Programas
DE LA COMISIÓN DE PESCA, DE TRABAJO, REFERENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO, OCTUBRE DE 2003-SEPTIEMBRE DE 2004
La pesca y la acuacultura en México
Hablar de la pesca en México es referirse a un sector complejo, heterogéneo, en el cual participan desde pescadores en extrema pobreza, que practican su actividad en condiciones adversas y cuya actividad es de autoconsumo, hasta grandes inversionistas, que han comprometido sus capitales en modernas embarcaciones equipadas con todos los adelantos tecnológicos.
La pesca en México la constituyen una serie de actividades basadas en el aprovechamiento de los recursos bióticos de mares, lagos, presas y, en general, de los cuerpos de agua con los que cuenta el país, tanto en su fase extractiva o de cultivo de estos recursos, como en su procesamiento y comercialización.
En el plano económico, la actividad en su fase primaria aporta alrededor del 1% del producto interno bruto nacional, para lo cual emplea de manera directa a más de 260 mil personas. En cuanto a las fases secundaria y terciaria, no se dispone de datos exactos, pero se estima en más de 2 millones el número de empleos indirectos, principalmente en la industria de productos enlatados, de harina de pescado, de ahumado, entre otras, y del comercio. De tal manera que es importante destacar que la actividad pesquera contribuye de manera importante al crecimiento económico y al desarrollo regional del país, sin olvidar que aporta a la población alimentos de bajo costo pero ricos en proteína de primera calidad, es factor de arraigo y de desarrollo rural.
Pese a la importancia del sector pesquero, a lo extenso de los litorales y a la existencia de más de dos millones novecientas mil hectáreas de aguas interiores, el sector pesquero sufre de grandes carencias y múltiples problemas, varias de sus pesquerías se encuentran explotadas a su máximo rendimiento y otras están sobreexplotadas.
Actualmente la Ley de Pesca vigente ha quedado rezagada en el nuevo paradigma del desarrollo sustentable; ha sido incapaz de propiciar un marco normativo que detenga el deterioro de la actividad, de sus recursos y que al mismo tiempo provea de herramientas al sector para el aprovechamiento racional y sustentable de los mismos, sin olvidar que la sustentabilidad no tan sólo es la conservación de los recursos, sino también es elevar el nivel de vida de los que participan en el aprovechamiento del mismo.
Por ello, dentro de los trabajos de la Comisión de Pesca de esta soberanía se torna indispensable dotar al sector pesquero y acuícola de un nuevo marco jurídico que proteja tanto los recursos como las actividades económicas que ellos generan, bajo los principios de la sustentabilidad, de los cuales nuestro país ha sido incansable promotor en los diversos foros mundiales.
Contenido
El programa de trabajo de la Comisión de Pesca se sustenta en los preceptos vigentes en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Esta ley señala en su artículo 39, párrafo primero, que "las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales". El segundo párrafo del mismo artículo determina la existencia de comisiones ordinarias, que se mantienen de legislatura a legislatura.
Dentro de estas comisiones ordinarias se encuentra señalada, en la fracción XXIV del propio párrafo segundo, la Comisión de Pesca. El artículo 45, párrafo 6, fracción a), de la misma ley obliga a las comisiones a elaborar un programa anual de trabajo.
Por otra parte, la Ley Orgánica faculta a las comisiones a analizar y dictaminar sobre las iniciativas de su competencia, ya que dicho artículo expresa que las comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y el análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su competencia.
Objetivos generales
Consolidar, mejorar y ampliar el marco jurídico en la materia pesquera y acuícola.
Ejercer plenamente la función de control legislativo y de fiscalización de la acción gubernamental para dar seguimiento a los planes y programas del Poder Ejecutivo federal y el ejercicio eficiente y oportuno de los recursos presupuestales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el sector pesquero y acuícola.
Ser interlocutor ante las diversas instancias de gobierno para gestionar los apoyos institucionales necesarios para elevar la calidad de vida de los pescadores y acuacultores del país.
Objetivos específicos
1.- Dictaminar las iniciativas y puntos de acuerdo turnados a la Comisión de Pesca que se encuentran pendientes de dictamen de la LVIII Legislatura.
2.- Solicitar que se amplíe el turno acordado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la minuta de reforma al artículo 73, fracción XXIX-L de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la concurrencia de Federación, estados y municipios en materia de pesca y acuacultura.
Debe establecer de manera clara las bases para el ejercicio de las atribuciones que en materia de pesca y acuacultura corresponde a la federación, las entidades federativas y los municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en la fracción XXIX-L del artículo 73 constitucional.
Bajo el mismo orden de ideas, la ley debe establecer la forma en que participaran los estados y los municipios en la actividad pesquera y acuícola.
Fomente la actividad pesquera y acuícola, bajo los preceptos de la sustentabilidad.
En concordancia con el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley debe de reconocer los derechos de preferencia de los pueblos indígenas para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros que se encuentren en los lugares que habitan.
Que considere el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas como una de las condiciones esenciales para inducir la actividad económica a partir de un enfoque que permita asegurar para las futuras generaciones un mejor nivel de vida.
Que considere la pesca y acuacultura como asunto de seguridad nacional y como prioridad para el desarrollo nacional.
Delimite de manera clara las atribuciones del Ejecutivo federal en el marco de la coordinación interinstitucional.
Regule de manera clara a la actividad acuícola.
Promueva el acceso a los mercados internacionales de los productos pesqueros mexicanos, incorporando al cuerpo de la ley el tema de la sanidad, inocuidad y calidad.
Fortalezca la investigación y su vinculación con el sector, creando la red de instituciones de enseñanza e investigación.
Fortalezca el tema de la inspección y vigilancia pesquera.
Se transparente el procedimiento para el otorgamiento de concesiones y permisos, y el régimen de transferencia de los mismos.
Evite la discrecionalidad de la ley para su aplicación efectiva.
3.- En los términos de esa reforma constitucional, iniciar una amplia consulta popular con el sector pesquero y acuícola del país para la elaboración de una iniciativa de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, donde se incorporen la descentralización de la actividad y la participación de la sociedad en la definición de las políticas pesqueras.
4.- Participar en foros nacionales e internacionales que tengan por objeto recoger las propuestas y comentarios en materia legislativa que se orienten a fortalecer la pesca y la acuacultura.
5.- Realizar reuniones y talleres de trabajo con el sector pesquero nacional, funcionarios de gobiernos estatales y legisladores federales y locales para elaborar la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004 para el sector pesquero y acuícola, que permita fomentar la actividad, bajo criterios de sustentabilidad.
6.- Coadyuvar, en la esfera de competencia de la Comisión, con el marco del principio de la separación de poderes de nuestro régimen de gobierno, con los órganos del Ejecutivo encargados de la administración de la actividad pesquera y acuícola.
7.- Continuar actuando como parte fundamental de la tarea de gestión y organización del sector pesquero mexicano, cumpliendo con una tarea que ha sido soslayada en gran parte por las autoridades de los tres niveles de gobierno.
8.- Iniciar la elaboración de un diagnóstico general de la pesca, la acuacultura y la investigación en la materia en el país, el cual se integre en un libro que se edite por la Cámara de Diputados, el cual sirva además como base de la integración de la iniciativa de Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
9.- Iniciar el estudio y análisis de la creación de un fondo de reconversión pesquera del Golfo de México, el cual se incorpore dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004, mediante el cual se atiendan los graves problemas que enfrenta el sector pesquero de esa región, originadas por la ampliación de la zona de exclusión del Golfo de México, aprobado en el mes de octubre de 2003 por el Ejecutivo federal.
10.- Incorporar dentro de las propuestas del Presupuesto de Egresos de la Federación, dentro del Programa Especial Concurrente, la incorporación de subprogramas específicos que atiendan a fortalecer la infraestructura pesquera, la acuacultura rural, sanidad acuícola, apoyo a proyectos productivos, inspección y vigilancia, apoyo a combustibles, rescate a las carteras vencidas del sector, restauración de esteros y lagunas, sustitución de equipos y artes de pesca, apoyo al sector en caso de contingencias climatológicas, así como el fortalecimiento del programa Alianza para el Campo.
Estrategias
I. Elaborar dictámenes, informes, opiniones o resoluciones en materia de pesca o acuacultura cuando así lo solicite la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
II. Solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal, cuando se trate de un asunto sobre pesca o acuacultura, o se discuta una iniciativa de ley relativa a las materias que le corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables.
III. Analizar, fiscalizar y evaluar el informe de labores y los resultados de las dependencias del Ejecutivo federal que administran las actividades pesqueras y acuícolas del país.
IV. Solicitar ante el pleno de la Comisión, la comparecencia de los servidores públicos de las dependencias o entidades del Ejecutivo federal encargadas de los asuntos pesqueros y acuícolas.
V. Si de las conclusiones se desprenden situaciones que, por su trascendencia, requieran la presencia en la Cámara de Diputados del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación o de cualquier otro funcionario público, la Presidencia de esta Comisión solicitará al Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que el servidor público en cuestión comparezca ante el Pleno.
VI. Emitir opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con base en los informes que rindan el Poder Ejecutivo federal y las entidades fiscalizadas, a más tardar 60 días después de la recepción de los informes mencionados.
VII. Esta opinión tendrá por objeto hacer aportaciones a esa Comisión sobre aspectos presupuestales específicos en relación con el cumplimiento de los objetivos de los programas vinculados al desarrollo pesquero y acuícola, para que sean considerados en la Revisión de la Cuenta Pública.
VIII. Rendir un informe semestral de sus actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
IX. Resolver los asuntos que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política le turnen.
X. Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a la Comisión, en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
XI. Elaborar el programa de trabajo correspondiente a los tres años de la presente Legislatura.
XII. Realizar las actividades que se deriven de los acuerdos tomados por el Pleno de la H. Cámara de Diputados y los que sean generados en esta Comisión.
XIII. Sesionar cuando menos una vez al mes.
XIV. Organizar y mantener un archivo de todos los asuntos que le sean turnados, que deberá ser entregado a la Legislatura siguiente.
XV. Integrar grupos o subcomisiones de trabajo para temas específicos.
Líneas de Acción
La realización de cuando menos una reunión plenaria mensual, como marca el régimen jurídico que rige los trabajos de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Reuniones extraordinarias de la Mesa Directiva o del pleno de la Comisión, cuando las circunstancias así lo ameriten.
La conformación de las subcomisiones de trabajo, a fin de desahogar los asuntos legislativos de la Comisión de Pesca.
Fortalecer la tarea de comunicación con las dependencias del Ejecutivo federal que inciden en la actividad pesquera y acuícola del país, principalmente con la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura y el Instituto Nacional de la Pesca, con el propósito de proponer las acciones legislativas que mejoren el desarrollo de dichas actividades.
Integrarse a participar activamente en el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, órgano máximo de consulta nacional en la materia, con el propósito de plantear las propuestas necesarias para el mejoramiento de la actividad pesquera y acuícola.
Iniciar la tarea de enlace con las áreas responsables de la pesca y la acuacultura de los gobiernos de las entidades federativas, con el propósito de integrar una propuesta común de desarrollo para el sector pesquero y acuícola.
Establecer tareas de trabajo conjunto con la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado, así como con las comisiones correspondientes en los Congresos de las entidades federativas, para impulsar las propuestas legislativas que promueven el desarrollo pesquero y acuícola del país.
Realizar reuniones de trabajo en toda la República Mexicana con el sector pesquero y acuícola, para conocer directamente de los interesados sus necesidades inmediatas de la actividad, las cuales constituyan los ejes rectores de las tareas de la Comisión de Pesca.
Divulgar las tareas de la Comisión ante los sectores interesados de la sociedad, que permita acrecentar el interés por impulsar la solución de las grandes demandas del sector pesquero y acuícola.
Editar el libro intitulado La pesca y la acuacultura en México, con el propósito de que, a través de las aportaciones de quienes mejor conocen la pesca y la acuacultura, se conozca su realidad actual y las políticas públicas que se requieran en el corto, mediano y largo plazos para fortalecer la actividad.
Actualizar la página de Internet de la Comisión de Pesca, a fin de dar cumplimiento al artículo 3, numeral 2, del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados.
Dar seguimiento puntual al ejercicio presupuestal de la Conapesca, para proponer, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, las comunicaciones necesarias a la Sagarpa y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evitar el problema del subejercicio presupuestal que ha afectado en los dos últimos años a la actividad pesquera y acuícola.
Establecer una comunicación directa con el sector académico y de la investigación en la materia acuícola y pesquera, que permita fortalecer los resultados de la tarea que realizan.
