA MAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al presidente municipal constitucional de Acapulco de Juárez, ingeniero Félix Salgado Macedonio, cumpla la normatividad vigente para la construcción del distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, al tenor de los siguientes
Antecedentes
1. El día domingo veintidós de octubre del año en curso, se dio a conocer por los medios de comunicación, que la Presidencia del ayuntamiento constitucional de Acapulco de Juárez, inició la construcción de un distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, el cual comunicará las avenidas La Costera, Cuauhtémoc y Ejido.
En la información dada a conocer a la opinión pública, se señalaba que al interior del canal de Aguas Blancas serán cimentados un total de 38 pilas en forma de diamante para sostener las trabes y las "ballenas" del paso a desnivel, cuyo costo será superior a los 60 millones de pesos, aunque las obras complementarias elevarán el gasto.
2. Sobre el canal de Aguas Blancas se construyeron, en los años noventas, superficies de rodamiento que comunicaron las tres avenidas más transitadas de Acapulco. Sin embargo, los trabajos de construcción del distribuidor están demoliendo parte de la vía que hasta hace unos días conectaba hacia Pie de la Cuesta.
En este sentido, el paso elevado por estar construido dentro de un canal pluvial que desemboca a bahía, requiere de permiso por parte de la Comisión Nacional del Agua. Empero, sin la autorización federal, las obras de este paso elevado están en el proceso de cimentación del caudal del río de Aguas Blancas.
3. Según declaraciones dadas a la opinión pública por el presidente municipal de Acapulco de Juárez, Félix Salgado Macedonio, no se ha tramitado aún la manifestación de impacto ambiental para la construcción de ese paso elevado, a pesar de que es probable que impacte negativamente la corriente pluvial del canal de Aguas Blancas.
Por su parte, el director de Ecología del municipio de Acapulco de Juárez, indicó que la Secretaría de Obras Públicas del ayuntamiento debió haber tenido el estudio de impacto ambiental para presentarlo a la Comisión Nacional del Agua, pero no se hizo en su momento aunque se debe presentar.
4. A través del Sistema de Solicitudes de Información del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Sisi) y mediante la Solicitud de Información Pública número 1610100116106, del diecisiete de noviembre de dos mil seis, solicité a la Comisión Nacional del Agua me informara respecto de la existencia o no de permiso para la construcción, en el municipio de Acapulco de Juárez, de un distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, el cual comunicará las avenidas La Costera, Cuauhtémoc y Ejido.
5. El veintiocho de noviembre pasado se dio contestación a la solicitud referida, a la que se acompaña el memorando número BOO.E.53.4./2006.-300, de veintisiete de noviembre del año en curso, suscrito por el ingeniero Víctor Jacinto Vélez, encargado del área técnica de la Gerencia Estatal en Guerrero, por medio del cual informa que la Comisión Nacional del Agua no ha otorgado permiso para la obra de referencia.
Asimismo, se manifiesta en el documento de referencia que, desde el 13 de mayo del año próximo pasado, se ha tenido comunicación, por escrito, con autoridades del ayuntamiento constitucional de Acapulco de Juárez, con el propósito de orientarlos en la forma de integrar el expediente técnico del proyecto para el trámite correspondiente de permiso de construcción en zona federal.
6. Expuestos los hechos, existe la certeza de que el ayuntamiento constitucional de Acapulco de Juárez inició la construcción de un distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, sin haber integrado el expediente técnico del proyecto para el trámite correspondiente de permiso de construcción en zona federal.
Asimismo, queda incertidumbre respecto de si las obras que se realizan puedan afectar la corriente de agua o produzcan consecuencias indeseables, como inundaciones durante la época de lluvias, tal y como sucedió hace poco más de 9 años cuando el huracán Paulina arrastró el caudal del río de Aguas Blancas, provocando daños humanos y materiales a las personas que tenían sus viviendas dentro de ese río y en los márgenes.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos la siguiente proposición con punto de acuerdo, en términos de las siguientes
Consideraciones
Primero. Que de conformidad con el artículo 98 de la Ley de Aguas Nacionales, cuando con motivo de la operación de obras se pudiera afectar el régimen hidráulico e hidrológico de los causes o vasos propiedad nacional o de las zonas federales correspondientes, se requerirá del permiso en los términos de la citada ley y su reglamento.
