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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a las Secretarías de Energía, de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a modificar el decreto del 16 de mayo de 2005 y considerar el estado de Chihuahua en el esquema del subsidio para el gas doméstico, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a abocarse a derogar los artículos 925 y 925-A del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, a cargo del diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, sobre el problema de los ex braceros, a cargo del diputado Juan José García Ochoa, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a autorizar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 una partida especial destinada a subsidiar el gas doméstico, a cargo del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para solicitar a los gobiernos federal y estatales que instalen los equipos técnicos necesarios a efecto de inhibir las señales de telefonía celular en los centros de readaptación social sujetos a su administración, a cargo del diputado Ernesto Herrera Tovar, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados manifieste su respaldo y solidaridad a las familias afectadas por las recientes lluvias y solicite respetuosamente al titular del Ejecutivo federal que instaure medidas inmediatas y apoye económicamente al gobierno de Michoacán para resolver la problemática de todos los que se vieron afectados, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para que en los estados se realicen parlamentos de niñas y niños y se promueva la participación infantil, a cargo de la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a rectificar su posición de respaldar el uso de la fuerza militar en conflictos internacionales, a cargo del diputado Jorge Martínez Ramos, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral y a los Institutos Estatales Electorales a seguir fomentando la participación infantil, suscrita por las diputadas Angélica Ramírez Luna, Adriana González Furlong y María del Rocío Jaspeado Villanueva, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, a fin de solicitar al secretario de Salud del Gobierno Federal que informe sobre los motivos para suspender la campaña contra la homofobia y que ésta sea nuevamente difundida tanto en medios de comunicación como en el portal de Internet de dicha dependencia, a cargo del diputado Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para que comparezca el director general del Infonavit ante las Comisiones de Vivienda, y de Seguridad Social, e informe sobre el estado que guardan los conjuntos habitacionales que se construyeron con la llamada línea 1, a cargo de la diputada Myriam Arabian Couttolenc, del grupo parlamentario del PAN.
- A las Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN.
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LAS SECRETARÍAS DE ENERGÍA, DE ECONOMÍA, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A MODIFICAR EL DECRETO DEL 16 DE MAYO DE 2005 E INCLUIR EL ESTADO DE CHIHUAHUA DENTRO DEL ESQUEMA DEL SUBSIDIO PARA EL GAS DOMÉSTICO, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR BAZÁN FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Omar Bazán Flores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ala LIX legislatura, con lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al Ejecutivo federal y a las Secretarías de Energía, de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, a que modifiquen el decreto del pasado 16 de mayo de 2005 y que contemplen el estado de Chihuahua dentro del esquema del subsidio para el gas doméstico.
Antecedentes
Desde el pasado 16 de mayo a través de un decreto presidencial, el titular del Ejecutivo anuncio un descuento escalonado al precio del gas natural sólo para usuarios del sector domestico. Menciono que hay un tabulador de descuento en donde según el nivel de consumo promedio de los últimos doce meses que tienen los usuarios será el ajuste en su factura. Aquellos que tienen consumos debajo de lo cuarenta y siete metros cúbicos podrán acceder a un descuento en su facturación del orden del veintiocho por ciento.
Los usuarios que hayan consumido hasta sesenta metros cúbicos tendrán un descuento porcentual menor.
Se estima que bajo estos parámetros unas veintidós mil familias chihuahuenses se verían beneficiadas con el descuento máximo del 28 por ciento y otras treinta y dos mil con un porcentaje mínimo.
Aquí sólo hace falta un aspecto semántico, que la autoridades federales cambien en el decreto la palabra "gas de primera mano" o "gas nacional" para poder aplicar el descuento a los usuarios en Chihuahua.
A efecto de que se llegara a dar este cambio, los usuarios se verán doblemente beneficiados por que la primera facturación tendría un descuento retroactivo desde el 15 de abril de 2005 a la fecha.
Por otro lado se debe comentar que las autoridades federales accedan a modificar el reglamento que regula el subsidio para ampliarlo al gas de importación.
Punto de Acuerdo
Único: Se exhorta al Ejecutivo federal y a las Secretarías de Energía, de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a que modifiquen el decreto del pasado 16 de mayo de 2005 y que contemplen el estado de Chihuahua dentro del esquema del subsidio para el gas doméstico.
A los 13 días del mes de septiembre de 2005.
Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A QUE SE ABOQUE A DEROGAR LOS ARTÍCULOS 925 Y 925-A DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO RAMÓN GALINDO NORIEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, en mi calidad de diputado federal integrante de la LIX Legislatura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que se aboque a derogar los artículos 925 y 925-A del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, atendiendo a las siguientes
Consideraciones
I.- El derecho es un fenómeno social, por lo tanto es dinámico y la adopción como institución jurídica no es la excepción, ha variado tanto en sus objetivos que habiendo surgido como una institución que favorecía los intereses del adoptante, ya para satisfacer necesidades sucesorias, conservar el linaje familiar, el culto doméstico, asegurando para el adoptante oraciones para su alma después de la muerte que quedaban a cargo del adoptado, un remedio a la paternidad frustrada, hasta convertirse hoy en día en una auténtica forma de protección de menores e incapacitados, donde prevalece el interés público sobre la voluntad individual.1
II.- En el derecho mexicano la figura de la adopción comenzó a tratarse dentro de los Códigos Civiles de 1870 y 1884 sin ser conocida como tal, sino que más bien se mencionaba lo referente a la tutela de los hijos abandonados y al reconocimiento de hijos nacidos fuera del matrimonio. Posteriormente, en el Código Civil de 1928, vigente en la actualidad, se considera a la adopción como una institución de suma importancia dentro del ámbito de derecho mexicano.
El Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal de 1928, que tuvo vigencia en el Distrito Federal desde 1932 hasta el 1° de Junio de 2000, reproduce disposiciones de la Ley de Relaciones Familiares que sólo permitía realizar adopciones bajo la forma simple. Las principales características de la adopción simple reguladas en este cuerpo legal, que fue vigente en México durante casi siete décadas y que en múltiples ocasiones sirvió de modelo para las legislaciones estatales, son:
La patria potestad se transfiere a los adoptantes.
El parentesco que surge es civil.
