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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a las autoridades sanitarias del estado de Tamaulipas a fortalecer de manera urgente las acciones de prevención y control a fin de erradicar el brote de dengue clásico y hemorrágico, a cargo de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, para crear la Comisión Especial de la Función Pública, a cargo del diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a informar sobre las acciones realizadas o proyectadas para asegurar la permanencia, confidencialidad y soberanía de las redes satelitales gubernamentales que se tienen en las bandas de frecuencia C, Ku y L, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, así como a funcionarios del gobierno del estado de San Luis Potosí y del Conalep, a reinstalar a los profesores de esta institución educativa despedidos injustamente, a respetar su derecho a la libre sindicalización y a iniciar procedimiento de responsabilidades administrativas y de otra índole contra los servidores públicos que resulten implicados, a cargo del diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, a efecto de que el Ejecutivo federal libere los recursos para la continuidad de la construcción del puerto fronterizo El Ceibo, en Tabasco, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial Sur-Sureste.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, a apercibir a las autoridades de los centros educativos particulares de que se sujeten a la escala de evaluación vigente en el país, a cargo del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a reformar los artículos 2317 y 2320 del Código Civil de su competencia a efecto de facilitar a un mayor número de habitantes la adquisición de una vivienda digna, a cargo del diputado Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Profepa que verifique e inspeccione las instalaciones de la planta de Pemex Satélite Oriente, a cargo de la diputada Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para dirigir un extrañamiento y exhortar al presidente municipal de Mérida, Yucatán, a conducirse con respeto a la investidura de los representantes populares, autoridades electas y ciudadanos en general, evitando medidas represivas, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y del estado de Chiapas a aumentar la seguridad en la zona fronteriza entre México y Guatemala e investigar las causas de los asesinatos de mujeres ocurridos en fechas recientes en la localidad de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Instituto Nacional de Migración que instale un módulo de revisión e inspección en la Terminal de Autobuses de Oriente, a fin de prevenir el arribo de inmigrantes centroamericanos integrantes de la organización conocida como Marasalvatrucha, a cargo de la diputada Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al C. Presidente de la República a actualizar el decreto por el que se sujetó el gas licuado de petróleo a precios mínimos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2003, a cargo del diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, mediante la Embajada de México en Estados Unidos de América, las gestiones necesarias para obtener y compartir con las autoridades estatales y las municipales de los estados fronterizos el padrón que identifica a los connacionales deportados que han compurgado sentencias por delitos graves en ese país, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, a efecto de crear una comisión especial para fortalecer la protección de periodistas y medios de comunicación, y la libertad de expresión, a cargo de la diputada Beatriz Mojica Morga, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 se incorpore una partida especial destinada a la SCT a fin de construir y pavimentar el tramo Altzayanca de la carretera Tlaxcala-Libres, Puebla, a cargo de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar en el Presupuesto de 2006 recursos adicionales para construir un hospital en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a cargo de la diputada Janette Ovando Reazola, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 se incorpore una partida especial destinada a la Secretaría de Salud a fin de construir un hospital de especialidades en Huamantla, Tlaxcala, a cargo de la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar el primer sábado de julio como Día Nacional del Cooperativismo, a cargo del diputado Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita al procurador general de la República que ajuste su proceder al marco institucional y jurídico aplicable, y establezca los contactos pertinentes por los medios oficiales con el presidente municipal de Tonalá, Jalisco, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones públicas del sector salud integradas en el Consejo de Salubridad General a cumplir las disposiciones relativas al abasto de medicamentos del cuadro básico para primer nivel de atención y del catálogo para segundo y tercer niveles de atención del grupo terapéutico número 20, a cargo del diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita una partida especial de apoyo para las entidades federativas que poseen en su territorio pozos y complejos petroleros, con cargo a los excedentes derivados de la venta de hidrocarburos al exterior, a cargo del diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar el 6 de julio como el día cuando 400 familias indígenas tlaxcaltecas salieron hacia el norte del país para apoyar su colonización, a cargo del diputado Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, a fin de que la Secretaría de Salud apoye con recursos emergentes al estado de Tamaulipas para prevenir y controlar el dengue, a cargo del diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Salud que presente un informe sobre los contenidos de los programas y las actividades de educación en materia de combate de la obesidad infantil, a cargo del diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de justicia y de seguridad pública del estado de Jalisco a entregar los fondos del Foseg destinados a pago de dotación complementaria para los trabajadores del área de seguridad pública, a cargo del diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, a efecto de solicitar a los gobiernos de las entidades federativas y a la Secretaría de la Función Pública que se establezca un convenio de coordinación para instaurar un registro de empresas constructoras que participen en licitaciones de cualquier nivel de gobierno, a cargo del diputado Salvador Márquez Lozornio, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a permitir la participación de organizaciones civiles en el proceso de repatriación voluntaria, a cargo de la diputada Ruth Hernández Martínez, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, para exhortar al Sistema Nacional de Vacunación a reactivar los proyectos correspondientes a fin de iniciar la aplicación gradual de la vacuna contra el neumococo, a cargo del diputado José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Legislaturas locales a integrar una comisión de pesca y acuacultura, a cargo del diputado Evaristo Corrales Macías, del grupo parlamentario del PAN.
- A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, a solicitud de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del PRI.
- A las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura y Ganadería, a solicitud del diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD.
- A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a solicitud de diputados integrantes de la Comisión Especial Sur-Sureste.
- A las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Defensa Nacional, a solicitud de los diputados María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del grupo parlamentario del PRI.
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A FORTALECER DE MANERA URGENTE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL A FIN DE ERRADICAR EL BROTE DE DENGUE CLÁSICO Y HEMORRÁGICO, A CARGO DE LA DIPUTADA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, diputada del grupo parlamentario de Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, a efecto de exhortar a las autoridades sanitarias del estado de Tamaulipas para que de manera urgente fortalezcan las acciones de prevención y control a fin de erradicar el brote de dengue clásico y hemorrágico que se ha desatado en la Jurisdicción Sanitaria número II con sede en Tampico, con base en los siguientes
Considerandos
El dengue es una enfermedad trasmitida por mosquitos y producida por arbovirus de la familia Flaviviridae, que tiene cuatro serotipos. Su trascendencia radica en que produce brotes explosivos de formas clásicas, con brotes simultáneos de formas hemorrágicas o de choque grave en menor cantidad.
Se trasmite a través de la picadura de mosquitos infectantes, principalmente el Aedes aegypti. Éstos se infectan cuando pican a una persona enferma de Dengue, luego lo trasmiten cuando pican a otros seres humanos.
Durante la actual temporada de lluvias el estado de Tamaulipas ha experimentado fuertes precipitaciones, así como, el paso del huracán Emily y la tormenta tropical Gert, eventos que han provocado severas inundaciones. Esta situación ha sido propicia para que abunden los criaderos de los mosquitos transmisores del dengue.
A consecuencia de lo anterior, el número de casos de dengue clásico y hemorrágico se ha disparado en el estado. Hasta el reporte de la semana 34 del Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, en el 2005 se han registrado 628 casos del tipo clásico y 139 del hemorrágico cifras por demás superiores a las acumuladas el año pasado de 7 y 1 respectivamente. Incluso, se sospecha de que ya han ocurrido decesos por esta causa.
El artículo 134 de la Ley General de Salud obliga a la Secretaría de Salud Federal y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia a realizar actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las enfermedades transmisibles entre las que se encuentra el dengue.
Sabemos que actualmente las autoridades sanitarias estatales y federales realizan acciones para combatir al mosquito transmisor de esta enfermedad, principalmente a través de la aplicación de operativos de fumigación y concienciación a la población para que eviten los recipientes de agua que sirven de criaderos de mosquitos.
No obstante, la magnitud del brote de dengue que ha alcanzado a Tamaulipas y a zonas circundantes de Veracruz y San Luis Potosí hace indispensable poner más énfasis en la contención de este problema de salud.
Con base en lo expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud y a las autoridades sanitarias del estado de Tamaulipas para que de manera urgente fortalezcan las acciones de prevención y control a fin de erradicar el brote de dengue clásico y hemorrágico que afecta a la entidad, particularmente a la Jurisdicción Sanitaria número II con sede en Tampico.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2005.
Dip. Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CREAR LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR HUGO ISLAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Víctor Hugo Islas Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo para proponer la creación de la Comisión de la Función Pública, con base en los siguientes
Considerandos
El Poder Legislativo Mexicano ha fortalecido su autonomía y capacidad de decisión, ejerciendo con mayor vigor las funciones que le corresponden. De esta manera, la actividad legislativa es más profusa, resaltando el hecho de que, a diferencia de años pasados, la pluralidad democrática del país permite que la proporción de proyectos legislativos que presentan los legisladores, con relación a los del Poder Ejecutivo, han variado su correlación, de manera radical. En legislaturas pasadas, los porcentajes de presentación de iniciativas eran hasta más del 90% para el Ejecutivo y, hoy día, los legisladores federales y congresos locales, en los términos dispuestos por el artículo 71 de la Constitución Política, tenemos el mayor porcentaje de elaboración y presentación de propuestas de reforma constitucional, modificación de leyes secundarias y proposiciones vinculadas a temas coyunturales de la mayor importancia para todos los mexicanos.
El nuevo activismo del Congreso deviene en un mejor equilibrio entre los poderes, en una representación más fidedigna de la voluntad ciudadana y en la consolidación del camino democrático que hemos elegido los mexicanos, edificando durante más de un siglo instituciones y procedimientos deliberantes, participativos y sustentados en la Soberanía Popular.
Esta es la era del Poder Legislativo. De acuerdo con los datos de Freedom House, en el año 2000 el 63% de los gobiernos nacionales, en el mundo, fueron electos mediante el sufragio universal. La victoria de la democracia se constata si comparamos este dato, con el hecho de que en 1950 solo 30% de los gobiernos se elegían por esta vía, que es la esencia misma del Estado social y del sistema democrático.
No obstante, creemos que el avance cuantitativo y las condiciones del entorno democrático de las instituciones parlamentarias, no bastan para que el parlamento este a la altura de las condiciones sociales y económicas y de la eficacia de las respuestas legales y políticas que la sociedad demanda a sus múltiples y cambiantes problemas. Si no se propicia una evolución rápida hacia la profesionalización y sistematización de los procedimientos y funciones legislativas, podría darse lugar al desencanto social con la democracia, toda vez que las expectativas puestas en la revitalización del Legislativo son muy amplias, pero también legítimas.
Entre los aspectos fortalecidos en la función parlamentaria, encontramos una creciente influencia en la formulación de las políticas públicas. En la realidad, la tarea de legislar ya no es la única función de los congresos. A la tarea de hacer leyes se agregan las de control, fiscalización y supervisión del Poder Ejecutivo; el debate de los grandes temas nacionales; la apertura a distintas corrientes de opinión y la constitución de una arena para el diálogo y los acuerdos políticos nacionales. Todas ellas fortalecen las prácticas y valores democráticos.
En ese sentido, la ciudadanía espera que el Congreso sea una piedra angular en el logro de un gobierno más honesto y transparente, así como en el alcance de objetivos de gran dimensión que se han soslayado tradicionalmente, como la profesionalización del servicio público; la simplificación administrativa; la desregulación; un enfoque humano en la administración pública; la actualización del sistema de compras y de obras públicas gubernamentales; la flexibilización de los mecanismos de coordinación intergubernamental; los mecanismos de corresponsabilidad, coinversión y concesión hacia los particulares; la delegación de responsabilidades; la descentralización de decisiones, responsabilidades y recursos, entre muchas otras.
Vivimos tiempos, en los cuales la administración pública no puede ser una caja cerrada. Es necesario impulsar mecanismos que la hagan más eficiente, eficaz, oportuna y que justifique adecuadamente el gasto que hace de los impuestos de todos los ciudadanos. Es decir, transitamos hacia una comprensión, operación y evaluación permanente de la función pública, diferenciándola claramente de las funciones social y privada.
La comprensión del nuevo esquema administrativo, político y social, es importante para ajustar los procedimientos de carácter legislativo a las nuevas necesidades. Al hacerlo, el Poder Legislativo gana en confianza social, lo que permite que la sociedad se interese más por los asuntos públicos, que se fortalezca la comunicación, el ejercicio de los derechos y la exigencia de las obligaciones en la vida pública. Por ello, debemos trabajar en esquemas nuevos de control de la función pública, que superen el mero espíritu financiero, para profundizar en la manera como podemos contribuir a un más amplio servicio público.
Como las diputadas y diputados saben, en el pasado, la función de control estaba acotada a la mera fiscalización de recursos públicos. Su evolución, a través de la creación de la Ley de Auditoria Superior de la Federación, especializó esta tarea.
Sin embargo, en la actualidad no existe una comisión que conozca los demás aspectos, que son numerosos cuantitativa y cualitativamente de la función pública, aún cuando el artículo 39 de la Ley Orgánica establece que debe haber una competencia correlativa entre las dependencias federales y las comisiones, incluso a partir de su denominación.
Por ello, a fin de que todas las áreas señaladas no queden sujetas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, estimamos que es conveniente crear en este cuerpo legislativo una Comisión Especial de la Función Pública, que desarrolle los temas señalados, desde una perspectiva de verdadera modernización de la administración pública. Esta aportación de la LIX Legislatura al enriquecimiento de las funciones legislativas podría llevar, más adelante, a darle permanencia a través de la modificación de la Ley Orgánica.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta Soberanía la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se propone la creación de la Comisión de la Función Pública, para adecuar la estructura de comisiones de la Cámara a los ramos de la administración pública, dirigida al ámbito de control y modernización administrativa. Tendrá el carácter de especial y se integrará conforme a lo dispuesto para las comisiones ordinarias y especiales, por la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo, a 12 de septiembre de 2005.
Dip. Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SCT A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS O PROYECTADAS PARA ASEGURAR LA PERMANENCIA, CONFIDENCIALIDAD Y SOBERANÍA DE LAS REDES SATELITALES GUBERNAMENTALES QUE SE TIENEN EN LAS BANDAS DE FRECUENCIA C, KU Y L, A CARGO DE LA DIPUTADA SHEYLA FABIOLA ARAGÓN CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Proposición con punto de acuerdo que suscribe Sheyla Fabiola Aragón Cortés, diputada del estado de México por la quinta circunscripción de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos; 58 Y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; relativo a la explotación de las comunicaciones vía satélite.
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, la diversidad en las telecomunicaciones ha alcanzado importancia estratégica por considerársele servicios básicos para la sociedad; actualmente la tecnología ha coadyuvado en el crecimiento de las comunicaciones alrededor del mundo, y a fomentar el crecimiento económico de los países. Prácticamente el desarrollo es inexistente si con él no avanza la tecnología y con ella, su disponibilidad a la población.
El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes para este sexenio señala que la comunicación vía satélite es uno de los pilares que sustentan el desarrollo de las telecomunicaciones ya que hace posible ofrecer servicios de tecnología de punta que lo mismo apoyan el crecimiento económico y la integración nacional, como la provisión de servicios de carácter social y de seguridad nacional.
Sin embargo, persisten severos rezagos en su infraestructura, distribución geográfica y disponibilidad. En el combate a estos problemas se debe de explotar al máximo todos los recursos técnicos, tecnológicos y profesionales, revisar las tarifas de los servicios ofrecidos para lograr un incremento en el número de usuarios beneficiados, y trabajar estrechamente con la Unión Internacional de Telecomunicaciones en las asignaciones de posiciones orbitales para satisfacer a la industria satelital.
Con la desincorporación en 1995 del sistema satelital mexicano, la explotación de esta vía de comunicación quedó en su mayor parte en manos de particulares, conservando el gobierno federal el 25 por ciento más el 7 por ciento de la capacidad total del sistema para prestar servicios sociales y de seguridad nacional, el subsistema de banda L para comunicaciones móviles y rurales satelitales, y la operación y explotación de los telepuertos. Con ello nació la empresa Satélites Mexicanos (Satmex), de participación estatal minoritaria, a la cual Telecomunicaciones de México (Telecomm), le transfirió los activos, el personal y los contratos para la prestación del servicio fijo.
Actualmente la misión de Telecomm en las comunicaciones vía satélite, es instalar, conservar, desarrollar y explotar una red de estaciones terrenas y un sistema de radiocomunicación para prestar servicios públicos de conducción de señales y arrendar circuitos dedicados para redes privadas por satélite.
Telecomm ha apoyado el desarrollo del programa de Telefonía rural a cargo de la SCT, mediante la instalación de más de 20.045 terminales con tecnología satelital, para lo cual utiliza las bandas de frecuencia Ku y L del satélite Solidaridad 2, el 73.8 % de ellas utilizadas para servicios de voz y el resto para datos en poblaciones de entre 100 y 500 habitantes, ubicadas en lugares de difícil acceso y carentes de algún otro medio de comunicación y para los servicios móviles satelitales en apoyo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ha instalado terminales en vehículos terrestres, aviones y embarcaciones, aparte de las de sus propias redes de servicio fijo, que utilizan la capacidad satelital reservada al Estado. Del mismo modo participa en la Red de Educación por Satélite (Edusat), beneficiando a 1.2 millones de estudiantes en el último año.
En la comunicación vía satélite los subsistemas más utilizados, son la banda C y la banda Ku, pues son mundialmente consideradas como comerciales.
El incremento en la demanda se servicios móviles de voz y datos por satélite y el hecho de disponer de un solo transpondedor generan el requerimiento de asegurar y ampliar la capacidad en banda L únicamente provista por un solo satélite mexicano (Solidaridad 2), cuya vida útil es de 4 años más.
Tomando en cuenta que el aprovechamiento del espectro de banda L del cual goza México es limitado, aún con la reciente concesión otorgada para explotar la posición orbital 77° Oeste, es necesario realizar las acciones necesarias que fortalezcan un recurso mediante el cual se fomenta el crecimiento de las comunicaciones como es el incremento de estaciones terrenas transmisoras. De esta forma coadyuvamos en la incorporación de México a la sociedad de la información e incrementando la tasa de teledensidad.
Por su parte la inversión nacional privada también es importante para que se continué desarrollando la industria satelital en nuestro país por lo que se requiere la exploración de nuevos capitales que incentiven este sector, tomando en cuenta los problemas financieros de la compañía Satmex, el fin de la vida programada del satélite Solidaridad 2 en el año 2008 y las recientes fallas en el satélite Satmex V.
Lo anterior obliga a asegurar la continuidad, confidencialidad y soberanía de los servicios gubernamentales que se prestan actualmente a través de la reserva del Estado en los satélites de Satmex.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar sobre los proyectos y acciones realizadas para asegurar la permanencia, confidencialidad y soberanía de las redes satelitales gubernamentales que se tienen en las bandas de frecuencia C, Ku y L.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de septiembre de 2005.
Dip. Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DOCTOR REYES TAMEZ GUERRA, ASÍ COMO A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y DEL CONALEP, A REINSTALAR A LOS PROFESORES DE ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DESPEDIDOS INJUSTAMENTE, A RESPETAR SU DERECHO A LA LIBRE SINDICALIZACIÓN Y A INICIAR PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OTRA ÍNDOLE CONTRA LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE RESULTEN IMPLICADOS, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN PÉREZ MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Consideraciones
2.- Y bien, desde hace ocho años los profesores del Conalep del estado de San Luis Potosí iniciaron un movimiento en la defensa de sus derechos laborales ya que se les mantiene en un estado de absoluto pisoteamiento de los mismos, ya que se les obliga a firmar contratos de prestación de servicios profesionales de carácter civil, renovables de manera semestral, bajo el falso argumento de que no son trabajadores, privándoseles en consecuencia de todas sus prestaciones que en derecho les corresponden incluida la prestación médica y, en general su acceso a la seguridad social; asimismo se les exige la entrega de las llamadas "cartas de procedencia laboral" para delegar en otro supuesto patrón la responsabilidad derivada de la prestación de sus servicios.
3.- La lucha de estos trabajadores obtuvo un significativo triunfo cuando el primero de enero del año 2005 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de aquella entidad otorgó el registro y toma de nota a su Sindicato Académico de Trabajadores y Trabajadoras de Conalep. Aunque las autoridades de este Colegio se inconforman contra la determinación de esta Junta, tanto el Juzgado Segundo de Distrito como el revisor el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito les negaron el amparo de la justicia federal.
4.- Sin embargo días después, en abierta violación a nuestra Carte Magna, a la Ley Federal del Trabajo y a los más mínimos derechos humanos laborales, y hasta a la lógica las autoridades de Conalep solicitan y la misma Junta Local de Conciliación y Arbitraje concede la cancelación del registro al Sindicato Académico de Trabajadores y Trabajadoras de Conalep bajo la argucia inadmisible de que estos profesores no prestan un servicio personal subordinado a esta Institución. Desde luego, todo este juicio sumarísimo se hizo en abierto contubernio con el Gobierno del estado que encabeza Marcelo de los Santos Fraga.
5.- Y es así como los profesores del Colegio de Educación Profesional Técnica en el estado de San Luis Potosí, producto de una grosera chicana jurídica y un uso abusivo del poder, se encuentran cercados en un estado de discriminación laboral al pretender negárseles el carácter laboral a la relación jurídica que mantienen con este Colegio, y siendo víctimas de una artera intromisión en el derecho a la libertad sindical que consagra nuestra Constitución federal y la normative laboral.
6.- Por otra parte, surge la fundada inquietud de que los recursos presupuestales que debieran estar destinados al pago de las prestaciones de estos trabajadores, estén siendo desviados a otros fines.
7:- Finalinente refiero, que en algunos estados del país ya fueron reconocidos los sindicatos académicos de los profesores de Conalep y tienen ya celebrados contratos colectivos de trabajo; concretamente esto ha sucedido en Sonora, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Baja California. En el resto del país los profesores de Conalep padecen, como en San Luis Potosí, las condiciones de semiesclavitud ya señaladas.
8.- Si esto es intolerable en cualquier empresa o entidad, lo es aún más en el seno de una institución educativa que no puede separar la calidad de su enseñanza del respeto a los derechos básicos de sus profesores y, que en un acto de mínima coherencia debe comenzar dando ejemplo de legalidad, tolerancia y humanismo.
Punto de Acuerdo
Primero: Se exhorte al secretario de Educación Pública doctor Reyes Tamez Guerra y, a la Junta Directiva Nacional del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep), para que intervenga ante el director del Conalep del estado de San Luis Potosí, el técnico José Antonio Chávez Vargas, con el objeto de que en el marco de sus respectivas atribuciones procedan a reinstalar de manera inmediata a los 38 profesores que fueron despedidos injustificamente de este Colegio, con motivo de su lucha constitucional para el registro de su sindicato. Exhortándoles al propio tiempo para que a todos los profesores del Conalep del estado de San Luis Potosí se les reconozca su carácter de trabajadores y se les restituya de manera retroactiva el pago de todas y cada una de sus prestaciones, incluidas las de seguridad social.
