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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a suspender la "convocatoria pública para obtener títulos de autorización a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera", a cargo del diputado Javier Villacaña Jiménez, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que integre una subcomisión encargada de estudiar la viabilidad de emprender el sistema nacional de banca y crédito regional, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 recursos que apoyen a los cacaoteros de los municipios de Comacalco, Jalpa de Méndez y Cunduacán, del estado de Tabasco, a cargo del diputado Rogelio Rodríguez Javier, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo a integrar una subcomisión con la finalidad de estudiar la Ley de Coordinación Fiscal y las fórmulas aplicadas para la distribución de los recursos federales a estados y municipios, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Seguridad Social que integre una subcomisión para estudiar detalladamente la forma de dar certidumbre a los fondos de pensiones y llevar a cabo una revisión de la edad de jubilación que no afecte los derechos adquiridos por los trabajadores, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 una partida especial para la reconstrucción de la zona afectada por el huracán Wilma, en particular en el estado de Quintana Roo, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Trabajo y Previsión Social que integre una subcomisión para estudiar la posibilidad de establecer una ley del trabajo doméstico, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Transportes que integre una subcomisión para estudiar la posibilidad de homologar los precios de las tarifas de transporte público en las zonas metropolitanas del país, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para incluir en el rubro de Puertos del Programa de Obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la construcción de una dársena de abrigo para embarcaciones menores en Santa Clara, Yucatán, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a establecer una partida especial para construir una estación migratoria en Tultitlán, estado de México, suscrita por los diputados Adriana González Carrillo, Guadalupe Suárez Ponce y Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión de Presupuesto de esta soberanía a participar en las acciones de prevención de la pandemia producida por el virus de la influenza aviar, suscrita por los diputados Emilio Serrano Jiménez, Rafael García Tinajero Pérez, del grupo parlamentario del PRD; Pablo Anaya Rivera, del grupo parlamentario del PRI; y Guillermo Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del PVEM.
- Con punto de acuerdo, para solicitar un incremento a la Sedena en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, a fin de instalar un arco para revisión y detección de armas y drogas en la carretera transpeninsular en Baja California Sur, a cargo del diputado Isidro Camarillo Zavala.
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 se provea de recursos al INEGI para las erogaciones correspondientes al cumplimiento de los laudos relativos al caso de los trabajadores despedidos injustamente por ese Instituto desde 1999, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 los recursos destinados al INAH y al Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Federal Electoral a ejercer mayor presupuesto en la promoción del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, suscrita por los diputados Eliana García Laguna, Juan José García Ochoa y Emilio Zebadúa González, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT que programe y ejecute la repavimentación de 45 kilómetros de carretera con destino a La Bocana, municipio de Mulegé, Baja California Sur, a cargo del diputado Isidro Camarillo Zavala.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a esta soberanía que provea en el proyecto de Ley de Ingresos de 2006 la participación de los municipios en los ingresos provenientes de las Administraciones Portuarias Integrales que se encuentren en sus jurisdicciones, a cargo de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Directivo de la Sociedad Hipotecaria Federal a atender el punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el mes de agosto del presente año, sobre abstenerse de cobrar multas improcedentes a los desarrolladores de vivienda, a cargo del diputado Felipe de Jesús Díaz González, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a intervenir en el conflicto entre la cooperativa de refrescos Pascual y los dueños de dos predios que ocupa ésta; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía, a destinar una partida para apoyar a estos cooperativistas en el pago de los predios, a cargo del diputado Pablo Franco Hernández, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 recursos económicos que contribuyan al desarrollo de la comunidad huichola Wixarika, localizada en la Sierra Madre Occidental, que comprende diversos municipios de Jalisco, Zacatecas, Durango y Nayarit, a cargo del diputado Benito Chávez Montenegro, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 los recursos destinados al Instituto Mexicano del Cine, al Centro de Capacitación Cinematográfica y a los Estudios Churubusco-Azteca, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Conade a impulsar la creación de una coordinación encargada de vigilar el fomento de la educación y la cultura físicas en las escuelas de educación básica, a cargo del diputado Gerardo Ulloa Pérez, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, a fin de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 una partida especial para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes destinada a la pavimentación de caminos en los cinco municipios de Baja California Sur, a cargo de la diputada Esthela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, para que esta soberanía se pronuncie en favor del fortalecimiento de la ONU, en la conmemoración de su sexagésimo aniversario, suscrito por los diputados Adriana González Carrillo, Blanca Gámez Gutiérrez y Rodrigo Iván Cortés Jiménez, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, a efecto de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 una ampliación en los recursos destinados al ISSSTE para la compra total de cartera de los créditos cofinanciados por el Fovissste, a cargo del diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a adoptar por conducto de la Semarnat, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios las medidas necesarias para la próxima temporada de caza, por el riesgo que implica el contagio de la gripe aviar, a cargo de la diputada Blanca Eppen Canales, del grupo parlamentario del PAN.
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A SUSPENDER LA "CONVOCATORIA PÚBLICA PARA OBTENER TÍTULOS DE AUTORIZACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY ADUANERA", A CARGO DEL DIPUTADO JAVIER VILLACAÑA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Javier Villacaña Jiménez, somete ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que la H. Cámara de Diputados exhorte al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a suspender la "convocatoria pública para obtener títulos de autorización a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera", expedida por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El 11 de octubre pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una "convocatoria pública para obtener títulos de autorización a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera", del Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En ella, se convoca a las personas morales interesadas en obtener un título de autorización para prestar al SAT los servicios de facilitación del reconocimiento aduanero de mercancías que deberán ser provistos de manera integral por el proveedor de servicios que logre la autorización, suministrando las herramientas, personal calificado y demás recursos necesarios para su ejecución.
Las funciones específicas de las personas morales que podrían ser autorizadas serían:
b) Clasificación arancelaria de la mercancía sujeta a la revisión, de conformidad con el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.
c) Verificación, documental o en sitio, de la veracidad del valor, proveedor/productor, y el origen, declarados en la factura y/o demás documentos presentados con motivo de la importación de la mercancía sujeta a revisión o para comprobar su legal estancia en territorio nacional.
Lo relevante de la convocatoria que motiva la proposición con punto de acuerdo es debido a las siguientes:
Consideraciones
Primero. Lo grave es que en un asunto de tal envergadura como es la suscripción de una convocatoria por la que se pretende otorgar títulos de autorización para prestar al SAT los servicios de facilitación del reconocimiento aduanero de mercancías por personas morales, fue suscrito por el Administrador Central de Apoyo Jurídico del SAT "en suplencia" del Administrador General de Innovación y Calidad del SAT, quien por su competencia debió haberlo firmado, situación que genera inquietud del porqué no fue suscrito por la persona competente.
Segundo. Para la publicación de la convocatoria, la misma fue suscrita el mismo día de la publicación del Diario Oficial de la Federación, como se acredita el documento publicado, lo cual demuestra que la convocatoria es un asunto de mero trámite y que lo más seguro es que quienes vayan a verse beneficiados con dichas autorizaciones, ya están definidas.
Tercero. Los tiempos definidos por la propia convocatoria establecen que la autorización a las personas morales que realizarían la actividad en suplencia de la autoridad competente, que realizarían las funciones de revisión de las mercancías que entran al país, clasificación arancelaria de la mercancía y verificación documental de los documentos que acrediten la legalidad de la mercancía, estarían listas para ejercer la función en menos de un mes. Es decir que para el próximo 7 de noviembre ya tendríamos empresas particulares, seguramente extranjeras, para realizar dicha actividad dentro y fuera del país, con toda la discrecionalidad que ello implica.
Cuarto. En dicha convocatoria se establece que las personas morales, para la verificación documental o en sitio, de la veracidad del valor, proveedor/productor, y el origen, declarados en la factura y/o demás documentos presentados con motivo de la importación de la mercancía sujeta a revisión o para comprobar su legal estancia en territorio nacional, podrán hacerlo en los lugares donde esté ubicada la mercancía, lo que quiere decir es que dichas empresas podrán realizar verificaciones de mercancías extranjeras en su país de origen, para que al arribo al territorio nacional ingresen sin ningún mecanismo de control o verificación.
Lo anterior sin duda, se advierte como una grave lesión a la soberanía, a la seguridad nacional y a la economía de nuestro país, debido a que un particular autorizado por el SAT, de forma independiente, sin control y con total discreción, podría permitir la entrada del denominado "contrabando documentado". Asimismo, se generaría el riesgo de que en cualquier momento pudiera ingresar al país cualquier tipo de mercancía.
El permitir que la figura planteada por el SAT a través de la convocatoria, inicie sus operaciones, promoverá sin duda el incremento desmedido del contrabando en nuestro país. Debemos tomar conciencia del riesgo que ello implica.
Quinto. Abunda la convocatoria que las personas que serán autorizadas deberán acreditar contar con una cobertura mundial, lo cual de inicio, define un mensaje entre líneas, el cual establece que difícilmente podrán competir empresas mexicanas para prestar dicho servicio, lo que implica la contratación inminente de extranjeros o empresas que fueron previamente seleccionadas.
En fin son muchos los aspectos que en la propia convocatoria no están claramente definidos y con ello se mantiene un riesgo muy grave para la soberanía de nuestro país; por lo tanto, el titular de la Secretaría de Hacienda deberá aclarar y definir puntualmente los términos de la convocatoria publicada, que además deberá ser de forma urgente ya que en menos de un mes estarían autorizadas a las empresas convocadas.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado presenta ante esta honorable Asamblea la siguiente
Proposición con Punto de Acuerdo
Único.- La H. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Servicio de Administración Tributaria órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en términos de sus atribuciones conferidas por la ley, suspenda la denominada "convocatoria pública para obtener títulos de autorización a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera", hasta en tanto se informe y aclare de forma satisfactoria a esta Soberanía, los términos e implicaciones del otorgamiento de los títulos de autorización, a fin de no vulnerar la soberanía de nuestro país y no generar una competencia desleal para el sector aduanero nacional.
Asimismo, informe a esta soberanía, en los términos de sus atribuciones, la situación del contrabando en México y qué impacto tendría esta medida para lograr mejores resultados en el combate al contrabando y a la corrupción en las aduanas de nuestro país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre del 2005.
Dip. José Javier Villacaña Jiménez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO QUE INTEGRE UNA SUBCOMISIÓN ENCARGADA DE ESTUDIAR LA VIABILIDAD DE EMPRENDER EL SISTEMA NACIONAL DE BANCA Y CRÉDITO REGIONAL, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Considerando que
2. No obstante, parece no haber poder explicativo de las variables que tradicionalmente influyen en el ahorro de los individuos. De hecho, estudios recientes sobre la evolución del ahorro privado sugieren cierta insensibilidad a por lo menos una de esas variables: las tasas de interés. La incertidumbre de largo plazo sobre el futuro de la economía ha hecho que aunque se ofrezcan atractivas tasas de interés los inversionistas no responden en la forma esperada. Ésta no es una situación privativa de México.
3. Un estudio publicado por el Banco Mundial que incluye estadísticas de dieciocho países de nivel medio de desarrollo, afirma que "estimaciones de la respuesta del ahorro agregado ante un movimiento de las tasas de interés reales no proporcionan ningún soporte a la asociación positiva entre estas variables". Además de ello, "estimaciones de la respuesta de la tasa esperada de crecimiento del consumo agregado a la tasa de interés real esperada indican que la sustitución intertemporal del consumo es muy pequeña, implicando escasa respuesta en las tasas de interés sobre el ahorro".
4. Todo parece indicar que altas tasas de interés tienen efectos perversos sobre el ahorro gubernamental, derivado del impacto que tienen sobre el servicio de la deuda interna, lo que reduce la capacidad del gobierno para financiar inversiones. Además de ello, dada la complementariedad entre las inversiones públicas y privadas que caracteriza a economías como la nuestra; las empresas retienen sus ganancias en lugar de invertirlas y prefieren recurrir a los bancos para expandir sus inversiones. En suma una política de altas tasas de interés reduce las inversiones privadas.
5. El ahorro privado está determinado por cinco tipos de variables: 1) las reales tales como ingreso y crecimiento económico; 2) monetarias entre las cuales están las tasas de interés y la inflación; 3) variables fiscales, tales como tratamiento tributario favorable a algunos segmentos de la economía; 4) variables institucionales, como el desarrollo del sistema financiero, del sistema de pensiones y grado de libertad financiera, por último; 5) en México una variable muy significativa es la precaución.
6. La conclusión empírica de que las tasas de interés no influyen significativamente sobre el ahorro en México sugiere la necesidad de buscar otras variables explicativas. Aún ante la posibilidad de alteraciones en la política fiscal que afecten positivamente los niveles de ahorro nacional, la relación estadística encontrada por la literatura sugiere que una reforma fiscal integral es insuficiente para liberar recursos que permitan el financiamiento del desarrollo económico regional en nuestro país; por lo que es necesario diseñar una estrategia para que el sistema financiero pueda colocar eficientemente el ahorro privado entre proyectos rentables de carácter regional.
7. Todas las explicaciones aceptadas del crecimiento económico muestran que el desarrollo de los mercados financieros es una de las variables más importantes, junto con el capital humano y las inversiones en infraestructura y tecnología; para explicar las diferencias que existen en el crecimiento del ingreso per capita de las naciones. En otras palabras, países que tengan un sistema financiero sólido, desarrollado regionalmente, son aquellos en los cuáles el incremento de la producción se ha traducido en mejores condiciones de vida para sus poblaciones.
8. El establecimiento de una red nacional de bancos e instituciones de crédito, la consiguiente expansión regional y la proporción de ahorro destinada a las inversiones por parte del sector financiero están seriamente limitados si existe una estructura de regulación restrictiva que impida la mayor competitividad financiera. Donde se desregula de manera adecuada, surge el financiamiento necesario para el desarrollo regional. Por ejemplo, la incidencia de controles macroeconómicos que llevan a excesos en la tributación sobre transacciones financieras, pueden imponer elevados límites de reservas que los bancos no puedan cubrir, generando un desincentivo a la apertura de agencias regionales que fomenten el desarrollo económico regional. Por ello, para evitar prácticas anticompetitivas en el mercado financiero que imposibiliten su expansión, es necesario que la regulación sea formulada con especial atención. La historia del sistema financiero mexicano es devastadora, desde la estatización de la banca en 1982 hasta el quebranto financiero de 1995; sin embargo, los controles prudenciales deben ser formulados teniendo cuidado de no entorpecer el funcionamiento del sistema de financiamiento productivo local.
9. Lo que debemos buscar es que el sistema financiero mexicano cumpla con el papel fundamental de mejorar la productividad social del capital, por medio de una colocación más eficiente de los recursos y con mayores efectos multiplicadores para la economía regional de lo que lo es actualmente.
10. Las disparidades regionales de distribución de las instituciones de crédito en México son preocupantes. El sistema bancario nacional cuenta, aproximadamente, con 6,500 sucursales bancarias. De ellas, aproximadamente 4,100 sucursales se localizan en las tres zonas metropolitanas más importantes del país: la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, la Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara y la Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey; con un promedio, esas zonas metropolitanas, de 1366 sucursales bancarias cada una. De las 2,400 sucursales de bancos que quedan, aproximadamente 1100 están ubicadas en los 29 municipios que son capitales del resto de las entidades federativas, con un promedio de 38 sucursales bancarias en cada capital de cada estado del país. Así que quedan 1,300 sucursales bancarias; pero como tenemos más de 2,450 municipios del país; ello significa que sólo alrededor de 1,400 municipios de nuestra nación cuentan al menos con una sucursal bancaria y estamos, por lo tanto, ante el evidente problema de que más de 1,000 municipios dentro del territorio nacional no cuentan ni siquiera con una sucursal bancaria. ¿Podemos pensar en un sistema regional de crédito en esas circunstancias? Evidentemente que no.
11. Si queremos fomentar el desarrollo económico regional, por lo tanto, es necesaria la creación de un Sistema Nacional de Banca y Crédito Regional. Los términos, las condiciones y las normas bajo las cuales dicho Sistema Nacional de Crédito Regional tendría que operar, deben empezar a ser diseñados.
