Comunicaciones
Diputada Marcela González Salas y Petricioli
Presidenta de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
México, DF
Por medio del presente, nos dirigimos muy respetuosamente a usted, con el propósito de hacer de su conocimiento, iniciativa de acuerdo económico, aprobado en sesión ordinaria celebrada el día veinte de abril del año en curso, mediante el cual esta H. XVIII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, le envía atento exhorto, a efecto de solicitarle que en la discusión y análisis de las reformas al artículo 7 de la Ley General de Educación aprobadas por la Cámara de Senadores, genere los espacios de participación de organismos representativos de la sociedad, que permita contribuir al fortalecimiento del marco jurídico que rige la materia educativa en nuestro país.
Agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra distinguida consideración y respeto.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, BC, a veinte de abril de dos mil seis.
Dip. René Adrián Mendívil Acosta (rúbrica)
Presidente
Dip. Carlos Alberto Astorga Othón (rúbrica)
Secretario
Diputado René Adrián Mendívil Acosta
Presidente de la Mesa Directiva de la XVIII Legislatura del Estado
Honorable Asamblea
Los suscritos diputados en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la XVIII Legislatura del estado, en ejercicio de las facultades que establece el artículo 110 fracción III y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de acuerdo económico, relativa a solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión genere los espacios de participación de la sociedad en la discusión y análisis de las reformas aprobadas al artículo 7 de la Ley General de Educación por la Cámara de Senadores, al tenor de lo siguiente:
Es indudable que la educación es pilar fundamental en el desarrollo y perfeccionamiento de las personas y de las naciones, su adecuada impartición genera el despliegue amplio de los valores, capacidades, talentos, aptitudes y habilidades de las personas. Por ello, debe ser tarea permanente de gobierno y sociedad impulsar una política educativa integral, de calidad y con valores que permita y facilite una verdadera cohesión e integración social.
El Partido Acción Nacional históricamente ha sostenido que no solamente deben fortalecerse las políticas públicas en la materia, en la búsqueda constante de una educación de calidad y con valores, sino que también el estado y los particulares deben promover el acceso y permanencia de las personas al sistema educativo nacional.
Tan es así que en su Proyección de Principios de Doctrina 2002, se expresa que es responsabilidad del estado, compartida con la sociedad, proveer a la población de servicios educativos de alta calidad, para lograr ciudadanos plenos.
Aunado a ello, el Programa de Acción Política 2004 establece que La participación activa de la comunidad, y especialmente la de los padres y madres de familia, debe ser el eje del desarrollo de políticas y de programas de enseñanza.
Es evidente que no solamente debe ser una tarea del estado, sino que también requiere de la participación decidida y permanente de los ciudadanos, quienes se constituyen en actores fundamentales en la orientación de la educación.
En ese sentido, si bien es cierto que el rubro educativo como cualquier otro ámbito, no está exento de ser actualizado tanto en las políticas públicas como en las normas jurídicas que lo rigen, a las exigencias de la realidad imperante, no es menos cierto que requiere para tal fin de la participación de todos los actores, es decir del gobierno y de la sociedad. Por ello, extraña el proceso que en días pasados, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión llevó a cabo para aprobar la adición de una fracción XIII al artículo 7 de la Ley General de Educación, con el objeto de establecer que la educación que imparta el estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, deberá tener como fin Proporcionar, en todos los grados de enseñanza obligatoria, a las niñas, niños y adolescentes, una educación en sexualidad y afectividad integral objetiva, orientadora, científica, gradual y formativa, que desarrolle su autoestima y el respeto a su cuerpo y a. la sexualidad responsable. Con esto se amplía la cobertura de la educación sexual a todos los niveles y grados de la educación básica, es decir, se inicia desde el preescolar y no desde el 5º grado de primaria como actualmente acontece.
Reitero que causa extrañeza y también inconformidad, por una parte, el procesamiento en dicha Cámara de las reformas aludidas, toda vez que no se abrió el espacio para que los actores de la sociedad pudieran contribuir con sus opiniones y sugerencias a fortalecer las propuestas de reforma mencionadas, y más aún, cuando se trata de modificaciones que inciden en la definición del tipo de educación que reciben los menores de edad, y por otra, que denota la intención de marginar la participación ciudadana en la orientación y conducción de la educación, atribuyéndosela únicamente al Estado.
En relación al texto aprobado de la reforma referida, es de resaltar que no es preciso para el logro del objetivo que dice perseguir (abatir embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual, postergamiento del inicio de la actividad sexual en aras del logro de un proyecto de vida), quedando abierto a interpretaciones de la autoridad, en la que no se tiene participación alguna de los padres de familia.
Es evidente que se propone que el estado desplace y sustituya a los padres y tutores quienes son los que se encuentran legitimados (en el orden legal y natural) para decidir sobre el tipo de educación que habrá de impartirse a sus hijos.
Los aspectos descritos y otros más que sería prolijo mencionarlos, dejan ver la importancia de que todos nos sumemos y contribuyamos a orientar la educación que se imparte a las niñas y niños de nuestro estado y de nuestro país, por ello reconocemos y apoyamos las manifestaciones y expresiones que ha venido realizando en torno al tema la Coalición para la Participación Social en la Educación (Copase), integrada por diversos organismos sociales, empresariales y académicos de la sociedad bajacaliforniana como lo son la Escuela para Padres de Familia de Baja California; los Centros Empresariales de Mexicali, Tijuana y Ensenada; el Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali; el Comité Estatal del Consejo Coordinador Empresarial; Cetys Universidad; Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y la Universidad Iberoamericana, entre otros.
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este Pleno, el siguiente acuerdo económico.
Primero.- Se envíe atento exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de solicitarle que en la discusión y análisis de las reformas al artículo 7 de la Ley General de Educación aprobadas por la Cámara de Senadores, genere los espacios de participación de organismos representativos de la sociedad, que permita contribuir al fortalecimiento del marco jurídico que rige la materia educativa en nuestro país.
Segundo.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley Orgánica del poder Legislativo, solicitamos sea dispensado el trámite de la presente iniciativa.
Tercero.- Envíese el texto íntegro del presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los efectos conducentes.
Dado en el salón de sesiones Benito Juárez García, a los 20 días del mes de abril de 2006.
DEL CONGRESO DE DURANGO
CC. Diputados Secretarios
Cámara de Diputados
Palacio Legislativo
Presentes
En sesión ordinaria verificada el día de hoy, la honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Durango, aprobó un punto de acuerdo; en relación a las reformas que están por discutirse en esa honorable Cámara de Diputados; que a la letra dice:
Sin otro particular, nos es grato reiterarle las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Victoria de Durango, Dgo., a 5 de abril de 2006.
Diputados: Rodolfo Benito Guerrero García, secretario (rúbrica); Juan Quiñónez Ruiz, secretario (rúbrica).
DEL CONGRESO DE GUERRERO
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 25 de abril de 2006.
CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
México, DF
Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno de la Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, adjunto al presente, para los efectos de lo dispuesto en su artículo segundo, el acuerdo parlamentario por el que esta Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de estado de Guerrero formula un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a quien corresponda para que se haga una revisión de la construcción de la carretera Tlapa-Metlatónoc, tramo Tlapa-Igualita; y la parte restante en construcción se ejecute en tiempo y forma, aprobado en sesión celebrada el martes 25 de abril del año en curso.
Atentamente
José Luis Barroso Merlín (rúbrica)
Oficial Mayor
La Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y
Considerando
Que en sesión de fecha 18 de abril del 2006, la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas presentó a la Plenaria el dictamen con proyecto de acuerdo por el que este honorable Congreso formula un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a quien corresponda para que se haga una revisión de la construcción de la carretera Tlapa-Metlatónoc, tramo Tlapa-Igualita, y la parte restante en construcción se ejecute en tiempo y forma, en los siguientes términos:
Que la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del estado solicitó al director del Centro SCT Guerrero copia del expediente técnico de la construcción de la carretera para tener elementos suficientes que permitieran llegar a los acuerdos procedentes.
Que se realizó una visita a la carretera en comento, actividad que arrojó como resultado que se encuentren signos de que la carretera se está construyendo sin cumplir los requerimientos mínimos suficientes para ser una obra pública funcional, pues en la visita que se realizó se aprecia que existen hundimientos, derrumbes que invaden hasta la mitad de la carretera, baches y desgaste anormal de la carpeta asfáltica.
Que la construcción de la carretera Tlapa-Metlatónoc en su totalidad es de 82 kilómetros, de los cuales únicamente se han concluido 15 kilómetros, comprendidos de la ciudad de Tlapa al poblado de Igualita, tramo que ya está siendo utilizado por los habitantes de la región, mostrando graves deterioros que no son consecuencia del uso normal, sino que exhiben la mala calidad de los procedimientos y materiales empleados en la construcción.
Que la carretera en construcción está en la región de la montaña alta del estado de Guerrero, lo que implica la trascendencia de su buena construcción, pues no sólo cumple el uso para tránsito de personas, sino que también la carretera debe brindar condiciones favorables para que de manera general sean beneficiados los habitantes de la región.
Que los recursos públicos destinados a la construcción de obras deben ejercerse con el objetivo de que los resultados sean de beneficio para la sociedad, ejecutándolos con los procedimientos técnicos y los materiales apropiados para cada obra particular.
Que después de haber analizado la información adquirida, resulta ineludible solicitar al titular del Ejecutivo de la Federación que instruya a quien corresponda para que se haga una revisión del tramo Tlapa-Igualita, pues a pesar de estar concluida esa parte presenta serias irregularidades, así también para que el tramo en construcción se haga con los requerimientos técnicos y materiales apropiados para la obra y evitar que corra la misma suerte del tramo defectuoso.
