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Opiniones
- De la Comisión de Seguridad Social, respecto a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2002.
- De la Comisión de Seguridad Social, respecto a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2003.
- De la Comisión de Seguridad Social, al acuerdo del H. Congreso del estado de Colima por el que solicitan que se autoricen en el presupuesto correspondiente al Hospital General de Zona del IMSS Núm. 10 de Manzanillo, Colima, las 191 plazas que conforme a los estándares del propio Instituto se requieren para atender adecuadamente la demanda de servicios, conforme a las 55 camas censables autorizadas.
Opiniones
Con fundamento en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 8, 18, 30 y 66 de la Ley de Fiscalización Superior; y 45, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presenta la siguiente opinión respecto a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2002, relativa al ramo presupuestal 19 Aportaciones a la Seguridad Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social.
ANTECEDENTES
1. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; y 8 de la Ley de Fiscalización Superior, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 10 de junio de 2003, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio de 2002.
En sesión de la Comisión Permanente del 11 de junio de 2003, la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: "Se turna a las Comisiones de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados".
2. El 31 de marzo de 2004, la Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción IV, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 18, 30 y 32 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentó a la H. Cámara de Diputados el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2002.
3. En la Décima Séptima Reunión Plenaria Ordinaria de la Comisión de Seguridad Social, efectuada el 27 de septiembre de 2005, se aprobó la presente opinión, a fin de dar cumplimiento al artículo 45, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y enviarla a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA 2002
1. Durante 2002, el gasto neto del sector público presupuestario ascendió a un billón 487 mil 256.1 millones de pesos, monto superior en 1.4 por ciento al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. La ampliación neta del gasto se explica por las erogaciones relacionadas con la liquidación de BANRURAL y la puesta en marcha de la Financiera Rural, mismas que sumaron 48 mil 878.0 millones de pesos y porque diversas dependencias y entidades ejercieron recursos adicionales por 3 mil 431.7 millones de pesos.
Dichas erogaciones fueron compensadas, en parte, con una reducción en el gasto no programable por 31 mil 387.9 millones de pesos. De excluirse los recursos asociados a las operaciones de BANRURAL y Financiera Rural, se observa un aumento respecto a lo ejercido de 1.9 por ciento, equivalente a 27 mil 956.2 millones de pesos.
Bajo este criterio, el gasto programable sumó un billón 29 mil 982.5 millones de pesos, lo que implicó rebasar en sólo 0.3 por ciento lo esperado.
El gasto neto total ejercido en 2002 fue superior en 6.9 por ciento respecto al del año anterior, en tanto el gasto programable de 2002 superó en 5.1 por ciento al de 2001.
En su clasificación funcional, el gasto en Seguridad Social ejercido en 2002 ascendió a 159 mil 980.9 millones de pesos, mayor en 7 mil 049.1 millones de pesos a lo autorizado y mayor en 18.6 por ciento en términos reales respecto al ejercicio anterior, mismo que compensó, en el rubro del gasto social, los subejercicios registrados en otras funciones de desarrollo social.
2. El gasto ejercido mediante el ramo 19 Aportaciones a la Seguridad Social en 2002, ascendió a 102 mil 331.1 millones de pesos, mil 660.7 millones de pesos más de lo autorizado por la Cámara de Diputados y mayor en 10 por ciento real al ejercido en 2001. Este incremento se aplicó en mil 894.4 millones de pesos al ISSSTE, para cubrir el déficit de operación del Fondo de Pensiones y 351.2 millones al IMSS, destinados a solventar los mayores requerimientos de distribución de la nómina de pensiones en curso de pago a cargo del Gobierno Federal.
El IMSS y el ISSSTE también presentaron un ejercicio mayor al presupuestado. El IMSS ejerció un presupuesto de 157 mil 747.2 millones de pesos, 5 mil 105.2 millones de pesos sobre lo autorizado. La variación se explica por pagos por concepto de liquidaciones e indemnizaciones del personal, derivados del Programa de Ahorro 2002 autorizado por el H. Consejo Técnico del Instituto; erogaciones realizadas para cubrir el Impuesto sobre la Renta por los estímulos de asistencia y puntualidad; elevación en las tarifas de servicios de energía eléctrica y primas de seguros; mayores recursos destinados al programa de sustitución de equipo médico y de cómputo, y el dinamismo de los préstamos hipotecarios. La derechohabiencia del IMSS en 2002 ascendió a 46 millones 198 mil 689 personas, apenas 0.7 por ciento mayor a la de 2001, lo que refleja la poca generación de empleos formales en la economía nacional durante el año de referencia. En contrapartida, el número de pensionados creció 4.3 por ciento, ascendiendo a 2 millones 34 mil 188.
Por lo que toca a los trabajadores afiliados al régimen obligatorio, se registraron 12 millones 455 mil cotizantes en 2001, frente a 12 millones 495 mil en 2002, por lo que se registró un incremento de estos asegurados de 0.3 por ciento.
El bajo crecimiento del empleo en 2002 se reflejó además en una caída de 61.4 por ciento en términos reales de las cuotas obreras recibidas por el IMSS.
Por su parte, el monto de las pensiones en curso de pago a cargo del Gobierno Federal fue de 35 mil 836.0 millones de pesos, que beneficiaron a 1.9 millones de personas, cantidad superior en 5.7 por ciento en términos reales a la del ejercicio precedente.
Debe recordarse además que a partir de abril de ese año se incrementaron en 10 por ciento las pensiones por invalidez, debido a la reforma al artículo décimo cuarto transitorio de la Ley del Seguro Social.
Durante el ejercicio, se concluyeron 18 unidades de medicina familiar y 19 hospitales de segundo y tercer nivel del IMSS; de éstas, cinco son obras nuevas y 32 ampliaciones y remodelaciones, generando un incremento en la capacidad instalada de 20 consultorios de medicina familiar y 220 camas hospitalarias, así como un banco de sangre situado en el Centro Médico La Raza.
Asimismo, se terminaron 11 unidades no médicas, de las cuales dos son unidades administrativas y el resto adecuaciones y/o remodelaciones efectuadas a los centros de cómputo del Distrito Federal y Monterrey, Nuevo León, además de 292 obras menores.
En el caso del ISSSTE, el presupuesto ejercido ascendió a 47 mil 670.7 millones de pesos, 2 mil 509.1 adicionales a lo aprobado por la Cámara de Diputados. Los recursos agregados en el ejercicio sufragaron la compra adicional de medicamentos y material de curación para garantizar el abasto en las unidades médicas; el crecimiento en las cuantías y número de pensionados; los costos de servicios de energía eléctrica, mantenimiento y conservación, vigilancia, arrendamiento, lavandería, limpieza e higiene, y telefónico, y la atención de las solicitudes de devolución de depósitos (aportaciones al FOVISSSTE de quienes no tuvieron acceso a un crédito de vivienda) por parte de los trabajadores que se incorporaron al Programa de Retiro Voluntario. No obstante estas ampliaciones, el gasto del ISSSTE en 2002 fue menor en 0.7 por ciento respecto al del año anterior.
La población derechohabiente del ISSSTE ascendió en 2002 a 10 millones 309 mil 489 personas, de las cuales 441 mil 970 son pensionados. Mientras la población activa de la Institución sólo creció en ese año 0.2 por ciento, los pensionados lo hicieron en 7.5 por ciento, evolución que además fue impulsada por el Programa de Retiro Voluntario.
El monto de las pensiones erogadas ascendió a 24 mil 028.4 millones de pesos, de los cuales el gobierno federal aportó 15 mil 394.2 millones de pesos, equivalentes a 64.1 por ciento del total
La obra pública realizada por el ISSSTE durante el ejercicio incluyó la conclusión de la Clínica de Alta Capacidad Resolutiva de Ciudad Altamirano, Guerrero y trabajos de ampliación y/o remodelación en cuatro clínicas de alta capacidad resolutiva, así como de cinco hospitales.
ANÁLISIS DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2002
1. En el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2002, la Auditoría Superior de la Federación practicó 336 auditorías a 127 entidades, dando como resultado 2 mil 584 observaciones, que a su vez generaron 3,410 acciones, de las cuales 2 mil 505 fueron preventivas y 905 correctivas.
Al IMSS se le aplicaron 15 auditorías (una de desempeño, 7 financieras y de cumplimiento y 7 de obra física y obra pública). En el caso del ISSSTE, se realizaron 3 auditorías financieras y de cumplimiento: al pago de pensiones y jubilaciones, al Sistema de Tiendas y Farmacias y al FOVISSSTE.
2. Las auditorías realizadas al IMSS evaluaron el desempeño del programa de ampliación de cobertura de guarderías y el uso de recursos públicos en el manejo de los ingresos del IMSS, la adquisición y abasto de medicamentos y materiales de curación en 3 delegaciones y los egresos por servicios generales, materiales de curación y servicios de personal. Por otra parte, se auditaron proyectos de obra pública en 6 entidades federativas.
Los principales resultados de las auditorías practicadas al IMSS son los siguientes:
Auditoría de desempeño al otorgamiento de servicios de guardería y ampliación de cobertura. Se detectó que el IMSS incumple lo establecido en el artículo 213 de la Ley del Seguro Social en el sentido de celebrar convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios con los patrones que tengan instaladas guarderías al servicio de sus trabajadores; tampoco construyó metas ni indicadores consolidados de cobertura y de calidad1 (valoración nutricional, de salud y del desarrollo psicomotor) en el otorgamiento de este servicio; así mismo, no tuvo capacidad en 2002 para ofrecer el servicio a 50 mil madres trabajadores que lo solicitaron; además se constató que en los últimos 4 años, los menores atendidos en guarderías propiedad del IMSS tuvieron un decremento de 7.3 por ciento, mientras que en las guarderías subrogadas se incrementaron en 175.4 por ciento; finalmente, en este seguro se encontraron diferencias entre la Cuenta Pública y los Estados Financieros del Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales, hasta por 2 mil 387.1 millones de pesos.
Ingresos propios. Existen discrepancias entre los registros de contabilidad y los estados financieros y no se emitieron liquidaciones de diferencias por cobrar entre 1999 y febrero de 2003, que significaron una diferencia de hasta mil 918.9 millones de pesos.
Adquisición y abasto de medicamentos, delegaciones México Oriente y Poniente2. Las delegaciones no han podido aclarar diferencias contables; falta de documentación en el levantamiento de inventarios; falta de aplicación de penalizaciones a proveedores; adquisiciones no consumidas y compras emergentes no justificadas.
Adquisición y abasto de medicamentos, Delegación 2 Noreste3. Se determinaron diferencias entre la integración del presupuesto de compras ejercido y el reportado hasta por 90.5 millones de pesos; se detectaron sobreexistencias en 395 claves, desabasto en mil 27 y compras emergentes no justificadas en 551 claves así como falta de aplicación de penas convencionales a proveedores por 1.5 millones de pesos.
Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales", Delegación 3 Suroeste4. Incremento a las cuotas cobradas a una guardería por 1.5 millones de pesos, sin autorización superior de las direcciones de Prestaciones Económicas y Sociales y de Planeación y Finanzas del IMSS; contratación de servicio de policía auxiliar sin respaldo de listas de asistencia que soporten el egreso de 1.3 millones de pesos; pago de trabajos de mantenimiento preventivo de equipo médico sin las órdenes de servicio correspondiente por 510.6 millones de pesos; contratación de servicio de fletes deficiente (sin equipo refrigerante, vehículos en condiciones insalubres y son control vehicular de parte del concesionario).
Cuenta de resultados "Materiales de curación", Delegación 2 Noreste. La falta de oportunidad en la licitación de material para el servicio de hemodiálisis y las irregularidades en el mismo proceso ocasionaron pagos en demasía del Instituto por 747 mil y 987 mil pesos, respectivamente.
Cuentas de resultados "Servicios de Personal". La Delegación 3 Suroeste del IMSS absorbió con cargo a su presupuesto el pago del Impuesto sobre la Renta de algunas prestaciones de los trabajadores (ayuda para renta sobre sueldo y ayuda para pago de renta por antigüedad), cuando su cumplimiento es obligación de éstos. El efecto económico de esta medida, se estima en 366.4 millones de pesos.
Cuentas de Balance-Activo "Inmuebles, Mobiliario y Equipo". En 9 hospitales, en el Almacén Delegacional y en el Departamento de Servicios Generales de la Delegación México Oriente se encontraron deficiencias en el control que originaron la falta de localización de 499 bienes por 3.7 millones de pesos; traspasos no contabilizados de 4 equipos, por 370 mil pesos; falta de trámite de la baja definitiva de 14 bienes, por 133 mil pesos y falta de resguardo por de 2 mil 421 equipos por 22.4 millones de pesos. También se encontraron 9 mil 732 bienes fuera de uso u obsoletos por 62.6 millones de pesos. La falta de control es tal que el IMSS carece de la escritura pública del inmueble donde se asienta el Hospital General de Zona de Texcoco, valorado en 380.1 millones de pesos.
En conjunto, el efecto económico de las auditorías financieras y de cumplimiento asciende a 472.7 millones de pesos.
Las auditorías de obras físicas e inversión pública tuvieron los siguientes resultados relevantes:
Centro de Cómputo en Monterrey, Nuevo León. Se detectaron infracciones en la normatividad aplicable, pagos en exceso en volúmenes de obra y falta de aplicación de sanciones al contratista por deficiencias en trabajos de iluminación, aire acondicionado y cableado, con un efecto económico de hasta 2.3 millones de pesos.
Hospital General Núm. 1 en Culiacán, Sinaloa. Se determinaron infracciones a la reglamentación y la entrega de pagos pendientes de acreditar por la incorrecta cuantificación de volúmenes de obra, así como por trabajos ejecutados deficientemente, que representan para el IMSS probables recuperaciones de hasta 251 mil pesos.
Banco de Sangre del Centro Médico Nacional La Raza. Se determinaron infracciones a la normatividad aplicable, pagos de obras no ejecutadas y de obras realizadas con mala calidad, con un efecto económico de 57 mil pesos.
Unidad de Medicina Familiar en Ciudad del Carmen, Campeche. Se determinaron infracciones a la reglamentación, falta de entrega de un anticipo, que obligó a diferir el inicio de la obra y falta de realización de estudios de factibilidad técnica, económica y social.
Hospital General de Subzona en Silao, Guanajuato. Se omitió realizar los estudios de preinversión y de impacto ambiental, aplicar sanciones durante el proceso de la obra y autorizó trabajos que no cumplieron las especificaciones no cantidades propuestas. El monto de las irregularidades asciende a 11.5 millones de pesos.
