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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a posponer la entrada en vigor de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2005, relativa al consumo de combustible para transportes, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, respecto al fallo de la Secretaría de Economía en contra de los porcicultores norteamericanos en las importaciones de pierna de cerdo a nuestro país, suscrita por los diputados José Erandi Bermúdez Méndez, Gonzalo Alemán Migliolo, Reynaldo Valdés Manzo y Alejandro Saldaña Villaseñor, integrantes de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a sujetarse a los lineamientos establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados sobre solicitudes de liberación de organismos genéticos, a cargo del diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedesol a remitir a los municipios de los estados y a las delegaciones del Distrito Federal participantes los resultados de las evaluaciones aplicadas en materia de desarrollo social por esa dependencia, a cargo del diputado Javier Galván Guerrero, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de salud del país a prácticar urianálisis con tira reactiva en la población pediátrica para prevenir enfermedades renales, a cargo de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que, mediante la SRE, proporcione a esta soberanía la información relativa al Acuerdo de Asociación Estratégica con Chile, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a fortalecer las políticas de aumento de la producción y productividad, y a canalizar mayores recursos a subsidios y créditos para productores de sorgo, a cargo del diputado Javier Galván Guerrero, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para crear una comisión especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales en el proceso electoral de 2006, a cargo de la diputada Beatriz Mojica Morga, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la CNDH a visitar los centros penitenciarios del país para detectar violaciones de garantías individuales de las reclusas, a cargo de la diputada Gema Isabel Martínez López, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita investigar la asignación de contratos para el aprovisionamiento de medicamentos a los servicios coordinados de salud del estado de Yucatán, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a llevar a cabo mediante el INEGI un censo nacional sobre el sector artesanal, suscrito por los diputados Sofía Castro Ríos y Heliodoro Díaz Escárraga, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Chiapas a presentar un informe minucioso sobre la aplicación de los recursos federales designados para la reconstrucción de esa entidad, a cargo del diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández, del grupo parlamentario del PRI.
- A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Pablo Gómez Álvarez, del grupo parlamentario del PRD.
- A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud de los diputados Clara Marina Brugada Molina y Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del PRD.
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SHCP A POSPONER LA ENTRADA EN VIGOR DE LA SEGUNDA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2005, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTES, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE LEONEL SANDOVAL FIGUEROA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Jorge Leonel Sandoval Figueroa de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, interesado en que las resoluciones de la miscelánea fiscal sean aplicadas conforme a los principios de legalidad, proporcionalidad y comodidad en el pago de los impuestos consagrados en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes
Considerandos
La Cámara de Diputados, en diciembre de 2004, aprobó una resolución que obliga a los contribuyentes físicos y a los morales con actividades empresariales a realizar las deducciones previstas en el artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta a través de medios electrónicos cuando se trate de consumo de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres. Sin embargo, esta determinación se pospuso hasta diciembre del mismo año, fecha en la que entró en vigor la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2005, con graves problemas de operación.
El sistema fiscal de deducciones por medios electrónicos opera mediante un sistema complejo de tarjetas de débito, crédito o monederos bancarios. Los concesionarios autorizados para la venta de combustibles domésticos, como la gasolina, el diesel y el gas natural, en estos tiempos carecen en su mayoría de los factores logísticos pertinentes para el funcionamiento exitoso de esta actividad.
Las irregularidades que se desprenden de este mecanismo de deducciones han sido reconocidas por el Servicio de Administración Tributaria. Posee muchos inconvenientes de funcionalidad e influyen en la imposibilidad práctica para lograr que el contribuyente no se vea sometido a esperar en los centros de venta de combustible por más de 15 minutos una vez despachado el servicio de venta de los energéticos para recibir el comprobante fiscal que acredita el pago del combustible, máxime que las personas absorben el costo de las comisiones que los bancos cobran por utilizar el servicio que les brinda el libre acceso a deducir esta operación por medios electrónicos.
Debemos exponer de manera clara que sólo 30 por ciento de las estaciones de venta de combustibles, como las gasolineras, tiene infraestructura para la expedición del comprobante que dará al contribuyente la oportunidad de deducir por el consumo; es decir, más de 7 mil estaciones de gasolina en la República Mexicana aún no cuentan con herramientas que permitan a las terminales de venta dar el servicio adecuado, siendo el caso que la norma ordena al contribuyente efectuar la deducción por este servicio sólo por medios electrónicos.
Estas carencias son un verdadero problema para los contribuyentes, no sólo porque les implica una seria pérdida de tiempo para la expedición del comprobante fiscal sino que deben buscar una terminal gasolinera que cuente con el sistema de expedición del comprobante idóneo, además de constreñirse a pagar entre 6 y 8 por ciento del valor de cada operación, cuando es el caso que las instituciones bancarias no están facultados para efectuar el cobro de ninguna comisión al usuario de las tarjetas o cheques por el pago derivado de los combustibles. Por ende, constituye un cargo que se hace de manera unilateral y que la autoridad nunca estableció.
Este cobro que los bancos realizan no tiene sustento legal, toda vez que el Servicio de Administración Tributaria está encargado de emitir los lineamientos generales de operación, y en ellos jamás realizó un señalamiento en favor de esta práctica, sin importar que el establecimiento de deducciones en la compra de combustibles por medios electrónicos tiene como objetivo combatir el robo de los energéticos y evitar fraudes.
Por tanto, se violan los principios rectores de la contabilidad en México, al verse atentados los derechos del contribuyente al existir una grave falta de claridad, equidad y facilidad en el pago del impuesto, ya que el contribuyente tiene la obligación de presentar la declaración de impuestos. Pero en el caso de la falta de funcionalidad en el proceso de mérito, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público debe cumplir para el óptimo desempeño del sistema y no exigir aún a los contribuyentes cumplir los lineamientos aprobados por la Cámara de Diputados para resolver un problema y no así para crear nuevos, gracias a los incumplimientos del licenciado Francisco Gil Díaz, en su carácter de responsable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por ello es necesario suspender de manera temporal dicha medida hasta que el sistema opere a 100 por ciento; es decir, que todos los concesionarios de las gasolineras contengan el sistema, toda vez que a este problema las autoridades fiscales darán solución a largo plazo, ya que el 24 de enero del año en curso el Servicio de Administración Tributaria emitió un comunicado en que da una opción para hacer el pago en efectivo de estas deducciones, bajo reglas complicadas a través de informes mensuales.
Estos informes deberán especificar la información relativa al número de la estación gasolinera, si se encuentra al borde de alguna carretera se tendrá que especificar el kilómetro donde se encuentra, la fecha, el motivo por el cual realizaron el pago en efectivo y tener el comprobante del pago, para luego presentarse en las oficinas de la dependencia, o bien, enviarla a través de Internet. Por ello, como podemos ver, esta medida de ningún modo pone fin al conflicto.
Por lo anteriormente expuesto, se desprende el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorte al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, licenciado Francisco Gil Díaz, a posponer la entrada en vigor de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2005, relativa a la obligación de los contribuyentes de deducir el consumo de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres por medios electrónicos, debido a la falta de infraestructura para lograr su operación eficiente.
