Proposiciones
El que suscribe, diputado Enrique Burgos García, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El pasado 2 de abril, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGCA), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) decretó la suspensión de operaciones de la Línea Aerocalifornia, como resultado de la auditoría mayor realizada semanas antes y que al concluir, se detecto deterioro en las áreas de mantenimiento, capacitación, operacional y administrativo-financiero, al constatar que no coincidían los reportes por escrito contra la operación real, lo que colocó a Aerocalifornia por debajo de los estándares de seguridad exigidos a nivel internacional.
Si en un plazo de 90 días naturales la línea aérea Aerocalifornia no resuelve las deficiencias que provocaron la suspensión de sus operaciones, iniciará el proceso de revocación de su certificado de Explotador de Servicios Aéreos, teniendo su centro de operación en La Paz, Baja California Sur.
Ofreciendo más de dos mil fuentes de trabajo a nivel nacional, de las cuales casi mil se encuentran en el estado mencionado, es oportuno señalar la trascendencia que representa esta fuente de trabajo para el sostén de estas familias.
Consideraciones
Ante las gestiones realizadas por los trabajadores y el gobierno del estado por encontrar una salida al conflicto que mantiene en riesgo los empleos, y ante la escasa oferta de los mismos, el cierre y suspensión de operaciones provocaría un grave conflicto social y económico para Baja California Sur, en un gran numero de actividades productivas.
Es el interés de esta Cámara de Diputados que el conflicto se solucione por las vías más adecuadas, considerando el diálogo y la conciliación como instrumentos que coadyuven a que los resultados ofrezcan a todos los interesados, el funcionamiento de la aerolínea con un servicio seguro y de calidad, el cumplimiento de la normatividad en la materia, así como la preservación de la planta laboral, sustento de muchas familias mexicanas.
Por lo que me permito poner a su consideración la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Trabajo y Previsión Social, y de Economía, a valorar la información vertida por la empresa Aereocalifornia, que permita atender con los estándares de seguridad requeridos, y continuar con las actividades y operaciones productivas que garanticen las fuentes de trabajo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de abril de 2006.
Dip. Enrique Burgos García (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE GUERRERO A COMBATIR LA VIOLENCIA EXISTENTE EN DICHA ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO ABEL ECHEVERRÍA PINEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por el que se exige al gobernador del estado de Guerrero a combatir la violencia suscitada en el estado de Guerrero, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Con la llegada al gobierno del estado del contador público Zeferino Torreblanca Galindo, se ha recrudecido la violencia e inseguridad en el estado de Guerrero, por lo cual, los diputados federales priístas hacemos uso de esta tribuna para demandar mayor seguridad por parte del Ejecutivo estatal.
Hoy, a pocos días de haber cumplido un año de su gobierno, podemos coincidir, incluso, con miembros del propio partido que ahora es gobierno en el estado, que este ha sido un año perdido. Los ciudadanos guerrerenses, no han percibido ninguna mejora, ningún cambio real ni sustantivo. Al contrario, se incrementó la inseguridad, las autoridades aparecen rebasadas y hay serios vicios de ingobernabilidad, no hay ningún nuevo programa de gobierno, no hay obras públicas relevantes y las pocas que se han hecho, han resultado sumamente caras; se castigaron los programas sociales que benefician a los que menos tienen y a los grupos vulnerables, y se dio un aumento excesivo en el gasto corriente.
Existe también, un déficit de legalidad, un reiterado desprecio a la ley, una falta de respeto al Estado de derecho y a la división de poderes.
Según el gobernador Zeferino, Guerrero es un estado seguro, pero sólo en el papel, en el informe, porque no hay ya ningún respeto a la vida; es alarmante la alta criminalidad que se ha desbordado en los últimos meses y el creciente sentimiento de impunidad.
El aumento de asesinatos, de secuestros y de robos, pone en peligro el desarrollo social y económico del estado, ya que esta grave situación mantiene en permanente angustia y zozobra a la ciudadanía en general.
Para conocimiento del pleno y para ilustrar la situación de psicosis que vivimos los guerrerenses, sólo quiero señalar los siguientes
Hechos
2.- El asesinato del subdirector de la Policía Investigadora Ministerial, Julio Carlos López Soto en agosto del mismo año, frente al hotel Calinda en Acapulco.
3.- El martes 24 de enero, tres personas asesinadas y una herida, fue el resultado de la explosión de una granada en la colonia Aguas Blancas de la ciudad de Acapulco, en la miscelánea Tres Primas, denunciada anteriormente como una de las llamadas narcotiendas. Los nombres de los hoy occisos son Esteban Cruz García, Carlos González Díaz y Hermilo Mendoza Suástegui.
4.- El viernes 27 de enero, fueron asesinadas cuatro personas en la colonia Progreso de la ciudad de Acapulco, tras un enfrentamiento entre policías ministeriales y miembros del crimen organizado conocidos como Los Zetas, los cuales pertenecen al Cártel del Golfo. En el lugar murieron Agustín Vázquez Galicia, Alejandro López Hernández, Ángelo Ramírez del Ángel y Humberto Cortés Chávez.
5.- El día 6 de febrero, en la ciudad de Zihuatanejo, explotaron dos granadas en el domicilio particular del director Municipal de Seguridad Pública de esa misma ciudad, Héctor Omar Maganda Salazar, dejando dos heridos de gravedad.
6.- Durante las vacaciones de Semana Santa, se cometieron asesinatos en los municipios de Petatlán y Acapulco; en el primero con un artefacto explosivo tipo granada de uso exclusivo del ejército causando la muerte de dos personas y por lo menos 25 heridos. En el segundo, el asesinato del empresario Roberto Herrera Luna, dentro de su negocio de motocicletas, en la zona de Pie de la Cuesta.
7.- La madrugada del miércoles 19 de abril, dos elementos de la Policía Preventiva de Acapulco fueron decapitados por sujetos desconocidos y sus cabezas fueron colgadas en las oficinas de la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Guerrero.
8.- El pasado viernes 28 de abril a las 23:50, asesinaron al director de Seguridad Pública de ciudad Altamirano, Fidel Arellano Arellano cuando llegaba a su domicilio particular en la comunidad de Los Limones, del municipio de Pungarabato, con armas de alto poder y uso exclusivo del Ejército.
9.- El lunes pasado, a plena luz del día, a 200 metros de la delegación de la PGR y a 100 metros del Congreso del estado en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, un grupo de desconocidos atacaron a balazos al señor Antonio Jiménez Ortega, familiar del diputado local del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, quien iba acompañado con sus dos hijos del cual uno de ellos, de 3 años de edad, perdió la vida al presentar un balazo en la cabeza.
Es preocupante que, la violencia se haya vuelto el pan nuestro de cada día en el estado, y sobre todo en la ciudad y puerto de Acapulco, en donde nadie tiene la certeza de que esté garantizada su integridad física y patrimonial.
Por todo esto, resulta todavía más preocupante que ante el clima de ingobernabilidad en lo que va de la administración del gobernador Zeferino Torreblanca, no le permite reconocer, por la soberbia que le caracteriza, la responsabilidad que tiene de garantizar la seguridad y la paz social de todos los guerrerenses.
El reto de la gobernabilidad democrática, del desarrollo con justicia, la seguridad y la paz, es una tarea colectiva. Por ello, los diputados priístas por el estado de Guerrero, reiteran la intención de dialogar, discutir, consensar y pactar la reforma de las instituciones con ánimos reformistas y democratizadores y no con ánimos retrogradas ni de reformismo conservador, que recreen el viejo y cuestionado autoritarismo.
Por lo anterior, convoco a los legisladores, a los medios de comunicación, a la opinión pública en general, a que saquemos a Guerrero del estado de alerta en el que se vive, exigiendo a las autoridades responsables mayor seguridad y compromiso con los guerrerenses. En tal virtud, someto a su consideración el siguiente
Punto de acuerdo de urgente resolución
Primero.- Se exhorta al gobernador constitucional del estado de Guerrero, contador público Zeferino Torreblanca Galindo, a intensificar las investigaciones en torno a los arteros asesinatos cometidos en el estado, para realizar la consignación y procesamiento judicial de los responsables en el menor tiempo posible, así como también, tomar las medidas necesarias y urgentes para frenar la incontenible ola de violencia que impera en todo el estado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2006.
Dip. Abel Echeverría Pineda (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA LA PRESENCIA DEL TITULAR DE LA STPS ANTE EL PLENO DE LA COMISIÓN PERMANENTE O SU SIMILAR DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA CONOCER Y DAR SEGUIMIENTO A DIVERSOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PROBLEMÁTICA MINERA DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JESÚS MARÍA RAMÓN VALDEZ, LAURA ELENA MARTÍNEZ RIVERA, NORMA VIOLETA DÁVILA SALINAS, ALDO MAURICIO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, RICARDO RODRÍGUEZ ROCHA Y JESÚS ZÚÑIGA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los suscritos diputados federales de Coahuila, integrantes de la LIX legislatura de la Cámara de Diputados, de la fracción parlamentaria del PRI, solidarios con el Congreso local de nuestra entidad, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presentamos ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar la presencia del Secretario del Trabajo y previsión social, ante el pleno de la Comisión Permanente por razones de tiempo, o su similar de la Comisión Especial de nueva creación que a parte de conocer de otros asuntos, dará seguimiento a diversos aspectos relacionados con la problemática minera de la republica mexicana, por las actuaciones y declaraciones vertidas en detrimento de la integridad moral y humana de los mineros, de San Juan de Sabinas Coahuila, al tenor de las consideraciones siguientes
Consideraciones
En nuestro carácter de diputados federales por el estado de Coahuila, vecinos del gremio minero y metalúrgico de la república mexicana en la entidad, hacemos patente ante ésta alta tribuna de la nación, el dolor que aqueja a las familias de los trabajadores mineros, que a estas fechas a pesar de que no se les han dado respuestas claras todavía se les sigue mintiendo y aún más se les intenta dejar en un supuesto de que los desaparecidos en la mina pudieron tener responsabilidad o culpa por el desastre.
Los mineros de Coahuila han contribuido, en esta importante actividad, con su esfuerzo y trabajo en la riesgosa tarea de extraer este preciado mineral que permite generar la energía vital para la planta productiva del país, y para millones de hogares mexicanos.
La tragedia del pasado 19 de febrero del año en curso, en la mina Pasta de Conchos, del municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, evidenció la falta de seguridad de las condiciones laborales, quedó de manifiesto también, por parte de las autoridades laborales competentes y de los administradores de la mina, la falta de sistemas de supervisión y emergencia, y de respuesta oportuna para atender eventos de la magnitud de la tragedia ocurrida en donde perdieron la vida 65 mineros, cuyos cuerpos aun no se han rescatados.
El caos, el desconcierto y la improvisación fueron lamentablemente la respuesta a la tremenda explosión, y las noticias de sus trágicas consecuencias dieron la vuelta al mundo.