Centro de cómputo en el Distrito Federal. Se determinaron infracciones a la normatividad vigente ya que no se entregó oportunamente el anticipo, no se realizaron estudios de factibilidad y no se respetaron los términos de la propuesta del concurso y pagos improcedentes sin soporte documental e intereses financieros no aplicados a conceptos no ejecutados, con un efecto total de 64.9 mil pesos.
Hospital General de Zona en Ciudad Valles, San Luis Potosí. El IMSS no entregó a tiempo el anticipo ni hizo efectivas garantías de cumplimiento con motivo de la rescisión del contrato, no realizó estudios de impacto ambiental ni recuperó el saldo pendiente por amortizar, además de autorizar pagos en exceso por la incorrecta cuantificación de volúmenes de obra, por un efecto económico de 8.5 millones de pesos más IVA más intereses.
El efecto económico de las irregularidades detectadas al IMSS por la realización de proyectos de obra pública e inversión física asciende a 14.3 millones de pesos.
3. Al ISSSTE le fueron practicadas 3 auditorías finacieras y de cumplimiento al pago de pensiones y jubilaciones, al Fondo de Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Sistema de Tiendas y Farmacias.
A continuación, los resultados más relevantes de estas auditorías:
Egresos presupuestales del Concepto 7700 "Pago de Pensiones y Jubilaciones". De una muestra al azar, se encontraron pagos realizados a 11 pensionistas en contra de la legislación vigente, por 1.9 millones de pesos más intereses actualizados a la fecha en que se haga efectivo el cobro y se verificó que no existen los controles adecuados para verificar que los beneficiarios de una pensión no se encuentren desempeñando un cargo, empleo o comisión remunerados en una dependencia o entidad que impliquen la incorporación al régimen de la ley del ISSSTE.
9 Créditos hipotecarios en el estado de Sonora. En 13 expedientes de acreditados no se localizaron los certificados de créditos correspondientes; se pagaron 10 cheques individuales, sin contar con la justificación del avance de obra respectivo; se pagaron 31 cheques sin la documentación que acredite la terminación de obra y en los créditos correspondientes al fraccionamiento Esperanza Magisterial en Guaymas, 30 acreditados suspendieron sus pagos, 9 acreditados no han efectuado amortizaciones y en 2 casos no se proporcionaron los estados de cuenta correspondientes. La Auditoría concluye que el Departamento de Vivienda de la Delegación Estatal del ISSSTE, con excepción de las observaciones descritas que importan un efecto económico de 7.5 millones de pesos, opera "con transparencia y de acuerdo a la normativa" y considera que "no existe riesgo de generación de corrupción".
Ingresos por ventas del Sistema de Tiendas y Farmacias. Se determinaron saldos pendientes de aclarar o recuperar; partidas de conciliación pendientes de aclarar; recepción de vales falsos; recursos no reembolsados por empresas emisoras de vales; penas por el atraso en el reembolso de vales; recursos no depositados por una unidad de venta; cuentas por cobrar y saldos pendientes de recuperar o en la Gerencia Regional Occidente. El impacto económico de estas irregularidades se estima en 5.2 millones de pesos.
En total, efecto económico de estas irregularidades impactan las finanzas del ISSSTE en 14.6 millones de pesos.
ESTADO ACTUAL DE LAS OBSERVACIONES
1. Estas auditorías arrojaron 94 observaciones en el caso del IMSS y 27 en el caso del ISSSTE, dando como resultado 141 acciones en el primer caso y 44 en el segundo.
Estas observaciones se acumulan a las emitidas por la Auditoría Superior de la Federación al Informe de Avance de Gestión Financiera 2001, de las cuales el IMSS no había solventado 2 acciones preventivas y 9 correctivas; el ISSSTE mantenías 10 acciones sin resolver: 2 preventivas y ninguna de las 8 correctivas.
De acuerdo a información proporcionada por la Auditoría Superior de la Federación en el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2004, al 31 de diciembre de 2004, este es el estado de la atención y trámite de las observaciones y acciones promovidas por el Órgano Superior de Fiscalización.
En el caso del IMSS, entre 1999 y 2002 se formularon 776 recomendaciones, de las cuales se han solventado 756 y quedan pendientes 20, una corresponde a la revisión de la Cuenta Pública 2001 y el resto, a la del año 2002.
Por lo que toca al ISSSTE, de las 274 observaciones formuladas al Instituto, quedan pendientes de solventar 3 del ejercicio 2002.
CONCLUSIONES
La fiscalización de los recursos públicos federales es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados cuya efectividad aún se mantiene a prueba. La rendición de cuentas y la dictaminación del reporte que presenta el Ejecutivo, aún requieren una mayor certeza y oportunidad. Los tiempos para la entrega de la Cuenta Pública, su revisión y dictaminación siguen siendo demasiado dilatados y las facultades y recursos que se tienen para revisar su adecuada aplicación siguen siendo limitados.
En el ámbito de la seguridad social, esto retoma una responsabilidad aún mayor, pues nos estamos refiriendo a un sector con problemas financieros graves y con una perspectiva crítica a mediano y largo plazo.
A las necesidades de atención y los rezagos acumulados se suman los problemas demográficos, epidemiológicos y fiscales que, con un desempeño económico determinado, condicionan gran parte de la operación de las instituciones de seguridad social.
Según lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2002, en ese año, los recursos para la seguridad social fueron mayores, en términos reales, que los ejercidos en 2001. No obstante, esa disponibilidad no significó para el caso del IMSS una ampliación en la cobertura pues pese al crecimiento económico registrado, eso no generó empleos formales dado que la derechohabiencia se incrementó en menos de un punto porcentual y las cuotas obreras recibidas por el Instituto se redujeron 61.4 por ciento. Debe recordarse además que en 2001 la cobertura del Instituto se redujo de forma drástica. Así, la derechohabiencia y el número de trabajadores afiliados al régimen obligatorio, se incrementaron en menos de un punto porcentual
En el ISSSTE, en cambio, el presupuesto ejercido aunque tuvo una ampliación significativa de 2 mil 509.1 millones de pesos, resultó menor en 0.7 por ciento real al de 2001.
La escasez de recursos para atender los múltiples requerimientos de estas instituciones, reclaman una vigilancia más estrecha del ejercicio de los mismos.
La Auditoría Superior de la Federación efectuó 336 auditorías a la Cuenta Pública, que derivó en 2 mil 584 observaciones, de las cuales 2 mil 505 fueron preventivas y 905, correctivas.
De estas investigaciones, 15 se aplicaron al IMSS y 3 al ISSSTE, con un efecto total de 487 y 14.6 millones de pesos, respectivamente. Estas auditorías derivaron en 94 observaciones y 141 acciones en el caso del IMSS y 27 observaciones y 44 acciones en el caso del ISSSTE.
Las irregularidades detectadas por el Órgano Superior de Fiscalización en el IMSS incluyen anomalías y deficiencias en la aplicación de la normatividad del servicio de guarderías y diferencias contables de más de 2 mil millones de pesos; deficiencias en el manejo de inventarios de medicamentos y en la contratación de servicios generales; pagos en demasía en la compra de materiales de curación y falta de localización de equipos inventariados, así como infracciones a la normatividad aplicable a obra física e inversión pública. Por su lado, el ISSSTE realizó pagos a pensionistas en contravención a la normatividad vigente, aplicó créditos hipotecarios irregulares y operó con deficiencia los ingresos en el Sistema de Tiendas y Farmacias.
Si bien el costo de estas observaciones es mínimo comparado con el total ejercido y aunque más del 90 por ciento de las mismas está solventado, no debe soslayarse el hecho de que en todas auditorías practicadas se encontraron irregularidades diversas lo que revela que debe darse una mayor atención al ejercicio adecuado de los recursos destinados a otorgar servicios y prestaciones a la población asegurada con eficacia y transparencia.
Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Seguridad Social resuelve emitir la siguiente opinión:
PRIMERO. La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura se manifiesta por la aprobación en lo general de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio presupuestal del año 2002, en lo que respecta al ramo 19 Aportaciones a la Seguridad Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dado que las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación no representan un porcentaje significativo respecto al gasto total ejercido.
SEGUNDO. No obstante, esta Comisión manifiesta su preocupación por los resultados de las 15 auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación al Instituto Mexicano del Seguro Social, que derivaron en 94 observaciones y 141 acciones con un efecto económico de 487 millones de pesos y demanda al Instituto solvente a la brevedad las 20 observaciones pendientes de respuesta al 31 de diciembre de 2004.
TERCERO. Asimismo, esta Comisión manifiesta su preocupación por los resultados de las 3 investigaciones practicadas por la Auditoría Superior de la Federación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, mismas que derivaron en 27 observaciones y 44 acciones, con un efecto económico de 14.6 millones de pesos y demanda a la entidad solvente a la brevedad las 3 observaciones pendientes de respuesta al 31 de diciembre de 2004.
Notas:
1 En 28 de las 72 guarderías estudiadas se encontraron porcentajes menores al 100 por ciento en la cobertura del esquema básico de vacunación; en 19 por ciento, los menores registraron peso menor al adecuado a su edad, y en 31 por ciento de las guarderías visitadas se realizan prácticas discriminatorias al no aceptar a menores discapacitados.
2 La Delegación México Oriente comprende 57 municipios del Estado de México organizados en tres subdelegaciones: Ecatepec, Los Reyes-La Paz y Tlalnepantla de Baz.
La Delegación México Poniente comprende 60 municipios del Estado de México agrupados en dos subdelegaciones: Naucalpan y Toluca.
3 La Delegación 2 Noreste del Distrito Federal comprende algunas colonias de las delegaciones Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Cuahtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa.
4 La Delegación 3 Suroeste del Distrito Federal comprende algunas colonias de las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de septiembre de dos mil cinco.
Diputados: Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Roberto Javier Vega Galina (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Armando Neyra Chávez, Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Martín Carrillo Guzmán (rúbrica), Roberto Colín Gamboa (rúbrica), Israel Raymundo Gallardo Sevilla (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Carlos Tiscareño Rodríguez, Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, RESPECTO A LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL 2003
Con fundamento en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3, 8, 18, 30 y 66 de la Ley de Fiscalización Superior; y 45, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presenta la siguiente opinión respecto a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003, relativa al ramo presupuestal 19 Aportaciones a la Seguridad Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social.
ANTECEDENTES
1. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; y 8 de la Ley de Fiscalización Superior, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 10 de junio de 2004, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio de 2003.
En sesión de la Comisión Permanente del 15 de junio de 2004, la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: "Se turna a las Comisiones de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados".
2. El 31 de marzo de 2005, la Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción IV, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 18, 30 y 32 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentó a la H. Cámara de Diputados el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2003.
3. En la Décima Séptima Reunión Plenaria Ordinaria de la Comisión de Seguridad Social, efectuada el 27 de septiembre de 2005, se aprobó la presente opinión, a fin de dar cumplimiento al artículo 45, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y enviarla a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
ANÁLISIS DE LA CUENTA PÚBLICA 2003
1. En 2003, el gasto neto del sector público presupuestario ascendió a un billón 670 mil 796.3 millones de pesos, monto superior en 9.6 por ciento al presupuesto original y en 5.7 por ciento al presupuesto del año anterior. Estas diferencias variarían a un incremento de 8.5 por ciento respecto al presupuesto original y de 4.7 por ciento comparado con el ejercicio anterior, de excluirse las erogaciones asociadas con el Programa de Separación Voluntaria (PSV).
Dicho Programa canceló 42 mil 039 plazas y tuvo un costo de 14 mil 929.2 millones de pesos, cantidad equivalente a 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto para ese año. Esto impactó directamente las erogaciones para el pago de pensiones que rebasaron la meta de 141 mil 160.5 millones en un punto porcentual, al ubicarse en 142 mil 622 millones de pesos, cifra superior en 7.4 por ciento en términos reales a lo ejercido en 2002. A este comportamiento contribuyeron además las aportaciones efectuadas al Fondo Laboral de PEMEX.
Bajo este criterio, el gasto programable sumó un billón 241 mil 853.3 millones de pesos, lo que implicó rebasar en 12.3 por ciento lo esperado y superar en 8.1 por ciento al ejercido en 2002. Esta ampliación se explica por el PSV, la capitalización de Banobras, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados y Aportaciones al Fondo de Inversión en Infraestructura, que se destinaron principalmente al Fondo Carretero.
2. En su clasificación funcional, el gasto en Seguridad Social ejercido en 2003 ascendió a 165 mil 321 millones de pesos, mayor en 11 mil 303.2 millones de pesos a lo autorizado y mayor en 7.8 por ciento al ejercicio anterior.
3. El gasto ejercido en 2003, mediante el ramo 19 Aportaciones a la Seguridad Social, sumó 117 mil 540.6 millones de pesos, 3 mil 175.2 millones de pesos más de lo autorizado por esta Cámara y mayor en 7.9 por ciento real al ejercido en 2002. Este incremento se explica por las transferencias del Gobierno Federal al ISSSTE para cubrir el déficit de operación del Fondo de Pensiones y al IMSS para sufragar el incremento en las pensiones en curso de pago y para financiar el Fondo de Reservas para el Retiro.
El IMSS y el ISSSTE también presentaron un ejercicio mayor al presupuestado. El IMSS ejerció un presupuesto de 177 mil 512.5 millones de pesos, 8 mil 726.7 millones de pesos por encima de lo autorizado. Esto se explica por la incorporación de las cuotas de seguridad social como patrón; por las erogaciones al eliminarse el Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario; por comisiones bancarias por manejo de nómina del personal en activo, pensionado y jubilado; por el aumento en las tarifas de energía eléctrica y el costo de traslado de pacientes; por erogaciones adicionales en la conservación de bienes inmuebles y equipo y por gastos de difusión del programa PREVENIMSS.
En 2003, la derechohabiencia del IMSS ascendió a 41 millones 850.8 mil personas, 9.4 por ciento menos que en 2002; esto significa que en el año de referencia 4 millones 348 mil personas perdieron su condición de derechohabientes; en contrapartida, el número de pensionados creció 4.9 por ciento, ascendiendo a 2 millones 133.5 mil personas.
La reducción de la población cubierta por el IMSS repercutió además en una baja en las aportaciones recibidas por el Instituto. El total de estas aportaciones disminuyó en 0.6 por ciento en términos reales, y en el caso de las aportaciones de los trabajadores, la merma fue de 11 por ciento.
Por otro lado, las pensiones en curso de pago significaron una erogación de 41 mil 504.0 millones de pesos, con cargo a recursos fiscales.