Segundo. Se mantenga informada a esta honorable Cámara sobre lo referente al punto anterior.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dos días del mes de febrero de dos mil seis.
Dip. Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, RESPECTO AL FALLO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA EN CONTRA DE LOS PORCICULTORES NORTEAMERICANOS EN LAS IMPORTACIONES DE PIERNA DE CERDO A NUESTRO PAÍS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ, GONZALO ALEMÁN MIGLIOLO, REYNALDO VALDÉS MANZO Y ALEJANDRO SALDAÑA VILLASEÑOR, INTEGRANTES DE los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD
Los suscritos diputados federales de la LIX Legislatura, integrantes de los grupos parlamentarios Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hacemos uso de esta tribuna para solicitar su apoyo, a efecto de que esta representación tome medidas ante un problema que afecta de manera grave un sector productivo que genera empleo e ingresos para muchas familias mexicanas.
En los últimos años y como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, la porcicultura nacional, ha sufrido un grave daño provocado por los cuantiosos volúmenes de importaciones de carne de cerdo, que ingresan a México con precios muy por debajo de los costos de producción en su país de origen.
Esta competencia desleal ha originado que en México se haya sustituido el consumo de carne de cerdo nacional, en más de un 50% por carne de cerdo de origen de los Estados Unidos de América, generando con ello la pérdida de muchos empleos e ingresos para nuestros productores, así como el desmantelamiento de granjas de pequeños y medianos productores mexicanos y en muchos casos la migración de los mismos en busca de empleos a los Estados Unidos.
El sector porcícola ha buscado a través de las instancias correspondientes, acceder a los mecanismos de defensa previstos en las diversas leyes, lo que ha representado importantes gastos para el sector.
La petición de investigación antidumping de carne de cerdo promovida en 2003 por los porcicultores nacionales, no prosperó por falta de voluntad política por parte de los funcionarios de la Secretaría de Economía, al ceder ante la presión presentada por los grandes importadores de estos productos, así como a la presión del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
En 2004 en atención a la recomendación de la Secretaría de Economía, se inicio la investigación de antidumping contra las importaciones de pierna de cerdo, pero de manera sorpresiva; aún cuando el dictamen resultó favorable a los productores mexicanos, la dependencia antes mencionada, publicó una resolución preliminar negativa, dando por terminada la investigación.
Es importante señalar, que la Cámara de Diputados en su sesión del 14 de diciembre de 2004 aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Mario Ernesto Dávila Aranda, del grupo parlamentario del PAN, exhortando al secretario de Economía a publicar una resolución provisional con una cuota compensatoria para las importaciones de pierna de cerdo procedentes de los Estados Unidos de América y de igual forma, el senador Adalberto Madero Quiroga, del PAN, presentó un exhorto en el mismo sentido.
Ante los hechos antes descritos, acudimos a su compromiso por la defensa de los productores mexicanos, aprobando el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Que el Ejecutivo federal expida inmediatamente la resolución por la que se impongan impuestos a la importación de las piernas, paletas y sus trozos de cerdo en su modalidad de frescas, refrigeradas o congeladas (fracciones arancelarias 0203.12.1 y 0203.22.01), cubriendo los trámites necesarios que existen de acuerdo a los compromisos internacionales de México, al amparo de la autorización otorgada a nuestro país por la Organización Mundial de Comercio, para aplicar impuestos a la importación de productos originarios de los Estados Unidos de Norteamérica, por una cantidad de 25 millones de dólares.
Segundo. Que el Ejecutivo federal proceda a la revocación de la resolución por la que se concluye la investigación antidumping sobre las importaciones ya referidas.
Tercero. Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Secretaría de Economía informen a esta soberanía, en un plazo que no exceda de 10 días a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo, las acciones dirigidas en apoyo al sector porcícola nacional frente a las importaciones provenientes de los Estados Unidos de América.
Cuarto. Que la Secretaría de Economía informe a esta representación social, sobre el mecanismo que se está aplicando para equilibrar el mercado nacional de productos porcícolas frente a las importaciones provenientes de los Estados Unidos de América e informe los resultados que se han obtenido.
Diputados: Gonzalo Alemán Migliolo, Alejandro Saldaña Villaseñor, Reynaldo Valdés Manzo, José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SAGARPA A SUJETARSE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS SOBRE SOLICITUDES DE LIBERACIÓN DE ORGANISMOS GENÉTICOS, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR SUÁREZ CARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El que suscribe, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de los siguientes
Considerandos
A fines del año pasado se intentó iniciar el Proyecto Maestro de Maíz en diferentes partes del territorio mexicano. En un escueto comunicado la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (número 315/05) dio a conocer que el propósito del mismo era liberar en fase experimental siete variedades de maíz transgénico de tres empresas: Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences. De acuerdo a la información que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) publicó en su página electrónica, se autorizaron siete ensayos de las siguientes variedades de maíz transgénico: Herculex, YieldGard, Solución Faena 2, YieldGard/Solución Faena y Mon 88017. El proyecto estaría conducido por investigadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en las instalaciones de cinco campos experimentales del INIFAP ubicados en los estados de Sonora, Sinaloa y Tamaulipas.
Al tener conocimiento sobre este proyecto tanto legisladores como grupos ambientalistas nos dimos a la tarea de revisar el apego a la recién promulgada Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. En lo que sería la primera experiencia de implementación de esta ley se encontraron múltiples violaciones que se denunciaron en la tribuna de la Cámara de Diputados y en los medios de comunicación. Todo hace suponer que esta fue la razón por la que el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad (Senasica) retiró las autorizaciones. El organismo, dependiente de la Secretaría de Agricultura, indicó en un comunicado, el 26 de noviembre de 2005, que la ley lo faculta para dejar sin efecto la expedición de certificados fitosanitarios que en su momento fueron emitidos para concretar el denominado Proyecto Maestro de Maíz.
El coordinador del Proyecto Maestro de Maíz, Luis Herrera Estrella, reconoció en la prensa que no se habían cumplido con todos los requisitos legales. Indicando que los protocolos de investigación se deben hacer públicos para comentarios y recomendaciones. En esta entrevista Herrera señaló que este estudio no es de las empresas, sino que "es científico" y se haría con financiamiento público del Inifap y del Cinvestav. Sin embargo, precisó que "las empresas revisaron los protocolos de investigación, porque son responsables de lo que se haga con las semillas... El interés de las empresas es conocer si en México se puede utilizar o no la biotecnología, para saber si siguen sus programas de semillas".
Por su parte, la empresa Monsanto a través de Ernesto Fajardo, director de la compañía para Latinoamérica Norte reveló en un artículo publicado en la revista Poder y Negocios, que "esperan que los transgénicos representen en México entre 75 y 80 por ciento de su negocio? la empresa quiere sacar provecho de sus tres centros de investigación nacionales y la inversión de casi 40 millones de dólares que han realizado en México desde hace una década". En este mismo artículo Fajardo afirmaba que si no se autorizaba la venta de maíz transgénico en México la empresa se retiraría del país.