La filiación adoptiva simple se añade a la filiación biológica, según Zannoni a consecuencia de ello "la persona se encuentra con una doble pertenencia familiar: el vínculo del parentesco con el adoptante y los vínculos de parentesco con la familia de origen".2
Si la filiación consanguínea es determinada con posterioridad a la adopción simple, por medio del reconocimiento o de una sentencia judicial, la adopción continúa surtiendo efectos.
La vocación hereditaria es recíproca pero se restringe al adoptante y adoptado.
En materia de alimentos conserva sus derechos pero solo de manera subsidiaria.
Según Montero "el adoptado no entra a formar parte de la familia del adoptante".3 Los efectos son muy limitados, los hijos del adoptante no son sus hermanos, los padres del adoptante no son sus abuelos, los hermanos del adoptante no son sus tíos, etc.
Subsisten los impedimentos para contraer matrimonio con sus parientes, pero se extienden al adoptante, mientras subsista el vínculo; este impedimento no incluye a los hijos adoptivos simples del mismo adoptante, por lo que entre ellos no existe impedimento alguno para contraer nupcias, tampoco entre el adoptado y el cónyuge del adoptante, ni entre el adoptante y el cónyuge del adoptado, ni entre los descendientes biológicos del adoptante y el adoptado.
Es revocable, es impugnable. Sus efectos no son definitivos.
2. Se permite la posibilidad de convertir la adopción simple a plena.
3. En los casos de adopción plena se establece que el acta de nacimiento se otorgará en los mismos términos que para los hijos consanguíneos, y a partir de su expedición, no se publicará ni se expedirá constancia alguna que revele el origen del adoptado, ni su condición de tal, salvo providencia dictada en juicio, consagrando con ello el llamado derecho a la identidad.4
4. El parentesco que surge con la adopción plena formalmente es consanguíneo, y se extiende con todos sus efectos a los parientes del adoptante y a los descendientes del adoptado, al autorizarse la adopción plena desaparece todo vínculo de parentesco del adoptado con su familia original, con todos sus efectos jurídicos, vocación hereditaria, alimentos, etc., con excepción de los impedimentos para contraer matrimonio que subsisten y se extienden en igual forma a los parientes del adoptante.
5. En la adopción simple sigue habiendo solo parentesco civil limitado al adoptante y al adoptado, subsistiendo el parentesco consanguíneo y algunos efectos jurídicos con la familia de origen, vocación hereditaria, alimentos de manera subsidiaria, impedimentos para contraer matrimonio, etcétera.
6. Prohíbe expresamente la adopción plena entre parientes consanguíneos.
7. Se incorpora al texto legal una sección especial sobre adopción internacional, especificándose que éstas siempre serán plenas, se regula lo relativo a las adopciones hechas por extranjeros, estableciendo la preferencia para ser adoptantes a los mexicanos con respecto a los extranjeros.
Sin embargo, el día 1° de Junio del año 2000, el Código Civil para el Distrito Federal nuevamente es reformado, lo cual transforma de nuevo el régimen jurídico de esta institución implementado en 1998. Lo más importante de esta reforma, es que se deroga la Adopción Simple permitiéndose sólo en su forma plena.
La palabra adopción desciende de la palabra adoptar que proviene de los vocablos latinos Adoptare que significa: recibir como hijos, y de Optare que es desear. Por lo tanto, según Antonio de Ibarrola adoptar es: "el recibir como a un hijo a aquel que se le desea".
Una vez conceptuado lo que es la adopción, podemos definir las dos formas de adopción que hay: una es la plena y otra es la simple, toda vez que son dos figuras jurídicas que se desglosan de la adopción en forma general.
Así, tenemos que adopción simple es aquella en la cual las consecuencias jurídicas se dan entre adoptante y adoptado o bien los efectos recaen solo en ellos, quedando lógicamente libres de cualquier obligación con el adoptado los familiares del adoptante, esto es el vínculo que se crea persistirá exclusivamente entre adoptante y adoptado.
La adopción plena es aquella cuyas consecuencias jurídicas se dan entre el adoptante y el adoptado, reconociendo a éste último como un verdadero hijo nacido del matrimonio y para el caso de no existir el vínculo matrimonial, como un hijo en el sentido amplio de la palabra; dándose sus efectos también entre el adoptado y los familiares del adoptante.
Sin embargo, el 28 de abril del año 2000 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un dictamen de la iniciativa de decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal, entre las que destaca que:
"Se deroga la figura de la adopción simple, pues toda adopción debe tener efectos plenos, dejando la excepción para el caso de que se realice entre parientes. De hecho desde que se estableció la misma no ha habido solicitudes de adopción simple, según pudimos investigar".5 Por lo tanto, la Asamblea Legislativa derogó la Sección Segunda del Capítulo V referente a la adopción y que abarca del artículo 402 al artículo 410.
Sin embargo, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal en sus artículos 925 y 925-A remite a los artículos 407 y 404 del Código Civil para el Distrito Federal mismos que fueron derogados.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a esta H. Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que esta H. Cámara de Diputados realice un atento y respetuoso exhorto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que se aboque a derogar los artículos 925 y 925-A del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, con el objeto de eliminar el concepto de adopción simple, tomando en consideración que esta figura desapareció del Código Civil para el Distrito Federal, en el año 2000.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de septiembre del año dos mil cinco.
Notas:
1 Saldaña Pérez, Jesús. El régimen jurídico de la adopción en el Código Civil para el Distrito Federal. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
2 Zannoni, Eduardo A., Derecho civil. Derecho de familia, 2ª reimpresión, Buenos Aires, Astrea, 1993, t. II, p. 137.
3 Montero Duhalt, Sara, Derecho de familia, 5ª edición, México, Porrúa, 1992, pp. 329 y 330.
4 El Límite de este anonimato es cuestionable, "la defensa a ultranza del mismo si se le concibe como secreto absoluto (en lugar de lo que debe ser: simple protección de la intimidad...) podría llevar a un resultado adverso al pretendido... el hijo puede ver cercenado su derecho a conocer quien fue su progenitor biológico o a contar con ese dato para la defensa de sus intereses morales y materiales como así también los relacionados con la salud física o psíquica... ejemplo de ello constituye la eventual necesidad de transplantar (riñón) proveniente de un hermano, medio hermano, padre, madre, etcétera, como intento de una solución de enfermedad irreversible". Verruno, Luis, et al., Banco genético y derecho a la identidad, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1988, p. 75.
5 Exposición de motivos de la iniciativa de decreto por el que se derogan, reforman, adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal, de fecha 17 de abril de 2000.