Es importante determinar que la propuesta inicial se declara procedente en el fondo, pero se modifica en la forma; es decir, sí es necesario realizar un acto de gestión ante la autoridad responsable del ejercicio del Presupuesto federal, pero la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas considera que debe hacerse a través de una petición y no por exhorto porque tal figura jurídica para su configuración exige los siguientes supuestos: 1. El exhorto se practica entre autoridades de la misma jerarquía; y 2. El exhorto tiene naturaleza de mandamiento, pues el exhortado está obligado a cumplimentar el exhorto, siempre y cuando esté ajustado a derecho, de lo contrario puede incurrir en responsabilidad, requisitos que no se cumplen.
Por tanto, no es procedente practicar un exhorto, pero sí realizar una solicitud al titular del Poder Ejecutivo, como responsable de la Administración Pública Federal, para que en el ejercicio de sus funciones actúe para que la construcción de la carretera Tlapa-Metlatónoc se concluya en tiempo y forma.
Que ante tal circunstancia, y por tratase de recursos públicos de la Federación, es necesario hacer del conocimiento del Congreso de la Unión las irregularidades ya mencionadas para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencia, coadyuve para que los recursos canalizados a la construcción de la carretera sean ejercidos conforme a la normatividad aplicable."
Que en sesiones de fechas 18 y 25 de abril de 2006, el dictamen en desahogo recibió primera lectura y dispensa de la segunda lectura, respectivamente, por lo que en términos de lo establecido en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Guerrero, la Presidencia de la Mesa Directiva, habiendo sido fundado y motivado el dictamen con proyecto de acuerdo, al no existir votos particulares en el mismo, procedió a someterlo a votación, aprobándose por unanimidad de votos.
Que aprobado en lo general, el dictamen se sometió en lo particular y, habiéndose presentado reserva de artículos por parte del diputado Martín Mora Aguirre en los siguientes términos: Único. Se modifican los puntos primero y segundo del punto de acuerdo, para quedar en los siguientes términos: Primero. La Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del estado de Guerrero exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a quien corresponda para que se haga una revisión de la construcción en la carretera Tlapa-Metlatónoc, tramo Tlapa-Igualita, y la parte restante en construcción se ejecute en tiempo y forma. Segundo. Esta soberanía exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencia, coadyuve para que los recursos canalizados a la construcción de la carretera sean ejercidos con responsabilidad y resultados satisfactorios. Asimismo, en uso de la palabra el diputado Felipe Ortiz Montealegre se manifestó a favor de la propuesta de modificación presentada por el diputado Martín Mora Aguirre. Acto seguido, la Presidencia de la Mesa Directiva del honorable Congreso del estado sometió para su aprobación la propuesta de modificación presentada por el diputado Martín Mora Aguirre, que fue aprobada por mayoría de votos, realizando la declaratoria siguiente: "Esta Presidencia, en términos del artículo 137, párrafo primero, de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el dictamen con proyecto de acuerdo por el que este honorable Congreso formula un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a quien corresponda para que se haga una revisión de la construcción de la carretera Tlapa-Metlatónoc, tramo Tlapa-Igualita, y la parte restante en construcción se ejecute en tiempo y forma. Emítase el acuerdo correspondiente y remítase a las autoridades competentes para los efectos legales procedentes".
Acuerdo Parlamentario
Primero. La Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del estado de Guerrero exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a quien corresponda para que se haga una revisión de la construcción de la carretera Tlapa-Metlatónoc, tramo Tlapa-Igualita, y la parte restante en construcción se ejecute en tiempo y forma.
Segundo. Esta soberanía exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencia, coadyuve para que los recursos canalizados a la construcción de la carretera sean ejercidos con responsabilidad y resultados satisfactorios.
Transitorios
Primero. El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su aprobación.
Segundo. Gírense los oficios correspondientes para dar cumplimiento al acuerdo parlamentario.
Dado en el Salón de Sesiones del honorable Poder Legislativo, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil seis.
Diputados: Mario Ramón del Carmen, Presidente; Alejandro Carabias Icaza, José Luis Ramírez Mendoza, secretarios (rúbricas).
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 29 de marzo de 2006.
Diputados Integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
Por medio del presente, remito a ustedes en copias debidamente certificadas el acuerdo parlamentario, aprobado en sesión celebrada con fecha 7 de febrero del año en curso, por el que este honorable Congreso del estado libre y soberano de Guerrero, concluye que existen elementos que indican múltiples irregularidades en el desarrollo del proyecto La Roqueta Eco Park, de la empresa Aca Extremo, relativo al cabal cumplimiento de las disposiciones establecidas en el acuerdo presidencial de fecha 6 de noviembre de 1981, del Plan de Desarrollo Turístico publicado el 25 de noviembre de 1982, así como de distintas leyes, reglamentos y normas que a la fecha regulan el desarrollo de obras y actividades en la citada isla.
Solicitando sea esta Comisión el enlace con la Auditoria Superior de la Federación, para darle el seguimiento legal correspondiente; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la Ley Superior de Fiscalización Superior de la Federación.
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Licenciado José Luis Barroso Merlín (rúbrica)
Oficial Mayor
La Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, y
Considerando
Que en sesión celebrada el día 2 de febrero del 2006, los diputados integrantes de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, presentaron el dictamen con proyecto de acuerdo parlamentario, bajo los siguientes términos:
"Que en sesión de fecha 22 de noviembre del año próximo pasado, el Pleno de esta soberanía tomó conocimiento de la propuesta de acuerdo emitida por los diputados Ramiro Solorio Almazán y Alejandro Carabias Icaza, mediante el cual esta quincuagésima octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se pronuncia por la investigación y esclarecimiento del proyecto denominado "La Roqueta Eco Park", en el municipio de Acapulco de Juárez, así como el que se instruye a la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable para que realice la investigación correspondiente y cite a las autoridades estatales involucradas para contar con información directa, que permita constatar si se ha cumplido con la normatividad correspondiente para el desarrollo del proyecto de la UMA ubicada en la isla La Roqueta y en caso de que de la investigación correspondiente se desprenda la existencia de irregularidades que pudiesen ser constitutivas de delitos, se proceda conforme a derecho para erradicar la impunidad y aplicar las sanciones a quienes resulten responsables.
Que mediante oficio número LVIII/1ER/OM/DPL/030/2005 la Oficial Mayor de este honorable Congreso licenciada Saez Guadalupe Pavía Miller, turnó el escrito de referencia a la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable para los efectos legales conducentes.
Que en la sección de los considerandos de la propuesta de acuerdo en mención, los diputados aducen:
Que de manera pública en distintos medios de comunicación electrónicos e impresos, se han dado a conocer denuncias sobre el desarrollo de obras y actividades irregulares en la isla La Roqueta en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, las cuales responden a la realización del proyecto Eco Park por la empresa Aca Extremo.
Que con fecha 6 de noviembre de 1981, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo signado por el Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, José López Portillo, en el cual se dispuso que la isla La Roqueta ubicada en los litorales del puerto de Acapulco, quedaba bajo control directo de la Secretaría de Marina, y sería la Secretaría de Turismo quien elaboraría los planes y programas de la actividad turística con el propósito de integrar esta área al proceso de planificación turística nacional.
Que por acuerdo de fecha 25 de noviembre de 1982, emitido por la Secretaría de Turismo, en su artículo octavo se establece que el plan de desarrollo turístico de la isla comprende la creación de un acuario, granja ostrícola, jardín botánico submarino, orquidario e invernadero, considerando la creación de un parque nacional insular que incluya una zona de reserva de especies y aves marítimas de las cuales, ninguna figura en las que la empresa Aca Extremo pretende realizar. En este sentido, claramente el proyecto no se acoge cabalmente a las disposiciones del citado acuerdo.
Que el Gobierno municipal de Acapulco de Juárez ha procedido en este asunto, argumentando facultades que le otorga el 115 constitucional en materia de uso de suelo, y de las disposiciones del Plan de Desarrollo Urbano Municipal y su reglamento respectivo, clausurando de manera definitiva dichas obras, toda vez que el municipio aducía la carencia de licencia de construcción e incompatibilidad con el uso de suelo establecido por el Plan Director de Desarrollo Urbano del Municipio, siendo éste, de tipo de Protección y Conservación de Áreas Naturales (PCAN).
Que a razón de lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el pasado 12 de enero del presente año, clausuró por segunda ocasión y de manera definitiva los trabajos de construcción del proyecto en referencia.
Que en la isla La Roqueta, se estableció originariamente una Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) denominada "Parque Zoológico Aca-Zoo", con registro DFYFS-ZOO-E-0009-93-GRO, otorgada al sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Guerrero), con oficio número 1460 de fecha 23 de agosto de 1993. Siendo el 27 de enero de 2005, cuando se otorgó la renovación irregular del registro en la UMA denominándola "EcoPark", antes Aca-Zoo, con domicilio en la isla La Roqueta, entre Caleta y Caletilla a nombre de la Secretaría de Marina y el particular Fidel Magdalena Junco, con una superficie de 63 hectáreas, con clave de registro DGVS-ZOO-E-0075-05-GRO, estableciéndose como finalidad la conservación, manejo, colección, exhibición, aprovechamiento comercial, ecoturismo, investigación y educación ambiental.