Informes
DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, CUARTO DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL LAPSO JULIO-DICIEMBRE DE 2005
Reuniones: 13
7 reuniones de trabajo
4 reuniones de trabajo con subsecretarios
1 reunión de Mesa Directiva
1 reunión preparatoria para la Reunión Interparlamentaria México-Cuba
Reuniones de los grupos de trabajo: 5
Seguimiento a Asuntos Legislativos: 3
Mexicanos en el Exterior: 1
Fortalecimiento al Multilateralismo:
Seguridad Hemisférica:
Procesos de Integración: 1
Derechos Humanos:
Asuntos legislativos
Relación de asuntos dictaminados por la Comisión
12 de septiembre de 2005
Dictamen por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para que pueda ausentarse del territorio nacional del 13 al 15 de septiembre próximo, a fin de que participe en la 60ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, por celebrarse en la ciudad de Nueva York, EUA, del 14 al 16 de septiembre del año en curso.
22 de septiembre de 2005
Dictamen por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 28 al 30 de septiembre de 2005, a fin de que realice una visita de trabajo a las ciudades de Vancouver, provincia de Columbia Británica, y Calgary, provincia de Alberta, Canadá.
6 de octubre de 2005
Dictamen por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 12 al 18 de octubre de 2005, a fin de que realice una visita de trabajo a España, que comprende su participación en la XV Cumbre Iberoamericana, por celebrarse en Salamanca, así como una visita a las comunidades autónomas de Cantabria, Cataluña y Valencia.
27 de octubre de 2005
Dictamen por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 2 al 6 de noviembre de 2005, a fin de que realice una Visita de Estado a la República de Costa Rica, así como participar en la IV Cumbre de las Américas y en la XIX Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, ambas reuniones por realizarse en Mar del Plata, Argentina.
11 de noviembre de 2005
Dictamen por el que se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 16 al 19 de noviembre de este año, con el propósito de realizar una visita a la ciudad de Pusán, República de Corea, para participar en la XIII Reunión de líderes del Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico (APEC).
8 de diciembre de 2005
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a gestionar ante el Gobierno de Estados Unidos de América la reanudación del otorgamiento de visas humanitarias a los residentes de la frontera norte para recibir atención médica especializada en instituciones de salud de ese país.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que se solicita al Gobierno Federal que manifieste la preocupación por la aplicación de la Ley 200 al gobierno del estado de Arizona, en Estados Unidos de América.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que la Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a solicitar oficialmente al Gobierno de Austria y al Museo de Etnología de ese país devolver al nuestro el penacho de Moctezuma para ponerlo en custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que la Cámara de Diputados se congratula por la normalización del proceso de transición democrática en Ucrania y felicita al nuevo presidente ucraniano Víctor Yuschenko.
Puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que la Cámara de Diputados se congratula por la ratificación del Protocolo de Kyoto, por parte de la Federación de Rusia.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores en relación con la problemática de acceso al mercado de América del Norte.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que la Cámara de Diputados efectúa un reconocimiento al grupo G-8 por la puesta en práctica de modalidades generosas de justicia y seguridad social.
Punto de acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar eficientemente la repatriación de cadáveres de nuestros connacionales desde Estados Unidos de América.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que la Cámara de Diputados se pronuncia a favor de la condena ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas al bloqueo económico de Estados Unidos sobre Cuba.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que se celebra el triunfo de Mahmud Abbas en la jornada electoral en Palestina y se hacen votos para la reanudación del diálogo de ésta e Israel.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incorporar la noción de violencia feminicida.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores procure a las naciones involucradas para que ratifiquen el Protocolo de Kyoto en el marco de la ONU.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 19 y 20 de la Ley de Nacionalidad.
Punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que se desecha la iniciativa que propone al titular del Ejecutivo federal que inicie la renegociación del Título VII, Sector Agropecuario, del TLCAN.
14 de diciembre de 2005
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 2o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados.
Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a requerir formal e institucionalmente ante el Presidente de la República de Argentina, doctor Néstor Kirchner, la no extradición del luchador social de origen chileno Galvarino Sergio Apablaza Guerra, actualmente detenido por la Interpol en Argentina, y proponer su asilo en dicho país.
Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al H. Congreso de la Unión a apoyar las candidaturas de mexicanas y mexicanos distinguidos para encabezar organismos y acciones internacionales en mecanismos multilaterales globales.
Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para exhortar al órgano Ejecutivo federal a que tome las medidas necesarias para reabrir el caso de la Isla de la Pasión o Clipperton.
Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo por el que se envía un atento exhorto al Congreso de los Estados Unidos de América para que por su conducto le haga llegar al Gobierno del Presidente George W. Bush algunas consideraciones respecto a la oferta hecha por el Gobierno de Cuba para proporcionar apoyo médico a los ciudadanos damnificados por los huracanes Katrina y Rita en la zona de Nueva Orleáns.
Dictamen por el que no es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo para solicitar la solidaridad internacional en torno al desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Dictámenes aprobados por el pleno el 2 de febrero de 2006:
Acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer las gestiones pertinentes con las autoridades correspondientes de los cuarteles generales de la ONU para que el mural Fraternidad, del pintor mexicano Rufino Tamayo, reciba los cuidados necesarios.
Acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no aceptar propuestas de acuerdos bilaterales de inmunidad o acuerdos bilaterales semejantes al propuesto por el Gobierno de Estados Unidos para excluir a sus nacionales de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria del viernes 27 de enero de 2006.
Acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita al Presidente de la República que instruya a la representación de México ante la ONU para que en el próximo pleno de la Asamblea reconsidere el voto emitido el 18 de febrero de este año en el Comité de la Convención Internacional contra la Clonación de Seres Humanos con Fines Reproductivos.
Proyectos de dictamen de la CRE turnados en comisiones unidas, aún sin respuesta de la codictaminadora:
1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios por el que se desecha la iniciativa con proyecto de Ley sobre los Derechos de los Migrantes (iniciativa presentada por el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del GPPRI, en la LVIII Legislatura).
2. Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Puntos Constitucionales por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción XIX-L al artículo 73; y un segundo párrafo al artículo 133; se reforman la fracción I del artículo 76; la fracción X del artículo 89; y el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, se reforma el párrafo segundo de la fracción I, y la fracción IV del artículo 2; el primer párrafo del artículo 4; y el artículo 5 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, a fin de que el Congreso de la Unión apruebe los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo federal, y que dicha aprobación se haga mediante una votación calificada dada la jerarquía jurídica de los mismos (iniciativa presentada por el diputado Enrique Martínez Orta Flores, del GPPRI, en la LVIII Legislatura).
3. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto por el que se reforma el articulo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 2 y 7 de la Ley sobre Celebración de Tratados.
4. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias Por el que se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley sobre la Celebración de Tratados y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Economía sobre la defensa legal de las empresas mexicanas que exportan a Estados Unidos.
6. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a redoblar esfuerzos para la protección y debida atención de niños migrantes en los procesos de repatriación segura y ordenada en la frontera norte de México.
7. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Justicia y Derechos Humanos relativo al informe anual 2003 presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
8. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Justicia y Derechos Humanos por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a invitar oficialmente al relator especial sobre la Independencia de Magistrados, Jueces y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas.
9. Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de Asistencia Social, y la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en materia de migrantes repatriados enfermos.
10. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Economía por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Economía, para que en la celebración de una próxima reunión con sus homólogos de Estados Unidos de América y Canadá, se aborde el tema referente a la apertura en el año 2008 de la libre importación de maíz y frijol.
11. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Salud por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la República a instruir a la representación de México ante la Organización de las Naciones Unidas para que vote a favor del proyecto presentado por Bélgica, relativo a la clonación humana.
12. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Puntos Constitucionales, y de Gobernación, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 1°, 58 y 59 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
13. Acuerdo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Puntos Constitucionales por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Gestiones.- Casos
Repatriación de cadáveres
Naturalización
Asistencia Jurídica: 2
Ayuda e información: 2
Apostillamiento
Regularización de Situación Migratoria: 1
Nacionalización
Reuniones SRE.- 17
Eventos, conferencias y entrevistas.- 5
Visitas de embajadores y funcionarios del cuerpo diplomático.- 12
Recepciones de delegaciones de parlamentarios.- 8
Participación con universidades.- 10
Eventos destacados.- 31
6 de julio. Reunión con el señor Cristian Barros, viceministro de Relaciones Exteriores de Chile.
6 de julio. Presentación del libro Gobernar con calidad y para el desarrollo: experiencias de innovación en los municipios mexicanos. CIDE y la Fundación Ford.
13 de julio. Presentación del libro Las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas: lecciones para México. Coordinadora y autora: doctora María Cristina Rosas (Centro de Estudios Internacionales, UNAM).
14 y 15 de julio. Visita de la Mesa de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México del Parlamento Europeo a México, integrada por la señora Erika Mann, Presidenta de la Comisión, señor Jürgen Schröeder; señor Gkalavakis, vice de la delegación.
15 de julio. Reunión de la Mesa de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México del Parlamento Europeo con el Secretario de Relaciones Exteriores, doctor Luis Ernesto Derbez.
25 de julio. Participación como ponente en el Foro México-Argentina visión y perspectivas, en el tema "Retos de la democracia en América Latina", realizado por la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la SRE.
28 de julio. Participación en el Foro nacional por la defensa integral de los derechos humanos de las mujeres en situación de migración, realizado en Nogales Sonora.
5 y 6 de agosto. Participación en el Comité de Mujeres por la Democracia en Cuba, realizado en Buenos Aires, Argentina.
17 de agosto. Inauguración del Modelo de Naciones Unidas 2005 UNAM-FES Aragón Las iniciativas para reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, propuestas por el secretario general, Kofi Annan, y participación como ponente con el tema: "La participación de México en el Consejo de Seguridad de la ONU".
18-20 de agosto. Realización del Modelo de Naciones Unidas Parlamun 05, en la Cámara de Diputados.
31 de agosto. Invitada al evento: Reconocimiento a quienes hicieron posible el voto de los mexicanos en el exterior, encabezado por el Presidente de la República Mexicana, Vicente Fox.
9 de septiembre. Cena de Estado con el Presidente Vicente Fox, en honor del excelentísimo señor Roh Moo-hyun, Presidente de la República de Corea.
12 de septiembre. Cena de Estado que ofrece el Presidente Vicente Fox en honor del excelentísimo señor Hu Jintao, Presidente de la República Popular China.
14-17 de septiembre. Participación como integrante de la delegación oficial de México en el día Nacional de México en la Expo Aichi 2005, celebrada en Nagoya Japón.
21 de septiembre. Comparecencia del canciller Luis Ernesto Derbez Bautista.
26 de septiembre. Reunión con la señora Elaine L. Chao, secretaria del Trabajo de Estados Unidos.
4-7 de octubre. Participación en la Asamblea del Consejo de Europa, en Estrasburgo, Francia.
4 de octubre. Presentación del informe Estados Unidos y México: construyendo una asociación estratégica, reporte del grupo de estudio conjunto del Woodrow Wilson International Center for Scholars y el Comexi (Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales), organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores.
11 de octubre. Cena de Estado con el Presidente Vicente Fox y el excelentísimo señor Martín Torrijos Espino, Presidente de la República de Panamá.
20 de octubre. Participación de la Presidenta en la AMMEI en la mesa "Nuevos actores de la política exterior".
20 de octubre. Presentación del libro Las Naciones Unidas rumbo a sus 60 años de fundación: desafíos y perspectivas para el siglo XXI, en la AMMEI.
24 de octubre. Acto conmemorativo del 60° aniversario de la Organización de las Naciones Unidas, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
28 de octubre. Participación como ponente en el foro Perspectivas de la reforma de la ONU, en el marco del 60 aniversario de la ONU.
9 de noviembre. Foro de análisis Presente y futuro de la Constitución Europea, realizado por la Comisión de Relaciones Exteriores.
17-19 de noviembre. Interparlamentaria México-Cuba, realizada en Monterrey, Nuevo León.
17 de noviembre. Presentación del libro Canadá: política y gobierno en el siglo XXI, realizada por la Comisión de Relaciones Exteriores.
21 de noviembre. Seminario La política exterior de México y la escena internacional contemporánea, realizado por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el Instituto Matías Romero y el Senado de la Republica.
1-2 de diciembre. Gira con el Presidente Vicente Fox Quesada por el estado de Veracruz.
1 de diciembre. Cena de Estado con el Presidente Vicente Fox y el Presidente de Chile, Ricardo Lagos.
