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Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público a mantener las cuotas compensatorias a la introducción de artículos metálicos y de plástico, y juguetes y muebles para bebé terminados, así como cualquier componente importado y que se utilice en el ensamblado de juguetes en territorio nacional, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Petróleos Mexicanos a informar sobre los fondos y recursos que se pretende destinar a la construcción del centro hospitalario en Paraíso, Tabasco, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 se asigne un incremento adicional a la Conagua para invertirlos en la construcción del proyecto de colectores y emisores de aguas residuales, que beneficiará diversas comunidades de Capulhuac, Xalatlaco y Santiago Tianguistengo, México, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Salud a informar a esta soberanía sobre las medidas que se toman para la detección oportuna de padecimientos o enfermedades reumatoides que afectan a la población mexicana, a cargo del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal a indemnizar mediante la CFE, la Semarnat y la Profepa a las comunidades Cantiles y El Ciruelo, así como a la familia Hernández Fletes, afectadas por la construcción de la presa hidroeléctrica El Cajón, en Nayarit, a cargo del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública que limiten los gastos de publicidad y propaganda para el Poder Ejecutivo, a cargo del diputado Juan Manuel Vega Rayet, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Legislaturas de la República Mexicana a aprobar en sus Presupuestos de Egresos correspondientes a 2006 mayores recursos para los programas pesqueros, a cargo del diputado Evaristo Corrales Macías, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, a fin de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 se considere una partida especial destinada a la ampliación y al mantenimiento de la red hidrosanitaria de la ciudad y el puerto de Acapulco, y la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales, a cargo de la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, a efecto de que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 se consideren recursos destinados al desarrollo de proyectos e infraestructura de riego en Baja California Sur, a cargo del diputado Isidro Camarillo Zavala.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar las medidas necesarias para reabrir el caso de la isla de La Pasión o isla de Clipperton, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del PAN.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a atender la problemática del sistema de educación básica del estado de Guerrero, a cargo de la diputada Irma S. Figueroa Romero, del grupo parlamentario del PRD.
- Con punto de acuerdo, para que el Gobierno Federal establezca un fideicomiso en Puebla en beneficio de los prestadores del servicio público de alquiler del transporte de pasajeros en calidad de fiduciarios, a cargo del diputado René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del PRI.
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a redoblar esfuerzos para proteger y prestar atención debida a niños migrantes en los procesos de repatriación segura y ordenada en la frontera norte de México, a cargo de la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN.
- A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a solicitud de la diputada Amalín Yabur Elías, del grupo parlamentario del PRI.
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A MANTENER LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A LA INTRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS METÁLICOS Y DE PLÁSTICO, Y JUGUETES Y MUEBLES PARA BEBÉ TERMINADOS, ASÍ COMO CUALQUIER COMPONENTE IMPORTADO Y QUE SE UTILICE EN EL ENSAMBLADO DE JUGUETES EN TERRITORIO NACIONAL, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO ANTONIO MARRUFO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Roberto Antonio Marrufo Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la secretarias de economía y de hacienda mantenga las cuotas compensatorias a la introducción de artículos metálicos, de plástico, juguetes y muebles para bebe, terminados. Y aplicar la misma cuota compensatoria a cualquier componente importado que sea utilizado en el ensamblado de juguetes en territorio nacional, ya que introduciendo de manera separada estas partes se evade el pago de este arancel, de acuerdo a los siguientes
Antecedentes
Compañeros legisladores, es por todos conocida la desleal competencia que esta dando con productos de todo tipo introducidos en muchas ocasiones de manera ilegal a nuestro país a ultimas fechas principalmente estos productos son de origen chino, de calidad cuestionable pero a precios muy bajos que dejan en una situación de desventaja para competir a las medianas y pequeñas industrias de nuestro país, en el presente me referiré concretamente a los graves problemas que atraviesan los fabricantes de artículos metálicos, de plástico, juguetes y muebles para bebé en general.
Estos industriales fabrican juguetes varios como triciclos, patines scooter de dos ruedas, patinetas, montables, zapatines con ruedas, para niños de 1 a 5 años, los materiales usados en la fabricación de estos artículos son: tubo de acero, lamina de acero en diferentes calibres, plástico EVA, plástico prolipeno, plástico nylon, plástico PVC, plástico abc, telas para los que así lo requieran, todos estos insumos de primera calidad lo que garantiza un buen producto al consumidor.
Actualmente, los productos en cuestión que llegan del exterior deberían tener una cuota compensatoria de 351%, pero los exportadores e importadores de estos productos han encontrado una manera muy fácil de evadir el pago de este arancel, introduciendo estos productos en partes por diferentes aduanas del país, por ejemplo por el puerto de manzanillo se introducen la llantas, por el puerto de Veracruz se introducen las piezas de plástico como pedales puños por el puerto de Tampico, de igual manera las estructuras metálicas con diferentes nombres de importador, una vez que todos estos componentes ya se encuentran en el país se conjuntan y obtienen los juguetes completos, limitándose únicamente a empacarlos y hasta le ponen la leyenda "Hecho en México".
Esto se convierte en una práctica desleal que afecta gravemente a los jugueteros nacionales, y opera como contrabando impunemente además engaña a los consumidores nacionales, quitando una parte importante del mercado nacional a industriales mexicanos, aniquilando no solamente las posibilidades de crecimiento de esta golpeada industria, sino de subsistencia de las empresas dedicadas a la fabricación de estos productos.
Si se sigue ejercitando el mismo criterio para la aplicación de las cuotas compensatorias únicamente a los productos terminados que aquí nos ocupa y que ingrese al país con un solo pedimento, se pierde el espíritu de la ley para la que fueron creadas estas cuotas compensatorias, y la Secretaría de Hacienda se verá impedida para recuperar los ingresos derivados de estas importaciones y se seguirá poniendo en riesgo la generación de empleos, el crecimiento económico del país, con estas practicas lo único que se esta fomentando es el desarrollo económico de la República Popular China.
Estas prácticas desleales y el contrabando de juguetes que entran desarmados al país originan que en este momento nuestros precios de venta al mayoreo estén un 30 % por arriba de los productos chinos un triciclo que ellos venden a mayoreo en 200 pesos los jugueteros nacionales tienen que venderlo a sus clientes mayoristas en 260 pesos, consideramos que si desaparece la cuota o arancel en cuestión, el triciclo chino que ahora se vende en 200 pesos al mayoreo lo venderían en 45 pesos, este ejemplo deja claro la grave situación de los jugueteros y otros industriales pequeños y medianos de nuestro país con referencia a la importación de productos de la República Popular China.
De no legislar al respecto los jugueteros nacionales no podrán competir contra las importaciones chinas si permitimos desaparezcan las cuotas compensatorias a estos productos esta industria quedaría en una desventaja de venta 480% arriba de los productos chinos esta industria no podrá subsistir únicamente con ventas de menudeo ya que esto significa solo el 30% de su volumen de venta, e indudablemente enfrentarían la inminente quiebra, la situación es grave en 1990 existían 430 empresas jugueteras que generaban aproximadamente 100 mil empleos directos, actualmente sobreviven solamente 70 empresas a nivel nacional.
Compañeras y compañeros diputados: por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Para exhortar a la Secretarías de Economía, y de Hacienda mantengan las cuotas compensatorias a la introducción de artículos metálicos, de plástico, juguetes y muebles para bebé, terminados, y aplicar la misma cuota compensatoria a cualquier componente importado que sea utilizado en el ensamblado de juguetes en territorio nacional, ya que introduciendo de manera separada estas partes se evade el pago de este arancel.
Segundo. Establecer un valor de referencia para determinar el valor real de los juguetes de importación de la República Popular China, ya que en las guías respectivas siempre se subvalúa el precio de introducción de estas mercancías con esto se evade la cuota compensatoria al utilizar bases gravables mucho menores que las reales.
Tercero. Se apliquen las sanciones especificadas en la ley de la materia, respecto al contrabando de juguetes que son introducidos por las distintas aduanas del país.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de octubre de 2005.
Dip. Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS A INFORMAR SOBRE LOS FONDOS Y RECURSOS QUE SE PRETENDE DESTINAR A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO HOSPITALARIO EN PARAÍSO, TABASCO, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El que suscribe, diputado Jesús Martínez Álvarez del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del reglamento para el gobierno interior del congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Se ha hecho pública la suscripción de un acuerdo de voluntades en el que las partes intervinientes, Universidad Nacional Autónoma de México, por una parte, y Petróleos Mexicanos, por la otra, se comprometen a colaborar para realizar un diseño arquitectónico para una clínica-hospital con el fin de brindarle a doce mil trabajadores un servicio de salud.
Por ello, se constituye como una labor loable y que merece reconocimiento y validez. Sin embargo, se considera que la Dirección Corporativa de Administración de Pemex debe sustentar el gasto de inversión que generará la construcción del citado centro hospitalario, en razón de que existen rubros de seguridad interna en la paraestatal, que no han sido del todo atendidos. Derivado de ello, se han generado accidentes en instalaciones y ductos en estados de la República Mexicana donde se realizan actividades relacionadas con la explotación y exploración de pozos petroleros.
Se han calificado como altamente perfeccionados los servicios de salud que proporcionan las clínicas de la paraestatal, no obstante ello, se estima necesario aclarar la forma en que la construcción del centro hospitalario de Ciudad Paraíso da solución a los problemas relacionados con la negligencia y deficiencia en el mantenimiento y seguridad de las instalaciones de pozos y ductos petroleros.
Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la paraestatal Petróleos Mexicanos a efecto de que informe a esta soberanía sobre los recursos destinados a la construcción de la clínica de ciudad Paraíso, en el estado de Tabasco, derivada del convenio suscrito con la Universidad Nacional Autónoma de México.
Dado en Palacio Legislativo, a los 18 días del mes de octubre del año dos mil cinco.
Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE 2006 SE ASIGNE UN INCREMENTO ADICIONAL A LA CONAGUA PARA INVERTIRLOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE COLECTORES Y EMISORES DE AGUAS RESIDUALES, QUE BENEFICIARÁ DIVERSAS COMUNIDADES DE CAPULHUAC, XALATLACO Y SANTIAGO TIANGUISTENGO, MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO ANTONIO MARRUFO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Roberto Antonio Marrufo Torres, Presidente de la Comisión Especial para analizar la situación en la cuenca Lerma-Chapala, e integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con: Punto de acuerdo, para solicitar, que en el proyecto de Egresos de la Federación para el año 2006 se asigne un incremento adicional de 50 millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua, para que sean invertidos en la construcción en el proyecto de colectores y emisores de aguas residuales que beneficiara a 11 comunidades de los municipios de Capulhuac, Xalatlaco, y Santiago Tianguistengo estos del estado de México, mismo que deberá ser referenciado de manera explicita (Etiquetada) en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006. Misma que solicito sea turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Hasta hoy, las cuestiones presupuéstales casi siempre se han alejado de las cuestiones ambientales e hidrológicas, por considerarse estas como de segundo grado. Esta desafortunada forma de considerar estos temas ha llevado al país al borde de una crisis ambiental, así como para conservar los recursos naturales de los que dependen, la degradación a la que se ha sometido la cuenca del río Lerma principalmente en su parte alta lo tiene convertido prácticamente en un canal de agua negra.