Dip. Ramón Galindo Noriega (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, SOBRE EL PROBLEMA DE LOS EX BRACEROS, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN JOSÉ GARCÍA OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Las y los suscritos diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1.- El 4 de agosto de 1942 el gobierno de EU y de México celebraron, a través de canje de notas diplomáticas y por ende no se requirió de ratificación, un Acuerdo para Reglamentar la Contratación (Temporal) de Trabajadores Agrícolas Migratorios Mexicanos.
2.- El 26 de abril de 1943, ambos países celebraron un Acuerdo que Modifica el Convenio del 4 de Agosto de 1942 para Reglamentar la Contratación de Trabajadores Agrícolas Migratorios Mexicanos.
3.- El 29 de abril de 1943, los Gobierno de EU y México celebraron un Acuerdo para Reglamentar la Contratación de Trabajadores no Agrícolas Migratorios Mexicanos.
4.- El 21 de febrero de 1948, los Gobiernos de EU y México celebraron el Acuerdo Relativo a la Migración de Trabajadores Agrícolas Mexicanos.
5.- Ambos países celebraron diversas prorrogas respecto del Acuerdo sobre Trabajadores Migratorios de 1951, Reformado" hasta el año de 1964, sin que hasta la fecha se sepa donde quedaron los fondos retenidos a los braceros.
6.- Ante tan grave problema, el 17 de abril de 2001, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros, la cual quedó instalada el 19 de septiembre de del mismo año. La existencia de la citada comisión se prorrogó hasta el fin de la LVIII Legislatura y continúo sus trabajos durante la presente Legislatura.
7.- Paralelamente, fueron presentadas diversas iniciativas de ley que, en lo general, plantearon la necesidad de crear un fideicomiso para lograr el pago de una mínima indemnización a los ex braceros que trabajaron en Estados Unidos de 1942 a 1964.
8.- El 21 de abril de 2005 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, por 361 votos a favor y 4 abstenciones, el cual fue turnado al Senado de la República para los efectos legales conducentes.
9.- El 28 de abril de 2005 el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, primera, el que contiene proyecto de ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, por 78 votos a favor.
10.- Finalmente el 25 de mayo de 2005, el titular del Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que crea el citado fideicomiso.
11.- Conviene señalar que en el artículo 2º del Fideicomiso expresamente se define a una Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
12.- Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración del Honorable Pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.-Con fundamento en lo que establecen los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General y 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se crea la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros que se deberán aplicar a través del Fideicomiso que administrará dichos fondos y cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005.
Segundo.- El objeto de la Comisión será la de dar seguimiento a los informes trimestrales que el Comité Técnico del Fideicomiso deberá entregar conforme lo establece el artículo sexto transitorio del decreto que crea al citado fideicomiso, así como servir de coadyuvante para que las entidades federativas y el Distrito Federal celebren con el fideicomiso, a la brevedad posible, los acuerdos de las aportaciones a las que se refiere la Fracción II del Artículo 4º del citado Decreto.
Tercero.- La Comisión Especial se integrará por dieciocho diputados en la siguiente proporción: Siete serán designados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, cinco por el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, tres por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, uno por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y uno por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios realizarán las designaciones de los integrantes de su propio grupo; la directiva de la Comisión Especial será propuesta por la Junta de Coordinación Política, dando aviso de ello a la Mesa Directiva, para los efectos procedentes.
Cuarto.- La duración de la Comisión será hasta el 31 de agosto del 2006.
Quinto.- Infórmese a la Junta de Coordinación Política para la debida integración de la citada Comisión.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2005.
Dip. Juan José García Ochoa (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A AUTORIZAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 UNA PARTIDA ESPECIAL DESTINADA A SUBSIDIAR EL GAS DOMÉSTICO, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR BAZÁN FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LIX legislatura, con lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta publica a que autorice una partida especial para subsidiar el gas doméstico al Presupuesto de Egresos de la Federación 2006.
Antecedentes
Las condiciones climáticas con que cuenta el estado de Chihuahua tanto en temporada de verano como en la de invierno son de carácter extremoso por lo que las temperaturas oscilan de 40 a 26° C y de -10 a 10° C, respectivamente, por lo que es necesario en esta temporada de invierno que se avecina considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 un subsidio al gas domestico que se requiere para las familias Chihuahuenses tomando en cuenta que no hay otro energético con que se cuente para mitigar el intenso frió. No obstante que esta LIX legislatura en sus dos años transcurridos ni las anteriores legislaturas han puesto letra para beneficio de dichas personas que día a día contribuyen al progreso de nuestro país.
Y en consecuencia también hay que actuar por los más de un millón de estudiantes entre niños y adolescentes que a tempranas horas entre 6 a.m. y 7 a.m. se preparan para ir a clases.
Es urgente que se tome en cuenta al Estado, por sus variaciones en el clima, mismo que hace que las personas de bajos recursos no se puedan defender de los cambios climáticos que se han venido dando, y también por que no decirlo, son indefensos a las decisiones del ejecutivo federal de no hacer posible el subsidio de gas en el estado.
Por lo anteriormente expuesto se solicita el apoyo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dar el trámite correspondiente al siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que autorice una partida especial para subsidiar el gas doméstico, al Presupuesto de Egresos de la Federación 2006.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2005.
Dip. Omar Bazán Flores (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATALES QUE INSTALEN LOS EQUIPOS TÉCNICOS NECESARIOS A EFECTO DE INHIBIR LAS SEÑALES DE TELEFONÍA CELULAR EN LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL SUJETOS A SU ADMINISTRACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO ERNESTO HERRERA TOVAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Ernesto Herrera Tovar, diputado federal en la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los gobiernos federal y estatal, para que implementen e instalen los equipos técnicos necesarios para inhibir las señales de telefonía celular en el interior de los Centros de Readaptación Social que se encuentren sujetos a su administración. En razón de los siguientes
Antecedentes
1.- En México la inseguridad en la que se encuentran expuestos los habitantes y la población en general, se ha incrementado notablemente; en la comisión de los diversos delitos se buscan nuevas y más eficaces modalidades; los avances de la ciencia y la tecnología se encuentran al alcance de personas pertenecientes a diversos estratos sociales y cuyas formas de ganarse la vida pueden ser de carácter licito o ilícito.