Punto de Acuerdo
Único. Solicitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la integración de una subcomisión que tenga como finalidad emprender los estudios necesarios para analizar la viabilidad de emprender el sistema nacional de banca y crédito regional.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE CONSIDERE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 RECURSOS QUE APOYEN A LOS CACAOTEROS DE LOS MUNICIPIOS DE COMACALCO, JALPA DE MÉNDEZ Y CUNDUACÁN, DEL ESTADO DE TABASCO, A CARGO DEL DIPUTADO ROGELIO RODRÍGUEZ JAVIER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Rogelio Rodríguez Javier, diputado federal de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72, 73 y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a su consideración el siguiente punto de acuerdo, mismo que solicito sólo sea turnado a comisiones, para su dictamen y discusión en el Pleno de ésta H. Cámara de la Quincuagésima Novena Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con base en las siguientes
Consideraciones
El 81% de la población rural vive en miseria, 2 de cada 3 mexicanos que viven en pobreza extrema, están en el campo y en 2008 inicia la apertura arancelaria.
Históricamente la agricultura ha sido el sector más desprotegido del país, hoy las expectativas no son muchas.
En el mes de enero de 2003 el Tratado de Libre Comercio eliminó casi todos los impuestos sobre productos agrícolas entre los países que integran el TLC, confrontando a los agricultores mexicanos con una competencia desenfrenada, para la cual, están pobremente preparados. El gobierno mexicano se ha tardado en entrar en acción para defender el desesperado sector agrícola.
El Presidente Vicente Fox, públicamente se declara del lado de los campesinos, pero su reputación por favorecer consistentemente las inversiones extranjeras cuestiona su sinceridad.
La marginación, la falta de tecnología y apoyo, y el olvido son algunos de los problemas que contribuyen a que la situación sea alarmante. Datos de la Presidencia de la República afirman que la inversión histórica para el campo es de más de 120 mil millones de pesos de manera integral. A pesar de que nunca se había invertido tanto dinero al sector, aún no es suficiente.
Las perspectivas de lograr un crecimiento económico sostenido y niveles de vida más altos descansan en gran medida en la capacidad de exportar más productos agrícolas a los mercados mundiales y de aumentar la productividad del campo. Pero la capacidad de la región para incrementar sus exportaciones sigue topando con serios obstáculos que se levantan más allá de sus costas, específicamente la carencia de apoyo en esta actividad.
El cacao es una fruta de origen tropical con la que se produce el chocolate. Su importancia en la economía es enorme, ya que es uno de los productos de nuestro país más codiciados por los europeos. Al respecto la academia francesa de la chocolatería y la confitería otorgó el pasado junio del año en curso, su gran premio a los cultivadores de cacao mexicanos por la calidad del fruto que producen.
A pesar de que los productores de cacao de tabasco han hecho grandes esfuerzos para desarrollar y mejorar la calidad de su producto en base a la alta tecnología, se requieren recursos suficientes para mantener la calidad de este producto, misma que ha sido reconocida a nivel internacional.
Por ende es menester apoyar a los cacaoteros, ya que de lo contrario, la economía mundial se consolida y, no permitirá a nadie permanecer fuera por mucho tiempo.
Según estimaciones, en un futuro, de los cinco millones de familias rurales, sólo una vivirá de la agricultura en México, por lo que la situación del campo está a punto de la quiebra.
En consecuencia y en respuesta puntual al sector cacaotero someto a consideración de esta representación popular el siguiente punto de acuerdo.
Único.- Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Agricultura de esta H. Cámara de Diputados a que, en el marco de las modificaciones al Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2006, se destinen más recursos a fin de apoyar a los cacaoteros de los municipios de Comalcalco, Jalpa de Méndez y Cunduacán del estado de Tabasco, principalmente.
Palacio Legislativo, a 25 de octubre de 2005.
Dip. Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO A INTEGRAR UNA SUBCOMISIÓN CON LA FINALIDAD DE ESTUDIAR LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y LAS FÓRMULAS APLICADAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES A ESTADOS Y MUNICIPIOS, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Considerando que
2. En México, la lucha por el federalismo está asociada a las aspiraciones de desarrollo de las diversas regiones que lo conforman. Entre nosotros no existe el problema de choques de nacionalidades o de conflictos culturales asociados a disparidades religiosas, como existen en otras latitudes. El problema fundamental en México es el de la dependencia económica de ciertas regiones y entidades con respecto a otras, de asimetría en las relaciones entre entidades y municipios; entre estados y la federación. En la diversidad de los estados están las raíces de nuestra riqueza cultural. Pero la preservación de la riqueza exige que el desarrollo material se difunda por todo el territorio nacional.
3. Los dos trazos centrales que dan vida, en la práctica, al federalismo mexicano son, por una parte, la conciencia de unidad nacional y, por otro lado, lo irreductible de la identidad estatal.
4. En este contexto, el fortalecimiento del federalismo exige tomar conciencia de la gravedad de los desequilibrios regionales y estatales que han venido produciendo un proceso de desarrollo económico concentrado en tres zonas metropolitanas del territorio nacional. Fruto de esta toma de conciencia debe ser la creación de órganos de desarrollo regional y estatal con la función explícita de introducir elementos compensatorios de la tendencia concentradora que se ha venido generando históricamente.
5. El centralismo de los gobiernos posrevolucionarios se fundó en una visión del país que daba excesivo énfasis a la idea de la seguridad nacional. Surgió una interdependencia estructural que favoreció a la región más urbanizada. Sin embargo, el centralismo es hoy en día una redundancia pues contribuye a agravar los notorios aspectos negativos del centralismo económico. La experiencia ha demostrado que en la construcción de una Federación, la desigualdad inicial entre regiones y estados reproduce la desigualdad de ingreso y riqueza. En una Federación sólo es posible detener las tendencias estructurales al centralismo económico mediante la acción pública.
6. Una de las características más significativas de la Federación mexicana es su enorme diversidad. Históricamente, la convivencia de varios estadios de desarrollo económico en el territorio nacional generó enormes disparidades socioeconómicas entre las regiones. En la actualidad, aunque las disparidades han disminuido, las desigualdades socioeconómicas interregionales, interestatales e intermunicipales continúan siendo un signo característico de la economía mexicana.
7. Evidentemente, la capacidad de obtención de recursos propios no escapa a las características locales asociadas a las disparidades económicas interregionales: la concentración de bases económicas en algunas regiones, unidades federativas y municipios explica la distribución desequilibrada de la recaudación tributaria global y por niveles.
8. Para atenuar los efectos de las disparidades de desarrollo económico entre estados y municipios del país se utilizan actualmente sistemas de transferencias intergubernamentales normados a través de la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo propósito es la corrección de los desequilibrios intermunicipales, interestatales e interregionales en el desarrollo económico, social y productivo. Ahora bien, las transferencias intergubernamentales se financian con recursos obtenidos en el nivel superior de gobierno, la federación; es decir, con impuestos federales y se distribuyen a través de fórmulas cuyos criterios son en tesis de carácter redistributivo.
9. La importancia de las transferencias intergubernamentales en la estructura de financiamiento de las unidades receptoras en México no sólo ha sido alta, sino que además ha sido creciente. A pesar de ello, entidades que han recibido enormes cantidades de recursos no han logrado abatir los más elementales problemas sociales. Por otro lado, al considerar elementos normativos en las fórmulas de distribución de los recursos que implican favorecer la pobreza rural, poco se ha podido avanzar en el combate a las manifestaciones de la pobreza urbana. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, uno de los más importantes mecanismos de redistribución de ingresos entre las entidades en nuestro país, sólo considera 5 indicadores fundamentales: ingreso per capita del hogar, nivel educativo promedio del hogar, disponibilidad de espacio en la vivienda, disponibilidad de drenaje y electricidad y tipo de combustible para cocinar. Como se puede apreciar, características y manifestaciones típicas de la pobreza en las grandes ciudades tales como transporte urbano e inseguridad no son incluidas en la fórmula para la distribución de una parte importante de las transferencias federales hacia estados y municipios.
10. Actualmente, las fórmulas de distribución de los recursos federales a través la Ley de Coordinación Fiscal y sus antecedentes llevan 10 años de vigencia y aplicación y podemos hacer un balance de lo hasta aquí se ha logrado.
Único. Solicitar a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo integre una subcomisión con la finalidad de estudiar detalladamente la Ley de Coordinación Fiscal y las fórmulas aplicadas para la distribución de los recursos federales a estados y municipios.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL QUE INTEGRE UNA SUBCOMISIÓN PARA ESTUDIAR DETALLADAMENTE LA FORMA DE DAR CERTIDUMBRE A LOS FONDOS DE PENSIONES Y LLEVAR A CABO UNA REVISIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN QUE NO AFECTE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS TRABAJADORES, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Considerando que
2. Los gastos en los sistemas de pensiones en las cuentas de los gobiernos es una cuestión que preocupa también a los países en desarrollo. En América Latina, los valores son relativamente elevados, especialmente cuando se toman en cuenta los bajos niveles de cobertura poblacional que dichos sistemas tienen en esta región del mundo. En Argentina, por ejemplo, la seguridad social distribuye pagos en pensiones equivalentes al 13% del PIB, es decir valores superiores a los 15 mil millones de dólares. En Brasil, considerando los pagos en pensiones del sistema oficial más los pagos que se deben hacer a los jubilados del gobierno federal la suma pagada anualmente es superior a los 50 mil millones de dólares.
3. El sistema de pensiones es fundamentalmente un fenómeno de la sociedad industrial. Su precursor fue Bismark que en 1981 implantó en Alemania el primer sistema oficial conocido. Antes de eso, la seguridad social tenía un carácter familiar; esto es, los miembros jóvenes de las familias mantenían a los ancianos. A partir de la urbanización de las sociedades y de la desagregación, de las familias en su sentido amplio, se hizo necesaria la absorción del sistema por parte del Estado. La forma más tradicional de realización de ese proceso fue por medio del sistema de distribución. En él, los trabajadores activos tienen que pagar una cuota y el fondo así creado es distribuido, de acuerdo con determinados criterios, entre los jubilados, generando, por lo tanto, transferencias intergeneracionales de los recursos. Un requisito básico para su implementación es la existencia de un aparato estatal coordinado, capaz de generar intertemporalmente el sistema.
4. Un fenómeno más moderno fue la creación del sistema de retiro por capitalización. De acuerdo con tal sistema, las contribuciones aportadas por los individuos, son acumuladas en cuentas individuales, las cuales los individuos podrán retirar durante su vejez. Este sistema es señalado por muchos como el más adecuado para el sostenimiento de niveles de ahorro más elevados e invulnerable a variaciones en la estructura demográfica. La condición básica para su funcionamiento es la existencia de mercados financieros desarrollados, aptos para acumular y capitalizar los ahorros individuales.
5. En cualquier sistema de pensiones, sin embargo, los objetivos son básicamente los mismos. En ellos, el factor obvio y más importante es el financiamiento de los sistemas de pensiones.
6. Las motivaciones sociales que llevaron a la formación de esquemas de seguridad social y los sistemas de pensiones han sido ya explicadas históricamente con diversos argumentos. Algunos apuntan a la solidaridad para con los ancianos como razón fundamental, mientras que otros encuentran como justificación una falta de previsión individual de los trabajadores sobre el futuro; que los llevaría a ahorrar menos que lo necesario para garantizar su bienestar durante la llamada tercera edad; correspondiéndole al Estado la responsabilidad de la provisión de los recursos necesarios para garantizar el retiro de los trabajadores. Un argumento más técnico es que en ciertas circunstancias los sistemas de pensiones podrían llevar al sistema económico a la eficiencia dinámica.
7. Uno de los aspectos más controvertidos de la discusión actual en torno a los sistemas de pensiones de los trabajadores gubernamentales tiene que ver con la edad para el retiro. De acuerdo con pruebas estadísticas realizadas en América Latina, a partir de una muestra de 5 mil personas, con edades entre 45 y 59 años, se puede mostrar la imperfecta sustentabilidad entre el sistema de pensiones y el de ahorro individual, en el período anterior a la jubilación. Los resultados de esa investigación muestran que la sustentabilidad del sistema es imperfecta cuando se trata de fondos privados de pensión, los cuales serían menos creíbles que la seguridad social oficial y, por lo tanto, inducirían un ahorro individual menor.
8. Otra investigación reciente fue realizada con datos relativos a 16 países industrializados. Partiendo del supuesto de que se atribuye al gobierno el monopolio de las transferencias intergeneracionales por medio de la seguridad social oficial, se puede observar que el punto central de discusión dejaría de ser la relación entre la seguridad social y el ahorro antes de la jubilación pues, en este caso, lo fundamental sería la interacción entre los sistemas de pensiones y el ahorro agregado del sistema: a las naciones les beneficia la existencia de dichos sistemas de pensiones porque el ahorro por ellos generado es una fuente de dinámica para la economía como un todo. Esto es así, según dicha investigación, debido a que aún cuando los ahorros individuales antes de la jubilación disminuyan, la atención que los individuos otorgan al bienestar de sus sucesores, expresada por la aceptación de la reducción de la utilidad de éstos, para garantizar el futuro; llevaría a un aumento del ahorro en período posterior a la jubilación, cuestión que no ha sido tomada en cuenta en las discusiones sobre el mejor sistema de pensiones y la edad de retiro.
9. De cualquier forma, es importante señalar que la adopción de un sistema u otro tiene serias implicaciones para las futuras generaciones y para la formulación de política económica y, en especial, sobre los resultados que esperamos del sistema actual de fondos de pensiones en virtud de la edad de jubilación. Los modelos empíricos y teóricos existentes muestran que la migración del antiguo sistema de pensiones oficiales hacia los fondos de capitalización individual pueden ampliar el monto de recursos disponibles en la economía, pero no necesariamente amplían el bienestar ya que pueden llevar al sistema económico a un estado de ineficiencia dinámica. De cualquier forma, el incremento del ahorro estatal generado por el modelo del actual sistema de ahorro para el retiro no necesariamente garantiza suficiencia financiera a largo plazo, en particular en sectores del Estado en que la edad de jubilación se encuentra considerablemente alejada de las tendencias internacionales por lo que el sistema se encuentra vulnerable. Es necesario por tanto estudiar a fondo la actual situación en lo que se refiere a la edad para el retiro y abrir una discusión fundamentada técnicamente que conduzca a tomar las decisiones adecuadas hoy, para garantizar el futuro de todos los mexicanos.
Punto de Acuerdo
Único. Solicitar a la Comisión de Seguridad Social que integre una subcomisión con la finalidad de estudiar detalladamente la forma de dar certidumbre a los fondos de pensiones y de llevar a cabo una revisión de la edad de jubilación que no afecte los derechos adquiridos por los trabajadores.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE INCLUYA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 UNA PARTIDA ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA AFECTADA POR EL HURACÁN WILMA, EN PARTICULAR EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Considerando que:
2. Se han criticado mucho los estudios de medición de la pobreza pues la identificación de los pobres es el insumo para preparar y ejecutar los programas compensatorios, bajo la forma de políticas de combate a la miseria; pero raramente se pretende la solución de manera estructural de las causas que dan origen a una precaria situación en determinados estratos poblacionales. Ese es el caso de los pobres del estado de Quintana Roo.
3. A pesar del debate en torno a la precisión o no de las mediciones de pobreza por las diversas dimensiones que ella implica, en el Estado de Quintana Roo podemos identificar una problemática severa, que sin embargo y por desgracia solo sale a la luz pública ante desgracias de desastres naturales como los resultados del huracán Wilma. ¿De qué dimensión es el problema y cómo ha evolucionado en los últimos 20 años?