7 de diciembre. Brindis con el cuerpo diplomático acreditado en México.
6-9 de diciembre. Exposición legislativa, cultural gastronómica, artística, política y social El mundo árabe en la Cámara de Diputados.
12-13 de diciembre. Reunión de jefes de Estado y de gobierno de los países que forman parte del Sistema de Integración Centroamericana (Sica), Cancún, Quintana Roo.
DEL DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA VILLALOBOS, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SALUD, DE SU VISITA DE TRABAJO A VILLA HERMOSA, TABASCO, REALIZADA EL MARTES 14 Y EL MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DE 2006
Con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que establece los lineamientos para la realización de viajes de trabajo en territorio nacional, acordados por las comisiones y comités, publicado en la Gaceta Parlamentaria de 12 octubre de 2005, en el numero 1860, año VIII, se emite el siguiente informe de actividades del viaje realizado a Villa Hermosa, Tabasco, los días 14, 15 de febrero de 2006.
Con fecha 27 de octubre de 2005 la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, remitió oficio con número de folio 1408, el cual hace del conocimiento a esta Comisión de Salud la solicitud de la Asociación Autónoma de Líderes, AC, para que los diputados de esta Comisión de Salud acudan al estado de Tabasco a evaluar los daños a la salud causados por la paraestatal Pemex.
En la trigésima sexta reunión de la Mesa Directiva de la Comisión de Salud, celebrada el día 30 de noviembre de 2005, se emitió el acuerdo para acudir en febrero de 2006 a dicha entidad federativa y realizar, mediante una agenda de trabajo conjunta con las autoridades sanitarias estatales, una evaluación de la situación a que hace referencia la Asociación Autónoma de Líderes, AC.
El día 14 de de febrero arribaron al aeropuerto de Villahermosa los diputados José Ángel Córdova Villalobos, Presidente de la Comisión de Salud; Rafael García Tinajero, secretario de la Mesa Directiva de la Comisión de Salud, y el doctor O. Martín Naciff Rojas, secretario técnico de la Comisión de Salud.
A las 18:40 horas se realizó una reunión con el gobernador del estado, licenciado Manuel Andrade Díaz, estando presentes el doctor Jaime Mier y Terán Suárez, secretario de Salud del estado de Tabasco; doctor Carlos Nava Esquivel, subgerente de Prevención Médica de Pemex; doctor Evaristo López Sánchez, director del hospital de Pemex; así como el Presidente de la Comisión de Salud, diputado José Ángel Córdova Villalobos; el diputado Rafael García Tinajero, secretario de la Mesa Directiva de la Comisión de Salud, y el doctor O. Martín Naciff Rojas, secretario técnico de la Comisión de Salud.
En dicha reunión se dio a conocer por parte de los legisladores federales, los motivos de la visita, haciendo referencia el licenciado Manuel Andrade Díaz, gobernador constitucional del estado de Tabasco, a que hace aproximadamente dos años y medio se recibió similar queja por las mismas personas, razón por la cual se realizó un monitoreo en las zonas señaladas, datos y resultados que el secretario de Salud, doctor Jaime Mier y Terán, entregó al Presidente de la Comisión de salud.
A las 20:10 horas se llevó a cabo una reunión de trabajo en el salón Yaxchilán, del hotel Maya Tabasco, ubicado en la avenida Adolfo Ruiz Cortines número 907.
En dicha reunión estuvieron presentes
Diputado José Ángel Córdova Villalobos, Presidente de la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
Diputado Rafael García Tinajero, secretario de la Mesa Directiva de la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura
Doctor Martín Naciff Rojas, secretario técnico de la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados LIX Legislatura.
Doctor Jaime Mier y Terán Suárez, secretario de Salud de Tabasco.
Profesora Graciela Trujillo de Cobo, secretaria de Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente (Sedespa).
Doctor Carlos Nava Esquivel, subgerente de Prevención Médica Pemex.
Doctor Evaristo López Sánchez, director del hospital de Pemex.
Licenciado Juan Carlos Castillejos, coordinador general de Comunicación Social.
Doctor Baldomero Sánchez Barragán, epidemiólogo del hospital de Pemex.
Ingeniero Sergio Zilli, director de Evaluación y Protección ambiental de la Sedespa.
Doctor Enrique Hernández Martínez, subsecretario de Salud.
Doctor Víctor Castro Georgana, director de Protección Contra Riesgos Sanitarios.
Doctor Agenor A. Llado Verdejo, secretario técnico de la Secretaría de Salud.
Doctor Carlos Mario de la Cruz Gallardo, epidemiólogo estatal.
Doctor Raúl González Loaiza, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 8 de Huimanguillo.
Posteriormente a las palabras de bienvenida del doctor Jaime Mier y Terán, secretario de Salud del estado de Tabasco, el diputado José Ángel Córdova Villalobos dio a conocer a los asistentes el motivo de la presencia de los legisladores federales a esa entidad.
Posteriormente el ingeniero Sergio Zilli, director de Eva-luación y Protección Ambiental de la Sedespa, dio a conocer el impacto ambiental de Pemex en Tabasco, resaltando durante su presentación que la actividad petrolera abarca de 14 a 17 municipios en la entidad, con aproximadamente 7,000 kilómetros de ductos, existiendo 3 complejos procesadores de gas y un puerto para la exportación de petróleo crudo.
Refiere el ingeniero Zilli que el 22 de diciembre de 2002 se firmó un acuerdo entre Pemex y el gobierno del estado para la protección del medio ambiente, creándose un área para la atención de reclamaciones. El objetivo específico es la prevención y control de contaminación de aire, agua y suelos, así como la prevención y atención de emergencias ambientales.
Refirió durante su exposición que los residuos de las perforaciones se trasladan hacia una planta y no como sucedía anteriormente, que se quedaban a la intemperie, causando daños a la ecología y medio ambiente.
Dio a conocer igualmente que las plantas de Pemex cuentan con un sistema de monitoreo permanente para establecer la calidad de aire.
La Secretaría de Desarrollo Social informó que se tienen proyectos productivos con los pescadores organizados, entre Pemex y el gobierno del estado en los municipios donde existen pozos.
Posteriormente el doctor Carlos Mario de la Cruz Gallardo dio a conocer en la reunión que en lo referente a epidemiología, en el año 2004 se registraron 599,714 casos de infecciones respiratorias agudas (IRA), en el caso de las leucemias, en el mismo año se registraron 67 defunciones, disminuyendo los casos en los últimos 5 años, e igualmente ha sucedido con los derechohabientes que cursan con linfomas.
El doctor Carlos Nava Esquivel agregó que sólo ha existido un ligero aumento en los casos de EPOC (enfermedad obstructiva crónica).
Posteriormente el doctor Víctor Castro Georgana, director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, informó que existe un Comité Estatal de Seguridad en Salud, en el que participan las dependencias de los 3 niveles de gobierno, teniendo como acción principal, el muestreo de agua para consumo humano en forma permanente y en casos de emergencia, en las que se realiza también un muestreo para el estudio bacteriológico, la vigilancia de las plantas potabilizadoras, igualmente dio a conocer que se realizaron en el año 2003 113 estudios en población abierta en edades promedio de 49 años, dando como resultado que no existe evidencia técnica de intoxicación por plomo.
A las 21:30 horas se realizó una entrevista con el presidente municipal de Villahermosa, C. José Antonio Compañ Abreu, asistiendo el doctor diputado José Ángel Córdova Villalobos, Presidente de la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura; el diputado Rafael García Tinajero, secretario de la Mesa Directiva de la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados LIX Legislatura; el doctor Martín Naciff Rojas, secretario técnico de la Comisión de Salud, de la H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura; y el doctor Jaime Mier y Terán Suárez, secretario de Salud de Tabasco. En dicha reunión se revisó el itinerario del programa de actividades del día siguiente.
15 de febrero de 2006
Salida del hotel Maya Tabasco al helipuerto del parque Tabasco.
Traslado aéreo del helipuerto del parque Tabasco al municipio de Huimanguillo, Tabasco.
Llegada al municipio de Huimanguillo, recorrido por el municipio y llegada al centro de salud comunitario de Tecominoacan, donde se realizó una entrevista con el jefe de la jurisdicción sanitaria a la que pertenece el centro de salud, doctor Raúl González Loaiza, quien dio a conocer el funcionamiento y operación del centro de salud, incluyendo la operación del Seguro Popular, haciendo referencia del abasto de medicamentos, en donde la prescripción se surte al 95%. En relación a patologías relacionadas con o por intoxicación de plomo y/o hidrocarburos, no se tiene registrado ningún caso, con excepción de un caso de un menor que hace 2 años presentó cianosis labial, que se canalizó para su atención y seguimiento al hospital del niño.
Posteriormente se realizó el traslado terrestre al centro comunitario de salud de Mecatepec, donde se dio a conocer el funcionamiento de dicha unidad de salud, el médico responsable informó que no se han registrado casos de de intoxicación por plomo.
Traslado aéreo a la comunidad de Monte de Oro Segundo, a la llegada se recorrió la comunidad, para posteriormente visitar la casa de salud, la cual funciona únicamente como centro de atención primaria, dando servicio de orientación médica, urgencias médicas de primer contacto, consulta médica, planificación familiar. Dicha unidad opera con la coparticipación del Seguro Popular.
Traslado aéreo al helipuerto del parque Tabasco.
Llegada al helipuerto del parque Tabasco.
Reunión-comida en el restaurante Mirador de Villahermosa, Tabasco.
Conclusiones
Se requiere apoyo para los centros comunitarios de salud, a efecto de aumentar la infraestructura de atención.
No existe evidencia de daños a la salud causada por intoxicación por plomo en las comunidades que se verificaron.
Notifíquese a los solicitantes y autoridades sanitarias.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de febrero de 2006.
Atentamente
Dip. José Ángel Córdova Villalobos
Presidente
Actas
DE LA COMISIÓN DE TURISMO, CORRESPONDIENTE A LA REANUDACIÓN DE SU DECIMOSEXTA REUNIÓN PLENARIA, ACAECIDA EL JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2005
Siendo las 11:00 horas, se reúnen los diputados integrantes de la Comisión de Turismo, de conformidad con la convocatoria publicada en Gaceta Parlamentaria el 5 de septiembre del presente año, para el desahogo del siguiente
Orden del Día
1. Lista de asistencia y comprobación de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Aprobación del acta de la reunión anterior.
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los estudios y del proyecto de dictamen sobre la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos.
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen:
a. A la iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del impuesto al Valor Agregado, en materia de devolución del impuestos a visitantes extranjeros, a cargo de la diputada Elizabeth Yáñez Robles.
b. Opinión a la iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Margarita Martínez López.
c. Al punto de acuerdo por el que se solicita a diversas comisiones de la Cámara de Diputados que se analice y, en su caso, se considere la opinión de personalidades y organizaciones para que, previo dictamen de la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, en particular sobre el tema de casinos, se realice un estudio imparcial y a fondo de este proyecto, presentado por la diputada Nancy Cárdenas Sánchez.
d. Al punto de acuerdo para que se incluya en el PEF 2004 la propuesta de construcción en el área del Cerro del Machorro de una zona de proyección y embarcadero para las actividades de los pescadores de San Felipe, BC.
e. Al punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Turismo a cumplir lo estipulado en los convenios celebrados desde 1992 con el estado de Quintana Roo y el municipio de Benito Juárez.
f. Opinión a la iniciativa que adiciona las fracciones X y XI del artículo 25 y adiciona las fracciones V y VI al artículo 35 de la Ley Federal de Turismo, presentado por la diputada Angélica de la Peña.
6. Propuesta de iniciativa de Ley sobre el tema "fines de semana largos".
7. Avances del Foro de Análisis sobre la "ley seca en elecciones federales".
8. Asuntos generales.
Se pasa lista de asistencia, están presentes los siguientes diputados Francisco López Mena, Nancy Cárdenas Sánchez, María Concepción Fajardo Muñoz, María Mercedes Rojas Saldaña, Evaristo Corrales Macías, Omar Bazán Flores (representado), Oscar Bitar Haddad, Rodolfo Esquivel Landa, Irma Figueroa Romero, Gonzalo Guízar Valladares, Benjamín Hernández Bustamante, Jesús Lomelí Rosas, Margarita Martínez López, Raúl Mejía González, Beatriz Mojica Morga, Francisco Mora Ciprés, Guadalupe Morales Rubio, Raúl Paredes Vega, Guillermo Velasco Rodríguez, Pablo Villanueva Ramírez, Elizabeth Yáñez Robles y Guillermo Zorrilla Fernández.
