Acuerdos
DE LA MESA DIRECTIVA, PARA APLICAR DE MANERA PERMANENTE EL PRINCIPIO ÉTICO EN LAS ACTIVIDADES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
I. Que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados es el órgano responsable de velar porque el orden y el respeto a las normas reglamentarias sean una constante en el cumplimiento del trabajo parlamentario.
II. Que de conformidad con lo establecido en la fracción primera del artículo 77 constitucional, cada
Cámara puede, sin la participación de la otra, emitir acuerdos relativos a su régimen interior.
III. Que el actuar con base en valores y convicciones democráticas implica asumir, por quienes ejercen la elevada función de representar a su pueblo, las consecuencias y responsabilidades de sus actos. En un órgano colegiado como el nuestro tal responsabilidad se diluye tanto por el número de legisladores que concurren como por la diversidad de sus funciones.
IV. Que nuestra institución, representativa por excelencia, como lo es el Congreso, ha venido resintiendo la preocupación ciudadana como consecuencia de descuidos en el manejo de los asuntos y recursos públicos encomendados.
V. Que el inicio de una legislatura es momento propicio para sumar esfuerzos e iniciar una nueva etapa de valores y elementos de integridad, que todos los involucrados conozcan, respeten y promuevan, para así generar una conciencia de la legalidad donde se pueda discernir lo que es deseable y benéfico para la comunidad y aquello que sólo beneficia a unos cuantos.
VI. Que la experiencia internacional muestra cómo nuestro país no es el único en resentir violaciones a la ética, pero la observación comparada nos indica también que las soluciones aplicadas en otras latitudes para lograr una ética pública plena requieren atención permanente y correspondencia. Que los principios de honestidad, integridad, transparencia, liderazgo y rendición de cuentas son premisas básicas para determinar la aprobación o censura de un comportamiento o conducta dentro del Congreso.
VII. Que hoy la ética es una condición indispensable si queremos recuperar plenamente la confianza ciudadana en la Cámara y en la política en general.
VIII. Que los diputados tenemos asignado un rol en el combate a la corrupción mediante el ejercicio de la adecuada vigilancia de la Cuenta Pública, donde actuando con imaginación hacemos uso de todos los instrumentos de control posibles que eviten la desviación de recursos, programas o conductas de funcionarios públicos en demérito de la sana administración de los asuntos gubernamentales.
IX. Que por ello proponemos la conformación de un grupo de trabajo permanente, encabezado por los vicepresidentes de la Mesa Directiva, con el apoyo de los secretarios de ésta, al cual podrán sumarse integrantes de diversos grupos parlamentarios, que tendrán como objetivo incidir positivamente en el cumplimiento de los principios mencionados y erradicar procedimientos parlamentarios que presenten irregularidades, opacidad o no cumplan con la rendición de cuentas.
X. El grupo de trabajo para desarrollar estas funciones formulará propuestas para hacerse llegar información, así como de experiencias de otros parlamentarios y Congresos sobre la manera en que resuelven y atienden sus asuntos legislativos apegados a la ética.
Al tenor de los anteriores considerandos se propone el siguiente
Acuerdo
Primero. Constituir un grupo de trabajo que estudie y proponga las mejores prácticas éticas, en estricto apego a la normatividad aprobada por esta honorable Cámara de Diputados, y sin que la conformación de este grupo signifique una invasión de atribuciones legales de otros órganos de gobierno, comisiones, comités o áreas administrativas.
Segundo. El grupo actuará en el marco de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica a la Mesa Directiva, velando en todo momento porque las resoluciones o acuerdos internos tengan un carácter preventivo y de opinión.
Tercero. Los integrantes de este grupo de trabajo, dentro de sus propias fracciones parlamentarias, buscarán e impulsarán los acuerdos necesarios a efecto de que cada una de ellas respalde los esfuerzos encaminados a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Cuarto. El grupo realizará su labor durante toda la legislatura y se renovará con las modificaciones periódicas que experimente la Mesa Directiva.