Que de acuerdo a los ordenamientos en la materia, la renovación de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) DGVS-ZOO-E-0075-05-GRO, fue otorgada transgrediendo preceptos de la Ley General de Vida Silvestre, específicamente en lo establecido en el artículo 39, el cual dispone que para que se considere a una UMA como tal, debe existir previamente una propiedad o legitima posesión de los predios o instalaciones, lo cual por supuesto y es de conocimiento público, la isla La Roqueta no es privada, por lo que ningún particular puede ostentarse como propietario o poseedor, lo anterior en virtud del acuerdo que se señala en el quinto considerando, el cual establece que la administración de la isla La Roqueta queda a cargo de la Secretaría de Marina.
Que para librar la situación anterior y lograr la autorización de la UMA, se hizo uso irregular de la personalidad jurídica de la Secretaría de Marina y poder cumplir así con el artículo 39 de la Ley General de Vida Silvestre, lo cual consta en oficio número 0080, expediente VI/DP.-009/06, de fecha 12 de enero del presente año, dirigido al C. Fidel Magdalena Junco y firmado por el Vicealmirante Edgar Fernando Narro y Quesada, de la Secretaría de Marina, en donde esta secretaría, revoca la autorización otorgada por oficio número 1977 del 25 de octubre del 2004, para obras de remodelación, toda vez que a la fecha no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones establecidas de recabar los permisos correspondientes por las autoridades competentes, así como por las diversas irregularidades presentadas, como lo es el hecho de haber gestionado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, dirección general de Vida Silvestre, el registro para el establecimiento de una Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA), anteponiendo a esta Secretaría de Marina como titular del proyecto denominado "Eco Park", con clave de registro DGVS-ZOO-E-0075-05-GRO.
Que como se aprecia, la Secretaría de Marina se deslinda de su participación en el proyecto y de haber consentido el tramitar la autorización de la UMA DGVS-ZOO-E-0075-05-GRO, bajo su personalidad jurídica.
Que de acuerdo a la solicitud de los particulares Fidel Magdalena Junco y Joaquín Haces Perdomo, dirigida al licenciado Rodolfo Elizondo Torres, titular de la Secretaría de Turismo, de fecha 15 de junio de 2004, se desprende que los mismos han falseado información, ya que adelantan en su escrito que realizarían una inversión por aproximadamente cinco millones de dólares y posteriormente lo que hicieron fue tramitar recursos a fondo perdido ante la Secretaría de Economía, para la realización del proyecto Eco Park en la isla La Roqueta.
Que del Registro Nacional de Turismo (RNT) número 1009137, de 8 de julio de 2005, se desprende que no constituye una autorización a la empresa Aca Extremo, por ser un registro de carácter voluntario, cuyo único objetivo es la difusión y promoción de los prestadores de servicios; pero sobre todo, se corrobora la falsedad en la información, toda vez que se registra como un establecimiento de hospedaje con 8 suites presidenciales, señalando fecha de operación desde 1995, cuando es público y notorio que a la fecha, no hay ninguna operación de tal naturaleza en la isla La Roqueta.
Que mediante oficio SOT/620/2005, de fecha 7 de diciembre de 2005, la Secretaría de Turismo, se deslinda de autorización alguna hacia la empresa Aca Extemo La Roqueta, para desarrollar proyecto alguno, aduciendo que dicha empresa no ha acreditado la legalidad y sustentabilidad del proyecto con documentos oficiales, incluyendo las diversas autorizaciones y concesión para el desarrollo de dicho proyecto la licencia de construcción municipal, estudios de impacto ambiental tanto federal, estatal y municipal; amen de la documentación relativa al pago de las autorizaciones y demás contribuciones federales, estatales y municipales.
Que con fecha 19 de julio de 2005, los particulares se beneficiaron con la aportación de cuatro millones de pesos a fondo perdido por parte del fondo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) de la Secretaría de Economía del gobierno federal, fungiendo como "organismo intermedio" Agroindustrias del Sur, organismo público descentralizado del gobierno del estado de Guerrero.
Que en virtud de existir razones fundadas de que en la isla La Roqueta se ha desvirtuado el proyecto de la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA), toda vez que desde 2003 no existe la fauna silvestre especificada en la renovación de esta UMA, pretendiendo transformarla en un proyecto meramente comercial, y lo que es peor, en una privatización encubierta, que atenta contra el medio ambiente de ese espacio territorial y transgrede los ordenamientos legales, lo cual pudo constatarse con la falta de expedición de los permisos correspondientes por las autoridades competentes y el cumplimiento de la normatividad vigente para la isla.
Que por nuestra parte, los integrantes de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, en fecha 16 de diciembre del año 2005, acordamos llamar a comparecer al gerente general del organismo público descentralizado Agroindustrias del Sur, quien funge como organismo intermedio entre el fondo Pyme y la empresa Aca Extremo.
Que como resultado de la comparecencia en referencia, los diputados integrantes de la Comisión versaron cuestionamientos en cuanto a la irregularidad en la competencia del organismo para participar en un proyecto de giro distinto en su decreto de creación de fecha 20 de mayo de 1997.
Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que iniciaría un proceso administrativo de revocación de autorización contra el proyecto, por el falseo de información por parte del socio de la empresa Aca Extremo, Fidel Magdalena Junco, para conseguir la autorización de la UMA DGVS-ZOO-E-0075-05-GRO.
Que de conformidad a lo establecido por los artículos 46, 49, fracción XXIV, 74, 86, 87, 132 Y 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 286 la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable tiene plenas facultades para emitir el presente dictamen al realizar la investigación y recopilación de la información del asunto en referencia".
Acto seguido en uso de la palabra la diputada María Guadalupe Pérez Urbina, presentó una propuesta de adición en los siguientes términos:
"Como miembro de la fracción parlamentaria del Partido Convergencia de la LVIII Legislatura del honorable Congreso del estado de Guerrero, en uso de las facultades que me confieren el artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor y como vocal de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable:
Segundo.- Se exhorte al Congreso de la Unión para que en el uso de sus facultades, se solicite la comparecencia de los servidores públicos federales involucrados, autoridades y dependencias que participaron, como lo es el Comité Mixto de Desarrollo Insular para tratar los trabajos de remodelación de la isla La Roqueta, en la reunión celebrada el día 8 de julio de año 2005, en la ciudad y puerto de Acapulco del estado de Guerrero. A fin de tener conocimiento del curso que se dio a las recomendaciones hechas por ese Comité a las autoridades que participaron en el evento de autorización de la UMA denominada Eco Park, de la autorización de la empresa Aca-Extremo para la ejecución del proyecto en la isla de La Roqueta y de la autorización del recurso PyME, así como de las autoridades que de una u otra forma contribuyeron para la autorización y realización del citado evento, con la finalidad de que se deslinde la responsabilidad administrativa, civil o penal a que dé lugar.
Único.- Se solicita al Congreso de la Unión, para que dentro de sus facultades, promueva ante el Ejecutivo federal, que la isla de La Roqueta sea decretada Área Natural Protegida con vocación turística.
Que vertido lo anterior, en sesiones de fecha 2 y 7 de febrero del 2006, el dictamen con proyecto de acuerdo recibió primera lectura y dispensa de la segunda lectura, respectivamente, que en sesión de esta fecha la quincuagésima octava Legislatura al honorable Congreso del Estado, aprobó por unanimidad de votos, en todos y cada uno de sus términos, el dictamen con proyecto de acuerdo parlamentario presentado por los diputados integrantes de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable.
Acto seguido el Presidente sometió para su aprobación la propuesta de adhesión presentada por la diputada María Guadalupe Pérez Urbina, siendo aprobada por unanimidad de votos, instruyendo el Presidente sea integrada al contenido del acuerdo aprobado, como resolutivo séptimo y octavo.
Acto seguido el Presidente sometió para su aprobación la propuesta de adhesión presentada por el diputado Wulfrano Salgado Romero, a nombre de la Comisión de Turismo, siendo aprobada por unanimidad de votos, instruyendo el Presidente sea integrada al contenido del acuerdo aprobado, como resolutivo noveno.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 8, fracción I, y 127 párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 286, este honorable Congreso del estado de Guerrero, decreta y expide el siguiente:
Acuerdo Parlamentario
Primero.- La quincuagésima octava Legislatura al honorable Congreso del estado de Guerrero, concluye que existen elementos que indican múltiples irregularidades en el desarrollo del proyecto La Roqueta Eco Park, de la empresa Aca Extremo, relativo al cabal cumplimiento de las disposiciones establecidas, en el acuerdo presidencial de fecha 6 de noviembre de 1981, del Plan de Desarrollo Turístico publicado el 25 de noviembre de 1982, así como de distintas leyes, reglamentos y normas que a la fecha regulan el desarrollo de obras y actividades en la citada isla.
Segundo.- Esta soberanía, se pronuncia a favor de proyectos que conlleven el desarrollo económico, la inversión y la generación de empleos en el estado de Guerrero, pero en contra de todo proyecto que no se apegue al cabal cumplimiento de los distintos requerimientos de ley.
Tercero.- Se exhorta a la contraloría del estado, a la Secretaría de la Función Pública, a la unidad de auditoría interna de la Secretaría de Economía, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la unidad de contraloría interna de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la inspección y contraloría general de la Marina y a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, determinen la posible existencia de actos u omisiones constitutivos de faltas administrativas y/o delitos por parte de servidores públicos y/o particulares, que de una u otra manera han participado en la promoción, asignación de recursos públicos, vigilancia, desarrollo y autorización de este proyecto en la isla La Roqueta, que hasta hoy se viene desarrollando de manera irregular, para que se proceda conforme a derecho deslindando responsabilidades.
Cuarto.- Se exhorta a la Secretaría de Marina y a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de su competencia, investiguen el uso indebido de la personalidad jurídica de la Secretaría de Marina para tramitar la autorización de la UMA DGVS-ZOO-E-075-05-GRO en la isla La Roqueta para el beneficio de negocios particulares, y en caso de encontrar elementos constitutivos de delitos, procedan conforme a derecho.