Iniciamos el año y parece que para cumplir las expectativas de Monsanto nuevamente se incurre en violaciones a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM). El día 20 de enero del presente Senasica difundió en su página electrónica la consulta pública de solicitudes para permisos de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) la "consulta pública de solicitudes para permisos de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) de uso agrícola."
Sin embargo, al abrir las solicitudes sorprende que estas solicitudes sigan el formato de la norma NOM-056-FITO-1995. No se puede entender que se esté utilizando una norma cuando fue público el intenso debate nacional que originó la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo de 2005.
La aprobación de este marco legal conllevó un amplio análisis y un fuerte debate por parte de esta LIX Legislatura. Por ello, considero de la mayor relevancia observar este marco jurídico para cualquier actividad con organismos genéticamente modificados.
También se aprecia la necesidad de conocer a profundidad los objetivos reales que se persiguen con estas autorizaciones pues, como ya lo hemos manifestado ampliamente, las soluciones que ofrece la biotecnología moderna para la agricultura en México merecen un análisis profundo sobre la problemática específica que presenta cada cultivo para incidir en las alternativas tecnológicas que se requieren.
Por lo expuesto presento a esta honorable soberanía para su aprobación la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
Único.- Se exhorta al licenciado Francisco Mayorga Castañeda, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que se sujete a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y observe sus lineamientos para cualquier trámite de solicitudes de liberación de organismos genéticamente modificados. Asimismo, se solicita se den a conocer los protocolos de investigación del Proyecto Maestro de Maíz.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2006.
Dip. Víctor Suárez Carrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SEDESOL A REMITIR A LOS MUNICIPIOS DE LOS ESTADOS Y A LAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL PARTICIPANTES LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES APLICADAS EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL POR ESA DEPENDENCIA, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER GALVÁN GUERRERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, Javier Galván Guerrero, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 34, incisos a) y b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente propuesta de punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El Plan Nacional de Desarrollo establece que la política de desarrollo social y humano tiene, entre otros objetivos rectores: acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades; lograr un desarrollo social y humano, así como ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones.
Para cumplir los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo, la administración pública se debe organizar mediante programas de gobierno, que buscan impulsar el desarrollo social y humano de los mexicanos y facilitar la realización de acciones y metas orientadas a la evaluación, el seguimiento y la resolución de dichos proyectos.
Para tales fines, la Ley de Planeación, en su artículo 33, establece, entre otros, que el Ejecutivo federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, y el Distrito Federal sin olvidar que en todos lo casos se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios.
Es decir en cada uno de los convenios se definen obligaciones de participación presupuestaria y administrativa para las autoridades locales, asumiendo obligaciones y consecuentemente derechos durante todo el proceso ejecutorio de los programas.
Proceso que obligatoriamente incluye la evaluación de resultados, que debería permitir corregir deficiencias, replantear acciones, y en su caso, actualizar información social y económica de sus comunidades.
Para tales fines, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tiene la facultad de evaluar resultados mediante mecanismos internos y externos.
Las evaluaciones internas se aplican utilizando la estructura propia de la Sedesol y las externas con apego al derecho de Presupuesto de Egresos de la Federación debiendo realizarse por institución académica y de investigación u organismo especializado de carácter nacional que cuenten con reconocimiento y experiencia en la materia.
Los resultados serán reportados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y difundidos de acuerdo con lo establecido con el citado Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Es decir, hay un presupuesto específico para los trabajos externos.
Sin embargo, a pesar de que estas evaluaciones se aplican en los municipios participantes de los programas y son éstos los ejecutores directos de las inversiones y canalizan recursos para responder y entregar todo lo requerido por los evaluadores, jamás en este término, jamás se les informa de manera oficial y directa los resultados de las evaluaciones anuales.
Con tal ausencia de información, los municipios quedan rezagados en el manejo de tan importante información, limitando su capacidad de planeación y programación, tanto de recursos, como de programas, obras y acciones para el desarrollo social integral.
Ausencia informativa que refleja falta de coordinación institucional para cumplir con el ciclo completo de planeación-programación-evaluación.
Por lo anterior, y por la justa razón de que los ayuntamientos cuenten sólo con información relativa a las evaluaciones de resultados en los programas para el desarrollo social ejecutados bajo convenio, y en base a los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito de obvia y urgente resolución, se apruebe el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Solicítese a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, señora Ana Teresa Orozco, que remita a los municipios y a las delegaciones del Distrito Federal participantes, de manera oficial y atendiendo el marco legal, los resultados de las evaluaciones que sobre los programas de desarrollo social se han venido aplicando, por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, sean estas internas o externas y así mejorar los procesos de transparencia e información tendientes a lograr un desarrollo sustentable y sostenido, logrando con esto simplificar los procedimientos de gestión por parte de los municipios interesados y ampliar los niveles de participación a los diferentes programas sociales en base a una mejor información.
Dado éste en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2006.
Dip. Javier Galván Guerrero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE SALUD DEL PAÍS A PRÁCTICAR URIANÁLISIS CON TIRA REACTIVA EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA PARA PREVENIR ENFERMEDADES RENALES, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN MENDOZA FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los abajo firmantes, diputados federales del grupo parlamentario Acción Nacional de esta LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los incisos b) y d) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo para exhortar a todas las autoridades de salud de la República, realicen la práctica de urianálisis con tira reactiva en la población pediátrica, a efecto de prevenir posibles enfermedades renales.
Consideraciones
Nuestra Carta Magna en su artículo cuarto tutela el derecho a la protección de la salud y a su vez la Ley General de Salud establece las bases y finalidades para la protección de la misma, buscando ante todo el bienestar físico y mental del hombre, la prolongación y mejoramiento de la calidad humana, la creación y conservación de condiciones que contribuyan al desarrollo social y el disfrute de servicios de salud y asistencia social satisfaciendo las necesidades de la población.
Por lo anterior, preocupa en demasía a Acción Nacional la creación de programas proactivos en salud pública, mismos que ayuden a la población a enfrentar posibles enfermedades, en especial trataremos el caso específico de enfermedades derivadas de la insuficiencia renal crónica, en la cual la ciudadanía mantiene vivo interés.
Cabe señalar que las enfermedades renales son de naturaleza variada y pueden tener su origen desde el nacimiento con una patología renal determinada genéticamente, cuya sintomatología aparece de inmediato o décadas más tarde.
Algunas de estas enfermedades se localizan en los glomérulos y se manifiestan con sangre en la orina, en tanto que otras radican en los túmulos o en el intersticio y se presentan con poliuria y trastornos electrolíticos, asimismo algunas de estas alteraciones no tienen manifestaciones clínicas durante toda la vida del paciente y otras, como malformaciones de la vía urinaria baja, es decir, las estructuras que no incluyen a los riñones, suelen asociarse con infecciones urinarias de repetición y ocasionan un deterioro progresivo de la función renal, por lo que un traumatismo, tumores, radiaciones e infecciones que afectan al riñón y la magnitud de la alteración de sus estructuras anatomofuncionales (de forma y función) determinan la expresión clínica local o generalizada.