Entre los principales problemas ambientales que enfrenta el territorio mexiquense, se menciona la degradación de la calidad de sus tres cuencas hidrológicas: Cuenca del Río Lerma-Santiago, la cual es considerada de primer orden; Cuenca del Río Pánuco, considerada también de primer orden por recibir descargas tanto urbanas como industriales y la Cuenca del Río Balsas, cuya afectación es menor dado que cubre zonas con baja densidad poblacional.
Por otra parte, en lo que se refiere a la problemática de usos del agua doméstica y comercial por cuenca hidrológica y región socio-económica, se observa un alto grado de concentración en la estructura de la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado, situación determinada fundamentalmente por la conformación de dos grandes asentamientos urbanos e industriales: el área conurbada de la Ciudad de México y la región Toluca-Lerma.
La creciente problemática ambiental que atraviesa la cuenca Lerma-Chapala se ha incrementado de manera crítica en los últimos 20 años, esto como consecuencia de la ausencia de una política encaminada al combate de la degradación de esta zona en la agenda federal, estatal y municipal. Esta situación mantiene en riesgo a más de 100 mil habitantes que viven en las cercanías del cauce, principalmente a los habitantes de los municipios de Capulhuac, Xalatlaco y Santiago Teanguistengo, y las comunidades de San Juan Tomasquillo, Guadalupe Yancuitlalpan, Santiago Tilapa, Magdalena de los Reyes, Cuamilpa de Juárez, Agua Blanca, San Miguel Almoya, San Nicolás Plazola, dichas comunidades descargan 15 mil 815 metros cúbicos diarios de aguas residuales a canales a cielo abierto que finalmente van a dar sin tratar al cauce del río Lerma.
Estos municipios y comunidades pertenecen al estado de México ubicados en la cuenca alta del río Lerma quienes ya sufren graves afectaciones a la salud, principalmente por la contaminación causada por los canales de agua negra a cielo abierto que se encuentran en estas comunidades y que descargan crudas a los afluentes de la cuenca del Lerma, a esto debemos agregar las descargas del sector industrial que no son verificadas por ninguna autoridad Las principales industrias son: la química (33%), extracción (23%), manufacturera (11%), bebidas y textil (5%), mientras que el 28% restante lo emplean una variedad de industrias de giros diversos.
De forma más específica, el desarrollo de los municipios asentados en el cauce del río Lerma ha traído consigo una compleja problemática ambiental. En la actualidad, el nivel de deterioro al que ha sido sometida esta región la tiene al borde de un colapso ambiental, poniendo en riesgo la vida de sus habitantes.
Su problemática está relacionada con un descuido total de la autoridad federal y estatal responsable de su cuidado, el abandono de la misma, a llevado a una degradación sin precedentes de esta corriente afectando el entorno y la salud de los habitantes de esta área quienes ya sufren afectaciones a la salud que van desde infecciones oculares, dermatológicas, respiratorias.
Compañeras y compañeros diputados: por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a la consideración de la H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Para solicitar que en el proyecto de Egresos de la Federación para el año 2006 se asigne un incremento adicional de 50 millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua para que sean invertidos en la construcción del proyecto de colectores y emisores de aguas residuales que beneficiara a 11 comunidades de los municipios de Capulhuac, Xalatlaco, y Santiago Tianguistengo estos del estado de México, mismo que deberá ser referenciado de manera explicita (etiquetada) en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de octubre de 2005.
Dip. Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE SALUD A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS MEDIDAS QUE SE TOMAN PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE PADECIMIENTOS O ENFERMEDADES REUMATOIDES QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN MEXICANA, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE CONVERGENCIA
El que suscribe, diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del reglamento para el gobierno interior del congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Coordinación Regional del Programa de Actualización de Desarrollo Académico para Médicos Generales ha hecho público un dato estadístico en relación a que el 10 por ciento de la población mexicana padece de alguna enfermedad reumatoide y lo desconoce.
Dicho desconocimiento hace tardía la atención o el tratamiento aplicable para cada caso, lo cual ocasiona una evolución en la enfermedad y un incremento en los padecimientos.
Igualmente, se ha hecho saber que las personas que se encuentran entre los 20 y los 50 años de edad, son quienes desarrollan en mayor medida estos males y padecimientos, incluso por encima de los adultos mayores.
Se requiere mayor información sobre las medidas que pueden tomarse para prevenir o, desacelerar en su caso, el daño que este tipo de enfermedades degenerativas ocasiona en los seres humanos.
La práctica de deportes de manera adecuada y con la asesoría necesaria puede constituirse como una de las mejores herramientas para el tratamiento de estos males.
Existen posturas encontradas en lo que respecta al origen de las enfermedades reumatoides; por un lado, se ha sostenido que son padecimientos hereditarios que pueden mantenerse como genes recesivos y se hacen presentes en alguna generación. Por otro lado, se ha hecho saber que dichas enfermedades responden a un exceso de trabajo y de factores de tensión en los individuos.
La agresión que implican estas enfermedades es devastadora, sobre todo cuando se presentan en etapas tempranas de la niñez y la adolescencia. En ese sentido, es de especial preocupación para el grupo parlamentario de Convergencia el rubro de salud pública y estima oportuno que la Secretaría de Salud se haga presente en el tema de enfermedades reumatoides y robustezca sus actividades de investigación, prevención y tratamiento de enfermedades que resultan además costosas y debilitan la economía familiar.
Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al secretario de Salud a efecto de que informe a esta soberanía sobre las actividades que lleva a cabo el órgano de la administración pública a su cargo, en relación con la investigación, prevención, detección y tratamiento de enfermedades de tipo reumatoide en la población mexicana.
Dado en Palacio Legislativo, a los 18 días del mes de octubre del año dos mil cinco.
Dip. Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A INDEMNIZAR MEDIANTE LA CFE, LA SEMARNAT Y LA PROFEPA A LAS COMUNIDADES CANTILES Y EL CIRUELO, ASÍ COMO A LA FAMILIA HERNÁNDEZ FLETES, AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA EL CAJÓN, EN NAYARIT, A CARGO DEL DIPUTADO ROBERTO ANTONIO MARRUFO TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal Roberto Antonio Marrufo Torres, Presidente de la Comisión Especial para analizar la situación en la cuenca Lerma-Chapala, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional correspondiente a la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con: punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno Federal a través de la Comisión Federal de Electricidad, la Semarnat y la Profepa a que indemnice de una manera integral, completa y suficiente a las comunidades Cantiles, el Ciruelo y a la familia Hernández Fletes, afectadas por la construcción de la presa hidroeléctrica El Cajón, situada en el estado de Nayarit, al tenor de los siguientes
Antecedentes
La construcción de la presa hidroeléctrica el cajón sobre el río Santiago en el estado de Nayarit, fue anunciada por el Gobierno Federal como el proyecto del sexenio para la generación de energía eléctrica, esta obra fue promovida por la comisión federal de electricidad y se ubica en los municipios de Jala, Ixtlan del Río, La Yesca, y Santa Maria del Oro, en el estado de Nayarit y Hostotipaquillo del Estado de Jalisco, la superficie de construcción es del orden 4,206.9 ha., con un volumen de afectación de 188,626,781.M3 de R.T.A.
El sitio donde se construye el proyecto denominado Proyecto Hidroeléctrico (P.H.) el cajón esta localizado a 60 kilómetros aguas arriba de la central hidroeléctrica agua milpa, sobre el cauce del rió santiago, a 78 kilómetros de la ciudad de Tepic, en terrenos del ejido cantiles, en los municipios de la yesca y santa María del oro, ambos divididos por el río santiago, las coordenadas geográficas de la boquilla de la presa son: 21° 25? 41" de latitud norte y 104° 27? 14" de longitud oeste.
Algo importante las comunidades afectadas por la realización de este proyecto nunca fueron consultadas sobre la realización del mismo y en su mayoría desconocen los impactos ambientales, económicos y sociales que este representara para las comunidades en cuyos terrenos pudieran construirse obras asociadas a la presa, con lo anterior concluimos que la autorización emitida por la Dirección de impacto y riesgo ambiental, contenida en el oficio S.G.P.A.-DGIRA-DIA-0857/02, se emitió sin siquiera enterar a las comunidades afectadas del proyecto de construcción de esta mega obra.
La autorización en materia de impacto ambiental emitida a favor de la Comisión Federal de Electricidad, que es quien promovió y realiza la obra, de la construcción de la Presa, contempla el cambio de uso del suelo de terreno forestal a infraestructura hidráulica con una superficie total de 3,590-996 hectáreas y un volumen total de afectación de 156,626-781 M3 de R.T.A., de las cuales 657-83-40 hectáreas de bosques y 29,858.748 M3 forman parte de los bienes agrarios de la comunidad quejosa, cifras citadas en la misma foja 23 de la autorización identificada en el punto anterior.
Adicionalmente en la autorización en materia de evaluación de impacto ambiental se reconoce que el proyecto de la presa el Cajón afectará gravemente los ecosistemas de la zona, por lo que es evidente que la comunidad quejosa se verá afectada en los derechos a gozar de un ambiente sano en los términos del artículo 4 constitucional y de realizar un aprovechamiento equilibrado y sustentable de los recursos naturales propiedad de la comunidad.
Según datos del proyecto aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se desprende que la generación de energía eléctrica será del 18.7 por ciento de la capacidad instalada. Lo anterior tomando en consideración los volúmenes de agua disponible durante los meses de estiaje, en contrapartida entre los impactos ambientales que ocasionará se encuentran: destrucción de los recursos naturales, como es el caso de 3,590 -99-60 hectáreas de bosques tropicales con una cantidad de afectación de 156,626-781 M3 de R.T.A., pérdida de hábitat de flora y fauna, pérdida de biodiversidad, pérdida de recursos hídricos, por mencionar los mas relevantes.
La Comisión Federal de Electricidad, cuando comenzó las obras de la presa, indemnizó de manera autoritaria y unilateral a las comunidades afectadas por la misma, entre quienes se encontraban pequeños propietarios y comunidades agrarias.
Sin embargo, y, ante la notoria injusticia que funcionarios de la CFE estaban cometiendo con las comunidades y particulares afectados, estos ocurrieron en demanda de apoyo jurídico, a efecto de lograr una indemnización justa, completa y suficiente por la pérdida en algunos casos de todo su patrimonio, y, en otros de una gran parte. Entre las comunidades que iniciaron una lucha jurídica se encuentran la Comunidad Indígena de Cantiles o el Pescuezón, el Ciruelo y la familia Hernández Fletes.
Hoy en día el mal llamado proyecto del sexenio foxista, se encuentra suspendido en su construcción por los Jueces de Distrito en materia Administrativa de la ciudad de Nayarit, Jalisco, a través de las siguientes resoluciones:
En el Juicio de Amparo 231/2005 que se promueve ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Nayarit por el Núcleo de Población de Cantiles y Pescuezón del Municipio de Santa María del Oro, el Juez mediante auto de fecha uno de marzo del dos mil cinco, admite la demanda de garantías y concede: La suspensión de plano del acto reclamado consistente en la posible privación de la vida de todos los integrantes del Ejido, para el efecto de que las autoridades señaladas como responsables, cesen en forma inmediata cualquier actividad tendente a poner en peligro la vida de los integrantes del ejido, así como de que se inunden sus propiedades y posesiones; sin que lo anterior signifique que se suspendan las obras que se realizan para la construcción del P.H. El Cajón. La suspensión de plano de los actos de privación ilegal de la propiedad, la posesión y disfrute de 800-00-00 hectáreas de terreno de uso común, de monte, temporal y agostadero y su substracción del régimen jurídico ejidal que forma parte de los bienes agrarios de su ejido., para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y el ejido quejoso no sea desposeído de la superficie de terreno.En el caso de la presa el Cajón, se expropió una superficie de 553-00-00 hectáreas de terreno para el proyecto P: H: el Cajón, del poblado de Cantiles, este tiene la posesión de la mayor parte de esta superficie.