Quinto.- Se exhorta al titular del Ejecutivo estatal, para que en el ámbito de su competencia, y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Entidades Paraestatales proponga lo necesario, para la creación o modificación de alguna instancia que califique bajo las reglas del fondo de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), y poder así canalizar de manera regular recursos para el desarrollo de proyectos de distintos giros.
Sexto.- Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que de acuerdo a sus facultades, adecue o actualice el decreto presidencial de 1981, para que en un eventual decreto se sienten las bases y reglas claras para un aprovechamiento y desarrollo ecoturístico sustentable de la isla La Roqueta, que sea socialmente aceptado por los acapulqueños.
Séptimo.- De conformidad con lo estipulado en el título II, capítulo I, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en base a los hechos sucedidos a la isla La Roqueta se exhorta al Congreso de la Unión, y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas, para que la isla La Roqueta sea declarada Área Natural Protegida. Debiéndose conformar una comisión para que se encargue de la formulación del proyecto y del programa de conservación y manejo.
Octavo.- Se exhorta al Congreso de la Unión para que en el uso de sus facultades, solicite la comparecencia de los servidores públicos federales involucrados, autoridades y dependencias que participaron, como lo es el Comité Mixto de Desarrollo Insular para tratar los trabajos de remodelación de la isla La Roqueta, en la reunión celebrada el día 8 de julio de año 2005, en la ciudad y puerto de Acapulco del estado de Guerrero. A fin de tener conocimiento del curso que se dio a las recomendaciones hechas por ese Comité a las autoridades que participaron en el evento de autorización de la UMA denominada Eco-Park, de la autorización de la empresa Aca-Extremo para la ejecución del proyecto en la isla de La Roqueta y de la autorización del recurso PyME, así como de las autoridades que de una u otra forma contribuyeron para la autorización y realización del citado evento, con la finalidad de que se deslinde la responsabilidad administrativa, civil o penal a que dé lugar.
Noveno.- Se solicita al Congreso de la Unión, para que dentro de sus facultades, promueva ante el Ejecutivo federal, que la isla de La Roqueta sea decretada área natural protegida con vocación turística.
Transitorios
Primero. - El presente acuerdo entrará en vigor el día de su expedición.
Segundo.- Remítase el presente acuerdo a los titulares de la Contraloría del estado de Guerrero, la Secretaría de la Función Pública, la unidad de auditoría interna de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la unidad de contraloría interna de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la inspección y contraloría general de la Marina, la Secretaría de Marina, !a Procuraduría General de la República, al Ejecutivo estatal, al Ejecutivo federal y al honorable Congreso de la Unión para los efectos legales correspondientes.
Tercero.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como en dos diarios de mayor circulación estatal, para su conocimiento general.
Dado en el salón de sesiones del honorable poder Legislativo a los siete días del mes de febrero del año dos mil seis.
Diputados: Raúl Tovar Tavera (rúbrica), Presidente; Raymundo García Gutiérrez (rúbrica), secretario; Esteban Albarrán Mendoza (rúbrica), secretario.
DEL CONGRESO DE MICHOACÁN
Morelia, Michoacán, a 6 de abril de 2006.
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presente
En cumplimiento a lo instruido en sesión celebrada el día de hoy, se remite acuerdo que, entre otros, exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a que siga impulsando y dando seguimiento a los trabajos conducentes al desarrollo de un proceso de diálogo nacional sobre una política migratoria de Estado, la cual debe definir claramente nuestros intereses nacionales al respecto, buscar atender las necesidades y derechos de nuestros migrantes, y establecer una respuesta realista e integral al fenómeno de la migración internacional; proceso de diálogo que debe incluir a los mexicanos radicados en el extranjero, algo que no sucedió en la elaboración del documento "México frente al fenómeno migratorio".
Reiteramos la seguridad de nuestro respeto.
Atentamente
Sufragio efectivo. No Reelección.
Diputados: Fernando Cano Ochoa (rúbrica), Presidente; Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), primer secretario; Martín Godoy Sánchez (rúbrica), segundo secretario; Eugenio Torres Moreno (rúbrica) tercer secretario.
El H. Congreso del estado, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
Acuerdo
Primero.- Que la LXX Legislatura del H. Congreso de Michoacán de Ocampo, comparte y manifiesta su beneplácito a la Cámara de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión, al respaldar legislativamente la propuesta de "México frente al fenómeno migratorio", con los puntos de acuerdo presentados en fecha 16 de febrero de 2006.
Segundo.- Se exhorta a que el Poder Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados, y de Senadores del H. Congreso de la Unión, sigan impulsando y dando seguimiento a los trabajos conducentes al desarrollo de un proceso de diálogo nacional sobre una política migratoria de Estado, la cual debe definir claramente nuestros intereses nacionales al respecto, buscar atender las necesidades y derechos de nuestros migrantes, y establecer una respuesta realista e integral al fenómeno de la migración internacional. El proceso de diálogo debe incluir a los mexicanos radicados en el extranjero, algo que no sucedió en la elaboración del documento "México frente al fenómeno migratorio".
Tercero.- Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, para que en ejercicio de sus facultades constitucionales y dentro del marco legal de nuestro país, continúe el diálogo con el gobierno norteamericano, para promover la colaboración bilateral en torno al tema migratorio e impulsar los intereses y derechos de los connacionales radicados en los Estados Unidos.
Cuarto.- La LXX Legislatura del H. Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, se manifiesta a favor de que las legislaturas estatales de nuestro país, participen activamente en el diálogo nacional sobre una política migratoria de Estado, y que aquellas legislaturas de los estados con tradición migratoria significativa desarrollen leyes estatales propias para abordar de manera integral el fenómeno migratorio, y atender de manera adecuada a la población migrante. Dichos procesos legislativos deben tomar en cuenta la participación de los migrantes.
Quinto.- La LXX Legislatura del H. Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, convoca a las Legislaturas estatales del país, a los poderes ejecutivos estatales, a expertos en la materia y a representantes migrantes, a una conferencia nacional sobre políticas migratorias estatales, evento a realizarse en la ciudad de Morelia en la segunda mitad del año en curso, con el fin de contribuir al diálogo nacional sobre migración y para impulsar el trabajo que las legislaturas estatales realizan al respecto. Se le asigna a la Comisión de Asuntos Migratorios la responsabilidad de coordinar dicho evento.
Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 6 seis días del mes de abril de 2006 dos mil seis.
Diputados: Fernando Cano Ochoa (rúbrica), Presidente; Emiliano Velázquez Esquivel (rúbrica), primer secretario; Martín Godoy Sánchez (rúbrica), segundo secretario; Eugenio Torres Moreno (rúbrica), tercer secretario.
Diputados integrantes del Pleno del Congreso del estado: Jesús Martínez Saldaña, María Cruz Campos Díaz, María Lucila Arteaga Garibay, Manuel Duarte Ramírez, José Hugo Ángel Olvera, Gustavo Arias Garduño, Minerva Bautista Gómez, María Isabel Calderón Ramírez, Guadalupe Juan Carlos Corona Suazo, Citlalli Fernández González, Baltazar Gaona Sánchez, Verónica García Reyes, Martín Godoy Sánchez, Genaro Guízar Valencia, Uriel López Paredes, Jorge Adolfo Reza Maqueo, Emiliano Velásquez Esquivel, diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática de la Septuagésima Legislatura del Congreso del estado, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 10, fracción I, y 118 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo; presentamos a la consideración del Pleno, propuesta de acuerdo:
Antecedentes
Que desde hace más de un siglo México ha sido impactado por el fenómeno de la migración internacional, tanto por el éxodo temporal o permanente de nuestros ciudadanos al extranjero, como por el ingreso a nuestro territorio de personas procedentes de otros países.
Que durante el último siglo el gobierno mexicano ha adoptado diversas medidas en torno a la migración, incluyendo las siguientes: La Ley de Inmigración de 1908; el articulo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917; la Ley de Migración de los. Estados Unidos Mexicanos de 1926; la Ley de. Migración de los Estados Unidos Mexicanos de 1930; la Ley General de Población de 1936; la Ley General de Población de 1947; el Decreto que Reforma la Ley General de Población de 1960; el Decreto que Promulga la Convención Celebrada entre México y Varias Naciones, sobre Condiciones de los Extranjeros de 1931; y el Capitulo XVI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1993.
Que ante la creciente importancia de los flujos migratorios se han aumentado e intensificado los llamados para que México actualice sus políticas migratorias, defina claramente sus intereses nacionales en torno a este tema, y abandone lo que hace dos décadas el investigador Manuel García y Griego llamó la política de no tener política migratoria, todo esto con el fin de que se atienda de manera adecuada e integra los intereses, derechos y necesidades de la población migrante, y que nuestro gobierno tenga los elementos necesarios para defender y promover los intereses nacionales al respecto.
Que ante la creciente complejidad y politización de la migración de mexicanos al vecino país del norte, en 1988 la Comisión sobre el Futuro de las Relaciones México-Estados Unidos retomó el llamado de García y Griego, y en su informe sobre migración recomendó al gobierno mexicano: 1) Definir con claridad el interés nacional de México en lo que se respecta a la migración; 2) Estimular la creación de empleos en las principales regiones de origen de los migrantes, especialmente en las que se considera que la emigración es contraria a los intereses nacionales; 3) Cooperar con las autoridades norteamericanas para asegurar que Estados Unidos cumpla fielmente el convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los trabajadores migrantes; y 4) Colaborar activamente con el gobierno norteamericano en la creación de un enfoque bilateral para las cuestiones de la inmigración. El mismo estudio hace respectivas recomendaciones a Estados Unidos. De igual manera, recomienda a los gobiernos de los dos países: 1) Colaborar con la elaboración de cómputos precisos de la población migrante; y 2) Establecer un acuerdo bilateral formal en materia de migración.