Durante el ejercicio, se construyeron 10 consultorios en cada una de las unidades de medicina familiar de Altamira, Tamaulipas y de Guadalajara, Jalisco; se terminaron trabajos de remodelación y ampliación en nueve unidades de medicina familiar y en 12 hospitales de segundo y tercer nivel, destacándose el acelerador lineal del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y las Unidades de Atención Ambulatoria en los Hospitales Generales de Zona en Cd. Juárez, Chihuahua y Reynosa, Tamaulipas; se finiquitaron 12 acciones de obras menores de ampliación, remodelación y de adecuación de espacios para la instalación de equipos médicos.
En las obras de ampliación y remodelación, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal resalta lo realizado en Hospitales Generales en Chihuahua, Chihuahua; Saltillo, Coahuila; La Paz, Baja California Sur; Colima, Colima; Celaya, Guanajuato; Tepic, Nayarit; Mazatlán, Sinaloa; Acapulco, Guerrero; Magdalena de las Salinas, D.F; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Pachuca, Hidalgo; Puebla, Puebla; Coatzacoalcos, Veracruz, y Mérida, Yucatán.
En el caso del ISSSTE, el presupuesto ejercido en el año de referencia ascendió a 58 mil 084.3 millones de pesos, 3 mil 504.1 millones de pesos adicionales a lo aprobado por la Cámara de Diputados. Los recursos agregados en el ejercicio se explican por el aumento en el número de pensionados a que dio lugar la aplicación del PSV y el pago anticipado de la nómina de enero de 2004; por la compra de un mayor volumen de medicamentos y materiales de curación en unidades médicas de segundo y tercer nivel; el incremento en los pagos de energía eléctrica y arrendamiento, y en los costos de maquinaria y equipo, y mantenimiento en general.
La población derechohabiente del ISSSTE ascendió en 2003 a 10 millones 352 mil 318 personas, de las cuales 476 mil 072 son pensionados. Mientras la población activa de la Institución decreció en ese año 0.2 por ciento, los pensionados aumentaron en 7.7 por ciento, evolución que además fue impulsada por el PSV.
El monto de las pensiones erogadas por el ISSSTE ascendió a 31 mil 677.6 millones de pesos, de los cuales el gobierno federal aportó 23 mil 539.3 millones de pesos, equivalentes a 74.5 por ciento del total.
La obra pública realizada por el ISSSTE durante el ejercicio incluyó la construcción de tres Unidades de primer nivel: dos clínicas de medicina familiar (Villahermosa, Tabasco, y Mérida, Yucatán) y la unidad de medicina familiar en Agua Prieta, Sonora. Se concluyeron obras de ampliación y remodelación en los Hospitales Regionales de tercer nivel de atención (Adolfo López Mateos, del D. F.; Valentín Gómez Farías, Jalisco, y Cárdenas de la Vega, Sinaloa); en los Hospitales Generales de segundo nivel (Fernando Quiroz, D. F.; Pachuca, Hidalgo; Tepic, Nayarit; Villahermosa, Tabasco, y Zacatecas, Zacatecas); en las Clínicas Hospital de segundo nivel (Jalapa, Veracruz; Reynosa, Tamaulipas; Tapachula, Chiapas; Tlaxiaco, Oaxaca; Zitácuaro, Michoacán), y la Unidad de Medicina Familiar de Coyuca de Benítez, Guerrero.
Además, se concluyeron las labores de conservación y mantenimiento en 150 Unidades Médicas: nueve de tercer nivel, incluyendo el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre; 80 de segundo nivel, que abarcan 22 Hospitales Generales y 58 Clínicas Hospital, y 61 de primer nivel, integrado por 23 Clínicas de Medicina Familiar y 38 Unidades de Medicina Familiar.
En su tomo de resultados generales, la Cuenta Pública 2003 enfatiza el costo que acumulan las entidades de control presupuestario directo por el crecimiento de las erogaciones destinadas al pago de pensiones y jubilaciones. Los gastos de dichas entidades ascienden en su conjunto a 522 mil 494.4 millones de pesos, monto superior a lo autorizado en 56 mil 299.3 millones de pesos. En ese contexto destaca el gasto destinado a pensiones de Petróleos Mexicanos, que duplicó el presupuesto original aprobado por la Cámara de Diputados y que resultó 79.1 por ciento mayor a lo destinado en el ejercicio 2002. Por esta dinámica, en 2003, el gasto en pensiones y jubilaciones de PEMEX superó el gasto que se destina al Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del IMSS, cuando éste fue mayor que el primero en el ejercicio anterior.
ANÁLISIS DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2003
1. En el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2003, la Auditoría Superior de la Federación practicó 338 revisiones a 125 entidades, dando como resultado 2 mil 638 observaciones que resultaron en 3 mil 437 acciones, de las cuales 2 mil 295 fueron preventivas y 1 mil 142 correctivas.
El IMSS fue objeto de 11 auditorías (1 de desempeño, 7 financieras y de cumplimiento y 3 de obra pública e inversión física), en tanto que al ISSSTE se le aplicaron 7 auditorías (1 de desempeño, 5 financieras y de cumplimiento y 1 de seguimiento), incluyendo el Fondo de Vivienda del ISSSTE y su Sistema de Tiendas y Farmacias.
5. Las auditorías realizadas al IMSS evaluaron el desempeño del Seguro de Enfermedades y Maternidad y el uso de recursos públicos en la adquisición y abasto de medicamentos y materiales de curación, el control y resguardo de activos fijos, la contratación de servicios subrogados, el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores al servicio del Instituto, las erogaciones de servicios personales, los ingresos y gastos del Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales y el pago a subsidios de enfermedades. Además, se auditaron proyectos de obra pública en los estados de Guanajuato y Tamaulipas, y en el Distrito Federal.
En dichas auditorías, se determinaron 84 observaciones, que se traducen en 118 acciones, de las cuales 82 acciones son de naturaleza preventiva y 36, de carácter correctivo.
Los principales resultados de las auditorías practicadas al IMSS son los siguientes:
Evaluación del Seguro de Enfermedades y Maternidad, a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. En opinión de la entidad de fiscalización superior de la Federación, se considera que en términos generales el IMSS cumplió con el propósito de garantizar el derecho a la salud y la asistencia médica necesaria para el bienestar individual y colectivo de sus derechohabientes.
Sin embargo, en la Cuenta Pública 2003, el instituto reportó un gasto de 116 mil 301.5 millones de pesos, monto inferior en 2 mil 391.2 millones de pesos al registrado en el Estado de Ingresos y Gastos del Seguro de Enfermedades y Maternidad (118 mil 692.7 millones de pesos). El impacto económico de las observaciones hechas por la ASF es de 14 mil 039.9 millones de pesos.
Además, el IMSS no determinó indicadores para evaluar: la cobertura de afiliación al Seguro Social de su población objetivo; la cobertura de atención a los servicios médicos institucionales de la población derechohabiente; la eficacia con que se proporcionaron la ayuda para lactancia, la canastilla de maternidad, los subsidios temporales por enfermedad no profesional a que tienen derecho los beneficiarios del seguro, y las quejas de la población derechohabiente.
Algunos estimadores de desempeño tuvieron en 2003 resultados inferiores a los previstos en el Manual Metodológico Indicadores de Desempeño, vigente en dicho año; son los casos del promedio de consultas de medicina familiar; consultas médicas de especialidad de segundo y tercer nivel; porcentaje de oportunidad en la consulta de especialidades en las unidades de segundo nivel, con un plazo de 5 días hábiles a partir de la instrucción del médico; porcentaje de pacientes con estancia de más de 8 horas en observación en el área de urgencias en unidades médicas de segundo nivel; porcentaje de oportunidad en atención quirúrgica en las unidades médicas de segundo nivel, dentro de los 5 días hábiles o menos a partir de la fecha de su solicitud y el porcentaje de oportunidad en la atención quirúrgica en unidades médicas de tercer nivel dentro de los 5 días hábiles o menos a partir de su solicitud.
De las 1,513 quejas registradas en 2003 ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 733 fueron contra el IMSS (48.4 por ciento), 13.3 por ciento más que las registradas en 2002. La mayoría de las quejas fue por deficiencias en la atención médica (50 por ciento) y diferimiento del servicio (13.9 por ciento), aunque los que mayor incremento tuvieron fueron las quejas por falta de medicamentos.
También se constató que el número de derechohabientes que hicieron uso de las unidades médicas en 2003 se incrementó en 17.9 por ciento con respecto a 1999, aun cuando en dicho periodo el número de unidades médicas se redujo en 0.7 por ciento. En el periodo 1999-2003 dejaron de operar 18 unidades de primer nivel, en tanto que las de segundo nivel fueron 6 más en ese lapso.
La Auditoría Superior de la Federación señala que si todos los derechohabientes asistieran a consulta de especialidad faltarían consultorios para cubrir la demanda de atención.
Por lo que se refiere a la calidad de las instalaciones y equipo para la prestación del servicio, el IMSS señaló que 88.7 por ciento (992 unidades médicas) de las instalaciones y equipo estaban en buenas condiciones, de los cuales 23 hospitales fueron de tercer nivel, 113 de segundo nivel y 856 unidades de primer nivel, en tanto que el 11.3 por ciento (126 unidades médicas) 3 hospitales de tercer nivel, 28 unidades de segundo nivel y 95 unidades de primer nivel fueron calificados como malos.
En 2003 el promedio de camas por cada mil derechohabientes fue de 0.9, inferior al valor estándar institucional de 1.0. Durante el periodo 1999-2003, el promedio de camas por cada 1,000 derechohabientes usuarios registró una tendencia descendente, al pasar de 1.0 a 0.9, debido a que el crecimiento anual en la obtención de camas fue de 0.7 y el de la población usuaria de 4.2 por ciento.
Se encontró además que en 2003 el promedio de quirófanos por cama censable hospitalaria fue de 0.028, resultado inferior al valor estándar institucional 0.100. Durante el periodo 1999-2003, el promedio de quirófanos por cada cama censable tuvo un decremento, al pasar de 0.034 a 0.028, debido a la obsolescencia del equipo que resultó en la baja de 126 quirófanos. También en 2003 el número de salas de expulsión por cada cien mil derechohabientes fue de 1.07, cantidad inferior al valor estándar institucional de 1.30 establecido.
Con los trabajos de auditoría se concluyó que en 2003 el IMSS incumplió con las fracciones I y II del artículo 106 de la Ley del Seguro Social,1 toda vez que el instituto no cuenta con reportes consolidados de ingresos que permitan identificar la cuota obrero-patronal equivalente al 13.9 por ciento para los asegurados que perciban un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (SMGVDF) y, para los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor a tres veces el SMGVDF, una cuota adicional equivalente al 8.0 por ciento de la cantidad que resulte de la diferencia entre el salario base de cotización y tres veces el salario mínimo citado. Asimismo, incumplió lo dispuesto en las fracciones I, II y III del artículo 107 de la Ley del Seguro Social,2 debido a que los reportes disponibles no permiten corroborar la cuota del 1.0 por ciento sobre el salario base de cotización para las prestaciones en dinero del Seguro de Enfermedades y Maternidad, del cual a los patrones les corresponde pagar el 70.0 por ciento, al trabajador el 25.0 por ciento y al Gobierno Federal el 5.0 por ciento. De esta omisión, el Órgano Fiscalizador solicita al IMSS que proporcione las explicaciones y documentación soporte que permitan comprobar que los 104 mil 652.8 millones de pesos que el instituto reportó en la Cuenta Pública de 2003 como ingresos del Seguro de Enfermedades y Maternidad fueron resultado de la aplicación de los porcentajes de recaudación de las cuotas de los trabajadores y patrones, así como de las aportaciones del Gobierno Federal que se establecen en los artículos 106 y 107 de la Ley del Seguro Social.
En el Estado de Ingresos y Gastos al 31 de diciembre de 2003, el IMSS registró un déficit de 14 mil 039.9 millones de pesos en el Seguro de Enfermedades y Maternidad, el cual aumentó 57.9 por ciento en promedio anual durante el periodo 1999 a 2003. El déficit de recursos generado en ese seguro se financió con los recursos que ingresan en forma global y que sirven para la operación continua de todos los servicios, en contravención del artículo 277 E de la Ley del Seguro Social, en el que se establece que los recursos de cada ramo de aseguramiento sólo podrán utilizarse para cubrir las prestaciones y pago de beneficios que correspondan a cada uno de ellos.
Se constató que el sistema de costos que operaba el IMSS en 2003 no le permitía obtener el costo real de los productos y servicios hospitalarios del Instituto, debido a que sus delegaciones registraban incorrectamente los datos de los gastos directos e indirectos y/o de las metas estadísticas.
En esta auditoría, se emitieron 21 observaciones que generaron 26 acciones promovidas: 19 recomendaciones al desempeño, 3 solicitudes de aclaración y 4 solicitudes de intervención al Órgano Interno de Control. El impacto económico calculado por la Auditoría Superior de la Federación es de 14,039.8 millones de pesos.
Egresos Presupuestales del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" (Adquisición de Medicamentos y Materiales de Curación) de la Delegación 37 Suroeste3. Las observaciones hechas por el Órgano Fiscalizador representa 2.2 millones de pesos.
Los procedimientos adoptados por el almacén Delegacional respecto de la planeación de las adquisiciones y su adjudicación; así como para la recepción, administración y control de los bienes terapéuticos adquiridos, no son adecuados, toda vez que se detectaron sobreexistencias y desabastos que prevalecieron a septiembre de 2004, que en el caso de las sobreexistencias puede dar origen a claves caducas y, el desabasto, a inoportunidad en la atención al derechohabiente; existieron incumplimientos totales o parciales de los proveedores, sin que se hubiesen aplicado las penas convencionales correspondientes, y además, la inconsistencia en el proceso de adjudicación de las adquisiciones, que se tradujo en compras emergentes no licitadas, originó que se hicieran compras en condiciones desfavorables o injustificadas.
Se observó que en 924 órdenes de reposición canceladas por incumplimientos totales o parciales de 474 claves, la entidad fiscalizada no había aplicado al cierre de la auditoría (septiembre de 2004) penas convencionales por 1.5 millones de pesos; además, en 22 de esas claves la falta de suministro originó compras emergentes por 273 mil pesos.
Se determinaron sobreexistencias en el almacén delegacional en 561 claves de medicamentos y material de curación por 43. 9 millones de pesos, suficientes para abastecer las necesidades de servicio en unidades médicas desde 1.0 hasta 7.5 meses. Además, al comparar las claves antes mencionadas con las existencias a septiembre de 2004, se constató que prevalece la sobreinversión en 30 de ellas, por 1.6 millones de pesos, suficientes para cubrir necesidades de hasta tres meses más de su nivel autorizado, en inspección física del almacén delegacional, se confirmó que a septiembre de 2004 siete claves mostraban sobrexistencias.