La Secretaría de la Reforma Agraria hizo una ejecución de gabinete de la expropiación anterior. El decreto de expropiación y el acta de ejecución de gabinete fueron presentados como pruebas en el Amparo anterior y el ejido presentó un procedimiento de objeción de falsedad de esos documentos con fundamento en el artículo 153 de la Ley de Amparo, que se encuentra pendiente de acuerdo por que el procedimiento del Amparo se había suspendido por una Queja, la objeción de falsedad tiene implicaciones de responsabilidad penal en contra de los que suscriben el decreto de expropiación , y firman el acta de ejecución, entre ellos el propio Presidente Vicente Fox y el Residente General de Construcción de la Comisión Federal de Electricidad.
En el Juicio de Amparo 284/2005 promovido ante Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Nayarit por los CC. José Reyes Hernández Fletes, Abelina Orozco Arteaga y Víctor Hernández Fletes el Juez Tercero de Distrito del Estado de Nayarit en auto de fecha once de marzo del dos mil cinco admite la demanda de garantías y, concede la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la posible privación de la vida de los quejosos, para el efecto de que las autoridades cesen en forma inmediata cualquier actividad tendente a poner en peligro la vida, así como de que se inunden sus propiedades, consistente en 375 hectáreas de agostadero, del predio rústico denominado El Tepetate, sin que se suspendan las obras que se realizan para la construcción del PH El Cajón.
En el poblado del Ciruelo, de Jala , Jalisco se promovieron dos Amparos el 788/2004 interpuesto por J. Paz Peña Cortés , tramitado en el Juzgado Tercero de Distrito y el 785/2005, interpuesto por Silvino Peña y otros, tramitado en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Nayarit, en ambos casos se concedió la suspensión provisional para que no sean privados de su propiedad , posesión y disfrute de los terrenos y se concedió la suspensión de plano ,para que no sean inundados los terrenos.
Adicional a las acciones jurídicas anteriores, se inició procedimiento de Conciliación ante la Procuraduría Agraria, desahogándose las audiencias en el estado de Nayarit, y, ante el entrampamiento de las negociaciones y pláticas con personal de la Residencia de Construcción de la C. F. E, en el Cajón los afectados solicitaron al Delegado de la Procuraduría Agraria, se pasara la negociación a la ciudad de México, con personal de primer nivel de la C. F. E. a lo que accedió y acordó esta autoridad Agraria.
Es evidente, que independientemente de los impactos ambientales de este proyecto, los sociales están a flor de piel y, las comunidades afectadas en sus posesiones, y/o propiedades, se han dado a la tarea de exigir una justa indemnización por la expropiación de sus tierras, hecho al que esta soberanía debe de allanarse, ya que los daños e impactos negativos ocasionados por esta obra ya no podemos detenerlos, pero sí podemos incidir de manera efectiva en que los afectados por dicha obra no queden en estado de indefensión.
Compañeras y compañeros diputados, por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero.- Exhortar al Gobierno Federal a través de la Comisión Federal de Electricidad, Semarnat y Profepa a que indemnice de una manera integral, completa y suficiente a las comunidades Cantiles, el Ciruelo y a la familia Hernández Fletes, afectadas por la construcción de la presa hidroeléctrica el cajón situada en el estado de Nayarit.
Segundo.- Se realice una estricta vigilancia del cumplimiento de las condicionantes contenidas en la autorización en materia de impacto ambiental a la construcción de la presa el cajón, a la vez que prevean un plan de abandono de la obra y restauración del lugar a la conclusión de dicha obra.
Dado en el Palacio legislativo de San Lázaro a los 18 días del mes de octubre de 2005.
Dip. Roberto Antonio Marrufo Torres (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA QUE LIMITEN LOS GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL PODER EJECUTIVO, A CARGO DEL DIPUTADO JUAN MANUEL VEGA RAYET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e), y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 de su reglamento, me permito someter a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El Congreso de la Unión es el lugar donde se ejerce el contrapeso necesario para un mejor desempeño del encargo popular. Aquí están representados los intereses de todos los sectores de la sociedad. Por tal motivo es facultad de esta honorable cámara de diputados evitar aumentos en la deuda pública que no corresponda con los activos que aumentan los ingresos públicos, así como buscar el mejor uso de los excedentes petroleros mediante la inversión socialmente productiva.
Debemos prestar especial atención a la revisión del proyecto de Ley de Ingresos de la Federación y al proyecto de Presupuesto de Egresos, sobre todo al tomar en cuenta que el paquete económico.
Presentado por el Ejecutivo, propone un microscópico superávit de recursos financieros de 0.2% del PIB, pero, desde el punto de vista de responsabilidad en el manejo de la hacienda pública se plantea un déficit de 1.8% del PIB. Así, el Ejecutivo federal solicita un monto de endeudamiento neto por 180 mil millones de pesos para el Gobierno Federal, lo que representa el 3% del PIB, que contrasta con 93 mil millones de pesos solicitados para inversión física.
Por otro lado, propone gastar 420 mil millones de pesos de los excedentes petroleros para cubrir gasto corriente, gasto que debería ser cubierto con los ingresos provenientes del cobro de impuestos. En todo caso, del ahorro.
Los legisladores debemos rechazar un endeudamiento que casi duplica la inversión propuesta y reasignar adecuadamente el Presupuesto, sobre todo a la inversión. Además de buscar el mejor destino a los excedentes petroleros.
Por otro lado, con el fin de evitar el dispendio de recursos en asuntos que en nada coadyuvan al desarrollo económico y social del país y que enrarecen el ambiente político, es preciso que los legisladores establezcan controles claros sobre el gasto en comunicación social. Tomando en cuenta que el próximo año será de elecciones presidenciales.
El Presidente Vicente Fox se ha caracterizado por saturar los medios de comunicación con su imagen en spots de radio y televisión donde, a todas luces, hay una promoción de su persona más que de su gobierno. O cómo olvidar el anuncio del 2003, donde supuestamente promocionaba el apoyo y las respuestas de su gobierno a los problemas del campo, mediante un encuadre a sí mismo respondiendo a pregunta expresa: "Vicente, ¿qué vas a hacer para resolver los problemas del campo?" y se veía al Presidente caminar hacia la cámara, enfundado en su tradicional camisa azul, con mangas remangadas, explicando: "no se va a hacer, ya lo estamos haciendo".
Se debe tomar en cuenta que los spots de televisión son de alto costo y durante los días anteriores a su V Informe de Gobierno, la voz e imagen de Presidente fueron casi omnipresentes con fórmulas publicitarias como: "a veces me preguntan si no me molesta cuando me critican los medios. Psss claro, ¿a quién le va a gustar? Pero me voy a morir en la raya defendiendo el derecho de todos a hacerlo, porque cuando tú votaste por mí me quedó muy claro que mi responsabilidad histórica como el primer Presidente del cambio era cambiar la censura por la libertad, y aunque duela, de ahí nadie me va mover". Aunado a esto, durante el 2003 se lanzó una campaña para donde Vicente Fox invitaba a los ciudadanos a votar, siendo que para esto, el IFE cuenta con presupuesto propio.
Además, el Presupuesto de Egresos para el año 2005, en su artículo 29, es claro al decir que "en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse recursos presupuestarios con fines de promoción de imagen personal de funcionarios o titulares de las dependencias o entidades". El Presidente, en esta campaña recién vista, más que inundar los medios de comunicación con información sobre el estado actual de su administración, derrochó cientos de millones de pesos difundiendo su sentir. Eso es promoción personal.
Paradójicamente, al tenor de los números rojos en la cuenta pública, hace mutis cuando se le cuestiona sobre el millonario gasto por los numerosos spots televisivos que patrocina ante las cada vez más cercanas elecciones del 6 de julio, sin importarle la cancelación de algunos programas de gobierno, alguna vez considerados prioritarios. El Presidente se preocupa más por su imagen en los comerciales que por administrar bien los recursos del pueblo de México. En un semestre la Presidencia de la República transmitió más de un millón 874 mil spots en radio y televisión.
Así pues, el bombardeo de publicidad es constante y con diversos motivos. Hay programación estelar donde el principal patrocinador es el Gobierno Federal. Publicidad que se trasmite en horario triple A, que cuesta tres veces más que en cualquier otro horario. En media hora pueden aparecer hasta 50 mensajes.
Saber cuánto gasta realmente el Ejecutivo es en extremo complicado. No se divulgan las cifras reales de su gasto para información en medios. Y debería hacerse, dado que se trata de erogaciones en algo que se podría llamar "propaganda publicitaria", o propaganda pagada.
Se dice que, en promedio, Presidencia gasta más de 100 millones de pesos diarios, en sólo dos días apareció 464 veces en medios, lo que representan cuatro horas 19 minutos y 49 segundos frente a los televidentes difundiendo propaganda. En tan sólo un mes apareció 12 mil 109 veces publicitando sus programas y acciones de gobierno en ocho canales de televisión abierta. Se especula que en el 2001 se gastaron 4 mil millones de pesos, que en el 2002 fueron 5 mil 320 millones de pesos y de que en el 2003, el gobierno de Fox gastó 3 mil 400 millones de pesos. Así, podríamos asumir que en promedio por año, se ha gastado 4000 millones de pesos en publicidad del Ejecutivo federal, lo que contrasta con los 4 mil 947 millones de pesos recortados al presupuesto en este año. Sin embargo, el gasto en publicidad y propaganda del Gobierno Federal se ha llegado a calcular hasta en 6 mil millones de pesos al año, más del doble del presupuesto para la Cámara de Diputados, a la que tanto ha vilipendiado, endilgándole lo que no está bien en su gestión.
En los datos oficiales se advierte la desmesura de los gastos en comunicación social, mayores a lo asignado a gastos de inversión necesarios en actividades fundamentales. El gasto en comunicación social del gobierno federal (partida 3700) es superior a la inversión de, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, o la Comisión Federal de Electricidad, o la empresa de Luz y Fuerza del Centro o de Pemex Gas o Petroquímica Básica, y casi igual al de Pemex Refinación. El gasto fiscal ejercido en servicios de comunicación social y publicidad fue de 677 millones 122 mil pesos de enero a julio de 2003. Esta cantidad es superior a los 588 millones 280 mil 306 pesos del presupuesto anual asignado por Hacienda a los principales proyectos de inversión de la Comisión Federal de Electricidad, o al Instituto Mexicano del Seguro Social, a Pemex Gas y Petroquímica Básica y a Luz y Fuerza del Centro.
En pocas palabras, cada una de las cuatro instituciones mencionadas, estratégicas cada una en su campo de acción, tienen un presupuesto anual de inversión menor al gasto que el Gobierno Federal ejerció en comunicación social. Eso de lo que se conoce oficialmente. La pregunta es, de dónde sale tanto dinero para su promoción.