Otras enfermedades pueden tener una causa inmunológica y afectan directamente a las estructuras del riñón propiamente. Un proceso inflamatorio agudo o crónico también altera la capacidad del buen funcionamiento de los riñones.
En nuestro país con el paso del tiempo la insuficiencia renal crónica se ha convertido en un problema de salud pública, encontrándose dentro de las diez primeras enfermedades en las que el sector salud invierte más recursos, está comprobado que en la medicina, los costos para tratar alguna enfermedad disminuyen considerablemente si ésta se detecta a tiempo, ya que puede prevenir otras manifestaciones que agravarían el cuadro.
Las manifestaciones clínicas de los riñones son muy limitadas: duelen cuando hay inflamación, sangrado u obstrucción de la vía urinaria; también pasa sangre a la orina cuando existe un proceso inflamatorio por infección o algún traumatismo. Las proteínas llegan a la orina por el aumento de la permeabilidad glomerular lo que permite el paso de sustancias que normalmente no deben de tirarse a través de la orina, originando con el tiempo alteraciones en el funcionamiento renal y llegando incluso a una insuficiencia renal crónica.
Es por lo anterior, que muchas complicaciones renales son detectadas sólo con el transcurso del tiempo y muchas veces lo único que queda es realizar un transplante, circunstancia conocida como de difícil acceso y posibilidad, que en la mayoría de los casos no es factible de lograrse.
En la Ley General de Salud en su artículo 144 se establece como obligación en los términos que fije la Secretaría de Salud la prevención contra ciertas enfermedades transmisibles, a través de la vacunación, evitando con esto que enfermedades se propaguen de manera epidemiológica y con esto garantizar el bienestar físico de la sociedad.
De esta manera, se puede aducir que la insuficiencia renal no es de transmisión epidémica, sin embargo, si es materia de salubridad general para garantizar el bienestar físico y la calidad humana, pudiéndose determinar como una enfermedad no transmisible con un alto índice de padecimiento en la población y es por eso que se propone se exhorte a las autoridades de salud en México a efecto de realizar de manera obligatoria la práctica de un urianálisis con tira reactiva en la población pediátrica que en general es de suma importancia, ya que la enfermedad renal en dicho estudio, un niño puede tener trastorno genético o del desarrollo embrionario o fetal que ocasione ausencia de los riñones o grados diversos en la alteración de su tamaño o forma y podría ser detectado y corregido a tiempo, lo anterior considerando que los costos son mínimos y que el estudio es sencillo de realizar y se obtiene el resultado de manera inmediata.
Por lo anterior, y para que las políticas de salud se apliquen conforme al espíritu de la ley de la materia de manera coherente, se exhorta a las autoridades de salud del país para que realicen la práctica de un urianálisis con tira reactiva en la población pediátrica.
Punto de Acuerdo
Único: Se sirva solicitar respetuosamente a todas las autoridades de salud de la República, realicen la práctica de un urianálisis con tira reactiva en la población pediátrica a efecto de prevenir y corregir posibles enfermedades renales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2006.
Dip. María del Carmen Mendoza Flores (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL QUE, MEDIANTE LA SRE, PROPORCIONE A ESTA SOBERANÍA LA INFORMACIÓN RELATIVA AL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA CON CHILE, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE MARTÍNEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Jorge Martínez Ramos, diputado federal de la LIX legislatura, integrante del grupo parlamentario del PRD, conforme lo que establecen los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución con base en los siguientes
Antecedentes
El pasado viernes 27 de enero fue difundida en medios nacionales e internacionales la firma de un Acuerdo de Asociación Estratégica entre México y Chile, cuyos alcances, desconocidos aún en México, estarían en el orden de profundizar la relación económica, política, cultural y de cooperación, incluyendo también a terceros países.
Tanto en México como en Chile, la firma de este instrumento ha sido valorada como un esfuerzo de los respectivos ejecutivos por recomponer la relación política que se vio enfriada luego de la confrontación por la Secretaría General de la OEA. Desde la perspectiva de México, se trata de un tema neurálgico puesto que durante este sexenio varias de nuestras relaciones estratégicas han resultado lastimadas.
Sin embargo, advertimos que de nueva cuenta el Presidente ha suscrito a nombre de la nación mexicana un "acuerdo" cuyos alcances pertenecen a los de un tratado internacional y que ha hecho esto amparado en un instrumento jurídico confuso, que le permite eludir al Senado de la República.
Teniendo en consideración la información publicada acerca de los contenidos de este "acuerdo", sobre todo en materia económica, así como la Ley sobre Celebración de Tratados en Materia Económica, en vigor desde finales del 2004, resulta vital que el Ejecutivo asuma una actitud de mayor responsabilidad y respeto hacia las facultades de los distintos poderes de la Unión, informando oportunamente al Congreso acerca de los pormenores de la firma de instrumentos de esta naturaleza.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a que haga pública toda la información relativa al Acuerdo de Asociación Estratégica firmado con Chile el pasado 27 de enero de 2006.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2006.
Dip. Jorge Martínez Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA A FORTALECER LAS POLÍTICAS DE AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD, Y A CANALIZAR MAYORES RECURSOS A SUBSIDIOS Y CRÉDITOS PARA PRODUCTORES DE SORGO, A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER GALVÁN GUERRERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 34 incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente propuesta con punto de acuerdo, para solicitar a la Sagarpa impulse el fortalecimiento de políticas de producción de sorgo y se canalicen mayores recursos para otorgar subsidios y créditos a productores.
Con el propósito fundamental de homologar costos con los principales importadores de este grano forrajero, a fin de que haya una recuperación gradual de la producción e incrementarla hasta atender totalmente la demanda nacional, reducir las importaciones de este grano beneficiando al consumidor final, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El sorgo en México, es el segundo cultivo cíclico más importante, después del maíz, el cual es indispensable para la preparación de alimentos balanceados, que son la base para la producción de aves, ganado, vacuno y porcino.
El sorgo se encuentra libre de arancel para los países firmantes del TLCAN, además de que ya no cuenta con precio de garantía, sino de concertación.
La productividad por hectárea cosechada en Estados Unidos, principal importador, es superior a la de México, lo que explica que se tengan precios nacionales poco competitivos en relación con los internacionales.
A pesar de esta situación, en los últimos años ha venido incrementándose la superficie y el volumen de producción; sin embargo, el consumo nacional aumentó en mayor proporción pasando de 6,261 toneladas en 1995 a 10,984.3 toneladas en el 2000.
Y en relación al periodo comprendido entre los años 2000 al 2005; bajó el consumo nacional pasando de 10,984 toneladas a 8992.8 toneladas, lo que refleja una insuficiencia para atender la demanda nacional y explica el crecimiento de las importaciones.
La diferencia entre la producción y consumo nacional, debe de ser más equitativa buscando aumentar la producción interna, la cual puede crecer con el apoyo de políticas agrícolas y económicas congruentes con las carencias de este importante cultivo.
Siendo la ganadería el sector más perjudicado, gradual y gravemente por la falta de mejores decisiones en esta materia, y la falta de un proyecto integral, que beneficie tanto a agricultores como a ganaderos y así lograr un punto de equilibrio justo para todos.