Quinto. Dentro de sus integrantes, la Mesa Directiva designará a un coordinador del grupo, quien presentará el plan de trabajo, coordinará y dará publicidad a las determinaciones que el grupo adopte, con la aprobación de la Mesa Directiva.
Sexto. El grupo de trabajo sesionará cada quince días e irá trazando las metas que se proponga alcanzar.
Séptimo. El grupo de trabajo, para desarrollar estas funciones, formulará propuestas para hacerse llegar información, así como de experiencias de otros parlamentarios y Congresos sobre la manera en que resuelven y atienden sus asuntos legislativos, apegados a la ética.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de noviembre de 2006.
Diputado Jorge Zermeño Infante (rúbrica)
Presidente
Diputada María Elena Álvarez Bernal (rúbrica)
Vicepresidenta
Diputada Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica)
Vicepresidenta
Diputado Arnoldo Ochoa González (rúbrica)
Vicepresidente
Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica)
Secretario
Diputado Jacinto Gómez Pasillas (rúbrica)
Secretario
Diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela (rúbrica)
Secretaria
Diputado José Gildardo Guerrero Torres (rúbrica)
Secretario
Diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica)
Secretaria
Diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva (rúbrica)
Secretario
Diputada María Mercedez Maciel Ortíz (rúbrica)
Secretaria
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, ADOPTADO EN SU REUNIÓN PLENARIA EFECTUADA EL JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2006
En sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados celebrada a las 9:00 horas del día 14 de diciembre de 2006, en el salón E del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, una vez alcanzado el quórum reglamentario, se procedió a desarrollar el orden del día y, por consenso los diputados federales integrantes de esta comisión, en ejercicio pleno de sus atribuciones parlamentarias, con fundamento en los artículos 74 de la Constitución General de la Republica, fracción IV; 39, numeral 4, inciso II, 44, numeral 4, y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción VIII, inciso f), y 43 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, acordaron que
Considerando
1. Que los pueblos indígenas, de acuerdo con las estadísticas oficiales, son el sector de la sociedad mexicana más empobrecida.
2. Que en los recursos públicos destinados para atender los diferentes rubros para este importante sector de la población considerados en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se observa una disminución de 5.9 por ciento del Ramo 06 de la SHCP, correspondiente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, después que se había venido observando un constante incremento de los recursos públicos destinados para los pueblos indígenas desde el año 2003.
3. Que es imperativo y absolutamente necesario incrementar los recursos para los pueblos indígenas, con el fin de atender con alta prioridad los rezagos acumulados.
4. Que el artículo 2o. constitucional, en el apartado B, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, y penúltimo párrafo del mismo, así como lo dispuesto en la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable para la integración del Programa Especial Concurrente a través de la Comisiones Unidas del Sector Rural, y las partidas presupuestales contenidas en el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Esta Comisión de Asuntos Indígenas, una vez analizado y discutido el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, por consenso y unanimidad
Resuelve
1. Declararse en sesión permanente para realizar un proceso de examen, discusión y, en su caso, modificación del Presupuesto de Egresos de al Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal de 2007.
2. Que es inadmisible e insuficiente aceptar el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007; por tanto, por unanimidad esta Comisión de Asuntos Indígenas acuerda gestionar ante la instancia correspondiente un incremento sustancial, superior a 10 mil millones de pesos en el PEF de 2007. Dichos recursos se sumarán a los ya presupuestados en la propuesta enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados.
3. Convocar a las instituciones del gobierno federal que cuentan con recursos que hacen parte del Programa Nacional para el Desarrolle de los Pueblos Indígenas, atendiendo a la visión que tiene el tema indígena a en cuanto a la transversalidad, con el fin de etiquetar en ellas recursos para los proyectos que han llegado a esta Comisión de Asuntos Indígenas.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente a las 11.00 horas del mismo día de iniciada esta reunión y se cita para continuar su sesión el próximo día lunes 18 de diciembre, a las 9:00 horas, en las oficinas de la Comisión de Asuntos Indígenas, ubicadas en el cuarto nivel del edifico B de la Cámara de Diputados.
Comunicaciones
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.
Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
Por este conducto, los integrantes de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en el inciso a), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos solicitar a usted, lo siguiente:
Único. Que la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en el ámbito de las facultades que le confiere el inciso b), numeral 1, del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cite a la asamblea a sesiones ordinarias los días 18, 19, 20, 21 y 22 de diciembre del año en curso, a fin de desahogar los asuntos relacionados con el paquete económico de 2007 y otros temas de interés.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Presidente de la Junta de Coordinación Política
Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Diputado Javier González Garza (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Diputada Aída Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa
(La Presidencia comunica a la asamblea la solicitud de la Junta. Diciembre 14 de 2006.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 12 de diciembre de 2006.
Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Mes Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo octavo, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente cambio solicitado por el diputado Javier González Garza del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que el diputado Miguel Ángel Navarro Quintero sustituya a la diputada Maribel Luisa Alva Olvera como integrante en la Comisión de Salud.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Presidente
(De enterado. Diciembre 14 de 2006.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 11 de diciembre de 2006.
Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Mesa Directiva
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes cambios, solicitados por el diputado Héctor Larios Córdova, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:
Que el diputado José Nicolás Morales Ramos sustituya a la diputada María dolores González Sánchez en la secretaría de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y que la diputada González Sánchez quede como integrante de la misma.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Presidente
(Aprobado en votación económica. Diciembre 14 de 2006.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 11 de diciembre de 2006.
Diputado Jorge Zermeño Infante
Presidente de la Mesa Directiva
Presente
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes cambios, solicitados por el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
Que la diputa Yary del Carmen Gebhardt Garduza cause baja como secretaria en la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica)
Presidente
(Aprobado en votación económica. Diciembre 14 de 2006.)
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE EN EL PROCESO DE ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 SE DESTINEN 500 MILLONES DE PESOS, ETIQUETADOS AL FIDEICOMISO 1928, PARA EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL NACIONAL DEL DESAGÜE EN LA PARTE CORRESPONDIENTE A ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR RUIZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, Y RECIBIDA EN LA SESIÓN DEL JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2006
Los diputados firmantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta honorable Cámara de Diputados, LX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, a través del diputado Salvador Ruiz Sánchez, integrante de este grupo parlamentario la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:
Consideraciones
I. A los diputados federales de esta LX Legislatura nos corresponde salvaguardar los derechos constitucionales de los habitantes de la República Mexicana, a la protección de la salud y a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, como establece el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. El Gran Canal es una de las pocas corrientes fluviales a cielo abierto existentes en la zona metropolitana de la Ciudad de México, mezcla sus aguas con las del río de los Remedios, el cual proviene del Distrito Federal.
III. El Gran Canal es un conducto de desalojo de aguas negras de la Ciudad de México hacia el municipio de Ecatepec, propiciando un foco de infección ya que contienen una concentración importante de sustancias nocivas como metales pesados, solventes, ácidos, grasas, aceites, gases contaminantes y acumulación de fauna nociva, basura y maleza.
IV. Que el artículo 5o., en sus fracciones IV, VI, XII y XX, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece que son facultades de la federación:
"IV. La atención de los asuntos que, originados en el territorio nacional o las zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de la nación afecten el equilibrio ecológico del territorio o de las zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros estados, o a las zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier Estado;
VI. La regulación y el control de las actividades consideradas como altamente riesgosas, y de la generación, manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, así como para la preservación de los recursos naturales, de conformidad con esta ley, otros ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias;
XII. La regulación de la contaminación de la atmósfera, proveniente de todo tipo de fuentes emisoras, así como la prevención y el control en zonas o en caso de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal;
XX. La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas."
V. Que el artículo 7o., en sus fracciones XI y XX de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las leyes locales en la materia, dispone que corresponden a los estados, las siguientes facultades:
"XI. La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el ambiente de dos o más municipios;
XX. La atención coordinada con la federación de asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas, cuando así lo consideren conveniente las entidades federativas respectivas."