Segundo.- Se exhorte al secretario de Educación Pública doctor Reyes Tamez Guerra, a la Junta Directiva Nacional del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep), al gobernador del estado de San Luis Potosí Marcelo de los Santos Fraga, al director del Conalep del estado de San Luis Potosí, el técnico José Antonio Chávez Vargas, al secretario del Trabajo del estado licenciado Jorge Ricardo Domínguez Casanova y al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje licenciado Fabio Antonio Leura a respetar el derecho constitucional de libre sindicalización en favor de los profesores de Conalep del estado de San Luis Potosí, evitando entrometerse de cualquier manera en la vida sindical de los mismos. Por lo que en respeto a la decision de las autoridades de amparo procedan a reconocer el registro a favor del Sindicato Académico de Trabajadores y Trabajadoras del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí.
Tercero.- Se exhorte al secretario de la Función Pública para que de conformidad a sus facultades de atracción gire las apreciables instrucciones con el objeto de que se inicien los procesos de responsabilidades en contra de los servidores públicos que omitieron o realizaron conductas contrarias a la legalidad, imparcialidad y honradez, a que estaban obligados tanto respecto al derecho constitucional de libre sindicalización de estos trabajadores, como por el presunto daño patrimonial causado a la entidad al realizar despidos injustificados en detrimento del presupuesto que le fue asignado y, posible desvio de recursos. Incluidas las acciones penales en su caso.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2005
Dip. Juan Pérez Medina (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE QUE EL EJECUTIVO FEDERAL LIBERE LOS RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO FRONTERIZO EL CEIBO, EN TABASCO, SUSCRITA POR DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL SUR-SURESTE
El suscrito, Ángel Alonso Díaz-Caneja, diputado federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre de la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Proyectos de Desarrollo Regional relacionados con la Región Sur-Sureste de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con base a las siguientes
Consideraciones
Primero. Que históricamente la región Sur-Sureste de nuestro país, ha presentado rezagos sociales que mantienen en condiciones de atraso a poco más de una cuarta parte de la población nacional, sobre todo en niveles bajos de educación, salud, infraestructura y empleo.
Segundo. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.
Tercero. Que en ese sentido el Poder Legislativo Federal derivado de la necesidad de atender la problemática de la región Sur-Sureste del país, estableció en el anexo 21 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, destinar recursos fiscales al puerto fronterizo El Ceibo.
Cuarto. Que el proyecto del Ceibo inicio formalmente su construcción en el año de 2004 con una inversión inicial de 30 millones de pesos y para el presente ejercicio fiscal se tienen autorizados 60 millones de pesos; mismos recursos que fueron recortados a la Secretaría de la Función Pública destinados al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Afectando crucialmente un proyecto que se encuentra en proceso de construcción y que por su ubicación adquiere una relevancia de seguridad nacional.
Quinto. Que la importancia de destinar estos recursos al estado de Tabasco para la ejecución del proyecto del Puerto Fronterizo "El Ceibo" dará solución a la problemática causada por la falta de regulación de flujos migratorios y de mercancías que actualmente no se atienden; lo que significa tener presencia de autoridades federales en el sitio, cubriendo los siguientes ámbitos.
Migratorio: Evitando el tráfico ilegal de personas, así como los flujos migratorios procedentes de Centroamérica, que impactan la zona con actividades de índice delictivo y de seguridad pública.
Fiscal: Evitar la introducción y comercialización de productos y artículos de baja calidad, sin la regulación fiscal correspondiente, que propicia una competencia desleal con los productores mexicanos.
Sanitario: A fin de que no se propaguen enfermedades dentro del estado y amenacen con avanzar hacia el interior del país, donde se provocarían daños incalculables, entre otras causas por el resurgimiento de enfermedades ya controladas y/o erradicadas.
Turístico: Fortalecimiento e impulso al turismo ligado al mundo Maya, al crear una base de circuitos nuevos que vinculen a la zona de Tabasco y Chiapas con la Región del Petén en Guatemala.
Seguridad nacional: Actualmente se presenta un cruce de mercancías, armas y sustancias ilícitas por la falta de autoridades.
Compromiso binacional: Existe el compromiso con el Gobierno de Guatemala de tomar acciones inmediatas a fin de establecer autoridades en el sitio.
Sexto. Que de no terminarse la construcción del Puerto Fronterizo el Ceibo en el Estado de Tabasco agravaría la problemática al presentarse un incremento sustancial de indocumentados por esta frontera, por lo que resulta prioritario para el país ejercer los recursos públicos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005.
Por las consideraciones antes expuestas, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración y aprobación de esta Honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que en ejercicio de la representación nacional que ostentamos las diputadas y los diputados federales, y por las anteriores consideraciones, resulta pertinente, se le comunique y se le exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la Secretaría de la Función Pública den cumplimiento a lo establecido en el anexo 19, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005, especialmente a los recursos que corresponden a la construcción y conclusión del Puerto Fronterizo el Ceibo en el Estado de Tabasco.
Segundo. Túrnese para su estudio y dictamen este punto de acuerdo a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Población, frontera y Asuntos Migratorios de la H. Cámara de Diputados.
Tercero. Solicitamos que el presente punto de acuerdo se turne de urgente y obvia resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2005.
Diputados: Ángel Alonso Díaz-Caneja (rúbrica), Presidente; Francisco Herrera León (rúbrica), Jesús Vázquez González (rúbrica), Francisco Chavarría Valdeolivar (rúbrica), secretarios; Rogelio Rodríguez Javier, Juan Antonio Gordillo Reyes, Belizario Iram Herrera Solís, Roger David Alcocer García (rúbrica), Guillermo Zorrilla Fernández (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Ubaldo Aguilar Flores, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Alfredo Rodríguez y Pacheco (rúbrica), Ángel Pasta Muñuzuri (rúbrica), Francisco Rojas Toledo (rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), Abraham Bagdadi Estrella, Juan García Costilla, Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Jesús Martínez Álvarez.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DOCTOR REYES TAMEZ GUERRA, A APERCIBIR A LAS AUTORIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARTICULARES DE QUE SE SUJETEN A LA ESCALA DE EVALUACIÓN VIGENTE EN EL PAÍS, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE LEONEL SANDOVAL FIGUEROA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, interesado en que los particulares autorizados a impartir educación en México cumplan con las normas establecidas en la conducción de los programas vigentes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base a los siguientes
Considerandos
La enseñanza en cualquier país del mundo es un factor importante en el desarrollo de un Estado, es por eso que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3, establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación.
Sin embargo, esta labor por garantizar esta garantía individual a toda la población mexicana es complicada debido a la densidad demográfica del país, por lo que las autoridades en la materia han respondido a esta necesidad mediante el otorgamiento de permisos para que entes privados impartan los servicios educativos en todos los niveles académicos, debiendo observar los principios que dicta la Secretaria de Educación Pública y la Ley General de Educación.
Entre las normas vigentes que señalan obligaciones para los particulares autorizados a impartir educación, se localiza el Acuerdo número 17, el cual establece que deberán emplear los procedimientos de evaluación del aprendizaje a los educandos en sus distintos tipos y modalidades en la educación básica, media, así como media superior bajo la supervisión de la Secretaría de Educación Pública.
Pese a lo anterior algunas instituciones particulares encargadas de impartir educación, han establecido sus propias formas de evaluación, sin tomar en cuenta la escala de calificaciones por la que se rige la Secretaría de Educación Pública, en la que un educando acreditará un ciclo, grado, materia, área de estudio o asignatura de acuerdo con el plan de estudios, cuando obtenga según lo ordenado en la escala de calificaciones la anotación de 6 o más; en tanto algunos colegios particulares reconocen como cifra mínima probatoria a partir de 8.
Estas instituciones están incumpliendo las normas y acuerdos emitidos por la autoridad competente, toda vez que dichas acciones carecen de sustento legal para establecer unilateralmente políticas discriminatorias del conocimiento adquirido por el alumnado, habida cuenta que en muchas ocasiones las escuelas particulares imponen la calificación conforme al cabal cumplimiento que se haya dado a una política ajena a la evaluación del conocimiento adquirido por el educando.
La actividad académica debe ser considerada una labor institucional especializada, que cumple con la función de formar, fomentar e instruir conocimientos, valores y tradiciones nacionales; sin embargo los particulares lejos de ver a sus recintos educativos bajo esta política, se han polarizado con un fin lucrativo, ya que cobran por realizar los exámenes correspondientes para acreditar el curso con tarifas que por su cuantía más que funcionar como una contraprestación evidentemente se ha convertido en un mecanismo de abuso del interés de las comunidades por consolidar su formación académica.
Por lo anterior pareciera que la misión de los particulares autorizados para impartir educación estuviese enfocada a evitar que los alumnos acrediten las asignaturas con un índice mayor al que presenta exámenes extraordinarios, por lo tanto al exigirles la calificación mínima de 8, se reduce el número de acreditados y como consecuencia aumentan ilegalmente los ingresos de los particulares.
Por otro lado, la reducida matricula que se tiene en las instituciones públicas limita el acceso de estudiantes a los recintos oficiales, ante tal circunstancia la población toma como alternativa las opciones que ofrecen los particulares para la formación académica de los mexicanos, lo cual de ningún modo denota economías familiares con recursos abundantes, ni mucho menos les implica que su desembolso garantizará contar con futuros mejores profesionistas.
Los particulares pueden impartir educación en todos sus tipos y modalidades, siempre que se obtenga previamente, la autorización expresa del Estado, así como seguir los lineamientos establecidos, para lo cual en este caso concreto la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, dentro de la cual hay una Dirección General de Acreditación Incorporación y Revalidación, siendo cuyo titular el licenciado Ignacio Villagordoa Mesa tiene la encomienda de resolver las irregularidades que se generen sobre el particular, sin embargo hasta ahora no han dado solución ante los casos de incumplimiento a las normas que se les exigen a los particulares responsables de la impartición de la educación en México.
Para nuestro país es importante dirigirse bajo principios de legalidad y hacer que las normas se cumplan, pero cobra mayor importancia cuando los centros encargados de formar a los mexicanos son precisamente quienes incumplen las disposiciones emanadas por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por tal motivo es que hago un llamado a esta honorable asamblea para que juntos tomemos en consideración que el elemento esencial del progreso de la sociedad estriba en la educación, por ende no existe justificación alguna para mantener condenada a la comunidad de estudiantes de toda la república a satisfacer criterios caprichosos y estos viéndose obligados a satisfacerlos con la finalidad de evitar frustrar sus metas de vida, por tal motivo es que el presente punto de acuerdo no sólo se solidariza con los intereses de la población, sino alenta la consolidación de la excelencia académica a través del estricto cumplimiento de las normas vigentes.
Por lo anteriormente expuesto se desprende el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Se solicita a esta honorable asamblea se sirva realizar una atento exhorto al titular de la Secretaría de Educación Publica, doctor Reyes Taméz Guerra, para que aperciba a las autoridades de los centros educativos particulares se sujeten a la escala de evaluación vigente en el país.
Segundo.- Que se mantenga informada a esta soberanía sobre los avances de la dictaminación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de septiembre de dos mil cinco.
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A REFORMAR LOS ARTÍCULOS 2317 Y 2320 DEL CÓDIGO CIVIL DE SU COMPETENCIA A EFECTO DE FACILITAR A UN MAYOR NÚMERO DE HABITANTES LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA DIGNA, A CARGO DEL DIPUTADO EDMUNDO GREGORIO VALENCIA MONTERRUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe diputado federal, Edmundo Valencia Monterrubio integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que analice la posibilidad de reformar los artículos 2317 y 2320 del Código Civil para el Distrito Federal, a efecto de facilitar la adquisición de una vivienda digna a un mayor número de habitantes, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como producto de las facultades para legislar que corresponden a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 25 de mayo de 2000, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por el que se derogaron, reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal.
Dentro de las reformas publicadas en el decreto, se encuentra la que modifica los tres últimos párrafos del artículo 2317, sustituir el nombre de Departamento del Distrito Federal por el de Gobierno del Distrito Federal no así actualizando el establecido tope máximo de trescientos sesenta y cinco veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, para que las enajenaciones de bienes inmuebles cuyo valor de avalúo no exceda de dicho tope, puedan:
Otorgarse en documento privado firmado por los contratantes ante dos testigos cuyas firmas se ratifiquen ante Notario, Juez competente o Registro Público de la Propiedad, aplicando la misma cantidad.
Otorgarse en documento privado, sin los requisitos de testigos o de ratificación de firmas, para el caso de los contratos por los que el Gobierno del Distrito Federal enajene terrenos o casas para la constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos.
Otorgarse en las mismas condiciones a que se refiere el párrafo anterior, para el caso de los programas de regularización de la tenencia de la tierra que realice el Gobierno del Distrito Federal sobre inmuebles de propiedad particular.
El espíritu del legislador al llevar a cabo dicha reforma, era considerar el derecho de propiedad como un medio para cumplir una verdadera función social, simplificando las formalidades en la enajenación, para facilitar a los más desprotegidos la adquisición de una vivienda digna; sin embargo, la cantidad que se establece como base de aplicación no ha sido actualizada con relación al costo actual de las viviendas.
En este sentido, la reforma que se sugiere se funda en la necesidad de ajustar el contenido de la citada disposición, a la realidad económica del país, puesto que hoy en día no existe propiedad alguna cuyo valor sea de 17,082.00 pesos (diecisiete mil ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), que es la cantidad que representa 365 veces el salario mínimo general vigente diario en el Distrito Federal.
Por lo anterior se propone reformar el artículo en comento, a efecto de cambiar la citada cantidad por la de quince salarios mínimos anuales vigentes en el Distrito Federal, con el propósito de otorgar a los compradores, mayores ventajas al momento de enajenar un bien inmueble, con base a la suma de dinero que resulte del avalúo realizado al bien de que se trate.
Finalmente, él último párrafo del citado artículo establece que para el caso de los contratos por los que el Gobierno del DF enajene terrenos o casas para la constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos, o que se otorguen con motivo de programas de regularización de la tenencia de la tierra que realice el mismo gobierno local, dichos actos se podrán otorgar en protocolo abierto especial, sin embargo, mediante decreto publicado en la gaceta oficial del DF el 28 de marzo de 2000, se abrogó la Ley del Notariado para el DF de 1980, que preveía la figura del protocolo abierto especial (artículo 43), sin que la nueva ley de la materia determinara figura similar o sustitutiva, por lo que el llamado protocolo abierto especial ya no es parte de los supuestos normativos de la nueva Ley del Notariado, por lo tanto, constituye un error de concordancia el hecho de que en el articulo 2317 del Código Civil del Distrito Federal se aluda a ese protocolo hoy inexistente.
En consecuencia, se estima oportuna una reforma al artículo 2320 de dicho Código, ya que su aplicación se realizará en relación con la modificación del numeral 2317.
Por lo anterior, y en virtud de las consideraciones expuestas me permito presentar al Pleno de esta Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que revise, y en su caso, analice la posibilidad de reformar las disposiciones referentes a la compraventa de vivienda estipuladas en el Código Civil del Distrito Federal, con el propósito de aumentar el tope máximo del valor de las viviendas establecidos en el artículo 2317 y su correlativo artículo 2320, a una cantidad actualizada y acorde con el valor vigente que presentan hoy en día ésta clase de viviendas, con el objeto de garantizar que las enajenaciones sobre inmuebles de interés social puedan otorgarse en documento privado, así como también los contratos en los que el Gobierno del Distrito Federal enajene terrenos o casas para la constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos, y en los casos de programas de regularización de la tenencia de la tierra, previéndose en todo momento, la inscripción de los referidos actos ante el Registro Público de la Propiedad, con la finalidad de abaratar los gastos tendientes a otorgar seguridad jurídica respecto a la propiedad inmobiliaria de interés social en el Distrito Federal.
Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro a 12 de septiembre de 2005.
Dip. Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA PROFEPA QUE VERIFIQUE E INSPECCIONE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE PEMEX SATÉLITE ORIENTE, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE MORALES RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Ma. Guadalupe Morales Rubio, diputada por el IX Distrito electoral de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este órgano colegiado, la proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que practique una verificación e inspección a las instalaciones de la planta de Pemex Satélite Oriente, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de actividades riesgosas y que salvaguarden la integridad física de los vecinos de la zona, bajo las siguientes
Consideraciones
1.-Los fenómenos destructivos no conocen límites políticos y pueden presentarse en cualquier delegación o municipio de esta zona metropolitana, sucesos como fuga, derrame, incendio y explosión.
2.- Que entre 1990 y 1997 se presentaron en el Distrito Federal 160 eventos en los que se involucran sustancias químicas.
3.- Otro elemento que favorece la existencia de zonas de riesgo en esta Ciudad es la Falla de San Andrés, la cual es susceptible se afectar con movimientos telúricos al Distrito Federal como sucedió en 1957 y 1985. La delegación Venustiano Carranza se encuentra en la zona de mayor grado de vulnerabilidad debido a las características del suelo de material arcilloso y fondo lacustre.
4.- Que la terminal de almacenamiento y distribución de Pemex Satélite Oriente que se encuentra ubicada en la colonia Granjas México a un costado del Palacio de los Deportes colindando con las colonias Jardín Balbuena y Magdalena Mixhuca, del Distrito que me honro en representar. Esta estación maneja un volumen de almacenamiento diario de 13 millones de litros de gasolina y 8 millones de litros de diesel y es alimentada por la terminal de Azcapotzalco por dos poliductos, los cuales salen por un poliducto con destino a Cuernavaca , y en caso de una explosión se estima que el radio de daños severos a partir del punto de siniestro es de al menos 30 metros.
5.- Que de conformidad con el artículo 5º, fracción VI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGEEPA) corresponde realizar actos de verificación e inspección sobre el cumplimiento de la normatividad en materia de actividades altamente riesgosa a la Procuraduría Federal y de Protección al Ambiente; entendiéndose como accidente de alto riesgo, una explosión, incendio fuga o derrame súbito que resulte de un proceso en el curso de las actividades en los que intervengan uno o varios materiales o sustancias peligrosas y que supongan en peligro grave para la población, el ambiente y los ecosistemas.
6.- En tal virtud, y por la tranquilidad y seguridad de los habitantes de la zona de Venustiano Carranza y de Iztacalco en el Distrito Federal, es importante una inspección verificación a la planta de Pemex Satélite Oriente, garantizando que la presencia de una planta de Pemex no genera riesgo para sus vidas, sus inmuebles y el entorno ecológico.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que practique una verificación e inspección a las instalaciones de la planta de Pemex Satélite Oriente, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de actividades riesgosas y que salvaguarden la integridad física de los vecinos de la zona.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de septiembre de 2005.
Dip. Guadalupe Morales Rubio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA DIRIGIR UN EXTRAÑAMIENTO Y EXHORTAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MÉRIDA, YUCATÁN, A CONDUCIRSE CON RESPETO A LA INVESTIDURA DE LOS REPRESENTANTES POPULARES, AUTORIDADES ELECTAS Y CIUDADANOS EN GENERAL, EVITANDO MEDIDAS REPRESIVAS, A CARGO DE LA DIPUTADA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita diputada de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, para dirigir un extrañamiento y exhortar al presidente municipal de Mérida, Yucatán, a conducirse con respeto a la investidura de los representantes populares, autoridades electas y ciudadanos en general, evitando medidas represivas innecesarias, bajo las siguientes
Consideraciones
En el municipio de Mérida, Yucatán, el pasado 26 de agosto del año en curso, policías municipales bajo las órdenes del director de Gobernación Luis Pérez Orozco, desalojaron por la fuerza a dos locatarias de una sección del Mercado Municipal "Lucas de Gálvez", agrediendo en ese operativo a los diputados locales Licenciados Jorge Carlos Ramírez Marín y Rolando Rodrigo Zapata Bello, así como al regidor del Municipio de Mérida Licenciado Víctor Manuel Sánchez Álvarez.
La presencia de los representantes populares y del regidor meridano en el acto fue motivada por una petición de las locatarias afectadas, quienes les solicitaron interceder ante la autoridad municipal para que les permitieran poner a buen resguardo sus pertenencias y mercancías antes de proceder al desalojo, petición que no sólo era posible de atender sino que constituye un deber de toda autoridad que se precie de respetar los más elementales derechos humanos.
Ante los razonamientos de los diputados y el regidor priístas, quienes en ningún momento hablaron de suspender el desalojo sino de dar oportunidad a las locatarias de poner a buen resguardo sus bienes, los elementos de la policía municipal, con el visto bueno del director de Gobernación del Municipio de Mérida, habiendo identificado plenamente a los diputados y al regidor, procedieron a golpearlos y a maniatarlos.
Siendo esta salvaje represión de ninguna manera justificada ante ciudadano alguno que no infrinja la ley, menos lo es para con representantes populares, a quienes protege el fuero que la Constitución consagra, precisamente como garantía en el cumplimiento de su labor representativa.
A consecuencia del ataque, resultó severamente lesionado el regidor del aAyuntamiento de Mérida, licenciado Víctor Manuel Sánchez Álvarez, quien tuvo que ser atendido en una clínica de la ciudad luego de la artera agresión y a la fecha se encuentra en recuperación, aunque con secuelas por los golpes recibidos.
No es éste un incidente aislado, ya que en junio de este mismo año, la autoridad municipal de Mérida envió a elementos de la policía municipal a reprimir y desalojar por la fuerza a unos 100 locatarios del mercado "Lucas de Gálvez", todos con concesiones legales, a pesar de que aún estaba en proceso un litigio al respecto. La acción represiva, en la que resultaron golpeadas varias locatarias, así como esposas e hijas de locatarios, fue severamente reprobada por las cámaras empresariales y por representantes de la sociedad civil de Yucatán.
Ya en agosto de 2003, luego de un fallido intento de "reordenación" de las rutas del transporte urbano de pasajeros en el Municipio de Mérida, una manifestación de cientos de ciudadanos que exigían una pronta solución al problema generado por el propio ayuntamiento al cambiar abruptamente los paraderos de autobuses, fue violentamente disuelta por elementos de las policías municipal y estatal, que incluso utilizaron gases lacrimógenos, en un hecho inédito en la historia de Yucatán.