En estos casos, la Comisión Nacional del Agua supervisará la construcción de las obras, y podrá, en cualquier momento, adoptar las medidas correctivas que sea necesario ejecutar para garantizar el cumplimiento del permiso y de dichas normas.
Segundo. Que asimismo, el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, dispone que las personas que pretendan realizar obras que impliquen desviación del curso de las aguas nacionales de su cauce o vaso, alteración al régimen hidráulico de las corrientes o afectación de su calidad, al solicitar el permiso respectivo de la Comisión Nacional del Agua, deberán acompañar el proyecto y programa de ejecución de las obras que pretendan realizar, y demostrar que no se afecta riesgosamente el flujo de las aguas ni los derechos de terceros aguas abajo.
La comisión resolverá si acepta o rechaza el proyecto, y en su caso, dará a conocer a los interesados las modificaciones que deban de hacer a éste para evitar que cualquier afectación al régimen hidrológico de las corrientes no imponga riesgos en la seguridad de las personas y sus bienes, no altere la calidad del agua ni los derechos de terceros.
En el permiso respectivo, la Comisión Nacional del Agua fijará los plazos aproximados para que los solicitantes realicen los estudios y formulen los proyectos definitivos, inicien las obras y las terminen.
Este procedimiento se aplica a todas las obras o trabajos que se realicen para dragar, desecar y en general, modificar el régimen hidráulico de los cauces, vasos, lagos, lagunas y demás depósitos de agua de propiedad nacional.
Tercero. Que resulta también aplicable lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que en el artículo 28 señala que la evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente.
También, dicho precepto establece en sus fracciones I y X, que tratándose de obras hidráulicas, vías generales de comunicación, y obras y actividades en ríos, conectados con el mar, se requiere previamente de la autorización en materia de impacto ambiental de la citada secretaría.
Cuarto. Que en virtud de que los hechos presumiblemente pueden constituir violaciones al marco normativo aplicable, es necesario analizar las sanciones e infracciones aplicables caso particular.
Así las cosas, y de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales, la autoridad del agua sancionará administrativamente las faltas a la citada ley, con independencia de las sanciones estipuladas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Bienes Nacionales y Ley Federal de Metrología y Normalización y sus reglamentos, las Normas Oficiales Mexicanas, el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables en la materia.
En el caso en concreto, de comprobarse la falta de los permisos por parte de la Comisión Nacional del Agua, para la construcción del distribuidor vial multialudido, se actualizaría la hipótesis del artículo en comento, la cual señala que de no acondicionar las obras en los términos establecidos en los reglamentos o en las demás normas o disposiciones que dicte la autoridad competente para prevenir efectos negativos a terceros o al desarrollo hidráulico de las fuentes de abastecimientos o de la cuenca; lo cual es sancionable con multa que puede ir desde mil 501 a 5 mil días de salario mínimo.
Por otra parte, y de acreditarse que con la ejecución de la obra se ocasionan daños ambientales considerables o que generen desequilibrios, en materia de recursos hídricos de conformidad con las disposiciones en la materia; el heroico ayuntamiento constitucional de Acapulco de Juárez podría hacerse acreedor a una multa entre 5 mil uno a 20 mil días de salario mínimo.
Asimismo, el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, en su Título Décimo: de las Infracciones Sanciones y Recursos, establece que la Comisión Nacional del Agua podrá realizar actos de inspección y vigilancia para verificar, en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento; así como de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El artículo 182 en análisis, faculta a la comisión para solicitar la documentación e información necesaria o efectuar visitas de inspección para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Quinto. Que en la especie, la Presidencia del ayuntamiento constitucional de Acapulco de Juárez, para la construcción del distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, debe obtener el permiso correspondiente de la Comisión Nacional del Agua, previa realización de la manifestación de impacto ambiental que al efecto provea, por tratarse de una obra que pueda causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.
Sexto. Que al respecto, este honorable órgano legislativo, debe emitir un exhorto al presidente municipal constitucional de Acapulco de Juárez, ingeniero Félix Salgado Macedonio, para que cumplimente las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus respectivos reglamentos, así como las demás relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.