Lo anterior se debió principalmente, al cálculo incorrecto por las unidades médicas de los Consumos Promedios Mensuales, que originó compras por volúmenes distintos a las necesidades reales, así como a la inoportunidad de la entrega de los bienes por parte de los proveedores que al cubrir las cantidades mínimas acordadas en los contratos abiertos celebrados a finales del ejercicio, ocasionaron una sobreinversión al haberse cubierto los faltantes con compras emergentes.
Con la revisión de una muestra de 308 claves de medicamentos y materiales de curación adquiridos de manera emergente en los meses de enero a marzo y de octubre a diciembre de 2003 por 11 mil 240 pesos, se determinó que 262 claves por 11 mil 029.5 pesos, debieron de formar parte de los eventos licitatorios, por lo cual no se justifica su compra en forma directa.
Las compras emergentes se originaron porque en la planeación de las claves y cantidades a adquirir, en los procesos de licitación se excluyeron bienes terapéuticos requeridos por las unidades médicas y además, las cantidades consideradas resultaron insuficientes para satisfacer las demandas expresadas por los derechohabientes, lo que además se tradujo en una mayor erogación de recursos financieros al comprarse los bienes en condiciones desfavorables de precios.
Egresos Presupuestales del Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" en la Delegación 09 Distrito Federal.4 Como resultado de la revisión que llevó a cabo la ASF al IMSS, en oficinas centrales, se comprobó que el control interno establecido no garantiza el adecuado control respecto del manejo de los equipos adquiridos ni de su entrega hacia los lugares destino, toda vez que en la muestra seleccionada se detectaron deficiencias tales como: bienes que no cuentan con actas de entrega-recepción, ni resguardos y placas con números nacionales de inventario que faciliten su identificación, custodia y control; equipos que se encuentran fuera de uso o funcionando parcialmente, y bienes muebles no registrados como activo fijo de la entidad; lo que impidió cerciorarse de la corrección del saldo, así como evaluar la justificación y autenticidad de las operaciones realizadas durante el ejercicio. Se determinó que bienes incluidos en 240 contratos por 1 mil 733.5 millones de pesos no se han registrado como activo fijo en la contabilidad, debido a que el Almacén Central de Bienes no recibió con oportunidad la documentación para el alta y asignación de clave presupuestal de sus destinos. El impacto económico de lo observado por la ASF (cuantificación monetaria de lo observado) es de 42.3 millones de pesos.
Se determinó que en 50 equipos médicos e instrumental quirúrgico por 43.9 millones de pesos asignados a los hospitales General de Zona núm. 1-A "Los Venados"; Especialidades del CMN Siglo XXI; Especialidades y General del CMN la Raza; General de Zona núm. 16 y Especialidades de Torreón; Especialidades de León; General Regional núm. 1 de Morelia; General Regional núm. 1 de Cuernavaca; Regional de Especialidades núm. 25 del CMN Noreste de Monterrey; Especialidades del CMN de Puebla; General Regional núm. 1 de Orizaba; y Especialidades del CMN de Mérida, la entidad carece de las actas de entrega-recepción y apertura, en donde conste que los equipos fueron recibidos oportunamente y cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones de operación requeridas, la fecha de inicio de la garantía y que se impartió la capacitación correspondiente.
Asimismo se comprobó que el Instituto no realizó traspasos de equipo e instrumental médico a la Fundación Vamos México, A. C., ni a ninguna organización que se le relacione.
La revisión practicada demostró que 789 equipos con importe global de 205.2 millones de pesos se encuentran fuera de uso o funcionando parcialmente. Estas deficiencias, obedecen a que los proveedores no se presentaron para la apertura de los bienes, se carece de los consumibles necesarios, no se capacitó al personal para su operación, ni se cuenta con un área disponible para su instalación, y en algunos casos no existe demanda de ellos por los derechohabientes. Adicionalmente en 18 casos por 33.8 millones de pesos los equipos presentan fallas en su operación.
Se constató que existen 3,179 bienes que no han sido suministrados a las unidades médicas y están almacenados desde hace seis años debido a la falta de gestiones para su distribución a las áreas de destino; además, el inventario fue proporcionado de manera incompleta, ya que se carece de los destinos y en algunos casos se omitieron los números de inventario y el precio unitario. Lo anterior repercute en posibles deterioros al patrimonio del IMSS por 42.3 millones de pesos.
Se comprobó que 391 bienes, con un importe de 555.2 millones de pesos, como mastógrafo digital de campo completo, unidades de anestesia de alta especialidad, monitoreo central, equipos de hemofiltración para terapia renal y equipos para fortalecimiento de extremidades inferiores, entre otros, carecen de la placa con el número nacional de inventario que facilite su identificación y control, y no se encontraban incluidos en el Sistema Institucional de Bienes Inventariables, así como 40 bienes por 100.1 millones de pesos que carecen de resguardo.
Se observó que 240 contratos suscritos por el IMSS por 1,733.5 millones de pesos, que amparan la adquisición de equipo médico e instrumental quirúrgico y del que forman parte los 1,142 bienes recibidos, no están registrados como activo fijo en la contabilidad del Instituto.
Con el análisis del Reporte del Inventario de Bienes Muebles Capitalizables por Unidad de Servicio, del Almacén Central de Bienes de Inversión a octubre de 2004 y el inventario físico practicado por la ASF a la misma fecha, se determinó que dicho reporte no se encuentra actualizado, ya que incluye bienes por 837.1 millones de pesos, que ya fueron entregados a las unidades de servicio, sin que el almacén elaborara las noticias de movimiento para su descargo del reporte.
Se determinó que 29 contratos fincados con 14 proveedores durante 2003 por 178.8 millones de pesos, que ya cuentan con el alta del almacén, no han presentado al Área de Suministros los documentos comprobatorios de la recepción de los bienes por las unidades de destino para su correspondiente descargo y depuración de su inventario.
Cuentas de Resultados, "Servicios Generales, Subrogación de Servicios y Mantenimiento" Delegación 09 Distrito Federal. Se determinaron diferencias en el registro contable y provisión de operaciones por 7.7 millones de pesos, así como diferencias de más por aclarar por 2.8 millones de pesos.
La Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera, no llevó a cabo la supervisión de los registros contables; toda vez que el importe, el número de cuenta y la documentación soporte de las erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes para vehículos no corresponde con el de las cuentas por pagar y además, no se realizan en forma periódica conciliaciones entre los pagos efectuados por la Coordinación de Conservación y Servicios Generales, conforme a lo que muestra su reporte de facturas, y los registros contables que lleva a cabo la coordinación citada en primer término.
Se constató que existe un pago por 7.8 millones de pesos del mes de diciembre de 2002, pagado en enero de 2003, que no fue provisionado contablemente en el periodo indicado.
Además, el IMSS autorizó donativos a instituciones que no se encontraban legalmente constituidas a la fecha de ser autorizados, como la Fundación IMSS, A. C. (10 millones de pesos); algunas instituciones no contaban con la autorización de la SHCP para recibir donativos, como Apoyo a Jubilados y Pensionados del Movimiento Unificador de Jubilados y Pensionados A. C (5.5 millones de pesos); la Fundación IMSS, A. C., y la Asociación de Promotoras Sociales Voluntarias del IMSS, A. C. (1.3 millones de pesos).
Egresos Presupuestales por Concepto de "Pensiones y Jubilaciones". Delegación 37 Suroeste 3 en el Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social. El objetivo de la auditoría fue comprobar que las erogaciones reportadas en 2003 por la Delegación 37 Suroeste 3 del IMSS por concepto de Pensiones y Jubilaciones, correspondieron a previsiones del ejercicio por compromisos exigibles, que estuvieron debidamente autorizados y justificados; que fue correcto el cálculo, emisión y otorgamiento de las pensiones y jubilaciones, así como el registro presupuestal y contable conforme a la normatividad establecida en la materia.
En opinión de la entidad de fiscalización superior de la Federación se considera que en términos generales la Delegación 37 suroeste 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, administración, ejecución, registro y control, de las operaciones examinadas.
Cuentas de Resultados, "Servicios de Personal" Delegación 36 Noreste 2.5 Se encontró un impacto contable de 7.4 millones de pesos entre el mayor auxiliar de las cuentas colectivas y lo reportado por el área de personal de la delegación, debido a la falta de conciliaciones, situación que repercute en la veracidad y confiabilidad de las cifras reportadas en la contabilidad. El monto de las observaciones formuladas asciende a 339.1 millones de pesos.
Se constató que un sobreejercicio por 72.3 millones de pesos, respecto de su presupuesto modificado autorizado para ese ejercicio, originado por las partidas 1036 "Estímulos de Asistencia y Puntualidad", 0227 "Liquidaciones por Reajuste", 0165 "Ayuda Actividades Culturales y Recreativas", entre otras, que son conceptos no susceptibles de control.
Se verificó que durante el ejercicio fiscal de 2003, la Delegación 36 Noreste 2 del IMSS operó con una plantilla promedio quincenal mayor a la presupuestada (23,433 plazas en vez de las 22,943 autorizadas), lo que originó un sobreejercicio por 894.9 miles de pesos.
Con el fin de verificar que las cantidades pagadas correspondieron a servicios recibidos, se analizaron 6,253 tarjetas de asistencia: las tarjetas correspondientes a las quincenas 09, 14, 18, 22 y 23 no contienen la firma del responsable de su control y en 2,784 de ellas se encontraron diversas irregularidades, como alteraciones, pases de entrada y salida sin número de folio, la hora de entrada o salida corresponde a otro trabajador o las faltas son justificadas con licencias extemporáneas.
Con la revisión de 5,621 pases de entrada y salida de las quincenas 09, 14, 18, 22 y 23 de la Sede Delegacional y del Hospital "Dr. Gaudencio González Garza", en 1,399 se detectaron diversas irregularidades, como la falta de datos sobre el sueldo mensual, hora de salida y de regreso, tiempo de ausencia del trabajador, importe y en algunos casos la firma del jefe de oficina; no se indica si son temporales o definitivos, no se especifica a partir de qué hora es autorizado el pase y si se trata de entrada o de salida; no contienen ningún sello del área de checadores o del área a la que acudirá el trabajador; además, presentan alteraciones.
Los pases de las quincenas 09, 14 y 18 del Hospital "Dr. Gaudencio González Garza" del Centro Médico Nacional la Raza (CMNR) no fueron proporcionados por la entidad, con el argumento de que fueron depurados; por otra parte, se observó que no se tiene un registro documental para el control de los pases, lo que impidió llevar a cabo su revisión y validar la autorización correspondiente, así como cerciorarse de que los pases proporcionados fueron todos los generados.
Con la revisión de 182 licencias "sin sueldo", se observó que 85 solicitudes no se presentaron cinco días hábiles antes de la fecha de inicio de la licencia, y 5 carecen del sello de la Jefatura de la Unidad Operativa o Dependencia.
Existen diferencias contables al 31 de diciembre que ascendieron a 7.4 millones de pesos originadas por la falta de conciliación de las cuentas colectivas, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2003, por lo cual las cifras consignadas en la contabilidad de la delegación, además de no ser confiables, infringen preceptos reglamentarios.
Con el propósito de constatar la adecuada integración de los expedientes del personal adscrito a la Delegación 36 Noreste 2 (Base y Confianza), se solicitaron 234 al Departamento de Personal, de los cuales 15 expedientes no fueron proporcionados debido a que el Archivo Histórico no los localizó, y en los 219 expedientes históricos del personal restantes proporcionados por dicho departamento, se comprobó que faltaban documentos como acta de nacimiento y comprobante de estudios, nombramiento, evaluación curricular y constancia de no encontrarse inhabilitado en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Cuentas de Resultados, "Ingresos y Gastos del Ramo de Guarderías y Prestaciones Sociales" Subdelegación 5 Centro,6 adscrita a la Delegación 36 Noreste 2. Se detectó una diferencia de 89.3 millones de pesos entre el registro contable de los gastos reportados en el Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales en la Balanza de Comprobación por Ramo de Seguro y el gasto ejercido que muestra el Ejercicio Presupuestal del Gasto del área de Presupuesto delegacional; asimismo se determinó una inconsistencia en el registro contable y existe una diferencia en los registros presupuestales por centro de costo por 1.9 millones de pesos con las cuentas por pagar, debido a la falta de conciliación entre los reportes, situaciones que repercuten en la calidad de la información generada por Ramo de Seguro que sirve de base para la toma de decisiones; falta de confiabilidad de los registros financieros reportados y no contar con un sistema adecuado que permita la fiscalización de las operaciones. La cuantificación monetaria de lo observado asciende a 97.6 millones de pesos.
Respecto de los ingresos por cuotas obrero patronales, se detectó que la Subdelegación 5 Centro celebró convenios de reconocimiento de adeudo por créditos fiscales originados entre los ejercicios fiscales de 1997 hasta 2004, para el pago en parcialidades con los patrones: Fundación Ser Humano Internacional, I.A.P. y Ser Humano, A. C., por importes de 1.6 y 1.3 millones de pesos, respectivamente, sin que aquellos enteraran las cuotas obreras retenidas. Adicionalmente, la entidad fiscalizada no presentó evidencia de la garantía del interés fiscal, ni de las primeras parcialidades que debieron pagarse a partir del mes de agosto de 2004, debido a que la subdelegación no lleva a cabo el seguimiento sobre los compromisos adquiridos por los patrones conforme a los instrumentos jurídicos celebrados, lo cual infringe los artículos 40 C de la Ley del Seguro Social y 133, tercer párrafo del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, así como el Código Fiscal de la Federación.
Con el análisis de las gestiones realizadas por la Subdelegación 5 Centro para la recuperación de los créditos generados de enero a diciembre de 2003 por las cuotas obrero patronales pendientes de pago, se observó lo siguiente:
Se realizaron ajustes para cancelar 11 créditos de patrones por un importe de 43.0 millones de pesos, pero no se proporcionó la documentación que sustente los pagos efectuados;
Se determinaron 74 créditos correspondientes a 12 patrones con importe de 2.1 millones de pesos que permanecieron registrados en la incidencia 09 "Patrones no Localizados" por lapsos de 4 hasta 17 meses y en forma paralela, se emitieron nuevos créditos de esos patrones, los cuales se ubicaron en las incidencias 31 "Por Iniciar Tramitación" y 14 "Juicios", problemática originada por la falta de consideración a la normatividad institucional, de fechas límites para cancelar el registro patronal.
