|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dictámenes a discusión
- De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, y de Economía, con proyecto de Ley de Productos Orgánicos.
- De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.
- De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 13 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
- De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XIII y XIV al artículo 5 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
- De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Walterio Astie Burgos para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Morazán, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el Gobierno de la República de Honduras.
- De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Huitrón Leyva y Mariana Velázquez de la Madrid puedan prestar servicios en la Embajada de Irlanda en México y en el Consulado de Canadá en Cancún, Quintana Roo, respectivamente.
- De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Martín Acosta Hernández, Mónica Esther Sarmiento Vera, Myfanwy Seijas Davies, Armando Yribe Borunda, Martha Georgina Macías Morales, Rosa Isela Flores Soto, Óscar Abel Sanz Castro, José Luis González Jiménez y Nora Elizabeth Villarreal Delgado puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada y en los Consulados de Estados Unidos de América en México; Ciudad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora; y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente.
- De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar y, en su caso, consignar a los presuntos responsables de haber incurrido en conductas ilícitas al autorizar el proyecto de construcción de la planta de tratamiento térmico de todos los residuos Altecin, SA de CV.
- De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat a diseñar y desarrollar los estudios necesarios para declarar zona de restauración ecológica el sistema lagunar Julivá-Santa Anita, Tabasco.
- De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar observaciones y tomar las medidas necesarias para la recuperación y el mantenimiento del río Suchiate, en Chiapas.
- De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo para exhortar a las autoridades educativas federales y a las estatales a realizar las acciones necesarias a fin de considerar obligatoria la asignatura de orientación vocacional en los planes y programas de estudio de las instituciones de educación media superior.
Dictámenes
HONORABLE ASAMBLEA:
A las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Economía con la opinión de la Comisión de Desarrollo Rural de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión les fueron turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto que Expide la Ley de Productos Orgánicos enviada por la H. Cámara de Senadores.
Con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 65, 87, 88, 89 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a estas Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Economía con la opinión de la Comisión de Desarrollo Rural el análisis y estudio de la Minuta en comento para presentar ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados el correspondiente dictamen.
ANTECEDENTES
El 26 de abril de 2005, la H. Cámara de Senadores aprobó por mayoría el dictamen presentado por las Comisiones dictaminadoras por la que se expide la Ley de Productos Orgánicos, remitiéndose a esta H. Cámara de Diputados.
El 28 de abril de 2005 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada Minuta a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Economía, para su correspondiente análisis, discusión y elaboración de dictamen.
El 13 de julio de 2005 la Presidencia de la Mesa Directiva modifico el turno a la Minuta en cuestión para quedar como sigue: "Se turna a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Economía, con opinión de la Comisión de Desarrollo Rural"
DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA
El Senado de la República hace una descripción sustantiva y práctica de los objetivos, contenidos y alcances de la Ley, por lo que estas Comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados coincidimos plenamente con dicha descripción la cual contiene:
En el Titulo Primero, se establece el reconocimiento jurídico de la producción agropecuaria orgánica, así como la definición de sus características más generales, los objetivos de la Ley y el ámbito de su aplicación, de forma tal que no se limitan las posibilidades para la expansión del objeto de la Ley o de las actividades reguladas, pero se confiere un marco general de regulación que otorgue protección y fomento a productores y consumidores.
En el Titulo Segundo, se disponen las formas y procedimientos generales para la producción y procesamiento de productos que pretenden obtener la certificación para su comercialización bajo la denominación de productos orgánicos; así como los mecanismos para la conversión de la producción convencional a orgánica.
En el Titulo Tercero, se encuentran las formas y procedimientos para el control de las actividades reguladas, creando para el efecto un organismo de control desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación denominado Comité Nacional de Producción Orgánica, al que se encarga la organización de una serie de organismos públicos o privados encargados de la certificación de los productos orgánicos. Asimismo, se establecen las medidas de control que podrán desarrollar tanto la Secretaria como el Comité, las formalidades para el registro, certificación, etiquetado y vigilancia de los productos derivados de la actividad y la determinación de las substancias permitidas o no para el desarrollo de las actividades bajo reglamentación.
Al Titulo Cuarto se reserva la regulación de la importación de mercancías que pretendan ser comercializadas en el mercado mexicano bajo la denominación de productos orgánicos, estableciendo los requisitos y procedimientos para su internación conservando dicha calidad.
En el Titulo Quinto, se establecen los mecanismos para la promoción y fomento de la producción y el consumo de productos orgánicos.
En el Sexto y último Titulo, se disponen las sanciones que puede establecer la Secretaría cuando existan violaciones a la regulación en esta materia y los recursos que pueden promover los particulares en contra de dichas sanciones o en caso de actos que afecten sus interese. Asimismo, se establece la posibilidad del arbitraje para la resolución de controversias surgidas en el desarrollo de las actividades reguladas.
CONSIDERACIONES
Que la Cámara de Senadores conformó un grupo plural e interinstitucional mediante el cual se abrió un espacio para el debate, el análisis y la conclusión por la cual se consideró pertinente y necesaria una Ley de Productos Orgánicos.
Que los productos orgánicos son aquellos producidos sin pesticidas, ni agroquímicos de síntesis y que son controlados en toda la cadena productiva; de tal forma que garantiza alimentos sanos para el consumidor y con grandes beneficios al medio ambiente antes, durante y después de su producción.
Que los sistemas de producción y procesamiento orgánicos, permiten la conservación y mejoramiento de los recursos naturales, tales como agua, suelo, aire, biodiversidad, etc. Se basan en normas de producción específicas y precisas cuya finalidad es lograr agroecosistemas óptimos, que sean sostenibles desde el punto de vista social, ecológico y económico.
Que la agricultura orgánica es un sistema de producción fácilmente adaptado por miles de productores mexicanos, quienes entre otros factores favorables encuentran:
b) Mercado internacional y nacional abierto.
c) La gran diversidad climática de México permite el desarrollo integral de estos sistemas de producción.
d) Cada vez más consumidores concientes ambientalmente pero también preocupados por su salud.
e) Aplicación de prácticas compatibles en áreas de reserva a zonas protegidas.
Que corresponde al Estado promover y estimular a los productores y procesadores orgánicos buscando los mecanismos para que los beneficios lleguen a un mayor número de productores, trabajadores y consumidores; aprovechando cada vez la mayor demanda de estos productos en el comercio internacional y el sobreprecio pagado; así como promover que los mexicanos dispongan de alimentos sanos alternativos producidos responsablemente.
Que el sector orgánico en México esta representado en casi la totalidad de los estados del país e integran a más de 33 mil productores quienes cultivan bajo estos sistemas más de 400 mil hectáreas generando divisas que superan en valor los 300 millones de dólares.
Que existe en el país una legislación sólo incipiente en materia de regulación y fomento de actividades productivas bajo prácticas orgánicas y que una Ley específica, como la que propone esta Minuta, proporcionaría el marco jurídico general más adecuado para dar coherencia e integridad en la materia. Esto no solo, en lo referente a algunos aspectos de la regulación, sino sobre todo, en lo que corresponde al fomento de estas actividades. La tendencia nacional e internacional de la producción orgánica, la apertura de mercados y el desarrollo del marcado doméstico hacen indispensable un marco normativo e institucional que garantice el respeto de las características específicas de la producción orgánica para la protección de los productores y los consumidores.
Que las prácticas orgánicas, al menos en productos de origen vegetal, se están realizando en las Entidades Federativas del país entre los que destaca el estado de Chiapas, en donde operan el mayor número de zonas y superficie a nivel nacional en actividades productivas de tal naturaleza. Asimismo los estados de Oaxaca, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, Colima, Guanajuato, Querétaro, Yucatán, Tabasco, Nayarit, Durango, Veracruz, Coahuila y Zacatecas.
Que en lo que corresponde a productos orgánicos vegetales, los cultivos que en orden de importancia así se manejan abarcan el café, el mango, ajonjolí, vainilla, palma africana, manzana, aguacate y varios más. En el caso del café, en el año 2000, más del 11% de la producción total nacional provenía de prácticas orgánicas y actualmente, de acuerdo a lo manifestado en el II Foro Internacional de Agricultura Orgánica, alrededor del 25% de la producción cafetalera nacional es orgánica.
Reconociendo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación como cabeza de sector, la Ley la señala como la responsable de su interpretación y aplicación para efectos administrativos otorgándoles facultades en tal sentido. Al mismo tiempo, las Comisiones Dictaminadoras reconocen que en los sistemas de producción orgánica deben incorporarse la recolección de productos y subproductos de la vida silvestre así como productos y subproductos de la silvicultura, áreas que son atribución de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por ello, en diversos artículos se señala la necesidad de observar las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Estableciendo en beneficio de los productores orgánicos un solo conducto para la gestión y coordinación de todas las actividades y acciones.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, estas Comisiones dictaminadoras y con la opinión favorable de la Comisión de Desarrollo Rural estimamos viable y certeras las argumentaciones y planteamientos sustantivos de la colegisladora y hemos tenido a bien someter a la consideración de esta H. Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY DE PRODUCTOS ORGÁNICOS
Artículo Único: Se expide la Ley de Productos Orgánicos.
LEY DE PRODUCTOS ORGÁNICOS
TÍTULO PRIMERO
DEL OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social y tiene por objeto:
II. Establecer las prácticas a que deberán sujetarse las materias primas, productos intermedios, productos terminados y subproductos en estado natural, semiprocesados o procesados que hayan sido obtenidos con respecto al medio ambiente y cumpliendo con criterios de sustentabilidad;
III. Promover que en los métodos de producción orgánica se incorporen elementos que contribuyan a que este sector se desarrolle sustentado en el principio de justicia social;
IV. Establecer los requerimientos mínimos de verificación y Certificación orgánica para un Sistema de control, estableciendo las responsabilidades de los involucrados en el proceso de Certificación para facilitar la producción y/o procesamiento y el comercio de productos orgánicos, a fin de obtener y mantener el reconocimiento de los certificados orgánicos para efectos de importaciones y exportaciones;
V. Promover los sistemas de producción bajo métodos orgánicos, en especial en aquellas regiones donde las condiciones ambientales y socioeconómicas sean propicias para la actividad o hagan necesaria la reconversión productiva para que contribuyan a la recuperación y/o preservación de los ecosistemas y alcanzar el cumplimiento con los criterios de sustentabilidad;
VI. Permitir la clara identificación de los productos que cumplen con los criterios de la producción orgánica para mantener la credibilidad de los consumidores y evitar perjuicios o engaños;
VII. Establecer la lista nacional de substancias permitidas, restringidas y prohibidas bajo métodos orgánicos así como los criterios para su evaluación, y
VIII. Crear un organismo de apoyo a la Secretaría donde participen los sectores de la cadena productiva orgánica e instituciones gubernamentales con competencia en la materia, quien fungirá como Consejo asesor en la materia.
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
II. Actividades Agropecuarias: Procesos productivos primarios y secundarios basados en recursos naturales renovables tales como la agricultura, ganadería, acuacultura, pesca y silvícolas;
III. Aprobación: Proceso en el que la Secretaría reconoce y autoriza legalmente a un Organismo de Certificación para que desempeñe las funciones de certificador o inspector;
IV. Certificación orgánica: Proceso a través del cual los organismos de certificación acreditados y aprobados, constatan que los sistemas de producción, manejo y procesamiento de productos orgánicos se ajustan a los requisitos establecidos en las disposiciones de esta Ley;
V. Certificado orgánico: Documento que expide el organismo de certificación con el cual asegura que el producto fue producido y/o procesado conforme a esta Ley y sus disposiciones reglamentarias;
VI. Consejo: Consejo Nacional de Producción Orgánica;
VII. Evaluación de la conformidad: La determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación;
VIII. Disposiciones aplicables: Normas, lineamientos técnicos, pliegos de condiciones o cualquier otro documento normativo emitido por las Dependencias de la Administración Pública Federal que tengan competencia en las materias reguladas en este ordenamiento;
IX. Manejo: La acción de vender, procesar o empacar productos orgánicos, el transporte o la entrega de cosechas, ganado o captura de parte del productor de éstos al negociante, excepto que tal término no incluye la comercialización final;
X. Métodos excluidos: Los métodos utilizados para modificar genéticamente organismos o influir en su crecimiento y desarrollo por medios que no sean posibles según condiciones o procesos naturales y que no se consideren compatibles con la producción orgánica. Tales métodos incluyen de manera enunciativa y no limitativa a la fusión de células, micro-encapsulación y macro-encapsulación, y tecnología de recombinación de ácido desoxiribonucléico (ADN), incluyendo supresión genética, duplicación genética, la introducción de un gen extraño, y cambiar las posiciones de los genes cuando se han logrado por medio de la tecnología de recombinado ADN. También son conocidos como organismos obtenidos o modificados genéticamente. En tales métodos quedan excluidos el uso de la reproducción tradicional, conjugación, fermentación, hibridación, fertilización in vitro o el cultivo de tejido;
XI. Operador orgánico: Persona o grupo de personas que realizan operación orgánica;
XII. Orgánico: Término de rotulación que se refiere a un producto de las actividades agropecuarias obtenido de acuerdo con esta Ley y las disposiciones que de ella deriven. Las expresiones orgánico, ecológico, biológico y las denominaciones con prefijos bio y eco, que se anoten en las etiquetas de los productos, se consideran como sinónimos y son términos equivalentes para fines de comercio nacional e internacional;
XIII. Organismos de certificación orgánica: Personas morales acreditadas y aprobadas para llevar a cabo actividades de Certificación orgánica;
XIV. Periodo de conversión: Tiempo que transcurre entre el comienzo de la producción y/o manejo orgánico y la Certificación orgánica de cultivos, ganadería u otra actividad agropecuaria;
XV. Plan orgánico: Documento en que se detallan las etapas de la producción y el manejo orgánico e incluye la descripción de todos los aspectos de las actividades de producción orgánica sujetos a observancia de acuerdo con esta Ley y sus disposiciones reglamentarias;
XVI. Procesamiento: Las actividades de cocinar, hornear, curar, calentar, secar, mezclar, moler, batir, separar, extraer, sacrificar animales, cortar, fermentar, destilar, destripar, descabezar, preservar, deshidratar, preenfriar, enfriar y congelar o procedimientos de manufactura análogos a los anteriores; incluye el empaque, reempaque, enlatado, envasado, enmarquetado o la contención de alimentos en envases;
XVII. Producción Orgánica: Sistema de producción y procesamiento de alimentos, productos y subproductos animales, vegetales u otros satisfactores, con un uso regulado de insumos externos, restringiendo y en su caso prohibiendo la utilización de productos de síntesis química;
XVIII. Registro: Cualquier información por escrito, visual, o en forma electrónica en el que consten las actividades llevadas a cabo por un productor, procesador, comercializador u Organismo de Certificación en el cumplimiento de esta Ley y sus disposiciones reglamentarias;
XIX. Secretaría: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y
XX. Sistema de control: Es el conjunto de procedimientos y acciones de la Secretaría para garantizar que los productos denominados como orgánicos hayan sido obtenidos conforme lo establece esta Ley.