4. Los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares a nivel local son el insumo necesario para el cálculo de las dimensiones de la pobreza, de esa dimensión de la miseria que siempre ha estado presente; con o sin huracán. De acuerdo con cálculos realizados a partir de esa información, en 1984 existían en el estado de Quintana Roo 390,575 personas en pobreza; de las cuales 94,518 vivían en condiciones de pobreza extrema; representaban respectivamente, el 65.5% y 16.5% de la población del estado. Si ya de por sí esas cifras debían generar preocupación por alcanzar una proporción importante de la población local; la situación se agravó pues en la actualidad el porcentaje de población en condiciones de pobreza en Quintana Roo es de 69%; y la población del estado que vive en condiciones de franca miseria es el 52.4%. La línea de pobreza que aquí consideramos para cuantificar el fenómeno de la miseria fue de 461 pesos por habitante al mes; quienes no tienen dicho ingreso, son considerados pobres extremos. La población del estado de Quintana Roo constituye el sector más vulnerable de la península de Yucatán. Efectivamente, mientras que en el estado de Yucatán la pobreza extrema alcanza, hoy en día a 26.3% de la población, en Quintana Roo dicha miseria alcanza a más del 50% de los habitantes. A pesar de tan lacerante problema social, poco o nada se ha hecho en los últimos 20 años en materia de combate a la miseria local.
5. En cuanto a concentración de la riqueza, nuestros cálculos muestran que el estado de Quintana Roo se caracteriza por tener una acentuada desigualdad; aún mayor que la nacional. El 5% de la población, los que más tienen ingreso, concentran el 27.7% del ingreso estatal; si tomamos al decil mas favorecido, ellos concentran el 40.8% del producto local; mientras que, si tomamos al décimo más pobre de la población, ellos, los miserables apenas tienen 2.2% del ingreso estatal en sus manos. Esta situación de alta concentración del ingreso se agudizó en los últimos 20 años.
6. Al observar las causas de la pobreza local; encontramos que en la génesis del problema se encuentran las características locales del desarrollo regional impulsado en el estado de Quintana Roo desde las pasadas tres administraciones locales; que pusieron énfasis en la construcción de un polo de desarrollo turístico local en las ciudades de Cancún, Cozumel, Isla Mujeres y Playa del Carmen, sin fomentar o bien a costa del desarrollo social tan necesario en las zonas metropolitanas de dichas ciudades: los recurso necesarios para atender las demandas sociales más urgentes fueron canalizados hacia el desarrollo del complejo turístico; ése sector que, como veremos en las próximas semanas, cuenta con pólizas de seguros y tienen la reconstrucción garantizada. Así que mientras entusiastamente se impulsaba un crecimiento concentrador del ingreso, por otra parte surgían y expandían a pasos acelerados los cinturones de miseria; crecían esos sectores de la población que no tienen pólizas de seguros y a quienes, si no hacemos algo, veremos en los próximos 10, 20, 40 ó 50 años sufriendo todavía las secuelas del desastre natural que acabamos de vivir.
7. En suma, el problema de la pobreza en nuestro país y en algunas entidades como el Estado de Quintana Roo es tan evidente que sólo no lo ven quienes suelen voltear sólo cuando hay un desastre natural como el que hoy estamos viviendo. Los resultados de nuestros cálculos llaman fuertemente la atención hacia los cinturones de miseria de los polos de desarrollo estatal y, en menor medida, hacia la pobreza rural. Sin embargo, la visión actual de la política social en México ha privilegiado el ataque a la pobreza rural, olvidando a los desabrigados de las ciudades turísticas. Las condiciones de vida detrás de los indicadores de pobreza se han deteriorado estrepitosamente pero no sólo a partir del fin de semana en que azotó el huracán Wilma, sino como resultado de una política social que se ha olvidado de la miseria urbana o semiurbana en el Estado de Quintana Roo. Dichos resultados muestran el imperativo de no quedarnos como estamos, sino de generar una política social local que atienda a las verdaderas causas de la pobreza; que ofrezca créditos productivos para el desarrollo local; que atienda los graves problemas urbanos de falta de vivienda digna y a bajo costo, que genere centros de abasto de alimentos a costos razonables; que construya infraestructura local de atención a los problemas básicos, como hospitales de especialidades y desarrollo de nuevas vías para el crecimiento económico; como el turismo rural. Debemos canalizar nuevos recursos y supervisar que ellos sean aplicados a la política social local.
Punto de Acuerdo
Único: Solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que analice la inclusión, en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2006, de una partida presupuestal especial y etiquetada de reconstrucción de la zona afectada por el huracán Wilma, en particular en el estado de Quintana Roo para emprender el programa Construcción de un Quintana Roo más Justo.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL QUE INTEGRE UNA SUBCOMISIÓN PARA ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UNA LEY DEL TRABAJO DOMÉSTICO, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Considerando que
2. Es difícil hacer un análisis económico del servicio doméstico remunerado en virtud de que los indicadores económicos no permiten captar las sutilezas ideológicas y culturales que esa cuestión implica. Esas actividades no son organizadas a la forma típica de mercado, porque se realizan en el interior de casas habitación particulares y los patrones o patronas no son empresarios. El contrato de trabajo firmado, sea verbal o por escrito, define que las empleadas contratadas así realizan tareas cuyo producto preparación de alimentos o bienes, lavado de ropas y bajilla, es consumido directamente por la familia receptora del servicio. Esos bienes y servicios no circulan en el mercado y no se moviliza capital alguno para la realización de esas tareas, sino salarios.
3. En México, el carácter especial con que la sociedad enfrenta el trabajo doméstico no tiene una contrapartida directa que se manifieste en la generación de una legislación especial para regular esas funciones. No se debe olvidar que existe toda una heterogeneidad de situaciones dentro del servicio doméstico remunerado. Existen las empleadas domésticas residentes, que viven en el lugar de trabajo, reciben salario mensual, casa y comida. En el otro extremo, existen las empleadas domésticas de diario, categoría que está creciendo cada vez más; se trata de empleadas que no residen en su lugar de trabajo, trabajan en varias casas de diversas familias y reciben un salario diario, semanal o mensual. En la práctica, y dada la falta de regulación del trabajo doméstico, es muy probable que ambas categorías de trabajadoras en México no cuenten con un contrato de trabajo formal.
4. Las relaciones de trabajo del servicio doméstico en México están así inscritas en un contexto práctico de ausencia de contrato de trabajo, ambigüedad en la jornada de trabajo, ausencia de descanso remunerado, de vacaciones y de reglas claras para la fijación de los niveles salariales, ausencia de atención por accidentes de trabajo, enfermedades o embarazo. El trabajo realizado por las empleadas domésticas no constituye solo una relación externa de compra y venta de mano de obra, sino también un modo de vida para cientos de miles de mujeres de nuestro país.
5. Socialmente, el trabajo doméstico ha sido históricamente considerado una responsabilidad de la mujer, culturalmente definida desde el punto de vista social como ama de casa, madre o esposa. Ese trabajo dirigido hacia las actividades de consumo familiar es un servicio personal para el cuál millones de mujeres mexicanas han internalizado la ideología de servir a los otros, maridos e hijos. El trabajo realizado para su propia familia ha sido visto por la sociedad como una situación natural, ya que no tiene remuneración y es condicionado por relaciones afectivas entre la mujer y los demás miembros de la familia, es históricamente gratuito y fuera del mercado. Quizás por eso es que las relaciones laborales de las trabajadoras domésticas no han sido reguladas en México como sí ha ocurrido en otras partes del mundo. Paradójicamente, la contratación de trabajo doméstico ha implicado una posición de estatus social: contratar empleadas domésticas confiere una cierta posición a la mujer ama de casa, independientemente de su ingreso familiar.
6. Los años que van de 1970 a 1980 fueron significativos para las mujeres mexicanas, en cuanto a su participación en el espacio público. El empleo femenino creció 92% y el servicio doméstico remunerado 43%. El avance del proceso de industrialización de la economía mexicana explica la caída relativa del empleo doméstico para las mujeres mexicanas: en 1970 tal empleo representaba 37% y en 1980 aproximadamente 23% de las trabajadoras, nivel que se mantiene hasta nuestros días. Sin embargo, las transformaciones de nuestra sociedad y del servicio de trabajo doméstico de tiempo completo hacia tiempo parcial no han modificado esencialmente la relación patrón o patrona a empleada doméstica y sigue siendo en gran medida una relación personal, con relaciones de parentesco ficticias: "tu eres de la familia", se les dice a las trabajadoras domésticas y cuando existe la seguridad social o cualquier tipo de prestación, es tomada como una "ayuda" y no como un derecho laboral.
7. Cuando una mujer contrata a una tercera para realizar las tareas domésticas; esto es, para prestar tales servicios a una familia diferente a la suya, ese trabajo doméstico se convierte en "servicio doméstico remunerado". Ese trabajo de empleada doméstica hereda socialmente el estigma de desvaloración que acompaña a esas actividades. Patrones o empleadas domésticas en México han creado una relación de identidad de género que es establecida entre las mujeres. Sin embargo, la creación de ese vínculo ha implicado la ausencia de derechos laborales: en el México del siglo XXI las empleadas domésticas no gozan de seguridad social, de días de descanso pagados, vacaciones pagadas u horas extras remuneradas.
8. El servicio doméstico remunerado tiene un papel importante en la absorción de las mujeres de menor escolaridad y sin experiencia profesional en el mercado de trabajo. Las inmigrantes rurales y semiurbanas tienen en las actividades domésticas el camino de socialización en la ciudad, el abrigo, la comida, la casa y la familia; ese trabajo es para ellas una puerta de entrada al mercado de trabajo urbano. La oferta y los bajos salarios pagados a las trabajadoras domésticas han posibilitado que las mujeres de estratos medios y altos se preparen más y/o ingresen al mercado de trabajo en las últimas décadas, ya que las descargan, a bajos costos, de las labores del hogar. Pero como contrapartida la sociedad no ha creado guarderías, escuelas de tiempo completo o medios internados, u otras prestaciones para las trabajadoras domésticas y ni siquiera existe una forma de garantizarles los derechos sociales mínimos. Como las mujeres pobres no tienen voz en el escenario político, no tienen otra vía que inventar soluciones improvisadas para la crianza de sus hijos, sin apoyo del Estado.
9. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, existen en México, 1.8 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado; 30.7% ganan menos de un salario mínimo y 44.3% reciben ingresos de uno a dos salarios mínimos. Ante la ausencia y la imposibilidad de establecer un órgano fiscalizador de las relaciones laborales del trabajo doméstico y ante los resultados de ausencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para garantizar a las trabajadoras domésticas sus derechos laborales mínimos; surge la necesidad de discutir y elaborar, en el Congreso de la Unión, una legislación específica, que permita mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras domésticas.
Punto de Acuerdo
Único. Solicitar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la integración de una subcomisión para el estudio de la posibilidad de establecimiento de una ley del trabajo doméstico.
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE TRANSPORTES QUE INTEGRE UNA SUBCOMISIÓN PARA ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE HOMOLOGAR LOS PRECIOS DE LAS TARIFAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Considerando que
2. La pobreza es una situación en la cuál las personas no están en condiciones de satisfacer sus necesidades en términos de sobrevivencia física y de su desarrollo como persona. En ese sentido, las medidas tradicionales de pobreza, basadas en el ingreso per capita, pueden generar una comprensión parcial del fenómeno; pues no detectan muchos aspectos de las privaciones y carencias.
3. El concepto de exclusión social extiende el concepto de pobreza más allá de la capacidad adquisitiva de bienes y servicios. La exclusión social incluye, además de la insuficiencia de ingreso, la discriminación social, la segregación espacial, la desigualdad y la negación de los derechos sociales. La exclusión social es, de ese modo, una situación de privación no sólo individual, sino colectiva. Una persona en el mercado informal de trabajo, por ejemplo, puede ganar más allá de la línea de pobreza, pero está sometido a la situación de que sus descansos de fin de semana o la ausencia a su trabajo debido a una enfermedad implican necesariamente la renuncia a una parte de sus ingresos, al contrario de lo que ocurre con los trabajadores formales, que pueden hacer uso de su derecho al descanso remunerado y a la seguridad social. La exclusión, por lo tanto, supone la negación de la ciudadanía. Situaciones de exclusión son caracterizadas por la carencia de servicios públicos esenciales, imposibilidad de reivindicación de los derechos sociales básicos, falta de participación política, vivir en condiciones de violencia o bajo precarias condiciones de vida.
4. La exclusión social incluye también la segregación espacial. En el ambiente urbano, el proceso de exclusión social tiene, entre sus principales efectos, los barrios irregulares, los lotes clandestinos y demás formas de informalidad en la ocupación del uso del suelo. La exclusión social crea la situación de ciudades divididas entre un segmento formal, donde la gente vive con infraestructura adecuada, y una proporción de la población viviendo en condiciones adversas, barrios pobres y distantes, caracterizados por la insuficiencia de servicios públicos y la ausencia de infraestructura. El actual proceso de urbanización, caracterizado por el surgimiento de asentamientos humanos en las periferias urbanas de México ha aumentado considerablemente la necesidad de transporte urbano eficiente y barato y servicios básicos adecuados. Como resultado del modelo de vivienda fomentado por la actual administración federal a los más pobres se les ha segregado espacialmente y se les ha limitado en su capacidad de movilidad.
5. Los servicios públicos esenciales son una construcción social que les confiere la condición de derechos fundamentales y universales que se expresan en un contrato social: por excelencia, nuestra Constitución Política. Sin el acceso a esos servicios, las personas estarán seriamente limitadas para desarrollar sus capacidades, ejercer sus derechos, o para equiparar oportunidades. Ese es el caso del transporte colectivo urbano en México.
6. La existencia de un servicio de transporte colectivo accesible, eficiente y de calidad, que garantice la accesibilidad de la población a todo el espacio urbano, puede aumentar considerablemente la disponibilidad de buenos ingresos y tiempo para los más pobres, quienes actualmente tienen que invertir hasta cuatro horas en las Zonas Metropolitanas del país para desplazarse a sus lugares de trabajo. Un buen transporte colectivo puede garantizar a los pobres acceso a servicios sociales básicos como salud y educación y a mejores oportunidades de trabajo. En ese sentido, debemos entender al transporte colectivo como un importante instrumento de combate a la pobreza urbana y de promoción de la inclusión social.
7. De manera general, los impactos del transporte urbano sobre la pobreza pueden ser comprendidos de dos formas, una directa y una indirecta. Los impactos indirectos se refieren a las externalidades del transporte urbano sobre la competitividad de las ciudades y sus efectos sobre la actividad económica. Altos costos de transporte provocados por los severos congestionamientos de tráfico, por ejemplo, limitan las selecciones de las empresas y elevan los costos de producción, lo que afecta los niveles de empleo e ingreso de la población. Los impactos directos, a su vez, implican las limitaciones de acceso a los servicios y a las actividades sociales básicas y a las oportunidades de trabajo de los más pobres. La inexistencia o la precariedad en la oferta de los servicios y las altas tarifas del transporte público, por ejemplo, restringen seriamente las oportunidades de trabajo de los más pobres ya sea en la búsqueda del empleo o en el desplazamiento al lugar de trabajo, condicionan la elección del lugar para vivir y dificultan el acceso a los servicios de salud, educación y esparcimiento.
8. Por otro lado, los costos del transporte urbano tienen impactos significativos sobre el presupuesto de las familias de bajos ingresos. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del año 2004, el transporte urbano es el principal concepto de gasto de las familias en servicios públicos, absorbiendo hasta 30% de dicho gasto, dependiendo del decil de la población. Las familias con ingresos mensuales de hasta dos salarios mínimos que viven en las zonas metropolitanas del país gastaron el año pasado 38% de su presupuesto destinado a servicios públicos de agua y drenaje, energía eléctrica, telefonía y transporte urbano, siendo el ítem más importante de sus gastos el transporte colectivo.
9. La elasticidad ingreso del gasto en transporte urbano de las personas más pobres es inferior a la unidad. En palabras sencillas: los gastos en transporte disminuyen proporcionalmente menos cuando el ingreso familiar de las personas pobres cae: no pueden dejar de transportarse a sus lugares de trabajo o en búsqueda de mejores oportunidades. Esto demuestra la esencialidad del transporte público colectivo y también demuestra que reajustes en los pasajes tienen efectos diferenciados entre las familias, con mayores impactos en las de menores ingresos.