El gasto ejercido en comunicación para 2003 fue de 1,354 millones 244 mil pesos, y en el segundo año de gobierno fue de 2 mil 97 millones 400 mil pesos, asignados en la partida 3700. También está el costo al erario que causan los programas radiofónicos del Presidente. Se gastó 908 mil 834 pesos por cada uno en el 2002.
Para el 2004 el gasto en comunicación social fue, según el presupuesto de egresos, de 567 millones 258 mil pesos y para el 2005 de 534 millones 639 mil 400 pesos. Sin embargo, la sobreexposición de anuncios en los medios de comunicación masiva sugiere que el gasto excede, con mucho, lo asignado.
El Presupuesto de Egresos para el año 2005, en su artículo 29, es claro al decir que "no podrán realizarse traspasos de recursos de otros capítulos de gasto al concepto de gasto correspondiente a comunicación social de los presupuestos de las dependencias y entidades, ni podrán incrementarse dichos conceptos de gasto, salvo en el caso de mensajes para atender situaciones de carácter contingente que se determinen conforme a lo previsto en las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior", y la enorme cantidad de spots de radio y televisión, sin abundar en el costo de producción, sugieren que este ordenamiento es pasado por alto. Esta es, sin lugar a dudas, una forma más de corrupción.
Por otro lado, en el mismo artículo del presupuesto de egresos, se especifica que "el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, deberá informar a la cámara en los términos de este decreto, sobre las erogaciones destinadas a los rubros de publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y en general las relacionadas con actividades de comunicación social, incluyendo el uso de tiempos oficiales, los cuales deberán limitarse exclusivamente al desarrollo de las actividades de difusión, información o promoción de los programas de las dependencias o Entidades" es también, por decir lo menos, no tomado cabalmente en cuenta, pues, ¿se debe considerar que se difunde el desarrollo de las actividades del gobierno federal cuando aparece un Vicente Fox definiéndose como el "primer Presidente verdaderamente electo"? Eso suena más a autoalabanza que a un anuncio informativo sobre el cauce de su administración como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Los legisladores debemos encontrar el mejor mecanismo para evitar el gasto excesivo en publicidad y propaganda del ciudadano Vicente Fox y obligarlo, como la ley establece, a informar sobre su gestión como el Presidente Vicente Fox.
Además, se debe cuidar el uso de los recursos para comunicación social con el fin de evitar una intromisión ilegal del Gobierno Federal en las campañas electorales para elegir al próximo Presidente de México.
Por otro lado, no se pretende evitar que el Ejecutivo federal promocione los resultados de su trabajo. Pero sí es menester nuestro acotar el enorme y lacerante dispendio de recursos en comunicación social, cuando la pobreza y la falta de crecimiento azotan a nuestra nación.
Es prerrogativa de los legisladores servir como contrapeso al Poder Ejecutivo, no como adversarios, como lo hace el Presidente. Así lo entienden los compañeros diputados Javier Orozco Gómez y Marcela Guerra Castillo, quienes el 22 de septiembre de 2005 propusieron una reforma de la Ley Federal de Radio y Televisión, para evitar el uso discrecional que el Ejecutivo federal hace de los tiempos del Estado en radio y televisión, en su carácter de administrador y vigilante de la eficacia de sus transmisiones. Dicha iniciativa pretende que los tiempos de estado sean utilizados con equidad, sin considerar que el Ejecutivo federal es el único que los puede utilizar.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración del Pleno el siguiente
Punto de acuerdo
Uno: Que se envíe una excitativa a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Gobernación y a la Dirección General de Comunicación Social, a efecto de que se suspenda de inmediato el excesivo gasto en promoción.
Dos: Solicitar a las Comisiones de Hacienda, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que con especial atención tomen las medidas necesarias para limitar los recursos de gasto en publicidad y propaganda para el Poder Ejecutivo.
Palacio legislativo, a 18 de octubre de 2005.
Dip. Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS LEGISLATURAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA A APROBAR EN SUS PRESUPUESTOS DE EGRESOS CORRESPONDIENTES A 2006 MAYORES RECURSOS PARA LOS PROGRAMAS PESQUEROS, A CARGO DEL DIPUTADO EVARISTO CORRALES MACÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente Punto de Acuerdo, a la consideración de esta Soberanía, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Cada día cobran mayor relevancia los convenios de coordinación que suscriben la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) con la participación de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), con el poder Ejecutivo de los gobiernos estatales, ya que por medio de éstos se busca mejorar las condiciones para afrontar los retos y problemas del sector pesquero en cada entidad.
Estos convenios entre Sagarpa-Conapesca y los gobiernos estatales se dan en el marco de un nuevo federalismo, donde se busca redistribuir funciones y recursos con la finalidad de consolidar la unidad nacional, compensar los desequilibrios regionales y propiciar y un desarrollo equilibrado y justo. Para lo cual se propone descentralizar funciones, recursos fiscales y programas públicos, así como impulsar a la vida municipal. De tal manera y en virtud de dichos convenios los gobiernos estatales comienzan a tener participación en las decisiones y en la ejecución de planes y programas para el sector pesquero, como los de ordenamiento pesquero, infraestructura, acuacultura, capacitación, fomento, investigación, permisos de pesca comercial y deportiva en aguas continentales, inspección y vigilancia, entre otros, que hasta hace poco estaban centralizados por la Federación.
En cuanto al sector pesquero nacional, lejos de ser un sector uniforme y sin variables, es en realidad complejo y asimétrico, tanto de manera regional como nacional, el cual, en un pasado reciente ha sido administrado desde la abstracción que puede representar la Federación, donde los problemas de los pescadores son tan sólo problemas que están plasmados en papel, cuyas soluciones se plantean a cientos o miles de kilómetros del lugar donde se encuentran los afectados.
La novedosa forma de trabajo, donde los gobiernos estatales se involucran de manera directa en los trabajos de la administración pública pesquera da la pauta para que los recursos sean aplicados donde realmente se necesiten, ya que ¿quién mejor para conocer sus problemas que los propios afectados?, ¿con qué autoridad se dirige primero el pescador para buscar apoyo y solución a sus demandas, con las federales o con las estatales?
Dentro de estos convenios, los gobiernos que han aceptado el reto, además de coadyuvar administrativamente en la solución de los problemas y en la administración de los planes y programa, han aceptado también aportar recursos económicos para esos fines. A dichos gobiernos, desde la máxima tribuna del país les damos nuestro más profundo reconocimiento.
Aportar experiencia, recursos y capacidades en coordinación con el órgano del poder federal, lejos de menoscabar la soberanía y autonomía de los estados, refuerza el federalismo, el cual entre sus principios rectores tiene el de la cooperación. Sin este principio, una sociedad de grupos autónomos sería anárquica y atomizada. Autonomía no quiere decir autarquía e individualismo. Se complementa con la cooperación y la acción coordinada y global: "todos dependemos de todos". Autonomía no significa soberanía, sino libertad limitada por la necesidad que las personas y comunidades tienen de los demás.
Por otra parte, después de un periodo en que fue apoyado el sector pesquero, paulatinamente fue cayendo en el olvido por parte del gobierno federal, de tal manera que sus presupuestos fueron cada vez más raquíticos, y con ello, obviamente, los rezagos y necesidades se acrecentaron cuantitativa como cualitativamente.
Un mayor presupuesto no es necesariamente la solución integral a las demandas del sector pesquero. Sin embargo, el rezago que enfrentan las actividades primarias, hacen indispensables los apoyos directos a la producción, como es el caso de la pesca.
Sin embargo, mediante el esquema de convenios con entidades federativas, la aportación federal requiere de la contraparte estatal, las cuales deberán incorporarse en el Presupuesto estatal del año 2006, que las legislaturas locales deberán aprobar a finales del presente año.
Con la adición reciente de la fracción XXIX-L al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de la cual el Congreso Federal tiene facultad para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado, posibilita que los gobiernos estatales tengan una mayor participación en la administración pública acuícola-pesquera, de tal manera que los gobiernos estatales deberán ir creando o en su caso apuntalando su infraestructura para atender de manera más eficiente al sector. Por ello, es deseable que los estados cuenten con más recursos presupuestales que los que destinan actualmente para la pesca y la acuacultura.
El sentido federalista de la administración pesquera propuesta en la reforma constitucional citada prevé la participación de los estados en las diversas fases de la actividad pesquera, así como también en el fondeo de la parte de cada uno de los programas que acuerde con la Federación.
Porque coincidimos en que la pesca es factor que contribuye al desarrollo regional, al nacional y a la soberanía alimentaria, y porque consideramos la importancia de aprobar mayores recursos al sector, solicitamos de manera respetuosa a las legislaturas locales, tengan a bien destinar en su Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2006 mayores recursos presupuestales para la atención al sector pesquero.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Con pleno respeto a la autonomía estatal, se exhorta a las Legislaturas locales de las distintas entidades federativas de la República Mexicana para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos para el año fiscal 2006 de cada estado se apruebe mayor presupuesto para los programas pesqueros.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2005.
Dip. Evaristo Corrales Macías (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 SE CONSIDERE UNA PARTIDA ESPECIAL DESTINADA A LA AMPLIACIÓN Y AL MANTENIMIENTO DE LA RED HIDROSANITARIA DE LA CIUDAD Y EL PUERTO DE ACAPULCO, Y LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES, A CARGO DE LA DIPUTADA ROSARIO HERRERA ASCENCIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La que suscribe, diputada federal integrante del grupo parlamentario del PRD de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El turismo es una actividad económica que durante las últimas décadas ha contribuido cada vez más al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, frente al descenso en la economía de las industrias tradicionales como la agricultura y la manufactura.
Los atractivos turísticos naturales representan el "producto" principal que compran los visitantes de un país. Sin embargo, cuando el número de gente supera esta capacidad se provoca deterioro ambiental en ese lugar. En el libro Turismo y ambiente, Luis Casasola dice: "Un análisis somero permite constar que importantes destinos turísticos experimentan una gradual degradación de sus condiciones naturales; en algunos casos esta situación es más severa que en otros adquiriendo incluso connotaciones críticas". El autor cita el caso de Acapulco como ejemplo.
Se dice que el sector turístico es culpable de muchos "pecados" ambientales. El caso de Acapulco ofrece un buen ejemplo. El puerto de Acapulco recibe una afluencia de casi dos millones de turistas al año (11.4% extranjeros), representándole una población flotante importante en algunas épocas del año, la cual requiere igualmente de servicios municipales.
En los últimos cinco años Acapulco pasó de una población estimada por el INEGI en 721 mil habitantes, a casi un millón 200 mil, según reportes del gobierno municipal. La población creció pero en infraestructura municipal y cobertura de servicios básicos (agua, drenaje y electricidad), el municipio presenta niveles inferiores a los observados en otras áreas urbanas comparables, y rezagos severos en las zonas rurales del municipio.
El resultado es que una parte del caudal de las aguas negras de la ciudad es vertida directamente al mar y otros cuerpos de agua por las deficiencias del drenaje, y que poco menos del 50% de las viviendas habitadas no están conectadas al sistema troncal, lo que incluye también a hoteles y residencias.
Como consecuencia, se han afectado los ecosistemas marinos y el deterioro repercute en la cantidad y la calidad de turistas que recibe el puerto, sin contar los impactos sobre la población local y la economía.