La Secretaría coordinará sus acciones con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, respetando sus respectivas competencias, se establezca una ventanilla única para el trámite de la certificación previsto en la presente Ley que involucre productos, subproductos y materias primas comprendidos dentro del ámbito de competencia de ambas dependencias.
Artículo 5.- Serán de aplicación supletoria de la presente Ley:
II. Tratándose de recursos, materias primas, productos y subproductos forestales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y
III. Tratándose de productos y subproductos de la vida silvestre, la Ley General de Vida Silvestre.
II. Coordinar y dar seguimiento a las actividades de fomento y desarrollo integral en materia de productos orgánicos;
III. Celebrar convenios de concertación y suscripción de acuerdos de coordinación para la promoción del desarrollo de la producción orgánica con las entidades federativas y municipios;
IV. Promover el desarrollo de capacidades de los Operadores, Organismos de Certificación, evaluadores y auditores orgánicos y el grupo de expertos evaluadores de insumos para operaciones orgánicas;
V. Promover la integración de los comités sistema producto en materia orgánica, de conformidad con lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;
VI. Fomentar la Certificación orgánica así como la promoción de los productos orgánicos en los mercados nacional e internacional;
VII. Promover la investigación científica y la transferencia de tecnología orientada al desarrollo de la actividad de producción y procesamiento de productos orgánicos;
VIII. Promover programas de cooperación con centros de investigación y de enseñaza, nacionales o internacionales, para fomentar la investigación científica que apoye el desarrollo del sector productivo orgánico;
IX. Emitir los instrumentos y/o Disposiciones aplicables que regulen las actividades de los Operadores orgánicos;
X. Publicar y mantener actualizadas:
A. La lista nacional de substancias, materiales, métodos, ingredientes e insumos permitidos, restringidos y prohibidos para la producción o manejo bajo métodos orgánicos.
B. Las Disposiciones aplicables para la producción, cosecha, captura, recolección, acarreo, elaboración, preparación, procesamiento, acondicionamiento, identificación, empaque, almacenamiento, transporte, distribución, pesca y acuacultura; la comercialización, etiquetado, condiciones de uso permitido de las substancias, materiales o insumos; y demás que formen parte del Sistema de control y Certificación de productos derivados de actividades agropecuarias que lleven un etiquetado descriptivo relativo a su obtención bajo métodos orgánicos.
C. Las especificaciones para el uso del término orgánico en el etiquetado de los productos;
XI. Coordinarse en su caso con la Secretaría de Economía para gestionar y mantener la equivalencia internacional para el reconocimiento del Sistema de control nacional, a fin de facilitar el comercio internacional de los productos orgánicos, así como evaluar los sistemas de control aplicados en los países que soliciten acuerdos de equivalencia en la materia;
XII. Promover la apertura en las fracciones arancelarias existentes para productos provenientes de sistemas orgánicos, a fin de facilitar la comercialización diferenciada y coadyuvar al mantenimiento de la integridad orgánica en las exportaciones e importaciones de las mercancías, y
XIII. Aplicar los derechos relacionados con los servicios en todo el Sistema de control nacional y demás actos administrativos de la Secretaría que se deriven de la aplicación de esta Ley, los cuales se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal de Derechos.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS CRITERIOS DE LA CONVERSIÓN, PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO ORGÁNICOS
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA CONVERSIÓN
Artículo 8.- Todos los productos deberán pasar por un periodo de conversión para acceder a la Certificación orgánica. Los productos obtenidos en periodo de conversión no podrán ser certificados ni identificados como orgánicos.
Artículo 9.- Las especificaciones generales a que se sujetarán los productos en periodo de conversión se establecerán en las Disposiciones aplicables que emitirá la Secretaría.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA PRODUCCIÓN Y PROCESAMIENTO
Artículo 10.- La Secretaría publicará, con la asesoría y opinión del Consejo, las Disposiciones aplicables para establecer los criterios que los Operadores deben cumplir en cada fase de la cadena productiva para la obtención de productos orgánicos, para que se puedan denominar como tales en el mercado nacional y con fines de exportación.
Artículo 11.- Para el almacenamiento, transporte y distribución de los productos orgánicos, se estará a las Disposiciones aplicables que publique la Secretaría, con la finalidad de mantener la integridad orgánica.
Artículo 12.- Tratándose de productos y subproductos de la vida silvestre los Operadores observarán los criterios de la Ley General de Vida Silvestre y, tratándose de recursos, materias primas, productos y subproductos forestales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable así como las disposiciones que de ellas se deriven.
TÍTULO TERCERO
DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 13.- Se crea el Consejo Nacional de Producción Orgánica como órgano de consulta de la Secretaría, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad en materia de productos orgánicos. Este Consejo se integrará por el Titular de la Secretaría, quien lo presidirá, dos representantes de las organizaciones de procesadores orgánicos, uno de comercializadores, cuatro de Organismos de certificación, uno de consumidores y por siete de organizaciones nacionales de productores de las diversas ramas de la producción orgánica.
Artículo 14.- Formarán parte del Consejo representantes de la propia Secretaría, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con la materia, representantes de instituciones académicas y de investigación.
Artículo 15.- El Consejo operará en los términos que disponga su reglamento interior.
Artículo 16.- Son funciones del Consejo:
II. Expresar opinión y asesorar a la Secretaría sobre las Disposiciones que ésta emita relativas a métodos orgánicos, así como para la evaluación de sustancias y materiales;
III. Asesorar a la Secretaría en los aspectos de orden técnico;
IV. Proponer a la Secretaría la celebración de convenios de concertación y suscripción de acuerdos de coordinación para la promoción del desarrollo de la producción orgánica con las entidades federativas y municipios;
V. Fomentar, en coordinación con la Secretaría, la capacitación y el desarrollo de capacidades de Operadores, Organismos de certificación, evaluadores y auditores orgánicos y del grupo de expertos evaluadores de insumos para operaciones orgánicas;
VI. Coadyuvar con la Secretaría en el reconocimiento mutuo en el ámbito internacional de la equivalencia del Sistema de control mexicano;
VII. Proponer a la Secretaría acciones y políticas que tengan como objetivo el fomento al desarrollo de la producción orgánica;
VIII. Establecer grupos de trabajo en las diferentes actividades específicas relacionadas con la producción orgánica;
IX. Coadyuvar con la Secretaría en el establecimiento de un padrón de los sujetos destinatarios de las disposiciones de la presente Ley, así como en la generación de información para conformar las estadísticas nacionales de la producción y comercialización de productos orgánicos;
X. Reglamentar su funcionamiento interno, y
XI. Las demás que le asignen la presente Ley y demás disposiciones que se deriven de la misma.
DEL SISTEMA DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN
Artículo 17.- La Evaluación de la conformidad y Certificación de los productos orgánicos solamente podrá llevarse a cabo por la Secretaría o por Organismos de Certificación acreditados conforme a lo establecido en esta Ley y las disposiciones que se deriven de ella, así como en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en su carácter de ordenamiento supletorio.
Artículo 18.- Los Organismos de certificación interesados en ser aprobados para certificar productos orgánicos deberán cubrir como mínimo los siguientes requisitos:
II. Demostrar haberse acreditado por una Entidad de Acreditación en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y/o demostrar Acreditación bajo la Guía ISO 65 o su equivalente nacional o de otros países.
Artículo 20.- Los Organismos aprobados para Certificación de productos orgánicos deberán presentar un informe anual de sus actividades a la Secretaría, el cual debe comprender una lista de las operaciones atendidas y el status de su Certificación, el alcance y cobertura de la Certificación en las unidades de producción correspondientes y lista de evaluadores orgánicos.
Artículo 21.- La Secretaría emitirá Disposiciones aplicables dirigidas a establecer:
II. Las acciones a realizar en caso de negativa de Certificación a un Operador, y
III. Las acciones a realizar por los Operadores en los casos del retiro, término de la vigencia o revocación de la autorización a los Organismos de certificación con la cual estaban certificando.
Artículo 23.- La certificación orgánica podrá otorgarse a un Operador individual o a un grupo de productores, para lo cual se deberá presentar un plan orgánico como lo establezcan las Disposiciones aplicables que la Secretaría emita.
Artículo 24.- Se promoverá la certificación orgánica participativa de la producción familiar y/o de los pequeños productores organizados para tal efecto, para lo cual la Secretaría con opinión del Consejo emitirá las disposiciones suficientes para su regulación, con el fin de que dichos productos mantengan el cumplimento con esta Ley y demás disposiciones aplicables y puedan comercializarse como orgánicos en el mercado nacional.
Artículo 25.- Los solicitantes de Certificación de productos de recolección silvestres y de recursos forestales deberán presentar al Organismo de certificación orgánica las autorizaciones que en materia de aprovechamiento y producción de dichos productos competan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Artículo 26.- En Disposiciones aplicables se establecerán las responsabilidades de los Operadores orgánicos, los registros y sus características, y las formas en que la Secretaría y otras entidades gubernamentales se coordinarán para coadyuvar al mantenimiento del Sistema de control nacional para garantizar la integridad orgánica de los productos certificados como orgánicos.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL USO DE MÉTODOS, SUBSTANCIAS Y/O MATERIALES EN LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA
Artículo 27.- El uso de todos los materiales, productos e ingredientes o insumos que provengan o hayan sido producidos a partir de Métodos excluidos u organismos obtenidos o modificados genéticamente, quedan prohibidos en toda la cadena productiva de productos orgánicos.
Artículo 28.- La Secretaría publicará y mantendrá actualizadas las listas de materiales, sustancias, productos, insumos y los métodos e ingredientes permitidos, restringidos y prohibidos en toda la cadena productiva, previa evaluación y dictamen del grupo de expertos del Consejo.
Artículo 29.- La Secretaría emitirá en las Disposiciones aplicables los requisitos y procedimientos para la evaluación de los materiales, sustancias, productos, insumos y los métodos e ingredientes permitidos, restringidos y prohibidos en toda la cadena productiva de productos orgánicos.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS REFERENCIAS EN EL ETIQUETADO Y DECLARACIÓN DE PROPIEDADES EN LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS
Artículo 30.- Sólo los productos que cumplan con esta Ley podrán ser identificados con el término "orgánico" o denominaciones equivalentes en el etiquetado así como en la declaración de propiedades, incluido el material publicitario y los documentos comerciales y puntos de venta.
Artículo 31.- Con la finalidad de dar identidad a los productos orgánicos en el mercado nacional e internacional, la Secretaría, con opinión del Consejo, emitirá un distintivo nacional que portarán los productos orgánicos que cumplen con esta Ley y sus disposiciones.
Artículo 32.- Observando las Disposiciones aplicables en materia de etiquetado, la Secretaría emitirá Disposiciones específicas para el etiquetado y declaración de propiedades de productos orgánicos así como del uso del distintivo nacional.
TÍTULO QUINTO
DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ORGÁNICOS E INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 33.- Cuando se importe un producto bajo denominación orgánica o etiquetado como orgánico, deberá provenir de países en los que existan regulaciones y sistemas de control equivalentes a las existentes en los Estados Unidos Mexicanos, o en su defecto, dichos productos deberán estar certificados por un Organismo de certificación orgánica aprobado por la Secretaría.
Artículo 34.- La integridad orgánica del producto debe mantenerse desde la importación hasta su llegada al consumidor. Los productos orgánicos importados que no se ajusten a los requisitos de esta Ley y sus disposiciones complementarias por haber sido expuestos a un tratamiento prohibido, perderán su condición de orgánicos.
Artículo 35. Los materiales vegetales y animales, así como las semillas orgánicas para fines de reproducción, deberán acompañarse de su certificado orgánico respectivo y cumplir además con las disposiciones fito y zoosanitarias aplicables. En todo caso, la Secretaría analizará y determinará con la opinión del Consejo, sobre las prácticas o insumos alternativos que se aplicarán a los mismos, para salvaguardar la calidad orgánica de los materiales y la sanidad en el territorio nacional.
Artículo 36. Las sustancias, materiales, semillas, material vegetal y/o insumos destinados a la producción orgánica podrán ser importados siempre que estén permitidos e incluidos en la lista nacional que publique la Secretaría, o en su defecto, que estén incluidos en las regulaciones internacionales en materia de alimentos orgánicos de los países de origen y con los cuales la Secretaría reconozca equivalencia.
TÍTULO SEXTO
DE LA PROMOCIÓN Y FOMENTO
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 37.- A fin de promover la producción agropecuaria y alimentaria bajo métodos orgánicos, la Secretaría celebrará convenios con los gobiernos de las entidades federativas, buscando la participación de los municipios, así como con instituciones y organizaciones estatales y nacionales, públicas y privadas.