Este tipo de agresiones contra ciudadanos y contra autoridades con fuero constitucional no pueden ser desatendidas por esta representación popular, pues constituyen los indicios del totalitarismo y de la violencia que vulneran el estado de derecho y la correcta conducción de los asuntos públicos.
Compañeras y compañeros legisladores, por las consideraciones antes expuestas, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero.- Diríjase un extrañamiento al presidente municipal de Mérida, Yucatán, ingeniero Manuel Fuentes Alcocer, por las agresiones realizadas por la Policía Municipal de esa localidad a los ciudadanos diputados licenciados Jorge Carlos Ramírez Marín y Rolando Rodrigo Zapata Bello, y al regidor Víctor Manuel Sánchez Álvarez, los dos primeros con fuero constitucional.
Segundo.- Exhorto al presidente municipal de Mérida, Yucatán, ingeniero Manuel Fuentes Alcocer, que en adelante se conduzca con respeto a la investidura de los representantes populares, autoridades electas y ciudadanos en general, evitando medidas represivas a todas luces innecesarias.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de septiembre de 2005.
Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS A AUMENTAR LA SEGURIDAD EN LA ZONA FRONTERIZA ENTRE MÉXICO Y GUATEMALA E INVESTIGAR LAS CAUSAS DE LOS ASESINATOS DE MUJERES OCURRIDOS EN FECHAS RECIENTES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO, CHIAPAS, A CARGO DE LA DIPUTADA BLANCA GÁMEZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, Blanca Gámez Gutiérrez, diputada federal de la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Chiapas a aumentar la seguridad en la zona fronteriza entre México y Guatemala e iniciar una investigación para determinar las causas de los asesinatos de mujeres que en recientes fechas se han verificado en la localidad de Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, en virtud de las siguientes
Consideraciones
Por su situación geográfica, México cumple tres papeles estratégicos en la migración internacional: ser país que envía, ser país receptor y ser país de tránsito. Aunque pocas veces se ha reparado en este hecho, desde el río Suchiate que separa a Guatemala y a Chiapas, hasta el río Bravo que separa a México de Estados Unidos, se ha vuelto más frecuente el paso de migrantes documentados o indocumentados provenientes de otras naciones que intentan llegar a territorio estadounidense.
La frontera sur de México es la línea que separa la región centroamericana de México y Norteamérica, y por lo tanto, tiene una gran importancia en términos económicos y sociales para los países de la región que aportan grandes contingentes de migrantes como Guatemala, Honduras y El Salvador, y en menor medida para países como Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
No obstante lo anterior, es de considerarse también que bandas de tratantes de blancas y secuestradores que asesinan a sus víctimas operan impunemente en la frontera sur, sembrando terror entre la población y las mismas autoridades civiles, quienes, desesperadas, lanzaron el pasado 8 de agosto un llamado a los gobiernos federal y de la entidad exigiendo que se refuerce la seguridad en la línea divisoria entre México y Guatemala donde en lo que va del año han desaparecido al menos 10 mujeres.
Una investigación realizada por un prestigiado diario del estado de Chiapas, revela que la población de la zona fronteriza vive en la zozobra y los padres de familia tienen el temor fundado de que sus hijas, menores de edad, nunca regresen a sus casas.
La cantidad de niñas y mujeres que han sido plagiadas en los últimos siete meses preocupa e indigna a la población pues la mayoría son agredidas sexualmente y, como la última de ellas, Martha Mesa Constantino de 34 años de edad, aparecen muertas en las aguas del río Suchiate.
La capacidad de la policía municipal y de otras organizaciones policiacas que operan en el municipio de Ciudad Hidalgo, Chiapas, es muy poca pues apenas suman 60 elementos que vigilan en dos turnos.
Es indudable que la seguridad debe ser un asunto prioritario para la frontera sur y sus flujos migratorios irregulares. En general la inseguridad de la frontera es un tema que debe llamar la atención tanto de las autoridades federales como estatales. No obstante, los asesinatos de mujeres que están perpetrándose en la zona deben también llamar la atención de las autoridades de todos los niveles de gobierno y exigen una respuesta contundente en materia de acciones de prevención y erradicación de la violencia de género y los feminicidios en la localidad a que hace referencia esta proposición.
Si bien existen diversas proposiciones con punto de acuerdo al respecto de la seguridad en la frontera sur de nuestro país, es de especial importancia combatir la violencia contra la mujer y sumar esfuerzos para la prevención de conductas delictivas tan graves e indignantes como lo es el feminicidio.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Chiapas a aumentar la seguridad en la zona fronteriza entre México y Guatemala e iniciar una investigación para determinar las causas de los asesinatos de mujeres que en recientes fechas se han verificado en la localidad de Ciudad Hidalgo en el estado de Chiapas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2005.
Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN LA INSTALACIÓN DE UN MÓDULO DE REVISIÓN E INSPECCIÓN EN LA TERMINAL DE AUTOBUSES DE ORIENTE (TAPO), CON EL FIN DE PREVENIR LA LLEGADA DE LOS INMIGRANTES CENTROAMERICANOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DELICTIVA CONOCIDA COMO MARA SALVATRUCHA, A CARGO DE LA DIPUTADA GUADALUPE MORALES RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Ma. Guadalupe Morales Rubio, diputada a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este órgano colegiado, la Proposición con Punto de acuerdo por el cual se solicita al Instituto Nacional de Migración la instalación de un módulo de revisión e inspección en la Terminal de Autobuses de Oriente (Tapo) con el fin de prevenir la llegada de los inmigrantes centroamericanos miembros de la organización delictiva conocida como la Mara Salvatrucha, bajo las siguientes
Consideraciones
Como todos sabemos, el fenómeno de los Maras Salvatruchas, se ha convertido en un problema de migración violenta y de seguridad nacional para nuestro país. La situación es cada vez más preocupante al considerar que por la frontera sur de México en los últimos años ingresaron entre 10 y 15 mil maras hacia nuestro territorio.
Los Maras han traspasando nuestras fronteras y están contaminando a nuestra sociedad, a nuestra juventud. Las cifras reflejan un alto grado de imitación por parte de nuestros compatriotas. Durante el periodo 2003-2004 tan sólo en Chiapas han sido detenidos 365 pandilleros pertenecientes a células de esta organización, y de estos, el 70 por ciento de los detenidos resultó ser de origen mexicano; el 30 por ciento restante resultó proveniente del Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.
Durante la visita que realizamos como grupo de trabajo de Seguridad Hemisférica de esta Cámara de Diputados a las oficinas del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos de América, en la ciudad de Washington, nos dieron a conocer que el asunto de las Maras Salvatruchas, está siendo considerado como un asunto de Seguridad Nacional y nos trasmitieron su preocupación por el crecimiento de esta problemática.
Soy representante popular del distrito noveno electoral en cuyo territorio se encuentra asentada la Terminal Central de Autobuses de Oriente (Tapo), puerta de ingreso al Distrito Federal de todas aquellas personas procedentes de las entidades del sur del país y que a causa de la vulnerabilidad de aquella frontera, logran llegar miembros de las Maras hasta esta Ciudad de México.
Por ello solicito del Instituto Nacional de Migración, la instalación de un módulo en la terminal conocida como la Tapo en esta ciudad, para que frene el avance al centro y norte del país de este violento fenómeno migratorio. El Instituto Nacional de Migración tiene por objeto facilitar los flujos de personas que favorezcan el desarrollo económico, social y cultural del país, así como coadyuvar de manera efectiva en la salvaguarda de la seguridad y soberanía nacional, y nosotros tenemos el deber de combatir y evitar la imitación de este fenómeno por parte de nuestros connacionales tomando las medidas que sean necesarias.
Por lo anterior, se somete a consideración de este pleno el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita al Instituto Nacional de Migración la instalación de un módulo de revisión e inspección en la Terminal Central de Autobuses de Oriente (Tapo) con el fin de prevenir la llegada de los inmigrantes centroamericanos miembros de la organización delictiva conocida como Mara Salvatrucha.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de septiembre de 2005
Dip. Guadalupe Morales Rubio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A ACTUALIZAR EL DECRETO POR EL QUE SE SUJETÓ EL GAS LICUADO DE PETRÓLEO A PRECIOS MÍNIMOS DE VENTA DE PRIMERA MANO Y DE VENTA A USUARIOS FINALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE FEBRERO DE 2003, A CARGO DEL DIPUTADO GONZALO MORENO ARÉVALO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Gonzalo Moreno Arévalo, integrante de esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión y miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a actualizar el Decreto por el que se sujetó el gas licuado de petróleo a precios mínimos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2003, acorde a la siguiente
Exposición de Motivos
Es un hecho que ninguno de los miembros de esta legislatura podrá negar que la economía familiar se ha visto afectada por los altos precios que el consumo indispensable de gas licuado de petróleo ha alcanzado en la actualidad.
Una de las pruebas sobre este hecho notorio es el Decreto publicado por el titular del Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación del 27 de febrero de 2003 en el cual señalaba, entre otros considerandos que (cito):
"...... durante la vigencia de los decretos publicados el 12 de marzo y el 5 de septiembre de 2001, así como el 4 de septiembre de 2002, el precio máximo de venta a usuarios finales del gas licuado de petróleo ha quedado controlado lo que ha generado beneficios sensibles a la economía de las familias mexicanas?"
"........ la situación de incertidumbre en los mercados de los energéticos trae como resultado un incremento en el precio del gas licuado de petróleo, por lo que hace necesario moderar el efecto de la volatilidad del precio de este producto a favor de los consumidores".
Ahora bien, si bien es cierto que el Decreto del 27 de febrero de 2003 ayudó a las economías familiares al controlar el alto precio del gas licuado del petróleo, también lo es que esa ayuda solo fue temporal puesto que ese decreto tuvo por vigencia hasta el 31 de agosto de 2003, esto es, solo tuvo vigor durante aproximadamente 6 meses, lo que disminuyó su efecto positivo en las economías familiares.
No obstante el efecto positivo del decreto en las economías familiares, éste no ha sido actualizado por el Ejecutivo Federal como en su oportunidad se actualizaron los decretos de 12 de marzo con el del 5 de septiembre de 2001, este con el del 4 de septiembre de 2002 y éste último con el Decreto del 27 de febrero de 2003.
En esas condiciones, al quedar sin vigencia este último, los precios del gas licuado del petróleo se han disparado a precios que atacan las economías familiares por lo caro que es el consumo de este producto, indispensable para cualquiera de los hogares mexicanos, situación que ha hecho que los proveedores tengan un mercado seguro que no puede sino consumirlo a precios que, ya sea por el mercado internacional o por los intereses de algunos de estos proveedores, marcan un producto caro y que daña la economía familiar mexicana.
Luego, tomando en cuenta las mismas consideraciones que el Ejecutivo Federal tuvo por base para dictar el Decreto del 27 de febrero de 2003, lo correcto es exhortarlo por esta vía a fin que, en uso de las facultades que el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos le otorgan, actualice el decreto en mención, obsoleto y rebasado por los altos precios del producto, a fin que los precios del gas licuado del petróleo no aumente en precios mayores que el mismo aumento que la inflación nacional nos marca conforme los propios indicadores que se publican en el Diario Oficial de la Federación por el Banco de México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito, diputado federal Gonzalo Moreno Arévalo presento ante esta soberanía la siguiente proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Primero.- Se exhorta al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Vicente Fox Quesada, a actualizar el Decreto por el cual se sujeta el gas licuado de petróleo a precios máximos de venta de primera mano y de venta a usuarios finales publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de febrero de 2003, tomando como punto de alza de precios la inflación nacional conforme nos lo marcan los propios indicadores que se publican en el Diario Oficial de la Federación por el Banco de México.
Por ser este un hecho notorio que afecta a las economías familiares de nuestro país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que esta proposición con punto de acuerdo sea aprobado por esta soberanía como de urgente u obvia resolución.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, en la fecha de su presentación.
Dip. Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR, MEDIANTE LA EMBAJADA DE MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LAS GESTIONES NECESARIAS PARA OBTENER Y COMPARTIR CON LAS AUTORIDADES ESTATALES Y LAS MUNICIPALES DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS EL PADRÓN QUE IDENTIFICA A LOS CONNACIONALES DEPORTADOS QUE HAN COMPURGADO SENTENCIAS POR DELITOS GRAVES EN ESE PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA BLANCA GÁMEZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, Blanca Gámez Gutiérrez, diputada federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Embajada de México en Estados Unidos, a hacer las gestiones necesarias a fin de obtener y compartir con las autoridades estatales y municipales de los estados fronterizos el padrón que identifica a aquellos connacionales deportados que han compurgado sentencias por delitos graves en los Estados Unidos de América en virtud de las siguientes:
Consideraciones
En fechas recientes, autoridades migratorias y la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua han manifestado que carecen de algún tipo de padrón que identifique a aquellos connacionales deportados que han compurgado sentencias por delitos graves, como homicidio o violación sexual, en Estados Unidos.
De acuerdo con declaraciones de Julieta Nuñez, delegada del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, la única instancia que tiene esa información es la agregaduría de la Procuraduría General de la República en los Consulados Mexicanos pero sólo en los casos en que los paisanos tienen cuentas pendientes con las leyes mexicanas.
Es por ello que se hace indispensable que las autoridades de la Unión Americana den aviso al Gobierno Federal y a las procuradurías estatales acerca de los delincuentes sexuales repatriados.
De acuerdo con informes de la oficina de aplicación de la ley de inmigración y aduanas de los Estados Unidos, en El Paso han sido deportados a México más de 90 individuos arrestados por delitos sexuales en los últimos dos años, desde que se implementó un operativo denominado Depredador.
La gran mayoría de estas detenciones incluyen a connacionales que residen de manera legal o indocumentada en Estados Unidos, mismos que son deportados a México una vez cumplidas sus sentencias en el vecino país del norte. Para nuestro país resulta de la mayor importancia contar con estos datos en virtud de que con ellos se pueden tener elementos para iniciar investigaciones que puedan ayudar a resolver casos de violaciones o, peor aún, casos de feminicidios como los que aquejan a los estados fronterizos.
Adicionalmente, si las autoridades federales y estatales de procuración de justicia contaran con ese listado, se les podría aplicar una marca personal que impida que su reincidencia de este lado de la frontera.
La necesidad de obtener esta información se justifica debido a las cifras que dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, que afirma que el 40 por ciento de los violadores o agresores sexuales que son arrestados al mes por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, reinciden en la comisión de los mismos delitos.
A este reclamo también se han unido tanto organismos no gubernamentales como la iniciativa privada y las iglesias, instituciones que han manifestado la necesidad de una mayor coordinación de los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de deportaciones.
En efecto, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, los jefes de Estado de Estados Unidos, México y Canadá acordaron el desarrollo e implementación de un enfoque común en materia de seguridad, a fin de proteger a América del Norte. Mientras tanto, en las últimas semanas, se ha venido señalando por parte de las autoridades estadounidenses su preocupación por el que juzgan es un aumento de la violencia en la frontera.
Creemos que es la cooperación la única vía para enfrentar la inseguridad en la frontera y por tanto que compartir la información sobre los agresores sexuales que deportarán las autoridades estadounidenses a México será de gran importancia para mejorar la seguridad, la prevención de delitos y la impartición de justicia en la zona. Para el caso concreto de los feminicidios sería de enorme utilidad, pues hay que recordar que uno de los presuntos agresores de la menor Airis Estrella Enríquez Pando, había sido detenido en Estados Unidos por la comisión de delitos sexuales.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Embajada de México en Estados Unidos, a hacer las gestiones necesarias a fin de obtener y compartir con las autoridades estatales y municipales de los estados fronterizos el padrón que identifica a aquellos connacionales deportados que han compurgado sentencias por delitos graves en los Estados Unidos de América.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Embajada de México en Estados Unidos, a hacer las gestiones necesarias para que el gobierno de los Estados Unidos de América informe con suficiente antelación, tanto a la Procuraduría General de la República como a las Procuradurías de los estados fronterizos, la fecha y los datos generales de las deportaciones que efectúen de mexicanos que hayan compurgado sentencias por delitos graves en Estados Unidos aún si no tienen cuentas pendientes con la justicia mexicana.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2005.
Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE CREAR UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA BEATRIZ MOJICA MORGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículos 23, numeral 1, inciso f), 42, numeral 1, 43, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 78, 89 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la alta consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para crear la comisión especial para fortalecer la protección a periodistas, medios de comunicación y la libertad de expresión, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Grave y difícil es el momento que vive nuestro país en la era de la alternancia política, en la que se nos dice que la crítica y las libertades plenas son "bienvenidas", y se nos habla de la vigencia del estado de derecho, así como de la impunidad extirpada.
Grave y de zozobra porque no se puede negar que hoy el principal problema que aqueja a la sociedad mexicana es, sin lugar a duda, la inseguridad que campea a lo largo y ancho del país.
Paradójico es el momento porque ahora que el país logró la alternancia en el gobierno y se supone estamos en una democracia plena, se ha recrudecido un fenómeno que debe ser de preocupación nacional: las agresiones a periodistas y medios de comunicación, que van desde las amenazas, las desapariciones, hasta los asesinatos, lo que implica la inhibición de la libertad de expresión y de imprenta, derechos consagrados en los artículos 6° y 7° de nuestra Carta Magna.
Los ataques contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en México son cada vez más frecuentes, lo cual resulta preocupante. Las cifras son contundentes: en este sexenio se tiene registro de 214 quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Tan sólo en los últimos 18 meses se tiene conocimiento de siete homicidios y en 2005 de 54 quejas relacionadas con ataques a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Cabe señalar que en la administración de Ernesto Zedillo se tuvo un registro de 157 casos y en la anterior a ésta se registraron 88 casos.1
En el ámbito internacional las cifras se dispararán aún más, ya que mientras en Afganistán, Pakistán, Palestina, Kosovo y Colombia (naciones con fuertes conflictos bélicos) ha habido de 2004 a la fecha dos asesinatos por país, en México hay registro de siete homicidios de comunicadores, incluyendo un desaparecido.
Si bien se ha ampliado el disfrute de la libertad de expresión, lo que no se tiene es garantía para ejercerla plenamente, pues del año 2000 a la fecha se elevó el número y la gravedad de los ataques y agresiones registradas a periodistas, y se diversificaron los riesgos de los comunicadores por parte del crimen organizado ante la complacencia de gobiernos local y federal.
Es tal la gravedad que la CNDH y la organización Reporteros Sin Fronteras han señalado en sus últimos informes que 2005 es considerado en México como el "año negro para los periodistas", ya que observan con preocupación "un clima adverso que afecta el pleno derecho de los comunicadores para realizar su labor con seguridad".2
Es imperativo mencionar que la mayoría de las agresiones a comunicadores obedecen a la omisión en las actuaciones de algunos funcionarios formados en la cultura del nulo respeto a las instituciones, las leyes y los derechos humanos.
Los ataques a periodistas se han incrementado y son cada vez más frecuentes y pareciera que las autoridades no pueden cumplir con su obligación de preservar la seguridad y las garantías al gremio, especialmente cuando les resultan incómodos.
La libertad de expresión debe coexistir con la seguridad y con un marco jurídico adecuado a las actuales circunstancias, porque de lo contrario la libertad de exteriorizar lo que se piensa puede quedar afectada considerablemente, pero sobre todo el acceso a la información al que toda la población tiene derecho.
La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de la ONU, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de los Principios sobre la Libertad de Expresión, así como en otros instrumentos internacionales.
Que señalan, entre otras cosas, que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental; por lo tanto la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación debe estar prohibida por la ley.
A su vez, la Declaración de los Principios sobre la Libertad de Expresión señala que "todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes, archivos personales y profesionales, y que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión".
Por ello es "deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".3
Por otra parte, el relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, Anbyi Ligabo, ha señalado que en México las agresiones a periodistas se han dado en la mayoría de los casos por investigar asuntos relacionados con la corrupción e irregularidades en el ejercicio de la gestión pública.
Además, ha instado a los gobiernos a "aplicar las medidas necesarias para reformar las practicas vigentes y adoptar acciones para la promoción y protección de la libertad de opinión y expresión".4
La agresión en las diversas modalidades a los periodistas rompe el vínculo de la comunicación entre las autoridades y la población que tiene el derecho a ser informada, por ello se convierte en un serio problema social que tiene que ser resuelto a la brevedad, si se busca una democracia plena.
En esa disyuntiva, es necesario conjuntar esfuerzos entre todos los órdenes y poderes del Estado mexicano para tomar medidas que erradiquen los vicios que ponen en peligro la integridad física y la vida de los comunicadores y sus familias, así como la libertad de expresar otras ideas u opiniones.
De ahí la importancia de la disposición de este Poder Legislativo de tomar cartas en el asunto y considerar como urgente la creación, dentro de las facultades del Congreso de la Unión, de una Comisión Especial que de seguimiento a las agresiones a periodistas y a los medios de comunicación, con el propósito de contar con información confiable para tomar medidas y proponer las reformas legislativas conducentes.
La nueva instancia legislativa realizaría múltiples acciones de coadyuvancia y tendría las facultades de allegarse la información que considere pertinente para dar seguimiento a las agresiones, a fin de que estas no queden impunes y elaborar materiales para adecuar las leyes que norman la libertad de expresión en México para fomentar una cultura de respeto y tolerancia.
El Estado tiene la responsabilidad y la obligación internacional de proteger a los periodistas y a los medios de comunicación contra ataques, intimidaciones y amenazas, que buscan inhibir las informaciones generadas por los comunicadores para que estas no lleguen a su destinatario y, por ende, no reciban el debate público que merecen.
El Poder Legislativo tiene que convertirse en el garante de la libertad de expresión consagrada en la Constitución y lo mínimo que podemos hacer como representantes populares es crear instancias legislativas de vigilancia y coadyuvancia para dar garantías plenas a los mexicanos.
Por las consideraciones antes señaladas y con fundamento en los artículos 34, inciso c), 42 y 43, numerales 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para Fortalecer la Protección a Periodistas, Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LIX Legislatura.
El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación.
La Comisión Especial atenderá las proposiciones que en materia de fortalecimiento de la libertad de expresión y no agresión a periodistas y medios de comunicación se presenten ante esta soberanía.
Esta Comisión Especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de comisiones establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas.
Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Segundo.- La Comisión Especial estará integrada por 12 legisladores, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de la Cámara de Diputados.
Tercero.- La Comisión Especial podrá solicitar a todas las oficinas o archivos de la Nación toda la información y documentos que estime pertinente para el desempeño de sus funciones.