Se encuentran presentes 22 diputados, existe quórum para iniciar la reunión.
Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto.
Se aprueba el acta de la reunión anterior por unanimidad, se procede a recabar las firmas de los diputados presentes.
El diputado Francisco López Mena da la bienvenida a la diputada Beatriz Mojica Morga, quien se integra a la Comisión de Turismo.
Sobre el punto 4, la diputada Nancy Cárdenas Sánchez entrega al Presidente de la Comisión los artículos reservados.
El diputado Francisco López Mena propone que se dé un plazo para que los diputados integrantes analicen los artículos entregados y posteriormente se proponga una nueva fecha para su análisis y discusión.
El diputado Guillermo Zorrilla Fernández solicita que se le dé un plazo a la Subcomisión encargada del análisis para el estudio de los artículos reservados.
El diputado Francisco López Mena somete a consideración del Pleno el plazo de tiempo y propone que a través de los secretarios se defina la reunión para el debate y, en todo caso, la votación sobre los artículos reservados.
Se aprueba por mayoría.
Pasando al punto 5, se aprueban los proyectos de dictamen de los incisos d), e) y f). Los incisos a) y b) fueron aprobados previamente por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Turismo. El inciso c) queda en espera de su aprobación, ya que la Subcomisión de Infraestructura Turística y Desarrollo presentará el proyecto de dictamen.
En relación a los incisos a) y b), la diputada Guadalupe Morales Rubio señala que ella hizo observaciones a la iniciativa de adición al artículo 31 de la Ley del IVA en la decimosexta reunión del pleno, donde se mencionó que serían recabadas en la iniciativa presentada por la diputada Elizabeth Yáñez Robles. Sin embargo, menciona la diputada Morales que es lamentable que se haya pasado a firma el dictamen de ambas iniciativas en el salón de Pleno de Cámara de Diputados de una manera no muy transparente y adecuada, ya que, afirma, no se llevó a cabo la reunión de Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Turismo para aprobar el dictamen.
También, señala que en el dictamen hay falsedades que mencionará en su momento ante el Pleno de la Cámara de Diputados y que desafortunadamente ha sido validado por los integrantes de la Comisión de Turismo. Precisa que es un dictamen validado por las firmas de los diputados, sin embargo, desafortunadamente es un dictamen ilegítimo, ya que está fuera de toda norma parlamentaria.
La diputada Nancy Cárdenas Sánchez, sobre el inciso c) esta de acuerdo que no haya sido dictaminado, sin embargo, exhorta a que se dictamine lo antes posible.
Sobre el inciso f), la diputada Beatriz Mojica Morga propone que sea un tema de discusión para la nueva Ley de Turismo.
Pasando al punto seis, el diputado Francisco López Mena señala sobre los "fines de semana largos", que la diputada Irma Figueroa Romero presentó una iniciativa al respecto. Menciona que la Sectur y la Comisión de Trabajo acordaron una nueva iniciativa, la cual se presenta y se turna a la Comisión de Turismo para su opinión. Propone que se discuta ésta, a fin de turnarla a la Comisión de Trabajo.
La diputada Guadalupe Morales cuestiona el objeto de presentar una nueva iniciativa. Señala que se debe ser más creativo y no "piratear" el trabajo de los compañeros diputados.
La diputada Irma Figueroa Romero puntualiza que es una iniciativa que se empezó a trabajar desde el inicio de la Legislatura e inclusive trabajada en Comisiones Unidas y con el sector turismo. Menciona que debe de existir alguna situación de tipo ético en el sentido de que al menos se mencione el trabajo que se realizó.
En respuesta, el diputado Francisco López Mena señala que fue un tema comentado y acordado con la diputada Figueroa Romero para presentar la iniciativa. Sin embargo, menciona que la iniciativa fue presentada por él, y por estrategia, se solicitó el turno a la Comisión de Turismo, lo cual fue concedido para su opinión.
Comenta que existen cuatro iniciativas sobre el tema, sin embargo, no han sido turnadas a la Comisión de Turismo. Informa que la iniciativa presentada por la diputada Irma Figueroa fue solicitada al Presidente de la Cámara, a fin de que se turnara a la Comisión, dicha solicitud fue rechazada.
Informa que la resistencia real que se ha manifestado para no dictaminar las iniciativas sobre los "fines de semana largos" obedece a la estrategia de no dictaminar ningún tema de la propuesta de la reforma integral a la Ley del Trabajo, ya que algunos opinan que si se dictamina algún tema, esto dará motivo a que sean muchos otros temas que se dictaminen y entonces eso desfigure la propuesta integral y le reste posibilidades.
Señala que, al turnarse la iniciativa para su opinión, le da la posibilidad de que la Comisión del Trabajo pueda dictaminarla y el próximo año se aprueben los cuatro fines de semana propuestos.
La diputada Guadalupe Morales propone que en el texto de la opinión se mencione la iniciativa de la diputada Irma Figueroa Romero.
Se aprueba la propuesta.
Sobre el punto siete, el diputado Francisco López Mena informa que se le está dando seguimiento en el Senado a lo aprobado por la Cámara de Diputados sobre el tema de la "ley seca".
En asuntos generales, el diputado Francisco López Mena comenta sobre la propuesta de presentar una nueva Ley de Turismo. Sobre el tema, menciona que el Conletur se dio a la tarea de llevar a cabo foros para trabajar sobre propuestas de una nueva Ley de Turismo, mismas que hicieron llegar a la Comisión.
El diputado López Mena expone los antecedentes y situación de la Ley Federal de Turismo vigente. Asimismo, comenta el documento base para llevar a cabo foros de consulta que sirvan para consensuar entre los diferentes actores del turismo y dar pie a una iniciativa de Ley de Turismo. Se anexa presentación.
Al término de la presentación, el diputado Guillermo Zorrilla Fernández señala que se debe buscar un diseño en el que en los diferentes foros se expongan las conclusiones de los encuentros previos, a fin de que en las ciudades en donde se celebren los foros, se conozca lo presentado. Propone que los foros sean mesas de trabajo.
La diputada Elizabeth Yáñez Robles propone que los temas de normatividad de la Secretaría de Turismo se toquen en cada una de las ciudades en donde se realicen foros, sin embargo, menciona que existirán temas que interesen a una sola plaza, como es el caso de los temas de puertos o playas y ciudades culturales.
El diputado Francisco López Mena propone que al 27 de septiembre próximo, Día Mundial de Turismo, la Comisión de Turismo llegue con una sola propuesta para la realización de foros, por lo que solicita que se entreguen antes de esa fecha las propuestas de modificación al documento base.
La diputada Margarita Martínez López señala que la Comisión de Turismo debe salir unida en este tema, a fin de evitar la politización de los diversos temas que se tratarán.
La diputada Concepción Fajardo Muñoz menciona que este último año legislativo debe ser para la Comisión de Turismo de alto compromiso con la sociedad, teniendo que trabajar unidos.
El diputado Evaristo Corrales Macías señala que la Comisión de Turismo debe trabajar en conferencia con la Comisión de Turismo del Senado de la República, con el objeto de que la iniciativa se presente con los mismos criterios y no se presente lo que pasa con la modificación del Cofipe en el asunto de la "ley seca", en donde la Cámara de Diputados la aprueba y el Senado aún no.
En respuesta, el diputado Francisco López Mena menciona que ha estado trabajando conjuntamente con el senador Rómulo Campuzano, Presidente de la Comisión de Turismo y se esta en espera de realizar una reunión de ambas comisiones.
La diputada Beatriz Mojica Morga propone que se realicen cinco o seis foros generales que estén bien difundidos y no se trabaje en muchos que no alcancen la difusión requerida. Además, propone que se busquen nuevas ciudades para llevar a cabo los foros.
La diputada Margarita Martínez López, propone que sean los foros necesarios para poder abarcar a toda la República y que sea cada diputado quien coordine su estado.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares propone que se busquen destinos diferentes a los tradicionales para llevar a cabo los foros, propone a Coatzacoalcos, Veracruz.
La diputada Irma Figueroa Romero propone que se establezcan los temas prioritarios de manera general de cada estado, a fin de llevar, además de estos, los temas generales que proponga la Comisión.
El diputado Guillermo Zorrilla Fernández propone que se establezcan cuanto antes las sedes para llevar a cabo los foros para, posteriormente, determinar los temas. También propone que la Sectur participe en cada uno de los foros.
El diputado Francisco López Mena propone que el lunes 12 de septiembre se entreguen las propuestas de temas para cada sede de foro, así como las fechas.
La propuesta anterior se aprueba por unanimidad.
Pasando a otro tema, el diputado Francisco López Mena informa que el día ocho de septiembre, a partir de las 18:00 horas, se llevará a cabo la comparecencia del secretario de Turismo, solicita la presencia de los diputados integrantes.
Por último, se invita a los diputados realizar un viaje de trabajo al estado de Yucatán, a fin de reunirse con el gobernador del estado y tratar el tema de vendedores ambulantes en la zona arqueológica de Chichén Itzá.
Se aprueba por unanimidad realizar el viaje de trabajo.
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14:30 horas, se da por concluida la reunión.
Diputados: Francisco Xavier López Mena (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Rómulo Cárdenas Vélez, María Concepción Fajardo Muñoz, María Mercedes Rojas Saldaña (rúbrica), Gonzalo Alemán Migliolo, Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja, Rafael Candelas Salinas (rúbrica), Evaristo Corrales Macías (rúbrica), Omar Bazán Flores, Oscar Bitar Haddad (rúbrica), Francisco Javier Bravo Carvajal, Álvaro Burgos Barrera (rúbrica), Guillermo del Valle Reyes, Rodolfo Esquivel Landa, Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Benjamín Hernández Bustamante, J. Jesús Lomelí Rosas (rúbrica), Margarita Martínez López, Raúl José Mejía González (rúbrica), Beatriz Mojica Morga, Francisco Mora Ciprés (rúbrica), María Guadalupe Morales Rubio, Janette Ovando Reazola, Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Guillermo Velasco Rodríguez, Pablo A. Villanueva Ramírez (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Guillermo Zorrilla Fernández (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL, DE SU REUNIÓN DE TRABAJO EFECTUADA EL MIÉRCOLES 8 DE MARZO DE 2006
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las diecisiete horas con quince minutos del día ocho de marzo del año dos mil seis, por acuerdo del pleno de la Comisión, en su vigésima tercera sesión plenaria de fecha 1 de marzo del año en curso, previa convocatoria, mediante el número de oficio CFCyES060306-054 de fecha 6 del mes y año en curso, misma que se público en la Gaceta Parlamentaria número 1960 de fecha 6 de marzo del año en curso, se presentaron en las oficinas que ocupa la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, ubicadas en esta honorable Cámara de Diputados, edificio F, primer piso, los diputados: Francisco Javier Saucedo Pérez, Presidente; Belizario Iram Herrera Solís, secretario; asimismo, Ofelia Margarita Santiago, representante de la diputada Edith Guillén Zarate; Manuel Palomino Hernández, representante del diputado Francisco L. Monárrez Rincón; Javier Ortiz Sánchez, representante de la diputada Sonia Rincón Chanona; Miguel Alvarado Cortés, representante del diputado José Julio González Garza; Iván Marroquín Aniceto, representante del diputado Luis Felipe Madrigal Hernández, quien también asistió a la reunión de trabajo celebrada el pasado 2 de marzo del año en curso; José Luis Guzmán Burgos, representante del diputado José Alfonso Muñoz Muñoz, y el equipo técnico de la Comisión, para efecto de llevar a cabo la segunda reunión de trabajo de discusión, análisis y propuesta de dictamen, teniendo como único punto del
Orden del Día
1.- Discusión, análisis y proyecto de dictamen de las siguientes iniciativas:
a) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
b) Iniciativa por la que se reforma el artículo 33 y se adicionan los artículos 33-A, 33-B, 33-C, 33-D, 33-E y 33-F de la Ley General de Sociedades Cooperativas;
c) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma un penúltimo y un antepenúltimo párrafo a la fracción V del artículo octavo transitorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, para que las Sociedades de Ahorro y Préstamo, queden exentas del dictamen favorable de una federación para poder tramitar su autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y sean supervisadas por federaciones autorizadas;
d) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y III, ambas del artículo 4 Bis y se adiciona el artículo 4 Bis 1, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular;
e) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 116 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular;
f) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9 Bis a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
En uso de la palabra, el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, Presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, agradece la asistencia de los presentes, mencionando que la reunión pasada se entregó un proyecto de dictamen que contiene todas las iniciativas relacionadas con la Ley de Ahorro y Crédito Popular, para su análisis y sugerencias, solicitando al secretario técnico dé lectura del mismo, que a la letra dice:
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Fomento Cooperativo y Economía Social
Dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 4 Bis 1, 9 Bis y el párrafo cuarto del artículo 116; se reforman las fracciones II y III del artículo 4 Bis, todos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; así como la adición de un penúltimo y antepenúltimo párrafo a la fracción V del artículo octavo transitorio del decreto de reformas a dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005.
"Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García"
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social, les fue turnado por la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados los expedientes con número 2353, 4881, 4888 y 4883, en fecha dos de diciembre de dos mil cuatro y dos de febrero del dos mil seis, respectivamente, de los que contienen las iniciativas con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 4 Bis 1, 9 Bis y el párrafo cuarto del artículo 116; se reforman las fracciones II y III del artículo 4 Bis, todos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; así como la adición de un penúltimo y antepenúltimo párrafo a la fracción V del artículo octavo transitorio del decreto de reformas de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005.
Las Comisiones Unidas son legalmente competentes para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 39, numerales 1 y 2, fracciones XIV, XVII y XVIII, del artículo 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 66, 56 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Dictamen
Antecedentes
Primero.- Con fecha dos de diciembre de dos mil cuatro, el diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, presentó ante la asamblea de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por la que adiciona el artículo 9 Bis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
La exposición de motivos de dicha iniciativa, esencialmente establece lo siguiente:
"La Ley de Ahorro y Crédito Popular aprobada por el Legislativo en 2001, representa el marco reglamentario más integral diseñado hasta ahora para la creación de organizaciones financieras populares de ahorro y crédito en México. Permite el funcionamiento de lo que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su Capítulo XI define como banca social y que en la Ley que Crea la Financiera Rural se denomina intermediarios financieros rurales refiriéndose a las sociedades cooperativas y sociedades financieras populares.
La Ley de Ahorro y Crédito Popular aprobada en 2001 fue diseñada para regular al sector de cajas populares existente en México. Sin embargo, al diseñar la Ley, dos hechos fueron ignorados. El primero fue la desigualdad existente en el país, -incluso al interior de los sectores populares urbanos y rurales.
Por otro lado, se pasó por alto que los grandes sistemas financieros exitosos que hoy inspiran la Ley de Ahorro y Crédito Popular como las Cooperativas Raiffeisen de Alemania, las cajas populares de Canadá o las cajas rurales Francesas, en sus orígenes no tuvieron una reglamentación bancaria tan estricta, como la diseñada en México y todas nacieron de procesos de organización comunitaria regional que con el paso de los años alcanzaron escala financiera para conformar los sistemas financieros exitosos que hoy conocemos con renombre internacional.
La Ley de Ahorro y Crédito Popular reglamentó una realidad mayoritariamente urbana, con una historia organizativa de al menos cincuenta años, mientras que dejó un vacío legal para la creación de nuevas iniciativas financieras de auto organización, que afecta a los pobladores rurales. La problemática rural nunca fue una prioridad en la discusión de la ley y su problemática específica es ampliamente desconocida en el sector financiero.
Como legislativo, debemos garantizar que todos los mexicanos tengan las mismas oportunidades, evitar exclusiones que profundicen la desigualdad. Con esta iniciativa de reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, estaremos permitiendo que las familias rurales, campesinos y comunidades indígenas, tengan oportunidad de participar organizadamente en el sistema financiero del país.
La población rural, 32 millones de personas, vive en 190,000 localidades con menos de 2,500 habitantes. 180,000, son localidades con menos de 500 habitantes, lo cual muestra una geografía poblacional dispersa y de pequeño tamaño. En la gran mayoría de las localidades rurales no existen sucursales bancarias y hay un escaso desarrollo de organismos de banca social mientras que la banca de desarrollo ha llegado sólo al estrato más desarrollado del campo. Se estima que en la última década, entre el 30 y el 60% del ingreso de las familias rurales proviene de ingresos no agrícolas. Lo anterior expresa la enorme diversificación de las economías rurales y la emergencia de microempresas, de pequeñas empresas y de empresas de integración que también requieren formas específicas de financiamiento. A esto habría que agregar que el 40% de las remesas enviadas por los paisanos desde EU tienen como destino comunidades rurales con menos de 2,500 habitantes.
Se estima que para 2004 el monto de remesas será de 15 mil millones de dólares de los cuales, 6 mil millones, son enviados a comunidades rurales marginadas de los servicios financieros a través de 20 millones de envíos de dinero que son pagados por empresas de pago y múltiples canales informales con altos costos de transacción para los beneficiarios. La paradoja es que una gran parte del impacto de esos flujos financieros se pierde al no existir un desarrollo suficiente intermediación financiera rural capaz de contribuir a reciclarlo en las regiones, mediante servicios financieros de ahorro y de reinversiones en crédito.
La economía rural es de tipo familiar con multiactividad económica. La pobreza extrema tiene su origen en el campo y en la falta de oportunidades productivas. El acceso a servicios financieros es una condición ineludible para el desarrollo económico y el combate a la pobreza, pero es necesario reconocer la diferencia de condiciones en que se desarrollan instituciones financieras. Mientras en el noroeste desarrollado de agricultura comercial, un intermediario financiero puede operar con productores medios créditos individuales de 80 a 100 mil pesos, en el sur del país de agricultura campesina, los montos promedio de crédito se sitúan entre 4 y 8 mil pesos. Lo que puede resultar una escala financiera aceptable de operaciones con 200 productores en Sonora o Sinaloa requiere varios miles de pequeños productores en el sur del país.
A esta diferencia de escalas financieras se suman las diferencias poblacionales, organizar 200 a 500 productores en zonas rurales comunicadas requiere un esfuerzo sostenido que se facilita si existen medios de comunicación y generalmente es factible en el noroeste y bajío del país, mientras que organizar 3 o 5 mil personas en áreas incomunicadas y dispersas de Oaxaca, Chiapas o Puebla requiere un esfuerzo mucho más prolongado y mayores costos de transacción.
Existen motivos de orden económico, financiero y de equidad en la propuesta que se presenta pues posibilitará la participación en el desarrollo económico mediante el acceso a crédito y a formas institucionales de ahorro para amplios grupos de la sociedad rural, en particular a grupos vulnerables que habitan regiones marginadas y comunidades indígenas. Esta iniciativa permitirá reconocer los procesos de organización financiera de comunidades y grupos de pequeños agricultores en un marco de certidumbre jurídica y crecimiento gradual para alcanzar escalas financieras suficientes para lograr viabilidad en el sistema financiero nacional.
En el Capítulo XI de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (artículos 123 al 133) se establecen las líneas para establecer un nuevo sistema nacional de financiamiento rural, constituido con diversos instrumentos, instituciones y agentes; en forma destacada intermediarios financieros rurales; también establece compromisos de fomento a este tipo de iniciativas mediante programas gubernamentales. Esos compromisos orientaron la creación de la Financiera Rural al asignarle la función de operar en el primer y segundo piso. En el primer piso, otorgando crédito a los productores y a través del segundo piso financiando a intermediarios financieros rurales, también se asigna a la Financiera Rural el mandato de apoyar la capacitación y organización de productores para constituir intermediarios financieros.
Un tercer ordenamiento de alta importancia son los compromisos adquiridos por el Gobierno de la República al firmar el Acuerdo Nacional para el Campo, luego de las amplias protestas y movilizaciones campesinas en demanda de un nuevo trato para el campo y por la revalorización de la agricultura campesina. De los 19 compromisos firmados en materia de financiamiento rural, 10 de ellos establecen con claridad la necesidad de crear intermediarios financieros rurales propiedad de la sociedad rural, en ámbito comunitario.
Estos compromisos y políticas públicas encaminadas a promover el desarrollo económico con equidad en el medio rural debieran tener su culminación con la aprobación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. La cual debería ser el marco regulatorio que permita a los productores rurales, a las comunidades indígenas y a toda la población rural organizarse en intermediarios financieros rurales. La LACP no puede excluir a las comunidades y familias más pobres del país.
Ni las leyes sectoriales ni los esfuerzos de la sociedad rural podrán prosperar sin que sea ajustado el marco legal de las entidades de ahorro y crédito popular, para incluir la posibilidad de crear nuevas entidades intercomunitarias que puedan operar y organizarse bajo el marco creado por la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
La iniciativa que se presenta adiciona un artículo 9 Bis, que establece los términos y procedimientos para la creación de nuevas entidades de ahorro y crédito en áreas rurales y suburbanas, estableciendo un régimen simplificado que les permita madurar para alcanzar los estándares de los niveles superiores del sector en reconocimiento a la importancia de apoyar la cobertura de servicios financieros en este sector de la población.
En este régimen simplificado se busca eliminar barreas legales y crear un ambiente propicio para activar las iniciativas de apoyo a la emergencia de intermediarios financieros rurales, tal y como se ha establecido en leyes y acuerdos promovidos por el poder legislativo y el poder ejecutivo del país.
La constitución de nuevas entidades se realizará cumpliendo los requisitos mínimos en cuanto a número de socios, teniendo las nuevas Entidades de Ahorro y Crédito Popular previo a su constitución la obligación de contar con la autorización de la federación a la que habrá de afiliarse para su supervisión.
La Comisión establecerá disposiciones particulares y de naturaleza simplificada para nuevas Entidades en proceso de constitución y su etapa operativa inicial, respetando lo siguiente:
Libertad de constituirse legalmente e iniciar operaciones.
Operaciones en un ámbito regional con proximidad a sus socios.
Afiliación a una federación de supervisión y funcionamiento bajo tutela de la misma.
Contar con un periodo de crecimiento para su maduración de hasta 7 años.
Gradualidad en la aplicación y logro de las normas prudenciales para lograr los estándares financieros.
Responsabilidad de las federaciones para establecer los mecanismos de salida del sistema en caso de no alcanzar los estándares en los plazos que establezca la ley."
Segundo.- El dos de febrero de dos mil seis, el diputado Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario de Acción Nacional, sometió a consideración del Pleno de este órgano legislativo la iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y III del artículo 4 Bis y adiciona el artículo 4 Bis 1, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, mediante la cual se basó principalmente en la siguiente exposición de motivos:
"De un total de 2,436 municipios que existen en el país, 1,338 se encuentran identificados dentro de las 263 microrregiones establecidas por la Sedesol, que se caracterizan por los elevados niveles de marginalidad de su población. Dentro del total de municipios, las instituciones financieras rurales se estima que tienen presencia sólo en 600 y de estos aproximadamente 400 se localizan en microrregiones (?)
Las iniciativas de la sociedad para generar ahorros y crear patrimonio, en lugares donde no existen intermediarios financieros formales, abarca rubros que van de mayor a menor importancia y que entre otros son los siguientes: guardar dinero en el hogar, tandas, inversión en animales, granos, materiales de construcción, joyas y préstamos.
Hoy ya no es un mito que los pobres ahorran, en realidad es un proceso natural, en el que posteriormente si existe apoyo y promoción para la organización, asesoría y capacitación, dan lugar a la constitución de instituciones financieras informales tanto en las zonas urbanas marginadas como en las zonas rurales(?)
Los organismos que comprende la reforma propuesta son de dos características. En primer lugar, son los que no tienen más de 750 integrantes y activos hasta por 750,000 Udi y que suelen trabajar con un mínimo de metodologías crediticias y de captación de ahorro y con productos adecuados a las características de la población objetivo que vive en las comunidades; por su grado de organización y capacitación, su actividad ha generado confianza en sus socios, en la población y en sus autoridades locales (?)
La transparencia en el manejo de la información para con los socios, su funcionamiento en apego a estatutos y reglas de operación, la celebración de Asambleas Generales de socios, así como la capacitación de sus directivos y de su personal, han sido factores que han coadyuvado en su mejor funcionamiento para que vayan aumentando la captación de depósitos de ahorro y con ello el monto de sus activos, de tal forma que vienen encaminando esfuerzos en su operación para conseguir el punto de equilibrio.
En el comportamiento que muestran las instituciones financieras populares que captan ahorros, particularmente de aquellas que tienen incidencia fundamentalmente rural, destaca la cifra de socios o clientes promedio por institución que esta muy por arriba de los 250 que prevé el artículo 4 Bis, razón importante para ampliar el rango.