10. Como se sabe, los niveles promedio de ingreso de las familias más pobres del país son hoy inferiores a lo que eran, en términos de poder adquisitivo, en los últimos 20 años. Por ejemplo, de 1984 al año 2004 la caída en el ingreso real del primer decil de la población fue de 32% y la del cuarto decil de 24%. En ese mismo período, las tarifas de los servicios públicos tuvieron varios reajustes en términos reales y, en particular, las tarifas del transporte público subieron más allá de lo que lo hizo el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Como resultado de ello, hoy los gastos en transporte público pesan más en los presupuestos de las familias más pobres de las zonas metropolitanas de todo el país.
11. La inexistencia de una red de transportes socialmente efectiva, esto es, que garantice la accesibilidad de la población a todo el espacio urbano, inflinge considerables gastos de tiempo en los desplazamientos de los más pobres. El tiempo excedente en los traslados podría ser aprovechado para otras actividades remuneradas o bien para la satisfacción de necesidades básicas, como esparcimiento. Además de ello, los largos viajes para desplazarse a sus centros de trabajo, son responsables por reducciones en la productividad del trabajador urbano. Al analizar los efectos de las condiciones de transporte en la productividad del trabajador urbano, estudios internacionales han mostrado que viajes con duración de 40 a 60 minutos, entre 60 y 80 minutos, y arriba de 80 minutos pueden provocar reducciones promedio en la productividad laboral de 14%, 16% y 21%, respectivamente. En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México más de 3 millones de personas se desplazan todos los días más de una hora para llegar a sus centros de trabajo.
12. Para los más pobres, los costos de transporte limitan seriamente el acceso a las oportunidades de trabajo, pues buscar empleo incluye gastos en transporte público, llegando a ser prohibitivo para determinados segmentos de la población en las zonas metropolitanas del país. En ese sentido, los pobres de la periferia llevan desventaja en relación a los que viven en las áreas centrales. Vivir lejos significa altos gastos y menor ingreso disponible para atender otras necesidades básicas. Muchas personas también ven limitadas sus oportunidades de trabajo si tienen que pagar más de dos tarifas en transporte público al día.
13. Por último, es incomprensible que por tramos idénticos los pobres tengan que pagar tarifas diferentes, dependiendo de si se encuentran el Distrito Federal o en el estado de México.
Único: Solicitar a la Comisión de Transportes integre una subcomisión con la finalidad de estudiar detalladamente la posibilidad de homologar los precios de las tarifas de transporte público en las zonas metropolitanas del país con base en el análisis de costo efectivo por kilómetro recorrido
Dip. Dolores Padierna Luna (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA INCLUIR EN EL RUBRO DE PUERTOS DEL PROGRAMA DE OBRAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DÁRSENA DE ABRIGO PARA EMBARCACIONES MENORES EN SANTA CLARA, YUCATÁN, A CARGO DE LA DIPUTADA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Quien suscribe, diputada federal Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para considerar dentro del Programa de Obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en particular en el rubro de Puertos, la construcción de una dársena de abrigo para embarcaciones menores en Santa Clara, Yucatán, en razón de las siguientes
Consideraciones
La Península de Yucatán, como es sabido, se encuentra expuesta a diversos fenómenos naturales destructivos que ponen en riesgo la integridad física de las personas, pero también de las actividades productivas que se localizan en las zonas de más alto riesgo.
La pesca de litoral, de la cual subsisten miles de familias yucatecas, se enfrenta constantemente a este tipo de eventualidades como huracanes, tormentas y mareas, que cada temporada amenaza el producto y pone en peligro los más elementales enseres de las personas que se dedican a ella.
Por esta razón, en diversos puntos del litoral yucateco se han dispuesto espacios para el resguardo sobre todo de embarcaciones menores, que es la flota más numerosa. Este tipo de protección, materializada en puertos de abrigo o dársenas, dan a los pescadores la certeza de que sus embarcaciones al menos se encuentran a buen resguardo, y de esta forma cuando ocurre algún fenómeno meteorológico de lo único que tienen que preocuparse es de ponerse a salvo ellos y sus familias.
Sin embargo, existen aún puntos del litoral yucateco que no cuentan con esta clase de refugios pesqueros, motivo por el cual la población se encuentra totalmente expuesta a los avatares atmosféricos.
Uno de esos lugares es Santa Clara, población ribereña enclavada en la costa Nororiental de Yucatán, precisamente la más propensa a sufrir los embates de ciclones y tormentas tropicales. De hecho, en cada aviso de alerta de huracán, esta población siempre está incluida, porque su ubicación, que privilegia un lugar adecuado para la pesca, es también la más expuesta a la inclemencia del tiempo.
La fuerza destructiva de la naturaleza ha sido comprobada por los fenómenos que en las últimas semanas y meses han afectado al territorio nacional. El huracán Wilma, que tanta destrucción ha ocasionado en la costa norte de Quintana Roo, ha tenido también efectos en Santa Clara y otros puntos costeros yucatecos, sobre todo en la región oriente.
Por estos motivos, y derivado de las constantes peticiones que nos han formulado los habitantes de Santa Clara, someto a la consideración de esa soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. Requiérase a la Comisión de Presupuesto para que considere para dentro del programa de Obra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en particular en el rubro de puertos, la construcción de una dársena de Abrigo para embarcaciones menores en Santa Clara, Yucatán.
Artículo Segundo. Envíese copia de dicho requerimiento a la Comisión de Pesca de ésta H. Cámara de Diputados.
Palacio Legislativo, a 27 de octubre de 2005.
Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A ESTABLECER UNA PARTIDA ESPECIAL PARA CONSTRUIR UNA ESTACIÓN MIGRATORIA EN TULTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, GUADALUPE SUÁREZ PONCE Y RODRIGO IVÁN CORTÉS JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quienes suscriben, Adriana González Carrillo, Guadalupe Suárez Ponce y Rodrigo Iván Cortés Jiménez, diputados federales de la LIX Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que considere la necesidad de establecer una partida especial para la construcción de una estación migratoria en Tultitlán, estado de México, en virtud de las siguientes
Consideraciones
En la zona de Lechería, Tultitlán, en el estado de México, llegan diariamente 120 migrantes provenientes de Centroamérica con la intención de seguir su travesía hasta alcanzar suelo estadounidense. Los trenes provenientes de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Oaxaca dejan en este municipio a quienes viajan ilegalmente colgados en las escaleras pegadas a los vagones, sobre los vagones o, acaso, dentro de un furgón.
En las inmediaciones de los barrios La Conchita, la Cocila y Lechería, los indocumentados centroamericanos descienden del tren en marcha para descansar un poco, beber un poco de agua y, literalmente, "montarse" al tren que va a Matamoros o a Nuevo Laredo.
Los hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses y otros, sufren de mutilaciones y, aún, llegan a fallecer como resultado del salto del tren en marcha que se ven obligados a efectuar. Por si fuera poco, nuestros hermanos centroamericanos son maltratados, golpeados y terminan siendo víctimas del chantaje permanente de parte de las autoridades policiacas que acuden a este lugar con el fin de extorsionar a los migrantes.
El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Policía Estatal (Grupo ASES), realiza operativos carreteros en vías férreas de manera permanente, con el objetivo de verificar la situación migratoria de los extranjeros que transitan por la zona, y en caso de no acreditar su legal estancia, proceder a su aseguramiento, con pleno respeto a sus derechos. Para profundizar en el esfuerzo de atención a los migrantes indocumentados en esta zona, el Instituto Nacional de Migración ha desplegado un contingente de Grupos Beta quienes cuentan con el entrenamiento necesario para instrumentar programas de ayuda humanitaria a población vulnerable y de protección y salvamento de migrantes en zonas de alto riesgo.
No obstante, el estado de México carece de una estación migratoria o albergue temporal de migrantes indocumentados. Aunque se está actualmente analizando la posibilidad de crear una Subdelegación regional del Instituto Nacional de Migración en la zona de Lechería, resulta necesario que se incluya en ésta una estación migratoria para asegurar a los migrantes.
La construcción de este albergue se enmarcaría, desde luego, en el Programa de Dignificación de Estaciones Migratorias que el Instituto Nacional de Migración viene instaurando desde 2003 con el propósito de ofrecer condiciones dignas y de respeto a los derechos humanos a los migrantes indocumentados.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que considere la necesidad de establecer una partida especial, en el ejercicio fiscal 2006 del Presupuesto de Egresos de la Federación, para la construcción de una estación migratoria en Tultitlán, Estado de México, como parte integral de una nueva subdelegación regional del Instituto Nacional de Migración en la zona de Lechería.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2005.
Diputados: Adriana González Carrillo, Rodrigo Iván Cortés Jiménez, Guadalupe Suárez Ponce (rúbricas)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO DE ESTA SOBERANÍA A PARTICIPAR EN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA PRODUCIDA POR EL VIRUS DE LA INFLUENZA AVIAR, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS EMILIO SERRANO JIMÉNEZ, RAFAEL GARCÍA TINAJERO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD; PABLO ANAYA RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI; Y GUILLERMO VELASCO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM
Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados integrantes de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sometemos a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, con el objeto de que se haga un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, a efecto de que en el país se tomen las medidas necesarias para evitar que se origine un brote de gripe producida por el virus de la influenza aviar y las acciones de prevención en el caso de aparición de la pandemia.
Consideraciones
1.- La Organización Mundial de la Salud ha alertado de la amenaza que representaría para la humanidad una pandemia de gripe producida por el virus de la influenza aviar.
2.- Este virus surge de la combinación entre un virus que se hospeda en las aves, sobre todo de granja o en cautiverio, y algunas cepas del virus de la influenza humana. La propagación de esta combinación del virus provocaría una pandemia mundial cuyo impacto en la mortalidad depende de la preparación que las naciones ante tal contingencia.
3.- Hasta el momento se han presentado casos aislados de la enfermedad sobre todo en Asia y Europa del Este sin que se haya producido el brote de la combinación del virus. Sin embargo, la mortalidad registrada hasta el momento es de más del 60% de los casos.
4.- Ante la inminencia de la aparición de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha convocado a las Naciones a tomar medidas para evitar que se origine el brote y realizar acciones preparatorias para responder a la pandemia. A esta convocatoria, México debe sumarse con todos los medios a su alcance.
5.- Las medidas que deben tomarse implican la vigilancia de las aves en territorio nacional y el control en la importación de las mismas, así como el desarrollo de líneas de investigación, de infraestructura para la detección oportuna de los casos y de adquisición de dotaciones de los medicamentos antivirales indicados en el padecimiento
6.- En la actualidad, México cuenta con un laboratorio con equipamiento y nivel 3 de bioseguridad y con uno de virología molecular, indispensables para la respuesta en el caso de la aparición de la pandemia. Estos laboratorios forman parte de la infraestructura del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y requiere, para operar en toda su capacidad, de una asignación de 31 millones 500 mil pesos en el próximo ejercicio fiscal.
Con base en lo antes expuesto y fundado, presento a esta H. Cámara de Diputados, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Uno.- Se exhorta al Ejecutivo federal y al Consejo de Salubridad General, a que en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten las medidas necesarias para evitar que se origine en el país un brote epidémico del virus de la influenza aviar , así como las acciones que preparen la respuesta en el caso de la aparición de una pandemia.
Segundo.- Se exhorta a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, a satisfacer las necesidades presupuestales para la operación del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas del INER (Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias) en el ejercicio fiscal de 2006.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2005.
Diputados: Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), Guillermo Velazco Rodríguez.
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR UN INCREMENTO A LA SEDENA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, A FIN DE INSTALAR UN ARCO PARA REVISIÓN Y DETECCIÓN DE ARMAS Y DROGAS EN LA CARRETERA TRANSPENINSULAR EN BAJA California Sur, a cargo DEL DIPUTADO ISIDRO CAMARILLO ZAVALA
El suscrito, diputado federal Isidro Camarillo Zavala, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para solicitar que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se asigne un incremento adicional a la Secretaría de la Defensa Nacional para la instalación de un arco detector de armas y drogas en la carretera transpeninsular en el estado de Baja California Sur, bajo las siguientes:
Consideraciones
Es por todos sabido que la frontera norte de nuestro país, es el paso obligado para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y de armas y otros artículos hacia el centro de la República Mexicana, es en esta área con una extensión de 3000 kilómetros lineales donde los operadores de grupos delictivos se interrelacionan con actores sociales, entre los que se encuentran empresarios, políticos y jefes policíacos, grupos que se asientan en la región y en buena medida controlan el tejido político-social y económico, de lo que se desprende que persista un alto grado de corrupción e impunidad, de inseguridad y violencia. Ante esta situación en nuestra frontera, ante la que sobra decir que los grupos delictivos requieren contactos y socios en los Estados Unidos, ya que es en ese país donde lavan un alto porcentaje de sus ingresos.
Una de las formas por las cuales se acrecienta el tráfico de sustancias y productos ilícitos entre ambos países es por el volumen masivo de productos que se realiza entre México y Estados Unidos, ante el panorama ya señalado nuestro país desde hace varios años ha establecido a lo largo de las principales carreteras un sistema de inspección de vehículos y personas, la cual ha fructificado y ha dado lugar al decomiso de drogas, armas, dinero, aviones, vehículos y la detención de personas involucradas, siendo en algunos estados de la República el principal motivo de detenciones por la Procuraduría General de la República.
En este sexenio se ha observado un incremento en las detenciones, un combate efectivo a la delincuencia organizada, el aseguramiento de todo tipo de armas, la detención de miles de toneladas de drogas, lo que ha permitido que el resto del mundo tenga confianza en el combate que se ha hecho a los delitos contra la salud.
Sin embargo este plan de combate a la delincuencia, encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Procuraduría General de la República, al cual nos adherimos y que consideramos que no debe ser minimizado, al contrario debe ser más apoyado, debemos reconocer que tiene un costo creciente para los productores de alimentos agrícolas y pesqueros, ya que tan sólo por poner un ejemplo, en la carretera transpeninsular en Baja California Sur, se transportan más de 210,000 toneladas de productos perecederos, de los cuales el 75% son agrícolas y el 25% pesqueros, y que las constantes revisiones a que son sujetos a lo largo de esta carretera provocan pérdidas de hasta un 20% en la calidad del producto, lo que se refleja en el precio obtenido, ya que recordemos que las revisiones pueden consistir incluso en bajar el producto de los contenedores y camiones, que en muchas ocasiones son refrigerantes, que transportan productos a bajas temperaturas y que en contacto con la temperatura ambiente que en este estado es de un promedio de 32° C en el verano cálido, el manejo inexperto de las mercancías, el caminar sobre ellas, el mal reenvasamento y otros malos manejos, deterioran los productos que con tanto trabajo y esfuerzo fueron obtenidos.
Por otro lado, recientes publicaciones hechas en el vecino país del norte, señalan que los retenes no tienen el mismo porcentaje de éxito que se les atribuía, ya que ellos han encontrado drogas y dinero, por lo que los no tan amigables vecinos atribuyen los malos resultados, como un proceso de complicidades e impunidades en las que se ven involucrados sobre todo altos mandos de la policía y la milicia, sin atender que es prácticamente imposible un control absoluto en la revisión de millones de toneladas de productos que transitan hacia ese país.
Por lo anterior, compañeros diputados mi propuesta es que apoyemos a la Secretaría de la Defensa Nacional, con la asignación de los recursos económicos para la adquisición de un arco detector de metales, drogas y personas, con lo cual obtendríamos inmejorables resultados en varias vertientes, la primera de ellas, estos nuevos arcos detectores que se pueden adquirir en el tamaño para que pasen simultáneamente dos traileres, estos serían revisados en un moderno sistema de rayos x, que permite la detección de más de 300 metales, drogas, personas y otros productos, por lo que no sería necesario como hoy bajar mercancías, abrir paquetes, dañar productos, sobre todo los agrícolas y pesqueros.
El sistema que señalo permite la revisión de hasta 80 camiones por hora, contra los 4 o 5 que actualmente se realizan, permite para efectos de seguridad nacional detectar dentro de camiones o contenedores personas escondidas, por lo que evitaríamos riesgos en la frontera común, la movilización además de ágil y rápida, sería más efectiva y profesional y reduciría los costos para el consumidor final.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, y en ejercicio de las facultades constitucionales, el suscrito Diputado Federal de la LIX legislatura de H. Cámara de Diputados, someto ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Solicito a la Comisión de Presupuesto, la asignación de 20 millones de pesos extras para la Secretaría de la Defensa Nacional en el año 2006, con el fin que adquiera y ponga en operación un arco detector de metales y drogas en la carretera transpeninsular en el estado de Baja California Sur.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintisiete días del mes de octubre de 2005.