Asimismo, podrán entrevistarse con todos aquellos servidores públicos federales, estatales y municipales que sean necesarios, así como con los titulares de los organismos protectores de derechos humanos del país e internacionales, a efecto de intercambiar puntos de vista en relación al objeto de la Comisión Especial.
Cuarto.- La Comisión Especial deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Notas
1 Fuente: CNDH; Boletín DGCS/076/05.
2 Fuente: CNDH. Informe Anual 2005 y Reporteros Sin Fronteras. Informe Anual 2005.
3 Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.
4 Fuente: Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; Informe del Relator Especial sobre el Derecho a Libertad de Opinión y Expresión. 17/12/04.
Dip. Beatriz Mojica Morga (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 SE INCORPORE UNA PARTIDA ESPECIAL DESTINADA A LA SCT A FIN DE CONSTRUIR Y PAVIMENTAR EL TRAMO ALTZAYANCA DE LA CARRETERA TLAXCALA-LIBRES, PUEBLA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Uno de los graves problemas que vive nuestro país es la falta de diagnósticos bien elaborados, claros y objetivos que permitan conocer las deficiencias e insuficiencias que presentan determinadas regiones -sobre todo las mas pobres y marginadas- y la manera propositiva para enfrentar y superar estos rezagos, en muchas ocasiones milenarios.
El estado de Tlaxcala con sus poco más de 4 mil kilómetros cuadrados, una participación en el PIB del 0.5%, con una población cercana a los un millón 100 mil habitantes, se dice que es la entidad mejor comunicada del país.
Con poco más de 2, 470 Kilómetros de infraestructura carretera, que incluye 260 kilómetros de red federal de carreteras principales pavimentadas; 1,020 kilómetros de red federal secundaria pavimentada y 1,190 kilómetros de caminos rurales revestidos, la entidad presenta municipios que por su falta de comunicación, sobre todo en infraestructura carretera muestran rezagos, todos ellos superables, si se contara con ella.
Esto es producto de solo pensar en las obras de relumbrón, que sólo busca el efecto mediático, a falta de estudios realizados que diagnostiquen la realidad que se vive a diario esas regiones.
El municipio de Altzayanca, ubicado al oriente de la entidad, es uno de los mas grandes y olvidado de los gobiernos tlaxcaltecas.
Fundado en 1871 (hace 134 años), ha mantenido una relación de amistad y cooperación permanentes, con el municipio de Libres del estado de Puebla.
Son 16 kilómetros que separan a la cabecera municipal de Atzayanca con Libres; y sin embargo las diferencias en oportunidades de desarrollo y desigualad social contrastan notablemente.
Por ejemplo el municipio de Altzayanca jamás ha sido considerado como una opción para crear nuevas empresas generadoras de empleo; lo mismo sucede en la formación y capacitación de profesionales, toda vez que no cuenta algún centro de enseñanza de educación superior. Esto provoca la emigración de los jóvenes a otras zonas del estado y del país que buscan mayor preparación y mejores oportunidades de vida.
Cabe mencionar que una de las industrias o agroindustrias que tuvieron mucho auge en la región y que constituyó el sustento de miles de familias fue la producción de pulque. Hoy esta industria (trabajada de manera artesanal) está prácticamente extinguida, situación que agudiza la pobreza de miles de paisanos.
Por eso es importante encontrar nuevas maneras de aprovechar los recursos de la región como:
- Aprovechar la riqueza forestal de la zona, que ya esta en proceso, así como los programas de ecoturismo, que por falta de vías de comunicación no se ha desarrollado.
- Desarrollar la fruticultura es otra de las opciones que tiene este municipio, a través de la producción de durazno de alta calidad que registra una amplia demanda en Puebla y Veracruz, vía Teziutlán.
- Aprovechar recursos naturales como: la cantera rosa y gris, piedra para cimientos y muros de apariencia natural y laja para la decoración de muros, son otros de los productos que tienen una alta demanda en la industria de la construcción en los estados mencionados.
Actualmente se hace un recorrido de 65 kilómetros de la cabecera de Altzayanca a Libres. La ventaja en tiempo y oportunidad es obvia al contar con una vía de 16 kilómetros nada más.
Es por ello que a esta región de mi estado le es urgente la construcción una carretera moderna que enlace a Altzayanca con el municipio de Libres y de ahí a los demás estados de esta región del país. El costo de construcción de la carretera de casi 16 kilómetros (7.1 kilómetros de Tlaxcala y 8.6 de puebla) es de $48 millones (de acuerdo al proyecto de factibilidad que se anexa), que incluye: pavimentación, construcción de puente, otras obras diversas y gastos indirectos.
Es inconcebible que se cancele la posibilidad del desarrollo de la región de Altzayanca y no se aprovechen los recursos y las ventajas comparativos que posee y sobretodo se anule la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de la población, por no contar con infraestructura mínima, como la que hoy demanda la autoridad municipal.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 58, fracción I del Reglamento General para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en mi calidad de diputada federal del grupo parlamentario del PRI es que vengo ante esta honorable Asamblea a solicitar la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
I. Que la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2006 una partida especial por un monto de $48 millones, a fin de destinarlas a la construcción y pavimentación de la carretera, en el tramo Altzayanca, Tlaxcala- Libres, Puebla.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre del 2005.
Dip. Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A ASIGNAR EN EL PRESUPUESTO DE 2006 RECURSOS ADICIONALES PARA CONSTRUIR UN HOSPITAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, A CARGO DE LA DIPUTADA JANETTE OVANDO REAZOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita Janette Ovando Reazola, diputada federal en la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los numerales 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco a solicitar se turne a las Comisiones correspondientes la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara a que dentro del análisis del Presupuesto 2006 asigne recursos adicionales por 270 millones de pesos para la construcción de un hospital de segundo nivel, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que cubra el déficit de centros de salud que padece esta región del estado. Para lo cual hago las siguientes
Consideraciones
La vida es el bien más preciado de la persona humana, y la salud, es primordial para su preservación y dignificación. La salud es definida como la ausencia de padecimientos de naturaleza biopsicosocial, la salud es necesaria para la potencialización de la persona. Si bien, el gobierno mexicano ha realizado esfuerzos para ampliar el acceso de la población a los servicios de salud con la implementación de programas y con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del 2003 del decreto por el que se crea el Seguro Popular, que ha significado el avance mas significativo en materia de salud desde la creación del Instituto Mexicano de Seguridad Social; con este seguro se pretende beneficiar a los mexicanos que no cuentan con ningún servicio de seguridad social; el gobierno federal ha demostrado su conciencia del rezago que arrastra el país en servicios médicos públicos.
El derecho a la salud esta contenido en el artículo cuarto constitucional; dicho ordenamiento obliga a la Federación, estados y municipios a garantizar la salud y en particular el acceso a los servicios de salud de la población en general; para permitir el desarrollo armónico de las facultades y potencialidades de la persona humana. Los legisladores mexicanos conscientes de la problemática, reformaron la Constitución en 1983 la reforma fue publicada el 3 de febrero de 1983, con la finalidad de introducir un tercer párrafo al artículo 4 de la Constitución y de esta manera elevar el derecho a la salud a nivel constitucional.
Algunos de los objetivos que se persiguieron con la adición fueron:
Prolongar y mejorar la calidad de vida en todos nuestros sectores sociales, con especial atención a los grupos más débiles y vulnerables;
Fomentar la solidaridad y la responsabilidad entre la población para la preservación de la salud;
Brindar servicios de salud que satisfagan eficazmente las necesidades de la población en esta materia;
Elevar la calidad y los servicios de Salud implica erogaciones al Estado que está obligado a garantizar la protección de este derecho, no obstante, no se puede exigir su cumplimiento más allá de los limites materiales, y de los recursos con los que cuenta el propio Estado. Lo anterior no ha sido obstáculo para la aprobación de una serie de programas en materia de Salud, que si bien en un principio han significado un mayor gasto para el Erario de la Nación, se han convertido en una inversión en la salud de sus gobernados. Como se suele decir "la salud no tiene precio" no podemos dejar de atender la salud de los más necesitados.
La zona de los Altos de Chiapas ha sufrido uno de los más graves rezagos en materia de servicios de salud; debido en gran medida, a la indiferencia que mostraron durante muchos años los tres niveles de gobierno. No podemos dejar de señalar que las administraciones federal y estatal actuales, han tratado de acabar con este rezago; lo cierto es que aún falta mucho.
Los resultados del XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000, reportan una población total en el país de 97,361,711 mexicanos, de los cuales 3,920,515 son chiapanecos, se trata de la 8ª. entidad federativa más poblada de la República, con el 4.03% de la población total, y con el 7º lugar respecto a densidad poblacional, con una cifra 53 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando la media nacional es de 50.
Datos del mismo censo muestran que la población de Chiapas solo creció en 3,920,515 habitantes, lo que es alentador a los programas de planificación familiar y control demográfico, que están cumpliendo con su finalidad al frenar el desmesurado crecimiento demográfico que registraba con anterioridad esta entidad federativa.
Resulta de gran relevancia el hecho que según datos del censo del año 2000 Chiapas ocupa el lugar 17 en relación a población en localidades con más de 10,000 habitantes. El mismo documento menciona que el 54.45% de nuestra población (2,134,800 de nuestros 3,920,515 habitantes), se ubica en localidades con menos de 2500 habitantes, cuando la media nacional es de 25.32%, superado únicamente por Oaxaca con el 55.32%. Lo anterior es claramente descriptivo de la distribución poblacional del Estado de Chiapas la cual se encuentra ampliamente dispersa en su territorio, lo que dificulta prestarle servicios básicos como agua potable, drenaje, luz y salud entre otros.
Ocupa el 9º lugar respecto a las entidades con mayor número de viviendas en el país. Sin embargo en el mismo documento, nuestro promedio de ocupantes por vivienda, es de 4.85, cuando la media nacional es de 4.42, superado solo por Tlaxcala con 4.92 y Guanajuato con 5.02.
En 21 municipios chiapanecos el promedio de ocupantes por vivienda rebasa 5.5. Trece de los cuales se encuentran situados en la zona de los Altos de Chiapas, estos son:
Francisco León, Chapultenango, Amatán, Ixtapangajoya. Pueblo Nuevo Solistahuacán, Huitiupán, Tila, Tumbalá, Tenejapa, Oxchuc, Huixtán, Totolapa y Las Margaritas.
Por otro lado, si bien el estado no se destaca por su industrialización, si cuenta con una de las mayores riquezas nacionales. Sus reservas petroleras, el 25% de las aguas superficiales del país, el 33% de los ríos de México; genera el 45% del suministro eléctrico nacional.
La Selva Lacandona es otro de los grandes tesoros con los que cuenta el estado, se trata de una de las últimas selvas tropicales en el hemisferio norte, con 600,000 hectáreas, en donde se albergan el 60% de las especies mexicanas de árboles tropicales, 3,500 especies de plantas, 1,157 de invertebrados y más de 500 vertebrados conocidos. En realidad aún se desconoce gran parte de la enorme biodiversidad Chiapaneca. (Diagnóstico de los pueblos indígenas de Chiapas http:/www.sedesol.gob.mx/perfiles/estatal/chiapas/07_economia. html). Por lo que representa uno de los sitios con mayor diversidad ecológica de México, gracias a sus nueve regiones fisiográficas.
El estado se encuentra dividido en nueve regiones, a saber: Soconusco, Istmo-Costa, Frailesca, Sierra, Centro, Fronteriza, Norte, Altos y Selva. Dentro de éstas, debe esclarecerse que aunque en su conjunto la población chiapaneca presenta los mayores índices de marginación de México, existen diferencias regionales que definen diversos niveles de bienestar. Así pues, las regiones Soconusco y la de Istmo-Costa, pueden considerarse de un alto nivel productivo que conlleva mejores niveles de bienestar, por contar con suelos planos, profundos y fértiles, con grandes fincas de cafeto, plátano, cacao, frutales, etc., en tanto que en las regiones de Los Altos, Fronteriza, Norte y Sierra, ocupadas por asentamientos indígenas, dominan suelos de topografía accidentada, con delgada capa vegetal, propios para plantaciones de cafeto, uso forestal o reservas ecológicas, con prácticas tradicionales de agricultura, poco mecanizadas, con niveles de alta marginación.
El Centro de Información y Análisis de Chiapas (CIACH ) en su reporte "Para entender Chiapas. Chiapas en Cifras.", señala lo siguiente:
En 1990, el 38.8% de la población agrícola percibió ingresos de menos de medio salario mínimo, el 36.6% percibió más del 50% pero menos de un salario mínimo.
Hasta 1996 Chiapas estaba considerada como una entidad dentro de la zona "C", por lo que el salario mínimo fue de 19.05, el más bajo del país.
El 66.74% de la población sufre de desnutrición, ocupando el primer lugar a nivel nacional.
Chilón 4,820
Tapachula 12,297
Villacorzo 4,728
Ocosingo 10,941
Villaflores 4,386
Las Margaritas 8,725
Tonalá 4,351
San Cristóbal L.C. 8,235
Tecpatán 4,107
Comitán 6,460
Frontera Com 3,945
Tila 5,365
Motozintla 3,901
La edad mediana de nuestra población es de 17 años, comparada con 19 años en el país.
El número de muertes por infecciones intestinales es de 152.2 por cada 100,000 habitantes, comparada con 38 en el resto del país.
El promedio de fallecimientos por cada mil nacimientos es de 55-56, comparada con 34.8 en el país.
Ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto al número de mujeres fallecidas por complicaciones del parto.
Ocupa el primer lugar a nivel nacional por sus índices más altos de mortalidad, en casos reportados de cólera, muertes por tuberculosis y el primero en enfermedades diarreicas.
1er. lugar en tuberculosis pulmonar, con tasa de 47.47 por 100,000 hab.
1er. lugar en absceso hepático amibiano, con tasa de 15.88 por 100,000 hab.
2o. lugar en paratifoidea y otras salmonelosis, con tasa de 616.27 por 100,00 hab.
2o. lugar en shigelosis, con tasa de 175.86 por 100,000 hab.
2o. lugar en paludismo por p. falciparum, con tasa de 0.28 por 100,000 hab.
2o. lugar en paludismo por p. vivax, con tasa de 39.45 por 100,000 hab.
2o. lugar en síndrome coqueluchoide, con tasa de 1.50 por 100,000 hab.
2o. lugar en tosferina, con tasa de 0.76 por 100,000 hab.
3er. lugar en tracoma, con tasa de 0.10 por 100,000 hab.
7o. lugar en amibiasis intestinal, con tasa de 2984.30 por 100,000 hab.
7o. lugar en tifoidea, con tasa de 21.61 por 100,000 hab.
7o. lugar en oxiuriasis, con tasa de 259.76 por 100,000 hab.
Por otro lado, 58 de sus municipios son considerados Municipios Indígenas; de acuerdo al criterio adoptado por el Instituto Nacional Indigenista (INI), que clasifica así, a los municipios en los cuales el 30% de su población habla alguna lengua indígena. En 19 de estos municipios el 90% de sus pobladores habla una lengua indígena, estos son: El Bosque, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalhó, Chilón, Huixtán, Larrainzar, entre otros.
La riqueza de los recursos naturales con los que cuenta el Estado contrastan con la extrema pobreza en que vive gran parte de su población; muestra de lo anterior son las siguientes cifras reportadas por el CIACH.
Primer lugar en la producción de energía hidroeléctrica, aportando el 55% de la producción nacional total.
Mantos petroleros ricos, con pozos en producción que superan holgadamente la producción promedio de pozos estadounidenses y canadienses.
Es por lo anteriormente descrito que se hace necesaria la construcción de un hospital de segundo nivel, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; que alivie el déficit que sufre la zona de los Altos de Chiapas. El hospital que se pretende construir es de primer nivel y contaría con una capacidad de 70 camas en una superficie de 500m2 (355) un presupuesto de la federación de 300 millones de pesos (250) para su construcción y equipamiento.
El Gobierno estatal (mediante acuerdo entre los dos gobiernos federal y estatal) se encargaría de la administración del hospital. De esta forma el Gobierno del estado sufragaría los gastos de manutención y funcionamiento del hospital.
San Cristóbal es una ciudad del estado de Chiapas donde concurren una serie de poblaciones con población, en su gran mayoría indígena que no cuentan con ningún servicio de seguridad social y que los centros hospitalarios con los que cuenta la citada ciudad no cuentan con la capacidad técnica y logística para atender a la creciente población que solicita la atención medica. Hoy día muchos de los enfermos que llegan a los centros públicos de salud en San Cristóbal, son enviados a hospitales de Tuxtla Gutiérrez ya sea por que no se cuenta con el instrumental medico para atender los padecimientos del enfermo o peor aun, por que no hay camas disponibles para cubrir las necesidades de la región de los Altos.
San Cristóbal de las Casas es una ciudad ubicada en los Altos de Chiapas, con una población mayor a los 120,000 habitantes; es un polo de turismo ecológico que requiere de servicios de salud. Además de ser un centro urbano donde confluyen una serie de comunidades que requieren de servicios médicos por lo que la ciudad de San Cristóbal de las Casas no sería la única población en resultar beneficiada con la construcción de la multicitada clínica, también se verían beneficiados una veintena de poblados como son: Amatenango; El Bosque; Chalchihuitán; Chamula; Chanal; Chenalhó; Chilón; Huixtán; Huitiupán; San Andrés Larráinzar; Mitontic; Oxchuc; Pantelhó; Simojovel; Sitalá; Tenejapa; Teopisca; Yajalón y Zinacantán., entre otros, que a excepción de alguno, ninguno cuenta -ya no digamos con clínicas- con unidades médicas familiares.
Los beneficios que traería la construcción del hospital de segundo nivel en esta ciudad serían considerables, sin dejar de mencionar el avance que significaría en la reducción del rezago en déficit en servicios de salud que padece el estado de Chiapas y en especial esta zona de los Altos del estado.
Compañeros los conmino a no hacer oídos sordos de las exigencias de nuestro pueblo, en especial de las provenientes de nuestros indígenas, que son nuestras raíces, y que viven en situación vulnerable -económica, política y social- por lo que requieren de nuestra intervención para hacerse oír. Hoy piden nuestra intervención para dotarlos de un hospital de segundo nivel, que representa una cantidad ínfima para el Presupuesto de la Federación que estaremos aprobando para el año próximo; pero para ellos representará, en muchos de los casos, su único medio para acceder a servicios de salud dignos de la persona humana.
La petición de la construcción del hospital es de todos los ciudadanos de esta zona de Chiapas, que vemos con gran tristeza y desesperación que los hospitales existentes, desafortunadamente no cuentan ni con el número de camas que requiere esta población ni con el instrumental medico requerido para su funcionamiento.
De ser beneficiados para la construcción del mencionado hospital, estaremos combatiendo la desigualdad social que ha sido la causa de los descontentos sociales y la violencia que ha vivido esta zona en el pasado.
Por lo anteriormente señalado comparece ante esta honorable soberanía a presentar la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Único.- Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara que dentro del análisis del Presupuesto 2006 asigne dentro de su presupuesto del ejercicio 2006, recursos adicionales por 270 millones de pesos para la construcción de un hospital de segundo nivel, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Dip. Janette Ovando Reazola (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 SE INCORPORE UNA PARTIDA ESPECIAL DESTINADA A LA SECRETARÍA DE SALUD A FIN DE CONSTRUIR UN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EN HUAMANTLA, TLAXCALA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La salud y el derecho a la salud de todos los mexicanos, es un binomio indisoluble que tiene que ver con la vida y la calidad de vida de nuestra población
Tlaxcala, con sus casi un millón 100 mil habitantes y una extensión territorial de 4,037 Kilómetros cuadrados (la entidad mas pequeña territorialmente después del Distrito Federal), con una participación del 0.5% del Producto Interno Bruto Nacional, nos ofrece un cuadro dramático en materia de prestación del servicio de salud.
La entidad, enclavada en grandes urbes del país como la Ciudad de México a 120 minutos y Puebla capital a 40 minutos, constituyen para los tlaxcaltecas el principal espacio para la atención médica y mas cuando de urgencias se trata.
Esto nos coloca en una situación de vulnerabilidad y desventaja, en especial para la gente pobre, sobre todo de poblaciones alejadas como Tequexquitla, Terrenate, Emiliano Zapata, Tlaxco, Altzayanca, entre muchas otras.
Si la Constitución General de la República, en su artículo 4° señala que el acceso a la salud y a mejores condiciones de vida es un derecho de todos los mexicanos, Tlaxcala no tiene porque quedar fuera de este derecho.
Solo unos datos para mostrar la situación, lamentable, en que se encuentra la prestación de este servicio en nuestro estado.
Ocupamos el 29° lugar en unidades médicas: hospitales el último lugar (32°) y unidades de consulta externa el 28°; en recursos materiales el penúltimo lugar, que incluye camas censables, consultorios, laboratorios de análisis clínicos; en personal médico el 29°, de los cuales ocupamos el penúltimo lugar en médicos especialistas: en consultas externas el 29° y el último lugar en urgencias y medicina especializada.
Por si esto fuera poco, no contamos con un solo hospital certificado, pero, eso si, somos de los estados que mas partos realiza (proporcionalmente) por cesárea, siendo en los privados de casi 57% equivalente al promedio nacional, sin contar con un solo hospital certificado del sector salud para ello.
Esto explica, en parte, el porque enfermedades del llamado "rezago epidemiológico" todavía permanezcan de manera importante en la entidad. Por ejemplo, en Tlaxcala se mueren casi 6 niños menores a un año de cada cien mil, cuando el promedio nacional es de tres.
Pero Tlaxcala también presenta indicadores preocupantes en esta nueva "transición epidemiológica" que estamos viviendo. En diabetes, de cada 100 mil, anualmente se mueren en nuestra entidad por causa de esta enfermedad casi 100 hombres y 92 mujeres, cuando el promedio nacional no es mayor a 80; en cirrosis hepática 79, cuando el promedio nacional es de 60.
La procuración de la salud, compañeras y compañeros legisladores, es un asunto de Estado. Así la ha concebido nuestro país desde hace más de 62 años. Por ello es lamentable que todavía se den estos hechos de excepción, que atentan en contra de la salud y la vida de millones de mexicanos.
Tlaxcala no debe, no puede permanecer al margen de las políticas de salud pública del Gobierno Federal. De acuerdo al documento de Salud: México 2004, que publicó la Secretaría de la Salud, Tlaxcala hace un gran esfuerzo para superar estos rezagos. Por ejemplo, mientras a nivel nacional se destina el 3% del PIB a inversión en salud, Tlaxcala destina el 4.3%; del rubro de gasto público total, 17.4% se destina a la salud, en Tlaxcala representa el 22.3%. Sin embargo, mientras que en el país el 82% del gasto en salud es federal y el 17.4% corresponde a los estados; en Tlaxcala el 96 del gasto en salud es federal y solo el 4% es estatal.