Que a pesar de que México, Estados Unidos y Canadá aprobaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993 con el objetivo de promover la integración regional entre las economías de los tres países, el gobierno mexicano no le asignó prioridad al tema migratorio y el asunto quedó prácticamente excluido del histórico acuerdo, salvo por un modesto capítulo referente a profesionistas. La falta de atención a la migración resultaba alarmante, puesto que el número de mexicanos que emigraban cada año a Estados Unidos crecía notablemente, saltando de 28 mil por año de 1960-1970, a 138 mil por año en 1970-1980, y a 235 mil cada anualidad durante el periodo 1980-1990.
Que desde la década pasada hasta la fecha el número de mexicanos que emigran a los Estados Unidos ha aumentado, creciendo de 296 mil por año en 1990-1995, a 360 mil por año en 1995-2000, a 390 mil por año en 2000-2003, y, según estudios recientes, a más de 400 mil por año en la actualidad.
Que ante la falta de políticas adecuadas, en años recientes se ha creado un ambiente político adverso a la presencia de mexicanos en Estados Unidos y los migrantes mexicanos han reclamado en repetidas ocasiones y en las más diversas formas que las autoridades mexicanas mejoren significativamente su atención a la población migrante.
Que con fecha, 24 de octubre de 2005 se hizo pública una propuesta denominada "México frente al fenómeno migratorio" en la que fueron participes conjuntamente el Poder Ejecutivo federal, miembros de la Cámara de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión, académicos, y algunos organismos de la sociedad civil.
Que con fecha 16 de febrero de 2006, en sesiones legislativas de la Cámara de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión respectivamente, se aprobaron puntos de acuerdo relativos a respaldar y comprometerse con esta propuesta ya mencionada, y cuyo contenido incluye la presentación de antecedentes, principios y recomendaciones. El contenido a la letra es el siguiente:
México frente al fenómeno migratorio
24 de octubre de 2005
En México, al igual que en otros países y regiones del mundo, el fenómeno migratorio es complejo y difícil de abordar, ya sea desde la perspectiva de la salida, llegada, retorno o tránsito de migrantes. Todos estos procesos migratorios están presentes en nuestro país.
En virtud de la dimensión y características que el fenómeno migratorio ha adquirido, y que continuará en el futuro mediato, y de las implicaciones que éste tiene para el desarrollo de nuestro país, se requiere de una nueva visión y de un cambio en las formas en las que la sociedad mexicana ha asumido sus responsabilidades frente al mismo hasta ahora.
Desde hace algunos años, la magnitud alcanzada por la migración mexicana y sus complejas ramificaciones en la vida económica y social de México y Estados Unidos propiciaron que el fenómeno migratorio adquiriera mayor relevancia en las agendas nacionales de ambos países y lo convirtiera en un asunto prioritario de la agenda bilateral.
El Gobierno Federal planteó desde su inicio ante la opinión pública mexicana y las máximas autoridades de Estados Unidos, una agenda integral para atender las distintas facetas en que se expresa la migración entre los dos países. La posición mexicana se basó en el principio de responsabilidad compartida, reflejo del reconocimiento de que los dos países deben asumir su parte para lograr mejores resultados en la administración bilateral del fenómeno migratorio.
En 2001, los gobiernos de ambas naciones intensificaron el diálogo e iniciaron un proceso de negociación bilateral a fin de encontrar fórmulas para enfrentar los múltiples retos y oportunidades que este fenómeno plantea, con miras a establecer un nuevo régimen migratorio entre ambas naciones.
Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en territorio estadounidense, hechos inequívocamente condenables, alteraron el ritmo y la dinámica de la agenda migratoria bilateral. Por un lado, el binomio migración-seguridad nacional -en particular en la frontera común-, se ha ubicado en un primer plano dentro de esta agenda. Por el otro, diversos actores políticos relevantes -específicamente legisladores de ambos países- han profundizado su participación en el debate.
El debate que hoy se desarrolla en Estados Unidos sobre una reforma migratoria representa una ventana de oportunidad para México y para avanzar en el tratamiento bilateral del fenómeno, y anima a una reflexión de fondo sobre las consecuencias que este proceso puede tener para nuestro país y su política migratoria.
A iniciativa del Ejecutivo federal y del Senado de la República, un grupo integrado por funcionarios del gobierno encargados de la gestión del fenómeno migratorio, senadores y diputados, académicos, expertos en asuntos migratorios y representantes de organismos de la sociedad civil, acordaron iniciar un esfuerzo conducente a la consolidación de una política migratoria nacional, a partir de un diagnóstico y plataforma comunes. En este contexto, se han llevado a cabo una serie de reuniones denominadas "Perspectivas y diseño de plataformas para la construcción de una política migratoria mexicana".
Las ideas incorporadas en este documento son el resultado de estas reuniones y con base en ellas se busca actualizar la posición mexicana en materia migratoria, así como ofrecer algunos lineamientos específicos frente al proceso de reforma migratoria en Estados Unidos.
Principios
A partir de las reuniones llevadas a cabo, los participantes coincidieron en el siguiente conjunto de principios que deben orientar la política migratoria mexicana:
La política migratoria mexicana reconoce que mientras un número importante de connacionales no encuentre en su propio país un entorno económico y social que le permita su pleno desarrollo y bienestar e incentive su .permanencia en el país, habrá condiciones para emigrar al exterior.
El fenómeno migratorio debe ser plenamente comprendido por el Estado mexicano -sociedad y gobierno-, ya que requiere de acciones y compromisos acordes con las condiciones imperantes.
Las implicaciones internacionales que para México presenta este fenómeno requieren de acciones y compromisos con el exterior -en particular con las regiones y los países vecinos- que, en el marco de la cooperación internacional, deben guiarse bajo el principio de responsabilidad compartida.
Al desarrollar y aplicar sus leyes y políticas migratorias, México debe hacerlo con pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y de sus familiares, independientemente de su nacionalidad y estatus migratorio, así como con respeto al derecho de refugio y asilo, y en apego a los instrumentos internacionales en esta materia.
La creciente vinculación entre migración, seguridad, economía y fronteras a nivel mundial es una realidad que está y estará presente en nuestras relaciones con los países vecinos; en consecuencia, es necesario considerar estos tres elementos al momento de formular políticas en materia migratoria.
México está comprometido a combatir el tráfico de personas en todas sus modalidades así como las actividades criminales asociadas, a velar por la integridad y seguridad de las personas y a estrechar la cooperación en la materia con los gobiernos de los países vecinos.
Los procesos migratorios que prevalecen en México se articulan regionalmente -en particular con Centroamérica-, por lo que la política migratoria mexicana debe profundizar su enfoque regional.
Recomendaciones sobre los compromisos que México debe asumir
Entre las recomendaciones surgidas en el grupo para actualizar la política migratoria mexicana destacan las siguientes:
Impulsar el desarrollo económico y social de nuestro país que permita, entre otros efectos positivos, que su población cuente con mayores incentivos para permanecer en México.
Evaluar y actualizar la actual política migratoria del Estado mexicano, así como su marco legal y normativo, ante las nuevas realidades regionales e internacionales en materia de inmigración, trasmigración y emigración, con un horizonte de quince a veinte años.
En la medida en que existan en el país receptor visas suficientes y oportunas para cubrir al mayor número posible de trabajadores y sus familias que hasta ahora cruzan la frontera sin documentos debido a la imposibilidad de conseguirlos, México debe asumir la responsabilidad de velar porque todo aquel que decida salir del territorio nacional lo haga por canales legales.
Fortalecer el combate a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y el uso de documentos falsos, así como las políticas y el marco legal y normativo para la prevención y persecución del delito de trata de seres humanos, especialmente mujeres, niñas y niños, y la protección a las víctimas de ese delito en un marco de cooperación internacional.
Propiciar el retorno y reinserción adecuada de los migrantes y sus familias a territorio nacional.
Adecuar la política migratoria hacia los países vecinos del sur en concordancia con sus características, que brinde seguridad a la frontera y facilite un flujo legal, seguro y ordenado de personas, bajo los principios de responsabilidad compartida y de respeto a los derechos humanos.
Fortalecer el orden y la seguridad en las fronteras norte y sur de México, atendiendo al desarrollo regional fronterizo.
Fortalecer la cooperación con Estados Unidos y Canadá en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, así como con los foros y mecanismos para el tratamiento regional del fenómeno como es el caso de la Conferencia Regional sobre Migración y la Cumbre Iberoamericana.
Revisar y, en su caso, modificar el marco jurídico e institucional a efecto de responder adecuadamente a las condiciones actuales y previsibles del fenómeno migratorio, para lo cual seria necesario un mecanismo de colaboración interinstitucional ex profeso.
Generar mecanismos de trabajo permanentes entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y la participación del sector académico y la sociedad civil, que permitan desarrollar y cumplir la agenda migratoria mexicana.
Elementos a considerar ante una eventual reforma migratoria en Estados Unidos
México no promueve la migración indocumentada y desea contribuir a encontrar soluciones que permitan enfrentar de mejor forma el fenómeno migratorio. Por lo anterior, el grupo consideró relevante hacer explícitos algunos planteamientos relativos a la posición que conviene adoptar a nuestro país ante una eventual reforma migratoria en Estados Unidos:
Reconociendo el derecho soberano de toda nación a regular la entrada y condiciones de estancia de extranjeros en su territorio, es indispensable que se otorgue una solución a la población indocumentada que reside en Estados Unidos, y que contribuye al desarrollo de ese país, que le permita integrarse plenamente a las comunidades donde radican, con los derechos y obligaciones que ello implica.