El ingeniero químico Francisco Javier Salazar, secretario del Trabajo y Previsión Social dependencia federal que tuvo a su cargo la supuesta operación de salvamento y rescate, con trato desdeñoso a las familias afectadas y con un manejo insensible, irresponsable y falaz, proporcionó sendos comunicados incurriendo en serias contradicciones al informar a las familias y medios de comunicación.
En este contexto nuevamente, las declaraciones del ingeniero Francisco Javier Salazar, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la semana pasada a una importante casa editorial, son ofensivas, insensibles e irresponsables y constitutivas de delitos, pues señalan de manera obvia que los mineros sacrificados solían ingresar según sus muy lamentables palabras bajo el efecto de algunas sustancias enervantes o estimulantes, las declaraciones citadas, han causado un grave daño moral para el honor y memoria de los mineros muertos, para el resto del gremio y para sus familias.
No hace falta tener maestría o doctorados para entender la gravedad de la situación que hoy prevalece en el campo laboral del país y señalar la impericia, la irresponsabilidad e ineficacia, la notoria inexperiencia y sobre todo la insensibilidad del aún secretario Francisco Salazar Sáenz, quien ha demostrado en reiteradas ocasiones durante su muy corta permanencia al frente de la Secretaría del Trabajo.
Por la naturaleza de su responsabilidad, sus obligaciones y sus atribuciones, al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, le debe ser aplicada la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos y demás ordenamientos por sus declaraciones sin pruebas y sin fundamento.
El prestigio y la calidad laboral de los trabajadores coahuilenses, en todas las áreas productivas, han sido constantemente reconocidos a nivel nacional e internacional. Los trabajadores mineros del carbón son quizá el gremio más esforzado y sacrificado de la clase trabajadora coahuilense. Los 365 días del año, a toda hora, hay mineros coahuilenses extrayendo carbón de nuestro subsuelo. El descuido, la ligereza y la irresponsabilidad verbal de un funcionario federal desinformado, es una muestra más del gobierno del cambio.
La presencia del todavía secretario del Trabajo y Previsión Social, que en este punto de acuerdo se solicita ante el pleno de la Comisión Permanente, por ser el representativo del Congreso de la Unión, obedece a la congruencia que mínimamente debería responder al llamado que hiciera a esta soberanía el honorable Congreso de Coahuila, al solicitar la comparecencia del ingeniero químico Francisco Salazar, para que presente amplia explicación con todo lo relacionado con la mina Pasta de Conchos, de San Juan de Sabinas.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 93, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 45 numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General, solicito al pleno de está honorable soberanía, su amplio apoyo y aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se cite de manera urgente al secretario del Trabajo y Previsión Social, ante el pleno de la Comisión Permanente por razones de tiempo o su similar de la Comisión Especial de nueva creación que aparte de conocer de otros asuntos, dará seguimiento a diversos aspectos relacionados con la problemática minera de la Republica Mexicana, para que informe de las investigaciones y responsabilidades aplicables sobre la tragedia del 19 de febrero del presente año, en la mina Pasta de Conchos, de San Juan de Sabinas, Coahuila, donde perdieron la vida 65 mineros; informe sobre el grado de avance a casi dos meses de distancia sobre el rescate de los cuerpos; informe detallado sobre el pago de las indemnizaciones y demás prestaciones que garanticen el bienestar presente y futuro de las familias.
Palacio Legislativo, a 25 de abril de 2006.
Diputados: Jesús María Ramón Valdez (rúbrica), Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica), Norma Violeta Dávila Salinas (rúbrica), Aldo Mauricio Martínez Hernández (rúbrica), Ricardo Rodríguez Rocha (rúbrica), Jesús Zúñiga Romero (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A CUMPLIR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PUBLICAR CON LA MAYOR BREVEDAD LOS PROGRAMAS DE MANEJO FALTANTES DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR MANUEL ALCERRECA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; se permite poner a la consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Considerandos
El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB, 1992), definió a la biodiversidad como: la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.
Según el Instituto Nacional de Ecología (INE), la biodiversidad es el capital biológico natural de la tierra, ya que provee los bienes y servicios indispensables para la vida y las aspiraciones humanas, y permite a las sociedades adaptarse a necesidades y circunstancias cambiantes.
Durante el Convenio sobre la Diversidad Biológica (2002), se reconoció que la biodiversidad provee importantes bienes y servicios esenciales para el funcionamiento del planeta y el bienestar de la sociedad, entre los cuales se destacan: la estabilización y moderación del clima en el planeta; captación de agua, purificación del aire y el agua; capacidad de adaptación de los ecosistemas al cambio; descomposición de los desechos, generación y renovación de la fertilidad del suelo que incluye el ciclo de los nutrientes; polinización de las plantas, cultivos; control de las plagas y enfermedades; mantenimiento de los recursos genéticos como contribución fundamental para las variedades de cultivos y razas de animales; los medicamentos y otros productos usados por el hombre; beneficios culturales y estéticos; suministro de madera, combustible y fibra para materiales de vivienda y construcción.
Actualmente se considera que una cantidad alta de especies vegetales y animales en una nación, es un indicador adecuado para atribuirle la categoría de país megadiverso; por lo que México se ha ganado esta categoría, y hoy en día es una de las cinco regiones más importantes del mundo por su alto grado de riqueza y, en particular, por su alto índice de endemismos. Sin embargo, esta condición trae consigo la responsabilidad de garantizar la permanencia de estas especies y de su hábitat.
En la medida en la que la biodiversidad se aproveche de manera sustentable, ésta representará una garantía del mantenimiento de estos servicios y, por lo tanto, del funcionamiento de los ecosistemas y la preservación de las especies que la componen. El reto es encontrar un balance que nos permita conservar y, al mismo tiempo, cubrir las necesidades de la población humana (Instituto Nacional de Ecología).
Actualmente se han descrito científicamente alrededor de 1.8 millones de especies, pero según diversas fuentes se cuenta con evidencia de que existen entre 13 y 100 millones de especies en el planeta, lo que deja de manifiesto que existe un gran desconocimiento de las mismas; sin embargo, algunos científicos han asegurado que al ritmo actual de pérdida de biodiversidad para el año 2050 se habrán extinguido cerca de la mitad de las especies del planeta.
Ante este grave panorama, a nivel mundial ha habido una gran movilización con el objeto de difundir la necesidad de conocer la biodiversidad y de implementar acciones que permitan la conservación de las especies animales y vegetales y de su hábitat.
Bajo este contexto, México ha asumido compromisos de protección a la biodiversidad y finalmente en el año 2000 crea un organismo gubernamental cuyo objetivo primordial es la protección de las Áreas Naturales Protegidas ANPs y éste es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Esta comisión afirma que el instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de la biodiversidad son las Áreas Naturales Protegidas, las cuales son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados. Actualmente, la Conanp administra 154 áreas naturales de carácter federal que fueron decretadas en diferentes momentos por el Poder Ejecutivo y representan más de 18.7 millones de hectáreas.
Los instrumentos que determinan las estrategias de conservación y uso de las áreas naturales protegidas a nivel mundial se han conceptualizado como planes o programas de manejo, programas de conservación y manejo, planes rectores, planes directores, etcétera. En México estos instrumentos se denominaban planes de manejo, programas de trabajo, programas integrales de desarrollo y/o programas operativos anuales (Conanp).
El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en materia de ANP, define el programa de manejo como:
La Conanp menciona (en su página de internet) que actualmente se cuenta con 33 áreas naturales protegidas cuyos programas de manejo están publicados, lo que representa una cobertura del 56% del territorio nacional protegido, sin embargo es necesario hacer hincapié que al día de hoy se cuentan con 154 áreas y que sólo 35 ANPs cuentan con el programa de manejo respectivo, lo que cubre tan sólo el 22.72% de las áreas protegidas a pesar de constituir el 56% de la superficie total protegida como afirma la comisión, sin contar con que para 7 de las 35 áreas, no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el correspondiente instrumento lo que reduce a 18.83 el porcentaje de las ANP con programas de manejo como estipula la ley.
Actualmente son diversos los problemas por los que atraviesan la áreas naturales protegidas. Por mencionar algunos ejemplos está la reserva de la biosfera de Montes Azules, decretada el 11 de enero de 1978, con una superficie de 331 mil 200 hectáreas cuyo plan de manejo fue publicado hasta el 16 de noviembre de 2000, esto es 28 años después.
Esta zona es muy importante puesto que constituye la mayor extensión de selva perennifolia del país, y su conservación es vital para mantener nuestra biodiversidad y sus servicios ambientales (Conanp), y hoy enfrenta serios problemas, entre ellos; el crecimiento de las poblaciones existentes dentro del área, y la formación de nuevos asentamientos, lo que conduce a un aumento en la demanda de recursos naturales para el establecimiento de nuevas actividades productivas y con ello invalida el propósito de su designación como tal.
Un caso similar se observa en Quintana Roo con el área natural protegida denominada Yum Balam en donde la falta de tal instrumento está dando lugar a asentamientos irregulares, disputas por la propiedad de la tierra y aprovechamiento inadecuado de los recursos.
Lo anterior trae consigo la siguiente reflexión: si en áreas donde ya se cuenta con el programa de manejo se tienen fuertes problemas de devastación y mal manejo, ¿qué pasará en el 81.17% de las zonas restantes que no cuentan con su correspondiente plan de manejo?
¿Qué, no está claro para el Gobierno Federal que en tanto no se establezca un programa de manejo, no es posible establecer un programa de ordenamiento ecológico territorial y un programa de desarrollo urbano? Y menos controlar las actividades de aprovechamiento de recursos naturales en el área en cuestión.
Por ello, es necesario se cumpla con lo que marca la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 65, en él señala que la "Secretaría" (para este caso la Semarnat) sólo cuenta con un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación para emitir el programa de manejo correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a dar cumplimiento al artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y publique a la brevedad posible los programas de manejo faltantes de las áreas naturales protegidas del país.
Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que en coordinación con el gobierno del estado de Quintana Roo, establezca un programa de trabajo que haga factible contar a la brevedad posible con los programas de manejo de las áreas naturales protegidas decretadas por el Poder Ejecutivo de ese estado.
Dip. Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO A EMITIR LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTO A LA IMPUGNACIÓN PRESENTADA CON MOTIVO DE LAS ELECCIONES PARA AYUNTAMIENTO CELEBRADAS EL 12 DE MARZO DE 2006 EN ECATEPEC DE MORELOS, SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
Los suscritos, diputados federales firmantes integrantes de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Tal y como lo establecen los artículos 10, 11, 12, y 13 de la Constitución del estado libre y soberano de México, los procesos electorales en esta entidad revisten fundamental importancia para su vida democrática, ya que el estado tiene especial interés en que todas las partes interesadas en éstos cumplan de manera puntual con toda la normatividad electoral vigente, por ser de interés general y de orden público, ya que de no hacerlo así vulneraría de una manera muy seria la legitimidad de las instituciones de ellos emanados, es por ello que los diputados federales como representantes populares tiene la obligación de salvaguardar que el Estado de derecho sea la norma de conducta que por antonomasia guíe la vida política de un pueblo.