Tratando de hacer mas simple y ágil la entrega de recursos o apoyos para los solicitantes, sin olvidar la supervisión y el control de todos y cada uno de los procedimientos de transferencia por parte de las autoridades.
Por lo anterior y con el fin de lograr la autonomía del consumo de este primordial grano y satisfacer la demanda nacional, logrando con esto reducir las importaciones de tan importante cultivo y conseguir nuestra tan anhelada soberanía alimentaría y empezar a visualizar esta como una realidad, se pone a consideración de esta honorable soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo primero: Se exhortar a la Sagarpa para que impulse políticas de asistencia técnica y de investigación para mejorar el proceso de producción y un mejor aprovechamiento de los paquetes tecnológicos existentes y que analice los mecanismos para que toda esta asistencia llegue a los productores de forma accesible y estos tengan la facilidad de aplicarlos de una manera mas simple, he inmediata. Con la finalidad de eficientar y modernizar sus sistemas de producción y todo esto se refleje en mejores costos para todos los involucrados en este sector.
Artículo segundo: Canalizar mayores recursos para el otorgamiento de subsidios y créditos oportunos a productores potenciales, con tasas de interés preferenciales. Con el propósito de que realicen los proceso de cultivo y cosecha en los tiempos establecidos, y no incrementen sus costos de producción, en beneficio de los consumidores finales.
Artículo tercero: La creación de programas que apoyen tanto financiera como técnicamente a productores de sorgo mediante estímulos aplicados a su productividad y calidad total, y a su historial agrícola-productivo. Estos apoyos deberán llegar a los distintos niveles de productores ya sean independientes o en asociación, y principalmente a los productores potenciales, todo esto con la finalidad de motivar y eficientar la productividad en el cultivo y la producción de este importante y vital insumo agrícola-ganadero.
Dado el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2006.
Dip. Javier Galván Guerrero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR UNA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE VIGILAR QUE NO SE DESVÍEN RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES EN EL PROCESO ELECTORAL DE 2006, A CARGO DE LA DIPUTADA BEATRIZ MOJICA MORGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para que sea turnada a la Junta de Coordinación Política, a fin de que sea atendida en calidad de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como es de todos conocido en México cada seis años nos vemos envueltos en campañas político-electorales para buscar el relevo en la Presidencia de la República, así como también la renovación total del Congreso de la Unión, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, jefes delegacionales y diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre otras.
La campaña presidencial según el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) ha dado inicio a partir del 19 de enero y su terminación será el 28 de junio del año en curso.
Por otra parte, falta el arranque formal de las campañas para senadores y diputados al Congreso de la Unión que conformarán la LX Legislatura. Según el Cofipe inician los días 3 y 19 del mes de abril y finalizarán también en la misma fecha que la elección presidencial.
Ante la coyuntura electoral que hoy estamos viviendo y que en ciertos momentos encona los ánimos entre los protagonistas y ciertos actores políticos y sociales, surgen las sospechas basadas en lo ocurrido en la campaña presidencial del año 2000, de que se pudiese incurrir en apoyos ilegales de particulares nacionales y extranjeros, o de que se estuvieran utilizando recursos materiales, financieros o humanos del Estado, en sus tres órdenes de gobierno para apoyar y favorecer a determinado candidato o candidatos.
Por ello, esta H. Cámara de Diputados como representación soberana del pueblo mexicano debe exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a que exija a los secretarios de despacho, directores de organismos y otros, a que acaten las recomendaciones específicas que se formulen para el efecto, a fin de que no se utilicen recursos materiales y humanos, y no se desvíen fondos o se utilicen los programas sociales para apoyar a los candidatos de cualquier nivel, y así evitar que se vuelva ocurrir un Pemexgate.
Paralelo al exhorto y en virtud de los antecedentes de una Comisión que funcionó en la elección federal intermedia de 2003, propongo la formación de una Comisión Especial Encargada de Vigilar que no se Desvíen Recursos Públicos Federales en el Proceso Electoral de 2006.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta honorable Asamblea, la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que haga un exhorto a los responsables de las diversas áreas de gobierno, central y paraestatal, a efecto de que acaten las recomendaciones específicas que se formulen para el efecto, a fin de que no se utilicen recursos materiales y humanos; no se desvíen fondos y no se utilicen los programas sociales para apoyar a los candidatos de cualquier nivel.
Segundo. Se crea una Comisión Especial plural de diputados federales encargada de vigilar que no se desvíen recursos públicos federales en el proceso electoral de 2006.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de febrero de 2006.
Dip. Beatriz Mojica Morga (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA CNDH A VISITAR LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL PAÍS PARA DETECTAR VIOLACIONES DE GARANTÍAS INDIVIDUALES DE LAS RECLUSAS, A CARGO DE LA DIPUTADA GEMA ISABEL MARTÍNEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal de la LIX Legislatura, Gema Isabel Martínez López, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo estipulado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
En México existen 11 mil reclusas de las cuales el 70% de sus procesos judiciales cuentan con irregularidades, ya que en la mayoría de los casos no se consideró el desconocimiento de la ley, las presiones de sus parejas para cometer el delito y la ignorancia en general, además de que algunas, a pesar de ser analfabetas, fueron obligadas por la autoridad a firmar su sentencia.
Aproximadamente el 65% de las mujeres que están en la cárcel son procesadas por delitos contra la salud, a pesar de que muchas fueron utilizadas o presionadas para cometer el acto ilícito, por lo que es necesario que estos casos sean revisados.
Aunque para muchos sólo representen el 6% de la población penitenciaria en el país, carecen de las condiciones necesarias para su readaptación, pues la mayoría de las cárceles en las que se encuentran son mixtas. La infraestructura de las penitenciarias y centros de reclusión femeniles no cubren las necesidades propias del género, pues del total de las cárceles de ese tipo sólo una cuenta con ginecólogos y en la mayoría no hay pediatras, por ende, tenemos que hacer algo al respecto, ya que con esto las mujeres lograrían obtener una verdadera readaptación en virtud de que muchas de ellas cohabitan en las cárceles con sus hijos o están embarazadas. Se estima que aproximadamente el 80% de las mujeres que hay en las cárceles del país, son madres y alrededor de 15 mil infantes viven con ellas, y de éstos cuatro mil son menores de seis años. En este sentido, como podemos ver el Estado no proporciona las condiciones apropiadas a estos niños por lo que las reclusas sólo tienen dos opciones: llevarse a sus hijos con ellas o dejarlos en alguna institución de asistencia.
Ante esto, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) está elaborando un reglamento para los penales femeninos que en primera instancia se aplicaría en las cárceles federales y posteriormente, mediante cabildeos con los gobiernos estatales, teniendo vigencia en todo el país.
Aunado a lo anterior, las reclusas portadoras del VIH/sida y de la tercera edad, representan la población más vulnerable, pues aparte del delito del que son acusadas, también se les condena por la enfermedad que padecen o por su edad, recibiendo el rechazo de sus propias compañeras y de las autoridades.