Artículo 38.- La Secretaría en coordinación con las entidades federativas y municipios en el ámbito de su competencia, promoverá políticas y acciones orientadas a:
II. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentarias mediante el impulso de la producción orgánica, y
III. Fomentar el consumo de productos orgánicos para promover actitudes de consumo socialmente responsables.
II. Recuperar sistemas agro ecológicos que se encuentren en estado de degradación o estén en peligro de ser degradados por acción de las prácticas agropecuarias convencionales;
III. Proporcionar una alternativa sustentable a los sistemas de producción de los pequeños productores, cooperativistas, ejidatarios y comuneros, y
IV. Obtener un mayor valor en el mercado o acceder a nuevos mercados constituyendo una alternativa sostenible de los productores a través de la reconversión hacia la producción orgánica.
Artículo 41.- Para impulsar el desarrollo de los sistemas de producción orgánicos y las capacidades del sector orgánico, el Gobierno Federal promoverá:
II. Apoyos directos a los pequeños productores orgánicos que les permita incrementar la eficiencia de sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad frente a los acuerdos y tratados sobre la materia;
III. El diseño y operación de esquemas de financiamiento integral, seguro contra riesgos y el otorgamiento de apoyo a los Operadores certificados o en conversión, y
IV. Apoyos a los Organismos de certificación para el acceso al reconocimiento internacional de su Acreditación y certificados orgánicos.
DE LOS CRITERIOS SOCIALES EN LOS MÉTODOS DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 42.- Los programas que establezca el Gobierno Federal para el apoyo diferenciado de las actividades reguladas en el presente ordenamiento, deberán considerar como ejes rectores, criterios de equidad social y sustentabilidad para el desarrollo.
TÍTULO OCTAVO
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSO ADMINISTRATIVO
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 43.- Son infracciones a lo establecido en la presente Ley:
II. Que los Operadores certificados utilicen sustancias prohibidas en contravención a la presente Ley;
III. Que un organismo aprobado certifique como orgánico un producto que no cumpla con lo establecido en la presente Ley debido a que se les hubiere aplicado prácticas, sustancias, materiales e ingredientes prohibidos;
IV. El incumplimiento de parte del organismo aprobado de las obligaciones previstas en esta Ley y sus disposiciones;
V. El uso por terceras personas de los Métodos excluidos, a que se refiere la fracción X del Artículo 3, y con motivo de ello se alteren las condiciones de integridad orgánica de las unidades de producción o de manejo orgánicos o en conversión, y
VI. El uso por terceras personas de substancias o materiales prohibidos y los referidos en el Artículo 27, y con motivo de ello se alteren las condiciones de integridad orgánica de las operaciones orgánicas o en periodo de conversión.
Artículo 45.- La infracción prevista en la fracción V del Artículo 43 será sancionada por la Secretaría con multa de quince mil uno hasta cuarenta y cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Lo anterior sin perjuicio del resarcimiento de los daños y perjuicios que causen al afectado, a la salud humana, a la diversidad biológica, a la propiedad, al medio ambiente y de las sanciones previstas en otros ordenamientos, así como de la indemnización al operador orgánico.
Artículo 46.- En caso de que se verifiquen los supuestos previstos en las fracciones II, III, V y VI se revocará la Certificación obtenida, los productos perderán su calificación como orgánicos e iniciarán nuevamente el proceso de Certificación. Los productos serán eliminados de todo el lote de la serie de producción afectada quedando prohibida su comercialización como orgánicos, sin perjuicio de que la Secretaría ordene desprender las etiquetas del lote a la producción afectada por la irregularidad de que se trate.
Artículo 47.- Para la imposición de la sanción la Secretaría tomará en cuenta la gravedad de la infracción, al igual que los antecedentes, circunstancias personales y situación socioeconómica del infractor. En caso de reincidencia se aplicará multa hasta por el doble del límite máximo de la sanción que corresponda. Para los casos de segunda reincidencia, en el supuesto de las fracciones III y IV, además de la sanción pecuniaria se impondrá la revocación de la aprobación procediendo a la inhabilitación de 2 a 4 años para obtener nueva aprobación.
Artículo 48.- En ninguno de los casos por contaminación de terceros se considerará infracción por parte del Operador orgánico ni tendrá la responsabilidad de la carga de la prueba.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL RECURSO ADMINISTRATIVO
Artículo 49.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de la Secretaría que ponga fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelva un expediente, podrán interponer recurso de revisión en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 50.- En contra de los actos emitidos por los Organismos de Certificación, los interesados podrán presentar las reclamaciones que consideren pertinentes, las cuales se sustanciarán y resolverán en los términos previstos por el Artículo 122 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO. La constitución del Consejo Nacional de producción Orgánica y sus grupos de trabajo deberá realizarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de publicación de esta Ley en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO TERCERO. El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento y demás disposiciones complementarias correlativas a esta Ley dentro de los seis meses posteriores a su entrada en vigor.
ARTÍCULO CUARTO. Las erogaciones que se generen por la aplicación de la presente Ley deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado para la Secretaría por la Cámara de Diputados para ese efecto.
ARTÍCULO QUINTO. La Secretaría y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales suscribirán bases de colaboración para que, en ejercicio de sus respectivas atribuciones, coordinen acciones conjuntas conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 4 de la presente Ley.
Comisión de Agricultura y Ganadería:
Diputados: Cruz López Aguilar (rúbrica), Presidente; Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Gonzalo Ruiz Cerón, Edmundo Valencia Monterrubio (rúbrica), Diego Palmero Andrade (rúbrica), Antonio Mejía Haro (rúbrica), secretarios; Julián Nazar Morales, Lázaro Arias Martínez (rúbrica), Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Gaspar Ávila Rodríguez, Alejandro Saldaña Villaseñor (rúbrica), Lamberto Díaz Nieblas, María Hilaria Domínguez Arvizu, Jesús Morales Flores, Esteban Valenzuela García (rúbrica), Rafael Galindo Jaime (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Arturo Robles Aguilar (rúbrica), José Irene Álvarez Ramos, Mario Ernesto Dávila Aranda (rúbrica), Javier Castelo Parada (rúbrica), José María de la Vega Lárraga (rúbrica), Rocío Guzmán de Paz (rúbrica), Alberto Urcino Méndez Gálvez (rúbrica), Isidoro Camarillo Zavala (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Valentín González Bautista, Marcelo Herrera Herbert (rúbrica), Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Víctor Suárez Carrera.
Comisión de Economía:
Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Presidente; Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, secretarios; Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), Francisco Javier Barrio Terrazas (rubrica), Jaime del Conde Ugarte (rúbrica), José Francisco J. Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Antonio Nader Nasrallah, Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), José Manuel Abdalá de la Fuente (rúbrica), Fernando Ulises Adame de León (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles, Óscar Bitar Haddad, Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Alfredo Gómez Sánchez, Gustavo Moreno Ramos (rúbrica), José Mario Wong Pérez, Juan José García Ochoa, Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Yadira Serrano Crespo, Víctor Suárez Carrera, Jazmín Elena Zepeda Burgos.
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, correspondiente a la LIX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, MINUTA CON PROYECTO decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de LA Propiedad Industrial, en materia de franquicias, enviada por el Senado de la República, el 2 de diciembre de 2004.
La Comisión de Economía de la LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al estudio y análisis de la Minuta descrita, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO. Que en sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el día 2 de diciembre de 2004, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la Minuta que remitió el Senado de la República.
SEGUNDO. El C. Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Economía".
TERCERO. Que mediante oficio CE/1179/04 de fecha 2 de diciembre de 2004, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta Minuta.
CUARTO. Que la Minuta en estudio, corresponde a tres iniciativas presentadas en ambas Cámaras:
B. El 23 de abril de 2002, el C. Senador David Jiménez González del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma los Artículos 190, 191 y 193 de la Ley de la Propiedad Industrial, y
C. El 7 de septiembre de 2004, el C. Senador Fauzi Hamdán Amad del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adicionan y Modifican Diversas Disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.
ANÁLISIS DE LA MINUTA
La Minuta devuelta corresponde a la Iniciativa presentada por el C. Diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, que tiene como objetivo regular la figura de la franquicia, con el propósito de dar certidumbre a quienes deciden utilizar estas formas contractuales, y evitar abusos por parte del franquiciante, a través de:
b) Establecer límites en los contratos de las franquicias: es preciso fijar límites para brindar un adecuado equilibrio entre las partes, ya que generalmente se llegan a imponer condiciones o términos desventajosos para algunas de ellas, frente a la preeminencia de la otra, y
c) Señalar las condiciones de término o cancelación del contrato de la franquicia: es prioritario que los contratos contemplen claramente las condiciones en que las partes pueden dar por terminado un contrato, dado que en ocasiones son terminaciones injustificadas o simplemente desplazamientos indebidos.
Pero, en ocasiones el IMPI, al estar deficientemente regulado el emplazamiento al tercero afectado con la solicitud de declaración administrativa correspondiente, emplaza a dicho tercero sólo con la copia simple de la solicitud respectiva, pero no de las pruebas acompañadas a la misma, violando con ello los principios de seguridad y legalidad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, así como el principio de igualdad procesal de las partes.
Por lo anterior, se propone establecer con precisión qué documentos debe exhibir el solicitante, las copias que debe de anexar y cómo debe emplazar el IMPI al tercero afectado.
Respecto a la Iniciativa que presentó el C. Senador Fauzi Hamdán Amad, ésta coincide con el proyecto del C. Diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, dado que señala la necesidad de equilibrar el contenido obligacional de los contratos de franquicia, con base en condiciones de equidad y reciprocidad entre las partes, con el propósito de otorgar certeza y seguridad jurídica tanto a los franquiciatarios como a los franquiciantes, a través de disposiciones que regulen los contratos de este sector empresarial.
SEXTO. Que esta Comisión Dictaminadora, recibió una serie de comentarios y aportaciones del sector franquiciatario tanto nacional como extranjero, que fueron concurrentes, enriqueciendo de esta manera, el proyecto de reformas para normar el correcto funcionamiento de las franquicias en nuestro país.
Por lo anterior, esta Comisión hace las siguientes:
MODIFICACIONES
PRIMERO. Que en referencia a la adición del artículo 2, esta Comisión, atendiendo a una técnica legislativa más adecuada, recorre el conectivo "y" de la fracción V a la siguiente. Asimismo, los cambios propuestos tienen como objeto lograr una mayor claridad en el precepto, que facilite la interpretación, prescindiendo de palabras reiterativas. De esta forma se modifica así:
I. a IV. .........
V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales;
VI.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, y
VII.- Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como garantizar un trato de igualdad para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante.
En lo referente al segundo párrafo del dispositivo citado, se suprime la parte final, debido a que tal regulación se encuentra contenida en el tercer párrafo del mismo precepto legal. Por lo que queda de la siguiente manera:
Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretenda conceder, por lo menos con treinta días previos a la celebración del contrato respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley.
La falta de veracidad en la información a que se refiere el párrafo anterior dará derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato, a demandar el pago de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado por el incumplimiento. Este derecho podrá ejercerlo el franquiciatario durante un año a partir de la celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo solo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato.
Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo.
Por otra parte, las zonas geográficas nunca son uniformes, existen puentes, avenidas amplias, carreteras, obras nuevas y mejoras alrededor de la franquicia, elementos que hacen que negocios idénticos puedan concurrir a poca distancia. Adicionalmente, se deben considerar factores que inciden en la demanda de la franquicia, como el aumento poblacional, el nivel de ingreso, los precios de los bienes relacionados, las preferencias y gustos, aspectos que son superiores a las distancias que pudieran establecerse.
Por lo tanto, se modifica esta fracción para quedar como sigue:
Además, con el ánimo de proponer una mejor coherencia legislativa, se incorpora en esta disposición la fracción XI, modificada con el propósito de precisar la redacción y establecer mejores criterios de interpretación, así como para especificar que el suministro de mercancías y contratación con proveedores solo les será aplicable a las franquicias que así lo ameriten por su naturaleza. Con esto, se elimina la posibilidad de que el franquiciatario actúe como un agente económico con poder sustancial en el mercado:
Además, se resalta la inviabilidad de dicha fracción, ya que no es posible determinar los márgenes de utilidad en el desarrollo de la franquicia por parte del franquiciatario, ya que ello dependerá de la administración de su negocio y de la respuesta del mercado, por lo cual es inadmisible dicha exigencia, es más, hay ocasiones en que empresarios de franquicias en la misma zona administran mejor su negocio, lo que les permite tener mejores márgenes con mayores utilidades.
Por lo anterior, se elimina la frase "los cuales deberán ser uniformes".
VIII.- Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de que las partes así lo convengan.
Asimismo, se señala que es inaceptable establecer la recuperación de la inversión del franquiciatario, ya que ello equivaldría a garantizar el éxito de cualquier negocio. Dicha condición es imposible en un entorno de mercados globales, competitivos y de libre concurrencia, en donde los factores de éxito o fracaso igualmente dependen del desarrollo operativo del franquiciatario; no se puede pensar en mercado sin riesgo. Por lo tanto queda esta fracción así:
DÉCIMO CUARTO. Que esta Dictaminadora desecha el último párrafo del artículo 142 Bis, ya que dicha disposición se encuentra contenida en el último párrafo del artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente.
DÉCIMO QUINTO. Que con el propósito de pormenorizar, particularizar y desarrollar en forma concreta los principios y enunciados generales contenidos en este artículo 142 Bis, se propone un último párrafo para remitir estas disposiciones al reglamento.
No se considerará que el franquiciante tenga injerencia en casos de fusión, escisión, transformación, modificación de estatutos, transmisión o gravamen de partes sociales o acciones del franquiciatario, cuando con ello se modifiquen las características personales del franquiciatario que hayan sido previstas en el contrato respectivo como determinante de la voluntad del franquiciante para la celebración del contrato con dicho franquiciatario.