2.- La mayoría de los mexicanos, hemos sido víctimas de algún delito, por lo general, estos ataques se llevaban a cabo, cuando nos encontrábamos en la calle, fuera de nuestros domicilios y en algunos casos al salir de nuestros lugares de trabajo, sin embargo, los niveles de inseguridad han ocasionado que incluso en el interior de estos lugares seamos presas del sobresalto y la inquietud, debido a un delito que se realiza cada vez con mayor frecuencia; la extorsión por vía telefónica, la cual se ha incrementado alarmantemente en los últimos siete meses del presente año.
3.- De acuerdo con cifras proporcionadas recientemente por el titular de la Policía Federal Preventiva, en lo que va del año se han generado 3,817 denuncias por extorsión telefónica, esta cifra ha aumentado considerablemente en comparación al año de 2004, en donde se registraron solamente 1,170 y en el 2003 solamente se registraron 1,160.
4.- La causa principal del aumento en la comisión del delito en cuestión, es el campo fértil que los delincuentes han encontrado en dicha modalidad, en lo que va del año, las personas extorsionadas han pagado la cantidad aproximada de 18.5 millones de pesos.
5.- El modus operandi de estos delincuentes es mediante llamadas telefónicas realizadas desde un teléfono celular o público y se estima que tan sólo en el Distrito Federal entre el 85 y 90 por ciento de las llamadas con amenaza de secuestro provienen de los Centros de Readaptación Social.
6.- El problema de seguridad al cual nos enfrentamos se presenta en reclusorios federales y estatales; las zonas en donde existe mayor índice de denuncias de esta naturaleza es en el Distrito Federal, estado de México y Jalisco.
Considerando
Primero.- Que uno de los fines que persigue el Estado es la seguridad de sus habitantes, y teniendo en consideración que este propósito puede alcanzarse de diversas formas, cada nación adopta, de conformidad a su sistema de gobierno, aquéllas que considera más eficaces; sin embargo, el factor común que identifica a todos los países del orbe es la búsqueda de métodos, prácticas, procedimientos e instrumentos que inhiban la comisión de los delitos.
Segundo.- Por mandato constitucional corresponde a los gobiernos federal y de los estados organizar el Sistema Penal Mexicano, lo que implica la ejecución de las sanciones penales, así como la coordinación y control de los Centros de Readaptación Social; ello implica la administración, operación y dirección de cada uno de estos establecimientos. Las bases para la readaptación se sustentarán principalmente en la educación, el trabajo y la capacitación.
Tercero.- Partimos del hecho, que las personas que están internadas en dichos centros se encuentran sujetas a proceso o compurgando una pena privativa de libertad, por lo tanto en la mayoría de los casos son presumiblemente delincuentes; los principios que este país ha adoptado en su tratamiento, tienen base en el deber estatal de readaptación social, no obstante, esta actividad no podría entenderse sin que exista una obligación de vigilancia en todas las actividades de los reos, vigilancia que en la práctica, normalmente es de carácter pasivo, e incluso en muchos de los casos los custodios se vuelven cómplices de los internos en la gama de delitos cometidos al interior de un reclusorio.
Cuarto.- La realidad del sistema penitenciario mexicano es, que los centros de readaptación social estatales y federales, en la mayoría de los casos se encuentran sobrepoblados, los infractores al ingresar a un reclusorio difícilmente encuentran la readaptación, motivo por el cual estos Ceresos, son conocidos popularmente como escuelas del crimen, y hoy en día la comisión de los delitos peligrosamente está trascendiendo del interior, a la población exterior.
Quinto.- Por las consideraciones anteriores, en el presente punto de acuerdo se propone se exhorte a la autoridad competente, para que realice la implementación de un plan piloto que restringa las señales de telefonía celular en el interior de los Centros de Readaptación Social con el mayor índice de estos delitos, procurando, con motivo de la restricción, y en caso de ser necesaria, la instalación de un mayor número de teléfonos públicos con mensajes pregrabados que permitan al destinatario la identificación del origen de la llamada, esta opción determinaría la viabilidad de un proyecto que permitiría la disminución del delito de extorsión por vía telefónica
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Por el que se solicita a los gobiernos federal y estatales, que implementen e instalen los equipos técnicos necesarios, en términos de los considerandos señalados, para inhibir las señales de telefonía celular en el interior de los Centros de Readaptación Social que se encuentren sujetos a su administración.
Dado en la Ciudad de México Distrito Federal, a los 13 días del mes de septiembre de dos mil cinco.
Dip. Ernesto Herrera Tovar (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS MANIFIESTE SU RESPALDO Y SOLIDARIDAD A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LAS RECIENTES LLUVIAS Y SOLICITE RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL QUE INSTAURE MEDIDAS INMEDIATAS Y APOYE ECONÓMICAMENTE AL GOBIERNO DE MICHOACÁN PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DE TODOS LOS QUE SE VIERON AFECTADOS, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL GARCÍA TINAJERO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, Rafael García Tinajero con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación, la presente proposición con punto de acuerdo para que la H. Cámara de diputados envíe una manifestación de respaldo y solidaridad a las familias afectadas por el desastre natural y solicite respetuosamente al titular del Ejecutivo federal instrumente medidas inmediatas y apoye económicamente al Gobierno de Michoacán y al municipio de Morelia para resolver la problemática de todos aquellos que se vieron afectados por las lluvias, bajo las siguientes
Consideraciones
Como es del conocimiento público, una tormenta azotó el pasado fin de semana la Ciudad de Morelia, Michoacán, dejando a su paso una estela de destrucción que, si bien afortunadamente no fue de proporciones similares a las sufridas en otras latitudes, ocasionó pérdidas a morelianos, tanto en su patrimonio como en la infraestructura de la ciudad.
En Morelia se salieron de su cauce los ríos Grande y Chiquito lo cual provocó inundaciones de dos metros de altura perjudicando al menos a mil quinientas familias.
En una reunión extraordinaria encabezada por el mandatario michoacano, antropólogo Lázaro Cárdenas Batel y el presidente municipal de Morelia, Salvador López Orduña, asistieron los gabinetes estatal y municipal para definir las tareas que cada dependencia habrá de realizar en atención a la emergencia.
Sin embargo, advirtió que, de ser necesario, se cancelarán programas o gastos de gobierno para priorizar el auxilio a las familias que la administración municipal registró, de inicio, como afectadas por el desbordamiento de los ríos.