Apoyar un esquema de trabajadores temporales con el mayor alcance posible, e insistir en que éste sea parte de un proceso más amplio que incluya la atención a la situación de los mexicanos indocumentados ya establecidos en Estados Unidos.
Para que un programa de trabajadores temporales sea viable, es necesaria la participación del Gobierno de México en su diseño, administración, supervisión y evaluación, bajo el principio de responsabilidad compartida.
México y Estados Unidos podrán combatir de manera más efectiva a las organizaciones de tráfico ilícito y trata de migrantes, el uso de documentos falsos y, en general, la violencia e inseguridad que hoy prevalecen en la frontera común estableciendo un esquema que permita canalizar legalmente la mayoría de los flujos temporales. México estaría, a su vez, en mejores condiciones de alentar a los potenciales migrantes a cumplir con las reglas establecidas y de adoptar medidas orientadas a reducir la migración indocumentada.
México deberá concluir los estudios iniciados para la implementación de tareas que coadyuven a la eventual instrumentación de un programa de trabajadores temporales a fin de ordenar la oferta de los posibles participantes, establecer mecanismos auxiliares de certificación, así como monitorear y evaluar su desarrollo.
México reconoce que uno de los aspectos cruciales del éxito de un programa de trabajadores temporales es la capacidad de garantizar el flujo circular de estos trabajadores y desarrollar una serie de incentivos para que los emigrantes regresen a nuestro país. Se podrían fortalecer significativamente los programas de vivienda dirigidos a que los migrantes construyan casas en sus comunidades de origen con fondos que pagan, con tasas preferenciales, mientras residen en el extranjero.
Otros mecanismos que se debe fomentar son el establecimiento de un seguro médico binacional que ampliaría el acceso de los migrantes y de sus familias al cuidado de la salud, así como el acuerdo de totalización de beneficios del seguro social que permitiría a los trabajadores que cotizan en Estados Unidos cobrar sus pensiones en México.
México estaría también en posibilidad de fortalecer los programas de las Secretarías de Desarrollo Social, y del Trabajo, a fin de establecer condiciones sociales y laborales que incentiven y faciliten el retorno y reinserción de sus connacionales a sus lugares de origen.
Este grupo de trabajo buscará mantenerse como un espacio permanente de reflexión, debate y construcción de políticas públicas para la atención del fenómeno migratorio.
Jaime Domingo López y Gustavo Mohar participaron en las reuniones, en calidad de subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Segob, y de representante de STRUCTURA, respectivamente. Dichos funcionarios desempeñan hoy otras responsabilidades.
Que los diputados tienen el derecho de presentar iniciativa de propuesta de acuerdo, conforme a lo establecido en los artículos 10, fracción I, y 118, de la Ley Orgánica, y de Procedimientos del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo.
Que en el mundo contemporáneo hay más de 180 millones de migrantes internacionales, cifra que continuará creciendo en las próximas décadas, según los estudios realizados por especialistas en la materia e instituciones como las Naciones Unidas.
Que por más de un siglo el fenómeno de la migración internacional ha sido una constante en la historia de nuestro país, convirtiendo a México en una nación de migrantes por excelencia; es por esta razón que según las últimas estimaciones del Consejo Nacional de Población, actualmente hay más de 10 millones de mexicanos por nacimiento que radican en los Estados Unidos de Norteamérica.
Que al presente, los mexicanos constituyen el principal grupo nacional de inmigrantes en los Estados Unidos, lo cual representa el 3.6 por ciento de la población general de ese país y alrededor del 29 por ciento de la población inmigrante.
Que ante estos índices migratorios, la relación México-Estados Unidos es una de las más dinámicas y complejas del mundo, reflejándose en el gran número de personas, bienes, y capitales que cruzan a diario la frontera entre ambas naciones, y por ende conllevan una serie de retos y problemas que deben resolverse con una adecuada política migratoria en ambos lados de la frontera a fin de encauzar las necesidades y demandas de nuestros migrantes.
Que esto es ya una postura en la que los gobiernos mexicanos y norteamericanos han concordado en los atisbos del presente siglo XX, al declarar la necesidad de una reforma migratoria integral, puesto que la demanda actual y futura de los migrantes no se refleja adecuadamente en las políticas existentes.
Que con fecha 7 de marzo de 2006 en un comunicado a la opinión pública el senador Enrique Jackson Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva del Senado, señaló que para el Congreso de la Unión ha sido un primer paso histórico adoptar el documento "México frente al fenómeno migratorio", a fin de lograr una plataforma común ante la eventual aprobación de una legislación en Estados Unidos que definirá el futuro de millones de nuestros connacionales. De esta manera, hizo énfasis en que esta propuesta es una muestra real, y contundente de lo que ha sido el esfuerzo llevado a cabo en el seno de un grupo plural y multidisciplinario, que por consenso ha gestado el trazo de las directrices básicas de la migración mexicana como política pública.
Que de esta manera, la propuesta se dio a conocer en la XLV Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos llevada a cabo del 2 al 4 de marzo del año en curso, en donde el senador republicano Jim Kolbe, Presidente de la delegación norteamericana, externo el valor de la propuesta y su contribución a este nodal debate.
Que en esta reunión interparlamentaria, la delegación norteamericana puntualizó que en lo concerniente a la reforma migratoria de su país, esta debe centrarse en cuatro aspectos fundamentales: primero, en que la seguridad fronteriza se debe fortalecer con el control de las fronteras, a partir de mayor vigilancia, nuevas tecnologías y la cooperación bilateral; segundo, en su seguridad interna se debe trabajar para que los empleadores conozcan de manera confiable la situación migratoria de sus trabajadores; tercero, en la administración del flujo migratorio se debe instrumentar un programa de trabajadores temporales que responda a la demanda del mercado; y cuarto, respecto a los inmigrantes indocumentados radicados en los Estados Unidos se debe encontrar una fórmula para que esa comunidad regularice su situación migratoria.
Que en febrero de la presente anualidad la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero, elaboró un documento en el cual propone un proyecto para debatir y elaborar una agenda migrante o trasnacional. Plan que esboza los principales objetivos, principios y procedimiento para incorporar al fenómeno migratorio y sus retos a la agenda de políticas de Estado.
Que los objetivos de esta propuesta se enmarcan en refrendar el carácter de nuestros migrantes radicados en el extranjero, del reconocer el papel que desempeñan los mismos en las relaciones internacionales, y que en consecuencia de como se deben adecuar las leyes e instituciones en pro al respeto de sus derechos humanos, civiles, laborales y políticos aquí y al otro lado de la frontera.
Que la agenda trasnacional de nuestro país debe erigirse en una serie de principios integrales que den contenido y significación a la comunidad migrante mexicana a través de esta política migratoria que se encontrara condicionada pero no determinada por los distintos actores internacionales, entendiendo a la migración como una característica ineludible de nuestra realidad que debe encauzarse en el respeto pleno de los derechos y deberes de los migrantes.
Que teniendo en cuenta los objetivos y principios aludidos de tales propuestas, el procedimiento para incorporar al fenómeno migratorio a las políticas públicas de Estado debe verse reflejado en la adecuación de leyes, instituciones y programas gubernamentales en donde deben ser copartícipes el Ejecutivo federal y el H. Congreso de la Unión en ejercicio de sus facultades, así como de los distintos niveles de gobierno, sectores sociales y de la comunidad transnacional mexicana.
Que de igual manera los días 22 y 23 de marzo de 2006 se llevó a cabo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, el foro "Migración el problema es de todos", donde los asistentes externaron su apoyo al documento "México frente al fenómeno migratorio". Entre los puntos resolutivos de este foro, se acordó: actualizar la política migratoria mexicana interna y externa dentro del contexto jurídico; desarrollar proyectos que reactiven las economías de las comunidades de origen de los migrantes; crear oficinas de atención al migrante en los municipios de Michoacán; todo esto en coparticipación de los tres niveles de gobierno.
Que, la posibilidad de una reforma migratoria en los Estados Unidos comienza a gestarse ya que el pasado 27 de marzo de 2006 el Comité Judicial del Senado Norteamericano aprobó un proyecto de ley en materia migratoria, la cual expone la seguridad fronteriza, un programa de trabajadores temporales, de trabajadores agrícolas, regularización de indocumentados, y la protección de asistencia humanitaria a indocumentados entre otras enmiendas.
Que tal suceso no puede explicarse sin el impacto social y político que han tenido las movilizaciones masivas de inmigrantes en el vecino país del norte, quienes se han dado a la tarea de exigir al gobierno estadounidense políticas migratorias justas y realistas.
Que el papel de inmigrantes mexicanos y michoacanos en este nuevo movimiento de derechos civiles ha sido fundamental, destacando la participación de dirigentes de clubes y federaciones de michoacanos en las actividades realizadas en Chicago, Las Vegas, Los Ángeles, por mencionar sólo algunos casos.
Que las demandas de nuestros migrantes ante las autoridades de Estados Unidos representan la contraparte de lo que desde hace muchos años ellos mismos le han exigido a las autoridades mexicanas, subrayando que nuestra responsabilidad ante ellos es todavía mayor, puesto que se trata de ciudadanos mexicanos.
Que nuestros migrantes han demostrado en repetidas ocasiones su voluntad y capacidad para ofrecer propuestas concretas y viables en política migratoria, por lo que merecen ser tomados en cuenta e incorporados a la discusión nacional sobre una política migratoria nacional y estatal.