El estado de México constituye la entidad federativa con mayor densidad poblacional de todo el país, así como la que tiene el mayor padrón electoral, de ahí que el mismo tenga un gran peso social, financiero y económico, inclusive aún fuera de nuestras fronteras, lo que provoca que los ojos de todo el país estén sobre los procesos de renovación de ayuntamientos y diputados locales, y no por nada, pero siempre se le ha considerado el gran laboratorio de las elecciones federales de renovación de los poderes federales, ya que ha constituido por muchos años, el gran termómetro de la vida política de nuestro país.
El pasado 12 de marzo se realizaron en nuestro estado las votaciones para renovar los 125 ayuntamientos y las 45 diputaciones locales por mayoría relativa, situación que en la especie estaba debidamente prevista tanto en la convocatoria que en tiempo y en la debida forma publicó la legislatura local, así como por los preparativos que en recursos humanos y técnicos tenía preparados con antelación el Instituto Electoral del Estado de México, que es el organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en el estado, mismo que siempre se ha apegado de manera muy estricta a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, que son premisas fundamentales para darle plena certidumbre jurídica a las instituciones emanadas de estos procesos democráticos.
Pero es el caso que dicho proceso electoral según lo sostienen los partidos recurrentes, lamentablemente se vio empañado en el municipio de Ecatepec de Morelos, por graves violaciones a la ley de la materia cometidas en dicha jornada, afirmando que hubo acarreo de electores y apertura extemporánea de casillas, pero especial atención requiere el hecho de que exista la grave presunción jurídico-social en todo el municipio, en el sentido de que hubo compra de votos por parte de los miembros y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática, lo que ha creado un ambiente de incertidumbre y de inestabilidad social en todo el territorio municipal, de ahí que sea imprescindible que dada la grave afrenta no sólo a la democracia en el estado de México sino a todo el país, por haberse violado de manera flagrante la sagrada libertad de emitir el elector su sufragio universal y directo, por ello es de vital importancia que la ciudadanía recupere la tranquilidad y la confianza en las instituciones publicas.
Por todo lo anterior los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista interpusieron en tiempo y en la debida forma ante el Tribunal Electoral del Estado de México, recurso de impugnación en contra de la elección municipal en Ecatepec de Morelos, al cual se le asignó el número J1/117/06, constante en 150 fojas, integrándose hasta el momento con siete tomos de pruebas, entre otras; 600 denuncias hechas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en contra de miembros y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática por la compra de votos, fotografías, videos así como 100,000 firmas de apoyo de la ciudadanía, a efecto de que se declare la nulidad de la misma, en atención a la incontable cantidad de graves irregularidades que se presentaron en la multicitada jornada realizada el pasado 12 de marzo en nuestro municipio.
Por todo lo anterior es de extrema urgencia y de estratégica, y prioritaria necesidad, que esta soberanía exhorte a que dicho órgano jurisdiccional, en el marco de su competencia legal y con el debido respeto a su autonomía, a efecto de que resuelva de una manera muy precisa y estrictamente apegada a la ley, el recurso hecho valer por diversos institutos políticos, en razón de las violaciones cometidas en la elección realizada en el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México.
Por ello sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. El pleno de la honorable Cámara de Diputados acuerda un atento y formal exhorto para que el Tribunal Electoral del Estado de México, en el marco de su competencia y con el debido respeto a su autonomía, resuelva en estricto apego a la ley el recurso de impugnación número J1/117/06, presentado en tiempo y forma por diversos partidos políticos debidamente registrados en el estado de México, respecto de las irregularidades que se presentaron en la elección de ayuntamiento que se celebró el pasado 12 de marzo, en el municipio de Ecatepec de Morelos.
Segundo. Comuníquese a dicho órgano electoral para su debido conocimiento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de abril de 2006.
Diputados: Gaspar Ávila Rodríguez (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Ángel Paulino Canul Pacab (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Raúl Pompa Victoria, María Concepción Fajardo Muñoz (rúbrica), Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), José Adolfo Murat Macías (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Francisco Cuauhtémoc Frías Castro (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Rosa Hilda Valenzuela Rodelo (rúbrica), Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), Adrián Villagómez García (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno (rúbrica), Víctor Félix Flores Morales (rúbrica), Graciela Larios Rivas, (rúbrica), Gustavo Zanatta Gasperín (rúbrica), Lino Celaya Luría (rúbrica), Isabel Carmelina Cruz Silva (rúbrica), Concepción S. Robles Altamirano (rúbrica), César Augusto Carrasco Gómez (rúbrica), Abel Echeverría Pineda (rúbrica), Marcelo Tecolapa Tixteco (rúbrica), Álvaro Burgos Barrera (rúbrica), Emilio Badillo Ramírez (rúbrica), Óscar Bitar Haddad (rúbrica), Araceli Velázquez Ramírez (rúbrica), Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica), Roberto Pedraza Martínez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica), Blanca Esthela Gómez Carmona (rúbrica), Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Heriberto Enrique Ortega Ramírez (rúbrica), Gema Martínez López (rúbrica), José Rangel Espinoza (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano (rúbrica), Alfredo Gómez Sánchez (rúbrica), Fernando Fernández García (rúbrica), Víctor Ernesto González Huerta (rúbrica), Guillermo del Valle Reyes (rúbrica), Carmen Guadalupe Fonz Sáenz (rúbrica), María del Consuelo Rafaela Rodríguez de Alba, (rúbrica), Óscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Enrique Ariel Escalante Arceo (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), Rosario Sáenz López (rúbrica), José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Carlos Osvaldo Pano Becerra (rúbrica), María Isabel Maya Pineda (rúbrica), Imelda Melgarejo Fukutake (rúbrica), Rubén Alfredo Torres Zavala (rúbrica), Evangelina Pérez Zaragoza (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Francisco Antonio Rojas Toledo (rúbrica), Luis Andrés Esteva Melchor (rúbrica), Consuelo Rodríguez de Alba (rúbrica), Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), Rodrigo Iván Cortes Jiménez (rúbrica), José González Morfín (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica), Marisol Urrea Camarena (rúbrica), Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica), María Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), Jorge Carlos Obregón Serrano (rúbrica), María del Carmen Escudero Fabre (rúbrica), José Javier Osorio Salcido (rúbrica), Ramón Galindo Noriega (rúbrica), Francisco Juan Ávila Camberos (rúbrica), Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica), Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Antonio Morales de la Peña (rúbrica), Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Ramón González González (rúbrica), Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo (rúbrica), Francisco Javier Lara Arano (rúbrica), Manuel Velasco Coello (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Fernando Espino Arévalo (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A EVALUAR A TRAVÉS DE LA SEGOB Y DE LA SRE EL TRATADO DE GUADALUPE HIDALGO, QUE SUSCRIBIERON ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y NUESTRO PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO BEDOLLA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Pablo Bedolla López, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el estado de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, considerando la urgente demanda de la población connacional que por falta de condiciones económicas de desarrollo se ha visto en la imperiosa necesidad de emigrar a nuestro vecino país del norte, ya que en sus estados natales se han visto imposibilitados de poder elevar su nivel de vida, y ante las diversas movilizaciones hechas en Estados Unidos, en donde residen más de 6 millones de nuestros paisanos, a efecto de que se les permita trabajar en un marco de respeto y de protección legal por parte de las autoridades de esa nación, ya que ellos realizan un gran aporte a la economía de dicho país, además de que envían millones de dólares por medio de remesas que fortalecen nuestras finanzas, y toda vez que muchos de los mismos trabajan en los estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah, y parte de Colorado y Wyoming, mismos que formaron parte de nuestro país, hasta antes de la firma de los Tratados de Velasco y de Guadalupe Hidalgo, en donde nuestro país se vio obligado a ceder más de la mitad de nuestro territorio a Estados Unidos, y es por lo que esta soberanía estima que a fin de apoyar a que se regularice en dicho país el status migratorio a estos nuestros paisanos migrantes presenta proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Es nuestro deber, como representantes de la nación, gestionar que las más urgentes necesidades de la población sean atendidas de manera puntual por las autoridades competentes. Y en este caso concreto, la protección de nuestros paisanos en el extranjero constituye un imperativo que sin lugar a dudas es uno de los rubros más estratégicos que la población demanda de manera creciente, ya que grandes núcleos de mexicanos de los estados de Oaxaca, Michoacán, México, Guanajuato, Hidalgo, Guerrero, entre otros, ante la carencia de oportunidades de desarrollo han decidido emigrar a Estados Unidos de Norteamérica buscando mayores oportunidades para el desarrollo de su familia, lo que en muchas ocasiones provoca la desintegración familiar, y en muchas ocasiones hasta la pérdida de la vida de alguno de sus miembros, dada la agresiva política antimigrante por parte de esa nación, que sin importar los derechos humanos ni la vida de los extranjeros los ultrajan en lo íntimo de su dignidad humana.
Es de sobra conocido que dicha nación siempre se ha caracterizado por su política intervencionista, en defensa de sus intereses económicos sin importarle la intromisión en asuntos meramente internos de cada país, lo que ha provocado que la relación con muchas naciones del mundo sea tensa, y nuestro país por su vecindad no se ha salvado, y como muestra basta ver que en el periodo de Antonio López de Santa Ana, México se encontraba en momento de la consolidación de su muy reciente independencia de la corona española, pero en razón de que diversos grupos de inmigrantes ingleses y especuladores mexicanos que se habían aventurado a querer invadir tierras del norte de nuestro país, así como la lejanía con el centro, en algunas ocasiones basados en convenios previos realizados con la corona española, tendientes al expansionismo de las recién establecidas trece colonias, principalmente en los estados de Texas los cuales se declararon independientes, por lo que ante una actitud de rebeldía y oposición ante las autoridades, el mismo Presidente de la Republica Don Antonio López de Santa Ana decidió ir al frente de los ejércitos nacionales a efecto de defender nuestra soberanía amenazada, con tan mal suerte que no sólo fue derrotado por dichos insurrectos, sino tomado prisionero en el Álamo, obligándosele a firmar el Tratado de Velasco, mismo que nunca fue ratificado por el Gobierno Mexicano, el 14 de mayo de 1836 el cual reconocía la independencia de Texas.
Para posteriormente validar ellos mismos su independencia tanto como Francia e Inglaterra, el primero de ellos con el claro objetivo de anexarlo en un futuro cercano a su territorio, aprovechando que se estaban afectando los derechos de los esclavistas, así como la debilidad y la lejanía del gobierno central, situación que en 1845 se realizó, pero se crearon tantas presiones entre ambos países, ya que los mexicanos se negaban a aceptar la indemnización por ceder ese territorio, lo que provocó la intervención norteamericana, con el fin de que bajo la fuerza de las armas aceptara ceder parte de nuestro país, ocupando nuestra capital y provocando la renuncia del Presidente Santa Ana, pero con las consiguientes presiones militares se proponía como salida negociada a fin de dar por terminadas las hostilidades la venta de Nuevo México, y las Californias así como el derecho de transito en Tehuantepec, pero sin llegar a ningún acuerdo por parte de los Presidentes Manuel Peña y Peña, Pedro Maria Anaya, así como José Joaquín Herrera.