Es cierto, no somos una entidad que genere tantos recursos para que le sea atractiva la federación, pero si los necesarios para ser autosuficientes, si avanzáramos en un verdadero federalismo fiscal.
Por ello recurrimos a la Federación, para solicitarle una partida especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2006, a fin de llevar a cabo la construcción de un hospital certificado en el municipio de Huamantla.
El hospital que hoy existe tiene décadas de prestar servicio con el mismo equipo sin haber sido modernizado o por lo menos sustituido algunos.
De los 433 nosocomios con que cuenta la Secretaria de la Salud, el 30% (alrededor de 130 son certificados). Ninguno de estos se ubica en Tlaxcala. Por lo anterior y con fundamento en el artículo 58, fracción I del Reglamento General para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y en mi calidad de diputada federal del grupo parlamentario del PRI, es que vengo ante esta honorable Asamblea a solicitar la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
I. Que en la Secretaría de Salud se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2006 una partida especial por un monto de 70 millones de pesos, destinados a la construcción de un hospital de especialidades (certificado) en el municipio de Huamantla, en el estado de Tlaxcala.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 12 de septiembre del 2005.
Dip. Martha Palafox Gutiérrez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A DECLARAR EL PRIMER SÁBADO DE JULIO COMO DÍA NACIONAL DEL COOPERATIVISMO, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN BÁRCENAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe Juan Barcenas González, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primero.- La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la fracción XXVI del artículo 27 señala que a la Secretaría de Gobernación le corresponde: "Fijar el calendario oficial".
Segundo.- El Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en la fracción IX del artículo 19 señala que la atribución de la Dirección General de Desarrollo Político de dicha Secretaría tendrá la atribución de: "Definir, editar y difundir el Calendario Cívico de Conmemoraciones".
Tercero.- El Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en la fracción XXX del artículo 25 señala que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de dicha Secretaría tendrá la atribución de: "Supervisar la cobertura y producción para la televisión de los programas informativos relacionados con las actividades del titular del Poder Ejecutivo Federal y sus dependencias, así como los correspondientes a los actos que señala el Calendario Cívico de Conmemoración.
Cuarto.- En 1923 el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) recomendó conmemorar un día internacional de las cooperativas. El 16 de diciembre de 1992 la Asamblea General de la ONU (Naciones Unidas), a través de la resolución 47/90, proclamó la necesidad de realizar un "Día Internacional de las Cooperativas" a partir de julio de 1995, en conmemoración al centenario de la creación de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) (grupo que reúne organizaciones cooperativas de 100 países que cuentan con un total de 700 millones de miembros).
Quinto.- Una sociedad cooperativa es una organización social autónoma integrada por personas unidas voluntariamente con base en intereses comunes para beneficio de todos. La consigna es el espíritu de hermandad e igualdad entre sus miembros, donde todos tienen los mismos deberes y derechos.
Sexto.- En la actualidad las sociedades cooperativas desempeñan una importante labor en nuestro país, desde los diferentes sectores de su quehacer económico y social: transporte, turismo, agropecuario, pesca, cajas de ahorro y préstamo, producción industrial, consumo, servicios y actividades diversas; promoviendo la competitividad, la productividad y la calidad en las actividades que las mismas desarrollan; así como la promoción a la participación social más activa con criterios de equidad, lo anterior en beneficio de sus respectivos socios y las comunidades, zonas y regiones en donde se desenvuelven. Mención aparte, es la contribución en la generación de empleos.
Séptimo.- La celebración del "Día Nacional del Cooperativismo" se proyecta como un motivo para impulsar en la población nacional la importancia, desarrollo histórico y proyección del cooperativismo en el impulso de la economía del país, principalmente la de los pequeños productores agropecuarios, los pequeños ahorradores y la pequeña y mediana industria. Por ello, en cada celebración de ese día deberemos promover conferencias, talleres y foros de divulgación y capacitación sobre los temas del cooperativismo, como la forma más positiva de recordar y enaltecer el "Día Nacional del Cooperativismo".
Octavo.- Me queda la convicción de que al celebrar un "Día Nacional del Cooperativismo" estaríamos reconociendo a las instituciones, grupos y personas del sector cooperativo de este país, que durante décadas de trabajo arduo han tenido la capacidad de alcanzar un nivel de rentabilidad que no sólo beneficie a sus socios, sino a la mejora de la calidad de vida y el desarrollo económico de la comunidad a la que pertenecen, y de nuestra patria.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: En el marco de la división de poderes, esta Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación que incluya el primer sábado del mes de julio en el Calendario Cívico de Conmemoraciones, como el "Día Nacional del Cooperativismo".
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2005.
Dip. Juan Bárcenas González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE AJUSTE SU PROCEDER AL MARCO INSTITUCIONAL Y JURÍDICO APLICABLE, Y ESTABLEZCA LOS CONTACTOS PERTINENTES POR LOS MEDIOS OFICIALES CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, A CARGO DEL DIPUTADO SERGIO ARMANDO CHÁVEZ DÁVALOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente propuesta de punto de acuerdo con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
Como es públicamente conocido en el amanecer del día primero de agosto de este año, en un lugar conocido como "El Carril" del municipio de Tonalá, Jalisco, se suscitaron una serie de hechos delictivos en los cuales fallecieron cuatro personas y varias resultaron heridas.
Por información periodística, estas pérdidas se debieron a la utilización de granadas de fragmentación y a la presencia de personas fuertemente armadas y con visos de enfrentamiento entre grupos de narcotraficantes, totalmente ajenos al municipio de Tonalá.
Es decir, los hechos tanto de armas como de narcotráfico, caen de manera plena bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la Republica.
Sin embargo a los pocos días de los eventos, el Procurador Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, señaló que había policías municipales de Tonalá, custodiando a los narcotraficantes, pero olvidó decir los comos y los porqués.
En ningún momento informó, porque había gente con granadas, con armas de alto poder, con todas las señales de delincuencia organizada, no recordó señalar donde estaban sus investigadores y por qué circulaban sin problemas esta gente armada.
En todo caso, si los policías estaban o no "cuidando" a los narcotraficantes, el Procurador tiene la obligación de investigar y no andarlo divulgando, en otras palabras, callar y trabajar y no andar buscando la nota periodística para favorecer su imagen pública.
El Procurador no debió publicar, porque eso es evidenciar líneas de investigación, que por mandato legal está obligado a reservar hasta en tanto se detengan a los culpables.
Se debe resaltar que dentro de la legislación vigente encontramos claros ejemplos de la reserva que debe prevalecer dentro de los procedimientos indagatorios tendientes a la persecución de los delitos.
Así, el artículo 180 del Código Federal de Procedimientos Penales establece, entre otras disposiciones las de que la información y documentos obtenidos en los procesos indagatorios sólo podrán ser utilizados en la investigación y para efectos del proceso penal, debiéndose guardar la más estricta confidencialidad.
Al servidor público que quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obran en la averiguación, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa y penal, según corresponda.
La propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica establece en la fracción XII del artículo 54 que: Son obligaciones de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, de los Agentes de la Policía Federal Investigadora y de los Peritos, Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan.
Finalmente, la fracción III del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental define que: "También se considerará como información reservada, Las averiguaciones previas".
Atendiendo la fundamentación legal referida, hay que valorar si el propio Procurador cayó en violaciones a la ley, que se supone él es el primer garante en materia federal.
Por lo anterior, y ante la gravedad de los hechos y la actuación del Procurador General de la Republica, y en base a los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito en obvia y urgente resolución, se apruebe el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Solicítese al Lic. Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández; Procurador General de la Republica, que en el desarrollo de su actuación como Titular de la instancia referida ajuste su proceder al marco institucional y jurídico aplicable y en su caso, de ser ello procedente, establezca los contactos necesarios y pertinentes a través de los medios oficiales con el Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados. Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2005.
Dip. Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SECTOR SALUD INTEGRADAS EN EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL A CUMPLIR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL ABASTO DE MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO PARA PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN Y DEL CATÁLOGO PARA SEGUNDO Y TERCER NIVELES DE ATENCIÓN DEL GRUPO TERAPÉUTICO NÚMERO 20, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO CABELLO GIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado José Antonio Cabello Gil, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a las instituciones del sector público de salud integradas en el Consejo de Salubridad General, a que se cumpla cabalmente las disposiciones relativas al abasto de medicamentos del cuadro básico para primer nivel de atención y del catálogo para segundo y tercer nivel de atención del grupo terapéutico número 20, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
II.- La misma ley en su artículo 28 establece que, para los efectos del artículo 27, habrá un Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel de atención médica y un Catálogo de Insumos para el segundo y tercer nivel, elaborados por el Consejo de Salubridad General a los cuales se ajustarán las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y en los que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud.
III.- El artículo 29, de la ley en comento, establece que la Secretaría de Salud determinará del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes. Para que se cumpla lo anterior, el artículo 30 de la misma ley dictamina que la Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la vigilancia de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para su elaboración.
IV.- La aplicación del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos en la Administración Pública Federal, ha permitido contar con un sistema único de clasificación y codificación de insumos para la salud, lo cual ha contribuido a homogeneizar las políticas de adquisición de las instituciones públicas federales del Sistema Nacional de Salud. Dichos insumos para la salud son un componente esencial de la atención a la salud, por lo que es necesario garantizar su efectividad y seguridad, su abasto eficiente y oportuno, su prescripción racional y su venta a un costo razonable.
V.- Mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 1983, se instituyó el cuadro básico de insumos y se creó la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos, como grupo de trabajo del Consejo de Salubridad General, encargada de introducir las modificaciones que oportunamente requiriera dicho cuadro y se previó la formación de comités específicos dedicados a cada uno de los distintos tipos de insumos.
El llamado Comité de Medicamentos está constituido por representantes de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y de la Secretaría de la Defensa Nacional, bajo la coordinación de la Secretaria del Consejo de Salubridad General y Presidenta de la Comisión Interinstitucional.
VI.- El Programa Nacional de Salud 2001-2006, planteó la democratización de la salud, decisión que permite disponer de un sistema de salud que haga posible que todos los hombres y todas las mujeres tengan la oportunidad de desarrollar al máximo sus potencialidades. Alcanzar un sistema como el propuesto, ha significado tres retos: la equidad, la calidad y la protección financiera en el marco de un sistema de salud que garantice el acceso universal a servicios integrales y de alta calidad.
El reto de la calidad entendida como el grado en que los servicios mejoran los niveles de salud de manera congruente con las normas profesionales y los valores de los pacientes, se atendió desde el principio de la actual administración con la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. Para enfrentar el reto de la protección financiera se llevó a cabo el cambio de mayor trascendencia que se ha dado en la época moderna de nuestro sistema de salud, la reforma de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003, que entró en vigor el 1º de enero de 2004.
Es así que los Cuadros Básicos y Catálogos de Insumos del Sector Salud son un instrumento fundamental en la política de adquisición de insumos, sobre todo ahora con el nuevo sistema de salud integrado por tres seguros públicos de salud, el del IMSS, el del ISSSTE y el Seguro Popular del Sistema de Protección Social en Salud, que significa la atención médica integral incluyendo el acceso a medicamentos en forma gratuita, ya que son un componente esencial de la atención de la salud.
VII.- Sin embargo, en últimas fechas se han alzado las voces de muchísimos ciudadanos y organizaciones no gubernamentales sobre el desabasto de los medicamentos incluidos en el cuadro básico, pero particularmente resalta el caso de los medicamentos del cuadro básico para primer nivel de atención y del catálogo para segundo y tercer nivel de atención del grupo terapéutico número 20 referente a la Psiquiatría. El organismo no gubernamental llamado "Voz Pro Salud Mental", y que tiene presencia a nivel nacional, ha hecho muchos llamamientos a las autoridades correspondientes sobre este aspecto y sin muchos resultados favorables.
VIII.- Debemos tener presente que, de acuerdo a cifras estadísticas oficiales, la salud mental en México recibe únicamente el 0.85% del presupuesto de salud, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda a los gobiernos de las países el destinar al menos un 10%. En México, según la Secretaría de Salud, existen al menos 15 millones de personas que tienen alguna enfermedad mental.
Tanto el Programa de Acción en Salud Mental 2001-2006 como la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, han diagnosticado que en México las principales enfermedades mentales, por su incidencia, son la depresión (del 7 al 10% de la población), el trastorno bipolar (1.6% de la población), la esquizofrenia (1% de la población), el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH (entre el 5% de los niños de 6 a 16 años), y más de 500,000 adultos mayores de 65 años son potencialmente susceptibles de padecer demencia.
IX.- A este segmento de la población se les debe de asegurar el acceso a los medicamentos integrado en el Cuadro Básico para primer nivel de atención y del catálogo para segundo y tercer nivel de atención del grupo terapéutico número 20. Asimismo, se debe poner especial atención al acceso a medicamentos de última generación y que reciban un tratamiento adecuado que les permita la reintegración y una vida digna.
X.- Desde un punto de vista, el Estado tiene el privilegio de influir de manera directa en la salud y en la calidad de vida de las personas, mediante el otorgamiento de medicamentos seguros, eficaces y accesibles, y también con su participación activa en los planes y políticas nacionales en materia de salud. En el legislativo apoyamos los proyectos en materia de salud que permitan satisfacer la demanda de la población a través del otorgamiento de medicamentos seguros, eficaces y disponibles, en una estructura operativa sustentable que asegure la permanencia y el perfeccionamiento de dicho esfuerzo. Y ello por que el desarrollo que todos deseamos para México requiere evidentemente de una población saludable que permita superar los desafíos sociales y productivos de hoy y de mañana. Por ello, el impulso a la salud con calidad, constituye la prioridad más elevada de nuestro país.
Proposición con Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta en lo general a las instituciones del sector público de salud integradas en el Consejo de Salubridad General, a que se cumpla cabalmente las disposiciones relativas al abasto de medicamentos del cuadro básico para primer nivel de atención y del catálogo para segundo y tercer nivel de atención, de acuerdo a las disposiciones de los artículo 27, 28, 29 y 30 de la Ley General de Salud.
Segundo.- Se exhorta en forma especial a las instituciones del sector público de salud integradas en el Consejo de Salubridad General, a que se cumpla cabalmente las disposiciones relativas al abasto de medicamentos del cuadro básico para primer nivel de atención y del catálogo para segundo y tercer nivel de atención del grupo terapéutico número 20, de acuerdo a las disposiciones de los artículo 27, 28, 29 y 30 de la Ley General de Salud.
Tercero.- Se exhorta al Consejo de Salubridad General, a través de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos, a que se redoblen los esfuerzos y las acciones tendientes a enriquecer y mantener actualizados los insumos integrados en cuadro básico del primer nivel de atención médica, y el Catálogo de Insumos del segundo y tercer nivel, de acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología en medicina. Tal y como lo marca el artículo 3 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de septiembre de 2005.
Dip. José Antonio Cabello Gil (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA UNA PARTIDA ESPECIAL DE APOYO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE POSEEN EN SU TERRITORIO POZOS Y COMPLEJOS PETROLEROS, CON CARGO A LOS EXCEDENTES DERIVADOS DE LA VENTA DE HIDROCARBUROS AL EXTERIOR, A CARGO DEL DIPUTADO VÍCTOR HUGO ISLAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El que suscribe, diputado federal Víctor Hugo Islas Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo para proponer la integración de una partida específica de apoyo a las entidades federativas que poseen en su territorio pozos y complejos petroleros, con cargo a los excedentes derivados de la venta de hidrocarburos al exterior, con base en los siguientes
Considerandos
En las últimas dos décadas y media se ha vivido un proceso de revisión y replanteamiento del esquema federal de nuestro país. En él han sido protagonistas los gobiernos de las entidades federativas y de los ayuntamientos, a fin de hacer realidad las disposiciones constitucionales de los artículos 40, 115 y 122 de la Constitución Política, que definen un avanzado esquema descentralizado y de coordinación entre sujetos paritarios, mismos que en la realidad se sustituyeron durante un largo periodo por una férrea centralización.
Las reformas impulsadas en el año de 1982 representaron un avance jurídico de reconocimiento a los gobiernos locales, pero que no trascendieron en el fortalecimiento verdadero de estos ámbitos territoriales de gobierno, sino hasta el año de 1989, en donde se empezaron a establecer programas de generación de infraestructura y de combate a la pobreza que tuvieron como columna vertebral a las regiones del país.
Hasta 1998 se logra legalizar como parte de la recaudación federal no participable al Ramo 33, asegurando el traspaso a los gobiernos locales de importantes recursos para atender crecientemente las obligaciones que le señala la propia Carta Magna. En 1999 se reforma el artículo 115 Constitucional, para reconocer al Ayuntamiento como órgano de gobierno, toda vez que desde el inicio de la Guerra de Independencia de ese año, es decir por 189 años, fue considerado un ente auxiliar administrativo del gobierno central.
A pesar de estas reformas, la proporción de ingresos fiscales continúa siendo claramente favorable a la Federación, cuya apropiación del ingreso nacional se sitúa en el orden del 95% del total de los ingresos públicos. Con motivo de la situación favorable del mercado del petróleo, desde hace poco se estableció que una parte de los ingresos excedentes de su venta al exterior se canalizara a diversos fondos, destinándose el Fondo de Inversión en Infraestructura en los Estados, constituido por el 25% de la diferencia entre el precio proyectado y el precio real alcanzado, a las entidades, para generar obras de infraestructura, etiquetadas para carreteras, sistemas de agua potable y alcantarillado, educación y salud, fundamentalmente.
El alivio que estos recursos han representado para las debilitadas finanzas estatales, que han tenido que absorber rápidamente servicios educativos y de salud, entre otros, a partir de su descentralización, se han establecido de manera uniforme, sin considerar las diferencias territoriales y de productividad petrolera que, tomando en consideración la alta siniestralidad de las instalaciones petroleras, no compensan los daños ecológicos, habitacionales, productivos, sociales y especialmente humanos en las entidades federativas, que poseen pozos petroleros y refinerías importantes.
Es cierto que enfrentamos el reto de reformar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, a la luz de favorecer su expansión sostenida en el largo plazo, generar recursos para el financiamiento de los programas públicos y, a la vez, liberarlos para que invierta en más infraestructura propia, así como en la conservación y mantenimiento de sus instalaciones, que acusan un serio déficit de más de 20 años.
Estos problemas se han reflejado en la ocurrencia de un importante número de accidentes en las instalaciones de Pemex, catalogados como verdaderos desastres y con un fuerte impacto, muchas veces en varios kilómetros a la redonda de los sitios en que acontecen sin dejar de considerar que, más allá de las indemnizaciones, la recuperación de infraestructura y de la fertilidad del suelo, el saneamiento ambiental y la reintegración de la vida de las comunidades, puede llevar un largo periodo de tiempo, que no se compensa con el esquema actual de indemnizaciones y apoyos.
En este año han ocurrido varios desastres importantes, en lugares como Veracruz, Tabasco y, recientemente, en Francisco Zeta Mena, en la sierra norte del estado de Puebla.
Por lo anterior, presento esta proposición, con la finalidad de que, con un sentido de justicia federalista, se establezca un mecanismo para que se compense a las entidades federativas que presentan más riesgos de siniestros petroleros, por el número de instalaciones existentes en su territorio, con recursos adicionales que les permitan enfrentar de inmediato y en el largo plazo, los efectos de tales desastres.
La propuesta consiste en establecer en el Presupuesto de Egresos para el año 2006, una disposición, por la cual, un porcentaje de dichos recursos se distribuyan conforme al riesgo de siniestralidad o bien por la cuantía del equipamiento petrolero existente, para fortalecer a las Entidades señaladas ante los riesgos naturales, a la infraestructura y a la vida de sus habitantes.
En el año 2006 se prevé una perspectiva positiva en los mercados petroleros, por lo que consideramos que nuestra propuesta además de justa, redistributiva y federalista, es plenamente viable. Por ello, solicito la aprobación de esta honorable Asamblea para que, en su momento, se integre en el decreto de Presupuesto aprobado para el año 2006.
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita la asignación de recursos adicionales, derivados de los excedentes petroleros, para las entidades federativas que presentan un mayor riesgo de siniestralidad, por existir en su territorio pozos petroleros y complejos petroquímicos, a efecto de que puedan enfrentar la atención a la población damnificada, la recuperación de la riqueza del suelo, la rehabilitación de infraestructura y de viviendas, así como dar seguimiento a estas acciones en el mediano y largo plazos. Para ello, se establecerá una formula específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006.
Palacio Legislativo, a 12 de septiembre de 2005.
Dip. Víctor Hugo Islas Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A DECLARAR EL 6 DE JULIO COMO EL DÍA CUANDO 400 FAMILIAS INDÍGENAS TLAXCALTECAS SALIERON HACIA EL NORTE DEL PAÍS PARA APOYAR SU COLONIZACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN BÁRCENAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe Juan Barcenas González, Diputado Federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primero. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la fracción XXVI del artículo 27 señala que a la Secretaría de Gobernación le corresponde "fijar el calendario oficial".
Segundo. El Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en la fracción IX del artículo 19 señala que la atribución de la Dirección General de Desarrollo Político de dicha Secretaría tendrá la atribución de: "Definir, editar y difundir el Calendario Cívico de Conmemoraciones".
Tercero. El Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación, en la fracción XXX del artículo 25 señala que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de dicha Secretaría tendrá la atribución de: "Supervisar la cobertura y producción para la televisión de los programas informativos relacionados con las actividades del titular del Poder Ejecutivo Federal y sus dependencias, así como los correspondientes a los actos que señala el Calendario Cívico de Conmemoración.
Cuarto. Desde sus inicios, la sociedad tlaxcalteca se ha caracterizado por mostrar una notable cohesión y homogeneidad, debido, entre otras causas, a que tuvo su origen en un grupo indígena muy definido, el cual también integró la parte medular de su desarrollo posterior. Este núcleo social reconfiguró y consolidó su diferenciación a raíz de su constante lucha por sostener su autonomía frente al señorío tenochca -especialmente durante el gobierno de Moctezuma Xocoyotzin- y luego por mantener vigentes los privilegios exclusivos que le concediera la Corona española durante la etapa virreinal.