Los fenómenos del deterioro ambiental y social que parecen acompañar a los destinos y regiones turísticas del país, afectan no únicamente a Acapulco como tal, sino que, además, contribuyen a la pérdida de competitividad de México en el mercado mundial del sector.
Está comprobado que el principal impacto por contaminantes que reciben las playas de la bahía de Acapulco se debe fundamentalmente a las deficiencias de una red hidrosanitaria construida hace 40 años y a la falta de inversión pública para su reparación y mantenimiento.
Aun cuando en los últimos tres años se avanzó en la inversión federal para el saneamiento de la bahía de Acapulco, al construirse tres nuevas plantas tratadoras; la inversión no es suficientes: varias plantas tratadoras no funcionan al 100% porque la red hidrosanitaria en muchas partes no existe. El gobierno municipal ha estimado que para la ampliación y mantenimiento de la red hidrosanitaria de Acapulco se requiere una inversión a mediano plazo superior a los mil millones de pesos.
Como actividad económica, el turismo utiliza a la naturaleza, pero también tiene impactos en ella; por otra parte, la contaminación afecta negativamente al turismo y su potencial para generar esta actividad económica. La bahía de Acapulco, es hoy, a pesar de intensas campañas de desprestigio que destacan la contaminación de sus playas, el principal referente turístico de México, es también el destino de playa que actualmente capta una tercera parte del turismo nacional que, según estimaciones de 2003, representó 82.2 por ciento del consumo turístico total.
Por la importancia estratégica en la economía turística nacional, y por ser el principal referente mundial del turismo de playa en México, considero pertinente y urgente llamar a esta honorable asamblea a manifestarse para frenar el creciente deterioro ambiental de la bahía de Acapulco aprobando el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Turismo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006, se etiquete una partida especial de 300 millones de pesos destinados a la ampliación y mantenimiento de la red hidrosanitaria de la ciudad y puerto de Acapulco y la construcción de nuevas plantas tratadoras de aguas residuales.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2005.
Dip. Rosario Herrera Ascencio (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, A EFECTO DE QUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006 SE CONSIDEREN RECURSOS DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN BAJA CALIFORNIA SUR, A CARGO DEL DIPUTADO ISIDRO CAMARILLO ZAVALA
El suscrito, diputado federal de la 59 Legislatura en la Honorable Cámara de Diputados, Isidro Camarillo Zavala, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El estado de Baja California Sur, tiene una superficie de 73 mil kilómetros cuadrados y una disponibilidad hidráulica de 459.9 millones de metros cúbicos, distribuidos de la siguiente manera:
Aguas superficiales 30.0
Aguas residuales 25.0
El acuífero más importante de sudcalifornia, es el del Valle de Santo Domingo, con una recarga de 188 millones de metros cúbicos, que representan el 46 por ciento del total de Baja California Sur. Este acuífero durante muchos años fue sobré explotado, ya que por un lado se tenía concesionado 178.2 millones de metros cúbicos y llegó a extraerse mas de 307 millones de metros cúbicos en 911 pozos agrícolas y pecuarios, formándose un cono de abatimiento en el cual, mas del 50 por ciento de los pozos tienen un nivel freático por debajo del nivel del mar, con el consecuente deterioro paulatino en la calidad del agua.
La Comisión Nacional del Agua, ha insistido en frenar la sobré explotación y con los programas Federales de tecnificación del riego con aportaciones: 50 por ciento Gobierno Federal, 25 por ciento Gobierno del Estado y 25 por ciento usuario, mas la cultura que poco a poco se ha ido adquiriendo, se logró finalmente en el ciclo agrícola 2004-2005 alcanzar un equilibrio entre el volumen autorizado en concesión para bombeo de 178.2 millones de metros cúbicos y el realmente extraído.
Pero esto no es suficiente, hace falta gradualmente ir recuperando el acuífero que en algunos sitios se ha abatido hasta 50 metros; sin embargo, aún cuando los productores que pudieron pagar el 25 por ciento de aportación para tecnificar el riego queda pendiente aproximadamente el 55 por ciento del Valle de Santo Domingo. Es por eso que urge un programa en el que el Gobierno Federal aporte el 100 por ciento de los recursos, para poder continuar con las obra; y de esta forma asegurar detener la intrusión salina y preservar el acuífero para futuras generaciones.
La orografía del Estado de Baja California Sur, es con pendientes pronunciadas, debido a la cordillera a lo largo del Estado y lo angosto de la Península. Esto hace que las lluvias, ciclones, huracanes y tormentas tropicales, se precipiten rápidamente al mar por los arroyos, haciendo que la infiltración del agua a los acuíferos sea mínima.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos que para este 2006 se contemplen recursos especiales en gasto de inversión, en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto de 65 millones de pesos para Baja California Sur, proponiendo para ello, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero.- Complementar la tecnificacion del riego para la agricultura en el Valle de Santo Domingo con mecanismos que permitan alcanzar la meta con apoyos al cien por ciento.
Segundo.- En puntos detectados, con grandes posibilidades de infiltración por las condiciones permeables naturales, inducir corrientes de agua con obras de tipo que ayuden a obtener una mayor recarga al acuífero.
Tercero.- Realizar proyectos tipo, de obras de infraestructura para desvío de los arroyos que ayuden a disminuir la velocidad del agua, para lograr una mayor infiltración.
Cuarto.- Construir obras de control de avenidas en los arroyos "Las Bramonas y Querétaro" en el Valle de Santo Domingo.
Lo anterior permitirá el sustento del bombeo agropecuario, el desarrollo socioeconómico permanente y la conservación o mejoramiento de la calidad del agua que le darán confianza y certeza al productor del campo, reflejándose en una mejor calidad de vida de la población.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de octubre de 2005.
Dip. Isidro Camarillo Zavala
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REABRIR EL CASO DE LA ISLA DE LA PASIÓN O ISLA DE CLIPPERTON, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El que suscribe, diputado Jorge Triana Tena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes
Antecedentes
La isla de Clipperton, es un atolón pequeño (pero que sigue creciendo) de origen tanto volcánico como coralino. Esta pequeña isla ha dado lugar a una sonada controversia entre Francia y México, en la que ambos países presentaron argumentos para reclamar la soberanía sobre ella. En 1902 México se sometió formalmente a un arbitraje internacional sobre este tema, y en virtud del laudo de 1931, pronunciado por Víctor Manuel III, rey de Italia, México finalmente tuvo que renunciar a Clipperton, o isla de la Pasión el cual es su nombre original.
Debemos de hacer una severa crítica y análisis del laudo de 1931, por el cual el rey de Italia adjudicó la isla a Francia. Aunque Ortiz Rubio sometió el caso todavía a una amplia discusión, predominó el principio de, también en el campo de los compromisos de arbitraje, pacta sunt servanda, de manera que en 1934 México puso su Constitución al tono con el laudo y Francia tomó posesión del atolón el 26 de enero de 1935. En aquel entonces esto no causó grandes perjuicios materiales a México, pero ahora, a la luz de la teoría y práctica del mar patrimonial este laudo nos priva de un área considerable del océano, y del respectivo derecho de pesca, pero, además, de un suelo submarino de eventual interés para la minería subacuática.
Algunos prestigiados autores ya lo han tratado, entre ellos Antonio Gómez Robledo o el catedrático norteamericano Jimmy M. Skaggs.
El Instituto Matías Romero ha tenido un íntimo contacto con los archivos relacionados con este tema; y se pueden tener varios nuevos datos hacia la discusión sobre el laudo de 1931; también en cuanto a la cartografía, una rama que ofrece materiales tanto más analizables y analizados en la actualidad que en los años del laudo, debido a la colaboración académica internacional y las enormes facilidades actuales de fotocopiar.
Además de los nuevos datos cartográficos, el laudo de 1931 muestra de forma casi sorprendente el fondo de la posición del rey-árbitro, Víctor Manuel III, en la Italia de Mussolini, pero también dentro del juego de las fuerzas internacionales de aquellos años, y si hacemos un análisis jurídico profundo veremos que el árbitro no simplemente ha funcionado arbitrariamente (algo que ya es bastante grave) sino inclusive interesadamente, cosa imperdonable en tales casos.
Desde luego, José Yves Limantour no sale muy bien parado en este capítulo de la historia, ya que esta persona central de la política mexicana de aquellos años sucedió al internacionalista Calvo en una de las prestigiadas academias francesas, y extraña la facilidad con que México aceptó la proposición francesa de someter la controversia a arbitraje, cuando todavía no se habían agotado los recursos diplomáticos comunes y corrientes. La visible cercanía del derrumbe del porfiriato provocó presiones francesas para acelerar la formalización del compromiso, presiones cuyo éxito van de la mano con el deseo de Porfirio Díaz de encontrar asilo en Francia y así, cuando comenzó la Revolución, México ya se encontraba formalmente ligado a su consensus de someterse a dicho arbitraje.
En relación con este tema, es sorprendente que México haya cambiado la proposición francesa original, de un árbitro presentado por cada una de las partes y un tercero en discordia, por el arbitraje unipersonal del rey de Italia.
Sin embargo, debe reconocerse que en aquella época hubo todavía una notable tendencia hacia el nombramiento de monarcas como árbitros, y que Víctor Manuel III tuvo una buena reputación como estudioso del derecho internacional y como árbitro responsable e imparcial; además, si acaso pudiera presentarse en la mente del monarca una influencia, consciente o subconsciente, de factores extrajurídicos, los líderes del México de aquel entonces deben haber creído que tal influencia sólo pudiera favorecerlos, y que a la luz de la Triple Alianza de aquellos años, Francia e Italia parecieron encontrarse en campos distintos (ya pronto después, las cosas cambiaron).
Es verdad que en 1931 la política internacional del rey todavía no era una simple ratificación de las visiones de Mussolini, pero la ausencia de presiones de parte del dictador no garantizaba una visión imparcial de parte del monarca, y analizando los hechos de la época se puede demostrar convincentemente que el ministro italiano de Asuntos Exteriores en tiempos del laudo, Dino Grandi, tuvo en aquel entonces un claro interés en hacerse agradable a Francia, lo cual puede haber desquiciado la tradicional ecuanimidad de Víctor Manuel III, mostrada en diversos arbitrajes internacionales.
El caso de Clipperton muestra claramente cómo, en materia internacional, los hechos económicos, las emociones políticas y el sistema normativo objetivo se compenetran.
Hasta mediados del siglo pasado nadie se había ocupado seriamente de la suerte de aquella mini-isla; pero luego del desarrollo de California se estimuló la navegación de la costa norteamericana occidental hacia la oriental (todavía a través del estrecho de Magallanes), lo cual colocó a Clipperton en una zona de tráfico oceánico bastante animada, y, además, la agricultura del mundo occidental de pronto había descubierto la importancia del guano, único producto de la isla que (a pesar de su baja concentración) daba por lo pronto cierto interés comercial a la isla; y estos dos factores nuevos se presentaron precisamente cuando Francia estaba preparando nuevas incursiones imperialistas, a nivel de su élite y de la opinión pública. Todo esto motivó una toma de posesión de Clipperton (bastante platónica) de parte de Francia, en 1858, bajo el supuesto falso de que se tratara de una res nullius.
La historia cartográfica de Clipperton demuestra que el mérito del descubrimiento de la isla corresponde más bien a los españoles, que consideraron el Pacífico como un mare clausum de su imperio, y utilizaron la isla de la Pasión en su travesía de la Nueva España hacia las Filipinas como una señalización exacta en el mar.