Pero después de incontables y complicadas platicas el gobierno mexicano aceptó ceder el referido territorio a Estados Unidos por la cantidad de 30 millones de pesos el 2 de febrero de 1848, ya que el país vivía una gran crisis económica, aunado a la presión de los acreedores británicos, así como a la falta de apoyo de los estados frente a la guerra y el autoritarismo del país del norte, con ello se cierra una de las etapas más denigrantes y vergonzosas en el que nuestra patria fue injustamente avasallada, y no por nada don Valentín Gómez Farías expresó: "La venta infame de nuestros hermanos está ya consumada. Nuestro gobierno, nuestros representantes, nos han cubierto de oprobio y de ignominia".
Pero la gran ironía es cómo después de tantos años el gobierno norteamericano continúa pisoteando, a los que originalmente son por derecho histórico propietarios originales de la tierra que espuriamente ocupan ellos, como lo son en la especie nuestros paisanos que con el anhelo de mejorar su nivel de vida salen fuera de México, ya que su propia nación les ha negado el derecho a poder encontrar un mejor nivel de vida.
Estados Unidos desde siempre ha sido la patria de migrantes, ya que aun ellos mismos no son propietarios originales de la tierra que ocupan, ya que estos llegaron de Inglaterra formando las famosas Trece Colonias, pero eso nunca les ha quedado debidamente claro, ya que desde siempre han combatido a los extranjeros que llegan a su tierra, aun cuando estos últimos han aportado su trabajo y su talento para hacer una gran nación, situación que actualmente tiene en crisis al coloso del norte ya que los millones de migrantes que habitan su territorio han protagonizado tumultuosas manifestaciones que están forzando a modificar su política migratoria, a efecto de que se les otorgue un nuevo status que les otorgue igualdad de oportunidades pero que sobre todo pondere el respeto a sus derechos humanos.
Por lo anterior, estimamos impostergable que ante la presencia de alrededor de seis millones de mexicanos que están en esa situación tan denigrante, es de vital importancia que ellos sean reivindicados, por lo que no obstante el tiempo de suscripción del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, ahora como nunca es vital que se revise el mismo, de una manera muy objetiva, precisa y actual, a efecto de que se valoren las condiciones sociales y políticas por las que atravesaba nuestro país, así como si fue suscrito cumpliendo con toda la normatividad jurídica aplicable, puesto que en caso contrario se pueda modificar bilateralmente el mismo para que pueda estar más acorde con las actuales condiciones de los migrantes, a efecto de que sus derechos puedan ser dejados a salvo, pudiendo en caso contrario nuestra nación estar en libertad de ocurrir ante los tribunales internacionales, con las consecuencias políticas, económicas y sociales que pueda traer para los suscribientes.
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorte al Gobierno Federal por conducto de las secretarías de Gobernación, y Relaciones Exteriores, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, evalúen el Tratado de Guadalupe Hidalgo que suscribieron Estados Unidos de América y nuestro país.
Segundo.- Para el caso de ser procedente, se analice la posibilidad de que el mismo pueda ser modificado bilateralmente a fin de salvaguardar los derechos de nuestros migrantes e inclusive nuestro gobierno pueda ocurrir ante los tribunales internacionales para obtener la modificación del referido tratado.
Tercero.- En lo particular, señor Presidente, con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se le otorgue el trámite correspondiente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de abril de 2006.
Diputados: Pablo Bedolla López, Roger David Alcocer García (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A INVESTIGAR LAS IRREGULARIDADES OCURRIDAS CONTRA JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, METRO, A CARGO DE LA DIPUTADA ADRIANA GONZÁLEZ FURLONG, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparecen ante esta soberanía para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe del Gobierno del Distrito Federal para que realicen acciones necesarias a fin de investigar las irregularidades presentadas a los jubilados y pensionados del Sistema de Transporte Colectivo Metro, conforme a las siguientes
Consideraciones
En el mundo 500 millones de personas viven una discapacidad, circunstancia que afecta de manera trascendental la vida de estas personas, ya que la mayoría de los países carecen de una cultura que permita las condiciones necesarias para el desarrollo integral y eficaz de una persona que vive una discapacidad.
Primeramente, es importante señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) entiende por "...Discapacidad cualquier restricción o impedimento para la realización de una actividad, ocasionados por una deficiencia dentro del ámbito considerado normal para el ser humano..."
Por su parte el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia señala que la discapacidad "es la falta o limitación de la capacidad de una persona para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal o funcional para un ser humano
De acuerdo con estimaciones estadística de la Organización Mundial para la Salud el entre el 7 y el 10 por ciento de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, por lo que analógicamente podemos decir que en México alrededor de 10 millones de mexicanos tienen algún tipo de discapacidad.
Las causas de la discapacidad son diversas. La Organización Mundial de la Salud señala que el 31.6 % adquirió esta condición derivada de alguna enfermedad, el 22.7 % la adquirió a consecuencia de problemas relacionados con la edad avanzada, el 14.9 % nació con ella, un 17. 7 % como resultado de algún accidente y 1.9 % debido a otras causas. El 11.5 % de la población con discapacidad tiene entre 0 y 14 años; un 13.6 % de 15 a 29 años; 30% se ubica entre los 30 y 59 años y el 44 % son mayores a 60 años.
Por lo anterior, en estos últimos años se ha tomado especial interés por la personas que viven alguna discapacidad, que de ningún modo debería constituir un problema social, en virtud de que quienes padecen algún tipo de limitación o restricción en sus capacidades, son seres humanos al igual que todos, con grandes virtudes, capaces de aportar enormes contribuciones al país, en el ámbito económico, político y social; por tanto merecen un trato digno, con las mismas oportunidades y beneficios que los demás integrantes de la sociedad, ya que sin duda en México todos somos iguales ante la ley, es por ello, que la sociedad mundial tiene que volverse más incluyente y menos discriminatoria.
Son visibles los problemas que enfrentan los pensionados y jubilados del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en lo que se refiere a las plazas que dejan vacantes conforme lo establece el artículo 63, fracción IV, de su Reglamento, que fija las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema de Transporte Colectivo Metro en el que se da la de trasladar a familiares directos su plaza laboral, lo cual no es cumplido, ejemplo de esto, es que cuando un familiar presenta y aprueba el examen que se aplica, no se le otorga la plaza laboral ya que estas plazas son otorgadas a personas recomendadas y privilegiadas por el Gobierno del Distrito Federal y por el mismo sindicato.
Una de las demandas más sentidas, es la violación sistemática a las Condiciones Generales de trabajo hacia los jubilados y pensionados del Sistema de Transporte Colectivo Metro que son las prestaciones conquistadas y enumeradas en las Condiciones Generales de trabajo, y de la Ley del ISSSTE, ya sea por enfermedad o accidente de trabajo, las prestaciones económicas y en especie por conceptos de vivienda, seguros de vida, invalides etcétera, entre otras.
Un ejemplo de esto es que la Ley del ISSSTE, en su artículo, 39 establece que el trabajador que sufra un accidente de trabajo tiene derecho a prestaciones en especie como son: diagnostico, asistencia medica, farmacéutica y quirúrgica así como a servicios de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia y rehabilitación, los cuales no son cumplidos por el sindicato.
Otra de las irregularidades se presenta cuando la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene que es la que se encarga de evaluar una enfermedad o accidente de trabajo y posteriormente rendir el dictamen correspondiente, no lo hace y si lo hace no se le otorgan ninguna copia a la persona afectada. Asimismo, en el artículo 59, fracción XI, de sus Condiciones Generales de Trabajo se establece que; "?Los Trabajadores del Sistema tendrán derecho a: fracción XI; copias de toda la documentación de asuntos que les afecten y competan, en un término no mayor de 5 días a partir de la fecha de su expedición..."
Nuestro país en todos los ámbitos de gobierno ya sea federal, estatal o municipal, debe demostrar un verdadero interés por salvaguardad los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, jubilados y pensionados en cualquiera de sus modalidades, más aún cuando éstos han dedicado gran parte de su vida a las instituciones públicas y a su país, y que por consecuencia a años de servicio se ven con alguna limitante física, y que aún en contra de sus adversidades son capaces de demostrar a nuestra sociedad que son seres humanos tenaces, con aptitud ganadora, venciendo los obstáculos por muy difíciles que estos sean para alcanzar una mejor calidad de vida, actitud que debemos tomar como ejemplo de servicio a nuestro país para sacar adelante a los jubilados y pensionados de nuestro México.
Por lo anterior presentamos a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Los suscritos diputados, en pleno respeto a las competencias atribuidas por nuestra Carta Magna, exhortamos al jefe del Gobierno del Distrito Federal para que realice las acciones necesarias a fin de investigar las irregularidades presentadas a los jubilados y pensionados del Sistema de Transporte Colectivo Metro en lo que se refiere a sus prestaciones sociales y de seguridad social enumeradas en sus Condiciones Generales de Trabajo y la Ley del ISSSTE.
Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2006.
Dip. Adriana González Furlong (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE MICHOACÁN DE OCAMPO A ATENDER LAS DENUNCIAS DE VIOLACIONES SISTEMÁTICAS DE DERECHOS HUMANOS CONTRA CUSTODIAS Y CUSTODIOS DEL CERESO LIC. DAVID FRANCO RODRÍGUEZ, A CARGO DEL DIPUTADO RUBÉN ALFREDO TORRES ZAVALA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado integrante de la Cámara de Diputados, de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 60 y demás relativos, y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a su consideración el siguiente punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a diversas dependencias del Poder Ejecutivo, a fin de que sean atendidas las denuncias de violaciones sistemáticas de derechos humanos, en contra de custodias y custodios del Centro de Readaptación Social "Licenciado David Franco Rodríguez", al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el mes de 13 de octubre 2005 (folio 01435) integrantes del Comité de Información Gestoría y Quejas de esta soberanía conocimos de diversos actos que tuvieron como particular característica la violación de los derechos fundamentales de las CC. María García Torres, Carmen Haydé Salinas Ayala, Martha María Guillen Ortiz, Rosa Ámbar Sálazar Huerta, María Elena Ambriz Guillén y Marisol Flores Valdovinos, mismas que se desempeñan como custodias del Centro de Readaptación Social "Licenciado David Franco Rodríguez".
Con fecha 22 de julio de 2004 las ciudadanas María García Torres, Carmen Haydé Salinas Ayala, Martha María Guillén Ortiz, Rosa Ámbar Salazar Huerta, María Elena Ambriz Guillén y Marisol Flores Valdovinos, presentaron queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, iniciando así la integración del expediente número CEDH/MICH/1/0357/07/04, por presunta violación de sus derechos humanos y señalando como responsables al licenciado Gil Mendoza Valencia, director del Centro de Readaptación Social "Licenciado David Franco Rodríguez", y Apolinar Espinosa Estévez, jefe de Seguridad del mismo centro, enumerando entre otros, los siguientes actos:
Trabajo de horas extras sin renumeración ni derecho a recibir alimentos higiénicos, además de ser obligadas por el director y el jefe de Seguridad a dejar ingresar al centro objetos no permitidos por la ley.