En cuanto al trabajo que las mujeres realizan en la cárcel, las descalifican y reproducen los estereotipos de género. Ejemplo de ello es que a la población femenina se le emplea en la elaboración de manualidades, peluches y dulces, en tanto que los hombres laboran en talleres de carpintería. Además las mujeres son destinadas a la maquila y el sueldo que perciben por el trabajo realizado es muy poco. En algunos centros penitenciarios, las mujeres cosen balones de béisbol y otras más pelan pepitas: la bolsa se las pagan a dos pesos.
Por si esto fuera poco, las mujeres indígenas presas, quienes al no hablar español son recluidas incluso en centros psiquiátricos porque se les considera como débiles mentales.
Es urgente tomar medidas de reconstrucción del sistema penitenciario en base a los principios de equidad e igualdad.
Debemos evitar que las reclusas pasen de la reclusión a la exclusión, sin que en algún momento se les ofrezca la posibilidad de una reinserción a la sociedad mediante el trabajo digno. México tiene un alto índice de reincidencia delictiva, entre otras razones porque no existen programas de empleo para los egresados de los centros de readaptación social. El único recurso utilizado para evitar la reincidencia ha sido la amenaza de mayores sanciones y no la oferta de nuevas oportunidades.
En consecuencia solicito la aprobación del presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhortaal presidente de la comisión nacional de derechos humanos para que se efectúen visitas a los diversos centros de readaptación y penitenciarias del país a fin de detectar la existencia de actos que vulneren las garantías individuales de las reclusas; ya que nosotros como legisladores requerimos de su apoyo para coadyuvar a este sector de la sociedad y realizar las reformas legales pertinentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2006.
Dip. Gema Isabel Martínez López (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA INVESTIGAR LA ASIGNACIÓN DE CONTRATOS PARA EL APROVISIONAMIENTO DE MEDICAMENTOS A LOS SERVICIOS COORDINADOS DE SALUD DEL ESTADO DE YUCATÁN, A CARGO DE LA DIPUTADA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión por el segundo distrito electoral del Estado Libre y Soberano de Yucatán, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esa H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, para solicitar sea investigada a fondo la asignación de contratos para el aprovisionamiento de medicamentos a los servicios coordinados de salud en el estado de Yucatán, en particular al programa Seguro Popular, en razón de las siguientes
Consideraciones
El Seguro Popular es, como se sabe, uno de los programas más ambiciosos del Gobierno Federal, que pretende facilitar el acceso a lo servicios de salud a las personas que no cuentan con afiliación a los sistemas y subsistemas del sector controlados por el Estado.
La dotación de medicamentos forma parte importante de este programa, y su provisión por parte de empresas privadas subsidiarias es un mecanismo que la Secretaría de Salud ha implementado para asegurar que en las farmacias del Seguro Popular haya existencia de medicinas, para beneficio de las personas. Esa es la idea.
Sin embargo, en el estado de Yucatán, el procedimiento para asignar los contratos para el abasto de medicamentos al Seguro Popular se ha desarrollado en medio de circunstancias poco claras que han despertado las suspicacias de la opinión pública y los medios de comunicación locales, que han publicado presuntas anomalías que favorecieron a la empresa Defa, SA, filial de Farmacias Yza.
Farmacias Yza es propiedad del señor Emir Yza Villanueva, quien fue uno de los principales activistas de la campaña electoral del actual gobernador Patricio Patrón Laviada, y actualmente mantiene nexos de amistad muy marcados con el Ejecutivo yucateco.
El problema estriba en que, según ha denunciado el director general de la empresa Lomedic, SA de CV, doctor Carlos Lomelí, al parecer hubo filtración de información confidencial por parte de funcionarios de la Secretaría de Salud del estado de Yucatán, cuyo titular es el director de los Servicios Coordinados de Salud, hacia Farmacias Yza.
En efecto, al convocar a licitación pública nacional para proveer de medicamentos a los servicios coordinados de salud de Yucatán, en particular los relativos al programa Seguro Popular, la secretaría estatal del ramo impuso como condición a la empresa Lomedic, SA de CV, que cotizara medicamentos oncológicos y de alta especialidad que aumentaron en unos 60 millones de pesos el monto original de su propuesta hasta aumentarlo a 151 millones de pesos.
Defa, SA de CV, filial de Farmacias Yza, presentó una propuesta por 80 millones, pero fue eximida de la condición de proveer de los medicamentos oncológicos y de alta especialidad, además de que el gobierno del estado se comprometió a construir los módulos de las farmacias. Es decir, al parecer se ayudó a la primera empresa para vencer a Lomedic, SA de CV, mediante la imposición de requisitos excesivos a esta última.
Y lo que es aún peor: Lomedic, SA de CV, ofreció a la Secretaría de Salud del estado de Yucatán proveer sistemas de cómputo, fibra óptica, comunicación VTN, para que ya no pagara teléfonos, además de que se comprometió a construir bodegas, otorgar vehículos y personal y todo lo necesario para un sistema de surtimiento arriba del 97 por ciento de satisfacción, como lo aplica en todas las partes del país donde trabaja, pero ni así fue aceptada su propuesta.
En cambio, el gobierno yucateco se comprometió con Defa, SA de CV, a encargarse de todos los servicios ofrecidos por Lomedic, SA de CV. Es decir, el gobierno yucateco habría declarado ganadora a una empresa que representa una erogación mayor, habida cuenta que no surtiría de medicamentos de alta especialidad, y que además no proveería ninguna inversión para el interés público.
Compañeras y compañeros legisladores:
No se trata de beneficiar o perjudicar a una u otra empresa, sino de sanear los sistemas de asignación y manejo de los recursos públicos. A estas alturas de nuestra democracia no es posible que los gobiernos otorguen licitaciones a empresas privadas con base en compadrazgos o afinidades partidarias, haciendo a un lado el interés público.
Mi intención es, en cambio, apelar al buen juicio de esa H. Comisión Permanente para que se inicien las investigaciones correspondientes con la finalidad de vigilar la correcta aplicación de los dineros federales en el sistema de salud del estado de Yucatán.
En tal virtud, y por lo anteriormente fundado y motivado, presento ante ustedes, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de
Acuerdo
Primero. Solicítese a la Auditoría Superior de la Federación que inicie una auditoría especial al sistema de licitaciones y a las propias asignaciones de contratos para las empresas que proveen de insumos y medicamentos a los Servicios Coordinados de Salud en Yucatán, en particular los relacionados con el programa Seguro Popular y los que involucran a la empresa Defa, SA de CV, con base en los motivos planteados en el presente escrito.
Segundo. Remítase a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal una atenta exhortación para que inicien por su parte las investigaciones correspondientes al caso que nos ocupa y, en su caso, iniciar las acciones legales correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2006.
Dip. Ivonne Arecelly Ortega Pacheco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A LLEVAR A CABO MEDIANTE EL INEGI UN CENSO NACIONAL SOBRE EL SECTOR ARTESANAL, SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS SOFÍA CASTRO RÍOS Y HELIODORO DÍAZ ESCÁRRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal con el objeto de que el Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática elabore un censo nacional sobre el sector artesanal, lo anterior con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Un hecho social de gran importancia lo constituye el sector artesanal, en el que participan aproximadamente más de 8 millones de mexicanos constituyendo la base primordial de este sector. Desde un punto de vista material, la actividad artesanal exige la satisfacción de necesidades prioritarias para su desarrollo, como las condiciones de trabajo en que se están llevando a efecto y que deben llevarse a mejores formas que permitan el bienestar de los artesanos y de sus familias.