Respecto del patrón Excelsior, Compañía Editorial, S. C. de R. L., se constató que debía liquidar el adeudo por 35.5 millones de pesos derivado de cuotas obrero patronales a su cargo generadas de enero de 1998 hasta a julio de 2004, con importe de 35.5 millones de pesos en un plazo de seis días hábiles, contados a partir de la notificación (14 de septiembre); sin embargo, no se presentó evidencia del cumplimiento de la resolución notificada; y aún cuando la entidad presentó escrito de fecha 4 de octubre del 2004 donde el patrón reconoce plenamente el adeudo y se compromete a pagar en su totalidad el mismo y ofrece como garantía 6 propiedades para efectuar el pago; la entidad no presentó evidencia de la situación en que se encuentra el proceso de cobro de dichos créditos.
Existen 45 créditos en la incidencia 02 "Notificados", con importe de 227.2 miles de pesos y antigüedad desde su conocimiento por el patrón de 4.5 a 11.5 meses, los que exceden los 15 días hábiles que la ley establece como límite para su pago, sin que al cierre de la auditoría (15 octubre de 2004) hubiesen sido cobrados.
Con la comparación realizada entre el registro contable de los gastos reportados en el Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales y el gasto ejercido que muestra el Ejercicio Presupuestal del Gasto del Área de Presupuesto de la misma Delegación, se determinó una diferencia de 89.0 millones de pesos.
Con el análisis del contrato adjudicado al proveedor División de Apoyos Privados a Empresas y Comercios, S.A. de C. V., durante el ejercicio de 2003, para vigilar los inmuebles de la Delegación 36, Noreste 2, por 14.2 millones de pesos, se constató que la entidad no presentó las propuestas técnicas de uno de los proveedores participantes. Por otro lado, tampoco mostró evidencia de que la empresa presentara dentro de sus propuestas técnicas los análisis de riesgo por cada unidad operativa de la Delegación 36, Noreste 2, como lo marca la licitación.
Con la revisión de las adquisiciones en la modalidad de adjudicación directa, correspondientes a la partida 2108 "Guardería Esquema Vecinal Comunitario" con importe de 9.7 millones de pesos, se eligieron a examen las guarderías Instituto Shakespeare, S. C.; Dasheen, S. C.; Cendi Particular Serafín, y Yoltzin, S. C. con un importe global pagado por 7.7 millones de pesos. En las visitas de supervisión efectuadas se observó que a la fecha de contratación las tres primeras no contaban con el uso de suelo vigente, ya que no lo tramitaron en ese periodo o bien su vigencia vencía en marzo y septiembre de 2003, por lo que no llevaron a cabo la renovación sino hasta 2004; asimismo, se determinó que a la fecha de la contratación Yoltzin, S. C., carecía del Dictamen Técnico de Seguridad y el Dictamen Estructural, y sin embargo le fue adjudicado el contrato por el servicio de guardería.
En cuanto a la plantilla de personal de asistentes educativas, requeridas para la atención de los menores, se determinó que las cuatro guarderías sólo cubrieron el 82.0 por ciento de las plazas lo que es causa de rescisión de contrato.
Asimismo, una vez adjudicado el contrato de prestación de servicio, las guarderías Dasheen, S.C. y Yoltzin, S. C., no tramitaron de manera oportuna el Seguro de Responsabilidad Civil estipulado en los contratos celebrados con el Instituto y, a la fecha de la inspección (10 de septiembre de 2004), la guardería Instituto Shakespeare, S.C., carecía del seguro que lo proteja de cualquier eventualidad o responsabilidad civil, como un posible siniestro.
Por otro lado, se detectó que la Guardería Dasheen, S. C., no está registrada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como retenedora del Impuesto sobre Productos del Trabajo, por lo que no entera a esa dependencia dichas retenciones desde el ejercicio de 2001 hasta la fecha, sobre un importe acumulado de sueldos y salarios pagados a diciembre de 2003 por 1,885.1 miles de pesos; tampoco proporcionó evidencia de la presentación de pagos provisionales de ISR de los meses de febrero y mayo de 2003.
En el análisis de la Guía de Requisitos para la Instalación y Apertura de Guarderías, se observó que en la misma guardería contraviene lo expresado en el acuerdo 159/2003 del 23 de abril de 2003, ya que mientras el acuerdo y el clausulado de los contratos imponen al prestador del servicio de guarderías la obligación de contratar los seguros que se requieran para protegerlo de cualquier eventualidad o responsabilidad civil, como un siniestro, la guía lo establece como un documento opcional.
Por otra parte, no se logró precisar si la cuota pagada a las diferentes guarderías fue la correcta, debido a que en el periodo de enero a octubre de 2003 existían tres variantes del esquema vecinal comunitario con una cuota de pago autorizada para cada una de ellas; las que sin embargo no se especificaron en los contratos celebrados con los prestadores del servicio. Además, la normativa vigente no define las características o criterios para tipificarlas, situación que impide establecer bajo que modalidad contrató la entidad.
Con la comparación de las cifras reportadas en el documento Ejercicio Presupuestal del Gasto enero a diciembre de 2003 de las partidas 2108 "Guarderías Esquema Vecinal Comunitario" y 2424 "Servicio de Policía Auxiliar", respectivamente, con los importes pagados a las guarderías subrogadas y al servicio de policía auxiliar, se determinaron diferencias de más por 220.1 y de menos por 1.7 millones de pesos, de las que la entidad no proporcionó el soporte documental ni su justificación.
Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto K079 "Hospital General de Subzona Núm. 54 de 34 Camas" en Silao, en el Estado de Guanajuato. Se comprobó que tanto el proyecto ejecutivo como el catálogo de conceptos resultaron insuficientes, debido a que se ejecutaron conceptos y volúmenes de obra extraordinarios, lo que no permitió que la obra se ejecutara ininterrumpidamente, motivo por el cual la entidad celebró dos convenios para modificar el monto y el plazo del contrato original; así como el convenio de reducción del monto y ampliación del plazo, con un importe de 2.6 millones de pesos y ampliación del plazo de 55 días naturales; y el convenio de ampliación del monto y del plazo, con un importe de 2,536.0 miles de pesos y un plazo de 85 días calendario, con lo que el plazo de ejecución pactado originalmente se modificó en 58.3 por ciento.
La contratista comunicó el 20 de febrero de 2004 que el 28 del mismo mes se concluirían los trabajos, por lo que la entidad procedió a recibirlos y levantó el acta de entrega-recepción correspondiente; sin embargo, en ella se incluyeron 64 detalles pendientes y una serie de trabajos no concluidos.
La contratista no presentó la garantía de los defectos que resultaren de los trabajos realizados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista en la fecha de elaboración del acta de entrega-recepción.
Se constató en la visita de verificación física (11 de noviembre de 2004), que no obstante haberse presentado las estimaciones por la totalidad del monto contratado, el IMSS no había elaborado el finiquito de la obra.
Se verificó que los conceptos de los trabajos adicionales y extraordinarios autorizados en los convenios modificatorios no fueron estimados de manera independiente, ya que se incluyeron dentro de las estimaciones del contrato original.
Se constató con el acta de entrega-recepción que el IMSS no consideró, en la etapa de planeación, la infraestructura necesaria de la obra ya que no cuenta con servicio de agua potable, debido a que no tiene toma municipal de agua ni autorización para perforar un pozo propio. Tampoco se consideró un acceso adecuado al hospital, debido a que es necesario realizar un recorrido de 10 km (cinco de ida y cinco de regreso, al retorno más próximo) para llegar al inmueble.
La entidad levantó el acta de entrega-recepción de los trabajos, sin que estuvieran terminados, por lo que dejó de aplicar sanciones por trabajos ejecutados fuera del plazo contractual por 13.1 miles de pesos.
Se constató que la residencia de obra autorizó un pago improcedente por 197.4 miles de pesos en la ejecución del concepto "Impermeabilización del inmueble", debido a que existen áreas en la azotea sin impermeabilización y en otras ésta no cumple con su función.
El IMSS no efectuó un estudio adecuado de mecánica de suelos, por lo que realizó un pago improcedente por 50.4 miles de pesos, integrado de la manera siguiente: 32.5 miles de pesos, debido a que los pisos de cemento pulido del hospital en la mayoría de las áreas se encuentran fisurados, y los pisos en el área de hospitalización en un área de 466.6 m2, recubiertos con loseta vinílica, presentan desniveles significativos; y 2.6 miles de pesos, en virtud de que en el estacionamiento de acceso principal, la guarnición presenta hundimiento a nivel de losas de piso en una longitud de 20 m, y 15.3 miles de pesos, porque la barda perimetral tiene un desplome de 5 cm aproximadamente, en una longitud de 30 m.
Se constató que el IMSS efectuó un pago en exceso de 6.2 miles de pesos, integrado de la manera siguiente: 2.4 miles de pesos, debido a que en el área mortuoria (de 3.0 m por 3.0 m) algunas losetas de 20 por 20 cm del acabado en pisos tienen las esquinas rotas, y 3.8 miles de pesos, en virtud de que en el acceso a las áreas de servicios generales y de personal, el piso con acabado pulido se encuentra fisurado.
La cuantificación monetaria de estas observaciones es de 267.1 miles de pesos.
Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto K042 "Centro Médico Nacional La Raza", en Azcapotzalco, en el Distrito Federal. En términos generales y con el alcance antes señalado, el IMSS cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, administración, adjudicación, ejecución, registro y control de las operaciones examinadas, excepto por las observaciones que se precisan, que no representan un impacto económico.
El IMSS no contó con la licencia de construcción antes del inicio de los trabajos ni incluyó en la convocatoria pública la forma en que los participantes acreditarían su existencia legal.
Tampoco consideró en el contrato de obra pública el plazo para la elaboración del finiquito correspondiente; omitió notificar a la contratista la fecha en que se llevaría a cabo, y en el acta de finiquito no asentó el plazo de ejecución real de los trabajos. Además, el Instituto no entregó el anticipo antes de la fecha de inicio de los trabajos pactada en el contrato (27 de noviembre de 2002), por lo que la obra no se empezó en la fecha programada.
Otra falta a la normatividad fue incumplir con las disposiciones para el uso de la bitácora como: numeración seriada de las notas, sobreposición de textos, cancelación de espacios sobrantes, cierre de bitácora de proyectos y especificación de uso posterior a la nota de apertura de cada bitácora.
Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 "Obras Públicas", Proyecto K214 "Unidad de Medicina Ambulatoria en el Hospital General de Zona Núm. 15" en Reynosa, en el Estado de Tamaulipas. Se constató que la Dirección de Proyectos del IMSS ejecutó la obra con un proyecto que no fue avalado por el responsable del mismo. Omitió también recabar de éste, la firma de las especificaciones particulares y del catálogo de conceptos.
Se constató que la residencia de obra del IMSS no cumplió con sus funciones, en virtud de que no mantuvo actualizados los planos del proyecto ni los entregó de acuerdo con la construcción final de la obra al área encargada de la operación y mantenimiento de la misma, asimismo, se constató que realizó adecuaciones, las cuales plasmó en planos y no recabó para éstas la autorización del responsable del proyecto. Así mismo, omitió registrar en la bitácora de obra, los nombres, domicilios y teléfonos de las personas facultadas para intervenir en ella. Tampoco registró el número de contrato en todas sus hojas; efectuó registros que fueron firmados por un representante de la contratista, que no había sido facultado; mantuvo el control de dos libros y en el segundo de ellos no registró ni los datos de la obra ni de los del contrato al que pertenece y no se cancelaron las hojas restantes. Además, efectuó la recepción de la obra 33 días después de la verificación de terminación de la misma y autorizó, en las estimaciones, conceptos del catálogo original y conceptos extraordinarios no previstos en el mismo, y omitió aplicar sanciones por el incumplimiento a las obligaciones sobre seguridad e higiene en la obra por un importe de 295.4 miles de pesos. Finalmente, autorizó pagos indebidos a través de estimaciones a la contratista por 824.2 miles de pesos en 12 conceptos de obra ordinarios y extraordinarios, en virtud de que los trabajos no se realizaron conforme a las especificaciones generales de la entidad y particulares del proyecto.
Se observó que la entidad realizó pagos en exceso a la contratista por 103.4 miles de pesos en ocho conceptos extraordinarios, en razón de que se constató que éstos se encuentran incluidos en los alcances de otros conceptos extraordinarios.
La residencia de obra del IMSS realizó pagos en exceso a la contratista por 57.3 miles de pesos en 14 conceptos extraordinarios, en virtud de que autorizó en el rubro de herramienta y equipo un costo horario por concepto de participación de grúa por un importe de 1.4 miles de pesos, el cual difiere del presentado por la contratista, en su proposición económica en el apartado de básicos de concurso, que corresponde a 350 pesos.
Se observó que la entidad realizó pagos en exceso a la contratista por 236.9 miles de pesos, en virtud de que en la estimación le autorizó los conceptos de colocación de aplanado para una misma área de muros, lo cual se aprecia en los generadores de obra que formaron parte de dicha estimación.
En total, el impacto económico de estas observaciones es de 1.5 millones de pesos.
El valor de lo observado en estas auditoría asciende a 14 mil 533.3 millones de pesos, 8.2 por ciento del gasto total ejercido por el Instituto.
6. Al ISSSTE (incluyendo el Fondo de Vivienda y el Sistema de Tiendas y Farmacias) le fueron practicadas 7 auditorías financieras que evaluaron el desempeño del Seguro de Enfermedades y Maternidad, las erogaciones para materiales y suministros, el pago de pensiones y jubilaciones, los inventarios de productos farmacéuticos y de laboratorio, así como el seguimiento de las acciones promovidas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1999. El FOVISSSTE fue auditado en su cuenta de egresos y el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, en lo que toca a la adquisición de mercancías.
Los principales resultados de las auditorías son los siguientes:
Evaluación del Seguro de Enfermedades y Maternidad, a Cargo del ISSSTE. En la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, se considera que el ISSSTE cumplió con sus obligaciones en el otorgamiento de las prestaciones y servicios que comprende este Seguro, excepto por las observaciones que se precisan, al atender a los 7.0 millones de derechohabientes que demandaron dichos servicios, lo que representó una cobertura de 68.0 por ciento, con un gasto de 17,863.1 miles de pesos, superior en 6.6 por ciento al aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Sin embargo, es de señalarse que el constante crecimiento del costo de la atención a la salud, sumado a la mayor esperanza de vida de la población, pronostica que el instituto tendrá mayores cargas financieras en el mediano y largo plazo.