Dip. Isidro Camarillo Zavala
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006 SE PROVEA DE RECURSOS AL INEGI PARA LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LOS LAUDOS RELATIVOS AL CASO DE LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS INJUSTAMENTE POR ESE INSTITUTO DESDE 1999, A CARGO DE LA DIPUTADA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Quien suscribe, diputada federal Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que se considere en el Presupuesto de Egresos 2006 destinar recursos al INEGI para las erogaciones que correspondan al cumplimiento de los laudos relativos al caso de los trabajadores despedidos injustamente por ese Instituto desde 1999, en razón de las siguientes
Consideraciones
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue creado en 1983 con la finalidad de generar, integrar y proporcionar información estadística y geográfica de interés nacional, así como normar, coordinar y promover el desarrollo de los Sistemas Nacionales Estadísticos y de Información Geográfica para satisfacer las necesidades de información de los diversos sectores de la sociedad.
En materia laboral desde su creación, este Instituto ha sido objeto de crisis internas, por acusaciones de los trabajadores relativas a abusos de autoridad y corrupción.
Este tipo de problemas en materia laboral se han recrudecido, derivado de las obligaciones contraídas por el Instituto a partir de las reformas al artículo 27 Constitucional en 1992, las cuales requirieron del Estado la contratación de personal para realizar trabajos técnicos tendientes al levantamiento topográfico de las tierras dentro del país, a fin de conseguir la certificación de los núcleos agrarios, ya sean éstos ejidales, solares urbanos, entre otros, dentro del programa tripartito Procede.
Dichos trabajadores quedaron incorporados al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, bajo condiciones poco claras y en muchos de los casos en franca contravención a las leyes, ya que no se les reconocieron los beneficios y prestaciones que todo trabajador en México, debe recibir.
A partir del año de 1999, empezaron a ser despedidos sin una aparente justificación, motivo por el cual interpusieron juicios laborales en contra de dicho Instituto, reclamando distintas prestaciones de ley, como salarios no devengados o vencidos, prima de antigüedad y la reinstalación a sus puestos de trabajo.
Luego de lento procedimiento jurídico, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ha dictado laudos favorables a los trabajadores, en los que se ordena al INEGI a otorgar nombramientos de base, reinstalar y pagar diversas prestaciones, sin que a la fecha se haya dado cabal cumplimiento a estas disposiciones.
Atendiendo a estas razones, con fecha 26 de octubre del año 2004, esta soberanía aprobó un punto de acuerdo que en sus puntos medulares creó una Subcomisión para revisar el trabajo de los órganos encargados de la justicia laboral en el país, y dispuso en el Presupuesto de Egresos 2005 la creación de 2,300 plazas de base para la reinstalación de los trabajadores despedidos, mismos que conforman la Coalición Nacional de Trabajadores de ese Instituto, de conformidad con los laudos emitidos por las instancias jurisdiccionales.
No obstante lo anterior, el Instituto ha sido renuente a cumplir con lo que las instancias de justicia laboral han dispuesto, con el argumento de que carece de presupuesto para liquidar según los laudos a los trabajadores que han ganado sus juicios laborales.
En virtud de estos hechos, me permito proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Que se requiera a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía considerar en el análisis y dictamen del Presupuesto de Egresos 2006 la asignación de recursos al INEGI para las erogaciones que correspondan al cumplimiento de los laudos relativos al caso de los trabajadores despedidos injustamente por ese Instituto desde 1999, etiquetando dichos recursos para garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones.
Segundo. Hágase del conocimiento de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía el contenido del presente acuerdo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2005.
Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A INCREMENTAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 LOS RECURSOS DESTINADOS AL INAH Y AL FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL, A CARGO DE LA DIPUTADA SHEYLA FABIOLA ARAGÓN CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Proposición con punto de acuerdo que suscribe la diputada federal del Estado de México por la quinta circunscripción, Sheyla Fabiola Aragón Cortés, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, analice aumentar los recursos destinados al Instituto Nacional de Antropología e Historia Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal, bajo las siguientes
Consideraciones
El Programa Nacional de Cultura, que concreta las estrategias contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, busca que el trabajo del sector cultural contribuya a hacer realidad la aspiración social de lograr un desarrollo con sentido humano, en donde la afirmación de la diversidad cultural, la apertura y garantía de acceso a las oportunidades y servicios culturales, el respeto a la libertad de expresión y creación, la ciudadanización de la política y el quehacer culturales, y el federalismo y el equilibrio cultural regional, sean elementos centrales de su configuración.
El patrimonio cultural es un elemento central de la identidad y la soberanía nacionales. Los valores que las une a lo largo de siglos se vuelven presente vivo a través de la investigación, la recuperación y el cuidado de ese universo patrimonial; proyectan el futuro del país con solidez, afirmando la viabilidad de la nación.
La investigación y la conservación del patrimonio cultural es una tarea indeclinable del Estado, como representante de la sociedad. Su propósito es asegurar a los mexicanos del presente y del futuro el disfrute y la vocación social de ese patrimonio acrecentado cada día, consolidado y en mejores condiciones para su valoración.
Mucho se ha hecho, a lo largo de décadas, para recuperar, estudiar y preservar el patrimonio cultural tangible e intangible, así como para ampliar su concepción y disfrute. Lo extenso y complejo de estas tareas obligan hoy día a ajustes, replanteamientos, revaloraciones; la labor pendiente es inmensa pero también apasionante. Prescinde del aislamiento y de la centralización; es trabajo conjunto y concertado que suma esfuerzos y experiencias.
Estas actividades son responsabilidad fundamental del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Constituyen premisas básicas de su misión y el sentido social de su existencia en tanto que área del gobierno federal encargada, por antonomasia, de preservar lo que generaciones de mexicanos hemos construido y atesorado. Es misión cotidiana del INAH explicar la diversidad de nuestras culturas, ubicarlas con precisión en el tiempo y en la geografía, comprender y difundir el sentido de esos bienes y de esas voces que llegan del pasado y que incesantemente transforman nuestro presente.
La riqueza y variedad de nuestro patrimonio cultural son enormes; si bien su investigación y conservación son responsabilidad fundamental del INAH, también lo es que, con frecuencia, la extraordinaria dimensión de la tarea no puede circunscribirse sólo a las dependencias del gobierno federal. Por tal motivo ya es impostergable compartir esta responsabilidad con estados y municipios, siempre en el marco de la normatividad vigente. En este sentido, el INAH colabora con los gobiernos estatales y municipales, cuando ellos así lo solicitan, en la formulación de la reglamentación necesaria para contribuir a que la preservación del patrimonio tenga la posibilidad de permanecer bajo ciertos principios y normas y garantizar la congruencia entre el marco local y el federal con independencia de los cambios políticos y administrativos federales.
También la sociedad deberá participar en los próximos años con mayor vigor en su cuidado y valoración. El INAH tiene como prioridad impulsar los mecanismos de preservación con los que ya cuenta y explorar nuevos marcos operativos para incrementar la participación social en la conservación y difusión de sus bienes patrimoniales.
La protección y conservación del patrimonio adquieren su sentido social a través de la difusión. Con ella la población aprende a valorarlo y a comprender su devenir histórico. El turismo, en el mundo contemporáneo, es una de las vías más importantes para la difusión. En esta materia el INAH impulsa acciones que conlleven a la valoración y el respeto del patrimonio cultural, así como su articulación al desarrollo regional a través de la difusión sin perder su función social. Así durante el último año el público asistente a sitios históricos y arqueológicos fue de 18,677,458 y un crecimiento para 2006 en un 1% lo que representa de 18,864,233.
El conocimiento acumulado en el Instituto sobre la realidad nacional en sus distintos momentos históricos es muy extenso. Pocos centros académicos pueden respaldar su existencia con una producción intelectual tan numerosa y sistemática, materializada en investigaciones, libros, materiales de divulgación, foros académicos, etc., con la calidad, el profesionalismo y el compromiso de los investigadores con su institución, en estricto cumplimiento de la función social del INAH.
Sólo por mencionar algunos datos y como ejemplo de lo anterior en el último año se han desarrollado proyectos como el de "Pirámide de la Luna" en Teotihuacan, aportando información nueva sobre la guerra y sacrificios. Los trabajos de conservación de la Catedral Metropolitana, Palacio Nacional, Antigua Basílica de Guadalupe, el Templo del Carmen en Celaya, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Guadalajara, Templo y Exconvento de San Juan Bautista en Morelos; solo por mencionar algunos. Asimismo resalta el setenta aniversario del Palacio de Bellas Artes donde se efectuaron trabajos de restauración y rehabilitación de la cúpula central y la fachada del inmueble.
Gracias al Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal, se apoyaron 36 proyectos en inmuebles ubicados en 13 entidades federativas y el Distrito Federal lo que significó un incremento de 33% con respecto al periodo anterior.
La investigación en el INAH tiende a ser exhaustiva. Sus aportes al conocimiento de amplias regiones del país y de grupos sociales han sido múltiples. Sin embargo, más vasta aún es la realidad y extensos los temas que nos ofrece para su estudio. Debido a las limitaciones y restricciones que de modo permanente se han tenido para la adquisición de equipo e infraestructura para la investigación, al incremento de los proyectos y al uso intensivo de instrumentos técnicos, la mayor parte de las áreas de trabajo académico se encuentran en condiciones sumamente deplorables. Las deficiencias y rezagos son enormes, situación que se revierte en contra de la acción institucional. Por ello son necesarios mayores recursos para impulsar las investigaciones que amplíen las fronteras del conocimiento en tópicos y zonas de México.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006 se contemplaron 1.899,653,160 pesos para el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo que representó una disminución real del 2.7% respecto al aprobado en 2005. Con ello quedarían limitados proyectos en marcha y se vería afectada la efectividad del Instituto, ocasionando un rezago en la conclusión de dichos proyectos, ello sin mencionar la actividad docente que realiza.
Es el poco apoyo a los organismos responsables de salvaguardar nuestros monumentos y zonas arqueológicas, lo que mantiene el saqueo y la comisión de otros delitos del orden patrimonial. La falta de recursos lesiona seriamente nuestro patrimonio cultural haciéndolo cada vez más vulnerable no solamente al crimen, sino al deterioro que por descuido o abandono sufren estas zonas culturales.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta H. asamblea la siguiente Proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, aumente los recursos destinados al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 27 días del mes de octubre de 2005.
Dip. Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A EJERCER MAYOR PRESUPUESTO EN LA PROMOCIÓN DEL VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ELIANA GARCÍA LAGUNA, JUAN JOSÉ GARCÍA OCHOA Y EMILIO ZEBADÚA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La y los suscritos, diputados federales de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
2. Que la Cámara de Diputados asignó, para el ejercicio fiscal de 2005, una partida de 200 millones de pesos al presupuesto del IFE para el voto de los mexicanos que residen en el extranjero.
3. Que en el artículo trigésimo séptimo del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 se dispuso que el IFE podría disponer de 200 millones adicionales a los antes mencionados.
4. Que el pasado 18 de agosto de 2005, el Consejo General del IFE aprobó el acuerdo relativo a las asignaciones presupuestarias necesarias durante el ejercicio fiscal de 2005 para atender las disposiciones del Libro Sexto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, el cual ascendió a 264.1 millones de pesos.
5. Que de acuerdo con las adiciones al Cofipe, los mexicanos residentes en el extranjero, tienen un plazo, perentorio y fatal, para solicitar su inscripción en el Listado Nominal de votantes en el extranjero, el cual vence el 15 de enero de de 2006.
6. Esto significa que nuestros connacionales que residen en el extranjero tendrán escasos tres meses para inscribirse en tal Listado Nominal ya que, de lo contrario, no podrán votar en la elecciones presidenciales de 2006.
7. Que hasta esta fecha, el IFE ha decidido gastar solo 15 millones de pesos en la promoción del voto de los mexicanos en el extranjero, cifra que, a nuestro juicio, resulta totalmente insuficiente si se toma en consideración que la labor de difusión e información debería ser muy intensa durante los próximos dos meses y medio y, sobre todo, que el IFE cuenta con un techo presupuestal, para el año 2005, de 400 millones de pesos.
8. Por lo anterior consideramos que el IFE, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, debe utilizar todos los medios y recursos a su alcance para promover e informar a nuestros connacionales que residen en el extranjero, de su legítimo derecho a sufragar para elegir al próximo presidente de la república, de los mecanismos adoptados para su inscripción en el Listado Nominal de Votantes en el Extranjero y de la Campaña de Credencialización que se promoverá en los próximos meses.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta al Consejo General del Instituto Federal Electoral para que ejerza el total del presupuesto asignado para el año de 2005, para la promoción del voto de los mexicanos residentes en el extranjero.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2005.
Diputados: Eliana García Laguna, Juan José García Ochoa, Emilio Zebadúa González (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA SCT QUE PROGRAME Y EJECUTE LA REPAVIMENTACIÓN DE 45 KILÓMETROS DE CARRETERA CON DESTINO A LA BOCANA, MUNICIPIO DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR, A CARGO DEL DIPUTADO ISIDRO CAMARILLO ZAVALA
El suscrito, diputado federal Isidro Camarillo Zavala, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete el siguiente punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se programe y ejecute la repavimentación de los 45 kilómetros restantes a la carretera con destino a La Bocana, municipio de Mulegé, Baja California Sur, bajo las siguientes
Consideraciones
El más joven de los estados miembros de los Estados Unidos Mexicanos, ha tenido por muy diversos motivos una serie de olvidos de la Federación que han dificultado un desarrollo armónico de toda la sociedad Sudcaliforniana, uno de ellos sin duda es el relativo a la creación y construcción de la infraestructura carretera, que es el eje del desarrollo de todos los municipios del país.
Ante lo anterior, los habitantes de este estado hemos contribuido con el gobierno federal en la construcción y mantenimiento de una incipiente red de carreteras que han permitido un desarrollo económico en varias regiones de nuestra entidad, en el caso de La Bocana, ubicada en el municipio de Mulegé, existe una carretera de acceso la cual desde hace ya 60 años su mantenimiento ha sido y es, responsabilidad fundamental de la sociedad cooperativa Progreso, sociedad dedicada a la captura y explotación de diversas especies pesqueras, que da trabajo a prácticamente el 100% de los habitantes de esta localidad.
Hoy día La Bocana, ha sido beneficiada con la instalación de diversos servicios públicos, con un apoyo de algunas áreas del Ejecutivo Federal y Estatal, a lo que esta comunidad ha contribuido con trabajo y algunos recursos financieros, sin embargo a pesar de los esfuerzos de los tres niveles de gobierno aun faltan por pavimentar los últimos 45 kilómetros de esta necesaria vía de comunicación, ya que la sociedad cooperativa y el pueblo de La Bocana, de ser prósperos y uno de los sitios mejor explotados en el estado, hoy se encuentran con la carencia o alto costo de los servicios esenciales para el desarrollo sustentable, la carretera durante 60 años se encuentra en malas condiciones, por lo que además de hacer más lento el transporte de sus mercancías, se ven más accidentes, sobre todo por el mal estado de esta vía.
En el anterior gobierno estatal, se prometió concluir la pavimentación de la carretera, sin embargo sólo se logró un pequeño porcentaje de la obra.
Compañeros diputados, en este municipio, como en cualquier otro de la República, una adecuada vía de comunicación permitirá que la población logre beneficios de todo tipo, ya sean los del orden económico, el ahorro de tiempos, la disminución de accidentes, el más fácil traslado de enfermos, el abaratamiento de mercancías y productos, mayor vida a los vehículos y sobre todo confianza en las autoridades.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, y en ejercicio de las facultades constitucionales, el suscrito Diputado Federal de la LIX legislatura de H. Cámara de Diputados, someto ante esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tenga a bien programar y ejecutar las obras de repavimentación de la carretera a La Bocana, municipio de Mulegé, Baja California Sur.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintisiete días del mes de octubre de 2005.