VI. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 8o., en sus fracciones II, VII y X, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las leyes locales en la materia, corresponden a los municipios, las siguientes facultades:
"II. La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la federación o a los estados;
VII. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los estados;
X. La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial;"
VII. Que el artículo 11, en sus fracciones II y IX, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dispone que la federación, por conducto de la secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:
"II. El control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad conforme a las disposiciones del presente ordenamiento;
a) Obras hidráulicas, así como vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos;
IX. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones que de ella deriven."
VIII. Que el artículo 23, fracción IX, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios:
"IX. La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población y, a la vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, para mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de la vida."
IX. Que el Gran Canal se ha convertido en un grave problema de contaminación que afecta a más de un millón y medio de habitantes del municipio de Ecatepec, dañando la atmósfera, suelos y sobre todo la salud de las personas debido a que emite una gran cantidad de bacterias infecciosas, virus y sustancias químico-toxicas.
La descomposición de las aguas residuales desprende gases contaminantes que propician enfermedades en la población, principalmente en niños y ancianos. La conjuntivitis, dermatitis, tifoidea y amibiasis, son algunas de las enfermedades más recurrentes en la población asentada en los márgenes del Gran Canal.
Desde hace cincuenta años los habitantes que viven en sus márgenes no han disfrutado de un ambiente sano y seguro debido a las condiciones en que se encuentra. Es un terreno propicio para la inseguridad y la delincuencia, ya que se presentan casos de asaltos, violaciones, venta de drogas y homicidios.
Asimismo, el canal contiene una gran cantidad de basura, escombros y la población vive en un constante riesgo de inundaciones.
X. Con el entubamiento del Gran Canal se cumple una demanda añeja de la población. Dicha obra impactará a millones de habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México con los beneficios siguientes:
a) Proteger el derecho a la salud y propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo y calidad de vida de la población.
b) Abatir las enfermedades que se presentan por la exposición a cielo abierto de residuos sólidos y líquidos.
c) Eliminar focos de infección y contaminación en el municipio de Ecatepec y zona metropolitana de la Ciudad de México.
d) Construir una vialidad alterna de comunicación norte-sur en el municipio de Ecatepec, que se integraría al sistema vial metropolitano, mejorando la interconexión vial y el transporte con el Distrito Federal y otras entidades federativas.
e) Crear espacios seguros y limpios para la convivencia familiar.
f) Contribuir a la disminución de la delincuencia y drogadicción.
g) Detonar el desarrollo económico, local y regional, atrayendo inversiones que impulsen el desarrollo de las actividades industriales, comerciales y de servicios, así como la creación de fuentes de empleo.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y por la gravedad de las condiciones de vida de los habitantes de Ecatepec aledaños al Gran Canal, se somete a la consideración de este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que dentro del proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 se destinen quinientos millones de pesos, etiquetados al fideicomiso 1928, para la realización del proyecto de entubamiento del Canal Nacional de Desagüe, en la parte que corresponde al municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2006.
Diputados: Salvador Ruiz Sánchez, Sonia Ibarra Franquez, Francisco Javier Calzada Vázquez, Irene Aragón Castillo, Daniel Torres García, Miguel Ángel Solares Chávez, Fausto Mendoza Maldonado, Daisy Selene Hernández Gaytán, Martín Zepeda Hernández, Holly Matus Toledo, Hugo Martínez Padilla, Octavio Martínez Vega, Racial Pérez Cruz, Sergio Augusto López, Maribel Luisa Alva Olvera, Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, Alliet Mariana Bautista Bravo, Pablo Trejo Pérez, Rafael Villicaña García, Miguel Ángel Arellano Pulido, Francisco Martínez Martínez, Héctor Narcia Álvarez, Carlos Navarro López, Francisco Santos Arreola, Humberto Zazueta Aguilar, Raymundo Cárdenas Hernández, José Antonio Saavedra Coronel, Silvia Oliva Fragoso, Adriana Díaz Contreras, Miguel Ángel Peña Sánchez (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Diciembre 14 de 2006.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE PREVEA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 UN FONDO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES, ORIENTADO A LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS DE DESASTRE, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, Y RECIBIDA EN LA SESIÓN DEL JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2006
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes presentamos proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo de Prevención de Desastres Naturales han sido instrumentos financieros mediante los cuales el Sistema Nacional de Protección Civil, y las reglas de operación del propio fondo y de los procedimientos derivados de las mismas, integran un conjunto de competencias, responsabilidades y necesidades de los diversos órdenes de gobierno, con la finalidad de apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal en la prevención, atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus reglas de operación, y cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas.