En 2003, de los 10.4 millones de derechohabientes del ISSSTE, el 32.0 por ciento (3.3 millones de personas), no hicieron uso de los servicios médicos que proporciona el instituto. Si la totalidad de su población utilizara por lo menos una vez en el año los servicios médicos, los ingresos no serían suficientes para cubrir los gastos de operación del instituto en materia de atención médica, lo cual acentuaría el déficit, que para ese año fue de 2 mil 352.1 millones de pesos, y afectaría la calidad de sus servicios, cuyos resultados mostraron incumplimientos en 7 indicadores respecto de los estándares establecidos.
Asimismo, verificó que sus resultados obtenidos en consultas por hora médico general y especialista, consultas prenatales por embarazada; porcentaje de cesáreas, derechohabientes por consultorio, camas censables por 1,000 derechohabientes, índice de rotación de camas y porcentaje de ocupación hospitalaria fueron inferiores a los estándares institucionales; que el instituto no cuenta con un sistema de registro histórico que permita observar los avances en la resolución de las quejas; así como conocer el grado de satisfacción de los derechohabientes, y que careció de un sistema de costos médicos que permitiera conocer el valor real de los productos y servicios hospitalarios que ofrece a sus derechohabientes, e identificar los costos de los insumos médicos para el proceso de toma de decisiones de la planificación de programas estratégicos. El impacto económico de la Fiscalización es de 2 mil 352.1 millones de pesos.
En la revisión efectuada se observó que el instituto no estableció en su programa de mediano plazo los indicadores estratégicos ni las metas que permitan evaluar el impacto de las acciones realizadas en materia de salud, a efecto de medir la eficacia con que las prestaciones del Seguro de Enfermedades y Maternidad y los servicios de medicina preventiva y de rehabilitación física y mental contribuyeron a conservar y restaurar la salud de los derechohabientes.
Respecto de la atención médica, se constató que en 2003 la población que utilizó al menos una vez los servicios médicos del ISSSTE, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, ascendió a 7.0 millones de derechohabientes, lo que significó que la cobertura de atención fue de 68.0 por ciento, superior en 0.5 puntos porcentuales a la reportada un año antes y en 1.5 puntos porcentuales a la registrada en 1999; en tanto que 32.0 por ciento de los derechohabientes (3.3 millones) no hizo uso de dichos servicios.
En cuanto a la cobertura de atención de la población beneficiaria de las prestaciones en dinero, se concluyó que en 2003 el ISSSTE no contó con un sistema informático que capte y registre el número de asegurados que fueron beneficiados con los subsidios por incapacidad temporal, situación que limitó al instituto para conocer su cobertura de atención de esa prestación.
En materia de dotación de medicamentos, se constató que el ISSSTE se ajustó al estándar que estableció en el Catálogo de Indicadores Básicos de Servicios de Salud del Sistema Integral Institucional, vigente en 2003, en el que se señala que, se prescribirá una receta por cada consulta otorgada a la población derechohabiente, ya que en ese año se surtieron 25.5 millones de recetas y se otorgaron 22.4 millones de consultas, con lo cual el instituto obtuvo un promedio de una receta expedida por consulta médica.
Respecto de la entrega del apoyo a la lactancia, se constató que en 2003 el ISSSTE no contó con un sistema informático que le permitiera registrar el número de niños menores de seis meses de edad que recibieron dicha prestación. Tampoco contó con información sistematizada en una base de datos que permitiera constatar que se entregaron las canastillas de maternidad a las beneficiarias ni con un sistema informático que le permitiera conformar una base de datos para captar y registrar el número de subsidios temporales iniciales y subsecuentes, así como el de días, meses y/o años en que se efectuó el pago de dichos subsidios.
Por lo que corresponde al sistema de captura, control, seguimiento y reporte de quejas, con que contó el ISSSTE en 2003, se constató que no permite clasificar las quejas según el tipo de asunto presentado, ya que sólo contiene tres campos: la delegación afectada, el sexo del demandante y su status. Además, no respalda la información histórica sobre las quejas médicas interpuestas por los derechohabientes, ya que al actualizarlo se borran automáticamente los antecedentes.
En 2003, de las 1,513 quejas presentadas contra el sector salud ante la CONAMED, 30.0 por ciento (454) correspondieron al ISSSTE.
Respecto de los recursos humanos disponibles (médicos y enfermeras) se determinó que en 2003 el instituto contó con 15,319 médicos; por tanto, en promedio, por cada mil derechohabientes el instituto contó con 1.48 médicos, resultado inferior a los obtenidos en 1999 y 2002, pero superior al parámetro establecido por el instituto de 1.15 médicos por 1,000 derechohabientes.
Se constató que para 2003 el instituto registró una plantilla de 19,719 enfermeras, con lo cual en promedio por cada mil derechohabientes hubo 1.90 enfermeras, cifra similar a la reportada en el periodo 1999-2002 pero inferior al parámetro institucional de 2.90 enfermeras por cada 1,000 derechohabientes.
La ASF detectó también que en 2003 el ISSSTE no contó con información sistematizada en una base de datos que facilitara la fiscalización del abasto de medicamentos.
En cuanto a los ingresos de este Seguro, se comprobó que durante el periodo 1999-2003, los ingresos del fondo mostraron en términos reales un crecimiento medio anual de 4.8 por ciento, al pasar de 14 mil 207.5 a 17 mil 133.4 millones de pesos.
Con la revisión de la base de datos de la Cartera Vencida del ISSSTE, se comprobó que al 31 de diciembre de 2003 el adeudo de las dependencias y entidades ascendió a 2 mil 298.3 millones de pesos, de los cuales 78.6 por ciento (1 mil 806.6 millones de pesos) correspondió al principal y 21.4 por ciento (491.7 millones de pesos) a los intereses generados.
Con análisis del Estado Financiero de 2003, se constató que el ISSSTE registró un déficit de 1,153.9 millones de pesos en el Fondo de Atención a la Salud. En el periodo 1999-2003 el déficit registrado en el Fondo de Atención a la Salud creció a una tasa media anual de 32.8 por ciento, al pasar de 757.0 millones de pesos en 1999, a 2,352.1 millones de pesos en 2003.
De acuerdo con la evaluación actuarial del ISSSTE, en 2003 el análisis de las cifras sobre la evolución esperada de los ingresos y gastos del fondo no muestra evidencias de que los ingresos vayan a ser suficientes para cubrir los gastos de operación del instituto en materia de atención médica, lo cual se acentúa aún más con el aumento tanto del número de los dependientes (pensionados y familiares) en relación con el de los cotizantes, como de la incidencia de las enfermedades crónico-degenerativas, que requieren de mayores recursos financieros, humanos y materiales para su tratamiento y control.
Debe destacarse que ni en los formatos de la Cuenta Pública ni en los reportes del Sistema Integral de Información enviados mensualmente a la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento se incluye la desagregación del gasto por fondo, lo que impide observar el flujo de recursos para financiar el otorgamiento de los servicios médicos.
Se constató que en 2003 el ISSSTE no contó con un sistema de costos médicos que permitiera conocer el costo real de los productos y servicios hospitalarios que el instituto ofrece a sus derechohabientes; determinar el costo de los protocolos de atención de los principales problemas de salud, a efecto de asignar de manera eficiente los recursos para las actividades de promoción, prevención, curación y rehabilitación; identificar los costos de los insumos médicos para el proceso de toma de decisiones de la planificación de programas estratégicos; y comparar los costos de los servicios y productos entre las unidades hospitalarias del ISSSTE con otras instituciones de salud para una mejor eficiencia operativa y financiera.
Egresos Presupuestales del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros". En opinión de la ASF y con respecto del alcance antes señalado y la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se considera que en términos generales el ISSSTE cumplió con los ordenamientos jurídicos y las disposiciones normativas aplicables, y principios básicos de contabilidad gubernamental.
Egresos Presupuestales del Concepto 7700 "Pago de Pensiones y Jubilaciones". La falta de una base de datos actualizada y confiable de los trabajadores en activo, ocasionó que 6,673 personas cuya erogación representó un importe de 305.5 millones de pesos en el ejercicio 2003, de las cuales existe duplicidad de registros como personal activo y además como pensionista durante el 2003; existe una diferencia, por un importe de 31.2 miles de pesos, entre el importe ejercido en el concepto 7700 reportado en la Cuenta Pública 2003; la Tesorería General no recuperó un importe de 93.7 miles de pesos por concepto de depósito de pensiones después del fallecimiento de los pensionistas titulares y antes de que la entidad fiscalizada fuera notificada de los fallecimientos; la Subdirección de Pensiones no cuenta con un sistema que consigne los datos reales y actualizados de los pensionistas y pagos improcedentes a 48 pensionistas por orfandad y a una por viudez en el 2003, por un importe de 1.8 millones de pesos, por no contar con los documentos que avalen el disfrute del pago de una pensión.
Se constató que, durante el año 2003, la Subdirección General de Finanzas, mediante la Tesorería General, emitió diversos oficios, con los que solicitó a los distintos bancos responsables del pago de la nómina de pensionistas, cancelar las cuentas de 991 pensionistas fallecidos. Asimismo, solicitó a los bancos el reembolso de 2.7 millones de pesos, debido a que se depositaron pensiones después del fallecimiento de los pensionistas titulares y antes de que la entidad fiscalizada fuera notificada de los fallecimientos.
Se constató que los bancos efectuaron los reembolsos mediante depósitos en las cuentas de la entidad, por un importe de 2.6 millones de pesos. La diferencia de 93.7 miles de pesos no fue recuperada debido a que no quedaba saldo en las cuentas bancarias.
Se determinó evaluar el procedimiento de control interno relacionado con la integración de la documentación de los expedientes pensionarios, mediante la revisión de 160 expedientes, de lo que se obtuvieron los siguientes resultados:
De los 160 expedientes solicitados, 12 no fueron proporcionados por el área del archivo pensionario. Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó vales de préstamo de los expedientes, los cuales fueron solicitados por diversas áreas del ISSSTE para su consulta; sin embargo, sólo 8 de los 12 expedientes cuentan con un vale de préstamo; se informó que los 4 restantes son de pensionistas que cambiaron su radicación de pago. Sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó la evidencia de la petición oficial mediante la cual se solicitó el cambio de radicación.
Se determinó que 49 de los 147 expedientes proporcionados y revisados cuentan con los documentos requeridos para el otorgamiento y pago de los distintos tipos de pensión, como acta de nacimiento, hoja de servicios, acta de defunción, acta de matrimonio y dictamen médico, entre otros. De los restantes 98 expedientes, en algunos se determinó más de una observación, y se obtuvieron los siguientes resultados: 14 expedientes no cuentan con actas de matrimonio, actas de defunción, dictámenes médicos, actas de nacimiento y designación del representante legal por invalidez; en 36 casos no coincide la fecha de nacimiento; la clave de pensión registrada en la base de datos señalada no coincide con la de 17 expedientes pensionarios; en un caso de pensión por viudez (277053), la prestación se otorgó a pesar de que la beneficiaria se divorció de la persona que originó la pensión antes de que falleciera; en uno de los comprobantes de pago como trabajador de la persona que originó la pensión, se le descontaba pensión alimenticia, por lo que supone que la viuda presentó en su momento constancia de este hecho y que la pensión fue correctamente otorgada conforme a la Ley del ISSSTE, sin embargo, no existen sustento documental; los 48 expedientes restantes de pensionistas por orfandad mayores de edad no cuentan con constancias de estudios de nivel medio o superior de planteles con reconocimiento de validez oficial y declaración de soltería y carencia de trabajo remunerado.
Se seleccionaron 22 pensionistas para su verificación física, de los cuales 11 fueron localizados en los domicilios registrados en la base de datos de la Subdirección de Pensiones, de los 11 restantes se obtuvieron los siguientes resultados:
Cuentas de Balance-Activo, "Inventarios de Productos Farmacéuticos y de Laboratorio en Hospitales y Almacenes". El ISSSTE presentó diferencias en inventario no aclaradas y no elaboró conciliaciones de información entre lo registrado contablemente y lo reportado por los almacenes. El impacto contable de estas diferencias es de 1.1 millones de pesos. Y la cuantificación monetaria de lo observado asciende a 22.4 millones de pesos.
Con el inventario físico realizado por la entidad fiscalizada en el Almacén Regional Centro en noviembre de 2003, se determinaron faltantes por 3.5 millones de pesos, de los cuales se han aclarado 938.3 miles de pesos; al respecto, se observó que la entidad fiscalizada elaboró las actas circunstanciadas por las diferencias que por su complejidad requieren de un plazo mayor de 45 días para su aclaración; sin embargo, a la fecha de revisión (noviembre de 2004) están pendientes de investigar y aclarar 3.4 millones de pesos, integrados por 142.2 miles de pesos del Almacén de Medicamentos, 80.2 miles de pesos del Almacén de Material de Curación y 3.2 millones de pesos del Almacén de Alta Especialidad.
Se constató que los almacenes de Medicamentos, Material de Curación y Alta Especialidad, del Almacén Regional Centro reportaron en las Cédulas de Valuación del Inventario Físico de noviembre de 2003, un saldo de 347.4 millones miles de pesos, que difiere en 1.1 millones de pesos, con lo registrado en la Balanza de Comprobación a la misma fecha, por el Departamento de Contabilidad de Abasto adscrito a la Subdirección de Contaduría, debido a que el Departamento de Enlace Contable, adscrito a la Jefatura de Servicios de Control y Evaluación, no realiza conciliaciones periódicas con el Departamento de Contabilidad de Abasto.
De un total de 761 claves con existencia al 31 de diciembre de 2003, 394 claves se revalorizaron correctamente, 216 claves se encontraban sobrevaluadas por 9.0 millones de pesos y 151 claves estaban subvaluadas por 6.5 millones de pesos.
En el análisis de 719 órdenes de despacho por 1 mil 031.3 millones de pesos, seleccionadas como muestra, se observó que 36 órdenes, por 46.0 millones de pesos, reunieron los requisitos para ser surtidas a las unidades médicas; 10, por 6.2 millones de pesos, no cuentan con sello de recepción por las unidades médicas; 129, por 138.6 millones de pesos, no contienen sello de recepción ni firma del transportista; 492, por 751.9 millones de pesos, carecen de la firma de quien transportó el medicamento y material de curación a las unidades médicas; 2 órdenes, por 21.8 miles de pesos, del Almacén de Medicamentos carecen de todo requisito, y 50, por 88.6 millones de pesos, carecen indistintamente de 2 ó 3 requisitos.