Artículo 142 Bis 2.- El franquiciatario deberá guardar durante la vigencia del contrato y, una vez terminado éste, la confidencialidad sobre la información que tenga dicho carácter o de la que haya tenido conocimiento y que sean propiedad del franquiciante, así como de las operaciones y actividades celebradas al amparo del contrato.
DÉCIMO OCTAVO. Que esta Comisión,desecha el artículo 142 Bis 4, en virtud de que la misma permitiría al franquiciatario refrendar su exclusividad territorial, lo que resultaría violatorio al artículo 28 Constitucional y al artículo 10 fracción I de la LFCE, toda vez que prohíben las prácticas monopólicas relativas, consistentes en los acuerdos entre agentes económicos, que no sean competidores entre sí, para fijar, imponer o establecer la distribución exclusiva de bienes o servicios por situación geográfica, incluidas la división, distribución o asignación de clientes o proveedores, entre otras.
DÉCIMO NOVENO. Que respecto a la adición del artículo 153, por la cual, procedería la cancelación de la marca, se estima que la disposición resulta inaceptable, además de ser contraria a derecho, a la equidad y notoriamente desproporcionada, por los siguientes motivos:
Se estima inequitativa, en razón de que en muchas de las franquicias del país, el posicionamiento del negocio guarda estrecha relación con la marca, por tanto, se considera excesivo imponer como posible sanción la pérdida de la marca del franquiciante. También es de considerarse las graves consecuencias del franquiciante frente a sus demás franquiciatarios, ante la pérdida de la marca; ya que éstos quedarían desprotegidos, dado que la franquicia supone como elemento esencial, entre otros, la licencia de uso de la marca para la prestación del bien o servicio, motivo por el cual, al no existir la marca, las franquicias estarían ante constante riesgo de desaparición.
Por otro lado, es antijurídica en la medida en que la cancelación del registro marcario superaría en muchos casos el valor del monto de las contraprestaciones establecidas en el contrato de franquicia, ya que la pérdida de la marca representaría la suspensión de la prestación del bien o servicio otorgado por los demás franquiciatarios, lo cual involucraría perder negocios potenciales que rebasarían el monto de las contraprestaciones pactadas en un solo contrato de franquicia. En este sentido, recordemos que la pena no puede ser mayor que el monto de las obligaciones principales. Aún más, no debe pasarse por alto que en materia de daños y perjuicios el efecto del incumplimiento es la posibilidad de resarcir al perjudicado en la misma medida en que sufrió un detrimento. Por tanto, resulta inadmisible aceptar la pérdida del registro marcario como sanción, ya que en nada se restituye el patrimonio del perjudicado, todo lo cual hace pensar que el franquiciatario podría usar la medida como medio de presión o chantaje.
Por lo tanto, se desecha la adición al artículo 153.
VIGÉSIMO. Que se estima conveniente omitir la leyenda "?con el contenido que establece el artículo 65 de su reglamento?" de la fracción XXV del artículo 213, ya que el propio artículo 142, impone la obligación de proporcionar la información referida, por parte del franquiciante, en los términos que establece el Reglamento de la Ley. Por lo que queda de la siguiente manera:
PRIMERO. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la Minuta de referencia.
SEGUNDO. Que las franquicias son un esquema de negocios mediante el cual la empresa que crea una franquicia (franquiciante), logra expandir su marca y sus ganancias, y quien adquiere este esquema (franquiciatario), obtiene el derecho de utilizar una marca o nombre comercial y un producto o servicio, así como el formato del negocio.
TERCERO. Que las franquicias en México tuvieron su inicio a partir del año de 1985, y se han venido integrando rápidamente en la economía, ahora este sector cuenta con más de 550 franquiciantes y existen aproximadamente 26 mil franquicias que generan más de 430 mil empleos, mismas que se distribuyen en servicios (24%), alimentos y restaurantes (23%), ropa (10%), construcción (8%), y otros (35%).
CUARTO. Que el esquema de franquicias es fundamental para el país, dada la derrama económica que realiza. En México, las ventas de este sector ascienden alrededor de 4 mil millones de dólares, además, el 95% de los negocios adheridos a un esquema de franquicias, continúan trabajando después de 5 años, mientras que el 60% de los establecimientos independientes no completan el segundo año de vida.
QUINTO. Que especialistas señalan, que nuestro país cuenta con un sector de franquicias maduro, consolidado y en crecimiento, con un mercado cada vez más concurrido y competitivo, situación que será un fuerte impulso para la creación de nuevos establecimientos y de más y mejores empleos, por lo que los emprendedores y empresarios deben contar con un marco jurídico que regule claramente el funcionamiento de las franquicias.
SEXTO. Que la Ley de la Propiedad Industrial, solamente en el artículo 142 reconoce y regula la figura de la franquicia, lo que pone en un estado de indefensión a los franquiciantes y a los franquicitarios, por lo que se hace imprescindible ampliar, actualizar y valorizar la figura de la franquicia en la legislación mexicana.
SÉPTIMO. Que la falta de regulación de las franquicias, ha permitido que las mismas adopten y se amolden a las características de cada país, pero esto también se ha traducido en una falta de protección hacia la parte más débil en estos contratos, los cuales son precisamente el agente franquiciatario.
OCTAVO. Que la Minuta del Senado, es un gran paso en el proceso del perfeccionamiento del marco jurídico para regular la franquicia, toda vez que sienta las bases mínimas sobre las que deberían basarse los contratos entre franquiciantes y franquiciatarios, generando con ello, certeza jurídica a las partes, además de asegurar de cierta manera, conservar su constante utilización por parte de los empresarios mexicanos, y en especial, de los microempresarios.
NOVENO. Que es necesario establecer en los artículos 190, 191 y 193 de la Ley de la Propiedad Industrial, la obligación de qué documentos debe exhibir el solicitante en el procedimiento de la emisión de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación o infracción administrativa de una marca, ante el IMPI, a fin de que al correr traslado de la solicitud al tercero afectado, quede éste debidamente notificado.
DÉCIMO. Que es prioritario para la Comisión de Economía, impulsar las reformas que eleven y extiendan la competitividad de las empresas, con el objetivo de promover su creación, crecimiento y consolidación, por lo que estas reformas tienen el propósito de asegurar, que las relaciones jurídicas establecidas bajo la figura de franquicia, se realicen bajo un sano desarrollo, lo que viene a fortalecer a este sector, en virtud de que presentaba importantes lagunas jurídicas que podían manifestarse en desventajas, que tarde o temprano, limitarían su crecimiento en nuestro país.
DÉCIMO PRIMERO. Que los CC. Diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictamina, reconocen y concluyen que la Minuta del Senado contiene propuestas que mejoran el clima de los negocios en nuestro país en materia de franquicias, a través de una legislación que brinda protección y reglas claras en los contratos, así como en los procedimientos administrativos que realiza el IMPI, situación que es de beneficio jurídico tanto para los franquiciatarios como para los franquiciantes.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora hace suyos los motivos expresados por la Colegisladora y también se manifiesta por la necesidad de aprobar este proyecto de Decreto:
PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la Minuta con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.
SEGUNDO. Se devuelve al Senado de la República el Proyecto de Decreto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. La Comisión de Economía presenta al Pleno de esta Honorable Asamblea para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 142; 190; 191 y 193, y se adiciona una fracción VII al artículo 2o.; los artículos 142 Bis; 142 Bis-1; 142 Bis-2; 142 Bis-3, y las fracciones XXV y XXVI al artículo 213, corriéndose la actual XXV a ser XXVII, de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:
Artículo 2o. ........
V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales;
VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, y
VII. Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como garantizar un trato de igualdad para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante.
Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretenda conceder, por lo menos con treinta días previos a la celebración del contrato respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley.
La falta de veracidad en la información a que se refiere el párrafo anterior dará derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato, a demandar el pago de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado por el incumplimiento. Este derecho podrá ejercerlo el franquiciatario durante un año a partir de la celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo solo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato.
Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo.
Artículo 142 Bis.- El contrato de franquicia deberá constar por escrito y deberá contener, cuando menos, los siguientes requisitos:
II. La ubicación, dimensión mínima y características de las inversiones en infraestructura, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario ejercerá las actividades derivadas de la materia del contrato;
III. Las políticas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, así como las disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores, en el caso de que sean aplicables;
IV. Las políticas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos, financiamientos y demás contraprestaciones a cargo de las partes en los términos convenidos en el contrato;
V. Los criterios y métodos aplicables a la determinación de los márgenes de utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios;
VI. Las características de la capacitación técnica y operativa del personal del franquiciatario, así como el método o la forma en que el franquiciante otorgará asistencia técnica;
VII. Los criterios, métodos y procedimientos de supervisión, información, evaluación y calificación del desempeño, así como la calidad de los servicios a cargo del franquiciante y del franquiciatario;
VIII. Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de que las partes así lo convengan;
IX. Las causales para la terminación del contrato de franquicia;
X. Los supuestos bajo los cuales podrán revisarse y, en su caso, modificarse de común acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia;
XI. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en contrario, y
XII. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante en ningún momento, las acciones de su sociedad o hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario.
Artículo 142 Bis 1.- El franquiciante podrá tener injerencia en la organización y funcionamiento del franquiciatario, únicamente para garantizar la observancia de los estándares de administración y de imagen de la franquicia conforme a lo establecido en el contrato.
No se considerará que el franquiciante tenga injerencia en casos de fusión, escisión, transformación, modificación de estatutos, transmisión o gravamen de partes sociales o acciones del franquiciatario, cuando con ello se modifiquen las características personales del franquiciatario que hayan sido previstas en el contrato respectivo como determinante de la voluntad del franquiciante para la celebración del contrato con dicho franquiciatario.
Artículo 142 Bis 2.- El franquiciatario deberá guardar durante la vigencia del contrato y, una vez terminado éste, la confidencialidad sobre la información que tenga dicho carácter o de la que haya tenido conocimiento y que sean propiedad del franquiciante, así como de las operaciones y actividades celebradas al amparo del contrato.
Artículo 142 Bis 3.- El franquiciante y el franquiciatario no podrán dar por terminado o rescindido unilateralmente el contrato, salvo que el mismo se haya pactado por tiempo indefinido, o bien, exista una causa justa para ello. Para que el franquiciatario o el franquiciante puedan dar por terminado anticipadamente el contrato, ya sea que esto suceda por mutuo acuerdo o por rescisión, deberán ajustarse a las causas y procedimientos convenidos en el contrato.
En caso de las violaciones a lo dispuesto en el párrafo precedente, la terminación anticipada que hagan el franquiciante o franquiciatario dará lugar al pago de las penas convencionales que hubieran pactado en el contrato, o en su lugar a las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.
Artículo 190.- Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente, no serán admitidas salvo que fueren supervenientes. Asimismo, deberá exhibir el solicitante el número de copias simples de la solicitud y de los documentos que a ella se acompaña, necesarios para correr traslado a la contraparte.
Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba y solicitará al Instituto que con la copia simple de dichas pruebas, se emplace al titular afectado.
Artículo 191.- Si el solicitante no cumpliere con los requisitos a que se refiere el artículo 189 de esta Ley o no exhibiera las copias de la solicitud y los documentos que a ella se acompañan, a que se refiere el artículo 190 de esta Ley, el Instituto le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concederá un plazo de ocho días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud.
También se desechará la solicitud por la falta de documento que acredite la personalidad o cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente.
Artículo 193.- Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el Instituto, con la copia simple de la solicitud y los documentos que se le acompañaron, la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se estará a lo dispuesto en los artículos 209 fracción IX y 216 de esta Ley. La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa.
Artículo 213.- Son infracciones administrativas:
XXIV. Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:
a) Un esquema de trazado protegido;
b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o
c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente;
XXV. No proporcionar al franquiciatario la información, a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, siempre y cuando haya transcurrido el plazo para ello y haya sido requerida;
XXVI. Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo, y
XXVII.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.
ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de octubre de 2005.
Diputados: Manuel López Villarreal (rúbrica), Presidente; Jorge Luis Hinojosa Moreno (rúbrica), Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Eduardo Alonso Bailey Elizondo (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Julio Horacio Lujambio Moreno, secretarios; Ricardo Alegre Bojórquez (rúbrica), Francisco Javier Barrio Terrazas (rúbrica), Jaime del Conde Ugarte (rúbrica), José Francisco J. Landero Gutiérrez (rúbrica), Jesús Antonio Nader Nasrallah (rúbrica), Miguel Ángel Rangel Ávila (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), José Manuel Abdalá de la Fuente, Fernando Ulises Adame de León, Jorge Baldemar Utrilla Robles, Óscar Bitar Haddad, Carlos Blackaller Ayala (rúbrica), Juan Manuel Dávalos Padilla (rúbrica), Alfredo Gómez Sánchez (rúbrica), Gustavo Moreno Ramos, Eduardo Olmos Castro, José Mario Wong Pérez, Juan José García Ochoa, Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Yadira Serrano Crespo, Víctor Suárez Carrera, Jazmín Elena Zepeda Burgos (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 BIS DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
HONORABLE ASAMBLEA:
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de la:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS PARRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTICULO 3 BIS DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ANTECEDENTES
PRIMERO.- En sesión celebrada en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en fecha 14 de julio de 2004, el Diputado Jorge Uscanga Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los párrafos primero y tercero del artículo 3 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria del Artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.- La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en esa fecha, mediante oficio número CP2R1AE.-1028, acordó se turnara dicha Iniciativa para su estudio y trámite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, dicha Iniciativa, la cual presenta este Dictamen al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
Primera.- Expone el autor de la Iniciativa, que a partir de las devaluaciones de la moneda en México, los ordenamientos jurídicos han utilizado el salario mínimo como referencia para mantener actualizadas las sanciones de tipo económico.