Dip. Isidro Camarillo Zavala
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A ESTA SOBERANÍA QUE PROVEA EN EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DE 2006 LA PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LAS ADMINISTRACIONES PORTUARIAS INTEGRALES QUE SE ENCUENTREN EN SUS JURISDICCIONES, A CARGO DE LA DIPUTADA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Quien suscribe, diputada federal Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que la H. Cámara de Diputados tome en consideración en el análisis del Proyecto de Ley de Ingresos 2006, permitir que los municipios participen de los ingresos provenientes de las Administraciones Portuarias Integrales que se encuentre en sus respectivas jurisdicciones, en razón de la siguiente.
Exposición de Motivos
La lucha de los municipios mexicanos por obtener una mayor participación de las utilidades que generan las Administraciones Portuarias Integrales que se encuentran en sus respectivas jurisdicciones es una historia que abunda en reveses para las Comunas y en crecimiento del poder de esos entes portuarios. No han faltado estudiosos de las cuestiones municipales que distingan a estos organismos como "islas de abundancia en océanos de pobreza".
Muchos han sido en cambio los esfuerzos de la Cámara de Diputados para que la balanza se equilibre, para bien de los municipios. Desafortunadamente, las medidas adoptadas han tenido también traspiés incluso jurisdiccionales o bien han recibido una acogida nada positiva por parte del Ejecutivo, cuando no una total indiferencia.
En efecto, a fines del 2004, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró inconstitucionales varias disposiciones emitidas por esa Soberanía respecto a la administración de puertos, por considerar que invadían el ámbito de competencia del Ejecutivo federal. Estas disposiciones estaban contenidas en varios artículos transitorios en las leyes de ingresos para los ejercicios de 2002, 2003 y 2004, en los que señalaba que la Secretaría de Hacienda debía ceder 49 por ciento de las acciones de las Administradoras Portuarias Integrales (API) a estados y municipios.
El argumento central estribó en que la Cámara de Diputados no tiene atribuciones para emitir una disposición concreta de administración y por lo tanto se declaró la invalidez de tales disposiciones, con la "recomendación" de no caer en la misma situación para el Ejercicio Fiscal de 2005.
Pues bien, en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, esta Cámara fue prudente, pero intervino en la materia, al señalar en el artículo 11 Párrafo 5 que "el aprovechamiento que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con motivo del otorgamiento de la concesión para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio público en los puertos, terminales y marinas, podrá destinarse a los municipios a cuyas playas corresponda la zona concesionada".
De esta forma, a manera de posibilidad, se dejó el destino de tales aprovechamientos en manos del Ejecutivo y los concesionarios, conviniendo en que la voluntad política habría de ser parte de un acuerdo tácito para favorecer en algo a la economía de los municipios.
No ha sido de esta forma.
A pesar de la importancia y la justicia implícita en destinar parte de los recursos generados por las APIs a los municipios en que se enclavan, la disposición legal no ha tenido los efectos esperados. Al parecer, la participación de las APIs en el desarrollo de los estados y municipios seguirá siendo una lucha que ahora, a la luz de las recientes concesiones a empresas extranjeras, tiene un bemol más en la lejanía de los problemas a la toma de decisiones.
Algo queda sin embargo de bondad en el ordenamiento y es precisamente la posibilidad explícita de beneficiar económicamente a municipios y estados con la operación de las APIs, ya que en la actualidad no reciben nada, a pesar de que los puertos reciben pasajeros y carga que en su operación a través de los municipios implican el ejercicio y erogación de recursos por parte de los ayuntamientos, sobre todo en lo que corresponde en mantenimiento de calles, alumbrado público, seguridad y otros servicios, tal y como nos ha manifestado ampliamente el presidente municipal del municipio de Progreso, Yucatán, en que se ubica la API del Puerto de Altura homónimo.
No obstante lo anterior, causa verdadera extrañeza que en el proyecto correspondiente e la Ley de Ingresos 2006 que el Ejecutivo federal ha enviado a esta Cámara, tal disposición ha sido eliminada. Al parecer, insiste en aplicar el criterio de mantener a los municipios y entidades federativas sin posibilidades de percibir ingreso alguno directo por las operaciones portuarias.
En lo particular, considero que dicha disposición es un logro en la añeja lucha federalista de estados y municipios, y debe subsistir, puesto que ha sido la voluntad de esta soberanía aportar a la consecución de un mayor equilibrio entre los tres niveles de gobierno en la nación.
Por lo tanto, es pertinente que esta Cámara determine exhortar a las Comisiones encargadas del dictamen del proyecto de Ley de Ingresos 2005, a tomar en cuenta el que los municipios participen de los ingresos provenientes de las Administraciones Portuarias Integrales que se encuentren en sus respectivas jurisdicciones, por lo menos bajo el mismo esquema que plantea la ley vigente.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Se exhorta a las Comisiones que dictaminarán el proyecto de Ley de Ingresos 2005, a mantener la posibilidad de que los municipios y estados participen de los ingresos provenientes de las Administraciones Portuarias Integrales que se encuentren en sus respectivas jurisdicciones, por lo menos bajo el mismo esquema que plantea la Ley vigente en su artículo 11 Párrafo 5.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 24 de octubre de 2005
Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL A ATENDER EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SOBRE ABSTENERSE DE COBRAR MULTAS IMPROCEDENTES A LOS DESARROLLADORES DE VIVIENDA, A CARGO DEL DIPUTADO FELIPE DE JESÚS DÍAZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito diputado Federal a la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro ante esta soberanía a presentar punto de acuerdo, bajo los siguientes:
Considerandos
2. El punto de acuerdo que se presenta consiste básicamente a que no se apliquen multas de manera injusta a los desarrolladores de vivienda a través de los intermediarios financieros en base a que, la problemática a la que se enfrentan actualmente los empresarios dedicados al desarrollo de viviendas, han sido las diversas modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Especial de Crédito y Subsidios a la Vivienda, en las que existen variaciones de las comisiones que se ejecutarían sobre los créditos individuales, no ejercidos, las cuales varían desde el 2%, el 5% y 10%, generándoles prejuicios de manera directa en las multas aplicadas las cuales tuvieron variaciones entre un mes y otro del mismo año.
Otra de las razones primordiales que ha afectado a los desarrolladores de vivienda es que en la última modificación a las reglas de operación de este programa fue la reducción y el condicionamiento de la venta de las viviendas únicamente a las personas que se encuentren dentro de la economía formal, sacando del mercado a todas aquellas personas que no contaran con un salario fijo o dedicadas a la economía informal, siendo entonces una de las razones más poderosas por las que los desarrolladores se han visto afectados en las caídas de las ventas de viviendas.
Por otra parte, la propia Sociedad Hipotecaria Federal, en oficio fechado del 12 de abril de 2004, hacia las instituciones de Banca Múltiple y Sociedades Financieras de Objeto Limitado, informó que las penas pecuniarias no se cobrarían cuando existiera una caída en el mercado de una plaza o las viviendas se vendieran por abajo del precio con el que se estaban vendiendo con el FOVI, lo anterior según lo estipulado en el artículo 1847 del Código Civil para el Distrito Federal, el cual establece que: "No podrá hacerse efectiva la pena cuando el obligado a ella no haya podido cumplir el contrato por hecho del acreedor, caso fortuito o fuerza insuperable".
Según estudios socioeconómicos de los desarrolladores de vivienda del estado de Puebla existió una caída significativa en el mercado de este rubro debido a que sectores vitales de desarrollo económico como la industria textil, las maquiladoras, e incluso la industria automotriz disminuyeron su capacidad de producción, provocando un retroceso dentro de la economía social y disminuyendo el poder adquisitivo de la sociedad poblana.
3. Tal es el caso que a la fecha no se ha emitido ninguna resolución contestando a esta Cámara de Diputados, no conforme con lo anterior la Sociedad Hipotecaria Federal a emitido el oficio de referencia 58/2005 dirigido a los intermediarios financieros inscritos en el registro de la Sociedad Hipotecaria Federal, en el cual propone nuevamente el pago de multas y no hace en ningún momento mención del punto de acuerdo e impone una fecha limite para el esquema mencionado, es necesario mencionar que una de las consecuencias a las que induciría este oficio es que se estarían provocando el cierre de pequeñas y medianas empresas generando también el despido de varios empleados.
Punto de Acuerdo
Único.- Que la H. Cámara de Diputados exhorte al Consejo Directivo de la Sociedad Hipotecaria Federal a que informe a esta soberanía sobre el resolutivo del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en agosto de este año del diputado Felipe de Jesús Díaz González, el cual refiere a la solicitud de que dicho organismo se abstenga de cobrar multas improcedentes a los desarrolladores de vivienda.
Dip. Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INTERVENIR EN EL CONFLICTO ENTRE LA COOPERATIVA DE REFRESCOS PASCUAL Y LOS DUEÑOS DE DOS PREDIOS QUE OCUPA ÉSTA; Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTA SOBERANÍA, A DESTINAR UNA PARTIDA PARA APOYAR A ESTOS COOPERATIVISTAS EN EL PAGO DE LOS PREDIOS, A CARGO DEL DIPUTADO PABLO FRANCO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado Pablo Franco Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta al Pleno de la Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorte al Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, a efecto intervenga entre la cooperativa de refrescos Pascual y los dueños de dos predios que ocupa ésta, con el propósito de que lleguen ambas partes a un arreglo satisfactorio en cuanto al monto a pagar por tales terrenos, igualmente se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados para que se destine una partida para apoyar a estos cooperativistas en el pago de los predios, y de este modo permitir que las plantas de trabajo continúen operando y mil quinientos trabajadores continúen laborando con el consecuente beneficio de sus familias, por las siguientes
Consideraciones
2. Al finalizar la huelga, los trabajadores en lugar de desperdigar su triunfo en mínimas y pasajeras indemnizaciones, optaron por adjudicar a favor del colectivo la maquinaria, marca y patente de la empresa, surgiendo una de las cooperativas más exitosas a nivel mundial: la Cooperativa de Refrescos Pascual, S. C. Misma que en la actualidad da empleo aproximadamente a 4, 500 personas, entre cooperativistas y trabajadores.
3. Que, sin embargo, dos predios en que esta cooperativa asienta sus actividades productivas en la ciudad de México, se mantenían como propiedad de los familiares del antiguo patrón de la empresa de refrescos Pascual, los cuales siempre se negaron a negociar un precio justo con los cooperativistas, en gran parte impulsados y apoyados por las refresqueras trasnacionales que tienen como propósito ahogar a esta Cooperativa. Concretamente estos predios se localizan en Insurgentes Sur número 1320 y en la calle Clavijero número 75 colonia Tránsito.
4. Que habiendo ganado los familiares de mención diversos juicios que implicaban el desalojo de los cooperativistas de los dos predios señalados, el Gobierno del Distrito Federal partiendo de los objetivos de empleo y producción de la Cooperativa Pascual, hizo valer una causa de utilidad pública y expropió estos terrenos a favor de esta Sociedad en febrero de 2003.
5. Que, sin embargo, nuevamente los familiares, actuales propietarios de los predios, se inconformaron con la expropiación decretada, habiendo resuelto las autoridades de amparo la anulación de la expropiación por no estar debidamente justificada la causa de utilidad pública. Por lo que nuevamente están en riesgo los empleos de alrededor de mil trabajadores que laboran en los predios cuya expropiación quedó sin efectos.
Punto de Acuerdo
Primero. Se haga un respetuoso exhorto al Presidente de la República licenciado Vicente Fox Quesada para que en el marco de sus atribuciones intervenga en el conflicto que existe entre la Cooperativa de Refrescos Pascual, S. C. y los actuales propietarios de los predios ubicados en Insurgentes Norte número 1320 y en la calle Clavijero número 75 colonia Tránsito, en esta ciudad de México; Distrito Federal, a efecto de que lleguen ambas partes a un arreglo satisfactorio para el pago de estos terrenos, manteniéndose y apoyándose la actividad de esta Cooperativa, que no sólo es una página ejemplar en la historia de la clase trabajadora, sino que es importante creadora de empleos y de fomento a la producción nacional.
Segundo. Se haga un respetuoso exhorto a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta H. Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, dedique una partida en apoyo a la Cooperativa de Refrescos Pascual, SC, a efecto de que ésta pueda pagar los predios ya referidos en el punto anterior, como una forma de fomentar el empleo y la producción nacionales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2005.
Dip. Pablo Franco Hernández (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 RECURSOS ECONÓMICOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD HUICHOLA WIXARIKA, LOCALIZADA EN LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL, QUE COMPRENDE DIVERSOS MUNICIPIOS DE JALISCO, ZACATECAS, DURANGO Y NAYARIT, A CARGO DEL DIPUTADO BENITO CHÁVEZ MONTENEGRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Benito Chávez Montenegro, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos, pone a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo a razón de las siguientes
Consideraciones
Sin lugar a dudas, es de todos conocido que los pueblos y comunidades indígenas enfrentan hoy más que nunca problemas devastadores. La doliente realidad muestra que la pobreza, la marginación, el desplazamiento y el deterioro ambiental siguen afectando su base productiva y de subsistencia, atentando categóricamente contra su forma de vida, su cultura y su naturaleza. En este sentido, no podemos ignorar esta situación tan agravante que nos lastima y avergüenza, por lo que es preciso fincar acciones y compromisos más realistas que posibiliten el abatimiento de la enorme deuda histórica que tenemos con estas comunidades y su desarrollo.
Localizados en la Sierra Madre Occidental, precisamente en el área comprendida entre los estados de Jalisco, Zacatecas, Durango y Nayarit, los huicholes son considerados entre los grupos étnicos más marginados del país. Su población alcanza los 79 514 habitantes y se encuentran distribuidos en 948 localidades.
Sus principales actividades económicas corresponden a la agricultura, que comprende el cultivo de maíz, calabaza, amaranto, fríjol y chile y; la explotación forestal, la cual es víctima de la voraz sobreexplotación por parte de diversas compañías -principalmente del estado de Jalisco- y con beneficios mínimos para las comunidades.
Las condiciones orográficas de la región hacen demasiado difícil el acceso por tierra. Esto se ve reflejado en la limitada construcción de caminos y puentes, propiciando el uso de medios alternativos de comunicación como la adecuación de pistas de aterrizaje destinadas a pequeñas naves aéreas.
El agua potable se extrae de los pozos y la leña sigue siendo el principal combustible, mientras que pocas comunidades cuentan con alumbrado público por medio de plantas eléctricas alimentadas con gasolina.
En materia educativa, cuentan sólo con algunos albergues escolares donde se imparte educación básica -preescolar y primaria- por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Educación Pública. En muchas rancherías, la educación es impartida en escuelas unitarias donde el maestro apenas alcanza a atender los tres primeros grados de primaria; en tanto que las telesecundarias, son un lujo que sólo se pueden dar escasas poblaciones. Estas características dan cuenta de niveles de escolaridad y aprovechamiento muy por debajo de la media nacional.
Sin embargo, pese a esta perspectiva, uno de los rubros de mayor rezago y que más lacera a esta comunidad indígena es el de la salud. Carecen en la mayoría de los casos de servicios médicos, orillándolos a hacer largos y penosos recorridos para llegar al puesto de salud que más cerca se ubique de ellos, razón por la que la taza de mortalidad es muy alta y el promedio de vida no sobrepasa los 35 años de edad.
Por otra parte, es evidente que la falta de empleos y desarrollo de estos pueblos es mínima, especialmente para los grupos más vulnerables (mujeres, niños y adultos mayores). En estas condiciones, se mantienen alejados de la base social del resto de nuestro país y no se diga del mundo. Ejemplo de ello es el municipio de Mezquitic, el más pobre y marginado del estado de Jalisco y uno de los que ocupa, penosamente, uno de los primeros lugares a nivel nacional.
Por ello, no debemos omitir ni restringir el derecho que tienen las comunidades indígenas a desarrollarse, por el contrario, es fundamental reconocer su estrecha relación con la tierra como base de su cultura, forma de vida y supervivencia económica.
Recordemos que la pobreza es multidimensional, es decir, está regida no sólo por bajos ingresos económicos, sino por la falta de bienes, oportunidades y derechos que le permitan desarrollarse holgadamente al grueso de la población.