Quinto. La población tlaxcalteca comenzó a reducirse tras los enfrentamientos con los españoles y después con su participación en la toma de Tenochtitlan y en las expediciones, descubrimientos y conquistas organizadas por los capitanes españoles, de las cuales muchos ya no regresaron. Otro factor que influyó en el abatimiento de la población fue la colonización de la Gran Chichimeca en 1591, lo que implicó por disposición del Virrey Luis de Velasco II, la salida de cuatrocientas familias a colonizar, pacificar y culturizar algunas zonas de los actuales estados de San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila.
Sexto. Finalmente, el 6 de julio de 1591, después de reunirse en el pequeño valle del convento Franciscano de Nuestra Señora de las Nieves, salieron 100 carretas con poco más de 900 personas, entre hombres, mujeres y niños, de los cuatro señoríos: Tepeticpac, Ocotelulco, Quiahuixtlán y Tizatlán. Este hecho ha marcado la historia de México y Tlaxcala, por lo que cada año se recuerda con una magna escenificación y diversos eventos culturales. Hecho que me anima como orgulloso tlaxcalteca a solicitar sea incluida esta fecha en el calendario cívico de conmemoraciones.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. En el marco de la división de poderes, la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación que incluya la fecha del 6 julio en el Calendario Cívico de Conmemoraciones, como el "Día cuando 400 familias tlaxcaltecas salieron hacia el norte del país para apoyar su colonización".
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2005.
Dip. Juan Bárcenas González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE LA SECRETARÍA DE SALUD APOYE CON RECURSOS EMERGENTES AL ESTADO DE TAMAULIPAS PARA PREVENIR Y CONTROLAR EL DENGUE, A CARGO DEL DIPUTADO GONZALO ALEMÁN MIGLIOLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hago uso de esta tribuna para solicitar su apoyo, a efecto de que esta representación popular tome medidas urgentes ante un problema muy importante que afecta a la salud pública; Tamaulipas se encuentra en estado de alerta al haber detectado que en lo que va de este año, se han confirmado 1,371 casos de dengue clásico y 345 de hemorrágico.
Y se tiene la estimación que a la fecha existan 6,288 casos probables de dengue clásico y 1,143 de dengue hemorrágico, que comparados con los tres casos de dengue clásico de 2004, presentan un crecimiento exponencial.
De acuerdo con la Secretaría de Salud del gobierno del estado, los índices se encuentran en niveles de alarma y emergencia en la mayor parte de las jurisdicciones.
Las lluvias producidas por el huracán Emily han favorecido las condiciones de brotes por este padecimiento.
Por ello es imperativo establecer en la región, un plan de emergencia para la atención de pacientes por dengue hemorrágico, así como fortalecer la vigilancia epidemiológica para controlarlo.
Para prevenirlo es necesario llevar a cabo una campaña de información y sensibilización a la población.
Asimismo, se requiere controlar la reproducción de larvas, y llevar a cabo acciones de nebulización sobre todo en poblaciones en donde existe un mayor riesgo.
Se debe implementar un operativo emergente de atención médica estableciendo planes de atención hospitalaria en cada unidad del sector salud.
Quiero señalar que el gobierno del estado, encabezado por el ingeniero Eugenio Hernández Flores, está realizando un gran esfuerzo tanto en trabajo como en aportación de recursos para llevar a cabo las acciones necesarias ya mencionadas, pero desgraciadamente el estado de Tamaulipas no cuenta con recursos suficientes, por ello pido a la Presidencia que le otorgue a esta proposición el carácter de urgente y obvia resolución y solicito su compromiso con la defensa de la salud de los mexicanos, aprobando el siguiente
Punto de Acuerdo
Único: Esta H. Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, a que considere coordinar con las autoridades correspondientes del estado de Tamaulipas, un operativo de emergencia para coadyuvar en la solución de este grave problema de salud y evitar que se extienda a otras regiones del país.
Solicito a la Mesa Directiva que se publique este documento íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Dip. Gonzalo Alemán Migliolo (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE SALUD QUE PRESENTE UN INFORME SOBRE LOS CONTENIDOS DE LOS PROGRAMAS Y LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN MATERIA DE COMBATE DE LA OBESIDAD INFANTIL, A CARGO DEL DIPUTADO NORBERTO ENRIQUE CORELLA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, diputado Norberto Enrique Corella Torres a la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta asamblea el siguiente punto de acuerdo, por el que se solicita que la Secretaría de Salud presente ante las comisiones correspondientes de esta Cámara de Diputados, un informe sobre los contenidos de los programas y actividades de educación en materia de combate a la obesidad infantil basado en las siguientes:
Consideraciones
Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional luchar por el bienestar humano es una premisa ineludible. Pero para el buen desarrollo y desempeño de cualquier ser humano, es indispensable contar con una salud que le permita su realización como ser. Es en este entendido, que gozar de salud plena es una prioridad para cualquier nación de la que parta su desarrollo sustentado en su propia población, más aun, en aquellos quienes representan el futuro de esta, los niños. Desafortunada y alarmantemente, es cada vez más común encontrar en distintos medios de comunicación, prensa escrita y medios electrónicos, el tema de la obesidad infantil, no solo a nivel nacional si no más allá de nuestras fronteras.
Información publicada por la misma UNICEF, indica que países como los Estados Unidos, el Reino Unido, China, Kuwait, Arabia Saudita entre otros, enfrentan problemas en una adecuada nutrición, que contribuye y propicia la obesidad infantil, fenómeno creciente principalmente en las zonas urbanas.
La atención que se le da a la obesidad infantil debe incrementarse, ya que es una verdadera enfermedad la cual, sin control, eleva el riesgo de que se torne como grave, por lo que la prevención se vuelve la mejor herramienta para su combate.
En nuestro país distintos sectores han coincidido en que una vida sedentaria, combinada con desórdenes alimenticios y dietas enriquecidas, convertidas en exceso de calorías, las cuales no alcanzan a ser quemadas por la actividad misma de la persona, así como factores genéticos, económicos, y de una cada vez mayor inactividad física, han sido un gran detonante del problema, que contribuye a que se disparen estos indicies preocupantemente. Inclusive en palabras del mismo secretario de salud, el seis por ciento de niños menores de 6 años a nivel nacional, padecen de obesidad infantil, porcentaje que lejos de disminuir va en aumento.
Existen algunas personas que persisten en la idea de que un niño obeso, es sinónimo de salud, y que al paso del tiempo, con su crecimiento, dejará de serlo. Sin embargo estas ideas están equivocadas, ya que en realidad los niños obesos corren un mayor riesgo de padecer obesidad en su edad adulta, más aquellos niños que la padecen entre los 6 y los 12 años.
La obesidad no es otra cosa sino el producto y consecuencia de alteraciones en el metabolismo caracterizada por un aumento desproporcionado de grasa en el cuerpo, en este caso, el de un niño, el cual se enfrenta a una cadena de eventos cuya consecuencia es la obesidad. Es decir, una dieta que supera en exceso los nutrimentos de ingesta diaria, se traducen en grasa y, combinada con una vida cada vez mas sedentaria, producto de problemas de inseguridad, urbanización, y el pasar mucho tiempo frente a un televisor o computadora, contribuyen a una disminución en la actividad física, trayendo consigo consecuencias como el hipotiroidismo, depresión, obesidad en edad adulta, hipercolesterolemia, hiperinulinemia, enfermedades cardiacas y diabetes, entre otros muchos padecimientos relacionados con la obesidad.
Al inicio de esta legislatura, durante el primer periodo de sesiones ordinarias de la H. Cámara de Diputados, se aprobó la reforma a la fracción II del artículo 115 de la Ley General de Salud. Esta reforma aprobada por unanimidad por los partidos políticos con representación en esta Cámara, demuestra la preocupación, interés y reconocimiento de este problema de salud pública, por ello, hoy es necesario dar más pasos en ese sentido.
La reforma señalada tiene como objeto concientizar a la población sobre este problema de salud pública, y que sea desde las mismas políticas educativas, que programas de prevención, sean implementados con la finalidad de revertir esta tendencia desfavorable en la salud de nuestra niñez. Desde la misma escuela, en que la formación de los hábitos se desarrollan, es donde más se debe intensificar la atención a este problema.
No obstante, esta Cámara aún tiene la obligación de supervisar que las dependencias encargadas de ejecutar los programas, y actividades en materia educativa para la prevención, tratamiento y control de la obesidad, cumplan con su finalidad de conformidad al espíritu de esta disposición legal. Por lo anteriormente dicho es que considero indispensable que la Secretaría de Salud presente un informe ante las comisiones correspondientes de la Cámara, para que los legisladores podamos conocer los contenidos y alcances de dichos programas, así como la planeación que se está desarrollando para su puesta en práctica. De esta forma, tendremos la oportunidad de hacer llegar las propuestas que consideremos pertinentes, siempre con un ánimo de respeto y colaboración con la actuación de los servidores públicos, pero sin dejar pasar más tiempo, durante el cual el problema se agudiza y aumenta.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- Se solicita que la Secretaría de Salud presente ante las comisiones de Salud y de Educación Pública y Servicios Educativos de esta Cámara de Diputados, un informe sobre los contenidos de los programas y actividades para la prevención, tratamiento y control de la obesidad infantil.
Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de septiembre de 2005.
Dip. Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE JUSTICIA Y DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO A ENTREGAR LOS FONDOS DEL FOSEG DESTINADOS A PAGO DE DOTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES DEL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER BRAVO CARBAJAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, C. Francisco Javier Bravo Carbajal, en su carácter de diputado integrante de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, 73, fracción X, y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual, respetuoso de la división de los Poderes de la Unión y de su autonomía, se hace un atento exhorto a los titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Jalisco y de las dependencias municipales encargadas de la seguridad pública a efecto de que entreguen los fondos del Foseg destinados a pago de dotación complementaria para los trabajadores del área de seguridad pública, sin reducciones en perjuicio de los trabajadores. Lo anterior, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
-
I. El pasado 14 de septiembre de 2004 fueron publicadas en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco diversas reformas de la Constitución Política de la entidad en su artículo 111, así como la adición del artículo 54 Bis y diversas reformas de la Ley de Servidores Públicos del Estado y sus Municipios todas, como se desprende de la exposición de motivos que propician su creación, tendentes a eliminar cualquier posibilidad que funcionarios de la administración pública que tengan el nivel de titular, mando superior o director puedan percibir bonos o gratificaciones, independientemente de su denominación, ajenas al sueldo que en virtud de la determinación presupuestal deban recibir. Lo anterior, en virtud de las necesidades actuales de legislar en la materia, y establecer lineamientos específicos que imposibiliten prácticas de autodeterminación de beneficios económicos en su favor no previstos en su concepto salarial.
- Médica;
- Toxicológica;
- Conocimientos;
- Personalidad; y
- Habilidades psicomotrices.
II. Por ello, el adicionado artículo 54 Bis de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios establece la posibilidad de que servidores públicos que no tengan la condición de titulares, mandos superiores y directores puedan recibir compensaciones o estímulos, siempre y cuando se colmen las siguientes reglas:
a) Los estímulos o compensaciones deben ser equitativos a las categorías y niveles existentes en las plantillas de servidores públicos de cada dependencia o entidad. Los incentivos o compensaciones que se entreguen a los servidores públicos en ningún caso pueden ser superiores al salario mensual que perciban.
c) Las autoridades deben sujetar la entrega de los estímulos o compensaciones exclusivamente como incentivo a la puntualidad, asistencia, productividad o cualquier otro criterio o condición de similar naturaleza establecido expresamente en los reglamentos aplicables.
d) La entrega de las compensaciones o estímulos se realizará exclusivamente una vez por año.
e) El pago de estos beneficios debe registrarse en el recibo de nómina del servidor público que corresponda.
f) La información relativa a los criterios y procedimientos para la asignación de compensaciones o estímulos, así como los nombres de los servidores públicos merecedores de ellos, debe publicarse en los medios oficiales de divulgación correspondientes a cada autoridad.
III. Desde luego, esta adición se realizó con la clara intención de establecer la posibilidad de que dichos servidores accedan a prestaciones de esta naturaleza, pero siempre que se cumplan reglas claras al respecto. Sin embargo, la redacción actual de este dispositivo genera situaciones de conflicto jurídico para el cumplimiento del Programa de Dotaciones Complementarias que el gobierno del estado de Jalisco tiene instrumentado en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública en coordinación con el Gobierno Federal. Lo anterior, en virtud de lo siguiente:
IV. A partir de 1998 y a la fecha, el gobierno de estado de Jalisco ha celebrado convenios de coordinación en materia de seguridad pública con el Gobierno Federal en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, así como en los diversos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 4, 11 y demás relativos y aplicables de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el cumplimiento de las acciones y ejes que ha determinado el Consejo Nacional de Seguridad Pública, aportando cada una de las partes recursos para el cumplimiento de dichos fines.
V. Uno de los ejes que a partir de ese año, en el marco del Programa Nacional de Seguridad Pública, ha determinado el Consejo Nacional de Seguridad Pública es el de profesionalización, cuyo propósito fundamental consiste en la instrumentación de acciones tendentes a lograr la capacitación, el desarrollo, la evaluación permanente y la mejora continua en el personal operativo de los elementos operativos de las corporaciones de seguridad pública del estado de Jalisco.
VI. Los convenios a que se ha hecho referencia y la determinación de los ejes que integran el Programa Nacional de Seguridad Pública son normados desde el punto de vista sustantivo por lo establecido en la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la que en lo conducente dispone en su numeral 1, el ámbito competencial en todo el territorio nacional y el carácter de ley marco en dicha materia y cuyo objeto central consiste en establecer las bases de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, para la integración y el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo sus disposiciones de orden público e interés social.
VII. Aunado a lo anterior, el gobierno de Jalisco constituye una de las instancias de coordinación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, atento a lo que dispone el arábigo 12 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
VIII. En este sentido, el numeral 9, fracción III, de la ley antes referida establece que las autoridades federales, estatales y municipales deberán coordinarse para establecer lineamientos, políticas y criterios que permitan la profesionalización de los elementos de las corporaciones de seguridad pública. Ello viene a reiterarse en lo establecido en el articulo 10, fracciones I y II, de la citada ley, que enuncian la necesidad de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno establezcan un sistema de ingreso, permanencia, promoción, disciplinario, estímulos y recompensas en las corporaciones de seguridad pública. Y, por último, en los artículos 23 y 24 se dispone que la carrera policial es el elemento básico para la formación de los integrantes de las instituciones policiales y comprenderá los requisitos y procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia, promoción y separación del servicio y su evaluación e implementación tiene el carácter de obligatorio y permanente en todo el territorio nacional y de manera coordinada, a través de un servicio nacional de apoyo que homologue procedimientos y busque la equivalencia de los contenidos mínimos de los planes y programas para la formación de los integrantes de las instituciones policiales.
IX. La dignificación de las corporaciones policiales será considerada por las legislaciones federal, estatales y del Distrito Federal, acorde con la calidad y riesgo de la función y las posibilidades de cada entidad.
X. Ahora bien, el artículo 45 de la Ley Coordinación Fiscal establece que los recursos que las entidades federativas reciban con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) prevista en la fracción VII del artículo 25 de la misma ley, denominado como Ramo 33, sólo podrán destinarse a los fines que en el primero de los numerales se describen y en lo que destaca para el planteamiento que aquí se formula, para complementar las dotaciones de agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los estados y del Distrito Federal, de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores.
XI. Según lo establecido en líneas precedentes, el gobierno del estado en los diversos convenios que en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha suscrito con el Gobierno Federal, estableció el Programas de Dotaciones Complementarias dentro del Eje de Profesionalización, cuyo otorgamiento tiene como finalidad estimular el desempeño del personal operativo en activo que haya participado en los programas de capacitación, apoyando la búsqueda de la excelencia en la calidad de su desempeño y profesionalización; considerándose que a partir de esa motivación económica, el personal que la reciba permanecerá en sus cargos contribuyendo al establecimiento civil de carrera en materia de seguridad pública.
XII. Cabe señalar que dichas dotaciones complementarias sólo se otorgan a los elementos operativos que se encuentren en la hipótesis del numeral 45 de la Ley de Coordinación Fiscal que presten servicios como elementos operativos en la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Vialidad y Transporte y los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, siempre que colmen los requisitos previstos en el anexo técnico respectivo, que constituye el instrumento jurídico emanado de dichos convenios y que norma el Programa de Dotaciones Complementarias y además que les hayan sido aplicadas las siguientes evaluaciones:
XIII. Debe establecerse que sólo se aluden a dependencias de la administración Pública Estatal en virtud de que el fondo de origen de los recursos constituye un apoyo exclusivo para las entidades federativas y distinto al fondo para el fortalecimiento de los municipios previsto por el artículo 25, en su fracción IV, y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal.
XIV. Cabe señalar que las reglas para el otorgamiento de las dotaciones complementarias pueden variar en virtud de que anualmente las partes que intervienen en los convenios de Coordinación en la materia precisan las normas al respecto en función de las prioridades y necesidades existentes.
XV. Es el caso de que en el estado de Jalisco, las normas para el otorgamiento de las dotaciones complementarias presenten una gran similitud con las reglas que ahora establece el artículo 54 Bis de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, pues las mismas se otorga atendiendo el principio de equidad dependiendo de las categorías y niveles existentes en la dependencias aludidas, se otorgan con el propósito de estimular el desempeño, la puntualidad y otros factores que abonen a la profesionalización y la debida prestación de los servicios y además están condicionados al cumplimiento de reglas generales y claras; todo lo anterior pese a que las reformas del mencionado artículo son posteriores a la entrega del estímulo, que desde el año de 1998 mil novecientos noventa y ocho se ha otorgado; sin embargo el caso que genera el planteamiento formulado es el siguiente:
XVI. El artículo 46 párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que los recursos que las entidades federativas reciban de entre otros fondos, el de Aportaciones para la Seguridad Pública, deben ser ejercidos y administrados por lo dispuesto en la leyes locales, es el caso que el artículo 54 Bis de la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios, pese a que el Programa de Dotaciones Complementarias es de carácter federal y el fondo a través del cual se canalizan los recursos para su otorgamiento es un Fideicomiso Público denominado "Fondo de Seguridad Pública del Estado de Jalisco", por su siglas Foseg, podría incidir y limitar el cumplimiento del programa aludido en virtud de lo siguiente:
XVII. Las dotaciones complementarias en el estado de Jalisco, como ocurre en diversas entidades federativas, se otorgan más de una ocasión al año, concretamente una cada semestre, y su importe supera en algunos casos el importe de un mes del salario de quien lo recibe, no coincidiendo lo anterior con lo ordenado con la ley estatal citada en su dispositivo 54 Bis; por ello resulta necesario y justificado para continuar con el cumplimiento del citado programa una adición al último numeral citado, que posibilite hacer excepción, para que en el caso de los elementos operativos en el marco del Programa de Dotaciones Complementarias, continúen recibiendo las mismas de conformidad a lo establecido en la reglas emanadas de los convenios de coordinación de seguridad pública que se tengan celebrados o que se celebren por parte del gobierno del estado de Jalisco con el Gobierno Federal.
XVIII. El caso de excepción que se plantea en el párrafo anterior no surge en forma infundada, ni pretende contrariar el propósito equitativo, justo y honesto del artículo 54 Bis en comento, sino que se plantea la posibilidad de continuar con la entrega de las dotaciones complementarias, ya que en el caso de observar las reglas del numeral antes mencionado, podría implicar una aplicación en forma retroactiva de una ley en perjuicio del gobernado, en contravención al primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además se trata de un estímulo que se ha reiterado año con año, a partir de 1998 a la fecha, y por último es congruente con diversas consideraciones jurídicas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Federales han establecido en la tesis de Jurisprudencia con los rubros "Seguridad Pública del Estado de Jalisco. De los conflictos suscitados con motivo de la prestación de los servicios de sus agentes corresponde conocer, por afinidad, al tribunal de lo administrativo" y "competencia para conocer de los conflictos planteados contra la dependencia relativa por un policía municipal en el estado de Jalisco, con motivo de la prestación de servicios. corresponde por afinidad al Tribunal Administrativo de esa entidad federativa", que al respecto se han emitido y las que en forma reiterada mencionan que las relaciones de los elementos operativos integrantes de cuerpos policíacos, como trabajadores y las corporaciones como patrones, deben normarse por las disposiciones jurídicas de sus reglamentos y demás ordenamientos aplicables; en ese sentido es clara la intención de los Tribunales Federales, que en el ejercicio de su facultad de interpretación de la norma, determinen que dichas relaciones se normen en un contexto jurídico especial, dado la condición sui géneris que priva en la actividad policíaca, cuya condición de riesgo permanente de entrega de la seguridad personal por la seguridad de la comunidad, constituyen la constante para hacer posible la conservación de la paz pública y el orden social.
El 17 de junio de 1998, el Gobierno Federal y los gobiernos estatales, suscribieron el Convenio de Coordinación para realizar acciones en torno al Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, en el cual se acordó la constitución de un Fideicomiso Estatal para la Distribución de Fondos (Foseg) mismo que quedó formalizado con fecha 4 de septiembre de 1998, al igual que en los demás estados de la República y el Distrito Federal.
Año con año se firman convenios de coordinación similares y son normados por anexos técnicos, mismos que se firman por funcionarios federales y estatales.
El Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública es la entidad gubernamental encargada de poner en estado de resolución y en estricto apego a la normatividad del Ejecutivo estatal, los acuerdos emanados del Comité Técnico, con la finalidad de capacitar, equipar, dotar de infraestructura y dignificar las instalaciones de las entidades encargadas de la prevención, procuración y administración de justicia en el estado.
En algunos estados como en el caso del estado de Jalisco, parte de los fondos de ese fideicomiso se utilizan para dignificar la actividad de los servidores públicos del estado de Jalisco, esto a través de la implementación de estímulos económicos para aquellos trabajadores del área de seguridad pública cuyo sueldo es realmente bajo para las obligaciones y responsabilidades propias del cargo.
Es de señalarse y destacarse que estos fondos son compartidos con aportaciones estatales y federales, y buscan la unificación de todas las entidades, en cuanto a capacidad técnica, humana y de percepciones económicas, sin embargo cabe señalar que en el estado de Jalisco está ocurriendo una situación grave que considero debemos atender.
Cabe señalar que recientemente en el estado de Jalisco, se aprobaron diversas reformas a la legislación de los Servidores Públicos del estado de Jalisco, que buscaban limitar el otorgamiento de bonos, estímulos económicos o compensaciones desproporcionados en atención a algunos abusos que se dieron por parte de funcionarios públicos de alto nivel, sin embargo las reformas citadas fueron de tal generalidad que restringieron estas situaciones en todos los casos, lo cual, de inicio vemos con buenos ojos, sin embargo, cabe señalar que estas disposiciones en su aplicación, han generado una serie de arbitrariedades laborales que causan preocupación.