Fueron obligadas a firmar tarjetas informativas alteradas y en blanco, de acuerdo a los intereses del jefe de Seguridad del Centro, lo anterior bajo amenazas.
Ingreso de internos (hombres) al área de mujeres, violando lo estipulado por la ley.
Malos tratos, amenazas, discriminación y hostigamiento sexual constante, por parte del director y jefe de Seguridad.
Que con fecha 4 de diciembre de 2004, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, acudió a las instalaciones del Centro de Readaptación Social "Licenciado David Franco Rodríguez", y estando presentes el director del centro, licenciado Gil Mendoza Valencia, el jefe de Seguridad, Apolinar Espinosa Estévez, así como las quejosas, se llevó a cabo una reunión de conciliación con la finalidad de llegar al acuerdo relativo a los 31 puntos ofertados por las quejosas, respecto de los cuales, las autoridades del Centro de Readaptación Social aceptaron la generalidad, con excepción de 9 puntos; el primero de ellos relativo al hostigamiento, los demás se referían a peticiones que dependían de una cuestión presupuestal. En base a lo anterior, la CEDH, emitió un acta de acuerdo conciliatorio de fecha 4 de diciembre de 2004, en el que la autoridad, estando conciente del alcance de los compromisos establecidos, se obligó a cumplir en un plazo de 15 días, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Ante la falta de cumplimiento al compromiso adquirido por parte de las autoridades en el acuerdo conciliatorio, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió, con fundamento en los artículos 102, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 de la Constitución Política del estado, así como los preceptos 1, 2, 3, 6, fracciones I, y II, 23, fracción VII, 59 y 60 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la recomendación número 34/2005, de la fecha 22 de abril de 2005, dirigida al Secretario de Seguridad Publica, Gabriel Mendoza Jiménez, dicha recomendación consistente en dar vista a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, respecto actos violatorios de derechos humanos, en agravio de María García Torres, Martha María Guillén Ortiz y Carmen Haydé Salinas Ayala, consistentes en ejercicio indebido del servicio público, que se traduce en la deficiente integración de expedientes administrativos, el exceso de autoridad en la aplicación de arrestos y jornadas de trabajo inhumanas, hostigamiento sexual, falta de motivación y fundamentación en los arrestos mencionados hechos atribuidos al licenciado Gil Mendoza Valencia, y Apolinar Espinosa Estévez, lo anterior con la finalidad de coadyuvar en la integración del expediente para la acreditación de la responsabilidad administrativa, de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; de igual manera la recomendación antes mencionada, instruyó dar vista al ministerio público para que integrara la averiguación previa penal en contra del director y jefe de Seguridad ya mencionados, por los actos antes descritos, así como, observar girar instrucciones a las autoridades del Centro de Readaptación Social, con la finalidad de que se observen todos y cada uno de los puntos que presentaron las quejosas, cesando así la violación de sus derechos humanos.
En el cuerpo de la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se expresa la convicción de ésta en lo que respecta a la existencia de violación a los derechos fundamentales por parte del licenciado Gil Mendoza Valencia, así como Apolinar Espinosa Estévez, dicha recomendación expresa que las quejosas acreditaron, mediante documentales, la existencia del hostigamiento del que fueron objeto, además, quedó demostrada la afectación en su libertad sexual y dignidad humana, y la falta de observancia en sus derechos laborales. Por su parte las autoridades no desvirtuaron ninguno de los hechos que les fueron atribuidos por las quejosas, situación que obra en el expediente que para el efecto integró la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Para dar inicio al cumplimiento de dicha recomendación, las quejosas acudieron a la Agencia Novena Investigadora del Ministerio Público a prestar, denuncia penal, dichas denuncias coinciden en señalar al licenciado Gil Mendoza Valencia, y Apolinar Espinosa Estévez, director y jefe de Seguridad, respectivamente, del Centro de Readaptación Social "Licenciado David Franco Rodríguez", como responsable de los abusos ya mencionados, mismos que generaban inseguridad e incertidumbre en las labores que realizaban las custodias al interior del Centro de Readaptación Social.
Como consecuencia de las acciones emprendidas por las custodias, con fecha 02 de agosto de 2005, la C. María García Torres, fue objeto de represalias a manos de dos personas del sexo masculino, mismas que expresaron acudir por instrucciones del licenciado Gil Mendoza Valencia, y Apolinar Espinosa Estévez, acto que provocó una serie de lesiones en la denunciante, consistentes en una herida en el cráneo que generó ocho puntadas, una más en el labio inferior y varios golpes contusos, motivo por el cual la víctima presentó denuncia que obra del expediente registrado bajo el número 156/05-IX.
Cabe mencionar, que algunas de las quejosas fueron comisionadas para laborar en la Dirección de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito, de la Secretaría de Seguridad Pública, removiéndolas del Centro de Readaptación Social "Licenciado David Franco Rodríguez".
Al día de hoy, a pesar de la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la presentación y ratificación de las denuncias ante la Agencia del Ministerio Público, así como la presentación de pruebas, dichas averiguaciones previas se encuentran pendientes de integrar en su totalidad, y a casi 12 meses de aceptada la recomendación, ésta no ha sido cumplida, dejando a las quejosas bajo un esquema de incertidumbre jurídica.
Es menester recordar, que así como las quejosas mencionadas con antelación, existen más elementos de seguridad, que son objeto de violaciones de derechos como los aquí descritos, lo que imposibilita el buen desempeño de sus labores, afectando de manera indirecta la readaptación social de las internas e internos de los Ceresos del estado.
Es por lo anterior y una vez que a la fecha persisten las irregularidades expuestas, que el de la voz, integrante de Comité de Información Gestoría y Quejas, considera necesario realizar la propuesta expuesta, mediante la cual se exhorte a las autoridades involucradas, a que den cumplimiento a la recomendación número 34/2005 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y en general se comprometa a velar en todo momento por los derechos humanos del personal a su cargo, bajo la premisa de que toda persona debe ser respetada en su libertad, seguridad e igualdad.
Por lo anteriormente expuesto respetuosamente solicito
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta al gobernador constitucional del estado soberano de Michoacán de Ocampo, Lázaro Cárdenas Batel, a que tome las medidas necesarias para que las autoridades del centro de Readaptación Social "Licenciado David Franco Rodríguez", cesen de manera definitiva los actos que violan los derechos humanos de las custodias denunciantes, dentro y fuera de su área de trabajo y, en general de todos los elementos de seguridad del Centro de Readaptación, de igual manera se exhorta a dicha dependencia para que de inmediato se restituya en su totalidad los derechos laborales a las quejosas.
Segundo.- Se exhorta al gobernador constitucional del estado soberano de Michoacán de Ocampo, Lázaro Cárdenas Batel, para que instruya a las autoridades de procuración de justicia del estado para que se avoque a la correcta y pronta integración de las averiguaciones previas y, en su caso la consignación correspondiente por los hechos ilícitos aquí expuestos.
Tercero.- Se exhorta al gobernador constitucional del estado soberano de Michoacán de Ocampo, Lázaro Cárdenas Batel, informe a esta soberanía sobre la atención y el cumplimiento de la recomendación número 34/2005 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y sobre la atención de los reclamos en este punto de acuerdo expuesto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2006.
Dip. Rubén Alfredo Torres Zavala (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL IPAB A ATENDER CAMBIOS DE LOS CRITERIOS DEL PROCESO DE VENTA DEL CONSORCIO AEROMÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO ISIDORO RUIZ ARGAIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, diputado Federal en la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
En diciembre de 2005 Cintra vendió, al Grupo Posadas, el Grupo Mexicana de Aviación por 165.5 millones de dólares (mdd), equivalente a 1,722.36 millones de pesos (mdp). Ahora se está diseñando la estrategia para la venta del Consorcio Aeroméxico.
Dicho proceso de venta arrojó experiencias desfavorables que no deben repetirse en el caso de la venta del Consorcio Aeroméxico.
Por ejemplo, según información del propio IPAB, el precio pagado por las acciones del Grupo Mexicana está sujeto a un "mecanismo de ajuste de precio pactado" entre Cintra y Grupo Posadas incluido "en el contrato de compraventa". Lo importante de este "mecanismo" es que se crea un fideicomiso de garantía con recursos equivalentes al 15% del precio pagado, es decir, por 24.82 mdd (o sean 258.1 mdp) que garantizarían un "ajuste al precio" y "contingencias" a favor del Grupo Posadas.
Con tal "mecanismo de ajuste de precio pactado" es probable que el precio efectivo obtenido por la venta de acciones sea inferior a los 1,722.36 mdp alcanzados nominalmente; en caso extremo éste se reduciría en un 15% y entonces será dudoso que se hubiera realizado una buena operación para el interés público.
Por otra parte, no se entiende el porqué de los 1,464.3 mdp correspondientes al 85% del valor de la venta de Mexicana, los 800 mdp que corresponden al IPAB, están depositados en la tesorería del Consorcio Aeroméxico, en lugar de serles pagados al Instituto, cuando tales recursos fueron pagados por el comprador desde diciembre pasado.
Tampoco es comprensible por qué se le pagaría al Instituto hasta el mes de agosto. El pago sin duda deberá incluir los intereses devengados entre diciembre y el momento en que dichos recursos sean enterados al IPAB.
Este manejo de recursos es preocupante si consideramos que antes de agosto pudiera ser vendido el Consorcio Aeroméxico y adicionalmente, deduzca las pérdidas fiscales derivadas de la venta de sus propias acciones por el equivalente a 13,400 mdp.
En las condiciones actuales del país, es indispensable que las operaciones de desincorporación de bienes así como la venta de acciones en poder del sector público y el manejo de los recursos financieros se efectúen con la mayor transparencia, al mismo tiempo resulta ineludible el que se obtengan las mejores condiciones posibles de recuperación de la inversión pública.
Es obligación ineludible del IPAB y de su secretario ejecutivo alcanzar lo señalado.
Considerando lo anteriormente referido, someto a esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta atentamente al secretario ejecutivo del IPAB, licenciado Mario Alberto Beauregard Álvarez, a fin de que en el proceso de venta del Consorcio Aeroméxico tome en cuenta las experiencias negativas en la venta del Grupo Mexicana de Aviación para evitar repetirlas; evite la inclusión de mecanismos de ajuste de precio en el contrato de compraventa; prevenga que los recursos correspondientes obtenidos por la venta se enteren inmediatamente al IPAB; que los 800 mdp propiedad del IPAB por la venta de las acciones de Mexicana actualmente depositados en la tesorería del Consorcio Aeroméxico sean retirados de ella antes de la venta del consorcio; y se estudie el tema de las pérdidas fiscales a efecto de minimizarlas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2006.