El impulso de los pueblos y comunidades indígenas debe implicar una verdadera prioridad en la agenda de este país. Es momento de garantizar su derecho a una vida digna; de reconocer su experiencia, sus conocimientos y sus ideologías y, sobre todo, su invaluable aporte a la conservación e identidad de nuestra cultura.
De esta manera, hago un exhorto a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Asuntos Indígenas a que otorguen los recursos suficientes, correspondientes al presupuesto del año 2006, a fin de atender las necesidades más apremiantes de esta región indígena y a las que a continuación hago mención:
a) Rehabilitación, remodelación y/o, en su caso, construcción, de albergues escolares, ya que de los que existen actualmente en la región, sólo seis de ellos funcionan en medianas condiciones.
b) Construcción y equipamiento de un hospital de segundo y tercer nivel, así como la rehabilitación de algunas áreas y servicios de la única clínica de este tipo que existe en la zona y que se encuentra en el municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, a 30 kilómetros de la localidad indígena más cercana.
c) Implementación de un programa de becas para educación media y superior, que permita a los huicholes una mayor preparación y continuidad de sus estudios.
d) Creación de diversos programas de apoyo y atención a grupos vulnerables (mujeres, niños y adultos mayores), tales como: abasto, vivienda y empleo.
Por todo lo anteriormente expuesto, para su aprobación, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Asuntos Indígenas a que se otorguen recursos suficientes del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 a fin de contribuir de manera significativa al desarrollo de la comunidad huichol Wixarika, que se localiza en la Sierra Madre Occidental, en los municipios de Mezquitic, Bolaños, Huejuquilla el Alto y Villa Guerrero en el estado de Jalisco; Teúl de González Ortega, Tlaltenango de Sánchez Román, Valparaíso, Guadalupe, Fresnillo, Tepechitlán y Benito Juárez en el estado de Zacatecas; Mezquital en el estado de Durango y; la Yesca, el Nayar, Ruiz, Tepic, Santa María del Oro y San Blas en el estado de Nayarit.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, en la fecha de su presentación.
Dip. Benito Chávez Montenegro (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A INCREMENTAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 LOS RECURSOS DESTINADOS AL INSTITUTO MEXICANO DEL CINE, AL CENTRO DE CAPACITACIÓN CINEMATOGRÁFICA Y A LOS ESTUDIOS CHURUBUSCO-AZTECA, A CARGO DE LA DIPUTADA SHEYLA FABIOLA ARAGÓN CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Proposición con punto de acuerdo que suscribe la diputada federal del Estado de México por la quinta circunscripción, Sheyla Fabiola Aragón Cortés, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, analice aumentar los recursos destinados al Instituto Mexicano del Cine, al Centro de Capacitación Cinematográfica y a los Estudios Churubusco-Azteca bajo las siguientes
Consideraciones
La cultura de un pueblo es la expresión de su historia y la fuente de su identidad. Es lo que le da su lugar en el mundo y construye civilización. Es lo que nos permite preservarnos como nación.
Hoy florecen y conviven en todo el país múltiples y variadas manifestaciones artísticas y culturales. La democracia y el clima de libertades que caracteriza al México de inicios del siglo XXI son tierra fértil para la creatividad y la pluralidad en las formas de expresión. Esta diversidad fortalece aun más nuestra riqueza cultural y artística, y contribuye a consolidar los valores de respeto y apertura de nuestra sociedad.
El Programa Nacional de Cultura, que concreta las estrategias contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, busca que el trabajo del sector cultural contribuya a hacer realidad la aspiración social de lograr un desarrollo con sentido humano, en donde la afirmación de la diversidad cultural, la apertura y garantía de acceso a las oportunidades y servicios culturales, el respeto a la libertad de expresión y creación, la ciudadanización de la política y el quehacer culturales, y el federalismo y el equilibrio cultural regional, sean elementos centrales de su configuración.
Los medios audiovisuales se han convertido gradualmente en instrumentos efectivos para el aprendizaje, promoción, difusión y gozo de las experiencias y manifestaciones culturales. El impulso de éstos medios ha permitido difundir en el país las más destacadas manifestaciones artísticas de la cultura de México y del mundo para que cada vez sectores más amplios de la población tengan acceso a ellas.
El cine es una genuina expresión de nuestra cultura, además de un excelente vehículo de interrelación con el resto del mundo. También se debe reconocer a la producción cinematográfica como una generadora de empleos directos e indirectos de calidad y bien remunerados. Además, en sus primeras etapas de realización incluye una amplia participación de creadores de diversas disciplinas y de técnicos altamente capacitados.
En este sentido, el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), creado el 25 de marzo de 1983, es la entidad federal dependiente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes encargada de promover y coordinar la producción cinematográfica del sector público, orientada a garantizar la continuidad y la superación artística del cine mexicano.
El Imcine se propuso impulsar la producción del cine mexicano de calidad, mediante mecanismos de cooperación entre los diversos sectores sociales y mejorar y ampliar las posibilidades de exhibición del cine mexicano y extranjero de calidad, asumiéndolo como una expresión artística fundamental en la formación social y cultural de la población.
Uno de los objetivos del Imcine es invertir los recursos fiscales disponibles para la coproducción cinematográfica, mediante procedimientos competitivos, confiables y de decisión colegiada altamente calificada, con miras a que dicha producción sea creciente y alcance niveles satisfactorios de calidad y recuperación financiera, para reinvertirse en producciones subsecuentes.
El Imcine ha iniciado un proceso de redimensionamiento de su administración a fin de hacerla más eficiente y destinar la mayor parte de sus recursos a las tareas sustantivas que tiene encomendadas: la producción y la promoción del cine mexicano en México y en el extranjero. Con la reducción presupuestal los objetivos y acciones del Instituto se verían seriamente afectadas arriesgando las metas señaladas en el Plan Nacional de Cultura.
El Centro de Capacitación Cinematográfica, AC (CCC), es una institución coordinada por el Instituto Mexicano de Cinematografía; forma parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y es una de las escuelas que conforman el Centro Nacional de las Artes. Tiene como objetivo primordial el de formar cineastas de alto nivel profesional en las áreas técnicas y artísticas de cinefotografía, producción, sonido, edición, guión y realización, en el marco de una concepción integral del quehacer y del lenguaje cinematográficos.
El CCC se erige como una escuela de cine en el amplio sentido de la palabra, como un centro de actividad académica y de difusión cultural que vincula el cine y la imagen en movimiento, con las demás manifestaciones y expresiones artísticas.
Después de más de veinte años de trabajo, el CCC no sólo ha consolidado sus programas de estudio en las diversas áreas del oficio cinematográfico, sino también un intenso proyecto de producción fílmica que se ha cristalizado en una importante colección de cortos y mediometrajes realizados por sus alumnos, dando cuenta del desarrollo y los alcances de sus concepciones formativas.
Cada año, las películas y videos que produce la escuela son promovidos en el marco de numerosos festivales y muestras en el ámbito nacional e internacional. De calidad competitiva internacional, los materiales del CCC participan activamente en cerca de 25 eventos internacionales al año, de los que se derivan asimismo posteriores exhibiciones a través de la televisión e invitaciones especiales a los realizadores.
Los resultados de los estudios efectuados en el CCC no se llevarían a la realidad si no fuera por los Estudios Churubusco que también aportan un importante apoyo a los trabajos estudiantiles y de producción además de colaborar con la Cineteca Nacional en la restauración fílmica y de sonido para la preservación de nuestro patrimonio cinematográfico.
Estudios Churubusco-Azteca es una empresa de participación estatal mayoritaria del gobierno federal que proporciona servicios de producción, postproducción y estructura inmobiliaria a la producción cinematográfica, televisiva y de video nacional o extranjera que se realice en nuestro país. Los servicios técnicos que actualmente brindan son el resultado de un proceso de modernización tecnológica que llevó a la adquisición de equipos de punta para las áreas de laboratorio y sonido, los más modernos de América Latina.
Estudios Churubusco opera gracias a ingresos propios producto de los contratos a sus laboratorios, más la renta de sus diez foros y de oficinas para la mayoría de los productores nacionales. Sin embargo, como empresa, está sometida a una excesiva carga tributaria y a una compleja regulación que dificulta sus proyectos de expansión y mejora tecnológica y de instalaciones.
En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 enviado por el ejecutivo, desafortunadamente se ve disminuido el gasto previsto para las actividades culturales, en especial las cinematográficas, el Imcine, reporta una disminución del 8.5% el Centro de Capacitación Cinematográfica 31.3% y los Estudios Churubusco Azteca reportan la reducción más grave con 66.6% respecto al presente ejercicio fiscal.
Con las limitaciones presupuestales programadas se afecta seriamente la producción cinematográfica nacional, así como el surgimiento de nuevos valores en este rubro. El impulso a esta industria fue un compromiso adquirido por la presente administración e incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Cultura. Abandonar el apoyo a esta actividad cultural significaría también abandonar la oportunidad de desarrollar un nicho que promueve la imagen de México en esferas internacionales, la formación de nuevos valores de calidad internacional y finalmente el crecimiento de una industria que se traduce en inversión directa, y oportunidad de empleo para muchos.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de la asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, aumente los recursos destinados al Instituto Mexicano del Cine, el Centro de Capacitación Cinematográfica y a los Estudios Churubusco-Azteca.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 27 días del mes de octubre de 2005.
Dip. Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE LA CONADE A IMPULSAR LA CREACIÓN DE UNA COORDINACIÓN ENCARGADA DE VIGILAR EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA FÍSICAS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO ULLOA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, elaborado por el Gobierno Federal, es primordial "establecer un modelo nacional de desarrollo de la cultura física y del deporte que promueva entre la población el acceso masivo a la práctica sistemática de actividades físicas recreativas y deportivas y a su participación organizada en ellas. Y, establecer un modelo integral para la cultura física y el deporte nacional dirigido a toda la población, con el propósito de crear hábitos para la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, que mejoren las condiciones generales de salud, adaptabilidad, bienestar social e integración familiar y comunitaria, Buscando también detectar talentos deportivos en edades tempranas para desarrollar sus habilidades". Así se encuentra reflejado en el Programa Nacional de Educación 2001-2006, generado por la Secretaría de Educación Pública, y en el Programa Nacional de la Cultura Física y Deporte 2001-2006, que corresponde al organismo descentralizado denominado Conade.
Sin embargo nos encontramos que en la realidad sólo son proposiciones ilusorias, porque en la educación básica no se ve reflejada la inquietud por parte de las autoridades escolares de fomentar la educación física, como una disciplina que desarrolle las habilidades físico motoras de los niños y niñas.
La educación física fomenta en el infante, la disciplina, el desenvolvimiento social y desarrolla las habilidades psicomotrices. Por ello es conveniente preguntarnos, qué queremos promover en la educación de los niños, y qué calidad de vida queremos para nuestros jóvenes. La respuesta debe verse reflejada en un sistema eficiente y eficaz que coadyuve en el fortalecimiento de la disciplina del deporte en nuestra sociedad.
Dentro del programa escolar, la educación física es considerada por los educadores y hasta por los padres de familia, como una materia de interés secundario, o poco prioritario, que sirve de distracción a los niños para después concentrar su atención en aquellas materias en donde desarrollan su intelecto, y que merecen especialización.
Aunque está comprobado que la cultura física genera jóvenes con iniciativa, no tiene el reconocimiento como una disciplina de formación básica, incluso en la edad en que los niños pueden incrementar el desarrollo de sus movimientos motrices, que es a los seis años, edad de ingreso a la educación primaria, es la etapa en la que menos actividad y orientación sobre éste tema reciben, tomando sólo una, y en el mejor de los casos, dos clases de educación física por semana. El resultado de lo anterior se ve reflejado en la actualidad, pues el 80% de los jóvenes no práctica deporte alguno, lo que redunda en el incremento de las prácticas delictivas o el interés por algún vicio, o simplemente, en el alarmante desarrollo de la obesidad infantil, que ya es un problema de seguridad pública.
Recientemente el Gobierno Federal creó El Centro de Desarrollo y Talentos, que está enfocado a desarrollar las aptitudes para el deporte, de niños y niñas desde muy temprana edad, para que en un futuro sean deportistas profesionales y eleven el nivel competitivo de los deportistas de nuestro país.
Lo preocupante es que el interés principal del gobierno, no sea la calidad de vida de la sociedad en general, en la que debiera fomentar la disciplina por el deporte. Es urgente que la educación física obtenga el reconocimiento, por parte de las autoridades para que éstas lo transmitan de forma generalizada.
Es necesario que la Conade, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, pongan un límite a la concepción empobrecida de la educación física e impulsen la creación de una coordinación que supervise que en las escuelas de educación básica se lleve a cabo la eficiente promoción de la educación y cultura físicas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Para exhortar al Secretario de Educación Pública y al Director de la Conade, para que impulsen de manera conjunta, la creación de una Coordinación encargada de vigilar permanentemente, que en las escuelas de educación básica se lleve a cabo el fomento a la Educación y Cultura Física, tal y como lo establecen los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
Palacio Legislativo, a 27 de octubre de 2005.
Dip. Gerardo Ulloa Pérez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 UNA PARTIDA ESPECIAL PARA LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DESTINADA A LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS EN LOS CINCO MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, A CARGO DE LA DIPUTADA ESTHELA PONCE BELTRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
La suscrita, diputada federal Esthela Ponce Beltrán, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Baja California Sur, con una extensión territorial de 71 mil 428 kilómetros cuadrados y una población estimada en alrededor del 450 mil habitantes, su densidad poblacional es la mas baja del país con 6 habitantes por kilómetro cuadrado, sólo seguido por Chihuahua, con 13 habitantes.
Esto hace a mi estado una región del país complicada para su población; pero también de difícil acceso para poblaciones de otros estados; a no ser que sea por mar, vía área o recorrer centenas de kilómetros para poder llegar a el, por la ruta Tijuana, Ensenada.
Cinco son los municipios con los que cuenta Baja California Sur: Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos. Los cuales dan origen a seis regiones fundamentales que reflejan la dificultad que tiene la población para desplazarse a diario. El desierto central, la serranía, el desierto de Vizcaíno, los llanos de la Magdalena y Los Cabos, definen en sí misma la problemática de los caminos o grandes tramos de terracería en constante erosión.
Si a ello agregamos que su clima es seco desértico en las partes bajas cuya temperatura es extremosa, llegando a superar en el verano los 40° Celsius y en el invierno hasta 0°, salvo en la región de Los Cabos, la situación se agrava.
Pero Baja California Sur es una entidad que concentra el 22% de los poco mas de 10 mil kilómetros de litoral que posee el territorio nacional, lo que la hace poseer un alto potencial turístico y una gran variedad y cantidad de recursos pesqueros como pocos estados.
Para poder comercializar los productos y desarrollar el turismo en zonas como Guerrero Negro, San Ignacio, Santa Rosalía, Loreto, La Paz, Todos Santos, entre muchas otras, se requiere contar, entre otras cosas, con buena infraestructura carretera.
Baja California Sur no puede ser una entidad aislada donde se cancele su desarrollo por falta de infraestructura básica, como es el caso de caminos bien pavimentados y grandes tramos carreteros que unan a los centros de producción con los centros de consumo.
Por ello estamos solicitando los recursos necesarios para poder pavimentar la mayoría de los caminos que nos han demandado los habitantes de los municipios de Mulegé (que incluye las comunidades del Vizcaíno, San Ignacio, Guerrero Negro, San Lucas); Loreto; Comondú (considera las comunidades de Ciudad Constitución, Ciudad Insurgentes, Ejido Luis Echeverría, Adolfo López Mateos y María Auxiliadora); La Paz (con las comunidades de Todos Santos y Barriles) y Los Cabos (que incluye Lagunitas, Santa Rosa, Buenos Aires, San José Viejo, Cabo San Lucas, Miraflores, Caduño, Boca Sierra, la Rivera y Rosario).