Por otra parte, fueron el pirata inglés, John Clipperton (1705) el francés Du Bocage (1711) y, sobre todo, Edward Belcher (1839) que describieron esta isla y contribuyeron a su correcta localización cartográfica, acabando también con la confusión y el pretendido dualismo entre esta isla y una inexistente "Isla de la Pasión".
La concretización cartográfica cristalizó precisamente en tiempos del creciente interés por el guano, y en 1854 México otorgó una concesión a un grupo de personas (entre ellas hubo dos franceses, accionistas mayoritarios), que luego crearon la Compañía Privilegiada para Explotar el Guano Mexicano.
Esta concesión se refiere in abstracto a todo el territorio isleño (en ambos océanos) de México, y -desgraciadamente- no menciona específicamente la isla de Clipperton; además, la documentación actualmente a nuestra disposición no permite aseverar que dicha Compañía haya realizado actos de explotación en ella.
Así, la falta de una posesión efectiva comprobada hizo posible que Francia reclamara para sí la isla de Clipperton, en 1858, aunque sin que el barco francés pudiera desembarcar, de manera que el capitán tuvo que limitarse a levantar el acta de toma de posesión desde lejos, para continuar su camino a Hawai, y notificar luego a la corte monárquica de allí la nueva adquisición.
Francia, fuera de colocar posteriormente su pabellón en Clipperton no tomó una posesión efectiva duradera del atolón, que luego fue ocupado por una compañía guanera estadounidense. Luego, en 1897 México izó su propia bandera en la isla, formalizó una concesión a una compañía guanera inglesa, mandó a la isla un prefecto e hizo construir un faro. En la curiosa historia de la isla vemos que náufragos de un barco norteamericano, y también familias mexicanas, vivieron allí por algunos años, en circunstancias precarias y a menudo novelescas; además fue ocupada por la armada estadounidense, durante la Guerra del Pacífico.
De todos modos, la toma de posesión de parte de México fue bastante más eficaz que todo lo que Francia había hecho hasta aquel momento. Y como Francia siguió considerando que la soberanía sobre Clipperton correspondía a ella, se presentaron desde 1898 protestas francesas contra los actos de soberanía realizados por México, y cuando los Estados Unidos (a pesar de que su bandera en ocasiones había flotado en Clipperton y pese a la doctrina Monroe) -y también Inglaterra- declararon que no querían insistir en sus eventuales derechos, la controversia quedaba establecida únicamente entre México y Francia.
A estos años, de posesión teórica de parte de Francia, y posesión más eficaz de parte de México, corresponde la tragedia de Ramón Arnaud, víctima de su obstinado sentido del deber y de la muy explicable tibieza de las autoridades mexicanas, que, en plena Revolución, tuvieron problemas más urgentes que la preocupación por un isla ajena, casi deshabitada y de poca perspectiva económica.
Al epílogo del caso Arnaud pertenecen también aquellos curiosos episodios de la comunidad de amazonas en Clipperton, el intento del "negro Victoriano" de establecer una dictadura sui generis erigiéndose como el Rey de la isla de la Pasión, y el "magnicidio" subsecuente.
Entre 1906 y 1911 se formalizaron los pasos procedimentales hacia el laudo de 1931, y en virtud de éste, Francia tomó posesión de la isla por 1935, una posesión que tomó la forma de investigaciones científicas, sobre todo entre 1966 y 1969, y de una conocida expedición de Jacques Cousteau, de 1980.
Es interesante la posición del rey-árbitro en la política italiana de 1931, y la influencia que, en tiempos del laudo, tuvo Dino Grande, no tanto Mussolini sobre el rey.En el alegato final de México, presentado en 1931 por Dionisio Anzilotti y Guido Fusinato, presentaron cartas marítimas y documentos suficientes para demostrar que históricamente la isla pertenecía a México.
Existen estudios como el desarrollado por el licenciado González Avelar que persigue un fin práctico en su obra y en ella realiza acotaciones e indicaciones técnicas precisas con un fin potencialmente benéfico para México. En noviembre de 1992 la Facultad de Derecho de la UNAM organizó una mesa redonda alrededor del contenido de este libro.
Con toda la información y datos que se posee en la actualidad se abre la posibilidad de ejercer cierta presión para que vuelva a abrirse la antigua controversia sobre Clipperton o, cuando menos, para que Francia, en caso de lanzarse a la minería subacuática alrededor de esta isla, permita a México participar en el capital de la compañía respectiva. Por esta razón, debemos insistir desde varios ángulos en la injusticia del laudo de 1931.
¿Es posible presentar recursos contra un laudo arbitral internacional después de tanto tiempo? ¿Cuáles argumentos podrán resultar eficaces, al respecto? ¿Y, de ser posible, sería realmente conveniente iniciar trámites al respecto?
Cabe recordar que el arbitraje internacional juega un papel importante en la vida internacional de México; cuando surgió en forma organizada esta benéfica institución, mediante las convenciones de La Haya, de 1899 y luego de 1907 con la creación del Tribunal Internacional de Arbitraje, México firmó y ratificó ambas convenciones iniciales; luego fue parte en el primer caso tramitado a la luz de estos importantes documentos, recurrió desde entonces regularmente al arbitraje en los casos que no hubieran podido conciliarse por vía diplomática, y obtuvo una reputación de ser loablemente cumplidor en relación con los laudos respectivos.
Un país nunca está obligado a someterse al arbitraje, pero una vez aceptada tal sumisión, tiene que obedecer al principio de que pacta sunt servanda, y debe aceptar la circunstancia de que los recursos, admisibles contra tales laudos arbitrales, resulten muy limitados.
Como un punto de partida para un ataque de aquel laudo, podemos señalar el hecho de que el árbitro reconoció haber dictado su fallo "de acuerdo con el estado actual de nuestros conocimientos", y a la luz de esta expresión de modestia de parte del árbitro, uno podría quizás alegar que la ampliación de los conocimientos cartográficos durante los sesenta años siguientes al mencionado laudo, además de la posible parcialidad del árbitro, son argumentos para recurrir el laudo.
En vista de la importancia de esta cuestión, quisiera terminar la presente reseña con algunas observaciones generales sobre los recursos que eventualmente, a la luz del estado actual del derecho internacional, podrían admitirse contra laudos de esta índole.
Como regla general, de acuerdo con la doctrina más prestigiada actualmente en boga, tales recursos (o procedimientos semejantes a recursos) podrán tomar cinco formas.
2) La de una revisión de fondo por el mismo tribunal de arbitraje o por el mismo árbitro, solicitada por una de las partes con base en el compromiso original (que en tal caso suele fijar límites temporales muy estrictos), o a la luz de las normas que rigen tal tribunal.
Estas dos primeras posibilidades quedan, desde luego, eliminadas en el caso de Clipperton, sometido a un solo árbitro, que entre tanto ya ha dejado de existir.
3) La de una interpretación del laudo, solicitada por una de las partes, con base en el compromiso original o en los estatutos del tribunal arbitral, posibilidad probablemente no relacionable con el presente caso, ya que el laudo de 1931 parece de una claridad total.
4) La de una apelación tramitada ante alguna otra autoridad. Nunca prosperaron las proposiciones de generalizar esta posibilidad, y de establecer, por ejemplo, en forma global que las autoridades judiciales internacionales tuvieran facultades para aceptar en forma general las apelaciones contra laudos arbitrales, solicitadas en virtud de una lista muy limitada de argumentos (como ausencia de jurisdicción, exceso de jurisdicción o violación de principios esenciales de procedimiento). En el estado actual del derecho internacional positivo, el fracaso de estas proposiciones obliga a reconocer que tal apelación sólo será factible en caso de figurar
a) en el compromiso original, o
b) en los estatutos del tribunal de arbitraje en cuestión.
Por otra parte, en el supuesto de que el compromiso original o tales estatutos no hayan previsto un sistema de apelación, desde luego siempre es posible que la parte descontenta llegue a un nuevo compromiso arbitral con el país que haya obtenido originalmente la victoria.
El caso del arbitraje entre Venezuela y el Reino Unido, ofrece un ejemplo en que, bajo la presión de la opinión dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la parte victoriosa decidió aceptar un nuevo arbitraje acerca de la validez del laudo original.
5) La de un procedimiento de anulación ex tunc o ex nunc.
Es ésta probablemente la posibilidad que ofrece mejores perspectivas para el caso de que México quisiera atacar todavía la validez del laudo de 1931. Los autores modernos favorecen como causas para tal anulación
i) La incompetencia del tribunal de arbitraje o del árbitro, o el hecho de que hubiera excedido su encargo, o (como proponen algunos autores) que hubiera obedecido a consideraciones ajenas a los méritos jurídicos del caso.
ii) Una divergencia entre el derecho aplicado para llegar al laudo, y el derecho que según el compromiso hubiera debido aplicarse.
iii) Una violación de aquellas reglas fundamentales de procedimiento de las que ningún juzgador puede apartarse, en una nación civilizada, sin que tal conducta fuera equivalente a una denegación de justicia.
Por otra parte, desde la discusión del texto de la Convención de La Haya, de 1899, algunos grandes internacionalista han abogado por una posibilidad general de recurrir laudos, pero las discusiones internacionales subsecuentes han mostrado que la gran mayoría de los especialistas del arbitraje internacional parecen renuentes a admitir recursos globales al respecto y opinan no sólo que, de iure condito, es extremadamente problemático, sino, además, que de iure condendo debe seguir siendo muy difícil ir en contra de la definitividad de tales laudos (siempre que el compromiso básico no haya previsto tal posibilidad o que ésta no queda implícita en los estatutos de la organización juzgadora en cuestión).
Y en los casos, no muy frecuentes, en que, de antemano, una posibilidad de recurrir el laudo haya sido estipulada por las partes, vemos que tales recursos suelen limitarse a situaciones extremas, o, por ejemplo a decisiones no unánimes, además de restringirse el recurso a plazos mucho más cortos, desde luego, que los que contemplamos en el presente caso.
Así, una revisión panorámica de la literatura moderna relevante demuestra que ésta insiste habitualmente en la definitiva ("finality") de tales laudos.
Y, sin embargo, en la literatura moderna sobre el arbitraje internacional público no faltan los datos que podrían favorecer una reapertura del caso, por iniciativa mexicana.
Vale la pena estudiar el arbitraje de 1899 en el Venezuela Boundary Case, a cuyo laudo la Guyana Británica debe su existencia oficial, y que se encuentra, por ende, entre las raíces jurídicas de un Estado soberano, existente desde 1966.
Este caso había quedado resuelto, muy en perjuicio de Venezuela, por una comisión de personas de gran prestigio y de reputación intachable, que habían pronunciado finalmente una decisión unánime. Pero cuando, varios decenios más tarde, se demostró que, a regañadientes, la minoría de los árbitros había tenido que aceptar una opinión mayoritaria, inducida por indebidas presiones gubernamentales, la explicación respectiva, de parte de Venezuela, ante las Naciones Unidas dio finalmente como resultado que el Reino Unido, más de medio siglo después, aceptara un nuevo arbitraje sobre la validez del arbitraje de 1899.
Por lo tanto, las curiosas aventuras del Venezuela Boundary Case ofrecen un precedente que sugiere que las perspectivas para una reapertura del caso Clipperton no son ilusorias y sería interesante estudiar al respecto también el caso de la isla de Palma y el Spanish King Case.