El gobernador Cárdenas dijo que entrará en contacto con el Gobierno Federal para la consecución de recursos materiales y económicos que permitan respaldar a los damnificados.
Además, hizo un llamado a la población del estado, del país, e incluso a los migrantes, para que se solidaricen con los afectados. Señaló que en breve solicitará una reunión con el presidente Fox, ante quien presentarán una evaluación de los daños ocasionados por las lluvias en Morelia y otros municipios, como el caso de Aguililla.
La Secretaría de Desarrollo Económico cuantificará pérdidas en negocios y talleres que también registraron inundaciones, y se buscará un apoyo especial para los empresarios afectados, algunos de los cuales podrán ser de la propia dependencia; la Secretaría de Educación Pública realizará un diagnóstico de escuelas que registran daños, desde mobiliario, útiles escolares y los edificios.
Cabe mencionar que los equipos multisectoriales creados por el gobernador, se coordinarán con los encargados del orden y jefes de manzana para llegar a fondo, hacer el balance de daños hasta el más mínimo detalle y no dejar a una sola persona sin atender.
Por esta razón Morelia fue declarada zona de emergencia y se dio un plazo de 24 horas para rendir un informe de las necesidades y hacer la requisición correspondiente para atender a los damnificados de la lluvia del pasado sábado.
Por lo antes expuesto solicito su apoyo a este punto de acuerdo para que la H. Cámara de Diputados envíe una manifestación de respaldo y solidaridad a las familias afectadas por este desastre natural y solicite respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a fin de que instrumente medidas inmediatas y apoye económicamente al Gobierno de Michoacán y al municipio de Morelia para resolver la problemática de todos aquellos que se vieron afectados por las lluvias.
Por ello, me permito someter a esta representación la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Único.- La H. Cámara de Diputados envía una manifestación de respaldo y solidaridad a las familias afectadas por el desastre natural en Morelia, Michoacán, y solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo federal instrumente medidas inmediatas y apoye económicamente al gobierno estatal y municipal a fin de resolver la problemática de todos aquellos que se vieron afectados por las lluvias.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2005.
Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN LOS ESTADOS SE REALICEN PARLAMENTOS DE NIÑAS Y NIÑOS Y SE PROMUEVA LA PARTICIPACIÓN INFANTIL, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA LETICIA RIVERA CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Martha Leticia Rivera Cisneros, en mi carácter de diputada federal de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo para que en los estados se realicen parlamentos de niñas y niños y se promueva la participación infantil. La petición se sustenta en las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, y sano esparcimiento para su desarrollo integral, correspondiendo a los ascendientes, tutores y custodios el deber de preservar esos derechos y al Estado el de proveer lo necesario para propiciar el respeto de la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno del mismo.
En la Convención sobre los Derechos de la Niñez (CDN), de la cual nuestro País es parte y que conforme con el articulo 133 Constitucional, es Ley Suprema de toda la Unión, reconoce el derecho de las niñas y los niños a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, además, este derecho incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo.
El Comité de Vigilancia del Cumplimiento de la CDN. Ha subrayado siempre que las niñas y niños deben ser considerados como sujetos activos de Derecho. El artículo 12 de la convención referida no reconoce el derecho a la autodeterminación, pero si el de participar en la toma de decisiones.
De igual forma, la ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, vigente a partir de mayo de 2000, en el capitulo XIII otorga a los Niños y a los Adolescentes derechos como los de expresar libremente su opinión, ejercer sus capacidades de análisis y critica y el inalienable derecho a recibir información.
La capacitación y educación cívica son, por disposición constitucional, responsabilidad del Instituto Federal Electoral (IFE), el cual considera "la educación cívica como un proceso de formación de los individuos que, a la vez que alienta el desarrollo pleno de sus potencialidades en su contexto de libertad y respeto a la dignidad humana, promueve la solidaridad y la corresponsabilidad social para la construcción de un orden democrático.
La educación cívica se concibe como un proceso integral de desarrollo humano, que prepara ciudadanos concientes, informados y participativos, cuyo desempeño sea acorde con los valores, las instituciones y las practicas democráticas.
Por tal motivo, en cumplimiento de esa tarea, el IFE ha desarrollado una diversidad de actividades a favor de la formación Cívica, destacando desde hace siete años las consultas cívico-políticas para los niños, las niñas y los adolescentes entre los 6 y 17 años de edad.
Los ejercicios de participación y expresión cívica para la población infantil y juvenil incorporan contenidos y condiciones para que esos grupos de población ejerzan sus derechos, conozcan y pongan en practica procedimientos democráticos, reflexionen respecto de su entorno, desplieguen su juicio critico, aprendan a formular propuestas de solución a problemas públicos y desarrollen un sentido de corresponsabilidad.
Esos procesos colocaron a México en la vanguardia en materia de promoción de la participación infantil y juvenil. En un claro reconocimiento de ese hecho, la Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Carol Bellamy, seleccionó a México para presentar el informe Estado mundial de la infancia 2003.
Con motivo del mismo informe, Koffi Annan, Secretario de las Naciones Unidas, declaró que solamente conseguiremos cambiar el mundo con los niños y solamente podremos construir un mundo apropiado para ellos. "si los gobiernos cumplen la promesa de escuchar a los niños y los jóvenes cuando expresen sus opiniones en voz alta y clara, si aseguramos la participación plena de los niños en la labor de construir un futuro mejor.
Debemos fortalecer la iniciativa ciudadana, estimular el interés por los asuntos Públicos y entusiasmar a la participación libre y ordenada en organismos intermedios. Requerimos que los Ciudadanos y sus representantes asuman un compromiso permanente con la conservación, la profundización y la ampliación de las actitudes, los valores y las destrezas políticas propias de la democracia.
Para dar cumplimiento cabal a esos postulados, se requiere que desde hoy se emprendan las acciones necesarias para formar desde la niñez los futuros ciudadanos.
Es de suma importancia mencionar, que en el mes de abril del 2002, fueron presentados ante las reuniones plenarias del Senado de la República, así como de la Cámara de Diputados, los Puntos de Acuerdo para establecer anualmente la realización del Parlamento de las Niñas, y los Niños de México, indistintamente en cada Cámara, coordinadamente por el H. Congreso de la Unión, a través de las Comisiones de Derechos y Desarrollo Social por parte del Senado de la República y de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Participación Ciudadana, por la Cámara de Diputados; la Secretaria de Educación Pública, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; ambos acuerdos fueron aprobados por las respectivas Cámaras.