En el rubro de activos, con base en la experiencia de campo, el promedio con que operan las cajas y cooperativas rurales, que están entre los organismos más pequeños con potencialidad para llegar a ser entidades de ahorro y crédito popular es de cuatro millones de pesos, de ahí que la modificación en el monto propuesto es relevante y pertinente. (?)
(?), es notorio que la Ley de Ahorro y Crédito Popular que contiene cuatro niveles de operación, siendo el nivel I el que ocupa el lugar inferior, se vio fortalecida con la adición del artículo 4 Bis con la finalidad de acercarse al tamaño de las instituciones financieras pequeñas; sin embargo, aún se requiere se incorpore esta propuesta de modificación de tal forma que con 1,500 integrantes y 1,500,000 Udi en activos se podrán incluir instituciones financieras populares de mayor fortaleza, pero que todavía no han llegado a cumplir con todas las exigencias de la LACP y que brindan servicios de esta naturaleza en regiones pequeñas y comunidades alejadas en las que esta ausente la banca comercial y de desarrollo (?)
Cabe señalar que los costos de la supervisión y de la tecnología informática, aunados a la velocidad en que las instituciones financieras populares deben estar trabajando para alcanzar un cierto nivel de estandarización, han complicado los procesos de estos organismos.
Después de todo los tiempos fijados por la Ley de Ahorro y Crédito Popular no están en cuestionamiento, se consideran buenos, lo realizado hasta el momento en torno a ella ha sido meritorio, lo difícil es llegar al punto de equilibrio en condiciones donde los ahorros y los activos son todavía muy reducidos, por lo que sobre estas bases exigir compromisos a estos intermediarios financieros por igual que a otros más desarrollados constituye una desproporcionalidad.
La propuesta de 750 socios y setecientos cincuenta mil Udi en activos para los organismos más sencillos y de 1,500 socios y 1,500,000 Udi para organismos de mayor fortaleza es adecuada, pues con ello el sector de ahorro y crédito popular se verá más fortalecido, ya que permitirá incluirlos o institucionalizarlos con requisitos mínimos de control, es decir que favorezcan justamente a los intermediarios pequeños de manera que bajo un cierto proceso se estimule su crecimiento hasta lograr el tamaño requerido para su completa adaptación a la LACP (?)
Ampliar los límites del artículo 4 Bis vendría a dar un respiro a organismos que vienen trabajando bien aunque con limitaciones en los aspectos técnicos y organizativos, pues les permitirá continuar fortaleciéndose en lo relativo a la captación de ahorros. El esfuerzo que realizan estos organismos al combatir el agio y la usura, así como para reducir los niveles de pobreza deben ser reconocidos (?)
Desde hace muchos años este sector de pequeños intermediarios financieros vienen esforzándose por incorporarse al sector formal de la economía, de manera que existe una gran aceptación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; sin embargo la realidad de las zonas urbanas marginadas y rurales es compleja y por lo tanto es recomendable que las instituciones responsables de hacerla cumplir prevean las dificultades que existen en distancias, carencias de infraestructura de servicios y nivel de escolaridad de sus habitantes, entre otras limitaciones.
Es importante reconsiderar los factores de desigualdad que están presentes en cuanto a tamaño, sector de atención, experiencia histórica en su funcionamiento, ámbito de operación y grado de desarrollo de la población a la que estos intermediarios financieros enfocan sus servicios (?)"
Tercero.- De igual forma, el diputado Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario de Acción Nacional, presentó el dos de febrero del año en curso una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el párrafo cuarto del artículo 116 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, en la que expuso principalmente los siguientes motivos:
"La Ley de Ahorro y Crédito Popular aprobada en 2001 fue diseñada para regular al sector de cajas populares existente en México y evitar los fraudes recurrentes originados a final de la década de los noventa.
Esta ley impone ciertos requisitos para aquellas sociedades que desean establecerse como Entidades de Ahorro y Crédito Popular (?)
Esta norma ha sido criticada por varias Federaciones y Confederaciones en cuanto al ámbito rural, pues consideran que las condiciones ahí establecidas impiden el fomento y desarrollo de la intermediación financiera en las zonas rurales, dado que no contempla las condiciones institucionales y económicas que imperan en estas zonas del país.
Se critica de esta ley que haya reglamentado una realidad mayoritariamente urbana, con una historia organizativa de al menos cincuenta años; donde la problemática rural nunca fue una prioridad en la discusión de la ley y por tanto la regulación diseñada no le es favorable.
Al no contemplar un espacio de regulación que permita la creación de nuevas entidades de ahorro y crédito popular rurales y su crecimiento hasta alcanzar el tamaño y madurez institucional necesario para cumplir los estándares, ha establecido sin proponérselo barreras de acceso que discriminan a las pequeñas iniciativas del medio rural.
La infraestructura, penetración de los servicios, rentabilidad de las entidades de ahorro y crédito popular en las zonas rurales depende de diversos factores, y en función de ellos se podría alcanzar el grado de maduración necesario para entrar de lleno a la regulación que establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sin embargo si se aplican de manera inflexible al ámbito rural, los requisitos que impone la ley no son asequibles por buena parte de las sociedades que pretenden llevar a cabo las actividades de captación y colocación de recursos, lo cual mina uno de los objetos de la propia ley, que es promover y facilitar estos servicios financieros que no son realizados por las instituciones financieras tradicionales.
La experiencia nacional en la organización financiera rural muestra ejemplos muy diversos, según los contextos. En zonas pobres de Oaxaca, Puebla o Chiapas, las organizaciones financieras logran sostenibilidad financiera en periodos de entre 5 a 7 años, lapso durante el cual alcanzan un volumen de operaciones financieras que permiten equilibrio financiero y una escala suficiente para el autosostenimiento. En otros contextos, con agricultura de mercado, como Sonora, Sinaloa o Tamaulipas las organizaciones de los pequeños agricultores logran equilibrio financiero en periodos de 1 a 3 años.
La ausencia de servicios financieros en el medio rural, en particular en zonas de mayor pobreza, está asociada a barreras estructurales que impiden la generación de nuevas instituciones. Entre las más relevantes se encuentran (?)
Todo lo anterior se traduce en altos costos de transacción y periodos largos de maduración para crear economías de escala en las instituciones financieras rurales.
Por otro lado, después de la creación de la Financiera Rural se generaron amplias expectativas de organización rural, que hoy día se ven diezmadas por la ausencia de un espacio legal y normativo de gradualidad para la organización financiera de los productores rurales.
La Financiera Rural es un organismo descentralizado de la Secretaría de hacienda y Crédito Público, que tiene por objeto coadyuvar al Estado a impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural (?)
Asimismo, su Ley Orgánica determina que ejecutará los programas que en materia de financiamiento rural (?)
Por otro lado, en el desarrollo de su objeto y con el fin de fomentar el desarrollo integral del sector rural, la Financiera deberá coadyuvar al mejoramiento del sector financiero del país vinculado a las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y del medio rural.
En este sentido, la participación de la Financiera Rural es clara y directa en cuanto a las entidades de ahorro y crédito popular en las zonas rurales, puesto que para la consecución de su objeto está facultada para otorgar préstamos o créditos a los intermediarios financieros rurales para que éstos, a su vez, concedan financiamiento para impulsar actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las actividades vinculadas al medio rural.
En razón de ello y previendo las condiciones excepcionales que imperan en las zonas rurales, esta iniciativa propone la adición de un párrafo cuarto al artículo 116 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular en el que se dicta que la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores junto con la Financiera Rural emitirán una regulación prudencial y secundaria adaptada a las particularidades de la intermediación financiera del sector rural. Ello en razón de atender las particularidades del sector rural.
La razón de establecer que sea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores junto con la Financiera Rural quienes establezcan dicha regulación prudencial adaptada al sector rural, obedece a que no todas las zonas rurales se comportan y desarrollan al mismo ritmo, ni logran conseguir el mismo número de asociados en el mismo lapso de tiempo, ni tampoco se coloca el mismo número de créditos, y los montos crediticios a los socios son muy variables. Es decir, la adición al artículo 116 de la ley permite a la autoridad reguladora de la actividad establecer en el reglamento de la ley, las condiciones específicas que habrán de cumplir las entidades de ahorro y crédito popular en estas zonas (?)
La participación de la Financiera Rural en esta disposición de la regulación prudencial responde a que sus actividades están íntimamente ligadas a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y sociedades financieras populares que se regulan en la Ley de Ahorro y Crédito Popular."
Cuarto.- Por último, el diputado Juan Barcenas González presentó el dos de febrero del presente año, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un penúltimo y antepenúltimo párrafos a la fracción V del artículo octavo transitorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del 2005, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, siendo la siguiente exposición de motivos:
"El Gobierno Federal, a principios del año 2000, para proteger los intereses de los ahorradores, se comprometió a regular las sociedades de ahorro y crédito popular a través de la publicación, en el mes de julio, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP). En consecuencia, se estableció el esquema de Reglamentación Prudencial y la Metodología de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con el propósito de que las sociedades puedan seguir operando en los términos de la propia ley.
Actualmente las sociedades están constituidas en sociedades cooperativas, sociedades y asociaciones civiles, sociedades de solidaridad social, sociedades de ahorro y préstamo.
Para poder transformarse a las nuevas figuras jurídicas que contempla la LACP, es necesario que dichas sociedades se regularicen fiscalmente, para que puedan transitar al nuevo esquema de la ley, para seguir operando.
Conforme a la ley, el sistema de ahorro y crédito popular, estará integrado por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las sociedades financieras populares, que serán dictaminadas por una federación y autorizadas como entidades de ahorro y crédito popular por las federaciones que estén autorizadas por la CNBV para ejercer las funciones de supervisión auxiliar de las entidades referidas.
Al promulgarse la LACP no se contempló la autorización existente, concedida por el C. secretario de Hacienda y Crédito Público, para operar como sociedades de ahorro y préstamo (Saps), lesionando así sus derechos adquiridos y dando efecto retroactivo a dicha ley en su perjuicio, conculcándose la garantía consagrada en el artículo 14 constitucional, toda vez que no dio motivos para que dicha ley dejara sin efectos tal autorización de funcionamiento.
El artículo tercero y transitorio de la LACP del 4 de junio de 2001 indica que las sociedades de ahorro y préstamo deberán obtener el dictamen favorable de alguna federación, siendo violatoria de garantías individuales, en perjuicio de las Saps, consagradas en el artículo 14 constitucional, toda vez que se le está privando de sus derechos adquiridos como sociedades de ahorro y préstamo, sin que exista alguna causa por la cual se revoque la autorización para operar como organizaciones auxiliares del crédito y, en consecuencia, el decreto de expedición de la LACP, resulta inconstitucional al no respetar la situación de las cajas de ahorro constituidas con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Por tanto, es necesario que a las Saps se les brinde facilidades para cumplir con el requisito de constituirse como entidades a que hace referencia la LACP, reteniendo su propia figura jurídica.
En consecuencia, en sustitución del dictamen a que hace referencia la fracción I del artículo 69 de la LACP, que establece que el Comité de Supervisión de la Federación correspondiente tiene la obligación de emitir el dictamen respecto al cumplimiento de los requisitos de una entidad para constituirse, se hace necesario otorgarle validez a la opinión de un consultor internacional para calificar a la entidad y no sea necesario el dictamen que emite éste Comité.
La propuesta se centra en modificar la LACP para que se pueda corregir ésta misma situación y sean supervisadas de inmediato por las federaciones autorizadas."
Quinto.- Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social tienen a bien acumular las iniciativas señaladas en los puntos que anteceden, en virtud que ellas tienen relación con la Ley de Ahorro y Crédito Popular, por lo que se dictaminan en forma conjunta.
Considerandos
Primero.- Las Comisiones Unidas estiman necesario entrar al fondo del estudio de las iniciativas presentadas, teniendo como finalidad una de ellas la adición del artículo 9 Bis, la que pretende establecer un régimen de excepción para que sociedades de reciente creación que no puedan cumplir cabalmente con los requisitos establecidos por la Ley de Ahorro y Crédito Popular, podrán realizar operaciones de captación cumpliendo con diversos requisitos y con relación a la iniciativa que adiciona dos párrafos al artículo 116 de dicho ordenamiento legal, tiene como propósito otorgar facilidades para el acceso de los organismos financieros rurales; iniciativas señaladas en el capítulo de antecedentes del presente instrumento legislativo marcadas en los puntos primero y tercero.
Al respecto, la primera de las iniciativas, en su exposición de motivos establece principalmente que serán las sociedades rurales las que se verían beneficiadas con la adición que se pretende, por lo que estas Comisiones Unidas en obvio de repeticiones se adhieren a éstas.