Dip. Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA SEMARNAT, DE LA CONAGUA Y DE LA PROFEPA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA RESPECTO A LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LA OPERACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA EMPRESA GRANJAS CARROLL DE MÉXICO, SRL DE CV, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado Federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Granjas Carroll de México es una de las tres más poderosas empresas porcícolas de nuestro país. La empresa cuenta con su propia planta de alimentos, capaz de producir 26 mil toneladas al año y obtiene cada año 800 mil unidades con base en un pie de cría de 40 mil vientres, producción que se destina preferentemente al mercado del área metropolitana de la ciudad de México.
Ahora bien, la empresa Granjas Carroll de México, SRL de CV es socia de la empresa americana Smithfield, la cual venía operando en los estados de Virginia y Carolina del Norte, en los Estados Unidos, estados en el que fue objeto de un procedimiento judicial. En el año de 1985 el juez de la Corte de Justicia del Cuarto Circuito de Apelaciones en Estados Unidos impuso a la citada empresa Smithfield, socia de Granjas Carroll, SRL de CV el castigo civil más grande por violación al Acta del Agua Limpia por $1,285,322 dólares por contaminar el río Pagan en el estado de Virginia. Fuente: Testimonio de Richard J. Dove. Comité en Asuntos Gubernamentales. Alianza Waterkeeper. Marzo 13,2002. En 1996, el gerente de Smithfield y el operador fueron sancionados por falsificar y destruir muestras registradas y por la descarga intencional de agua tóxica en el río Pagan. Estas acciones dieron lugar a una sentencia por 18 meses de prisión y una sanción histórica por $12.6 millones de dólares como pena civil impuesta por la corte del distrito en 1997. Violar las leyes ambientales es, como se deduce, un componente ominoso de la producción de cerdos. Registros de las dependencias estatales de los Estados Unidos relativas al medio ambiente, en más de una docena de estados, demuestran que los empresarios de la industria porcícola, en mención, son violadores crónicos de las leyes federales y estatales.
No obstante la capacidad productiva de esta empresa y los daños ocasionados en diferentes estados de los Estados Unidos, en nuestro país ha causado diversos problemas en los municipios de Mixquiapan, Santa Ana, Vista Hermosa, Calpulalpan, San Isidro, y Orilla del Monte del municipio de Jalacingo; Magueyitos y Ahueyahualco del municipio de Altotonga; Libertad del municipio de Villa Aldama; La Gloria y Xaltepec del municipio de Perote, donde se encuentra operando.
Los habitantes de dichos municipios han manifestado por diversos medios que Granjas Carroll de México S de RL de CV ha provocado un grave problema ambiental, ya que contamina el suelo, el aire y las aguas, lo que perjudica su derecho constitucional a desarrollarse en un ambiente sano, situación que es más preocupante ante las evidencias de una grave contaminación y sobreexplotación de los mantos acuíferos subterráneos de donde se abastecen para su consumo humano, es decir se trata, sin exagerar de un verdadero atentado a un ecosistema, cuya afectación trasciende en distintas esferas: aerobiosis, las aguas del subsuelo y la misma economía local de dichas poblaciones.
Las instalaciones donde crían estos animales originan un grave problema ambiental y de salud, además de consumir enormes cantidades de agua y de compuestos para "animar" el crecimiento rápido de los cerdos. A ello se agrega el uso extensivo de antibióticos para evitarles enfermedades y mantenerlos en buen estado. Como resultado, los desechos producidos en los criaderos, el agua negra resultante del aseo de las zahúrdas y la mezcla de excrementos, orina, residuos químicos y biológicos forman una mezcla de gran peligrosidad que deteriora la tierra y las corrientes de agua.
Para tener una idea más clara del impacto ambiental basta con tener presente que, un solo cerdo produce 10 veces más excrementos y 4.5 veces más el nitrógeno producido por el ser humano. Más del 80% de los antibióticos suministrados a los cerdos, pasan sin cambios a través de los animales hacia las lagunas ricas en bacterias. Una empresa porcícola, es decir, un solo sitio que es un conjunto de naves, cada uno con un promedio de 100,000 cerdos puede producir el desecho fecal equivalente a una ciudad de un millón de personas.
Además de lo anterior, cabe señalar que a la empresa Granjas Carroll de México S de RL de CV no le fue permitida su instalación en el estado de Puebla por los graves problemas ambientales que ocasiona, como son específicamente: la baja calidad del aire, problemas con la calidad del agua de riego, el consumo de agua por los cerdos (más de 800,000 cabezas) es superior a la población humana total de los municipios de Jalacingo y Perote, Veracruz; Guadalupe Victoria, Grajales Puebla, Tlachichuca y Nicolás Buenos Aires, todos del estado de Puebla; los volúmenes potenciales de metano (CH4) son considerables y estos dañan la capa de ozono lo que ocasiona escasez de lluvias; la empresa porcícola sostiene en la cuenca más de 800,000 cabezas con un promedio de 5 personas por sitio en la región, lo cual significa que la empresa es devastadora de los recursos del agua, suelo y aire y no generan beneficio social ni económico substancial, entre otras razones, por sus procesos altamente automatizados y que los niveles de acuíferos han descendido considerablemente más de 40 cm. por año, en los últimos 10 años y se ve reflejado en el mayor consumo de energía eléctrica para los pozos de riego agrícola que con la dotación de kilowatt a costo bajo completaba su ciclo agrícola; ahora se necesita mayor consumo para el aseo de las granjas que producen, como ya se dijo, más de 800,000 cabezas por lo que se puede deducir que anualmente se consumen 1,500,000 metros cúbicos de agua.
La anterior problemática ha sido constatada y documentada por diputados integrantes de la Legislatura del estado de Veracruz y por diversos diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quienes hicieron un recorrido los días 22 y 23 de febrero de este año para conocer la problemática ambiental y social de Perote, Veracruz, y la forma de operar de las Granjas Carroll de México, señalando en su informe publicado en la Gaceta Parlamentaria No. 1969 el día 17 de marzo lo siguiente:
Posterior a las visitas a las granjas, se pudo constar lo siguiente:
1.- Las áreas de eliminación de desechos y de la cerdaza, no están lo suficientemente alejadas de las fuentes de agua.
2.- Extracción indiscriminada de agua de pozo para lavar los residuos de las granjas.
3.- Ausencia aparente de geomembranas en las lagunas de tratamiento anaerobio.
4.- Ausencia de filtros y fosas de tratamiento biológico.
5.- Incremento de amoniaco y otras sustancias en el aire de la localidad debido a las mal llevadas lagunas de oxidación.
6.- Suelos totalmente erosionados.
7.- Olores fétidos, lo que pone en entredicho la calidad del aire.
8.- Consumo del agua de las granjas mayor que el de todas las poblaciones de la región.
9.- Emisión de altas concentraciones de metano (CH4) que dañan la capa de ozono y que ocasionan escasez de lluvia.
10.- Los niveles del acuífero han descendido enormemente en los últimos años mientras que la empresa se sigue expandiendo en la región e instalando más granjas, por información proporcionada por la sociedad civil con logotipos de la CNA.
11.- Diversos estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua muestran la contaminación de los acuíferos locales por coniformes fecales."
Aunado a lo anterior, la sobreextracción del agua del acuífero del Valle de Perote estaría ocasionando un ecocidio en el lugar por el agotamiento del recurso natural agua, recurso escaso y vital propiedad de la nación que no puede ser objeto de sobreexplotación irracional.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución
Punto de Acuerdo
Primero. El Pleno de la Cámara de Diputados solicita a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que informen a esta soberanía la situación que guarda la operación y expansión de la empresa Granjas Carroll de México, SRL de CV.
Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inicie una averiguación en contra de la empresa Granjas Carroll de México, SRL de CV, y proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda.
Tercero. La Cámara de Diputados, con pleno respeto a la autonomía y soberanía del estado de Veracruz, solicita a las autoridades locales y municipales competentes visiten y atiendan la problemática relacionada con la operación de la empresa Granjas Carroll de México, SRL de CV, y que en el ámbito de su competencia procedan a fincar las responsabilidades a las que haya lugar.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de abril de 2006.
Dip. Omar Ortega Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DEJAR SIN EFECTOS EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA INDUSTRIA TABACALERA, A CARGO DEL DIPUTADO FERNANDO ESPINO ARÉVALO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Fernando Espino Arévalo, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que la H. Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal para que de inmediato deje sin efecto el convenio suscrito entre la Secretaría de Salud y la industria tabacalera, en razón de la siguiente
Exposición de Motivos
Se estima que en el planeta existen 1.1 billones de fumadores, de los cuales 70 por ciento vive en países en desarrollo, ello, principalmente por las restricciones que existen en las naciones del primer mundo; se calcula que 1 millón de ellos morirá prematuramente por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, por lo cual de no intervenir enérgicamente para 2030 perecerán 10 millones de fumadores anualmente.
Tan grande es la problemática detectada, que desde finales del siglo pasado y principios del presente el tabaquismo es catalogado como uno de los problemas de salud pública más importantes. Lo paradójico es que el tabaquismo es un evento totalmente prevenible y hoy día por desgracia nada se está haciendo para atacarlo, pues tan sólo en México se estima un consumo anual superior a 2 mil 350 millones de cajetillas.
Por tanto, es factible predecir que en pocos años nuestro país se verá inmerso en una de las pandemias de enfermedades no infecciosas más grave de su historia. Las estadísticas muestran que durante 1986 el total de muertes relacionadas con el hábito de fumar alcanzó la cifra de 17 mil 405 y para 2003 ésta superó 50 mil. Sin embargo, el número continuó avanzando hasta la actualidad, donde por día mueren 147 personas por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, pero desafortunadamente las condiciones actuales respecto al tema en comento hacen pensar que dichas cifras habrán de incrementarse de forma importante.
El tabaquismo, adicción a la nicotina por consumo de tabaco fumado, masticado o aspirado, trae como consecuencia una intoxicación crónica que afecta los aparatos digestivo, circulatorio y respiratorio, así como el sistema nervioso; favorece el desarrollo de enfermedades cancerígenas en las vías respiratorias e incrementa el riesgo de aborto o pérdida de peso del producto durante el embarazo. Además, la nicotina es clasificada desde el punto de vista médico como un veneno violento que en su combustión arrastra sustancias como acroleína, cianuros, óxido de nitrógeno, acetona, amoniaco, benzopirinas y nitrosaminas, entre los más cancerígenos, así como ácido cianhídrico, arsénico, fenoles, nornicotina, oxinicotina, nicotirina y anabasina, considerados sustancias letales.
El alcaloide del tabaco, en pequeñas dosis, produce una ligera euforia, disminuye el apetito y la fatiga, y es incluso un excitante psíquico, pero en dosis elevadas puede provocar una intoxicación grave y enfermedades mortales.
Fumar cigarrillos se ha convertido en un problema de salud pública que implica para el sector salud del Gobierno Federal un gasto superior a 32 mil millones de pesos para atender afecciones relacionadas con inhalar el humo del tabaco.
Dado que el consumo de tabaco vive un momento de declive en países desarrollados, producto de las fuertes restricciones jurídicas impuestas, la industria tabaquera intenta compensarlo dirigiendo su ofensiva publicitaria hacia los niños, las mujeres y los adolescentes de los países en desarrollo.