Como consecuencia de esos argumentos, en uso de las atribuciones a que he hecho referencia, en aras de nuestro desarrollo democrático de nuestro país y buscando que este cuerpo legislativo sea garante de los derechos de la niñez, presentamos y sometemos a la aprobación de este honorable Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Esta H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos Locales para que realicen anualmente el Parlamento de las Niñas y los Niños en su Estado, invitando a la autoridad educativa local, el Instituto Electoral de la entidad y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Segundo.- Esta H. Cámara de Diputados exhorta a los Institutos Estatales Electorales a que realicen, de manera simultánea a las elecciones locales, ejercicios de participación cívica infantil y juvenil orientados a la formación de valores y prácticas de la democracia, derecho de la niñez y participación en la resolución de los problemas locales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre 2005.
Dip. Martha Leticia Rivera Cisneros
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RECTIFICAR SU POSICIÓN DE RESPALDAR EL USO DE LA FUERZA MILITAR EN CONFLICTOS INTERNACIONALES, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE MARTÍNEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Jorge Martínez Ramos, diputado federal de la LIX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El gobierno del Presidente Fox, en voz del canciller, Luis Ernesto Derbez, señaló en días pasados que México apoyará el uso de la fuerza militar y la aplicación de medidas coercitivas aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Varios elementos llaman la atención en estas declaraciones, el primero, es que vienen a enrarecer el todavía abierto debate acerca de la participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de Paz. Recordemos que continua pendiente de dictamen en esta Cámara la iniciativa que permitiría al Ejecutivo, bajo una modificación al 76 constitucional, obviar el trámite de aprobación del Senado para la salida de tropas nacionales a estas misiones.
A pesar de que este tema ha ocasionado una fuerte controversia al interior del ejecutivo, donde se cuenta el bochornoso episodio del desmentido publico del vocero de Presidencia a una funcionaria de Cancillería, terminando aquello en al renuncia de la funcionaria, el Canciller se permite ahora adelantar la posición de México en la próxima Cumbre de Mandatarios de la Asamblea General de la ONU, en el sentido de avalar el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, lo que constituye una escalada a la postura de participación en misiones de paz y hace pensar en un intento por militarizar nuestra política exterior.
Se trata de un nuevo tropiezo del Presidente, cuyo secretario hace estas afirmaciones justamente el día en que esta Cámara de Diputados desahogara la glosa del V Informe de Gobierno en su apartado de política exterior, siendo unánime entre los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados -con excepción de Acción Nacional-, que ésta administración ha desmantelado la política internacional de México.
Como en una especie de profecía auto cumplida, el ejecutivo está enviando con esto una señal más de abandono de los principios contenidos en la Doctrina Estrada y probablemente, de consumarse, esta sea la mayor dimisión que hayamos presenciado en este sexenio en materia de política exterior.
No avalamos el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, porque ello constituye el mayor quebrantamiento al derecho internacional y a nuestra propia Constitución, porque significa legalizar el genocidio y admitir que las naciones que puedan realizar la mayor acumulación de riquezas y armas tienen el derecho de imponer su voluntad en regiones ajenas a su territorio.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal para que rectifique su posición de respaldar el uso de la fuerza militar en las relaciones internacionales y se abstenga de pronunciarse en este sentido en la próxima Cumbre de Mandatarios de la Asamblea de las Naciones Unidas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2005.
Dip Jorge Martínez Ramos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y A LOS INSTITUTOS ESTATALES ELECTORALES A SEGUIR FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN INFANTIL, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS ANGÉLICA RAMÍREZ LUNA, ADRIANA GONZÁLEZ FURLONG Y MARÍA DEL ROCÍO JASPEADO VILLANUEVA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Los suscritos diputados federales a la LIX Legislatura, integrantes de la comisión de participación ciudadana y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo bajo los siguientes
Considerandos
1. La participación ciudadana en nuestro país ha tomado fuerza desde el momento en que nuestra transición política le abrió las puertas a la ciudadanización del instituto Federal Electoral, lo cual dio paso a una nueva forma de organización de las elecciones en México, de igual forma, la participación ciudadana se ha visto reflejada en todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que han pugnado por tener los espacios que les corresponden en la toma de decisiones gubernamentales.
Nuestra realidad política no se puede vislumbrar sin la participación activa de la sociedad, parte fundamental de nuestra sociedad han sido las niñas y los niños, quienes gozan de derechos y prerrogativas enmarcadas en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tuvo vigencia desde el pasado mes de mayo del año 2000.
2. No podemos dejar de mencionar que la actual administración del Presidente Fox ha impulsado la participación social y el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, prueba de ello, es que en nuestra realidad actual, las elecciones están garantizadas bajo la tutela del Instituto Federal Electoral el cual nos garantiza que las elecciones en nuestro país son transparentes y que el voto de cada uno de los ciudadanos es respetado y valorado al tiempo de las elecciones.
Por su parte, el Instituto Federal Electoral ha impulsado proyectos que el poder Legislativo ha instaurado para acrecentar la participación democrática de los ciudadanos, con proyectos enfocados hacia la educación cívica, uno de ellos ha sido el Parlamento de las Niñas y los Niños de México, que desde hace ya tres años se ha realizado conjuntamente entre el Poder Legislativo de la Unión, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Federal Electoral y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Parte primordial de este ejercicio democrático ha sido fomentar la participación ciudadana de nuestros niños mexicanos en las decisiones de gobierno para lograr la formación de futuros ciudadanos responsables y comprometidos con el papel que debe desempeñar una sociedad civil informada y participativa.
3. El Instituto Federal Electoral ha permanecido innovando programas y proyectos para la formación cívica de nuestra infancia, lo cual se ha visto reflejado en las consultas infantiles que desde hace 7 años desempeña como un programa establecido y dónde se les dota a los niños de una responsabilidad cívica dónde votan sobre diversos temas que son parte de su entorno, de igual forma la consulta infantil y juvenil del año 2000 implicó la participación de decenas de expertos en pedagogía, psicología y áreas afines en el diseño del programa, el concurso de más de 400 instituciones públicas, privadas y sociales en las tareas de organización y difusión, la intervención de alrededor de 60 mil voluntarios en la atención de las 14,307 casillas que se instalaron en todo el país y la movilización de casi 4 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años. Según lo expresado por el propio Instituto Federal Electoral, el ejercicio tuvo un propósito múltiple: en primer término, generar un espacio en el que estos grupos pudieran hacer valer su derecho a la participación y a la expresión, consagrado tanto por la Convención sobre los Derechos de la Niñez como por la recientemente promulgada Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En segundo lugar, poner en contacto a estos grupos de población con los valores y procedimientos propios de un régimen democrático. Y en tercer término, recabar la opinión de estos sectores sobre temas de su directo interés, particularmente en lo que toca a trato y convivencia, construcción y respeto a las normas, y ejercicio de autoridad, esto es sólo una parte que conforma el Programa Estratégico de Educación Cívica 2005-2010 del Instituto Federal Electoral.