Asimismo, que en la actualidad se aplican en el territorio nacional distintos montos de salarios mínimos clasificados en tres zonas geográficas: A, B, y C, establecidas por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en razón de existir diversas circunstancias socioeconómicas en los diferentes estados de nuestro país los cuales tienen mayor o menor desarrollo económico.
Por otra parte, la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toma como referencia el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, para aplicar las sanciones económicas que de ella se derivan, cuando debería considerar para su imposición, las mismas razones por las que se fijan los salarios mínimos, es decir, aplicar la clasificación de las zonas geográficas señaladas en el país lo cual en consecuencia es inequitativo.
Segunda.- Ahora bien, una vez realizado el estudio y análisis de la presente Iniciativa de decreto, la Comisión que hoy dictamina, realizó varias reuniones de trabajo con la participación de los Diputados que la integran, compartiéndose así, la propuesta de su autor de que efectivamente resulta necesario reformar el artículo 3 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este sentido, la Ley de Amparo, toma como base el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, para la imposición de las penas o para fijar la competencia, en razón de que continua estableciendo el criterio tomado cuando era aplicable el Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia Federal.
Criterio que deberá actualizarse como lo propone el Diputado presentante de la Iniciativa, ya que a este ordenamiento legal se le cambió su denominación original para quedar como Código Penal Federal, mediante Decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia penal publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de mayo de 1999.
Finalmente, la Comisión Dictaminadora, estima que la reforma propuesta, permitirá adecuar el criterio para la imposición de las multas al momento de realizarse la conducta sancionada o para fijar la competencia al momento de presentarse la demanda en los juicios de amparo, de acuerdo al salario mínimo determinado en las zonas geográficas del país por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
La cual, menciona que se entiende por salario, la cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada ordinaria diaria de trabajo, señalando las definiciones y descripciones de las actividades, profesionales, oficios y trabajos especiales.
Por todo lo anteriormente expuesto, los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos someten a la consideración de esta Asamblea, el:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 BIS DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 3 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 3 Bis.- Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su importe se tendrá como base el salario mínimo general vigente en la zona geográfica que corresponda al momento de realizarse la conducta sancionada.
...
Cuando con el fin de fijar la competencia se aluda al salario mínimo, deberá entenderse el salario mínimo general vigente en la zona geográfica que corresponda al momento de presentarse la demanda de amparo o de interponerse el recurso.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro a trece de septiembre de dos mil cinco.
Diputados: Rebeca Godínez y Bravo (rúbrica), Presidenta; Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), secretaria; Amalín Yabur Elías (rúbrica), secretaria; Miguel Angel Llera Bello (rúbrica), secretario; Francisco Javier Valdéz de Anda (rúbrica), secretario; Miguelángel García-Domínguez, secretario; Félix Adrián Fuentes Villalobos (rúbrica), secretario; María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica), Mario Carlos Culebro Velasco, José Luis García Mercado (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Martha Laguette Lardizábal (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), Mayela María de Lourdes Quiroga Tamez (rúbrica), María Sara Rocha Medina, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Jorge Leonel Sandoval Figueroa (rúbrica), Bernardo Vega Carlos (rúbrica), Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, Ernesto Herrera Tovar, Sergio Penagos García (rúbrica), Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica), Marisol Vargas Bárcenas (rúbrica), Margarita Zavala Gómez del Campo (rúbrica), Francisco Diego Aguilar, Angélica de la Peña Gómez, Eliana García Laguna, Diana R. Bernal Ladrón de Guevara, Jaime Miguel Moreno Garavilla.
DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Honorable Asamblea:
La Comisión de Ciencia y Tecnología, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Honorable Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
Antecedentes
A la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva para su estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción V del artículo 23 de la Ley de Ciencia y Tecnología, suscrita por el Diputado Omar Ortega Álvarez en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el día 9 de junio de 2004.
La Iniciativa materia de este Dictamen consiste en adicionar una fracción V al artículo 23, correspondiente a la constitución de dos tipos de fondos:
2. Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
La Iniciativa se centra en adicionar una fracción V al artículo que enlista las modalidades de los Fondos CONACyT, estableciendo en dicha fracción lo siguiente:
La situación del panorama actual, de acuerdo a la Iniciativa, que ha complicado la situación de los becarios del CONACYT, pueden agruparse en los siguientes puntos:
Los esfuerzos no han sido suficientes para incrementar considerablemente el número de investigadores; por tanto, México continúa desfasado en este rubro y la participación de la revolución mundial del conocimiento es limitada.
Los estudiantes con vocación para la investigación o los estudios de posgrado que obtienen una beca del CONACyT tienen que pagar el monto del financiamiento de dichos apoyos.
El CONACyT anunció en abril de 2004 la eliminación del pagaré que los estudiantes beneficiarios de una beca, debían firmar para recibirla. Lo cual fue formalmente establecido en el nuevo reglamento de becas publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de diciembre de 2004
La visión de las becas desde la perspectiva de inversión es mucho más benéfica para una política de Estado, que desde la perspectiva de préstamo. Esto fomenta y estimula que los graduados de doctorado o maestría retribuyan a la sociedad la formación recibida, con conocimientos y no en dinero.
El avance del CONACyT para eliminar el pagaré fue un gran paso, sin embargo, por ser parte de un ordenamiento a nivel reglamentario, puede sufrir modificaciones en caso de cambios de quienes encabezan dicho Consejo. Esto provoca el riesgo de que se pierda continuidad en un tema tan trascendental.
La figura de la beca parte de la base de ser una ayuda para quien, queriendo continuar con sus estudios, carece de los medios económicos suficientes para lograrlo.
Por otro lado, y desde la perspectiva de CONACyT -siendo éste un organismo del Estado Mexicano- la beca es una inversión que el Estado hace en favor de sí mismo. Es decir, el apoyo económico al individuo se refleja en una inversión que será retornada con un gran margen de ganancia para el Estado (i.e., conocimiento y especialización en temas relevantes y asuntos de vanguardia que se revierte a la nación gracias al retorno y colaboración de quien recibió dicho apoyo y con él logró adquirir nuevas nociones, ideas y percepciones de distintos temas).
Las dos visiones planteadas se conjuntan perfectamente en el concepto que hoy día tiene el CONACyT sobre el régimen de becas. Esto se puede apreciar claramente en su vigente Reglamento de Becas, en donde se fijan las bases y lineamientos relativos a los apoyos que éste otorga para que los ciudadanos puedan llevar a cabo actividades académicas que lograrán acrecentar sus conocimientos en áreas de la ciencia y la tecnología.
La nobleza de la propuesta y del Reglamento atienden a la misma inquietud que ha sido resuelta. Sin embargo, la alternativa que busca la propuesta tiende a lograr la continuidad de la política más allá de los alcances del propio Reglamento de Becas. La razón atiende a que la modificación del Reglamento, en caso de darse, sólo implicaría un cambio de política dentro del propio CONACyT, a diferencia de una modificación a la Ley, que implicaría que la mayoría de los 628 integrantes del H. Congreso de la Unión estuviesen de acuerdo en modificar la política de becas del Estado Mexicano.
Es decir, aunque queda claro que la perspectiva actual del CONACyT es la correcta actualmente, no es garantía porque en caso de cambios de los integrantes de dicho Consejo, la perspectiva se podría revertir. En cambio, el que la política de becas federales se establezca a nivel de ley, aclara a los ciudadanos cuáles son los términos y condiciones a los que se sujeta, además de garantizarles que dicha disposición no sufrirá cambios no deseados.
Para atender los aspectos puntuales de la problemática señalada en los puntos anteriores, los planteamientos de solución del promovente que se dictaminan por esta Comisión son los siguientes:
PRIMERO.- Por lo que se refiere a la celebración de convenios de apoyo económico con los beneficiarios de las becas por parte del CONACyT, consideramos acertado que sea este Consejo el que siga promoviendo y estimulando el conocimiento a través de mecanismos que faciliten que los estudiantes continúen sus estudios de posgrado o especialización en México o en el extranjero.
SEGUNDO.- Por lo que se refiere a las becas y estímulos económicos otorgados bajo las modalidades de los Fondos CONACyT, consideramos que la adecuación del texto propuesto en dicho artículo no es conveniente.
El contexto establecido por el artículo que se pretende adicionar es general, mientras que la figura de las becas es demasiado específica dentro de los supuestos enlistados. Así también, el artículo 23 de la Ley de Ciencia y Tecnología se limita establecer las modalidades de los Fondos y remitir a subsecuentes artículos que desarrollan la naturaleza y alcances de éstos. Por tanto, no consideramos conveniente que en una disposición de dicho orden se pretenda establecer una disposición tan específica que no concuerda con el contexto de la disposición general abarcada por el artículo 23 antes citado.
En este sentido, por técnica legislativa, esta Comisión considera que esta propuesta estaría mejor ubicada en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, debido a que en dicho artículo se hace referencia a las becas, así como a los convenios y contratos que se celebran para obtenerlas.
TERCERO.- Se estima benéfica la disposición que establece no obligar o garantizar el pago en dinero de las becas otorgadas con el propósito de formar recursos humanos en instituciones de educación superior o investigación, públicas o privadas, nacionales y en el extranjero.
Así también, se considera pertinente que esa disposición, ya establecida en el Reglamento de Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se eleve a nivel de Ley para evitar que en un futuro existiese un cambio de criterio por parte del responsable del tema en el Consejo y por tanto se modificara nuevamente para volver al criterio que ya se ha superado.
CUARTO.- La Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establece en su artículo 13 que la canalización de recursos por parte del CONACyT para otorgamiento de becas en sus diferentes modalidades, estará sujeta a la celebración de un contrato o convenio y, en su caso, a las ciertas condiciones a saber:
Vigilancia del CONACyT sobre la debida aplicación y adecuado aprovechamiento de los fondos que proporcione o aporte, en los términos que fijen los propios contratos o convenios;
Regulación específica en los contratos sobre los reglas y porcentajes de participación de regalías de los derechos de propiedad intelectual derivados de los resultados obtenidos por quienes reciban ayuda del CONACyT.
SEXTO. Respecto a la propuesta del artículo transitorio segundo, mediante el cual se establece que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología deberá adecuar su Reglamento de Becas, para que no contravenga lo dispuesto por esta reforma, no se considera necesario incluirlo, debido a que el Reglamento de Becas ya fue adecuado sobre este particular.
SÉPTIMO.- Por lo que se refiere a la propuesta del artículo transitorio tercero respecto a que el CONACyT considere los financiamientos a becarios o exbecarios como créditos a fondo perdido, consideramos que dicha medida no debe aplicarse de manera retroactiva, ya que puede ocasionar un daño patrimonial a dicha institución, por lo cual no fue incluido en el resolutivo.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Ciencia y Tecnología, somete a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona un último párrafo al Artículo 13 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:
Artículo 13. ...
Los contratos o convenios celebrados con personas físicas para apoyar su formación de alto nivel o de posgrado de calidad en instituciones de educación superior o de investigación, públicas o privadas, que se encuentren en el país o en el extranjero, no podrán sujetarse a requerimientos que obliguen ó condicionen a garantizar el pago del monto económico ejercido, salvo en caso de incumplimiento imputable al beneficiario o de no retorno al país, una vez terminado el período acordado u obtenido el grado.
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de octubre del año 2005.
Comisión de Ciencia y Tecnología
Diputados: Julio César Córdova Martínez (rúbrica), Presidente; Eloísa Talavera Hernández, secretaria; Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), secretario; Omar Ortega Álvarez (rúbrica), secretario; Sheyla Fabiola Aragón Cortés, Consuelo Camarena Gómez, José Ángel Córdova Villalobos, Patricia Elisa Durán Reveles, Lucio Galileo Lastra Marín, Germán Martínez Cázares, Rubén Alfredo Torres Zavala, Marisol Urrea Camarena, Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (rúbrica), Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica), Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica), José Luis Medina Lizalde (rúbrica), Fernando Ulises Adame de León (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica), José López Medina (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica), Alfonso Juventino Nava Díaz (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Érick Agustín Silva Santos (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez, Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), Benito Chávez Montenegro (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LAS FRACCIONES XIII Y XIV AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Honorable Asamblea:
La Comisión de Ciencia y Tecnología, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la Honorable Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
Antecedentes
A la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados le fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva para su estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por el Diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el día 24 de febrero de 2005
- La Iniciativa pretende crear al Comité Científico y Tecnológico, mismo que estará conformado por los siguientes cuatro miembros:
- Presidente de la República;
- Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias;
- Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; y
- Presidente del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Por último, propone eliminar la participación del Secretario de Economía en el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
Consideraciones
PRIMERO. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico es encabezado por un Coordinador General, no un Presidente.
SEGUNDO. El Comité Científico y Tecnológico adquiriría las facultades que le han sido otorgadas al vigente Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, conformado por los siguientes miembros:
- Presidente de la República;
- Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
- Secretario de Comunicaciones y Transportes;
- Secretario de Economía;
- Secretario de Educación Pública;
- Secretario de Energía;
- Secretario de Hacienda y Crédito Público;
- Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
- Secretario de Relaciones Exteriores;
- Secretario de Salud;
- Director General del CONACyT;
- Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico;
- Cuatro miembros representativos de los ámbitos científico, tecnológico y empresarial, invitados por el Presidente de la República a propuesta del Director General del CONACyT conjuntamente con el Coordinador General del Foro Consultivo; y
- En su caso, personalidades del ámbito científico y tecnológico, quienes asistirán con voz pero sin voto, a invitación del Presidente de la República.
- Establecer las políticas nacionales en materia de ciencia y tecnología;
- Aprobar el Programa Especial de Ciencia y Tecnología;
- Definir criterios para la asignación del gasto federal; y
- Modificar el proyecto de presupuesto consolidado de ciencia y tecnología.
El sector actual está integrado por distintos miembros y cada uno de éstos tiene atribuciones y obligaciones específicas que son otorgadas conforme a la composición de cada uno de los miembros. Es decir, cada parte del sector tiene facultades y responsabilidades que puede y debe cumplir gracias a los miembros que la conforman.