Por lo anterior y considerando que es un derecho constitucional que las entidades del país puedan contar con la mínima infraestructura carretera y de servicios que garanticen, cuando menos, la posibilidad de que las comunidades mas alejadas de los polos de desarrollo no cancelen el espíritu emprendedor de la población, es que vengo ante honorable asamblea como diputada Federal del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en el articulo 58, fracción I, del Reglamento interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, a poner a consideración de este Pleno el siguiente
Único. Se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2006, una partida por un monto de $251.1 millones, sectorizada en la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, destinados a la pavimentación de caminos en los cinco Municipios de Baja California Sur.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2005.
Dip. Esthela Ponce Beltrán (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE ESTA SOBERANÍA SE PRONUNCIE EN FAVOR DEL FORTALECIMIENTO DE LA ONU, EN LA CONMEMORACIÓN DE SU SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO, SUSCRITO POR LOS DIPUTADOS ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, BLANCA GÁMEZ GUTIÉRREZ Y RODRIGO IVÁN CORTÉS JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quienes suscriben, Adriana González Carrillo, Rodrigo Iván Cortés Jiménez, Blanca Gámez Gutiérrez, diputados federales de la LIX Legislatura e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del Pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia a favor del fortalecimiento de la Organización de las Naciones Unidas en conmemoración de su sexagésimo aniversario en virtud de las siguientes
Consideraciones
Hace sesenta años, el 24 de octubre de 1945, en San Francisco, los representantes de 50 naciones firmaron la Carta de las Naciones Unidas. Sus propósitos eran, fundamentalmente, preservar la paz y la seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones y servir de foro para incentivar la cooperación entre los pueblos.
Al día de hoy, con 191 Estados miembros, la Organización de las Naciones Unidas es la instancia más importante con que cuenta la comunidad internacional para prevenir y resolver conflictos, para garantizar la igualdad soberana de sus miembros, para estimular el desarrollo y el respeto a los derechos humanos, para impulsar la cooperación y el derecho internacional y, en definitiva, la instancia más importante para enfrentar los retos que nos impone el nuevo milenio.
Las Naciones Unidas, y sus más de 30 organizaciones afiliadas, que se conocen en su conjunto como el sistema de las Naciones Unidas, sirven de centro para armonizar los esfuerzos internacionales tendientes a dar solución a los problemas que afronta toda la humanidad desde proteger el ambiente, luchar contra las enfermedades, reducir la pobreza, combatir el terrorismo, asistir a los refugiados, establecer programas de ayuda humanitaria y promover la democracia en el mundo.
Igualmente, las Naciones Unidas cuentan con instrumentos multilaterales para hacer frente a desafíos tan diversos e importantes como la mejora de la difícil situación de los pueblos indígenas, la erradicación de la delincuencia organizada transnacional, el combate al narcotráfico, la lucha contra el VIH-sida, la promoción de políticas para la protección de la niñez, el apoyo a la industria en países en vías de desarrollo y la resolución de disputas territoriales, comerciales y de derechos humanos mediante la ejecución de sentencias de la Corte de la Haya.
En su sexagésimo aniversario, la Organización de las Naciones Unidas pasa por un momento de intenso debate para la reforma de su sistema de toma de decisiones y su funcionamiento a fin de hacerlo más eficiente, transparente, democrático y representativo con respecto al mundo actual.
Una de las metas centrales del trabajo actual de la Organización de las Naciones Unidas es la erradicación de la extrema pobreza y, por tanto, al mejoramiento del nivel de vida y la promoción de los conocimientos y la capacidad de los seres humanos en todo el mundo mediante la adopción de los así denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a cuyo cumplimiento en el año 2015 se comprometió la comunidad internacional.
En dichos objetivos, cuya instrumentación depende de la colaboración de los Estados miembros con el Programa de las Naciones Unidas y el Desarrollo (PNUD), los líderes del mundo decidieron establecer metas claras para reducir la pobreza, la enfermedad, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación contra la mujer y otros como lograr reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y fomentar una asociación mundial para el desarrollo mediante un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio.
Para México resultan de la mayor importancia los esfuerzos que tanto en materia de desarrollo y cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, como en materia de la reforma a la ONU ha venido impulsando la comunidad internacional en su conjunto.
Por un lado, México ha sido un importante impulsor de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, en general, de los temas de desarrollo desde que fue sede de la Cumbre de Monterrey sobre financiación al desarrollo y hasta que, en la pasada Cumbre del Milenio +5 para revisar el cumplimiento de los ODM, México mostró al mundo la forma en que ha venido implementado con éxito tales metas de desarrollo.
Por otro lado, muestra del compromiso de México es el hecho de que nuestro país ha sido un entusiasta promotor de la reforma a la ONU, un miembro fundador el Grupo de Amigos de la reforma a la organización y un activo participante en la generación de propuestas para revitalizar el trabajo de la Asamblea General, fortalecer el Consejo Económico y Social, mejorar los métodos de trabajo y ampliar la membresía semipermanente del Consejo de Seguridad, reforzar el papel de la Corte Internacional de Justicia, promover y proteger los derechos humanos, impulsar las actividades de consolidación de la paz y mejorar los medios civiles en la prevención y gestión de los conflictos.
El sexagésimo aniversario de la ONU, a pesar de que se produce en un momento especialmente delicado puesto que en los últimos años se ha dañado la imagen del organismo, ha dejado prueba de la vigencia de la organización y de la importancia de su reestructuración de acuerdo con lo obtenido en la pasada Cumbre de jefes de Estado en Nueva York.
Aunque los temas de la reforma quedaron pendientes, el sexagésimo periodo de sesiones de la Asamblea General rindió importantes frutos tales como la reforma a la Comisión de Derechos Humanos, la creación de un Fondo para la Democracia, de una Comisión para la construcción de la paz, de una oficina ética de la ONU y la firma de un acuerdo sobre la responsabilidad internacional de intervenir para proteger a civiles víctimas de genocidio y limpieza étnica.
En suma, tal y como ha dicho el propio Kofi A. Annan, secretario general de la Organización, "nunca antes en la historia de las Naciones Unidas han hecho más falta las decisiones audaces y nunca antes han sido más posibles".
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia a favor del fortalecimiento de la Organización de las Naciones Unidas en conmemoración de su sexagésimo aniversario.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión manifiesta su respaldo a la gestión del actual secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Sr. Kofi A. Annan, en ocasión de esta celebración.
Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión extiende un amplio reconocimiento a la labor de la delegación permanente de México ante la ONU en favor de los temas de la reforma de la organización y el impulso a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2005.
Diputados: Adriana González Carillo, Rodrigo Iván Cortés Jiménez, Blanca Gámez Gutiérrez (rúbricas).
CON PUNTO DE ACUERDO A EFECTO DE INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 UNA AMPLIACIÓN EN LOS RECURSOS DESTINADOS AL ISSSTE PARA LA COMPRA TOTAL DE CARTERA DE LOS CRÉDITOS COFINANCIADOS POR EL FOVISSSTE, A CARGO DEL DIPUTADO MIGUEL ALONSO RAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita incluir en el dictamen de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación la ampliación del presupuesto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado para la compra total de cartera de los créditos cofinanciados por el Fondo de Vivienda del ISSSTE
Los suscritos, diputados federales integrantes de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Honorable Pleno la siguiente proposición con punto de Acuerdo por el cual se solicita incluir en el dictamen de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2006 la ampliación del presupuesto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para la compra total de cartera de los créditos cofinanciados por el Fondo de Vivienda del ISSSTE, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El número total de trabajadores acreditados bajo este tipo de convenios asciende a 58 mil 365, cuyos préstamos o créditos tienen un valor de 4 mil 420 millones de pesos, de acuerdo con datos al cierre del mes de julio de 2005.
Al cierre del periodo, son 15 las entidades financieras acreedoras del Fovissste y de los trabajadores, de las cuales en tres se concentra el 80 por ciento de los créditos.
2. El problema es que el monto inicial que prestaron los bancos comerciales fue de 2 mil millones de pesos. Sin embargo, los pagos o amortizaciones hechos a los bancos al cierre de julio de 2005, ascienden a 5 mil 553 millones de pesos, manteniéndose el adeudo citado de 4 mil 420 millones de pesos.
De continuar el esquema de pagos por la vía que actualmente se conduce, el Fondo estaría pagando a la banca privada 9 mil 973 millones de pesos. Aunque la estimación total del costo del programa hasta su liquidación -sobre los 2 mil millones prestados inicialmente por la banca- asciende a 17 mil 869 millones de pesos. Si a esta cantidad se le restan los pagos efectuados por 5 mil 553 millones de pesos, quedarían erogaciones por pagar del orden de 12 mil 316 millones de pesos. Si se compra la cartera, como se propone, el Fondo tendría un ahorro neto para el Fovissste del orden 7 mil 896 millones de pesos.
Acuerdo
Único: Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, al elaborar el dictamen al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 que presentó el Ejecutivo federal ante esta Soberanía, incluya una ampliación del presupuesto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para la compra del total de la cartera de los créditos cofinanciados por el Fondo de Vivienda del ISSSTE.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de octubre de 2005.
Dip. Miguel Alonso Raya (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ADOPTAR POR CONDUCTO DE LA SEMARNAT, LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA DE CAZA, POR EL RIESGO QUE IMPLICA EL CONTAGIO DE LA GRIPE AVIAR, A CARGO DE LA DIPUTADA BLANCA EPPEN CANALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
La suscrita, Blanca Eppen Canales, diputada federal en la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los numerales 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco a presentar proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar al titular del Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud, así como a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a que en el ámbito de sus facultades no se otorguen, permisos de caza, o se revoquen los ya expedidos; en la próxima temporada de caza de aves migratorias; lo anterior por el riesgo de contagio que implica la posibilidad de contagio de gripe aviar. Para lo cual hago las siguientes:
Antecedentes
La gripe aviar, más conocida como gripe del pollo, es una enfermedad viral muy contagiosa causada por las cepas tipo A del virus de la gripe que puede afectar a todas las especies de aves. La enfermedad fue identificada en Italia hace más de 100 años.
Los virus de la gripe aviar son miembros de la familia Orthomyxoviridae, género Influenza virus tipo A. La infección causa un amplio espectro de síntomas en las aves que van desde una enfermedad leve que se manifiesta algunas veces únicamente como plumas erizadas o disminución en la producción de huevos, hasta una enfermedad fatal altamente contagiosa y rápida conocida como "gripe aviar altamente patogénica". Esta forma se caracteriza por comienzo súbito, enfermedad grave y evolución fulminante, con una mortalidad muy cercana al 100%. Las aves pueden morir el mismo día en que aparecen los síntomas.
Los síntomas de la gripe aviar en humanos varían desde síntomas parecidos a la gripe típica (fiebre, tos, dolor de garganta y dolores musculares) hasta infecciones oculares, neumonía, dificultad respiratoria aguda y otras complicaciones graves que pueden suponer una amenaza para la vida.
Las aves acuáticas migratorias, principalmente los patos, constituyen el reservorio principal de los virus de la gripe aviar, y estas aves son también las más resistentes a la infección. Aunque todas las especies de aves son susceptibles de infectarse, son especialmente vulnerables las aves de corral domésticas, en particular los pollos y pavos, pudiendo además estas infecciones alcanzar rápidamente proporciones de epidemia.
Se ha considerado el contacto directo o indirecto de los animales domésticos con las aves acuáticas migratorias como causa frecuente de epidemias. El mercado de aves vivas juega también un papel importante en la expansión de epidemias.
Por otra parte, investigaciones recientes han puesto de manifiesto que virus de baja patogenicidad pueden, después de circular por periodos cortos entre la población de aves de corral, mutar a virus muy patógenos
Se ha confirmado la afectación humana de la gripe aviar desde 1997:
1997: En Hong Kong, la gripe aviar A (H5N1) afectó tanto a pollos como a humanos. Fue la primera vez que se encontró la transmisión directa de aves a humanos. Durante este brote 18 personas fueron hospitalizadas y 6 de ellas fallecieron. Para controlar el brote y eliminar la fuente del virus las autoridades sanitarias mataron cerca de 1,5 millones de pollos.
La investigación de este brote concluyó que el contacto estrecho con las aves infectadas vivas había sido el origen de la infección humana. Estudios genéticos posteriores evidenciaron que el virus había saltado directamente de las aves al hombre. Se produjo también una transmisión limitada al personal sanitario, sin llegar a causar síntomas de gravedad.
1999: En Hong Kong, se confirmaron dos casos de gripe aviar A H9N2 en niños. Ambos pacientes se recuperaron y no se confirmaron otros casos. Los hechos sugieren que las aves de corral fueron la fuente de infección y el principal modo de transmisión fue de aves a humanos. Sin embargo, la posibilidad de transmisión de persona a persona permaneció abierta. Se informó de infecciones humanas H9N2 en China en 1998-1999.
2003: Dos casos de gripe aviar A (H5N1) ocurrieron entre los miembros de una familia de Hong Kong que había viajado a China. Una persona se recuperó y otra murió. No se determinó donde habían sido infectadas estas personas. Otro miembro de la familia murió de una enfermedad respiratoria en China, pero no se tomaron muestras. No se informó de otros casos.
Se confirmaron en Holanda infecciones de gripe aviar A (H7N7) entre las personas que trabajan con aves de corral y sus familias durante un brote de gripe. Se informó de más de 80 casos de enfermedad H7N7 (los síntomas fueron confinados a infecciones oculares con algunos síntomas respiratorios) y un paciente murió (un veterinario que había visitado una granja afectada). Había evidencia de transmisión de humano a humano.
En un niño en Hong Kong se confirmó infección por H9N2. El niño fue hospitalizado pero se recuperó.
2003-2004: Un brote de gripe aviar está afectando a las poblaciones de aves en países asiáticos. El brote está causado por el virus de la gripe subtipo H5N1.
Este brote ha causado también casos de infección en humanos en Vietnam y Tailandia, habiéndose producido muertes.
Desde mediados de diciembre de 2003 ha aumentado el número de países asiáticos que han informado de brotes epidémicos de gripe aviar altamente patogénica en pollos y patos. También se ha informado de infecciones en muchas especies de aves salvajes y cerdos.
La extensión rápida de esta gripe, con brotes epidémicos que ocurren al mismo tiempo en muchos países, no tiene precedentes históricos y es un tema muy importante para la salud humana y la agricultura.
Es muy alarmante, en relación con los riesgos para la salud humana, la detección como la causa de estos brotes de una cepa muy patogénica conocida como H5N1. Esta cepa ha saltado la barrera de las especies causando enfermedad grave en las personas y está aumentando de forma gradual el número de casos.
Este brote ha causado casos de infección en humanos en Vietnam y Tailandia. Se han producido muertes. Se cree que estos casos se han producido por el contacto con aves infectadas o superficies contaminadas con los excrementos de las aves infectadas. Se están realizando investigaciones para averiguar la fuente de las infecciones humanas
Considerandos
Que se encuentra próxima la temporada de cacería de aves acuáticas, la cual se abre de noviembre a marzo de cada año.
Que las aves acuáticas migratorias son las principales portadoras del virus de la gripe aviar.
Que si bien es cierto no se ha podido comprobar que la gripe aviar pueda ser transmitida de persono a persona, tampoco se ha podido comprobar lo contrario, es decir, aun no se cuenta con los estudios suficientes que confirmen uno u otro hecho.
Que la práctica del deporte de la caza implica el contacto directo, del cazador y su perro, con el ave posiblemente portadora del virus.
Que este virus ya ha demostrado su capacidad mortífera en el sureste asiático.
Que se encuentra próxima la temporada de caza de aves migratorias, en varias entidades de la República mexicana.
Que podría representar un grave peligro de salud publica para el país, en el caso de un brote infeccioso de este virus.
Por todo lo anteriormente expuesto, la suscrita somete a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.- Se exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto, de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud y su Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el ámbito de sus respectivas competencias, informen a esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre los siguientes asuntos:
Primero.- Se revoquen los permisos para caza de aves para la próxima temporada de caza.
Segundo.- No se otorguen permisos para caza de aves en la próxima temporada.
Tercero.- Reforzar la vigilancia para impedir la caza clandestina, que se pudiera originar por la prohibición.
Cuarto.- Se informe de manera puntual a la población del posible riesgo que implica el contacto con las aves migratorias.
Palacio Legislativo, a 27 de octubre 2005.
Dip. Blanca Eppen Canales (rúbrica)
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