Una de ellas es el hecho de que con esta legislación se está impidiendo indebidamente a los trabajadores del área de la seguridad pública, que gocen de la prestación a que nos hemos referido, es decir de los fondos que les venían asignando a través del Foseg, lo que evidentemente es un error, pues de entrada las autoridades que han aplicado estos fondos, no han considerado que los mismos, al provenir del presupuesto federal, no son regulados por la normatividad del estado de Jalisco, sino en todo caso por las reglas de coordinación establecidas en los convenios suscritos expresamente para estos efectos.
Se tiene conocimiento de la aplicación errónea de esta legislación estatal en relación con trabajadores de la Procuraduría General del estado y de la Secretaría de Seguridad Pública y Readaptación, ambas dependencias del estado de Jalisco, y se corre el riesgo igualmente, de que autoridades de los ayuntamientos puedan aplicar disposiciones similares en perjuicio de elementos de las policías preventivas municipales lo que evidentemente sería perjudicial para los elementos operativos que merecen esa prestación.
Además de lo anterior, es de señalar que los recursos se entregan al gobierno local, existen con una finalidad propia y claramente definida, por lo que es necesario que se distribuyan con total transparencia y apego a derecho, pues de no entregarse a los servidores públicos, como está previsto, pueden aplicarse o distraerse para otros efectos no previstos expresamente.
De igual forma, es de señalar que si los fondos federales fueron destinados a una prestación económica directa para esos servidores públicos del área de la seguridad pública, es en virtud de que evidentemente su sueldo nos es proporcional a sus responsabilidades y no puede ser considerado como un abuso de los servidores públicos el recibirlo, lo que es en sí el espíritu de la reciente reforma a la legislación del estado de Jalisco.
Además de lo anterior, es de señalar a favor de los trabajadores de seguridad pública del estado de Jalisco y sus municipios, que al venir percibiendo ese bono desde el año de 1999 a la fecha, el mismo se ha integrado a su sueldo, aún cuando éste se les entregaba en dos presentaciones, una en julio y otra en diciembre. Lo que evidencia esa disparidad de la norma estatal que en forma evidente no puede ser aplicada a los servidores públicos del área de la seguridad pública, en primer lugar por ser retroactiva en perjuicio del servidor y en segundo lugar por ser inaplicable por la situación sui géneris, propia de la prestación, que es otorgada con fondos federales, lo que hace inaplicable la reducción por una norma de la entidad federativa.
Así la cosas. consideramos un exceso que las autoridades del seguridad pública estén limitando esa prestación y solicitamos que la misma se les reintegre a los servidores públicos afectados pues al ser un programa compartido entre el estado y la Federación, no puede ser limitado por disposiciones locales, que además no encuentran justificación, pues es para todos evidente que en el área de la seguridad pública se requieren que los servidores encuentren una retribución económica justa y equitativa al gran servicio que prestan a la sociedad.
Por lo anterior y, en los términos de los artículos 58 al 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución por la que se hace un atento exhorto a los titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, y a los titulares de las dependencias municipales encargadas de la seguridad pública, a efecto de que no se limite ni disminuya la dotación complementaria que se entrega semestralmente a los trabajadores de las diferentes corporaciones del área de seguridad pública del estado de Jalisco y sus municipios, mismos que son entregados a través del Fideicomiso de Seguridad Pública, Foseg, en cumplimiento de los diversos convenios celebrados y toda vez que esta prestación no es contraria a derecho.
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 12 de septiembre de 2005.
Dip. Francisco Javier Bravo Carbajal (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE SOLICITAR A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA QUE SE ESTABLEZCA UN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA INSTAURAR UN REGISTRO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES DE CUALQUIER NIVEL DE GOBIERNO, A CARGO DEL DIPUTADO SALVADOR MÁRQUEZ LOZORNIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
De conformidad con lo establecido tanto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 58 de su Reglamento para el Gobierno Interior, el suscrito, Diputado Federal Salvador Márquez Lozornio del Partido Acción Nacional, presenta al pleno de la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo para solicitar a los gobiernos de las entidades federativas y a la Secretaría de la Función Pública, el establecimiento de un Convenio de Coordinación, para instaurar un registro de Empresas Constructoras que participen en Licitaciones a cualquier nivel de Gobierno, con el objeto de mantener un antecedente del desempeño de cada una, previniendo que se contraten empresas que hayan incurrido en incumplimiento de contrato, de acuerdo con las siguientes
Consideraciones
Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el eje central de su estrategia es la persona, y por ella legislamos de manera permanente, para hacer valer sus derechos y reconocer sus obligaciones, construyendo conjuntamente un orden social justo, que se caracterice por atender intereses individuales y colectivos.
El acceso de las personas a la propiedad y a la formación de un patrimonio es, sin lugar a dudas, la base material de su desarrollo integral y la garantía de su dignidad.
Por otra parte, dentro de las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le confiere a la Secretaría de la Función Pública para este caso particular, se encuentran las siguientes:
"Expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación, a fin de obtener el mayor provecho del uso y goce de los mismos", con la coordinación de los estados y municipios; y
"Llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente."
Lo anterior tiene su justificación en el hecho de que estas empresas participan de manera constante a lo largo de la República Mexicana, como resultado de las licitaciones convocadas por las distintas instancias de gobierno, para realizar obra pública, construcciones y edificaciones.
Existen casos en los que algunas empresas constructoras no cumplen con los contratos establecidos, generando un agravio a las autoridades públicas relacionadas.
Por tanto, solicito la elaboración de un Registro de Empresas Constructoras, mismo que contenga la información sobre el desempeño de las mismas, así como del grado de responsabilidad y cumplimiento de sus contratos respectivos.
Acto seguido, se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que informe sobre este desempeño de las empresas constructoras a las entidades federativas y a los municipios, a fin de que la sociedad cuente con elementos de juicio contundentes, que le permita elegir las empresas que mejor satisfaga sus necesidades de construcción.
Compañeras y compañeros legisladores: esta proposición con punto de acuerdo atiende una necesidad justificable de la sociedad, puesto que está en juego su patrimonio. Por ello, los invito a sumarse a este esfuerzo, respaldando la propuesta, misma que nos convertirá en actores que colaborarán en dar una mayor certidumbre a las personas acerca de las empresas constructoras más eficientes y honestas en el ramo de la construcción, y con ello puedan tomar las mejores decisiones.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita a los gobiernos de las entidades federativas y a la Secretaría de la Función Pública, el establecimiento de un Convenio de Coordinación, para instaurar un registro de Empresas Constructoras que participen en Licitaciones a cualquier nivel de Gobierno, con el objeto de mantener un antecedente del desempeño de cada una, previniendo que se contraten empresas que hayan incurrido en incumplimiento de contrato.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a informar al público en general, sobre los resultados que arroje dicho registro.
Palacio Legislativo, a 12 de septiembre de 2005.
Dip. Salvador Márquez Lozornio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES CIVILES EN EL PROCESO DE REPATRIACIÓN VOLUNTARIA, A CARGO DE LA DIPUTADA RUTH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de las facultades contenidas en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la presente propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores a permitir la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil que apoyan a los migrantes y defienden sus derechos humanos, como observadores en el proceso de repatriación voluntaria 2006, con la siguiente
Exposición de Motivos
Se consideran como repatriados todos aquellos mexicanos, en situación vulnerable o no, que vuelven a territorio nacional, independientemente de si es de manera voluntaria o como resultado de la intervención directa de una autoridad extranjera.
Durante mucho tiempo, una gran cantidad de repatriados por intervención de autoridades extranjeras, principalmente estadounidenses, llegaban en condiciones realmente penosas. Frecuentemente se violaban sus derechos humanos y se cometían maltratos por la falta de revisión del proceso. Afortunadamente, esta situación ha ido cambiando paulatinamente gracias a un largo proceso de negociación diplomático. Una serie de acuerdos en los últimos 12 años nos han llevado a un convenio de Repatriación Voluntaria en donde por primera vez tenemos un marco binacional para dar un trato digno a los migrantes repatriados. Este acuerdo, representa los elementos básicos sobre los que debemos construir un mecanismo permanente de acción binacional, en donde se agreguen candados que garanticen el funcionamiento a largo plazo. Veamos brevemente el camino recorrido de estas negociaciones para reconocer los retos que aun nos faltan.
Los primeros resultados de esta negociación se dieron en 1993 cuando ambas naciones suscribieron un Acuerdo de Colaboración sobre la Problemática del Menor en la Frontera. Aunque éste convenio brindó algunas bases que se retomarían más tarde, en realidad no existían lineamientos definidos para realizar los procesos de repatriación y estos se ejecutaban sin notificación previa a la autoridad migratoria mexicana y sin plena certeza de que los repatriados fueran nacionales mexicanos.
En 1995, durante la reunión del Grupo de Trabajo sobre Migración y Asuntos Consulares de la Comisión Binacional México-Estados Unidos, se acordó formalizar acuerdos locales para la repatriación segura y ordenada a la frontera de nacionales mexicanos indocumentados. Por primera vez, se pactó que como parte del proceso de repatriación se debía contemplar la nacionalidad e identidad de los repatriados, los lugares y horas de la repatriación, la presencia de funcionarios mexicanos de migración en el punto de entrega y aspectos adicionales de interés local. Igualmente, se acordó que los procedimientos se realizarían con pleno respeto a los derechos humanos de los nacionales mexicanos. Además, se acordó incrementar la comunicación y la cooperación a fin de mejorar el sistema de elaboración de estadísticas relacionado con la repatriación de personas.
Dos años después, en el marco del Grupo de Trabajo de la XIV Comisión Binacional se avanzó nuevamente. Se acordó establecer un subgrupo en el marco del Grupo de Trabajo sobre Migración y Asuntos Consulares para trabajar en un convenio para establecer un adecuado proceso de repatriación. El Subgrupo sobre Repatriaciones Seguras y Ordenadas se reunió a principios de agosto de 1997, en Washington, DC para acordar los principios generales y criterios específicos para la repatriación, estos sirvieron de marco de referencia para la elaboración de "Arreglos Locales de Repatriación" a lo largo de la frontera en 16 puntos específicos. Durante 6 años, estos arreglos fue el único marco de colaboración en la materia.
Debido al elevado número de fallecimientos de nacionales mexicanos registrado en la zona fronteriza en los últimos años, en particular en la frontera Sonora-Arizona, además de otras razones, del 8 al 30 septiembre de 2003, la Border Patrol instrumentó unilateralmente el operativo llamado "Repatriaciones laterales", que consistió en la deportación de mexicanos arrestados en Arizona en puntos fronterizos en Texas. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los objetivos del programa eran reducir flujos migratorios en el corredor Naco-Douglas y en la zona oeste del desierto de Arizona; disminuir el número de fallecimientos; y combatir a las bandas de traficantes de migrantes. Durante el funcionamiento de ese programa se detectaron irregularidades que violaban lo establecido en los Acuerdos para la Repatriación Segura y Ordenada de Mexicanos, tales como: separación de familias; esposar a los repatriados durante los traslados; la repatriación de grupos numerosos de migrantes; fallas en la notificación consular; repatriaciones en horarios inadecuados; repatriación de menores; repatriación de extranjeros y quejas por falta de alimentación.
La unilateralidad y arbitrariedad de estas medidas, impulsaron nuevamente las negociaciones bilaterales para buscar un convenio que satisficiera a las partes. Así, se sentaron nuevamente en la mesa de negociaciones y para febrero de 2004, suscribieron el Memorándum de Entendimiento sobre la Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana de Nacionales Mexicanos. Al fin se llego a un marco que establecía los siguientes criterios de repatriación:
b) se verificara la nacionalidad de los repatriados;
c) repatriar, en forma individual, únicamente a mayores de 18 años;
d) repatriar a todos los migrantes de una familia en un mismo evento;
e) gozar de buen estado de salud y no trasladar a las nacionales mexicanas que se encuentren en estado de gravidez;
f) notificar oportunamente al Consulado de México correspondiente sobre la detención de connacionales y, previo al evento de una deportación, entregar al consulado las listas de los nacionales mexicanos que serán repatriados, y
g) coordinar adecuadamente las repatriaciones de grupos de connacionales definiendo horarios y frecuencia de las mismas.
El mismo año, y con el objeto de impulsar el acuerdo, se llevó a cabo un Programa Piloto de Repatriaciones Voluntarias al Interior, entre el 12 de julio y el 30 de septiembre. Con este programa, se realizaron 151 vuelos, de los cuales 125 arribaron a la Ciudad de México y 26 a la Ciudad de Guadalajara y fueron repatriados de forma voluntaria poco más de 14,067 connacionales. A su llegada a México, los participantes abordaban autobuses para ser transportados a un punto cercano a su lugar de origen.
En teoría, todos estos eventos se dieron en un marco pacífico y dentro del esquema de cooperación convenido. Sin embargo, hay reportes de diversos sectores y de los mismos migrantes que entraron dentro del programa que si existieron ciertas irregularidades. Primero, se menciona que no fue estrictamente un programa voluntario. A pesar de la negativa de algunos esos migrantes, fueron obligados a participar en el programa. Las autoridades norteamericanas no presentaron las listas de los repatriados o las presentaron con irregularidades o fuera de tiempo. Cuando fueron trasladados, no necesariamente fueron dejados en un punto cercano de su lugar de origen. Hubo migrantes que fueron llevados a Guadalajara cuando su destino era la Cd. de México. Y cuando fueron aprendidos y en el proceso de repatriación, el trato en algunos casos no respeto el convenio de dignidad del migrante. Algunos menores fueron repatriados sin su familia. Se encontraron centroamericanos que fueron repatriados a México. La oferta del programa resulto insuficiente en algunos casos.
Al mismo tiempo, a lo largo de toda la frontera, se continuaron realizado eventos de repatriación dentro del Programa de Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos que procede a partir de los acuerdos locales que mencionamos anteriormente. En estos casos también existieron irregularidades referentes al traslado de migrantes sin el previo aviso de las autoridades mexicanas o con el aviso prematuro. Listas igualmente incompletas o erradas. Separación de familias. Traslado de mujeres en horarios nocturnos y a puntos en donde se pone en riesgo su seguridad, entre otros.
Estos casos de irregularidades, nos deben hacer voltear hacia lo que esta sucediendo en el marco de estos acuerdos. Si bien es cierto que ya hemos avanzado bastante, y que vamos en el camino correcto, es necesario que estipulemos medidas que contribuyan a avanzar aún más. Es explicita la voluntad de las autoridades migratorias estadounidenses y las mexicanas de crear un marco para las repatriaciones realmente ordenado. Sin embargo, también es explicito que la buena voluntad de las partes diplomáticas no bastan. Es en el campo, con las autoridades que realizan en realidad este trabajo, en donde aun falta por avanzar. Muchas veces por cuestiones culturales o idiosincrasias o por meros errores técnicos se realizan actos u omisiones que violan los derechos de los migrantes o que fracturan los acuerdos convenidos. Es en la práctica en donde se tiene que concentrar el siguiente paso para profesionalizar ese sistema de repatriación, evitando a toda costa la violación de los derechos o el trato indigno de los migrantes. Por este motivo, además de la plena transparencia en la operación de estos procesos, debemos permitir que algunos grupos bien organizados y profesionalizados para el apoyo al migrante, puedan participar como observadores del proceso.
Un país realmente democrático y con plena transparencia en sus actos debe permitir que la sociedad civil bien organizada pueda observar los procedimientos de repatriación para que ninguno de los acuerdos sean omitidos ya sea intencionalmente o por error. Estos grupos que defienden y apoyan el respeto de los derechos de los migrantes contribuirían a establecer un mecanismo realmente eficiente en el proceso. Serían un mediador imparcial que como observador velaría por que no existieran irregularidades que dañaran a los mexicanos que regresan por esas vías y garantizarían la continuidad de este programa aun ante los cambios de gobierno de ambos países.
Por supuesto, son las autoridades de México y Estados Unidos quienes deben establecer las reglas para esta participación. Estas deben garantizar que los observadores tengan acceso a la información necesaria para cumplir con sus objetivos y sobre todo que puedan estar en todos los momentos que se consideren clave dentro de los procesos de repatriación, tanto en los puntos de entrega/recepción en la frontera como en los puntos de entrega/recepción al interior del país. Todo esto, a partir de los acuerdos que se establezcan para los siguientes años.
Por estas razones, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, esta propuesta que pretende contribuir en la búsqueda de un marco mas favorable para los repatriados, y procura contribuir a que hagamos un proceso más transparente, eficiente y digno en los procesos de repatriación ya acordados y que operan este año nuevamente
Por lo antes expuesto, y con fundamento en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en el marco del Programa de Repatriación Segura y Ordenada de Nacionales Mexicanos y el Programa de Repatriación Voluntaria al Interior, negocien un acuerdo con sus contrapartes de los Estados Unidos de América, para permitir la participación como "observadores del proceso de repatriación" a organizaciones civiles que brindan apoyo humanitario a los migrantes.
México DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2005
Dip. Ruth Trinidad Hernández Martínez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL SISTEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN A REACTIVAR LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES A FIN DE INICIAR LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA VACUNA CONTRA EL NEUMOCOCO, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA VILLALOBOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado federal José Ángel Córdova Villalobos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, Fracción II, 58 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo para exhortar al Sistema Nacional de Vacunación a fin de que se reactiven los proyectos para iniciar la aplicación gradual de la vacuna contra el neumococo.
Consideraciones
El streptococus pneumoniae o neumococo fue una de las primeras bacterias descritas a través de un microscopio y es reconocido como el principal causante de neumonía.
Existen más de 90 tipos distintos de neumococo identificados hasta el momento y permanece como un causante importante de enfermedades y muerte en el mundo.
La distribución del neumococo se considera universal puesto que ha sido detectado en regiones tan diversas como el Ártico y regiones Ecuatoriales. No distingue entre países ricos y en vías de desarrollo y ataca tanto a lactantes como adultos mayores. Los tipos de neumococo que existen en México son cercanos a aquellos encontrados en estados Unidos Mexicanos y Canadá.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce al neumococo como la principal causa de mortalidad en menores de 5 años, entre las enfermedades que se puedan evitar mediante una vacuna.
Se estima que todos los bebés lo tienen en su garganta antes de los 6 meses de vida. Ahí el neumococo se hace un residente habitual y es donde se aprovecha de los virus para provocar invasión y viceversa, siendo la conjunción de estos un factor de potenciación para generar enfermedad.
Una vez que el niño es portador nasofaríngeo, el neumococo puede tomar distintos caminos para provocar enfermedad, uno es invadir a través de la garganta y acceder al torrente sanguíneo y genera enfermedad, a este mismo se le conoce como Enfermedad Neumocócica Invasiva.
Las enfermedades provocadas por el Streptococcus pneumoniae o neumococo son al primera causa de muerte en el mundo en niños menores de 2 años - 1.2 millones de muertes estimadas.
Pese a las dificultades para registrar padecimientos de origen neumocócico, en México se estiman alrededor de 7,500 muertes anuales por neumonía y 1500 por meningitis en niños menores de cinco años. En México, el 95% de los casos de meningitis en niños son atribuibles a infecciones provocadas por neumococo, de acuerdo con datos del IMSS.
Los efectos de la presencia del neumococo se manifiesta principalmente en bebés y niños pequeños en forma de enfermedades que pueden llegar a ser mortales como:
Meningitis: que es la inflamación de las membranas que recubren el cerebro, esta deja secuelas graves como retraso psicomotriz en el 25 por ciento de los sobrevivientes, sordera en el 32 por ciento de los casos y muerte en aproximadamente el 8 por ciento.
Neumonía: en esta el neumococo es responsable entre el 50 y 70 por ciento de todos los casos de neumonía.
Bacteremia: su mortalidad varia entre el 5 y 6 por ciento presentándose tanto en la infancia como en la senectud.
Las temporadas de más alta prevalencia son invierno en el caso de las neumonías y abril y mayo en el caso de la meningitis.
En 2002, se estima que los costos de atención de enfermedades causadas por neumococo fueron de aproximadamente 3,100 millones de pesos.
Los infantes que viven en comunidades marginadas, por desnutrición, hacinamiento y carencia de servicios de salud, tienen mayores riesgos de contraer enfermedades provocadas por la bacteria.
Existen dos tipos de vacunas que ayudan a prevenir el neumococo, la no conjugada o polisacárida, desarrollada para los adultos mayores, misma que no funciona en niños menores de 2 años de edad y la vacuna conjugada heptavalente (que es autorizada y aprobada por la Secretaría de Salud como la única vacuna antineumocócica para niños desde los 2 meses de edad y hasta los 9 años.
La no aplicación de la vacuna antineumocócica tiene su principal fundamento en los presupuestos asignados para tal efecto, por lo que acontinuación se plasma el presupuesto para el Programa Nacional de Vacunación 2001-2005, en precios corrientes y Millones de pesos.
La Secretaría de Salud maneja para el programa de vacunación el esquema universal y el esquema básico para menores de 5 años. La vacuna antineumocócica se incorporo al cuadro básico de medicamentos del sector salud, aprobado por el Consejo de Salubridad General el 1 de Junio de 2003 con la clave 0145.
Para el 4 de julio de 2003 apareció en la lista de medicamentos asociados al catálogo de beneficios médicos del seguro popular.
El pleno del Consejo Nacional de Vacunación, en la primera reunión ordinaria celebrada el 17 de febrero de 2004, acordó incorporar en el periodo de la administración actual las vacunas antineumococo heptavalente, para disminuir la mortalidad por infecciones respiratorias agudas.
En la segunda reunión extraordinaria del Consejo nacional de Vacunación, celebrada el 5 de julio de 2004, se acordó iniciar la aplicación gradual de la vacuna antineumocócica con un millón de dosis.
Sin embargo cabe mencionar que la insuficiencia de recursos presupuestales, impidió poner en marcha este proyecto.
Cabe destacar que la Academia Mexicana de Pediatría así como la Asociación Mexicana de Pediatría A.C. y la Confederación Nacional de Pediatría de México, S.C. respaldan ampliamente la aplicación de la vacuna antineumocócica y su incorporación al esquema nacional de vacunación.
Existe el temor fundado de la proximidad de una pandemia de influenza proveniente de Asia y Europa. La pandemia de influenza contribuye sustancialmente a pérdidas económicas, exceso en el número de hospitalizaciones y muertes.