Que la consolidación de una política migratoria nacional no únicamente debe darse dentro del marco federal, sino también debe extenderse a nivel estatal para que las entidades federativas con mayor flujo y tradición migratoria fijen sus posturas para y con sus migrantes, sus familias y sus comunidades de origen.
Que en el caso de nuestra entidad federativa se tiene un particular interés en el desenlace de las relaciones bilaterales así como de la posibilidad de fijar una postura migratoria a nivel local en razón del gran número de michoacanos que radican en el extranjero. Según las últimas estimaciones hay 2.5 millones de michoacanos radicados en los Estados Unidos, de acuerdo a datos de la Coordinación General para la Atención al Migrante Michoacano. Por su parte, el Consejo Nacional de Población señala que la comunidad migrante michoacana alcanza un 8.0 por ciento del flujo migratorio de mexicanos a Estados Unidos, lo cual resalta todavía más la necesidad de realizar las reformas legislativas correspondientes que fortalezcan los importantes logros alcanzados en nuestro estado hasta la fecha y garanticen una atención institucional adecuada, constante, e integral.
Que por estas consideraciones, las bondades de desarrollar una política migratoria de Estado abarcan por lo menos dos dimensiones: la primera, referente a las negociaciones bilaterales en materia con los Estados Unidos o con cualquier otro país; y, la segunda, respecto a la política domestica que debe existir para atender a migrantes, sus familias y comunidades.
Que la creación de una política migratoria de Estado fortalecerá nuestra democracia al atender un asunto de suma importancia y al integrar a un numeroso y creciente sector de nuestra comunidad nacional.
Por las consideraciones expuestas y con apoyo en los artículos 10, fracción I, y 118, de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, los diputados integrantes de la Septuagésima Legislatura del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, la siguiente propuesta de:
Acuerdo
Primero.- Que la LXX Legislatura del H. Congreso de Michoacán de Ocampo comparte y manifiesta su beneplácito a la Cámara de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión, al respaldar legislativamente la propuesta de "México frente al fenómeno migratorio" con los puntos de acuerdo presentados en fecha 16 de febrero de 2006.
Segundo.- Se exhorta a que el Poder Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados y de Senadores del H. Congreso de la Unión sigan impulsando y dando seguimiento a los trabajos conducentes al desarrollo de un proceso de diálogo nacional sobre una política migratoria de Estado, la cual debe definir claramente nuestros intereses nacionales al respecto, buscar atender las necesidades y derechos de nuestros migrantes, y establecer una respuesta realista e integral al fenómeno de la migración internacional. El proceso de dialogo debe incluir a los mexicanos radicados en el extranjero, algo que no sucedió en la elaboración del documento "México frente al fenómeno migratorio".
Tercero.- Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que en ejercicio de sus facultades constitucionales y dentro del marco legal de nuestro país, continúe el diálogo con el gobierno norteamericano para promover la colaboración bilateral en torno al tema migratorio e impulsar los intereses y derechos de los connacionales radicados en los Estados Unidos.
Cuarto.- La LXX Legislatura del H. Congreso del estado de Michoacán de Ocampo se manifiesta a favor de que las legislaturas estatales de nuestro país participen activamente en el diálogo nacional sobre una política migratoria de Estado y que aquellas legislaturas de los estados con tradición migratoria significativa desarrollen leyes estatales propias para abordar de manera integral el fenómeno migratorio y atender de manera adecuada a la población migrante. Dichos procesos legislativos deben tomar en cuenta la participación de los migrantes.
Quinto.- La LXX Legislatura del H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo convoca a las legislaturas estatales del país, a los poderes ejecutivos estatales, a expertos en la materia, y a representantes migrantes a una conferencia nacional sobre políticas migratorias estatales, evento a realizarse en la Ciudad de Morelia en la segunda mitad del año en curso con el fin de contribuir al diálogo nacional sobre migración y para impulsar el trabajo que las legislaturas estatales realizan al respecto. Se le asigna a la Comisión de Asuntos Migratorios la responsabilidad de coordinar dicho evento.
Palacio del Poder Legislativo a los 6 días del mes de abril de 2006.
Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"
Diputados: Jesús Martínez Saldaña (rúbrica), María Cruz Campos Díaz (rúbrica), José Hugo Ángel Olvera (rúbrica), Gustavo Arias Garduño (rúbrica), María Lucila Arteaga Garibay (rúbrica), Minerva Bautista Gómez (rúbrica), María Isabel Calderón Ramírez (rúbrica), Manuel Duarte Ramírez (rúbrica), Citlalli Fernández González (rúbrica), Baltazar Gaona Sánchez (rúbrica), Jorge Adolfo Reza Maqueo (rúbrica), Martín Godoy Sánchez (rúbrica), Genaro Guízar Valencia (rúbrica), Uriel López Paredes (rúbrica), Verónica García Reyes (rúbrica), Emiliano Velásquez Esquivel (rúbrica), Guadalupe Juan Carlos Corona Suazo (rúbrica).
(Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores. Mayo 9 de 2006.)
DEL CONGRESO DE PUEBLA
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Presente
Por medio del presente me permito enviar acuerdo aprobado en sesión de la Comisión Permanente de la Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, celebrada con esta fecha; por virtud del cual se emite un pronunciamiento de adhesión a la protesta de condena y rechazo a los actos de racismo, xenofobia y formas semejantes de intolerancia contra los migrantes, que se llevará a cabo en Estados Unidos de América por migrantes mexicanos y en general de habla hispana, el día primero de mayo del año en curso.
Lo anterior para su conocimiento y efectos procedentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 27 de abril de 2006.
Dip. Miguel Ángel Cevallos López (rúbrica)
Presidente de la Mesa Directiva
El honorable Quincuagésimo Sexto Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla
Considerando
Que en sesión de la Comisión Permanente de esta fecha, vuestra soberanía tuvo a bien aprobar el acuerdo presentado por la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales de esta Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se emite un pronunciamiento de adhesión a la protesta de condena y rechazo a los actos de racismo, xenofobia y formas semejantes de intolerancia contra los migrantes, que se llevará a cabo en Estados Unidos de América por migrantes mexicanos y en general de habla hispana, el día primero de mayo del año en curso.
Que la fobia es un temor irracional y persistente hacia un objeto cualquiera. La xenofobia se basa en los prejuicios históricos, lingüísticos, religiosos, culturales, e incluso nacionales, para justificar la separación total y obligatoria entre diferentes grupos étnicos, con el fin de no perder la identidad propia. Combinando estos prejuicios con el poder económico, social y político la xenofobia de la mayoría, rechaza y excluye a los extranjeros migrantes, en la medida que ven en ellos un competidor por los recursos existenciales.
Que en nuestros días existen brotes de xenofobia en Europa, Estados Unidos de América y en Japón. La explicación de la existencia de esta fobia radica en problemas o cuestiones de índole económica, los extranjeros aparecen como competidores desleales en la procura de trabajo y permiten que empleadores inescrupulosos los utilicen para disminuir sus costos.
Que mucho se ha escrito acerca de las ventajas y las desventajas de las migraciones internacionales. Quienes están en contra señalan que la presencia de mano de obra extranjera barata es en definitiva un perjuicio económico pues retrasa la modernización, crea problemas sociales de todo tipo como delincuencia y violencia urbana principalmente, y deterioran las estructuras demográficas ya que los migrantes son primordialmente hombres y mujeres jóvenes; agregan que los países de emigración también se perjudican pues pierden sus trabajadores más activos. En cambio, quienes están a favor argumentan que las migraciones internacionales equilibran el mercado mundial del trabajo y en algunos casos permiten la sobrevivencia de quienes no migran.
La migración es la válvula de escape para los pueblos pobres y es difícil prever una finalización de esos desplazamientos en plazo breve e incluso es posible que aumenten progresivamente. Un ejemplo característico es el caso correspondiente a los Estados Unidos de Norteamérica.
Que las políticas antiinmigrantes están condenadas a fracasar porque nunca atajarán a éstos, pero, en cambio, tienen el efecto perverso de socavar las instituciones democráticas del país que las aplica y de dar una apariencia de legitimidad a la xenofobia y el racismo, abriéndole las puertas de la ciudad al autoritarismo.
Los inmigrantes no pueden ser atajados con medidas policiales por una razón muy simple: porque en los países a los que ellos acuden hay incentivos más poderosos que los obstáculos que tratan de disuadirlos de venir. En otras palabras, porque hay allí trabajo para ellos.
Es totalmente inútil gastarse los recursos de los contribuyentes diseñando programas, cada vez más costosos, para impermeabilizar las fronteras, porque no hay un solo caso exitoso que pruebe la eficacia de esta política represiva. La inmigración se reducirá cuando los países que la atraen dejen de ser atractivos o cuando los países que la generan ofrezcan trabajo y oportunidades de mejora a sus ciudadanos.
Que para la resolución de los problemas de los inmigrantes es necesario dar prioridad al trato social de los mismos y no policial y administrativo, con políticas destinadas a la integración de los mismos centros de una sociedad plural y no tender a la exclusión o aceptación solo parcial.
Que desarrollando actitudes, conocimientos y conductas de superación del pensamiento absolutista y distorsionado, el desarrollo de la capacidad de adopción de perspectivas, la empatía o la filosofía de los derechos humanos, es como se puede evitar el racismo hacia los migrantes y no con políticas de represión y denigración de las personas.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57 fracción II, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17, fracción XI, 43 párrafo segundo y 69, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Puebla; 24, fracción X, y 130 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, se emite el siguiente
Acuerdo
Primero.- Esta soberanía emite un pronunciamiento de adhesión a la protesta de condena y rechazo a los actos de racismo, xenofobia y formas semejantes de intolerancia contra los migrantes, que se llevará a cabo en Estados Unidos de América por migrantes mexicanos y en general de habla hispana, el día primero de mayo del año en curso.