Durante los últimos años las situaciones de riesgo y desastres humanitarios registrados en México han superado por mucho la capacidad de respuesta y la disponibilidad de recursos financieros de las instituciones a nivel federal, local y municipal; situaciones en las que se prioriza la prevención y la atención de los efectos que producen los fenómenos naturales, más que el rescate de su infraestructura.
Solamente en 2006 se emitieron declaratorias de emergencia en Tlaxcala, Colima, Jalisco, Durango, Sinaloa, Veracruz (en 5 ocasiones) y Zacatecas, entre otros; estados en los que los efectos secundarios de los desastres registrados no fueron debidamente atendidos por los tres órdenes de gobierno.
Actualmente los fondos destinados a la atención de las situaciones de riesgos que se registran en todo el país, como producto de desastres naturales, se encuentran orientados fundamentalmente a atender la emergencia del momento en el lugar declarado como zona de desastre, sin embargo, poco se hace para lograr que las zonas siniestradas recuperen su viabilidad y puedan, una vez superada la emergencia, reconstruir su infraestructura y reponer el equipamiento urbano o rural que se perdió.
Por ello, consideramos fundamental que para el ejercicio fiscal de 2007, tomando en cuenta que en el año 2006 se destinaron mil 126 millones de pesos en el ramo 23 para ambos fondos, y que en el proyecto de Presupuesto de 2007 sólo se destinan 500 millones para el Fonden y 250 millones para la prevención de desastres, se incluya un fondo específico de prevención de riesgos en desastres naturales que permita contar con suficientes recursos económicos que se orienten a la inversión en infraestructura y mantenimiento en zonas de desastres.
Por lo anterior, proponemos el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se incluya un fondo específico de prevención de riesgos en desastres naturales orientado a la inversión en infraestructura y mantenimiento en zonas de desastres y se le destinen suficientes recursos económicos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.
Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Diciembre 14 de 2006.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE SE REVISEN LOS CRITERIOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PARA INCREMENTAR LAS PARTICIPACIONES FEDERALES QUE SE TRANSFIEREN A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y GARANTIZAR A LOS AYUNTAMIENTOS LA ENTREGA DIRECTA DE ESTOS RECURSOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, Y RECIBIDA EN LA SESIÓN DEL JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2006
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes presentamos proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Tomando en cuenta que en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, se reunieron las asociaciones municipalistas que integran la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), el 13 de octubre de 2006.
Que como parte de los acuerdos que se adoptaron en su declaratoria, en el punto cuarto se suscribió la Agenda para el Fortalecimiento de la Hacienda Municipal, que contiene las prioridades que la Conamm impulsará a corto y mediano plazos ante el Congreso de la Unión, la Conago y el Ejecutivo federal.
Que en el punto quinto del mismo documento, se plantea para el mejoramiento de las haciendas públicas municipales, "el incremento gradual de las participaciones federales que se transfieren a los gobiernos municipales, un punto porcentual al año, hasta alcanzar el 25 por ciento, así como garantizar la entrega directa de las transferencias federales a los ayuntamientos."
Consideramos fundamental retomar estas propuestas de la Conferencia Nacional de Municipios de México con el propósito de revertir los efectos negativos de una participación federal escasa e injustamente distribuida.
Para ello proponemos que se revisen los criterios técnicos y los dispositivos legales previstos en la Ley de Coordinación Fiscal que se utilizan para calcular el incremento de las participaciones federales que se transfieren a los gobiernos municipales, así como los criterios que garanticen la entrega directa a los ayuntamientos de los recursos federales.