Entendiendo por sector artesanal el sector social constituido por los artesanos como personas físicas, como unidades de producción y como personas morales en las sociedades que permite la Ley, los discapacitados que se dedican a la actividad artesanal; indistintamente que la actividad artesanal se desarrolle en zonas rurales, urbanas o conurbadas.
Históricamente es un hecho a través del cual subsiste la herencia de nuestro origen como pueblo, en la que coinciden lo histórico, práctico y útil de su producción, que tradicionalmente se fundamenta en la herencia de técnicas manuales y del uso de instrumentos o herramientas rudimentarias, que se dan de generación en generación, así como el conocimiento y uso de diversas materias primas que en algunos casos superan a las que se usan en la industria y en la manufactura.
La actividad artesanal en lo económico, es una fuente de vida para más de ocho millones de mexicanos que la desarrollan como una actividad principal, cuando se constituye en su único medio de vida, y como una actividad complementaria de su economía familiar cuando se dedican a otra actividad como la agrícola, la ganadera, o forestal, la actividad artesanal se desarrolla en zonas rurales, zonas urbanas o en las llamadas conurbadas.
Esta actividad artesanal, es realizada por personas físicas, por familias o por organizaciones de artesanos que toman modelos previstos en codificaciones ajenas a la actividad artesanal, o que funcionan como unidad de producción de hecho, sin personalidad jurídica reconocida, en ninguna de las formas establecidas por la ley; esta actividad produce fuertes divisas a la nación, en comparativo al turismo y a la petroquímica, constituye un importante sector productivo, cuya producción tiene fuerte demanda en los mercados nacional y extranjero.
Constituye además parte de nuestra cultura, porque su obra reúne la sensibilidad artística y utilitaria de nuestro origen y la habilidad manual de sus autores, su obra nos identifica. La actividad artesanal no es, ni debe considerarse como una cifra de estadística, es una realidad que genera divisas a la nación, y que significa un ingreso en miles de familias mexicanas.
Son variados y diversos los problemas que enfrenta el sector artesanal, un ejemplo podrá dar un panorama de su complejidad, uno de los principales problemas que enfrentan las artesanías en la comercialización son, entre otros, la falta de espacios adecuados y accesibles, elevado costo de transporte, incremento en costo de las materias primas, instrumentos y equipos, carencia de capacitación administrativa y organizacional, competencia desleal con productos asiáticos, introducción de fibras sintéticas y difícil acceso a créditos.
Sin embargo, para la elaboración de políticas públicas y planes que permitan impulsar el desarrollo artesanal, es necesario conocer primero su realidad de manera concreta, por lo cual existe una necesidad imperiosa de contar con un padrón confiable.
Actualmente no se tienen datos fidedignos respecto de registros de artesanos y sus organizaciones, lo que en consecuencia obliga a realizar un censo artesanal de manera prioritaria, para contar con estadísticas reales del sector, que contengan datos confiables por entidad federativa y rama artesanal, así como características de las artesanías que produzcan y demás formas que permitan su identificación, registro y reconocimiento de los artesanos como personas físicas, como personas morales en sociedad jurídicas y como unidades de hechos para la producción artesanal.
La complementación de un padrón de esta naturaleza es posible con una institución de la envergadura del INEGI, cuyo objeto es la de recabar, procesar, generar y difundir la información estadística y geográfica básica, para la toma de decisiones tanto del sector público como del privado y social, además de ser una institución que cuenta con la experiencia e infraestructura adecuada.
Por lo anterior expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de este honorable Pleno, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: El Pleno de la H. Cámara de Diputados de la LIX legislatura del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, con el fin de que instruya al titular del Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática para que lleve a cabo un censo nacional sobre el sector artesanal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2006.
Diputados: Heliodoro Díaz Escárraga, Sofía Castro Ríos (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE CHIAPAS A PRESENTAR UN INFORME MINUCIOSO SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DESIGNADOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE ESA ENTIDAD, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO AQUILES AGUILAR HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, diputado federal a la LIX Legislatura del H: Congreso de la Unión, del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A más de tres meses de los daños ocasionados por las lluvias del huracán Stan en el estado de Chiapas, los diputados federales chiapanecos constantemente hemos hecho denuncia pública de los malos manejos que el gobierno del estado está haciendo de los recursos federales que se han enviado a Chiapas para la reconstrucción.
El Gobierno de la República anunció una línea de crédito par Chiapas a través de Nacional Financiera, por 400 millones de pesos. Por su lado el Fonaes anunció también un fondo revolvente por más de 400 millones de pesos. En tanto que la Sedesol, quien encabeza las acciones de abasto y entrega de apoyo económico, reportó haber canalizado 300 millones de pesos para Educación, Salud y Alimentación para cerca de 225 familias inscritas en el Programa Oportunidades.
Según informes de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, se solicitaron al Fonden recursos por 2,367.1 millones de pesos para atender los daños en la entidad, de éstos la dependencia aplicará 566.9 millones de pesos; de los mismos ya fueron ejercidos 145.0 millones de pesos, en tanto que el gobierno del estado de Chiapas aplicaría 1,800.2 millones de pesos, sin que hasta el momento se haya recibido reporte alguno de cómo y en qué forma se han aplicado.
De cara al próximo proceso electoral federal y la cercana elección del nuevo gobernador del estado, el actual jefe del Ejecutivo local ha implementado una serie de acciones encaminadas a la promoción de miembros de sus gabinete, para puestos de elección popular, haciendo uso de los recursos federales que esta soberanía aprobó para la reconstrucción de las zonas afectadas en Chiapas.
El uso electorero que Pablo Salazar Mendiguchía está dando a la desgracia que los chiapanecos padecen después del paso del huracán Stan no puede ni debe pasar desapercibido para esta representación nacional.
La sociedad chiapaneca una vez más se siente agraviada por la falta de capacidad de las autoridades del estado para atender la demanda y solventar la urgencia de los afectados. Peor aún, por la falta de transparencia y honestidad con que los recursos se han manejado.
La prensa chiapaneca ha dado cuenta de las trapacerías que hace con el dinero del pueblo el gobernador chiapaneco. En respuesta y fiel a su costumbre, los periodistas chiapanecos, en especial los del periódico El Orbe y el Cuarto Poder han sido víctimas de agresiones directas e indirectas por parte del gobierno del estado; entre éstas agresiones destacan el hostigamiento, el asalto a oficinas, amenazas de muerte, creación de delitos y detenciones arbitrarias.
Quien hace uso del poder para lucrar con la desgracia, para organizar elecciones de Estado; o para hacer leyes anticonstitucionales encaminadas solamente a velar por los intereses personales y particulares; y no por los intereses generales de la sociedad, no puede ser considerado más bien un dictador autoritario como es el caso del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía.