QUINTO. Los miembros que se pretenden integrar al Comité Científico y Tecnológico, ya participan en distintos organismos que son creados y regulados por la ley vigente, como lo son el propio Foro Consultivo Científico y Tecnológico (del que forman parte la Academia Mexicana de Ciencias y la Universidad Nacional Autónoma de México) y el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (del que forman parte el Presidente de la República, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico; y la Academia Mexicana de Ciencias y la Universidad Nacional Autónoma de México a través del propio Foro Consultivo Científico y Tecnológico).
SEXTO. Las facultades del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico atienden a su composición.
Dicho organismo es el ente rector de la política nacional en materia de ciencia y tecnología, del Programa Especial de Ciencia y Tecnología, de los criterios para asignación del gasto público federal, etc., debido a que está conformado por todos los miembros de la comunidad, especialistas en sus propios ámbitos de acción -como son la salud, la educación, el medio ambiente, las comunicaciones, la agricultura, entre otras.
Lo anterior lleva a que no se pueda entender la propuesta de revocar dichas facultades a un ente tan plural y especializado, para otorgárselas a otro que sólo estará conformado por cuatro miembros que difícilmente podrán conocer a profundidad todos los temas relativos a la ciencia y la tecnología en los diferentes sectores de la administración pública. Es decir, el enfoque plural y heterogéneo de interdisciplinariedad del Consejo General se pretende sustituir por cuatro personas que carecerían de la especialización a nivel sectorial. Además, de que la participación de las Secretarías de Estado en este Consejo, es una estrategia que permite introducir las herramientas científicas y tecnológicas para la solución de problemas en todas las dependencias de gobierno.
SÉPTIMO. Las facultades que se pretenden respetar al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico se limitan a cuestiones presupuestarias, pero sujetas a las prioridades y criterios aprobados por el propio Comité Científico y Tecnológico, o cuestiones relativas a coordinación en materia de estímulos fiscales y financieros.
Por su parte, el Comité Científico y Tecnológico absorbe todas las facultades en materia de políticas y programas de ciencia y tecnología, lineamientos del parque científico, infraestructura, instrumentos, evaluaciones de avances, coordinación del Comité Intersecretarial, entre otras.
Reducir las facultades y la toma de decisiones del plural y heterogéneo Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, a un organismo tan reducido como lo es el Comité propuesto, limitaría seriamente la toma de decisiones interdisciplinarias, tanto en materia de políticas públicas como en materia presupuestaria, por sectores tan importantes como el de salud, agricultura, educación o medio ambiente.
OCTAVO. El Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico es un órgano que de manera plural, multidisciplinaria y especializada, cuenta con la capacidad y conocimientos requeridos para la toma de decisiones en materia de las facultades que la propia Ley de Ciencia y Tecnología le otorga.
La mera composición del Comité Científico y Tecnológico no satisface lo requerido para tomar decisiones tan importantes como la política nacional sobre ciencia y tecnología, el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, los criterios de evaluación del ingreso y permanencia en la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, entre otros.
Además, no es conveniente la creación del Comité Científico y Tecnológico, mucho menos lo es la revocación de facultades al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para que el Comité las absorba. Esto en razón de mantener un equilibrio en el sector, además de fomentar la interdisciplinariedad entre los miembros del órgano que determina cuestiones tan importantes, como lo es el propio Consejo General.
NOVENO. Las facultades del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico van desde establecer la política nacional en materia de ciencia y tecnología, hasta definir el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, prioridades en asignación presupuestaria, lineamientos programáticos, etc.
Dichas atribuciones requieren que el Consejo General cuente con integrantes que tengan conocimiento en distintas materias, como lo son energía, medio ambiente, agricultura y ganadería, comunicaciones y transportes, educación, pero sobre todo, es imprescindible contar con un especialista en materia económica.
Lo anterior se entiende al observar que las aportaciones del Secretario de Economía son de trascendencia especial debido a que es él quien conoce de los asuntos relacionados con el sector productivo, la balanza comercial, las áreas de oportunidad, las necesidades del desarrollo económico, la competitividad, los nichos de mercado, las oportunidades de negocio y demás temas que son centrales para el desarrollo del país.
La participación y aportaciones del Secretario de Economía son tan relevantes como las de cualquier otro miembro del Consejo General. Su desincorporación tendría como resultado que la perspectiva económica -relevante para el desarrollo tecnológico y la investigación- desapareciese de un organismo que debe basar su planeación y ruta crítica en el desarrollo de México.
DÉCIMO. La participación de los investigadores y académicos -a través de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Universidad Nacional Autónoma de México- ya se encuentra establecida dentro del propio Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Esto permite que dichas instituciones participen en un espacio que se conforma de otras instituciones que velan por intereses similares dentro del ámbito de la ciencia y la tecnología, sin provocar tensiones ni desigualdades en el sector.
Sin embargo, esta Comisión reconoce la inquietud del inicialista y los alcances de su propuesta, la cual responde a la imperiosa necesidad de que se incorporen formalmente en el proceso de toma de decisiones en materia de ciencia y tecnología, entes del sector, representativos de los investigadores y de las instituciones de educación superior.
Por tanto, se considera pertinente integrar al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico a la Academia Mexicana de Ciencias y a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
La incorporación de la Academia Mexicana de Ciencias responde a que es una asociación civil independiente y sin fines de lucro que, a sus 45 años, agrupa a 1716 miembros de destacadas trayectorias académicas y que laboran en diversas instituciones del país y del extranjero. Así, dicha organización enlaza a científicos de muy diversas áreas del conocimiento bajo el principio de que la ciencia, la tecnología y la educación son herramientas fundamentales para construir una cultura que permita el desarrollo de las naciones, pero también el pensamiento independiente y crítico a partir del cual se define y defiende la soberanía de México.
Por su parte la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, fundada hace 55 años, ha participado en la formulación de programas, planes y políticas nacionales, así como en la creación de organismos orientados al desarrollo de la educación superior mexicana. Es una asociación no gubernamental de carácter plural, que agremia a las principales instituciones de educación superior del país, cuyo común denominador es su voluntad para promover su mejoramiento integral en los campos de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los servicios. Además, está conformada por 139 universidades e instituciones de educación superior públicas y particulares de todo el país, que atienden al 80% de la matrícula de alumnos que cursan estudios de licenciatura y de posgrado.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Ciencia y Tecnología, somete a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIII Y XIV AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
ARTICULO ÚNICO.- Se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 5 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:
Artículo 5. ...
XIII. El Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, y
XIV. El Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
...
TRANSITORIO
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de octubre del año 2005.
Comisión de Ciencia y Tecnología
Diputados: Julio César Córdova Martínez (rúbrica), Presidente; Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), Secretaria; Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), Secretario; Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Secretario; Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica), Consuelo Camarena Gómez, José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), Patricia Elisa Durán Reveles (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Germán Martínez Cázares, Rubén Alfredo Torres Zavala (rúbrica), Marisol Urrea Camarena (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (rúbrica), Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica), Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica), José Luis Medina Lizalde (rúbrica), Fernando Ulises Adame de León (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica), José López Medina (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica), Alfonso Juventino Nava Díaz (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Erick Agustín Silva Santos (rúbrica), Martín Remigio Vidaña Pérez, Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), Benito Chávez Montenegro (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE PERMISO AL CIUDADANO WALTERIO ASTIE BURGOS, PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN DE MORAZÁN, EN GRADO DE GRAN CRUZ PLACA DE PLATA, QUE LE CONFIERE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Lic. Walterio Astie Burgos, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Morazán, en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el Gobierno de la República de Honduras.
La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de conformidad con lo que establece la Fracción III, del Apartado C), del Artículo 37 Constitucional, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:
Proyecto de Decreto
Artículo Único.- Se concede permiso al ciudadano Lic. Walterio Astie Burgos, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Morazán en grado de Gran Cruz Placa de Plata, que le confiere el Gobierno de la República de Honduras.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D. F., a 28 de septiembre de 2005.
Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Guadalupe Valladares Valle, David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica) secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje, Omar Bazán Flores, Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez, Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), H. Humberto Gutiérrez de la Garza, Alonso Adrián Juárez Jiménez (rúbrica), Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas, Guillermo Martínez Nolasco (rúbrica), Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres, (rúbrica), Sergio Vázquez García (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LOS CIUDADANOS JOSÉ HUITRÓN LEYVA Y MARIANA VELÁZQUEZ DE LA MADRID PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN LA EMBAJADA DE IRLANDA EN MÉXICO Y EN EL CONSULADO DE CANADÁ EN CANCÚN, QUINTANA ROO, RESPECTIVAMENTE
Honorable Asamblea:
En oficios fechados los días 28 y 29 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Huitrón Leyva y Mariana Velázquez de la Madrid puedan prestar servicios como chofer y asistente consular en la Embajada de Irlanda en México y en el Consulado de Canadá en Cancún, Quintana Roo, respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 6 de octubre se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de Irlanda en México y en el Consulado de Canadá en Cancún, Quintana Roo, respectivamente, serán de carácter administrativo; y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II) del apartado C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano José Huitrón Leyva para prestar servicios como chofer en la Embajada de Irlanda en México.
Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Mariana Velázquez de la Madrid para prestar servicios como asistente consular en el Consulado de Canadá en Cancún, Quintana Roo.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 7 de octubre de 2005.
Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Claudia Ruiz Massieu Salinas, Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretarios; José Porfirio Alarcón Hernández, Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Alonso Adrián Juárez Jiménez, Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas, Guillermo Martínez Nolasco, Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia.
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE CONCEDE EL PERMISO CONSTITUCIONAL NECESARIO PARA QUE LOS CIUDADANOS MARTÍN ACOSTA HERNÁNDEZ, MÓNICA ESTHER SARMIENTO VERA, MYFANWY SEIJAS DAVIES, ARMANDO YRIBE BORUNDA, MARTHA GEORGINA MACÍAS MORALES, ROSA ISELA FLORES SOTO, ÓSCAR ABEL SANZ CASTRO, JOSÉ LUIS GONZÁLEZ JIMÉNEZ Y NORA ELIZABETH VILLARREAL DELGADO PUEDAN PRESTAR SERVICIOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN LA EMBAJADA Y EN LOS CONSULADOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MÉXICO; CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA; HERMOSILLO, SONORA; Y NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, RESPECTIVAMENTE
Honorable Asamblea:
En oficio de fecha 27 de septiembre de 2005, la Secretaría de Gobernación solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Martín Acosta Hernández, Mónica Esther Sarmiento Vera, Myfanwy Seijas Davies, Armando Yribe Borunda, Martha Georgina Macías Morales, Rosa Isela Flores Soto, Óscar Abel Sanz Castro, José Luis González Jiménez y Nora Elizabeth Villarreal Delgado, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada y en los Consulados de los Estados Unidos de América, en México; Ciudad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora; y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el 4 de octubre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada y en los Consulados de los Estados Unidos de América, en México; Ciudad Juárez, Chihuahua; Hermosillo, Sonora; y Nuevo Laredo, Tamaulipas, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado C) del artículo 37 constitucional y en el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Proyecto de Decreto
Artículo Primero.- Se concede permiso al ciudadano Martín Acosta Hernández para prestar servicios como electromecánico plomero en la Sección de Mantenimiento, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Segundo.- Se concede permiso a la ciudadana Mónica Esther Sarmiento Vera para prestar servicios como asistente de Asuntos Culturales en la Sección de Asuntos Públicos, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Tercero.- Se concede permiso a la ciudadana Myfanwy Seijas Davies para prestar servicios como especialista en capacitación de participantes, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo Cuarto.- Se concede permiso al ciudadano Armando Yribe Borunda para prestar servicios como investigador consular, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo Quinto.- Se concede permiso a la ciudadana Martha Georgina Macías Morales para prestar servicios como auxiliar de bienes raíces/secretaria, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo Sexto.- Se concede permiso a la ciudadana Rosa Isela Flores Soto para prestar servicios como auxiliar administrativa, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo Séptimo.- Se concede permiso al ciudadano Óscar Abel Sanz Castro para prestar servicios como chofer/intendente, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.
Artículo Octavo.- Se concede permiso al ciudadano José Luis González Jiménez para prestar servicios como asistente en el Área de Recursos Humanos, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Artículo Noveno.- Se concede permiso a la ciudadana Nora Elizabeth Villarreal Delgado para prestar servicios como empleada de la Sección de Servicios Consulares, en el Consulado de los Estados Unidos América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, DF, a 5 de octubre de 2005.
Diputados: Julián Angulo Góngora (rúbrica), Presidente; Yolanda Valladares Valle (rúbrica), secretaria; David Hernández Pérez (rúbrica), secretario; Claudia Ruiz Massieu Salinas, secretaria; Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), secretario; Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), secretario; José Porfirio Alarcón Hernández (rúbrica), Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Omar Bazán Flores (rúbrica), Pablo Bedolla López, José Luis Briones Briseño (rúbrica), Socorro Díaz Palacios (rúbrica), Luis Eduardo Espinoza Pérez (rúbrica), Miguelángel García-Domínguez (rúbrica), Jesús González Schmal (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Alonso Adrián Juárez Jiménez, Pablo Alejo López Núñez (rúbrica), Federico Madrazo Rojas, Guillermo Martínez Nolasco, Gonzalo Moreno Arévalo (rúbrica), Consuelo Muro Urista (rúbrica), José Eduviges Nava Altamirano, José Agustín Roberto Ortiz Pinchetti, Hugo Rodríguez Díaz (rúbrica), Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), José Sigona Torres (rúbrica), Sergio Vázquez García, Mario Alberto Rafael Zapahua Valencia.