Sin embargo, del contenido de dicha adición establece que serán las sociedades que no puedan cumplir con la normatividad del ordenamiento legal en cuestión, sin especificar que tipo de sociedades son las que se encuentran beneficiadas, por lo que se deberá de especificar que son a las sociedades rurales a las que va dirigida esta iniciativa.
Asimismo, de la lectura de los requisitos establecidos en la adición del artículo 9 Bis, se desprende que carece de criterios para determinar cual de las sociedades rurales que pretenden operar no cumplen con los requisitos establecidos por la norma, además se considera que no nada más deberán ser de reciente creación, en virtud que en la actualidad existen diversas sociedades rurales que ya se encuentran operando y que de igual forma no cumplen con dichos requisitos.
Siguiendo con lo anterior, relativo a los requisitos establecidos en dicha adición, se considera que son ambiguas y no claras, por lo que generaría incertidumbre legal, motivo por el cual, se propone modificarlas en sentido de acotarlas, para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en coordinación con la Financiera Rural determinen la viabilidad para que operen las sociedades rurales, en virtud que estas dictaminadoras concuerdan en que la ley de la materia es muy rígida en los requisitos que establece para la operación de la entidades de ahorro y crédito popular y que el sector rural de una u otra forma se encuentra excluido.
Motivo por el cual, se considera viable la posibilidad de modificar la iniciativa, abriendo la posibilidad de que las sociedades rurales que se encuentren realizando operaciones de captación o las que pretendan iniciar operaciones que no cumplan con los requisitos que establece la ley en estudio, puedan seguir operando sin restricción alguna, siempre y cuando se apeguen a las reglas que para tal efecto emitan las dependencias señaladas en el párrafo que antecede, siempre y cuando se le otorguen facilidades a las sociedades rurales.
Ahora bien, con la modificación que se pretende va concatenada con la iniciativa relativa a la adición de un párrafo del artículo 116 de la ley en cuestión, toda vez que con ésta se intenta que la Comisión Bancaria y de Valores y la Financiera Rural emitan una regulación prudencial adecuada a las necesidades del sector rural.
Al respecto, estas dictaminadoras estiman adecuada la iniciativa en cuestión, siempre que se tome en cuanta que las sociedades rurales como se señala en la exposición de motivos expuesta por el diputado Bárcenas, existe una ausencia de servicios financieros por diversas razones, por lo que se deberá de incentivar la actividad financiera rural.
Para tal efecto, la Comisión Bancaria y de Valores y la Financiera Rural estarán obligadas a que la normatividad que emitan contemplen beneficios al sector rural, es decir, que se considere el mecanismo de incorporar a las sociedades a programas de capacitación y asesoría, para efecto de impulsar el desarrollo de las diversas actividades de dicho sector, siendo uno de los objetivos por el cual se creó la Financiera Rural, además deberá contemplar la regulación que se disminuyan los costos de supervisión auxiliar y se le otorguen a las sociedades el financiamiento necesario, para efecto de que se consoliden como entidades de ahorro y crédito popular.
Por lo anteriormente expuesto, se arriba a la conclusión que las iniciativas con relación a la adición del artículo 9 Bis es viable con las modificaciones propuestas y la adición de un párrafo relativo al artículo 116, ambas de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de igual forma se considera factible sin la necesidad de cambio a la redacción.
Segundo.- Estas dictaminadoras valoran la necesidad de iniciar con el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y III del artículo 4 Bis y una adición del artículo 4 Bis 1, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, descrita en el antecedente tercero del presente dictamen.
Al respecto, lo que se pretende con la reforma de las dos fracciones del artículo 4 Bis, es principalmente incrementar de 250 a 750 personas y de 350,000 Unidades de Inversión (Udi), siendo dos de los ocho requisitos para no considerarse que las asociaciones, sociedades civiles y cooperativas realizan captación de recursos en términos de la ley en cuestión.
De igual forma, se pretende con la adición del artículo 4 Bis 1 de la ley, que las asociaciones, sociedades civiles y cooperativas que incrementen el número de personas y total de activos, señaladas en el párrafo anterior, empero que sean inferiores a 1,500 personas y 1,500,000 Udi, respectivamente y que tengan la intención de que sean autorizadas en términos de lo dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular, deberán cumplir con lo siguiente:
Que la asamblea general, asociados o socios acuerden llevar a cabo lo necesario para obtener la autorización de la Comisión Bancaria y de Valores para constituirse como entidad de ahorro y crédito popular y aprobar su filiación a una federación autorizada y/o celebrar un contrato de prestación de servicios con dicha federación;
La sociedad o asociación se afilie y/o celebre contrato con una federación autorizada por la Comisión Bancaria y de Valores;
La sociedad o asociación deberán participar en programas de asesoría, capacitación y seguimiento con la federación, y
La sociedad o asociación de cumplimiento a todas de las obligaciones contenidas en el programa de operación institucional.
Ahora bien, estas dictaminadoras estiman adecuada la explosión de motivos de la iniciativa en cuestión, por lo que en obvio de repeticiones la hacen suya, siendo adecuada en primer lugar la que arribó con la reforma de las dos fracciones, en el sentido de la ampliación tanto de personas como del total de activos de las sociedades o asociaciones para quedar excluidas a la legislación en estudio.
Sin embargo, en el artículo 4 Bis de la ley de la materia, se establece como requisito que las asociaciones o sociedades deberán registrarse ante la federación de su elección para proporcionarle cierta información en forma semestral, la que se podría considerar como información reservada, por lo que se propone que dicha información sea suministrada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por ser autoridad competente para conocer de la misma y no generar un conflicto de intereses entre particulares, máxime que las sociedades deben declarar ante ésta, según las obligaciones fiscales que corresponden.
No obstante lo anterior, se encuentran una serie de requisitos nuevos propuestos en la adición del artículo 4 Bis 1, del ordenamiento legal multicitado, que como se establece que las sociedades o asociaciones que se encuentren en dicho supuesto "y que desde su constitución tengan la intención de ser autorizadas como entidades de ahorro y crédito popular, deberán cumplir además de lo dispuesto en el artículo 4 Bis., con los siguientes requisitos: ?", mismos que de una u otra forma se podrían cubrir con la eliminación que estas comisiones unidas pretenden, ya que la intención es de facilitar al sector simplificándolos para la operación de sociedades o asociaciones pequeñas.
Por todo lo anterior, estas dictaminadoras llegan a la conclusión de aprobar la iniciativa que reforma las fracciones II y III del artículo 4 Bis y la adición del artículo 4 Bis 1, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, agregando derogar las fracciones V y VI del artículo 4 Bis de dicho ordenamiento, para efecto de simplificar los requisitos que se exigen en dicho ordenamiento y otorgar facilidades a las sociedades o asociaciones integradas por pocas personas y con un capital limitado.
Tercero.- Por último, se entra al estudio y análisis de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un penúltimo y antepenúltimo párrafo a la fracción V del artículo octavo transitorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del 2005, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Lo anterior, tiene como objeto de que las sociedades de ahorro y préstamo (Saps) que cuenten con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y clasificadas en las categorías a) y b) de la fracción IV del artículo cuarto de dicho decreto, por un consultor con experiencia en finanzas populares contratado por el Banco Nacional de Servicios Financieros, SNC, exentarán del dictamen favorable de una federación para tramitar su autorización para operar como entidades ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con la entrada en vigor de lo que se intenta podrán dichas sociedades ser supervisadas por las federaciones autorizadas en términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Se desprende de lo anterior, que las Saps que hayan sido autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y que hayan sido clasificadas por un consultor externo, quedarán exentas del dictamen favorable de una federación para tramitar su autorización para operar como entidades ante dicha Comisión.
En efecto, la primera hipótesis de lo que la iniciativa pretende es que sean las Saps, sin tomar en consideración que la ley de la materia contempla a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las sociedades financieras populares, para operar como entidades de ahorro y crédito popular.
Sin embargo, existen otro tipo de asociaciones y sociedades que no se encuentran plenamente especificadas en esta legislación, que de una u otra forma celebran las operaciones de captación y que con la legislación por la cual fueron constituidas no les prohíbe desarrollar dichas actividades y que de igual forma cuentan con la autorización correspondiente, por lo que se deberá tomar en consideración el artículo 14 de la Constitución General de la República, para efecto de no violentarlo.
Sobre el particular, debe entenderse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aceptado la teoría de que una ley es retroactiva, cuando vuelve al pasado para apreciar las condiciones de legalidad de un acto o para modificar los efectos de un derecho ya realizado, siendo que la aplicación de toda ley es inmediata, es decir, se aplica en el presente pero que no puede ser aplicada al pasado.
Ciertamente, las sociedades o asociaciones han adquirido derechos al amparo de leyes anteriores o vigentes, en la que ya se introdujo una facultad, un bien o un provecho al patrimonio y con la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular se entiende que es una expectativa de derecho, es decir, que existe una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta sin que haya una afectación directa al patrimonio o bienes que no puede destruirse lisa y llanamente.
Lo anterior, se robustece con la jurisprudencia visible en la página 45; Tomo: tercera parte, LIV; con número de registro: 801,597; jurisprudencia; materia(s): constitucional; sexta época; instancia: Segunda Sala; fuente: Semanario Judicial de la Federación, que a la letra señala lo siguiente:
"Retroactividad, no solamente puede presentarse como conflicto de leyes en el tiempo. Es un error pretender que la circunstancia de que una ley ordinaria actúe sobre el pasado no es contraria al artículo 14 constitucional al no existir una ley anterior a aquélla, al amparo de la cual hayan surgido derechos que resulten lesionados con la vigencia de la nueva ley.
Efectivamente, si bien es verdad que por regla general el fenómeno de la retroactividad se presenta como un conflicto de leyes en el tiempo, como una controversia entre dos leyes expedidas sucesivamente y que tienden a normar el mismo acto, el mismo hecho o la misma situación, también lo es que puede darse el caso de que los mandatos de una ley sean retroactivos y lesivos al mencionado artículo 14 cuando rijan de manera originaria determinada cuestión, es decir, cuando ésta sea prevista legislativamente por primera vez.
En atención a ese fenómeno complejo que constituye la aparición del Estado, explicable por el principio de soberanía en virtud del cual el pueblo adopta la forma de gobierno que le place y se da normas que le permitan encauzar su vida social, surge una diferenciación entre gobernantes y gobernados que hace posible que quienes integren el Poder Legislativo estén en aptitud de regular normativamente la conducta de los gobernados. Pero ello no significa que éstos hayan perdido su libertad aun en lo normado y que sólo puedan realizar los actos que específicamente les sean autorizados, sino nada más que habrán de abstenerse de hacer lo prohibido por la ley y de sujetarse a los lineamientos trazados por ésta en las hipótesis previstas por el legislador. Consecuentemente, en aquellos casos en que la conducta del gobernado no haya sido normada en forma alguna por el Poder Legislativo, de manera que no pueda ser considerada prohibida ni válida únicamente cuando se ciña a determinadas restricciones, su realización constituirá el ejercicio de un "derecho", emanado precisamente de la ausencia de una ley reguladora, y tutelado, por lo mismo, por el orden jurídico, en cuanto éste, al dejar intacto el ámbito de libertad en que tal conducta es factible, tácitamente ha otorgado facultades para obrar discrecionalmente dentro del mismo.
Por consiguiente, la ausencia de normas limitadoras de la actividad del individuo, configura un derecho respetable por las autoridades, aun por el propio legislador, cuya vigencia desaparecerá hasta que surja una norma legislativa al respecto. Es decir, antes de la prevención legislativa, el derecho estriba en poder obrar sin taxativas; después de ella, el derecho está en obrar conforme a tal prevención, pues mientras las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les faculta, el gobernado puede hacer todo lo que dicha ley no le prohíbe.
Establecido que la ausencia de normas legislativas configura para el gobernado el derecho de obrar libremente, y que tal derecho también es tutelado por el orden jurídico, porque todo lo no prohibido por las normas legales ni sujeto a determinadas modalidades le está por ellas permitido, tiene que admitirse que el surgimiento de una ley que regule una situación hasta entonces imprevista legislativamente, sólo puede obrar hacia el futuro, ya que de lo contrario estaría vulnerando el artículo 14 constitucional, que estatuye que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Ahora bien, si en un caso no existía ley alguna anterior a unas circulares reclamadas que fijara el precio oficial de un producto para los efectos de la cuantificación del impuesto de exportación, los quejosos tuvieron el derecho de exportar tal producto al precio que estimaron pertinente, tomando en cuenta para su fijación exclusivamente los costos de producción y un margen de utilidad. En consecuencia, las circulares que "rigen situaciones anteriores a la fecha de su publicación", vulneran el derecho de los quejosos, derivado precisamente de la ausencia de disposiciones legales que lo limitaran o reglamentaran.