Se dio seguimiento a la recepción de medicamentos y material de curación de 329 órdenes de despacho, por 341.4 millones de pesos, reportadas por los almacenes de Medicamentos, Alta Especialidad y Material de Curación del Almacén Regional Centro; como resultado se determinó que los medicamentos y material de curación correspondientes a 309 órdenes, por 334.6 millones de pesos, fueron recibidos por el Hospital Regional "Lic. Adolfo López Mateos" y el Centro Médico Nacional "20 de Noviembre"; sin embargo, el Hospital Regional no reconoció haber recibido los insumos consignados en 7 órdenes, por 5.0 millones de pesos, no obstante que en 4 casos el Almacén Regional Centro cuenta con la evidencia de la recepción; asimismo, el Centro Médico Nacional no reconoció haber recibido 13 órdenes, por 1.9 millones de pesos, aun cuando 5 de ellas contienen evidencia de su recepción; estos medicamentos y material de curación en conjunto ascienden a 6.8 millones de pesos.
En la inspección física en el Almacén de Devoluciones y Trámite de Bajas, se observó que tiene resguardadas 285 piezas caducas de la clave 5308 "Basiliximab" por 9.3 millones de pesos, que se encuentran pendientes de canje por el proveedor.
En la inspección física realizada en el Almacén de Alta Especialidad del Almacén Regional Centro, se contaron selectivamente 30 claves de alta especialidad, de las cuales 6 claves no presentaron diferencias contra lo registrado en kardex; 10 claves reportaron un faltante de 2,489 piezas por 1.6 millones de pesos y 14 claves reportaron un sobrante de 10,772 piezas por 1.2 millones de pesos.
Evaluación de las Acciones Realizadas por el ISSSTE para la Solventación de las Acciones Promovidas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1999. En opinión de la ASF, y a pesar de que se constató que fueron solventadas por el ente fiscalizado las 33 recomendaciones emitidas en el marco del Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1999, a la fecha prevalece la problemática de que el régimen de pensiones y jubilaciones que administra el Instituto representa una elevada carga financiera y presupuestaria para las finanzas públicas del Gobierno Federal, y que de no mediar la instrumentación de acciones de resolución, aunado a la jurisprudencia que representan las resoluciones judiciales desfavorables al organismo, derivadas de demandas presentadas por los pensionados para incrementar sus ingresos hasta el límite superior de 10 salarios mínimos, que marca la Ley del ISSSTE, dicha problemática continuará agudizándose en los próximos años.
En 2003, el instituto debió efectuar pagos por cumplimiento de sentencias que ascendieron a 59.1 millones de pesos, derivados de 535 resoluciones judiciales favorables a pensionistas que demandaron al ISSSTE incrementos a sus pensiones. Los fallos a favor de los demandantes se debieron, en general, a que el marco legal no define con precisión el sueldo y las percepciones que se deben tomar como base para fijar el monto de la pensión correspondiente, ya que la Ley del ISSSTE, el Clasificador por Objeto del Gasto y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado difieren sobre la materia.
En este sentido, el ISSSTE para efectos del cálculo de la pensión no considera las compensaciones adicionales al sueldo básico, dado que de acuerdo con la norma los trabajadores no hacen aportación alguna sobre ellas; no obstante, el criterio básico en que los jueces han sustentado sus fallos, es que todos los ingresos de los trabajadores se consideran salarios y, por tanto, deben servir de base para el cálculo de la pensión. Esta situación puede constituir jurisprudencia que, sin rebasar el límite superior de 10 salarios mínimos, obligaría al ISSSTE a pagar pensiones mucho mayores.
Para conocer el impacto de los pasivos laborales en las finanzas del Instituto en los próximos 15 años, se realizó un ejercicio, sin considerar el Programa de Separación Voluntaria, en el que se proyectaron el salario promedio mensual, la pensión integrada promedio mensual, el número de trabajadores activos y el de pensionados, los ingresos por cuotas y el gasto anual de pensiones. De la proyección se detectó que los ingresos por cuotas de los trabajadores tendrán una participación cada vez menor en el pago de las pensiones, ya que pasan de 36.8 por ciento en 2004 a sólo 19.7 por ciento en 2018. La proyección realizada pone de manifiesto la onerosa carga financiera que los pasivos laborales futuros significarán para las finanzas públicas del Gobierno Federal, por tanto de no introducirse modificaciones al régimen de pensiones de los trabajadores del Estado, las transferencias federales deberán crecer a una tasa anual promedio en el periodo proyectado de 12.3 por ciento, ya que los ingresos por cuotas lo harán en sólo 5.5 por ciento y el gasto lo hará en 10.3 por ciento; a precios de 2003 el monto de las transferencias será igual a 95 mil 433.8 millones de pesos, equivalente al 164.3 por ciento del gasto programable ejercido en ese año.
En el caso del ISSSTE, la ASF emitió 41 observaciones que se traducen en 55 acciones, de las cuales 41 (74.5 por ciento) son de naturaleza preventiva y 14 (25.5 por ciento) son de carácter correctivo.
Por lo que toca al FOVISSSTE, se realizó una auditoría financiera, con los siguientes resultados:
Cuentas de Resultados, "Gastos". En opinión de la entidad de fiscalización superior de la Federación, se considera que en términos generales el Fondo de la Vivienda del ISSSTE cumplió con los ordenamientos jurídicos y disposiciones normativas aplicables y principios de contabilidad gubernamental, con excepción de que pagó 61.9 miles de pesos de más a la Sociedad Hipotecaria Federal por concepto de comisiones a las SOFOLES; asimismo, los procedimientos establecidos para la adjudicación de contratos y pedidos no se encuentran debidamente autorizados.
Además de ese impacto económico, en los registros contables de las provisiones creadas durante el ejercicio en revisión, se omitió reconocer 6.3 millones de pesos por concepto de gastos del Programa Extraordinarios de Créditos para la Vivienda a los Trabajadores del Estado.
La entidad fiscalizada omitió registrar la provisión de gastos por 6.3 millones de pesos, lo que realizó en junio y septiembre de 2004, con las pólizas de diario núms. 1191 y 2027 respectivamente.
La entidad fiscalizadora hizo 4 observaciones al FOVISSSTE, de la que se derivan 5 acciones: 4 preventivas y 1 correctiva. En el acumulado de 1999 a 2002, se registraron 22 recomendaciones, de las cuales todas se han solventado.
En el caso del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE, se realizó una auditoría financiera, con los siguientes resultados:
Adquisición de Mercancías en Tiendas. En opinión de esta entidad de fiscalización superior de la Federación, se considera que en términos generales el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias cuenta con los documentos originales justificatorios y comprobatorios de las adquisiciones, excepto por que los registros contables presentan diferencias en compras en relación con lo reportado en el libro de entradas, no se aplican oportunamente las devoluciones a proveedores, la entidad fiscalizada pagó indebidamente mercancía no recibida amparada con folios de entrada de mercancía al almacén duplicados, faltantes en inventarios de los que no se realizaron las acciones legales, e incumplió diversa normatividad. El impacto contable de esta auditoría es de 2.7 millones de pesos, porque los registros contables presentan diferencias en compras por 1.5 millones de pesos, en relación con lo reportado en el libro de entradas de las unidades de venta seleccionadas para su revisión; así como 737.7 miles de pesos de más y 121.1 miles de pesos de menos en devoluciones de mercancía de las unidades de venta de la Gerencia Regional Noroeste, y de 345.3 miles de pesos de menos en las devoluciones realizadas por la Unidad de Venta 159 "Zaragoza". El impacto económico de lo observado es por 37.1 millones de pesos.
En relación con las unidades de venta que integran la Gerencia Regional Noroeste, se determinó que de acuerdo con los registros contables, durante el ejercicio en revisión se adquirió mercancía para tiendas por 927.8 millones de pesos; sin embargo, de conformidad con lo reportado en los libros de compra de las unidades de venta, la adquisición fue por 926.2 millones de pesos, por lo que existe una diferencia de 1.5 millones de pesos, integrada por 1.4 millones de pesos registrados de menos en la contabilidad de 14 unidades de venta y 3.0 millones de pesos de más en 17 unidades de venta, sin que la gerencia regional ni las tiendas aclararan su origen.
Se determinó que la Unidad de Venta 159 "Zaragoza" registró contablemente devoluciones por 14.7 millones de pesos, cifra que difiere en 345.3 miles de pesos con la registrada en el libro de devoluciones de mercancía diarias, que reportó un importe de 15.0 millones de pesos. La unidad de venta informó que la diferencia se debe a la cancelación de devoluciones que no fueron reportadas al almacén; sin embargo, con la información proporcionada no se logró integrar la diferencia, ni las causas que originaron esa situación.
Por lo que se refiere a la Gerencia Regional Noroeste, se determinaron diferencias en las devoluciones de mercancía registradas contablemente, con lo reportado en el libro de devoluciones de 28 unidades de venta, por 737.7 miles de pesos de más y 121.1 miles de pesos de menos a lo registrado contablemente, lo que no fue aclarado por la gerencia regional, ni por las unidades de venta. Con todo lo anterior se concluye que el libro de devoluciones y los registros contables no reportan cifras confiables.
Se determinó que a diciembre de 2003 las 25 tiendas dependientes del Área Metropolitana reportaron devoluciones a proveedores de mercancía de lento y nulo desplazamiento y en mal estado no aplicadas, por 51.6 millones de pesos. A la fecha de la revisión (noviembre de 2004), dicha cantidad no había sido recuperada por la entidad fiscalizada mediante el descuento a los pagos efectuados a los proveedores, por lo que se presume un daño patrimonial a la entidad fiscalizada. Cabe señalar que de ese importe, 26.6 millones de pesos corresponden a devoluciones del ejercicio de 2000 y anteriores, por lo que las acciones legales en contra de los servidores públicos responsables pudieran haber prescrito.
De las devoluciones mencionadas, 45.7 millones de pesos son de 692 proveedores que a la fecha de la revisión (noviembre de 2004) ya no tienen relación comercial con la entidad fiscalizada, por lo que ya no es factible aplicar los descuentos, y 6.0 millones de pesos corresponden a 56 proveedores con los que la entidad fiscalizada mantiene relaciones comerciales, por lo que se desconocen las causas por las que no se han realizado las recuperaciones. Cabe señalar que los procedimientos establecidos por el SITyF no incluyen el seguimiento y acciones de recuperación que se deben realizar cuando las devoluciones no se apliquen en su oportunidad y ya no se mantengan relaciones comerciales con el proveedor, ni especifican las áreas que deben intervenir en el proceso.
En cuanto al importe de 51.6 millones de pesos de las devoluciones no recuperadas a un total de 748 proveedores, se observó que 377, con un saldo total de 142.8 miles de pesos, presentan devoluciones pendientes de aplicar menores de 1.0 miles de pesos, por lo que las acciones de recuperación no serían rentables.
En la Unidad de Venta 159 "Zaragoza" se detectaron 55 pólizas de salida eventual por un importe de 4.6 millones de pesos que no fueron firmadas por los proveedores, ya que éstos no recogieron la mercancía, no obstante que se les notificó mediante un oficio. Para tal efecto, la unidad de venta elaboró las actas administrativas para consignar los hechos y formuló las pólizas de salida eventual. Cabe señalar que del total de estas devoluciones, 651.2 miles de pesos fueron aplicadas a los pagos de proveedores y 3.9 millones de pesos no fueron aplicadas; asimismo, la unidad de venta no realizó los trámites para registrar como mercancías sin cargo los bienes por 651.2 miles de pesos, en los que se aplicó la devolución al pago de los proveedores, sin que éstos retiraran sus mercancías.
La Unidad de Venta 159 "Zaragoza" mantiene mercancía considerada para destrucción por 332.4 miles de pesos por estar dañada, y para donación por 3.2 millones de pesos, correspondiente a mercancía de lento y nulo desplazamiento, sin que proporcionara evidencia del trámite de devolución, lo que ocasiona que se mantengan bienes no productivos en los almacenes de la unidad de venta. No obstante que se ha remitido la relación de mercancía con estas características al Jefe de Servicios del Área Metropolitana dependiente de la Subdirección de Control y Supervisión, no se ha obtenido respuesta para resolver la problemática.
En el ejercicio de 2003, las 13 unidades de venta de la Gerencia Regional Noroeste seleccionadas en la muestra mantenían mercancía de lento y nulo desplazamiento por 2.0 millones de pesos; al respecto se observó que las unidades de venta mencionadas y la Gerencia Regional no han presentado a la Comisión de Abasto las solicitudes de oferta respectivas, ni de los proveedores no vigentes en el último padrón emitido en el Sistema de Padrón de Proveedores Vigentes.
En relación con los inventarios físicos de mercancía practicados en las unidades de venta de la Gerencia Regional Noroeste se observó que en el ejercicio de 2003, la entidad fiscalizada detectó faltantes por 15.9 millones de pesos, de 23 unidades de venta que rebasaron la merma permitida por la normativa, de los cuales a la fecha de revisión se han presentado denuncias de hechos por 7.0 millones de pesos y se encuentran pendientes de acciones legales 8.9 millones de pesos.
La Unidad de Venta 159 "Zaragoza" presentó faltantes de inventario por 2.3 millones de pesos de acuerdo con lo señalado en el acta complementaria de toma de inventario de fecha 21 de noviembre de 2003, sin que la entidad fiscalizada realizara el dictamen ni los trámites legales correspondientes.
Como resultado de esta auditoría, se emitieron 15 observaciones al Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE, que derivaron en 24 acciones, de las cuales, 16 (66.7 por ciento) son de naturaleza preventiva y 8 (33.3 por ciento) son de carácter correctivo.
El impacto económico de las observaciones al ISSSTE, al FOVISSSTE y al Sistema de Tiendas y Farmacias asciende en conjunto a 2 mil 418.8 millones de pesos (4.2 por ciento del gasto ejercido por la entidad).
ESTADO ACTUAL DE LAS OBSERVACIONES
1. Estas auditorías arrojaron 84 observaciones en el caso del IMSS y 60 en el caso del ISSSTE, dando como resultado 118 acciones en el primer caso y 84 en el segundo. Estas observaciones se acumulan a las emitidas por la Auditoría Superior de la Federación al Informe de Avance de Gestión Financiera 2001, de las cuales el IMSS no había solventado 2 acciones preventivas y 9 correctivas; el ISSSTE mantenías 10 acciones sin resolver: 2 preventivas y ninguna de las 8 correctivas.