Lo anterior, a efecto de que substancie los procedimientos para la obtención del permiso correspondiente para la realización del proyecto multialudido, con objeto de garantizar que no se afecten riesgosamente la corriente pluvial del canal de Aguas Blancas.
En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se hace una atenta invitación al presidente municipal de Acapulco de Juárez, Félix Salgado Macedonio, para que explique la realización del distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas, el cual comunicará las avenidas La Costera, Cuauhtémoc y Ejido, y garantice a la ciudadanía que las obras que se realicen no afecten riesgosamente la corriente pluvial del canal de Aguas Blancas.
Segundo. Se exhorta al presidente municipal constitucional de Acapulco de Juárez, ingeniero Félix Salgado Macedonio, a efecto de que cumpla con la normatividad federal vigente para la obtención del permiso de la Comisión Nacional del Agua, para la construcción del distribuidor vial sobre el canal de Aguas Blancas.
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días de diciembre de dos mil seis.
Diputado Obdulio Ávila Mayo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA, A LA SE Y A LA SHCP A EFECTO DE QUE CONSIDEREN RETOMAR EL CIERRE DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE PROVENIENTE DE LOS PAÍSES INFECTADOS CON FIEBRE AFTOSA, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO PULIDO PECERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal Pedro Pulido Pecero, y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de nuestra Constitución Política; y 55, 58, 59, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior, así como 34, incisos a) y b), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de este Pleno proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como a la de Economía y a la de Hacienda y Crédito Público, a considerar retomar el cierre a las importaciones de carne provenientes de los países infectados con fiebre aftosa.
Considerandos
La fiebre aftosa es una enfermedad aguda, infecciosa y en extremo contagiosa que afecta principalmente al ganado bovino y cuyo impacto económico es tan severo que cuando una nación la reporta, todos los países del mundo se cierran a sus exportaciones.
Para su erradicación se deben sacrificar todos los animales alrededor del foco y región de infección, debiendo permanecer bajo aislamiento 5 años y otros 5 sin reporte de casos para poder ser declarado como libre de la enfermedad. México es un país libre de fiebre aftosa desde 1954.
El inventario actual de 29 millones de bovinos implica la generación directa de 1.1 millones de empleos en el campo, así como una relación estrecha con 3 millones de empleos en la red de valor de la carne de res.
El total del inventario es superior a los 30,000 millones de dólares, por lo que el arriesgar al país a un contagio de esta enfermedad implicaría pérdidas por más 4 mil 500 millones de dólares que es la producción anual.
En Sudamérica existe una fuerte incidencia de fiebre aftosa debido al contrabando de ganado y cárnicos, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Argentina, Uruguay y Chile son países con presencia de la enfermedad, por lo cual ven limitado su acceso a países importadores de carne refrigerada y congelada.
En 2001, Uruguay presentó un brote de fiebre aftosa que propició el cierre a sus exportaciones, sin embargo cinco años después, Uruguay alcanzó el estatus de libre bajo vacunación intensiva, lo que no implica que el riesgo de contagio se haya terminado, no obstante en octubre de 2005 nuestro país, a través de la Sagarpa retomó la aprobación de las importaciones de carne de bovino de Uruguay.
Las organizaciones pecuarias de México han manifestado su inconformidad ante esta reapertura, pues no sólo se pone en riesgo la economía del sector pecuario, sino la sanidad y el riesgo que implica para el consumo humano. A pesar de esto, el Senasica dio su autorización a las empresas exportadoras uruguayas argumentando el que éstas habían cumplido con las observaciones hechas a su infraestructura para tal efecto y dejando ver su flexibilidad ante una situación de riesgo.
El evento se agrava ante las negociaciones de libre comercio con nuestro país de los gobiernos de Brasil y Argentina, países declarados como positivos a la fiebre aftosa, ya que ante el antecedente de apertura a la carne de Uruguay, México podría perder contundencia en los argumentos zoosanitarios de defensa ante un panel internacional.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional somete a consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Sagarpa, la Secretaría de Economía y la de Hacienda y Crédito Público, a considerar retomar el cierre a las importaciones de carne provenientes de los países infectados con fiebre aftosa.
Diputado Pedro Pulido Pecero (rúbrica)
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