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INVESTIGAR Y, EN SU CASO, CONSIGNAR A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE HABER INCURRIDO EN CONDUCTAS ILÍCITAS AL AUTORIZAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO TÉRMICO DE TODOS LOS RESIDUOS ALTECIN, SA DE CV
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se revise el expediente relativo a la autorización emitida por dicha Secretaría al proyecto denominado "Planta de tratamiento térmico de todos los residuos contenidos en la Norma Oficial Mexicana NOM 052-ECOL-1993".
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
ANTECEDENTES
1.- En sesión celebrada el día 28 de Abril de 2005, el Diputado Rogelio Franco Castán del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se revise el expediente relativo a la autorización emitida por dicha Secretaría al proyecto denominado "Planta de tratamiento térmico de todos los residuos contenidos en la Norma Oficial Mexicana -Nom 052- ECOL- 1993".
2.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha acordó turnar la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa para su análisis y dictamen a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
3.- Tomando como base los elementos de información disponibles así como la propuesta multicitada, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
1.- Los bifenilos policlorados (askareles o PCBs), son compuestos termoestables, no inflamables, de baja presión de vapor y alta constante dieléctrica, por lo que fueron ampliamente utilizados como aislante en capacitores y transformadores eléctricos y como fluidos de intercambio de calor; son de apariencia aceitosa, también son subproductores de la combustión incompleta de ciertos procesos industriales. Los podemos encontrar en aceites utilizados en equipos eléctricos como transformadores, condensadores, capacitadores, así como en fluidos hidráulicos, pigmentos para pinturas, barnices, tintas para impresión, entre otros.
Los bifenilos policlorados son uno de los doce contaminantes orgánicos más dañinos, son un riesgo para la salud ya que su mal manejo puede producir dermatitis, daños al hígado y al sistema nervioso y la exposición continua se relaciona con cáncer y defectos congénitos. El principal producto con contenido importante de PCBs es el aceite de los transformadores y cuando este se quema, produce dioxinas inmediatamente; estas dioxinas son cancerígenas. Si se tiran; las dioxinas se generan más lentamente, pero se generan igualmente. Para evitar esto, los aceites se deben incinerar en las instalaciones adecuadas.
2.- Existen empresas en México autorizadas para vaciar y descontaminar los equipos eléctricos, los aceites los están enviando a Europa para su incineración; otras empresas están autorizadas para exportar los equipos y/o los líquidos para su destrucción y otras pueden eliminar una mínima cantidad de estos aceites, por incineración o diluyéndolos con aceites comunes usados.
3.- En México a partir del año 2008 estará prohibido su uso, por lo tanto, tendrán que irse sustituyendo. En Estados Unidos y en Europa están prohibidos desde la década de los setentas.
Hoy en día se exportan a países que cuentan con dichas instalaciones (Francia, Alemania y Finlandia) aunque el alto costo que esto implica desincentiva el cumplimiento de las normas ambientales.
4.- La comunidad de El Higo, en Veracruz se ha manifestado en repetidas ocasiones y cada vez con mayor fuerza para tratar de clausurar la planta de tratamiento de residuos tóxicos ya que, aseguran que debido a la cercanía de la planta con la población y con el ingenio azucarero se verán sumamente afectados. Las manifestaciones se han visto reforzadas ahora con la intervención del nuevo Presidente Municipal Leonel Meraz Duval quien junto con su equipo de trabajo aseguran que no se encuentran debidamente registrados los trámites de solicitud de instalación de la planta por la anterior administración.
5.- La empresa denominada ALTECIN, S.A. DE C.V., es una planta incineradora cuyo objetivo es destruir productos y residuos peligrosos, con una capacidad de tratamiento de 2,000 toneladas por año de proceso continuo. Se encuentra ubicada en el kilómetro 8 desde la Carretera Federal No. 105 a El Higo, Municipio de El Higo, en el Estado de Veracruz.
6.- El 22 de abril del año 2004, la empresa ALTECIN, S.A. DE C.V. presentó ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, solicitud de evaluación y dictaminación de un proyecto que consiste en llevar a cabo la preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento de una planta para incinerar residuos peligrosos. El proyecto en comento se registró con la clave 30VE200410011 y el 16 de agosto del mismo año, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental resolvió autorizar de manera condicionada la instalación y en su caso operación de dicho proyecto.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales señaló que para efecto de otorgar la autorización correspondiente a la empresa ALTECIN, S.A. DE C.V., ésta cumplió con el procedimiento legal establecido. Con fecha 30 de Septiembre del mismo año la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Dirección de Materiales y Residuos Peligrosos otorgó la autorización para la realización del protocolo de pruebas preoperativas en el incinerador de la misma.
El 15 de Octubre de 2004 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, otorgó a través de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, autorización a la empresa ALTECIN, S.A. DE C.V., la licencia ambiental única mediante oficio No. DGGCARETC.715/DGA 0000276.
El 9 de Diciembre del mismo año la empresa ALTECIN, S.A. DE C.V. obtuvo la autorización No. 28-32-PS-1-37-04 para la recolección y transportación de residuos peligrosos.
7.- La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se ha avocado a la tarea de investigar y dialogar con Ejecutivos de la empresa Altecin, S.A. DE C.V., quienes nos proporcionaron copias fotostáticas de los oficios rubricados por el anterior Presidente Municipal el C. Evencio de la Garza Rivera, en los cuales se otorga el permiso para uso de suelo industrial, anuencia municipal del proyecto, permiso de construcción del acueducto y el permiso de construcción de la planta Altecin, S.A. DE C.V., el cual se encuentra avalado por el Director de Obras Publicas Municipales el L.A.E. Angel Mayorga Zaleta y ahora la actual administración desconoce.
En sesión extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha 11 de febrero del año en curso, quedó asentado en acta que por unanimidad de votos las autoridades municipales acordaron la suspensión del permiso de cambio de uso de suelo agrícola a industrial, el cual se le había otorgado a la empresa el 31 de marzo de 2004 por el entonces Presidente Municipal C. Evencio de la Garza Rivera, lo anterior obedeció a que en el libro de actas de Cabildo de la administración municipal 2001-2004, no existe registro alguno de la solicitud de cambio de uso de suelo y mucho menos que hubiese sido estudiada, analizada y aprobada por el cabildo.
Lo anterior fue dado a conocer al C. Roberto Garrido Cruz, Secretario del Consejo de administración de la empresa Altecin, S.A. DE C.V., mediante oficio número DGOUR/SCU-0236/05.
8.- Se nos informó, que con fecha 24 de mayo del 2005, se reunieron en las instalaciones de la empresa ALTECIN, S.A. DE C.V., el C. Roberto Garrido Cruz representante legal de la empresa, así como el Presidente Municipal Leonel Meráz Duval y otras autoridades municipales a efecto de dar solución definitiva al problema citado.
Con la finalidad de calmar los ánimos de la población, en dicha reunión, la cual consta en acta, el representante legal de la empresa ALTECIN, S.A. DE C.V. Roberto Garrido Cruz, tuvo que ceder y acordó retirar las instalaciones de la empresa así como también retirar los productos químicos que se encuentran en esa localidad en un lapso no mayor de 30 días naturales.
A finales del mes de Mayo del presente año el periódico "La Jornada" publicó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, anunció la reubicación de la empresa ALTECIN, S.A. DE C.V. y solicitó el apoyo de los gobiernos para que actúen de manera corresponsable en el manejo de residuos como los bifenilos policlorados y se abran a la posibilidad de instalar empresas tanto para el confinamiento como para el tratamiento de los mismos.
Es importante señalar que la empresa realizó el operativo de la instalación porque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como las autoridades municipales les habían otorgado los permisos correspondientes y se había cumplido con los requerimientos específicos señalados por las autoridades.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- SE EXHORTA A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A INICIAR UNA INVESTIGACIÓN, Y EN SU CASO CONSIGNAR A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE HABER INCURRIDO EN CONDUCTAS ILICITAS AL AUTORIZAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO TÉRMICO DE TODOS LOS RESIDUOS ALTECIN, S.A. DE C. V.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de septiembre de dos mil cinco.
Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano (rúbrica), secretario; Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), secretario; Carlos M. Rovirosa Ramírez (rúbrica), secretario; José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), secretario; Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María G. García Velasco, Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo, Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Paez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SEMARNAT A DISEÑAR Y DESARROLLAR LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DECLARAR ZONA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EL SISTEMA LAGUNAR JULIVÁ-SANTA ANITA, TABASCO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a diseñar y desarrollar los estudios necesarios para declarar zona de restauración ecológica el Sistema Lagunar Julivá-Santa Anita, Tabasco.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
ANTECEDENTES
1.- En sesión celebrada el día 28 de Abril de 2005, fue presentada la proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a diseñar y desarrollar los estudios necesarios para declarar zona de restauración ecológica el Sistema Lagunar Julivá-Santa Anita, Tabasco, suscrita por los Diputados Carlos M. Rovirosa Ramírez, Francisco Herrera León y Eugenio Mier y Concha Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, siendo turnada en esa fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tomando como base la información disponible, así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
1.- Que la actividad petrolera en el sureste del país, en particular, en el estado de Tabasco, registra una impresionante agresión ambiental y social, según lo prueban los numerosos ecosistemas productivos y ecológicos alterados, así como las diversos pasivos ambientales.
2.- Que el Sistema Lacustre Julivá - Santa Anita, es un conjunto de humedales, lagunas costeras y cursos fluviales contando con cuatro lagunas estuarinas interconectadas por el río González y diversos arroyos en los municipios de Centla, Nacajuca y Paraíso en el Estado de Tabasco que han sido afectados por la actividades petroleras (PEMEX) desde 1973.
3.- Que la infraestructura petrolera se integra con 21 campos petroleros, 65 pozos, incluido el campo Sen, productor del crudo ligero Olmeca. También se reportan líneas de conducción que conectan a la batería de separación Pijije con la terminal marítima Dos Bocas.
4.- Que de acuerdo al promoverte, la zona se caracteriza por albergar una población actual de 33,243 habitantes, la gran mayoría en pobreza extrema, distribuida en 40 comunidades. Población que vive de una incipiente pesca, que es aprovechada por 631 pescadores organizados en 20 grupos de pescadores libres. Las comunidades más grandes incluyen a la Villa de Vicente Guerrero, con 6,331 habitantes, Villa Cuauhtémoc, con 4,643 habitantes, Villa de Allende con 2,790 habitantes, Simón Sarlat con 3,564 habitantes y el resto, asentamientos humanos menores de 1,000 habitantes.
5.- Que la incursión de Pemex a través de la explotación de los campos petroleros Sen, Caparroso, Chopo y Escarbado; entre otros, productores de gas y aceite, han agredido el Sistema Lagunar desde los últimos diez años, a través de los derrames accidentales e intermitentes, así como por la construcción de canales en las lagunas Julivá y Santa Anita, principalmente.
6.- Desde el punto de vista pesquero, la modificación de los patrones de circulación ha propiciado la sustitución de especies, la alteración de hábitat originales y la modificación de la calidad del agua.
7.- Que existe una fuerte influencia de la infraestructura petrolera de Pantanos de Centla, donde se reporta la presencia de 55 campos petroleros con 295 pozos, 5 estaciones de recolección, 150 líneas de descarga de pozos y 5 ductos principales todos diseminados en la Zona Núcleo.
8.- Que desde julio de 2000 en el Diagnostico de los Efectos Ambientales de la Industria Petrolera asociados a la Región Sur del PEP, se muestra que el Río González presenta lo siguiente:
Las condiciones de eutrofización en las lagunas pueden ser parcialmente atribuidas a tasas de bajo flujo y la retención y estancamiento del agua.
Número de coliformes fecales elevado, siendo estas condiciones indicativas de la influencia de asentamientos humanos y de aguas de desecho que son vertidas en la cuenca.
Concentraciones anormalmente bajas de sedimentos de metales de origen geológico, Cadmio, Níquel y Cromo, así como de Plomo.
En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la Secretaría deberá promover la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales, y demás personas interesadas".
10.- Así mismo que en su artículo 78 Bis de la citada Ley menciona: "En aquellos casos en que se estén produciendo procesos acelerados de desertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos de muy difícil regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones irreversibles a los ecosistemas o sus elementos, la Secretaría, promoverá ante el Ejecutivo Federal la expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración ecológica".
11.- Que es necesario romper el ciclo vicioso que se ha generado entre los pescadores, la Cimades y Pemex, en donde se tienen que atemperar las externalidades negativas, no solamente indemnizando los daños directos, sino compensando los daños indirectos, como lo es efectivamente, la alteración de la calidad del agua y de los flujos hidráulicos, así como la pesquería comercial fluvio-lagunar.
Resulta imprescindible reordenar la actividad productiva en la zona lagunar restringiendo la actividad pesquera en función de la capacidad de carga de las lagunas; diseñar sistemas de producción sustentables que capitalicen y generan empleo para la creciente población, que no encuentra opciones.
Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General; y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) A DECLARAR ZONA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EL SISTEMA LACUSTRE JULIVÁ - SANTA ANITA, TABASCO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 78 BIS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
SEGUNDO: SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO QUE COLINDAN CON EL SISTEMA LACUSTRE JULIVA SANTA ANITA A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS SUSTENTABLES QUE PERMITAN A LA POBLACIÓN DEL LUGAR, UN APROVECHAMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO QUE CUIDE EL AMBIENTE, E INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL PLAN DE CAPACITACIÓN A SEGUIR Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de Septiembre de dos mil cinco.
Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano (rúbrica), Secretario; Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), Secretario; Carlos M. Rovirosa Ramírez (rúbrica), Secretario; José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), Secretario; Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María G. García Velasco, Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo, Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Paez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT Y A LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A REALIZAR OBSERVACIONES Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL RÍO SUCHIATE, EN CHIAPAS
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a realizar observaciones y tomar medidas necesarias para la recuperación y mantenimiento del Río Suchiate, en el Estado de Chiapas.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1; 45, numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la H. Cámara de Diputados es competente para dictaminar la proposición en comento por lo que se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
ANTECEDENTES
1.- En sesión celebrada el día 28 de Abril de 2005, fue presentada la proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a realizar observaciones y tomar medidas necesarias para la recuperación y mantenimiento del Río Suchiate, en el Estado de Chiapas, suscrita por el Diputado Roberto Aquiles Aguilar Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, siendo turnada en esa fecha a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tomando como base la información disponible, así como la propuesta multicitada, esta Comisión se abocó al estudio para cumplir con el mandato del Pleno de esta Cámara de Diputados, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
1.- Que el Río Suchiate nace en Guatemala, que en dirección sur sirve de frontera entre Guatemala y México, hasta desembocar en el Océano Pacífico. La región por donde cruza el río, que en el lado mexicano integra los distritos de riego Cacahoatán y Suchiate, se caracteriza por su alta productividad agrícola donde el café, cacao, maíz, plátano, fríjol, arroz, ajonjolí y otros cultivos producen cosechas espléndidas. El paisaje de plantaciones a la orilla del río se alterna con espacios para la ganadería y manglares cercanos a la costa, arrastrando consigo un sin número de pesticidas y residuos sólidos.
2.- Que en 1984, el Dr. Arturo Carranza Edwards, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó un estudio sedimentológico de playas del Estado de Chiapas encontrando que la zona de la Barra del Suchiate, Puerto Madero y Puerto Arista estaban fuertemente afectadas por erosión, debido probablemente al aprovechamiento local de los escurrimientos de los ríos Novillero, Coatán, Cahuacán y Suchiate.
3.- Que dicho río es explotado por el distrito de Temporal Tecnificado 017, Tapachula Chiapas que comprende una superficie total de 94,396 ha y en él existen 3,505 usuarios. Este distrito se localiza en la cuenca hidrológica Pacífico-Sur y abarca los municipios de Tapachula, Mazatán, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo y Suchiate en el estado de Chiapas. Limita al Norte con la zona urbana de los poblados Tapachula y Álvaro Obregón, así como con el límite de la zona federal de la carretera federal No. 200 en el tramo Suchiate-Coatán y el río Coatán; al Sur con la línea de playa del Océano Pacífico y terrenos de las comunidades de Miguel Alemán, Brisas del Mar y el río Suchiate; al Este con el río Suchiate y las zonas urbanas de los poblados Ignacio Zaragoza, Cd. Hidalgo, Frontera Hidalgo y Metapa y al Oeste con el río Coatán, las zonas urbanas de los poblados Mazatán y Puerto Madero y la línea de playa del Océano Pacífico, donde recibe todas las descargas domiciliarias.
4.- Que en el informe anual de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, LVII legislatura del Congreso de la Unión (1988) se señala que se realizó una reunión Congreso del Estado de Chiapas, con la presencia del Presidente de la Gran Comisión y varios diputados estatales y se puntualizó la necesidad de regular el uso del agua del río suchiate, evitando su deterioro y contaminación.
5.- Que el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, ha realizado varias pruebas piloto debido a los riesgos asociados con la transmisión de dengue y diarrea en cuatro ecosistemas urbanos de la franja fronteriza sur Guatemala-Mexico: Tecún Umán y Coatepeque, Guatemala; Ciudad Hidalgo y Huixtla, México, zona de confluencia de río.
6.- Que debido a la gran degradación registrada en la región, la Asociación para el Desarrollo Integral de Occidente -ADIPO- se vio en la necesidad de implementar diversos Sistemas agroforestales con el objeto de proteger y conservar los suelos en las parcelas de 14 comunidades participantes, parcelas compuestas de plantas comestibles de ciclo anual (habas, chayotes, maíz, fríjol, hichi), árboles forestales (pinabete, pino blanco), de uso múltiple (aliso, miche, sauco) y frutales (aguacate injertado). El proyecto se ubica en la cuenca principal del Río Suchiate, fronterizo entre México y Guatemala, brindando oportunidad adicional de rescatar especies de árboles en peligro de extinción, con particular énfasis en el pinabete guatemalteco (Abies guatemalensis), una especie endémica.
7.- Que el propio Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá comenzó en 2003 el Proyecto de desarrollo y validación de una estrategia comunitaria para la reducción del riesgo de dengue y diarrea en ecosistemas urbanos de la frontera de Guatemala con el sur de México, ya que las cuatro ciudades fronterizas tienen problemas similares con respecto al suministro inconstante de agua y la pobre calidad microbiológica de la misma. Las aguas residuales no son tratadas y se vierten a diario al Río Suchiate en Tecún Umán y Ciudad Hidalgo, y en riachuelos que atraviesan Coatepeque y Huixtla, contaminando las aguas superficiales y, probablemente también, los mantos profundos.
8.- Que en estudios realizados de 2000 a 2003, por María Teresa Leal Ascencio, investigadora del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), se encontró un alto nivel de contaminación en el Río Suchiate. La especialista del IMTA, consideró urgente recuperar la calidad del agua del afluente, y dijo que para ello se requiere determinar la calidad del agua del río para establecer las medidas más pertinentes, a fin de protegerlo, y en su caso, recuperar la calidad del mismo. Mencionó que en un estudio realizado en el río se encontraron concentraciones elevadas de nitrógeno amoniacal, fósforo, coliformes fecales y detergentes, aunque aclaró que no se encontraron fuentes puntuales de contaminación por parte de la ribera guatemalteca. En cambio del lado mexicano sí, pues en las comunidades de Frontera Hidalgo y Ciudad Hidalgo se incumple la normatividad mexicana aplicable a descargas de aguas residuales en varios de los parámetros establecidos, indicó. Ahí, detalló, sobresale la concentración de huevos de helmintos en el agua residual, lo que refleja el parasitismo de la población de la región.
Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General; y los artículos 58 y 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, MEDIANTE UNA INSTITUCION ACADEMICA Y/O DE INVESTIGACIÓN (UNAM, UAM, IMTA), A REALIZAR UN ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO SUCHIATE, CHIAPAS, ASIMISMO, SE INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A ESTA H. CAMARA DE DIPUTADOS.
SEGUNDO: SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A VERIFICAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES PREVISTOS POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-ECOL-1996 EN EL RÍO SUCHIATE, CHIAPAS, Y EN CASO DE ENCONTRAR IRREGULARIDADES SANCIONE A LOS RESPONSABLES, ASÍ MISMO, INFORME A ESTA H. SOBERANÍA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE DICHA VERIFICACIÓN.
TERCERO: SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL EJÉRCITO MEXICANO INICIE UNA CAMPAÑA DE DESCACHARRAMIENTO, EN LAS COMUNIDADES QUE SE UBICAN CERCA DEL RÍO SUCHIATE EN EL ESTADO DE CHIAPAS, QUE AYUDEN A EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL DENGUE Y ASÍ MISMO SE APLIQUEN MEDICAMENTOS PARA COMBATIR LA PARASITOSIS PRESENTES EN ESA POBLACIÓN, INFORMANDO A ESTA H. SOBERANÍA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LOS RESULTADOS Y COMUNIDADES ALCANZADOS EN DICHA CAMPAÑA.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 12 días del mes de septiembre de dos mil cinco.
Diputados: Jacqueline Argüelles Guzmán (rúbrica), Presidenta; Francisco J. Lara Arano (rúbrica), Secretario; Roberto A. Aguilar Hernández (rúbrica), Secretario; Carlos M. Rovirosa Ramírez (rúbrica), Secretario; José Luis Cabrera Padilla (rúbrica), Secretario; Irene H. Blanco Becerra (rúbrica), Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl R. Chavarría Salas (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica), Mario E. Dávila Aranda (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), María G. García Velasco, Guillermo Tamborrel Suárez (rúbrica), Bernardo Loera Carrillo, Oscar Rodríguez Cabrera (rúbrica), Julián Nazar Morales (rúbrica), Víctor Manuel Alcerreca Sánchez (rúbrica), Roberto A. Marrufo Torres (rúbrica), Óscar Félix Ochoa (rúbrica), Miguel Amezcua Alejo (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Jacobo Sánchez López (rúbrica), Ernesto Alarcón Trujillo (rúbrica), Maximino Alejandro Fernández Ávila (rúbrica), Pascual Sigala Paez (rúbrica), Carlos Silva Valdés (rúbrica), María del Rosario Herrera Ascencio, Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Adrián Chávez Ruiz (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, CON PUNTOS DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS FEDERALES Y A LAS ESTATALES A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE CONSIDERAR OBLIGATORIA LA ASIGNATURA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
HONORABLE ASAMBLEA
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a su consideración Dictamen sobre Proposición de Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades educativas federales y estatales, para que realicen las acciones necesarias para que se considere obligatoria la asignatura de orientación vocacional en los planes y programas de estudio de las instituciones educativas de educación media superior.
ANTECEDENTES
La proposición de mérito fue presentada a esta Soberanía por el Dip. Francisco Landeros Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el día 28 de abril de 2005, y publicada en el numero 1730 de la Gaceta Parlamentaria, habiéndole correspondido el número 29 en el orden consecutivo.
La Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, que a su vez la remitió a la Subcomisión de Educación Media Superior para su estudio y análisis.
El día 22 de junio de 2005 se reunieron los integrantes de dicha Subcomisión con el objetivo de analizar la proposición y emitir opinión sobre la misma, encontrando que el asunto que la motiva es pertinente y de importancia fundamental para mejorar la orientación vocacional entre las y los jóvenes y, consecuentemente sus decisiones acerca de la elección de carrera al solicitar acceso a la educación superior.
Como resultado de la revisión del documento, se acordó proponer que la Iniciativa sea dictaminada en sentido afirmativo. En consecuencia esta Comisión Dictaminadora procedió a preparar Proyecto de Dictamen, que fue aprobado por el Pleno de la Comisión en reunión del día 28 de septiembre de 2005, por unanimidad de los miembros presentes.
Consideraciones
La proposición parte de la idea central de la elección de carrera debe corresponder a las necesidades, inquietudes y aptitudes de las y los estudiantes, tanto como a las de su entorno social y del país para lo cual se requiere una orientación vocacional suficiente por parte de orientadores profesionales.
Considera que parte importante de la problemática que enfrenta la educación superior en nuestro país, es debida al déficit de orientación vocacional en la educación media superior, y que como resultado de esta falencia, las y los jóvenes no saben qué estudiar ni a qué institución ingresar, en virtud de que desconocen sus inquietudes y aptitudes así como las opciones profesionales con que se cuenta.
Esta circunstancia, dice, afecta el desarrollo económico y hace que se saturen algunas carreras, generando con ello sobresaturación de escuelas, desempleo profesional y frustración, mientras que otras, que podrían ofrecer mayor desarrollo para quien las ejerza y para el país, prácticamente no cuentan con demanda.
Citando la Encuesta Nacional de la Juventud 2000, señala que la mayoría de alumnos que dejan de estudiar lo hacen entre los 12 y 19 años de edad, debido principalmente a que no deseaban seguir estudiando, falta de recursos económicos, necesidad de trabajar o lo hacen por pérdida de interés debida a una mala elección de carrera. Sin embargo, 68.1% manifiestan deseo por volver a la escuela.
Indica que una alternativa para abordar ésta es brindar orientación vocacional a través de programas que permitan realizar una buena elección de carrera.
Por lo anterior, propone a este somete a este Pleno:
SEGUNDO. Que la Cámara de Diputados exhorte a las autoridades educativas, federales y estatales, para que en el ámbito de sus competencias realicen las acciones necesarias con el objeto de que las instituciones educativas de educación media superior publicas y privadas, y los organismos descentralizados y desconcentrados que imparten dicho nivel educativo, instrumenten y fortalezcan programas de orientación vocacional.
Esta Comisión Dictaminadora comparte la preocupación que motiva la Proposición, y coincide plenamente con la importancia de la orientación vocacional especializada, como parte importante de las medidas necesarias para superar los problemas que representa para los jóvenes, para el país y para las instituciones educativas de nivel superior, la sobresaturación de carreras y planteles, el creciente desempleo profesional y la frustración de carreras y planteles, el creciente desempleo profesional y la frustración que conlleva, todo ello asociado a una deficiente elección de carrera motivada por el desconocimiento por parte de los jóvenes, tanto de sus propias inclinaciones y aptitudes, como de las opciones profesionales con que cuentan.
En consecuencia
RESUELVE:
SE CONSIDERA PROCEDENTE LA PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO para exhortar a las autoridades educativas federales y estatales, para que realicen las acciones necesarias para que se considere obligatoria la asignatura de orientación vocacional en los planes y programas de estudio de las instituciones educativas de educación media superior, y pide a esta Soberanía apruebe Punto de Acuerdo en los siguientes términos:
PUNTO DE ACUERDO
SEGUNDO. Se exhorta a las autoridades educativas federales y estatales, para que en el ámbito de sus competencias realicen las acciones necesarias con el objeto de que las instituciones educativas de educación media superior públicas y privadas, y los organismos descentralizados y desconcentrados que imparten dicho nivel educativo, instrumenten y fortalezcan programas de orientación vocacional.
Diputados: Salvador Pablo Martínez Della Rocca (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), Consuelo Camarena Gómez (rúbrica), Felipe de Jesús Díaz González (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica), Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica), Juan Pérez Medina (rúbrica), Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica), María Viola Corella Manzanilla (rúbrica), Norberto Enrique Corella Torres (rúbrica), Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Florentino Domínguez Ordóñez (rúbrica), Israel Raymundo Gallardo Sevilla (rúbrica), Iván García Solís (rúbrica), María Guadalupe García Velasco (rúbrica), Blanca Esthela Gómez Carmona, José Ángel Ibáñez Montes (rúbrica), Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica), José López Medina, Gerardo Montenegro Ibarra, Inti Muñoz Santini (rúbrica), Óscar Pimentel González, Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Sonia Rincón Chanona, Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa, Rocío Sánchez Pérez, Paulo José Luis Tapia Palacios (rúbrica), Lorena Torres Ramos (rúbrica).
Loading