De acuerdo a información proporcionada por la Auditoría Superior de la Federación en el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2004, al 31 de diciembre de 2004, en el caso del IMSS, entre 1999 y 2002 se formularon 776 recomendaciones, de las cuales se han solventado 756 y quedan pendientes 20, una corresponde a la revisión de la Cuenta Pública 2001 y el resto, a la del año 2002.
Por lo que toca al ISSSTE, de las 274 observaciones formuladas al Instituto, quedan pendientes de solventar 3 del ejercicio 2002.
CONCLUSIONES
La fiscalización de los recursos públicos federales es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados cuya efectividad aún se mantiene a prueba. La rendición de cuentas y la dictaminación del reporte que presenta el Ejecutivo, aún requieren una mayor certeza y oportunidad. Los tiempos para la entrega de la Cuenta Pública, su revisión y dictaminación siguen siendo demasiado dilatados y las facultades y recursos que se tienen para revisar su adecuada aplicación siguen siendo limitados.
En el ámbito de la seguridad social, esto retoma una responsabilidad aún mayor, pues nos estamos refiriendo a un sector con problemas financieros graves y con una perspectiva crítica a mediano y largo plazo.
A las necesidades de atención y los rezagos acumulados se suman los problemas demográficos, epidemiológicos y fiscales que, con un desempeño económicodeterminado, condicionan gran parte de la operación de las instituciones de seguridad social.
Según lo reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2003, en ese año, el gasto público federal fue mayor al esperado y al del ejercicio anterior. De la misma forma, los recursos para la seguridad social fueron mayores, en términos reales, que los ejercidos el año anterior y superaron los montos aprobados por la Cámara de Diputados. Sin embargo, la mayor disponibilidad de recursos tuvo una repercusión menor al esperado por los casi 15 millones de pesos que se destinaron al Programa de Separación Voluntaria y que concluyeron en la cancelación de más de 14 mil plazas presupuestarias. Así, la base de cotización al ISSSTE, su principal fuente de ingresos, resultó afectada: los asegurados se redujeron en 0.2 por ciento.
La derechohabiencia del IMSS también se redujo: 4 millones 384 mil personas dejaron de ser derechohabientes (9.4 por ciento) en 2003 respecto a 2002.
En contrapartida, en ambas instituciones, el número de pensionados se incrementó: 4.9 por ciento en el caso del IMSS y 7.7 por ciento, en el caso del ISSSTE.
La Auditoría Superior de la Federación efectuó 338 auditorías a la Cuenta Pública, que derivaron en 2 mil 638 observaciones, de las cuales 2 mil 295 fueron preventivas y 1,142, correctivas.
De estas investigaciones, 11 se aplicaron al IMSS y 7 al ISSSTE, con un efecto total de 14,533.3 y 2,418.8 millones de pesos, respectivamente. Estas auditorías derivaron en 84 observaciones y 118 acciones en el caso del IMSS y 60 observaciones y 84 acciones en el caso del ISSSTE.
Las irregularidades detectadas por el Órgano Superior de Fiscalización en el IMSS incluyen la falta de indicadores adecuados en el Seguro de Enfermedades y Maternidad, la falta de reportes consolidados de ingresos que permitan identificar la cuota obrero-patronal y el financiamiento indebido del déficit de este Seguro; falta de procedimientos adecuados para la planeación de las adquisiciones y su adjudicación, así como para la recepción, administración y control de los bienes terapéuticos adquiridos; bienes que no cuentan con actas de entrega-recepción, ni resguardos y placas con números nacionales de inventario; equipos que se encuentra fuera de uso o funcionando parcialmente, y bienes muebles no registrados como activo fijo de la entidad; erogaciones que no corresponden a las cuentas por pagar; entrega irregular de donativos; irregularidades en el pago de servicios personales; diferencias entre el registro contable de los gastos reportados en el Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales y el gasto ejercido e incumplimientos a la normatividad en la realización de obras públicas.
Por su lado, el ISSSTE opera los servicios de salud por debajo de los estándares institucionales ni posee indicadores adecuados para el desempeño; se hicieron pagos de pensión a trabajadores en activo o sin el cumplimiento de la normatividad; presentó diferencias en inventario no aclaradas y no elaboró conciliaciones de información entre lo registrado contablemente y lo reportado por los almacenes; el FOVISSSTE realizó pagos indebidos de comisiones a las SOFOLES y en el Sistema de Tiendas y Farmacias se encontraron diferencias en compras en relación con lo reportado en el libro de entradas, no se aplicaron oportunamente las devoluciones a proveedores, se pagó indebidamente mercancía no recibida, hubo faltantes en inventarios de los que no se realizaron las acciones legales, entre otras.
Si bien el costo de estas observaciones es mínimo comparado con el total ejercido y aunque más del 90 por ciento de las mismas está solventado, no debe soslayarse el hecho de que en todas las auditorías practicadas se encontraron irregularidades diversas y recurrentes, lo que revela que debe darse una mayor atención al ejercicio adecuado de los recursos destinados a otorgar servicios y prestaciones a la población asegurada con eficacia y transparencia.
Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Seguridad Social resuelve emitir la siguiente opinión:
PRIMERO. La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura se manifiesta por la aprobación en lo general de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio presupuestal del año 2003, en lo que respecta al ramo 19 Aportaciones a la Seguridad Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dado que las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación no representan un porcentaje significativo respecto al gasto total ejercido.
SEGUNDO. No obstante, esta Comisión manifiesta su preocupación por los resultados de las 11 auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación al Instituto Mexicano del Seguro Social, que derivaron en 84 observaciones y 118 acciones con un efecto económico de 14,533.3 millones de pesos y demanda al Instituto solvente a la brevedad las mismas, así como las 20 observaciones pendientes de respuesta al 31 de diciembre de 2004, correspondientes a los ejercicios anteriores.
TERCERO. Asimismo, esta Comisión manifiesta su preocupación por los resultados de las 7 investigaciones practicadas por la Auditoría Superior de la Federación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, mismas que derivaron en 60 observaciones y 84 acciones, con un efecto económico de 2,418.8 millones de pesos y demanda a la entidad las solvente a la brevedad, así como las 3 observaciones pendientes de respuesta al 31 de diciembre de 2004, correspondientes a los ejercicios anteriores.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 27 días del mes de septiembre de dos mil cinco.
Notas:
1 Artículo 106. Las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, se financiarán en la forma siguiente:
I. Por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria patronal equivalente al trece punto nueve por ciento de un salario mínimo general diario para el Distrito Federal;
II. Para los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor a tres veces el salario mínimo general diario para el Distrito Federal; se cubrirá además de la cuota establecida en la fracción anterior, una cuota adicional patronal equivalente al seis por ciento y otra adicional obrera del dos por ciento, de la cantidad que resulte de la diferencia entre el salario base de cotización y tres veces el salario mínimo citado (...)
III. (...)
2 Artículo 107. Las prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad se financiarán con una cuota del uno por ciento sobre el salario base de cotización, que se pagará de la forma siguiente:
I. A los patrones les corresponderá pagar el setenta por ciento de dicha cuota;
II. A los trabajadores les corresponderá pagar el veinticinco por ciento de la misma, y
III. Al Gobierno Federal le corresponderá pagar el cinco por ciento restante.
3 La Delegación 3 Suroeste del Distrito Federal comprende algunas colonias de las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.
4 La Delegación 09 Distrito Fedral "Santa Anita" comprende algunas colonias de las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco
5 La Delegación 2 Noreste del Distrito Federal comprende algunas colonias de las delegaciones Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Cuahtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa.
6 La Subdelegación 5 Centro del Distrito Federal incluye algunas colonias de la Delegación Cuauhtémoc.
7 La Delegación 1 Noreste del Distrito Federal comprende algunas colonias de las delegaciones Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Cuahtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.
Diputados: Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Roberto Javier Vega Galina (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), José Mario Wong Pérez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Óscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier (rúbrica), Martín Carrillo Guzmán (rúbrica), Roberto Colín Gamboa (rúbrica), Israel Raymundo Gallardo Sevilla (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Carlos Tiscareño Rodríguez, Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, AL ACUERDO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA POR EL QUE SOLICITAN QUE SE AUTORICEN EN EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DEL IMSS NÚM. 10 DE MANZANILLO, COLIMA, LAS 191 PLAZAS QUE CONFORME A LOS ESTÁNDARES DEL PROPIO INSTITUTO SE REQUIEREN PARA ATENDER ADECUADAMENTE LA DEMANDA DE SERVICIOS, CONFORME A LAS 55 CAMAS CENSABLES AUTORIZADAS
A la Comisión de Seguridad Social, le fue turnada para su opinión, oficio del H. Congreso del estado de Colima, con el que remite acuerdo aprobado por el que solicitan se autorice el presupuesto correspondiente, al Hospital General de Zona del IMSS, Num. 10 de de Manzanillo, Colima, las 191 plazas que conforme a los estándares del propio instituto, se requieren para atender adecuadamente la demanda de servicios, conforme a las 55 camas censables autorizadas, presentadas en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el jueves 29 de septiembre de 2005.
En atención a ello, y de conformidad con las atribuciones que les otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e y f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Seguridad Social presenta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la siguiente:
Opinión
Antecedentes
1. Con fecha 29 de septiembre de 2005, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta del oficio del H. Congreso del estado de Colima, con el que remite acuerdo. aprobado por el que solicitan se autorice el presupuesto correspondiente, al Hospital General de Zona del IMSS, Núm. 10 de Manzanillo, Colima, las 191 plazas que conforme a los estándares del propio instituto, se requieren para atender adecuadamente la demanda de servicios, conforme a las 55 camas censables autorizadas.
2. En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Seguridad Social".
Previo estudio y análisis, se procedió a elaborar la presente opinión.
Contenido del Acuerdo
1. El oficio en comento tiene como propósito solicitar al ciudadano Presidente de la República, al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se autorice, en el presupuesto correspondiente, al Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social No. 10 de Manzanillo, Colima, el incremento de plazas para atender adecuadamente la demanda de servicios.
El texto del acuerdo es el siguiente:
Primero. El Congreso del estado de Colima solicita al ciudadano Presidente de la República, al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se autorice en el presupuesto correspondiente al Hospital General de Zona del IMSS No. 10 de Manzanillo, Colima, las 191 plazas que conforme a los estándares del propio Instituto se requieren para atender adecuadamente la demanda de servicios conforme a las 55camas censables autorizadas.
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo a las autoridades destinatarias del mismo para su debida atención.
2. El H. Congreso del estado de Colima expone que la plantilla total de trabajadores del IMSS que laboran en las diferentes unidades médicas dependientes de la delegación en el estado de Colima está determinada en la actualidad con el mínimo necesario para el otorgamiento de un servicio de calidad y con oportunidad, por lo que si no está cubierta en su totalidad, tanto la calidad como la oportunidad de los servicios que tiene la obligación de prestar se ve deteriorada en detrimento de los trabajadores y sus familias que tienen el derecho a recibirlos.
3. Ante el anuncio de apertura del Hospital General de Zona No. 10 de Manzanillo, se realizó de manera conjunta entre el Instituto y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social una revisión de plantilla para abrir el nuevo con 55 camas censables, identificando un faltante de 191 plazas adicionales a las existentes, mismas que conforme a los indicadores estandarizados se necesitan para cubrir un servicio de calidad.
De acuerdo a datos institucionales, actualmente el Hospital de Manzanillo cuenta con 44 camas censables, 24 no censables y 79 mil derechohabientes, por lo que de acuerdo al indicador establecido por la Organización Mundial de la Salud que establece que debe haber 1.1 camas censables por cada mil derechohabientes, se concluye que el hospital debería de abrir con 86.9 camas censables. Sin embargo, se anunció la apertura con sólo 55 camas.
No obstante, para las 55 camas censables, se identificó un faltante de 191 plazas para estar dentro de los parámetros estandarizados del propio Instituto, de las cuales, las autoridades centrales sólo ofrecieron 101.
4. De mantenerse el déficit de 90 plazas para que abra adecuadamente el Hospital General de Zona No. 10 de Manzanillo los servicios carecerán de la calidad necesaria en la atención a los derechohabientes, aún cuando se ponga el máximo empeño, dedicación, capacidad y profesionalismo de los trabajadores del IMSS, puesto que la demanda de servicio rebasará en mucho a la capacidad de atención.
Consideraciones
1. La Comisión de Seguridad Social concuerda con los propósitos del acuerdo emitido por el H. Congreso del estado de Colima en el sentido de que se integren al Hospital General de Zona del IMSS los recursos necesarios para cubrir los requerimientos de recursos humanos para aprovechar la infraestructura instalada y no se demerite la calidad, calidez y oportunidad de los servicios que debe prestar el Instituto a sus derechohabientes.
2. Por lo tanto, en el dictamen que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública debe hacer del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006, debe incluirse una partida suficiente para que el IMSS contrate las plazas que se requieren en dicho nosocomio y sea tienda el legítimo reclamo retomado por el H. Congreso del Estado de Colima.
Conclusión
A juicio de la Comisión que emite el presente dictamen, la solicitud presentada por el H. Congreso del estado de Colima debe atenderse puntualmente en el contexto de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Seguridad Social, con fundamento en los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la siguiente:
Opinión
Único. Es de aprobarse el acuerdo presentado por el H. Congreso del estado de Colima materia de esta opinión. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Salón de Comisiones de la H. Cámara de Diputados, a los 12 días del mes de octubre del año dos mil cinco.
Diputados: Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Roberto Javier Vega Galina (rúbrica), Concepción Olivia Castañeda Ortiz (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), Manuel Pérez Cárdenas (rúbrica), Pablo Anaya Rivera (rúbrica), José Mario Wong Pérez, Ma. Cristina Díaz Salazar, Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Jaime Fernández Saracho (rúbrica), David Hernández Pérez (rúbrica), Armando Neyra Chávez (rúbrica), Oscar Martín Ramos Salinas (rúbrica), Alfonso Rodríguez Ochoa (rúbrica), Rogelio Rodríguez Javier, Martín Carrillo Guzmán, Roberto Colín Gamboa (rúbrica), Israel Raymundo Gallardo Sevilla (rúbrica), Gisela Juliana Lara Saldaña (rúbrica), Miguel Ángel Llera Bello (rúbrica), Juan Francisco Molinar Horcasitas (rúbrica), Carlos Tiscareño Rodríguez, Tomás Antonio Trueba Gracián (rúbrica), Agustín Rodríguez Fuentes (rúbrica), Rafael García Tinajero Pérez (rúbrica), Francisco Javier Carrillo Soberón (rúbrica), Rocío Sánchez Pérez (rúbrica), Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT).
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