4. Para nosotros, la responsabilidad social del Instituto Federal Electoral debe abarcar también proyectos vanguardistas sustentados desde la experiencia de las democracias internacionales, aún nos falta abarcar el ámbito educativo, desde la implementación de programas y proyectos conjuntos con el gobierno federal para ampliar la participación y la responsabilidad social, visto desde el ámbito de la educación cívica en las escuelas de educación primaria y secundaria, sin bien es cierto que los logros alcanzados hasta el momento por el Instituto Federal Electoral y los institutos estatales electorales han sido benéficos para nuestra población infantil, aún nos falta alcanzar una participación amplia en las elecciones, México aún es considerado uno de los países que mayor abstención hay al momento de elegir a sus gobernantes, por ello, con el presente punto de acuerdo pretendemos que los Institutos Estatales Electorales y el Instituto Federal Electoral amplíe sus programas y los alcances de los mismos para incrementar la participación social en el diseño de las políticas públicas y la participación en las elecciones del país.
Por lo anteriormente expuesto, y fundamentados bajo las potestades conferidas por nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, sometemos a la consideración de todos ustedes la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Que la H. Cámara de Diputados exhorte respetuosamente a los Institutos Estatales Electorales y al Instituto Federal Electoral a implementar nuevos programas y proyectos enfocados al desarrollo integral de fomento de la participación ciudadana infantil.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2005.
Por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional
Diputados: Margarita Zavala Gómez del Campo, Angélica Ramírez Luna (rúbrica), Adriana González Furlong, María del Rocío Jaspeado Villanueva (rúbrica), Norma Patricia Saucedo Moreno (rúbrica), María del Carmen Escudero Fabre (rúbrica), Yleana Baeza Estrella (rúbrica), Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica), Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica punto de acuerdo IFE/IEE), José Julio González Garza (rúbrica).
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE SOLICITAR AL SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL QUE INFORME SOBRE LOS MOTIVOS PARA SUSPENDER LA CAMPAÑA CONTRA LA HOMOFOBIA Y QUE ÉSTA SEA NUEVAMENTE DIFUNDIDA TANTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DE DICHA DEPENDENCIA, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL GARCÍA TINAJERO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, legislador de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, Rafael García Tinajero Pérez, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA, inició una campaña para fomentar el respeto y la tolerancia a la diversidad sexual, mediante la difusión de spots de radio.
Tomando en cuenta que la discriminación por motivos relacionados con las preferencias sexuales agrava no sólo a quienes la practican, sino a quienes no la condenan y realizan acciones para erradicarla, celebramos en ese momento la iniciativa de la Secretaría de Salud y de su titular el doctor Julio Frenk.
La homofobia es una enfermedad psico-social que se define por tener odio a los homosexuales y pertenece al mismo grupo que el racismo, la xenofobia o el machismo.
Lamentablemente existen grupos sociales que no sólo la condenan, fomentan la homofobia y la exaltan. Basta recordar que tanto la Asociación Nacional de Padres de Familia y Provida, manifestaron de inmediato su desacuerdo con la campaña, señalándola como una imprudencia de Frenk y refieren que "esta cargada ideológicamente para fomentar la homosexualidad." Calificando a la homosexualidad como "un desorden mental."
Tan grave es esta enfermedad que Jorge Serrano Limón señaló que "la decisión de la OMS en 1991 de retirar a la homosexualidad como una enfermedad, fue un gran error".
Esta actitud motivo una denuncia penal contra la UNPF y Provida por promover la homofobia y calificar a la homosexualidad como una "enfermedad y aberración"
Al inicio de esta campaña además de condenar las actitudes homofóbicas, respaldamos totalmente la decisión de la SSA y de organizaciones civiles por promover el respeto a la diversidad y la tolerancia a la diversidad sexual.
Sin embargo, la campaña se suspendió. No solamente salió del aire, incluso ya no se encuentra en el portal de Internet de la propia Secretaría de Salud.
Por tal motivo, solicitamos al secretario, doctor Julio Frenk Mora, informe sobre los motivos para suspender la campaña contra la homofobia y sea nuevamente difundida tanto en los medios de comunicación como en el portal de Internet de la Secretaría.
Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- La H. Cámara de Diputados solicita al secretario de Salud, doctor Julio Frenk Mora, informe sobre los motivos para suspender la campaña contra la homofobia y que ésta sea nuevamente difundida tanto en medios de comunicación como en el portal de Internet de la secretaría.
Segundo.- La H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud y a Censida, a no ceder ante grupos de presión quienes intentan frenar la campaña contra la homofobia, pues sólo consiguen poner en riesgo la armonía de y entre los mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2005
Dip. Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE COMPAREZCA EL DIRECTOR GENERAL DEL INFONAVIT ANTE LAS COMISIONES DE VIVIENDA, Y DE SEGURIDAD SOCIAL, E INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS CONJUNTOS HABITACIONALES QUE SE CONSTRUYERON CON LA LLAMADA LÍNEA 1, A CARGO DE LA DIPUTADA MYRIAM ARABIAN COUTTOLENC, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La que suscribe, diputada federal Myriam De Lourdes Arabian Couttolenc, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del director general del Infonavit, Víctor Borrás Setién, para que informe a las Comisiones de Vivienda, y de Seguridad Social, el estado que guardan los conjuntos habitacionales que se construyeron con la llamada Línea 1 y responda a esta soberanía y a los propietarios de vivienda de las unidades habitacionales cuáles son los derechos vigentes de los acreditados.
Consideraciones
1. Que el artículo 93, segundo párrafo, de la Constitución federal establece que cualquiera de las cámaras podrá citar a los directores de organismos descentralizados cuando discuta una ley concerniente a su respetivo ramo.