Perfectamente saben que la publicidad y el marketing pueden llevar a
aumentar el consumo de tabaco entre las personas fumadoras;
disminuir la motivación de los fumadores para desear dejar de fumar; y
estimular a las personas ex fumadores a volver a fumar.
Desde una perspectiva comercial, la infancia y la adolescencia son dos segmentos de población rentables en términos de inversión publicitaria. En virtud de que la respuesta negativa de una sola generación tendría efectos devastadores desde el punto de vista comercial para la industria, en 10 años la proporción de fumadores disminuiría drásticamente, de ahí la preocupación de la industria tabacalera por consolidarse en mercados emergentes como el mexicano, y para ello se valen de todas las argucias y mañas a su alcance. Prueba de ello es el ominoso convenio que propusieron y signaron el 18 de junio de 2004 con la Secretaría de Salud por el que supuestamente donarían un peso para la atención de la salud de los mexicanos, el cual es un absurdo que el Gobierno Federal se haya osado en firmar, por lo aberrante del mismo, más aun si consideramos la existencia de convenios y acuerdos internacionales que se oponen a ello.
Ante este grave panorama del tabaquismo a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud se dio a la tarea de buscar los mecanismos para que de manera organizada los diversos países del orbe presenten un solo frente para atacar este apocalíptico enemigo, hecho que se concretó con la firma y ratificación, en abril de 2004, de un convenio marco para el control del tabaco por más de 112 países, incluyendo el nuestro, el cual entró en vigor en febrero de 2005.
En México, a pesar de que el convenio ya cobró vigencia, las autoridades mexicanas han sido omisas para atender sus disposiciones, siendo ello motivo de preocupación y alarma porque, en lugar de implantar políticas o acciones que prevengan el tabaquismo, hacen todo lo contrario, al estimularlo vía el otorgamiento a la industria tabacalera de toda clase de facilidades para que realicen su labor, lo cual coronaron con la firma del citado convenio con la industria tabacalera, lo que llevó a los funcionarios de la Secretaría de Salud a convertirse en uno de sus principales promotores a grado, tal que se oponen a cualquier reforma del marco jurídico relativo, lo cual con pena tenemos que reconocer que sólo en países como el nuestro pasa.
No obstante el afanoso empeño del secretario de Salud de querernos convencer de que la firma del citado convenio con las tabacaleras no contraviene de forma alguna el convenio marco, la realidad indica otra cosa, pues el artículo 5, numeral 2, inciso b), dispone que cada Estado signatario "adoptará y aplicará medidas legislativas, ejecutivas, administrativas u otras medidas eficaces y cooperará con otras partes en la elaboración de políticas apropiadas para prevenir y reducir el consumo del tabaco, la adicción a la nicotina y la exposición al humo del tabaco".
Ese hecho, lastimosamente, no obstante que las autoridades mexicanas están obligadas a cumplir y hacer cumplir, hacen caso omiso de él y, lejos de ejecutar lo que ahí se estipula, establecen una serie de convenios y acuerdos con la industria tabacalera, con argumentos falaces, como el de que donarán ciertos recursos para la atención de niños con cáncer, los cuales por cierto no sufren ese padecimiento por consecuencia del humo del tabaco, por lo que hoy exigimos de las autoridades competentes mayor transparencia y responsabilidad para que no sigan engañando a la sociedad con argucias como la señalada porque, si bien es cierto que es penosa la situación que viven los niños que padecen cáncer, ello no puede usarse de esta forma tan ruin, porque la atención de éstos y otros padecimientos es y seguirá siendo una responsabilidad que compete al Estado mexicano por mandato constitucional.
Además, vale la pena aclarar que, curiosamente, unas semanas antes de la firma del citado convenio con la Secretaría, las tabacaleras incrementaron en un peso el costo de las cajetillas, el cual aparentemente comprometieron con los funcionarios del gobierno, pero además del incremento lograron de parte del gobierno que todas sus aportaciones fueran deducibles de impuestos, por lo cual hoy nos preguntamos cuál aportación está realizando la industria tabacalera.
Por el contrario, con la firma del convenio están obteniendo mayores dividendos, además de presentarse ante la sociedad como una empresa socialmente responsable, de ahí que para ellos fue un negocio redondo porque, además de todo lo anterior, las tabacaleras condicionaron el otorgamiento de la dádiva a que no se modifique un ápice el marco normativo que actualmente regula su giro comercial, hecho que, lamentablemente, la Secretaría de Salud ha defendido a ultranza, convirtiéndose en los mejores promotores de las tabacaleras.
Si no, baste señalar que en la presente Legislatura un servidor ha presentado tres iniciativas para atender el problema del tabaquismo, dos de las cuales ya fueron rechazadas sin argumento alguno.
Por tanto, hoy exigimos a las autoridades mexicanas del área de salud olvidarse de entreguismos y adoptar una postura firme que se traduzca en una verdadera política a favor de áreas libres del humo del tabaco y desincentivar el consumo de dicho producto, dejando de lado acuerdos de nulo alcance y amañados, poniendo un hasta aquí a la industria tabacalera, obligándolos a colocar en las cajetillas fotografías de los daños que producen la nicotina, el monóxido de carbono y el alquitrán, así como prohibir por completo la publicidad del tabaco, igual que la práctica de fumar en lugares cerrados.
Porque con ese tipo de acciones sí lograríamos resultados tangibles y positivos, que redundan en beneficios inmediatos para la salud, como la reducción de 300 por ciento en el riesgo de sufrir un infarto y de 200 por ciento de desarrollar enfermedades cerebro-vasculares. En promedio, 95 por ciento de las personas de entre 15 y 29 años de edad que dejan de fumar agregarán 8 años a su esperanza de vida.
El control del tabaquismo es un asunto de supervivencia para el sistema nacional de salud, ya que cada año se destina entre 6 y 12 por ciento del gasto del sistema para la atención de enfermedades asociadas con esta adicción, que equivalen a medio punto del Producto Interno Bruto (PIB). Además, estimaciones del costo de atención por enfermedades asociadas al tabaquismo en el IMSS reportaron una erogación diaria de más de 194 mil dólares, lo que significa aproximadamente 71 millones de dólares anuales, de ahí que el argumento insensato de que el tabaco es una buena fuente para la captación de impuestos queda exhibido ante las erogaciones que realiza el Gobierno Federal respecto de los míseros 8 mil millones de pesos que la Secretaría de Hacienda captó en 2003 por la vía del tabaco. Consecuentemente, podemos inferir que los costos asociados al consumo del tabaco sobrepasan por mucho los beneficios que podrá traer para el país la industria tabacalera transnacional. No cabe duda de que nos enfrentamos a grupos con gran poderío económico y político y que, desafortunadamente, son quienes están tomando las decisiones en nuestro país respecto al tema en comento.
Por desgracia, países como México reciben las compañías tabacaleras, las cuales aprovechando la laxitud de las políticas públicas y la legislación se establecen sin mayores problemas, tal es el caso de la Imperial Tobacco de Canadá, filial de la British American Tobacco, quienes entre sus planes de negocios trasladarán sus instalaciones a México a partir de 2006, entre otras causas por la disminución del consumo del cigarrillo en su país de origen y porque en ese país sí están aplicando verdaderas políticas antihumo del tabaco.
La política impositiva mexicana también ha favorecido el buen funcionamiento de esas empresas. El esquema fiscal vigente se compone de dos tipos de impuestos: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que se aplica sobre el valor de venta, y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que grava el precio de venta al detallista. La carga fiscal en los cigarros ha disminuido de manera importante, lo que ha contrarrestado el incremento de los costos de producción.
Entre 1981 y 1992, la tasa impositiva estaba por sobre 100 por ciento, entre 1986 y 1988 se observó la tasa más alta, 180 por ciento, encontrándose actualmente tasas de 110 por ciento para tabacos labrados. Otro aspecto impositivo que da ventaja a esta industria se refiere a la importación de cigarrillos, pues en el Tratado de Libre Comercio se especificó una tasa arancelaria preferencial, que disminuyó hasta 0 en 2003.
Retomando el acuerdo signado entre las tabacaleras y la Secretaría de Salud, es menester poner al descubierto la verdad de las cosas, pues públicamente se dice que la industria del tabaco otorgará una migaja a la Secretaría, la cantidad de un peso por cada cajetilla vendida para destinarlo al rubro de gastos catastróficos del Seguro Popular, lo cual es falso, ya que según la cláusula décima cuarta, inciso a), fracción ii), las aportaciones al fondo de protección surtirán efectos a partir del 10 de agosto de 2004 a razón de 2.5 centavos de peso por cajetilla de cigarros enajenada hasta el 31 de diciembre de 2005; a partir del 10 de enero de 2006 a razón de 3.5 centavos de peso por cajetilla de cigarros enajenada hasta el 30 de septiembre de 2006; y a partir del 1 de octubre de 2006 a razón de 5.0 centavos de peso por cajetilla de cigarros enajenada hasta el 31 de diciembre de 2006, fecha en que cesarán las aportaciones al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
Sin embargo, con el mayor cinismo y desfachatez tanto los funcionarios públicos como las tabacaleras anuncian y promueven la firma de lo que no es más que una farsa, mencionando que se intenta con ello reunir 4 mil millones de pesos en un lapso de 2.5 años, los cuales en todo caso no significan más de 7 por ciento del gasto que realiza la Secretaría en el tratamiento del tabaquismo y enfermedades derivadas del humo de tabaco cada año.
Una mentira más del secretario de Salud es que pretende hacemos creer que, gracias a su enérgica y dedicada labor, logró erradicar la publicidad del tabaco en los medios electrónicos de comunicación, lo cual es inexacto, ya que ello obedece a una política adoptada por las tabacaleras denominada "Normas Internacionales para la Comercialización de Productos de Tabaco" y que implantaron a nivel mundial tres años antes. Además, en el convenio suscrito con los productores y comercializadores de tabaco los exime de colocar en las cajetillas imágenes o ilustraciones alusivas al daño que el tabaco produce a la salud de las personas, con lo cual, doctor Frenk, una vez más lo reconvenimos para que no ataque la inteligencia de todos los mexicanos.
A todas luces podemos observar que las maniobras realizadas por el Ejecutivo en torno a este tema están muy lejos de beneficiar a los mexicanos; por el contrario, los dañan y ponen en riesgo en el corto plazo su salud, ya que el problema se extiende a todo el territorio nacional y permanece a través del tiempo, mientras que lo peor que puede pasar a las compañías tabacaleras es irse del país y llevarse su chimenea a otra parte del mundo para seguir contaminado a otros seres humanos dejando solamente una estela de daños.
Porque si en realidad se estableciera una verdadera política antitabaco como lo estipula el convenio marco, entre otras se tendría que subir el impuesto a los cigarros, con lo cual se podrían obtener 8 mil millones de pesos adicionales a los que se recaudan actualmente y con ello se comenzarían a subsanar de manera real los gastos generados por la atención a personas con problemas derivados de la inhalación de humo proveniente del tabaco; esto es, si lo logramos aplicar un IEPS de 130 por ciento, como estaba contemplado en la miscelánea fiscal para 2006, pero que desafortunadamente el poder de la industria no permitió que se aprobara, por la aparente compra de conciencias, pues en su momento se empleó una argumentación francamente inverosímil e inclinada hacia la sobreprotección de la industria tabacalera de nuestro país, usando para ello a los agricucultores del ramo, que por cierto nada les importan.