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que revisen los criterios técnicos y los dispositivos legales previstos en la Ley de Coordinación Fiscal que se utilizan para calcular el incremento de las participaciones federales que se transfieren a los gobiernos municipales, así como las garantías a los ayuntamientos para la entrega directa de estos recursos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de diciembre de 2006.
Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Diciembre 14 de 2006.)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A REASIGNAR AL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE LECHE A CARGO DE LICONSA Y AL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2007 CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS EX PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA, A CARGO DE LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, Y RECIBIDA EN LA SESIÓN DEL JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2006
La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 5 de diciembre fue entregado a esta soberanía el paquete presupuestal de 2007, que deberemos aprobar en los próximos días. En torno a este paquete se han establecido planteamientos de austeridad que tienen como propósito obtener recursos financieros para resolver los graves problemas que aquejan a nuestro país. Como parte de este planteamiento general, esta soberanía también recibió un proyecto de los partidos que forman el Frente Amplio Progresista, en el que también se abonan argumentos y propuestas en este sentido. La idea es reasignar recursos a proyectos y programas de desarrollo social y combate de la pobreza.
Si el planteamiento de austeridad republicana cobra fuerza en esta legislatura se debe al reconocimiento del enorme rezago en que se encuentran grandes sectores de la población que, laborando, alcanzan a sobrevivir con los sueldos del raquítico salario mínimo. En este contexto, quiero llamar la atención sobre los apoyos económicos y administrativos que se otorgan a favor de las personas que han desempeñado el cargo de titular del Ejecutivo federal.
Desde 1987, un acuerdo presidencial enviado por el entonces titular de ese poder, Miguel de la Madrid Hurtado, indicaba que, como reconocimiento del gobierno federal a la labor de todos los servidores públicos que hayan desempeñado el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que tanto ellos como sus derechohabientes cuenten con los recursos económicos, prestaciones de seguridad social, servicios de apoyo y de seguridad suficientes para preservar su integridad e independencia económica a que tienen derecho por haber desempeñado tan honroso y alto cargo de la federación.
El ciudadano que haya sido titular del Poder Ejecutivo, al concluir el periodo constitucional de su gestión, dispondrá no sólo del personal de seguridad adscrito al Ejército, Armada y Fuerza Aérea sino también de personal civil de apoyo que resulte indispensable para el desarrollo de sus actividades personales.
Estos mismos ciudadanos ex presidentes actualmente disfrutan de una pensión equivalente al sueldo total que corresponde a los servidores públicos que ocupan el cargo de secretario de Estado; esta pensión se otorga con cargo al erario federal. Igualmente, tienen derecho a percibir las prestaciones de seguridad social, como un seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores, ambos a cargo del erario federal. Y también tienen a su disposición y servicio, mientras vivan, a 25 empleados de la federación adscritos a la planta personal de la Presidencia de la República, con las siguientes categorías: un director general, dos directores de área, cuatro subdirectores, cuatro jefes de departamento, una secretaria de director de área, dos secretarias de subdirector, tres técnicos especializados, tres choferes y, finalmente, cuatro auxiliares administrativos.
Esto significa que entre los seis ex presidentes cuentan para su servicio personal de al menos 150 servidores públicos, además del personal militar asignado para su seguridad, todos con cago al erario federal. Es importante destacar que la Constitución establece en el artículo 73, fracción XI, que es facultad del Congreso la creación y supresión de empleos públicos de la federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones. Las pensiones que reciben los ex presidentes por seis años de servicios contrastan con los magros ingresos que perciben los servidores públicos jubilados y pensionados, luego de toda una vida de trabajo. Las disposiciones vigentes que benefician a los ciudadanos que han desempeñado el cargo de presidente de la república son acuerdos unilaterales del Ejecutivo que ya no responden a la nueva realidad democrática de nuestro país.
No es baladí recordar que varios de los seis ex presidentes tienen muy buenos empleos y riqueza acumulada. Ernesto Zedillo, por ejemplo, es directivo de la transnacional Union Pacific y académico de la Universidad de Yale, entre otras chambas. ¿Por qué si el gobierno quiere terminar con el gasto suntuario y consolidar un régimen de austeridad no elimina la partida destinada a los ex presidentes de la república? ¿No es más importante para nuestra nación resolver los problemas de la alimentación, por ejemplo?