Segundo.- Se envía el presente a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión para su conocimiento y efectos procedentes.
Dado en la sede del Palacio Legislativo, en la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil seis.
Dip. Miguel Ángel Ceballos López (rúbrica)
Presidente
Dip. José Gaudencio Víctor León Castañeda (rúbrica)
Secretario
(Turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores. Mayo 9 de 2006.)
DEL CONGRESO DE QUERÉTARO
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 7 de abril de 2006.
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
México, DF.
Presente
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracciones V, y XII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Querétaro, en sesión del Pleno de la Legislatura celebrada el 30 de marzo de 2006, se aprobó el acuerdo por el que esta Legislatura manifiesta su desacuerdo con la iniciativa de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el senador Joel Ayala Almeida, remitiéndoles un ejemplar para su conocimiento, con el objeto de que se adhieran al presente acuerdo y expresen de igual forma su inconformidad.
Sin otro particular, le reiteramos nuestro respeto institucional.
Atentamente
LVI Legislatura del estado de Querétaro
Dip. Blanca Estela Mancera Gutiérrez (rúbrica)
Presidenta de la Mesa Directiva
La Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 40, y 41, fracciones XXXIV y XXXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, y
Considerando
2. Que la iniciativa en comento no representa un avance para atender los problemas más graves de la seguridad social, como lo es la incapacidad de los institutos para extender la cobertura de la seguridad social a la mitad de la población que carece de ella, de igual forma no plantea alternativas para la regulación de regímenes especiales de privilegio como son el de la banda de desarrollo, las pensiones a los expresidentes de la República y las del Poder Judicial de la Federación.
3. Que resulta ineficiente ya que no prevé la construcción de esquemas dignos de protección en salud e ingresos en la vejez, sino que sigue las propuestas de mínimos que se han implementado (en servicios médicos y pensiones), así como en lo inmediato, alienta la certidumbre de los trabajadores y genera las condiciones para la jubilación masiva de los casi 300 mil que ya tienen derecho.
4. Que la iniciativa de mérito representa un importante retroceso, ya que traslada a los trabajadores el costo de la reforma del Instituto (vía incremento de cuotas y baja de beneficios) endureciendo, además, los requisitos de hijos y ascendientes, cancelando de igual forma derechos de jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios e indemnización global, obedeciendo con ellos a beneficios menores a los actuales.
5. Que los principios de equilibrio financiero, apertura, portabilidad e individualización que la caracterizan, son contrarios a los de solidaridad, equidad, universalidad y justicia que dieron origen a los institutos de seguridad social, además de que con ellos no se garantiza una mayor o mejor eficiencia.
6. Que con la iniciativa en comento, se exime al Estado de su responsabilidad frente a la seguridad social, como patrón y como garante de los derechos sociales; sólo se compromete con otorgar mínimos derechos sociales.
7. Que la iniciativa antes mencionada, está abriendo la puerta para que el mercado capitalice las ganancias del sistema, mientras los trabajadores pagan el costo, la pérdida de derechos y la baja de beneficios, afectando de manera muy significante a más del 60 por ciento de los trabajadores que actualmente se encuentran dentro de este régimen de seguridad social.
8. Que en conclusión, consideramos que la iniciativa de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada ante la Cámara de Senadores, es una iniciativa unilateral, que afecta gravemente a los trabajadores y que es tendiente a la privatización de la seguridad social, que por mandando Constitucional le corresponde al Gobierno Federal.
Acuerdo por el que esta Legislatura manifiesta su desacuerdo con la iniciativa de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado presentada por el senador Joel Ayala Almeida
Artículo Único.- Esta Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Querétaro manifiesta su desacuerdo con la iniciativa de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado propuesta por el senador Joel Ayala Almeida, por considerar que afecta a los trabajadores.
Transitorios
Primero.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la LIV Legislatura del estado de Querétaro.
Segundo.- Remítase el presente acuerdo al senador Joel Ayala Almeida para manifestarle, de manera respetuosa pero enérgica, la inconformidad que existe por parte de los integrantes de esta Legislatura respecto a su propuesta de iniciativa de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y con ello la privatización de la seguridad social.
Tercero.- Remítase el presente acuerdo a la Cámara de Senadores donde respetuosamente se haga de su conocimiento la inconformidad de los integrantes de este Poder Legislativo, respecto a la iniciativa de ley.
Cuarto.- Remítase el presente acuerdo a la Cámara de Diputados, con el objeto de que se adhieran al presente acuerdo legislativo y expresen de igual forma su inconformidad.
Quinto.- Remítase el presente acuerdo a cada uno de los Poderes Legislativos de los estados en el país con el objeto de que se adhieran al presente acuerdo legislativo y expresen de igual forma su inconformidad.
Sexto.- Publíquese en el Periódico Oficial de Gobierno del estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga".
Lo tendrá entendido el ciudadano gobernador Constitucional del estado de Querétaro y mandará se imprima y publique.
Dado en el salón de sesiones Constituyentes de 1916-1917, recinto oficial del Poder Legislativo del estado, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil seis.
Atentamente
LVI Legislatura del estado de Querétaro.
Dip. María Sandra Ugalde Basuldúa (rúbrica)
Presidenta de la Comisión Permanente
Dip. José Luis Aguilera Rico (rúbrica)
Segundo Secretario
DEL CONGRESO DE SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí, SLP, a 19 de abril 2006.
CC. Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Presentes
Los Congresos de los estados de Tamaulipas, y de Baja California Sur solicitaron, el primero, adhesión a exhorto al Gobierno Federal para que el ISSSTE mantenga el actual régimen jurídico; y el segundo, para que se respalde el rechazo a la reforma o la creación de otra Ley del ISSSTE; y turnados que fueron a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, ésta presentó punto de acuerdo, que se aprobó en sesión ordinaria celebrada el día de la fecha, mediante el que esta soberanía se pronuncia porque el honorable Congreso de la Unión estudie y valore legislar en materia de seguridad social, particularmente por lo que se refiere al régimen de pensiones de trabajadores al servicio del Estado, con programas financiados con los presupuestos del estado y con carácter gratuito.
En dicho tenor, se adjunta el documento en comento, para su conocimiento y efectos que procedan.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Pedro Carlos Colunga González (rúbrica)
Primer Secretario
Dip. Pascual Martínez Martínez (rúbrica)
Segundo Secretario
CC. Diputados Secretarios del Honorable Congreso de la Unión
Presentes
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social nos fue turnado el oficio número HCE/SG/AT-0169, con fecha 23 de febrero del año dos mil seis, expedido por el honorable Congreso del estado de Tamaulipas, mediante el que se exhorta al Gobierno Federal a efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado mantenga su régimen jurídico y continúe con el estado actual de la seguridad social con carácter de solidario y colectivo, particularmente por lo que se refiere al régimen de pensiones y jubilaciones, rechazando enérgicamente el sistema de cuentas individuales y buscando el consenso con los actores involucrados sobre los acuerdos de largo plazo que permitan a los trabajadores del Estado que cotizan para este Instituto proveer para la jubilación los medios para un retiro en condiciones dignas de equidad y justicia social, a los pensionados y jubilados mejorarles gradualmente sus percepciones y a los derechohabientes los servicios y las prestaciones de calidad que requieren.
En el mismo sentido y con fecha 15 de marzo del año dos mil seis, se turna a esta Comisión la iniciativa de acuerdo económico presentada por el honorable Congreso del estado de Baja California Sur en la que solicita a esta LVII Legislatura la adhesión contra la reforma o creación de otra Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el senador Joel Ayala Almeida.
Definida la seguridad social como "la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos".
Por ello y en congruencia con las garantías de seguridad social consagradas en el artículo 123, coincidentes con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, en la cual México, como parte integrante, se compromete a respetar los principios y las categorías la libertad de asociación, y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Así pues, no ha de ser de otra manera que el Estado, a través de sus poderes y en el ámbito de sus competencias, ha de ejecutar políticas sociales que aseguren el bienestar de sus ciudadanos en temas como el de la salud, la educación, el subsidio del desempleo, los planes de pensiones y jubilaciones.
Por ello, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa para su aprobación el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Esta Quincuagésima Séptima Legislatura se pronuncia porque el honorable Congreso de la Unión lleve a cabo estudios tendentes a valorar la viabilidad de legislar en el rubro de pensiones, observando políticas públicas que garanticen la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado.
Con programas que se habrán de financiar con los presupuestos del Estado y que han de tener carácter gratuito luego que son sufragados por las imposiciones fiscales que él mismo grava a los propios ciudadanos, generando de esa manera un proceso de redistribución de la riqueza, ya que primeramente son las clases inferiores de la sociedad las que más se han de beneficiar por una cobertura social que no podrían alcanzar con sus propios ingresos.
Y actuando con sensibilidad social, sin retroceder en los logros obtenidos en beneficio de los trabajadores que tantas luchas y vidas a costado.
Segundo. Notifíquese la medida a los honorables Congresos de los estados de Tamaulipas, y de Baja California Sur, para los efectos del caso.
Dado en la Sala de Comisiones del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil seis.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social
Diputados: Gloria María Rosillo Izquierdo (rúbrica), Presidenta; Mauricio Leyva Ortiz (rúbrica), vicepresidente; Liliana Carvajal Méndez (rúbrica), secretaria; Galdino Martínez Méndez, vocal.
(Remitida a las Comisiones de Trabajo y Previsión Socia, y de Seguridad Social. Mayo 8 de 2006.)