Así, un factor como la influencia de consideraciones indebidas en la mente del árbitro, y unos nuevos elementos probatorios, como los datos cartográficos que el autor presenta en este estudio, no deben desecharse de antemano como datos carentes de un posible impacto real.
Cabe notar, evidentemente, que la presentación de datos cartográficos que antes no habían estado tan fáciles de encontrar, o el análisis de la objetividad del rey de Italia a la luz de datos politológicos, históricos, que ahora se encuentran por fin objetivamente a nuestra disposición, son argumentos totalmente distintos de circunstancias "sobrevivientes", al estilo del incrementado interés económico que Clipperton ahora presenta a la luz de la nueva teoría y práctica del mar patrimonial, evidentemente, argumentos de esta índole nunca podrán ser tomados en cuenta para fundar un recurso contra un laudo internacional.
El licenciado Miguel González Avelar en su libro Clipperton, isla mexicana editado por el Fondo de Cultura Económica, en forma ágil ofrece a los juristas buenos materiales para meditar sobre lo que por lo pronto parece cierto, pero también sobre lo que resulta todavía criticable y dudoso, en aquella materia tan flexible y evolutiva que es el arbitraje internacional público.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. Se solicita al Órgano Ejecutivo Federal a que tome las medidas necesarias para reabrir el caso de la isla de la Pasión o isla de Clipperton e inicie la revisión del caso ante la Organización de las Naciones Unidas.
Segundo. Se solicita al Órgano Ejecutivo Federal que tome las medidas necesarias para difundir el contenido, la historia y el seguimiento del caso de la isla de la Pasión o isla de Clipperton entre la población.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 18 días del mes de octubre de 2005.
Dip. Jorge Triana Tena (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEP Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA A ATENDER LA PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE GUERRERO, A CARGO DE LA DIPUTADA IRMA S. FIGUEROA ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se permito presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. En distintos espacios hemos señalado la importancia que tiene la educación para el desarrollo del país, además de ser considerada el eje del progreso, en el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio.
2. El quinto informe de actividades del secretario de Educación señala:
"Durante esta administración, la educación ha constituido una prioridad central del Gobierno de la República, dada su trascendencia en la calidad de vida de las personas, en el fortalecimiento de la vida democrática y el estado de derecho, en la equidad social, y en la capacidad y creatividad de los mexicanos.
Acorde con esa prioridad, el Programa Nacional de Educación "2001-2006 estableció tres objetivos fundamentales que sustentan la política educativa actual: avanzar hacia la equidad en educación; proporcionar una educación de calidad adecuada a las necesidades de todos los mexicanos, e impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional y la participación social en educación, objetivos que han orientado la obra educativa del país, en los últimos años."
3. El caso que hoy nos ocupa tiene que ver con el estado de Guerrero, muy en particular con la necesidad de ampliar el número de plazas, que permita que se desempeñen en la carrera que eligieron los normalistas de nuestro estado.
4. Concientes estamos de que existe un déficit presupuestal, en el 2003 era de más de $1,790 millones de pesos. Ocasionados por la existencia, en ese entonces de más de 6,500 plazas sin soporte presupuestal. Hoy en día el déficit asciende a más de 2000 millones de pesos.
5. De ahí que el gobierno estatal, procure no crear una sola plaza, que no cuente con el techo presupuestal que se requiere. Pretendiendo contar con finanzas sanas, para que no se vean afectados otros sectores igualmente sensibles.
6. El Frente de Egresados Normalistas del Estado de Guerrero, se ha manifestado para que se otorguen alrededor de 470 plazas, de las cuales ya es un hecho que serán repartidas las primeras 355 plazas, de acuerdo al propio escalafón que establecen las normales del estado y que es con base en el promedio.
7. Sabemos que desde siempre el magisterio nacional ha sido golpeado en sus ingresos y que además de que se les exige cada día más calidad y capacitación, lo anterior, no se ve reflejado en sus ingresos y menos con la incorporación plena al mundo laboral.
8. Como legisladores nos manifestamos por un diálogo respetuoso entre las partes, y por la búsqueda de soluciones pacíficas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública, Reyes Tamez Guerra, para que en lo inmediato entregue las plazas restantes para profesores de Educación Básica en el Estado de Guerrero y con ello se pueda satisfacer la demanda realizada por el Frente de Egresados Normalistas del Estado de Guerrero.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que considere mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2006, a fin de que se destinen para la creación de nuevas plazas para profesores de Educación Básica en el estado de Guerrero.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de octubre de 2005.
Dip. Irma Figueroa Romero (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EL GOBIERNO FEDERAL ESTABLEZCA UN FIDEICOMISO EN PUEBLA EN BENEFICIO DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALQUILER DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS EN CALIDAD DE FIDUCIARIOS, A CARGO DEL DIPUTADO RENÉ MEZA CABRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
El suscrito, René Meza Cabrera, diputado federal en ejercicio, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta proposición con punto de acuerdo para que el Gobierno Federal, cree un Fideicomiso en el estado de Puebla, en beneficio de los prestadores del servicio público de alquiler del transporte de pasajeros, en calidad de fiduciarios, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
A partir del ejercicio fiscal del año 2000, el Gobierno Federal, acordó transferir recursos económicos a las Entidades Federativas, mediante el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), para sanear sus finanzas y coadyuvar en el crecimiento de las infraestructuras públicas estatales.
En el año 2003, se creó el Ramo General 39, específicamente para que el PAFEF se consolidara jurídica y presupuestariamente, con recursos federales a través de lineamientos en áreas precisas de aplicación.
Una de las áreas del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, es la orientación de recursos preferentemente (entre otros) a las comunicaciones y transportes.
El estado de Puebla, por sus muchos lugares de interés histórico, arquitectónico y bellezas naturales, es de gran importancia turística; especial posición tiene su ciudad capital, catalogada como "Patrimonio de la Humanidad", puesto que su infinidad de edificaciones predominantemente de estilo colonial y su vasto acervo cultural y artístico, hacen a la Puebla de los Ángeles y ahora de Zaragoza, una de las ciudades más visitadas por el turismo nacional e internacional.
El turismo para ser una actividad productiva, económica y socialmente productiva para la entidad, requiere de un servicio de transporte público urbano de pasajeros, de excelente calidad y máxima seguridad.
Como en casi todos los estados de la República, en el de Puebla, el servicio público de transporte urbano de pasajeros, lo prestan los particulares a través de concesiones estatales, pero el transportista tiene que poner el vehículo indispensable para el traslado de pasajeros.
A pesar del destacado servicio que prestan los transportistas, reciben poca o nula ayuda del Estado en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) porque siendo una gran mayoría de estos trabajadores, los propietarios de los vehículos para el servicio público de alquiler, no disfrutan de las prestaciones de quienes dependen de un patrón; esto es: muchos de estos prestadores del servicio público de transporte de pasajeros, no tienen IMSS ni Infonavit.
Esta situación adversa, no permite que muchos de los transportistas, puedan renovar sus vehículos, con la frecuencia que el servicio lo requiere o que el Estado les obliga por ser sus muebles de modelos muy atrasados o en sus condiciones de uso disminuido por el tiempo en que han circulado.
En estas condiciones, el servicio de transporte de pasajeros en las poblaciones del estado de Puebla, es deficiente a pesar de los esfuerzos que hacen los prestadores de este servicio, por brindarlo con la prontitud y cortesía proverbial del poblano; pero el mal aspecto de sus vehículos afecta a la imagen que proyectan las ciudades de la entidad, en especial la ciudad de Puebla, que como se ha mencionado, recibe una cantidad considerable de visitantes, quienes se ven en la necesidad de ocupar automóviles de alquiler maltratados o de modelos atrasados y de mal funcionamiento.
Para solucionar esta problemática, el Gobierno Federal puede y debe intervenir en auxilio de los transportistas del estado de Puebla, para lo cual es oportuno acudir al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
La solución es que el Gobierno Federal por conducto del Ramo 39 y en calidad de fideicomitente, aporte una cantidad de dinero suficiente para crear un Fideicomiso, en que el Gobierno del estado de Puebla, sea el fideicomisario, encargado de administrar y proveer a los transportistas de los fondos suficientes para que éstos, como fiduciarios, puedan sustituir sus vehículos o participar en algún programa de vivienda de interés social.
Con este sistema, el erario federal estará asegurado ya que sería administrado con eficiencia, honestidad y transparencia por el Gobierno estatal y vigilado su manejo por la Auditoría Superior de la Federación.
Por lo expuesto y fundado, me permito proponer a esta honorable Asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y dentro del Ramo 39 del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se destine la cantidad de cien millones de pesos, para que el Gobierno Federal, en su carácter de fideicomitente cree un Fideicomiso, que administre el Gobierno del estado de Puebla, en calidad de fideicomisario y refaccione monetariamente a los prestadores del servicio de alquiler de transporte público de pasajeros en la entidad y como fiduciarios, puedan solicitar apoyos materiales o en numerario, a fin de reemplazar sus vehículos por unidades de modelos recientes y en mejor estado de uso o facilidades para tramitar la obtención de viviendas, con esta medida, se mejoraría al importante sector de la comunidad poblana, que constituyen los transportistas y el estado de Puebla, tendría una moderna estructura vehicular y optimización del servicio público, que son objetivos del PAFEF.
Sala de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro a 18 octubre de 2005.
Dip. René Meza Cabrera (rúbrica)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REDOBLAR ESFUERZOS PARA PROTEGER Y PRESTAR ATENCIÓN DEBIDA A NIÑOS MIGRANTES EN LOS PROCESOS DE REPATRIACIÓN SEGURA Y ORDENADA EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO, A CARGO DE LA DIPUTADA BLANCA GÁMEZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
Quien suscribe, Blanca Gámez Gutiérrez, diputada federal de la LIX Legislatura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a redoblar esfuerzos para la protección y debida atención de niños migrantes en los procesos de repatriación segura y ordenada en la frontera norte de México, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La protección de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior y el despliegue de acciones que permitan mejorar sus condiciones de vida, son parte fundamental de la política exterior del gobierno del presidente Vicente Fox y tarea permanente de la red consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aún queda pendiente la protección de la niñez migrante en la frontera norte.
En el caso específico de menores migrantes, cuyas causas de migración se deben al deseo de los infantes por reunirse con sus familiares que se encuentran en Estados Unidos, o de encontrar un trabajo en este país, es necesario que las autoridades pongan especial énfasis toda vez que éstos flujos propician la violación sistemática de los derechos humanos de los infantes. Debido a su excesiva vulnerabilidad, los menores pueden ser involucrados en la comisión de delitos y caer en redes dedicadas al narcotráfico, a la explotación sexual o laboral, sufrir accidentes e inclusive perder la vida. Además, este tipo de migración provoca que las niñas y niños no disfruten plenamente de sus derechos a la alimentación, a la salud, a la educación y a la recreación, entre otros.