México ha celebrado múltiples tratados internacionales respecto al derecho a la alimentación, y hoy el gobierno federal ha decidido incrementar el precio de la leche, violando un principio universal de alimento para todos. En los últimos seis años, Liconsa generó ahorros a sus beneficiarios por más de 22 mil 284 millones de pesos. Ello significa que por cada peso de recursos fiscales asignado a Liconsa, se detonó un ahorro de 8.50 pesos en beneficio de la población de escasos recursos atendida por esta empresa y que actualmente es de 5.8 millones de personas. Sin embargo, y como es del conocimiento de las diputadas y de los diputados de esta Cámara, el gobierno federal anunció el incremento de 1 peso al litro de la leche que distribuye Liconsa. Con ello, el costo de este producto ascendería de 3.50 pesos, como vino costando los últimos cinco años, a 4.50 pesos, a partir del viernes 17 del mes de noviembre. Esto representa una aumento de casi 29 por ciento, superior al de 26.8 por ciento acumulado en el sexenio.
Por tal motivo es menester dotar de mayores recursos en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 al rubro particular de la leche en comento, con el objetivo de mantener el beneficio a casi 6 millones de mexicanos de bajos recursos. El incremento presupuestario, además de reducido, no es comparable con lo erogado por las pensiones y personal que se destina a los ex presidentes, que alcanzan una suma superior 600 millones de pesos.
Por las razones expuestas, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a considerar en el análisis, la discusión y la modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007 que se elimine la partida correspondiente a los recursos destinados a los ex presidentes de la república, y que esos recursos sean reasignados a la Secretaría de Desarrollo Social, específicamente al Programa de Adquisición de Leche a cargo de Liconsa, SA de CV, y al Programa de Abasto Social de Leche.
Diputada Mónica Fernández Balboa (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Diciembre 14 de 2006.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE REQUIERE AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A FIN DE QUE, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, DETERMINE REDUCIR EN 20 POR CIENTO LOS COSTOS MÍNIMOS DE CAMPAÑAS PARA DIPUTADO, SENADOR Y PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS APROBADOS PARA 2006, Y DE QUE LOS RECURSOS DERIVADOS DE LO ANTERIOR SE DESTINEN AL RUBRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARINA ARVIZU RIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ALTERNATIVA, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2006
La suscrita, diputada federal en la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Base 11, inciso a), establece el denominado "costo mínimo de campaña" entre los factores para determinar el financiamiento público ordinario a los partidos políticos nacionales, el cual debe ser calculado por el órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral.
Por su parte, el artículo 49, párrafo 7, inciso a), fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente, con base en los estudios que presente su consejero presidente, los costos mínimos de una campaña para diputado, senador y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tomando como base los costos aprobados en el año inmediato anterior, actualizándolos mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor, así como los demás factores que el consejo determine.
Asimismo, el citado precepto señala que una vez concluido el proceso electoral ordinario, el Consejo General del Instituto Federal Electoral podrá revisar los elementos o factores, conforme a los cuales se hubiesen fijado los costos mínimos de campaña.
De lo anterior se desprende, en primer lugar, que la propia legislación secundaria permite revisar, una vez concluido el recién transcurrido proceso electoral, los elementos constitutivos de los citados costos mínimos, sea al alza o a la baja, sin que sea necesaria, por lo tanto, una reforma constitucional o legal para modificar y reducir los montos de financiamiento público ordinario a los partidos políticos.
En segundo término que, conforme a la normativa citada, es responsabilidad exclusiva del consejero presidente y del Consejo General del instituto, aprobar tales costos mínimos, al encontrarse tal facultad expresamente señalada en su ámbito de competencias.
En tercer lugar, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró en su tesis relevante S3EL 004/2003, que cuando el referido artículo 49 del código de la materia emplea el término actualizar, dicho vocablo no necesariamente implica incrementar, lo que se refuerza con el señalamiento expreso en dicho código de que, además del Índice Nacional de Precios al Consumidor, se pueden introducir todos aquellos factores que el propio Consejo General del IFE determine.