2. Que el artículo 42 de la Ley del Infonavit, contempla la posibilidad de que dicho organismo financie directamente la construcción de conjuntos habitacionales destinados a se adquiridos por los trabajadores.
3. Que desde su creación el Infonavit, y hasta hace algunos años, financió diversos conjuntos habitacionales en todo el país. Hoy en día ha cobrado auge la construcción a través de constructoras con pagos diferidos.
4. Es el caso que en diversos conjuntos habitacionales del país existen problemas con la administración de áreas comunes a los conjuntos habitacionales.
5. Que estos problemas están basados en la, por lo menos, incompleta, escrituración de las áreas comunes.
6. Que es necesario que el Infonavit aclare tanto a esta soberanía como a los propietarios y habitantes de estos conjuntos habitacionales cuáles son sus derechos como acreditados o como propietarios.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se propone.
Acuerdo: (rubro).
Proposición con Punto de Acuerdo
Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del director general del Infonavit, Víctor Borrás Setién, para que informe a las Comisiones de Vivienda y de Seguridad Social, el estado que guardan los conjuntos habitacionales que se construyeron con la llamada Línea 1 y responda a esta soberanía y a los propietarios de vivienda de las unidades habitacionales cuáles son los derechos vigentes de los acreditados-propietarios, que presenta la diputada Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc.
Dip. Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc (rúbrica)
Excitativas
A LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, Y DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, A SOLICITUD DEL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, Jorge Triana Tena, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, propone a esta Presidencia, formule excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que, de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dictamine acerca de la Iniciativa que reforma el artículo 230 del Código Penal; y adiciona el artículo 226 Bis y Reforma el 420 de la Ley General de Salud para prohibir y sancionar la venta de muestras médicas gratuitas, en razón de los siguientes
Antecedentes
I. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 30 de noviembre de 2004, presenté al Pleno de esta Soberanía una Iniciativa que reforma el artículo 230 del Código Penal; y adiciona el artículo 226 Bis y Reforma el 420 de la Ley General de Salud para prohibir y sancionar la venta de muestras médicas gratuitas.
II. La iniciativa en comento fue turnada a las Comisiones unidas de Salud y Justicia y Derechos Humanos para su dictamen, mismo que a la fecha no ha sido presentado por lo que me presento ante esta Soberanía para expresar las siguientes
Consideraciones
Primero. las muestras médicas y los originales de obsequio son productos que únicamente tienen la finalidad de demostrar sus características. En este sentido, carecen de valor comercial y no pueden dedicarse a la venta interna en el país.
No obstante, y de manera muy desafortunada, cada vez es mas común en los tianguis de la Ciudad de México y otras ciudades del interior del país encontrar la venta clandestina de medicamentos en cuya presentación se encuentra impresa la leyenda "muestra médica no negociable", este fenómeno es cada vez mas recurrente e implica, indiscutiblemente, un riesgo para la salud de las personas que deciden comprar estos medicamentos en los tianguis, porque evidentemente realizan esa adquisición sin ningún tipo de prescripción médica.
Segundo. La práctica ilegal en la venta de medicamentos ha sido nota en los últimos meses. Se ha denunciado la venta de medicamentos muestra y original de obsequio en los estados de Jalisco y Michoacán, en el tianguis de Santa Cruz Meyehualco en el Distrito Federal, entre otros lugares.
Tercero. El Reglamento de Insumos para la Salud establece en el artículo 34 la prohibición de vender al público los medicamentos presentados como muestra médica, original de obsequio y los destinados para uso exclusivo de las instituciones públicas de salud y de seguridad social. No obstante, dicho ordenamiento no lo vincula directamente con una sanción monetaria, como sí lo hace para quien infrinja la disposición de vender o suministrar medicamentos que requieren receta médica.
Cuarto. Por su parte, la Ley General de Salud faculta a la autoridad sanitaria, en casos como el descrito, para aplicar medidas que van desde la suspensión de trabajos o servicios hasta la revocación de autorizaciones, decomiso de mercancía y la clausura del establecimiento.
Quinto. La venta de dichas muestras implícitamente conlleva a la obtención de un lucro indebido, al comercializar una cosa cuya venta se encuentra prohibida.
Sexto. El bien jurídico que se pretende tutelar es la salud humana. Es una realidad indiscutible que la venta de muestras médicas, implica un riesgo para la salud, pues no existe control de la autoridad en su prescripción y suministro toda vez que se trata de un mercado negro. Y siendo este el caso, es recomendable que se sujete al ámbito de la legislación sanitaria.
Séptimo. La Ley General de Salud, establece las bases y modalidades para dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud contenido en el artículo cuarto de la Constitución.
Octavo. Por ende, además de considerar la incorporación del delito de venta de muestras médicas en el Código Penal, se debe incorporar en la ley general de salud la prohibición de dicha conducta enlazándola con una sanción administrativa que implique una multa, lo cual serviría para inhibir al potencial infractor.
Noveno. Dado el riesgo para la salud que representa la venta ilícita de medicamentos que se consideran no negociables, es pertinente la idea de reforzar la legislación con la prohibición de la conducta, la tipificación penal y las sanciones que inhiban dichas actividades.
Décimo. Por cuanto hace al robo de las muestras médicas, es menester indicar que el robo de dichas muestras, ya sea efectuado por personal que tenga acceso y custodia de las mismas o por cualquier persona ajena que se apodere de ellas, dichas acciones ya se encuentran contempladas y sancionadas en el código Penal Federal ya sea como robo genérico establecido en el artículo 367 o como abuso de confianza establecido en el artículo 383.
Undécimo. Sin embargo, respecto de la gravedad que implica la comercialización indebida de las muestras médicas, y que ha representado, indiscutiblemente, el desabasto y encarecimiento de medicinas en nuestro país, se propone que el marco jurídico abarque y contemple a cualquier persona que venda muestras médicas u originales de obsequio no negociables.
Duodécimo. La propuesta pretende aterrizar la reforma en la Ley General de Salud. Para ello, se propone establecer en esta ley la prohibición de vender medicamentos no negociables, en los términos vigentes en el reglamento de insumos para la salud. Así mismo, se propone una multa en la zona de que se trate, considerando que es el mismo rango para quienes vendan y suministren medicamentos con fecha de caducidad vencida.
Por lo expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted C. Presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:
Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que formulen el dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de septiembre de 2005.
Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)
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