Se estima que en EUA provocaría hasta 207 mil muertes, 734 mil hospitalizaciones, 42 millones de visitas médicas y 47 millones de casos, con un costo de 150 mil millones de USD. En México, el impacto podría tener dimensiones inéditas.
La influenza va cambiando de cepas año tras año por lo que las vacunas también.
Existe una sinergia letal entre la influenza y el neumococo que representa altos índices de mortalidad por neumonía bacteriana secundaria durante las epidemias de influenza.
Un 70% de los casos de muerte en las pandemias de 1957 y 1968 fueron causadas por neumonía bacteriana.
Una ventaja principal es que esta vacuna permite la creación de memoria, además de que, cuando se completa el esquema recomendado, el niño modifica su estado de potador y no transmite los tipos de neumococo contenidos en la vacuna evitando la contaminación, es decir, protege a los sectores de población que no han sido vacunados.
Reconocemos que debido al costo del biológico, su implementación probablemente deberá ser progresiva iniciando con las poblaciones de mayor riesgo como los niños inmunosuprimidos o los que habitan en zonas de alta marginalidad, pero que poco a poco deberá integrarse a toda la población infantil dentro del esquema básico de vacunación, pues en salud debemos prioritariamente establecer acciones preventivas que finalmente redundaran en menor incidencia de enfermedades y muerte y en consecuencia en menor gasto de atención.
Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de mis atribuciones pongo a consideración de esta LIX Legislatura el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a la Secretaría de Salud a fin de que se incluya de manera progresiva la aplicación de la vacuna contra el neumococo dentro del esquema básico de vacunación iniciando con la población de mayor riesgo como son los niños con inmunosupresión o habitantes de zonas de alta marginalidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de septiembre de 2005.
Dip. José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS LOCALES A INTEGRAR UNA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, A CARGO DEL DIPUTADO EVARISTO CORRALES MACÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, a la consideración de esta soberanía, al tenor de las siguientes
Consideraciones
A pesar de lo anterior, México ha aprovechado en cierta medida, el proceso de desarrollo pesquero mundial sin precedentes, caracterizado por el uso de motores a diesel, el empleo de materiales sintéticos para construir redes y líneas, la polea motriz, el uso de refrigerantes, las bombas de succión, intercambiadores de calor, lo cual permitió mejorar notablemente las técnicas y métodos de captura, así como la autonomía de las embarcaciones y su poder de pesca.
Aunado a lo anterior, en nuestro país la apertura de caminos, la electrificación, la aparición de sistemas de enfriamiento sencillos y baratos como las plantas productoras de hielo y cuartos fríos, transformaron por completo las pesquerías, sobre todo aquellas cercanas a la capital y a las ciudades con mayor población.
Entre 1970 y 1982, la pesca recibió el mayor apoyo que se le ha dado, se crea el Departamento de Pesca en 1976 como dependencia autónoma, y en 1982 se transforma en la Secretaría de Pesca, realizando una importante labor durante los dos siguientes sexenios (1982-1994).
En esa etapa se impulsa la investigación, fundamental para el crecimiento y desarrollo pesquero, se apoya la acuicultura e inicia técnicamente la camaronicultura. La producción pesquera se incremento considerablemente de 254 mil toneladas en 1970, a un millón 565 mil en 1981. De esta forma la población, dedicada a la actividad de la pesca se incremento casi el doble pues en 1982, se tenia un registro de 117 mil 106 personas y para 2003 se tenia un estimado de 273 mil.
En el sexenio de 1994-2000, la pesca sufre un fuerte golpe al desaparecer la Secretaría de Pesca y transformarse nuevamente en Subsecretaría, desconociendo su importancia y centralizándose toda la administración e investigación en el Distrito Federal.
En el año 2001, la Subsecretaria de Pesca se transformó en una Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), con sede en Mazatlán. El decreto que crea la Comisión la cataloga como órgano desconcentrado de la SAGARPA, con múltiples funciones, pero con facultades reales y poder de decisión sumamente limitados que relegan su importancia. Su lejanía geográfica del sur y del noreste del país, aunado a su escaso poder de decisión han dificultado su accionar, en detrimento de los agentes del sector pesquero y acuícola.
Consideramos que la pesca es una actividad fundamental para el desarrollo y crecimiento del país. No obstante, el sector se ha desarrollado de manera asimétrica entre las distintas entidades del país y en las propias regiones pesqueras.
La importancia de este sector le ha valido ser reconocido en el Plan Nacional de Desarrollo. No cabe duda que es fuente importante de alimentos para la población, aporta insumos para la industria y divisas por la venta de productos de alto valor comercial. En el ámbito local, las actividades pesqueras se han convertido en elementos fundamentales del ingreso de segmentos importantes de la población y han impulsado el desarrollo económico regional.
Por lo que toca al marco jurídico que regula la pesca, el año pasado se reformó el artículo 73 de la Constitución Política, para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.
De esa participación local promovida por dicha reforma, se hace cada vez más necesaria la intervención de los estados en la elaboración del marco jurídico local que permita construir las normas que estimulen el desarrollo de la actividad pesquera. Necesitamos que nuestros Congresos locales, por medio de un ente especializado, atiendan de manera directa y específica, los asuntos relacionados con este sector.
El ejemplo más claro de la importancia de una Comisión de Pesca, está en las propuestas y avances que ha promovido la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados Federal, a través de la cual se han impulsado reformas legales, mayores recursos presupuestarios a la pesca, el acercamiento de las propuestas del sector a este cuerpo legislativo y una comunicación más estrecha de las legislaturas locales.
Punto de Acuerdo
Único: Con pleno respeto a la autonomía estatal, se exhorta a las Legislaturas locales de las distintas entidades federativas de la República Mexicana a que integren, en sus respectivos órganos de gobierno, una comisión de pesca y acuacultura que se encargue de atender los aspectos normativos relacionados con el sector pesquero.
Palacio Legislativo, a 12 de septiembre de 2005.
Dip. José Evaristo Corrales Macías (rúbrica)
Excitativas
A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ENERGÍA, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La Diputada Marcela Guerra Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicita respetuosamente, al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, formular una excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía, de conformidad con lo establecido en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de los siguientes:
Antecedentes
Uno.- Con fecha 10 de marzo de 2004 fue presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente, por la suscrita, una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a las Secretarias de Hacienda y Crédito Publico, y de Energía, así como a la Comisión Reguladora de Energía, a replantear la fórmula del precio del gas natural en México.
Dos.- La proposición en cuestión fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía para efectos de Dictamen en los términos de los artículos 87 y 88 del Reglamento antes invocado.
Consideraciones
I. Se sustentó la Proposición de referencia, en lo siguiente:
2. Pemex Gas, de acuerdo con la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, es un organismo público descentralizado de carácter técnico, industrial y con personalidad jurídica propia.
Este organismo está facultado para realizar las actividades relacionadas directa o indirectamente con su objeto legal, el cual consiste en el procesamiento del gas natural, líquidos del gas natural y el gas artificial; almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de estos hidrocarburos; así como de derivados que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas.
3. La Comisión Reguladora de Energía debe contribuir a salvaguardar la prestación de los servicios públicos, fomenta una sana competencia, proteger los intereses de los usuarios, propicia una adecuada cobertura nacional y atender la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
4. En el ámbito internacional en el año 2002, Pemex Gas se situó como la 8ª empresa procesadora de gas natural, con un volumen procesado cercano a los 4,000 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd), y como la 3ª empresa productora de líquidos, con una producción de 418 mil barriles diarios (mbd). Cuenta con una extensa red de gasoductos, a través de la cual se transportaron poco más de 4,000 mmpcd de gas natural, lo que la ubicó en el 10° lugar entre las principales empresas transportistas de este energético en Norteamérica.
5. En México, en el año 2002 Pemex Gas se posicionó como la 8ª empresa más grande del país por su nivel de ingresos, cercanos a los 9,000 millones de dólares, con activos del orden de 6,230 millones de dólares. Adicionalmente, Pemex Gas constituye una fuente importante de trabajo, al emplear a poco más de 12,000 trabajadores.
6. México es uno de los países con mayores reservas probadas de gas natural, las cuales se calculan en 22 billones de pies cúbicos (equivalentes a 4,460 millones de barriles de petróleo crudo) que al ritmo de producción actual son suficientes para satisfacer la demanda de gas natural del país durante los próximos 22 años.
7. Es incongruente que en México el gas natural tenga uno de los precios más altos del mundo y al mismo tiempo cuente con amplias reservas probadas de gas natural.
II. Es importante reconocer, que actualmente los seis Contratos de Servicios Múltiples que operan empresas privadas han contribuido a disminuir las compras al extranjero del combustible; sin embargo esto no ha sido suficiente.
México seguirá importando gas natural mientras no invierta recursos suficientes para aumentar la producción y así lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda.
En resumen, a pesar de que el Presidente Vicente Fox anunció que publicará un decreto sobre los precios de gas natural, para evitar que el desastre en Estados Unidos por el huracán Katrina incremente los costos del energético e impacte de manera negativa en la economía nacional, el gobierno no ha sabido plantear las modificaciones requeridas, ni implementar una política energética que permita la reinversión en la exploración y explotación del gas natural.
Consecuentemente, solicito de esta Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se sirva:
Único. En los términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite, remitiendo el presente documento, a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía de la Cámara de Diputados, a fin de que presente el Dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo que se identifica en esta excitativa.
Palacio Legislativo, a 12 de septiembre de 2005.
Dip. Marcela Guerra Castillo (rúbrica)
A LAS COMISIONES DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicitó respetuosamente de esta Presidencia, tenga a bien formular una excitativa a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura y Ganadería, para que a la brevedad posible dictaminen para su presentación en el pleno de esta soberanía la iniciativa de Ley de Protección y Conservación del Ecosistema Manglar, y de reformas y adiciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentada el pasado 4 de mayo del 2005 al tenor de los siguientes:
Antecedentes
El pasado 4 de mayo del 2005, el que suscribe presentó ante el Pleno de esta soberanía la iniciativa de Ley de Protección y Conservación del Ecosistema Manglar, y de reformas y adiciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
El Presidente de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura y Ganadería, por ser un tema de su competencia, para que emitieran el dictamen correspondiente.
Toda vez que aún no se emite el dictamen correspondiente de la iniciativa en comento, el que suscribe insiste y hace énfasis en la necesidad de expedir la normatividad que regule y proteja al ecosistema manglar.
En razón de lo anterior se expresan las siguientes:
Consideraciones
Primero.- El deterioro en el ambiente es innegable, lo podemos observar en los mares, las montañas, las zonas selváticas, las zonas forestales y todos aquellos ecosistemas a los cuales tenemos acceso como es el caso de los humedales costeros en zona de manglar.
Segundo.- En las zonas de manglar se encuentran innumerables especies de aves, reptiles, mamíferos, insectos, plantas epifitas, líquenes, hongos, los cuales constituyen una fuente de riqueza ambiental inigualable.
Tercero.- Los manglares son zonas de apareamiento y cría de gran cantidad de especies que sirven como base de la alimentación humana, son refugio para formas de vida marina en etapa larvaria, además protegen a las costas de la erosión, y han proporcionado durante siglos multitud de recursos a las poblaciones locales. Asimismo constituyen una verdadera fuente de centros de crianza de numerosas especies de importancia comercial para la pesca, de mantenimiento de la calidad del agua para la acuacultura y, de estabilidad a la zona costera para la permanencia de centros poblacionales.
Cuarto.- La destrucción de estos ecosistemas son alarmantes, hasta ahora, más del 50 por ciento de los manglares del mundo han desaparecido, históricamente se consideraba que el 75 por ciento de la línea de costa de los trópicos estaba cubierta por manglar; de ese total, hoy sólo queda 25 por ciento.
Quinto.- Además de las bondades ya mencionadas los manglares proveen protección contra inundaciones, huracanes y efecto del oleaje; control de la erosión de la línea de costa y cuencas; soporte biofísico a otros ecosistemas costeros; son proveedores de áreas de crianza, reproducción y alimentación de especies de importancia comercial; brindan mantenimiento de la biodiversidad; funcionan como trampas y almacenamiento de material orgánico, nutrientes y contaminantes; ayudan a la exportación de material orgánico; son pilar de la resistencia de sistemas costeros adyacentes; sirven como productores de oxígeno y lavadero del bióxido de carbono; se erigen como una trampa de agua dulce y recarga de mantos freáticos; ayudan a la formación de suelos y mantenimiento de fertilizantes además en la regulación de clima local y global; son hábitat temporal o total de especies de importancia comercial para la pesca; ayudan al mantenimiento de la calidad de agua para actividades acuícolas; se identifican íntimamente con los valores culturales, espirituales y religiosos asociados; son fuente de inspiración artística y sobre todo fuente de información científica.
Sexto.- La tala irracional de los árboles, ya sea con el fin de aprovechar la madera, destruir el manglar para reemplazarlo con alguna construcción turística o industrial, o de utilizar esas tierras para agricultura o ganadería trae graves consecuencias, tanto para el entorno marino, debido a que hay pesquerías dependientes del manglar, como el terrestre, porque ya no hay freno a la erosión o inundación por el mar.
Séptimo.- La preservación de los manglares tiene un papel fundamental para los seres humanos en muchos sentidos por lo que su protección a través de ordenamientos jurídicos se constituye como una prioridad, de ahí que la intención de la presente iniciativa se remonta a la omisa atención que dan las autoridades competentes al problema de la devastación de los manglares, denominados también humedales costeros en zona de manglar.
Por lo expuesto y fundado, a usted, Presidente de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:
Único. En los términos de los antecedentes y consideraciones expuestas, así como de conformidad con los preceptos legales invocados, solicito se sirva excitar a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Agricultura y Ganadería, para que presente el dictamen de la iniciativa de Ley de Protección y Conservación del Ecosistema Manglar, y de reformas y adiciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Palacio Legislativo de San Lázaro 12 de septiembre 2005.
Dip. Omar Ortega Álvarez (rúbrica)
A LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, A SOLICITUD DE DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESPECIAL SUR-SURESTE
El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre de los diputados integrantes de la Comisión Sur-Sureste con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicito respetuosamente a esta Presidencia, tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que a la brevedad posible dictamine para su presentación en el Pleno de esta soberanía, la iniciativa por el que se reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México, adquiera el carácter de comisión ordinaria y se le denomine Comisión para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México.
Antecedentes
Durante la sesión del día 7 de octubre del 2004, el suscrito presentó a nombre de los diputados integrantes de la Comisión Especial del Sur-Sureste de México, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción IX del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de que la Comisión Especial Encargada de Coadyuvar y dar Seguimiento a los Programas y Proyectos de Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México, adquiera el carácter de comisión ordinaria y se le denomine Comisión para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste de México.
La Presidencia de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por ser un tema de su competencia, a objeto de que emitiera el dictamen correspondiente.
En razón de lo anterior se expresan las siguientes:
Consideraciones
Primero.- El desarrollo regional se perfila como el medio más idóneo, mediante el cual se orientan las políticas sociales, económicas, ambientales, culturales y demográficas afines a los perfiles particulares de cada entidad federativa. En este marco, la planeación regional constituye un instrumento para armonizar la planeación a nivel federal y estatal que impacten en las políticas económicas-sociales y consecuentemente modifiquen la vida de todos los mexicanos, especialmente de los que viven en esa zona del país.
Segundo.- Con base en el principio de división de poderes, el Poder Legislativo Federal tiene la misión primordial de crear y actualizar las normas jurídicas que rigen la convivencia justa y pacífica entre los individuos de la sociedad mexicana, cuidando que las leyes, programas y políticas públicas adquieran una perspectiva que promueva la cohesión social, la equidad y la igualdad de oportunidades en ésta región. Considerando para las entidades federativas un marco respetuoso de concertación, entendimientos y consensos y de pleno respeto a la soberanía de los estados.
Tercero.- Consolidar un modelo de planeación para el desarrollo regional como un proceso continuo y permanente, donde el quehacer del Poder Legislativo esté acompañado de la necesidad de legislar al respecto, pensando permanentemente en las estrategias y prioridades de la Planeación Nacional de Desarrollo, para atacar los problemas de la reforma estructural corrigiendo los sesgos que han afectado negativamente la región Sur-Sureste de México.
Cuarto.- La región Sur-Sureste de la República Mexicana, comprendida por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, muestran un serio rezago en su desarrollo socioeconómico con respecto a las regiones del Centro y Norte. Entre otros factores, ello también ha derivado la aparición de intensos procesos migratorios tanto hacia las cabeceras regionales como en áreas de colonización espontánea, trayendo consigo un aumento de las economías informales urbanas y una ampliación de la frontera agrícola con impactos severos en las superficies forestales.
Quinto.- En virtud, de que la Comisión Especial del Sur-Sureste vislumbra urgente que en lo inmediato los gobiernos estatales cuenten con un canal para exponer sus necesidades y oportunidades, y estén en mejores posibilidades de contribuir al proceso de planeación-programación-presupuestación e incorporen sus propuestas, a objeto de elaborar los planes regionales de desarrollo, en la que los estados sean actores centrales y no espectadores en este proceso.
Sexto.- Crear una nueva visión de regionalización desde el Poder Legislativo, que garantice integración y articulación territorial considerando como básico los criterios de ataque a la pobreza, aprovechamiento intensivo de recursos en regiones con potencial, aspectos de regionalización, de recurrencia de mercados, organización social y cultural, aspectos étnicos, distribución de la población e ingreso, aspectos ambientales y localización de lugares regionales estratégicos para distribución de servicios, administración y apoyos a la producción.
Séptimo.- Que en virtud de que ha transcurrido en exceso el término de cinco días señalado en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Comisión de Reglas y Prácticas Parlamentarias emita el dictamen correspondiente, de la iniciativa presentada ante este Pleno el 7 de octubre de 2004; acudo ante esta honorable asamblea de conformidad al artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Presidencia de esta Mesa Directiva excite a la Comisión antes mencionada a efecto de que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción IX del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Por lo expuesto y fundado, se solicita, a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, muy atentamente se sirva:
Único. En los términos de los antecedentes y consideraciones expuestos, así como de conformidad con los preceptos legales antes citados, se sirva excitar a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que presente el dictamen que corresponde a la iniciativa, con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la fracción IX del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Dip. Ángel Alonso Díaz-Caneja, Presidente (Rúbrica); Dip. Francisco Herrera León, Secretario (Rúbrica); Dip. Jesús Vázquez González, Secretario (Rúbrica); Dip. Francisco Chavarría Valdeolivar, Secretario (Rúbrica); Dip. Rogelio Rodríguez Javier, Dip. Juan Antonio Gordillo Reyes, Dip. Belizario Iram Herrera Solís, Dip. Roger David Alcocer García (Rúbrica), Dip. Guillermo Zorrilla Fernández, Dip. Ernesto Alarcón Trujillo (Rúbrica), Dip. Ubaldo Aguilar Flores (Rúbrica), Dip. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Dip. Alfredo Rodríguez y Pacheco (Rúbrica), Dip. Ángel Pasta Muñuzuri (Rúbrica), Dip. Francisco Rojas Toledo (Rúbrica), José Orlando Pérez Moguel (Rúbrica), Dip. Rosa María Avilés Nájera (Rúbrica), Dip. Abraham Bagdadi Estrella, Dip. Juan García Costilla, Dip. Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Dip. Jesús Martínez Álvarez.
A LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y DE DEFENSA NACIONAL, A SOLICITUD DE LOS DIPUTADOS MARÍA DE JESÚS AGUIRRE MALDONADO Y EDUARDO ALONSO BAILEY ELIZONDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Los que suscriben, María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 21 y en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Defensa Nacional a fin de elaborar el dictamen correspondiente a la iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 160, 161 y 162 del Código Penal Federal; se reforman los artículos 26, inciso D, y 83 Bis, fracción II, segundo párrafo, se adiciona el 85 Bis, numeral 1, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y se adiciona al artículo 194 inciso I, el numeral 9 Bis y a la fracción III los numerales 6, 7 y 8 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Antecedentes
El pasado martes 8 de febrero del año en curso, el Diputado Eduardo Bailey Elizondo y una servidora presentamos ante esta soberanía una iniciativa de ley que, en vista del desmedido crecimiento de la inseguridad y la delincuencia organizada en el país, y de la insuficiencia de las disposiciones legales actuales para hacer frente a estos flagelos, aporta elementos de valor que permiten reforzar la lucha que debe darse contra estos delitos en todos los niveles.
Es evidente que la acción del Estado mexicano hasta ahora ha sido claramente limitada para inhibir la portación y el uso de armas de fuego en la comisión de delitos. Sin ánimo de parecer alarmista, se debe reconocer que basta leer los periódicos o escuchar los noticieros cada mañana para darse cuenta de que es cada día más palpable que las instituciones encargadas de la prevención de la delincuencia y de la persecución de los delitos han sido rebasadas por el fenómeno de la delincuencia.
Nuestra tarea principal como legisladores es crear o mejorar los ordenamientos legales que, entre otras cosas, aporten seguridad a los mexicanos, no sólo con una persecución eficaz de los delitos, sino sobre todo, con la prevención de los mismos, ya que es por todos sabido que numerosos especialistas en el tema coinciden en señalar que este factor, el de la prevención, juega un papel de primer orden en el combate de los delitos.
En este sentido, la propuesta mencionada básicamente establece dos grandes acciones, una de carácter preventivo, permitiendo el otorgamiento de licencias para la portación de armas únicamente a quienes NO hayan cometido un delito doloso con el empleo de las mismas; y la otra acción, basada en el establecimiento de que dicha portación ilegal será calificada como delito grave, lo cual lleva implícita la disposición legal de no ser acreedores a los beneficio de la libertad bajo caución. En resumen la finalidad es que las autoridades competentes en la materia cuenten con los dispositivos legales para sancionar de manera más efectiva la inseguridad que cada día se va incrementado en nuestro país.
Por lo expuesto anteriormente, y atendiendo a que ha transcurrido el tiempo a que se refiere el artículo 87 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos para que las Comisiones elaboren y presenten los Dictámenes correspondientes a las Iniciativas que se les turnan, solicitamos respetuosamente a esta Presidencia tenga a bien formular una excitativa a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de Defensa Nacional para que procedan a la elaboración del dictamen relativo a la Iniciativa por la que se reforman y adicionan los ordenamientos mencionados en la introducción de la presente excitativa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los doce días del mes de septiembre de 2005.
Dip. María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Dip. Eduardo Bailey Elizondo (rúbrica)
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