Volumen XLVIII, tercera parte, páginas 13 y 52. Amparo en revisión 6895/60. Compañía Minera San José, SA de CV, y Coags. 7 de junio de 1961. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.
Volumen L, tercera parte, páginas 107 y 174. Amparo en revisión 2054/60. Compañía Minera de San José, SA de CV y Coags. 2 de agosto de 1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo.
Volumen LI, tercera parte, página 106. Amparo en revisión 3032/61. Compañía Minera de San José, SA de CV, y Coags. 7 de septiembre de 1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.
Volumen LI, tercera parte, páginas 66 y 106. Amparo en revisión 2550/61. Compañía Minera de San José, SA de CV. 20 de septiembre de 1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.
Volumen LII, tercera parte, páginas 98 y 142. Amparo en revisión 7236/60. Compañía Minera de San José, SA de CV, y Coags. 27 de octubre de 1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Octavio Mendoza González."
Por lo anteriormente expuesto, se arriba a la conclusión que con lo que se pretende con la iniciativa en cuestión, es evidentemente evitar que las Saps que quieran regularse por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y que hayan sido autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público previo a la entrada en vigor del ordenamiento legal citado, se les vulnere con sus derechos que con anterioridad adquirieron, tal y como se explica en la exposición de motivos del diputado Bárcenas.
Asimismo, se concluye que no nada más se deberá de considerar a las Saps, sino que también del resto de las sociedades y asociaciones que opten por incorporarse a la ley en cuestión, para efecto de no infringir en una violación constitucional con éstas, por lo que se determina agregarlas al presente proyecto de decreto, sin perjuicio de las que cuentan con la autorización respectiva o que se encuentran debidamente legitimadas para ello.
Atentos a estas consideraciones, valoramos positivamente el espíritu de las iniciativas señaladas en el capítulo de antecedentes del presente instrumento legislativo.
Por lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social, presentan a la consideración de esta soberanía el presente dictamen por el que se adicionan diversos artículos, se reforman dos fracciones y se derogan otras dos, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; así como la adición de dos párrafos a un artículo transitorio del decreto de reformas a dicho ordenamiento, para quedar como sigue:
Artículo Primero.- Se adicionan los artículos 4 Bis 1, 9 Bis y el párrafo cuarto del artículo 116; se reforman las fracciones II y III y se derogan las fracciones V y VI, del artículo 4 Bis, todos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Articulo 4 Bis. (...)
I. (...)
II. El número máximo de sus asociados, socios o integrantes será de 750 personas;
III. Sus activos no podrán ser superiores a 750,000 unidades de inversión (Udi); IV. (?)
V. Se deroga.
VI. Se deroga.
VII. (......)
VIII. (......)
IX. (...)
Artículo 4 Bis 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las asociaciones, sociedades civiles y sociedades cooperativas cuyo número de asociados y total de activos sean superiores a lo indicado en la fracción II y III del artículo 4 Bis, pero que sean inferiores a 1500 asociados y 1,500,000 Udi respectivamente y que desde su constitución tengan la intención de ser autorizados como Entidades de Ahorro y Crédito Popular, deberán cumplir además de los dispuesto en el artículo 4 Bis., con los siguientes requisitos:
I. La asamblea general de socios o asociados de la sociedad o asociación de que se trate, acuerde llevar a cabo los actos necesarios para obtener la autorización de la Comisión para constituirse y operar como entidad y sujetarse a los términos y condiciones previstos en este artículo. El acuerdo de la asamblea deberá incluir la conformidad de ésta para que la sociedad o asociación asuma las obligaciones que se originen de los programas a que se refiere la fracción III de este artículo.
De igual forma, la asamblea, en su carácter de órgano supremo de la sociedad o asociación correspondiente, deberá aprobar su afiliación a una federación autorizada por la Comisión, y/o la celebración de un contrato de prestación de servicios, en términos de lo señalado en la fracción II de este artículo, manifestando que dichos actos quedarán sujetos al cumplimiento de los programas a que se refiere la fracción III de este precepto.
Los órganos de administración de las sociedades o asociaciones deberán adoptar los acuerdos mencionados en los párrafos anteriores;
II. Se afilie a una federación autorizada por la Comisión o, en su defecto, celebre con alguna de ellas, un contrato de prestación de servicios que prevea, entre otros aspectos, que la federación le proporcione asesoría técnica, legal, financiera y/o de capacitación, y que permita a la federación evaluar el cumplimiento de la sociedad o asociación a lo previsto en este artículo.
Dicho contrato deberá tener como anexo los programas a que se refiere la fracción III de este precepto.
La Federación deberá verificar, previamente a la celebración de los actos referidos en el párrafo anterior, que la sociedad o asociación haya dado cumplimiento a lo previsto en la fracción I de este artículo;
III. Participar, en programas de asesoría, capacitación y seguimiento con la Federación a la que se hayan afiliado y/o con la que, en su caso, hayan celebrado el contrato de prestación de servicios a que se refiere la fracción anterior. Dichos programas deberán ser llevados a cabo por la referida Federación.
IV. Den cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones, términos y condiciones contenidas en el programa de operación institucional, establecido con base en la fracción III de este artículo.
Para tales efectos, la Federación deberá evaluar periódicamente el cumplimiento al programa de operación institucional.
En el evento de que la federación detecte algún posible incumplimiento a las obligaciones consignadas en el programa de operación institucional referido en la fracción III de este artículo, deberá notificar este hecho a la sociedad o asociación de que se trate, a fin de que ésta en un plazo de quince días hábiles contado a partir de la fecha de la notificación, subsane las observaciones respectivas a satisfacción de la federación. En caso contrario, o bien de no atenderse la notificación en el plazo correspondiente, la Federación deberá dar por terminada la afiliación y el contrato de prestación de servicios celebrado con la sociedad o asociación de que se trate, e informará de este hecho a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que dicho órgano desconcentrado tome las acciones que conforme a derecho correspondan.
Las sociedades de reciente creación y aquellas que al 1 de enero de 2006 cumplan todos y cada uno de los requisitos previstos en este precepto, contarán con la posibilidad de seguir operando sin sujetarse al resto de los requisitos exigidos por la presente Ley durante un periodo no mayor de tres años, lo anterior en el entendido de que a más tardar en esa fecha, deberán obtener la autorización de la Comisión para constituirse y operar como Entidades de Ahorro y Crédito Popular, en caso de no obtener la autorización deberá ser fusionada o liquidada en los términos de la sección quinta del capítulo II del Titulo Tercero de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Asimismo, no se considerará que se ubiquen en la prohibición establecida en el artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Artículo 9 Bis.- Las sociedades rurales que realicen operaciones de captación de recursos o aquellas que pretendan operar que no reúnan íntegramente con los requisitos establecidos por esta ley, podrán seguir ejerciendo o bien, inicien con esta acción, siempre y cuando cumplan con las reglas prudenciales establecidas en el último párrafo del artículo 116 de esta ley.
La regulación prudencial y secundaria deberán ser acordes a las necesidades del sector rural, en las que contendrán cuando menos las formas en que participarán dichas sociedades en programas de asesoría y capacitación, así como de otorgarles facilidades de financiamiento para su consolidación; disminución o reducción de los costos de supervisión auxiliar que al efecto se les practiquen y establecerán un término de cuando menos cuatro años para efecto de que realicen operaciones de captación, mediante mecanismos de evaluación y control de las operaciones.
Artículo 116. (...)
(...)
(...)
La Comisión y la Financiera Rural emitirán una regulación prudencial y secundaria adaptada a las particularidades de la intermediación financiera del sector rural, con el objeto de permitirles su plena inserción a la regulación que la presente ley establece.
Artículo Segundo.- Se adiciona un penúltimo y antepenúltimo párrafo a la fracción V del artículo octavo transitorio del decreto de reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005.
Octavo. Las sociedades de ahorro y préstamo, y las uniones de crédito que cumplan lo previsto en el artículo cuarto transitorio de este decreto y que hayan sido clasificadas en las categorías a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción IV del citado artículo, podrán llevar a cabo, hasta el 31 de diciembre de 2005 o, en su caso, hasta el vencimiento del plazo a que se refiere el propio artículo cuarto transitorio de este decreto, las operaciones siguientes:
I.-V. (...)
(...)
(?)
(...)
(...)
Cualquier tipo de sociedad o asociación que cuenten con autorización vigente expedida por autoridad competente y que hayan sido clasificadas en las categorías a) y b) de la fracción IV del artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005, por un consultor con experiencia en finanzas populares contratado por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC, Institución de Banca de Desarrollo, exentarán del dictamen favorable de una federación para tramitar su autorización para operar como entidades ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Asimismo, a partir de la entrada en vigor de este decreto, las sociedades de ahorro y préstamo enunciadas en el párrafo anterior podrán ser supervisadas por las federaciones autorizadas en los términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
(...)
Transitorios
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos al primer día del mes de marzo del año dos mil seis.
Concluida la lectura, a sugerencia del presidente se revisaron artículo por artículo, anotando todas y cada una de las observaciones vertidas por los asistente, concretamente se propone que la presentación de antecedentes sea más breve, incluyendo al final de cada uno, una breve síntesis de su contenido sustantivo. Una vez concluido el análisis del proyecto de dictamen antes referido, el Presidente de la Comisión pregunta a los asistentes si se aprueba en sus términos incluyendo los comentarios que tuvieron a bien realizar los asistentes así como el comentario del licenciado Manuel Noble Rangel, subdirector de Apoyo Técnico Jurídico a las Comisiones, en el sentido que la propuesta de los diputados Víctor Suárez Carrera y Juan José Barcenas González, es procedente, recomendando entre otras cosas complementar el titulo del dictamen, agregando la expresión "proyecto de decreto".
En este mismo rubro se propone de conformidad con las reglas de la técnica legislativa y la congruencia de la estructura del proyecto de decreto, citar primero las reformas, en segundo término las adiciones, y al final las derogaciones practicadas, sugiriéndose al respecto la siguiente redacción: Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; dentro del artículo segundo del proyecto de decreto, y específicamente en la adición del artículo octavo transitorio (al final del primer reglón de su primer párrafo), se sugiere agregar la proposición con entre las palabras cumplan y lo, a efecto de lograr la plena coincidencia del texto del dictamen (en las partes que subsistan del mismo) con el decreto que se pretende reformar; Asimismo, dentro del artículo segundo del proyecto de decreto, y específicamente en el primer párrafo del artículo octavo transitorio, se recomienda sincronizar el criterio con el texto original del decreto que se pretende reformar, escribiendo con mayúsculas las primeras letras de las siguientes palabras: Artículo, Cuarto, Transitorio y Decreto.
Por último, se propone unificar la denominación del dictamen entre la que aparece al inicio del proyecto de decreto con la que se anota en el encabezado de las hojas que integran aquel. No habiendo comentario alguno por los asistentes se aprueba el proyecto de dictamen incluyendo las observaciones, en consecuencia el presidente de la comisión solicita al secretario técnico elabore el proyecto de dictamen final incluyendo todas y cada una de las observaciones que se hicieron al respecto en esta reunión y las enviadas por los diputados integrantes de la comisión, una vez que se tenga el documento final, se envíe a los diputadas y diputados integrantes, que expresen sus últimos comentarios, para finalmente proceder a su discusión y, en su caso aprobación en la próxima sesión plenaria y continuar con el tramite legislativo conducente.
Por acuerdo de los asistentes se resuelve que la tercera reunión de trabajo se efectúe el próximo viernes 10 de marzo del año en curso a las 11:00 horas en las oficinas que ocupa la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, sito en edificio F, primer piso, bajo el siguiente
Orden del Día
Proyecto de dictamen de las siguientes iniciativas:
a) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
b) Iniciativa por la que se reforma el artículo 33 y se adicionan los artículos 33-A, 33-B, 33-C, 33-D, 33-E y 33-F de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
No habiendo comentario alguno que agregar se da por concluida la reunión de trabajo, siendo las trece horas con treinta minutos del día de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron.
Palacio Legislativo, a 10 de marzo de 2006.
Dip. Francisco Javier Saucedo Pérez (rúbrica)
Presidente
Belizario Iram Herrera Solís (rúbrica)
Secretario