Todo lo anterior, en abierta y clara contravención de lo dispuesto en el artículo 5 del convenio marco para el control del tabaco, que en su numeral 3 dice: "a la hora de establecer y aplicar sus políticas de salud pública relativas al control del tabaco, las partes actuarán de manera que proteja dichas políticas contra intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera", por lo cual México se está haciendo acreedor a una llamada de atención de parte del organismo internacional que auspicia dicho convenio.
Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, el suscrito, diputado Fernando Espino Arévalo, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal para que de inmediato deje sin efectos el convenio suscrito entre la Secretaría de Salud y la industria tabacalera, para quedar como sigue:
Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados manifiesta su rechazo y conmina al Ejecutivo federal para que de inmediato realice las acciones necesarias para que la Secretaría de Salud deje sin efectos el convenio que establece el mecanismo, las características, la temporalidad y el destino de la aportación temporal que cubrirán al fondo de protección con gastos catastróficos los productores y comercializadores de productos de tabaco, signado en el Distrito Federal el 18 de junio de 2004.
Segundo. Que el Ejecutivo federal instruya a los funcionarios de la Administración Pública Federal para que, en el marco de sus atribuciones y responsabilidades, se apeguen a dar un estricto cumplimiento al convenio marco para el control del tabaco, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud.
Dip. Fernando Espino Arévalo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT A PRESENTAR EL PROGRAMA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS AVANCES, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE LEGORRETA ORDORICA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Jorge Legorreta Ordorica, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Aunque el gobierno mexicano ratificó el Protocolo de Kyoto, no se ha puesto en marcha el Programa Nacional de Cambio Climático. Si el plan existiera, los efectos negativos de los huracanes Stan y Wilma habrían podido prevenirse y, cuando menos, los daños habrían sido menores.
El retraso del gobierno en la aplicación de este esquema se debe a que el tema no ha sido incluido en la agenda nacional, a pesar de ser un compromiso de los países firmantes del Protocolo de Kyoto y de ser México uno de los países más vulnerables al cambio climático que está experimentando nuestro país.
El Programa Nacional de Cambio Climático debe fijar metas y acciones para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Estamos contra reloj porque el protocolo tiene como horizonte de reducción para los países del anexo uno (desarrollados) el año 2010. Hasta ahora México sólo ha firmado el protocolo, pero no ha actuado.
Ni Petróleos Mexicanos ni la Comisión Federal de Electricidad tienen metas para reducir el bióxido de carbono que generan, y tampoco participan en iniciativas internacionales de investigación para desarrollar tecnologías que mejorarían su desempeño ambiental.
Aunque no existe un plazo para que México cuente con el Programa Nacional de Cambio Climático, ya que en uno de los países no miembros del anexo uno (desarrollados), pero en lo posible deben formular programas para mejorar sus sistemas de información y de inventarios de emisiones y muy particularmente cómo enfrentar los efectos del cambio climático.
Sin embargo, existen oportunidades de negocios y desarrollos tecnológicos, a los que México debe sumarse, pues si no lo hace perderá la oportunidad de adquirir tecnología para enfrentar el cambio climático.
La falta de una política de Estado en materia de calidad del aire ha hecho que México no cuente con dicho programa.
Es un tema que no está en la agenda de prioridades nacionales; es relativamente lejano en la agenda ambiental porque no parece tan grave como el agua o la desaparición de bosques, aunque según diversos estudios van de la mano y, sin embargo, se ha postergado y no se le da prioridad, aunque con la devastación que dejaron los huracanes creemos que ya es tiempo de que se defina una política de calidad del aire y cambio climático.
Si el plan existiera, se podrían mitigar con mayor facilidad los efectos de los desastres naturales porque una línea de las estrategias es la adaptabilidad o defensa de la población.
Con el cambio climático estos fenómenos van a ser más frecuentes, más intensos; como principio, no se debería permitir concentrar población e infraestructura en zonas vulnerables.
Estudios comparan las condiciones actuales y las que potencialmente se presentarían en un cambio climático. Los resultados de estos estudios indican que probablemente se presenten en México, entre otros, los siguientes procesos:
Agudización de las sequías, la desertificación del territorio y la potencial modificación de la regionalización ecológica: reducción drástica de ecosistemas boscosos templados y tropicales.
Mayor incidencia de incendios forestales, profundizando la deforestación, la erosión, la liberación de carbono y la pérdida de biodiversidad.
Alteración de cuencas hidrológicas, así como del régimen y distribución de escurrimientos superficiales e inundaciones.
Aumento del nivel del mar, con impactos sobre ecosistemas costeros y marinos.
Por ello, además del Programa Nacional de Cambio Climático, hace falta mayor inversión en investigación y desarrollo tecnológico, especialmente en alternativas energéticas y un manejo eficiente de la energía, donde -como siempre- sólo estarán preparados los países desarrollados.
Por lo anteriormente expuesto, como integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México someto a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que presente lo antes posible el Programa Nacional de Cambio Climático y los avances sobre éste, por considerarlo primordial en acciones de prevención contra desastres naturales, como los huracanes Stan y Wilma.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 25 días del mes de abril de 2006.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEMARNAT A INVESTIGAR EL DESTINO DE LA MADERA PRODUCTO DE LA TALA IRRACIONAL LLEVADA A CABO EN EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE LEGORRETA ORDORICA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Jorge Legorreta Ordorica, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar que se tenga a bien someter a la consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo.
México ha sido reconocido como uno de los países con mayor diversidad biológica. En su territorio se localiza cerca de 10 por ciento de las especies silvestres conocidas en el mundo. De esa amplia y rica biodiversidad destacan los niveles de endemismo de su flora, la que estima es de 63 por ciento del total de las especies, y de la fauna, donde dicha característica se presenta en 30 por ciento de los vertebrados.
El desarrollo de los pueblos, y en general de la humanidad, está estrechamente asociado a la cantidad y calidad de los recursos naturales en las diferentes regiones donde éstos se han asentado y sus culturas han florecido y evolucionado.
Desafortunadamente, la tala irracional, ya sea para el aprovechamiento de la madera, o la destrucción de los manglares con fines turísticos, de desarrollo ganadero e industrial han sido las principales causas de la destrucción de estos ecosistemas.
No es un misterio que en la presente administración del Gobierno del Distrito Federal se han talado árboles en diversas delegaciones, como es el caso de Coyoacán; por ende, es importante esclarecer este asunto.
No olvidemos que el deterioro ambiental ha impactado en la autosuficiencia alimentaria y ocasionado una creciente presión sobre los recursos naturales, la que se traduce en la expansión de la frontera agrícola hacia tierras de baja calidad o no aptas para el cultivo, en detrimento principalmente de las selvas en las zonas tropicales y de las áreas boscosas en las zonas templadas.
De igual manera, se han afectado los frágiles equilibrios ecológicos de las áreas selváticas por la captura de fauna y recolección de flora silvestres para su comercialización como una forma de obtener recursos. Estas actividades, además de la sobreexplotación o la tala irracional de bosques, han provocado la pérdida del capital natural por la afectación de los sistemas y cadenas biológicas, con lo que se han iniciado procesos de reducción de las poblaciones silvestres que, eventualmente, pueden desembocar en la extinción de especies.
Como legisladores, por ser los garantes de los intereses de la nación, debemos fiscalizar todas las conductas que atenten contra el medio ambiente, ya que mundo sólo hay uno y la mayor parte de los recursos que lo constituyen no son renovables.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Exhortar al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Luis Luege Tamargo, a fin de que investigue el destino de la madera producto de la tala irracional de árboles que se ha llevado a cabo en el Distrito Federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 20 días del mes de abril de 2006.
Dip. Jorge Legorreta Ordorica (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE JALISCO A NO PROMOVER REFORMAS DE LA LEY DE PENSIONES DEL ESTADO QUE PONGAN EN RIESGO LA FUTURA SEGURIDAD DE LOS PENSIONADOS, A CARGO DE LA DIPUTADA EVELIA SANDOVAL URBÁN
La que suscribe, Evelia Sandoval Urbán, diputada federal por el distrito 13 del estado de Jalisco en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a presentar ante el Pleno de esta Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso de Jalisco para que no promueva reformas a la Ley de Pensiones del estado que pongan en riesgo la futura seguridad de los pensionados y la quiebra del organismo, en los términos de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 29 de marzo se aprobó la modificación a la Ley de Pensiones del estado de Jalisco, en el Congreso local. Dicha aprobación se dio sin discusión a pesar de que esta iniciativa tenía más de un año "guardada" debido a sus deficiencias e inconsistencias, las cuales ponen en riesgo el futuro de los jubilados y pensionados del estado, ya que al aplicarse las disposiciones aprobadas se llevaría a la quiebra en al menos cuatro años al organismo encargado de las pensiones.
Esta reforma plantea permitir que los trabajadores retiren no sólo sus aportaciones al término de una relación laboral, sino aquello que aportó el estado como patrón.
Cabe mencionar que esta reforma se votó sólo con la presencia de 28 diputados de los 40 integrantes del Congreso en circunstancias poco propicias, ya que el tema central de la sesión era la Cuenta Pública y en tan sólo minuto y medio se votó la reforma, con 25 votos a favor, 2 abstenciones y un voto en contra.
A pesar de que los autores de la iniciativa fueron los legisladores panistas Antonio Mendoza Azpeitia y Alfredo Argüelles Basave, el Gobernador del estado anunció el veto oficial a dicha reforma, por considerar el alto riesgo que enfrentaría dicha institución.
La seguridad social de los trabajadores debe garantizar un retiro digno que no debe sujetarse a ocurrencias que benefician a unos cuantos poniendo en peligro las pensiones de los trabajadores.
De acuerdo a la ley, el Legislativo del estado puede superar el veto del Ejecutivo local con la mayoría calificada del Congreso, en tal razón propongo a esta soberanía exhortar al Congreso del estado de Jalisco para que actúe con responsabilidad y no insista en la modificación de la Ley, ya que sería en perjuicio de los trabajadores del estado de Jalisco. Aceptar que sin haber cumplido los 30 años de servicio se puedan retirar los fondos de aportación del estado pondría en una grave crisis y llevaría a la quiebra total al organismo.
En razón de lo anterior y toda vez que velar por la seguridad social de todos y cada uno de los trabajadores del país es nuestro compromiso, solicito su voto favorable para el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta al Congreso del estado de Jalisco para que reflexione y analice con responsabilidad las reformas propuestas a la Ley de Pensiones del Estado y evite reformar disposiciones que pongan en riesgo el futuro de los trabajadores de Jalisco.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de abril de 2006.
Dip. Evelia Sandoval Urbán (rúbrica)