Por tal motivo es de vital importancia, verificar y atender los mecanismos de repatriación segura y ordenada de niños migrantes en la frontera norte, tomando en consideración los criterios de unidad familiar; el respeto de los derechos humanos de los infantes; la notificación de las autoridades que están facultadas para recibir a los menores mexicanos en territorio mexicano; y aquellas encargadas de brindar hospedaje, alimentación, asistencia social, atención médica y psicológica a los menores; horarios diurnos que garanticen la seguridad de los menores en los procesos de repatriación; identificación de los puntos de contacto donde se reciben a los menores y/o donde se transmite la información sobre incidentes de maltrato o posibles violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con el estudio Niñez migrante en la frontera norte: legislación y procesos, elaborado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la mayoría de los niños y niñas migrantes provienen del centro del país, aunque también hay niños y niñas originarios de las ciudades fronterizas. El 70 por ciento de los menores que son repatriados de los Estados Unidos a México son del sexo masculino mientras que el 30 por ciento restante son del sexo femenino.
La Secretaría de Relaciones Exteriores reportó que desde 1994 todos los consulados mexicanos en Estados Unidos, han apoyado a 87,757 niñas, niños y adolescentes mexicanos no acompañados. En el curso de 2003, en el marco del Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, los consulados han reportado la repatriación de 5,457 niñas y niños mexicanos no acompañados.
Por su parte, entre enero de 1998 y mayo de 2003 los albergues de las once ciudades fronterizas (Tijuana, Mexicali, Ojinaga, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nogales, Agua Prieta, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros), que forman parte de este Programa Interinstitucional recibieron a 42,342 niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados.
Como ejemplo de la dimensión del fenómeno podemos mencionar que, solamente en 2002, los albergues de Tijuana, Baja California, recibieron a 1,936 niños, niñas y adolescentes repatriados, mientras que en Nogales, Sonora, se albergaban 1,154.
En ocasiones las niñas y niños migrantes indocumentados que cruzan la frontera con sus padres o parientes son separados de ellos por las autoridades migratorias norteamericanas y repatriados en una localidad distinta y alejada de aquella donde se les detectó con la finalidad de dificultar la reunificación familiar y desalentar un nuevo intento de cruce.
Los niños y niñas indocumentados detectados en territorio estadounidense por la Patrulla Fronteriza son asegurados en centros de detención para indocumentados en los que son ubicados en celdas con adultos que también han sido detenidos por carecer de permisos migratorios.
El Convenio de coordinación para la atención a la infancia migratoria en la frontera San Diego-Tijuana, establece compromisos de coordinación para las autoridades encargadas de procedimientos de repatriación y protección a niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados en esta localidad. En ocasiones, el Consulado de México en San Diego, brinda apoyo económico a los niños y niñas repatriados para el traslado a su lugar de origen y reintegración familiar (el DIF o los albergues se encargan de conseguir los boletos con esos recursos). Las autoridades del Instituto Nacional de Migración no permiten que los adultos puedan recoger a los niños y niñas en sus oficinas. Todos los niños y niñas son canalizados al DIF.
En Mexicali rige el arreglo binacional firmado con Estados Unidos denominado Procedimientos para la repatriación segura y ordenada de nacionales mexicanos, en dicho instrumento se establece que las repatriaciones de los niños, niñas y adolescentes no acompañados deben realizarse de las 8:00 a las 15:00 horas, con la finalidad de que descansen y evitar el traslado nocturno. Sin embargo, algunas de esas repatriaciones se efectúan fuera de los horarios dispuestos para ello en el arreglo binacional. En Mexicali aún no se ejecuta un sistema de seguimiento y evaluación integral de las actuaciones de las instituciones encargadas de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes y repatriados.
Aún cuando Chihuahua ha cumplido con la mayoría de los Acuerdos implementados, una ausencia significativa en la problemática migratoria en la entidad es la relativa a que en Ciudad Juárez aún no existe un sistema con indicadores de seguimiento y evaluación integral del procedimiento interinstitucional que se sigue a niños, niñas y adolescentes migrantes y repatriados. No obstante, en Ojinaga algunas de estas repatriaciones de niños, niñas y adolescentes no acompañados de familiares adultos se realizan fuera de los horarios convenidos para ello, con lo que se incumple lo dispuesto en el arreglo binacional al respecto. Los menores repatriados que no son recogidos por familiares en las oficinas del Instituto son remitidos al albergue del DIF municipal. Dicho albergue es el único que existe en la localidad y asiste a personas de todas las edades y condiciones.
En Coahuila, las repatriaciones de menores se rigen por el Arreglo para la repatriación segura y ordenada de nacionales mexicanos en las fronteras de Ciudad Acuña, Coahuila-Del Río, Texas y Piedras Negras, Coahuila-Eagle Pass, Texas. Con posterioridad se suscribió el Protocolo que enmienda el arreglo para la Repatriación segura y Ordenada y sin embargo las repatriaciones nocturnas de menores se siguen llevando a cabo. Asimismo en el municipio de Piedras Negras muchos niños y niñas locales son utilizados como guías por los traficantes de personas.
Por lo anterior, es conveniente que se haga evidente esta situación en los mecanismos consulares creados para ello, como es el Grupo de Trabajo sobre Migración y Asuntos Consulares de la Comisión Binacional; los Mecanismos de Enlace Fronterizo; y los Mecanismos de Consulta sobre Funciones del Servicio de Inmigración y Naturalización y Protección Consular y profundizar en las conversaciones y los acuerdos en este sentido entre las autoridades migratorias norteamericanas y los funcionarios de los respectivos consulados de México. Además de que el Gobierno Federal deberá tomar las medidas convenientes para la protección, verificación y debida atención de dichos sucesos.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a verificar los procesos de repatriación segura y ordenada de menores migrantes en la frontera norte del país.
Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, por medio de su Instituto Nacional de Migración, para dar cumplimiento a los procesos y acuerdos para la repatriación segura y ordenada de los menores migrantes en la frontera norte, para informar de la observancia de estos mecanismos al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia con la finalidad de que verifique su cabal cumplimiento y para formalizar, mediante un convenio de colaboración, al grupo de trabajo surgido del Programa Interinstitucional de atención a menores fronterizos.
Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a promover la firma de convenios de colaboración entre los gobiernos de los estados receptores y de origen de los niños, niñas y adolescentes migrantes repatriados con la finalidad de crear compromisos e implementar estrategias que permitan hacer frente al fenómeno y garantizar sus derechos de manera conjunta.
Cuarto.- La Cámara de Diputados del H. Congreso exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a considerar en el proyecto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, un aumento significativo en las partidas presupuestales para la protección y atención de los niños migrantes repatriados y especialmente para la creación de un albergue del DIF exclusivo para niños, niñas y adolescentes en Ojinaga, Chihuahua, tal y como lo recomienda la UNICEF, en colaboración con el DIF, en su estudio Niñez migrante en la frontera: legislación y procesos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2005.
Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica)
Excitativas
A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, A SOLICITUD DE LA DIPUTADA AMALÍN YABUR ELÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI
Excitativa a la Comisión de Educación Publica y Servicios Educativos para que dictamine la iniciativa de reforma a la fracción novena del articulo séptimo de la Ley General De Educación, con el propósito de establecer formalmente en la ley, la importancia que para el desarrollo armónico y completo de los educandos, tienen el deporte escolar y la educación física, presentada por la diputada Amalín Yabur Elías en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Consideraciones
Primera.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3o., párrafo segundo, establece que "la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano?"; asimismo en su articulo 4o, párrafo sexto, establece que "los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral", de esta manera el Constituyente reconoce el derecho de los niños y las niñas a un proceso educativo integral para lograr su desarrollo.
Segunda.- En la Convención de los Derechos del Niño, Tratado Internacional ratificado por el Estado Mexicano y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, se señala la obligación del Estado, emanada del artículo 2.2, de tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación, la educación física y el deporte escolar son medios idóneos para erradicar entre ellos, cualquier forma de discriminación y lograr un proceso de reconocimiento y aceptación de sus diferencias.
Tercera.- En la citada Convención de los Derechos del Niño, el Estado reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico mental, espiritual, moral y social; y la educación física y el deporte escolar representan los medios que permiten que el niño alcance tales objetivos. Además existe la obligación del Estado establecida en el artículo 28, en relación de adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar, así como lograr medidas para velar porque la disciplina escolar se administre de manera compatible con la dignidad humana.
Cuarta.- En el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, promulgado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de mayo de 1981, el Estado Mexicano reconoció el derecho de toda persona, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, al sano desarrollo de los niños y a la instrumentación de medidas que tiendan a prevenir y tratar las enfermedades endémicas y epidémicas.
Quinta.- Las recomendaciones emanadas de las Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño sobre el Segundo Informe de México, relativo a la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, del 10 de noviembre de 1999, relativas al tema son:
El Comité reitera su Recomendación de que esas disposiciones se tomen "en la máxima medida que permitan los recursos disponibles" sobre la base de los artículos 2, 3 y 4 de la Convención.
A la luz de los artículos 28 y 29 y de otros artículos pertinentes de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte prosiga su actividad en la especialidad de la Educación, reforzando sus políticas educativas y sus sistemas de enseñanzas para reducir las disparidades regionales en el acceso a la educación
Sexta.- El Programa Nacional de Educación Física para la Educación Básica aprobado por la Secretaría de Educación Pública en julio de 1993; establece a la Educación Física como una asignatura del Plan de Estudios para la Educación Básica y que representa una disciplina pedagógica que contribuye al desarrollo armónico del individuo mediante la práctica sistemática de la actividad física.
Séptima.- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte estableció en su artículo 1o., inciso d, que la Educación Física y el Deporte "deben ser ofrecidos a través de condiciones particulares adaptadas a las necesidades especificas de los jóvenes, de los niños en edad preescolar, de las personas de edad, y de los deficientes, permitiendo el desarrollo integral de sus personalidades"
Octava.- La misma UNESCO, en el documento "La Función de la Educación Física y los Deportes en la Formación de la Juventud", establece a la Educación Física como "el elemento fundamental de la Cultura por lo cual se actúa en la formación integral de niños, jóvenes y adultos en la perspectiva de la Educación permanente"
Novena.- En el Foro Mundial sobre Actividad Física y Deporte, se emitió el documento "Una Visión Global para la Educación Física en la Escuela", en el cual quedo asentado que la Educación Física tiene un papel vital en promover una calidad y educación equilibrada para todos los estudiantes del mundo, independientemente de los aspectos de genero, cultura, raza, habilidad, etcétera.
Décima.- La III Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios Responsables por la Educación Física y el Deporte en la Declaración de Punta del Este, reitero la importancia de la Educación Física como elemento esencial y parte integrante del proceso de educación permanente y del desarrollo humano y social.
Undécima.- México a fin de fortalecer los preceptos Constitucionales en la materia y con el animo de armonizar su legislación interna con lo señalado en los Tratados Internacionales con los cuales se ha comprometido y a la luz de lo señalado como parámetro internacional de calidad en la educación básica, debe establecer en su legislación secundaria, la necesidad de implementar la practica deportiva desde la edad escolar, a fin de crear la cultura deportiva que tanta falta hace a nuestra sociedad, ya que el deporte y la educación física son elementos indispensables no solo para fortalecer la integración familiar y social, sino que son fundamentales para la salud y su papel es preponderante como disuasivos de la vagancia, la drogadicción y la delincuencia.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el Articulo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, 56 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados se sirva excitar a la Comisión de Educación Publica y Servicios Educativos para que dictamine sobre la iniciativa presentada por la suscrita y sea presentada al Pleno de la H. Cámara de Diputados en el presente Periodo Ordinario de Sesiones.
Dip. Amalín Yabur Elías (rúbrica)
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