En cuarto lugar, la determinación por introducir factores adicionales para modificar los citados costos mínimos ya ha sido una práctica empleada por la autoridad federal electoral, como concretamente lo ha hecho desde al año 2003.
Por otra parte, y conforme lo establecen las fracciones II y III del inciso a), párrafo 7, del citado artículo 49 del código de la materia, para determinar el monto de financiamiento público ordinario a los partidos políticos, se debe considerarse el número de partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso, razón por la cual, al pasar de 6 a 8 los partidos políticos representados en esta Cámara de Diputados, el financiamiento público se incrementará por esta situación, independientemente del aumento derivado del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Concretamente, y tomando como base la nueva integración de éste órgano legislativo, el financiamiento público ordinario correspondiente al año 2006, equivalente a mil 988 millones 822 mil 705 pesos con 51 centavos, habrá de elevarse a 2 mil 565 millones 577 mil 697 pesos con 28 centavos, para 2007, sin considerar aún el aumento derivado del efecto inflacionario, es decir, un incremento de alrededor del 25 por ciento entre un año y el siguiente.
En tal sentido, la Cámara de Diputados es el espacio idóneo para demostrar a la ciudadanía que existe la voluntad de todas fuerzas políticas de sobreponer los intereses de la nación a los propios. Por eso debe ser determinación de esta Cámara aprobar el presente punto de acuerdo, para que la autoridad electoral reduzca el monto de los costos mínimos de campaña en un 20 por ciento. Esto es, al reducir el señalado porcentaje, el monto del financiamiento ordinario para partidos políticos habrá de ser equivalente a 2 mil 52 millones 462 mil 157 pesos con 82 centavos, lo que implicará un ahorro de 513 millones 115 mil 539 pesos con 46 centavos, independientemente del incremento derivado del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Dicha cifra permitirá que el financiamiento a los partidos crezca en un monto mucho menor al proyectado, y apenas superior al ejercido por este mismo concepto durante 2006, sin considerar la inflación, y sin perjudicar los compromisos contraídos con terceros por los propios partidos políticos, así como independiente de otros rubros de financiamiento.
Es un hecho que esta reducción no es la deseada, pero si resulta útil para contener la tendencia de persistente incremento de financiamiento a partidos políticos, y constituye un primer paso para su inversión hacia fórmulas más acordes a la realidad del país.
Finalmente, los recursos no ejercidos por esta vía, podrán ser canalizados a uno de los requerimientos más importantes para el propio proyecto nacional y su viabilidad a futuro, tal como lo es el desarrollo de la ciencia y tecnología, y las instituciones académicas y de investigación que se avocan a tales actividades, dado que los recursos destinados a dicho rubro son inferiores a los establecidos en los parámetros internacionales.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que la honorable Cámara de Diputados requiera al consejero presidente del Instituto Federal Electoral para que, en los estudios que presente relativos a los costos mínimos de campaña, incluya una reducción del 20 por ciento a los mismos, con rerlación a los presentados en el 2006.
Segundo. Que la honorable Cámara de Diputados requiera al Consejo General del Instituto Federal Electoral para que, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 49, párrafo 7, inciso a), fracción I, apruebe los costos mínimos de campaña de diputado, senador y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que incluyan una reducción del 20 por ciento a los costos mínimos aprobados para el año 2006.
Tercero. Que la honorable Cámara de Diputados acuerde que los recursos que se deriven de esta reducción, se canalicen al rubro de ciencia y tecnología para el ejercicio presupuestal 2007.
Cuarto. Que el presente punto de acuerdo se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a efecto de que la misma considere, para la elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007, la reducción motivo del presente punto de acuerdo y destine los recursos que del mismo se deriven al rubro de ciencia y tecnología del citado Presupuesto de Egresos de la federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de noviembre de 2006.
Diputada Marina Arvizu Rivas (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Diciembre 14 de 2006.)