En razón de lo antes expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorta al gobernador del estado de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, se sirva presentar a esta soberanía un informe minucioso de la aplicación de los recursos federales que le han sido asignados para la reconstrucción en Chiapas.
Segundo: Se exhorta al órgano judicial del gobierno del estado a dar seguimiento a las demandas presentadas en contra de funcionarios del gobierno del estado, por el presunto desvío de recursos federales con fines electorales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dos días del mes de febrero de 2006.
Dip. Roberto Aquiles Aguilar Hernández (rúbrica)
Excitativas
A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DEL DIPUTADO PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado Pablo Gómez Álvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se excite en nombre de la Cámara, a la Comisión de Puntos Constitucionales, a que presente dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el que suscribe, en la sesión de la Cámara de Diputados el día 1 de abril de 2004. Lo anterior, por haber transcurrido los cinco días que señala el Reglamento, después de aquél en que les fue turnado el asunto
Excitativa
Único. Excite a la Comisión de Puntos Constitucionales a que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa de reformas y adiciones de los artículos 111, 112, 108 y fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el que suscribe, en términos del Reglamento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF,a 2 de febrero de 2006.
Dip. Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, A SOLICITUD DE LOS DIPUTADOS CLARA MARINA BRUGADA MOLINA Y VÍCTOR SUÁREZ CARRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Los suscritos, Clara Brugada Molina y Víctor Suárez Carrera, diputada y diputado federales integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento, le solicitamos que tenga a bien formular una segunda excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para que a la brevedad dictamine la minuta de decreto por la que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4º y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con base a los siguientes
Antecedentes
I.- En la sesión del día 15 de diciembre de 2003, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4º y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Desarrollo Social y Estudios Legislativos de la misma Cámara.
II.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2003, dio trámite de recibo a la Minuta antes mencionada y el Presidente ordenó turnarla a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente.
III. La Comisión de Puntos Constitucionales, en reunión del día 27 de enero de 2004, integró una subcomisión para el análisis y dictaminación de la referida minuta.
IV.- El 21 de abril de 2004, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen elaborado por la Subcomisión con las modificaciones que ésta propuso a la minuta recibida del Senado de la República.
V.- Tal dictamen fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados en la sesión celebrada el 29 de abril de 2004, y fue devuelto a la colegisladora, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VI.- El 2 de septiembre de 2004, la Cámara de Senadores recibió la minuta devuelta y ordenó su turno a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Desarrollo Social y Estudios Legislativos para su estudio y dictamen correspondiente.
VII.- Dichas Comisiones Unidas de la Cámara de Senadores estimaron pertinente modificar el proyecto de decreto, retomando la redacción del aprobado en la Cámara de Senadores en su sesión plenaria del 15 de diciembre de 2003. Tal proyecto fue presentado, y aprobado, al Pleno de la Cámara de Senadores el 14 de diciembre de 2004. Con esa fecha fue enviado a la colegisladora para lo dispuesto en la Ley.
VIII. En sesión celebrada el día 1º de febrero de 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Desarrollo Social, la minuta proyecto de decreto que fuera remitida por la H. Cámara de Senadores.
IX. En sesión celebrada el 22 de junio de 2005, el Pleno de la Comisión de Desarrollo Social aprobó una opinión favorable a la aprobación por la Cámara de Diputados de la minuta en comento.
X.- La Comisión de Desarrollo Social, el 29 de junio de 2005, envió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la opinión favorable a la aprobación de la minuta proyecto de decreto en los términos propuestos por la Cámara de Senadores.
XI. En sesión celebrada el 19 de octubre de 2005, el Pleno de la Comisión de Desarrollo Social aprobó presentar una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que dictamine la minuta referida.
XII. Dicha excitativa fue firmada por diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios que integran la Comisión de Desarrollo Social y publicada en la Gaceta Parlamentaria el día 25 de octubre del mismo año.
Consideraciones
Primera. La alimentación es un factor determinante para el desarrollo de las personas y de las naciones. Sin una alimentación adecuada, las personas no pueden trabajar, no pueden cuidar a sus hijos; los infantes padecen insuficiencias en su crecimiento; y, en el caso de los menores de tres años, la desnutrición provoca daños de carácter irreversible a su capacidad cognoscitiva. Hoy, en pleno proceso de globalización, el futuro de las naciones está íntimamente relacionado con la fortaleza y capacidades de sus recursos humanos.
Segunda. En México, la desnutrición es un fenómeno endémico, pasa de generación en generación. Las cifras son contundentes: uno de cada cuatro mexicanos no cuenta con ingresos suficientes para alimentarse y 27 por ciento de los infantes menores de cinco años padecen anemia.
Tercera. Actualmente, nuestro país se encuentra dentro de un acelerado periodo de transición política, pero no podemos aspirar a ser un país democrático mientras una parte considerable de la población se encuentre mal nutrida.
Cuarta. Los derechos civiles y políticos dejan de tener sentido para las personas que tienen que gastar todos sus recursos en la adquisición de alimentos para sobrevivir. El derecho a la alimentación, por lo tanto, es parte fundamental de los derechos humanos, y una condición imprescindible para el ejercicio efectivo de los mismos.
Quinta. En la sociedad mexicana existe un añejo reclamo para que el derecho a la alimentación se eleve a rango constitucional. Hace más de una década, el 16 de octubre de 1992, el Frente por el Derecho a la Alimentación, organismo constituido por 130 organizaciones sociales y no gubernamentales, presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta para legislar los derechos alimentarios de todas y todos los mexicanos.
Sexta. El tema del derecho a la alimentación, materializado en la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 4° y un segundo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido un tema central en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión.
Séptima. Tal minuta, por segunda ocasión remitida por la Cámara de Senadores, fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el día 1° de febrero de 2006, a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Desarrollo Social.
Octava. Es de señalarse que la Comisión de Desarrollo Social aprobó, en reunión plenaria del 22 de junio del 2005, una opinión favorable a la aprobación de la minuta proyecto de decreto en comento. Dicha opinión fue enviada, el 29 de junio del mismo año, a la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.
Novena. Es de destacarse que han transcurrido más de 11 meses, y la Comisión de Puntos Constitucionales no ha presentado al Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen respectivo, incumpliendo así con lo establecido por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Décima. Cabe mencionar que han transcurrido casi tres meses que el Presidente de la Cámara de Diputados excitó a la Comisión de Puntos Constitucionales a que dictaminara la minuta en comento, lo anterior a solicitud de los miembros de todos los grupos parlamentarios presentes en la Comisión de Desarrollo Social.
Undécima. El Presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo de excitar a las comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquel en que se les turne un asunto, sino también, si no fuere suficiente, de emplazar para día determinado y, si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Por lo antes expuesto, a usted, C. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, atentamente solicito:
Único.- En los términos de los antecedentes y consideraciones expuestas, así como de conformidad con los preceptos legales invocados, se sirva excitar e instruir día determinado, para que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presente el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4o. y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de febrero de 2006.
Dip. Clara Brugada Molina (rúbrica)
Dip. Víctor Suárez Carrera (rúbrica)
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